Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3113, viernes 08 de octubre de 2010

De la Junta de Coordinación Política, por el que se somete a consideración del pleno la integración de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura

La Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, numeral 1, incisos b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de los siguientes:

Considerandos

I. Que de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de esta H. Cámara de Diputados dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

II. Que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución”, así como “conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren”.

III. Que la Junta de Coordinación Política, en términos de lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b), en correlación con el inciso c) del mismo numeral de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está facultada para presentar al pleno, proyectos de puntos de acuerdo.

IV. Que el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la letra establece:

“Al proponer la Gran Comisión de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán de cada una de las Comisiones, cuatro integrantes para que formen la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores.

Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Gran Comisión, de entre los miembros de las Comisiones respectivas.”

V. Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en correlación con el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta H. Cámara de Diputados integró la Comisión Jurisdiccional el 29 de septiembre de 2009, por lo que a la fecha, considerando la sustituciones realizadas por los Grupos Parlamentarios, está conformada de la siguiente manera:

VI. Que atendiendo a las disposiciones citadas anteriormente, y de conformidad con la propuesta de integración que la Comisión Jurisdiccional remitió el día de hoy, esta Junta de Coordinación Política, ha considerado oportuno presentar a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la integración de la Sección Instructora, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en consecuencia, este órgano legislativo esté en aptitud de ejercer las facultades que constitucional y legalmente le corresponden, para sustanciar en lo conducente las solicitudes de declaración de procedencia, así como del procedimiento de juicio político, enmarcados en los artículos 111 y 110 de nuestra Constitución, respectivamente.

Atendiendo a los fundamentos y motivaciones expuestas en los considerandos, esta Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en correlación con el artículo 40, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda integrar la Sección Instructora encargada de sustanciar los procedimientos inherentes al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Segundo. Para los efectos del presente instrumento, la Sección Instructora quedará integrada por los siguientes Diputados Federales:

Presidente: Dip. César Augusto Santiago Ramírez

Integrante: Dip. Arturo Zamora Jiménez

Integrante: Dip. Mary Telma Guajardo Villarreal

Integrante: Dip. César Octavio Madrigal Díaz

Tercero. La Sección Instructora se instalará en el lugar que les sea asignado y se les proveerá de los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

Cuarto. Aprobado el presente acuerdo por el Pleno de la Cámara de Diputados, publíquese en la Gaceta Parlamentaria, así como en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo, México, DF, a 7 de octubre de 2010

Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.)

Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.)

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputado Reyes Tamez Guerra

Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)

Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que, en uso de sus atribuciones, proponga a la colegisladora la instalación de reuniones en conferencia para analizar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con miras a su adecuación

Antecedentes

Durante el ejercicio constitucional de las legislaturas, incluyendo la actual, se han presentado en ambas Cámaras iniciativas que proponen modificaciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y modificaciones integrales para una nueva integración y facultades en la estructura orgánica del Congreso inclusive.

Uno de los avances logrados en el Seminario de análisis sobre reforma política, celebrado el 25 y 26 de enero del presente año, así como las conclusiones de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión para la Reforma del Estado publicadas en agosto de 2007, celebrada en los términos de la Ley para la Reforma del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2007, han destacado la coincidencia en los planteamientos hechos por todos los partidos políticos con representación en el Congreso para el fortalecimiento y la modernización del trabajo legislativo y una mejor organización interna para ambas Cámaras, así como la creación de instrumentos de control para el Poder Ejecutivo.

Por ello adoptar el método de trabajo en conferencia de ambas Cámaras, a través de las comisiones homólogas, de forma tal que la concurrencia de senadores y de diputados se realice para llevar a cabo el estudio, análisis y dictamen que asegure y garantice los mejores resultados para lograr la reforma de la Ley Orgánica.

Que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados en el estudio y análisis de su propio reglamento ha identificado obstáculos que dificultan el funcionamiento de los procesos parlamentarios de la Cámara y que no son atendibles por la vía reglamentaria debido a que se sitúan en la estructura y organización estatuidos en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerandos

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, numeral 1, inciso b), y 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece la atribución de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras para presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de acuerdo.

Que el artículo 40, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados, se encargará de preparar proyectos de ley o de decreto para adecuar las normas que rigen las actividades camarales.

Que el artículo 102 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Senadores, se encargará de preparar proyectos de ley o decreto para adecuar las normas que rigen las actividades camarales, de dictaminar las propuestas que se presenten en esta materia y de resolver las consultas que en el mismo ámbito decidan plantearle los organismos constituidos en virtud de esta ley.

Que el artículo 98 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecen que se podrán crear comisiones conjuntas con participación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión para atender asuntos de interés común y expeditar el despacho de sus asuntos y que la conferencia de comisiones deberá celebrarse con la anticipación necesaria que permita la adecuada resolución del asunto que las convoca.

Que el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su última parte establece que las Comisiones de ambas Cámaras pueden también tener conferencias entre sí, para expeditar el despacho de alguna ley u otro asunto importante.

Toda iniciativa que proponga reforma o adiciona a la Ley Orgánica, debe someterse a un proceso bicameral debido a su naturaleza.

Por lo expuesto y fundado son de aprobarse los siguientes

Acuerdos

Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados convocar a la colegisladora la instalación de reuniones en conferencia.

Segundo. El objetivo es que las Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de ambas Cámaras analicen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a fin de proponer su adecuación con base en las iniciativas presentadas durante las legislaturas LVIII, LIX, LX y LXI en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados.

Tercero. El periodo de vigencia del presente acuerdo será de septiembre de 2010 a febrero de 2011, tiempo en el cual se desarrollarán los trabajos en Conferencia de acuerdo al calendario y plan de trabajo que aprueben.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su sesión celebrada el jueves 9 de septiembre del 2010.

Diputados: J esús María Rodríguez Hernández (rúbrica), presidente; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), secretarios.

Comunicaciones

De la Junta de Coordinación Política, con el que da a conocer los nombres de quienes integran el Grupo Plural de trabajo que dé seguimiento a la problemática sobre obesidad y desnutrición que afecta a la población de nuestro país

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Presidente de la Mesa Directiva

Honorable Cámara de Diputados

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle comunicar a la asamblea los nombres de los diputados integrantes del Grupo Plural de trabajo que dé seguimiento a la problemática sobre obesidad y desnutrición que afecta a la población de nuestro país, aprobado por el pleno el 5 de octubre del año en curso:

María Elena Perla López Loyo (PRI), presidenta; Yolanda de la Torre Valdez (PRI), Juan José Cuevas García (PAN), Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN), Mary Telma Guajardo Villareal (PRD), Heladio Gerardo Verver Vargas Ramírez (PRD), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (PVEM), Eduardo Ledesma Romo (PVEM), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (PT), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (PT), María del Pilar Torre Canales (Nueva Alianza), Cora Pinedo Alonso (Nueva Alianza), Laura Arizmendi Campos (Convergencia), Laura Piña Olmedo (Convergencia).

Sin más por el momento, quedo de usted,

Atentamente

Diputada Josefina Eugenia Vázquez Mota (rúbrica)

Presidenta

(De enterado; comuníquese. Octubre 5 de 2010.)

Programas

De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, anual de trabajo correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura

I. Presentación

La nación atraviesa por un entorno económico adverso. Precisamente por eso se requiere aprovechar más que antes las ventajas comparativas que ofrecen las zonas metropolitanas y reorientar el modelo de desarrollo económico. No se trata sólo de adoptar medidas urgentes para impulsar la reactivación económica, la inversión y la generación de empleo. El reto concierne al modelo de desarrollo nacional y a los cambios necesarios para el fomento de la competitividad económica de las zonas metropolitanas, que en conjunto aportan tres cuartas partes del producto interno bruto nacional.

Por eso, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano nos proponemos trabajar con visión de Estado, corresponsabilidad política y desde el ámbito legislativo en el impulso de la competitividad económica, de políticas públicas orientadas a la viabilidad urbana y ambiental del crecimiento metropolitano y a promover la reducción de las disparidades del desarrollo social y entre entidades federativas y regiones del país. Eso supone necesariamente la adecuación de la legislación federal y la local en materia de ordenamiento de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano en las zonas metropolitanas.

La comisión se propone como objetivo general contribuir desde el ámbito de su competencia a la adecuación del marco jurídico, de manera que se establezcan las bases de regulación y el ordenamiento del desarrollo metropolitano con la especificidad de que actualmente carece la legislación federal y la local.

La innovación legislativa, en este campo, implica reconocer el estatus que debe otorgarse al desarrollo metropolitano, atender a la diversidad y heterogeneidad entre zonas metropolitanas, tanto en territorio de una misma como de dos o más entidades federativas, así como establecer la debida planeación y coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo que hará propicia la adecuada concurrencia de los sectores privado y social de la sociedad.

Hay coincidencia entre los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión en torno de la necesidad de establecer la planeación del desarrollo regional y metropolitano sobre nuevas bases. Para aspirar a un desarrollo nacional socialmente más equitativo es necesario integrar entre sí los centros de población con menor desarrollo, aprovechando su vocación y potencialidades económicas al desarrollo productivo en la región metropolitana de influencia.

Los sectores productivos del país, la sociedad organizada y la ciudadanía en general coinciden también en que es necesario concertar esfuerzos en la misma dirección; a saber, generar un desarrollo económicamente equilibrado y equitativo social y territorialmente, que asegure bienestar social y calidad de vida en las regiones de influencia de las zonas metropolitanas, en las cuales se concentra la mitad de la población nacional.

Es necesario por tanto reorientar el desarrollo regional y metropolitano a partir de un federalismo cooperativo, sobre bases que aseguren certidumbre productiva, una equitativa distribución de recursos y oportunidades y la colaboración responsable de autoridades locales y federales, al margen de su extracción partidista y las diferencias en la duración del mandato constitucional.

Con esa visión legislativa, la Comisión de Desarrollo Metropolitano emprenderá sus tareas de apoyo al pleno para preparar resoluciones sobre las iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo que le sean turnadas, a partir del criterio de que es necesario instituir una gestión pública de orden metropolitano, apoyada en una legislación articulada y congruente con las diferencias entre zonas metropolitanas y entidades federativas del país, que induzca la debida coordinación entre autoridades y el financiamiento de proyectos y obras fincadas en una efectiva planeación metropolitana.

Se trabajará por consiguiente en la elaboración y la concertación de ese criterio, que permitirá promover la adopción de políticas públicas metropolitanas de Estado. Es convicción de la comisión que tales políticas constituyen una condición necesaria para, por una parte, corregir las disparidades regionales y las iniquidades sociales derivadas de un compulsivo y desordenado crecimiento de las zonas metropolitanas; y para, por otra, fomentar el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas de ellas, en beneficio de dos cuartas partes de la población asentada en apenas 14 por ciento de los municipios del país y en menos de 10 por ciento de la superficie nacional.

Es evidente que se requiere fortalecer el financiamiento público para ordenar las actividades productivas, fomentar la inversión privada y adecuar las infraestructuras, los equipamientos y los servicios públicos que sirven a las zonas metropolitanas. Pero igualmente evidente es que, al mismo tiempo, habrá que impulsar la coordinación y la cooperación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que el diseño y la implantación de proyectos y la ejecución de obras en el ámbito territorial metropolitano tengan efectivamente un amplio efecto social. Las leyes deberán proveer a esa coordinación y cooperación, sin demérito de la composición política plural y las restricciones presupuestarias.

Con base en las facultades que la ley le otorga, la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados desempeñará sus tareas sobre la base de acordar una visión compartida del desarrollo metropolitano que permita adecuar las leyes para promover un crecimiento económico con equidad social y oportunidades de bienestar y calidad de vida en las zonas metropolitanas del país, establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental en los territorios metropolitanos y, de esa manera, a hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, política y cultural de la nación.

II. Fundamento jurídico

La Comisión de Desarrollo Metropolitano es de carácter ordinario, según lo dispuesto en el artículo 39, numeral 2, fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la misma ley, la comisión tiene por consiguiente atribuciones para dictaminar los asuntos legislativos que la Mesa Directiva de la Cámara le turne; para evaluar las políticas públicas y el ejercicio de la administración pública federal correspondiente al ramo y a la materia, para lo cual puede requerir al Ejecutivo federal, en su caso, la información que sirva con ese propósito; y para opinar acerca de los recursos presupuestarios destinados al ramo y de su ejercicio y aplicación según los informes de la Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento de los acuerdos de la Cámara de Diputados sobre el trabajo legislativo en comisiones y de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso a), la Comisión de Desarrollo Metropolitano presenta el programa de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.

III. Diagnóstico

3.1. Peculiaridades y dimensión del fenómeno metropolitano

La tendencia a la urbanización metropolitana es irreversible y acelerada. Tomó al país ocho décadas para que sus asentamientos pasaran de un predominio rural a urbano. En cambio, la transformación de grandes ciudades a aglomeraciones metropolitanas ha tenido lugar en apenas dos décadas.

