- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la Universidad de Guadalajara, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud a proporcionar atención preventiva integrada a la salud en unidades de primero y segundo niveles, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que, por la Secretaría de Salud, las instituciones del ramo realicen acciones que logren la universalidad de los servicios de salud en México, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar el acuerdo por el que se determinan los lineamientos a que estarán sujetas la venta y dispensación de antibióticos, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el desarrollo de programas de mejoramiento en la procuración de justicia del Distrito Federal, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos adicionales para el Instituto de Vivienda del Distrito Federal destinados a la construcción en apoyo de personas que habitan zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incorporar por la STPS y la SEP la perspectiva de género en el diseño y en la implantación de los programas de capacitación para el empleo, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se instruye a la Mesa Directiva de esta soberanía a fin de que presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la SCJN contra las disposiciones publicadas el 2 de septiembre de 2010 en el DOF relativas a las acciones que la administración pública federal deberá llevar a cabo para concretar la transición a la televisión digital terrestre, suscrita por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a entregar a los municipios y a la Universidad de Guadalajara los recursos federales destinados al desarrollo de la entidad; y se solicita a la ASF que revise el cumplimiento de dicho gobierno a lo establecido en el PEF respecto a la ampliación de la oferta educativa y el reconocimiento de plantilla, a cargo de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a entregar los recursos federales y estatales destinados al desarrollo de sus municipios; y se solicita a la ASF que practique una auditoría forense a los recursos federales de los fondos considerados en los ramos 23, 25, 33 y 36 transferidos a dicho estado, a cargo de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren mayores recursos para la Universidad de Guadalajara, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía, consideren elevar los recursos destinados a la Universidad de Guadalajara dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Es deber del Estado procurar a todos los miembros de la comunidad igual oportunidad de educación; asegurar, por lo menos, una enseñanza elemental para todos, y promover el mejoramiento cultural de la nación.
Debe el Estado respeto y estímulo a las instituciones de educación públicas o privadas. A las públicas, está obligado a proporcionar, con amplitud, los elementos económicos suficientes para cumplir su función que les está encomendada.
Es el caso de esta propuesta para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, se considere elevar los recursos para una institución educativa con gran historia y con un gran impacto en el desarrollo educativo del país: la Universidad de Guadalajara.
Una universidad pública que a lo largo de los años se ha destacado por formar hombres y mujeres en las más diversas áreas del conocimiento y que ha cumplido de forma sobresaliente con sus metas ante la sociedad.
La Universidad de Guadalajara que hoy cuenta con una matrícula de 209,466 estudiantes de educación media superior y superior, la segunda más alta en todo el país, pero que enfrenta un grave problema: se encuentra en el lugar número 32 de entre las instituciones de educación superior, contando con un subsidio federal por alumno de 12,160 pesos, a diferencia de la UNAM que cuenta con un subsidio de 83 mil pesos por alumno, o la Universidad Autónoma Metropolitana que cuenta con 82 mil pesos por alumno como subsidio federal.
Cabe recalcar también que la Universidad de Guadalajara es de las universidades públicas a nivel estatal que reciben menor subsidio federal. Antes que ella, otras instituciones reciben más recursos por parte de la federación y cuentan con una menor matrícula estudiantil.
Dada esta situación, la Universidad de Guadalajara tiene un problema estructural de financiamiento que se ha acumulado durante varias décadas; la situación que hoy se vive no se trata de un asunto coyuntural entre el gobierno del estado y la Universidad, sino de una problemática de años atrás. Es por ello indispensable que la federación tome cartas en el asunto, de manera de poder igualar el subsidio a la media nacional, lo que representa elevar las participaciones federales del 43.7 por ciento actual, al 66 por ciento que es el promedio nacional.
Con ello, la Universidad de Guadalajara podrá estar en capacidad de estabilizar su situación económica, y el Estado favorecer un ejercicio del gasto en materia de educación más equitativo respecto al conjunto de universidades públicas del país.
Pero no basta con solicitar un mayor presupuesto por parte de la federación para la Universidad de Guadalajara si dicha petición no va acompañada por el compromiso y la exigencia de transparentar el gasto de dichos recursos, ya sean los otorgados por la federación, por el estado de Jalisco o por las mismas aportaciones voluntarias que realiza la comunidad universitaria. Es indispensable que los recursos asignados sean gastados de manera eficaz y transparente, para que cualquier persona interesada en conocer el destino de los recursos tenga la oportunidad de constatar su eficiente manejo y los resultados de dichas aportaciones a favor de los estudiantes, de los maestros, de las condiciones de las aulas, y por supuesto, de la calidad educativa. Se requiere establecer un esquema vanguardista de transparencia y fiscalización de los recursos para evitar cualquier tipo de desvío en detrimento de las finanzas de la institución.
Sirva también esta respetuosa petición como aliciente para superar cualquier dificultad o desavenencia pasajera entre las instituciones, y como instrumento para fortalecerlas. La Universidad de Guadalajara siempre ha sido y seguirá siendo una institución avocada a la formación de ciudadanos comprometidos con su patria. Es tiempo de respaldar su actividad e impulsar el cumplimiento de su destino social.
Por lo anterior se presenta el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta soberanía, consideren elevar el monto de los recursos destinados a la Universidad de Guadalajara dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, hasta alcanzar una proporción semejante a la de la media nacional.
Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y estatales de fiscalización para que, en el ejercicio de sus atribuciones, apliquen los mecanismos que permitan auditar los recursos destinados a la Universidad de Guadalajara, con motivo de transparentar la ejecución de los nuevos recursos que se le asignen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre de 2010.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud a proporcionar atención preventiva integrada a la salud en unidades de primero y segundo niveles, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Claudia Edith Anaya Mota, Ramón Jiménez Fuentes y José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Antonio Benítez Lucho, Marco Antonio García Ayala, Rosalina Mazari Espín y Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Julián Francisco Velázquez y Llorente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos 50 años se produjo en México un descenso muy importante de la mortalidad en todos los grupos de edad. El descenso se acompañó de un cambio igualmente significativo en las principales causas de discapacidad y muerte, las cuales también han tenido cambios. En la primera mitad del siglo XX, los problemas reproductivos y las enfermedades relacionadas con la desnutrición fueron las principales causas de muerte. Hoy, en el país predominan como causas de daño a la salud las enfermedades no transmisibles, algunas emergentes, como el dengue, y las lesiones producto de estilos de vida inadecuados adoptados por los mexicanos. Estos padecimientos son más difíciles de tratar y más costosos que las infecciones comunes.
Durante los últimos años se han registrado en el mundo importantes adelantos en materia de salud, y México no ha sido la excepción. Un ejemplo de ello en el país es la aplicación universal de vacunas que, con el agua potable, ha mostrado ser la medida más importante en la prevención de las enfermedades infecciosas. Otros ejemplos son la disminución de los índices de desnutrición y el aumento de la cobertura de los servicios públicos de salud.
Sin embargo, hay importantes desafíos por superar los problemas de salud, derivados principalmente de la transición demográfica y de la desigualdad económica. Las muertes por enfermedades no transmisibles, los padecimientos asociados a una larga vida -como la diabetes y la hipertensión-, y las lesiones por accidentes o violencia, representan hoy 85 por ciento de las muertes que se registran en México. Esos padecimientos son complejos, además de que representan gran carga social, y su tratamiento es costoso.
En México, el cuadro más frecuente de enfermedades contagiosas sigue siendo expresión de la falta de una cultura elemental de la salud en muchas comunidades. Los padecimientos transmisibles más frecuentes en el país son, en orden de importancia, infecciones respiratorias, diarrea, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual.
Gran parte de las enfermedades y de los riesgos para la salud que más frecuentemente padecen los niños, los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores pueden evitarse mediante acciones de prevención oportuna y adecuada a través de la atención preventiva integrada a la salud (APIS). Ésta es sólo una parte de la atención integral a la salud, ya que esta última se logra al incluir la atención preventiva con la curativa y la rehabilitación.
Para incrementar la efectividad de las políticas de prevención en salud, es necesario ordenar las acciones de promoción y protección de la salud en el sistema nacional de salud, mediante una estrategia coordinada por la Secretaría de Salud y con prioridades claramente establecidas. Esa estrategia debe incluir las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y no sólo a las correspondientes al orden federal.
La salud en México presenta un escenario de fuertes contrastes, ya que persisten niveles altos de mortalidad y morbilidad por causas que se pueden prevenir.
Tradicionalmente, las áreas de atención primaria a la salud y los servicios de medicina preventiva de las unidades de primero y segundo niveles se centraron en prevención de riesgos y daños específicos a través de múltiples programas preventivos. Sin duda, ello contribuyó a la prevención y al control de muy diversos padecimientos. El creciente número de programas preventivos ha contribuido a la fragmentación de los servicios de salud, al realizar las acciones preventivas en diferentes tiempos, por diferente tipo de personal, diferentes espacios o cubículos y, sobre todo, de diferentes maneras.
Un ejemplo exitoso es que a partir de 2002, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se implantaron los Programas Integrados de Salud (Prevenimss), estrategia de prestación de servicios que tiene como propósito general la provisión sistemática y ordenada de acciones relacionadas con promoción de la salud, protección, vigilancia de la nutrición, la detección y control de enfermedades, y la salud reproductiva.
Las anteriores acciones, ordenándolas en cinco grupos de edad: Programa de Salud del Niño Menor de 10 Años, Programa de Salud de el Adolescente de 10 a 19 Años, Programa de Salud de la Mujer de 20 a 59 Años, Programa de Salud del Hombre de 20 a 59 Años y Programa de Salud del Adulto Mayor de 59 Años y más".
El Prevenimss muestra lo efectivo que es por la disminución de los niveles de fecundidad, morbilidad y mortalidad materna, perinatal e infantil. Esto ha influido en la disminución de gastos netos del IMSS, al reducir el volumen y costo de los servicios que la dirección general del instituto en 2009 colocó, con un ahorro de 2 mil 400 millones de pesos, sin contar los ahorros indirectos en relación a efecto social.
Lo anterior, sin contar el dolor que se evita a las personas al prevenir y tratar correctamente los padecimientos con dicha estrategia, así como la calidad de vida que se da a los que llevan un tipo de plan preventivo como éste y de mejorar la salud de la población.
