Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3120-III, martes 19 de octubre de 2010

Proposiciones
Excitativas

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos suficientes al Fonaes para ampliar la cobertura de mujeres beneficiadas, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Laura Elena Estrada Rodríguez, diputada federal de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, para que se considere un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal 2011, al Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes), con el propósito de ampliar la cobertura de mujeres beneficiadas, lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el contexto de crisis económica en que el mundo está sumido, el impacto de ésta en términos de tasas de desempleo, es más perjudicial para las mujeres que para los hombres. En México, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2010, durante el segundo trimestre de este año, la población de 14 años y más disponible para producir bienes y servicios en el país fue de 47.1 millones (59.2 por ciento del total), cuando un año antes había sido de 45.7 millones (58.1 por ciento). Este incremento de 1.4 millones de personas es consecuencia tanto del crecimiento demográfico, como de las expectativas que tiene la población de participar o no en la actividad económica 1 .

Mientras que 78 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, en el caso de las mujeres 43 de cada 100 están en esta situación.

En el periodo de abril a junio, la población ocupada, alcanzó 44.7 millones de personas (27.8 millones son hombres y 16.9 millones son mujeres) 2

Ante este panorama, es preciso identificar medidas impulsadas desde los gobiernos para asegurar la protección del empleo para las mujeres, sobre todo para las más pobres, colocadas en espacios de mayor desigualdad.

El gobierno federal, mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1991, establece el Programa y el Fondo de Apoyo a las Empresas en Solidaridad (Fonaes), con el propósito fundamental de orientar e impulsar el desarrollo productivo de grupos campesinos, indígenas y grupos urbanos.

El Fonaes, a través de la Dirección General de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables, busca promover iniciativas, políticas y programas diseñados para apoyar el emprendimiento de la mujer en los negocios en todas sus etapas, tanto en el sector privado como en el público, así como el compromiso para incentivar y formular políticas públicas en materia empresarial con equidad pues constituye un tema central y trascendente hoy en día para las mujeres, que tiene como fin último el de formar y capacitar mujeres empresarias.

Para alcanzar estos objetivos, Fonaes ha diseñado acciones para lograr la transversalización de género, tal es el caso de la estrategia Financiamiento con equidad, que brinda apoyo financiero directo a grupos de mujeres, cuyos proyectos productivos cuenten con viabilidad técnica, financiera y comercial. Este es un apoyo que se otorga en efectivo a mujeres, en lo individual u organizadas en grupos o empresas sociales integradas por mujeres, para abrir o ampliar un negocio, incluyendo capital de inversión y capital de trabajo.

Este tipo de apoyo se diferencia de los otros instrumentos de apoyo que promueve el Fonaes debido a que los porcentajes de aportación del Fonaes, para proyectos integrados por mujeres, son superiores:

Tipo de beneficiarios: Empresa mixtas

Aportación del Fonaes, cuando no hay aportación de otros programas gubernamentales: 60 por ciento

Aportación del Fonaes, cuando hay aportaciones de otros programas gubernamentales: 40 por ciento

Tipo de beneficiarios: Empresas exclusivas de mujeres

Aportación del Fonaes, cuando no hay aportación de otros programas gubernamentales: 80 por ciento

Aportación del Fonaes, cuando hay aportaciones de otros programas gubernamentales: 60 por ciento

El Fonaes da seguimiento y evalúa los apoyos institucionales, capacita y genera enlaces con instituciones y organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con el tema de equidad. Estas acciones, se implementan, con la finalidad de conocer el impacto en mejorar la calidad de vida de las mujeres y cumplir con el objetivo institucional (generar ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos). A través de la capacitación empresarial, se promueve el emprendimiento de la mujer en los negocios en todas sus etapas, generando un espacio de interlocución entre el gobierno federal y las empresarias beneficiadas.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó recursos presupuestales para Fonaes, por un total de 174.7 millones de pesos. En aras de la transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo con el segundo Informe trimestral de resultados de 2010, que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto Nacional de las Mujeres, Fonaes realizó para el trimestre abril-junio, una inversión de 172.9 millones de pesos para financiar 1,511 proyectos productivos y 1.8 millones de pesos para el pago de 293 estudios de inversión vía reembolso.

Los proyectos productivos se orientaron actividades económicas de comercio (612 proyectos y 55.6 millones de pesos de inversión); de industria (416 proyectos y 61.6 millones de pesos de inversión) y de servicios (483 proyectos 55.7 millones de pesos de inversión).

De los 1,511 apoyos otorgados para el financiamiento de proyectos productivos, 945 fueron para abrir nuevos negocios y 566 para ampliar negocios en operación.

Es claro, que la inversión del Fonaes en proyectos productivos permitirá la generación de 3,954 ocupaciones y la preservación de 1,246 puestos de trabajo.

Cabe mencionar, que de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, presentado por el Ejecutivo federal, este año se proponen 148.8 millones de pesos, para este rubro. De acuerdo con el ejercicio del presupuesto para 2010 y las consideraciones aquí vertidas, solicitó a las comisiones competentes una ampliación de 121.2 millones de pesos, para un total de 270 millones de pesos, para el Fonaes.

Asimismo, derivado de las reuniones que la Comisión de Equidad y Género ha llevado a cabo con las dependencias federales, en el marco de la mesa interinstitucional para Presupuestos por la Igualdad de Género, se ha destacado la importancia de aumentar los recursos para el ejercicio fiscal 2011, para continuar con la demanda de proyectos que empoderan hoy, más a las mujeres.

Compañeras y compañeros: con la finalidad de potenciar el papel económico de las mujeres y establecer nuevas opciones para aquellos que se encuentran atrapados en el círculo de la pobreza, resulta prioritario apoyar programas como el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes) que impulsa políticas y acciones concretas de apoyo, promoción, capacitación, sensibilización e inclusión para las mujeres, que viven en situación de vulnerabilidad para que logren con apoyo de Fonaes un desarrollo integral y una mejor calidad de vida a través de la creación o ampliación de un negocio propio o cooperativo, que les brinde orgullo personal y beneficios para sus familias y sus comunidades.

El apoyo para mujeres mediante proyectos productivos que atiende las iniciativas productivas, individuales y colectivas, la constitución y consolidación de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento social, ha llegado a ser una estrategia oportuna, para avanzar en la erradicación de la pobreza.

Ver satisfechas las necesidades de una mujer representa la satisfacción de las necesidades de una familia, satisfacer las necesidades de las familias mexicanas, representa beneficios oportunos para nuestras comunidades.

Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para que se asigne una ampliación de 121.2 millones de pesos, para el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes), en el anexo 10, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del Presupuesto de Egresos para la Federación 2011, a fin de ampliar la cobertura de mujeres beneficiadas.

Notas

1 Consultado en línea en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/est rucbol.asp

2 IDEM

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de octubre de 2010.

Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para incrementar el patrimonio del Fideicomiso Ferronalesjub 5012-6, de Nacional Financiera, a cargo del diputado Víctor Félix Flores Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

Víctor Félix Flores Morales, en nombre propio, como diputado federal a la LXI Legislatura federal y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que suscriben el presente documento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura federal, el planteamiento que contiene la siguiente:

Propuesta con punto de acuerdo para que en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se contemplen los recursos actuarialmente necesarios, para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, actualmente en liquidación, y el Fondo de Jubilaciones citado esté en condición de cumplir con su objetivo de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados; y para que el Comité Técnico del citado fideicomiso esté en condiciones de autorizar el incremento a treinta días la prestación que anualmente se paga a los fideicomisarios por concepto de aguinaldo.

Antecedentes

1. En virtud de la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución General de la República, aprobada por el Constituyente Permanente y la aprobación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario por parte del H. Congreso de la Unión, a partir del año de mil novecientos noventa y siete, se inició en nuestro país la explotación y administración del servicio público de transporte de mercancías a través de vías férreas por parte de la iniciativa privada, mediante concesiones que para tal efecto recibieron del Poder Ejecutivo federal.

2. Como consecuencia de lo anterior, Ferrocarriles Nacionales de México, organismo público descentralizado del gobierno federal, dejó de ser la entidad operadora y administradora de los ferrocarriles en nuestro país, y ante ello las autoridades laborales competentes resolvieron dar por terminadas las relaciones, individuales y colectivas, de trabajo en dicha dependencia, y una de las consecuencias de tal determinación fue que 56,372 (cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos) trabajadores del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, obtuvieron el beneficio de su jubilación al cumplir con los requisitos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, los convenios laborales, los reglamentos correspondientes y/o en las propias resoluciones emitidas por las autoridades laborales competentes.

3. El gobierno federal, en respuesta a la gestión de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana en cumplimiento a las obligaciones obrero patronales consignadas en el contrato colectivo de trabajo, a efecto de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados del organismo público descentralizado en cita, aportó por conducto de Ferrocarriles Nacionales de México, conforme a estudios actuariales realizados, los recursos económicos necesarios para tal fin, constituyéndose con este propósito, mediante contrato de fecha 19 de noviembre de 1997 el Fideicomiso FERRONALESJUB número 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, modificado mediante convenio de fecha 26 de septiembre de 2000 para constituir el Fondo de Jubilaciones convenido en la contratación colectiva, el que, a partir de mil novecientos noventa y ocho se ha hecho cargo del pago de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados, así como del incremento anual de tales conceptos en los términos y condiciones precisados en el propio contrato y el estudio actuarial correspondientes, con independencia de la existencia del patrón Ferrocarriles Nacionales de México.

4. Conforme a los estudios actuariales realizados por la empresa AON Consulting, anexos al convenio modificatorio de fecha 26 de septiembre del 2000, el monto de los recursos del fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC relativo al Fondo de Jubilaciones de los ferrocarrileros jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, éste era suficiente para pagar en forma vitalicia a los ferrocarrileros jubilados sus pensiones y prestaciones en los montos, términos y condiciones establecidos en el contrato colectivo de trabajo y las normas para el otorgamiento de la jubilación, incrementándolas anualmente conforme a la inflación determinada con base en el índice nacional de precios al Consumidor dado a conocer por Banco de México, ahora por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el año inmediato anterior.

5. Ahora bien, derivado de las revisiones que del fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, ha realizado la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, dentro de la revisión a la Cuenta Pública relativa a los ejercicios fiscales 2004 y 2006, sin que por cierto se le haya realizado observación alguna, se formuló por dicha instancia fiscalizadora recomendación al fideicomitente, Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, y por ello al gobierno federal como garante permanente de que el Fondo de Jubilaciones cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de su objetivo, para que mediante los estudios actuariales se aportaran al fideicomiso los recursos necesarios para cubrir el déficit financiero para cumplir plenamente con su objetivo.

6. Atendiendo las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y a las facultades que le confiere el convenio modificatorio de fecha 26 de septiembre de 2000, el Comité Técnico del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, integrado por representantes de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, de Ferrocarriles Nacionales de México y del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, a cuyas sesiones por cierto acuden como invitados permanentes representantes de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión; ordenó a la Coordinación Ejecutiva del mismo se contratará la elaboración del estudio actuarial que permitiera el cálculo de los recursos necesarios para que el fideicomiso cumpla con su objetivo, que se insiste no es otro que garantizar el pago vitalicio de pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, hoy en liquidación.

7. El contrato de prestación de servicios para la elaboración del estudio actuarial citado, fue asignado al despacho Lescale Consultores Actuariales, SC, el que después de hacer una análisis comparativo de los anteriores estudios, los recursos disponibles, los antecedentes históricos, el cálculo de las obligaciones pendientes de cubrir y las hipótesis actuariales conducentes ha determinado al 31 de diciembre de 2008 en 21 mil 800 millones 735 pesos, 50 centavos el total del valor presente de las obligaciones pendientes de cubrir por el fideicomiso.

8. Existiendo al 31 de diciembre de 2008 un activo tangible de 6 mil 101 millones 729 pesos 20 centavos dentro del fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6, el estudio actuarial del despacho Lescale Consultores Actuariales, SC, estimó en 15 mil 699 millones 6 pesos 30 centavos el monto de los recursos que deberían ser aportados al fideicomiso para que el Fondo de Jubilaciones contara con recursos suficientes para cumplir con su objetivo.

9. Considerando las cifras del estudio actuarial citado al 31 de diciembre de 2010 y toda vez que a dicha fecha se estima que el activo tangible del fideicomiso será de un mil 300 millones de pesos, la cantidad actuarialmente necesaria a aportarse para cubrir el total de valor presente de las obligaciones pendientes de cubrir por el fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 será la cantidad de 20 mil 500 millones 735 pesos 50 centavos.

10. En virtud de que la partida presupuestal proyectada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011 para ser aportada al fideicomiso solo contempla recursos para aportarse el pago de los ferrocarrileros jubilados de Ferronales sólo suficientes para pagar pensiones y prestaciones a los ferrocarrileros jubilados durante 2011, dicho monto no es suficiente para que el Fondo de Jubilaciones cumpla con su objetivo de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados que es a lo que está obligado el gobierno federal conforme al artículo 4 del decreto que ordenó la extinción de Ferrocarriles Nacionales de México y abrogo su ley orgánica.

11. A efecto de que el gobierno federal esté en condiciones de dar cumplimiento a su obligación solidaria y subsidiaria de que el Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 esté en condiciones de cumplir con su objetivo, será necesario que esta soberanía en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 incremente la partida presupuestal proyectada a la cantidad actuarialmente necesaria que permita garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados.

12. Por otra parte, también resulta importante mencionar que, la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, durante la vigencia de las relaciones laborales, dentro de los procesos de revisión del contrato colectivo de trabajo, solicitó reiteradamente del patrón Ferrocarriles Nacionales de México, el incremento en el número de días (15) que la empresa pagaba a los jubilados por concepto de aguinaldo anual, para igualarlos con el número de días (40) que por igual concepto se pagaba anualmente a los trabajadores en servicio activo y con los que reciben, por este concepto, los jubilados y pensionados de otros regímenes de pensiones y jubilaciones del país. Sin embargo, esta negociación no llegó a formalizarse ante la conclusión del proceso de privatización de los ferrocarriles mexicanos y en consecuencia de las relaciones obrero-patronales.

13. Es por las anteriores circunstancias, que el citado Fondo de Jubilaciones únicamente protege a los ferrocarrileros jubilados un aguinaldo anual equivalente a quince días sobre el importe de la pensión mensual jubilatoria, lo cual resulta injusto y discriminatorio si se atiende a que la mayoría de los pensionados y jubilados dentro de los sistema oficiales de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etcétera) reciben el equivalente a un mes de sus pensiones, de ahí que se estime necesario que se aporten al Fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones los recursos necesarios para que esta prestación anual de los ferrocarrileros jubilados se ajuste como mínimo a lo que reciben por idéntico concepto la mayoría de los pensionados y jubilados de este país.

14. En forma recurrente, este tema ha sido planteado por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y por integrantes del honorable Congreso de la Unión, senadores y diputados, de las distintas fracciones parlamentarias; quienes han abordado la tribuna de ambas Cámaras y de la Comisión Permanente para apoyar este justo reclamo de los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical, tal es el caso, el punto de acuerdo que en este mismo sentido aprobara el pleno del Senado de la República, con el consenso y apoyo de todos los partidos en él representados, en su sesión de fecha 10 de diciembre de 2002 y que la dirigencia sindical, mediante correspondencia el 11 de diciembre de 2002, hiciera en su oportunidad del conocimiento y solicitara el apoyo de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura federal, sin que se hubiere atendido este justo reclamo en esa ocasión.

15. En la LIX Legislatura federal igual suerte corrió la propuesta con punto de acuerdo, en este sentido, presentada con fecha 2 de diciembre de 2003 ante el pleno de esta soberanía por el diputado Francisco Grajales Palacios y la propuesta con punto de acuerdo presentada por veinticuatro diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por el suscrito, publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 14 de octubre de 2004.

16. En el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura federal, de nueva cuenta el suscrito y veinticinco diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, mediante propuesta con punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 4 de octubre de 2005 insistimos ante esta soberanía sobre este tema y fuimos respaldados por la Junta de Coordinación Política mediante acuerdo que de esta instancia se publicó en la Gaceta Parlamentaria de fecha 6 de octubre de 2005.

17. La voluntad política de las fracciones parlamentarias para apoyar este justo planteamiento que, por conducto de su dirigencia sindical, hacen los ferrocarrileros jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, por ver incrementado el aguinaldo que reciben del Fondo de Jubilaciones y un ajuste a sus pensiones jubilatorias, se vio reflejada en la autorización dentro del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 de una partida presupuestal por cincuenta millones de pesos para que el gobierno federal la destinara a incrementar el patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC; cantidad que tomando en cuenta a los 45,697 (cuarenta y cinco mil seiscientos noventa y siete) ferrocarrileros jubilados que sobrevivían a esa fecha y cuyas pensiones y prestaciones eran pagadas por el citado fideicomiso, fue apenas suficiente para entregarles en diciembre de dicho ejercicio presupuestal, apenas una pequeña cantidad como gratificación anual, pero que estuvo muy lejos de ser suficiente para fondear financieramente al fideicomiso para que el aguinaldo que reciben se incremente a un mes del importe de la pensión mensual jubilatoria vitalicia que reciben.

18. Es por ello que los diputados firmantes de la presente propuesta con punto de acuerdo, pertenecientes a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, convocamos al resto de las fracciones parlamentarias representadas ante esta honorable soberanía para que honrando el compromiso con este importante grupo de jubilados y pensionados ferrocarrileros, adoptemos el acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados al elaborar el dictamen a la iniciativa del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, incluya una partida presupuestal que contemple los recursos actuarialmente necesarios para que el gobierno federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados, con objeto de cubrir su déficit financiero y para que el Comité Técnico del mismo esté en condiciones de incrementar el aguinaldo anual que recibe este grupo de pensionados y jubilados para hacerlo coincidir con el importe de una mensualidad que recibe el resto de los pensionados y jubilados en este país.

19. Lo anterior guarda congruencia con lo dispuesto por el artículo 4º del decreto por virtud del cual se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de junio del 2001, que impone la obligación al gobierno federal de constituirse en garante permanente de los derechos de los ex trabajadores del organismo público descentralizado y de que el Fondo de Jubilaciones establecido para garantizar el pago vitalicio de las pensiones de los ferrocarrileros jubilados cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

20. Por lo anterior, los ferrocarrileros jubilados y su dirigencia sindical, por conducto de los representantes populares que rubricamos la presente propuesta, atentamente solicitan de los integrantes de esta soberanía se apruebe el punto de acuerdo que proponemos y ante la inminente formulación del dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública a la iniciativa de decreto de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2011, se vote como de urgente y obvia resolución, y sea incorporado el tema dentro del citado dictamen.

Por lo expuesto a usted C. Presidente de la Mesa Directiva solicitamos con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se incluya una partida presupuestal con los recursos actuarialmente necesarios para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, para cubrir su déficit financiero, y el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados quede debidamente garantizado y hacer posible que el aguinaldo anual que reciben los fideicomisarios sea incrementado en los términos señalados en los antecedentes de esta propuesta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputados: Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Ricardo Ahued Bordahui (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo, José Tomás Carrillo Sánchez, Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), María Esther Terán Velásquez (rúbrica), Rafael Rodríguez González (rúbrica), José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo Basave (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), José Manuel Agüero Tovar (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Margarita Liborio Arrazola (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica) Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Jorge Arana Arana (rúbrica), José Oscar Aguilar González (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Tereso Medina Ramírez (rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Eric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Retana Benjamín Clariond Reyes (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la educación media superior, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Francisco Javier Landero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

La educación media superior fue por mucho tiempo el tipo educativo menos atendido y cuidado.

En contraste la población juvenil entre los 16 y los 18 años constituye hoy parte del llamado bono demográfico del que goza y gozará nuestro país por un par de décadas.

Lo anterior nos obliga como país a ofrecer, por el bien individual de los jóvenes y el bien común de la sociedad, una educación que impulse y fortalezca los talentos, conocimientos, habilidades y valores éticos, cívicos y sociales de los estudiantes de esas edades que cursan los diferentes tipos de bachillerato.

Del mismo modo se distinguen como preocupantes los problemas de la cobertura y de la deserción en este nivel educativo.

La cobertura alcanzaba al inicio del sexenio solamente al 60.9 por ciento de los jóvenes en edad de cursarla, para el ciclo 2009-2010 se concluyó con una cobertura del 64.4 por ciento, siendo la meta para el final de esta administración la de un 68 por ciento 1 , lo que implica que todavía falta mucho por avanzar, con mayor razón si contemplamos esta meta con respecto a la de lograr la cobertura universal.

La deserción llegaba al 16.3 por ciento anual en el ciclo 2007-2008, en el ciclo 2009-2010 se redujo de 15.9 al 15.6 por ciento 2

Atendiendo a todo ello en el Programa Sectorial de Educación se propuso realizar una reforma, la cual se ha denominado ya en su concreción Reforma Integral de la Educación Media Superior, apuntando a promover una mayor calidad y pertinencia de estos estudios, buscando ampliar, al mismo tiempo, la oferta educativa.

Ante la exigencia de mayor calidad y de más planteles se tendrán que hacer inversiones crecientes en infraestructura, en capacitación, en equipamiento y en la homologación salarial y de prestaciones de los docentes de los subsistemas que se encontraban en una situación laboral distinta. Cuánto más se tendrán que hacer, si pretendemos elevar el nivel de escolaridad de los mexicanos, como es patente que es necesario hacerlo, a través de establecer la obligatoriedad de la educación media superior. Por lo pronto la reforma emprendida ha generado compromisos que no se pueden desatender.

De esta manera, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 (PPEF 2011) enviado por el Poder Ejecutivo a esta Cámara de Diputados nos encontramos con varios programas presupuestales que no consideran estos compromisos ya contraídos, o necesidades que es prioritario cubrir.

Programas presupuestales que implican compromisos contraídos.

En el programa E008 “Prestación de Servicios de Educación Técnica” que se refiere a gastos de operación de los planteles, como lo puede ser el pago de servicios como energía eléctrica, en el Presupuesto de Egresos Federal aprobado por esta Cámara para el ejercicio del 2010 se fijaron a este renglón 370 millones, el proyecto para el 2011 asigna solamente 340.1 millones, con lo que existe una disminución muy sensible, cuando se supondría la necesidad de un incremento de al menos, el valor de incremento de la inflación, con lo que se requerirían cerca de 518 millones. El que no se completen estos recursos significaría dejar sin energía eléctrica, sin limpieza, sin teléfono, sin otros servicios básicos a muchos planteles escolares.

P001 “Diseño y Aplicación de la Política Educativa” es un programa que incluye el pago para reducir el déficit en telecomunicaciones, pagar el impuesto sobre nómina de los empleados de la subsecretaría al gobierno del D.F., el presupuesto de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico la cual se encarga de: a) El diseño e implementación del marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. b) El programa de formación docente de la educación media superior y los programas para el desarrollo profesional del personal académico y directivo. c) Los proyectos de innovación e investigación educativa, en general, y el desarrollo de las aplicaciones de las tecnologías de la información en la educación, en particular. Este rubro abarca también el presupuesto de la coordinación sectorial de personal. Para este programa se aprobaron en el presupuesto para este año, 264.4 millones, se presupuestaron en el PPEF de 2011, la cantidad de 266.2 millones, lo que representa un incremento muy reducido, lo que ocasionaría detener alguno de estos proyectos tan importantes, o dejar de pagar impuestos. Se considera que el incremento debería ser de por lo menos 105 millones adicionales a lo que establece el PPEF 2011.

En el programa U019 “Apoyo a Desregulados” se incluye para el 2011 el presupuesto destinado al Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior (Copeems) establecido a partir de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, igualmente los recursos con que se subsidia al Centro de Educación y Capacitación para los Trabajadores (Ceduct). Se dotó en este año a este renglón con 7.5 millones. En el PPEF 2011 se consideran nada más 8.2 millones, lo que dejaría a salvo lo que se refiere al Ceduct, pero sin presupuesto al Coppems, cuya importancia es la introducción de una política de evaluación y mejoramiento, elemento fundamental de la reforma para la elevación de la calidad educativa que se quiere ofrecer a los jóvenes. Para el funcionamiento de un órgano de esta naturaleza y alcance se estima que debería aportársele inicialmente unos 25 millones de pesos.

El monto más grande es el del programa U006 “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”. Este presupuesto debería incluir la previsión de la política salarial 2011, la regularización de ampliación a la cobertura 2009-2010 y 2010-2011, para los Cecytes y Colegios de Bachilleres. Para todo ello en 2010 se aprobaron 8,745.0 millones de pesos. El PPEF 2011 dispone 10,075.6 millones, lo que representa un incremento de apenas 1330.6 millones. Esto significaría afectar los programas de homologación, dejando de cubrir las nóminas de los nuevos planteles creados, obligaciones que no se pueden desatender. Siguiendo el criterio de compensar la inflación y la consideración del incremento que se ha tenido en matrícula, planteles y docentes, se estima en 3500 millones, los que se deberían sumar a lo que se asigna en el PPEF 2011.

Por otro lado, existen programas dentro de la educación media superior que deben contar con una atención prioritaria porque están destinados a resolver o prevenir problemas muy importantes de los jóvenes estudiantes y de este tipo educativo.

Programas presupuestales prioritarios para los jóvenes

El programa U015 “Atención educativa a grupos en situación vulnerable” se refiere al programa “Construye-T”.

“Construye-T” es un programa para estudiantes de nivel medio superior, que reúne los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y organizaciones de la sociedad civil (OSC), con experiencia en el trabajo con jóvenes. Su propósito es ayudar a las y los adolescentes a desarrollar una vida saludable dándoles herramientas para enfrentar los problemas de violencia, adicciones, sexualidad responsable y autoestima.

“Construye-T” busca que las y los jóvenes de educación media superior se desarrollen en un clima de inclusión, equidad y democracia, apoyando la creación de su proyecto de vida. Además, contribuirá a que los jóvenes continúen sus estudios y les dará los elementos necesarios para enfrentar situaciones de riesgo.

Para lograrlo, se propone:

• Prevenir. Generando acciones que se anticipen a los problemas que enfrentan las y los jóvenes.

• Formar. Capacitando permanentemente a la comunidad educativa y al resto de los actores involucrados en el programa.

• Proteger. Creando redes de apoyo en la comunidad educativa, para casos que lo requieran.

Este año el presupuesto aprobado fue de 248.5 millones y solamente se le conceden 125 millones para el 2011, perdiendo así 123.5 millones. En estos momentos que se requiere, sobre todo, prevenir la delincuencia, las adicciones y los riesgos de la deserción de los alumnos con problemas, no es posible darnos el lujo de escatimar recursos a este tipo de programas. Lejos de reducirse este programa debería incrementarse en unos 200 millones adicionales.

Del mismo modo, cuando contamos con un índice de deserción tan alto, donde muchas veces la causa principal es la carencia de recursos económicos, no se puede reducir el presupuesto para becas que se identifica con el programa presupuestal U018 “Programa de becas en Educación Media Superior”. Para este programa esta Cámara de Diputados consideró necesarios para este año 2,356.5 millones de pesos, el proyecto presupuestal le asignó 2,465.1 millones, teniendo un incremento mínimo de 108.6 millones de pesos. De aprobarse así más jóvenes no continuarán sus estudios. A la cantidad considerada en el PPEF 2011 debería sumársele 900 millones más.

E009 “Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias” (Proforhcom) Programa con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que da un peso más por cada peso invertido por el gobierno. Se trata del Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias II (Proforhcom), orientado, en la educación media superior, a: (i) el fortalecimiento de los planes y programas educativos de la educación media superior y técnica superior; (ii) acciones dirigidas a mejorar la vinculación entre las instituciones educativas, los docentes, los estudiantes y el sector productivo. Un programa muy importante para buscar que los egresados especialmente de los bachilleratos técnicos se encuentren bien preparados para asegurar su empleabilidad en el sector productivo. El presupuesto aprobado para 2010 fue de 51.7 millones de pesos, el PPEF concede 46.5 millones. Se reduce 5.2 millones, con lo que se pierde además la aportación del BID. Se estima que se requiere una ampliación de 25.8 millones.

El incremento en su totalidad alcanzaría los 5,273.8 millones.

Se pueden considerar como alternativas para reasignar recursos a los programas presupuestales que se han mencionado y que requieren una ampliación, por una parte del 78 por ciento, que se ha incrementado el presupuesto de la Secretaría de Gobernación; por otra parte, se encuentran los recursos de los fondos que los estados reciben y que hoy por hoy no están debidamente informando y justificando su empleo como el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 3 , o el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), tal como lo revelan los datos del 1er. reporte trimestral de 2010 que presentó la SEP, sobre el uso del FAEB por los estados, a la Cámara de Diputados, y lo mismo que la Auditoria Superior de la Federación en su revisión de la cuenta del 2008 detectó que los estados “hacen obras y acciones fuera del objetivo del fondo, transfieren recursos a otras instituciones, dan anticipos sin amortizar y, en algunos casos, no hay documentación que compruebe el gasto” 4 .

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto e Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a reconsiderar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, para la educación media superior y hacer una ampliación del mismo en los rubros enunciados para dar satisfacción a las necesidades crecientes de este importante nivel educativo que atiende a un número tan importante de jóvenes, y que tendría un alcance total aproximado de 5,273.8 millones.

Notas

1. IV Informe de Gobierno.

2. III y IV Informe de Gobierno.

3. Revisión de la Matrícula Pública y las Nóminas Pagadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2010.

4. “Olvidan estados arreglar escuelas”, Reforma, 27 de septiembre de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez

(rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para realizar obras de construcción, rehabilitación y remodelación de infraestructura del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial de Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2010

Diputado Luis Videgaray Caso

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Presente

He de agradecer su valiosa intervención para que con base en el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se proponga y, en su caso, se apruebe al interior de la comisión que usted preside, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

La Infraestructura operativa del Poder Judicial de Baja California Sur ha permanecido sin cambios en los últimos 35 años y, en contraste, el incremento en el servicio, de personal y actividades operativas para el desempeño de las funciones propias de este poder, se han incrementado de manera sustancial.

Con los elementos de crecimiento en la demanda de servicios Judiciales, se configura un escenario limitado en cuanto a la prestación de los servicios con la calidad que se requiere para cumplir con el mandato constitucional.

El Poder Judicial de Baja California Sur requiere contar con los espacios físicos necesarios para atender las exigencias normativas en materia judicial, para lo cual se requiere la construcción de la infraestructura apropiada mejorando la distribución de las áreas en cuanto a la funcionalidad para superar todas las limitaciones que se presentan actualmente.

Actualmente se tienen 6 áreas de atención en edificios de renta como lo son 2 juzgados familiares, 2 juzgados menores, 1 juzgado de justicia para adolescentes, institución de mediación, y el Instituto de Estudios Judiciales.

La Unidad Estatal de Protección Civil de Baja California Sur, diagnóstico con oficio número PC-298j07, de fecha 10 de octubre de 2007 que las condiciones actuales del edificio del Poder Judicial del estado, con una antigüedad de 35 años, son un riesgo para los usuarios ante la falta de un mantenimiento apropiado por varios años.

El inmueble presenta condiciones deplorables en su funcionamiento con cuarteaduras y desprendimientos de emplaste en techumbre; fisuras y cuarteaduras en diferentes áreas, así como también cuarteaduras identificadas físicamente en las áreas del sótano, escaleras y paredes.

El número total de trabajadores del honorable Tribunal Superior de Justicia que laboran en el municipio de La Paz son 326, de los cuales 242 ocupan las instalaciones del edificio central y 84 trabajadores utilizan dos oficinas de renta, generando estas a su vez un costo anual de 1.0 millón de pesos.

Asimismo, se está contemplando dentro de esta petición los requerimientos informáticos que a su vez llevarán a concretar un mejor servicio y control de la información que se genera, eficientando con ello el tiempo de respuesta del usuario del servicio así como de la autoridad.

Punto de Acuerdo

Único. Se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para realizar obras de construcción, rehabilitación y remodelación de infraestructura para la operación eficiente, segura y de calidad, del honorable Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California Sur y del propio Poder Judicial de dicha entidad por un monto mínimo de $200,000,000.00 (doscientos millones de pesos).

Enviamos esta propuesta con la atenta solicitud de que sea dictaminada y una vez aprobada, se remita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y la seguridad de mi consideración distinguida.

Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a ajustarse a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y a la Sener, a conducir la política energética del país para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado federal Alejandro del Mazo Maza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto, en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la presente proposición con puntos de acuerdo, en tenor de las siguientes:

Consideraciones

El cambio climático se refiere a las variaciones en la temperatura de la Tierra respecto al historial climático a nivel global o regional. Las variaciones suceden de manera natural externa por alteraciones solares, orbitales o impactos de meteoritos. De manera interna natural, las variaciones en la temperatura son provocadas por la deriva continental, alteraciones en la composición atmosférica o de las corrientes oceánicas, e incluso las alteraciones del campo magnético terrestre logran cambiar la temperatura en el planeta. Todas las causas anteriores son eventos que se han dado en la existencia de la Tierra de manera natural, y el mismo planeta tiene sus mecanismos de regulación climática.

Entender el efecto del dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero es fundamental para comprender las variaciones climáticas que son producidas por la acción del hombre.

Nuestro planeta mantiene su temperatura de 15 grados centígrados en promedio, lo que hace habitable para el ser humano, y éste funciona por los gases atmosféricos que logran atrapar la radiación solar del día y mantenerla durante la noche. Los gases invernadero más comunes son el dióxido de carbono (CO2), el vapor de agua (H2O) y el metano (CH3), en menor medida. Un aumento en la cantidad de estos gases propicia un aumento en la temperatura de la atmósfera por la mayor retención de radiación solar.

La actividad del ser humano en la Tierra que impacta directamente en la variación del clima tiene que ver con el uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y sus derivados. La combustión con combustibles fósiles libera de su reacción monóxido de carbono (CO), bióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y cenizas.

Al ser estos gases de efecto invernadero, a mayor utilización de combustibles fósiles habrá un incremento en la temperatura de la Tierra.

Las consecuencias del aumento brusco en la temperatura de la Tierra por las actividades humanes son diversas. Las más catastróficas se relacionan con el derretimiento de los grandes glaciares y del hielo en los polos terrestres. El agua dulce de este deshielo provocará eventualmente alteraciones graves en las corrientes marinas además de potenciar el calentamiento global por el mismo hecho de derretirse (ya que el hielo refleja de vuelta al espacio parte de la radiación solar).

Las alteraciones en las corrientes marinas eventualmente trastornarán el clima continental y dificultarán drásticamente la habitabilidad de la Tierra. El aumento en la temperatura de la Tierra calienta los mares y océanos. Cuando éstos se calientan más rápido que lo que dicta el ritmo natural, habrá mayor evaporación de la normal. Al haber mayor evaporación, hay más nubosidad, que intensifica el efecto invernadero y provoca tormentas tropicales, huracanes, tifones y tornados de mayor tamaño, intensidad y con mayor frecuencia.

Las inundaciones también formarán un escenario habitual en el mundo "calentado", ya sea por las tormentas o por el deshielo de glaciares como los de Groenlandia, la Patagonia y, por supuesto, de la Antártida. Así pues, no es un capricho querer reducir las emisiones de CO2 y metano que liberamos a la atmósfera.

Al aumento en la temperatura de los océanos incrementa los niveles del mar, inundando muchas de las zonas productivas del planeta, incluyendo enormes extensiones de tierra en Bangladesh, Egipto, China e India. Se ha calculado que el nivel de los océanos podrá aumentar en unos 20 cm. para el año 2030, y unos 65 cm. a finales del próximo siglo.

Grupos de pequeñas islas desaparecerán, y la misma existencia de varias naciones isleñas ubicadas en diversas partes oceánicas estarán en peligro. A medida que los mares ganen espacio a la tierra, las aguas marinas contaminarán los suministros de agua potable en muchas partes del mundo y muchos kilómetros de tierras dejarán de ser fértiles incrementar su nivel de salinidad. Las precipitaciones también se alterarán, algunas regiones del mundo podrían secarse, mientras que en otras las lluvias podrían ser excesivas y no ser absorbidas por la tierra, desbordando ríos, inundado planicies e incrementando la erosión del suelo.

Reducir la utilización del automóvil, el tratamiento adecuado de los desperdicios y basureros, y en general, tratar de evitar los combustibles fósiles, podría disminuir considerablemente el rápido aumento en las temperaturas terrestres.

Paralelamente, sería prudente cuestionarse sobre la política energética enfocada casi en su totalidad al petróleo y energía eléctrica producida por carbón. Cuando el petróleo es el "motor del desarrollo" de un país como México y otros más, vale la pena preguntarse sobre el compromiso de nuestros gobiernos y ciudadanos con el medio ambiente nacional y global.

La intensidad de CO2 en México, medida como emisiones de CO2 por MWh generado, se ubica ligeramente por encima del promedio de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)

Datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental advierten que "las partículas que genera el carbón están relacionadas con enfermedades del corazón, del aparato respiratorio y un número no determinado de cánceres en los pulmones".

México puede evitar el daño al aire y a la salud de sus ciudadanos, ya que tiene grandes posibilidades para utilizar fuentes de energía renovables. Si se aprovechara el recurso del viento y la energía solar podríamos cubrir la demanda de energía del país.

El pasado 10 de mayo del presente año, el periódico El Universal publicó una nota en donde menciona que el gobierno federal decidió retomar el uso de carbón, considerado como uno de los combustibles más contaminantes a nivel mundial.

En la nota publicada destaca lo siguiente:

Sólo para generación de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene previsto incrementar la demanda de 10.8 millones de toneladas anuales de 2000 a 25.6 millones en 2024, lo que representa un aumento de 137 por ciento, con el consecuente efecto nocivo en el medio ambiente y en la salud de cientos de mexicanos.

De acuerdo con la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, organismo en el que participan los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, las tres centrales carboeléctricas que operan en el país son responsables de la emisión de 20.8 millones de toneladas de bióxido de carbono (30 por ciento del total nacional) y de otros contaminantes, como el bióxido de azufre, óxido de nitrógeno y mercurio, que producen serios daños a la salud humana, así como al medio ambiente.

Carlos Muñoz, director general de Investigación en Política y Economía Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que como "México no tiene ningún compromiso de reducciones de emisiones contaminantes, podemos llegar a emplear el carbón que necesitemos".

El funcionario explicó que cada país puede buscar con toda libertad las fuentes de energía que más le convengan.

Cabe mencionar, la importancia en el cuidado del medio ambiente, por tal motivo en nuestro país se han creado leyes y dependencia a cargo de estas funciones, sin embargo es preocupante las declaraciones por parte de directivos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental es: "fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable".

Por tanto la Semarnat debe aceptar y acatar los lineamientos del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en donde destacan las fracciones I, IV, X, XI, XII, XIV, XVI, XVII y XXII. Y deberá ser una institución preocupada por el cuidado del medio ambiente y no lo contrario.

En cuanto a los funcionarios de dicha dependencia, quienes deberán de acatarse al artículo 128 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

“Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”

Asimismo la Secretaría de Energía (Sener) deberá actuar como sus objetivos los señalan: "Conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional."

“Con un firme impulso al uso eficiente de la energía y a la investigación y desarrollo tecnológicos; con amplia promoción del uso de fuentes alternativas de energía; y con seguridad de abasto.”

Resulta contradictoria la propuesta de la Sener en cuanto al uso del carbón para generar energía eléctrica en referencia la Estrategia Nacional de Energía 2010 presentado por dicha Secretaría, en donde hace mención acerca de, reducir los impactos derivados de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero en la producción de energéticos.

En México contamos con altos niveles insolación, de recursos hidráulicos para la instalación de plantas minihidráulicas, vapor y agua para el desarrollo de geotérmicas, zonas con intensos y contantes vientos. El aprovechamiento de las energías renovables será un motor para el desarrollo social, al permitir el acceso al servicio eléctrico a comunidades en donde la energía convencional es económicamente inviable, por estar apartadas de la red eléctrica.

El desarrollo de las energías renovables representara la creación de pequeñas y medianas empresa, generación de empleos, mayor desarrollo y la posibilidad de generar mayor intercambio comercial con otras naciones que impulsan la utilización de energías renovables.

Si comparamos nuestros índices con otros países, el promedio a nivel mundial para la generación de energía eléctrica a partir de energías renovables es del 18 por ciento, según la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés). En México es del 3.3 por ciento, de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Actualmente ya se tienen proyectos exitosos como el parque eólico La Rumorosa, en Baja California. Con este proyecto se dejaran de emitir 17 mil toneladas de CO2 a la atmosfera y permitirá pagar el alumbrado público de Mexicali.

La energía geotérmica tiene una gran capacidad de generación eléctrica, equivalente al 38 por ciento de la producida para el servicio público al año, en Oaxaca la energía eólica podrá representar el 55 por ciento de la energía eléctrica. Por su parte, hidráulica tiene un potencial equivalente al 71 por ciento de la energía eléctrica.

En México, la potencia de energías renovables podría dar una autosuficiencia en materia de energía y capacidad de exportarla. Nuestro país tiene uno de los más grandes potenciales en energía solar (más de 5 kilowatts/hora por metro cuadrado), lo cual podría hacer autosuficientes a muchos establecimientos y hogares, especialmente en el centro y norte del país.

En principio hay, capacidad para más de 30 mil Mw (más de la mitad del total de la capacidad instalada actual en México). En geotérmica es posible pensar en cerca de 10,000 Mw, mientras que en la hidroelectricidad, es factible construir otros 5,000 Mw en grandes y pequeñas centrales.

El Instituto de Investigaciones Eléctricas en México, menciona que existe un potencial de 3,000 Mw para la generación de electricidad con biogás, proveniente de la recuperación y aprovechamiento del metano a partir de residuos animales y sólidos urbanos y tratamiento de aguas negras.

El Partido Verde Ecologista de México ya presento la iniciativa en la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y el artículo 36 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados de la actual legislatura y tiene como objetivo colocar a al país en la ruta de la prosperidad sustentable con bajo contenido de carbono.

Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos se Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por parte de sus funcionarios, apegarse al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en cuanto aspectos de protección ambiental como se establece en las diversas fracciones del mismo artículo, por tanto dicha Secretaría deberá realizar los estudios correspondientes sobre impacto ambiental y contaminación atmosférica que resulte por la quema de carbón para generación de energía eléctrica, como la entidad encargada de cuidar y mitigar daños ambientales en el país.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Energía a conducir la política energética del país, dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre de 2010.

Diputado Alejandro del Mazo Maza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a la SEP, con la etiquetación de una partida para crear plazas de profesores de educación física, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Aguirre Fernández, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Noé Garza Flores y el de la voz, Héctor Franco López, integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de la LXI Legislatura, presentan a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El deporte y la educación física juegan un papel importante a escala individual, comunitaria, nacional y mundial; como individuos, el deporte resalta nuestras habilidades personales, mejora nuestra salud en general y el conocimiento de nosotros mismos, en el ámbito nacional, el deporte y la educación física contribuyen al crecimiento económico y social, mejoran la salud pública y unen a las diferentes comunidades, así como que pueden tener un impacto positivo y duradero sobre el desarrollo, la salud pública, la paz y el medio ambiente

La participación en el deporte y la educación física proporcionan una oportunidad para que la población en general y en específico la marginada por barreras sociales, culturales o religiosas por cuestiones de género, incapacidad física u otro tipo de discriminaciones pueda sentir la inclusión social y moral.

A través del deporte y la educación física, los individuos pueden experimentar la igualdad, la libertad y un medio digno de fortalecimiento. El control que una persona que practica un deporte experimenta sobre su propio cuerpo es especialmente valioso para las niñas y las mujeres adultas, para las personas con impedimentos físicos, para quienes habitan en áreas de conflicto y para las personas que se recuperan de algún trauma.

El deporte y la educación física enseñan valores esenciales y destrezas de vida incluyendo la confianza en sí mismo, el trabajo en equipo, la comunicación, la inclusión, la disciplina, el respeto y el juego limpio, proporcionan igualmente beneficios psicológicos como la disminución de la depresión y el mejoramiento de la concentración, tienen un impacto positivo en la educación del niño ya que mejora la habilidad del niño para aprender, aumenta su concentración, su asistencia a clase y su rendimiento en general, los jóvenes aprenden mejor cuando se divierten y están activos en las escuelas, la educación física es un componente integral de una educación de alta calidad.

Son cruciales para una vida prolongada y saludable. El deporte y el juego mejoran la salud y el bienestar, aumentan la expectativa de vida y reducen la probabilidad de varias enfermedades no transmisibles, incluyendo la enfermedad coronaria.

El importante papel que desempeña la educación física está demostrado por el hecho de que los niños que hacen ejercicio tienen una mayor probabilidad de mantenerse físicamente activos cuando adultos.

Al reconocer la importancia de la relación entre deporte, actividad física y salud, en 2004 la OMS adoptó la Estrategia Mundial sobre la Dieta, la Actividad Física y la Salud y una resolución acerca del Fomento de la Salud y de los Estilos de Vida Saludables. Ambos documentos enfatizan la importancia de comenzar la práctica de actividades físicas adaptadas en las primeras etapas de la infancia.

Desde los años ochentas, la obesidad se ha expandido a un ritmo alarmante, debido principalmente al cambio en el suministro de alimentos y en las costumbres alimentarias, asociado a una falta de la actividad física lo cual ha redundado en que la obesidad se volviera una epidemia mundial. Un estudio presentado recientemente por la OCDE dice que uno de cada dos adultos tiene sobrepeso y uno de cada seis es obeso, se prevé que en los próximos diez años en algunos países, se eleve el aumento anual de 1 por ciento del índice de personas con sobrepeso.

Dicho estudio establece que los índices más altos de obesidad se encuentran en Estados Unidos y en México; sin embargo, se ha observado un aumento a nivel mundial, los niños no son la excepción ya que hoy más de uno de cada tres tiene sobrepeso, las personas que padecen obesidad severa, así como los fumadores, fallecen entre 8 y 10 años antes que las personas con peso normal y tienen más predisposición para contraer enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer. La obesidad es una carga para los sistemas de salud puesto que el gasto dedicado a personas obesas es al menos 25 por ciento más alto que para una persona con peso normal.

En México es claro que necesitamos que el deporte y la actividad física sean tomados con mayor seriedad, los datos que se presentan por parte de la OCDE que nos muestran como uno de los países con mayor índice de obesidad es una alerta que debemos tomar muy en serio; nuestros hijos deben de estar dotados de todos los factores para un crecimiento y desarrollo apropiados, el dictamen aprobado el 6 de abril por el cual se regula una alimentación equilibrada baja en grasas y azúcares que permitan un desarrollo sano del núcleo familiar y la obligatoriedad de practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico es un primer avance con el fin de evitar el desmedido crecimiento de la obesidad, pero tenemos que seguir revisando el marco normativo para complementar dicha medida.

La obligatoriedad de los 30 minutos de ejercicio es sólo parte de la solución, ahora debemos contar con la cantidad adecuada de maestros destinados a impartir dicha materia, la plaza de profesor de educación física no es una plaza de jornada, sino por horas, de modo que los maestros de esta materia, con sus horas asignadas, cubren varias escuelas, siendo las escuelas rurales donde hay menos profesores de este tipo; el problema es que como todo los recursos que erogue la federación, son los que determinaran el número de plazas o de horas disponibles que se tienen para otorgar.

Por lo que consideramos que en el Presupuesto de Egresos para 2011 debería considerarse un presupuesto destinado a la educación física con el fin de contar con los suficientes maestros que impartan dicha especialidad.

Por lo expuesto, es que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se incremente el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación Pública para el Ejercicio Fiscal de 2011, y se etiquete una partida para la creación de nuevas plazas de maestros dedicados a la impartir la materia de educación física.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdéz, Francisco Saracho Navarro, Héctor Franco López Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el Instituto Nacional de Cancerología, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Augusta Díaz de Rivera Hernández, diputada a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica, y 58-60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados a considerar una asignación presupuestal dirigida al Instituto Nacional de Cancerología (Incan) para la atención y prevención del cáncer de ovario; y se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud que amplíen los recursos previstos para el Incan en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con objeto de concluir sus obras de remodelación y renovación de equipo instrumental.