El desarrollo metropolitano representa actualmente un dilema a escalas mundial y nacional. Por una parte, es resultado de un crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades a causa de factores como lo siguientes:

a) Los intensos y continuos movimientos migratorios y la proliferación de centros urbanos, sin la debida planificación de los asentamientos y los usos aptos del suelo;

b) Una búsqueda generalizada entre la población de satisfactores y oportunidades de empleo, vivienda y servicios de salud y de educación; y

c) La consiguiente concentración de actividades económicas en determinados espacios urbanos, que producen tensiones sobre infraestructura y equipamientos y el deterioro del ambiente en la región.

El desarrollo metropolitano ha derivado tanto en ventajas comparativas como competitivas respecto al resto de los centros de población sobre los que ejerce influencia, en virtud de la integración de cadenas productivas, la integración de ramas económicas y la interconexión de mercados, que se han favorecido por la consolidación de infraestructura, equipamiento y servicios públicos de que están dotadas las zonas metropolitanas. En México, en toda entidad federativa está formada al menos una zona metropolitana, con excepción de tres estados, donde se registran en formación.

La ampliación y adecuación de la infraestructura y el equipamiento de la cobertura de dotación de servicios públicos suficientes y con calidad, así como la preservación del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, han sometido a las zonas metropolitanas a fuertes presiones financieras y sociales, que hacen obligada la planeación a escala metropolitana sobre territorios que trascienden los límites del municipio, así como la coordinación de autoridades de distinto nivel y extracción partidista.

La legislación vigente en materia de ordenamiento de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano resulta obsoleta e insuficiente, pues el desarrollo metropolitano es regulado sólo en tanto que desarrollo urbano, si bien implica la dimensión económica y social del desarrollo y éste a una escala regional. Por eso deberá otorgarse prioridad al establecimiento de ese estatuto y de un tratamiento que responda efectivamente a la especificidad y especialización que supone el fenómeno metropolitano, que además de atingencia exige a los gobiernos actuar con oportunidad.

El reto implica actuar atendiendo a la interrelación de los factores económicos, sociales y políticos que determinan que una metrópoli sea más o menos productiva, respetuosa del ambiente, segura y habitable en el futuro, sin marginación y exclusión de sector o estrato social alguno de la población mexicana.

En México se han identificado y delimitado 56 zonas metropolitanas, formadas por 329 municipios de 28 estados y las 16 delegaciones del Distrito Federal (Sedesol, Inegi, Conapo, 2007).

Zonas metropolitanas en México*

1. Aguascalientes.
2. Tijuana.
3. Mexicali.
4. La Laguna.
5. Saltillo.
6. Monclova-Frontera.
7. Piedras Negras.
8. Colima-Villa de Álvarez.
9. Tecomán.
10. Tuxtla Gutiérrez.

11. Juárez.
12. Chihuahua.
13. Valle de México.
14. León.
15. San Francisco del Rincón.
16. Moroleón-Uriangato.
17. Acapulco.
18. Pachuca.
19. Tulancingo.
20. Tula.

21. Guadalajara.
22. Puerto Vallarta.
23. Ocotlán.
24. Toluca.
25. Morelia.
26. Zamora-Jacona.
27. La Piedad-Pénjamo.
28. Cuernavaca.
29. Cuautla.
30. Tepic.

31. Monterrey.
32. Oaxaca.
33. Tehuantepec.
34. Puebla-Tlaxcala.
35. Tehuacán.
36. Querétaro.
37. Cancún.
38. San Luis Potosí-Soledad.
39. Rioverde-Ciudad Fernández.
40. Guaymas.

41. Villahermosa.
42. Tampico.
43. Reynosa-Río Bravo.
44. Matamoros.
45. Nuevo Laredo.
46. Tlaxcala-Apizaco.
47. Veracruz.
48. Xalapa.
49. Poza Rica.
50. Orizaba.

51. Minatitlán.
52. Coatzacoalcos.
53. Córdoba.
54. Acayucan.
55. Mérida.
56. Zacatecas-Guadalupe.

* Fuente: Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005, segunda reimpresión, Sedesol, Inegi, Conapo, México, 2008.

Las 56 zonas metropolitanas aportan en conjunto alrededor de 75 por ciento del producto interno bruto nacional e inciden en el desarrollo económico y social de las regiones donde están. La influencia que ejercen se ve en la contribución que cada zona metropolitana representa para el producto interno bruto de la entidad federativa en que se ubica, que oscila entre 50 y 80 por ciento. La economía y las oportunidades de bienestar social en las entidades federativas dependen en buena medida de la economía metropolitana.

Uno de cada dos mexicanos reside en alguna de las 56 zonas metropolitanas del país, que en conjunto representan 56.05 por ciento (57.9 millones de habitantes) de la población nacional (103.3 millones de habitantes).

Las zonas metropolitanas del país presentan peculiaridades y diferencias entre sí y de una entidad federativa y región del país a otra. Atendiendo a su tamaño, por ejemplo, seis del total de ellas tienen una población mayor a 1 millón de habitantes, 18 de ellas entre 500 mil y 1 millón de habitantes y las 29 restantes más de 50 mil y menos de 500 mil habitantes, comprendiendo en conjunto 329 municipios metropolitanos, 14 por ciento de los municipios del país (2 mil 438) y las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Si se considera además del tamaño a la formación territorial, 6 zonas se despliegan sobre territorio de 2 o más entidades federativas (interestatales), 3 de las cuales son las más grandes del país (valle de México, Guadalajara y Monterrey); otras 6 están en la franja fronteriza (2 de ellas con más de 1 millón de habitantes), aunque la mayor parte de las zonas metropolitanas del país, 50, está en territorio de 1 entidad federativa, en 2 de las cuales el municipio central alberga más de 1 millón de habitantes (Juárez y León).

3.2. Insuficiencias de la legislación en materia metropolitana

En México, el ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano registran algunos avances en las últimas tres décadas. Sin embargo, aún no se ha provisto al país de una legislación adecuada para regular y orientar el desarrollo metropolitano.

A partir de la década de 1980 se expidieron leyes, se implantaron políticas públicas y programas concurrentes para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el control de los procesos de urbanización y la regulación del desarrollo urbano, en congruencia con el sistema nacional de planeación democrática del desarrollo nacional. La expedición de la Ley General de Asentamientos Humanos, que abrogó la anterior, y las reformas constitucionales en materia de conurbaciones, sentaron las bases del sistema nacional de ciudades y de los planes de ordenamiento urbano estatal y de zonificación urbana municipal. El funcionamiento institucional del sector desarrollo urbano fue reorientado sobre esas nuevas bases, tanto en la administración pública federal como en las administraciones públicas estatales y municipales. Con ello, se dieron los primeros pasos para regular la expansión de las grandes ciudades y el fenómeno de conurbación.

A tres décadas de distancia, sin embargo, la legislación no ha sido readecuada para proveer a la regulación del fenómeno de “metropolización”, cuyas características han cambiado, de tal modo que la conformación y el desarrollo de zonas metropolitanas no se limita a los territorios en que se presentan conurbaciones de gran tamaño, sino que comprende la formación de áreas no conurbadas en estrecha interdependencia con las ciudades centrales.

La investigación realizada sobre este fenómeno ha concluido que la conurbación no es ya la única variable de la conformación y el funcionamiento metropolitano y, por consiguiente, no es el único criterio que habrá que atender para su adecuada delimitación y planeación del desarrollo.

Por eso, la Comisión de Desarrollo Metropolitano ha identificado como problema fundamental por resolver por el Legislativo el que la legislación vigente, aplicable al desarrollo metropolitano, sólo regula las conurbaciones, es decir, la unión física de centros urbanos ubicados en territorio de dos o más municipios, ya sean en una sola o en dos o más entidades federativas. Si bien las zonas metropolitanas se han formado a partir de alguna conurbación, la mayor parte de ellas se ha desarrollado como entramado de varias conurbaciones y la ciudad central ejerce influencia sobre áreas periféricas no conurbadas, a cuyo desarrollo afectan o bien al que también pueden contribuir. De tal modo que el funcionamiento metropolitano puede gravitar sobre núcleos conurbados diversos y distintas periferias territoriales. Habrá que considerar, adicionalmente, que las presiones demográficas en zonas metropolitanas se producen en los municipios periféricos, que crecen a expensas de las áreas metropolitanas intermedias y, en algunos casos, en territorio de distintos municipios.

El marco legal que regula el desarrollo de conurbaciones comprende los artículos 25, párrafo segundo, 27, párrafo tercero, 115, fracciones V, inciso c), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos, y de manera indirecta y mediante derivación correlativa la Ley General de Población y la Ley de Planeación. Pero en ninguna de estas disposiciones se establece de manera íntegra y suficiente la regulación del desarrollo metropolitano con las peculiaridades que lo hacen más complejo y sin duda distinto al de las conurbaciones.

Algunos estudios consideran que es necesaria la creación de una legislación más apropiada y específica a la realidad metropolitana, por medio de la cual se sienten las bases y lineamientos que deban regir el desarrollo metropolitano en el país. Un diagnóstico realizado por la comisión acerca del marco jurídico relativo al desarrollo urbano en las treinta y dos entidades de la república, arroja entre otros resultados relevantes, que las zonas metropolitanas reciben el mismo tratamiento que se da a las conurbaciones, en congruencia con lo que establece el artículo 115, fracción VI, de la Constitución Política y a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos; sólo tres estados han integrado la legislación en un código urbano (Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas); en 21 estados se cuentan con Ley de Desarrollo Urbano y sólo en el Distrito Federal a partir de 2007 y, más reciente, en Hidalgo se ha expedido además la Ley de Desarrollo Metropolitano.

Por eso, la equiparación de la zona metropolitana a la conurbación intermunicipal resulta actualmente insuficiente para un adecuado tratamiento, entre otros aspectos, porque no permite dar cuenta de la regulación del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial en las zonas metropolitanas formadas a partir de la interdependencia económica y urbana, entre territorios conurbados y no conurbados situados en la misma zona de influencia.

La adecuación de la legislación en la materia no se satisface solamente con dar respuesta a los problemas de regulación y ordenamiento de zonas metropolitanas en territorio de dos o más entidades federativas, que en México corresponden sólo a cinco, sino a los representados por la mayor parte de ellas, comprendidas en territorio de una sola entidad federativa, para las cuales la legislación de las entidades federativas tampoco ha sido readecuada, de tal modo que propicie condiciones para que las autoridades actúen conjuntamente, con base en una planeación concertada y una coordinación consistente con los requerimientos del desarrollo en la zona metropolitana de que se trate.

El desarrollo metropolitano implica la dimensión política de gobierno, tal como han sugerido los especialistas (entre otros Castells, Borja y Jones), lo que define el problema de coordinación intergubernamental. En otros países se ha resuelto la cuestión a través de instituir autoridad intermedia de gobierno metropolitano, que operan como instancias de coordinación y toma de decisiones colegiada por parte de autoridades locales o municipales con representación política electoral; en algunos casos se ha llegado incluso a dotarlas de potestad tributaria para financiar obras y proyectos metropolitanos y a establecer la figura de un órgano colegiado representativo que dicta leyes y normatividad administrativa para regular ciertas materias del desarrollo metropolitano, tal como uso de suelo, transporte, infraestructura hidráulica y vial.

Esas fórmulas no son aplicables a nuestro régimen político, en el cual no se admite una autoridad entre el municipio y el estado. Con arreglo a los principios federalistas, la función de gobierno en territorio metropolitano es concurrente y debe ser ejercida sin conculcar la soberanía de los estados en cuanto a su régimen interno, y la autonomía política y administrativa del municipio libre.

Pero en México, en años recientes, se tiene una composición políticamente más plural de los Ayuntamientos y entre los ejecutivos estatales, se presentan con mayor frecuencia que antes situaciones de “gobierno yuxtapuesto” (con Ejecutivo estatal de partido distinto del de los alcaldes), de “gobierno dividido” (Ejecutivo de un partido distinto del que tiene mayoría o de una coalición legislativa con mayoría en el congreso estatal); o bien, de legislaturas locales sin mayoría de partido político alguno, lo cual representa dificultades para hacer propicia y efectiva la colaboración y la coordinación entre municipios y entre ellos y el ejecutivo estatal o entre municipios y ejecutivos de distinta entidad federativa.

A la cuestión de gobierno está estrechamente vinculada la relativa a la gestión pública metropolitana, misma que supone una coordinación entre autoridades de diverso orden y, al mismo tiempo, una acción intersectorial de la administración pública, que comprende desde infraestructura básica y vial, equipamiento urbano y servicios públicos sobre territorios heterogéneos, en todos los casos formados por lo menos dos municipios, hasta el fomento de cadenas productivas y de la competitividad económica.