Para alcanzar el propósito de una verdadera prevención es indispensable avanzar de la "atención en banda", definida como la fragmentación y burocratización de la prestación de los servicios, a la APIS, que consiste en realizar todas las acciones de promoción y protección de la salud de acuerdo con la edad y los factores de riesgo de las personas en una sola consulta, realizadas por una misma enfermera y en el mismo consultorio o módulo.
Para ello se tienen que realizar acciones preventivas en cada programa de salud de acuerdo con el grupo de edad de las personas, como son Programa de Salud del Niño, Programa de Salud del Adolescente, Programa de Salud de la Mujer, Programa de Salud del Hombre y Programa de Salud del Adulto Mayor; donde cada programa incluya la promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades y salud reproductiva, este último no presente en el Programa del Niño.
También es necesario tener un espacio acondicionado en las áreas de atención primaria a la salud en las unidades de primero y segundo niveles que tengan lo necesario para realizar las acciones preventivas mencionadas. Igualmente, debe contar con el personal necesario mínimo indispensable para realizar dichas acciones por grupo de edad y que pueda llevar un registro informático personalizado de los atendidos.
Históricamente, las enfermeras han sido la base del éxito de muy diversos programas de salud, dada la formación académica y de servicio que han recibido, gracias a lo cual tienen el perfil idóneo para llevar a cabo la APIS. Por eso sería efectivo que tuvieran dicha encomienda en los servicios de atención primaria a la salud (medicina preventiva).
La APIS requiere no sólo el personal que ofrezca los servicios sino, también, la participación de todo el personal de las unidades médicas y especialmente de los médicos familiares, quienes deben vigilar su cumplimiento en la población bajo su cuidado.
Para alcanzar el propósito de la APIS es necesario que cada institución de salud realice las modificaciones pertinentes en sus servicios de atención primaria de la salud (medicina preventiva). En caso de que ya otorguen acciones preventivas "en banda", es necesario transitar a la sistematización en la prestación de los servicios preventivos a para adecuarse a la APIS.
La APIS permite reducir el número de consultas para el cumplimiento de los programas de salud preventivos, pues evita oportunidades perdidas (un ejemplo es ofrecer las acciones preventivas a la madre que lleva a vacunar a su hijo), reduce los tiempos de espera y ayuda a organizar la prestación de los servicios médicos.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina a realizar los cambios necesarios para que se implante la atención preventiva integrada a la salud de forma efectiva en las áreas de atención primaria de la salud (medicina preventiva) de las unidades de primero y segundo niveles.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.
Diputados: Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Marco Antonio García Ayala, Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de que, por la Secretaría de Salud, las instituciones del ramo realicen acciones que logren la universalidad de los servicios de salud en México, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, diputados Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Claudia Edith Anaya Mota, Ramón Jiménez Fuentes, José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD; Antonio Benítez Lucho, Marco Antonio García Ayala, Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del PRI; Julián Francisco Velázquez y Llorente, del Grupo Parlamentario del PAN; y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del PVEM, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La salud es un derecho humano, reconocido por nuestra Constitución Política en el Capítulo de Garantías Individuales, artículo cuarto, que preceptúa: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, sin embargo, la inequidad en el acceso a los servicios de salud impacta directamente en la salud de la población mexicana.
Normalmente se ha entendido por universalidad de los servicios de salud a un sistema de salud pública que atienda a todo el que lo necesite, independientemente de su estatus social o económico. Sin embargo dicha definición es insuficiente.
El acceso universal a la salud es un derecho humano y consiste en que todos los hombres y mujeres, independientemente de su edad, condición social, económica, étnica, de salud y preferencias políticas o religiosas, tienen derecho al nivel más alto posible de salud física y mental. En otras palabras, el adjetivo “universal” implica, que la población en su conjunto debe tener acceso a las mismas condiciones y oportunidades que mejoran o preservan el grado máximo de salud, entendida ésta de manera integral.
La idea de universalidad debe contener en la nueva normatividad los esquemas de financiamiento que permitan la atención de la o el paciente y su seguimiento en cualquier institución pública o privada, logrando la convergencia y la portabilidad con el respaldo del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).
Desde el gobierno federal y los grupos de estudio de las universidades e institutos de investigación se ha buscado avanzar para hacer real el acceso universal de la salud a todas las mexicanas y todos los mexicanos, pues es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho a la salud, es decir que las personas por el simple hecho de vivir en México puedan acceder a los servicios de salud.
La Secretaria de Salud, los servicios de salud en las entidades federativas y el Distrito Federal, y las Instituciones de Seguridad Social, han realizado diversas estrategias que sirven como base para que exista la universalidad de los servicios de salud; sin embargo no las han hecho buscando ese objetivo.
Los cambios necesarios para lograr la Universalidad del derecho a la salud son muchos, pero se pueden englobar en cinco grandes vertientes, que son: cobertura total, portabilidad, convergencia, atención preventiva integrada a la salud y la integración funcional.
Dado que el acceso universal a la salud se caracteriza como un derecho humano. El acceso equitativo implica emprender acciones que prioricen la atención a los grupos vulnerables en salud como mujeres, indígenas, niños, adultos mayores y personas sin seguridad social, como una forma de crear un contexto mínimo de equidad social. Es necesario mantener el acceso de la población con mayores carencias a los servicios públicos de salud promoviendo su incorporación al Seguro Popular, a los programas para no asegurados de que disponen la Secretaría de Salud u otros servicios de salud que otorgue la federación o las entidades federativas. El Seguro Popular ha dado un gran paso adelante para que exista esa cobertura total en la atención médica.
La Atención Preventiva Integrada en Salud consiste en realizar todas las acciones de promoción y protección de la salud de acuerdo con la edad y factores de riesgo de las personas en una sola consulta, realizadas por una misma persona en un mismo consultorio. Para ello se tiene que realizar acciones preventivas en cada programa de salud de acuerdo al grupo de edad de las personas como son: Programa de Salud del Niño, Programa de Salud del Adolescente, Programa de Salud de la Mujer, Programa de Salud del Hombre y Programa de Salud del Adulto Mayor; donde cada programa incluya la promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades y salud reproductiva, este último no presente en el Programa del Niño.
La importancia de la portabilidad radica en contar con expediente clínico efectivo, un padrón universal, un medio de identificación y un sistema de intercambio de servicios (cuotas, tarifas e insumos). Un componente esencial es la existencia de una comisión que coordine todo un sistema de información en el cual, por medio de una identificación (de preferencia de forma biométrica) se acceda y acredite la institución de salud a la cual se está afiliado o afiliada logrando de esta forma contar con un padrón único que permita a todo el sistema de salud del país el acceso a esta información.
Lo anterior, está íntimamente ligado con la integración funcional, la cual tiene como fin de optimizar los recursos y garantizar la atención en cualquiera de las unidades de atención médica del Sistema Nacional de Salud, independientemente de la institución a la cual este afiliado. Es necesario implementar una estrategia que permita superar la actual segmentación del sistema que se acerque cada vez más a la universalización de los demás.
Más aún, la portabilidad y la integración funcional se interceptan con la convergencia. La convergencia permitirá proveer beneficios similares en las instituciones de salud, homogeneizar los niveles de calidad, definir el catalogo de padecimientos, las acciones medico preventivas, aplicar el cruce de padrones, definir el costo de las atenciones, las guías clínico-terapéuticas, los medicamentos e insumos, un plan maestro sectorial de recursos para la salud, la formación de recursos humanos y establecer reglas que permitan la portabilidad geográfica e institucional de los beneficios, buscando que los prestadores de servicios de salud cubran criterios de acreditación de la calidad.
De esta forma, la portabilidad, la convergencia y la integración funcional se unen en un solo gran tema, convirtiéndose tal vez en el más complejo pues implican una reforma de fondo a todo el Sistema Nacional de Salud, es un nuevo paradigma para los mexicanos.
La cobertura universal de los servicios de salud es un objetivo que puede tardar varios años en conseguirse. Pero se han dado los primeros pasos iniciando con las niñas y los niños, que son el futuro de nuestro país, garantizado la cobertura completa y de por vida en servicios de salud a las niñas y los niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006 a través del Seguro Médico para una Nueva Generación, que es una nueva vertiente del Seguro Popular.
A través del Seguro Médico para una Nueva Generación, todos los niños tienen derecho a un seguro médico que cubra 100 por ciento de los servicios médicos que se prestan en los centros de salud de primer nivel y 95 por ciento de las acciones hospitalarias, así como los medicamentos asociados, consultas y tratamientos. Con éste y otros programas las y los recién nacidos estarán protegidos de los principales padecimientos que se presentan en los primeros cinco años de vida, sobre todo en el primer mes, que es cuando ocurre el mayor número de muertes en la infancia.
Pero aún se requieren una serie de reformas graduales que atiendan la realidad jurídica, laboral, económica y política que enfrenta el Sistema Nacional de Salud en México. La reforma a la Ley General de Salud en 2003 creó el Sistema de Protección Social en Salud estableciendo la incorporación voluntaria y paulatina al mismo de todas aquellas personas que no son derechohabientes de la seguridad social para alcanzar, originalmente, el aseguramiento universal en salud en 2010, misma fecha que fue recorrida a 2011. El reto actual es fortalecer este sistema para garantizar cobertura universal, atención primaria y de alta especialidad, con calidad y seguridad para el paciente.
La universalidad de los servicios de salud, contribuirá a hacer realidad varios elementos esenciales de una verdadero derecho a la salud, tales como cobertura y acceso universal, otorgar atención continua y preventiva integrada la salud, mejor organización y gestión intersectorial, gestión integrada de los sistemas de apoyo administrativo, clínico y logístico, recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados; servicios más accesibles, equitativos, eficientes, de mejor calidad técnica, y que satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos; población bien definida y con amplio conocimiento de sus necesidades y preferencias en salud (las cuales determinan la oferta de los servicios de salud) y una extensa red de unidades de salud que comprende todos los niveles de atención y que preste servicios de salud preventivos, curativos y de rehabilitación.
La universalidad de los servicios de salud, permitirá evitar oportunidades perdidas, así mismo reducir los tiempos de espera a la población que demande atención médica y preventiva dado que abre la gama de lugares de atención y por consiguiente una mejor salud de la población mexicana.
