Del Congreso de Michoacán, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 96, 97, 98, 116 y 123 y adiciona los artículos 95 Bis, 95 Ter, 95 Quáter, 96 A, 97 Bis, 97 Ter, 97 Quáter, 97 Quintus, 98 Bis, 98 Ter, 98 Quáter y 98 Quintus a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 14 de septiembre de 2010.

Diputados al Congreso de la Unión

Presentes

En cumplimiento de lo instruido en la sesión celebrada en esta fecha, por este conducto nos permitimos remitir el acuerdo número 320, que contiene iniciativa de decreto que reforma los artículos 94, 96, 97, 98, 116 y 123, y adiciona el 95 Bis, 95 Ter, 95 Quáter, 96 A, 97 Bis, 97 Ter, 97 Quáter, 97 Quintus, 98 Bis, 98 Ter, 98 Quáter y 98 Quintus de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para estudio, análisis y dictamen. Se anexa copia del dictamen.

Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

La Mesa Directiva del Congreso

de Michoacán de Ocampo

Diputado Carlos Humberto Quintana Martínez (rúbrica)

Presidente

Diputado Heriberto Lugo Contreras (rúbrica)

Primer Secretario

Diputado José Trinidad Martínez Pasalagua (rúbrica)

Segundo Secretario

Diputado Luis Manuel Antúnez Oviedo (rúbrica)

Tercer Secretario

El Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo 320

Artículo Primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y 62, fracción I, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, la Septuagésima Primera Legislatura se permite someter a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de

Decreto que reforma los artículos 94, 96, 97, 98, 116 y 123; y adiciona los artículos 95 Bis, 95 Ter, 95 Quáter, 96 A, 97 Bis, 97 Ter, 97 Quáter, 97 Quintus, 98 Bis, 98 Ter, 98 Quáter y 98 Quintus de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una suprema corte de justicia, en un tribunal electoral, en un tribunal federal de conciliación y arbitraje, en Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, en los Tribunales Agrarios, en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito:

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Artículo Segundo. Se recorren en su orden los actuales artículos 96, 97 y 98, para ser los nuevos artículos que se adicionan 95 Bis, 95 Ter y 95 Quáter respectivamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 95 Bis. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior.

Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que de dicha terna designe el presidente de la República.

Artículo 95 Ter. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo con los requisitos y procedimientos que establezca la ley.

Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.

Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma:

Presidente: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

Ministro: Sí, protesto.

Presidente: Si no lo hiciereis así, la nación os lo demande.

Los magistrados de circuito y los jueces de distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 95 Quáter. Cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución.

Si faltare un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta Constitución.

Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.

Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo podrán concederse por el presidente de la República con la aprobación del Senado.

Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 96. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano colegiado autónomo, especializado del Poder Judicial de la Federación, con plena jurisdicción y competencia para tramitar y resolver los conflictos laborales individuales y colectivos que se suscitan entre las dependencias de la administración pública federal, sus trabajadores y sus organizaciones sindicales.

El tribunal funcionará en pleno y en salas. Cada sala estará integrada por tres magistrados, nombrados por el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste por la Comisión Permanente, con base en lo siguiente:

Un magistrado propuesto por el gobierno federal, un magistrado representante de los trabajadores, a propuesta de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y un magistrado tercer árbitro, que fungirá como presidente de la sala. Las propuestas se harán de conformidad con lo que señale la ley respectiva.

El pleno se integra con la totalidad de los magistrados de las salas y con el magistrado presidente. Para ser magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se requiere

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Ser mayor de 25 años; y

III. No haber sido condenado por delitos contra la propiedad o a sufrir pena mayor de un año de prisión por cualquier otra clase de delitos intencionales. El presidente del tribunal y los presidentes de sala y de sala auxiliar, así como el magistrado propuesto por el gobierno federal, deberán poseer título profesional de licenciado en derecho, legalmente expedido cuando menos cinco años antes de la designación, y tener un mínimo de tres años de experiencia acreditable en materia laboral.