Las dificultades en este campo provienen de las diferentes capacidades institucionales entre municipios, la creciente alternancia partidista en el nivel municipal de gobierno, y la diferencia entre la duración del mandato de alcaldes y ejecutivos estatales. Tales dificultades repercuten además en la continuidad de la planeación y ejecución de obras y proyectos, así como en la aportación financiera de los municipios y del Ejecutivo estatal respectivo.

3.3. Financiamiento público del desarrollo metropolitano

En contraste con las ventajas que en términos de integración de cadenas productivas y de mercados y, por tanto, de competitividad económica representan, las zonas metropolitanas del país están sometidas a problemas de funcionamiento urbano y, al mismo tiempo, a requerimientos de financiamiento para el mantenimiento y ampliación de cobertura y calidad de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos y la provisión de reservas territoriales para inducir los usos de suelo más apropiados, que representan una dimensión mayor de gasto de inversión que la del resto de ciudades del país. De la provisión del financiamiento público puede depender, en parte, la viabilidad del desarrollo de varios municipios en la región de influencia de una zona metropolitana.

En el conjunto del sistema nacional urbano, las zonas metropolitanas tienen las tasas más altas de densidad media urbana y de crecimiento poblacional. A la vez que son más acentuados los contrastes sociales derivados de la distribución desigual del ingreso y de la población sobre las diversas áreas del territorio metropolitano, las diferencias en el acceso a vivienda y servicios, así como la posibilidad de aprovechar las oportunidades de empleo y de ocupación productiva por cuenta propia.

Por eso, las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios públicos y los problemas de funcionamiento urbano y de preservación del medio ambiente implican políticas públicas transversales entre diversos sectores de la administración pública, federal, estatal y municipal, así como cuantiosas inversiones y una efectiva y continua coordinación intergubernamental y concertación con los sectores privado y social en los territorios metropolitanos.

En este renglón, se ha avanzado en virtud del establecimiento, por primera vez en México, de una fuente de financiamiento federal del desarrollo metropolitano, a partir de la creación del Fondo Metropolitano por la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, que autorizó un monto de mil millones de pesos a la zona metropolitana del valle de México para el ejercicio fiscal de 2006. Durante la LX Legislatura, dicho monto fue incrementado a 3,000 millones de pesos para 2007 asignado a la misma zona metropolitana y a partir del ejercicio fiscal de 2008, no sólo se volvió a incrementar para llegar a 5 mil 550 millones de pesos sino que además ese monto fue asignado entre seis zonas metropolitanas adicionales. Un nuevo avance se produjo para el ejercicio de 2009, al ser autorizada la asignación de recursos federales a dieciséis zonas metropolitanas por un monto total de 5 mil 985 millones de pesos.

Monto asignado a Fondo Metropolitano por año y zona metropolitana beneficiada

No obstante esos avances, el problema de financiamiento público del desarrollo metropolitano no radica sólo en la insuficiencia de los recursos, la ampliación de la cobertura para incorporar las 40 zonas metropolitanas aún no beneficiadas a la fecha, sino también en la estabilidad y certidumbre de la fuente de aprovisionamiento o ingreso, aún no prevista por la legislación, así como el reto representado por conseguir una distribución de los recursos federales que sea lo menos inicua posible entre zonas metropolitanas, con desigual desarrollo y requerimientos distintos.

Por eso es de destacar que, desde el inicio de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Metropolitano empeñó esfuerzos, negociación política y un arduo trabajó técnico para justificar el incremento de los recursos federales asignados a fondos metropolitanos en el Presupuesto de Egresos de 2010, frente a una reducción del orden de 41.5 por ciento que proyectó el Ejecutivo federal en comparación con los montos asignados en 2009; reducción que pudo ser revertida y convertida en un incremento real para 2010. Como parte de ese trabajo, la Comisión de Desarrollo Metropolitano acordó considerar, por primera vez, una combinación de criterios de orden sociodemográfico, económico y urbano, de tal manera que no se atendiera sólo al criterio del tamaño de la población metropolitana, tal como se venía haciendo, lo que se traducía en cierta inequidad a partir del monto asignado a cada zona metropolitana.

La propuesta de modificación presupuestaria que hizo esta comisión a la de Presupuesto y Cuenta Pública encontró el respaldo de los grupos parlamentarios primero en esa comisión y luego en el pleno de la asamblea de la Cámara de Diputados, de manera que para el ejercicio fiscal de 2010 se logró asignar un total de 7 mil 455 millones de pesos para Fondos Metropolitanos, lo que representa un incremento de 24.5 por ciento respecto al autorizado en 2009 y, al mismo tiempo, asignar Fondo Metropolitano a un total de 32 zonas metropolitanas, 17 adicionales a las autorizadas para el ejercicio 2009, duplicándose la cobertura de atención.

Asignaciones presupuestarias autorizadas a zonas metropolitanas en 2009 y 2010

*Hermosillo, Sonora, en proceso de delimitación para formar parte de las zonas metropolitanas.

El avance en el financiamiento público del desarrollo metropolitano, alcanzado en virtud de lo acuerdos logrados en esta Cámara de Diputados, no obstante las restricciones presupuestarias derivadas de la debilidad fiscal y un entorno de recesión económica en los dos últimos años, requiere ser sostenido en los siguientes ejercicios fiscales.

Por eso, la Comisión de Desarrollo Metropolitano se propone impulsar que, a la par del aumento de los recursos federalizados hacia el desarrollo metropolitano, de una distribución menos asimétrica y discrecional en su asignación, conviene redireccionar el objetivo de los fondos metropolitanos, lo que permitirá potenciar la cobertura de atención de zonas metropolitanas, de manera que este rubro de gasto de inversión federalizado cumpla con la misión de apoyar los esfuerzos y los recursos que deben comprometer, por su parte, las entidades federativas y municipios, en el fomento de un desarrollo metropolitano ordenado y sustentable.

La comisión concibe los fondos metropolitanos como un instrumento de financiamiento complementario, que debe ser orientado no para sustituir la responsabilidad de los gobiernos estatales, sino como un incentivo para impulsar la planeación metropolitana y la responsabilidad de las entidades federativas y los municipios de coordinarse adecuadamente, ya que en esa medida se estará en posibilidades de promover la organización de las autoridades en zonas metropolitanas aún no beneficiadas con este tipo de apoyo federal.

Por otro lado, ante algunas dificultades detectadas, relativas a la canalización y el ejercicio con oportunidad de los recursos asignados, la Comisión de Desarrollo Metropolitano considera necesario revisar y, en su caso, promover la readecuación de las reglas de operación de los fondos metropolitanos, a fin de agilizar la canalización de los recursos hacia las entidades ejecutoras de gasto en las entidades federativas, así como mejorar la eficiencia y transparencia en su aplicación por parte de éstas últimas, a partir de una adecuada rendición de cuentas, que implica la disposición de información suficiente y oportuna para evaluar los proyectos y obras metropolitanas comprometidas y su respectivo avance, con miras al siguiente ejercicio fiscal.

Sobre esas bases, los integrantes de la comisión nos proponemos trabajar, en suma, en la revisión y readecuación de las consideraciones para la asignación, los lineamientos que deben observarse por parte de las autoridades locales y federales, de manera que la distribución de asignaciones responda a los principios de equidad fiscal y presupuestaria, de eficiencia de gasto y de continuidad de obras y proyectos comprometidos, además de considerar el impacto social de las obras y proyectos propuestos por las autoridades que soliciten Fondo Metropolitano. Se trata de que las disposiciones que la Cámara de Diputados establezca en materia de fondos metropolitanos induzcan la responsabilidad de los gobiernos locales, la correcta aplicación de los recursos asignados y la incorporación de los sectores privado y social en los consejos metropolitanos, órganos de concurrencia y consulta ciudadana, para contribuir al desarrollo metropolitano y rendir cuentas oportunamente al poder legislativo federal.

3.4. Retos de la Comisión de Desarrollo Metropolitano

3.4.1. Adecuación de la legislación en la materia

No obstante la relevancia de la cuestión metropolitana para la agenda del desarrollo nacional, el marco jurídico vigente carece de una regulación del desarrollo metropolitano, con la especificidad y especialización que requiere su tratamiento, hasta ahora equiparado y asimilado al que prevalece para el caso de las conurbaciones. La existencia de conurbaciones constituye sólo uno de los parámetros de la conformación y sólo uno de los criterios de delimitación de las zonas metropolitanas.

En la legislación de las entidades federativas, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos y del desarrollo urbano, tampoco se prevé la cuestión metropolitana como materia y objeto de regulación, con un alcance distinto al que se ha dado a la regulación de las conurbaciones ente municipios.

A esta insuficiencia se añade que la coordinación entre autoridades de los ejecutivos estatales y los municipios no es de orden vinculante, suele ser inconsistente y discontinua en la mayor parte de los casos, o bien exhibe rezagos en cuanto a la planeación y aportación de recursos suficientes para la acción pública concertada en zonas metropolitanas. Hasta ahora, la coordinación entre autoridades municipales, así como la planeación del desarrollo metropolitano, presenta consistencia sólo cuando la federación ha canalizado recursos presupuestarios, tendencia no deseable en términos de la responsabilidad que deben asumir los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.

Por tanto, se requiere otorgar un tratamiento jurídico integral, especializado y transversal entre materias del ordenamiento territorial de los asentamientos y del desarrollo en zonas metropolitanas, a partir de parámetros tales como la influencia recíproca en cuanto al funcionamiento urbano y al desarrollo económico y social entre municipios conurbados y no conurbados, así como de criterios y bases generales para inducir la coordinación entre autoridades locales estatales y municipales, de modo que se hagan responsables de hacer frente a los problemas de funcionamiento urbano y de atender los requerimientos del desarrollo económico y social en la región de influencia metropolitana; es decir, que trasciende los límites territoriales del municipio.

Para responder a las actuales condiciones del desarrollo metropolitano, en nuestro país se requiere adecuar la legislación para establecer en las normas el principio de transversalidad de la administración pública y el principio de colaboración y de asociación entre autoridades que concurren, con diferentes facultades y competencias, a la planeación y el ordenamiento del desarrollo metropolitano, hasta ahora no reconocido ni instituido como tal.

De ese modo se podrá hacer corresponsables a las autoridades municipales con las autoridades estatales, en la función concurrente de articular el ordenamiento territorial y la regulación del desarrollo urbano en las zonas metropolitanas, con base en criterios comunes y en una acción concertada con los sectores privado y social, que permita orientar el funcionamiento urbano y el desarrollo económico sobre bases sustentables, asegurar el aprovisionamiento de infraestructura y equipamiento, la prestación de servicios públicos de calidad y con la cobertura requerida, la promoción de la competitividad económica y el restablecimiento del equilibrio ecológico en las zonas metropolitanas.

Las reformas de las leyes vigentes o, en su caso, la expedición de nueva legislación deberían estar orientadas a asegurar la responsabilidad de los tres ordenes de gobierno en el aprovisionamiento de agua potable, el mejoramiento de la movilidad urbana y el establecimiento de asentamientos y usos de suelo en territorios metropolitanos, que sean consistentes y viables con la tendencia y las características de crecimiento que presentan las zonas metropolitanas. A la fecha no se dispone en las leyes de criterios básicos que permitan homologar los estándares de planeación, coordinación y provisión de recursos de financiamiento público del desarrollo metropolitano, en congruencia con la función que desempeñan las zonas metropolitanas en el sistema urbano y el desarrollo económico y social nacional.

3.4.2. Aspectos por considerar en la innovación legislativa

Las iniciativas de ley o reforma legal presentadas hasta ahora han enfatizado la cuestión de la coordinación intergubernamental y la gobernabilidad metropolitana, al proponer el establecimiento de entidades públicas de orden metropolitano y la asociación entre municipios para la ejecución conjunta de obras de infraestructura y equipamiento y la prestación de servicios públicos metropolitanos. En esta línea habrá que insistir para encontrar el diseño institucional que mejor se adapte al sistema federal vigente, en el que no cabe la instauración de autoridades intermedias entre el gobierno del estado y el municipio.

Otros asuntos relevantes para el perfeccionamiento del marco jurídico federal se refieren a la especificidad que exige la regulación de la planeación del desarrollo metropolitano, lo que implica la revisión y el análisis del sistema nacional de planeación del desarrollo.

Otra línea de trabajo legislativo que debe ser retomada consiste en las acciones del sector público para orientar el desarrollo económico hacia la consecución de mayor competitividad, aprovechando la capacidad instalada, la integración de mercados y la generación de empleo en los sectores secundario y terciario que hacen posibles las zonas metropolitanas en su área de influencia.