El objetivo último de la universalidad de los servicios de salud, el ideal máximo a que podemos aspirar como mexicanos, y para lo que es necesaria la cooperación del gobierno en sus tres órdenes (Federal, Estatal y Municipal), de los directivos de las diferentes instituciones de salud, de todo el personal médico y paramédico, de los sindicatos de trabajadores y en cierta medida del sector privado, es la promulgación de una Ley General de Protección en Salud, la cual contemple todos los elementos ya descritos. No sin dejar de lado la corresponsabilidad de toda la población.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, para que se establezcan las condiciones de portabilidad y convergencia para lograr la universalidad de los servicios de salud.
Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Salud para que conforme una comisión de acceso a la salud que sea la instancia coordinadora para eficientizar recursos y no incrementar la estructura burocrática. Dicha comisión coordinara todas las acciones para lograr la universalidad de los servicios de salud en nuestro país dentro de todas las instituciones de salud federal y los servicios de salud de las entidades federativas.
Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, para que cuenten con un sistema informático de las personas que tienen filiación a algún sistema de salud para que por medio de una identificación (de preferencia biométrica) se pueda conocer si es beneficiario y que institución es la que le da su atención, y en caso de no serlo y no contar con un trabajo que sea incluido en el padrón del Seguro Popular.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre del 2010.
Diputados: Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Claudia Edith Anaya Mota, Ramón Jiménez Fuentes, José Narro Céspedes (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Marco Antonio García Ayala, Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar el acuerdo por el que se determinan los lineamientos a que estarán sujetas la venta y dispensación de antibióticos, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Los secretarios de la Comisión de Salud de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado jueves 27 de mayo del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos, emitido por la Secretaría de Salud, y que establece como requisitos de prescripción y venta o dispensación de antibióticos la implantación de nuevas medidas y registros de adquisición y venta de los antibióticos en farmacia.
Destaca en los considerándoos del acuerdo que la medida se tomó para evitar la exposición de la población a riesgos sanitarios, sobre todo después de la experiencia vivida con la epidemia del virus de la influenza A (H1N1), donde se evidenció el mal uso de los antibióticos, que se encuentran entre los medicamentos que más se consumen, representando el segundo lugar en ventas de farmacias a nivel nacional y que, hasta el 25 de agosto, eran autoprescritos por las personas y dispensados de manera inapropiada en las farmacias.
En México existían zonas donde por la falta de acceso a los antibióticos, las infecciones aun eran sensibles hasta a los antibióticos más simples, zonas donde aún no se daba el desarrollo de resistencia bacteriana, indicándonos que la falta de acceso a antibióticos impedía el desarrollo de microbios resistentes. Lo anterior se presenta aún en zonas muy aisladas de nuestro país. Sin embargo, en una colonia periférica de cualquier ciudad, hasta la bacteria causante de la diarrea es resistente a casi todos los antibióticos.
México en el contexto mundial es una de las naciones que más rápido y más importantemente estaba entrando en el problema del desarrollo de resistencia de las bacterias a los antibióticos. ¿Qué condiciones propiciaron la resistencia? Fundamentalmente su mal uso en las infecciones tomando en cuenta que 80 por ciento de las enfermedades infecciosas no graves son virales y se auto limitan en 5 a 7 días; circunstancia que llevo a un abuso en la prescripción de los médicos de los antibióticos, desarrollándose una cultura de auto prescripción por parte de las personas ante la mas mínima evidencia de enfermedad infecciosa para "cortar la enfermedad", por lo que con una sola dosis en que se sentían mejor las personas dejaban de usarlos, lo que desemboco a un uso de antibióticos a dosis inadecuadas que impide la desaparición del germen infeccioso que motivo su prescripción. Todo eso llevo a una cultura de mala utilización de los antibióticos y la generación de resistencia de las bacterias a su uso.
Por lo anterior, el objetivo que persigue el mencionado acuerdo es el adecuado, pues es necesaria la regulación de la venta de los antibióticos por los daños que generan en la salud de las personas y en el sistema nacional de salud al generarse la resistencia bacteriana a estos medicamentos. Sin embargo, parte del procedimiento que se señala en éste genera por un lado trámites innecesarios para quienes laboran en las farmacias y, por el otro, daño en los pacientes que acuden a comprar los medicamentos.
El numeral segundo del acuerdo señala lo siguiente:
A efecto de garantizar lo dispuesto en el párrafo anterior, todo establecimiento que venda o dispense antibióticos al menudeo a usuarios y al público en general deberá
I. Llevar un registro en el que se asienten todos y cada uno de los siguientes datos:
a. La fecha de adquisición;
b. La fecha de venta, dispensación o desechamiento del antibiótico;
c. La denominación distintiva del antibiótico del que se trate y/o denominación genérica, en caso necesario;
d. La presentación del antibiótico;
e. La cantidad adquirida, vendida, dispensada o desechada; y
f. Nombre del que prescribe la receta, número de cédula profesional y domicilio; esto aplicará cuando no sea retenida la receta. En caso de retención de ésta, puede prescindirse de estos tres datos, pero deberá hacerse referencia a la receta retenida mediante un número consecutivo que correlacione el registro y la receta respectiva.
II. Toda receta retenida y su registro correspondiente deberán conservarse por un periodo de 365 días naturales.
El registro de medicamentos tan detallado, como está escrito en el acuerdo, representa problemas de aplicación práctica, ya que la inversión de tiempo y de recursos para llevarlo a cabo representa ineficiencias para el desempeño de la labor de los empleados de las farmacias. Aunado a eso, existen los problemas en la prescripción de las recetas, pues en repetidas ocasiones las recetas no están hechas con base en los requerimientos de ley, por lo que no contienen todos los datos mencionados y los farmacéuticos se ven obligados a rechazar las recetas, por lo que las personas se quedan sin los medios para poder curar su padecimiento.
En relación con la retención de las recetas médicas, además de lo citado, representa un daño para los pacientes, pues la receta forma parte del derecho que deriva de los servicios médicos y en consecuencia debe permanecer en su poder. Para las personas, conservar las recetas médicas, entre otras cosas, les permite brindar seguimiento a su tratamiento, tanto por sí mismas como por su médico o médicos, y en muchas ocasiones les es de apoyo fundamental para la escuela, guardería, trabajo, seguro médico o prueba legal. Aunado a lo anterior, el archivo de las recetas médicas por parte de las farmacias implica un problema tanto de tiempo como de utilidad, generando costos innecesarios para su almacenaje.
Desafortunadamente, los servicios de salud públicos en México tienen muchas carencias, principalmente operativas, lo que hace que una persona tenga que esperar días completos para recibir atención médica. La burocracia institucional sigue estando muy presente en los centros de salud, por lo que ya de entrada acceder a las recetas médicas resulta complicado. Si a lo anterior le sumamos el hecho de que la receta esté mal hecha y que además las personas no pueden guardarla para futuras referencias, qué clase de servicio médico se está proporcionando.
Una propuesta viable para mantener el control de los antibióticos es que las farmacias sellen las recetas al surtirlas completamente, como se hace cuando se surte parcialmente, para que de este modo no puedan volver a utilizarlas de manera inadecuada las personas, indicando si la receta fue surtida en su totalidad o aquellos medicamentos que fueron surtidos, así como la fecha de venta. De esta manera la persona también mantendría la receta en su poder.
A la fecha existe desconocimiento de la población de los alcances del multicitado acuerdo y es un hecho que la autoridad no ha dado respuesta ni a la población ni a los encargados de las farmacias para que estén adecuadamente informados, pues al desconocer cuáles son exactamente los medicamentos que requieren receta médica para su venta, tienen el temor de que cualquier medicamento sea controlado con la medida, por lo tanto urge para que a la brevedad se brinde la información clara y oportuna.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar un acuerdo modificatorio del “acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos”, para que no se retengan las recetas a los pacientes y, en cambio, les sellen la receta médica, señalando que ésta ha sido surtida totalmente o, en caso de que sean más de un medicamento, que se selle especificando cual de los medicamentos se surtió.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar un acuerdo modificatorio del "acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos", a efecto de que se simplifique la disposición que obliga a las farmacias a llevar un registro de cada antibiótico que se vende.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que la campaña de orientación a la población con relación a la venta y dispensación de antibióticos sea más clara e intensa para que las personas que necesitan comprar un medicamento identifiquen cuáles sí y cuáles no necesitan de receta médica.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar una campaña de capacitación para los médicos y farmacéuticos a fin de que conozcan a cabalidad las formalidades, trámites y requisitos que debe contener toda receta media conforme a la ley.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.
Diputados: Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola, Gloria Trinidad Luna Ruiz, Silva Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales.
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para el desarrollo de programas de mejoramiento en la procuración de justicia del Distrito Federal, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien esto suscribe, diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben el presente documento; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, propuesta con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se destinen recursos para que la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal desarrolle programas de mejoramiento de la procuracion de Justicia en el Distrito Federal.
Antecedentes
1. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) anunció que adoptará un plan de austeridad en el presente año, ante el recorte de 74 millones de pesos que sufrió en su presupuesto en comparación con los fondos de 2009.
Debido a lo anterior se tuvo que modificar la estrategia, lo cual requirió reducir gastos no esenciales a fin de garantizar el sostenimiento de las operaciones generales, el salario de los trabajadores y la continuación de proyectos especiales. "De acuerdo con las medidas económicas y posibilidades que tiene la procuraduría se redujeron gastos corrientes, sosteniendo los mínimos operativos y la base laboral de la institución.
2. Si bien es cierto que el gobierno de la ciudad es un gobierno que ejerce un presupuesto reducido, limitado y sobre todo insuficiente; también es cierto que por estos recortes varios proyectos se vieron afectados por esta reducción presupuestal; proyectos como la ampliación de las instalaciones de las subprocuradurías, así como la realización de congresos nacionales e internacionales, entre otros.
3. El titular de la PGJDF ha señalado en diversas ocasiones que se requiere continuar fortaleciendo la capacitación del personal, la adquisición de equipos y armamento, las mejoras en procedimientos y el impulso a los proyectos como la transformación de la Policía Judicial.
4. Asimismo se planteó que las fiscalías y subprocuradurías centrales y desconcentradas fueran sometidas a una evaluación integral, para verificar si sus titulares están cumpliendo con un buen desempeño y poder garantizar su continuidad en los cargos.