Consideraciones

En las mujeres, el cáncer de ovario es el sexto más frecuente a nivel mundial, con aproximadamente 205 mil nuevos casos al año, representa 4.7 por ciento 1 de las defunciones, por lo que se convierte en la primera causa de mortalidad entre los cánceres de origen ginecológico a nivel mundial y la segunda causa de muerte a nivel nacional. 2

Para 2003, la Secretaría de Salud reportaba 60 mil 46 defunciones por cáncer, de las cuales mil 403 eran por cáncer de ovario.

Actualmente, el Incan reporta para México 2 mil 12 nuevos casos por año, ocupando el segundo lugar de los cánceres ginecológicos, por lo que se considera como un problema de salud pública.

La mayoría de los casos se diagnostican entre 45 y 75 años de edad, 3 asociado a la menopausia, cuando el ovario ha perdido su función fisiológica y en consecuencia, la función anormal del ovario no produce síntomas. No obstante, hay un número significativo de casos desde 30 años y en el mismo instituto se han diagnosticado tumores en jóvenes menores de 15 años. 4

El cáncer de ovario es un tumor que se clasifica en las neoplasias malignas del ovario, constituye 90 por ciento de los casos y es la neoplasia más letal por su propensión a formar tumores que se diseminan en el abdomen superior.

De acuerdo con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y el Comité Estadounidense Conjunto sobre el cáncer, los carcinomas ováricos se clasifican en cuatro etapas clínicas. En el estadio I, el cáncer está limitado a uno o ambos ovarios; en el estadio II, el cáncer puede diseminarse de los ovarios hacia la pelvis; en el estadio III, además de involucrar a uno o ambos ovarios se observan implantes peritoneales confirmados fuera de la pelvis y en estadio IV, se observan uno o ambos ovarios con metástasis a distancia con invasión del parénquima hepático y con células tumorales presentes en el fluido peritoneal o pleural.

Las células tumorales de carcinoma ovárico permanecen confinadas a la cavidad abdominal y muestran una característica inusual de supervivencia (proliferación), ya sea como célula única o como grupo de células.

Pese a la proliferación del cáncer de ovario, este es altamente curable si se detecta en etapas tempranas, 75 por ciento de los casos a nivel mundial son detectados en fases avanzadas. Esto, debido a que resulta difícil su diagnóstico, y suele pasar desapercibido por los mismos médicos oncólogos, ya que no es detectado por la exploración física durante la consulta ginecológica rutinaria.

Las causas son múltiples, pero podemos encontrar como factores de riesgo la historia familiar, la edad, la maternidad, la historia personal, medicamentos de fertilidad y el uso de talco.

El tratamiento para este padecimiento es la cirugía, una cirugía en donde los ovarios, el cuello del útero y las trompas de Falopio son extraídos mediante una cirugía que implica la extirpación de ambas trompas de Falopio y los ovarios.

Aunado a esto, tenemos que las mujeres que enfrentan los riesgos de padecer la enfermedad, pueden verse sometidas a la posibilidad de que le sea extirpado el ovario sano o, peor aún, que en el proceso quirúrgico se determine la extracción de nódulos linfáticos, tejido delgado que cubre el estómago y el intestino grueso, y otros órganos del abdomen. Posteriormente, el cáncer que reste tendrá que ser tratado con quimioterapia.

El tratamiento para el cáncer de ovario es diverso, de tal forma que las instituciones pueden disponer con marcadores tumorales para los pacientes con carcinomas, entre otras técnicas.

Sin embargo, aun con los avances en esta enfermedad, no existe ningún método eficaz que facilite el diagnóstico temprano del carcinoma ovárico. Por ello, más de 75 por ciento de los casos que ingresan en el Incan se presentan en fases avanzadas, cuando éste ya ha invadido el abdomen. 5

En esta etapa las pacientes tienen 29 por ciento de probabilidades de supervivencia de no más de 5 años. La mayoría de las pacientes desarrollan una enfermedad recurrente propiciada por la generación de quimiorresistencia a la terapia médica.

El Incan ha estado utilizando marcadores tumorales descubiertos para el carcinoma ovárico, los cuales se han estado desarrollando y evaluando usando muestras de pacientes clínicamente diagnosticadas con etapas avanzadas.

Esto no ha sido suficiente, ya que la mortalidad que se ha venido presentando para esta enfermedad ha ido en aumento.

Así, tenemos un reto por el lado de la investigación: encontrar una prueba que pueda detectar no sólo el aparente cáncer ovárico, sino la enfermedad antes de que se produzcan los síntomas, con lo que lograríamos menos muertes de mujeres con la enfermedad.

Por ello resulta necesario seguir realizando investigaciones que nos aporten los perfiles de expresión de importancia clínica del cáncer de ovario asociados a los procesos invasivos, para que las mujeres mexicanas sobre todo las de un nivel socioeconómico bajo no se sigan muriendo por falta de recursos económicos.

Compete al Incan continuar la investigación y la caracterización de manera amplia de la enfermedad, para contar con información sobre el crecimiento y progresión tumoral, ya que es un centro de investigación y atención sobre todo tipo de cáncer.

Creemos que con mayores recursos se continuará con la remodelación de sus instalaciones, se mejorará el equipo instrumental y, por ende, las condiciones para que se extienda la cobertura a más personas que padecen el mal.

Al mismo tiempo, se debe apoyar a las mujeres de un nivel socioeconómico bajo que necesitan sesiones de quimioterapia y que no cuentan con recursos para poder acceder a ella, ya que muchas de ellas se están muriendo por no poder llevar a cabo el tratamiento que cuesta alrededor de 20 mil pesos, 6 dejando huérfanos a niños entre 10 y 14 años. 7

El Incan proporciona 170 mil consultas, diagnostica 100 mil casos de cáncer en el país y aproximadamente 60 mil personas pierden la vida por este mal, y que tiene saturación de pacientes del Distrito Federal. Aun con ello, también atiende a enfermos procedentes de todo el país.

Y aun cuando coordina aproximadamente 25 centros estatales en donde se diseñan programas, y estrategias para un mejor control sobre el cáncer de carácter nacional con el fin de reducir la morbi-mortalidad del cáncer en México. No tiene recursos para investigación ni tratamiento en cáncer de ovario.

El cáncer cervicouterino se ha venido atendiendo y es una causa prioritaria para la salud reproductiva de las mujeres y éste ha venido reduciéndose con resultados positivos para la población femenina. 8 Sin embargo, no puede dejar de atenderse el cáncer de ovario.

El objetivo es no seguir dejando que las mujeres de bajos recursos y sin posibilidades de poder acceder a un tratamiento costoso como la quimioterapia mueran por no tener para comprar la terapia, realizarse los estudios, y solventar la enfermedad.

Que el objetivo sea establecer opciones que apuesten hacia la vida de las mismas que padecen esta enfermedad y que dejan huérfanos a hijos de entre 10 y 14 años.

Que recordemos que al apoyar a estas mujeres que asisten cada día al instituto, apoyamos a muchos niños y jóvenes; por ende, promovemos el fortalecimiento familiar.

Que es una de las patologías menos reconocidas y con un ambiente de confusión entre la población en general, desde la perspectiva de las políticas de salud para estrategias de prevención, detección oportuna y tratamiento. 9

Que el propio instituto reporta que muchas mujeres llegan a los centros de salud en etapas avanzadas y que esta enfermedad exige una óptima coordinación intermultidisciplinaria en su abordaje terapéutico.

Que el tema de la paciente en el contexto familiar y social ha sido poco abordado (psicooncología integral).

Que no hay asignación de recursos económicos para el rubro de atención e investigación, y tratamiento del cáncer de ovario en el proyecto para el ejercicio fiscal de 2011, presentado por el Ejecutivo federal.

Que resulta necesario e importante que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Equidad y Género asignen presupuesto para cáncer de ovario al Incan, en el anexo 10, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.

Es fundamental que se amplíen los recursos presupuestales para el Incan en el Presupuesto de Egresos de 2011 con objeto de concluir la remodelación de sus instalaciones, de mejorar su equipo instrumental y mobiliario.

Por las razones expuestas, se someten a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados a destinar recursos en el anexo “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 al Instituto Nacional de Cancerología para la prevención, atención y tratamiento del cáncer de ovario.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados a ampliar los recursos para el Instituto Nacional de Cancerología en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, con objeto de concluir sus obras de remodelación y renovación de equipo instrumental y mobiliario, en beneficio de sus usuarios.

Notas

1 Estadística realizada por la doctora Gallardo Rincón, jefa e investigadora del Servicio de Ovario del Incan.

2 Garibay Cerdenas, Olga Lilia; Gallardo Rincón, Dolores; y Talamás, Patricia. Cáncer epitelial de ovario, la muerte silenciosa, Cinvestav/IPN e Incan, 2009.

3 Ibídem.

4 Gallardo Rincón, Dolores. Cáncer de ovario en el panorama nacional, Incan, 2009.

5 Estadística realizada por la doctora Gallardo Rincón, jefa e investigadora del Servicio de Ovario del Incan.

6 Información proporcionada por personal del Incan.

7 Gallardo Rincón, Dolores. Cáncer de ovario en el panorama nacional, Incan, 2009.

8 Dirección General de Información en Salud, base de datos de defunciones Inegi/Secretaría de Salud [en línea], Sistema de Información de Salud, México, 2010.

9 Gallardo Rincón, Dolores. Cáncer de ovario en el panorama nacional, Incan, 2009.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Augusta Díaz de Rivera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los proyectos de infraestructura carretera de Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.

Diputado Francisco Javier Martín Gil Ortiz

Presidente de la Comisión de Transportes

Presente

He de agradecer su valiosa intervención para que con base en el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se proponga y, en su caso, se apruebe al interior de la comisión que usted preside, el presente punto de acuerdo, relativo a la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal 2011 en la actividad institucional de infraestructura económica y carreteras del Ramo 09 (comunicaciones y transportes).

Justificación

Los proyectos mencionados tienen el carácter de estratégicos y prioritarios para el desarrollo y crecimiento del Estado de Baja California Sur en materia de infraestructura carretera y detonante de valor agregado en materia de economía y finanzas públicas estatales y nacionales.

Así también, integrarán a diversas comunidades cuya actividad principal es la captura de recursos naturales con alto valor comercial; incrementarán la afluencia turística nacional e internacional; se dotará a poblaciones de servicios básicos como salud, educación, agua potable y electrificación; reducirá costos de operación de transporte; mejorará la calidad de vida de sus habitantes; elevarán el nivel del servicio al turismo en general, entre otros beneficios más.

Punto de Acuerdo

Único. Se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 a los proyectos de infraestructura carretera de Baja California Sur en el Ramo 09 (comunicaciones y transportes), que se describen en el cuadro abajo desglosado por un total de $2,756,500,000 (2 mil 756 millones 500 mil pesos).

Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al sector salud a alentar a la población sobre la prevención oportuna del cáncer de mama, a cargo de la diputada Rosario Brindis Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita Rosario Brindis Álvarez diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes.

Consideraciones

La salud, entendida como el bienestar físico, psíquico y social del ser humano 1 , es un derecho universal. La prevención, cobertura, calidad y prestación de servicios sanitarios son temas prioritarios para los Estados, gobiernos y sociedad civil alrededor del orbe.

En este tenor, y considerando que el cáncer es la enfermedad que mayor número de decesos causa a nivel mundial, se determinó conmemorar el 19 de octubre como el Día Mundial de la Prevención en la lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo radica en emprender campañas de información a nivel mundial, para despertar en todas las mujeres, la conciencia de la autoexploración como el mejor método de detección.

El cáncer mamario, es el más común a nivel mundial entre las mujeres. En la actualidad, 4.4 millones de mujeres viven con cáncer de mama y se registran 411 mil muertes al año. Cada dos minutos una mujer es diagnosticada con esta enfermedad.

En México, 12 mujeres mueren diariamente a causa de cáncer mamario, lo que representa, una tercera parte de las pacientes diagnosticadas con este tumor maligno. Y pese a que el 95 por ciento de los casos son prevenibles y curables con detección oportuna en la etapa I 2 , en México más del 80 por ciento de los casos de cáncer de mama se identifica en etapas avanzadas de la enfermedad: entre 40 y 50 por ciento de los casos se presentan en estadios III y IV (México Reporte Rosa 2009-2010).

Derivando en un incremento constante en la mortalidad de esta enfermedad. Tan sólo en el periodo de 1980 a 2005 se registraron un total de 67,854 defunciones por cáncer mamario, con un aumento estimado anual del 3.6 por ciento en los últimos 18 años.

El cáncer de mama, a diferencia de otros, es totalmente detectable y puede prevenirse a tiempo si la mujer está bien enterada de sus síntomas y mantiene un programa permanente y sistemático de autoexploración a partir de los 20 años y se realiza una mamografía anual a partir de los 40 años, ya que los tumores muy pequeños no son detectados en una autoexploración, ocasionando que el cáncer no pueda ser atendido y erradicado a tiempo.

De la detección oportuna y el acceso al tratamiento pertinente radica la sobrevida de las pacientes. En nuestro país, el sistema de seguridad social tiene incluido dentro del paquete de servicios disponible, la prevención y tratamiento de cáncer de mama. Sin embargo, esta atención está restringida únicamente a personas que cuenten con dicha cobertura, es decir, alrededor del 40 al 45 por ciento de la población total. El resto de la población depende de servicios públicos de la Secretaría de Salud, es decir del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Bastan algunas cifras para conocer la dimensión del problema:

• El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años de edad y es una amenaza para todos los grupos socioeconómicos en México

• En 1990 se detectaron 6 mil nuevos casos y se estima un crecimiento cercano a 16 mil 500 nuevos casos para el año 2020

• La mayoría de los casos se autodetecta y sólo el 10 por ciento de todos se identifica en etapa de inicio

• La seguridad social en México sólo cubre alrededor del 40 por ciento de la población e incluye tratamiento

• Las tasas de mortalidad por cáncer de mama en nuestro país muestran un aumento notorio en las últimas cinco décadas

El cáncer de mama es y será una prioridad en las políticas de salud pública, debido a sus implicaciones que tienen multiplicador en la economía, en la sociedad y, sobre todo al interior de las familias mexicanas.

La conmemoración del Día Mundial de la Prevención en la lucha contra el Cáncer de Mama nos invita a no bajar la guardia y hacer un llamado a todas las autoridades del sector salud y a la sociedad en general para erradicar este flagelo que inhibe y limita la vida de tantas mujeres mexicanas, haciendo hincapié en que la prevención es y será el mejor método para combatirlo.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al sector salud a alentar a la población para la prevención oportuna del cáncer de mama, y, de esta manera, contribuir al diagnóstico efectivo, así como asegurar el acceso a un tratamiento en el marco del Día Mundial de la Prevención en la lucha contra el Cáncer de Mama.

Notas:

1 Definición de la Organización Mundial de la Salud

2 Según la Sociedad Americana de Cáncer, las mujeres con tumores diagnosticados en etapa I tienen una supervivencia mayor al 95 por ciento, en contraste con 27 por ciento de las mujeres diagnosticadas en etapas más avanzadas. (American Cancer Society, 2008).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre de 2010.

Diputada Rosario Brindis Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el desarrollo carretero en Coahuila, Durango y Sinaloa, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Rubén Ignacio Moreira Valdez, en nombre de los integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presenta ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La infraestructura carretera está ligada directamente con la competitividad de una nación, a su crecimiento económico y desarrollo del tejido social. Además, desempeña un papel fundamental para el desarrollo regional y local, y de integración nacional e internacional. Junto con las distintas formas y medios de transporte, es parte de los elementos esenciales para el desarrollo del comercio; consolida los esquemas productivos y favorece su expansión y diversificación.

La infraestructura carretera se convierte en un elemento de soporte fundamental que contribuye al progreso de cualquier sociedad. Igualmente, contribuye a elevar los niveles de competitividad de las exportaciones y reduce los costos de las importaciones. Por el efecto multiplicador de sus redes se convierte en un motor de crecimiento de otros sectores y sirve de base para el desarrollo de la actividad económica.

Por lo que toca al entorno nacional la infraestructura carretera se integra por 366 mil kilómetros; de ellos, poco más de 127 mil corresponden a carreteras pavimentadas, que equivale a 36.3 por ciento del total. 1 A través de esta importante infraestructura se moviliza 53 por ciento de la carga nacional y 98 por ciento de los pasajeros transportados en nuestro país; por lo que toca al autotransporte, se movilizan 479 millones de toneladas de carga, y 3 mil 170 millones de pasajeros cada año.

Uno de los mecanismos internacionales utilizados para medir la competitividad desde diferentes parámetros y en calidad de infraestructura carretera es El Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2009-2010, 2 en el cual México ocupa la posición 62 de 133 países, en el cual nuestro país descendió 14 posiciones a diferencia del 2008 y se encuentra situado por debajo de países latinoamericanos como Chile, Guatemala, El Salvador, y Uruguay. Al mismo tiempo, México ocupa la posición 66 en calidad de los caminos y carreteras.

El índice es muestra de una grave realidad que enfrentamos toda vez que uno de los aspectos más importantes para elevar la competitividad de los países es el adecuado funcionamiento de su infraestructura, al desempeñar esta un papel importante en el crecimiento y aumento del potencial económico. La cantidad y calidad de la infraestructura hace una contribución importante a las tasas de productividad.

Si consideramos que uno de los elementos que fortalece la competitividad de un país es la infraestructura que tenga, en este sentido la infraestructura carretera es factor determinante para avanzar en el desarrollo económico, desafortunadamente, México se encuentra ante una crítica situación por la falta de modernización de los caminos, vías, puertos, transporte aéreo y adecuadas telecomunicaciones. En general, la baja y poca calidad de la infraestructura de nuestro país no está ayudando al desarrollo económico y social de la república.

Actualmente se tiene la valiosa oportunidad de insertar a México en el mercado global y competitivo, a través, de un ambicioso proyecto que involucra a los países que integran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) por medio del proyecto transnacional Ports to Plains, que tiene como objetivo desarrollar un corredor carretero internacional que conectará a estos tres países, con una extensión de más de 5 mil 149 kilómetros, que fomente el intercambio y desarrollo en los sectores industriales y educativos, entre otros rubros.

El proyecto carretero Ports to Plains permitirá los traslados de mercancías y equipo desde Alberta, pasando por Edmonton, en Canadá; Denver, Colorado, y Amarillo, Texas, ciudades estadounidenses con alto potencial agrícola y petrolero, para llegar a destinos como Mazatlán, en Sinaloa, y Manzanillo, en Colima.

La primera entidad mexicana en integrarse a este proyecto es Coahuila que busca detonar el crecimiento industrial, educativo, empresarial y de servicios del estado, que en breve se formalizará con la firma de un convenio como socio comercial y estado ancla del corredor Ports to Plains.

Los cruces fronterizos de Acuña y Piedras Negras, en Coahuila, serán los puntos por donde ingresarán y saldrán del país los vehículos de transporte. Por ello se autorizó ampliar la aduana de Ciudad Acuña de 3 mil a 20 mil 402 metros cuadrados, para poder ofrecer un servicio de calidad y dar mayor funcionalidad al proyecto.

Las mercancías que se dirijan a Mazatlán podrán cruzar la ruta de la Laguna, por Torreón, y las que se envíen a Estados Unidos o a Canadá, la Sureste, ruta con los beneficios que ofrece la industria automotriz enclavada, principalmente, en el área de Saltillo-Ramos Arizpe.

Con Ports to Plains, Coahuila tendrá la oportunidad de concretar acuerdos de colaboración con la provincia de Alberta, Canadá que cuenta con la segunda reserva petrolera mundial después de Arabia Saudita, y es el mayor inversionista en el sector minero de México. Este proyecto generará entre otras ventajas, negocios, nuevos empleos y abrirá al comercio internacional a ciudades fronterizas de México y Estados Unidos que hoy son pequeños polos de desarrollo.

Son muchos los beneficios que traerá este ambicioso plan, no sólo para Coahuila sino para el país en general. La inversión estimada que se realizará en el proyecto carretero de Ports to Plains será de 2.8 mil millones de dólares.

Ports to Plains se plantea también como una alternativa para agilizar el comercio internacional que hoy cruza por el canal de Panamá. Puertos del comercio internacional de Estados Unidos como Los Ángeles y Laredo, están hoy ya saturados por lo que se abren nuevas rutas al comercio internacional entre Canadá, Estados Unidos y México, por diversos puertos fronterizos.

Para desarrollar este proyecto en el país se necesita trabajar en materia de coordinación desde los tres niveles de gobierno y con diferentes actores interesados en el crecimiento y desarrollo de México. Como lo han venido haciendo en Estados Unidos y Canadá, a través de The Ports-to-Plains Alliance, una organización sin fines de lucro, no partidista, liderada por los alcaldes, concejales, funcionarios, empresarios y líderes de opinión interesados en el desarrollo económico de sus países y regiones. Durante la última década han recaudado e invertido 1 billón de dólares estadounidenses en fondos federales para mejoras viales en nueve estados de ambos países.

Un proyecto de magnitud como la de Port to Plains sólo podrá desarrollarse con el apoyo de los recursos federales y estatales. Este ambicioso proyecto responde a los retos del Estado mexicano y brinda la oportunidad de reorientar las inversiones públicas hacia proyectos de alto impacto en el campo social y económico y ofrecer señales claras para que la inversión se encamine hacia propósitos de alto valor agregado.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Comunicaciones que se destinen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la ampliación a cuatro carriles de las carreteras Acuña-Zaragoza, Monclova-Cuatro Ciénegas, Cuatro Ciénegas-San Pedro y San Pedro-Torreón, con el objetivo de impulsar el proyecto carretero transnacional Ports to Plañís, en beneficio del desarrollo económico del país.

Segundo. Se solicitan recursos para la construcción del libramiento Zaragoza-Allende, que permita el tránsito de vehículos de transporte comercial en menor tiempo y sin perjudicar las vialidades urbanas. Para este libramiento se puede utilizar la antigua ruta del ferrocarril, ya que se cuenta con los derechos de vía y su trazo es conveniente.

Tercero. Se solicitan recursos para la carretera de Múzquiz-Ojinaga, que permita el tránsito de vehículos de transporte comercial en menor tiempo.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar el proyecto Ports to Plains como un corredor estratégico y brindarle apoyo prioritario en toda su extensión, lo cual asegurará recursos para su desarrollo en Coahuila, Durango y Sinaloa, por donde atraviesa el corredor, además de la relevancia que representará en la actividad económica de todo el país.

Notas

1 Anuario estadístico, Inegi, 2008.

2 El objetivo del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial 2009-2010 es destacar las perspectivas de crecimiento económico y, sobre todo, resaltar los obstáculos para mejorar la competitividad. El informe analiza con detalle las principales tendencias de la región y presenta un informe detallado sobre cada uno de los países incluidos. También refleja el gran progreso logrado por la región para llevar a cabo reformas de gran importancia, al tiempo que destaca la necesidad de crear condiciones idóneas para facilitar el crecimiento económico y mayor competitividad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Héctor Franco López, Hugo Martínez González, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Noé Fernando Garza Flores, Tereso Medina Ramírez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a acreditar por la Secretaría de Economía y la Sener organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, sobre las lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Augusta Valentina Díaz de Rivera, en uso de las facultades que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Han pasado muchos años desde que Thomas Alva Edison patentara la primera lámpara eléctrica siendo la única para su tiempo. En la actualidad el mercado ofrece diferentes opciones de lámparas a elegir, por ejemplo, existen las bombillas incandescentes que emiten luz cuando la corriente eléctrica pasa por un delgado filamento que se calienta y se vuelve incandescente, su duración es de aproximadamente mil horas. Los tubos fluorescentes crean una descarga de gases y su duración aproximada es de 6 mil horas.

Existen también las lámparas halógenas, las cuales requieren de menor cantidad de energía para generar luz y su luz es más potente, su duración media es de 2 mil horas.

Las lámparas fluorescentes compactas o de bajo consumo duran más y consumen menos energía que una incandescente, su duración aproximada es de 8 mil horas.

En México, las lámparas ahorradoras compactas disponibles proceden principalmente de China, aunque están resguardadas bajo marcas con reconocimiento internacional. Sin embargo, no cumplen con los requerimientos especificados en la legislación vigente. Esto se debe a que muchas de las lámparas ahorradoras importadas no cumplen con el rendimiento que prometen, ya que por un lado ahorran menos energía y por el otro duran menos de lo que indica la norma.

La importación de lámparas ahorradoras que no están dentro de los parámetros permitidos por nuestras normas ha representado un problema para aquellos sectores consumidores de nuestra sociedad, ya que se tornan lámparas inseguras y pueden llegar a producir cortocircuitos, exponiendo a la población a posibles accidentes. 1

En México, la legislación vigente que se encarga de la regulación de las lámparas fluorescentes es la NOM-017-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba”. Esta norma tiene por objeto fijar los límites mínimos de eficacia de lámparas fluorescentes compactas, con potencia hasta de 28 vatios, y de los balastros con que operan estas lámparas.

El objeto de esta norma es atender la necesidad de comercializar productos que propicien el uso eficiente de la energía, favoreciendo con ello que no se introduzcan productos de mala calidad a nuestro territorio.

Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como el apoyo para la inspección fiscal y aduanera de acuerdo al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En este mismo orden de ideas, la NOM-017- ENER/ SCFI-2008 dicta que las Secretarías de Economía, y de Energía, a través de la Comisión Nacional de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades que están a cargo de vigilar el cumplimiento de la misma norma (numeral 11).

En dicha norma se establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad (numeral 12). Este procedimiento establece los lineamientos que tienen que seguir los organismos de certificación, independientemente de los que, en su caso, determine la autoridad competente.

Es necesario el énfasis en el certificado de conformidad del producto, ya que éste es un documento mediante el cual el organismo de certificación otorga un certificado y hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumplen o no con las especificaciones establecidas en la norma arriba citada.

Igualmente, la evaluación de conformidad debe de realizarse por laboratorios de prueba y organismos de certificación, acreditados y aprobados en la NOM. El usuario debe solicitar la evaluación de conformidad cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales, y el organismo de certificación, entregará al interesado dicho certificado.

Cabe agregar que el procedimiento para la evaluación de la conformidad es aplicable a los productos de fabricación nacional o de importación que se comercialicen en el territorio nacional.

Es así como podemos establecer que tenemos medidas jurídicas pertinentes, para que por nuestras fronteras no entren lámparas fluorescentes que no cumplan con la normatividad. Incluso con estas medidas legales, siguen entrando lámparas fluorescentes con mala calidad al país.

Aun cuando las Secretarías de Economía, y de Energía expiden el certificado, esto no ha sido suficiente, debido a que el mercado nacional está saturado de lámparas fluorescentes compactas de muy mala calidad que llegan a costar hasta 13 pesos y duran un mes.

Con esto, lo único que se obtiene es que exista una competencia desleal, dejando en condiciones de desventaja a las empresas que cumplen con la norma vigente, y con todo el proceso de trámites para introducir lámparas de buena calidad. 2 Esto da ventaja a aquellas empresas que no se esfuerzan para introducir lámparas en buen estado.

Es necesario que se inspeccione y verifique el cumplimiento de la norma citada, al mismo tiempo que se fortalezcan las acciones de inspección y vigilancia en aduanas, con objeto de cumplir con los mínimos de eficiencia y evitar la competencia desleal en la comercialización de lámparas fluorescentes en el país.

Por lo expuesto y fundado, someto ante esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que por conducto de las Secretarías de Economía, y de Energía acredite organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017- ENER/ SCFI-2008, de todas aquellas lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de las autoridades aduaneras fortalezca las acciones de inspección y vigilancia para verificar el punto de entrada al país y el cumplimiento de la NOM-017- ENER/SCFI-2008, “Eficiencia energética y requisitos autobalastradas. Límites y métodos de prueba”.

Notas

1 Laboratorio de Luminotecnia del Centro de Física y Metrología del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. Especialistas analizaron el comportamiento de 544 lámparas de 17 marcas reconocidas, todas importadas de China, y se encontró baja calidad.

2 Tomado de la tercera mesa de diálogo Hacia una propuesta de ley para prohibir la comercialización de lámparas incandescentes en México, llevada a cabo en la honorable Cámara de Diputados el 10 de marzo de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para infraestructura carretera, salud y cultura de Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Baja California Sur es uno de los estados más jóvenes de nuestro país. Es rico en recursos naturales, y actualmente vive un período de desarrollo económico como no se registra en muchas entidades de México.

En los últimos años, el incremento de la población, de las inversiones que han llegado a todas las regiones de la entidad, alienta el crecimiento de las ciudades y con ello crece la necesidad de crear, ampliar y modernizar la infraestructura carretera y urbana así como dotar de más y mejores servicios públicos a los ciudadanos.

Esto ha obligado a los gobiernos de los tres niveles a contemplar para nuestro estado mayores recursos económicos para atender lo anteriormente señalado, de manera que hoy los proyectos estratégicos de obra pública del gobierno de Baja California Sur, refieren a los rubros de carreteras, salud, educación, y proyectos de infraestructura urbana y social.

Para atender estas necesidades y con el objetivo de generar alternativas para impulsar la cultura, potenciar la actividad turística y alentar a continuar con el crecimiento económico, el gobierno de Baja California Sur contempla la realización de diversos proyectos de obra pública que en conjunto representan una inversión global superior a los 3 mil 250 millones de pesos.

El objetivo de obtener vía el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, como se propone en este punto de acuerdo, es cumplir con las metas comprendidas en el Plan Nacional de Desarrollo y específicamente con la conclusión de los proyectos estratégicos que el estado de Baja California Sur requiere para seguir consolidando su crecimiento y desarrollo.

Se ha dado cumplimiento puntual a los requerimientos que solicita la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de programas y proyectos de inversión y de proyectos de prestación de servicios, con el fin de lograr la obtención de recursos federales pero no es ello lo único que se requiere sino el apoyo y acuerdo de los compañeros y compañeras diputadas que en el seno de cada Comisión correspondiente, así como en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a lo cual estamos apelando atentamente.

Baja California Sur es una entidad con alta vocación turística y en este rubro su productividad es de las más altas en esta actividad económica del país. Por esta razón y para potenciar el desarrollo de la actividad, un proyecto estratégico es la continuación del Pabellón Cultural de la República, obra trascendental con la que, además de generar espacios de promoción e impulso a las actividades artísticas y culturales de alto nivel en los ámbitos nacional e internacional, se estará contribuyendo a los festejos por el bicentenario de la Independencia y Revolución Mexicana.

De igual manera, se está proponiendo la obtención de recursos para garantizar los recursos humanos necesarios y la operación del nuevo hospital general de especialidades de 120 camas Juan María de Salvatierra; así como para los recursos humanos y la operación de unidades de atención a la salud en lo general y en el ramo de especialidades.

En el rubro de carreteras, se solicita una importante dotación de recursos económicos pues los proyectos estratégicos presentados representan la oportunidad de crear, mejorar y modernizar las obras que necesita el estado para no quedar incomunicado en temporada de huracanes, y para agilizar las comunicaciones entre las comunidades rurales y las ciudades propiciando con ello continuar con su desarrollo económico.

Exhortamos a todos los grupos parlamentarios a voltear su atención a uno de los estados más leales de la federación y, a la vez, con mayor potencial de crecimiento, y solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que el recurso económico que se apruebe para el año 2011 a Baja California Sur sea mucho mayor, y permita concretar las obras carreteras, de educación, cultura, turismo, deporte y salud, que son los sectores de punta para incentivar el crecimiento económico, el empleo y continuar con la integración económica y social.

Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición, con carácter de urgente y obvia resolución, conforme los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a las Comisiones de Transportes, de Cultura y de Salud a aprobar los puntos de acuerdo anexos al presente y que corresponden a la solicitud de recursos económicos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la realización de los proyectos estratégicos de obra pública del Gobierno de Baja California Sur.

Segundo: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 los recursos económicos que propone el estado de Baja California Sur mediante el anexo que acompaña al presente, para la realización de los proyectos estratégicos en los rubros de carreteras, salud y cultura para impulsar con ello la modernización y desarrollo del estado así como el bienestar social de sus habitantes.

Tercero: Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva turne a las comisiones respectivas para su dictaminación y, en su caso, aprobación, los puntos de acuerdo de proyectos anexos al presente y la publicación de los mismos en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para diversos puentes en Coahuila, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Melchor Sánchez de la Fuente, integrantes de la coordinación de la diputación federal por Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentaron a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ante el paso del huracán Alex en julio, fueron graves los daños ocasionados en tres entidades del norte de la República Mexicana: Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, se enfrentaron a la pérdida de vidas humanas, de recursos materiales, daños económicos y miles de damnificados, lo cual vuelve incuantificable la necesidad de recursos para estos tres estados.

Para el caso particular de Coahuila, fueron gravemente afectados municipios ubicados en el tercer distrito federal: Arteaga, General Cepeda, Ramos Arizpe, Sabinas, Monclova, Castaños, Candela, Sacramento, Abasolo, Escobedo, Progreso y Juárez. El gobierno del estado cuantificó daños por más de mil millones de pesos para el estado, así como, un total de 30 mil 784 viviendas afectadas.

Ante los desastres ocurridos por el fenómeno meteorológico de Alex, de manera inmediata los gobiernos municipales y el gobierno del estado se dispusieron a evaluar los daños y a brindar soluciones para miles de familias que se vieron afectadas, actuaron de manera inmediata en materia de coordinación con el Ejecutivo federal para resarcir los graves efectos ocasionados por este fenómeno meteorológico.

El sector de comunicaciones fue de los más severamente perjudicados al encontrarse los ríos con un exceso en su capacidad que ante el aumento de su cauce destruyeron puentes a su paso, dejando incomunicadas a decenas de ciudades y poblados al derrumbarse puentes, destruirse carreteras y caminos y colapsarse los servicios públicos.

Uno de los puentes afectados en su estructura es el que se encuentra en la carretera estatal que comunica a los municipios de Villa de Juárez y Progreso con Sabinas, y la presa Venustiano Carranza conocida también como “Don Martín”, afectando gravemente la comunicación y la economía de cientos de familias que dependen de la pesca en su mayoría.

Otro de los puentes severamente afectados fue el puente vehicular de Sacramento sobre la carretera número 30, ubicado en el municipio de Sacramento, Coahuila, a la altura del panteón municipal.

La carretera federal 57 permaneció cerrada por más de un mes debido a que el denominado Puente los Gemelos a la altura del municipio de Sabinas, se fracturó por la creciente del río del mismo nombre. Este puente federal que sirve para cruzar el rio sobre la carretera 57 que es columna vertebral de Coahuila y de México.

Esta vía federal es de suma importancia para el comercio interior, así como, de exportación e importación, y tiene un aforo de 5 mil vehículos diarios, aproximadamente, un gran número de ellos transporta, alimentos, autopartes, combustibles, metales, minerales y todo tipo de bienes para nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

El hundimiento de los dos cuerpos del puente los gemelos, ocurrió por la fuerza del Río Sabinas que supero la capacidad de su cauce aunado además al caudal del río Álamos, lo que ocasionó que las columnas en su parte sur se hundieran, provocando que el puente dejara de funcionar con la eficiencia necesaria para dar abasto al aforo vehicular de la carretera 57.

Lo anterior originó que la industria manufacturera de la región y las importaciones y exportaciones que usan esta carretera para el tráfico de mercancías requieran de utilizar otras vías con mayores costos económicos y de tiempo, ocasionando que la actividad económica regional y nacional se viera afectada drásticamente por la deficiente comunicación terrestre, dando como resultado paros técnicos, despidos y cierres definitivos y temporales de las pequeñas y medianas empresas que son generadoras de miles de empleos de la región y de la industria en general.

Hasta el momento los puentes gemelos no han podido ser restaurados, a pesar de que se predecía que en un par de semanas el problema sería resuelto, la circulación hacia los dos sentidos es deficiente y el peligro sigue latente, en un puente que esta siendo utilizado sin haber sido reparado correctamente.

En virtud de que a tres meses del paso del huracán Alex no se han concluido los trabajos para la reparación de los tres puentes antes mencionados es que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la reparación de los “Puentes Gemelos” ubicados sobre la carretera 57 y que son los que cruzan el rio sabinas, en el municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila. Y se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se aceleren y se concluyan los trabajos de reparación de dichos puentes.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la reparación del puente ubicado en el municipio de Villa de Juárez que comunica a este con los municipios de Progreso con Sabinas y con la presa Venustiano Carranza conocida también como “Don Martín” de Coahuila.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la reparación del puente ubicado sobre la carretera número 30 en el municipio de Sacramento a la altura del panteón municipal ubicado en el estado de Coahuila.

Lo anterior en virtud de la importancia económica que tienen estos tres puentes para el país y en particular para el estado de Coahuila de Zaragoza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que realicen las gestiones conducentes a proponer al pleno modificaciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados a efecto de incorporar el nombre del CEAMEG, sus funciones y tareas, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, en uso de las facultades que confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 2003, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), elaboró el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México. Éste, en el capítulo 5, desarrolla de manera específica un estudio de los derechos humanos de las mujeres. Dicho documento, además de lograr la identificación de los problemas y las causas que impiden lograr una plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres en el país, identifica las necesidades de reformas legislativas y acciones administrativas necesarias, a través de la formulación de recomendaciones y propuestas viables bajo un espíritu constructivo.

En 2006, el citado estudio fue actualizado con lo que se pudo observar el avance en las propuestas y en su implantación. Al mismo tiempo, la OACNUDH actualizó el capítulo 5, que se refiere a los “derechos humanos de las mujeres”. Esto permitió realizar un análisis de dichas propuestas y conocer los avances en su implementación, los resultados que se han obtenido, así como los obstáculos que han impedido acciones o generado retrocesos.

Entre las observaciones emitidas por la OACNUDH destacamos las de carácter legislativo, las que incluyen la necesidad de la incorporación de las prescripciones de las convenciones internacionales (CEDAW 1979 y Belém do Pará 1994) en la legislación nacional y estatal, así como su debido cumplimiento.

La incorporación de la perspectiva de género en las políticas, programas, presupuestos y gestión de las instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno y en los tres poderes del Estado, la promoción de la eliminación de estereotipos de género, la promoción y procuración del respeto a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, así como la adopción de medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres, en la esfera de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Ésas, entre otras demandas de carácter internacional y nacional, han hecho necesario que el Poder Legislativo, en los órdenes federal y estatal, incluya personal capacitado en temas de derechos humanos de las mujeres y género, que auxilien al Poder Legislativo a dar cumplimiento a dichos compromisos internacionales.

El 3 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforma el numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ordena a la Cámara Diputados contar con los Centros de Estudios de Finanzas Públicas; de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; y de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, que deberán estar adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, y la Secretaría General, lo cual sin duda abona de manera profesional al trabajo legislativo de los diputados.

El Manual General de Organización de la Cámara de Diputados señala en el apartado relativo a los centros de estudios las funciones de cada uno de ellos.

Sin embargo, dichas modificaciones de la Ley Orgánica del Congreso y del manual no han sido armonizadas con la normatividad interna de la Cámara de Diputados, de tal suerte que estas no se ven reflejadas en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, el presente punto de acuerdo pretende armonizar lo señalado en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados con lo establecido en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Al mismo tiempo, el artículo 77 constitucional establece las facultades para designar a los empleados de su secretaría, así como elaborar el Reglamento Interior.

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra

III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma.

Por otra parte, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 34. A la Junta corresponden las atribuciones siguientes:

f ) Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del estatuto, por el cual se nombrará el Servicio de Carrera Administrativo y Financiero a efecto de que lo considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo.

Artículo 38. La Conferencia tiene las siguientes atribuciones:

b ) Proponer al pleno el proyecto de estatuto que regirá la organización y funcionamiento de la Secretaría General, de las Secretarías de Servicios Parlamentarios, y de Servicios Administrativos y Financieros, y demás centros y unidades, así como lo relativo a los servicios de carrera, en los términos previstos en esta ley;

Por la anterior fundamentación legal se concluye que la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos tienen la facultad para realizar los cambios que mediante este punto de acuerdo se solicitan:

Que en los artículos 1o. y 34 del presente estatuto se incluya el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

De igual forma, que se publiquen las siguientes funciones de dicho centro en el artículo 44 Bis:

a) Formular el proyecto del programa anual, considerando las directrices y pautas establecidas por el comité del centro y las prioridades y necesidades del trabajo legislativo.

b) Conducir los trabajos a cargo del centro, conforme a las disposiciones de los ordenamientos aplicables, el programa aprobado por el secretario de Servicios Parlamentarios y el comité del centro.

c) Realizar investigaciones y estudios comparados desde la perspectiva de género, de carácter jurídico, legislativo, histórico, sectorial, estadístico, económico, político y social, sobre los derechos y adelanto de las mujeres, para enriquecer y orientar el trabajo parlamentario.

d) Realizar análisis, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como de los presupuestos y el gasto etiquetado para mujeres, para ofrecer información que permita a los legisladores cumplir sus atribuciones de aprobación del presupuesto y vigilancia del ejercicio del gasto, buscando mayor equidad de género en su distribución.

e) Integrar bases de datos y estructurar sistemas de información, que permitan diagnosticar la realidad, en materia de adelanto de las mujeres y equidad de género, así como hacer posible la generación de indicadores sensibles al género, para apoyar los estudios e investigaciones del centro y sustentar el trabajo de las comisiones legislativas, en los temas relacionados con la equidad de género.

f) Promover con instituciones afines reuniones académicas multidisciplinarias vinculadas al adelanto de las mujeres y la equidad de género, a fin de intercambiar información, conocimientos y experiencias, así como impulsar acciones comunes en favor del desarrollo de la mujer.

g) Celebrar convenios de colaboración, con centros de estudios e instituciones académicas nacionales e internacionales, para impulsar eventos, programas, proyectos, intercambio de experiencias y especialistas y, en general, acciones que redunden en el adelanto de las mujeres y la equidad de género.

h) Diseñar e instaurar un programa editorial y de divulgación, sobre estudios especializados en el adelanto de las mujeres y la equidad de género y los productos del trabajo del centro.

i) Promover y participar, en el ámbito de su competencia, en las actividades de capacitación para la formación, actualización y especialización del personal del centro y de la Cámara, así como de los legisladores, cuando lo soliciten.

j) Presentar a la consideración del comité del centro y del secretario de Servicios Parlamentarios los requerimientos presupuestales para el desempeño de sus funciones, a efecto de que se considere en el anteproyecto de presupuesto de la Cámara.

k) Elaborar y presentar a las autoridades competentes informes periódicos sobre las actividades desarrolladas por el centro, que permitan el seguimiento y evaluación del programa operativo anual.

l) Realizar además, todas aquellas funciones que coadyuven al logro del objetivo del centro y las que se deriven del presente manual, así como de las normas, disposiciones y acuerdos aplicables.

Por todo lo expuesto, se somete a aprobación de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que se realicen las gestiones necesarias a fin de proponer al pleno de la Cámara de Diputados modificaciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, con objeto de establecer en los artículos 1o. y 34 el nombre del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, y adicionar el artículo 44 Bis, en el cual se especifiquen sus funciones y tareas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera

Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el sector salud en Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010

Diputado Miguel Antonio Osuna Millán

Presidente de la Comisión de Salud

Honorable Cámara de Diputados

Presente

He de agradecer su valiosa intervención para que, con base en el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) de 2011, se proponga y, en su caso, se apruebe al interior de la comisión que usted preside, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

En virtud de que durante el 2010 entró en operación en Baja California Sur el nuevo edificio del hospital general de especialidades “Juan María de Salvatierra” construido con recursos federales y estatales, obra que se encuentra en el Plan Maestro de Infraestructura y cuenta con registro en cartera clave 03126110006 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el PEF 2010 se asignaron 88 millones de pesos para concluir esta magna obra que permite atender las necesidades de salud de alta especialidad de los habitantes de la población sudcaliforniana.

Es necesario obtener los recursos económicos suficientes que garanticen la disponibilidad del recurso humano y los gastos de operación para el funcionamiento de esta obra en beneficio de toda la población de Baja California Sur que en 2010 alcanzó los 579 mil 189 habitantes.

Igualmente, es necesario se asignen recursos económicos para garantizar la disponibilidad del recurso humano y los gastos de operación del hospital general de Cabo San Lucas, del hospital de la comunidad de Loreto, de las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas, de Hemodiálisis, de Salud Mental, Capasits y CAPA de La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, Ciudad Constitución, Guerrero Negro, Santa Rosalía y Loreto.

Asimismo, se requiere asignación de recursos económicos para garantizar la disponibilidad del recurso humano y los gastos de operación del Centro de Salud de Servicios Ampliados de La Ribera, municipio de Los Cabos, el Laboratorio Coepris de Loreto, la Coordinación de Salud Pública de Loreto y el Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones.

Se requiere asignación presupuestal para la ejecución del modelo de gestión del Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra y la realización de los estudios preliminares y proyecto ejecutivo de la obra por sustitución del Centro Estatal de Oncología Rubén Cardoza Macías, en La Paz.

Lo anterior se encuentra dentro del Programa de Prioridades en Salud para Baja California Sur, pues contar con estos recursos hará posible ampliar la cobertura estatal y garantizar mejores servicios, oportunos y de calidad a todos los habitantes del estado.

Por lo anterior me permito someter a la consideración de la comisión que usted preside la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 para garantizar la disponibilidad del recurso humano y los gastos de operación del nuevo Hospital General con Especialidades de 120 camas Juan María de Salvatierra de La Paz, Baja California Sur, hospitales generales, unidades de especialidades médicas, laboratorios, el Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones, la Coordinación de Salud Pública de Loreto, y para la ejecución del modelo de gestión del Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra y la realización de los estudios preliminares y proyecto ejecutivo de la obra por sustitución del Centro Estatal de Oncología Rubén Cardoza Macías, en La Paz, por un total de $246, 791,293.20 (246 Millones 791 Mil 293 Pesos 20/100 MN) para ser aplicados como se describe en el anexo 1 de este punto de acuerdo.

Enviamos esta propuesta con la atenta solicitud de que sea dictaminada y una vez aprobada, se remita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la zona metropolitana de Piedras Negras-Nava, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Melchor Sánchez de la Fuente, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Aguirre Fernández, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Nóe Garza Flores y Francisco Saracho Navarro, integrantes de la coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentan a esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años el crecimiento desmedido de las ciudades ha ocasionado que los límites territoriales, políticos y administrativos se encuentren superados por una realidad urbana totalmente diferente que implica un proceso de expansión física llamado metropolización.

En México este proceso de metropolización se ha dado en un contexto semejante al internacional, esto es, la concentración de la población por la necesidad de mejores condiciones y mayor calidad de vida, ya que estas zonas se vuelven atractivas por el acceso a: educación, recreación, trabajo, servicios de salud, entre otros. Creando un concepto de que en las zonas metropolitanas se encuentran marcadas por el progreso y el desarrollo.

En efecto las zonas metropolitanas se vuelven áreas de oportunidad para el progreso o en una verdadera problemática, esto dependerá de la capacidad de los gobiernos de dichas zonas y su eficacia en administrar y gobernar.

Un grave problema que han enfrentado las zonas metropolitanas es el crecimiento no planificado y desordenado, lo que ha generado problemas sociales como son la desigualdad, segregación social y territorial, inseguridad, escasez de agua, servicios deficientes y de mala calidad, contaminación, congestión vehicular, degradación del ambiente e ingobernabilidad.

En México los problemas metropolitanos son muy complejos, tanto en su funcionamiento como en su gestión, ya que al desbordar los límites de los municipios, su administración depende de varios gobiernos municipales con escasos recursos económicos y mecanismos de coordinación y planificación limitados.

La situación se torna más complicada cuando los límites se extienden sobre municipios pertenecientes a entidades federativas distintas, más aún, cuando los límites se encuentran en países diferentes. Por ello, las zonas metropolitanas enfrentan una gran fragmentación de instancias estatales y municipales de planeación y gestión para atender problemas comunes que no reconocen límites administrativos como explotación de fuentes de agua potable; evacuación de aguas negras; recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; control y prevención de la contaminación ambiental; mantenimiento de vialidades continuas; ordenación del transporte; e inseguridad, entre los más importantes.

Ante la falta de visión de muchos gobiernos las zonas metropolitanas implican un problema en su administración por la falta de planeación a corto, mediano y largo plazo, más difícil aún se convierte trabajar en materia de coordinación entre gobiernos en las zonas metropolitanas fronterizas.