Por eso, la adecuación de la legislación federal y estatal deberá proveer a una adecuada planeación y coordinación intermunicipal, a la provisión de recursos y la orientación del financiamiento y la acción pública conjunta y sostenida en el tiempo, de manera que la continuidad de los proyectos y obras metropolitanas no se vean supeditadas a la voluntad política de las autoridades en turno y, a la vez, contribuyan a fomentar la competitividad económica y cerrar las brechas de acceso a las oportunidades de bienestar social para la población.

La adecuación de las leyes en materia metropolitana debe ser orientada por consiguiente a asegurar que las autoridades acuerden una planeación conjunta del desarrollo metropolitano y que homologuen los criterios para la regulación de los usos del suelo, a partir de una visión metropolitana del desarrollo intermunicipal.

El desarrollo urbano debe ser considerado, en el caso de las zonas metropolitanas, como un asunto de fomento económico y promoción de bienestar social, no sólo como problema de ordenamiento territorial de los asentamientos o bien provisión de servicios públicos.

Es entonces una cuestión que concierne al gobierno a escala metropolitana, que repercute en las posibilidades de garantizar la planeación y coordinación entre autoridades, de distinto nivel y extracción partidista, para acometer la regulación de los asentamientos y las actividades, a administración eficiente de las infraestructuras, los equipamientos y los servicios públicos, el óptimo aprovechamiento de las ventajas competitivas de la economía metropolitana como un todo articulado, así como la previsión de las necesidades y los requerimientos futuros en el territorio metropolitano.

Se trata, por tanto, de garantizar una perspectiva de desarrollo regional, con un enfoque transversal y una acción interinstitucional de la administración pública.

IV. Estrategias y líneas de acción

Con base en el contexto y el diagnóstico planteados, la Comisión de Desarrollo Metropolitano ha hecho un esfuerzo de síntesis y de sistematización de propuestas, inquietudes y comentarios, vertidos durante diversas sesiones de trabajo con presidentes municipales, gobernadores, legisladores locales y en la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Con la finalidad de orientar de manera puntual las posibilidades reales que tiene esta Comisión para contribuir en el perfeccionamiento del Marco Legal del tema Metropolitano, hemos integrado un total de 37 acciones específicas en 7 líneas de acción que corresponden, a su vez, a tres grandes estrategias:

1. Estrategia de proceso legislativo.

2. Estrategia de vinculación legislativa.

3. Estrategia de gestión legislativa.

De esa forma presentamos el esquema general del programa de trabajo que, aunque se plantea proyectado a los tres años de ejercicio, puntualiza sobre los tiempos correspondientes a cada periodo y a cada uno de los tres años que dura la presente legislatura.

4.1. Objetivo general

Analizar, adecuar y actualizar el marco jurídico federal, que norme, regule y sustente el desarrollo con equidad social en las zonas metropolitanas del país, así como gestionar, en el marco de las facultades legislativas, la orientación del fondo metropolitano para el desarrollo con la finalidad de atender las necesidades de dichas zonas desde un marco legal, presupuestal, administrativo y político.

Estrategia 1. Proceso legislativo: dar sustento a la adecuación del marco jurídico federal.

Subcomisión 1: De análisis del marco jurídico y enlace con comisiones estatales.

Línea de acción 1: Desahogo de asuntos legislativos turnados a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para su trámite y resolución.

Acciones específicas

1. Aprobar y presentar el programa de trabajo anual de la comisión.

Producto: Programa anual de actividades.

2. Resolver sobre los proyectos de dictamen, minuta e iniciativas que sean turnados a la comisión en la LXI Legislatura.

Productos: Dictámenes de proyectos de dictamen, minutas y de iniciativas.

3. Resolver las proposiciones con punto de acuerdo que sean turnadas a la comisión.

Productos: Dictámenes de proposiciones.

4. Resolver las iniciativas que quedaron pendientes en la LIX y LX Legislaturas.

Productos: Dictámenes de iniciativas.

5. Elaborar y presentar el informe de actividades semestral de la comisión.

Producto: Informe semestral.

Línea de acción 2: Establecer criterios para la adecuación del marco jurídico.

Acciones específicas

1. Evaluar el marco jurídico vigente.

Producto: Documento de diagnóstico y recomendaciones.

2. Elaborar un marco conceptual en materia metropolitana y un diagnóstico urbano, político, económico y social que sustente las propuestas que se hagan respecto a gobernabilidad metropolitana.

Producto: Documento de estudio técnico.

3. Analizar la legislación de las entidades federativas en materia metropolitana para determinar la conveniencia o no de establecer la homogeneización.

Producto: Documento de trabajo.

4. Promover criterios para la elaboración y presentación de iniciativas de ley en materia de desarrollo metropolitano.

Producto: Documento de trabajo.

5. Foros de consulta con especialistas y representantes de los sectores privado y social involucrados directamente en el desarrollo metropolitano, para recoger puntos de vista y propuestas sobre la regulación jurídica en la materia.

Productos: Foros de consulta regionales (legisladores y servidores públicos, académicos y ciudadanos en general de las entidades federativas en cada región del país).

6. Analizar y proponer las modificaciones de las Leyes General de Asentamientos Humanos, de Planeación, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y otras, con la finalidad de alinear los aspectos relativos a la regulación del desarrollo metropolitano.

Productos: Iniciativas de reformas y adiciones de diversas normas en lo relativo a la materia.

Estrategia 2. Vinculación legislativa: Fomentar el trabajo coordinado con comisiones homólogas en la colegisladora, las legislaturas locales y congresos o parlamentos en otros países y con el ramo correspondiente de la administración pública federal para fortalecer las tareas de adecuación del marco jurídico legal.

Subcomisión 2: De verificación física y avance financiero.

Línea de acción 1: Evaluar el efecto social y regional de los proyectos apoyados con Fondo Metropolitano.

Acciones específicas

1. Evaluación de informes trimestrales de ejercicio de fondos metropolitanos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir de los informes que proporcione la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Producto: Informe de resultados de la subcomisión correspondiente.

2. Verificación de la instalación y operación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano en zonas con asignación de Fondo Metropolitano.

Productos: Solicitudes de información, asistencia a reuniones correspondientes, e informe de la subcomisión.

3. Monitoreo y seguimiento de avance físico y financiero de proyectos y obras por zona metropolitana.

Productos: Recorridos de trabajo, solicitudes de información al consejo respectivo, e informe de la subcomisión.

4. Revisar ejercicios financieros para detectar subejercicio.

Producto: Informe trimestral.

5. Emitir opinión respecto al informe de resultados de la Cuenta Pública.

Producto: Opinión, de conformidad con el artículo 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General.

6. Establecer una interlocución periódica con el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de cada zona con asignación de Fondo Metropolitano.

Productos: Comunicaciones periódicas, reunión anual, informe trimestral.

7. Analizar y discutir propuestas para la adecuación del marco jurídico federal en materia metropolitana con las comisiones competentes de los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Productos: Comunicación periódica, foro de análisis (legisladores de las entidades federativas).

8. Identificar problemas que encaran autoridades de las entidades federativas y municipios para planear, regular y financiar el desarrollo metropolitano.

Producto: Documento de trabajo (análisis desagregado por entidad y zona metropolitana).

9. Concertar visita oficial a otros países para conocer experiencias exitosas o ejemplares en la adecuación del marco legal, las políticas públicas y la regulación del desarrollo metropolitano.

Productos: Gestionar autorización y apoyo logístico, carpeta de organización, e informe de la visita.

Línea de acción 2: Fortalecimiento del financiamiento público al desarrollo metropolitano.

Acciones específicas

1. Evaluación presupuestaria y elaboración de opinión respecto de asignaciones de fondos metropolitanos en el PEF.

Producto: Opinión, de conformidad con el artículo 42, fracción VIII, inciso f), de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

2. Revisión y análisis de las reglas de operación de los fondos metropolitanos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para proponer, en su caso, su adecuación por el Ejecutivo federal.

Productos: Reunión con el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Ejecutivo federal, documento de propuestas.

3. Evaluar el impacto presupuestario a partir de los indicadores que formule la SHCP y los análisis de costo-beneficio que la dependencia haga.

Productos: Solicitud de evaluación, documento de trabajo.

4. Definir criterios normativos para los subejercicios.

Producto: Documento de trabajo.

Línea de acción 3: Evaluar el programa sectorial de la administración pública federal y promover la adecuación de las políticas públicas en la materia.

Acciones específicas

1. Solicitar información al titular del ramo acerca del estado que guarda la ejecución del programa sectorial en la materia y, en su caso, las acciones de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo metropolitano en el país.

Productos: Solicitud de información, reunión con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social del Ejecutivo federal.

2. Formular recomendaciones al Ejecutivo federal para adecuar las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, regulación del desarrollo metropolitano y fomento de la competitividad económica de las zonas metropolitanas.

Productos: Reunión con el titular del ramo; o bien, proposición con punto de acuerdo.

Estrategia 3. Gestión legislativa: promover la interlocución con los sectores social y privado para tratar asuntos de orden metropolitano y documentar el criterio del legislador.

Subcomisión 3: De estudio, análisis y revisión de proyectos.

Línea de acción 1: Planeación participativa: Inducir la concurrencia de los sectores público, social y privado en la planeación del desarrollo metropolitano.

Acciones específicas

1. Analizar criterios técnicos de delimitación de zonas metropolitanas.

Productos: Documento de trabajo, reunión con el titular del ramo.

2. Realizar proyecciones demográficas de evolución y crecimiento por zona metropolitana.

Producto: Base de datos.

3. Orientar el trabajo de los centros de investigación hacia los requerimientos de la comisión.

Productos: Reunión de trabajo, solicitud de apoyo técnico.

Línea de acción 2: Vinculación social y ciudadana: Integración de propuestas de la sociedad civil.

Acciones específicas

1. Contacto e interlocución con representantes de los sectores público, social y privado de la sociedad afines a la problemática de zonas metropolitanas.

Productos: Integrar directorios (sector y región), reunión o comunicación.

2. Reuniones con instituciones académicas o de investigación, organizaciones civiles especializadas y dependencias gubernamentales especializadas y con competencia en el tema metropolitano (foros de análisis y discusión, seminarios, conferencias, coloquios).

Productos: Encuentro, programa y convocatorias, carpetas de material de trabajo y organización logística, informe o memoria del encuentro.

3. Convocar a un foro nacional de análisis, discusión e intercambio de puntos de vista y experiencias en materia de desarrollo metropolitano.

Productos: Encuentro, programa y convocatorias, carpetas de material de trabajo y organización logística, informe o memoria del encuentro.

4. Responder a las solicitudes ciudadanas de información.

Productos: Atención o respuesta y envío.

5. Difundir la información relativa al quehacer institucional de la comisión entre los ciudadanos.

Productos: Actualización del micrositio web de la comisión y contribuir al enlace con las páginas de Internet de los diputados integrantes para una adecuada difusión del trabajo.

La Comisión de Desarrollo Metropolitano

Diputados: Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), presidenta; Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), Avelino Méndez Rangel (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez, Jorge Arana Arana (rúbrica), Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís (rúbrica), secretarios; Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rúbrica), Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, David Hernández Vallín (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Gustavo González Hernández (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave, Manuel Cadena Morales, Omar Rodríguez Cisneros (rúbrica), Óscar González Yáñez, Óscar Martín Arce Paniagua, Ricardo Armando Rebollo Mendoza (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez, Sergio González Hernández.

Actas

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, correspondiente a la tercera reunión ordinaria, efectuada el miércoles 14 de abril de 2010

A las 9:00 horas del día 14 de abril de 2010, en la zona C del edificio G, planta baja, ubicado en Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con la convocatoria de fecha 8 de abril del presente año para desahogar el orden del día correspondiente.

A continuación se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los diputados Tereso Medina Ramírez, presidente; Nancy González Ulloa, José Gerardo de los Cobos Silva, Israel Reyes Ledesma Magaña, Amador Monroy Estrada, secretarios; Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Reginaldo Rivera de la Torre, María Felicitas Parra Becerra, Norma Sánchez Romero, Laura Piña Olmedo, Rodolfo Lara Lagunas, Leobardo Soto Martínez, David Hernández Pérez, Rafael Yerena Zambrano, César Octavio Madrigal Díaz, Arturo Ramírez Bucio, Francisco Hernández Juárez, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Víctor Félix Flores Morales, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Tereso Medina Ramírez, dio la bienvenida a los presentes y enseguida sometió a la consideración de la asamblea el

Orden del Día

1. Lista de asistencia.

2. Declaratoria de quórum.

3. Lectura del orden del día.

4. Acta de la reunión de trabajo del día 2 de diciembre de 2009.

5. Informe de actividades de la comisión correspondiente al primer semestre del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura.