Todas estas medidas han servido y está comprobado que han permitido mejorar el servicio que prestan las agencias del ministerio público y además han permitido que las fiscalias centrales cuenten con personal capacitado y sobre todo que cumplan con el perfil necesario según las necesidades profesionales de cada área.
Consideraciones
I. Que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.
II. La propia Constitución dispone que el Ministerio Público del Distrito Federal sea presidido por un procurador general de Justicia.
III. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal está a cargo de un procurador, quien es titular de la institución del Ministerio Público y ejerce autoridad jerárquica sobre toda la institución.
IV. La procuraduría cuenta, entre otras figuras, con subprocuradores, agentes del ministerio público, oficial mayor, contralor interno, directores generales, fiscales, supervisores, visitadores, agentes de la policía judicial, peritos y personal de apoyo administrativo.
Forman parte del servicio civil de carrera los agentes del Ministerio Público, agentes de la policía judicial y los peritos adscritos a los servicios periciales de la institución.
V. Ante tal situación y con la necesidad de que dicho personal cumpla con los más altos rangos de profesionalismo y de capacidad técnica para enfrentar las tareas propias de desarrollo de las funciones de tan importante institución como lo es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; es necesario generar mejores condiciones presupuestarias, ya que como se comentó con anterioridad, el presupuesto destinado a la Procuraduría General de Justicia ha venido sufriendo varios recortes lo cual ha limitado mas no impedido el impulso de la capacitación al personal de la procuraduría capitalina.
VI. Entre los proyectos de investigación pendientes por mencionar algunos se encuentran los siguientes
Proyectos de investigación
• Incidencia delictiva.
• Instituciones policiales.
• Ministerio Público.
• Impartición de justicia.
• Ejecución de sentencias.
• Percepción ciudadana respecto a las líneas anteriores.
• Medidas de política criminal adoptadas por las autoridades.
• Medidas de prevención del delito en general.
VII. En virtud de lo anteriormente descrito consideramos inminente la necesidad de destinar recursos adicionales o fondo económico para el sector de procuración de justicia en el Distrito Federal para cubrir las necesidades de una ciudad que para algunos es la ciudad más grande del mundo y por lo tanto sus problemas son sumamente complejos, sumandos los factores ya mencionados de crisis económica; por lo que debe considerarse sean destinados alrededor de $500.000.000.00 de pesos (quinientos millones de pesos) para tal efecto.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a la consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados acuerde que en el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, se destinen recursos para que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal desarrolle programas de mejoramiento de la procuracion de justicia en el Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.
Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos adicionales para el Instituto de Vivienda del Distrito Federal destinados a la construcción en apoyo de personas que habitan zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en nombre propio y de legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados propuesta con punto de acuerdo a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos adicionales al Instituto de Vivienda del Distrito Federal para la construcción de vivienda en apoyo a personas que habitan zonas de alto riesgo.
Antecedentes
1. El Distrito Federal ha sido pionero en abordar, desde las instituciones, temas de especial preocupación por parte de la ciudadanía, algunos de los cuales se relacionan con los derechos de las mujeres. Tal es el caso de la legislación en materia de violencia familiar, la creación de una fiscalía especial para la investigación de delitos sexuales, el sistema integral de atención a víctimas del delito y la protección jurídica a quienes mantienen una relación de hecho, entre otros. Sin embargo, a la fecha existen temas pendientes por atender. Es el caso de una legislación que promueva una protección integral de las mujeres víctimas de violencia, asimismo, se encuentran temas pendientes en apoyo social a este sector.
2. El Distrito Federal es punta de lanza en cuanto a la atención a la protección civil y que consideramos necesario establecer mejores condiciones de vida para los habitantes de esta ciudad; más aun, a los ciudadanos que no cuentan con una vivienda digna, ya que habitan zonas de alto riesgo, en delegaciones políticas como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, etcétera.
3. El gobierno de la Ciudad de México se ha caracterizado por la implantación de programas de carácter social, programas que han demostrado sus grandes resultados en el abatimiento a los índices de pobreza en la capital son una realidad.
Consideraciones
1. Hoy en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideramos necesario apoyar a los grupos más vulnerables, uno de ellos son las numerosas familias que tienen la necesidad de ocupar zonas de alto riesgo para vivir, poniendo en riesgo su vida a cada momento.
2. Es de resaltar que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal requiere recursos adicionales para concluir los proyectos pendientes para reubicar a familias que viven en 115 sitios de alto riesgo de ocho delegaciones.
3. Se requieren más de 941 millones de pesos que están programados para el techo de construcción de viviendas y que son asignados por el gobierno federal, ya que en la capital existen miles de familias que habitan en zonas de grietas, laderas o en cerros.
Se tratan de muchas familias no tienen la necesidad de que sean reubicadas, sino más bien requieren de créditos para el mejoramiento de vivienda o también para labores de mitigación.
4. Es de destacar que para 2010 ya existen los proyectos para concluir mil 157 viviendas ubicadas en 57 predios, sin embargo se requiere de más presupuesto para lograr las metas planteadas y hacer la entrega en tiempo y forma.
No dejemos de realizar medidas preventivas para reducir los riesgos en caso de emergencia.
5. De tal manera que cualquier recurso destinado a salvaguardar a la población será bienvenido; por lo que el objetivo será asignar los recursos para apoyar zonas en riesgo.
Se requieren recursos para que en zonas de asentamientos irregulares en alto riesgo y una vez que se tenga el diagnóstico se tomarán decisiones conjuntamente con las delegaciones políticas.
6. Es necesario hacer referencia a las fuentes de financiamiento que se acostumbran para transferir recursos a las entidades federativas y municipios –en el caso del Distrito Federal a las delegaciones–, y existen algunas alternativas para obtener estos fondos:
Una de ellas es a partir del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades del ramo 33; la segunda es el ingreso de excedentes relacionados con el petróleo; y la tercera es que las delegaciones pudieran ejercer directamente los recursos del ramo 33.
7. Sobre las zonas de alto riesgo con viviendas irregulares, se ha mencionado que, además del alta de riesgos que el gobierno del Distrito Federal ha elaborado con el Instituto Politécnico Nacional, las Secretarías de Medio Ambiente, de Protección Civil, de Obras y Servicios, y el Instituto de la Vivienda, se evalúa “con absoluta acuciosidad” los puntos donde están identificadas las zonas de riesgo, y una vez que se cuenta con todo el diagnóstico se tomaran las decisiones necesarias “conjuntamente con los jefes delegacionales”.
8. En razón de lo anterior, se requiere que se cuenten con recursos adicionales o fondo económico para el sector de vivienda en el Distrito Federal, donde puedan vivir estas y sus hijos lejos del factor de riesgo de violencia. La construcción de vivienda para personas que viven en zonas de alto riesgo. Y de tal forma cubrir las necesidades de una ciudad que para algunos es la ciudad más grande del mundo y por lo tanto sus problemas son sumamente complejos, sumandos los factores ya mencionados de crisis económica; por lo que debe considerarse sean destinados alrededor de mil 100 millones de pesos para tal efecto.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados acuerde que en el dictamen a la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 se destinen recursos adicionales al Instituto de Vivienda del Distrito Federal para la construcción de vivienda en apoyo a personas que habitan zonas de alto riesgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.
Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incorporar por la STPS y la SEP la perspectiva de género en el diseño y en la implantación de los programas de capacitación para el empleo, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen la perspectiva de género en el diseño e implantación de los programas de capacitación para el empleo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Segunda Guerra Mundial supuso un gran cambio en la situación laboral de la mujer, ya que fue entonces cuando se empezó a hablar de ella como un elemento productivo, pues mientras los hombres peleaban en los frentes, la mujer ocupaba su lugar, de modo que contribuyó de forma decisiva para el sostenimiento de la sociedad durante la guerra. Una vez terminada la guerra, la mujer no se reincorporó a las labores domesticas, sino que continuó integrándose al mundo laboral. Este hecho supuso que en la familia entrara un sueldo extra, de modo que se favoreció al desarrollo económico en los países industrializados, que sólo se vería interrumpido por las crisis de 1973-75 y de 1980-81.
Estos hechos hicieron que la mujer adquiriera un importante papel en el mundo laboral aumentando el número de trabajadoras considerablemente.
En la actualidad, de acuerdo a un análisis del empleo de las mujeres, elaborado por Global Employment Trends for Women 2004, nunca han trabajado tantas mujeres como hoy. En 2003, 1.100 millones de los 2.800 millones de trabajadores del mundo, esto es el 40 por ciento, eran mujeres, lo que representa un aumento en todo el mundo de casi 200 millones de mujeres con empleo en los últimos 10 años.
La inserción de la mujer en el mercado laboral remunerado ha traído consigo un avance fundamental en el desarrollo económico y social de los países, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo en desarrollo, por ejemplo, entre el 50 por ciento y el 80 por ciento de la producción, elaboración y comercialización de alimentos está a cargo de las mujeres, así como el 70 por ciento de las pequeñas empresas.
Además, la incorporación de la mujer en el trabajo remunerado contribuye a su empoderamiento económico, lo que impulsa el control de las mismas sobre sus recursos materiales y financieros, así como en su fortalecimiento integral de conocimientos y habilidades para sustentar su seguridad, autonomía e independencia económica.
No obstante lo anterior y aún cuando el nivel de escolaridad de las mujeres ya es superior que el de los hombres en el mercado de trabajo y que ha crecido considerablemente el número de mujeres en las ocupaciones profesionales y técnicas, la participación de la mujer en el ámbito laboral todavía no es plena.
Existe un importante sector de mujeres que, en razón de las construcciones sociales relacionadas con aspectos culturales a través de los cuales se definen los papeles y tareas a cada género, han asumido en su totalidad la responsabilidad de las labores domésticas y el cuidado familiar. Cuando alguna de estas mujeres, pretende, por cualquier razón, insertarse en el mercado laboral se encuentran con múltiples obstáculos, uno de ellos es, sin duda alguna, la falta de los conocimientos técnicos adecuados o del desarrollo de sus capacidades.
A este respecto, la Comisión Económica para América Latina (Cepal), afirma que para una plena participación de la mujer se hacen indispensables acciones intersectoriales que permitan la igualdad de oportunidades y de reconocimiento del trabajo de la mujer, para poder construir una sociedad con mayores niveles de equidad social. La equidad por su parte, hace referencia a que cada persona se desarrolle en su total potencialidad y a que tenga la oportunidad de validar sus derechos y deberes, sin importar su género.