Una de estas zonas metropolitanas que se encuentran en la frontera es la de Piedras Negras-Nava, la cual cuenta con una población aproximada de 169 mil 771 habitantes. Piedras Negras es una ciudad fronteriza del noreste de México, en el estado de Coahuila, se sitúa frente a Eagle Pass, Texas, a orillas del Río Bravo. Es una de las ciudades más competitivas y con mejor calidad de vida en el país. Limita al norte con el municipio de Jiménez, al sur con el municipio de Nava, al oeste con el municipio de Zaragoza y al este con la ciudad de Eagle Pass.

En 2003, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía en Información y el Consejo Nacional de Población integraron un grupo de trabajo encargado de formular una delimitación exhaustiva y sistemática de las zonas metropolitanas del país, consolidándose la zona metropolitana de Piedras Negras, formada por los municipios de Piedras Negras y Nava, además Piedras Negras forma parte de la zona metropolitana fronteriza de Piedras Negras-Eagle Pass.

La zona metropolitana de Piedras Negras-Nava cuenta con grandes ventajas para su desarrollo al encontrarse ubicada en la frontera norte de México considerando sus características demográficas, sociales, económicas y geopolíticas. En buena medida, es receptora de una movilidad de la población del país que se ha vuelto estructural y que extiende sus contor­nos y dimensiones hacia Estados Unidos.

Pero también el contraste de su realidad ofrece alternativas económicas para sus residentes, pero que al mismo tiempo les imponen elevados costos, especialmente para la po­blación de menores ingresos y de reciente migración a la zona. La calidad de vida en la región, frente a otras ciudades del inte­rior del país, tiene algunas ventajas, pero también importantes lagunas sociales que a su modo cuestionan el modelo de desarro­llo fronterizo por la persistencia de desigualdades en aspectos básicos de la vida.

Ante la contrastante realidad en esta zona metropolitana fronteriza se vuelve necesario mejorar las condiciones en los servicios y sobre todo en la calidad de vida de los habitantes de nuestra zona metropolitana. Ya que actualmente por un lado, el intenso crecimiento económico de nuestras ciudades posibilitan altos niveles de empleo y relativamente mejores condiciones de ingreso para la población. Pero, del otro lado, especialmente para aquellos sectores de menores percepciones económicas, las condiciones del desarrollo fronterizo les imponen acceso limitado a muchos de los benefactores a los pudieran acceder.

Por una demanda justas de los habitantes de la zona metropolitana de Piedras Negras-Nava de equilibrar las condiciones de vida de muchos de los ciudadanos que actualmente residen en dicha zona metropolitana es que sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que se consideren recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 para la zona metropolitana de Piedras Negras-Nava y que sea considerada para recibir los beneficios del Fondo Metropolitano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputados: Rubén I. Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Fernando Garza Flores, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la Universidad Autónoma de Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren recursos para el ejercicio presupuestal de 2011 a la Universidad Autónoma de Chiapas, con el propósito de construir la ciudad universitaria y ampliar los espacios a los aspirantes a la educación superior, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El país nos exige como legisladores altura de miras en el área educativa. Con beneplácito y muy especial interés por la relevancia para mi estado, en el tema que expondré a continuación. No cabe la menor duda de que requerimos enfoques que miren al país en el largo plazo. Es imperativo plantear el fortalecimiento de la educación pública en nuestro país, y con dificultad podremos avanzar en este sentido si no privilegiamos el presupuesto a tres áreas de relevancia: la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico.

En este tenor es de destacar que la sociedad actual del conocimiento está convirtiendo a las sociedades industriales en sociedades basadas en el conocimiento y la innovación; y como se ha expuesto en diversos foros, lo anterior implica invertir sustancialmente en estos ámbitos.

La educación superior es un área de inversión principal para el desarrollo del país, en virtud de la demanda que enfrentamos por la rápidamente creciente de generaciones jóvenes, más numerosas en la historia demográfica nacional.

Al respecto, se han logrado importantes avances. Sin embargo, al igual que en otras entidades del país, durante el proceso de selección de aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) nos encontramos con resultados preocupantes, dado que miles de jóvenes no pudieron obtener un lugar en la universidad pública.

Resaltamos que es preocupante por diversos motivos. Al no encontrar esos jóvenes, la posibilidad de continuar con sus estudios universitarios implica, por una parte, un efecto regresivo en la utilización de los recursos públicos, toda vez que el Estado invirtió en la educación medía superior de los jóvenes egresados de las instituciones públicas de bachillerato.

En Chiapas, la cobertura en educación superior es de 14 por ciento, en tanto que a nivel nacional es superior a 29 por ciento. 1 Con objeto de reducir esta brecha tan amplia, se plantea la construcción de la ciudad universitaria de la Unach, la cual ofrecerá servicios de excelencia y calidad académica, mediante la creación de espacios útiles, seguros y confortables, haciendo énfasis en no dispersar los recursos con pequeñas obras en diversas unidades académicas, sino concentrarlos en obras prioritarias de alto impacto económico y social para el Estado.

La Universidad Autónoma de Chiapas tiene como misión “ser una institución de educación superior, pública y autónoma, que genera, recrea y extiende el conocimiento; forma profesionales, capaces, críticos, propositivos y creativos, con espíritu ético y humanista, conciencia histórica y social; y comprende y anticipa la complejidad de la realidad social, para incidir con responsabilidad en el desarrollo de Chiapas y de México, respeto a la identidad cultural de los pueblos, a la biodiversidad y al ambiente.” 2

“Es una institución reconocida socialmente por la calidad de sus egresados, por su actividad científica y tecnológica, y por la transparencia y credibilidad de su gestión. Con programas educativos acreditados y procesos certificados; innovadora y articulada en redes de cooperación, centrada en lo local e inspirada en el pensamiento universal, y estrechamente vinculada al desarrollo de la sociedad chiapaneca.” 3

De conformidad con el tercer informe de actividades de la gestión 2006-2010 de la propia institución, resaltamos lo siguiente:

“Para el semestre enero-junio de 2009, 3 mil 752 aspirantes buscaron ingresar a los distintos programas educativos de la universidad; 3 mil 85 fueron aceptados, de los cuales 54 por ciento son hombres y 46 por ciento mujeres, lo que significa 82.2 por ciento de aspirantes aceptados. Los aspirantes aceptados a la universidad se distribuyeron por área de conocimiento de la siguiente forma: 228 en ciencias agropecuarias, 575 en ciencias de la salud, 898 en ciencias administrativas, 272 en educación y humanidades, 641 en ingeniería y tecnología, 264 en ciencias sociales y 207 en ciencias naturales y exactas. De acuerdo con la región de cobertura de la Unach, las cifras de aspirantes aceptados son las siguientes: Tuxtla Gutiérrez, campus I: mil 109; campus II: 777; y campus VI: 287. San Cristóbal de las Casas, campus III: 189; Tapachula y Huehuetán, campus IV: 543; Villaflores, campus V: 71; Comitán, campus VIII: 85; y finalmente en Arriaga-Tonalá, campus IX: 24 aspirantes fueron aceptados. En el semestre agosto-diciembre de 2009 se presentó una demanda de 9 mil 630 solicitudes de ingreso, con 4 mil 623 aspirantes aceptados; del total de estos últimos, 2 mil 372 son hombres y 2 mil 251 son mujeres, quienes a su vez se distribuyen por área de conocimiento de esta manera: 421 en ciencias agropecuarias, 784 en ciencias de la salud, mil 522 en ciencias administrativas, 504 en educación y humanidades, 806 en ingeniería y tecnología, 501 en ciencias sociales y 85 en ciencias naturales y exactas.”

Por lo expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, y con objeto de fortalecer la infraestructura de la Universidad Autónoma de Chiapas y ampliar los espacios a los aspirantes a la educación superior, presento ante esta soberanía para su aprobación el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados considerar recursos para el ejercicio presupuestal de 2011 para la Universidad Autónoma de Chiapas, con el propósito de construir la ciudad universitaria y ampliar la cobertura de esta institución.

Notas

1 http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=109&page=1& Contenido=60108

2 http://www.unach.mx/index.php?tipconten=2&idconten=2

3 Ídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Pabellón Cultural de la República, en Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010

Diputada Kenia López Rabadán

Presidenta de la Comisión de Cultura

Presente

He de agradecer su valiosa intervención para que, con base en el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se proponga y, en su caso, se apruebe al interior de la comisión que usted preside, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

En el municipio de Los Cabos la población foránea supera la población local nativa, conformando una sociedad multicultural, creándose una mezcla social que favorece la pérdida de identidad nacional, regional y local. Por ello, el gobierno del estado de Baja California Sur ha realizado un ambicioso proyecto en material cultural, pero también de interés turístico, dirigido a cultivar y reforzar los valores nacionales y nuestro orgullo.

El Pabellón Cultural de la República será una pieza arquitectónica emblemática del estado, del municipio y de la región.

La construcción el pabellón ha sido plantada en 2 etapas con una inversión estimada en 1 mil 618 millones de pesos. En lo que se refiere a la primera etapa de la obra, se realizó el proceso de licitación del 16 de junio al 14 de julio de 2009, misma que ha sido adjudicada y que tendrá un costo de 350 millones de pesos.

La ejecución del Pabellón Cultural de la República forma parte de los festejos conmemorativos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución y aprovecha el escaparate internacional que es hoy el destino de Cabo San Lucas.

El proyecto se ubica en el lote 8 de la marina de Cabo San Lucas, y tiene una superficie de 2.45 hectáreas. Se localiza en el corazón de la actividad náutica y turística, el predio es patrimonio del ayuntamiento de Los Cabos con un valor comercial superior a los 90 millones de pesos.

Para el ejercicio Fiscal 2011 se requiere una inversión de 80 millones de pesos que se destinarán a la mecánica teatral y museográfica del proyecto.

Por lo anterior, me permito solicitar a usted atentamente, su colaboración para que en el seno de la comisión que preside se pueda analizar y en su caso aprobar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, al proyecto titulado “Pabellón Cultural de la República”, que se construye en Baja California Sur, por un monto de $80,000,000.00 (Ochenta Millones de pesos 00/100 moneda nacional).

Enviamos esta propuesta con la atenta solicitud de que sea dictaminada y una vez aprobada, se remita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y la seguridad de mi consideración distinguida.

Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las pinturas murales han sido una connotada expresión artística mexicana y orgullo del patrimonio artístico de nuestro país. Estas obras monumentales fueron creadas para el pueblo, en ellas se retrata la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia. El muralismo mexicano fue uno de los fenómenos más decisivos de la plástica contemporánea iberoamericana.

La riqueza del muralismo mexicano se fundamenta en la variedad de expresiones culturales, es por ello que la mayoría de los murales están estampados en las paredes de edificios públicos históricos, tal y como es el caso de las joyas realizadas por el pintor jalisciense José Clemente Orozco, uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano. Entre sus obras realizadas en el Palacio de Gobierno, en el Congreso del estado y la Universidad de Guadalajara encontramos El tapatío, El Hidalgo, Las religiones y La Cúpula Paraninfo.

Estas obras con el paso del tiempo han sufrido desperfectos, lo cual hace necesario implantar medidas adecuadas para su conservación y mantenerlas en óptimas condiciones. En 2008, en el marco del año del pintor jalisciense, salió a la luz la necesidad de restaurar los murales de Clemente Orozco, ya que éstos en particular presentaban notables deterioros, lo cual requería de la intervención de profesionales de la restauración y conservación de este tipo de obras artísticas.

Considerando que la conservación y la restauración de la pintura mural componen una verdadera disciplina especializada en el campo de la preservación del patrimonio, su trabajo requiere la aplicación de conocimientos especializados, capacitación, experiencia y responsabilidad, lo cual supone una extenuante labor para que los murales conserven su estética original.

La restauración tiene por objeto mejorar la interpretación de la forma y el contenido de las pinturas murales. La reintegración estética contribuye a disminuir la percepción visual del deterioro, y hace que estas joyas pictóricas recobren todo su esplendor.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que los murales que revisten valor estético relevante, como es el caso de los murales de José Clemente Orozco, deben ser conservados y restaurados por el Estado.

Como consecuencia de esa disposición legal, afortunadamente en el país el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura cuenta con el Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble. Esta institución es la encargada de la restauración, conservación y protección de pinturas, esculturas, libros, planos, murales, muebles y otros objetos que constituyen el patrimonio artístico mueble de México.

Las actividades del Cenacrepam deben tener el soporte financiero necesario para el logro de sus objetivos, que no es otro que el de preservar el patrimonio cultural de la nación. Para ello se requiere que la Cámara de Diputados autorice una ampliación a los recursos destinados a los programas de restauración por un monto de 10 millones de pesos para que quede etiquetado en los proyectos de inversión para 2011, en el ramo educativo.

Para la restauración del mural de La conquista española, situado en el Instituto Cultural Cabañas en Guadalajara, Jalisco, se requirió un presupuesto inicial de 2 millones 184 mil 574 pesos. Por lo anterior, es necesario para emprender la tarea de restaurar los murales tanto del Palacio de Gobierno como del Congreso de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara. Se requerirá por lo menos cuatro veces de la inversión que se efectuó para el mural del Instituto Cabañas.

Las obras de restauración se realizarán con total arreglo a los criterios del cuidado y la conservación del patrimonio histórico, como la identificación, localización y reparación fisuras y decoloraciones que están afectando y degradando los murales por la producción de salitre y de humedad característico de las condiciones ambientales y climáticas de Guadalajara, Jalisco.

Por lo expuesto, se pone a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se consideren en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos etiquetados por la cantidad de 10 millones de pesos para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a fin cumplir la restauración de los murales del pintor José Clemente Orozco situados en el Palacio de Gobierno, en el edificio del Congreso de Jalisco y en la Universidad de Guadalajara.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputados: Ana Estela Durán Rico, Salvador Caro Cabrera, Joel González Díaz, David Hernández Pérez, Rafael Yerena Zambrano (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren recursos del ejercicio presupuestal 2011 para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con el propósito de fortalecer la infraestructura del centro educativo y ampliar los espacios a los aspirantes a la educación superior, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Compañeras diputadas y diputados, el país nos exige como legisladores poner especial atención en materia educativa.

En coincidencia con lo que señala el Banco Mundial: “se trata de uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad y sienta las bases para un crecimiento económico sostenido.” 1

En opinión y asimismo en concordancia con lo que señala el Banco Interamericano de Desarrollo: “la educación es la clave del desarrollo y un requisito fundamental para lograr una verdadera igualdad de oportunidades”. 2

La educación en México, tiene importantes retos por alcanzar en los próximos años.

Como legisladores tenemos un deber primordial: atender las necesidades y peticiones de los mexicanos, que independientemente de a quien dirigieron su voto, nos eligieron como sus representantes para ser un puente entre la ciudadanía y las instituciones.

Ciertamente educar cuesta, pero cuesta más el no ampliar la oferta educativa pública a la población, las consecuencias de ver truncadas sus aspiraciones de formación profesional en los jóvenes llegan a ser muy graves.

La UNESCO afirma que “la educación abre caminos a todas las personas y las comunidades. Es una de las bases para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados en 2000, porque es esencial para dotar a los niños, jóvenes y adultos de los conocimientos y las competencias que les permiten tomar decisiones bien fundadas, mejorar su salud y nivel de vida, y lograr un medio ambiente más seguro y sostenible. Como señaló en 1996 el Informe Delors, la educación nos permite aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir. Dicho de otro modo, la educación nos da la posibilidad de alcanzar nuestro máximo potencial en tanto que seres humanos. La construcción de un mundo de paz, dignidad, justicia e igualdad depende de múltiples factores, entre los cuales la educación es sin duda uno de los más importantes”. 3

Como acontece en otros estados, durante el proceso de selección de aspirantes a ingresar esta institución, nos encontramos con resultados preocupantes, en virtud del número de aspirantes que no logran alcanzar un lugar en dicha universidad.

Es de resaltar que la misión de la universidad en comento es “formar profesionales calificados en las áreas científicas, humanísticas y técnicas, conocedores de la diversidad cultural y ambiental de la región y del país, comprometidos con la mejora continua y el desarrollo sustentable. Con un enfoque educativo centrado en el aprendizaje, la universidad desarrolla la investigación, la extensión y la difusión del conocimiento para mejorar la calidad de vida de la sociedad chiapaneca”. 4

Posee la siguiente oferta académica:

• Licenciatura en Ingeniería Ambiental

• Licenciatura en Alimentos

• Licenciatura en Nutrición

• Licenciatura en Cirugía Dental

• Licenciatura en Biología

• Licenciatura en Historia

• Licenciatura en Gestión y Promoción de las Artes

• Licenciatura en Desarrollo Humano

• Licenciatura en Arqueología

• Licencia en Música

• Licenciatura Psicología

• Licenciatura Ingeniería Geomática

• Licenciatura en Artes Visuales

• Licenciatura en Ingeniería Topográfica e Hidrología

• Licenciatura en Gastronomía

• Licenciatura en Jazz y Música Popular

• Licenciatura en Ciencias de la Tierra

• Especialidades, maestrías y doctorados

Además brinda educación continua, la cual tiene como objetivo desarrollar y operar los programas educativos de educación continua, abierta y a distancia, como una estrategia de vinculación con la sociedad. La finalidad básica del departamento es responder, con flexibilidad académica y factibilidad financiera, a las diferentes necesidades de formación para la vida de sus miembros. 5

Por lo expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, y con el objeto de fortalecer la infraestructura de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y ampliar los espacios a los aspirantes a la educación superior, presento ante esta soberanía para su aprobación el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados que se consideren recursos del ejercicio presupuestal 2011 a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con el propósito de fortalecer la infraestructura del centro educativo y ampliar su cobertura.

Notas

1 Fuente: http://datos.bancomundial.org/tema/educacion

2 Fuente: http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/home.cfm?lang=e s

3 Fuente: http://www.unesco.org/es/efa/the-efa-movement/10-things-to-know-about-e fa/

4 Fuente: http://www.unicach.edu.mx/

5 Ídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el proyecto Par Vial de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, a cargo de la diputada Silvia Puppo Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRD

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.

Diputado Javier Martín Gil Ortiz Francisco

Presidente de la Comisión de Transportes

Presente

He de agradecer su valiosa intervención para que, con base en el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública relativo al procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se proponga y, en su caso, se apruebe al interior de la comisión que usted preside, el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

El proyecto del par vial de Cabo San Lucas, Baja California Sur, es la solución integral a la problemática de la saturación de la infraestructura urbana de la zona turística de este destino.

Dadas las características técnicas de la obra, se incorpora al proyecto la necesidad de modificar el aspecto estético de las vialidades favoreciendo la circulación peatonal del centro turístico.

Por ello, se requiere incorporar al proyecto la adecuación de las obras de cabeza que se han instalado en el área del mismo como son: acueducto de agua potable, emisores de aguas negras y alimentadores eléctricos.

Es necesaria la instalación de 42 hectáreas de electrificación subterránea.

Para la realización de este importante proyecto fue necesario incrementar la capacidad de los servicios para satisfacer las necesidades actuales del desarrollo turístico y su futura ampliación con un horizonte de 20 años.

Punto de Acuerdo

Único. Se asignen recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 al proyecto titulado “par vial de Cabo San Lucas”, que se construye en Los Cabos, Baja California Sur, por un monto de $100,000,000.00 (Cien Millones de pesos 00/100 moneda nacional).

Enviamos esta propuesta con la atenta solicitud de que sea dictaminada y una vez aprobada, se remita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y la seguridad de mi consideración distinguida.

Diputada Silvia Puppo Gastélum (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para solucionar la problemática en Minatitlán, Veracruz, a cargo del diputado Luis Antonio Martínez Armengol, del Grupo Parlamentario del PRI

Luis Antonio Martínez Armengol, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, recursos por 6 millones de pesos para la realización de estudios para solucionar la problemática del muelle y el malecón en la zona del transbordador hasta la vialidad de la calle Francisco I. Madero concluyendo en la capitanía puerto de la ciudad de Minatitlán, Veracruz, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La zona del malecón y embarcadero ubicado en la margen izquierda del río Coatzacoalcos, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, actualmente presenta problemas de hundimientos y deslizamientos del suelo y subsuelo que sustenta a un número considerable de habitaciones, las vialidades existentes, así como un muelle de embarcaciones pequeñas.

Es necesario generar una propuesta para dar solución a esta problemática, que da una muestra clara de la existencia de los daños antes mencionados, con la aparición de grietas superficiales en la vialidad adyacente al muelle y en el muelle mismo.

Este muelle sufre de fracturas a lo largo de la calle, por lo que se deduce que el fenómeno se desarrolla de manera dinámica, es decir lentamente y que no ha concluido su actividad, poniendo así en grave riesgo a la infraestructura existente, tanto catastral, como municipal y de la terminal fluvial.

Para que se pueda atender esta problemática se tiene que implementar un plan de trabajo dinámico consistente en los estudios básicos como son tendidos geoeléctricos y exploraciones directas de muestras alteradas e inalteradas en las áreas de mayor afectación.

Un estudio realizado en los meses de julio y agosto de 2007, reportó de manera indirecta las unidades geológicas del subsuelo y sus características geoeléctricas y geosísmicas desde la superficie, esto con la finalidad de determinar la estratigrafía y por consiguiente la composición de las capas, espesores, grado de compactación, fracturas y posibles fallas que se asocian a este método.

Es necesario también realizar estudios de sondeos directos y pozos a cielo abierto, para determinar los niveles piezométricos así como los gradientes hidráulicos correspondientes, derivado de los datos que arrojen los estudios de las exploraciones se podrá determinar el perfil estratigráfico de cada uno de los sondeos, además de que se podrá registrar la capacidad de carga con el número de golpes requerido en la prueba de penetración estándar y ensayos de laboratorio, considerando que en el 2008 y 2010 se tuvieron las inundaciones de mayor nivel en la historia del municipio.

Por eso es necesaria la realización de estudios ya que con el paso del tiempo el muro de contención del malecón de Minatitlán está por derrumbarse ya que es una avenida con alto flujo vehicular y sirve de arribo de los vehículos rurales para el abastecimiento de los comercios aledaños.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, recursos por 6 millones de pesos para la realización de estudios para solucionar la problemática del muelle y malecón en la zona del transbordador hasta la vialidad de la calle Francisco I. Madero concluyendo en la capitanía de puerto de la ciudad de Minatitlán, Veracruz; solicitando al Instituto Politécnico Nacional se encargue, con sus equipos especializados de alto nivel, de los estudios necesarios para determinar el grado de afectación existentes y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputado Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para la Universidad Intercultural de Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo a fin de que se consideren recursos del ejercicio presupuestal 2011 para la Universidad Intercultural de Chiapas, con el propósito de fortalecer la infraestructura del centro educativo, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Compañeras diputadas y diputados, es de reconocerse, las imprescindibles aportaciones que han hecho a nuestro país las universidades a lo largo del tiempo; la educación superior es un área de inversión principal para el desarrollo del país.

En este tenor, es de resaltar que se han logrado importantes avances en esta materia. Al inicio de la actual administración, sólo 24 por ciento de los jóvenes de 18 a 23 años podían ingresar a la universidad. Hoy, esa cobertura es superior al 29 por ciento. Lo anterior ha sido posible, porque se han creado 75 nuevas instituciones de educación superior, ampliado 33 planteles y puesto en marcha programas de educación superior abierta a distancia de la SEP y de la propia Universidad Nacional. 1

Son amplios los desafíos que presenta la educación superior en el presente y ante el porvenir inmediato, no cabe la menor duda de que precisamente en las aulas universitarias, ha sido, es y será el espacio donde se desarrolla y desenvolverá gran parte de la investigación científica y tecnológica del país, su avance implicará necesariamente invertir sustancialmente en este sector.

De conformidad con el documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, titulado “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Juventud”, indica que el volumen de la población de 15 a 29 años creció de 1990 a 2009 de 23.9 a 28.1 millones; que conforme a las proyecciones, el volumen de la población joven seguirá aumentando hasta el año 2015 cuando llegue a su máximo histórico de 29.5 millones 2

“Conforme la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, de cada 100 hombres y mujeres de 15 a 29 años, 32.9 asisten a la escuela; este porcentaje es muy similar entre la población masculina y femenina, ya que 33.5 de cada 100 hombres asisten a algún centro de enseñanza escolar por 32.2 por ciento en las mujeres. Por entidad federativa, destacan Chihuahua (40.5 por ciento), Sonora (40.3) y Distrito Federal (39.9) con la mayor proporción de jóvenes que asiste a la escuela; en contraparte, se encuentran Guanajuato (26.1), Chiapas (27.7), Zacatecas (28.4) y Michoacán (29.1) con los menores porcentajes.” 3

El fortalecimiento presupuestal a la educación, será en pro del avance de nuestro país, la educación y la salud son y serán piedra angular para que México haga frente a los retos por alcanzar.

De conformidad a los datos que proporciona el Instituto de Estadística y Geografía, con base en el segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, en el estado de Chiapas, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, fue de 6.10. 4

Por otra parte, la población de 18 años y más con nivel profesional, al año 2005 era de 192,366 y la población de 18 años y más con posgrado, de 9,107. 5

De conformidad con el diagnóstico que presenta el Plan Puebla Panamá, la brecha de desigualdades entre las regiones centro-norte y del sur-sureste del país está determinada por los indicadores de marginación y del producto interno bruto per cápita. 6

“Las proyecciones del Consejo Nacional de Población para el Estado de Chiapas, señalan que los mayores incrementos se registrarán entre los jóvenes en edad de cursar el nivel superior, cuyo volumen máximo se espera alcanzar alrededor del año 2010, un 15.0 por ciento mayor que en el 2000. Estos porcentajes continuarán aumentando hasta el 2015, que se estima un 18.8 por ciento mayor que en el 2000.” 7

En virtud de lo anterior expuesto, resulta fundamental dirigir más recursos a la educación superior en el estado.

El decreto que establece la fundación de la Universidad Intercultural de Chiapas se publicó el miércoles 1 de diciembre del año 2004. En aquel entonces, se creaba la segunda Universidad con el modelo de enseñanza superior intercultural en el país. La primera de estas instituciones inaugurada en el país, fue la Universidad Intercultural del Estado de México en el año de 2003, en el municipio de San Felipe del Progreso, en tierra Mazahua. Por su parte, la universidad chiapaneca se situó en la región de Los Altos de Chiapas, en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

“La Universidad Intercultural de Chiapas es una Institución de Educación Superior pública y descentralizada del Gobierno del Estado, orientada a la formación de profesionistas con una sólida formación interdisciplinaria, conocimiento de las lenguas originarias y capacidad para el dialogo intercultural y de saberes, éticamente responsables de su compromiso social y representantes de la sociedad pluricultural mexicana, a través de programas educativos basados en el modelo educativo intercultural que promueve procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento donde confluyan el saber científico y saberes tradicionales, donde el reconocimiento y revitalización de la lengua y la cultura se orienta a la construcción de una sociedad abierta a la diversidad encaminada a mejorar la calidad de vida, comprometida con el desarrollo social y económico sostenible local, regional y nacional.” 8

Es de resaltar que, el modelo educativo intercultural, tiene en esta región condiciones básicas para consolidarse, la presencia pluricultural de las 12 lenguas originarias y sus variaciones, es un espacio para la concreción del eje de la lengua y la cultura. 9

La Cámara de Diputados, tiene en sus manos la gran oportunidad de seguir influyendo en el futuro de México, reforzar el gasto público que se invierte en la educación superior, representará apostar al desarrollo de la nación.

Por lo anterior expuesto, y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, y con el objeto de fortalecer la infraestructura de la Universidad Intercultural de Chiapas, presento ante esta Soberanía para su aprobación el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados, para que se consideren recursos para el ejercicio presupuestal 2011, a la Universidad Intercultural de Chiapas, con el propósito de fortalecer la infraestructura del centro educativo.

Notas

1 Fuente: http://www.presidencia.gob.mx/index.php?DNA=109&page=1& Contenido=60108

2 Fuente: www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/.../estadisticas/.../juventud0.doc

3 Ídem.

4 Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bise/mexicocifras/default.aspx?ent=7

5 Idem.

6 Plan Institucional de Desarrollo 2008-2016 de la Universidad Intercultural de Chiapas, p. 8, http:// www.unich.edu.mx/pdf/pide.pdf

7 Ídem. Fuente: http://www.unich.edu.mx/index.php?option=com_content&view=artic le&id=49&Itemid=56

8 Ibídem, p. 15.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputado Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se establezca el fondo de la Huasteca, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado federal Domingo Rodríguez Martell de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD y de la Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha determinado que en nuestro país existen 25 regiones indígenas, las cuales en su conjunto concentran alrededor de 8 millones de indígenas, es decir, aproximadamente el 77 por ciento de la población indígena a nivel nacional.

La región indígena se refiere a la idea de “región cultural”, cuyo objetivo tiene que ver con la finalidad de identificar aquellos elementos y procesos comunes o paralelos entre las diferentes regiones indígenas de México, a través de la caracterización de la diversidad etnolingüística y la distribución de los pueblos indígenas en el territorio nacional.

Una de estas regiones es la denominada Región Huasteca, la cual se constituye solamente por tres entidades: Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. La región de la Huasteca está conformada por 55 municipios con población mayoritariamente indígena, lo que significa en términos poblacionales más de 1.6 millones de habitantes asentados en la región, pertenecientes a los pueblos náhuatl, tenek, tepehua, pame y otomí, principalmente, es decir, en esta región vive el 16 por ciento de la población total indígena. Zona rica en recursos naturales, abundantes, con un gran potencial social y económico que no ha sido adecuadamente aprovechado.

Los municipios que conforman la región de la Huasteca tienen los mismos rezagos sociales y asimetrías como región, respecto al resto del país. En esta zona persisten los niveles más altos de marginación y pobreza, ejemplo de ello es la existencia de una tasa global de fecundidad de 4.5 hijos por mujer, mientras que la tasa de mortalidad infantil es de 49 menores muertos por cada 1 000 nacidos vivos. Aunado a lo anterior, se le suma la situación de migración que se presenta en los ayuntamientos, es decir, existen municipios expulsores de población equivalentes al 46 por ciento.

La mayor parte de las actividades económicas continúan siendo de baja productividad, en la región de la Huasteca predomina la ocupación en el sector primario, lo que significa que se emplea el 67.8 por ciento de la población indígena y el 54.4 por ciento de la población total. El segundo lugar corresponde a las actividades del sector terciario, en él se ocupa poco menos de la tercera parte de la población general y 19.6 por ciento de la población indígena. La revisión por tipo de municipio nos arroja niveles más altos de ocupación en el sector primario en los municipios indígenas, hasta 68.6 por ciento de la población indígena y 61.5 por ciento de la población total se emplea en el ramo productivo. Adicionalmente, se presentan los mayores problemas de gobernabilidad, que dicho sea de paso, representan riesgos para la seguridad nacional.

Sin lugar a duda, existe una competitividad económica limitada debido a los altos costos de producción como resultado de elevados costos de transporte, aunado con la ausencia de una infraestructura adecuada y una conectividad deficiente e ineficaz, tanto en la región como entre la misma y el resto del país.

De acuerdo con el índice de desarrollo humano, se establece que estas entidades federativas se ubican en los últimos lugares, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Ante tal situación, se propone la constitución del programa del Fondo de la Huasteca, un proyecto con una visión de desarrollo regional que se traduzca en un incremento de bienestar y que deberá expresarse en el mejoramiento de los indicadores económicos y sociales, con total apego a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los recursos económicos de que dispongan los estados y los municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por tanto, para impulsar el desarrollo regional de la huasteca se propone que el Fondo de la Huasteca se suscriba en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 2011, en el Ramo 23, con una bolsa de dos mil 600 millones de pesos que beneficie a Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, que se distribuirá de manera proporcional a cada una de las entidades tomando en cuenta el índice de desarrollo humano, el total de la población, la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio.

Los recursos en comento se podrán destinar al diseño de estudios, a la implementación y ejecución de programas y de proyectos, a acciones enfocadas al desarrollo regional que permitan consolidar los siguientes propósitos:

• Conseguir en el mediano plazo las medias nacionales de bienestar y de los indicadores de desarrollo humano, a fin de aumentar las capacidades y la calidad de vida, poniendo especial énfasis en los pueblos y comunidades indígenas, mujeres, jóvenes y niños.

• Acrecentar la infraestructura regional para reactivar la economía, a fin de generar mejores condiciones de vida en la población.

• Impulsar a la inversión productiva otorgando certidumbre tanto a lo privado como a lo social, para alcanzar tasas de crecimiento superiores a la media nacional, detonando la instauración de nuevos empleos, a fin de aumentar los ingresos familiares y comunitarios.

• Mejorar la capacidad de respuesta e interlocución de los gobiernos para consolidar el proceso democrático en la región, bajo principios del buen gobierno, estabilidad política y una mayor seguridad.

Sin lugar a dudas, con la constitución del Programa del Fondo de la región de la Huasteca en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, mejorará la calidad de vida de los habitantes de la región y se fortalecerá la infraestructura hidráulica, educativa, salud, turística, productiva, vivienda, entre otros.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se insta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a considerar la urgente necesidad de constituir el Fondo de la Huasteca, dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, específicamente en el Ramo 23, “Provisiones Salariales y Económicas”, conforme al anexo correspondiente, con el propósito de impulsar el desarrollo nacional de la Huasteca, a fin de beneficiar a los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, y Veracruz., con una visión de desarrollo regional integral.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, establezca en el Ramo 23, una bolsa para el Fondo de la Huasteca de dos mil 600 millones de pesos para que beneficie a los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Los recursos podrán destinarse a estudios y ejecución de programas y proyectos, y a acciones enfocadas a desarrollo regional. La distribución se realizará de manera proporcional a cada una de las entidades tomando en cuenta el Índice de Desarrollo Humano, el total de la población, la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades, la pobreza de patrimonio, entre otros.

Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, legitimar la creación del Fondo de la Huasteca mediante su adición en un artículo transitorio en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, a fin de que sea de reconocido derecho la creación del Fondo de la Huasteca enfocado al desarrollo regional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2010.

Diputados: Domingo Rodríguez Martell, Sabino Bautista Concepción, Delia Guerrero Coronado, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el mejoramiento de la red de distribución de agua potable en Hermosillo, Sonora, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, diputado federal por Sonora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, presenta a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo

Exposición de Motivos

La importancia del agua radica en que constituye más del 80 por ciento del cuerpo de la mayoría de los organismos, e interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos. Debido al aumento de las necesidades de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, el hombre está en la obligación de proteger este recurso y evitar toda influencia nociva sobre las fuentes del preciado líquido.

La cantidad de agua que existe en el planeta es enorme, si se extendiera sobre todo el planeta se formaría una capa de unos 3 mil metros de profundidad. Sin embargo alrededor del 97 por ciento de esta agua se encuentra en los mares y océanos y por lo tanto, es salada, por lo que no se puede usar ni para beber ni para la agricultura, ni para la mayor parte de los actividades industriales.

Para consumo el agua deber ser potable, entendida ésta como aquélla que se puede beber. Hay aguas minerales a las que brotan generalmente de manantiales y son consideradas medicinales para ciertos padecimientos.

El agua potable escasea en la medida que la población aumenta y porque lamentablemente es desperdiciada por personas ignorantes y carentes del sentido de responsabilidad y solidaridad humana. Por eso es preocupante que su obtención y conservación se esté convirtiendo en un problema crucial; por ello debemos empezar a actuar.

De acuerdo con datos preliminares correspondientes al cierre de 2009 entregados en el cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, la eficiencia física de los organismos operadores del país es de 56.8 por ciento, lo que significa que el restante 43.2 por ciento es agua no contabilizada que se pierde en fugas o a través de tomas clandestinas a lo largo de la red de distribución. Lo anterior traducido en pérdidas económicas, comentó, representa al menos 5 millones 912 mil 876 pesos diarios.

Lo anterior nos obliga a todos a cuidar nuestros recursos hidrológicos, así como crear la conciencia de que el agua es uno de los recursos más preciados de la naturaleza, y optimizar el empleo del agua en nuestras casas y en todas nuestras actividades productivas.

Así que nuestro principal reto es lograr un uso responsable y eficiente del agua, basado en el reconocimiento de su valor económico y social para garantizar su preservación y sostenibilidad en beneficio de las actuales y futuras generaciones, por ello ha sido imperativo seguir aplicando acciones sustentables para asegurar la eficiencia en la distribución, saneamiento del vital líquido.

Sabemos que, particularmente en algunas ciudades del norte de México está habiendo escases de agua para satisfacer las necesidades de la población. Esto se da entre otras cosas debido a que la población está creciendo, pero no pasa lo mismo con las fuentes de suministro, que son especialmente limitadas y en algunos casos están sobreexplotadas.

Ante estos problemas de escasez de agua, los gobiernos se ven en la necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento pero se enfrentan con varias limitantes. La principal es la falta de recursos financieros. Para instalar infraestructura hidráulica, se necesita dinero, y para conseguir dinero se necesitan más impuestos o incrementar tarifas, y por lo tanto, acuerdos políticos.

A lo largo y ancho del país se cuenta con redes de distribución de agua viejas y obsoletas por lo cual se tienen los altos índices de ineficiencia que ya se mencionaron y por otra parte, de manera contradictoria se hacen grandes planes gubernamentales sobre costosas obras para traer recurso hídrico.

Dado el tiempo transcurrido desde la instalación de los primeros tramos de la red de agua potable de la ciudad de Hermosillo, Sonora, dicha red ha sufrido deterioro por lo que se pierden grandes volúmenes en la distribución. Tan solo durante el 2009, se registraron pérdidas del orden de los 43.27 millones de metros cúbicos, lo que representa un 56.7 por ciento del volumen producido.

La magnitud y el alto porcentaje en pérdidas se da principalmente porque la política de las administraciones del organismo han dado prioridad a la construcción de nuevas fuentes de suministro, dejando de lado la inversión en el mejoramiento de la eficiencia de la red.

Creemos que lo prioritario es invertir y enfocar nuestros esfuerzos en hacer más eficiente la gestión del sistema y abastecer de agua a los ciudadanos a los menores costos y desperdicio posibles.

En tal virtud, y considerando las crecientes dificultades para acceder a nuevas fuentes de suministro sustentable de agua consideramos que es necesaria y urgente la inversión para aumentar dicha eficiencia en la red de distribución de agua potable en esta ciudad.

Por lo expuesto, acudo a esta tribuna para solicitar su apoyo para respaldar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fin de que se aprueben recursos por 220 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 para el mejoramiento de la eficiencia de la red de distribución de agua potable del municipio de Hermosillo, Sonora.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre del año 2010.

Diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para remodelar el auditorio municipal de Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la suficiente asignación de recursos para la remodelación del Auditorio Municipal del municipio de Tampico, Tamaulipas, con base en las siguientes

Consideraciones

Son muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en la aceleración de la actividad económica que se genera en el corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento potencial del país.

Debido a lo anterior es que resulta indispensable la generación de condiciones para impulsar la atracción de capitales nacionales y extranjeros, lo cual se resume en el nivel de competitividad exhibido por una economía.

Por tanto, cuanto más facilidades e incentivos otorgue el país para crear lugares turísticos y generar utilidades, la captación de flujos de capital será mayor, así como los retornos asociados a la misma.

Entre otros aspectos, la provisión de redes de infraestructura física y de servicios conexos asociados con ello, representan uno de los factores indispensables para el desarrollo de la actividad turística productiva, a fin de crear una mayor conexión entre el turismo nacional y los ingresos monetarios.

El sector público juega un papel importante en la creación de infraestructura turística básica, pues ante la falta de recursos disponibles del sector privado se deben buscar alternativas para lograr la colaboración de los tres niveles de gobierno, de tal manera que se convierta en parte activa en el desarrollo turístico.

Una de las principales características más relevantes para beneficio de la economía turística, es la modernización y remodelación de todos los espacios turísticos, pues una elevada proporción de centros con mayor concurrencia y mayor capacidad de los mismos necesitan de una mayor inversión para poder impulsar sus actividades principales.

La inversión en infraestructura resulta pues indispensable para el desarrollo económico y social de un país, ya que eleva la competitividad de la economía al satisfacer las condiciones básicas para el avance de las actividades productivas.

La provisión para la remodelación y modernización de servicios turísticos toma mayor importancia en una economía con actividades orientadas al turismo exterior, pues permite una mayor derrama económica de turistas provenientes primeramente de otros estados y de otras naciones.

Además, la inversión en infraestructura de los espacios turísticos y culturales estimula a la industria de la construcción, actividad que incorpora a un elevado número de trabajadores temporales a su nómina, por lo que representa un fuerte impulso para el crecimiento del empleo en diversas zonas del país.

No obstante, los espacios turísticos presentan varias deficiencias; por ello es importante que se invierta en su remodelación y modernización en torno a esquemas internacionales, y se eleve la productividad y competitividad del país.

Actualmente el Auditorio Municipal del municipio de Tampico, Tamaulipas, requiere de una inversión a fin de que esa ciudad pueda seguir disponiendo del inmueble con la finalidad de utilizarlo para las actividades que normalmente se realizan, como culturales, deportivas y sociales, entre otras, resultando principalmente importante para todos los jóvenes el espacio necesario para la ocupación diaria de su tiempo libre, tomando en cuenta que este auditorio maneja clases de box, karate, gimnasia, voleibol, cachibol, zumba, lucha libre, judo, eventos artísticos y muchas actividades relacionadas con el deporte, ya que la ubicación de éste es ideal por el acceso de su avenida principal la cual es la columna vertebral de la ciudad de Tampico.

Dentro de los aspectos deportivos para los que es utilizado el Auditorio Municipal, resalta la función como centro de reunión para los adultos mayores, quienes han creado varios equipos de cachibol nacidos en este mismo recinto, lo que permite comprobar la importancia que tiene para toda la población en general el inmueble en comento.

Cabe resaltar que el mencionado auditorio es también trascendental y de suma importancia para la población de la ciudad de Tampico, ya que otra de las funciones que se le da es la de albergar a la ciudadanía que es perjudicada por las graves inundaciones en las colonias bajas de esa ciudad, teniendo en cuenta que este auditorio se encuentra situado en una zona cuya densidad habitacional es alta y reúne las condiciones necesarias y básicas para albergar a todas aquellas personas, e incluso familias enteras, ya que está construido en una de las zonas más altas de la ciudad.

En este sentido, se tiene conocimiento que el municipio de Tampico cuenta actualmente con un proyecto ejecutivo que tiene por objeto la remodelación del Auditorio Municipal el cual cuenta con una capacidad de 4 mil 500 espectadores, que brindaría atención y un enorme beneficio no sólo a los habitantes de aquel municipio sino que también fomentaría el desarrollo económico de la entidad y del país, al satisfacer las condiciones básicas necesarias para las actividades productivas dentro del sector turístico.

Dicho proyecto ejecutivo considera la remodelación del Auditorio Municipal con un costo aproximado de 3 millones 895 mil 148.00 pesos, motivo por el cual es que se estima que el costo sería relativamente menor al beneficio que brindaría en aquella ciudad, considerando los elevados índices de trascendencia turística para las personas que se dedican al turismo.

Es en esta tesitura, y tomando en cuenta que parte de los objetivos de la presente administración se encuentra el de asignar un mayor monto del presupuesto al desarrollo del turismo nacional, a fin de lograr un mayor ingreso de turistas que dejen una mayor derrama económica, que permita impulsar el crecimiento del comercio y de las cadenas productivas de la economía, es que considero que el Poder Legislativo tiene que hacer su parte en lo que hace a la asignación de recursos suficientes que permitan el desarrollo de nuestros centros turísticos con objeto de estimular la competitividad de nuestro país y elevar con ello la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se considere la suficiente asignación de recursos para la remodelación del Auditorio Municipal del municipio de Tampico, Tamaulipas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a un programa de apoyo para adquirir tierras destinadas a pueblos y comunidades indígenas del país, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Domingo Rodríguez Martell, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD y de la Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los pueblos indígenas en México se han visto privados de sus derechos humanos y libertades fundamentales ya que muchos de los problemas de los indígenas en materia de derechos humanos se deben a la privación histórica y persistente de sus derechos ancestrales sobre tierras y recursos naturales.

Hay que reconocer que los colonizadores españoles nos arrebataron las tierras apoyándose en la doctrina de terra nullius , ahora totalmente desacreditada, por ello, nosotros, los pueblos indígenas reclamamos nuestros territorios basándonos en el principio del título aborigen, concepto que ahora se ha desarrollado en el derecho internacional para proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Para los pueblos indígenas es fundamental la relación con la tierra, la naturaleza y con todo ser viviente. En algunos países el concepto de título aborigen es primordial para los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así sucede en partes de la Commonwealth británica, donde el uso y la ocupación exclusivos de tierras desde tiempo inmemorial dio lugar a un título aborigen. Cuando se reconoce ese título, los pueblos indígenas tienen por lo menos algún derecho legal que se puede afirmar en el ordenamiento jurídico interno.

En México, los núcleos agrarios con población indígena son dueños de 22 millones 624 mil hectáreas, que representan el 21.9% de la superficie de la tierra nacional en manos de ejidos y comunidades, situación que ha sido reducida. Además, en el 22.9 por ciento de los núcleos agrarios del país existen, en diferente grado, sujetos agrarios indígenas.

En el artículo 27 Constitucional, fracción VII, se establece que la “ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas”. Y en el artículo 2º Constitucional, Apartado A, fracción VI, se ordena el derecho de los pueblos indígenas al “acceso, uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución”, derechos que, a fin de ser legítimos requieren contar con las instancias necesarias para su exigibilidad.

Sin embargo, estas normas no garantizan la salvaguarda el derecho a la tierra y territorios de los pueblos indígenas. Y de acuerdo con las recomendaciones del relator especial, los países deben de promulgar una “legislación, en el caso que no exista, con inclusión de medidas especiales, que reconozca, deslinde y proteja las tierras, territorios y recursos de las poblaciones indígenas de manera que les otorgue protección jurídica, derechos y una condición jurídica por lo menos iguales a los que se conceden a otras tierras, territorios y recursos del país” (recomendación 145, E/CN.4/Sub.2/2001/21).

Asimismo, recomienda a los gobiernos a renunciar oficialmente a las “doctrinas jurídicas y políticas discriminatorias, que privan de los derechos humanos o limitan los derechos sobre la tierra y los recursos indígenas”. En particular, deberían contemplar la posibilidad de adoptar “disposiciones jurídicas correctivas, modificaciones constitucionales o políticas correctivas” (recomendación 149, E/CN.4/Sub.2/2001/21)

En este contexto, se presenta la propuesta de crear una política correctiva que permita a los integrantes indígenas de algún pueblo o comunidad indígena salvaguardar el derecho al acceso a la tierra. Para ello, es urgente y necesario constituir el Programa de Apoyo para la Adquisición y Compra de Tierras para los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, a fin de apoyar a las y los indígenas que no poseen tierras derivado de conflictos políticos, sociales o religiosos, así como, por cuestiones de hábitat en zonas de alto riesgo o por desastres naturales. Cabe mencionar que dicho programa estaría sujeto a las reglas de operación que en su momento defina por ley el Ejecutivo.