6. Entrega del cuadro comparativo de las iniciativas con proyecto de decreto que reforman la Ley Federal del Trabajo.

7. Proyectos de dictamen:

– En sentido positivo, a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, presentada por los senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Aceves del Olmo, José Eduardo Calzada Rovirosa, Ricardo Pacheco Rodríguez, Heladio Ramírez López y Fernando Eutimio Ortega Bernés, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

– En sentido positivo, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción I; 16, fracción IX, y se adiciona un cuarto párrafo, dejando como quinto párrafo el vigente, al artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

8. Asuntos generales.

9. Clausura y cita.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, preguntó a los diputados presentes si estaban de acuerdo con el orden del día, manifestándolo con la señal acostumbrada, aprobándose por mayoría. Asimismo, solicitó al diputado secretario de la Mesa Directiva, Israel Reyes Ledesma que tome lista de asistencia y declarara el quórum reglamentario.

Una vez pasada la lista de asistencia, informó que hay mayoría de compañeros diputados presentes en la sesión, por lo que el diputado Tereso Medina Ramírez declaró la legalidad de todos los acuerdos que en la sesión se tomaran.

A continuación, hizo destacar la presencia de dos compañeras legisladoras que se incorporan a la comisión, por licencia de los titulares, ellas también representantes del sector obrero, que son las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Laura García Dávila, a quienes dio la bienvenida.

Luego, solicitó de los presentes se dispensara la lectura del acta de la reunión de trabajo de fecha 2 de diciembre de 2009, para el efecto de continuar con los siguientes puntos del orden del día, además de que el contenido de la misma tenía referencia con los dictámenes a conocer y discutir.

De tal manera que solicitó al diputado secretario Israel Reyes Ledesma, someter a consideración de la asamblea la dispensa de la lectura de dicha acta, por lo que quedó aprobada tras la votación emitida.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, recordó a los diputados, a manera de información, que el día 12 de diciembre se les hizo llegar a todos los compañeros integrantes el documento correspondiente al acta de referencia.

En relación con el punto número cinco del orden del día, el presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, informó que obra en poder de cada uno de los diputados el informe de actividades de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al primer semestre del año de ejercicio de la actual Legislatura, el cual solicita sea revisado y analizado, para si existe alguna observación enriquecerlo, que se haga saber a la Presidencia, a través de la secretaría técnica, y poderle dar el trámite correspondiente.

En relación con el punto número seis, informó que a los diputados se les ha entregado un cuadro comparativo en un disco compacto para que sea analizado y si existe alguna aportación, así se haga saber, ya que los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social son hombres y mujeres expertos en el mundo del trabajo. En ese sentido, se cuenta con las importantes aportaciones de todos, pero en especial la del coordinador del sector obrero, el diputado Armando Neyra Chávez, la del compañero Víctor Flores Morales, y particularmente la del diputado Amador Monroy Estrada, a quien esta Presidencia solicitó apoyo para el análisis de la Ley Federal del Trabajo, quien además es vicepresidente del Congreso del Trabajo y a quien se le acredita para recibir cualquiera de los contenidos del tema en mención.

En relación con el punto número siete, el presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, solicitó al secretario técnico, José Luis Escamilla Hermann, que aportara alguna idea respecto del cuadro comparativo.

El secretario técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, José Luis Escamilla Hermann, menciona que por acuerdo de la mesa directiva del día 25 de marzo del año en curso, la secretaría técnica elaboró un cuadro comparativo compuesta por varias columnas, entre las cuales, en la primera está la Ley Federal del Trabajo vigente; en la segunda, la propuesta de reforma del Grupo Parlamentario del PAN, presentada por el diputado José Gerardo de los Cobos Silva; en la tercera, la iniciativa del diputado Amador Monroy Estrada; en la cuarta, las iniciativas individuales presentadas por todos los diputados hasta el transcurso de esta Legislatura.

Abundó que si existía alguna observación o aportación, la secretaría técnica la recabaría y que conforme se vayan sumando más iniciativas presentadas ante el Pleno, la Secretaría iría actualizando el cuadro.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, concedió la palabra al diputado José Gerardo de los Cobos Silva, quien manifestó que en el cuadro comparativo se incluya la firma del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de sus senadores, así como la de los diputados Julián Francisco Velázquez y Llorente y Raúl Gerardo Cuadra García.

Al tomar la palabra de nueva cuenta, el Secretario Técnico, José Luis Escamilla Hermann, se refirió al caso cuando los diputados solicitan licencia respecto a sus grupos parlamentarios, ello se formaliza a través de la mesa directiva, ya que es una facultad del coordinador del grupo parlamentario el hacer las remociones y cambios en las comisiones.

Hasta la fecha, no se ha recibido en la Comisión de Trabajo y Previsión Social comunicación alguna de la Mesa Directiva acerca de la reinserción de los diputados, como fue el caso de la diputada María Matilde Maricel Díaz de León Macías, del Grupo Parlamentario del PAN.

En forma personal, ha solicitado a los diputados Julián Francisco Velázquez y Llorente y Raúl Gerardo Cuadra García una disculpa, pero ha sido por falta de comunicación de la propia Mesa Directiva; ya se tomó nota. Hasta el día de hoy, la lista de los diputados que Apoyo Parlamentario hace del conocimiento en Internet, no se encuentra actualizada.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, al hacer uso de la palabra nuevamente, señaló que se va a checar el escrito para hacer las aclaraciones, y de todas formas se toman como presentes a los compañeros mencionados.

Pidió al secretario diputado Israel Reyes Ledesma diera lectura al proyecto de dictamen en sentido positivo a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, presentada por los senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Aceves del Olmo, José Eduardo Calzada Rovirosa, Ricardo Pacheco Rodríguez, Heladio Ramírez López y Fernando Eutimio Ortega Bernés, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El secretario diputado Israel Reyes Ledesma Magaña dio lectura al decreto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, y una vez que el presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, aclaró que la lectura sólo sería para el punto único de acuerdo y no para la parte de la justificación del dictamen por obviedad del tiempo.

En tal tesitura, el secretario diputado Israel Reyes Ledesma empezó a leer la Minuta citada, con su Título Primero y Disposiciones Generales, así como sus artículos.

En relación con el artículo 1o., leyó acerca del objeto de la Ley, que es la de promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional y prevenir las enfermedades vinculadas con la alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional, así como su aplicación en toda la república y de su carácter de interés social.

En relación con el artículo 2o., acerca del significado de los términos de la ley: “dieta correcta”, que es completa, equilibrada, saludable, suficiente, variada, adecuada; normas, que son las normas oficiales mexicanas; los trabajadores, que son los hombres y mujeres que prestan a una persona física o moral un trabajo personal subordinado y la Secretaría, la del Trabajo y Previsión Social.

En relación con el artículo 3o., acerca de la forma voluntaria o concertada que el patrón podrá optar para otorgar a sus trabajadores la ayuda alimentaria, se entiende que cuando el patrón haya optado en forma concertada para otorgar la ayuda alimentaria, el beneficio quedará incorporado en el contrato colectivo correspondiente.

En relación con el artículo 4o., acerca de los patrones que otorguen a sus trabajadores ayuda alimentaria de acuerdo a la ley, recibirán los beneficios fiscales contemplados en la misma.

En relación con el Título Segundo, “Ayuda Alimentaria”, Capítulo Uno, “Objeto de la Ayuda Alimentaria”, en su artículo 5o., establece que el objeto de la ayuda alimentaria será que los trabajadores se beneficien del consumo de una dieta correcta, cuyas características específicas serán las que establezca la Secretaría de Salud en las normas.

En relación con el artículo 6o., se habla acerca de que la Secretaría de Salud definirá e instrumentará campañas nacionales dirigidas específicamente a los trabajadores, en materia de promoción de la salud y orientación alimentaria, mejorando su estado nutricional y previniendo la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.

En relación con el Capítulo II, “Modalidades de Ayuda Alimentaria”, en su artículo 7o., menciona los esquemas de ayuda alimentaria que los patrones establecerán para los trabajadores como son los comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos y despensas, aclarando que dicha ayuda no podrá ser entregada en efectivo ni otros mecanismos distintos a las modalidades establecidas en este artículo.

En relación con el artículo 8o., se trata de que si la ayuda alimentaria se otorga de manera concertada, las modalidades seleccionadas deberán quedar incluidas expresamente en el Contrato Colectivo de Trabajo.

En relación con el artículo 9o., se trata de que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, expedirá las normas a que deberán sujetarse los comedores, así como también que ambas Secretarías ejercerán en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, la vigilancia de dichos comedores, los que ejercerán su control sanitario.

En relación con el artículo 10o., éste determina el control documental suficiente que deben mantener los patrones, para demostrar que la ayuda alimentaria haya sido efectivamente entregada a sus trabajadores.

En relación con el artículo 11o., éste establece los requisitos que deben reunir los vales que se utilicen para proporcionar ayuda alimentaria para los vales impresos y los electrónicos.

En relación con el artículo 12o., éste dispone los casos prohibidos para los vales impresos y electrónicos.

En relación con el Capítulo III, “Incentivos y Promoción”, en su artículo 13o. establece que los gastos en que incurran los patrones para proporcionar los servicios de comedor a sus trabajadores, así como la entrega de despensas o vales para despensa o para consumo de alimentos en establecimientos, serán deducibles en los términos y condiciones establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, ello, con el propósito de fomentar el establecimiento de los esquemas de ayuda alimentaria en las diversas modalidades.

De igual manera, dicho artículo determina que los ingresos correspondientes del trabajador serán considerados ingresos exentos por prestaciones de previsión social para el propio trabajador, en los términos y límites establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y no formarán parte de la base de aportaciones de seguridad social, en los términos y condiciones de las leyes de seguridad social.

En relación con el artículo 14o., éste señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social elaborará y difundirá una Campaña Nacional permanente para promover los beneficios para los patrones y los trabajadores vinculados al otorgamiento de ayuda alimentaria; y en la incorporación a las campañas, en referencia a los beneficios en materia de salud ocupacional, dicha Secretaría se coordinará con la Secretaría de Salud.

En relación con el Título III, “Evaluación, Seguimiento y Vigilancia”, Capítulo I, “La Comisión Tripartita”, su artículo 15o. establece una comisión tripartita para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones de la ley, la cual estará integrada por un representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien la presidirá, un representante de la Secretaría de Salud, un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tres representantes de organizaciones nacionales de los trabajadores y los representantes de organizaciones nacionales de los empresarios.

Los representantes de las dependencias de la administración pública federal ante la comisión deberán tener nivel de subsecretario o su equivalente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá invitar en las sesiones de dicha comisión, con voz y sin voto, a las organizaciones empresariales o sociales relacionadas con la prestación de los servicios vinculados al otorgamiento del beneficio de ayuda alimentaria contemplado en la ley.

El funcionamiento y la operación de la comisión tripartita se establecerán de acuerdo con sus reglas internas de operación.

En relación con el artículo 16, éste dispone que la vigilancia del cumplimiento de la ley, corresponderá a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las acciones de vigilancia se ajustarán al procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria y laboral, y de forma supletoria a éstas, lo que prescriben la Ley Federal de Procedimientos Administrativos o sus equivalentes en las entidades federativas, según corresponda.

En relación con el Título Cuarto, “Sanciones”, Capítulo Único, su artículo 17 establece que las violaciones a los preceptos de la ley y las disposiciones que emanen de ella, serán sancionadas administrativamente por las autoridades sanitarias y laborales, federales o locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delito.

En relación con el artículo 18, determina que para la aplicación de las sanciones derivadas de la ley, se observará el procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicadas en materia sanitaria y laboral, aplicándose en forma supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o equivalentes a las entidades federativas, según corresponda.

En relación con el artículo 19, establece que en caso de omisión del patrón de mantener el control documental, será sancionado con multa de 2 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.

En relación con el artículo 20, sanciona con multa de 2 mil hasta 6 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, aquella empresa emisora de vales que no cumpla los requisitos necesarios y la cual haya sido contratada por el patrón.

En relación con el artículo 21, sanciona con multa de 6 mil hasta 12 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, a los propietarios de los establecimientos en los que se fomente, permita o participe en alguna de las prohibiciones descritas en el artículo 12 de esta ley.

En relación con el artículo 22, dispone la duplicación de la multa en caso de reincidencia.

En relación con los artículos transitorios, se disponen dos, de los cuales el primero, señala que la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en tanto que el segundo dice que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a la primera sesión de la comisión tripartita a que se refiere el artículo 15 de esta ley, en un plazo que no excederá los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta ley.

El texto legislativo termina con la inserción de haber sido dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en determinada fecha, por parte de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, da las gracias al secretario diputado Israel Reyes Ledesma Magaña por la lectura realizada, y al mismo tiempo informa a la asamblea que el día anterior se reunió la mesa directiva de la comisión, para conocer previamente los dictámenes.

También informa, que viene en camino por cuestiones de agenda, el diputado Isaías González Cuevas, líder de la CROC que, al igual que el diputado Francisco Hernández Juárez, no está presente también por cuestiones de agenda, se han comunicado para comentar que se solidarizan y se suman a la iniciativa, y que la representación respectiva de dichos diputados está acreditada en el pleno.

