Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se incluya la distribución de los tiempos de Estado cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Carlos Flores Rico, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, señala en su artículo 20 las disposiciones para el destino de los recursos presupuestarios para las actividades de comunicación social.

En esa misma disposición, se incluye también la prohibición para llevar a cabo campañas de comunicación en la entidades federativas en donde se celebrarán elecciones; las limitaciones para difundir en los medios de comunicación toda propaganda gubernamental; la administración, distribución y seguimiento de los tiempos fiscales cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal; además de las bases bajos las cuales deberán ejecutarse las campañas de comunicación, entre otras disposiciones.

Objetivo

La presente propuesta busca que, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, la Cámara de Diputados no sólo realice la distribución del denominado tiempo fiscal a que se refiere el “impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación”, establecido en la “Ley que establece, reforma y adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1968; sino también, la distribución del denominado tiempo de Estado a que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Justificación

El denominado tiempo de Estado, previsto en el citado artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es un bien público que las concesionarias otorgan al Estado por disposición legal del propio ordenamiento legal. Es un ingreso público allegado al erario perfectamente previsto en la legislación fiscal mexicana bajo la modalidad de “aprovechamiento”, en términos de lo que dispone el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, un bien público federal distribuible como egreso por el poder legislativo.

Origen y naturaleza de los tiempos oficiales

1. Los tiempos de Estado

Los tiempos de Estado o del Estado, se establecieron en la Ley Federal de Radio y Televisión del 19 de enero de 1960, cuyo artículo 59, desde entonces, señala:

“Artículo 59. Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión.”

De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión, “Es obligación de las estaciones de radio y televisión incluir gratuitamente en su programación diaria, treinta minutos, continuos o discontinuos, sobre acontecimientos de carácter educativo, cultural, social, político, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales e internacionales, del material proporcionado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía.”

Además de los tiempos expresamente señalados como del Estado, la ley contempla otras dos figuras de tiempos a disposición del Estado, que en sentido estricto también implican el otorgamiento de transmisiones gratuitas por parte de las estaciones de radio y televisión, pero que no están referidas al mencionado concepto de “tiempo de Estado” que menciona el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, sino a la ejecución coactiva de acciones a favor de la sociedad contempladas en el diverso artículo 60 y que pueden ser definidas como “prestaciones informativas obligatorias” del radiodifusor, que por tanto no son materia de este análisis:

“Articulo 60. Los concesionarios de estaciones radiodifusoras comerciales y los permisionarios de estaciones culturales y de experimentación, están obligados a transmitir gratuitamente y de preferencia:

I. Los boletines de cualquier autoridad que se relacionen con la seguridad o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público, o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier calamidad pública;

II. Los mensajes o cualquier aviso relacionado con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio.”

Además de lo anterior, las estaciones de radio y televisión tienen la obligación de establecer cadenas de transmisión cuando la autoridad lo juzga pertinente, en las cuales se debe transmitir la emisión de manera continua, exclusiva y simultánea. En este caso, tampoco se trata de tiempo adicional a los establecidos en los artículos 59 y 60 de la citada Ley Federal de Radio y Televisión, sino una forma de utilizarlos, ya sea como tiempo de estado o de emisiones relacionadas con prestaciones informativas obligatorias:

“Articulo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país, estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.”

2. Los tiempos fiscales

Por su parte, los tiempos fiscales, proceden de una normatividad un poco más compleja. Nacen el 1 de julio de 1969, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo del presidente Gustavo Díaz Ordaz con base en artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación de 1969, por el que autorizaba a la Secretaría de Hacienda a recibir de los radiodifusores comerciales el pago en especie de un impuesto aprobado por el Congreso seis meses antes, y que como hasta la fecha, grava con el 25 por ciento de los ingresos facturados por las concesionarias, el cual sería cubierto con el 12.5 por ciento del tiempo de transmisión de cada estación para que el Estado, a través del Ejecutivo, lo utilizara.

En aquel momento, el jefe del Ejecutivo justificó su resolución, diciendo que “es necesario que el Ejecutivo federal disponga de tiempo para la transmisión en las estaciones radiodifusoras comerciales para el cumplimiento de sus propios fines, y siendo atribución del Ejecutivo federal modificar la forma de pago y procedimiento de liquidación de los gravámenes fiscales, por lo que acuerda autorizar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto correspondiente”.

El acuerdo precisaba, además, que “los tiempos de transmisión serán distribuidos proporcional y equitativamente dentro del horario total de transmisiones de la radiodifusora de que se trate, por conducto del órgano que se designe, el que oirá previamente al Consejo Nacional de Radio y Televisión.”

Asimismo, disponía: que “estos tiempos de transmisión no serán acumulables, ni su uso podrá diferirse, aun cuando no sean utilizados, pues se entenderá que el concesionario cumple con su obligación con sólo poner tiempo a disposición del Estado”.

“Si el Ejecutivo federal no utilizare, total o parcialmente, tales tiempos para transmisión, deberá hacerlo el concesionario para sus propios fines, a efecto de no interrumpir el servicio de radiodifusión”.