Consideramos que una de estas acciones intersecretariales es indiscutiblemente la formación educativa y la capacitación para el empleo como un derecho humano y un elemento indispensable para el progreso económico y social, así lo manifiesta el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) y agrega que debe reconocerse que el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación es un requisito fundamental para la potenciación de la mujer, y un instrumento fundamental para lograr los objetivos de igualdad de género, desarrollo y paz.
En este sentido, la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, reconoce la necesidad de que la mujer tenga acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación y la capacitación como una de las 12 esferas de preocupación que exigen medidas urgentes de los gobiernos y la comunidad internacional.
Para que esta capacitación transforme en realidad la calidad de vida de las mujeres requiere de un componente esencial: la perspectiva de género. Como ejemplo podemos citar que los objetivos de la capacitación deben estar relacionados con sus necesidades; promover sus habilidades, alentando, sólo aquello que las mujeres quieren o profesionalizando sus actuales trabajos. No siempre los proyectos tradicionales, como tejido y corte y confección, han contribuido a que las mujeres puedan adquirir las destrezas necesarias para el empleo.
Asimismo, los contenidos de los programas de capacitación deben ser flexibles lo que permitiría que se incluyan experiencias formativas orientadas a fortalecer la autoestima de las mujeres y a reconocer sus condiciones sociales para participar en acciones reivindicatorias; además, permitiría la oferta de una gran diversidad de opciones de preparación para el trabajo y en el trabajo, en diferentes campos laborales, pues es un hecho que la vinculación de las mujeres pobres al trabajo remunerado es discontinua y fragmentada, de acuerdo con su ciclo vital, su estatus civil y el número de hijos que debe atender (León, 1985). Ellas generalmente se retiran del trabajo remunerado, o lo atienden con dedicación parcial, cuando sus hijos están pequeños, y al regresar al mercado laboral requieren de cursos de capacitación para actualizarse o explorar su vinculación a nuevos oficios.
Se debe tomar en cuenta que las mujeres no tienen las mismas necesidades de capacitación; el no considerar las diferencias puede llevar al fracaso o a no concluir el proyecto. Es necesario comprender que existen cambios, pero el ritmo y el proceso de participación femenina es gradual y diferente en cada una.
Probablemente algunas mujeres necesitan desarrollar ciertas capacidades para emplearse mejor; a las que tienen negocios, hay que fortalecerlas; e impulsar pequeños negocios a quiénes lo desean.
Por otra parte, es necesario que los programas de capacitación para o en el trabajo, no sólo se dediquen al entrenamiento de habilidades técnicas, sino que incluyan la formación de valores, actitudes y hábitos que contribuyan a ubicar a las mujeres en una cultura del trabajo con un código ético que las asuma como sujetos en los procesos de producción.
Los proyectos de capacitación femenina deben considerar, además, la doble y triple jornada de trabajo que hace difícil a las mujeres participar en igualdad de condiciones que los hombres. Debemos recordar que las mujeres al incorporarse al mercado laboral, siguen asumiendo sus tareas domésticas, en la capacitación sucede exactamente lo mismo. En razón de esto, es necesario adecuarse a sus tiempos e implantar estrategias que reduzcan la carga de trabajo doméstico.
La capacitación, así concebida, puede convertirse en un potente instrumento tanto para el fortalecimiento personal y desarrollo de las mujeres, como para los procesos de transformación social.
En nuestro país, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Sistema Nacional de Empleo, como la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, establecen contenidos y modalidades de capacitación para y en el trabajo, que propician el crecimiento académico y económico de nuestra sociedad.
No obstante, la importante labor de estas dependencias, consideramos que es de vital relevancia la incorporar perspectiva de género en el diseño e implantación de los contenidos y objetivos de los programas de capacitación existente. En atención a lo expuesto, someto a consideración de ésta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen la perspectiva de género en el diseño e implantación de los programas de capacitación para el empleo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 23 de septiembre de 2010.
Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena
(rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se instruye a la Mesa Directiva de esta soberanía a fin de que presente en tiempo y forma controversia constitucional ante la SCJN contra las disposiciones publicadas el 2 de septiembre de 2010 en el DOF relativas a las acciones que la administración pública federal deberá llevar a cabo para concretar la transición a la televisión digital terrestre, suscrita por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia
Los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Nueva Alianza, y Convergencia de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, fundada en las siguientes
Consideraciones
Primera. El 30 de septiembre de 2010, la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura acordó por unanimidad remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos el proyecto de controversia constitucional contra las disposiciones publicadas el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación relativas a las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de obtener la opinión técnico-jurídica correspondiente.
Segunda. El 5 de octubre siguiente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos emitió esta opinión, en la que determina la viabilidad de dicha controversia, en virtud de que reúne los requisitos esenciales previstos en el artículo 22 de la ley reglamentaria de la materia y dado que es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda resolver, si el decreto en comento es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no corresponder al ámbito de las competencias a que alude.
En mérito de lo expuesto y fundado, los coordinadores de los grupos parlamentarios referidos solicitan respetuosamente a este pleno la aprobación, con carácter de urgente y obvia resolución, de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. En ejercicio de la atribución establecida en el artículo 23, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados interpondrá controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las disposiciones publicadas el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, incluidas en el decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre.
Segundo. Esta controversia constitucional deberá presentarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el propio presidente de la Mesa Directiva de la Cámara o por la persona en quien el presidente haya delegado esta responsabilidad, en términos del inciso l) del artículo 23 del ordenamiento citado.
Tercero. La controversia constitucional deberá ser presentada antes del 19 de octubre de este año, de acuerdo con el texto propuesto por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en la opinión técnico-jurídica enviada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el 5 de octubre de 2010.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.
Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Diputado Alejandro Encinas Rodríguez
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática
Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México
Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo
Diputado Reyes Tamez Guerra (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a entregar a los municipios y a la Universidad de Guadalajara los recursos federales destinados al desarrollo de la entidad; y se solicita a la ASF que revise el cumplimiento de dicho gobierno a lo establecido en el PEF respecto a la ampliación de la oferta educativa y el reconocimiento de plantilla, a cargo de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. En relación al desarrollo municipal, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que las desigualdades regionales de México, hacen evidente que no todas las entidades y localidades se han beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en los mercados, ni de los profundos cambios que se han emprendido en el país durante las últimas décadas. Por ello, se hace énfasis en la necesidad de una estrategia regional que permita afrontar los retos de empleo y bienestar de su población a todo lo largo del territorio nacional.
Segunda. Para apoyar las políticas que buscan reducir los desequilibrios del desarrollo regional, la Federación transfiere a las Entidades Federativas y municipios, por diversas vías, recursos que representan una parte significativa del presupuesto federal.
Tercera. El Fondo Metropolitano, tiene por objeto financiar la ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento, que impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, que coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica e incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico, del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
Cuarta. La Auditoría Superior de la Federación recomendó que las entidades federativas deben de reportar la aplicación, destino y avance de los recursos del Fondo Metropolitano en los informes trimestrales mediante el Portal Aplicativo del a SHCP, en tiempo y forma; en caso de presentarse situaciones y/o condiciones que afecten la buena marcha y el desempeño de los proyectos apoyados, se deberá informar de manera inmediata.
Quinta. La Cámara de Diputados destinó, a través del Fondo Metropolitano contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 919.8 millones de pesos a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. El gobierno de Jalisco no ha entregado los recursos a los municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara.
Sexta-. En materia educativa, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que la educación es uno de los ejes fundamentales para que el país logre acceder a una etapa de crecimiento económico sostenido. Además, admite que es necesario promover una educación que impulse el desarrollo digno de la persona, que permita el desenvolvimiento de sus potencialidades, para reconocer y defender sus derechos, así como para cumplir con sus responsabilidades.
Séptima-. El Gobierno Federal presentó en el Plan Nacional de Desarrollo objetivos y estrategias con los que se pretende promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo, incluidas la educación superior, destacando las siguientes:
La ampliación de la cobertura, favoreciendo la equidad y mejorando la calidad y pertinencia de la educación superior, mediante la creación de nuevas instituciones, aprovechando la capacidad instalada, diversificando los programas y fortaleciendo las modalidades educativas y programas de becas.
Octava. En el Programa Sectorial de Educación se establecieron las siguientes metas para el sistema de educación superior: en el año 2012 incrementar a 60 por ciento el porcentaje de alumnos en programas reconocidos por su buena calidad; alcanzar una cobertura equivalente a 30 por ciento de la población en edad de asistir a este tipo educativo; elevar a dieciocho el número de entidades federativas con cobertura de educación superior de al menos 25 por ciento; así como lograr que 90 por ciento de las instituciones de educación superior elaboren el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional con la participación de sus comunidades educativas.
Novena. El Programa Estatal de Educación del gobierno de Jalisco tiene como uno de sus objetivos, “ampliar la oferta de la educación superior con criterios de equidad”.
Décima. La Ley General de Educación establece que el monto anual que la federación y los gobiernos estatales y municipales deben destinar a la educación debe ser de no menos del 8.0 por ciento del producto interno bruto, del cual el 1.0 por ciento debe destinarse a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. No obstante México destina un monto significativamente menor.
Décima primera. Resulta indispensable que el incremento e igualdad de oportunidades se amplíe a la educación superior, con especial atención a la población más vulnerable del país. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, del primer decil de ingreso, grupo donde se encuentra la población con menores recursos, solamente 4.9 por ciento de ésta asiste a una institución de educación superior.
Décima segunda. La Cámara de Diputados se comprometió a apoyar la Educación Superior aprobando en el Presupuesto de Egresos de la Federación diversos fondos para fortalecer a las Instituciones de Educación Superior. En este marco, a partir de 2007, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, ha emitido las convocatorias respectivas a los fondos de concurso antes mencionados, tales como: el concurrente para el incremento de la matrícula en educación superior de las universidades públicas estatales y con apoyo solidario; el de ampliación de la oferta educativa, y el de reconocimiento de plantilla de las universidades públicas estatales; así mismo se emitió la convocatoria para la partida de resarcimiento 2008 a través de Hacienda y Crédito Público.