A continuación, el diputado Rodolfo Lara Lagunas tomó la palabra para mencionar que en lo general estaba de acuerdo con las propuestas. Que el problema alimenticio se ha agravado en el país.

Leyó un fragmento breve de un testimonio de una maestra indígena en el estado de Guerrero, en una comunidad, en la que ésta decía textualmente que “como a las diez u once de la mañana, dicen nuestros niños que tienen mucha hambre y los mandamos a su casa por un taco de salsa. Nuestros alumnos son todos delgaditos y varios no tienen para las tortillas, por eso después de una hora ya se están durmiendo”.

Como profesor rural que fue, el diputado Rodolfo Lara Lagunas, señaló que le consta este fenómeno. En las comunidades muy atrasadas en que solamente toman un vaso o taza de café y se duermen. Pero hay un testimonio más de la Organización Mundial de la Salud, donde se afirma que en los primeros nueve meses y en los dos primeros años de vida, en ese lapso se forma el tamaño del cerebro, la estructura y el peso del cerebro.

Si en ese periodo de crecimiento y desarrollo del cerebro, el niño no recibe buena alimentación, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cociente intelectual de ese niño es bajo.

Lo grave es que aunque pasen después 10 o 15 años y se alimente bien, ya el daño es irreversible. Se calcula que hay un 30 por ciento de niños que están en desnutrición infantil, sobre todo en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por lo tanto, expresó el diputado, está a favor en lo general de esta ley, y solamente le haría un cambio, en relación al primer artículo en donde habla de los trabajadores, agregaría “y sus familias”: “la ayuda alimenticia será a los trabajadores y sus familias”.

Si no se ataca el problema de la desnutrición desde la infancia, desde la primera etapa en que se forma el cerebro, aunque después se ataque, ya no va a tener el mismo efecto. Y el otro cambio, sería cambiar los términos “ayuda alimenticia”, por “el derecho a la alimentación del trabajador”.

De nueva cuenta, el presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, toma la palabra para expresar que la secretaría técnica está tomando nota de los comentarios que se están realizando.

El diputado José Gerardo de los Cobos Silva hace uso de la palabra para señalar que es obligación de los legisladores velar por el bienestar de la ciudadanía y el trabajador y las trabajadoras, quienes son un elemento importantísimo y en el espíritu de lo que se busca se está totalmente de acuerdo; sin embargo, mencionó tener algunas observaciones, apenas se les presentó el día anterior y tuvieron unas cuantas horas para analizar la situación, además de encontrarle aspectos que en técnica jurídica se estaría en un problema, por lo que los legisladores del PAN están en imposibilidad de votar el día de hoy el dictamen.

Por ejemplo, la definición de trabajador es diferente a la contenida en otras disposiciones, concretamente la Ley Federal del Trabajo, la vigente.

En segundo lugar, prosiguió el diputado José Gerardo de los Cobos Silva, no se puede considerar una ley reglamentaria del artículo 123, puesto que no está así planteada, y sin embargo, en la definición de trabajar, implementa apartado A y apartado B, cuando precisamente la propia Constitución Federal hace la separación de apartado A y apartado B, porque la naturaleza del trabajo es diferente y las consecuencias son diferentes.

Por ejemplo, en el apartado A, si el patrón da la ayuda alimentaria, tendrá la posibilidad de hacer la deducción correspondiente. En el apartado B, no se está frente a esta figura, sino que se requiere la previsión presupuestal que también por ley se necesita y tenerlo en el estudio.

El artículo 1o. transitorio, dice que a partir del día siguiente tendrá que entrar en vigor y la verdad es muy difícil, porque hay una serie de previsiones que no se pueden implementar al día siguiente de su entrada en vigor.

Por otra parte, la ley no es muy categórica, sino facultativa. Una ley tiene como característica principal, ser un ordenamiento de carácter general donde estipula obviamente derechos y obligaciones, y se ve lo facultativo: podrá, será. Faltan entonces, elementos para tomar una decisión.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, concedió la palabra a la diputada Laura Piña Olmedo, quien comentó que la iniciativa es muy buena; que ya existían algunos comedores en las empresas; estos derechos ya los tenía el trabajador, nada más es cuestión de marcarlos en la ley, reglamentarlos y darle al patrón un apoyo, para que pueda seguir sosteniendo.

Es algo muy bueno para el trabajador, ya que efectivamente se están viviendo tiempos de enfermedades difíciles, enfermedades del corazón, diabetes, por lo que sería muy bueno que los patrones se preocuparan por sus trabajadores en materia alimentaria.

Votaría a favor de la iniciativa, porque le parece que es algo deseable para los trabajadores, quienes salen desde muy temprano de su hogar, y muchos de ellos a veces se quedan a trabajar tiempo extra por no alcanzarles y llevan viandas con huevo, frijol o nada más una torta sencilla. Es muy difícil salir a trabajar desde las cinco de la mañana y mantenerse con una torta. Ojalá esto se pueda hacer.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, al hacer uso nuevamente de la palabra, informó que el diputado Rafael Yerena Zambrano se encuentra en algunos compromisos de agenda, pero su representación está presente y comenta que se solidariza con los proyectos que se han mencionado.

La diputada Nancy González Ulloa tomó la palabra para fortalecer lo señalado por el diputado José Gerardo de los Cobos Silva, que creen firmemente en el espíritu de la iniciativa; sin embargo, la redacción no es muy clara, por lo que es necesario hacer aportaciones y enriquecer la iniciativa y no votarla hoy; desean apegarse a la fracción III del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que señala que antes que inicie un dictamen, se tiene que elaborar un impacto presupuestal.

Como se maneja la iniciativa, requiere de cierto presupuesto por parte del gobierno y en dado caso, de los empresarios. Por lo tanto, solicitan de la manera más atenta, el impacto presupuestal para legitimar el dictamen y se dé la oportunidad de dar las aportaciones necesarias.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, al tomar de nueva cuenta la palabra, mencionó que la Presidencia que se honra en representar, desde el momento de integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hizo un compromiso de coordinar todas las opiniones y todas las aportaciones que enriquecieran la vida laboral del país, desde sus ámbitos, cualquiera que sea su militancia.

En tal sentido, la Comisión de Trabajo y Previsión Social toma en cuenta la aportación de la diputada Nancy González Ulloa y someterá a consideración del resto de la Comisión sus comentarios.

El diputado Raúl Gerardo Cuadra García tomó la palabra para señalar que en su estado y en el país, hay una preocupación por la generación de empleos. El 70 por ciento de los empleos los generan las pequeñas y medianas empresas, que son aquellas que tienen menos de 40 trabajadores. Pregunta, ¿están estas empresas preparadas para este costo adicional? ¿Estarán los empresarios pequeños capacitados, no refiriéndose a las grandes fábricas o industrias, sino al que tiene su tiendita en la esquina de su casa, al que tiene un taller con tres o cuatro personas trabajando, reparando automóviles, capacitados? ¿Tendrán recursos para poder dar respuesta a esta nueva obligación que van a tener como patrones? ¿Esto abonará a la generación de empleo? ¿Esto afectará a la competitividad, ocasionando que las grandes empresas piensen mejor invertir en Centro América o en África con sus maquiladoras?

El país requiere generar cada año 800 mil o un millón de empleos ¿Esto abonará a generar empleos?

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, concedió el uso de la palabra al diputado Julián Francisco Velázquez Llorente, quien al tomar la palabra, señaló que sin duda tendría que ser modificada la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, porque más que una ayuda, que sonaría como una graciosa dádiva, debe ser un derecho el que tengan los trabajadores de México, de tener una alimentación suficiente, equilibrada, completa, con pureza bacteriológica y que además, será obligación del Estado.

Los pueblos son lo que comen y si no se come adecuadamente, estamos condenados a reiterar una serie de conductas. Un mal coeficiente intelectual que deriva en conductas reiteradas que tienen que ver con falta o deficiencia del intelecto de los seres humanos.

También señaló que el gran problema del país no es en la actualidad la desnutrición, como lo demuestra la encuesta nacional de nutrición practicada en el 2006, en la que se destaca que el país está por arriba de muchos países con problemas de obesidad, hipertensión arterial y cardiopatías, como principal causa de muerte de los adultos en la etapa productiva.

La iniciativa es excelente, la que requiere ser enriquecida técnicamente por todos. El problema no es en la actualidad, desnutrición u obesidad, y sobrepeso, sino es la mala nutrición, que son deficiencias que tienen que ver con un diagnóstico precoz, en el que los trabajadores no saben si están trabajando con anemia.

Entonces, lo que se requiere es un cambio de hábitos saludables que tienen que ver con una orientación familiar, hacia el interior de la familia; luego en el trabajo, que se logre el apoyo de los empresarios, para que se logre este gran equilibrio y se pueda tener un pueblo bien nutrido. Por lo que hay que enriquecer esta excelente iniciativa para que posteriormente se pueda votar a favor.

De nueva cuenta, el presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, hizo uso de la palabra para concedérsela al diputado Rodolfo Lara Lagunas, quien externó la duda si las pequeñas y medianas empresas estarían en condiciones de hacer efectivo el apoyo alimentario.

Tiene claro que hay de empresas a empresas, ya que no son lo mismo todas las corporaciones que tiene Carlos Slim, al dueño de una tortillería o un pequeño restaurante. En ese sentido hay racionalidad; pero si se van a detener por esa situación, entonces todos los derechos que tienen los trabajadores nunca se hubieran implementado, porque hubiera sido el mismo argumento en el momento en que hubieran surgido. Es decir, cuando nace la demanda de ocho horas, se hubiera pensado que algunas empresas podían haberlo aceptado, otras no.

A veces no se explica cómo en este país hay la expresión de que no se es competitivo, cuando produce al millonario número uno ¿De dónde salió toda esa riqueza? Esos más de 50 mil millones de dólares. Alguien los produjo; es decir, se es competitivo, se crea riqueza; sin embargo, a veces no hay justicia en su reparto.

Donde la situación irrita, es que a los trabajadores de Slim en Sanborns, solamente se les paga dos mil pesos mensuales por 12 horas diarias de trabajo, mientras aquél gana mensualmente mil 500 millones de dólares al mes, lo que representaría el darle el salario a 11 millones 625 mil personas con dos mil pesos al mes.

Pero lo que debe quedar en claro, es que todos los patrones tienen que apoyar a sus trabajadores en esta materia, es una necesidad de primer orden. La pobreza se está generalizando, a los mismos patrones les conviene tener gente sana que produzca más y que sean más competitivos en el mercado.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, concede la palabra al diputado Leobardo Soto Martínez, quien manifestó que se estaba aterrizando en una iniciativa positiva y de mucho beneficio para los trabajadores, por lo que su voto sería a favor.

Solicita que en la primera reunión que tenga el consejo directivo señalado en la iniciativa, se defina perfectamente qué es la ayuda alimentaria, en pesos y alimentos. Ahí se va a definir hasta qué cantidad va a ser deducible para las empresas y hasta qué cantidad va a aportar el gobierno federal.

En ese sentido, se va a beneficiar a las empresas pequeñas, medianas y grandes, en la medida de la cuantía en pesos que va a ser deducible para las mismas empresas. Si se define perfectamente en pesos, se estaría dando un paso muy significativo en beneficio de las empresas, en beneficio de los trabajadores, de la competitividad, de la productividad y la calidad de las mismas empresas. Es algo muy positivo.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, al tomar la palabra nuevamente, concedió ésta al diputado Víctor Flores Morales, quien señaló que lo que le pega a los trabajadores principalmente es la falta de control en los precios, en que no se tiene un salario adquisitivo; el castigo que se les inflige a los trabajadores respecto a la deducibilidad en los términos y condiciones de la ley; respecto a la canasta básica, cuando se rebasa su límite; como el impuesto aplicado al trabajador. ¿Qué es lo deducible? No se especifica. Habría que establecer una tasa capital, si es que sigue pegando el impuesto.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, concede la palabra al diputado Armando Neyra Chávez, quien señaló que ya en la contratación colectiva se tienen avances, sería cuestión de reglamentarlo obligatoriamente.

Hay de ramas industriales a ramas industriales. Por ejemplo, la industria de la cual viene, desde 1954, hay 50 mil camiones que diariamente reparten al mercado. Los trabajadores de esta industria no tienen comedor, pero tendrían vales para comer en su ruta.

Realmente no hay control de precios, ni es culpa de los empresarios, ni de los trabajadores, y no hay poder adquisitivo en el salario, que como establece el Constituyente de 17, permita adquirir techo, vestido, alimentación y educación. Que de una vez se apruebe el dictamen, para que se pueda llevar la ayuda a los trabajadores lo más pronto posible.