Este programa daría cumplimiento a una deuda de tantas que se tienen con los pueblos y comunidades indígenas, quienes han sido desplazados de sus tierras y territorios derivados del sistema de explotación colonial y por el liberalismo de la independencia, constituyendo regiones de refugio, donde permanecen enclaustrados (Aguirre Beltrán, 1992). Actualmente, muchos de las y los indígenas no cuentan con la oportunidad ni con el derecho a la tierra, por tanto, el Programa de Apoyo para la Adquisición y Compra de Tierras para los Pueblos y Comunidades Indígenas garantizaría el acceso a la adquisición y compra de tierras para los y las indígenas que no tienen los medios económicos para adquirirlas.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se insta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, considere la urgente necesidad de constituir el Programa de Apoyo para la Adquisición y Compra de Tierras para los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con el propósito de salvaguardar el derecho a la tierra de los pueblos y comunidades indígenas.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones Unidas para el Campo y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública establecer en el Anexo 7, “Derogaciones para el Desarrollo Integral de la Población Indígena, y en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, el Programa de Apoyo para la Adquisición y Compra de Tierras para los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Tercero. Se exhorta a las Comisiones Unidas para el Campo el establecimiento de una bolsa para el Programa de Apoyo para la Adquisición y Compra de Tierras para los Pueblos y Comunidades Indígenas de un mil 200 millones de pesos para que beneficie a los 62 pueblos indígenas de nuestro país. Los recursos podrán destinarse a los y las indígenas de acuerdo con las reglas de operación que se implanten para dicho programa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputado Domingo Rodríguez Martell (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para preparar a los mexicanos que participarán en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, integrantes del grupo de trabajo de los Juegos Panamericanos de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que asigne una partida especial por 40 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, para la preparación y fogueo previo de los deportistas mexicanos que participarán en los decimosextos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Exposición de Motivos

1. VM Volkov y VP Fillin, estudiosos rusos del deporte, han descrito la concepción del deporte en los tiempos actuales. Al respecto han señalado como características de éste “el impetuoso crecimiento de los récords, una considerable intensificación de las cargas de entrenamiento y competición, una aguda lucha de rivales iguales en fuerza. Para lograr altos resultados deportivos, a veces se necesitan de ocho a diez años de prácticas intensivas”. Mencionan asimismo que para la consecución de dichas metas “con frecuencia el entrenamiento es acompañado por considerables sobrecargas sensoriales y fuertes sufrimientos emocionales, transcurriendo a menudo en el fondo de una intensa actividad intelectual. Todo ello dificulta la preparación de un deportista de categoría superior”. 1

2. En este sentido, el deporte de alto rendimiento es aquel orientado a obtener el máximo resultado deportivo absoluto, incluidas las marcas a escala internacional. En esta tendencia del movimiento deportivo está expresado con mayor plenitud el papel del deporte como actividad que hace superar los límites de las capacidades humanas. 2

3. En este orden de ideas, nuestro país prevé en su legislación y programas de desarrollo y operativos el apoyo al deporte de alto rendimiento. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece dentro de la estrategia 23.1 del objetivo 23, “Eje igualdad de oportunidades”, que “mediante el seguimiento de torneos y campeonatos locales y regionales se fortalecerá la identificación de los mejores deportistas. Se otorgarán becas para quienes deseen desarrollar a plenitud sus capacidades y competir en niveles de alto rendimiento, primero como aficionados y más tarde como profesionales. Se buscarán fuentes complementarias de financiamiento para la construcción y funcionamiento de centros de alto rendimiento por especialidad deportiva”.

4. Por otra parte, la Ley General de Cultura Física y Deporte señala en el artículo 29, fracciones III, VI y XIV, que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tiene como atribuciones, el proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física y deporte; asimismo, el establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competiciones nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales, y fijar criterios y verificar el cumplimiento de éstos, con la participación del Comité Olímpico Mexicano para la celebración de competiciones oficiales internacionales dentro del territorio nacional, para los cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales.

5. La ley en comento dispone asimismo en la fracción XII del mismo artículo que la Conade está encargada de integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade) el cual prevé un padrón de atletas de alto rendimiento y talentos deportivos. Por otra parte, el artículo 105 señala que el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades de participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

6. En este orden de ideas, en el cumplimiento de la obligación republicana del análisis de la glosa del cuarto Informe de Gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el 29 de septiembre pasado, el titular de la Conade compareció ante la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados. Durante su exposición, el titular de la Conade señaló que los atletas beneficiados por el fideicomiso destinado a los atletas de alto rendimiento para 2010 son 174, con 108 millones de pesos, que apoya también a las categorías juveniles, a los que tienen una destacada actuación en las competencias internacionales juveniles y que se posicionan en los mejores 10 del mundo o en los primeros tres lugares del continente.

7. En este sentido, los diputados de la comisión y el titular de la Conade coincidieron en que es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se consideren recursos especiales para el fogueo de los deportistas mexicanos en las competencias previas a los decimosextos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, estimándose que una asignación de 40 millones de pesos para dicho fin coadyuvará en que las selecciones nacionales deportivas lleguen en las mejores condiciones competitivas.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que asigne una partida especial por 40 millones de pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, para la preparación y fogueo previo de los deportistas mexicanos que participarán en los decimosextos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

Notas

1 http://www.deportes.unam.mx/pdf/progra/progra5_resumen.pdf

2 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

El grupo de trabajo de los Juegos Panamericanos de la Comisión de Juventud y Deporte

Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), coordinador; Diego Guerrero Rubio, Juan Carlos Natale López (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Carlos Torres Piña (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incorpore un anexo con los recursos que las dependencias o las entidades de la administración pública federal ejercerán para fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario del PAN

Las que suscriben, diputadas federales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La sociedad civil se ha venido organizando en México desde hace años y es ahora protagonista en los temas centrales del país: derechos humanos, preservación del medio ambiente, educación, asistencia social a los más desfavorecidos, salud, seguridad pública, entre otros.

En un régimen democrático como en el que vivimos, las personas con iniciativas a favor de los demás y de mejora de su entorno deben contar con la libertad para organizarse y desarrollar sus potencialidades para el beneficio de la comunidad en la que se desenvuelven.

Sin embargo la sociedad civil organizada en México ha tenido un lento desarrollo. Según el estudio de la Universidad Johns Hopkins (JHU) que incluye a 36 países, desarrollados y no desarrollados de América Latina, Europa y África, la sociedad civil en México presenta las siguientes características:

• La proporción de la población económicamente activa (PEA) que participa en la sociedad civil:

Únicamente el 0.4 por ciento de la PEA es parte de la fuerza laboral del sector no lucrativo. El promedio para los países en vías de desarrollo fue de 1.9 por ciento, es decir, cinco veces mayor que en México. Esto coloca a México en el último lugar del grupo de países estudiados.

• El financiamiento al sector:

Filantropía: Menos del 7 por ciento de apoyo al sector viene de donaciones privadas: estos donativos constituyen el 0.04 por ciento del PIB, colocando a México en último lugar del grupo estudiado.

Gobierno: De la ayuda total al sector solamente un 8.5 por ciento proviene de fondos gubernamentales. México ocupó el lugar 30 en este rubro y el último lugar entre los países latinoamericanos.

Cuotas: El rubro que más contribuye al financiamiento del sector es el de las cuotas por prestación de servicios, con un 85 por ciento del financiamiento total. En esta comparación, México se colocó en segundo lugar a nivel internacional. Sin embargo, es lamentable que el marco fiscal actual no dé certeza jurídica a estas actividades.

Con los datos presentados, no resulta sorprendente el bajo nivel de organización de la sociedad civil en México. Mientras que Chile tiene 106 mil organizaciones para una población de casi 17 millones de habitantes, es decir una densidad institucional de 64 organizaciones para cada 10 mil personas 1 ; en México, según estimaciones del Centro Mexicano para la Filantropía hablan de la existencia de hasta 19,428 organizaciones de la sociedad civil en México. Es decir que, aún en las estimaciones más optimistas, la cantidad de organizaciones por cada 10 mil habitantes es de 1.7, cantidad que es por mucho menor al de otros países como Argentina, Brasil o Chile. Además, el número de donatarias autorizadas para el 2010 2 es de 6 mil 270 organizaciones.

Ante esto se ha hecho imperativo desarrollar políticas de fomento que promuevan un mayor asociacionismo entre los mexicanos. De tal suerte con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004, se establece en su artículo 13 que las dependencias y las entidades de la administración pública federal podrán fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil a través del otorgamiento de apoyos y estímulos para los fines de fomento que correspondan.

De acuerdo a los Informes Anuales de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a favor de Organizaciones de la Sociedad Civil correspondiente a 2007 y 2008, el monto de los apoyos y estímulos económicos otorgados a las organizaciones fue de 2 mil 201 millones 282 mil 340 pesos y de 4 mil 670 millones 676 mil 739 pesos, respectivamente.

En el Informe Anual de 2008 3 al 27 de febrero de 2009 se contabilizó un total de 87 informes recibidos del mismo número de Entidades y Unidades Responsables pertenecientes a 15 Dependencias, la Procuraduría General de la República, 1 Organismo Autónomo y 4 Descentralizados, que realizaron acciones de fomento o que otorgaron apoyos y estímulos a las OSC durante el ejercicio fiscal 2008. Asimismo, se reportaron 58 programas y 106 acciones de fomento, que incluyen apoyos económicos, en especie, capacitación, asesoría, difusión, concertación y coordinación, servicios, entre otros.

Para el Informe Anual de Dependencias y Entidades 2009 4 al 26 de febrero de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil recibió 82 informes recibidos del mismo número de Entidades y Unidades Responsables pertenecientes a 15 dependencias, la Procuraduría General de la República, 1 organismo autónomo y 5 descentralizados, que realizaron acciones de fomento o que otorgaron apoyos y estímulos a las OSC durante el ejercicio fiscal 2009. Asimismo, se reportaron 50 programas y 118 acciones de fomento. El monto de los apoyos y estímulos económicos otorgados a las 3 mil 229 organizaciones en 2009 fue de 3 mil 199 millones 205 mil 283 pesos.

De acuerdo al Índice CIVICUS de la Sociedad Civil en México, presentado el pasado 12 de agosto, se señala que la segunda fuente de ingresos para las organizaciones civiles son las provenientes de recursos que otorga el gobierno, representando el 22 por ciento contra el 23 por ciento que generan por el concepto de servicios.

Por lo anterior, se considera conveniente contar con mecanismos claros para detectar y dar seguimiento puntual a los recursos dirigidos al fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil de carácter ciudadano, y los que se dirigen a organizaciones que funcionan como agentes colaboradores del gobierno.

Uno de esos mecanismos es la inclusión de un anexo específico en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 para los recursos destinados al fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Lo que permitiría conocer con certeza los montos que cada una de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal ejercen en la materia, y darles seguimiento para una mejor transparencia en su aplicación.

Compañeras y compañeros legisladores, lograr la incorporación del anexo que se propone, derivaría en diversos beneficios, entre los que podemos mencionar:

a) Potenciar el impacto de los recursos públicos destinados al desarrollo social y el combate a la pobreza,

b) Promover la participación ciudadana y la reivindicación de derechos fundamentales,

c) Atender a población en situación de vulnerabilidad, la cual de otra forma difícilmente podría acceder a una mejor calidad de vida; así como visibilizar problemáticas que de otra manera pasarían desapercibidas,

d) Generar un marco de confianza y cooperación que favorezca la cohesión e inclusión social,

e) Impulsar la continuidad de los esfuerzos ciudadanos que contribuyen al bienestar público, con autonomía de vaivenes políticos.

Por lo expuesto, las suscritas diputadas, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se incorpore un anexo con los recursos que ejercerán las dependencias o entidades de la administración pública federal para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, establecidas en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Notas

1 Ignacio Irarrázaval, Hielen M. H. Hairel et al. “Comparative Nonprofit Sector Project: Chile”. Johns Hopkins Univesity/ PNUD/Focus, 2006, en: http://www.jhu.edu/cnp/PDF/Chile_english.pdf (consultado el 20 de abril de 2009).

2 Administración General Jurídica del SAT

3 http: //www. corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/ Informe% 20Anual%20Dep %202008%20CUENTA %20 PUBLICA.pdf

4 http://www.corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/informe%202009FINAL.p df

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputadas: Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, María Marcela Torres Peimbert, Laura Elena Estrada Rodríguez, María Joann Novoa Mossberger, Rosi Orozco, María de Lourdes Reynoso Femat, Tomasa Vives Preciado, María Yolanda Valencia Vales (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el plantel José Revueltas Sánchez, en Venustiano Carranza, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

El Instituto de Educación Media Superior del DF (IEMS), surge en el año 2000, en respuesta a la necesidad de proporcionar educación a jóvenes de escasos recursos, a quienes tal circunstancia el sistema educativo tradicional les resulta excluyente; población que, además vive en un ambiente adverso que en sí mismo niega a la educación como una vía de superación personal.

De esta manera, las preparatorias del DF tanto en su concepción socio pedagógica, como en su diseño inmobiliario, representan la incidencia de políticas afirmativas a favor de los jóvenes del Distrito Federal, brindando espacios dónde aún es posible la construcción de un futuro distinto a la reproducción de su situación de violencia y exclusión; pero además inciden directamente en el entorno urbano, se han convertido en un espacio de referencia en cada colonia donde se asientan.

En el entendido de que estuvieran construidos en la demarcación del DF, actualmente son 18 planteles con los que se cuenta. De los cuales 16 se encuentran asentados en forma definitiva, mientras que los planteles Iztapalapa III y Venustiano Carranza en sedes provisionales.

A través de estos se atiende a población vulnerable y menos favorecida, este modelo educativo es no sólo un área de oportunidad que brinda servicio de asesorías personalizadas para los estudiantes, así como el espacio de atención grupal (como máximo 30 estudiantes por grupo), sino que además representa el único esfuerzo educativo a nivel medio superior emprendido por las autoridades locales en más de 30 años.

La educación que se proporciona es oportuna y de calidad, basada en un trabajo interdisciplinario que se realiza entre las academias.

No obstante, a poco más de diez años de iniciados sus trabajos, empiezan a sentirse algunos efectos de abandono y falta de compromiso que es urgente superar antes de que la indiferencia y falta de sensibilidad terminen por lesionar seriamente un proyecto que aun tiene largo trecho para madurar.

El mayor ejemplo de lo anterior es la situación que vive la preparatoria José Revueltas Sánchez, que a esta fecha carece de las instalaciones propicias para sus actividades: profesores y estudiantes trabajan en aulas y cubículos provisionales ubicados en el estacionamiento de la delegación Venustiano Carranza.

La construcción del plantel hasta el momento sigue en incertidumbre, más de tres años en instalaciones provisionales impiden que las actividades de formación académica se lleven a cabo de forma normal, ya que no se cuenta con un espacio de biblioteca, laboratorios, espacios de estudio y esparcimiento como en los demás planteles.

Cabe mencionar que ya se ha graduado una primera generación de estudiantes, que en su momento estuvieron inconformes por el espacio, manifestando la situación ante diversas instancias y cuyas peticiones no fueron atendidas al igual que ahora. Se sigue demandando la construcción de un plantel digno para una comunidad digna como lo es la población estudiantil de educación media superior de la delegación Venustiano Carranza.

Las necesidades de construcción del plantel son imperiosas ya que la población estudiantil que comprende la delegación Venustiano Carranza se encuentra en situación de vulnerabilidad y riesgo, siendo que uno de cada tres jóvenes entre los 15 y los 19 años se encuentra en situación privativa de la libertad. Cabe mencionar que algunos de los estudiantes que estuvieron inscritos en este plantel, actualmente se encuentran en esta condición, como muchos otros que por la falta de espacios adecuados han abandonado sus estudios y se van ante la promesa de contar con instalaciones dignas. Otro problema substancial es que en épocas de verano e invernales se padece mucho respecto al clima siendo que es imposible mantenerse más de dos horas continuas dentro de las aulas, así como la falta de espacios adecuados para efectuar el trabajo de formación académica para el que fueron diseñados estos planteles ha mermado el desarrollo de los estudiantes.

Análisis de la población Venustiano Carranza

En la delegación Venustiano Carranza se encuentra una población de 36 mil 742 jóvenes de 15-9 años de edad, repartiéndose en mayor proporción en el sexo masculino. También se encuentra una población de 37 mil 39 jóvenes adultos 20-24 años la cual se atiende en menor porcentaje, sin embargo es la población a la que se necesita darle solución al problema de la educación media superior.

Población total por sexo y grupo de edad en la delegación Venustiano Carranza

Fuente: Inegi

En contraste sólo en 18 escuelas se estudia el nivel medio superior de las cuales sólo cinco son públicas, una pertenece a la UNAM (preparatoria 7) y otra al IPN (vocacional 14) dos Conalep y un Colegio de Bachilleres. Estas escuelas públicas y privadas atienden en el bachillerato una población de 15,101 estudiantes, cuando en secundaria se atienden 24,569 estudiantes, quedando fuera el 38.5 por ciento de la población, lo cual hace difícil acceder a la educación media superior en esta demarcación.

Alumnos inscritos, personal docente y escuelas, según nivel educativo

(Ciclo escolar 2004/2005).

Fuente: Inegi

Es importante destacar que a la inauguración de esta nueva preparatoria asistieron los siguientes funcionarios: Axel Dridikson, anterior secretario de Educación del DF; así como el entonces delegado en Venustiano Carranza, Julio César Moreno, hoy diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En dicha apertura se mencionó que la construcción del plantel sería en 8 meses, y hasta el momento han pasado más de tres años y no existe la certeza o noticia alguna sobre la colocación de la primera piedra.

Los padres de familia, estudiantes, DTI (docentes, tutores e investigadores), personal administrativo, se han dado a la tarea de realizar diferentes gestiones para solicitar la construcción del plantel. Por ejemplo, cartas dirigidas al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, sobre la causa del por qué, hasta la fecha no se tiene información sobre la construcción del plantel, dado que una de sus promesas de campaña para la jefatura de gobierno fue la construcción de cinco nuevas preparatorias, entre estas se encuentra el plantel Venustiano Carranza, que hasta el momento no se ha concretado, cabe destacar que dichas misivas se encuentran sustentadas por firmas de padres de familia, estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, se ha solicitado la presencia de las autoridades del IEMS, para que se informara sobre la construcción del plantel, al anterior director general del IEMS, Juventino Rodríguez y ahora al actual director doctor José de Jesús Bazán Levy.

Se han realizado manifestaciones de los padres de familia, estudiantes docentes, en protesta por la construcción de la preparatoria; lo que llevó a que después de ello se realizaran mesas de dialogo con el licenciado Héctor Serrano, director de Programas Delegacionales en Venustiano Carranza y de esto se obtuvo certificado de uso de suelo para la construcción del plantel.

Se ha dado seguimiento en entrevistas a estudiantes y docentes por diversos medios de comunicación (televisión y prensa escrita).

Cabe destacar que el Foro Educativo del SUTIEMS, "A 10 años de la Creación del SUTIEMS del Distrito Federal, Retos y Perspectivas", apoyado por un servidor y realizado en esta honorable Cámara de Diputados, los días 20 y 21 de septiembre del año en curso, se abrió un canal para que el punto de la construcción del plantel Venustiano Carranza llegue al pleno del Congreso de la Unión y sea discutido para su aprobación.

Todo lo anterior muestra que la construcción del plantel para la preparatoria "José Revueltas Sánchez", es uno de los grandes pendientes de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de la secretaría de Educación del DF y de las autoridades delegacionales.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía LXI Legislatura honorable Cámara de Diputados, integrantes de distintos grupos parlamentarios, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que dentro del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2011 del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, se incorpore una partida específica para la construcción del plantel "José Revueltas Sánchez" ubicado en la delegación Venustiano Carranza y se termine con la historia de inobservancia y falta de compromiso hacia la comunidad estudiantil, académica, docente y administrativa de dicha institución.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.

Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para impulsar el Programa Integral de Desarrollo Regional de las Mixtecas, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normatividad aplicable, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, sustentada en los siguientes

Considerandos

La región Mixteca de México abarca los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca, está integrada por 260 municipios, en donde habitan poco más de 2.5 millones de personas, de las cuales 78 por ciento se dedica a actividades agropecuarias y artesanales, siendo su principal fuente de riqueza. Es una zona con clima cálido subhúmedo con lluvias en verano clasificado como trópico seco.

De las entidades que integran la región de la Mixteca, el estado de Oaxaca es el que cuenta con un mayor número de municipios con 155, le siguen Puebla con 79, Guerrero con 20 y finalmente Morelos con 6. El total de comunidades de la región es de más de 10 mil comunidades.

Las Mixtecas que comprenden alrededor de 40,000 km2, tienen como principales problemas que el 60 por ciento de la población económicamente activa emigra por falta de fuentes de empleo, ausencia de servicios públicos básicos y no cuentan con una vivienda digna.

La economía de la región tiene una gran dependencia de las remesas que envían los migrantes desde los Estados Unidos. Pero se ve amenazada por la política migratoria de este país con iniciativas como la Ley Arizona.

Las limitaciones ambientales son la baja precipitación y escasa disponibilidad de agua en el subsuelo; alto índice de erosión del suelo con pérdidas superiores a 2,500 kg de tierra fértil por hectárea al año; insuficientes obras de conservación del suelo y agua; contaminación de ríos y barrancas con aguas residuales; baja tecnificación de los procesos productivos (500 kg de maíz/ha); pastoreo extensivo, pobreza y marginación y bajo nivel de escolaridad combinado con alto analfabetismo.

La climatología mixta que presenta la región incrementa la relevancia de contar con un programa integral ya que si se consideran las hectáreas de trópico seco, que son alrededor de 21 millones, que representan el 12 por ciento del territorio nacional, las cuales, si son sumadas a las ubicadas en el trópico húmedo, la extensión llega a ser superior 25 por ciento del total nacional.

El desarrollo regional es una de las mejores estrategias, porque delimita eficientemente los problemas y puede, en un territorio direccionar los apoyos más adecuadamente.

El programa de trópico húmedo es una muestra clara de que los apoyos a programas regiones son la mejor alternativa para atender las necesidades más sensibles de la población, dicho programa se aplica en 9 entidades del país de la zona sur-sureste. A través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se asignan recursos para la implementación de este programa. Las líneas de atención se conforman por activos productivos, el programa de soporte y la inducción al financiamiento.

Por su parte el programa de semidesierto, en donde se otorgan recursos a entidades del norte del país que presentan problemas de escasez de agua, es otro ejemplo del impacto positivo que generan los programas regionales, en el caso de esta acción, se fomenta la infraestructura y el apoyo a problemas de escasez del vital líquido, al igual que el de trópico húmedo, en el PEF se destinan recursos para dicho fin.

En este sentido, el Programa para el Desarrollo Regional de las Mixtecas, es una propuesta integral, que incluye elementos de infraestructura, capacitación y apoyos económicos para las familias de la región, por lo cual, es pertinente considerarlo en el conjunto de estrategias regionales que ya hemos mencionado.

Cabe mencionar que la estrategia regional que se propone tiene como directrices principales

• Otorgar apoyos para el aprovechamiento del agua.

• Impulsar la autoproducción familiar alimentaria.

• Fomentar la capacitación y la asesoría técnica.

• Desarrollo de cadenas productivas y de suministro.

Durante los últimos 15 años, en esta región, se han impulsado diversos programas, tales como el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (Pesa-FAO-Sagarpa) y el Programa de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y el Agua (Coussa).

Estos programas han tenido un gran impacto porque atienden las necesidades para tener una vida digna, ya que por un lado apoyan el abastecimiento de agua y, por otra, la producción agropecuaria en pequeños espacios tecnificados para la seguridad alimentaria.

Experiencias obtenidas en el estado de Puebla, señalan que el desarrollo regional empieza con el abasto de agua a través de diferentes obras de retención y almacenamiento de la lluvia, en un esquema integral de manejo de cuencas.

Así, es posible que con diversas obras y represas se pueda atender la necesidad de agua a comunidades, ganadería, fauna silvestre, pequeñas áreas de riego, producción en invernaderos, proyectos ecoturísticos y producción acuícola. Ejemplos de éxito se encuentran en San Juan Sacabasco, Tlacotepec de Benito Juárez; San José Álamo, San Pedro Yeloixtlahuacan y el Platanar Coetzala en el estado de Puebla.

Así también para revertir la pobreza, se ha desarrollado la captación de la lluvia en los techos de las casas y el establecimiento de huertos y granjas familiares.

Para el desarrollo ganadero se ha promovido el establecimiento de praderas, el mejoramiento genético en centros de servicios, además de apoyar el abasto del agua.

Los cultivos de mayor potencial para esta región son el ajonjolí, cacahuate, jamaica, sorgo, pitaya de mayo, papaya maradol, aguacate, bambú, limón, agave, guaje, nopal, plantas aromáticas y medicinales y, recientemente, la producción biocombustibles a partir de la caña de azúcar y jatropha están adquiriendo gran relevancia. La producción de jatropha representa una gran oportunidad de capitalización del campo en esta región.

La acuacultura es una actividad con potencial, especialmente, con tilapia, langostino y bagre. Recientemente, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha obtenido el método de reproducción del bagre del río Balsas, nativo de la Mixteca. Esto permitirá repoblar los ríos en beneficio de las comunidades ribereñas e impulsar la cría y engorda en granjas acuícolas.

El ecoturismo y la ganadería diversificada a base de venado de cola blanca, jabalí, paloma y conejo tienen un campo muy grande para su desarrollo.

De la misma forma, las vías de comunicación, caminos, carreteras y puentes; el desarrollo de infraestructura médica, educativa y de servicios públicos requiere un fortalecimiento sustantivo para el desarrollo de la región.

Esta iniciativa se ha conjuntado por los diputados de la región en el Programa Regional Integral de las Mixtecas.

Esta propuesta, consiste en apoyar acciones y proyectos que ya se han aplicado con éxito, pero que se requiere detonar para promover el desarrollo económico y social en una región altamente expulsora de mano de obra hacia Estados Unidos.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2011, se considere una partida de 1,500 millones destinada al fomento productivo del Trópico Seco en condiciones semejantes al Trópico Húmedo y el Semidesierto, para impulsar el Programa Integral de Desarrollo Regional de las Mixtecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el programa Hábitat, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Gloria Trinidad Luna Ruiz, Sergio Octavio Germán Olivares, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Carlos Meillón Johnston, Jesús Giles Sánchez, Alba Leonila Méndez Herrera, Enrique Torres Delgado, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Laura Margarita Suárez González de la LXI Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social a destinar mayores recursos al Programa Hábitat del ramo 20, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, sobre la base las siguientes

Consideraciones

En los últimos años la pobreza ha crecido en nuestro país, producto del incremento de los precios internacionales de los alimentos y de la reciente crisis económica generada en el ámbito externo. Ello implicó que grandes grupos de nuestra población, particularmente aquellos que habitan zonas rurales y urbanas marginadas, enfrenten hoy condiciones de vida muy difíciles.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2008, 50.6 millones de mexicanos vivían en pobreza de patrimonio, es decir, no contaban con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte público, aun si dedicaran la totalidad de los recursos económicos del hogar a ese propósito.

Dicho consejo estimó que en 2008 el 39.8 por ciento de los habitantes localizados en ámbitos urbanos, esto es, alrededor de 27.2 millones de personas, se encontraba en situación de pobreza patrimonial.

Las personas en situación de pobreza se encuentran segregadas espacial, social y económicamente, en zonas con instalaciones precarias y de escaso valor en el mercado urbano. Estas condiciones, al limitar el acceso de los pobres a las oportunidades que ofrecen las ciudades, genera barreras a la movilidad de las personas, propicia su aislamiento y favorece la reproducción intergeneracional de la pobreza.

Por otro lado, los hogares pobres han tendido a asentarse en zonas que no son apropiadas para el uso residencial, como son las áreas inundables, contaminadas, contiguas a ríos o de topografía muy difícil, lo que se traduce en vulnerabilidades frente a las amenazas de origen natural.

El Programa Hábitat actúa en ciudades y zonas metropolitanas, con al menos 15 mil habitantes, que integran el Sistema Urbano Nacional. En este ámbito, se han identificado 296,043 manzanas con altos niveles de pobreza y rezagos en infraestructura y servicios básicos, en los que residen los integrantes de 6.7 millones de hogares.

Dentro de este universo de manzanas, se han identificado las zonas con mayor concentración de hogares en situación de pobreza, que se denominan Polígonos Hábitat. De los hogares que conforman los Polígonos Hábitat, el 35.2 por ciento no disponía de agua en la vivienda, el 4.9 por ciento carecía de drenaje y el 0.9 por ciento no contaba con electricidad.

La mayoría de las ciudades en que se ubican estos Polígonos Hábitat no dispone de sistemas de tratamiento de las aguas residuales y realiza la disposición de buena parte de los desechos en tiraderos a cielo abierto.

Por ello, el programa articula los objetivos de la política social con los de la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del gobierno federal, para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas.

El programa apoya, mediante subsidios federales, diversas obras y acciones que fortalecen y mejoran la infraestructura urbana básica, la organización y participación social, y el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, en zonas urbanas marginadas con alta concentración de hogares en situación de pobreza patrimonial.

Las capacidades y potencial del programa se complementan con recursos de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de los beneficiarios.

Así, para 2010, esta Cámara autorizó a este programa un presupuesto de 3,719.8 millones de pesos, que se complementará con una aportación similar de los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y los propios beneficiarios. Con dichos recursos se busca atender 1,271 polígonos y apoyar a 1.8 millones de hogares, mediante la puesta en marcha de 11,275 proyectos.

Sin embargo, la magnitud de la pobreza urbana requiere de una mayor atención, de ahí que resulta imprescindible fortalecer las acciones y programas de gobierno para combatir la pobreza urbana de nuestras ciudades. Por ello, la importancia de fortalecer al programa Hábitat, a efecto de que pueda ampliar su cobertura y acciones que contribuyan a la superación pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de zonas urbano-marginadas, al fortalecer y mejorar la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Desarrollo Social de la honorable Cámara de Diputados, a destinar mayores recursos al Programa Hábitat del ramo 20, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a fin de que pueda ampliar su cobertura y acciones de combate a la pobreza urbana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputados: Sergio Octavio Germán Olivares, Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruíz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir y modernizar carreteras, carreteras alimentadoras estatales, conservar carreteras federales y estatales, y construir puentes de infraestructura vial y caminos saca cosechas a través del programa de empleo temporal en Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 18 de agosto de este 2010 de julio, se realizó el Foro Centro-Norte de la Comisión de Infraestructura y Transporte de la Cámara de Diputados con la presencia de la mayoría de los diputados y el subsecretario de Infraestructura Carretera de la SCT, ingeniero Óscar de Buen Richkarday, asistieron también el representante del director de la Junta Estatal de Zacatecas, el delegado de la SCT en el estado de Zacatecas y todos los delegados de la SCT de los estados del Centro Norte del país , ahí se presento la propuesta conjunta por parte del Gobierno del Estado y del delegado de la SCT de Zacatecas, a todos los diputados, una propuesta por 2 mil 400 millones de pesos; para construcción y modernización de carreteras, construcción de carreteras alimentadoras, conservación de carreteras federales y estatales, así como construcción de puentes de infraestructura vial (PIV), caminos rurales, y propuestas de empleo temporal, para lo cual hoy ponemos a consideración de esta soberanía , de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Transporte, y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que se apruebe este punto de acuerdo y se aprueben recursos para las siguientes obras que hoy ponemos a su consideración y aprobación;

    

Por lo que proponemos a esta soberanía de la LXI Legislatura, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Infraestructura Carretera y Transportes , a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a esta soberanía de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, para que se apruebe el presente punto de acuerdo y se aprueben recursos por 2 mil 400 millones de pesos para construcción y modernización de carreteras, carreteras alimentadoras estatales, conservación de carreteras federales y estatales, construcción de puentes de infraestructura vial y caminos saca cosechas a través de empleo temporal , para el estado de Zacatecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destine un porcentaje del monto del programa Oportunidades al Plan Piloto Nacional de Autoproducción para la Seguridad Alimentaria, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normatividad aplicable, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, sustentada en los siguientes

Considerandos

Organismos internacionales han venido señalando que se avecina una crisis mundial alimentaria, debido a que las regiones productores de granos han estado padeciendo sequías. Recientemente Australia y Rusia han enfrentado este problema. Las reservas de granos en los Estados Unidos están en sus niveles más bajos y se estima actualmente una reducción del 19 por ciento en la producción de maíz para la cosecha primavera-verano 2010.

Rusia ha establecido prohibición de exportaciones de trigo, ya que tiene problemas para realizar la siembra otoño invierno y la sequía amenaza seriamente a Sudamérica.

Una disminución de 7 por ciento en los inventarios de maíz en Estados Unidos representa el incremento del 50 por ciento del precio del grano.

Un país pierde la soberanía cuando sus importaciones rebasan el equivalente al 30 por ciento de sus necesidades alimentarias. Es por ello que para garantizar la seguridad alimentaria se requiere atender el 75 por ciento de la demanda de alimentos.

No podemos permanecer pasivos ante esta realidad. Nosotros tenemos a 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria pero además importamos más del 54 por ciento de los alimentos que consumimos. Necesitamos producir alimentos, porque no va a haber suficientes en los mercados.

El pasado 13 de noviembre de año 2009, presenté ante el Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que exhortaba a la Sagarpa, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al DIF y al IMSS, para que en coordinación, diseñaran la estrategia que permitiera implementar el Plan Piloto Nacional de Autoproducción para la Seguridad Alimentaria.

Dicha proposición fue aprobada, en sesiones ordinarias, por las Comisiones de Desarrollo Rural, y de Desarrollo Social y está por ser presentada ante esa soberanía, con el objetivo de dar cumplimiento a dicho exhorto.

En estos momentos en que resulta imperativo implementar acciones que permitan a las personas logra su desarrollo pleno, se requiere fortalecer los presupuestos para el campo y empezar a aplicar una orientación de corto, mediano y largo plazo.

En este sentido, es conveniente retomar algunos argumentos que son importantes y sustentan la necesidad urgente de tomar decisiones. Las problemáticas son múltiples y diversas, sin embargo, entre las más importantes destacan:

• La Sedesol considera que alrededor del 54 por ciento de los mexicanos (57.8 millones) presenta pobreza de patrimonio, lo que implica que vive con menos de 4 dólares diarios (53 pesos), en tanto que el 32 por ciento (34.3 millones) lo hace con menos de 2.5 dólares (33 pesos), y 24 por ciento (25.7 millones) con menos de 2 dólares (27 pesos).

• Las entidades con un nivel mayor pobreza en el país son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Durango.

• De acuerdo con información proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación, dos terceras partes de personas en situación de pobreza se ubican en el medio rural, de las cuales más de 12 millones presentan un nivel de pobreza alimentaria; 15 millones tienen pobreza de capacidades y, cerca de 24 millones están ubicados en el tipo de pobreza de patrimonio.

Experiencias recientes han demostrado que la autoproducción en pequeños espacios tecnificados permite alcanzar altos niveles de seguridad alimentaria produciendo al menos una parte de las necesidades familiares.

Más de 40,000 familias fueron integradas al Programa de Seguridad Alimentaria en Puebla, en los últimos 6 años. Las ventajas son el logro del abasto de alimentos, la capacitación de los integrantes de la familia, el inicio de procesos de producción y desarrollo, pero de manera fundamental, la capacitación de nuestros niños en una nueva cultura productiva que revierta antes de 16 años la pobreza alimentaria en la que se encuentran casi 4 millones de familias.

Es importante mencionar que, de acuerdo a lo mencionado en el documento de la propuesta, este Plan Piloto tiene como columna vertebral la estrategia del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), el cual se complementará con programas como el de Oportunidades Alimentario, a cargo de Sedesol, así como por estrategias y acciones por parte del DIF y del IMSS. Se propone que se inicie con un 6 por ciento de las familias beneficiadas con Oportunidades y durante 15 años se mantenga el ritmo de atención para su solución. Es posible resolver la pobreza alimentaria en no más 16 años.

Con el Plan Nacional de Autoproducción para la Seguridad Alimentaria, en su conformación, se dará especial prioridad, a la participación de los habitantes que se encuentran en zonas identificadas con un índice de alta y muy alta marginación, ello con el objeto de poder generar alternativas productivas a las familias de escasos recursos que tienen en las actividades del campo su principal fuente de ingreso.

Uno de los mecanismos más exitosos para resolver el problema de la alimentación en nuestro país se encuentra en el PESA, el cual debe ser el pilar y eje rector del diseño de las estrategia para llevar alimentos a quienes más lo necesitan. Cabe señalar que hasta el año 2008 el PESA incluye a alrededor de cien mil familias, ubicadas en 3 mil 730 localidades rurales, que pertenecen a 641 municipios de 16 estados del país

Estamos ante la gran oportunidad de, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, poder incidir de manera positiva en una mejoría sustantiva en la calidad de vida de millones de familias del medio rural. En la búsqueda de eficientar la asignación de los recursos públicos, procurando que estos se apliquen en acciones que generen efectos positivos en las comunidades más marginadas y pobres.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H- Asamblea, la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destine el 6 por ciento del presupuesto del programa Oportunidades para el Plan Piloto Nacional de Autoproducción para la Seguridad Alimentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a modificar las Reglas de Operación del programa Rescate de Espacios Públicos, y se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para dicho plan, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Gloria Trinidad Luna Ruiz, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Alba Leonila Méndez Herrera, José Francisco Yunes Zorrilla, Sergio Octavio Germán Olivares, Jesús Gerardo Cortés Mendoza, Carlos Luis Meillón Johnston, Jesús Giles Sánchez, Enrique Torres Delgado, integrantes del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura y miembros de la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la presente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las adicciones sin duda alguna alteran la dinámica de los núcleos familiares y sobre todo perturban la vida de las comunidades.

Actualmente, de acuerdo con datos arrojados por la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, se sabe que el consumo de drogas está aumentando, que los adolescentes entre 12 y 17 años de edad son los que están en mayor riesgo y que las generaciones actuales están más expuestas a este problema.

Sin embargo, la problemática referente a las adicciones junto con la falta de oportunidades para nuestros jóvenes de acceder a la educación y a un empleo, son factores que contribuyen a que cada vez más personas se conviertan en presa fácil de la delincuencia.

Nuestro país enfrenta una lucha constante contra el narcotráfico, ya que es una de las manifestaciones más lesivas de la delincuencia organizada, no sólo por los altos niveles de violencia que implica, sino también por la amenaza que representa a la salud física, emocional y moral de nuestros jóvenes quienes son inducidos al consumo de las drogas y a la cultura de la violencia.

Es por eso, que debemos continuar fortaleciendo las acciones y políticas tendientes a disminuir o erradicar las situaciones que puedan llevar a un joven a delinquir o a que se convierta en víctima de las adicciones.

De ahí la importancia de programas como el de Rescate de Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, programa que contribuye a recomponer el tejido social, ofreciendo espacios en donde no sólo los niños y jóvenes, sino en general aquellas personas que viven en localidades marginadas y con percepción de inseguridad, tienen la oportunidad de practicar algún deporte y actividades recreativas y culturales de manera segura y tranquila, mejorando así la calidad de vida en las comunidades y la seguridad ciudadana.

En este sentido, las acciones que ha llevado a cabo el programa están dirigidas a combatir las problemáticas sociales de inseguridad y violencia para prevenir conductas antisociales en los espacios públicos, promueve la participación ciudadana para el rescate y apropiación de aquellos espacios que se encuentran deteriorados física y socialmente, para ser ocupados por la población para su uso y disfrute.

No obstante, continúan existiendo espacios públicos mal aprovechados o utilizados en los que la comunidad encontraba un lugar para el esparcimiento y la convivencia; diversos factores son los que han provocado esta situación.

Asimismo espacios públicos en algunas zonas del país, son ocupados por los delincuentes, lo que ha provocado un clima de violencia e inseguridad para la población que vive en las proximidades de los espacios, esto sin duda evidencia la necesidad de continuar con el Programa Rescate de Espacios Públicos y llevarlo a todas aquellas localidades pequeñas, y de esta manera garantizar espacios donde los ciudadanos convivan de manera sana y segura, y cuenten con la promoción de actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas y sobre todo se prevengan conductas de riesgo y actos delictivos.

El Programa Rescate de Espacios Públicos, de acuerdo con el IV Informe de Gobierno, ha tenido logros importantes a fin de alcanzar la meta para este año que es apoyar 1,120 espacios públicos en beneficio de aproximadamente 4.1 millones de personas.

No obstante, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, se prevé destinar 1,158.1 millones de pesos, monto 0.5 por ciento inferior, en términos reales que el aprobado para 2010.

En este sentido, a fin de beneficiar 150 municipios más a través del Programa Rescate de Espacios Públicos, se requieren 500 millones de pesos adicionales a los previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2011, lo que implica modificar el universo de actuación del programa a fin de que se realice en localidades de 35,000 o más habitantes y no de 50,000 o más, como establecen las reglas de operación vigentes.

Sin duda alguna se requiere de mayores recursos para continuar conservando, rescatando y aprovechando espacios públicos en todas aquellas localidades pequeñas en donde es necesario a fin de mejorar la calidad de vida de muchas familias y de la sociedad entera.

En Acción Nacional estamos convencidos de que cada vez que recuperemos una plaza pública, un parque, una alameda, una calle, etcétera, estamos cerrando espacios a la delincuencia y a las adicciones y abrimos oportunidades para los niños y jóvenes que son el fututo de nuestro país.

Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que modifique las Reglas de Operación del Programa Rescate de Espacios Públicos, con el objeto de que su universo de actuación sean las localidades urbanas integradas físicamente en las zonas metropolitanas y ciudades que cuenten con una población de 35, 000 o más habitantes.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la honorable Cámara de Diputados para que se considere un incremento de recursos para el ejercicio fiscal 2011, por un monto de 500 millones de pesos, al Programa Rescate de Espacios Públicos, con el propósito de ampliar su cobertura en 150 municipios más.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 19 de octubre de 2010.

Diputados: Sergio Octavio Germán Olivares, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear un fondo de rescate de pequeños ahorradores de Oaxaca, en apoyo de defraudados, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El ahorro en México representó en 2009 el 22.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que en términos generales equivale a una quinta parte del propio indicador. Por ello, las garantías que esta soberanía debe dar a los ahorradores en materia de respaldo legal, son fundamentales.

Las cajas de ahorro y crédito popular, surgen de la imperante necesidad que existe en pequeñas comunidades que no tienen acceso a los bancos; en muchos casos estas comunidades tienen menos de 12,000 habitantes, y por lo tanto no interesan al sistema financiero mexicano.

Las llamadas cajas de ahorro prestan servicios al público en dos vertientes: auxilia a los ciudadanos que generalmente tienen pocas posibilidades de ahorrar por sus bajos ingresos y canaliza a aquellos que no son sujetos de crédito por las instituciones bancarias.

Las cajas de ahorro también se han convertido en auxiliares del sistema financiero en las que pueden ahorrar y a su vez obtener pequeños préstamos.

Los campesinos, pequeños comerciantes y en general la población de las zonas rurales, y sobre todo los migrantes que año con año entran como indocumentados a los Estados Unidos de América son los principales usuarios de estas instituciones.

La cualidad más destacada de estas cajas de ahorro popular es la atractiva tasa de interés que tienen, ya que por lo general se ubican por debajo de la tasa bancaria promedio. Sin embargo, el riesgo que se asume por incorporarse a estas, ha sido grande, y más aún por la falta de responsabilidad con la que se ha tratado el asunto por parte de la autoridad reguladora, es decir, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La regulación a las cajas de ahorro existió hasta diciembre de 1991, cuando se aprobó la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, la cual ha sufrido muchos cambios y modificaciones. Pero aun con la aplicación de esta ley, dado que el control gubernamental no es garantía de solvencia o rectitud de los funcionarios a su cargo, existe una gran probabilidad de que se cometan abusos que podrían llegar hasta el fraude. Así lo demuestran las quiebras de varios bancos mexicanos, como Cremi, Unión y Banpais.

Algunas cajas de ahorro adoptaron la figura de cooperativas; otras obtuvieron su registro como sociedades de ahorro y préstamo, sujetas a supervisión por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, se estima que al menos unas 600 operan sin ningún tipo de control, de esta falta de control se derivan los constantes fraudes y bancarrotas.

Solamente en la región de la mixteca oaxaqueña, se estima que existen casi 20 mil defraudados por 6 cajas de ahorro: Casur, Coofia, Sacriputla, Casandó, InverOax, y la Caja Nacional del Sureste, se calcula que el monto de lo defraudado supera los 700 millones de pesos.

Para la mayoría de los defraudados está negado el acceso al Fideicomiso Pago (Fipago) ya que esté pide una serie de requisitos específicos para que pueda realizarse el proceso de recuperación del 70 por ciento del monto de lo defraudado (40 por ciento aportado por el gobierno federal, siempre y cuando los gobiernos estatales aporten el 30 por ciento restante), implica además, se audite a la negociación defraudadora, misma que debe estar regulada y haberse constituido antes del 31 de diciembre de 2002.

Las cajas de ahorro responsables del desfalco a miles de ahorradores no eran debidamente supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, algunas no se encontraban reguladas o su constitución fue posterior al 2002. Esto hace evidente que los defraudados, en términos de la norma vigente, no tendrán acceso al Fipago, generando consecuencias sociales y económicas catastróficas en el estado.

Ante este escenario que afecta a una de las regiones más pobres del país, con el objeto de resarcir por lo menos parte de su patrimonio; buscando la protección de los pequeños ahorradores y otorgar justicia ante las corruptelas y negligencia de las autoridades hacendarias y judiciales que han hecho caso omiso de sus obligaciones, se hace indispensable se establezca un fondo de rescate a pequeños ahorradores del estado de Oaxaca.

Por todo lo expuesto, de conformidad a lo establecido por los artículos 56 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se cree el Fondo de Rescate a Pequeños Ahorradores del estado de Oaxaca, con un monto de 700 millones de pesos, en apoyo a los ahorradores defraudados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada: Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere una partida para capacitación, innovación y extensionismo rural de los recursos destinados al campo, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normatividad aplicable, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, sustentada en los siguientes

Considerandos

Entre los elementos indispensables para tener una vida digna, se encuentran disponer de agua, alimentos, desarrollo de capacidades y vivienda. El desarrollo de capacidades es un factor limitante, porque la escolaridad de nuestra gente es muy baja, especialmente entre los productores del campo, suya edad supera los 55 en el 75 por ciento de los casos.

De acuerdo con datos del INEA, más de 33 millones de mexicanos mayores de 15 años, no tienen la escolaridad mínima para sobrevivir dignamente, debido a que están en el supuesto de no saber leer o escribir, no haber terminado la primaria o la secundaria.

Esto explica en gran medida, la existencia de 20 millones de mexicanos en pobreza alimentaria; 26 millones en pobreza de capacidades; la existencia de 19 millones de personas que viven con menos de 57 pesos, de los cuales 11 millones no tienen ingresos.

Pero también, explica que más de 7 millones de jóvenes hoy no estudian ni trabajan y son presa fácil de la delincuencia.

La capacitación y asistencia técnica para el desarrollo rural son obligaciones del Estado, consagradas en el Capítulo III, artículos 41 a 52, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La asesoría técnica representa el 32 por ciento del éxito de los proyectos; un asesor aporta 21 por ciento de nuevo conocimiento pero los encuentros entre productores son responsables del 50 por ciento de éste.

Es importante mencionar que el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, el gobierno federal ha destinado una partida para el Programa de Extensionismo Rural, por un monto superior a los 3 mil 900 millones de pesos, cantidad que, considerando la situación que atraviesa el campo, resulta insuficiente para resolver el problema.

Este es un primer esfuerzo, que aunque es importante, no debe darse de manera temporal, ni por una cuestión inercial, por el contrario, debe ser el inicio de una gran reforma estructural en el campo nacional, aprovechando el potencial del capital humano que se encuentra disponible en las universidades y escuelas superiores vinculadas al campo.

La capacitación es fundamental para el desarrollo de habilidades de las personas, y la asesoría es la orientación técnica y la vigilancia indispensable para la ejecución de los proyectos y el logro de su mayor impacto.

Mientras más presupuesto se destine a la pobreza, más pobres hay, porque la mayoría de los programas masivos tienen una orientación asistencial, con apoyos materiales dispersos, poco integrados y que atienden efectos más que causas.

Los apoyos materiales prevalecen sobre los apoyos intelectuales, y por ello, el impacto logrado es reducido.

La capacitación y asistencia técnica representa en promedio un 10 por ciento del paquete tecnológico y es la responsable del correcto uso y aplicación del 90 por ciento restante. Un programa de apoyo sin capacitación y asesoría técnica es inconcebible, si de verdad se quiere promover el desarrollo.

Se estima que por falta de actualización de los paquetes tecnológicos y asesoría técnica se pierden más de 18,000 millones de pesos en insumos de más, movimiento innecesario de la tierra, variedades inadecuadas, desperdicio de agua en el riego y pérdidas en poscosechas.

La pérdida de agua, suelo, vegetación y especies de fauna y peces, aunado a la contaminación ambiental creciente, son problemas que no podemos dejar de ver.

Procampo y Oportunidades no cumplen su función, debido a que si bien son apoyos importantes, no tienen impacto en el desarrollo de procesos de autoproducción.

