De las Comisiones Unidas de Energía, de la Función Pública, y de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 43 y 172 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidad de Energía, de la Función Pública y de Justicia de la LXI Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 43 y 172 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Las Comisiones Unidas de Energía, de la Función Pública, y de Justicia de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondientes a la LXI Legislatura con fundamento en los artículo 39 y 45, numeral 60, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a al consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 30 de abril de 2008, la diputada Blanca Luna Becerril, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 43 y 172 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el articulo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados determinó el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía, de la Función Pública, y de Justicia”.

Tercero. Las comisiones dictaminadoras procedieron a la revisión y análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por la diputada Blanca Luna Becerril versa sobre el abastecimiento de energía eléctrica a cargo de Luz y Fuerza del Centro y las anomalías, irregularidades, abusos, alteraciones, incoherencias, arbitrariedades, atropellos al realizar el cobro y atención al cliente por parte del personal de esta dependencia, actitudes que tenia la hoy extinta Luz y fuerza del Centro.

Asimismo, plantea diversas situaciones derivadas de los procedimientos de queja o reclamación que se pueden incoar a partir de lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor o conforme al contenido del artículo 42 de Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; así como con motivo de la sustanciación del recurso de revisión conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En primer lugar, la diputada Luna Becerril hace referencia a que una vez emitida una resolución de la Procuraduría Federal del Consumidor, ésta puede ser objeto de recurso de revisión y que en la sustanciación de éste recurso no participa el usuario, es decir, queda fuera de la relación que dio inicio al procedimiento.

En segundo lugar, a partir del contenido del artículo 42 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, señala que se debe evitar que la autoridad sea juez y parte en la resolución de alguna controversia.

En tercer lugar, pretende impedir la duplicidad de funciones que realizan por un lado, el área competente de la Secretaría de Energía y, por el otro, la Procuraduría Federal del Consumidor.

En cuarto lugar, indica que ninguna de las resoluciones surgidas de los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor o del artículo 42 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica obligan a Luz y Fuerza del Centro a acatarlas resoluciones cuando el usuario tenga la razón y menos aún se puede establecer por ese hecho una sanción a servidores públicos que incurran en responsabilidad por irregularidades en el desempeño de sus funciones dentro de Luz y Fuerza del Centro.

En consecuencia, la legisladora menciona que la materia de su iniciativa es dotar al usuario de una herramienta jurídica que permita al usuario impugnar la resolución de Luz y Fuerza del Centro. Asimismo, se permitiría estar acorde con las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia en el ejercicio de atribuciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

También pretende la diputada proponente, hacer eficiente la aplicación de la ley en situaciones irregulares en el servicio de energía eléctrica tales como: prepotencia, nepotismo, negligencia, peculado, actos de extorsión, entre otras que realizan las personas que laboran en Luz y Fuerza del Centro.

Asimismo, propone facultar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que conozca de quejas o denuncias en contra de Luz y Fuerza del Centro sin perjuicio de las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Concluye la diputada Luna Becerril al señalar que “resultan necesarias y convenientes las modificaciones a los ordenamientos jurídicos propuestas en esta iniciativa, para terminar con las prácticas irregulares de los servidores públicos adscritos a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, así como las anomalías en la prestación del servicio de energía eléctrica, que van directamente en detrimento del patrimonio familiar pues devienen en gastos extras no contemplados en el presupuesto previsto para gastos de servicios.”

Consideraciones

Primera. Las reformas planteadas por la proponente tienen como materia regular distintos aspectos con los que se pretende normar la actuación del personal que trabajaba en Luz y Fuerza del Centro, sin embargo debido a que la compañía de Luz y Fuerza del Centro ya no existe, la presente iniciativa carece de materia, en virtud de la entrada en vigor del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado de Luz y Fuerza del Centro, publicado el 11 de octubre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. En el artículo 1° de dicho instrumento legal se establece lo siguiente:

“Artículo 1. Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.”

Este instrumento legal entró en vigor al día siguiente de su publicación, conforme a lo establecido en el artículo primero transitorio.

Dada esta situación, se considera es inevitable señalar que la presente iniciativa ya no tiene materia, ya que al no existir la compañía de Luz y Fuerza del Centro se pierde el sentido de la iniciativa ya que no se puede regular algo que no existe.

Segunda. Por otro lado y a fin de esclarecer algunos puntos de la presente iniciativa hay que hacer los siguientes comentarios para dejar en claro que además de ser improcedente la iniciativa por falta de materia, se considera improcedente en cuanto a su contenido, por las siguientes consideraciones.