Enseguida, toma la palabra el presidente diputado Tereso Medina Ramírez, quien concedió el uso de la palabra al diputado Reginaldo Rivera de la Torre, quien manifestó que como se trata de una minuta del Senado, la técnica legislativa es difícil de adicionar o cambiar y le llama la atención de que se trate de un dictamen en Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, donde hay opinión de otras comisiones.

Se trata de la aprobación de una ley que pudiera tener defectos o carencias que se están señalando. Pero todas estas leyes son imperfectas, todas las leyes se pueden reformar y si la decisión fuera aprobar esta minuta, se estaría aprobando una ley nueva que se puede reformar.

Todas las observaciones que se han hecho aquí caben dentro de nuevas iniciativas de reforma a esta ley. Se trata de una minuta en la cual el Senado ya hizo un análisis jurídico-técnico del tema, donde participan otras comisiones que también están de acuerdo. Si tienen errores o imperfecciones, éstas son salvables con una reforma a la ley, si es que se aprueba.

Acto seguido y de nueva cuenta, el presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, concedió la palabra al diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, quien señaló que es un trabajo bastante respetable y rescatable, de alguna forma es una buena señal, sobre todo en los difíciles momentos que se viven en las cuestiones laborales en todos los niveles.

En este marco, en estas intenciones, hay cuestiones que son derechos de los trabajadores, como el derecho a la salud. El hecho de estar alimentándose bajo ciertos esquemas más saludables, de alguna forma va a redundar en mayor beneficio a los trabajadores, y desde luego a sus familias. La otra opción de ampliarlo a nivel familiar, requerirá, quizá, de otro esquema, bajo otras tonalidades.

Esta minuta, en lo general, se debería buscar el esfuerzo para aprobarla positivamente y aceptar las recomendaciones que hacen los distintos partidos y tratar de establecer un puente de comunicación con el Senado, y ver hasta dónde es factible lograr y considerar las modificaciones o algunas cuestiones que no hayan sido consideradas y que desde la Cámara se puedan realizar. Que se busque la forma de hacer el esfuerzo de echar para adelante un asunto que es indiscutiblemente en beneficio para los trabajadores.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, hace uso de la palabra para informar que se encuentran presentes en la reunión, el grupo de asesores de la senadora María de los Ángeles Moreno, por si existiera una consulta para después del término de la sesión o durante el desarrollo de la misma.

Concede de inmediato la palabra al diputado Arturo Ramírez Bucio, quien se refirió a que, como Grupo Parlamentario, ven las bondades de la minuta que envió el Senado. En virtud de todos los comentarios que se han vertido anteriormente, valdría la pena posponer la votación, porque en primer lugar, el día anterior se reunieron en mesa directiva, en la cual se dio el documento, pero no se discutió el tema y no hay dictamen alguno por parte de la mesa directiva, si es a favor o en contra.

En segundo lugar, es una minuta que se envió a la Cámara de Diputados como revisora, pero lamentablemente no se tiene el dictamen o la revisión de la Comisión de Salud, ni tampoco los comentarios de los compañeros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por lo que no se está en posibilidades de aprobar el dictamen como se ha planteado.

Como la Cámara de Diputados es la Cámara revisora, las tres comisiones tienen que sesionar conjuntamente, para ver cómo se mejora. Con los comentarios que se han vertido, se tiene que mejorar y porque también, se va a afectar el presupuesto de egresos; el Estado tendrá menos ingresos, porque es deducible en el Impuesto sobre la Renta y se deberá buscar que no se contravengan las disposiciones de la Ley del Seguro Social, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Considera que no se está en condiciones de aprobar la iniciativa e insiste en señalar que no hay un trabajo conjunto entre la Comisión de Salud y la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Hace falta discutirla más, se tiene tiempo para discutirla y fortalecerla. Se debería buscar que las visiones de la Comisión de Salud y de la de Hacienda y Crédito Público estén plasmadas en la minuta, porque no hay condiciones de aprobarla, porque no hubo reunión de las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, otorga el uso de la palabra al diputado David Hernández Pérez, quien manifiesta que se está ante la posibilidad de avanzar, porque esto es un apoyo a la productividad. Un trabajador mejor alimentado vas a tener mejor atención en su trabajo, se disminuirán los riesgos laborales y se podrá incrementar la productividad, incrementando con ello las ganancias de las empresas.

Si hay mayor productividad definitivamente habrá mejores ingresos y si hay mayor consumo en los alimentos, habrá más empleos por las personas que se van a contratar, como también ingresarán más impuestos a través de esa vía.

No se debe tener el temor que está viendo la fracción parlamentaria del PAN; se debe avanzar en este sentido. No se puede retroceder en el sentido de que unos trabajadores tengan unos derechos y otros no.

El patrón gobierno, también debe tener la responsabilidad en mucho de esto y se tiene que ir para adelante. En relación a la inclusión de la familia en la iniciativa, resultaría desventajoso para los patrones porque sería demasiado complicado y se tendría que modificar el dictamen.

Propone el diputado David Hernández Pérez al presidente diputado de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que se someta a la consideración del Pleno de esta asamblea la inclusión de los diversos comentarios que se han vertido aquí en la exposición de motivos para que puedan ser tomados en cuenta al momento de hacer la reglamentación de la ley en comento.

El presidente diputado Tereso Medina Ramírez, informó que la secretaría técnica está tomando nota de las aportaciones y le pide a los compañeros diputados que sean más prácticos porque hay sesión en el Pleno de la Cámara, la cual ya inició y todavía se tienen pendientes que desahogar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Enseguida, concedió el uso de la palabra al diputado José Gerardo de los Cobos Silva, quien manifestó que no se trata promulgar una ley, para luego reformarla; si se tiene la oportunidad de hacerlo bien desde el principio, se tendría la necesidad de definir algunas cosas.

Está de acuerdo con lo comentado por el diputado Arturo Ramírez Bucio, en el sentido de que debieran dictaminar las comisiones en conjunto o por lo menos en las directivas para tener la argumentación completa y tener un dictamen sólido. Se está a favor de lo que busca la iniciativa, pero se considera que técnicamente no se estaría haciendo lo correcto si se vota el dictamen en este momento.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, otorgó el uso de la palabra al diputado Amador Monroy Estrada, quien de inmediato invitó a los medios presentes a que estuvieran atentos para que informaran del trabajo que en esa reunión se estaba desarrollando.

Afirmó que la bancada del PRI sí tiene interés en actualizar la Ley Federal del Trabajo, la norma jurídica laboral. Se tiene tanto interés que aquí se tiene la muestra. Se está atendiendo la iniciativa que viene del Senado con la importancia que reviste para legisladores y para trabajadores.

Quiere que los trabajadores en México estén seguros de que sus derechos no solamente estén vigilados aquí, sino que estarán atentos para que se reforme aquello que les afecte, no nada más aquello que se proponga para pulverizar las organizaciones sindicales, asociaciones y coaliciones que ellos han constituido con la intención de defender sus derechos y lograr conquistas como ésta.

Se está aquí también para poder lograr conquistas que, a través de la norma, se acuerden y lleguen a beneficiar a todos los trabajadores. Basta de estar limitando a la clase trabajadora con el fantasma de la inversión: que no haya huelgas porque no hay inversión; que no haya demandas de titularidad porque se espanta la inversión; que no se les pague sueldo para que no se espante la inversión.

Surge el susto cuando se dice que a un patrón de tres trabajadores le va a ser muy difícil responder al problema. No es lo mismo que un patrón le pague la prestación a 40 mil trabajadores, que un patrón le pague a un solo trabajador. Del tamaño del sapo es la pedrada.

Hay que analizar las verdaderas bondades que tiene la ley de ayuda alimentaria. Significa la verdadera búsqueda de la productividad. Un trabajador bien alimentado es un trabajador sano, va a laborar de manera productiva, lo que va a dar la competitividad tan buscada por el régimen, por la que tanto se ha preocupado.

El trabajador se contrata con el patrón, a él está dedicado, y es el patrón el que tiene que resolver sus problemas; por eso la seguridad social, por eso la aportación para la vivienda. Por eso en este caso, se está demandando el apoyo en producto alimentario, porque, cómo se podría demandarle al Estado el apoyo en alimentos de un trabajador, del que una forma u otra, se está beneficiando la empresa privada. De ninguna manera.

Considera que en el documento puede haber fallas de origen; pero en qué ley, al parecer de otros, no ha nacido ya de por sí con fallas de origen.

Se está frente a la posibilidad de mandar un mensaje muy claro, muy serio, muy firme, pero también de buena voluntad a los trabajadores de México. Ellos tienen que saber que la Cámara de Diputados está también preocupada por su condición.

No se está pensando en este momento en cómo se les puede arrancar la productividad, a través de normas jurídicas que no les benefician directamente, sino que hay preocupación por propiciarles salud, bienestar, a través de prestaciones como ésta, que no debe discutirse más, por lo que debe votarse por la mayoría, para que en términos generales pueda salir adelante.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, toma la palabra para concedérsela al diputado Arturo Ramírez Bucio, quien señala que el Partido Acción Nacional está de acuerdo con la iniciativa; pero en lo que no están de acuerdo es que en la Comisión de Trabajo y Previsión Social no se discutió.

Ayer hubo reunión en la mesa directiva y no fue discutida. La Comisión de Salud no estuvo presente; no hay opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; por lo que no se está facultado, porque no hay una reunión conjunta. Se es la Cámara Revisora, y tiene que estar presente la Comisión de Salud.

No se niega la iniciativa, se quiere mejorarla, se quiere que los trabajadores tengan mejores condiciones. Claro, que si se alimentan mejor son más productivos. La ley no se va a reformar en 15 días.

Una ley tiene que ser para un futuro de 25 años, no para que la semana próxima se reforme. Se debe hacer un esfuerzo para que esta iniciativa salga antes de que termine este periodo ordinario; que sea más completa.

Las leyes deben ser generales, no particulares. Se está de acuerdo en la iniciativa, pero no debe aprobarse el día de hoy, ya que no hay un dictamen conjunto entre las Comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social, y tampoco hay un comentario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se está de acuerdo, se va a apoyar, pero se requiere que las m de las Comisiones de Salud, y de Trabajo dictaminen a favor o en contra.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, hace uso de la palabra para señalar que se respeta la aportación del diputado Arturo Ramírez Bucio, e inmediatamente somete a la consideración de los integrantes de la Comisión de Trabajo, si está suficientemente discutido el tema; si es así, entonces señalarlo en forma económica con la señal acostumbrada.

Está suficientemente discutido el tema, por lo que a continuación, la Presidencia solicita al secretario de la mesa directiva diputado Israel Reyes Ledesma Magaña que someta a consideración el dictamen que previamente se dio a conocer en sentido positivo en forma personal, uninominal, para que se exprese nombre y voto, a favor o en contra.

El secretario diputado Israel Reyes Ledesma Magaña hace uso de la palabra para preguntar al diputado Tereso Medina Ramírez cuál es el sentido de su voto, respondiendo éste que su voto es positivo, a favor, y señalando al mismo tiempo, que la aportaciones que se han expresado en ese momento, se van a incluir en la exposición de motivos del nuevo dictamen, para que así se complemente su aprobación.

El secretario diputado Israel Reyes Ledesma Magaña da el sentido de su voto a favor del dictamen; luego, pregunta al diputado Amador Monroy Estrada, que vota a favor; pregunta a la diputada Nancy González Ulloa, que vota en abstención, y aprovecha la oportunidad para aclarar que cuando tuvo su intervención, solicitó al señor presidente diputado que se pudiera dar uno o dos días, para que Acción Nacional hiciera su aportación a la ley; lo cual no se respetó. Por ello, su voto es en abstención, porque se está saliendo del reglamento y de cualquier ley.

El secretario diputado Israel Reyes Ledesma Magaña al preguntarle el sentido de su voto al diputado José Gerardo de los Cobos Silva, la diputada Nancy González Ulloa toma la palabra para expresar que le parece una falta de respeto, porque no se hizo la votación de la solicitud que hizo en su intervención, y que está en abstención porque no están apegados a derecho con el dictamen, lo cual no significa que no estén de acuerdo en que se generen mejores condiciones para los trabajadores.

El secretario diputado Israel Reyes Ledesma Magaña pregunta el sentido de su voto al diputado José Gerardo de los Cobos Silva, quien al tomar la palabra y manifiesta que con el derecho que le asiste la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos como diputado, su voto es en abstención, porque así se lo faculta dicha ley.

Agregó que es en abstención su voto porque están a favor de los derechos de los trabajadores y de la buena alimentación para su mejor salud, su mejor desempeño en el trabajo, mayor productividad, lo cual será en beneficio de todos los mexicanos; pero hace la aclaración de el dictamen no fue emanado de las comisiones unidas respectivas. En ese sentido, desean tener la oportunidad de enriquecer el dictamen y en su momento lo harán. Ojalá que ello sea tomado en cuenta por la Comisión de Salud.