El magistrado representante de los trabajadores deberá haber servido al Estado como empleado de base, por periodo no menor de cinco años, precisamente anterior a la fecha de la designación.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene competencia para

I. Conocer de los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores;

II. Conocer de los conflictos colectivos que surjan entre el Estado y las organizaciones de trabajadores a su servicio;

III. Conceder el registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación del mismo;

IV. Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales; y

V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, reglamentos de escalafón, reglamentos de las comisiones mixtas de seguridad e higiene y de los estatutos de los sindicatos.

Artículo Cuarto. Se adiciona el artículo 96 A a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 96 A. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es un órgano autónomo especializado del Poder Judicial federal, con plena jurisdicción en materia laboral, teniendo a su cargo la tramitación y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.

La junta está integrada por igual número de trabajadores y patrones y uno del gobierno, de conformidad con la fracción XX del artículo 123 de esta Constitución, funcionará en pleno o en juntas especiales, de conformidad con lo que señale la ley para tales efectos.

El pleno se integrará con el presidente de la junta y con la totalidad de los representantes de los trabajadores y de los patrones. El nombramiento del presidente de la junta será a propuesta del presidente de la República y ratificado por la Cámara de Senadores, y en los recesos de ésta por la Comisión Permanente.

Para ser presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje se requiere

I. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, mayor de veinticinco años de edad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho;

III. Tener cinco años de ejercicio profesional, posteriores a la fecha de adquisición del título a que se refiere la fracción anterior, por lo menos;

IV. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y de la seguridad social;

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.

La competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está determinada por la fracción XXXI del artículo 123 de esta Constitución y por la Ley Federal del Trabajo, la del pleno y las juntas especiales se atenderá a lo establecido en el segundo de estos ordenamientos.

Artículo Quinto. Se reforma el artículo 97 y se adicionan los artículos 97 Bis, 97 Ter, 97 Quáter y 97 Quintus de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 97. Los tribunales agrarios son los órganos federales, especializados del Poder Judicial, dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de esta Constitución, la administración de la justicia agraria en todo el territorio nacional.

Los tribunales agrarios se componen de

I. El Tribunal Superior Agrario; y

II. Los Tribunales Unitarios Agrarios.

Artículo 97 Bis. El Tribunal Superior Agrario se integra por cinco magistrados numerarios, uno de los cuales lo presidirá. Los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado numerario.

El presidente del Tribunal Superior Agrario será nombrado por el propio tribunal, durará en su encargo tres años y podrá ser reelecto. Los magistrados serán designados por la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del presidente de la República y durarán en su encargo seis años.

Artículo 97 Ter. Para ser magistrado se deben reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, así como tener por lo menos treinta años el día de su designación;

II. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido cuando menos cinco años antes de la fecha de la designación;

III. Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años; y

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad.

Artículo 97 Quáter. El Tribunal Superior Agrario será competente para conocer

I. Del recurso de revisión en contra de sentencias dictadas por los tribunales unitarios, en juicios que se refieran a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;

II. Del recurso de revisión de sentencias de los tribunales unitarios relativas a restitución de tierras de núcleos de población ejidal o comunal;

III. Del recurso de revisión de sentencias dictadas en juicios de nulidad contra resoluciones emitidas por autoridades agrarias;

IV. De conflictos de competencia entre los tribunales unitarios;

V. Del establecimiento de jurisprudencia, para lo cual se requerirán cinco sentencias en un mismo sentido no interrumpidas por otra en contrario, aprobadas por lo menos por cuatro magistrados.

Para interrumpir la jurisprudencia se requerirá el voto favorable de cuatro magistrados y expresar las razones en que se apoye la interrupción.

Asimismo, el tribunal superior resolverá qué tesis deben observarse cuando diversos tribunales unitarios sustenten tesis contradictorias en sus sentencias, la que también constituirá jurisprudencia, sin que la resolución que se dicte afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción.

La jurisprudencia que establezca el Tribunal Superior Agrario será obligatoria para los tribunales unitarios a partir de su publicación en el Boletín Judicial Agrario;

VI. De los impedimentos y excusas de los magistrados, tanto del Tribunal Superior como de los tribunales unitarios;

VII. Conocer de las excitativas de justicia cuando los magistrados del propio tribunal superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los tribunales unitarios no respondan dentro de los plazos establecidos; y

VIII. De los demás asuntos que las leyes expresamente le confieran.

Corresponderá al magistrado ponente instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución definitiva para someterla a la aprobación del tribunal superior.