En primer lugar la proponente de la iniciativa sugiere reformar el articulo 43 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que corresponde al capítulo siete, titulado Recurso Administrativo, dicha reforma pretende aumentarle un segundo párrafo, sin embargo hay que resaltar que dicho artículo no sólo consta de un párrafo, en realidad este artículo vigente tiene siete párrafos y cinco fracciones, por lo que dicha reforma mutilaría el artículo mencionado que regula el recurso administrativo cuando se presenta alguna inconformidad con las resoluciones de la Secretaría de Energía, por lo que aparentemente la iniciativa en estudio derogaría las disposiciones vigentes, sin justificar porque razón o circunstancia se suprimen, si esa fuese la intención.

La reforma antes mencionada únicamente pretende establecer como optativo presentar una queja o denuncia ya sea ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dejando fuera todo lo demás regulado en dicho artículo, es decir, la forma de presentarlo, la cuestión referente a las pruebas, plazos y términos, etc. A fin de ilustrar esta situación se transcribe el artículo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que se pretende reformar:

Articulo 43. En caso de inconformidad con las resoluciones de la Secretaría competente, dictadas con fundamento en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el interesado podrá solicitar ante la propia Secretaría, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a su notificación, la reconsideración de dicha resolución.

En este recurso podrán ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional. Al interponerse deberán acompañarse los documentos en que conste la resolución recurrida y acreditarse la personalidad de quien promueva.

Para el desahogo de las pruebas ofrecidas se concederá al recurrente un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 días hábiles, que la Secretaría que conozca del recurso fijará según el grado de dificultad que el mencionado desahogo implique. Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y documentos. De no presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva. En lo no previsto en este párrafo, será aplicable supletoriamente, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Los recursos serán resueltos por los funcionarios que corresponda, de conformidad con lo previsto en el reglamento interior de la respectiva dependencia; o en los acuerdos delegatorios de facultades; salvo cuando se trate de resoluciones que emita el secretario, caso en el cual le corresponderá resolver el recurso.

Las resoluciones no recurridas dentro del término de 15 días hábiles, las que se dicten durante el trámite del recurso o al resolver éste, así como aquéllas que lo tengan por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas.

La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida por cuanto al pago de multas, de las indemnizaciones y demás prestaciones, por un plazo de 6 días hábiles. Cuando dentro de dicho plazo se garantice su importe en los términos del Código Fiscal de la Federación, continuará la suspensión hasta que la Secretaría competente resuelva el recurso. De no constituirse la garantía cesará la suspensión sin necesidad de declaración y procederá la ejecución.

Respecto de otras resoluciones administrativas, la interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada si así lo solicitare el recurrente y surtirá efectos hasta que el oficio o a petición del propio recurrente se resuelva en definitiva sobre dicha suspensión, que sólo se otorgará si concurren los siguientes requisitos:

I. Que el recurrente la hubiere solicitado;

II. Que se admita el recurso;

III. Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al orden público;

IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garantice el pago de éstos para el caso de no obtenerse resolución favorable, y

V. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible o difícil reparación en contra del recurrente.

Como se puede advertir de la transcripción anterior, la esencia del artículo 43 es la regulación del recurso administrativo cuando se presente una inconformidad y su procedimiento, por lo que resultaría completamente contrario al espíritu de la Ley la reforma propuesta, ya que plantea regular la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, a través de la presentación de una queja o denuncia optativamente ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pasando por alto las disposiciones constitucionales establecidas en el artículo 113, relativas a las responsabilidades administrativas, así como las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, legislación en la que se establece el objeto y la competencia de las autoridades en dicha materia.

El artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señala que el objeto de la ley es reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público; las obligaciones en el servicio público; las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público; las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones, y el registro patrimonial de los servidores públicos.

En ese sentido, hacer competente a una autoridad diversa de la que la propia Constitución establece, mediante la ley reglamentaria correspondiente señala en el párrafo anterior, daría pauta a la existencia de duplicidad de funciones en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, lo que se traduciría en incertidumbre jurídica para los gobernados, por lo que esta Soberanía no puede permitirse expedir leyes que causen incertidumbre en la sociedad.

Por otro lado, cabe resaltar que esta Ley regula de manera general todo lo referente a la producción distribución y abastecimiento de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, mas no directamente las actividades de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, es decir, el ámbito de aplicación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica recae no sobre las actividades de Luz y Fuerza del Centro, sino recae en el desarrollo de las actividades de la Comisión Federal de Electricidad.