En otros países, los programas de vinculación que existen y permiten una integración entre los sectores universitarios o de enseñanza superior y el aparato productivo, dicho sistema ha permitido generar un efecto multiplicador que se traduce en un incremento de la capacidad productiva del sector.

La capacitación en el medio rural es un elemento que aún no ha logrado permearlo por completo, ello dificulta la posibilidad de implementar mejoras en los procesos de producción.

Por su parte, la innovación desvinculada del aparato productivo agropecuario es un componente poco aprovechado y que no aporta nada al sector agropecuario, resultado ser un componente que trabaja al margen de lo que ocurre en el campo nacional.

Es prioritario, fundamental y urgente, trabajar en la integración y buena estructuración de los elementos que giran en torno al sector primario, procurando que dicha homogenización se traduzca en un beneficio inmediato para las miles de familias que dependen de las actividades agropecuarias.

El objetivo de este planteamiento es que en el futuro inmediato, cuando menos el diez por ciento del equivalente al Programa Especial Concurrente se destine a los programas de capacitación, innovación y extensionismo rural, ello en el ánimo de procurar impulsar el crecimiento económico del sector rural.

El Programa de Extensionismo debe:

• Apoyar procesos organizativos, motivación y autoestima.

• Fomentar el conocimiento, manejo, aprovechamiento y conservación de recursos naturales.

• Impulsar el mejoramiento de la alimentación de las familias.

• Desarrollar una mayor tecnificación de procesos productivos.

• Integrar y desarrollar cadenas productivas y de suministro

• Mejorar la comercialización y aumentar los ingresos

• Impulsar la innovación tecnológica, organizativa, comercial, financiera y ambiental

• Crear y fortalecer microempresas campesinas rentables.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2011 se considere una partida destinada a la capacitación, innovación y extensionismo rural, en un porcentaje equivalente al diez por ciento de los recursos destinados al campo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para los institutos tecnológicos federales y descentralizados, a cargo de la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María Marcela Torres Peimbert, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos a considerar un incremento de recursos para el ejercicio presupuestal 2011 en el Ramo 11, Educación, para los institutos tecnológicos federales y descentralizados, con el propósito de fortalecer su equipamiento e infraestructura y ampliar su oferta educativa, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo tercero constitucional establece los criterios para impulsar y fortalecer el sistema educativo, para impulsar el adecuado desarrollo humano y económico del país.

A la luz de estos preceptos de amplia profundidad social, humanista, económica y política, establece en su fracción segunda que “el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Lo anterior son los fundamentos bajo los cuales, se establece el desarrollo científico y tecnológico del país y, por consiguiente de las empresas, por tanto, del desarrollo económico del país.

Lo anterior es una reflexión de amplia importancia, ya que el desarrollo económico del país, sólo es posible si se mejora la capacitación y formación de la planta productiva, lo que se traduce en mayor eficacia, productividad, crecimiento y expansión económica, así como del mejoramiento del nivel de vida, al generarse más empleo de calidad y bien remunerado.

En su fracción a), el artículo tercero también establece que la educación es democrática al igual que su acceso y define a la letra que “a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;” de ahí que la elaboración del presupuesto destinado a la educación, debe ser equitativo para hacer posible la igualdad y el desarrollo de la sociedad en equidad.

Si bien como régimen y estructura jurídica, así como de una forma de vida igualitaria, el Estado mexicano, tiene el deber y la obligación de generar expectativas de educación y oportunidades para todos; por ello, es un acto de justicia que la población tenga la oportunidad de ingresar a los institutos tecnológicos para que puedan desarrollar su habilidades y mejorar sus condiciones de vida al contar con una formación de calidad y que les prepara para enfrentar las dificultades que plantea el mercado laboral.

Lo anterior, cobra una amplia importancia si se considera que actualmente existen 129 Institutos tecnológicos descentralizados, 114 federales; 4 Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo; un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico y un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, donde cada año, se incorporan un número creciente de jóvenes que encontrarán una oportunidad de vida, pues difícilmente abandonarán sus estudios y será más difícil que engrosen las filas de las personas sin oportunidades en nuestro país, ya que dan espacio a 387, 414 jóvenes, lo que da una cobertura de 12.64 por ciento del total nacional, de los cuales 63 por ciento son hombres y 37 por ciento son mujeres, por lo que las cifras anteriores demuestran que se deben impulsar las acciones necesarias para que este balance entre hombres y mujeres, sea más equilibrado.

En este sentido, debemos considerar que el Sistema de Educación Tecnológica, es sumamente importante para el desarrollo del país ya que cuenta con 26 programas de licenciatura, 6 programas de competencia profesionales, 30 maestrías; 9 especialidades y 16 doctorados. Entre los cuales, se incluyen programas Agropecuarios y del mar, por tanto, no sólo se circunscriben a cuestiones industriales lo que hace su función social más importante para el desarrollo del país; sin embargo, a pesar de brindar oportunidades a cerca de 80,000 mil alumnos, son los centros educativos donde se manifiesta un mayor rezago presupuestal que puede impactar en la calidad educativa que otorgan a la sociedad.

Esta situación se ve reflejada en los montos destinados a los Institutos Tecnológicos en el Ramo 11, Educación Pública, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Específicamente para la Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos están previstos 470 millones de pesos; para el Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, equipamiento e infraestructura 70 millones de pesos; y para el Fondo de Apoyo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos Federales y Descentralizados, equipamiento e infraestructura 100 millones de pesos, lo que hace un total de 640 millones de pesos.

Los requerimientos presupuestarios para que los institutos tecnológicos sigan manteniendo sus programas de buena calidad, son del orden de mil millones de pesos, por lo que a través de esta proposición con punto de acuerdo se está solicitando un incremento de 500 millones de pesos, que sumados a los 640 millones de pesos propuestos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2011, hacen un total de 1140 millones de pesos.

Lo antes mencionado, se traduce en observar la fracción b) del tercero constitucional, la cual, establece que la educación “b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura,” lo anterior significa que la mejor forma de aprovechar nuestros recursos, sólo es posible si se desarrollan las áreas de la ingeniería que hacen posible su sustentabilidad; de ahí, que la independencia económica, solo es posible si se fortalece la innovación del sector productivo industrial, agropecuario y del mar.

Otro aspecto clave es que el artículo tercero constitucional, en su fracción quinta también prevé que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

Debemos considerar que los institutos tecnológicos, son centros educativos que permiten fortalecer el desarrollo nacional, por este motivo, es indispensable apoyarlos de manera tal que cumplan con la misión que tienen encomendada.

No olvidemos que la fracción VIII del mismo precepto constitucional, establece que el Congreso de la Unión, tiene la facultad de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedir las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, además de fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público.

Finalmente, es indispensable que las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, así como de Presupuesto y Cuenta Pública, analicen y aprueben, en el ámbito de sus atribuciones, los recursos suficientes para los Institutos de Educación Tecnológica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados a considerar un incremento de recursos del ejercicio presupuestal 2011 para los institutos tecnológicos federales y descentralizados en el Ramo 11, Educación, con el propósito de fortalecer su equipamiento e infraestructura y ampliar su oferta educativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada María Marcela Torres Peimbert (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir un centro de acopio maicero de Loma Bonita, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Se solicita la infraestructura adecuada para el acopio y beneficio de la producción de maíz de Loma Bonita, y obtener la producción de forma organizada de los productores de las diferentes localidades del municipio; que dé certeza a las empresas acopiadoras de maíz para establecer convenios de comercialización así como establecer contratos de compraventa con los principales compradores nacionales y extranjeros.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de $ 3, 484,336.00 (tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y seis mil pesos moneda nacional) para la construcción de dicha obra.

Palacio Legislativo, a los 15 días del mes de octubre de 2010.

Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir el hospital general de zona de Saltillo, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Héctor Franco López, integrantes de la coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, presentamos a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud, señala que: “la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; y el logro de más alto grado posible de salud es un objetivo social de la mayor importancia”.

La salud es un valor importante que sumado a otros que condicionan un bienestar general, se constituye como el indicador del logro de oportunidades para el desarrollo de los individuos en igualdad de circunstancias, luego entonces, la salud es un bien vital, que además de ser un bien biológico para que el individuo pueda desarrollarse de manera física y mental, también es un bien social y cultural imprescindible para la convivencia humana en sociedad.

El derecho a la salud conceptuado en diferentes declaraciones e instrumentos internacionales, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”. Y en el Pacto Social de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece que: “Los estados reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Para cumplir con estas disposiciones los estados firmantes, se comprometen a adoptar medidas adecuadas para garantizar este derecho, a través de acciones estratégicas como las siguientes: la atención primaria de la salud puesta al alcance de los individuos y de la comunidad; la ampliación de la cobertura de los servicios de salud a todos los individuos que habiten su territorio; inmunización total; la prevención y tratamiento de enfermedades endémicas y profesionales; la educación de la población sobre la prevención, y la satisfacción de necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo que por sus condiciones de pobreza son más vulnerables.

En México, para lograr alcanzar estos objetivos, se adicionó en 1983 un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece “Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud” ajustándose de esta forma a los lineamientos de los organismos internacionales en la materia, como son la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como, también los compromisos adquiridos en diversos tratados internacionales que sobre derechos humanos han sido adoptados por nuestro país.

Dentro de las instituciones públicas responsables de propiciar servicios de salud, tenemos las del gobierno federal a través de la Secretaría de Salud con la creación del Sistema Nacional de Salud, el cual se lleva a cabo en coordinación con los sistemas estatales y municipales.

Las instituciones de carácter social que participan en el Sistema Nacional de Salud, por lo general son financiadas por cuotas obrero-patronales y gubernamentales, y están constituidas por diversas instituciones de seguridad social Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), y en el estado de Coahuila por la Secretaria de Salud de la entidad.

El estado de Coahuila de Zaragoza, cuenta con una población aproximada de 2,495.200 habitantes de los cuales 90 por ciento de su población es urbana y solo 10 por ciento es rural. El municipio con mayor porcentaje de habitantes es Saltillo con 26.0 por ciento, seguido de Torreón con 23.1 por ciento y Monclova con 8.0 por ciento1

Hasta 2008 los datos emitidos por la Dirección General de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría de Salud federal nos permiten vislumbrar que en dicho año se contaba con una población de 2,601,884 habitantes de los cuales sólo 1,787,129 contaban con seguridad social y 814,755 sin seguridad social.

Lo antes mencionado nos brinda un panorama general respecto al tema de la salud y en particular de la impartida en el estado de Coahuila de Zaragoza, ya que desde la LX legislatura los diputados de Coahuila y el gobierno del estado se dieron a la tarea de luchar por mayores recursos para mejorar la calidad de infraestructura física hospitalaria. Dentro de los proyectos de inversión aprobados en los últimos presupuestos de egresos de la federación, han sido los siguientes a los que se les ha destinado recursos

Fuente. Elaborado con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y Presupuestos de Egresos de la Federación del 2006 a 2010.

Las gestiones realizadas por los diputados federales priistas, rindieron frutos el 15 de noviembre del 2009, al aprobarse recursos para un nuevo hospital general de zona de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Se obtuvieron recursos por 307 millones 141 mil 253 pesos, para construir el nosocomio, que tiene por objetivo solucionar la demanda hospitalaria de la ya mencionada ciudad y su área de afluencia.

El hospital de tercer nivel se planeó con 144 camas, y su edificación sería en un predio donado por el gobernador Humberto Moreira, ubicado en el centro metropolitano. De esta forma la capital de Coahuila tendría un hospital con un gran número de especialidades que desde hace 20 años demanda la población.

Originalmente se tenía programado el inicio de la construcción para el mes de noviembre del 2009, ya que se estaba en espera de la licitación de la obra por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero recientes declaraciones del delegado del IMSS, José Luis Dávila, señalan que la obra será suspendida por las precarias situaciones económicas de dicho instituto.

El costo total del hospital regional se presupuestaba en aproximadamente 800 millones de pesos, según lo proyectado hace más de año y medio, la decisión de suspender la construcción del hospital fue tomada a nivel central, a pesar de que ya se encontraba contemplada en el presupuesto de este ejercicio fiscal 2010.

Grave es la situación que enfrenta el estado de Coahuila de Zaragoza ante la necesidad de servicios hospitalarios para la población derechohabiente que cubre con sus cuotas mensuales para el IMSS. Actualmente Coahuila cuenta con siete hospitales generales de zona, dos de los cuales están en Saltillo (el 1 y el 2), ambos de segundo nivel, mientras que las unidades de medicina familiar 70, 73, 82 pertenecen al nivel de atención uno.

El gobierno estatal cumplió con la parte que le correspondía al hacer la donación de un terreno con valor catastral de 45 millones de pesos, desgraciadamente el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, está incumpliendo con lo que le corresponde.

No podemos permitir que un derecho consagrado en nuestra Constitución, ante la petición legitima de nuestra población coahuilense, se vea agredido por las decisiones unilaterales tomadas por el gobierno federal, si es verdad que el instituto no cuenta con los recursos suficientes para dar inicio a una obra ya presupuestada, deberán tomarse las medidas necesarias que permitan que los subejercicios de otras instituciones sean destinados a aquellas de las cuales depende la vida de miles de mexicanos.

Es por lo anteriormente expuesto, resulta sumamente importante que se respete lo aprobado por esta soberanía.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a que se liberen los recursos autorizados por esta Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, para la construcción del hospital general de zona en la ciudad de Saltillo, con capacidad para 144 camas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un monto por 307 millones, 141 mil 253 pesos.

Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados se asignen recursos complementarios dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, para la continuación de la construcción del hospital general de zona en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Notas

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre del 2010.

Diputados: Rubén I. Moreira Valdez (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para proyectos demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y municipios del país, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Norma Sánchez Romero de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se incluyan los recursos a que hace referencia el artículo 11 transitorio de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética para ser destinado a proyecto demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y municipios de nuestro país, con base en las siguientes:

Consideraciones

El fenómeno del cambio climático está afectando en forma importante las variaciones de clima en nuestro país, fenómeno que es originado fundamentalmente por la producción y consumo de energía fósiles.

El cambio climático se reconoce como el reto más importante para la humanidad en el siglo XXI, ya que al progresar los niveles de desarrollo humano y bienestar esperados socialmente, manteniendo la estabilidad y el crecimiento económico sin alterar el sistema climático, representa un inmenso desafío.

Que a nivel mundial una de las estrategias para combatir los efectos del cambio climático y reducir la dependencia de las energías fósiles, consiste en implementar políticas y destinar recursos para la generación de energía renovable o energía limpia.

En ese sentido, en el año de 2008 fue publicada la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, misma que en su artículo 11 transitorio establece lo siguiente:

“Décimo Primero. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, se destinarán tres mil millones de pesos para el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. ´

“Antes del 30 de junio de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidará la información sobre las provisiones de recursos del sector público incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a que se refiere el artículo 24 de esta ley. Con base en dicha información se establecerá el monto mínimo de recursos a ser programado en los subsecuentes ejercicios fiscales. La información antes señalada se enviará al Congreso de la Unión para su conocimiento.´

Además, para cada uno de los ejercicios fiscales del 2010 y 2011, el monto propuesto en el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el fondo a que se refiere el artículo 27 de esta ley será de tres mil millones de pesos. El monto anterior deberá actualizarse por la variación esperada del Índice Nacional de Precios al Consumidor entre 2009 y el año que se presupuesta.”

Existe en nuestro país, una gran área de oportunidad para es impulsar el desarrollo de la generación eléctrica a partir de la fuente solar y eólica para fortalecer el desarrollo de la industria y la seguridad energética del país.

Considerando la capacidad energética del sol, la cual perdurará durante millones de años, así como la privilegiada ubicación de México en el globo terráqueo, la cual permite que el territorio nacional destaque en el mapa mundial de territorios con mayor promedio de radiación solar anual, con índices que van de los 4.4 kWh/m2 por día en la zona centro, a los 6.3 kWh/m2 por día en el norte del país, resulta fundamental la adopción de políticas públicas que fomenten el aprovechamiento sustentable de la energía solar en nuestro país.

En el caso de México, prácticamente todas las instalaciones fotovoltaicas que existen en el país se encuentran en comunidades rurales aisladas de la red eléctrica, y muchas de ellas fueron instaladas por medio de programas gubernamentales de electrificación rural, como el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco).

De 1993 a 2003, la capacidad instalada de sistemas fotovoltaicos en el país se incrementó de 7 a 15 MW, generando más de 8,000 MWh/año para electrificación rural, bombeo de agua y refrigeración, mientras que actualmente se estima que la capacidad total de estas instalaciones es de 18.5 MW, que generan en promedio 8,794.4 MWh por año.

Para sistemas termosolares, a finales de 2004 se tenían instalados a nivel global 164 millones de m2 de área de captación, correspondientes a una capacidad instalada de cerca de 115,000 MWh, mientras que en México se tenían instalados más de 650,000 m2 de calentadores solares planos, generando más de 3.1 PJ por año para calentar agua.

Asimismo, en México se han identificado diferentes zonas con potencial para la explotación eólica para la generación eléctrica, como en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, La Rumorosa en el estado de Baja California, así como en los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, y en la península de Yucatán, entre otros. Estas zonas podrían aportar hasta 10,000 MW de capacidad al parque eléctrico nacional.

De acuerdo con lo anterior y atendiendo la importancia estratégica del aprovechamiento de las energías renovables para nuestro país, se busca constituir el fondo a que hace referencia la ley antes mencionada para impulsar el desarrollo de proyectos demostrativos de generación de electricidad con fuentes renovables en los estados y municipios de México.

Consideramos que los recursos deben canalizarse a realizar proyectos demostrativos en estados y municipios de México, en virtud de que es en dentro de dichas jurisdicciones donde se encuentran los recursos renovables más importantes y además con ello se estaría fortaleciendo el desarrollo regional en nuestro país y la creación de empleos, por otro lado, se fomenta la aceptación social a esta nuevas tecnologías.

De acuerdo con lo anterior, la propia Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética da la pauta para la participación de estados y municipios, en los términos siguientes:

Artículo 8. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Energía, podrá suscribir convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación en su caso de los municipios, con el objeto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. Establezcan bases de participación para instrumentar las disposiciones que emita el Ejecutivo federal de conformidad con la presente ley;

II. Promuevan acciones de apoyo al desarrollo industrial para el aprovechamiento de las energías renovables;

III. Faciliten el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes de energías renovables para su aprovechamiento y promuevan la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines;

IV. Establezcan regulaciones de uso del suelo y de construcciones, que tomen en cuenta los intereses de los propietarios o poseedores de terrenos para el aprovechamiento de las energías renovables, y

V. Simplifiquen los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias para los proyectos de aprovechamiento de energías renovables.

En virtud de lo anterior, respetuosamente propongo se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Energía de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2011, se incluyan los recursos a que hace referencia el artículo 11 transitorio de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética para ser destinados a proyecto demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y municipios de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto someto a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía de la H. Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se incluyan los recursos a que hace referencia el artículo 11 transitorio de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para ser destinado a proyecto demostrativos de generación de energía eléctrica con fuentes renovables en estados y municipios de nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo San Lázaro, el día 19 de octubre de 2010.

Diputada Norma Sánchez Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el cultivo, industrialización y comercialización de piña MD2, a cargo de la diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Juanita Arcelia Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Se solicita contar con los medios de producción suficientes que permitan al grupo de productores comercializar la producción del cultivo como fuente de ingresos del proyecto generar y sostener los empleos permanentes en beneficio de los productores, establecer hectáreas del cultivo que formen el activo inicial para desarrollar la capacidad productiva y la comercialización nacional y de exportación.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la programación de $ 37 ,238,168.84 (treinta y siete millones doscientos treinta y ocho mil ciento sesenta y ocho pesos 84/100 moneda nacional) para la realización de dicha obra.

Palacio Legislativo, a los 15 días del mes de octubre de 2010.

Diputada Juanita Arcelia Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la introducción de líneas de refuerzo para agua potable en el sector sur-oriente de Matamoros, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se autoricen recursos suficientes para la introducción de líneas de refuerzo para agua potable en colonias del sector sur oriente de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como bien es sabido, el crecimiento del número de habitantes en las diversas zonas tanto rurales como urbanas, requieren de un mayor incremento en la prestación de los servicios, y de mejoras en sus infraestructuras para poder brindar a las sociedades los elementos mínimos para su desarrollo y crecimiento.

Si bien, las localidades que más se han visto afectadas por la falta de inversión son aquellas que se ubican o se encuentran más alejadas del centro de la capital del país, donde a simple vista puede observarse ese cambio que en ocasiones es tan repentino, la infraestructura por un lado, comienza a tener menor mejora, en ocasiones contando sólo con caminos de terracería, lo cual provoca que el desarrollo de esas regiones se vea limitado a los pocos accesos a los que se tengan disponibles, o en ocasiones los nulos, porque no llegan a tener alguno que fomente el intercambio de personas y productos.

Asimismo, las localidades, pueden enfrentar problemas de salud pública, sino se les dota o garantiza que contarán agua potable, la cual es un elemento esencial en su vida diaria, porque si no se cuenta con este servicio, estaremos presenciando focos rojos de infección en localidades pertenecientes al sur oriente de Matamoros.

Es importante mencionar primeramente que con la introducción de líneas de refuerzo de 8 pulgadas para agua potable en colonias del sector sur oriente de Matamoros, 55 mil habitantes serán beneficiados, quienes habitan en las colonias Ampliación Solidaridad, Abelardo de la Torre, Las Palmitas, La Amistad, Vista del Sol, México, San Miguel, Fraccionamiento Estancias Residencial, Valle de Anahuac, entre otras.

Además podemos mencionar que el estudio de costo-beneficio permitirá que las obras en cuestión reduzcan las pérdidas ocasionadas por la sedimentación de sólidos en las líneas al no haber recirculación del agua, siendo impactado en los costos de producción y de distribución de los rebombeos a la red (energía eléctrica, insumos para la potabilización, mano de obra, etc.); mejorando con esto, la calidad del agua y garantizando la presión optima en el suministro.

Una vez que se lleven a cabo las obras de introducción de líneas de refuerzo de 8 pulgadas para agua potable, se garantizará la calidad y el suministro en las colonias del sector sur oriente de la ciudad de Matamoros, así como en los nuevos desarrollos habitacionales

Es importante mencionar que el gobierno municipal de Matamoros, actualmente cuenta con un proyecto ejecutivo en el cual se tiene considerado que la introducción de las líneas de refuerzo para agua potable tendrían un costo total de 6 millones 132 mil 259.00 pesos, proyecto que se desglosa después de llevar a cabo los estudios correspondientes en el municipio de Matamoros.

De esta manera, se plantea la que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en las adecuaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011, se autoricen recursos hasta por 6 millones 132 mil 259.00 pesos para la introducción de líneas de refuerzo para agua potable en colonias del sector sur oriente de Matamoros, Tamaulipas.

Cabe recordar, que el estado de Tamaulipas es uno de varias estados que se han visto gravemente afectados por los fenómenos meteorológicos de este 2010, y que la no inversión en las diversas localidades, y en especial en el municipio de Matamoros, puede agravar la situación por la que atraviesa su población.

Es por lo planteado que someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en las adecuaciones al PEF de 2011 se consideren los recursos necesarios y que han sido expuestos en las consideraciones, para la introducción de líneas de refuerzo para agua potable en colonias del sector sur oriente de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos, propuestas de financiamiento, programas, obras y proyectos para Zacatecas, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado de la LXI Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Durante la última década se han visto grandes cambios en el contexto macroeconómico, político y social. Frente a esta realidad es importante y se hace necesario desarrollar procesos de cambio rural que ofrezcan la posibilidad de armonizar estas fuerzas de índole económica neoclásica y de libre mercado, con la equidad social y la conservación de los recursos naturales, sin los cuales es imposible lograr un desarrollo rural sostenible y equitativo.

En el contexto político e institucional, se ha iniciado un proceso de modernización y reforma del Estado. Dos políticas dentro de este proceso, la de la privatización de los servicios de investigación y extensión agrícola y la de la descentralización administrativa, están teniendo efectos profundos sobre la forma en la cual se encara el desarrollo rural. Por un lado, la privatización de la mayoría de las empresas y servicios estatales ha reducido el nivel de apoyo estatal para el desarrollo rural, y las instituciones locales, gubernamentales y no gubernamentales, están jugando un papel cada día mayor en la generación de alternativas tecnológicas, la extensión agrícola, y en general el desarrollo del sector agroempresarial.

Por otro lado, se ha iniciado un proceso de descentralización administrativa el cual promueve el desarrollo desde lo local y abre nuevos espacios para la planificación de actividades de desarrollo rural con una mayor participación de los actores locales en la toma de decisiones. Este proceso de descentralización crea las condiciones y favorece una mayor participación de los actores locales en todos los procesos. Sin embargo, este contexto requiere de la construcción de una nueva institucionalidad para el apoyo a las iniciativas agroempresariales rurales, la cual sea efectiva, equitativa y sostenible en el largo plazo.

La sociedad también se ha ido transformando a pasos acelerados en la última década, lo cual ha traído cambios significativos en la demanda de bienes y servicios, y especialmente en los hábitos y preferencias de los consumidores. Estos cambios en hábitos están creando nichos crecientes de mercado para frutas exóticas, plantas aromáticas y medicinales, frutas y hortalizas orgánicas, y materias primas naturales. Sin embargo, los productores y empresarios a pequeña escala enfrentan numerosas barreras para el aprovechamiento de estas nuevas oportunidades de mercado.

El reto de lograr un desarrollo rural sostenible, el cual contribuya al alivio de la pobreza con equidad y sin deteriorar los recursos naturales, en este nuevo contexto macroeconómico, político y social, requiere de un nuevo paradigma el cual busque construir habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades a nivel local para aprovechar éstas nuevas oportunidades de mercados, tecnología e información que se presentan. En la parte productiva se requiere de una diversificación de los sistemas de producción y la generación de valor agregado a la producción primaria.

Adicionalmente, para lograr procesos de desarrollo equitativos que beneficien a los pequeños productores rurales es necesario promover un sector rural organizado, con alto capital social y ligado a mercados en crecimiento, lo cual puede ser una estrategia efectiva de desarrollo rural y favorecer la sostenibilidad productiva y socioeconómica del sistema.

Por estas razones se puede concluir que uno de los componentes claves para el desarrollo rural y particularmente del sector empresarial rural es el sistema de apoyo. Estos servicios son esenciales para facilitar y promover el desarrollo empresarial en una región y desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y aptitudes en los agroempresarios existentes y potenciales para aprovechar las oportunidades de mercado, así como las nuevas tecnologías de producción, manejo poscosecha y procesamiento para ser más competitivos.

El aprovechamiento de estas oportunidades requiere del desarrollo de una estrategia competitiva exitosa la cual ofrezca respuestas ágiles a las oportunidades identificadas. Esta estrategia debe estar basada en la competitividad y una actitud agresiva y proactiva para entrar y permanecer en el mercado. Para esto se necesitan diferentes componentes como son la diferenciación de productos, información actualizada del mercado, productos de calidad, diseño de marcas, empaques y de manera prioritaria un presupuesto para el campo muy amplio que permita generar las condiciones necesarias de progreso y crecimiento. Sin embargo, estas capacidades todavía están lejos de la realidad de muchas empresas rurales hoy en día, sobre todo en las zonas menos favorecidas, más remotas y más pobres del país.

Es por eso que se necesita una mayor cantidad de recursos destinados al campo y es necesario que nosotros los legisladores federales de la nación, actuemos con responsabilidad ante este sector estratégico del país.

Consideraciones

Para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), que aglutina todos los recursos que se canalizan al campo se presenta al honorable Congreso para el año 2011 la cantidad de 259,852 millones de pesos, lo que equivale a un decremento del 3.2 por ciento respecto al presupuesto del presente año (8,555 millones de pesos).

En 2010, se presentaron 16 programas dentro del PEC y para el 2011 se reducen a 14 programas. Los que presentan un decremento en el presupuesto, los de mayor decremento son: programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural con una disminución del 51.4 por ciento; Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura con menos 37.2 por ciento y Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo con menos 27.7 por ciento

Ante estos decrementos, es importante enmendar la plana al ejecutivo respecto a la puesta en marcha de un incremento de recursos hacia el campo mayor a lo que establece la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación. Demostrando con ello que el legislativo es consciente de que para poder desarrollar a este país, es necesario invertir en el sector primario, ya que con estas acciones se podrá reducir el rezago social que tenemos en el campo.

Las organizaciones campesinas normalmente son receptoras de los recursos económicos de programas diseñados desde el gobierno. Para ello se tienen los espacios de participación como es el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, pero se requiere consolidar la participación de los productores. Por ello; es necesario, implementar las políticas y programas que los productores consideran pertinentes para el desarrollo rural en especial de Zacatecas, estado que orgullosamente represento y que requiere de una mayor atención por parte de la federación y en especial el campo, a fin de combatir la migración que es característica de la región.

En Zacatecas de su superficie total (7,531.3 miles de hectáreas), 4,904.2 miles de hectáreas las ocupan las unidades de producción; 2,552.8 miles de hectáreas son de uso común de la propiedad social; 74.3 miles de hectáreas corresponden a propiedad pública, áreas urbanas y rurales, infraestructura y derechos de vía.

Es una entidad que se caracteriza por ser agrícola, ocupando el 7o. lugar a nivel nacional; sin embargo al paso de los años ha disminuido esta ventaja competitiva, por ejemplo: en la producción de legumbres, se ocupaba de la producción total del estado el 56.7 por ciento en 1986, para 2006, esta producción ha descendido a ocupar el 32.28 por ciento de la producción total, claras muestras de los efectos por la falta de apoyos al campo y reflejo de la política de abandono al campo que se tiene por parte del gobierno federal.

La participación de mi estado en la producción nacional de chile seco es de 46.43 por ciento; de frijol es del 29.58 por ciento; ajo 28.01 por ciento y de tuna un 24.54 por ciento, sin olvidar que en la agricultura se tiene una participación importante de los demás productos de consumo nacional. Así también se cubre de manera importante la producción pecuaria como la leche, carne, huevos, miel, cera, lana, etcétera.

No hay que perder de vista que estas cifras comparadas con el Producto Interno Bruto (PIB) no son las necesarias para fortalecer a nuestro país; esto debido a que el campo no es importante en la visión que se tiene de país, misma que nos está llevando a un grave problema. Véase cuadro 1.

Cuadro 1: Participación Agropecuaria y de Zacatecas en el PIB nacional.

Fuente: Inegi 2009. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2008. Año base 2003.

Con estos datos expongo ante ustedes la necesidad de fortalecer más al campo, sabiendo que con ello se beneficia a toda la nación y al campo zacatecano, este apoyo de los legisladores será erogando más recursos a fin de poder llevar a cabo políticas que se han quedado paradas por falta de recursos y podrían maximizar los recursos destinados a la Sagarpa y en especial al PEC, se necesita fortalecer políticas como:

Seguridad alimentaria. Mediante el apoyo en equipamiento, asistencia técnica y crédito para aumentar la productividad del frijol, chile, forrajes, tunas, guayaba, ajo, tomate y otras hortalizas, carne de bovinos, ovino y caprinos, producción acuícola y apícola, entre otros. De esa manera aumentar el ingreso de los productores y asegurar la sustentabilidad.

Seguridad del agua. Con cosecha de agua para recuperar los mantos acuíferos, haciendo un uso eficiente del agua y mejorando la productividad de la misma. Inversión en la infraestructura hidroagrícolas mediante la tecnificación del riego y construcción de presas donde sea posible.

Seguridad energética. Mediante el uso de fuentes alternativas de energía como la eólica, solar y de biomasa.

Seguridad pública. Dando certidumbre a la propiedad e inversión en el campo, para fomentar las inversiones y la generación de empleo.

Para el logro de estos objetivos en el estado de Zacatecas se requerirá de enviar recursos adicionales al campo, en especial a las siguientes entidades, a fin de que se beneficie con los siguientes montos al campo zacatecano:

Para ello los recursos se destinarán de la siguiente manera:

Presupuesto para Conagua

Presupuesto para Conafor

Por último es necesario que se consideren los siguientes proyectos estratégicos para el estado de Zacatecas:

Por lo que proponemos a esta soberanía de la LXI Legislatura, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Exhortar a las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a las comisiones ordinarias relacionadas con el campo, para que se aprueben recursos y propuestas de financiamiento, programas, obras, y proyectos, que impulsan las organizaciones campesinas, para el estado de Zacatecas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de octubre de 2010.

Diputado. Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se asignen recursos adicionales a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), al tenor de las siguientes

Consideraciones

Inicio la presentación de esta proposición, recordando que nuestro país lleva a cabo dentro de sus funciones la actividad de otorgar refugio a aquellas personas que se han visto amenazadas en su integridad o vida, por motivos de persecución.

Esta actividad, de recibir las propuestas de aquellas personas que se han visto obligadas a solicitar ser reconocidas como refugiados, está a cargo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que es dependiente de la Secretaría de Gobernación, actualmente el presupuesto que se destina para esta actividad, resulta ser limitativo, toda vez que para poder dar una atención más eficaz y eficiente se requiere en su momento de mayores recursos en función de los resultados que se esperan obtener.

Lo anterior, obedece a que con la aprobación del dictamen para crear la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y que se emitió el estudio de impacto presupuestario el cual arrojó el resultado que dicha ley no traería mayores costos para el gobierno federal, si debemos considerar el poder dotar de mayores recursos a la COMAR, para que pueda ser más eficiente y eficaz de lo que ya llevan a cabo en la atención a las personas y brinde mejores resultados a los que actualmente ya se tienen, toda vez que esta comisión presenta una reducción de cerca de 3 millones de pesos para el capítulo 1000.

Como bien es sabido, el capítulo 1000, representa todo aquello que tiene que ver con los recursos humanos, y que en la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo presenta una disminución de cerca de tres millones de pesos, implicaría que se tendrían que hacer ajustes en este capítulo y en su caso reducir el número de empleados para llevar a cabo la implementación de la política sobre refugiados.

Por otro lado, debo mencionar que derivada de la visita de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2007, se anunció la reducción gradual de los recursos para atención a solicitantes de refugio y refugiados por parte del ACNUR hasta su retiro definitivo.

De lo anteriormente comentado, debo resaltar que uno de los objetivos e intereses que apoyaron la aprobación de la iniciativa que expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, fue que debía garantizarse que los solicitantes contarían con los apoyos para su subsistencia, pensión, alojamiento, medicamentos, consultas médicas y psicológicas, atendiendo de conformidad lo que se establece en el artículo 79 del reglamento de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Asimismo, debo mencionar que a través de estos apoyos a los solicitantes de la condición de refugio y refugiados, la Secretaría de Gobernación estaría dando cumplimiento a ordenamientos legales de carácter internacional que nuestro país ha suscrito, al mismo tiempo que se contribuiría al compromiso del presente gobierno con la protección y garantía de los derechos humanos.

Cabe mencionar, que el número de solicitantes ha ido en aumento, para 2009 se presentaron 680 solicitudes y para el mes de julio de 2010 de 440, como puede entenderse, se esperaría que el número de personas que requieran iniciar este proceso pueda ser mayor con respecto a 2009.

Derivado de lo anterior, es que considero se debe asignar una cantidad adicional al PEF 2011, destinado a la COMAR, para buscar cuenten con los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones ante los nuevos retos y exigencias que tendrán que enfrentar el próximo año, en caso que el Senado de la República, ratifique el dictamen que se ha aprobado en comisiones por el que se expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

Los recursos que se requieren, oscilarían los cerca de 10 millones de pesos etiquetados directamente al presupuesto de la COMAR, distribuido en sus capítulos 1000 (para la contratación de personal), toda vez que la propuesta de gasto para el siguiente ejercicio fiscal presenta una disminución de aproximadamente 3 millones de pesos, que sin esos recursos se verán afectados en materia de recursos humanos y de las acciones para apoyar el mejor funcionamiento de esta área encargada de atender a los extranjeros que vienen huyendo de su país de origen o residencia habitual y buscar la asignación de recursos para solventar la disminución de ingresos que se obtenían por las transferencias que realizaba el ACNUR, para de esta manera cubrir los costos que representa el alojamiento de los extranjeros, subsistencia, pensión, medicamentos, consultas médicas y psicológicas en lo que se resuelve su petición, así como de brindarles la asistencia necesaria, con apego a sus derechos humanos.

Lo anterior permitiría que las resoluciones y la atención a las solicitudes que se presenten, sea en un periodo de tiempo más corto y sobre todo, pudiendo brindar una mejor atención a los solicitantes para ser reconocidos como refugiados. Y de esta manera garantizaríamos la congruencia en que si bien se creará una ley específica debemos garantizar que cuenten con los recursos para que el personal que opera la política por lo menos no sea menor al que ahora la implementa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que considere en la discusión y adecuación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, la asignación de 10 millones de pesos adicionales para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para que se etiqueten directamente a los capítulos 1000 y para cubrir los costos de atención a los solicitantes que requieren ser reconocidos como refugiados y que considera las acciones antes mencionadas, los cuales serían de control directo de la misma comisión e independiente del presupuesto que se tiene como propuesta de la Secretaría de Gobernación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para adquirir y operar cámaras de seguridad en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Exposición de Motivos

La Ciudad de México, al igual que otras grandes conglomeraciones urbanas del mundo, es víctima de la inseguridad. Organizaciones de la macrodelincuencia nacional e internacional con asiento en la zona metropolitana y entidades vecinas trafican con drogas, mercancías, automóviles y personas. También las bandas locales tienen un amplio rango de actividades ilícitas lo que genera en conjunto, un ambiente delictivo que potencia las oportunidades de la delincuencia menuda y oportunista. La diversidad de entornos inseguros, la facilidad de desplazamiento de quienes delinquen por las vías rápidas de la ciudad y el traslape de los límites entre demarcaciones capitalinas y entidades federativas vecinas, ofrecen vacíos de vigilancia que son aprovechados para delinquir y victimar a la población.

La Ciudad de México en su calidad de capital de la República Mexicana, es centro de la vida política, social y económica del país, razón por la cual en ella se concentran más de 80 embajadas, 100 inmuebles pertenecientes a la administración pública federal, más de 80 edificios de entidades paraestatales y organismos descentralizados, así como los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos. Dicha concentración ofrece riesgos que las organizaciones criminales pueden aprovechar para poner en peligro vidas humanas y amenazar el propio funcionamiento de entidades de gobierno o sedes de representación diplomática, infringiendo daños graves a la infraestructura o la vida política del corazón del país.

Por ello, con el objetivo de incrementar la capacidad de vigilancia en la ciudad y sus delegaciones, el Gobierno del Distrito Federal inició el Programa Bicentenario Ciudad Segura, una solución integral de prevención y atención inmediata de emergencias de carácter delictivo, desastres naturales, disturbios sociales, accidentes viales y urgencias médicas.

Este programa tiene como objetivo mejorar la capacidad del gobierno de la ciudad para responder de manera eficiente y eficaz a las diversas situaciones de crisis. Sus propósitos específicos son monitorear zonas conflictivas o estratégicas para reducir la incidencia delictiva, elevar la capacidad de respuesta para atender emergencias y proporcionar mejor atención a la seguridad ciudadana.

El Programa Bicentenario Ciudad Segura es un plan de tecnología de punta aplicada. Contempla la colocación de videocámaras en puntos estratégicos de la ciudad monitoreados a través de centros de comando y control. La instalación de las cámaras comenzó en el año 2009 y se tiene programado que, al cierre del año 2010, haya 6,000 cámaras en la ciudad. Así mismo, se han construido en los últimos dos años cinco centros de comando y control (C2 norte, C2 centro, C2 sur, C2 poniente y C2 oriente); y se ha entrenado a cerca de 2 mil policías encargados del manejo de los sistemas.

Considerando la necesidad de concluir la instalación de 2,088 cámaras de seguridad para llegar al total de 8,088 previstas en el programa.

Y además que en el 2011 se deberá poner en marcha:

1. Un Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Inteligencia, Integración, Información e Investigación (C4i4).

2. Dos Centro de Comando y Control (C2) móviles.

3. Anillo primario de fibra óptica.

4. 200 cámaras de reconocimiento de placas.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a efecto de que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 considere en el ramo 23 la programación de 3,000 millones de pesos en el rubro de Aportaciones a las Entidades Federativas para la adquisición y operación de cámaras de seguridad en el Distrito Federal.

Presentado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para fortalecer las actividades de los grupos protectores de migrantes, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la que suscribe Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada a la LXI Legislatura, del Grupo Parlamentario del PAN, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los Grupos Beta, han desarrollado actividades de relevancia a través de los años, con el apoyo que brindan día con día a los migrantes que se encuentran en un estado de vulnerabilidad en nuestras fronteras, en su intento de cruzar hacia Estados Unidos de América.

Es un grupo que si bien, forma parte de un programa y aunque los recursos asignados año con año, no necesariamente son los suficientes para poder brindar los servicios y acciones que se requieren y apoyar a todo aquel que lo requiera, sea nacional o extranjero.

E l, preocupado por el bienestar y la salud de los migrantes, en 1990 el Instituto Nacional de Migración funda el Grupo Beta Tijuana, teniendo como principal objetivo, salvar la vida de los migrantes en peligro en las zonas de riesgo. Su labor arrojó resultados admirables ya que muchas vidas fueron salvadas, por lo que se buscó dar un mayor impulso a este proyecto.

Para 1994 se forma el Grupo Beta Nogales y en 1995 dos grupos más, uno en Tecate y el segundo en Matamoros, actualmente funcionan 16 Grupos en las fronteras norte y sur de nuestro país. Después de 20 años de existencia.

Con los recursos asignados, se ha buscado capacitar a los agentes beta y proveerlos de mejor equipo para optimizar su labor. Como parte de la capacitación se les entrena en técnicas de orientación y búsqueda, rescate terrestre y acuático, primeros auxilios, conocimientos básicos de derechos humanos, asistencia social y sistemas de comunicación, que permiten que día a día se ofrezca un servicio altamente profesional y de gran beneficio para la comunidad migrante.

Después de 20 años de existencia y consientes de la importancia de este programa, en este año se pondrán en marcha cuatro Grupos más en el sur de nuestro país, lo que representa un crecimiento del 25 por ciento a nivel nacional.

Asimismo, las bases legales que dan sustento a la existencia de los grupos beta, lo constituyen los artículos 137 y 138 del Reglamento de la Ley General de Población; Grupos de Protección al Migrante es el nombre con el que se les denomina en dicho reglamento:

Artículo 137. La Secretaría podrá crear Grupos de Protección a Migrantes que se encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos humanos, así como de su integridad física, con independencia de su nacionalidad y de su condición de documentados o indocumentados; dichos Grupos se crearán en el marco de los Acuerdos de Coordinación que para el efecto se celebren con los ejecutivos de las entidades federativas, considerando, en todo caso, la participación que corresponda a los municipios.

Artículo 138. El instituto coordinará la operación y funcionamiento de los grupos a que alude el artículo anterior, y en los mismos podrán participar, de manera conjunta, elementos de seguridad pública de los niveles federal, estatal y municipal.

Es por lo anterior, y derivado que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, no se incluyen recursos específicos para los grupos beta, considero pertinente y necesaria la asignación de una cantidad que esté focalizada a reforzar sus actividades y tener una mayor cobertura o presencia en la franjas fronteriza, y más aún si se está considerando la creación de dos grupos adicionales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, enviado por el Poder Ejecutivo, se consideren los recursos necesarios para reforzar las actividades y apoyos que brindan los grupos de protección a migrantes (Grupos Beta).

Dado en el Palacio Legislativo, el 19 de octubre de 2010.

Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para el ramo 12, “Salud”, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con objeto de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere en las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres la ampliación de novecientos setenta y un millones al Ramo 12, “Salud”, conforme a las siguientes

Consideraciones

El derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo 2 constitucional, lo que obliga al Estado mexicano a generar las condiciones para que todos los individuos, tanto mujeres como hombres, tengan acceso a los servicios de salud y alcancen una vida saludable.

Pero en México, la situación de la salud de las mujeres se mantiene rezagada en muchos rubros, un indicador claro de esta situación es la tasa de mortalidad materna que sigue siendo muy elevada para un país como el nuestro, considerado de desarrollo medio. En 2009 esta tasa es de 62.8, mujeres que mueren por cada diez mil, cuando entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se planteó como meta lograr una tasa de 22.3.

Por ello, es importante reforzar el papel del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva; el cual tiene la rectoría de los programas Arranque Parejo en la Vida, Cáncer Cérvico Uterino, Cáncer de Mama, Planificación Familiar y Anticoncepción, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género e Igualdad de Género en Salud.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el 29 de septiembre pasado se signó el Decálogo por la Salud en la honorable Cámara de Diputados, donde se establece el compromiso de “pugnar por un presupuesto que asegure recursos financieros que respalden la oferta de bienes y servicios de salud para toda la población”.

La falta de garantía del derecho a la salud de las mujeres implica el incumplimiento del Estado mexicano de sus obligaciones como Estado parte de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en particular del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador; y recientemente, los compromisos asumidos como Estado parte de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y el Consenso de Brasilia donde se establece el acuerdo de “promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. En dicha conferencia los Estados también asumieron el compromiso de “incluir, en los presupuestos nacionales y subnacionales, recursos suficientes para la ampliación de la oferta pública de servicios de calidad para la atención integral de la salud de las mujeres [...]”

Cabe señalar que en el proyecto de Presupuesto Federal de 2011 turnado por el Ejecutivo a esta soberanía, los recursos asignados a este rubro se han reducido, lo cual afecta de manera directa la garantía y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, e impide el cumplimiento del Estado mexicano de los Objetivos de Desarrollo del Milenio números 5 y 6.

La distribución de recursos será de acuerdo a las siguientes acciones estratégicas:

1. Cáncer cervicouterino: 198.3 mdp

2. Cáncer de mama: 157.95 mdp

3. Planificación familiar y anticoncepción: 177.2 mdp

4. Violencia familiar y de género: 69.07 mdp

5. Arranque parejo en la vida: 285.5 mdp

6. Programa piloto del modelo de reeducación de víctimas y agresores de violencia de género: 3.0 mdp

7. Prevención de adicciones con perspectiva de género: 20.0 mdp

8. Prevención y atención del VIH – SIDA con perspectiva de género: 20.0 mdp

9. Operación del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas-INER: 40.0 mdp

Por lo expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, considere en las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres la ampliación de novecientos setenta y un millones al Ramo 12, “Salud”.

Presentado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2010.

Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para dotar de drenaje sanitario y de agua potable a Xicoténcatl, Tamaulipas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Norma Leticia Salazar Vázquez, diputada federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de Federación de (PEF) 2011 se autoricen recursos suficientes para la realización de obras en infraestructura e inversión en infraestructura hidráulica del municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como bien es sabido, el crecimiento de del número de habitantes en las diversas zonas tanto rurales como urbanas, requieren de un mayor incremento en la prestación de los servicios, y de mejoras en sus infraestructuras para poder brindar a las sociedades los elementos mínimos para su desarrollo y crecimiento.

Si bien las localidades que más se han visto afectadas por la falta de inversión son aquellas que se ubican o se encuentran más alejadas del centro de la capital del país, donde a simple vista puede observarse ese cambio que en ocasiones es tan repentino, la infraestructura por un lado, comienza a tener menor mejora, en ocasiones contando sólo con caminos de terracería, lo cual provoca que el desarrollo de esas regiones se vea limitado a los pocos accesos a los que se tengan disponibles, o en ocasiones los nulos, porque no llegan a tener alguno que fomente el intercambio de personas y productos.

Asimismo, las localidades no pueden enfrentar problemas de salud pública si no se les dota o garantiza que contarán con drenaje para la descarga de las casas y con agua potable, los cuales son elementos esenciales en su vida diaria, porque si no se cuenta con estos servicios, estaremos presenciando focos rojos de infección en localidades como en las colonias Ricardo Flores Magón, Ampliación Moctezuma y Joaquín Antonio Amaral e Independencia 1 y 2, pertenecientes al municipio de Xicoténcatl, en Tamaulipas.

Teniendo como efectos negativos, que posteriormente se tenga que destinar mayores recursos para acciones o campañas de salud, para dar solución a los resultados de no haber previsto, o planteado con anticipación la dotación de estos dos servicios básicos que requiere la población para el desarrollo y crecimiento de sus comunidades, así como para su vida diaria.