La resolución del presidente Díaz Ordaz, tenía y sigue teniendo fundamento en la “Ley del Impuesto sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés Público por Ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación”, misma que, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, estableció el “impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación”:

Artículo 1o.

“El impuesto a que esta ley se refiere grava el importe total de los pagos que se efectúen por los servicios prestados por empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para uso de bienes de dominio directo de la nación, cuando la actividad esté declarada expresamente de interés público por la ley. El objeto del impuesto comprenderá:

a) Los pagos al concesionario;

b) Los pagos a las empresas que por arreglos del concesionario contraten los servicios y presten los que sean complementarios;

c) Los pagos a cualquiera otra empresa que intervenga entre el que cubra el costo total del servicio y el concesionario.”

El numeral 4o. de dicha ley dispone que la base del impuesto “será el monto total de los pagos en efectivo o en especie que se hagan por los conceptos señalados en el artículo 1o. de esta ley”; y, por su parte, el artículo 5o. dispuso que “el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25 por ciento a la base señalada en el artículo que antecede.”

La citada ley contempla como sujetos pasivos del gravamen a los contribuyentes que efectúen los pagos por los servicios obtenidos de empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del dominio directo de la nación; y como responsables solidarios de las obligaciones que impone la ley, a las personas que reciban dichos pagos, asignándoles la obligación de recabar y enterar el impuesto a cargo de los contribuyentes.

Según el artículo cuarto transitorio de la ley, dicho impuesto entraría en vigor el 1o. de julio de 1969. Sin embargo, el gravamen no fue aplicado a la industria de la radiodifusión, toda vez que el Acuerdo de ese mismo día, otorgó a los concesionarios de radio y televisión, el peculiar beneficio temporal del pago en especie.

El uso inequitativo e irregular de este recurso llegó a tal grado de opacidad y desinterés fiscal, que no sólo se degrado la utilización efectiva del tiempo fiscal, sino que también, por muchos años, se mantuvo ausente de la normatividad hacendaria como forma tributaria y, hasta la ley de ingresos de 2005, ni siquiera fue considerado por el Ejecutivo como un recurso público y menos aún como de distribución obligatoria en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La reducción del 12.5 al 1.25 por ciento

El 10 de octubre de 2002, el titular del Ejecutivo federal, emitió un decreto que abrogó el de julio de 1969, y por el que se autorizó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto con una nueva equivalencia del pago en especie originario.

Se derogó el 12.5 por ciento del tiempo de transmisión como pago en especie del impuesto a que se refiere la Ley del 1968, y se estableció que los concesionarios de radio y televisión que tengan esta obligación “...pagarán la contribución que se menciona con dieciocho minutos diarios en el caso de las estaciones de televisión, y con treinta y cinco minutos diarios en las de radio, para la difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo con una duración de veinte a treinta segundos, sin que ello implique que haga transmisiones que constituyan una competencia a las actividades inherentes a la radiodifusión comercial, a cuyo efecto se precisa que cuando aquél realice campañas de interés colectivo, promoviendo el mayor consumo de bienes y servicios, lo hará en forma genérica...”

¿Por qué el gobierno se resiste a que la Cámara distribuya los tiempos?

Con la omisión de las facultades de la Cámara sobre los tiempos de estado, el Ejecutivo sólo distribuye entre todos los órganos del Estado los tiempos fiscales: 18 minutos de televisión y 35 de radio; en tanto se reserva discrecionalmente el tiempo de estado disponible para radio y televisión: 30 minutos diarios en cada medio concesionado de toda la república. No obstante casi consumir el paradójicamente denominado tiempo de estado, el Ejecutivo participa, también del tiempo fiscal.

Aunque para efectos de un análisis de equidad son insumables los tiempos de estado y los fiscales, ya que los primeros sólo son “espoteables” o divisibles en una tercera parte, en tanto los segundos, lo son en el 100 por ciento, se puede ver que aún en la suma de unos y otros, el abuso del Ejecutivo es desproporcionado. Los argumentos para explicar la disparidad siempre han sido los mismos: “los otros poderes carecen de materiales y presupuesto para producción”, como si no fuera posible reciclar los materiales con más repeticiones.

La voluntad republicana de la Cámara de Diputados para distribuir equitativamente los tiempos oficiales

Un grupo de legisladores preocupados por hacer un mejor uso de estos tiempos de Estado, propusimos y aprobamos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, una equitativa y nueva distribución de los tiempos fiscales en los siguientes porcentajes: 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal; 30 por ciento al Poder Legislativo federal, asignándose porcentajes en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial de la federación y 20 por ciento a los entes públicos autónomos creados por disposición expresa de la Constitución.

Así, con la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 1o. de enero de 2004, el Ejecutivo federal instruyó a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, desarrollara las acciones necesaria para recibir los materiales por parte de los entes autorizados para ello, e incorporarlos a las pautas y al proceso de distribución a cargo de los concesionarios de radio y televisión de todo el país.