El tribunal superior podrá conocer de los juicios agrarios que por sus características especiales así lo ameriten. Esta facultad se ejercerá a criterio del tribunal, ya sea de oficio o a petición fundada del procurador agrario.

Artículo 97 Quintus. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer

I. De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones;

II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares;

III. Del reconocimiento del régimen comunal;

IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;

V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales;

VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población;

VII. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales;

VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias;

IX. De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas;

X. De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y

XI. De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales a que se refiere el artículo 45 de la Ley Agraria;

XII. De la reversión a que se refiere el artículo 97 de la Ley Agraria;

XIII. De la ejecución de los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 185 de la Ley Agraria, así como de la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria, previa determinación de que se encuentran ajustados a las disposiciones legales aplicables; y

XIV. De los demás asuntos que determinen las leyes.

Artículo Sexto. Se reforma el artículo 98 y se adicionan los artículos 98 Bis, 98 Ter, 98 Quáter y 98 Quintus de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 98. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un órgano autónomo, especializado del Poder Judicial federal, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, le corresponde dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como las demás que determine la ley de la materia.

El tribunal se integra por una sala superior, salas regionales y la Junta de Gobierno y Administración. Los magistrados del tribunal serán nombrados por el presidente de la República, con aprobación de la Cámara de Senadores y, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. El presidente del tribunal será electo por el pleno de la Sala Superior en la primera sesión del año siguiente a aquel en que concluya el periodo del presidente en funciones. Durará en su cargo tres años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente.

Los magistrados de la Sala Superior serán nombrados por un periodo de quince años improrrogables. Los magistrados de la sala regional y los magistrados supernumerarios de sala regional serán nombrados por un periodo de diez años.

Serán elegibles los magistrados de sala superior cuyos nombramientos cubran el periodo antes señalado.

Para ser magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se requiere lo siguiente:

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento;

IV. Contar con notoria buena conducta;

V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento; y

VI. Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije la cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados en el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

III. Las que impongan multas por infracción de las normas administrativas;

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto del que se refieren las fracciones anteriores;

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal;

VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;

IX. Las que requieran el pago de garantías en favor de la federación, el Distrito Federal, los estados o los municipios, así como de sus entidades paraestatales;

X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

XII. Las que decidan los recursos administrativos contra las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista en la ley que rija dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos los casos en que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; y

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

El tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.

Artículo 98 Bis. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se compondrá de trece magistrados especialmente nombrados para integrarla, de los cuales once ejercerán funciones jurisdiccionales y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración, durante los periodos que señala esta ley.

La Sala Superior del tribunal actuará en pleno o en dos secciones. Los dos magistrados de Sala Superior que formen parte de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal no integrarán el pleno ni las secciones por el tiempo que dure su encargo en dicha junta, salvo en los casos previstos en la ley orgánica del tribunal.

Las secciones estarán integradas por cinco magistrados de sala superior, adscritos a cada una de ellas por el pleno.

El presidente del tribunal no integrará sección, salvo cuando sea requerido para integrarla ante la falta de quórum, en cuyo caso presidirá las sesiones, o cuando la sección se encuentre imposibilitada para elegir su presidente, en cuyo caso el presidente del tribunal fungirá provisionalmente como presidente de la sección, hasta que se logre la elección.