De esta manera, se plantea la que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere en las adecuaciones al PEF 2011, la asignación de los recursos necesarios para la dotación de drenaje sanitario a la Colonia Ricardo Flores Magón, así también se consideren y asignen recursos para la introducción de agua potable en las colonias, Ampliación Moctezuma, Joaquín Antonio Amaral, Independencia 1 e Independencia 2, todas ubicadas en el municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas.

Cabe recordar, que el Estado de Tamaulipas, es uno de varias estados que se han visto gravemente afectados por los fenómenos meteorológicos de este 2010, y que la no inversión en las diversas localidades, y en especial en el municipio de Xicoténcatl, puede agravar la situación por la que atraviesa su población.

Para poder brindar los servicios antes planteados, es necesaria la asignación de 7 millones de pesos, para llevar a cabo las obras y que la población cuente con un nivel de vida mejor al que actualmente viven y que se ha visto afectado por los últimos fenómenos meteorológicos.

Por lo planteado, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en las adecuaciones al Presupuesto de Egresos de Federación de 2011 se consideren los recursos necesarios, y que han sido expuestos en las consideraciones, para dotar de drenaje sanitario y de agua potable a las colonias del municipio de Xicoténcatl, en Tamaulipas.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con objeto de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere en el Ramo 25 la ampliación de cuatro mil seiscientos once millones cien mil pesos para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

La educación es un derecho consagrado en el artículo 3o. constitucional. Es obligación del Estado mexicano brindar educación a todos sus habitantes, sin importar la entidad federativa en la que se encuentren. Aun cuando se encuentra en proceso la descentralización educativa en el país, en el Distrito Federal no ha podido concretarse. En este sentido, las aportaciones para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal están incorporadas en el Ramo 25, “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos”, y es ejercido de manera directa por el gobierno federal.

En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011 enviado a esta soberanía, los recursos asignados en este rubro presentan una caída real del 13.9 por ciento comparados con los recursos asignados en el ejercicio fiscal 2010. Dicha reducción se vería reflejada no sólo en el desarrollo de los programas y en la reducción de la matrícula de atención a niños, niñas y adolescentes que implementa la Secretaría de Educación del Distrito Federal, sino que además representaría un impacto negativo en el rubro de servicios personales y, por tanto, incrementaría el desempleo.

Cabe señalar que el gobierno del Distrito Federal no tiene la capacidad financiera para hacer frente a esta reducción, ya que el monto de la disminución representa más de cuatro veces el presupuesto asignado al Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (Prepa Sí), seis veces el presupuesto del Programa Integral de Mantenimiento Escolar (PIME) y más de doce veces el presupuesto asignado al Programa Integral de Conectividad Escolar Aula Digital . Programas que en un solo año ha beneficiado a alrededor de 2.7 millones de alumnos y alumnas.

Uno de los compromisos del Estado mexicano es lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales se encuentra lograr la enseñanza primaria universal, el cual tiene como meta el asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Ante esta reducción, se impide el lograr la meta establecida.

Por lo expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 considere en Ramo 25 la ampliación de cuatro mil seiscientos once millones cien mil pesos para los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal.

Presentado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2010.

Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al incremento del subsidio que el gobierno federal otorga en verano a las tarifas domésticas de electricidad para usuarios de San Luis Río Colorado y del noroeste de Sonora, suscrita por los diputados Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados federales Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, pertenecientes a esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Sonora e integrantes del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 60 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados acuerda que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, incluya una partida con un piso presupuestal por 200 millones de pesos para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el subsidio que otorga durante la temporada de verano a las tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica en beneficio de los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora, en los términos señalados en las consideraciones del presente acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En fecha 19 de mayo de 2010, el diputado federal Marcos Pérez Esquer y el suscrito presentamos en el segundo receso del primer año de la presente legislatura ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad elaboren un convenio de colaboración para que se destinen los recursos necesarios para que durante la temporada de verano se aplique a la tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica un apoyo específico a los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora.

II. En ese sentido, cabe señalar que la proposición referida se turnó a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, quien en fecha 15 de junio del presente año la discutió y aprobó por unanimidad.

III. Asimismo, el 16 de junio próximo pasado, el pleno de la Comisión Permanente aprobó el punto de acuerdo referido, con el resolutivo siguiente: Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad se acuerde e implante un convenio de colaboración por el que se destinen los recursos necesarios para que durante la temporada de verano se aplique a las tarifas domésticas, para suministro y venta de energía eléctrica, un apoyo específico a los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora.

Por lo expuesto y para fundar y motivar la presente proposición con punto de acuerdo, se presentan a su consideración las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro máximo ordenamiento jurídico, establece en el artículo 74, fracción IV, lo siguiente:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados

I. a III. [...]

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.

En ese sentido, siendo una atribución de la Cámara de Diputados discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, es de vital importancia que para ello se tomen en cuenta las mayores necesidades de todas la regiones que conforman nuestro país, porque aun y cuando uno de los principales objetivos del Estado mexicano es el desarrollo integral del país, es imperativo que se observen para tal fin las diferentes condiciones y circunstancias en las que se circunscribe cada una de las regiones que lo integran, ya que sin duda alguna la forma de conducirse del gobierno de México –todos los órdenes que lo componen– es aplicando la igualdad a cada uno de los ciudadanos, que es además elemento fundamental de la justicia. Justicia que únicamente puede existir entre personas que son tratadas de la misma manera en las mismas circunstancias. El requerimiento de igualdad no significa “lo mismo para todos”. El requerimiento igualitario de la justicia significa que, por un lado, los iguales deben ser tratados igual y, por otro, los desiguales deben ser tratados teniendo en cuenta sus diferencias relevantes. 1

Por lo anterior, es prioritario que promovamos el humanismo económico que impulsa una economía eficiente y equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios, una economía que busca construir un México más próspero. 2 De manera que las acciones que realice el Estado mexicano y nosotros como parte de este deben estar encaminadas a alcanzar dicho humanismo, por lo que perseguirán en todo momento la igualdad jurídica y la equidad para todos los mexicanos, de manera que se pueda lograr el desarrollo integral y el crecimiento equilibrado de todas las regiones del país tan anhelado.

Así las cosas, y estando convencidos de la forma en que ha de conducirse el Estado mexicano, cabe señalar que siendo la energía eléctrica un factor de primordial importancia para impulsar el crecimiento económico y garantizar mayores oportunidades para los ciudadanos, por ser un insumo presente en la producción de bienes y servicios, así como un servicio fundamental de uso final en los hogares, es oportuno mencionar que requiere de una adecuada regulación que propicie la eficiencia y la competitividad de los actores involucrados minimizando costos de operación, sin menoscabo de quien se encarga de proporcionar dicho servicio y beneficiando a los consumidores, que por cuestiones de necesidad estos últimos utilizan altos niveles de energía y que en ocasiones se ven privados del poder realizar el pago que les corresponde por los elevados costos. Es por ello que resulta trascendental que se tomen las medidas necesarias para fomentar que los ciudadanos tengan dicha capacidad de pago y, en ese sentido, es que una medida que ayuda y estimula los pagos justos de dicho servicio de energía, son entre otras cuestiones, los subsidios que abonan para que las familias mexicanas que se ven afectadas en las regiones donde por los climas extremosos se tienen los grandes consumos.

Además, tal y como se observa en el último balance nacional de energía que presentó la Secretaría de Energía, se señala que se ha tenido un incremento año con año en el consumo de energía eléctrica; tan sólo en México hay claras evidencias de la creciente importancia en el uso de aparatos eléctricos, para soportar las altas temperaturas que en algunas comunidades se dan de manera verdaderamente extremosas, aparatos como el aire acondicionado o calentadores eléctricos, entre muchos otros. Lo que claramente evidencia la necesidad de un mayor consumo de energía eléctrica, que a su vez se traduce en pagos excesivos en dicho servicio, sobre todo para los usuarios en lugares de clima cálido ubicados en los estados fronterizos del norte de México.

Para precisar lo anterior, tal y como se señala en el punto de acuerdo contenido en el cuerpo de los antecedentes de la presente, en promedio, los usuarios de la región norte consumen hasta 68 por ciento más que la media nacional (2.61 megavatios-hora), llegando a representar más de la mitad del consumo eléctrico anual del consumo total de los usuarios del sector en ciudades como Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora.

De tal manera que sólo por describir la situación que se vive en el noroeste del estado de Sonora, en San Luis Río Colorado se registran las temperaturas más altas del estado. Temperaturas que en junio, julio y agosto alcanzan 49 grados Celsius. Temperaturas no diferentes a las que presenta la ciudad de Mexicali en la época de verano.

Por lo anterior, es de suma importancia la aplicación de subsidios que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad en las diferentes regiones del país, se reconoce sin duda alguna el esfuerzo del gobierno federal al crear el 7 de febrero de 2002 la tarifa 1F, que aplica un subsidio al costo de la energía eléctrica. Sin embargo, es palpable que ha resultado insuficiente, por lo que el propio Ejecutivo federal ha establecido convenios de subsidios adicionales, como el que constituye la aplicación de un apoyo por más de 250 millones de pesos para los usuarios del municipio de Mexicali, Baja California, otorgando un descuento mayor que la tarifa vigente 1-F durante 2007, 2008 y 2009.

Como se ha dicho, las altas temperaturas que se tienen en toda esa región durante la época de verano, especialmente en San Luis Río Colorado y toda la región noroeste de Sonora, son el motivo por el que resulta imperante que se destinen mayores apoyos para que las familias de ese territorio que reservan una parte muy importante y significativa de su gasto al pago de energía eléctrica, por el uso de aire acondicionado o bien otros aparatos de ventilación que no son utilizados a capricho, sino como una necesidad para soportar tales temperaturas.

No obstante lo anterior, resulta preponderante que se realice un convenio de colaboración, igual al que el 28 de abril de 2006 firmaron el gobierno federal con Baja California y la Comisión Federal de Electricidad, que permitió el otorgamiento de un apoyo por más de 250 millones de pesos para los usuarios del municipio de Mexicali, concediendo un descuento mayor que la tarifa vigente 1-F, que se ha extendido hasta la fecha.

Por tal motivo, estamos convencidos que en plena congruencia con el humanismo económico, a fin de lograr la igualdad para quienes se encuentran en las mismas circunstancias, creemos firmemente que tal compromiso se puede extender a las comunidades que se encuentran en las mismas condiciones climatológicas, como los son las que se sitúan en el noroeste de Sonora.

En esa tesitura, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicitó al Ejecutivo federal por medio de las secretarías de competencia en el tema que se acordara e implantara un convenio de colaboración por el que se destinen los recursos necesarios para que durante la temporada de verano se apliquen a las tarifas domésticas, para suministro y venta de energía eléctrica, un apoyo específico a los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora, comprendido por los municipios de Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Saric, Tubutama, Atil, Oquitoa, Trincheras, Santa Ana, Benjamín Hill y Pitiquito.

Por las razones anotadas, es oportuno y primordial que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal en el ejercicio fiscal de 2011, a fin de que se destinen 200 millones de pesos para la celebración de un convenio de colaboración para que se reduzca el costo en el pago de consumo de energía eléctrica para los usuarios domésticos de energía eléctrica en la región señalada en el párrafo antes citado.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, incluya una partida con un piso presupuestal por 200 millones de pesos para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el subsidio que otorga durante la temporada de verano a las tarifas domésticas para suministro y venta de energía eléctrica en beneficio de los usuarios domésticos de energía eléctrica del municipio de San Luis Río Colorado y el noroeste del estado de Sonora, en los términos señalados en las consideraciones del presente acuerdo.

Notas

1 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, Tomo II. Porrúa, duodécima edición, México, 1998, páginas.

2 Principios de doctrina del Partido Acción Nacional, 2002.

http://www.pan.org.mx/XStatic/pan/docs/espanol/p_doctrin a2002[1].pdf

Dado en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 19 de octubre de 2010

Diputados: Leonardo Arturo Guillén Medina, Marcos Pérez Esquer (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para instalar y mejorar laboratorios de genética en las entidades federativas, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La libertad personal y el derecho a la justicia son parte inalienable de garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ocupan un lugar especial en la normativa internacional de los derechos humanos. La violación la libertad personal suele ser el camino para atentar contra los demás derechos fundamentales de la persona, como pueden ser violaciones a la integridad personal y a la vida, y la violación al derecho a la justicia, además de agraviar a la sociedad, es el camino más expedito a la impunidad que amenaza el orden mismo del derecho y debilita al Estado.

La privación de la libertad por parte de la delincuencia organizada o aún por parte de agentes del Estado, según los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas suma más de 2 mil 113 personas de las cuales 1 mil 260 son mujeres en su mayoría entre 10 a 29 años de edad, que salieron de sus casas y no volvieron sin que sus padres y familias puedan dar con su paradero.

Se debe señalar también que en México, por su condición de país de expulsor de mano de obra y territorio de tráfico de indocumentados, se encuentran 2 mil 554 personas que fallecieron entre 2004 y 2010, al intentar cruzar la frontera hacia el vecino país del norte. Mientras la situación de violencia social desatada por el crimen organizado y la guerra contra el narcotráfico ha dejado 28 mil decesos desde 2006, produciéndose en promedio 1.72 homicidios diarios, muchos de los cuales no son identificables.

2. Es cada vez más frecuente el hallazgo de fosas de inhumación ilegal en todo el territorio nacional. Sólo durante este año se localizaron, en marzo, en Ciudad Juárez, tres fosas clandestinas; en mayo, en el municipio de Taxco, estado de Guerrero, se hallaron 55 cuerpos dentro del respiradero de una mina, que tenían entre seis y ocho días de haber sido asesinados; el 18 de junio fueron hallados 12 cuerpos en Quintana Roo; el 3 de agosto se ubicó en Sinaloa un cementerio clandestino con 7 cadáveres; el 24 de agosto elementos de la Secretaría de Marina localizaron una fosa clandestina con 72 cadáveres.

En este marco, por falta de protocolos nacionales para la identificación de personas y deficiente intercambio de información entre servicios forenses de las entidades federativas, hay un promedio de 3 mil cadáveres anuales que se dejan de identificar en el país, faltándose al primer deber de toda institución de procuración de justicia que es identificar a las víctimas de homicidios y establecer líneas de investigación. Sin descontar el deber humanitario de que cada familia pueda sepultar a sus muertos.

3. Esta situación ha sido señalada en diversas instancias internacionales de derechos humanos, desde la Cruz Roja Internacional hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ante de los crímenes en contra de las mujeres en Ciudad Juárez emitió publicó la sentencia de Campo Algodonero, en la que se responsabiliza al Estado mexicano por la desaparición y muerte con signos de violencia sexual de tres mujeres, en un contexto de discriminación y violencia hacia mujeres que considera existe en esa entidad desde 1993. Así, señalando que existe una sistemática falla de procuración de justicia, entre otras causas por la deficiencia de equipos forenses con capacidad para identificar a las víctimas de la violencia feminicida, el resolutivo número 21 de la citada Sentencia ordenó al Estado mexicano crear o actualizar, antes del 10 de diciembre de 2010, una base de datos que contenga:

i) la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional;

ii) la información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida, y

iii) la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua.

3. La Procuraduría General de la República, cuenta desde febrero de 2004 con un banco de datos en genética forense. Pero este registro no incluye la información genética de familiares que reportan desapariciones o extravíos de alguno de sus miembros, ni de mujeres y hombres muertos en la riesgosa aventura de la migración ilegal, o de los reportados como desaparecidos o, extraviados, para estar en la posibilidad de identificar y localizar a sus seres queridos comparando sus propias huellas genéticas con las de los restos encontrados.

Por lo anterior es inaplazable la integración de un registro nacional de datos genéticos integrado con las bases de datos estandarizados de los servicios forenses que sea sustento de un sistema nacional de registro de cadáveres no identificados, que se actualice de manera constante y que pueda ser consultado por todos los gobiernos locales y el federal. Para ello se requiere conjuntar los esfuerzos de las procuradurías de las 32 entidades federativas a fin de que se unifiquen los criterios de investigación en todos los servicios médicos forenses del país, y se simplifiquen y estandaricen los procesos de comparación e intercambio de datos, para que resulte más ágil el proceso de identificación y recuperación de un cuerpo.

La creación de la base de datos implica destinar importantes recursos económicos para sufragar la obtención de las muestras de material genético de los cadáveres y familiares de desaparecidos. Por lo expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar en el Ramo 17, “Procuraduría General de Justicia”, recursos presupuestarios etiquetados por el monto de 190 millones de pesos para la instalación de laboratorios de genética en las 16 entidades federativas que carecen de ellos y 48 millones de pesos para las 16 que ya cuentan con ellos, mejoren o consoliden su operación y otros 30 millones más para la estandarización de protocolos de identificación forense. Y la creación de un sistema nacional de registro de cadáveres no identificados.

Presentado ante el pleno de la H. Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2010.

Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rubrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir infraestructura que proteja la integridad física de los transeúntes y agilice la circulación vehicular previa y posterior a la revisión en retenes de la entrada oriente de San Luis Río Colorado y del tramo carretero San Luis Río Colorado-Delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora, suscrita por los diputados Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Leonardo Arturo Guillén Medina y Marcos Pérez Esquer, pertenecientes a esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por el estado de Sonora e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 60 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se acuerda que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, incluya una partida con un piso presupuestal por el monto de $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) para que el Poder Ejecutivo federal los destine a construir la infraestructura necesaria, a fin de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, de los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora, en los términos señalados en las consideraciones del presente acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En fecha 7 de abril de 2010, el que suscribe diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, presenté ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dote de una mayor infraestructura que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar, con el objeto de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, en especial en los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora.

II. En ese sentido, cabe señalar que la proposición antes referida se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Transportes de la Cámara de Diputados.

III. Asimismo, el 28 de julio de 2010, el diputado Marcos Pérez Esquer y el que suscribe Leonardo Arturo Guillén Medina, presentamos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del segundo receso del primer año legislativo de esta LXI Legislatura, la proposición con punto de acuerdo que solicita de nueva cuenta a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dote de una mayor infraestructura que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar, con el objeto de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, en especial en los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora.

IV. Dándosele el turno a la segunda comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente de referencia.

Por lo antes expuesto y para fundar y motivar la presente proposición con punto de acuerdo, se presentan las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro máximo ordenamiento jurídico, establece en su artículo 74, fracción IV, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal.

Por lo anterior, es de vital importancia que para cumplimentar de forma responsable con lo que nuestra Carta Magna nos ha atribuido como diputados federales, es imperativo que se tomen en cuenta las necesidades más trascendentales de cada uno de los sectores.

Así las cosas, cabe señalar que estando obligados a promover que las circunstancias que rodean y contribuyen al orden y desarrollo de nuestras comunidades, brinden en principio las mayores condiciones de seguridad, a fin de salvaguardar la integridad física de todos y cada uno de los mexicanos, estoy convencido de que permanentemente debemos emprender todas aquellas acciones que propongan y contribuyan a obtener mejores estrategias y formas de actuar en el desempeño de todos los actos del servicio público, para alcanzar los resultados que la sociedad anhela.

Al respecto, vale la pena mencionar que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mantiene presencia permanente en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad interior.

Por lo que es oportuno destacar que la tarea que el Ejército mexicano emprende en la lucha contra el crimen organizado y la incautación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, es digna de reconocerse por su trascendental importancia en el sostenimiento del orden público, a fin de garantizar a la sociedad un entorno seguro.

Sin embargo, y reiterando que aún y cuando no se cuestiona la importancia y utilidad de lograr los objetivos anotados, respecto al establecimiento de puestos de revisión o de control militar, mejor conocidos como retenes, a lo largo del país existen serias manifestaciones de inconformidad en relación a las condiciones de seguridad vial en las que aquellos funcionan, sobretodo de los que se instalan en tramos carreteros y no en zonas urbanas.

Esto es así, debido a que en la gran mayoría de los casos los retenes no cuentan con la mínima infraestructura que garantice en principio la correcta protección de la integridad física de los ciudadanos que por ese camino transitan, a causa de que los carriles de circulación hacen las veces de lugar de inspección sin los señalamientos viales correspondientes, en lugar de contar con áreas contiguas para dicho fin, de igual forma, la carencia de un conjunto básico de elementos y servicios necesarios para el eficaz y eficiente funcionamiento de los puestos de revisión militar, se traduce en largas filas y horas de espera para los transeúntes, en especial para aquellas personas que sin transportar algún tipo de mercancía, son obligados a permanecer en rúas donde se encuentran intercalados un sinnúmero de vehículos de carga que provocan excesivamente la prolongación del tiempo en que se realizará la revisión.

Así pues, es de primordial interés que se fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar, y se asignen los recursos presupuestales necesarios para que se construya la infraestructura necesaria, con la insoslayable finalidad de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, muy en especial en los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora.

Por tales motivos, es oportuno y primordial se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación, un incremento sustancial para el ejercicio presupuestal en el Ejercicio Fiscal 2011, a fin de que se destine una partida con un piso presupuestal por el monto de $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n) para dotar de infraestructura a los puestos de control militar que se señalan en el párrafo anterior.

La seguridad por la que luchemos hoy, será la que el día de mañana heredaremos a nuestros niños, así que no escatimemos en ello.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Los grupos parlamentarios representados en la honorable Cámara de Diputados acuerdan que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, incluya una partida con un piso presupuestal por el monto de $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.) para que el Poder Ejecutivo federal los destine a construir la infraestructura necesaria, a fin de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, de los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora, en los términos señalados en las consideraciones del presente acuerdo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputados: Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para los programas y las acciones que contribuyen a la prevención, atención y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, así como al cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con objeto de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se considere en las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres la programación de recursos suficientes para los programas y acciones que contribuyen a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, así como, al cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conforme a las siguientes

Consideraciones

1. La violencia contra las mujeres en sus diversas modalidades es considerada ya una epidemia social además de constituir una de las violaciones a los derechos humanos más generalizada. Los efectos de la misma no se quedan a nivel individual ya que se extiende a los hijos e hijas que viven en familias con relaciones violentas, afectando también el comportamiento comunitario. La violencia basada en el género engendra otras formas de violencia social en el presente y en el futuro, redunda en costos económicos considerables para las familias y para la sociedad en general por la disminución de la productividad laboral y de los ingresos de los hogares, la mortalidad infantil, frecuentes discapacidades; el incremento del ausentismo escolar y de la criminalidad juvenil, siendo un factor que impacta indirectamente en menores tasas de acumulación de capital humano y social.

2. Los efectos de la violencia en contra de las mujeres gravitan también fuertemente sobre los sistemas de salud, ya que resta Años de Vida Saludable a sus víctimas. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que los costos de la violencia contra las mujeres oscilan entre 1.6 por ciento y el 2 por ciento del producto interno bruto de los países de la región latinoamericana. Con base a estas estimaciones, México estaría pagando un costo equivalente a 182 mil 298.6 millones de pesos en 2009, por las consecuencias de la violencia, estimadas como incapacidades, gastos en hospitalización y atención medica tan solo de las consecuencias de la violencia física en contra de las mujeres.

En 2006 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reportó que el 67 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido violencia familiar, patrimonial, comunitaria, escolar, laboral y de pareja”. 1 El 30 por ciento de las mujeres mayores de 15 años señaló haber padecido violencia en el ámbito laboral, como acoso, hostigamiento o abuso sexual; el 16 por ciento de estas mujeres reportó haber experimentado algún incidente de discriminación, hostigamiento, acoso o abuso sexual en la escuela; el 40 por ciento de las mujeres reportó también haber padecido violencia en espacios comunitarios.

3. Por ello el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, al examinar el quinto informe periódico de México lamentó la prevalencia de la violencia contra las mujeres y exhortó al Estado mexicano a intensificar los esfuerzos para garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres. De manera particular, dicho organismo internacional exhortó al Estado mexicano a reforzar las acciones relativas a la armonización de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las Leyes estatales relativas en las entidades federativas, la conformación de una base de datos con información sobre casos de violencia contra las mujeres, el mecanismo para la Alerta sobre violencia por motivos de género, la atención médica y psicológica, refugios para las mujeres víctimas de violencia y la procuración de justicia.

Con la prevalencia de la violencia ejercida contra las mujeres, el Estado mexicano incumple con las obligaciones contraídas como Estado parte de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en particular de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará2; Convención Americana sobre Derechos Humanos; y recientemente, los compromisos asumidos como Estado parte de la undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y el Consenso de Brasilia donde se establece que los Estados “promoverán y fortalecerán políticas que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos de las mujeres, de todas las edades y condiciones” y enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres.

4. En 2006 se promulgó en nuestro país la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cumpliendo puntualmente con las directivas de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará.

Dicha ley en su artículo 39 señala que “el Ejecutivo federal propondrá en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema y del Programa previstos en la presente ley”. Sin embargo a partir de 2009 se ha producido una disminución absoluta y relativa del presupuesto destinado a garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia; pues mientras en 2008 dichos recursos fueron 2 mil 100 millones, equivalentes al 27.48 por ciento del Presupuesto para el Adelanto de la Mujeres y la Equidad de Género, en 2009 sufrieron una reducción de 500 millones cayendo 10 puntos porcentuales respecto al 2008.

En 2010 experimentaron nuevamente una caída, representando sólo 12.9 por ciento de los recursos consignados en el Anexo 10; y ahora de nueva cuenta, representa sólo el 10.07 por ciento en la asignación de recursos en la materia en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para 2011.

Por lo expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Uno. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, en el marco del proceso de análisis y aprobación del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, considere en las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres la programación de recursos suficientes para los programas y las acciones que contribuyen a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres; así como, al cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dos . Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el marco del proceso de análisis y aprobación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente para el ejercicio fiscal 2011 considere en las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres la programación de 20 millones de pesos (mdp) para la actualización del diagnóstico nacional sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y las niñas. Así como la programación 2 mil mdp para Servicios de Atención Médica y Psicológica con perspectiva de género a las víctimas, con horarios de 24 horas.

Nota

1 INEGI, Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2006).

Presentado ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2011.

Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incluya un anexo adicional donde se desglosen las asignaciones y modificaciones presupuestales de programas y acciones que tengan por objeto el rescate y la conservación de cuencas, ríos, lagos y lagunas, suscrita por los diputados Agustín Torres Ibarrola y Felipe de Jesús Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados Agustín Torres Ibarrola y Felipe de Jesús Rangel Vargas, integrantes de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someten a consideración de la asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, los mexicanos enfrentamos grandes retos en materia de abastecimiento y calidad del agua, retos que se encuentran ligados en un ciclo de hechos y necesidades a la disponibilidad, sustentabilidad y utilización del recurso. Sabemos que en la medida en que el ser humano adquiera consciencia en la utilización del agua, su cuidado y reutilización; podremos avanzar en materia de sustentabilidad del recurso y beneficio de nuestro entorno. Pero estos hechos toman tiempo y esfuerzo, mismos que hoy no podemos desperdiciar.

Compañeros diputados, cuántos de nosotros no hemos evidenciado la contaminación del agua en cuencas, ríos, lagos y lagunas de nuestras comunidades; sintiendo indignación por ver morir la naturaleza y el entorno que durante tanto tiempo hemos contemplado. Aunado a la indignación visual, sabemos que la contaminación de los ríos, lagos y lagunas de nuestro país repercute directamente en el medio ambiente local y global, originando incluso fenómenos en perjuicio de todos los que habitamos este planeta.

Desafortunadamente, apenas comenzamos a adquirir consciencia del daño causado a nuestro ecosistema, las formas de no causar más y entrando en razón de la poca efectividad de las herramientas que hemos utilizado para tratar de contrarrestarlo o resarcirlo. Por citar un ejemplo, el tratamiento de aguas residuales municipales en nuestro país representa apenas el 42.1 por ciento del total nacional, pese a los grandes esfuerzos realizados en la materia por la presente administración del presidente Calderón; cifra que evidencia lo urgente e indispensable que resulta propiciar la construcción de infraestructura más eficiente, que permita incrementar el tratamiento y disposición de aguas residuales, favoreciendo al mismo tiempo la protección de la salud y bienestar de la población, al evitar que el agua contaminada termine en los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos.

Son varias las acciones que están siendo tomadas por el gobierno federal para evitar un daño irreversible a nuestros ecosistemas a consecuencia de la contaminación del agua; sin embargo, existen cuantiosas medidas más que deben comenzar a aplicarse en coordinación con los estados y municipios para propiciar el saneamiento y rescate efectivo de las cuencas, ríos, lagos y lagunas de nuestro país, resarciendo el daño causado hasta ahora por el uso y disposición final del agua.

Año con año, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinan ingresos al rescate ecológico de cuencas ríos, lagos, lagunas entre otros; algunos de ellos de manera directa y otros mediante la estructura programática de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, no se conoce a ciencia cierta cuál es la cifra total de recursos que destina el gobierno federal al rescate de estos importantes ecosistemas, ni los montos asignados a cada uno de los proyectos de rescate y saneamiento llevados a cabo en las entidades federativas.

Al no conocer esta información de manera clara y concisa, resulta complicado evaluar los resultados de las medidas y políticas públicas destinadas al saneamiento y recuperación de cuencas, ríos, lagos y lagunas del país, tornando indispensable contar con información precisa que permita construir indicadores confiables para evaluar los resultados obtenidos.

Con lo expuesto anteriormente compañeros diputados y porque en el Partido Acción Nacional siempre nos hemos pronunciado a favor de la transparencia y claridad en el destino de los recursos presupuestales, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 se incluya un anexo adicional en el cual se desglosen exclusivamente las asignaciones y modificaciones presupuestales a programas y acciones que tengan por objeto el rescate y conservación de cuencas, ríos, lagos y lagunas del país, bajo la premisa de clarificar y transparentar los recursos destinados a tan importantes objetivos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre del 2010.

Diputados: Agustín Torres Ibarrola, Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para cumplir las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 se aprueben recursos para la instrumentación de los programas que con recursos federales desarrolla la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades del gobierno del Distrito Federal, bajo los siguientes:

Antecedentes

1. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal (Sederec), es una secretaría de reciente creación en el Distrito Federal, cuya responsabilidad primordial es establecer y ejecutar las políticas públicas y programas en materia de desarrollo rural, atención a pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como a migrantes y sus familias.

2. No obstante que la Ciudad de México tiene una vocación eminentemente urbana, el 59 por ciento de su territorio es suelo de conservación y es en esta importante superficie donde los productores agropecuarios, ejidatarios y núcleos agrarios desarrollan actividades que son fundamentales para la sustentabilidad de la ciudad. Para apoyar a estos sectores de la población, la Sederec, entre otros, impulsa los siguientes Programas: Agricultura Urbana, Fomento de las Actividades Agropecuarias y a la Agroindustria, Cultivos Nativos y Herbolaria, Integral del Maíz, Mujer Rural, Fomento de la Producción Orgánica, Mejoramiento de Traspatios, Turismo Alternativo.

3. Tanto originarios como residentes y comunidades étnicas de distintos orígenes, le imprimen al Distrito Federal su carácter pluriétnico y multicultural.

Sin embargo, estos sectores enfrentan la persistencia de mecanismos de exclusión social que derivan en indicadores de bienestar, desarrollo social y humano por debajo de la media de los habitantes de la ciudad. Para revertir esta situación, la Sederec se encuentra desarrollando los siguientes Programas: Programa de Apoyo a Pueblos Originarios del Distrito Federal, Programa de Actividades en los Pueblos Originarios con motivo del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución en la Ciudad de México, Programa de las Lenguas Indígenas y Convivencia Pluricultural de la Ciudad de México, Programa de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades, Programa de Promoción y Visibilización de las Comunidades Étnicas de Distintas Nacionalidades en la Ciudad de México, Programa de la Mujer Indígena y Rural, Programa de Difusión y Fomento de Comunicación Comunitaria de la Ciudad de México.

4. Durante los últimos 20 años, la Ciudad de México pasó de ser una urbe receptora de migrantes a tener un grado de intensidad migratoria muy alta.

5. Frente a esta situación, en la Sederec se ha enfocado en revertir los efectos negativos que ocasiona este fenómeno en el tejido social y familiar, mediante la implantación de programas orientados a privilegiar la promoción de sus derechos y a crear condiciones para arraigarlos a la ciudad y propiciar su retorno. El Gobierno del Distrito Federal se ha propuesto alcanzar mayor equidad social entre las y los habitantes de la ciudad, originarios, migrantes o huéspedes, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y como parte de ella, el Centro de Atención a Migrantes y sus Familias, por medio del cual ofrece los siguientes programas y servicios de apoyo para capitalinos radicados en Estados Unidos: Obtención de doble nacionalidad, copias certificadas de registro civil, Tarjeta Migrante, Línea Migrante, Atención a Familiares y Migrantes Internacionales y Proyectos Productivos, entre otros.

Considerando

Primero. Que es fundamental contar con recursos económicos para a tender estos importantes proyectos y a las y los habitantes de estas comunidades, productores, migrantes y sus familias, por ello y para materializar estos proyectos y lograr acercar a las comunidades y sus integrantes a mejores condiciones de vida es necesario que desde esta Cámara se destinen recursos financieros para su aplicación y consecuente mejoramiento de las condiciones de vida de estos importantes sectores de la población para ello se solicita que la honorable Cámara de Diputados:

I. Apruebe un monto de 5 millones de pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo el proyecto “Agricultura Sustentable a Pequeña Escala para el Distrito Federal” establecido en el Anexo 8, “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, vertiente competitividad, programa 10 “Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria”, ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, componente “reconversión productiva” en el cual aparezca la leyenda (incluye 5 millones de pesos para el DF). Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.

II. Apruebe un monto adicional de 3 millones 600 mil pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo el proyecto “Centro de Programación y Banco de Germoplasma de Plantas Medicinales y Aromáticas en el Distrito Federal”, mismo que se aprueba en el anexo 8 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, vertiente competitividad, programa 10 “Uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria”, ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, componente “recursos biogenéticas y biodiversidad” en el cual aparezca la leyenda (incluye 3.6 millones de pesos para el DF). Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.

III. Apruebe un monto adicional de 180 millones de pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, en el anexo 8 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable” en el programa 10 “Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria” del ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, del componente conservación y uso sustentable de suelo y agua, que incluya la leyenda después del nombre del componente mencionado que diga (se incluye 180 millones de pesos para el DF).

IV. Apruebe un monto de 29 millones de pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades lleve a cabo los proyectos de “Intensificación productiva del área agrícola en la zona del Teuhtli correspondiente a San Gregorio Atlapulco y San Pedro Atocpan, mediante el uso eficiente del agua residual tratada de la planta de tratamiento San Pedro Atocpan, Milpa Alta” y el de “obra modernización del riego de los ejidos Ixtayopan, Mixquic, Tláhuac y Tulyehualco”, para que quede establecido en el anexo 8 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, vertiente “infraestructura”, programa 1 “Infraestructura en el medio rural”, ramo 16 “Medio Ambiente y Recursos Naturales”, componente “infraestructura hidroagrícola”, en el cual aparezca inmediato al texto anterior la leyenda (incluye 29 millones de pesos para el DF).

V. Apruebe un monto adicional de 4 millones de pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lleve a cabo el proyecto “Capacitación y Consolidación de Proyectos Productivos para Mujeres de las 7 Delegaciones Rurales del Distrito Federal”, provenientes del ramo 08 “Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”. Este monto no estará sujeto a reglas de operación y será entregado íntegramente al gobierno del Distrito Federal mediante acuerdo que para tal efecto se celebre.

VI. Apruebe un monto adicional de 18 millones 800 mil pesos para que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, lleve a cabo los proyectos de “Centro de la Diversidad Cultural y Pluriétnica de la Ciudad de México”, y el de “Encuentro de Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Latina y el Caribe”, que quedará integrado dentro del anexo 8 “Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable”, vertiente social, programa 12, “Atención a la pobreza en el medio rural” ramo 06 “Hacienda y Crédito Público”, componente “atención a migrantes (CDI)” que incluirá la leyenda en este mismo componente: (incluye 18.8 millones de pesos para el DF).

VII. Apruebe 18.4 millones de pesos en el ramo 06 Hacienda y Crédito Público, del Presupuesto de Egresos de la federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, dentro del anexo, “Vertiente Social, a Migrantes”, seguido de la leyenda incluye 18.4 millones de pesos para el DF.”

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Cuenta Pública así como al pleno de esta XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 se aprueben recursos para la aplicación de los programas que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del gobierno del Distrito Federal en términos de lo planteado en los considerandos de la presente proposición.

Palacio Legislativo, a los 14 días de octubre de 2011.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos a la Conade para que contrate los activadores físicos y entrenadores deportivos requeridos a efecto de cumplir el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, Yulenny Guylaine Cortés León, Juan José Cuevas García, Sixto Alfonso Zetina Soto, Dora Evelyn Trigueras Durón, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jesús Gerardo Cortés Mendoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de acuerdo con los siguientes

Considerandos

El eje rector de las políticas del gobierno federal para preservar la salud pública, y combatir la inseguridad pública, consiste en invertir en el fomento de la cultura física y el deporte entre la población mexicana.

Uno de los objetivos, para este fin, en materia de cultura física del gobierno federal consiste en masificar, en coordinación con las diversas instancias del gobierno federal, la práctica regular y sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de generar hábitos saludables que mejoren la calidad de vida y contribuyan a desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura física en el país.

Entre las estrategias del gobierno federal para alcanzar este objetivo están:

Promover la activación física laboral en las instituciones públicas y privadas del país, así como en los diversos gremios obrero patronal, a fin de fomentar una mejor calidad de vida.

Fortalecer los lazos con las comunidades mexicanas en el exterior en materia de actividad física, recreación y deporte, a través de la realización de eventos que promuevan la integración social, así como las tradiciones y cultura de nuestro país.

Promover la realización de eventos multideportivos nacionales que promuevan el deporte así como el surgimiento de nuevos valores deportivos

Otro de los objetivos consiste en fomentar en la población mexicana la práctica regular y sistemática del deporte, a través del aprovechamiento de la infraestructura y recursos existentes que promueva la iniciación deportiva en niños y jóvenes, logrando así un desarrollo integral.

Entre las estrategias del gobierno federal para alcanzar este objetivo está:

Contribuir al desarrollo de la cultura física de los mexicanos mediante la práctica regular y sistemática del deporte a través de centros deportivos populares que promuevan una mejor calidad de vida.

La masificación a nivel nacional para cumplir con estos objetivos consiste en incrementar sistemáticamente el número de personas que realizan activación física de manera regular, a través de los programas de activación física a nivel nacional, como una forma de fomentar la cultura física y la práctica recreativa del deporte en sus distintas expresiones.

En este sentido el gobierno federal se planteó como meta la masificación física anual de 35 millones de personas. Para lograrlo es indispensable contar con un plan estratégico, que ya se tiene pero que requiere el mayor número de personas que lo implementen; en donde los activadores físicos y entrenadores deportivos constituyen los recursos humanos clave para cumplir dicho fin.

Parte de los esfuerzos realizados por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para alcanzar estos objetivos son:

Implementar el programa Actívate, Vive Mejor, que consiste en promover la masificación, activación física e integración familiar. Para este año reportó más de 2 millones de niños, jóvenes y adultos que participaron en alrededor de 300 municipios de toda la república mexicana.

Celebró cinco eventos multideportivos: la Olimpiada y la Paralimpiada Nacional, los terceros Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Nivel Primaria, así como, en el marco de los festejos por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, se llevó a cabo la copa de futbol SEP-Bicentenario para alumnos del nivel primaria en las ramas femenil y varonil.

Sin embargo, de acuerdo con los resultados reportados por la Conade para el 2010, la meta está por debajo de lo esperado, 28 millones de personas que participaron en actividades de masificación física; lo que revela la necesidad de fortalecer los programas de masificación con más activadores físicos y entrenadores deportivos, haciéndose necesario incrementar los recursos económicos para su contratación.

Por otro lado, uno de los objetivos en materia de desarrollo del deporte, consiste en fortalecer la formación, capacitación y certificación de profesionistas y técnicos en las diversas áreas del deporte, así como fomentar la investigación científica tanto en el área de ciencias sociales y humanidades como en el área de medicina y ciencias aplicadas al deporte con la finalidad de que los deportistas reciban una mejor atención.

Entre las estrategias del gobierno federal para alcanzar este objetivo están:

Fortalecer la formación de los profesionistas que se desempeñan en el ámbito del deporte, a través de más y mejores programas académicos de licenciatura y posgrado.

Instrumentar sistemas de capacitación y certificación para las personas que se desempeñan en las diversas áreas del deporte y no tienen una formación profesional.

Parte de los esfuerzos que realiza la Conade para alcanzar estos objetivos son:

La implementación de dos sistemas que fortalecen la formación, capacitación y certificación de entrenadores deportivos; el sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos comunitarios, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, así como, el sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos escolares y municipales.

Para ello, también es necesario invertir recursos e incrementarlos sistemáticamente para alcanzar los objetivos planteados.

En este contexto, existe otra consecuencia por la carencia de entrenadores deportivos y activadores físicos y en general de recursos y apoyos necesarios por parte del gobierno federal para integrarlos a los programas de la materia, la pérdida y fuga de deportistas catalogados como promesas y talentos deportivos, situación que es impostergable enfrentar.

Asimismo, con el incremento de las obras de infraestructura deportiva en los municipios de toda la república mexicana gracias a los recursos por 2 mil millones de pesos que esta Cámara de Diputados ha asignado durante los últimos tres años en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para aplicarlos directamente en infraestructura deportiva municipal, se hace urgente la contratación de mayores activadores físicos y entrenadores deportivos que desarrollen los programas de cultura física y deporte en todas esas nuevas instalaciones deportivas, con la finalidad de aprovecharlas al máximo en beneficio de toda la población, orientando los trabajos hacia la masificación física y deportiva, además de evitar que las instalaciones pasen a ser lo que se ha denominado como “elefantes blancos”, al quedar en el abandono, y peor aún, que lleguen a servir como guarida o punto de reunión de delincuentes.

Para alcanzar los objetivos planteados se requiere la contratación de más activadores físicos y entrenadores deportivos, por lo que resulta indispensable para tal efecto un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, para la Conade, cuando menos por 40 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar dentro del dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, un incremento de recursos por 40 millones de pesos destinados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para la contratación de los activadores físicos y entrenadores deportivos que se requieren para cumplir con los objetivos del Programa Nacional del Cultura Física y Deporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2010.

Diputados: José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Juan José Cuevas García, Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a la instauración de los programas de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta XLI Legislatura a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2011, aprueben una partida etiquetada y adicional al presupuesto de la Secretaria de Salud, destinada a la prevención y atención del VIH/sida, bajo los siguientes

Antecedentes

1. Transcurridos dos decenios de iniciada la pandemia, según datos del Consenso de Cairo, 10 años después ONU, 30 millones de personas han fallecido de sida y pese a las actividades de prevención, cada año se registran cinco millones de nuevas infecciones y prevalece el consenso en que esta pandemia está causando un retroceso en el desarrollo de las naciones.

2. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-sida (Onusida) en su informe sobre la pandemia mundial de sida 2008, estima que en todo el mundo 33 millones de personas vivían con el VIH en 2007, que el número anual de nuevas infecciones por el VIH disminuyó de 3 millones en 2001 a 2.7 millones en 2007. En total 2 millones de personas fallecieron a causa de sida en 2007, mientras que las estimaciones para 2001 fueron de 1.7 millones mientras que el porcentaje de personas que viven con el VIH se ha estabilizado a partir de 2000, el número total de personas que viven con el VIH ha ido aumentando de manera uniforme debido a las nuevas infecciones que ocurren cada año, a los tratamientos que prolongan la vida y a que las nuevas infecciones aún superan en número a los fallecimientos provocados por el sida. Las mujeres representan la mitad de las personas que viven con el VIH en todo el mundo, y más del 60 por ciento de las infecciones por el VIH en África Subsahariana. Los jóvenes entre 15 y 24 años representan el 45% estimado de las nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo y el número de niños menores de 15 años que viven con VIH aumentó de 1.6 millones en 2001 a 2.0 millones en 2007.

3. En nuestro país el VIH/sida es una epidemia establecida, cuyo primer caso se presentó en 1983 y el primer caso en una mujer fue en 1985, para 1987 había 23 casos de hombres con sida por cada caso femenino, actualmente por cada 5 hombres infectados hay una mujer con VIH. Exceptuando las entidades de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos en donde la razón es de 3 a 1, es decir tres hombres por una mujer. Ésta es una epidemia concentrada según la categorización Programa de las Naciones Unidas contra el Sida, con 112,830 casos de sida acumulados al 30 de junio de 2007, de estos, el 96.1% obtuvo la infección por transmisión sexual, correspondiendo el 83% a hombres y el 17% mujeres, concentrándose en personas en su fase más productiva y reproductiva, es decir entre los 15 y 44 años, con el 78.7 del total de casos. Se estima que en México hay entre 182 mil a 250 mil personas que viven con el virus. La epidemia se concentra también en las principales ciudades del país, siendo el Distrito Federal la primera entidad en cuanto a número de casos con 20,709 casos. Junto con el Estado de México (que ocupa el segundo lugar con 11,849 casos) constituyen alrededor del 30 por ciento de la suma nacional. A diciembre de 2006 del total de casos, el 62.6 por ciento han sido notificados por la Secretaría de Salud, el 23.3 por ciento por el IMSS y solo el 0.5 por ciento son notificados por atención médica privada.

4. Según el Registro Nacional de Casos de Sida, nos encontramos con que 27,514 personas han sido diagnosticadas con VIH, 483 han sido diagnosticadas con VIH en 2009, se estima que existen 200 mil personas adultas con VIH hasta 2007, así como existen 130,969 casos de sida notificados, en 2009 se han registrado 642, en 2007 se registraron 5 mil 151 defunciones, siendo la tasa de mortalidad en 2007 por 1oo mil habitantes el 4.8 por ciento, (Fuente SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida. Datos al 31 de marzo de 2009. Inegi/Ssa. Registro de mortalidad 2007).

Considerando

Primero. El sida es un tema sumamente complejo que demanda una respuesta sin comparación de todos los sectores de la sociedad, en todo el mundo.

Segundo. El VIH se transmite por tres vías, la más común es la sexual, a través del contacto íntimo con las secreciones corporales que puede darse durante la penetración sin protección, ya sea vaginal o anal. La segunda vía es la sanguínea, que se presenta durante las transfusiones con sangre contaminada. También se puede transmitir el VIH si se comparten jeringas o navajas o si se utilizan instrumentos quirúrgicos, odontológicos o agujas de tatuaje que no hayan sido debidamente esterilizados. Además existe la vía perinatal, de una madre portadora a su hijo durante el embarazo, parto o lactancia.

Tercero. Que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, contempla 16.3 millones de pesos, es decir, 40.3 millones de pesos menos que el año pasado en el que se etiquetaron 46.6 millones, que serán destinados a prevención y atención del VIH y otras ITS, lo cual significa una gran reducción presupuestal para dar atención a este grave problema que afecta a la población mexicana.

Cuarto. Esto deja ver claramente que año con año se viene reduciendo el presupuesto que el gobierno federal, está destinando a la prevención y atención del VIH/sida, si consideramos que la disminución presupuestal de 2008 a 2009, para este rubro fue del 38.5 por ciento, y la que se está considerando de 2009 a 2010 fue de 54.85 por ciento, situación que desde la Cámara de Diputados debe cambiar, ya que como se mencionó anteriormente, esta pandemia sigue cobrando día a día, mayor número de víctimas, es por lo cual que es urgente etiquetar recursos para este rubro, con la finalidad de que todas las mujeres y hombres que viven con VIH/sida, cuenten con atención médica especializada y medicamentos gratuitos en este país.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2011, aprueben una partida etiquetada y adicional al presupuesto de la Secretaría de Salud, destinada a la prevención y atención del VIH/sida.

Palacio Legislativo, a los 19 días de octubre de 2010.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SEP a modificar las reglas o los criterios del Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior a fin de exentar de aportaciones de coinversión a los estados con bajo desarrollo económico, a cargo del diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

La educación como actividad primordial que debe sostener el estado para promover el desarrollo de las personas y de la sociedad, debe recibir recursos crecientes, pero también inteligentemente invertidos para lograr brindar oportunidades reales y de calidad para todos los mexicanos de prepararse y mejorar sus niveles de vida.