En los lineamientos de los fondos antes mencionados se establece que para la obtención de los mismos se requiere la aportación de la contraparte por parte de los gobiernos estatales.
Décima tercera. El Gobierno del Estado de Jalisco asumió el compromiso con el Gobierno Federal de otorgar una cantidad similar a la que la Universidad de Guadalajara ganara mediante los concursos correspondientes. El gobierno de Jalisco no ha entregado los recursos comprometidos que en la actualidad ascienden a más de 701 millones de pesos, como a continuación se detallan:
Décima cuarta. La Universidad de Guadalajara atiende a una población de 218 mil estudiantes, donde 50 por ciento del alumnado es de nivel medio superior, y 48 por ciento, de nivel superior y 36 por ciento de posgrado.
Décima quinta. La Universidad de Guadalajara ha consolidado su nivel académico atendiendo las políticas nacionales de modernización educativa. Los indicadores que a continuación se mencionan la ubican como una de las universidades más importantes del país: atiende el 95 por ciento de su matrícula en carreras evaluadas de calidad reconocida (108 programas); es la institución educativa con mayor número de profesores incorporados al Programa de Mejoramiento del Profesorado con 2,023 académicos en su haber, ocupa el segundo lugar en el país, considerando el número de cuerpos académicos consolidados de investigación (55), así como por el número de especialidades, maestrías y doctorados, registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (77). Ocupa el primer lugar de las Universidades Estatales por el número de investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (633).
Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes
Puntos de Acuerdos
Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Jalisco entregue los recursos federales destinados al desarrollo de la entidad en tiempo y forma, en particular, los 919.8 millones del Fondo Metropolitano a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y los 701 millones 194 mil 823.69 pesos a la Universidad de Guadalajara concernientes a las contrapartes económicas comprometidas de Fondo concurrente para incremento de matrícula en educación superior; Fondo concurrente para ampliación de oferta educativa de nivel superior; Fondo para el reconocimiento de plantilla de las universidades públicas estatales y de la Partida de resarcimiento.
Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación revise el cumplimiento del gobierno del estado de Jalisco a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de los lineamientos y convenios de los recursos federales otorgados a través del Fondo Metropolitano y de los fondos para el incremento de la matrícula, para la ampliación de la oferta educativa y para el reconocimiento de plantilla, para determinar si el gobierno del estado de Jalisco incurrió en alguna responsabilidad al no proporcionar los 919.8 millones del Fondo Metropolitano y los 701 millones 194 mil 823.69 pesos concernientes a las contrapartes económicas comprometidas a estos fondos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 de octubre de 2010.
Diputados: Jorge Arana Arana, Salvador Caro Cabrera, Ana Estela Durán Rico, Clara Gómez Caro, Joel González Díaz, Olivia Guillén Padilla, David Hernández Pérez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, José Trinidad Padilla López, María Esther Scherman Leaño, Rafael Yerena Zambrano, Arturo Zamora Jiménez (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a entregar los recursos federales y estatales destinados al desarrollo de sus municipios; y se solicita a la ASF que practique una auditoría forense a los recursos federales de los fondos considerados en los ramos 23, 25, 33 y 36 transferidos a dicho estado, a cargo de la diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados federales en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como estrategia para consolidar el régimen democrático en México el impulsar la corresponsabilidad y subsidiariedad entre los tres órdenes de gobierno. Esta estrategia tiene la finalidad de fortalecer la colaboración entre la federación, los estados y los municipios.
Segunda. El Plan Nacional de Desarrollo también señala que la estrategia de desarrollo regional requiere de acciones compartidas del gobierno federal con los gobiernos de los estados y los municipios, y también de la coordinación entre ellos. La idea es, se subraya, asegurar la buena marcha de un círculo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los niveles de gobierno que constituyen cada región, puedan colaborar, de manera eficiente, en establecer condiciones conducentes a la mayor competitividad y desarrollo en todo el territorio nacional.
Tercera. Para apoyar las políticas que buscan reducir los desequilibrios del desarrollo regional, la federación transfiere a las entidades federativas recursos por las siguientes vías:
— Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas
• Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados
• Fondo Metropolitano
• Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado
— Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica Normal, Tecnológica y de Adultos
— Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
• Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
– Fondo para la Infraestructura Social Estatal
– Fondo para la Infraestructura Social Municipal
• Fondo de Aportaciones Múltiples
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
— Ramo 36, Seguridad Pública
• Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública
— Convenios de descentralización firmados entre las entidades federativas y el gobierno federal
Cuarta. Los ramos y conceptos señalados forman parte del gasto programable de la federación y de conformidad con la legislación aplicable, son sujetos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Quinta. El Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco 2030 (PED 2030) contempla el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (Fondereg) que se invierte en obras y proyectos que propicien el desarrollo integral del estado. El Fondereg es parte de un programa general denominado “Desarrollo Regional” y obedeciendo a lo dispuesto en la Ley de Planeación establece los objetivos generales, directrices, políticas, estrategias y líneas de acción que coadyuven al desarrollo de dos o más municipios, a corto, mediano y largo plazo; así como establece los lineamientos para el desarrollo Estatal, Sectorial y Regional.
Sexta. En 2010 se le destinó al Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, 480 millones de pesos para 184 proyectos en los 125 municipios de Jalisco. Sin embargo, en el primer semestre del año sólo fueron atendidos 71 municipios.
Séptima. El gobierno del estado de Jalisco no ha entregado a 54 municipios los recursos comprometidos. Cabe destacar que los municipios entregaron la documentación de proyectos en tiempo y forma, y sin embargo no tienen la garantía de que se concreten en 2010.
Octava. Los 54 municipios a los que no se les han proporcionado los recursos se encuentran en una situación crítica derivado de la falta de los mismos.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Jalisco entregue los recursos federales y estatales destinados al desarrollo de los municipios de Jalisco. En particular, los 480 millones de pesos contemplados en Fondo Complementario para el Desarrollo Regional.
Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría forense a los recursos federales de los fondos contemplados en los ramos 23, 25, 33 y 36 trasferidos al estado de Jalisco, porque derivado del mal manejo de los recursos federales de parte del gobierno del estado de Jalisco se puede configurar algún tipo de delito.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 de octubre de 2010.
Diputados: Jorge Arana Arana, Salvador Caro Cabrera, Ana Estela Durán Rico, Clara Gómez Caro, Joel González Díaz, Olivia Guillén Padilla, David Hernández Pérez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, José Trinidad Padilla López, María Esther Scherman Leaño, Rafael Yerena Zambrano, Arturo Zamora Jiménez (rúbricas).
Pan501
El que suscribe, Javier Usabiaga Arroyo, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta asamblea punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El Programa de Vivienda Rural está previsto en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.
Su objetivo es apoyar la construcción, la ampliación y el mejoramiento de viviendas en el medio rural, a fin de reducir las asimetrías en las condiciones de vida entre la población urbana y la rural.
La población objetivo son las familias en situación de pobreza patrimonial que vivan en localidades menores de 5 mil habitantes clasificadas como de muy alta marginación o alta marginación, incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa a familias de ejidatarios, comuneros, colonos agrícolas avecindados, jornaleros agrícolas, indígenas y minifundistas.
Este importante programa recibió en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 974. 8 millones de pesos; y en el de 2010, 958.2 millones. En el proyecto de PEF enviado por el Ejecutivo en fechas recientes se prevén mil 997. 8 millones, lo cual representa una variación de mil 39.6 millones, un incremento de 108.5 por ciento.
En esta etapa de discusión del paquete económico bien valdría la pena analizar la viabilidad de que tengan prioridad los jornaleros agrícolas temporales para que el valor del subsidio del Programa de Vivienda Rural sea igual o superior a sus aportaciones en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se formula un respetuoso exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a establecer en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Rural, del ramo 20, “Desarrollo social”, del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 que el monto del subsidio a este programa sea igual o superior al de las aportaciones en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores hechas por los jornaleros agrícolas temporales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 7 de octubre de 2010.
Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica)
Pan502
La suscrita, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60, 87 y 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo a fin de que en el ejercicio fiscal de 2011 se considere la inclusión de recursos destinados a un programa de apoyo monetario para las familias de las personas con discapacidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los censos y las encuestas que se han realizado en varios países han generado diversas aproximaciones a la magnitud de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud estima que 10 por ciento de la población del mundo, esto es, aproximadamente 650 millones de personas, presenta algún tipo de discapacidad intelectual, física o sensorial. Si se incluye a los miembros de sus familias, el número de personas directamente involucradas con la discapacidad asciende a alrededor de 2 mil millones, casi un tercio de la población mundial.
El Banco Mundial estima que entre 10 y 12 por ciento de la población mundial tiene discapacidad y que en 25 por ciento de los hogares hay un integrante con alguna discapacidad. 1 Se estima además que el número de personas con discapacidad está aumentando por el crecimiento mismo de la población, el incremento en la esperanza de vida y el proceso de envejecimiento que hoy enfrenta la población de muchos países.
En México se desconoce la verdadera dimensión de la discapacidad entre la población. La información más actual es la del levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2010, que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 31 de mayo al 25 de junio de 2010. Sin embargo, hasta el diciembre de este año no estarán disponibles los resultados preliminares; posteriormente, en el primer trimestre de 2011, se iniciará la difusión de resultados definitivos a través de diversos productos en papel, en Internet, en bases de datos y medios ópticos.
Con este censo, el Inegi actualizará la cuenta de la población y sus viviendas, y la de grupos como la población con discapacidad y la población hablante de lengua indígena, entre otros; y generará información que permitirá disponer de un amplio perfil demográfico y socioeconómico de las entidades federativas, los municipios y las localidades.
Por tanto, la información más actual en la materia es la del XII Censo General de Población y Vivienda, realizado en 2000. En el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012 se hace un diagnóstico de la situación y las condiciones de vida de la población con discapacidad, en el que se incluyen cifras y datos tomados de dicho censo y de otras encuestas y aproximaciones, por lo que se muestra que, en efecto, la información disponible sobre la población con discapacidad es la que se ha utilizado en diversos documentos, entre ellos el programa sectorial.