Tercera. En lo que respecta a la reforma propuesta para el artículo 172 de al Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica resulta necesario aclarar que dicha Ley sólo consta de 46 artículos, luego entonces, resulta imposible hacer una reforma sobre un artículo que no existe.

A pesar de la situación antes mencionada y derivado de la lectura y del estudio del artículo 172 contenido en la iniciativa se logró observar que dicho artículo corresponde al Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, ante esta situación cabe hacer la siguiente aclaración, debido a que la pretendida reforma versa sobre un reglamento y no sobre una ley, el Congreso de la Unión no es el competente para conocer del asunto por tratarse de una de las facultades del Presidente de la República, como se desprende de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

Como podemos observar, este artículo constitucional establece como facultades del Presidente de la República el promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y además agrega “proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”, en este segundo enunciado se encuentra inmersa la facultad reglamentaria del Ejecutivo federal.

Las constituciones anteriores a la de 1857 consignaban de manera expresa que el Ejecutivo tenia la facultad de dictar reglamentos, pero en la constitución de 1857 se consigno la expresión antes mencionada, sin embargo, y a pesar de las discusiones doctrinales, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto como a continuación se puede constatar:

Tesis: VI. 2. 188 A

Semanario Judicial de la Federación

Octava Época

209579

Tribunales Colegiados de Circuito

Tomo: XV, Enero de 1995

Página 298

Tesis Aislada

Reglamentos administrativos. Facultad del presidente de la Republica para expedirlos. Su naturaleza. El artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, confiere al Presidente de la República tres facultades: a). La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b). La de ejecutar dichas leyes y c). La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, o sea la facultad reglamentaria. Esta última facultad es la que determina que el Ejecutivo pueda expedir disposiciones generales y abstractas que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y complementando en detalle las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la Unión. El reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo; partícipe de los atributos de la ley aunque sólo en cuánto ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Dos características separan la ley del reglamento en sentido estricto: Este último emana del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y justificación en la ley. Pero aun en lo que aparece común en los dos ordenamientos, que es su carácter general y abstracto, sepárense por la finalidad que en el área del reglamento se imprime a dicha característica, ya que el reglamento determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos concretos.

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito

Amparo directo 233/90. Electrónica Aplicada del Sureste, SA de CV, 19 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.

Amparo directo 169/90. Industrias Modernas de Precisión, SA, 21 de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo directo 433/88. Haddad Textil, SA de CV, 24 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Como se puede apreciar del criterio jurisprudencial en la tesis aislada antes transcrita, es facultad de Presidente expedir reglamentos y no del Congreso de la Unión a pesar de ser una función materialmente legislativa, por lo que queda claro que no esta dentro de la esfera de atribuciones de este Congreso legislar en materia de reglamentos por corresponderle esta facultad al Presidente de la República.

Cuarta. En términos de las consideraciones anteriores, las adiciones propuestas al artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, igualmente son improcedentes, ya que al establecer estas dictaminadoras que no es procedente la adición a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por no tener materia y por que jurídicamente la iniciativa en estudio no tiene la razón, pues aún más las adiciones que se pretenden a aquellas leyes, toda vez que en estas se materializaría procesalmente la propuesta materia del presente dictamen.

Por las razones y argumentación anteriormente citadas, estas Comisiones Unidas de Energía, de la Función Pública y de Justicia emiten el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 43 y 172 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada por la diputada Blanca Luna Becerril del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2010.

La Comisión de Energía

Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez, Eduardo Mendoza Arellano, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en contra), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol, Genaro García de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López, César Francisco Burelo Burelo (rúbrica en abstención).

La Comisión de la Función Pública:

Diputados: Pablo Escudero Morales (rubrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rubrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rubrica), Juan Carlos López Fernández (rubrica), secretarios; Salvador Caro Cabrera, Yulenny Guylaine Cortes León, Esthela Damián Peralta, Ernesto de Lucas Hopkins (rubrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Lizbeth García Coronado, Miguel Ángel García Granados, César Daniel González Madruga (rúbrica), Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Kenia López Rabadán, Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Pedro Peralta Rivas, Eviel Pérez Magaña, Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo, (rubrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rubrica), María del Pilar Torre Canales, Enrique Torres Delgado (rubrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Guillermo José Zavaleta Rojas.

La Comisión de Justicia

Diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Retiz Gutiérrez (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Ángeles Nazares Jerónimo, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Flores Espinosa, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).