Nuestro país invierte un porcentaje muy grande de sus ingresos en educación, actualmente el 6.9 por ciento del producto interno bruto 1 , pero del gasto público una gran proporción demasiado grande se dedica al gasto corriente, a cubrir nómina y gastos de operación, cerca del 90 por ciento 2 , quedando muy poco para la inversión en el mejoramiento y la innovación del sistema.

Los estados de la república requieren de los recursos federales para hacer frente a los gastos que demanda una población escolar que llega hoy día alrededor de los 34 millones de estudiantes en todos los niveles educativos 3 .

La distribución de estos recursos debe buscar compensar las diferencias que existen entre las regiones del país, con desiguales niveles de desarrollo económico. Esto ha de hacerse de tal manera que no se provoque con la distribución de los recursos el que estas diferencias y desigualdades continúen y mucho menos que se acrecienten.

El programa presupuestal U026 “Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior” se otorga bajo la norma de que cada peso del recurso federal corresponda un peso de inversión estatal, sin embargo, hay estados que en sus limitaciones no están en la posibilidad de hacerlo con lo cual quedan desprovistos de lo que necesitan para ampliar o renovar su infraestructura escolar, abriéndose así más la brecha de su atraso con respecto al resto del país.

Se concedería un gran beneficio para los jóvenes estudiantes y el progreso de sus regiones si este fondo se abre a la posibilidad de que los estados con mayor rezago económico y educativo, reciban los recursos que necesitan para la construcción, ampliación o renovación de instalaciones escolares de educación media superior, sin demandarles la inversión paritaria correspondiente, sin detrimento de los criterios y normatividad que lo rigen actualmente.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a modificar o adecuar las reglas o criterios que regulan el “Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior” para el PPEF de 2011, de tal manera que se establezca que los estados con más bajo desarrollo económico, y que por lo mismo estén impedidos de cumplir con la norma de coinversión, queden exentos de hacerlo y se les otorgue el recurso federal que requieran.

Notas

1 IV Informe de Gobierno, página 441.

2 PND 2006-2012 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oprtunidades/transfo rmacion educativa.html

3 IV Informe de Gobierno, página 443.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputado Francisco Landero Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos adicionales a la Secretaría de Salud para prevenir y atender el VIH/sida, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de de esta XLI Legislatura a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2011, aprueben una partida etiquetada y adicional al presupuesto de la Secretaria de Salud, destinada a la prevención y atención del VIH/sida, bajo los siguientes

Antecedentes

1. Transcurridos dos decenios de iniciada la pandemia, según datos del Consenso de Cairo, 10 años después ONU, 30 millones de personas han fallecido de sida y pese a las actividades de prevención, cada año se registran cinco millones de nuevas infecciones y prevalece el consenso en que esta pandemia está causando un retroceso en el desarrollo de las naciones.

2. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-sida (Onusida) en su informe sobre la pandemia mundial de sida 2008, estima que en todo el mundo 33 millones de personas vivían con el VIH en 2007, que el número anual de nuevas infecciones por el VIH disminuyó de 3 millones en 2001 a 2.7 millones en 2007. En total 2 millones de personas fallecieron a causa de sida en 2007, mientras que las estimaciones para 2001 fueron de 1.7 millones mientras que el porcentaje de personas que viven con el VIH se ha estabilizado a partir de 2000, el número total de personas que viven con el VIH ha ido aumentando de manera uniforme debido a las nuevas infecciones que ocurren cada año, a los tratamientos que prolongan la vida y a que las nuevas infecciones aún superan en número a los fallecimientos provocados por el sida. Las mujeres representan la mitad de las personas que viven con el VIH en todo el mundo, y más del 60 por ciento de las infecciones por el VIH en África Subsahariana. Los jóvenes entre 15 y 24 años representan el 45% estimado de las nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo y el número de niños menores de 15 años que viven con VIH aumentó de 1.6 millones en 2001 a 2.0 millones en 2007.

3. En nuestro país el VIH/sida es una epidemia establecida, cuyo primer caso se presentó en 1983 y el primer caso en una mujer fue en 1985, para 1987 había 23 casos de hombres con sida por cada caso femenino, actualmente por cada 5 hombres infectados hay una mujer con VIH. Exceptuando las entidades de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos en donde la razón es de 3 a 1, es decir tres hombres por una mujer. Ésta es una epidemia concentrada según la categorización Programa de las Naciones Unidas contra el Sida, con 112,830 casos de sida acumulados al 30 de junio de 2007, de estos, el 96.1% obtuvo la infección por transmisión sexual, correspondiendo el 83% a hombres y el 17% mujeres, concentrándose en personas en su fase más productiva y reproductiva, es decir entre los 15 y 44 años, con el 78.7 del total de casos. Se estima que en México hay entre 182 mil a 250 mil personas que viven con el virus. La epidemia se concentra también en las principales ciudades del país, siendo el Distrito Federal la primera entidad en cuanto a número de casos con 20,709 casos. Junto con el Estado de México (que ocupa el segundo lugar con 11,849 casos) constituyen alrededor del 30 por ciento de la suma nacional. A diciembre de 2006 del total de casos, el 62.6 por ciento han sido notificados por la Secretaría de Salud, el 23.3 por ciento por el IMSS y solo el 0.5 por ciento son notificados por atención médica privada.

4. Según el Registro Nacional de Casos de Sida, nos encontramos con que 27,514 personas han sido diagnosticadas con VIH, 483 han sido diagnosticadas con VIH en 2009, se estima que existen 200 mil personas adultas con VIH hasta 2007, así como existen 130,969 casos de sida notificados, en 2009 se han registrado 642, en 2007 se registraron 5 mil 151 defunciones, siendo la tasa de mortalidad en 2007 por 1oo mil habitantes el 4.8 por ciento, (Fuente SS/DGE. Registro Nacional de Casos de Sida. Datos al 31 de marzo de 2009. Inegi/Ssa. Registro de mortalidad 2007).

Considerando

Primero. El sida es un tema sumamente complejo que demanda una respuesta sin comparación de todos los sectores de la sociedad, en todo el mundo.

Segundo. El VIH se transmite por tres vías, la más común es la sexual, a través del contacto íntimo con las secreciones corporales que puede darse durante la penetración sin protección, ya sea vaginal o anal. La segunda vía es la sanguínea, que se presenta durante las transfusiones con sangre contaminada. También se puede transmitir el VIH si se comparten jeringas o navajas o si se utilizan instrumentos quirúrgicos, odontológicos o agujas de tatuaje que no hayan sido debidamente esterilizados. Además existe la vía perinatal, de una madre portadora a su hijo durante el embarazo, parto o lactancia.

Tercero. Que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, contempla 16.3 millones de pesos, es decir, 40.3 millones de pesos menos que el año pasado en el que se etiquetaron 46.6 millones, que serán destinados a prevención y atención del VIH y otras ITS, lo cual significa una gran reducción presupuestal para dar atención a este grave problema que afecta a la población mexicana.

Cuarto. Esto deja ver claramente que año con año se viene reduciendo el presupuesto que el gobierno federal, está destinando a la prevención y atención del VIH/sida, si consideramos que la disminución presupuestal de 2008 a 2009, para este rubro fue del 38.5 por ciento, y la que se está considerando de 2009 a 2010 fue de 54.85 por ciento, situación que desde la Cámara de Diputados debe cambiar, ya que como se mencionó anteriormente, esta pandemia sigue cobrando día a día, mayor número de víctimas, es por lo cual que es urgente etiquetar recursos para este rubro, con la finalidad de que todas las mujeres y hombres que viven con VIH/sida, cuenten con atención médica especializada y medicamentos gratuitos en este país.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las y los diputados integrantes de las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la XLI Legislatura para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2011, aprueben una partida etiquetada y adicional al presupuesto de la Secretaría de Salud, destinada a la prevención y atención del VIH/sida.

Palacio Legislativo, a los 19 días de octubre de 2011.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para fomentar y desarrollar del sistema nacional de universidades tecnológicas, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y adecuación al Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2011, a efecto de asignar recursos suficientes para el fomento y desarrollo del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas de todo el país, con base en las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, grandes han sido los alcances de diversos personajes mexicanos que han destacado, a nivel nacional como internacional, dentro de diversos rubros demostrando siempre que en México existen personas con grandes ideas y conocimientos.

Es importante señalar que la educación superior en México ha sido el principal trampolín para muchos núcleos familiares, así como para el desarrollo y crecimiento de nuestro país, ya que sólo con excelente educación es como se pueden abrir las puertas a la superación personal, nacional incluso a nivel internacional.

Es por ello que las instituciones académicas, a nivel licenciatura tienen una gran trascendencia en la formación de cada estudiante que acude a sus aulas, no obstante es de gran importancia señalar que no todo depende de la escuela en la que se impartan los conocimientos.

Con el paso de los años la población en México se ha incrementado de manera considerable, situación que trajo como consecuencia que la matrícula estudiantil se incrementara hasta llegar a su límite dentro de las instituciones públicas, provocando con esto que al mismo tiempo se incrementara la cantidad de aspirantes rechazados que pretenden ingresar a alguna de la universidades públicas de nuestro país.

A diario se puede contemplar en diferentes estados de la República Mexicana, que las instalaciones de las instituciones académicas de nivel superior, requieren el apoyo económico de todos los sectores para poder tener las suficientes herramientas, con el fin de que los conocimientos científicos puedan tener importantes avances que beneficien al desarrollo de nuestro país.

De igual importancia resulta mencionar a las universidades tecnológicas, las cuales atienden a las clases más desfavorecidas de la población estudiantil, quienes suelen ser en su mayoría estudiantes procedentes de poblaciones indígenas y grupos vulnerables. Cabe señalar que de cada 100 estudiantes, 81 representan a la primera generación de su familia que tiene acceso a la educación superior; asimismo, 28 no hubieran ingresado a la educación superior de no haber existido una universidad tecnológica en su localidad.

Dentro del proceso de preparación, los alumnos de las universidades tecnológicas obtienen primero el título de técnico superior universitario, lo que les permite incorporarse al mercado laboral y simultánea o posteriormente, continuar con sus estudios de licenciatura.

Además de todas las ventajas que presentan los centros tecnológicos universitarios, la cultura de la evaluación presenta que 86 por ciento de los empresarios que contratan egresados de estas instituciones manifiestan estar satisfechos con el desempeño de los egresados; el 68.91 por ciento de los egresados obtienen testimonio de desempeño sobresaliente y/o satisfactorio en el exámen general de egreso aplicado por el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), mismo que se aplica al 100 por ciento de los egresados.

Para que estos resultados se puedan seguir produciendo e incrementando en todo el territorio nacional, se tienen que llevar a cabo acciones de mejora para consolidar el modelo de las universidades tecnológicas, por lo que se debe atender los siguientes puntos: problemas estructurales, el incremento de la matrícula y la matrícula de los programas de ingeniería; además de fortalecer la permanencia de los estudiantes provenientes de grupos vulnerables.

De conformidad a un estudio realizado por la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, en todos los estados de la República Mexicana que cuentan con universidades tecnológicas, se presenta la necesidad de incrementar los recursos económicos para diversos fondos que beneficiarían en gran cuantía el desarrollo y crecimiento de las universidades tecnológicas.

Es por lo anterior que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se considere para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, la aplicación de las siguientes propuestas que beneficiarían en mucho el crecimiento y desarrollo de la universidades tecnológicas a nivel nacional: un incremento de $1,124,043,505.00 (mil ciento veinticuatro millones, cuarenta y tres mil quinientos cinco pesos M.N.) para el Fondo para la Atención al Incremento de la Matrícula, incremento de $190,000,000.00 (ciento noventa millones de pesos M.N.) para el Fondo de Apoyo a la Calidad; así como la aplicación de $400,000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos M.N.) para el Fondo de Apoyo a la Permanencia de los Estudiantes Provenientes de Grupos Vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que en la discusión, asignación y adecuación al Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, a efecto de asignar recursos suficientes para el fomento y desarrollo de Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas de todo el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos a crear un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados a crear un fondo de atención de desastres naturales para el Distrito Federal para el próximo ejercicio fiscal de 2011, que permita atender y mitigar los riesgos que existen en la ciudad con base en los siguientes

Antecedentes

1. De acuerdo a las características topográficas existentes, al sur de la Ciudad de México se presentan 74 barrancas distribuidas en ocho delegaciones (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco), de las cuales la mayoría se concentran en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.

2. Que es una realidad que en las barrancas, cauces de ríos, laderas inestables y asentamientos irregulares existen, según un censo llevado a cabo por la Secretaría de Protección Civil, 150 mil familias en las delegaciones La Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, que viven en un alto grado de marginalidad y que están expuestas a situaciones de riesgo e inseguridad a las que se enfrentan día a día.

3. Que es evidente que el gobierno del Distrito Federal lleva a cabo acciones para prevenir y atender no sólo los riesgos hidrometeorológicos sino todos a los que está expuesta una ciudad como ésta. Sin embargo, es fundamental que la administración pública del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Protección Civil, de Obras y Servicios, y los órganos políticos administrativos, intensifique las acciones realizadas, a fin de atender urgentemente los daños que la actual temporada de lluvias ha causado en el Distrito Federal, con la finalidad de proteger a la población que habita las barrancas, cauces de ríos y laderas inestables.

Considerando

Primero. Por tal motivo, se propone la creación de un fondo que permita obras de mitigación, equipamiento y mecánica de suelo, que deberá ascender a 900 millones de pesos que deberán ser etiquetados para que en los diversos ámbitos de competencia, las instancias involucradas puedan proteger las vidas, bienes y entorno.

Segundo. Es necesario establecer este tipo de fondo debido a la imposibilidad de acudir al Fonden (Fondo Nacional de Desastres Naturales), que se encuentra limitado a los desastres naturales y no es aplicable en casos en que urge la prevención y la mitigación.

Tercero. Por otra parte, el Fondo de Apoyo Económico, que establece el artículo 94 de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal, únicamente establece el cumplimiento de programas y de objetivos del sistema de protección civil.

Cuarto. Por lo anterior, es evidente que ninguno de los dos fondos son aplicables para el caso concreto, aunado a la imperiosa necesidad de atender especialmente por el gobierno del Distrito Federal los riesgos hidrometeorológicos que afectan a las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a esta Cámara de Diputados para que asigne un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México, que ascenderá a 900 millones de pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al proyecto de unidades médicas para la detección y atención oportuna del cáncer de mama y del cervicouterino en Coahuila, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Equidad y Género, y Salud de la honorable Cámara de Diputados, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a través del rubro de “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, se destinen recursos a Coahuila para el proyecto de unidades médicas para la detención y atención oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, lo anterior al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2006 los tumores malignos por cáncer de mama representaron la tercera causa general de muerte en el país. En ese año fallecieron 220 mil 240 mujeres, de las cuales 32 mil 875 tuvieron como causa de muerte la presencia de tumores malignos, lo cual se traduce a la sexta parte del total de las muertes femeninas en México.

2. Por otro lado se encuentra el cáncer cérvico-uterino, el cual a causa de su detección tardía, al día de hoy muere una paciente cada dos horas en el país.

3. La Secretaría de Salud menciona que las muertes por estas enfermedades son “muertes evitables” ya que por sus características, tecnología y conocimientos médicos se pudieron evitar.

4. Anualmente mueren en México casi cinco mil mujeres por cáncer de mama y más de cuatro mil por cáncer cérvico-uterino de conformidad con datos proporcionados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud.

5. En el caso del cáncer de mama existen estudios en donde se refleja que en los estados del norte del país las tasas de mortalidad del cáncer son mayores a comparación con los estados ubicados en el sur, todo esto se debe en gran parte al desarrollo socioeconómico. En los “Indicadores de Resultado 2001-2005 de la Secretaría de Salud” indican que Coahuila mostró una tasa de mortalidad por cáncer de mama de 15.78, mientras que Quintana Roo tuvo una tasa de 4.31.

6. En la delegación del IMSS en Coahuila que atiende al 80 por ciento de la población coahuilense, se registraron 71 defunciones por tumor maligno de mama, además, a pesar de que el estado bajó al lugar número 12 en cuanto al índice de mujeres que padecen el cáncer de mama en México, sigue siendo la primera causa de muerte en la entidad.

7. Asimismo, la región norte de la entidad federativa en la cual se encuentran los municipios de Piedras Negras, Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Villa Unión, Zaragoza entre otros, enfrenta la problemática de no contar con una clínica cercana en la cual se pueda dar tratamiento a estos padecimientos, gente de escasos recursos tienen que trasladarse a la capital de Coahuila o a Monterrey, Nuevo León, para ser atendidos.

8. Es por ello que se considera de suma importancia el destinar mayores recursos para la detección oportuna y atención del cáncer de mama y cervicouterino en Coahuila.

Por lo expuesto, someto la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes

Considerandos

Primero. Que en los últimos años ha incrementado la tasa de mortalidad del cáncer de mama y cérvico-uterino en el país, por lo que se deben de redoblar esfuerzos a fin de que la detección temprana de dicha enfermedad pueda evitar muertes de mujeres mexicanas.

Segundo. Que en la actualidad la muerte por cáncer de mama es la primera causa de muerte en Coahuila, situación que se ha intensificado en los municipios de la región norte de la entidad.

Tercero. Que los municipios de la región norte del Estado no cuentan con Unidades Médicas cercanas especializadas en la atención y detección de las enfermedades citadas. Por mencionar un ejemplo, Asociaciones Civiles en el municipio de Piedras Negras se han dado a la tarea de ayudar a los enfermos de cáncer para su tratamiento y reportan un gasto aproximado de 155 mil 869.80 pesos en 2009 por cada 100 personas para apoyos de despensa, gasolina, atención médica, prótesis, traslado de personas con cáncer fuera de su municipio entre otros.

Cuarto. Es necesario que se cuenten con unidades médicas en Coahuila para la atención y detección de estas enfermedades, sobre todo en la región norte del estado, para lo cual se toma como referencia el municipio de Piedras Negras donde las personas con este padecimiento realizan un recorrido aproximado de 5 horas para trasladarse al albergue “Si a la Vida” ubicado en Saltillo, Coahuila y 6 horas al albergue de la Cruz Rosa en Monterrey, Nuevo León, siendo éstas las clínicas de atención médica especializada más cercanas para recibir atención.

Quinto. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Equidad y Género, y Salud consideren un aumento sustancial para este presupuesto en el rubro “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud” con la finalidad de que se destinen recursos a Coahuila para unidades médicas que coadyuven a la tarea de prevención y atención del cáncer cervicouterino y mamario.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Equidad y Género y salud de la honorable Cámara de Diputados, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, a través del rubro de “Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud”, se destinen recursos a Coahuila para el proyecto de unidades médicas para la detección y atención oportuna del cáncer de mama y cervicouterino.

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día diecisiete de octubre del año dos mil diez.

Diputado Jesús Ramírez Rangel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para crear un hospital de especialidades que atienda a las mujeres en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la LXI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 una partida destinada a crear un hospital de especialidades dirigido a atender a las mujeres en el Distrito Federal, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres mayores de 50 años de edad. Las enfermedades cardiovasculares son comunes en hombres antes de los 50, pero después de esa edad aumenta en las mujeres debido a la disminución de la producción hormonal, que favorece el incremento de triglicéridos y colesterol, que se combinan con hipertensión, tabaquismo y obesidad.

2. En México, el cáncer de mama cobra la vida de 23 mujeres cada día. Actualmente, las que lo padecen tienen una esperanza de vida de 58 años.

3. Según información de la Secretaría de Salud, del 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2009 la tasa de mortalidad acumulada por cáncer cervicouterino fue de 36.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más.

4. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta 2005 había en el país 53 millones de mujeres y 50 millones de hombres; y las primeras forman uno de los sectores de la población más vulnerables.

5. Que ciertas enfermedades o padecimientos afectan únicamente a las mujeres. Otras como la osteoporosis no es exclusiva de las mujeres, pero predomina en ellas.

Considerando

Primero. Que la infraestructura hospitalaria en el país es insuficiente, ya que resulta creciente el número de personas que requieren servicios médicos especializados y de atención de primer nivel, y la capacidad de los nosocomios en el país se ve por mucho rebasada.

Segundo. Que como se mencionó, en el país habita mayor número de mujeres, más vulnerables que otros sectores de la población, y ya que por razones meramente biológicas requieren atención médica especializada, que abarque los padecimientos que las aquejan cada vez con mayor incidencia.

Tercero. Los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Salud no son suficientes al tratar de llevar atención médica a la población. Por ello es necesario crear un centro hospitalario que atienda de manera particular a este sector de la población y que el nosocomio se sitúe en el Distrito Federal, toda vez que éste concentra a mayor número de habitantes en territorio nacional.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la LXI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 una partida destinada a crear un hospital de especialidades dirigido a atender a las mujeres en el Distrito Federal.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar mediante la SHCP, la Sener y la CFE un convenio de colaboración que permita destinar recursos para apoyar a los usuarios domésticos de electricidad de Guaymas y Empalme, Sonora, a cargo de la diputada María Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

María Dolores del Río Sánchez diputada federal del estado de Sonora de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

En el estado de Sonora, específicamente en los municipios de Guaymas y Empalme, la temperatura es extremadamente alta en los meses de mayo a octubre.

Los meses con mayor índice de calor en la entidad son junio, julio y agosto donde predominan temperaturas mayores a 38 grados en promedio, llegando a presentar el termómetro incrementos superiores a los 42 grados centígrados en estas localidades.

Ante estas condiciones de clima, las familias de esos municipios tienen la necesidad de contar con aparatos de refrigeración, tipo doméstico, para atenuar los efectos del calor y la humedad en el ambiente que se da durante estas épocas de los meses de mayo a octubre, cabe recordar que el estado de Sonora es uno de los más calurosos en el país.

En este sentido el uso de aparatos de refrigeración y de equipos de ventilación son indispensables para vivir bajo estas condiciones lo que ocasiona incrementos importantes en el consumo de energía eléctrica en los hogares de los municipios sonorenses antes mencionados, repercutiendo con ello de manera sumamente importante el bolsillo, la economía y su patrimonio.

Es de recordarse que el Ejecutivo federal ha establecido convenios de subsidios adicionales a los ya presentados en las tarifas 1E y 1F que fueron creadas por la CFE en años pasados, como el que establece la aplicación de un apoyo por más de 250 millones de pesos para los usuarios del municipio de Mexicali, Baja California, otorgando un descuento mayor que la tarifa vigente 1-F durante los años 2007, 2008 y 2009.

Ante las altas temperaturas que se presentan en los últimos años en los municipios de Guaymas y Empalme, y en virtud de que en estos municipios no se aplica la tarifa 1-F, se demuestra la necesidades de que se destinen mayores apoyos económicos para que los habitantes de estas localidades cuenten con un aliciente que les permita enfrentar con mejores condiciones los altos índices de temperatura.

Los altos costos en el consumo de energía eléctrica en estas localidades ha generado la inconformidad y desesperación de sus habitantes puesto que el pago del servicio de energía eléctrica daña seriamente la economía familiar de dicha población, o consecuentemente hace que los usuarios de CFE, eviten el uso de aparatos de refrigeración por no poder cubrir el importe, lo que repercute seriamente en la calidad de vida y sobre todo en la salud de la población.

Por lo antes mencionado, la presente proposición de punto de acuerdo atiende la demanda de toda la población de Guaymas y Empalme. Por las razones aquí expuestas, solicito a esta honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, a elaborar un convenio de colaboración que permita destinar recursos necesarios para un apoyo específico a los usuarios domésticos de energía eléctrica de los municipios de Guaymas y Empalme, con el fin de apoyar la economía de las familias sonorenses, a cargo de la diputada María Dolores del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada María Dolores del Río Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para prevenir y atender el cáncer de mama, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las diputadas y a los diputados integrantes de esta XLI Legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 se aprueben mayores recursos para el rubro de salud, particularmente la prevención y la atención del cáncer de mama, bajo los siguientes

Antecedentes

1. A causa de este padecimiento y de acuerdo con datos que aporta la Organización Mundial de las Salud (OMS), una mujer es diagnosticada cada 30 segundos en el orbe, indicando igualmente que, de cada 36 casos que se diagnostican, 32 ya están en niveles avanzados.

2. En México, el cáncer de mama cobra la vida de 23 mujeres cada día, actualmente las que lo padecen tienen una esperanza de vida de 58 años.

3. Según información de la Secretaría de Salud, desde e1 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2009 la tasa de mortalidad acumulada por cáncer mamario fue de 42.7 por 100 mil mujeres de 25 años y más.

4. Datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indican que cada año mueren más de 35 de cada 100 mil mujeres mayores a los 55 años de edad.

5. Actualmente, este padecimiento registra mayor incidencia en las entidades federativas del norte del país, sólo superado como causa de muerte por el cáncer cérvico-uterino, aunque según datos de la Fundación Cima, en algunas entidades las tendencias se están invirtiendo.

Considerando

Primero. Que el cáncer de mama es un padecimiento que no distingue clases sociales, religión, ni formación educativa de la mujer que lo contrae, toda vez que los factores de riesgo para contraerlo son diversos, y entre ellos se encuentran ser mujer, antecedentes familiares de cáncer mamario, primer embarazo después de los 35 años, menarquia temprana, menopausia tardía, enfermedad fibroquística severa, altos contenidos de estrógenos; de los datos expuestos podemos concluir que en la actualidad todas estamos en riesgo de contraer cáncer de mama.

Segundo. La Secretaría de Salud, a través del Programa de Cáncer de Mama, de septiembre de 2008 a agosto de 2009 ha reforzado la infraestructura y accesibilidad a la mastografía, al incrementar el número de unidades móviles con 16 mastógrafos en estados con menor capacidad para la detección, realizaron 142 mil 237 mastografías a mujeres con edades que van de 50 a 69 años de edad que no cuentan con seguridad social, se puso en marcha el funcionamiento de dos centros de lectura, que concentran la productividad de 30 centros emisores, con una capacidad anual para interpretar 75 mil mastografías cada uno, y se capacitó a profesionales médicos multidisciplinarios de todos los niveles involucrados en la detección y control de este padecimiento.

Tercero. Los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Salud no son suficientes, debemos trabajar porque las mastografías lleguen a todas la mujeres del país, no sólo cubrir a las que tienen entre 50 y 69 años de edad; por ello, desde este órgano legislativo debemos etiquetar mayores recursos para prevenir y atender el cáncer mamario, así como para exhortar, no sólo al gobierno sino para alertar a las mujeres sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama, ya que, sin afán de ser reiterativa, la detección oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte.

Por lo expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las diputadas y a los diputados integrantes de esta XLI legislatura a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente la prevención, detección y atención del cáncer de mama.

Palacio Legislativo, a los 19 días de octubre de 2011.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para prevenir y atender el cáncer cervicouterino, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la XLI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente de la prevención y atención del cáncer cervicouterino, conforme a los siguientes

Antecedentes

1. El cáncer es un padecimiento caracterizado por el crecimiento anormal y desproporcionado de las células, que van destruyendo e invadiendo tejidos normales, con lo cual alteran la función del organismo. El cáncer cervicouterino es una tumoración maligna que se presenta en el cuello de la matriz. Es totalmente prevenible, ya que se conoce el agente causal y se dispone de procedimientos para detectarlo y acceder prácticamente a la curación.

2. De conformidad con los análisis realizados por la Organización Mundial de la Salud, desde la edad madura hasta la vejez, una de las principales causas de muerte entre las mujeres es el cáncer, principalmente de tipo ginecológico. De acuerdo con cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2004 se registraron en México 4 mil 245 defunciones derivadas del cáncer cervicouterino, lo que representa 13.5 por ciento de las ocurridas por cáncer maligno.

3. Según información de la Secretaría de Salud, del 1 de enero de 2007 al 31 de agosto de 2009 la tasa de mortalidad acumulada por cáncer cervicouterino fue de 36.4 por 100 mil mujeres de 25 años y más.

4. Cuatro de cada cinco mujeres que tienen cáncer cervicouterino mueren por no realizarse a tiempo una prueba de papanicolau y 65 por ciento no atiende su salud sexual y reproductiva por anteponer el cuidado de la familia al suyo, informó la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar.

5. Ochenta por ciento de las muertes por esa causa ocurre en los países en desarrollo, donde cada día mueren 600 mujeres por este cáncer. En Latinoamérica y el Caribe, la incidencia llega al doble, y la mortalidad al triple de la que se presenta en países desarrollados.

En México fallecen cada año alrededor de 4 mil 600 mujeres a causa del cáncer cervicouterino, con lo cual se sitúa en el séptimo lugar de Latinoamérica en este tipo de mortalidad.

Considerando

Primero. Que el cáncer cervicouterino es un padecimiento que no distingue clases sociales, religión ni formación educativa de la mujer que lo contrae, toda vez que los factores de riesgo para contraerlo son diversos, entre ellos se encuentran el inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años, tener algún parto antes de los 18 años, tener múltiples parejas sexuales o que la pareja sexual tenga relaciones sexuales con otras mujeres; asimismo, la multiparidad, el tabaquismo, la inmunodepresión y la deficiencia vitamínica.

Segundo. La Secretaría de Salud, a través del Programa de Cáncer Cervicouterino, de septiembre de 2008 a agosto de 2009 realizó 2 millones 52 mil 166 detecciones de CACU con la prueba de papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años de edad, efectuó 354 mil 305 detecciones con la prueba del papiloma, de las cuales 130 mil fueron en los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano. En las mismas comunidades se vacunó a 82 mil 598 adolescentes de 12 a 16 años de edad como parte de las acciones de la estrategia 100 x 100, instauró 6 laboratorios regionales de biología molecular con capacidad por laboratorio para procesar 160 mil muestras anuales de la prueba de VPH, asimismo, capacitó a mil 73 profesionales de la salud de todos los niveles involucrados en detección y control del padecimiento.

Tercero. Los esfuerzos que ha realizado la Secretaría de Salud no son suficientes. Debemos trabajar porque a todas las adolescentes del país se aplique la vacuna contra el virus del papiloma humano, y que ésta sea de aplicación universal. De la misma manera, que todas las mujeres de 25 años y más tengan acceso a una prueba de papanicolau anualmente o, en su caso, la prueba de hibridación y que cubramos no sólo 65 por ciento de las mujeres del país sino la totalidad de ellas. Por ello desde este cuerpo legislativo debemos etiquetar mayores recursos para prevenir y atender el cáncer cervicouterino, y para exhortar no sólo al gobierno sino para alertar a las mujeres sobre la importancia de la prevención del cáncer de éste: sin afán de reiterar, la detección oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Equidad y Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al pleno de la XLI Legislatura, a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 mayores recursos para el rubro de salud, particularmente de la prevención y atención del cáncer cervicouterino.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destine una partida al fortalecimiento del hospital materno-infantil de La Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, y del Distrito Federal, así como al pleno de de esta LXI Legislatura, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 aprueben una partida destinada al fortalecimiento del Hospital Materno Infantil que atiende a las mujeres del surponiente del Distrito Federal con base en los siguientes:

Antecedentes

1. Que en el Distrito Federal se cuenta con 28 hospitales, de los cuales 9 son generales, 10 pediátricos y 7 materno infantiles; un hospital materno pediátrico y un hospital de especialidades, así como 210 centros de salud, 5 clínicas de especialidades, incluyendo la Clínica Condesa orientada a la atención del VIH, 2 centros toxicológicos y 2 clínicas comunitarias. De entre éstas, 275 unidades médicas son de primer nivel de atención, 32 de segundo nivel, de los cuales en La Magdalena Contreras se cuenta con un hospital materno infantil (segundo nivel de atención), así como 9 centros de salud (primer nivel de atención), dependientes de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de acuerdo con datos oficiales de la propia secretaría.

Sin embargo, pese a que La Magdalena Contreras cuenta con un elevado numero de habitantes con un alto grado de marginalidad, ocupa el tercer lugar entre las delegaciones con menos infraestructura en materia de salud. En La Magdalena Contreras no existe un hospital de especialidades dependiente de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, ni de la secretaría federal, menos aún del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la cual se atiendan las necesidades de la población, principalmente de mujeres, mujeres embarazadas y recién nacidos, en el marco del derecho que tienen los residentes del Distrito Federal que carecen de seguridad social, derivada de relaciones laborales y, por tanto, al acceso, con equidad, a los servicios médicos y medicamentos.

Considerando

Primero. El gobierno de la ciudad ha realizado un arduo trabajo para garantizar una mejora en los servicios de salud pública, sobretodo con la creación del Hospital de Especialidades Belisario Domínguez en Iztapalapa y el Hospital General en Álvaro Obregón, sin embargo, el número de habitantes de esta ciudad y el incremento de algunos padecimientos en materia de salud, hace necesario que coadyuvemos para impulsar la ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de salud en nuestra ciudad.

Segundo. Que de acuerdo con la estadística poblacional que registra el Inegi hasta 2005, la población total en el Distrito Federal es de 8 millones 720 mil 916, de la cual 228 mil 927 corresponde a La Magdalena Contreras. De esta última cifra, 52.1 por ciento son mujeres (119 mil 278), mientras que los hombres representan 47.90 por ciento (109 mil 649). No podemos soslayar que la salud es uno de los principales indicadores que nos permiten apreciar el bienestar de las personas, en el entendido de que el acceso a los servicios de salud disminuye la vulnerabilidad del ser humano ante las enfermedades, por ello es importante contar con servicios de calidad y que proporcionen atención integral y no sólo la detección de la enfermedad, sobretodo que incidan de manera positiva en la calidad de vida de las personas. Tan sólo, la Secretaría de Salud federal estima que hasta 2006, en el Distrito Federal existía una población de 3 millones 755 mil 606 de personas no aseguradas, en tanto que 5 millones 59 mil 692 sí estaba asegurada.

Tercero. Que para mejorar la salud de la población se requiere instrumentar mecanismos que faciliten su acceso a los servicios de salud, principalmente de las mujeres, niñas, niños y adultos mayores. En ese sentido, la infraestructura existente, pese a crecer en cobertura en los últimos años, resulta insuficiente para la atención de los padecimientos más frecuentes en estos sectores de la población.

Cuarto. Que actualmente en La Magdalena Contreras contamos con un hospital materno infantil que cuenta con la siguiente capacidad instalada: 26 camas censables, 31 no censables, 2 incubadoras, 7 consultorios especializados y 3 generales, 1 laboratorio de patología y 1 de análisis clínicos, 2 quirófanos y una sala de expulsión.

Infraestructura que sin descuidar la atención que actualmente se brinda con capacidades limitadas y que pudiera ser fortalecido, para brindar un mejor servicio a la población que atiende que asciende a 109 mil personas y que para tal efecto, se requieren 270 millones de pesos de inversión para prestar el servicio en mejores condiciones.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXI Legislatura, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a los integrantes de las Comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, y del Distrito Federal, así como al pleno de de esta LXI Legislatura, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio de 2011 aprueben una partida destinada al fortalecimiento del Hospital Materno Infantil que atiende a las mujeres del surponiente del Distrito Federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para atender, prevenir y tratar el cáncer de mama en el país, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscribimos diputadas Margarita Liborio Arrazola, Diva Hadamira Gastelum Bajo, Guadalupe Pérez Domínguez, Margarita Gallegos Soto, Julieta Octavia Marín Torres, Ma. Isabel Pérez Santos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, e integrantes de la Comisión Especial para la Familia en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El cáncer mamario, representa un desafío de salud pública en nuestro país, porque constituye la segunda causa de defunción por enfermedad tumoral cancerosa en la población femenina mayor de 25 años, después del cáncer cervicouterino.

De acuerdo con el Inegi, la mortalidad por cáncer mamario en el país, mantiene una tendencia ascendente con algunas variaciones en los últimos años. En 2008, se notificaron 3,822 muertes por esta causa, lo que corresponde a una tasa de mortalidad de 1,500 defunciones por 100 mil mujeres de 25 años y más. Esta tasa, representa la cifra más alta, jamás alcanzada en el país y, significa, que diariamente mueren más de 10 mexicanas por cáncer mamario.

Datos preliminares del registro histopatológico, señalan que el número de casos de cáncer de mama que se presentaron en el año 2009, fue de 11,242, una cantidad excepcional, si se compara con años anteriores en los que la cifra de 10 mil nuevos casos anuales, no se sobrepasaba; ello significó que en las instituciones del Sistema Nacional de Salud, del país, en ese año 2009, se hayan diagnosticado más de 50 casos de cáncer mamario, en cada día laborable y, lo más dramático, fue que la gran mayoría de estos casos, se diagnosticaron en etapas avanzadas de la enfermedad.

En México, empezó a incrementarse la incidencia en forma importante a partir de la década de los 80, con una tendencia al alza; previéndose una elevación de más de 16 mil 500 casos por año para 2020.

Actualmente, se registran 10 fallecimientos diarios por este mal; que de cada 100 ingresos hospitalarios, 30 son por tumores malignos en mama, siendo los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Aguascalientes con tasas mayores de incidencia y de mortalidad.

El asunto que más preocupa a los especialistas, es la tendencia a la mortalidad, ya que el cáncer de mama, se trata de manera tardía y sólo, 10 por ciento de los casos, se detecta en etapa uno.

Esto indica, que deben acelerarse las campañas de prevención para descubrirlo en forma temprana, con la promoción de la palpación de mama en búsqueda de tumoraciones y la realización de mastografías periódicas (cada seis meses o al año) para mujeres mayores de 40 años y de ecografía para menores de 25.

Por la importancia del tema, consideramos sumamente necesario facultar al sector salud para que verifique y certifique, periódicamente la existencia y funcionamiento óptimo de mastógrafos, en todos los sistemas de salud y de seguridad social del país, para que mujeres y hombres, tengan acceso a este servicio.

Impulsar la coordinación de las autoridades federales y locales en materia de salud para la prestación de servicios relacionados con la prevención y atención del cáncer de mama, para que no haya duplicidad de esfuerzos y se optimicen resultados.

Las y los legisladores, debemos actuar rápidamente, porque el cáncer de mama, es un asunto de vida o muerte por lo que se requiere, se otorgue mayor presupuesto para la atención, prevención y tratamiento de este flagelo, haciendo realidad y efectivo el acceso gratuito para la atención integral del cáncer de mama.

Es necesario situar este problema de salud como prioritario en la agenda de las políticas públicas y la investigación científica. El cáncer de mama no debe descuidarse, porque a futuro, los costos económicos y sociales pueden alcanzar graves dimensiones por no crear conciencia de ello.

Por ser parte importante en la agenda nacional, la salud de las personas y de las familias, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que, a través del sector salud, se otorguen mayores recursos económicos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, para la atención, prevención y tratamiento del cáncer de mama, en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputadas: Margarita Liborio Arrazola, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Guadalupe Pérez Domínguez, Margarita Gallegos Soto, Julieta Octavia Marin Torres, Ma. Isabel Pérez Santos (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se determine la asignación de los recursos federalizados de los convenios estatales a través de una fórmula actuarial que considere el desarrollo del PIB-agroalimentario del año inmediato anterior, la proporción de población rural objetivo respecto a la estatal, la reducción del grado de marginación y el porcentaje de cumplimiento de la aportación concurrente, y se establezca como criterio general obligatorio sobre las reglas de operación que la Sagarpa emita para el ejercicio fiscal de 2011, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Usabiaga Arroyo, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El sistema federal mexicano lleva implícitos valores políticos democráticos que conducen a la colaboración entre el gobierno federal, estatal y municipal y fortalece además la participación de la sociedad organizada en las políticas públicas, bajo un alto sentido de corresponsabilidad.

En 1995, con el programa de concurrencia federalizado denominado Alianza para el Campo inició un desarrollo armónico de las políticas agroalimentarias con la participación de los estados, municipios y la sociedad en su conjunto. Transparentando el uso de los recursos mediante el depósito de los mismos en un fideicomiso de responsabilidad compartida.

En años recientes, los estados se han visto impedidos para concurrir con las cantidades fijas que les asigna el Ejecutivo federal en los convenios de coordinación, sin que dichas cantidades se hayan determinado a través de un proceso de planeación federalista que tome en cuenta variables tales como las siguientes:

1. Desarrollo de la actividad económica del año inmediato anterior (PIB agroalimentario);

2. Proporción de población rural objetivo (número de productores), respecto a la población total del estado;

3. Reducción en el grado de marginación o exclusión de éstos; y

4. Porcentaje de cumplimiento de la aportación concurrente, ni el compromiso de cada estado en contribuir al desarrollo rural manifestado en compromiso presupuestal.

Además de lo anterior, paulatinamente se ha reducido la participación ciudadana en los consejos estatales y municipales, siendo que éstos son los espacios naturales donde los actores de la sociedad rural expresan a través de sus representantes sus necesidades reales.

Ante esta preocupante situación en la asignación de los recursos federales para el campo, esta soberanía debe ejercer las facultades que le confiere el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios que deberán sujetarse a reglas de operación, con objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Las dependencias, las entidades, a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, son responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o las modificaciones de aquellas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

En el marco de la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, esta soberanía deberá ejercer ésta facultad constitucional con responsabilidad por lo que convoco a todos las señoras y los señores diputados a que apoyen esta propuesta para que la asignación de los recursos federalizados, a través de los convenios estatales, sea a través de una fórmula actuarial con los componentes descritos anteriormente.

Una vez establecida la fórmula en la distribución de los recursos federalizados, se deberá establecer un sistema de evaluación que premie para los ejercicios subsecuentes, tomando en cuenta:

• La agilidad en el ejercicio de los recursos;

• La eficiencia de éstos y su impacto en la mejora sustantiva de la productividad;

• La competitividad y la generación de oportunidades a la sociedad rural; y

• La actuación de los consejos estatales y municipales para el desarrollo rural.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de que en términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se determine la asignación de los recursos federalizados de los convenios estatales a través de una fórmula actuarial que considere el desarrollo del PIB agroalimentario del año inmediato anterior; la proporción de población rural objetivo respecto a la población total del estado que corresponda; la reducción en el grado de marginación o exclusión de éstos; el porcentaje de cumplimiento de la aportación concurrente y se establezcan como un criterio general obligatorio para las reglas de operación que emita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 12 de octubre de 2010.

Diputado Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que un porcentaje del monto que se otorgue a la SEP en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destine a fortalecer acciones en apoyo de madres solteras y de jóvenes embarazadas, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que un porcentaje del presupuesto que se otorgue a la Secretaría de Educación Pública en el ejercicio fiscal de 2011 se destine a fortalecer acciones en apoyo de las madres solteras y jóvenes embarazadas para evitar la significante deserción de los centros educativos o laborales por razones de estereotipos principalmente, pues ello coarta las oportunidades laborales y de superación personal de las mujeres de Guanajuato, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Históricamente, la maternidad adolescente tiende a darse al amparo de arreglos nupciales menos formales, sea por razones materiales (limitaciones financieras, dependencia de los hogares de origen), psicosociales (relaciones más inestables, embarazos producto de violencia u otros) o ambas. Tal tendencia se ha acentuado según datos recientes, exacerbando el llamado “madresolterismo”, en cuyo marco los varones (adolescentes y adultos) suelen ser padres y parejas ausentes que fuerza las consecuencias del embarazo no deseado. Sea porque los hombres (adolescentes o no) tienden a eludir su responsabilidad, sea porque la responsabilidad de la prevención se imputa unilateral e injustamente a la mujer, cuando los hombres deberían ser al menos igualmente activos en protegerse contra embarazos no deseados. Sea porque las adolescentes sexualmente activas que se cuidan suelen ser objeto de estigmas y descalificaciones por sus contrapartes masculinas y de otras mujeres. Y más dramático aún, sea porque una parte de la reproducción adolescente, difícil de cuantificar, tiene su origen en la violencia y el abuso sexual, o bien, en el aprovechamiento desleal, muchas veces cometido por adultos.

Tan sólo en Guanajuato, en 2006 había 451 mil 19 madres de entre 14 y 19 años de edad, lo que representa aproximadamente 20 por ciento de la población femenina de la entidad. De esa proporción, poco más de 20 por ciento se concentra en León, el municipio con mayor número de madres adolescentes en el estado.

Sabemos que hay dificultades objetivas para compatibilizar el embarazo y la crianza con la educación y la inserción laboral. La reproducción adolescente no se relaciona nítidamente con el logro de autonomía económica, pues la mayoría de las madres adolescentes vive con sus padres o suegros y se dedica a actividades domésticas. Vale decir: no asisten a la escuela, pero tampoco ingresan en el mercado de trabajo, y cuando lo hacen suele ser en condiciones precarias. A estas vulnerabilidades se agrega la presión sobre el presupuesto de los padres de las adolescentes progenitoras, que frecuentemente terminan por asumir parte importante del proceso de crianza. Esto se verifica con más intensidad a menor edad de la madre adolescente.

El país ha realizado importantes esfuerzos por prevenir y atender este grave problema social; entre éstos se encuentran la aprobación y entrada en vigor de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con objeto de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y dispositivos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.

Esa ley establece en el artículo 36 la obligación de las autoridades correspondientes de desarrollar acciones que garanticen que la educación en todos los niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación. Asimismo, el artículo 38 dispone que las autoridades correspondientes deberán impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, la educación y la salud.

La importancia que el Estado y las sociedades contemporáneas confieren a la atención de las demandas ciudadanas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos es posible verla reflejada parcialmente en el uso del gasto nacional destinado a satisfacer las necesidades básicas de todos los habitantes de la república.

Por ello debemos fortalecer acciones en apoyo de las madres solteras y jóvenes embarazadas para evitar la significante deserción de los centros educativos o laborales por razones de estereotipos principalmente, generando o coartando con ello las oportunidades laborales y de superación personal de las mujeres, particularmente en Guanajuato, a través del programa Beca de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Equidad de Género de la Cámara de Diputados a destinar un porcentaje del presupuesto que se otorgue a la Secretaría de Educación Pública en el ejercicio fiscal de 2011 a fortalecer acciones en apoyo de las madres solteras y jóvenes embarazadas para evitar la significante deserción de los centros educativos o laborales por razones de estereotipos principalmente, pues ello coarta las oportunidades laborales y de superación personal de las mujeres de Guanajuato.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la instalación de estaciones climatológicas en diversos municipios guanajuatenses de uso exclusivo de medición para reclasificar y determinar tarifas de electricidad en las zonas rurales, a cargo del diputado Rubén Arellano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Rubén Arellano Rodríguez, perteneciente a esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, a la instalación de estaciones climatológicas en los municipios de Celaya, Jaral del Progreso, Cortazar y Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición para la reclasificación y determinación de tarifas por el consumo de energía eléctrica en las zonas rurales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda alguna, el suministro de energía eléctrica es uno de los principales servicios en las sociedades modernas para el soporte de la vida cotidiana, la generación y su abastecimiento eficiente, así como la calidad en el servicio, debe ser una prioridad para cualquier nación, ya que afecta directamente a la creación de empleos, el desarrollo regional, las finanzas públicas, el ingreso de las familias y la equidad social, sólo por mencionar algunos. 1

Es por ello, que se requiere la acción rectora y rectificadora del estado para atenuar las profundas desigualdades sociales de nuestro país. El mercado debe liberar las potencialidades económicas de la sociedad y debe de vigilar el ordenado desenvolvimiento, para garantizar que concurra el interés nacional, se subordine el bien común y busque la justicia en las relaciones económicas. 2

No obstante lo anterior, en nuestra realidad, tales principios no han encontrado aún su eficacia, ya que sólo por ejemplificar, encontramos que en las zonas rurales, la sociedad, se enfrenta con costos altos en el consumo de la energía eléctrica, lo que con el poco crecimiento económico de dichas zonas agrarias, es inevitable el atenuar las desigualdades sociales de nuestro país.

De manera que, un número importante de agroproductores guanajuatenses, se han visto en la necesidad de suspender el pago de la energía eléctrica que consumen en las unidades de producción que trabajan, ocasionando con esto que se acumulen adeudos por demás fuertes y considerables con la Comisión Federal de Electricidad, y por consecuencia la paraestatal reaccione realizando cortes de energía en los pozos agrícolas, a lo cual los productores se han visto imposibilitados: Primero, en el desarrollo de sus negocios; y segundo, en el pago de sus deudas con la Comisión Federal de Electricidad.