Artículo 98 Ter. El pleno estará integrado por el presidente del tribunal y por diez magistrados de sala superior. Son facultades del pleno las siguientes:

I. Elegir de entre los magistrados de sala superior al presidente del tribunal;

II. Aprobar y expedir el reglamento interior del tribunal, en el que se deberán incluir, entre otros aspectos, las regiones, sede y número de salas regionales, así como las materias específicas de competencia de las secciones de la sala superior o de las salas regionales y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción;

III. Expedir el estatuto de carrera a que se refiere el párrafo segundo del artículo 10 de esta ley;

IV. Elegir a los magistrados de sala superior y de sala regional que se integrarán a la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto en el artículo 40 de esta ley;

V. Aprobar y someter a consideración del presidente de la República la propuesta para el nombramiento de magistrados del tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración;

VI. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los magistrados de las secciones;

VII. Designar al secretario general de Acuerdos, a los secretarios adjuntos de las secciones y al contralor interno, a propuesta del presidente del tribunal;

VIII. Resolver todas las situaciones que sean de interés para el tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos;

IX. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del tribunal conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la revista del tribunal;

X. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, incluidos aquéllos que sean de competencia especial de las Secciones;

XI. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan contra los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el presidente del tribunal para poner en estado de resolución un juicio competencia del pleno, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por éste, así como resolver la aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes;

XII. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las disposiciones aplicables;

XIII. Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los magistrados del tribunal y respecto a los magistrados de sala regional designar de entre los secretarios a quienes deban sustituirlos;

XIV. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los magistrados del tribunal contra sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y someter a consideración del presidente de la República la destitución de un magistrado, en los términos del artículo 7 de esta ley;

XV. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos; y

XVI. Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 98 Quáter. El tribunal tendrá salas regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres magistrados cada una. Las salas regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados conforme a lo establecido en la ley de la materia. Las atribuciones y competencia se determinarán de conformidad con lo que establezca su ley orgánica.

Artículo 98 Quintus. La Junta de Gobierno y Administración será el órgano del tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones. La Junta de Gobierno y Administración se integrará por

I. El presidente del tribunal, quien también será el presidente de la Junta de Gobierno y Administración;

II. Dos magistrados de sala superior; y

III. Dos magistrados de sala regional.

Los magistrados de sala superior y de sala regional que integren la Junta de Gobierno y Administración serán electos por el pleno en forma escalonada por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Sólo serán elegibles los magistrados cuyos nombramientos cubran el periodo del cargo en dicha junta.

Los magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración no ejercerán funciones jurisdiccionales. Una vez que concluyan su encargo en dicha junta, se reintegrarán a las funciones jurisdiccionales, siempre y cuando estén en edad de desempeñarse como magistrados.

Las facultades, competencia y demás disposiciones aplicables a la Junta de Gobierno y Administración se determinarán conforme a lo que establezca la ley orgánica.

Artículo Séptimo. Se reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. a V. ...

VI. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje local, así como las juntas de conciliación y arbitraje locales, pertenece al Poder Judicial del estado, con las atribuciones, organización, condiciones de ingreso, formación y permanencia que para tal efecto señalen las Constituciones locales y la legislación respectiva.

Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo Octavo. Se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverá la organización social para el trabajo conforme a la ley, la creación de empleos y de órganos jurisdiccionales en materia laboral a nivel federal y local los cuales pertenecerán al Poder Judicial, con la finalidad de dirimir las controversias que se susciten entre el capital y el trabajo, garantizándose de esta manera la plena imparcialidad y autonomía en las resoluciones que al efecto emitan éstos.

Los órganos jurisdiccionales que se establezcan se denominarán tribunal de conciliación y arbitraje, y juntas de conciliación y arbitraje, auxiliándose de las demás autoridades de carácter administrativo con competencia en materia laboral que para tal efecto se instituyan.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Art ículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente decreto legislativo.

Artículo Tercero. Remítase el presente acuerdo, que contiene iniciativa de decreto que reforma los artículos 94, 96, 97, 98, 116, y 123, y adiciona los artículos 95 Bis, 95 Ter, 95 Quáter, 96 A, 97 Bis, 97 Ter, 97 Quáter, 97 Quintus, 98 Bis, 98 Ter, 98 Quáter y 98 Quintus de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya lugar.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a 14 de septiembre de 2010.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputados: Carlos Humberto Quintana Martínez (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; Heriberto Lugo Contreras (rúbrica). srimer secretario; José Trinidad Martínez Pasalagua (rúbrica), segundo secretario; Luis Manuel Antúnez Oviedo (rúbrica), tercer secretario.