De nueva cuenta, el secretario diputado Israel Reyes Ledesma Magaña hace uso de la voz para preguntar al diputado Armando Neyra Chávez el sentido de su voto, que es a favor; luego, pregunta al diputado David Hernández Pérez el sentido de su voto, que es a favor; pregunta al diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, que vota a favor; pregunta al diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, que vota a favor; preguntó al diputado Reginaldo Rivera de la Torre, que vota a favor; pregunta a la diputada María Felicitas Parra Becerra, que vota en abstención; pregunta a la diputada Norma Sánchez Romero, que vota en abstención; pregunta a la diputada Laura Piña Olmedo, que vota a favor; pregunta al diputado Rodolfo Lara Lagunas, que vota a favor; pregunta al diputado Arturo Ramírez Bucio, que vota en abstención; pregunta al diputado Víctor Flores Morales, que vota a favor; pregunta al diputado Leobardo Soto Martínez, que vota a favor; pregunta al diputado Rafael Yerena Zambrano, que vota a favor; pregunta al diputado César Octavio Madrigal Díaz, que vota en abstención; pregunta al diputado Julián Francisco Velázquez Llorente, que vota en abstención, pregunta al diputado Raúl Cuadra, que vota en contra.

Enseguida, el secretario diputado Israel Reyes Ledesma Magaña tomó la palabra para informar al presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, el resultado de la votación, la cual fue, mayoría de diputados por la afirmativa, 13 a favor, 1 en contra y 7 abstenciones.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, dio por aprobado por mayoría el proyecto de dictamen en sentido positivo de la minuta con proyecto que expide la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, presentada por los senadores María de los Ángeles Moreno Uriegas, Carlos Aceves del Olmo, José Eduardo Calzada Rovirosa, Ricardo Pacheco Rodríguez, Eladio Ramírez López y Fernando Eutimio Ortega Bernés, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A continuación, el propio presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, dio entrada al siguiente punto del orden del día, que se refiere al proyecto de dictamen, en sentido positivo, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción I, 16, fracción IX, y se adiciona un cuarto párrafo, dejando como quinto párrafo el vigente, al artículo 41, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, solicitó al secretario diputado Amador Monroy Estrada que diera a conocer el dictamen.

El secretario diputado Amador Monroy Estrada da lectura al proyecto de dictamen en comento, quien se limita al contenido del decreto en abono al tiempo.

“Decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción I, 16 fracción IX y se adiciona un cuarto párrafo dejando como quinto párrafo el vigente, al artículo 41, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

”Artículo Único. Se reforman los artículos 3 fracción I, 16, fracción IX, y se adiciona un cuarto párrafo dejando como quinto párrafo el vigente, al artículo 41, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

”Artículo 3. El Instituto tiene por objeto:

”I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, en beneficio de los Trabajadores y sus familias.

”Artículo 16. El Consejo de Administración tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

”IX. (último párrafo): En los términos del artículo 41 de esta ley, el instituto no podrá trasladar a particulares los derechos derivados del cobro de los adeudos que los trabajadores omisos en pago tengan con él.

”Artículo 41. (último párrafo): En ningún caso podrá el instituto ceder a título gratuito u oneroso enajenar o transferir a particulares los derechos derivados del cobro de adeudos a que se refiere el presente artículo.

”Transitorios

”Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

”Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

”Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de abril de 2010, por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.”

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, somete a consideración de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social el dictamen con sentido positivo.

El diputado Leobardo Soto Martínez hace uso de la palabra para preguntar si se trata de la pura cartera vencida existente, para no dañar el otorgamiento de crédito, a lo que de inmediato responde el presidente diputado Tereso Medina Ramírez que se trata de la cartera vencida que existe en este momento y además, que en el futuro el Infonavit no vuelva a vender la cartera vencida, que lesiona y lastima a todos los trabajadores de México, en el sentido de que lo que se ocupa en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, es regresar el sentido social al Infonavit por lo que fue constituido, y para los trabajadores de México.

Al diputado Reginaldo Rivera de la Torre se le concedió la palabra para que señalara que hay que tener imaginación como legisladores a efecto de ser innovadores, porque no se trata solamente de recopilar todas las iniciativas de las anteriores legislaturas para hacer la propuesta de reforma laboral.

Coincide plenamente con el dictamen para reformar la Ley del Infonavit, dados los abusos que se han dado en contra de los trabajadores y la tendencia del gobierno federal de convertir al gobierno y al pueblo de México en una empresa, desfalcar a los mexicanos cada que pueden y de esta manera se van a acotar las facultades que tiene el Ejecutivo que ha bursatilizado al pueblo de México. Por tanto, solicita a los diputados presentes aprueben el dictamen tal como se encuentra.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Lara Lagunas, quien señala que la modificación de decreto va a ayudar a frenar un poco la corrupción de la que tanto padece el país, recordando que los hijos de Martha Sahagún, usaron este mecanismo para comprar barato decenas de casas y después venderlas hasta diez veces más el costo. El PRD votará a favor.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, concede el uso de la palabra a la diputada Nancy González Ulloa, quien comentó que en Acción Nacional se está apoyando a que no se venda la cartera vencida; pero si se lee un poquito cómo está la redacción, hay una confusión y le gustaría someterlo a consideración del señor presidente diputado.

Que se haga específicamente el señalamiento de que se trata de cartera vencida, porque aquí no se está señalando y en la esencia de la discusión de motivos se maneja siempre la cartera vencida; de hecho, existe un acuerdo del mismo Consejo de Administración que señaló que no se iba a vender la cartera vencida. Le gustaría que en la redacción de la propuesta de reforma quede específico y claro que es cartera vencida.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, hizo uso de la palabra para mencionar que la aportación anterior se incluía, para que dentro de los fundamentos de la exposición de motivos, se tome en cuenta.

La diputada Nancy González Ulloa de nueva cuenta toma la palabra, para señalar que su aportación no se refiere a insertarla en la exposición de motivos, sino se refiere a la redacción del artículo 16 y del 41, que no se señala específicamente cartera vencida. Donde habla de los adeudos, ahí debe estar lo del cobro de cartera vencida.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, al utilizar nuevamente la palabra, precisó que es correcto, que se incluya que es exclusivamente para la cartera vencida. Y de inmediato, concede la palabra al diputado Reginaldo Rivera de la Torre, quien comentó que del último párrafo del decreto que reforma el artículo 41, textualmente se puede ver que se habla de adeudos en general, por lo que solicita que se quede como está, porque de otra manera no se vaya a facultar al Infonavit o al Ejecutivo federal que venda los créditos de los trabajadores en el presente. Considera que está bien redactado, porque se trata de adeudos pasados, presentes o futuros.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, pregunta a la asamblea si existen otras opiniones o aportaciones.

El diputado Amador Monroy Estrada aprovecha la oportunidad para expresar que la bancada del Partido Revolucionario Institucional tiene la voluntad de hablar del tema laboral sin tapujos y en términos generales. Les interesa los beneficios de los trabajadores, hablar del Infonavit es hablar de un derecho de los trabajadores, aunque sea una ley muy relacionada al derecho que asiste a los trabajadores. Se demuestra la voluntad y la necesidad estricta de poder encuadrar en la norma jurídica cada vez mejor los derechos de los trabajadores.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, al hacer uso de la palabra, sometió a votación las dos propuestas; sin embargo, interviene la diputada Nancy González Ulloa para señalar que si no se vendieran todos los adeudos, se quedarían en la hipótesis de que no pudieran existir los Cedevis (certificados de vivienda), el cual es el presupuesto que tiene el Infonavit para poder dar créditos; si no hay Cedevis, no hay créditos.

Es muy diferente cartera vencida a los adeudos. Si los adeudos no existen, no hay Cedevis y no hay manera de seguir presupuestando créditos a los trabajadores. Sería una irresponsabilidad dejar así el dictamen, sin dejar de ver todas las consecuencias que tiene que no existan los Cedevis.

La responsabilidad es de los diputados que quieren que independientemente de la cartera vencida, no haya presupuesto para los demás créditos. Hay que reflexionarlo.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, hace uso de la palabra, para informar que recibió una comunicación del diputado Valdemar Gutiérrez Fragoso, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que le solicita haga público su voto a favor de los dos dictámenes, tanto de la ayuda alimentaria que es un derecho y del Infonavit; de tal manera que está aquí su representación, a la que le ruega tomar nota y comentarle al diputado Valdemar Gutiérrez Fragoso que se ha hecho lo que solicitó.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, somete a consideración la propuesta de la diputada Nancy González Ulloa en el sentido de corregir el dictamen, para que sea única y exclusivamente la referencia a la cartera vencida; por lo que pregunta a la asamblea quiénes están a favor, realizándose así la votación correspondiente.

El secretario, diputado Israel Reyes Ledesma Magaña solicita que levanten las manos los diputados que estén a favor, haciéndolo así cinco; y lo que estén en contra, haciéndolo así ocho.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, somete a votación la propuesta del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, en el sentido de dejar tal como se encuentra la redacción del decreto del dictamen en tratamiento, mismo que queda aprobado por 13 votos emitidos a favor.

Por tanto, queda aprobado el proyecto de dictamen en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., fracción I, 16, fracción IX, y se adiciona un cuarto párrafo, dejando como quinto párrafo el vigente, al artículo 41, todos de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, pregunta a continuación a los compañeros diputados, si existe alguna aportación en relación al punto número 8 del orden del día, “asuntos generales”, a lo que ningún diputado hizo uso de la palabra en relación a dicho punto, por lo que el presidente, diputado Tereso Medina Ramírez, una vez agotados los puntos del orden del día, procedió a clausurar los trabajos, llevados a cabo el día 14 de abril del año en curso, a las 11:50 horas, y agradeció a los diputados presentes.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez, David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.

Informes

De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, de actividades correspondiente al lapso marzo-agosto de 2010

Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad con los artículos 57, fracción I, y 58 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Metropolitano (CDM) rinde el siguiente informe:

I. Integración

A la fecha, la CDM está integrada por los diputados Alma Carolina Viggiano Austria, presidenta, Jorge Arana Arana, Héctor Guevara Ramírez, Miguel Ángel Riquelme Solís, Adriana Fuentes Cortés, Marcos Carlos Cruz Martínez, Avelino Méndez Rangel; Alejandro del Mazo Maza, secretarios; Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Manuel Cadena Morales, Felipe Enríquez Hernández, Jaime Flores Castañeda, Gustavo González Hernández, Sergio González Hernández, Óscar González Yáñez, Agustín Guerrero Castillo, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, David Hernández Vallín, Gregorio Hurtado Leija, Jorge Humberto López Portillo Basave, César Octavio Madrigal Díaz, Francisco Ramos Montaño, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Omar Rodríguez Cisneros, Jesús María Rodríguez Hernández, Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Rigoberto Salgado Vázquez.

En el periodo de que se informa se registraron los siguientes cambios:

Con fecha 23 de marzo, la Mesa Directiva informó a la CDM del siguiente cambio:

“El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, de Nueva Alianza, causa baja como integrante.”

Con fecha 29 de abril de 2010, la Mesa Directiva informó a la CDM de los siguientes cambios:

“La diputada Laura Piña Olmedo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), causa baja como secretaria; y Marcos Carlos Cruz Martínez, del PRD, alta como secretario.”

La CDM está formada por 29 integrantes: 14 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 9 del Partido Acción Nacional (PAN), 4 del PRD, 1 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 1 del Partido del Trabajo.

II. Iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva de la Cámara

• Atención y resolución de iniciativas

1. Con proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Planeación Metropolitana.

Presentada por el diputado Jorge Luis Hinojosa Moreno, del PAN, el 23 de febrero de 2006.

Dictamen: CDM, 23 de febrero de 2006.

Contenido: Crear el Instituto Nacional de Planeación Metropolitano, órgano descentralizado de Secretaría de Desarrollo Social.

Estado: Resuelto. Dictamen, en sentido negativo, aprobado en la séptima reunión plenaria, del 21 abril de 2010.

2. Con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada por el diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del PRI, el 19 de septiembre de 2006.

Dictamen: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública, 19 de septiembre de 2006.

Contenido: Se establece la figura de “presupuesto de egresos multianual para obras y acciones”, como parte del de egresos de la federación.

Estado: Resuelto. Dictamen, en sentido negativo, aprobado en la novena reunión plenaria, del 12 agosto de 2010.

• Iniciativas pendientes de resolución

1. Con proyecto de decreto a fin de crear el fondo de aportaciones para el desarrollo metropolitano.

Presentada por la diputada Clara Marina Brugada Molina, del PRD, el 4 de noviembre de 2003.

Dictamen: Comisiones Unidas de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Turnada a la CDM el 4 de noviembre de 2003.

Contenido: Crear el fondo de aportaciones para el desarrollo metropolitano, con cargo a la recaudación federal participable.