Así las cosas, se tienen adeudos elevados e impagables en muchos casos, al grado de que en algunos de ellos, el adeudo supera el valor comercial de los ranchos que presentan esta problemática.

Además, nos encontramos que, con el paso del tiempo y de acuerdo a números de la propia paraestatal el problema cada vez se agrava más. El último intento de rescate parcial de adeudos fue un rotundo fracaso en Guanajuato, por los requisitos que les impusieron a los agricultores para ser beneficiados, con la finalidad de que se suspendieran los cortes y evitar que se pudiera detener la producción del campo mexicano.

En torno a lo anterior, es de nuestro conocimiento que los instrumentos de medición instalados en las estaciones climatológicas de la Comisión Nacional del Agua en dicha región del estado, son instrumentos que sólo sirven para datos climatológicos y estadísticos pero no para otros efectos. Al respecto, conviene señalar, que la Comisión Federal de Electricidad toma como referencia las mediciones que realizan las estaciones meteorológicas de la Comisión Nacional del Agua, las cuales en la mayoría de los casos se encuentran instaladas en los ríos, presas y áreas boscosas, por lo tanto, la temperatura que dichas estaciones registran, es varios grados centígrados inferior a las reales condiciones climatológicas de los estados y municipios, con el lógico perjuicio para sus habitantes ya que con esas temperaturas no tienen acceso a otras tarifas con subsidio mayor.

En este contexto, consideramos de la mayor importancia la instalación de estaciones climatológicas en los municipios de Celaya, Jaral del Progreso, Cortazar y Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición de las temperaturas que exige la Comisión Federal de Electricidad para establecer la correspondiente tarifa eléctrica a los usuarios del servicio y a su vez, la reclasificación de las tarifas eléctricas en las zonas rurales.

Con forme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía. A través del procedimiento señalado, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas”.

Así como la Ley de Planeación en su artículo 15 fracción V “Artículo 15.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde: Considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, en el logro de los objetivos y prioridades del Plan y los programas.”

Asimismo, y con fundamento en lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se considera oportuno, se publicite el registro de las temperaturas a efecto, de que la población interesada se informe de este resultado.

Por lo antes expuesto, el Partido Acción Nacional alza la voz en esta máxima tribuna en pro de la sociedad rural para impulsar ideas y acciones para plantear seriamente las soluciones a los problemas del país y a realizar un atento llamado a unirse las demás fuerzas políticas, para instaurar gobiernos eficaces y oposiciones constructivas y socialmente útiles. 3

Por lo antes expuesto a este honorable Congreso y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, a la instalación de estaciones climatológicas en los municipios de Celaya, Jaral del Progreso, Cortazar y Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, para uso exclusivo de medición para la reclasificación y determinación de tarifas por el consumo de energía eléctrica en las zonas rurales.

Segundo. S e exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se promueva la innovación tecnológica y reubicación de los instrumentos de medición climatológicos para determinar las tarifas eléctricas y reclasificación de las mismas.

Notas

1. Tercer informe de labores de la SENER, correspondiente al 1° de septiembre de 2009.

2. http://www.pan.org.mx/XStatic/pan/docs/espanol/p_doctrina2002[1].pdf

3. ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.

Diputado Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se asignen recursos suficientes a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Baltazar Martínez Montemayor, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El diseño y ejecución de la política energética en México es una tarea de alta responsabilidad y ética pública. Es evidente que su desarrollo y perfeccionamiento trasciende las posibilidades de una sola administración y de una única generación de ciudadanos. En este sentido, es comprensible entender porque siempre las decisiones más difíciles para la sociedad y el gobierno estriban en las de carácter generacional, por la sencilla razón de que las decisiones que tome una sola de ellas, tendrán efectos persistentes y determinantes en los niveles de bienestar de otras por venir.

A este respecto, las decisiones que esta generación tome con respecto en materia energética impactará la manera en que otras generaciones hagan uso de sus posibilidades energéticas.

La energía de un país representa su propia pervivencia. Sin energía no puede generarse producción pública ni privada; tampoco recaudación tributaria ni gasto público. En este sentido, componentes tan relevantes para el desarrollo nacional como el gasto social, seguridad pública o infraestructura quedan sujetos, en principio, al acervo y uso de las fuentes energéticas disponibles. La energía es el primer detonador de toda la cadena productiva nacional y de ella, a su vez, depende la remuneración de los factores con lo que se genera el ingreso y las rentas nacionales.

Por tanto, desde una perspectiva amplia, queda claro que el marco de estabilidad política, social y económico del país, dependerá de la suficiencia de generación, administración, así como del desarrollo de las fuentes energéticas.

Actualmente, el impacto de la política energética en México afecta ámbitos sensibles como el de las finanzas públicas, seguridad pública, combate a la pobreza y, por supuesto, el relativo al crecimiento económico. Por poner un ejemplo, en el tema de las finanzas públicas, las decisiones que se tomen con respecto al uso de los insumos energéticos a través de los ingresos petroleros, incide directamente en el 35 por ciento del presupuesto federal mexicano. 1 El uso racional de esa fuente de petróleo puede determinar la sustentabilidad financiera del país en el futuro inmediato.

Una de las principales fuentes energéticas en México es la petrolera, cuya temporalidad en sus reservas se ha estimado en 9.9 años, en tanto que la relación para las reservas probables y posibles es de 19.9 y 30 años, respectivamente. 2 Esta situación, a la luz de las necesidades crecientes del país, puede comenzar a ser restrictiva. Por tanto, es necesario emprender acciones para que la utilización de los energéticos comience a ser administrada con criterios de eficiencia y sustentabilidad.

Se estima que existen amplias áreas de oportunidad para la mejora en el uso del consumo energético. Por ejemplo, en el país, el consumo final de energía representa aproximadamente el 56 por ciento del consumo energético nacional y dentro de este, casi el 90 por ciento se concentra en sectores como el de transporte, industrial, residencial y domestico. Es decir, emprendiendo medidas sencillas y bien conducidas, tanto de naturalezas normativas como operativas, enfocadas a la mejora en equipo de transporte, al equipo agrícola y doméstico, pueden redundar en beneficios sociales importantes, para los mexicanos de hoy y del mañana. Esto es: para los mexicanos que hoy tenemos voz y voto y para los mexicanos del mañana, que confían en nuestra capacidad para tomar decisiones equilibradas.

Es evidente que los elementos mencionados revelan el alto grado de trascendencia de la política energética para el país. Por ello, cualquier estrategia comprendida en la política energética mexicana debe contemplar una serie de reformas que respalden una firme convicción: necesitamos administrar la energía del país para apoyar la recuperación de la economía con una renovación profunda: valorar el uso eficiente de la energía como un factor productivo y de impulso al crecimiento, pero mejorando al mismo tiempo su competitividad. Esta debe ser la visión, una visión que por su importancia y magnitud trasciende las posibilidades de una sola generación y las de un solo Gobierno y, consecuentemente, las de una sola Legislatura. Pero es, precisamente por esta razón que se debe emprender una política energética de Estado que trascienda ciclos administrativos. En suma se requiere una propuesta con visión de Estado, centrada, objetiva y reflexiva; fundamentada en el fortalecimiento de las instituciones.

El Poder Legislativo así lo ha entendido. En descargo de esta idea se puede mencionar que la actual Ley del Aprovechamiento Sustentable de la Energía tiene sello de origen parlamentario. Nació por el respaldo decisivo del Senado de la República, lo que la configura como una propuesta de origen democrático, pues fue impulsada por el Congreso, institución de representatividad política que recogió y recuperó las preocupaciones de varios sectores políticos y sociales.

Derivado de esta ley, el Poder Ejecutivo elaboró un Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012.

Este programa identifica áreas de oportunidad, donde se estima se logrará implementar una serie de mecanismos que generarán ahorros sustanciales de consumo energético en el mediano y largo plazo.

i) Incremento al rendimiento del parque vehicular nacional.

ii) Incremento a la eficiencia del parque de focos para iluminación.

iii) Incremento a la eficiencia del parque de equipos del hogar e inmuebles.

iv) Incremento a la capacidad de cogeneración.

v) Reducir el consumo energético por acondicionamiento de ambiente en edificaciones.

vi) Incremento a la eficiencia de motores industriales de mayor consumo.

vii) Incremento a la eficiencia en los sistemas de bombeo de agua.

De las que derivan 26 líneas de acción, las cuales se han diseñado para generar reducciones y abatimientos en el ritmo de crecimiento del consumo energético del país, en las últimas décadas.

No obstante, ponderar y valorar las bondades del Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase) solamente desde la perspectiva del ahorro podría ser una visión limitada. Desde mi perspectiva, el Pronase es un componente coadyuvante al ahorro energético pero preponderantemente debe ser visto como un factor generador de crecimiento económico. En este sentido, es donde se justifica plenamente, la asignación de recursos públicos adicionales. En la medida en que se propicia más crecimiento, los beneficios de este programa se pueden considerar extensivos a otros sectores y a otros tiempos, lo que necesariamente se traduce en un elevado beneficio social para el país.

Un factor adicional de los beneficios del fortalecimiento del Pronase reside en el hecho de que beneficia directamente a las familias mexicanas en su disponibilidad del gasto monetario. Al reducirse los costos de los energéticos, el gasto familiar en ellos disminuye y se generan remanentes que pueden destinarse al gasto en educación, salud y alimentos. La ventaja de este efecto es que las medidas públicas que inciden en el campo de decisión familiar y no se generan intermediarios, ni privados ni públicos. Los beneficios son percibidos de manera inmediata por todos los integrantes de la familia.

El Pronase genera beneficios tangibles y microeconómicos, pero simultáneamente en el agregado, la suma de los beneficios familiares propicia un mayor y mejor crecimiento económico nacional. En este contexto, la inversión de recursos en el Pronase destaca como una medida de impacto positivo en momentos recesivos en el ámbito nacional e internacional.

El fortalecimiento del Pronase es una acción de gobierno benéfica para el gobierno, la sociedad, y las familias.

En términos de la organización de la administración pública, el Pronase cuenta con la Secretaría de Energía como entidad responsable y en estricto sentido, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) funge como unidad responsable. No obstante, a la luz de los beneficios probables que genera este programa, el presupuesto asignado revela una elevada restricción.

La Conuee, creada por mandato de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, sustituyó a la extinta Conae en 2008. La comisión, actualmente opera con un presupuesto limitado pero con mayores funciones y desafíos. Nuevas funciones, retos y responsabilidades pero con iguales recursos se traduce en procesos probablemente menos eficientes. Esta es una posibilidad, que en el contexto de la política energética en México no debe permitirse; no se pueden regatear recursos a programas de aprovechamiento sustentable de la energía con tan elevados impactos sociales y generacionales.

El paquete que envía el poder Ejecutivo al Legislativo indica que a los temas de eficiencia energética se le recortarán su presupuesto, lo que llevará al escenario indeseable de enfrentar los retos energéticos desde una posición presupuestal débil. Estos temas y obligaciones derivados de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y del Programa Publicado por Ejecutivo en noviembre de 2009, deben por el contrario, enfrentarse desde una posición fortalecida. Los recursos son claramente insuficientes y en el mejor de los casos, la asignación propuesta representa sólo un esfuerzo marginal y débil, ante los retos que presenta la sociedad mexicana.

El problema que enfrentamos como sociedad y como comunidad internacional no tiene precedentes. Lo que hagamos o dejemos de hacer con el uso de nuestras fuentes energéticas es una decisión que difícilmente encuentra similitudes en otros campos. Cualquier error o dilación tendrá costos monetarios y, a través de la explotación irracional y los desequilibrios ambientales, mayores costos humanos. No podemos ser una sociedad que no apoye el cambio tecnológico, ni respalde la sustentación energética, cuando estamos consientes de sus beneficios actuales y futuros así como de su relaciones estrecha con el ya trastocado equilibrio en los ecosistemas.

Por lo tanto, esta soberanía debe considerar necesario y urgente asignar mayores recursos a los temas relativos a la eficiencia energética, respaldando el buen desempeño de las tareas mandatadas en la ley y también por el compromiso moral que nos debemos como sociedad y a otros pueblos y a otras generaciones.

Es importante reforzar presupuestalmente a la Conuee para implementar 26 líneas de acción identificadas en el Pronase y que son trascedentes para mejorar los usos de las fuentes energéticas con criterios de eficiencia y que destacan por tener impactos sectoriales. Entre ellas se encuentran:

1. La promoción de mejores prácticas de uso de vehículos.

2. La emoción de estándares de eficiencia mecánicos y ambientales para autorizar la circulación de vehículos usados importados.

3. La publicación de normas de eficiencia para vehículos ligeros y medianos nuevos así como para pesados.

4. Aplicación de lineamientos de eficiencia en el parque vehicular de la administración pública.

5. Aceleración en la implementación de iluminación eficiente en alumbrado público.

6. Promoción del uso de focos de alta eficiencia en alumbrado público y doméstico.

7. Actualización de normas de estándares de eficiencia de refrigeradores y calentadores de agua.

8. Promoción de uso de calentadores de agua.

9. Fomento a la ampliación de la cobertura de hipotecas verdes en donde se hacen exigibles estándares de eficiencia energética de uso domestico en el diseño, construcción y equipamiento de nuevas viviendas.

10. En el ámbito de las empresas y particularmente en el tema de motores industriales se busca fomentar la sustitución de motores trifásicos ineficientes.

11. El establecimiento de un programa de apoyo para la rehabilitación del sistema de bombeo municipal y agropecuario.

12. El desarrollo y reforzamiento del programa de certificación de procesos, productos y servicios.

13. La supervisión y ejecución de procesos voluntarios que desarrollen particulares para mejorar la eficiencia energética.

Los recursos presupuestarios asignados a estos temas beneficiarán a sectores y al esquema federalista. El Pronase es notoriamente generoso con el sector agropecuario y con los gobiernos municipales por las acciones contempladas en la rehabilitación de sistemas de bombeo de agua.

Cuando apoyemos este punto de acuerdo, solicitando una mayor asignación presupuestal, estaremos seguros de comenzar a generar un ahorro en el largo plazo para que la demanda de energía disminuya en un 18 por ciento. Esto se traducirá en un consumo evitado de 4017 TWh, lo que equivaldrá a ahorrar casi tres años del consumo final de todo el país.

Por todas estas consideraciones expuestas, los invito a que se sumen a este punto de acuerdo para destinar mayores recursos al aprovechamiento sustentable de la energía. De lo contrario y una vez más, los esfuerzos por unirnos a la comunidad internacional en su lucha por el cambio climático podrían ser calificados de débiles, marginales e inconsecuentes.

No puede haber otro reto más importante para esta sociedad, para esta generación y para esta legislatura. Asumámoslo, reconozcámoslo: necesitamos invertir en nuestra sustentabilidad, de eso depende la viabilidad de la nación. A partir de ahí podremos encarar otros retos. Es evidente que si no logramos desarrollar un acervo energético fortalecido y eficiente, todo lo demás podrá ser calificado como vano y superfluo. Es una cuestión de congruencia. No estoy muy seguro que podamos hablar de prioridades en el tema energético sino más bien de pervivencia social. Ese es el tamaño del reto que enfrentamos y no podemos evadir. Mañana puede ser demasiado tarde.

Por lo expuesto, se pone a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Asignar recursos presupuestarios por un mil millones de pesos a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía en el ejercicio fiscal 2011 a fin de solventar y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Segundo. Se turna el presente punto de acuerdo, para su atención, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Energía.

Notas

1 SHCP. Presentación: dependencia de las finanzas públicas de los ingresos petroleros. http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/sala_prensa_presentaciones/5_presenta cion_aww_excedentes_petroleros_290708.pdf

2 Poder Ejecutivo federal. Decreto de Pronase. Diario Oficial de la Federación. 27 de noviembre de 2009.

Diputado Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para construir infraestructura que evite el ingreso de fauna natural en granjas acuícolas de Sinaloa, y de que se exhorte a la Sagarpa a instaurar estrategias de desarrollo sostenible en las granjas que toman agua del mar, a cargo del diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Guadalupe Eduardo Robles Medina, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en la parte correspondiente a los rubros de infraestructura pesquera y acuícola, y de ordenamiento pesquero y acuícola, tome las previsiones necesarias para la asignación de recursos que permitan construir infraestructura que evite el ingreso de fauna natural en granjas acuícolas situadas en Sinaloa; y a la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a instaurar estrategias de desarrollo sostenible en todas las granjas que toman agua del mar, con base en las siguientes

Consideraciones

Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en los últimos cuatro decenios la acuicultura está por primera vez en disposición de proporcionar la mitad del pescado consumido por la población mundial. En 2006, la producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura proporcionó unos 110 millones de toneladas de pescado para consumo humano, de los cuales 47 por ciento correspondió a la acuicultura.

Que en México, gracias al aporte de las primeras cosechas de camarón en Sinaloa, en el periodo enero-julio de 2010, la acuicultura observó un crecimiento de 1.3 por ciento, comparado con el mismo lapso de 2009, por lo que en 2010 se espera que la producción acuícola de las diferentes especies alcance 300 mil toneladas, lo que significa 4.4 por ciento más que en 2009.

Que en el periodo 2007-2009, la acuacultura mantuvo un crecimiento positivo, de 10.3 por ciento, con relación a 2006 (línea base): pasó de 261 mil toneladas a 288 mil en las especies que se cultivan. Sinaloa y Sonora forman 91 por ciento de las 73 mil 39 hectáreas de acuicultura que se cosecha en México.

Que de acuerdo con el Diagnóstico y planificación regional de la pesca y acuacultura en México 2008, de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se han generado grandes expectativas de que la acuicultura incremente su contribución a la seguridad alimentaria y a la mitigación de la pobreza, pero se señala que el desarrollo del sector incluye su ordenación, su crecimiento y su competitividad.

Que la mayor eficiencia de los métodos de pesca y de la producción basada en la acuicultura, en condiciones en las que la ordenación del sector ha sido ineficaz, ha llevado en ocasiones a la sobrepesca y al deterioro del ambiente.

Que existe la necesidad de desarrollar marcos más eficaces para la ordenación de la pesca junto con métodos de producción más inocuos y favorables para el ambiente, como el desarrollo de artes de pesca selectiva y la concepción de sistemas de acuicultura que reduzcan sus efectos sobre los entornos exteriores.

Que conforme al citado documento, en términos generales el sector pesquero enfrenta grandes necesidades en su tránsito al desarrollo sostenible, y que un efecto negativo en los ecosistemas naturales de pesca repercute en la pesca ribereña y el suministro de agua para la acuicultura, por lo cual deben implantarse estrategias que lleven a un desarrollo sostenible de los dos sectores, lo que implica ámbitos de impacto ambiental, económico institucional, social y tecnológico.

Que productores pesqueros y acuícolas de Sinaloa acusan problemas derivados del tipo de tecnología e infraestructura que utilizan las granjas acuícolas, ya que, por un lado, provocan el ingreso de fauna natural, larvas de camarón, que contamina el entorno controlado; y, por otro, afecta la pesca ribereña, pues disminuye la flora y fauna que dan origen a las poblaciones de camarón, con efectos que se transfieren a la pesca de alta mar.

Que de acuerdo con el investigador Federico Páez Osuna, en algunos casos se ha combinado con otros conflictos la caída de las pesquerías tradicionales, donde los pescadores ribereños y de alta mar han señalado de manera reiterada que además de los problemas de sobreexplotación y contaminación, la operación de granjas a través de succión de poslarvas y los impactos de efluentes de los estanque a los esteros han provocado la reducción de las pesquerías silvestres.

Que lo anterior exige que se inicien estrategias de desarrollo sostenible en las granjas que toman agua del mar con una serie de filtros con luz de malla decreciente para evitar el ingreso de fauna natural en las instalaciones acuícolas.

Que destaca el esfuerzo de pescadores para instaurar este tipo de infraestructura en años precedentes, pero debido a que eran estructuras muy artesanales pronto colapsaban a causa de su falta de mantenimiento y diseño deficiente con el cual estaban construidos.

Que es necesario establecer temporalmente con carácter de obligatorio y con la mayor brevedad medidas preventivas para evitar la introducción de larvas, poslarvas de camarón y organismos marinos en las granjas acuícolas a través de los canales de llamada.

Que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, en el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, instaurado por el ramo administrativo 8, “Sagarpa”, se incluye el componente de infraestructura pesquera y acuícola, además de que el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, también del ramo 8, contiene el componente de ordenamiento pesquero y acuícola, por lo que la propuesta en comento podría ceñirse a los recursos que se asignen a dichos rubros.

Por lo expuesto, se someten a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a efecto de que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en la parte correspondiente a los rubros de infraestructura pesquera y acuícola, y de ordenamiento pesquero y acuícola, tome las previsiones necesarias para la asignación de recursos que permitan construir infraestructura que evite el ingreso de fauna natural en granjas acuícolas situadas en Sinaloa.

Segundo. Se formula un atento exhorto a la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instaurar estrategias de desarrollo sostenible en todas las granjas que toman agua del mar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.

Diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen mayores recursos al Programa de la Mujer en el Sector Agrario y al Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Reforma Agraria de la honorable Cámara de Diputados a asignar, en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, un monto igual o mayor al aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, al Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) y al Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), bajo los siguientes

Consideraciones

La Secretaría de la Reforma Agraria tiene como uno de sus propósitos el impulso del desarrollo rural y acelerar la incorporación de las familias campesinas al desarrollo productivo del país.

Para ello apoya proyectos productivos en ejidos y comunidades a través de sus programas FAPPA y Promusag.

Con estos programas, la Secretaría de la Reforma Agraria apoya la capacidad emprendedora de mujeres, hombres y jóvenes que habitan en núcleos agrarios, para que con sus proyectos productivos y su esfuerzo generen empleos, ingreso y puedan mejorar la calidad de vida de sus familias y de su comunidad.

El programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios se deriva de los acuerdos en materia de organización y fomento y está dirigido a mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios y que no son titulares de tierras, pero que tienen el propósito de poner en marcha proyectos productivos como capital semilla para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, lo que contribuye a fortalecer el arraigo de los beneficiarios en sus lugares de origen.

El Promusag fue creado en 2004 como resultado del diagnóstico que fue vertido del Programa de Certificación de Derechos Titulación de solares, mejor conocido como Procede, donde indicaba que dos terceras partes de los habitantes de la propiedad social son mujeres, por lo tanto está orientado a esas mujeres que habitan en núcleos agrarios y que se organizan para desarrollar un proyecto productivo que les permita obtener ingresos y con ello contribuyan al ingreso familiar a fin de combatir la pobreza en el medio rural.

Los proyectos productivos son de índole ganadera, textil, ecoturismo, tiendas rurales, producción de alimentos o servicios varios. Se pueden instalar proyectos en diversas áreas, como por ejemplo: ecoturismo, engorda de ganado, tiendas rurales, producción de alimentos o servicios varios, todos los giros aceptados en el programa especial concurrente.

Las evaluaciones externas al Promusag y al FAPPA, elaboradas por la Universidad Chapingo comprueban el resultado promedio del incremento de los ingresos de los beneficiarios de cada programa.

En los últimos cuatro años ha quedado una demanda insatisfecha en el FAPPA de 54.9 por ciento en 2007, de 72.6 por ciento en 2008, de 71.7 por ciento en 2009, y de 96 por ciento en 2010.

En el Promusag está peor el escenario, ya que la demanda insatisfecha es de 54.7 por ciento en 2007, de 73.6 por ciento en 2008, de 76 por ciento en 2009, y de 96.31 por ciento en 2010.

Los programas FAPPA y Promusag, han tenido mucha demanda, por lo que sería muy lamentable la disminución sin que se haya hecho una correcta evaluación de los mismos que justifique esta determinación.

Programas 2010 2011

FAPPA, Promusag 1,553 972

Es necesario que dichos programas mantengan por lo menos lo aprobado en el 2010, es decir 1,553 millones de pesos que actualizados a precios de 2011 representarían 1,615 millones de pesos, seguir trabajando en coordinación con el Gobierno Federal, y que dicho presupuesto sea aplicado dentro de las actividades para las cuales fueron concebidas y se utilice de manera eficiente.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Reforma Agraria de la honorable Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 asignen un monto igual o mayor al aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, al Programa de la Mujer en el Sector Agrario y al Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.

Diputado Justino Arriaga Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a sujetar –en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011– los recursos de los programas de Diconsa, de Liconsa y Alimentario a reglas de operación que se traduzcan en transferencia neta al sector agroalimentario, a cargo del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Javier Usabiaga Arroyo, diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Dentro del ramo 20, asignado a la Secretaría de Desarrollo Social, encontramos en la vertiente social ocho programas de gran impacto presupuestal:

1. Atención a la población

2. 70 años y más

3. Programa para el desarrollo de zonas prioritarias

4. Jornaleros agrícolas

5. Vivienda rural

6. Programa alimentario

7. Programa de abasto rural a cargo de Diconsa S.A. de C.V.

8. Oportunidades.

El programa de abasto rural, corre a cargo de Diconsa S.A, empresa con participación estatal sectorizada en la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene como misión abastecer de los productos básicos a las zonas más alejadas del país a precios competitivos que permitan que las poblaciones más marginadas adquieran los bienes de consumo a precios lo suficientemente accesibles en comparación al resto de los consumidores.

Sus sistemas de compras aunque transparentes, no han logrado desarrollar agentes económicos que fortalezcan las economías regionales, ya que generalmente se compra a nivel central sin que haya una participación puntual de las economías locales.

Para lograr este objetivo la Secretaría de Desarrollo Social a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Diconsa S.A deberá instrumentar un programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública con las condicionantes de calidad, peso y empaque que la propia secretaría determine, para que de esta forma permita el desarrollo de nuevos agentes económicos regionales, licitando las compras para que sean entregados en los centros de distribución de la Institución.

Mediante este programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública, los productores nacionales o regionales garantizarán el abasto en tiempo, volumen, precio y condiciones adecuadas para la eficiente instrumentación y ejecución de los programas de Sedesol.

Aunque el programa de abasto rural no genera agentes económicos y es meramente asistencialista, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se le asignó un monto de $1, 806.5 millones de pesos, y en la Propuesta de Presupuesto enviada por el Ejecutivo en fechas recientes se le asigna un monto de $1, 996 millones, lo que representa un incremento de 6.2 por ciento.

Por su parte el programa de abasto social de leche inició en 1944 con la inauguración de la primera lechería de la empresa pública “Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A. de C.V. (Nadyrsa). Por disposición del gobierno federal en 1961 se constituyó la Compañía Rehidratadora de Leche CEIMSA, S.A.; en 1963 esta empresa cambió su denominación por la de Compañía Rehidratadora de Leche Conasupo, S.A. Posteriormente, en 1972, se modificó su razón social para quedar como Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V.

A partir de 1994, el programa se resectorizó, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a la Secretaría de Desarrollo Social. Ese cambio determinó su desincorporación como filial del sistema Conasupo, y por tanto, la sustitución de su razón social a la actual Liconsa, S.A. de C.V.

A la fecha Liconsa está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria que trabaja para mejorar los niveles de nutrición de millones de mexicanos, mediante el apoyo a la alimentación de familias en condiciones de pobreza patrimonial, con leche a precio subsidiado, fundamentalmente para niños de hasta 12 años.

En cuanto hace al programa alimentario tiene el propósito de impulsar y fortalecer las capacidades básicas de las familias de los hogares rurales en situación de pobreza, incrementando la ingesta diaria de alimentos mediante el otorgamiento de apoyos en especie o en efectivo sin costo alguno a los hogares beneficiarios

Los apoyos otorgados consisten en una dotación mensual de productos alimenticios con un valor equivalente a 150 pesos o apoyos en efectivo que consideran la entrega mensual de 150 pesos, que deberán ser utilizados para la adquisición de productos alimenticios.

Asimismo, el programa considera, en coordinación con otras dependencias y entidades del gobierno federal, los siguientes apoyos complementarios:

• Apoyo en salud.

• Apoyo para la educación nutricional y para la salud.

• Apoyo para obras de piso firme y letrinización.

La población objetivo son los hogares en condiciones de pobreza de acuerdo con los criterios establecidos por la Sedesol, que se encuentren en localidades rurales marginadas de hasta 2 mil 500 habitantes ubicadas en los 31 estados de la república mexicana y que no reciban apoyos de otros programas alimentarios del gobierno federal.

El programa alimentario para zonas marginadas representó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2009 un monto de 948.6 millones de pesos, en el PEF de 2010 de 3,224,3 millones de pesos y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se le asignaron 4, 207.7 millones de pesos lo que representa un incremento de 25.5 por ciento.

Analizando con detenimiento el impacto de los programas de Liconsa y el programa alimentario para zonas marginadas, se concluye que no contribuyen en nada a generar riqueza para el sector que más lo necesita, el rural.

Si no somos capaces de lograr transferencias netas de ingresos hacia la sociedad rural, nunca alcanzaremos por la vía de transferencias asistenciales, sociedades igualitarias y la inclusión al desarrollo económico de todos los mexicanos. Es por esto que deberá ser prioritario que los presupuestos generen riqueza al mismo tiempo que procuran igualdad.

Estos programas actualmente se abastecen de productos importados, muchos recursos se emplean en la logística y transporte de bienes de consumo por la falta del desarrollo de proveedores locales, el nuevo programa nacional alimentario seguramente transferirá recursos, que no necesariamente se utilizarán en la alimentación y que serán una vez más recursos que no se incorporarán a la economía nacional, ni a la formalidad fiscal.

Los recursos que se inviertan en beneficio de los excluidos, deberán de ser en su economía y en la producción nacional lo que traerá consigo, no sólo la recuperación fiscal, sino también la mejora social vía salarios, contribuciones laborales y ahorros.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se sujeten a reglas de operación los programas de Diconsa, Liconsa y el programa alimentario a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, para que se abastezcan con productos nacionales y de preferencia de proveedores locales, y los recursos asignados a dichos programas se traduzcan en una transferencia neta al sector agroalimentario nacional.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a través de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Diconsa S.A a que instrumente un programa anual de compras basado en el sistema de licitación pública con las condicionantes de calidad, peso y empaque que la propia secretaría determine, para que de esta forma permita el desarrollo de nuevos agentes económicos regionales que garanticen el abasto de los productos, licitando las compras para que sean entregados en los centros de distribución de la institución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.

Diputado Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno a realizar las acciones conducentes a instaurar y desarrollar una política dirigida a capacitar para el autoempleo y fomentar la educación técnica entre las adolescentes embarazadas, a fin de promover su incorporación a la vida laboral, a cargo de la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite presentar proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, la familia mexicana está sufriendo cambios muy vertiginosos en muy poco tiempo, conjugando, además, una amplia gama de contrastes. Por un lado, hay mayor oportunidad para acceder a la educación pública y gratuita, así como un amplio acceso a la información con las tecnologías del Internet, por ejemplo. Sin embargo, el contraste se acentúa en el sector social juvenil, específicamente en la clase media y baja, con el aumento de embarazos a corta edad, cuando los jóvenes aún no han terminado sus estudios de secundaria, incluso. Esta problemática afecta en mayor medida a las mujeres.

Lo anterior contrapone primero, una sociedad que se acerca a mayores oportunidades educativas y, por otro lado, el aumento de familias que, ante una maternidad prematura, debilitan el tejido social, lo que obliga al Estado en su conjunto a instrumentar políticas públicas que de manera subsidiaria fortalezcan a la familia, como el núcleo básico de la estructura social.

Si bien es cierto que se están rompiendo las ideas arcaicas de rechazo al embarazo en adolescentes, la deserción estudiantil sigue creciendo porque, cuando las adolescentes están embarazadas deben asumir responsabilidades muy tempranas que, por lo general, no pueden compartir con el estudio, o se les dificulta notablemente por lo que optan por abandonar la escuela. La decisión hipoteca la vida de la joven para siempre, condenada a un presente de niña madre y un futuro con pocas expectativas profesionales y económicas.

En los últimos diez años, México no ha logrado disminuir la tasa de embarazos entre adolescentes; de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2008, de dos millones seiscientos treinta y seis mil ciento diez mujeres embarazadas, cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y cinco son menores de edad. Esto es un 17.37 por ciento del total.

La gran cantidad de adolescentes embarazadas y madres solteras menores de de edad con un hijo a su lado, y sin haber terminado la enseñanza media, son un ejemplo para darnos cuenta hasta que punto hemos llegado en nuestro país y en nuestra sociedad.

Entre las causas más frecuentes se mencionan: La falta de orientación y educación sexual adecuada, sea de parte de los padres en el hogar, de los maestros en la escuela o de la comunidad por carecer de instituciones para ello. La pasividad, dependencia y baja autoestima de algunos adolescentes hombres y mujeres que no se respetan a sí mismos ni se hacen respetar. La falta de comunicación con los padres y adultos que les puedan orientar al respecto. La falta de oportunidades que ofrece el medio socio-económico para poder desarrollarse. La falta de afecto familiar que los adolescentes necesitan y que al no encontrarlo creen hallarlo fugazmente en una relación sexual.

Si bien es cierto que la mejor medida es atacar el problema mediante una política de prevención, la complejidad ha desbordado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. No hay que dejar pasar desapercibido que la Secretaría Educación Pública ha implementado, mediante el Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, una serie de acciones encaminadas a dar apoyo a las adolescentes que son madres que sigan inscritas en primaria, secundaria o que hayan asistido a la escuela, y a permanecer y concluir sus estudios de educación básica mediante el otorgamiento de una beca económica mensual.

Además, el programa Por un México sin Rezago Educativo, que surge con la aportación económica y operativa de los gobiernos estatales, municipales y federación, con el propósito de abatir el rezago educativo en las entidades federativas con la participación de la sociedad en general mediante el apoyo de tutores responsables de jóvenes y adultos que desean concluir su educación básica, por lo que se propone que éste programa se focalice además a las jóvenes embarazadas a fin de ampliar sus opciones para concluir sus estudios de educación básica y optar por una preparación para la vida laboral.

Tenemos la problemática presente y acentuándose cada vez en la sociedad mexicana, por lo que se requiere que el Estado, en sus tres órdenes de gobierno, intervenga a fin de cohesionar el tejido social y evitar con ello una cadena de marginación, desempleo y una sociedad fragmentada.

Por ello, es necesario que de manera coordinada los gobiernos federales, estatales y municipales, realicen una campaña intensiva para promocionar y hacer del conocimiento general los diversos programas en apoyo a las madres adolescentes embarazadas.

Asimismo, impulsar y desarrollar una política pública coordinada desde los tres ámbitos de gobierno, que tenga por objetivo capacitar para el autoempleo y fomentar la educación técnica entre las adolescentes embarazadas, a fin de promover su incorporación a la vida laboral de una manera digna.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades educativas de los tres ámbitos de gobierno a realizar las acciones necesarias a favor de fomentar, pero además, instrumentar y desarrollar una política pública que tenga por objetivo capacitar para el autoempleo y fomentar la educación técnica entre las adolescentes embarazadas, a fin de promover su incorporación a la vida laboral de una manera digna para ella y su familia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.

Diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta Ejecutivo federal a expedir el decreto que instituye el 12 de octubre como Día Nacional del Reconocimiento de las Culturas Originarias de México y Latinoamérica, a cargo del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Ramón Jiménez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Este 2010 celebramos el tan aludido bicentenario de la Independencia de México, y qué mejor escenario que el de los festejos de fecha tan destacable para otorgar el reconocimiento y el valor que por años se ha negado a la parte de nuestra historia que ha quedado rezagada, olvidada y hasta enterrada a través de los siglos, la de nuestro pasado milenario e histórico, aquel del que tanto se habla pero que pocos conocen en realidad; el origen y pasado del pueblo de esta hermosa tierra llamada México, ese mismo pasado en el que antes de la colonización ya éramos libres.

Poco se habla y desgraciadamente mucho menos se sabe de este origen, ya que las nuevas generaciones están siendo marginadas del saber de estos umbrales milenarios del México prehispánico, antes de la colonización española. Hoy día, las elites políticas y económicas locales, nacionales y globales exaltan el esplendor indígena del pasado, mediante exposiciones que rompen récords de asistencia, pero se menosprecia a los indígenas vivos y se les confina al folclor. Incluso entre sectores “progresistas” y de izquierda se comparte este “racismo”.

Actualmente se cuestiona, pero no se elimina, la humillación histórica hacia los indígenas, basada en la “convicción natural” de que son “un obstáculo para el progreso nacional”, que “son atrasados y pobres por que quieren”; en fin, “incivilizados”. Prejuicios que reafirman y justifican la opresión y marginación que viven los indígenas.

El próximo 12 de octubre se cumplirán 518 años desde que los europeos llegaron a lo que hoy es América y conocieron un mundo totalmente distinto para ellos, algo desconocido. Este acto ha sido llamado por muchos el descubrimiento de este continente, otros mencionan que fue una conquista, recientemente se le nombra el encuentro de dos mundos, hay quienes lo consideran una masacre a los indígenas quienes habitaban estas tierras desde hacía mucho tiempo atrás, y hoy, a poco mas de cinco siglos de este debate, aun se sigue discutiendo sobre el significado de esta fecha histórica.

Y es que a pesar de los discursos y cambios legales la discriminación determina la relación de los indígenas con los Estados y las sociedades actuales. Aunque orgullosamente debemos de decir que, así como Colón nunca se entero que llegó a un nuevo continente, las elites globalizadoras ignoran, y lo seguirán haciendo, que las sociedades han cambiado para siempre y que la demanda de los pueblos indígenas a favor de su inclusión en el presente y futuro de las naciones es también, hoy día, la bandera de todos los sectores excluidos del mundo.

Este tipo de esfuerzos ha obligado a muchos Estados y a la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) a reconocer la pluralidad cultural y étnica de las sociedades; tanto así que el periodo comprendido de 1995 a 2004 se declaró el Decenio de los Pueblos Indígenas. Situación que nos lleva a analizar que si el 12 de octubre celebra el mestizaje de las culturas originarias de América, la africana y europea que produjo el descubrimiento de América, en los últimos años, esa fecha se ha convertido en el símbolo de la reconquista cultural y política de los pueblos indígenas.

En la mayoría de los países hispanoamericanos se denomina a la fecha como “Día de la Raza”, en conmemoración de la jornada donde ambas culturas se fusionaron. Dicho nombre fue creado por el ex ministro Faustino Rodríguez-San Pedro como presidente de la Unión Iberoamericana, que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica. Poco después esta fecha fue instituida como fiesta nacional en varios países de hispanoamérica.

Por ello, el denominado Día de la Raza fue establecido en la Argentina, por ejemplo, en 1917 por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, como reafirmación de la identidad hispanoamericana frente a Estados Unidos de América y a la doctrina Monroe; sin embargo, en este país desde 2007 existe un proyecto de decreto del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo estatal, de modificar el nombre de “Día de la Raza” por “Día de la Diversidad Cultural Americana en Argentina”.

Otro ejemplo es Venezuela, que en 1921, por decreto presidencial de Juan Vicente Gómez, celebraba el Día de la Raza, aunque a este país habría que loarle la propuesta hecha en 2002 por el actual presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y de quien fuera ministro de Educación Superior, Samuel Moncada, para transformar dicha celebración e instaurar el “Día de la Resistencia Indígena”, pues los promotores de esta iniciativa aseveran que no fue un descubrimiento, sino un genocidio donde los aborígenes resistieron la dominación de las fuerzas españolas hasta el último respiro.

En Chile, desde el año 2000 la celebración recibió el nombre de “Día del Descubrimiento de Dos Mundos” (aunque todavía se usa el antiguo nombre), y se celebra como festivo el lunes más cercano al 12 de octubre.

Uruguay lo denomina “Día de las Américas”, diferente a la fiesta del mismo nombre que se celebra el 14 de abril en otras tantas naciones como El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití.

En Costa Rica, oficialmente desde 1968 se creó el “Día del Descubrimiento y la Raza”, pero desde 1994 se ha transformado oficialmente en el “Día de las Culturas”, a fin de resaltar en forma conjunta tanto los aportes culturales de los españoles, los indígenas y los afrocaribeños.

Esta fecha también se celebra oficialmente como día festivo en Colombia, Ecuador, Perú y otras tantas naciones americanas. Mientras que en España, esa fecha también se celebró como “Fiesta de la Raza” entre 1918 y 1958, año en que mediante un decreto se cambió su denominación oficial por la de “Fiesta de la Hispanidad”, confirmada en 1981, pero en la actualidad es la

“Fiesta Nacional Española”, según la Ley del 18/1987, que establece el día de la fiesta nacional de España el 12 de octubre.

En México se decreto la fecha como oficial desde 1928 por iniciativa de José Vasconcelos, quien aludió a lo que él llamaba raza iberoamericana, con un significado de mestizaje y sincretismo cultural. Pero hoy día los vertiginosos avances y transformaciones, así como los cambios del México del siglo XXI nos demandan dar un nuevo significado a esta fecha.

Y es que en el nuevo siglo, de norte a sur del continente, los pueblos indígenas demandan sus derechos territoriales y agrarios, defienden sus recursos naturales, tierras, identidades culturales, lenguas y su autodeterminación.

Incluso han derribado a varios gobiernos en la región. Es así, como el 12 de octubre ha pasado de ser el tradicional “Día de la Raza” y se ha convertido en una jornada de lucha y exigencia de los pueblos indios de nuestro continente por no desaparecer y pelear por el reconocimiento de sus identidades y formas de vida, defendiendo sus territorios; desde Chile y Argentina, pasando por Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Centroamérica y México; los pueblos originarios levantan la voz para tomar en sus manos la historia y las decisiones que les afectan, ya que su lucha no ha terminado con su marginación, ni con la pobreza ni la exclusión social, económica, política y cultural a la que han sido orillados.

En décadas recientes el movimiento indígena ha logrado una visualización que puso en cuestión esta idea y puso en el centro del debate sus consecuencias sociales y culturales para los pueblos indígenas, lo que ha producido un punto de quiebre que significa una victoria cultural de los indígenas.

Durante siglos prevaleció “la visión de los vencedores” y la justificación de la ocupación y el sojuzgamiento de las poblaciones nativas bajo el argumento de que las “civilizaron”.

Es por ello que tomando como marco este 2010, “año del bicentenario”, debemos de hacer un llamado a todos los mexicanos, hombres y mujeres de esta gran nación a refrendar nuestra esencia cultural, nuestras raíces y preservar nuestra memoria histórica. Siendo que la conmemoración del arribo de Cristóbal Colón a las costas del continente americano en 1492 es motivo de interpretaciones y polémicas, por ello nos pronunciamos a favor de que el llamado “Día de la Raza” se convierta en una fecha para reivindicar ese pasado milenario y lleno de tradición que tenemos los herederos de la “raza de bronce”.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, LXI Legislatura honorable Cámara de Diputados, integrantes de distintos grupos parlamentarios, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta soberanía exhorta al Poder Ejecutivo federal a efecto de que en lo prioritario y en el marco de los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, y a fin de dar el auge, la relevancia y el reconocimiento que merecen las culturas originarias de México y Latinoamérica, con la mayor brevedad publique el decreto que instituye el 12 de octubre como el Día Nacional del Reconocimiento de las Culturas Originarias de México y Latinoamérica.

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2010.

Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a desistirse de instaurar y aplicar la cédula de identificación ciudadana, a cargo de la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del PT

La expedición de una cédula de identificación ciudadana en torno a una crisis económica, a una lamentable desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones del estado y a una crisis de seguridad pública y militarización del país carece de sentido racional y de pertinencia política.

La falta de credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones, en gran medida ganada con creces, es un elemento que no debe de perderse de vista al abordar la falta de pertinencia en la emisión de esta iniciativa de parte del Poder Ejecutivo. Al plantearse dentro de la Ley General de Población, en el Capítulo VI, denominado “Registro Nacional de Ciudadanos y cédula de identidad ciudadana”, que corresponde a la Secretaría de Gobernación la emisión de un documento que acredite la identidad ciudadana, no es posible dejar de apreciar la existencia de una en el sentir general de una suspicacia de convertir a dicho instrumento en un elemento de control político de la población y no en un documento de acreditación de la personalidad, dados los antecedentes con los que cuenta dicha dependencia.

Es de llamar la atención que en el proyecto presentado por la Secretaría de Gobernación (Segob) ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se exponen elementos de seguridad que no se ajustan a los estándares internacionales de cédulas de identificación ciudadana al contener elementos propios de un mecanismo de sujeción estatal desde la perspectiva de la seguridad nacional, más que a los de un documento de identificación y acreditación de la personalidad, como lo es la inclusión de la impresión del iris ocular de cada uno de los ciudadanos, medida que extralimita cualquier mandato de ley e incluso cualquier parámetro mundial en materia de identificación ciudadana.

En materia presupuestal, es importante hacer notar que el Ejecutivo federal ha solicitado un presupuesto de 796.5 millones de pesos para el Ramo 04, “Registro e Identificación de Población”, suma que se opone a cualquier criterio de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público. El destinar un presupuesto de tal magnitud resulta un despropósito si se considera la adversa situación económica del país y la falta de recursos públicos para atender necesidades prioritarias que fomenten la reactivación económica y el crecimiento y desarrollo nacionales.

Es preciso hacer notar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el artículo 36, la obligación de los ciudadanos mexicanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, norma rectora que se encuentra respetada en todos sus efectos a través de la emisión de la clave única del registro de población (CURP) y a través del Registro Nacional de Electores. Tanto la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, como la CURP, cuentan con las medidas de seguridad y los requisitos de identificación ciudadanas, suficientes y necesarias, mismas que son contempladas en la Ley General de Población, razón por la que no es procedente duplicar recursos del Estado para emitir un documento adicional, ya que resulta jurídica, política y económicamente innecesario.

La emisión de una cédula de identidad ciudadana impactaría de manera negativa en la credencialización para votar, ya que de acuerdo al documento denominado “Análisis sobre el impacto de la emisión de la cédula de identidad ciudadana (Segob) respecto de la credencial para votar (IFE)” de octubre del año 2009, elaborado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, se señala que ante la posibilidad de que la cédula de identidad coexista con la credencial existirían efectos electorales negativos, entendidos éstos como una posible afección a la calidad de la vida democrática del país, y efectos cuantitativos, entendidos como la posibilidad de disminuir las credenciales para votar al perder su función como medio de identificación oficial, situación que encuentra sustento normativo mediante el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional de 1990, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de abril de ése año, y que establece que “en tanto no se establezca el Servicio del Registro Nacional de Ciudadanos, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales”, situación que a la fecha ha sido vigente y claramente viable, toda vez que los padrones electorales a los que se refiere la norma cuentan con medidas de seguridad, además de contener la totalidad de los datos de identificación ciudadana a los que se refiere la Ley General de Población, tiene un presupuesto asignado para tal efecto, una experiencia en el empadronamiento ciudadano acumulado a lo largo de 20 años y una aceptación ciudadana considerable.

Considerando

Que el Estado mexicano cuenta con un instrumento de identificación que goza de la aceptación y confianza mayoritaria de la ciudadanía, como lo es la credencial de elector emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE), así como la carencia de recursos que obligan a reconsiderar la pertinencia en generar gastos para emitir una nueva credencial de identificación.

Se pone a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El honorable Congreso de la Unión no autoriza la emisión de una cédula de identidad ciudadana en virtud de que no es pertinente ni viable por consideraciones presupuestales, de seguridad jurídica de los ciudadanos y porque virtualmente desalentaría la participación político electoral toda vez que sustituiría a la credencial electoral emitida por el IFE en su función de acreditación plena de la personalidad.

Segundo . Se exhorta al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, a desistir en los proyectos, trámites y petición de recursos presupuestales para la elaboración y emisión de la cédula de identidad ciudadana.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.

Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica)

Excitativas

A las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, a solicitud de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, solicito respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva para que en uso de sus atribuciones excite a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación para que emitan dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. El presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y Gobernación a nombre de la Cámara para que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.

Segundo. Es el caso, que el 15 de octubre del año 2009, el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó, para los efectos legales correspondientes, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura.

Tercero. En la misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa en comento a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y Gobernación.

Cuarto. Que la situación que guarda la iniciativa es que se encuentra en análisis y pendiente de dictaminación.

Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión:

Único. En los términos por lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación para que emitan dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales presentada por la suscrita.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2010.

Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)