El XII Censo General de Población y Vivienda señaló una prevalencia de discapacidad de 1.84 por ciento de la población del país, mientras que la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño, realizada en 2003 por la Secretaría de Salud, reveló que aproximadamente 9 por ciento de la población presentaba en ese momento algún grado de dificultad en los dominios de movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales y dolor y función social, por lo cual se estima que el número de personas con discapacidad podría ser de alrededor de 9.7 millones.
El análisis de la información disponible en México sugiere que un porcentaje importante de la población con discapacidad es víctima de discriminación y a menudo se encuentra al margen del ejercicio de sus derechos humanos, consagrados en la Constitución.
Las personas con limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales suelen presentar mayor discapacidad porque se les niega el acceso a la educación, a los mercados laborales y a los servicios públicos. Esta exclusión conduce a la pobreza y, en un círculo vicioso, la pobreza conduce a mayor discapacidad, debido a que aumenta la vulnerabilidad de las personas ante la desnutrición, las enfermedades y las condiciones de vida y de trabajo inseguras, entre otras. En la mayoría de los casos, la pobreza afecta también a las familias de las personas con discapacidad.
Se estima que entre las personas más pobres del mundo, es decir, entre las que viven con menos de un dólar por día y que no satisfacen las necesidades básicas, como alimentación, agua potable, ropa y vivienda, una de cada cinco es una persona con discapacidad. 2 Por consiguiente, es recomendable incorporar políticas de atención dirigidas específicamente a las personas con discapacidad, a fin de contribuir a combatir la pobreza extrema y el hambre.
En México, de acuerdo con los datos del censo de 2000, más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi 20 por ciento gana menos de un salario mínimo. La situación es más apremiante entre las de discapacidad mental y las de discapacidad del lenguaje, pues en el primer grupo 83.5 por ciento no recibe ingresos y en el segundo la característica la presenta 76.4 de los casos. 3
Por ello, 63 por ciento de la población con discapacidad se encuentra en los dos quintiles de los hogares más pobres del país, lo que demuestra la vulnerabilidad de este grupo de la población y la necesidad de establecer acciones focalizadas para contribuir a la igualdad de oportunidades y disminuir los niveles de pobreza.
La familia es el entorno más próximo a las personas con discapacidad, por lo cual desempeña un papel decisivo en el desarrollo de este grupo de la población. En muchas ocasiones, al menos algún miembro de la familia tiene que renunciar a la vida laboral y social para dedicarse al cuidado de las personas con discapacidad, con las repercusiones económicas y sociales que ello conlleva. Por consiguiente, las políticas orientadas a lograr la inclusión social y la igualdad de oportunidades para este núcleo de la población deben considerar también a sus familiares y a la comunidad que lo rodea.
En México se desconoce el número de familias con al menos una persona con discapacidad. La aproximación que se ha utilizado para el indicador es el número de hogares donde reside una persona con discapacidad. No obstante, debe subrayarse que hogar y familia son conceptos diferentes y, por consiguiente, no se deben usar indistintamente. Un hogar es un conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda particular y se sostienen de un gasto común, principalmente para comer. 4 Una persona que vive sola también forma un hogar. La familia debe estar integrada al menos por dos personas, y en un hogar pueden residir varias familias.
De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda, 1 millón 561 mil 993 hogares en el país contaban en ese momento al menos con una persona con discapacidad, lo que representó 7 por ciento de los hogares, en los que residían 7 millones 136 mil 285 personas, 7.1 por ciento de la población del país.
Uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud. Entre sus estrategias prevé otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia.
Y que la Ley General de las Personas con Discapacidad, en el artículo 8 prevé que la Secretaría de Salud, en coordinación con el consejo, emitirá la Clasificación Nacional de Discapacidades, y en el artículo 29 se menciona que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la ley.
Proponemos que se otorgue un apoyo monetario a las familias que tienen entre sus miembros a alguna persona con discapacidad. Si bien –de acuerdo con la información disponible– se desconoce el número de familias con al menos una persona con discapacidad, más de la mitad de este grupo vulnerable no recibe ingresos y casi 20 por ciento gana menos de un salario mínimo. Por ello, para sus familias esto representa una fuerte repercusión económica desfavorable, la cual se agrava aún más cuando alguno de los miembros tiene que dejar de trabajar para dedicar tiempo a su cuidado y atención.
La propuesta es que se otorgue un apoyo mensual de 700 pesos a las familias que tengan entre sus miembros a una o más personas con discapacidad permanente, y que las entregas sean bimestrales. El Conadis definirá los lineamientos para identificar a las personas con alguna discapacidad severa que limite de forma permanente su autonomía, y que requieran el acompañamiento diario y continuo de algún familiar para realizar las actividades más necesarias para tener una vida digna.
Se pretende que durante el ejercicio fiscal de 2011 se inicie apoyando a 100 mil familias, para lo cual el requerimiento presupuestal es de 840 millones de pesos. El padrón de las familias beneficiarias deberá actualizarse anualmente. La Secretaría de Salud emitirá en coordinación con el Conadis las reglas de operación del programa y definirá los procedimientos para la entrega bimestral del apoyo. Los recursos para cumplir este apoyo monetario siempre deben darse en un marco de responsabilidad, disponibilidad, eficiencia y transparencia presupuestaria.
La exclusión contra las personas con discapacidad no sólo afecta a ellas sino, también, a sus familias y a su comunidad.
Uno de los obstáculos más fuertes para que la población con discapacidad mejore sus condiciones de vida tiene que ver con su nivel de ingreso; sin embargo, la discriminación y marginación que padecen se convierten en factores determinantes en el ejercicio pleno de los derechos.
Por ello cualquier acción que busque contribuir a la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, en un marco de igualdad y equiparación de oportunidades, sin discriminación y con respeto de su dignidad y de sus derechos, debe ser apoyada e impulsada.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados a considerar la inclusión de recursos destinados a un programa de apoyo monetario para las familias de personas con discapacidad, en el presupuesto asignado al ramo 12, “Salud”, en el ejercicio fiscal de 2011.
Notas
1 Estudios realizados recientemente en varios países y regiones sugieren que ésta es una estimación razonable de la prevalencia de discapacidad en el mundo.
2 Ann Elwan. Poverty and disability: a survey of the literature, Banco Mundial, 1999.
3 Inegi: Tabulados temáticos sobre la población con discapacidad. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, página 75.
4 Inegi. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Glosario.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de octubre de 2010.
Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica)
Pan503
La que suscribe, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
México genera más de 1.7 millones de toneladas anuales de producción pesquera, ocupando el lugar 17 a nivel mundial en ese rubro y generando empleo para miles de mexicanos que viven de la práctica diaria de esta actividad económica.
Cifras oficiales hacen referencia que existen más de 200 mil embarcaciones pesqueras que componen la flota total nacional, cuyos gastos de operación, en específico de combustible, significan el 50 por ciento de sus costos de operación.
Sensible a esta situación y reconociendo a la pesca y acuacultura como un asunto de seguridad nacional y alimentaria, el Ejecutivo Federal a cargo del entonces Presidente Vicente Fox Quesada, decidió implementar un programa de ayuda en cuanto al precio del diesel agropecuario, mismo que incluía a la gasolina ribereña y al diesel marino, con el objetivo de favorecer la industria pesquera nacional haciéndola más competitiva.
En contraste, la ayuda durante la presente administración ha resultado ser insuficiente, entre otros temas, por los continuos incrementos al precio del diesel marino, producto de presiones económicas externas, afectando sensiblemente la actividad pesquera y sus utilidades.
Derivado de esta importante problemática en la estructura de costos del sector pesquero nacional, causados por la histórica falta de atención en el ordenamiento y a la inspección y vigilancia en el año 2009 la flota inició con un paro técnico de las embarcaciones por la incapacidad de operar con el precio del diesel marino impactado por el deslizamiento semanal de 5 centavos (20 centavos mensuales).
Me resulta preciso mencionar, que el paro terminó con la disposición del presidente Felipe Calderón Hinojosa de disminuir el deslizamiento del precio a cinco centavos mensuales, en lo que se atenderían los problemas estructurales con la conformación de mesas de trabajo cuyo objetivo era recuperar y mantener la competitividad y rentabilidad de la actividad pesquera nacional, concluyendo con la generación de los siguientes compromisos:
1. Llevar a cabo investigación científica puntual para potenciar el desarrollo pesquero y acuícola nacional;
2. Fortalecer las acciones para avanzar y concluir los Ordenamientos pesqueros y Acuícolas que se vayan priorizando;
3. Con bases científicas, reducir el esfuerzo pesquero en aguas interiores y de alta mar;
4. Reactivar los empleos directos generados por la actividad pesquera.
5. Captar y manejar información pesquera en tiempo real, veraz y oportuna para la toma de decisiones;
6. Fortalecer la aplicación y adecuación del marco jurídico y normativo de la pesca;
7. Impulsar por conducto de la autoridad competente, la clasificación como delito grave de la sustracción ilegal en época de veda de recursos pesqueros, y
8. Combatir la pesca furtiva, mediante implementación de programas imparciales con transparencia y mecanismos de rendición de cuentas; entre otros.
Con agrado reconozco que el Ejecutivo federal haya asignado mayores recursos en el actual ejercicio fiscal de 2011, para el rubro de Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero, con un monto por 570 millones de pesos, con lo que sin duda se avanzará en el cumplimiento de los compromisos pactados.
Sin embargo con preocupación veo que no se asignó presupuesto a los rubros de subsidio al diesel marino y gasolina ribereña, que para el actual ejercicio fiscal aprobamos poco más 651.2 para Diesel marino y 111.3 para gasolina ribereña. De tal manera que la industria pesquera nacional estaría en peligro de colapso, poniendo en riesgo alimento, divisas y empleo, a consecuencia de la falta de asignación presupuestal a los programas mencionados.
Así, me permito solicitar la sensibilidad de los legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de Diputados y de los funcionarios de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para continuar con las acciones en pro de la industria pesquera nacional y asignar recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos 2011 para los programas que complementan este objetivo.
De esta manera y con base en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo:
Primero: Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que no desaparezca el programa de atención a problemas estructurales de la industria pesquera nacional, especialmente diesel agropecuario, gasolina ribereña y diesel marino.
Segundo: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, tomando en consideración el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, asigne recursos suficientes a los programas de diesel agropecuario, gasolina ribereña y diesel marino en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.
Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rubrica)
Pan504
La que suscribe, Diputada Federal Yulenny Guylaine Cortés León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El consumo excesivo de alcohol es una constante preocupación para la salud pública, debido al número de muertes y de años de vida saludables perdidos por esta sustancia. El alcohol consumido en exceso genera tanto daños a la salud del individuo, como daños a las familias y a la sociedad en general. En el ámbito familiar, se ha comprobado que el consumo excesivo de esta sustancia genera violencia y descomposición familiar; y en la sociedad repercute a través de mayores índices de violencia, criminalidad, vandalismo y descomposición social.
Pero, para los individuos, el excesivo consumo de esta droga lícita genera una adicción que puede provocar la muerte. Más aún, podría generar una discapacidad de por vida manifestada a partir de una enfermedad grave, o bien, tras un accidente.
Desafortunadamente es más frecuente ver que uno de los problemas de salud de los jóvenes gira en torno al consumo excesivo de alcohol. Se ha estimado de acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2005, que en México 42 de cada 100 jóvenes ha consumido bebidas alcohólicas al menos una vez en su vida; siendo entre los 15 y los 17 años la edad promedio a la que los jóvenes empiezan a consumirlas.
En cuanto a la frecuencia y cantidad de alcohol que se consume es muy variada, depende en gran medida de la región de la que se trate o del periodo de edad al que se haga referencia; y de acuerdo con dicha encuesta, 20 de cada 100 jóvenes consume entre 6 y 10 copas de alcohol a la semana, 11 de cada 100 consume más de 10 copas a la semana, acentuándose esta cifra para los rangos de edad más avanzados.
Asimismo los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, muestran que al menos 281 mil jóvenes entre los 12 y los 17 años abusan de las bebidas alcohólicas.
El consumo excesivo del alcohol está afectando de manera creciente la salud y la vida de la población juvenil, por un lado dichas sustancias alteran el funcionamiento del cuerpo, la mente, el comportamiento, la interacción con otros miembros de la sociedad y, por otro, su consumo puede generar adicción y daños severos.
Además, el alcoholismo, aparte de los graves problemas de salud que ocasiona, es el principal responsable del 50 por ciento de accidentes automovilísticos, que representa la primera causa de muerte en jóvenes.
Por ello el gobierno federal ha emprendido una serie de acciones, estrategias y programas a fin de prevenir que los jóvenes inicien el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad y sobre todo para evitar el consumo excesivo de alcohol, a través del Consejo Nacional contra las Adicciones, el Instituto Mexicano de la Juventud, del Programa de Acción Específico 2007-2012 “Prevención y Tratamiento de Adicciones”, por señalar algunos; sin dejar de mencionar que hay acciones muy concretas en los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir y tratar el problema de alcoholismo entre los jóvenes.
No obstante dichas acciones consideramos que estos problemas pueden prevenirse mediante una vida sana en la que la actividad física y el deporte formen parte de las actividades cotidianas de los jóvenes.
La importancia del ejercicio físico es reconocida universalmente como factor esencial en el cuidado de la salud, no sólo del cuerpo sino también de la mente, por lo que realizar actividades físicas y practicar algún deporte son fundamentales para alejar a las y los jóvenes de las adicciones o bien para reducir el riesgo de padecer algún trastorno como el alcoholismo, ya que representan una opción muy atractiva para el uso del tiempo libre.
En este sentido, otra de las acciones del gobierno ha sido la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 en materia de infraestructura deportiva municipal que busca que los jóvenes cuenten con los espacios suficientes y equipados a efecto de que puedan realizar alguna actividad física o practicar algún deporte.
Sin embargo, en México la práctica de alguna actividad física es reducida entre las y los jóvenes, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud 1 el 60 por ciento de los jóvenes mexicanos no práctica ninguna actividad física, y del restante 40 por ciento, que son los que si realizan deporte, 70 por ciento lo hace de una a tres veces por semana.
Por eso, compañeras y compañeros legisladores, y no obstante los esfuerzos que se han emprendido en la materia, considero que ante la magnitud del problema es necesario fortalecer las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre las y los jóvenes, además de fortalecer las acciones de promoción y fomento de actividades deportivas que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo.
Asimismo, una acción relevante en el ámbito municipal y que vendría a contribuir enormemente a contrarrestar el problema, es que los gobiernos locales destinen una parte de los recursos, que obtengan por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, a la promoción del deporte; esto debido a que de acuerdo con el artículo 115 constitucional los municipios administran libremente su hacienda.
Estas acciones constituirán un factor determinante para reducir el riesgo de las y los jóvenes mexicanos a presentar problemas asociados al consumo excesivo del alcohol y con ello contribuir a que cuenten con estilos de vida saludables a través de la realización de alguna actividad física, de recreación o la práctica de algún deporte.
Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades competentes en los tres niveles de gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones y programas dirigidos a prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre las y los jóvenes, además de fortalecer las acciones de promoción y fomento de actividades deportivas que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales para que de los recursos que obtengan por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, destinen un porcentaje a la promoción del deporte entre la población de jóvenes.
Nota
1 Perspectiva de la Juventud en México. Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud. Instituto Mexicano de la Juventud, 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2010.
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica)
Pan505
Los suscritos diputados federales Norma Leticia Salazar Vázquez y José Antonio Arámbula López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 la suficiente asignación de recursos al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a fin de que se haga el pago del apoyo social a que se refiere la fracción II del artículo 5° de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con base en las siguientes
Consideraciones
Durante el periodo comprendido de 1942 a 1964 más de cinco millones de trabajadores mexicanos ingresaron a laborar a las zonas agrícolas de los Estados Unidos de América.
Mediante el intercambio diplomático entre los gobiernos de México y Estados Unidos se decidió establecer una cláusula que derivó en la creación del Fondo de Ahorro Campesino como parte del convenio bracero, consistente en el 10 por ciento de los salarios pagados a los trabajadores migrantes, que concluyó en 1963, éstos recursos fueron enviados por parte del gobierno americano al ahora desaparecido Banrural.
Se estableció una modificación en el año de 1948 mediante la cual los braceros deberían recibir las cantidades aportadas mediante cheque certificado a su nombre al momento de regresar a México. Es decir, no hay duda que la prestación generada con motivo del trabajo desempeñado, no se sujeta a ninguna condicionante por parte de quien realizó dicho descuento mucho menos debe serlo por quien únicamente es encargado de entregarlo.
Con fecha 25 de mayo de 2005, a fin de dar solución a dicha problemática, el entonces Presidente Vicente Fox publicó la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos; dicho Fideicomiso tendría por finalidad otorgar un apoyo social en los términos establecidos en esta Ley a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6o. de la ley.
No obstante, derivado de la difícil situación económica que viven nuestro país y el mundo en general es que no ha sido posible liquidar de forma total el apoyo social a los ex trabajadores migratorios, razón por la cual desde su creación y hasta fechas recientes dicho Fideicomiso, a través de sus Reglas de Operación, ha establecido diversos mecanismos que faciliten el pago del apoyo social, asumiendo con ello el compromiso que tiene el gobierno federal de cumplir con la ley de referencia.
Ahora bien, el pasado 10 de septiembre de 2010, con lo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, el titular del Poder Ejecutivo Federal publicó el decreto por el cual se reforman los artículos 2o., fracción I; 3o., párrafo primero; 5o., fracción II, y VI, párrafo primero; y se adicionan el artículo 5o., fracción III, con un inciso a), recorriéndose en su orden los subsecuentes incisos; y 6o., fracción III, con un inciso e), y fracción IV, con los numerales 3 y 4, a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.
De conformidad con dicho decreto, el artículo 5o. establece literalmente lo siguiente:
“Artículo 5o. ...
I. ...
II. Elaborar y publicar las bases y procedimientos a través de los cuales se autorice otorgar el apoyo social por una sola vez, por la cantidad base de 38 mil pesos en una sola exhibición ...”
A su vez, el diverso artículo séptimo transitorio del referido decreto, establece a la letra lo siguiente:
“Artículo Séptimo. La entrega del apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la Ley para el ejercicio fiscal de 2011, estará sujeta al monto de los recursos que la honorable Cámara de Diputados apruebe para dicho ejercicio fiscal.”
De la transcripción de dichos preceptos legales se advierte claramente que corresponderá a esta soberanía la asignación suficiente de recursos para que se realice el pago de la cantidad de $38,000.00 (treinta y ocho mil pesos, moneda nacional) por concepto del apoyo social a que se refiere la citada ley.
En este contexto, ha transcurrido casi medio siglo para que los ex trabajadores braceros lograran recibir el pago correspondiente por el descuento realizado a su salario. Con el decreto publicado el pasado 10 de septiembre se presenta una oportunidad inmejorable para que esta honorable Cámara de Diputados dé solución definitiva al grave problema que viven estos ex trabajadores mexicanos, al encontrarse imposibilitados de recibir el apoyo social que por ley les corresponde, mediante la aprobación de los recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.
No debe ser ajeno a esta soberanía el hecho de que para estar en posibilidades de realizar la entrega-pago a los ex trabajadores migratorios mexicanos que se encuentran inscritos en el padrón correspondiente, harían falta recursos por aproximadamente la cantidad de $5,304,000,000.00 (cinco mil trescientos cuatro millones de pesos 00/100, moneda nacional), por lo cual se estima oportuno que se considere dentro del PEF para el ejercicio fiscal 2011, la asignación de la totalidad de dicha suma.
Consideramos que es de elemental justicia que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados estudie, analice y, en su caso, adecue el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, con el objeto de que se aprueben los recursos, en los términos solicitados, que atiendan de forma definitiva el pago del apoyo social a que se refiere la ley de la materia; aunado al hecho de que el propio ordenamiento jurídico es claro al establecer la obligación a todas las autoridades involucradas, debiendo la Cámara de Diputados honrar dicho compromiso en la parte que le corresponde como lo es la asignación de recursos suficientes para tal efecto.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en la discusión, asignación y adecuación al proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011, se etiqueten recursos por la cantidad de $5,304,000,000.00 (cinco mil trescientos cuatro millones de pesos 00/100, moneda nacional) al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5o., fracción II, y séptimo transitorio del decreto publicado en el D.O.F. con fecha 10 de septiembre de 2010, por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre de 2010.
Diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez, José Antonio Arámbula López (rúbrica).