Este esfuerzo legislativo sentó un importante precedente, pues supuso un avance significativo en la distribución equitativa, que no parcial y autoritaria como lo venía haciendo el Ejecutivo federal, de los tiempos fiscales a través de los medios electrónicos de comunicación masiva.

Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2005, el Ejecutivo federal omitió deliberadamente, en el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, establecer la distribución de los tiempos fiscales como dispuso esta soberanía en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2004.

Advirtiendo lo anterior, fue fundamental para el Congreso de la Unión establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2005, no sólo la distribución de los tiempos fiscales sino también la distribución de los tiempos de Estado a que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

La doctrina tributaria

La doctrina jurídica mexicana ha estudiado poco la fiscalidad de la radio y la televisión; mucho menos la conceptualización y el comportamiento de una figura tributaria como la obligación de los concesionarios de radio y televisión establecida en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Sin embargo, no se requiere mayor exploración para concluir que el tiempo de Estado no es una de las “contribuciones” que define el Código Fiscal de la Federación. Dicho ordenamiento únicamente considera en esa categoría a los impuestos, los derechos, las contribuciones de mejoras y a las aportaciones de seguridad social. Afirmar que dicho pago no es un impuesto o una contribución, no es novedad; porque realmente no lo es. Lo que sí es, en cambio, es un “aprovechamiento”; que no es lo mismo.

Los impuestos

Son “impuestos” las contribuciones establecidas en las leyes, que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho, previstas por éstas y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, de las contribuciones de mejoras y de los derechos. La obligación de los concesionarios de otorgar gratuitamente tiempo de transmisión al Estado no tiene, por supuesto, el carácter de un impuesto. Nadie lo ha clasificado así o pretende hacerlo, debido en primer lugar a que no tiene como supuesto una obligación tributaria preexistente; y además a que ese impuesto ya existe bajo la forma de tiempo fiscal que aparece en especie por la derivación del decreto que autoriza esa modalidad, vigente a partir de 1969.

Los derechos

Los “derechos” son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. El pago basado en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, no es un derecho por el uso del espectro radioeléctrico, puesto que el específico ya está incorporado en la Ley Federal de Derechos. Por otra parte, resulta además que el citado pago no tiene los elementos esenciales de las contribuciones, es decir, hecho imponible, sujeto, base, tasa alícuota.

Las aportaciones de seguridad social

Las “aportaciones de seguridad social” son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el Estado. A su vez, las “contribuciones de mejoras” son las establecidas en ley, que están a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

Los créditos fiscales

Los créditos son aquellos a los que tienen derecho de percibir el Estado o sus organismos descentralizados, que provienen de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

Los aprovechamientos

De acuerdo con el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, “son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los ‘productos’ que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal” por la realización o prestación de sus servicios o bienes.

El tiempo de estado: un aprovechamiento

El pago en especie que comentamos tiene todo el viso de un ingreso fiscal como “aprovechamiento”, no sólo por apegarse a la definición del Código Fiscal de la Federación sino porque sus elementos constitutivos se apegan al principio de legalidad que rige a las aportaciones fiscales. Estos elementos deben estar sujetos a normas sustantivas con rango de ley (El artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación establece los elementos que están sujetos a la reserva de ley: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. El 6o. establece el tiempo de pago de las contribuciones). Resulta así que el pago y sus formas de hacerlo sí están establecidas en norma de rango legal de acuerdo a lo que establece para las contribuciones el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

El hecho que el pago establecido en el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión se inscriba en una ley “no fiscal” y derive directamente de una concesión, si bien evita que se le considere como una “contribución” de las señaladas en el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, no la exime de su calidad fiscal como “aprovechamiento” según la definición del artículo 4o. del propio Código Fiscal de la Federación; es decir, como un ingreso que causa créditos fiscales, pues tiene los elementos de constitutivos de toda obligación tributaria: nacimiento, sujetos, cuantía, estructura y extinción.

El maestro Andrés Serra Rojas señala que la concesión administrativa es “un acto administrativo discrecional por medio del cual la administración pública federal confiere a una persona una condición o poder jurídico, para ejercer ciertas prerrogativas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprenden la propiedad industrial”.

La obligación a que me refiero, es claramente una prestación patrimonial coactiva que si bien tiene alguna semejanza con categorías del derecho administrativo, tales como el servicio militar o el trabajo gratuito en el servicio de funcionarios electorales de casilla, se distingue de esas aportaciones en algo fundamental: que éstas no son contribuciones que coadyuven al ahorro del gasto de la hacienda pública, sino que se trata de obligaciones cívicas intransferibles no consumibles e imposibles de utilizar de manera distinta que la que el propio aportante pueda entregar y auto-consumir. El tiempo de Estado es, pues, un “aprovechamiento” en toda la extensión legal del concepto.

El pago en especie del tiempo de Estado no altera esa situación. El otorgamiento de ese tiempo constituye una obligación patrimonial coactiva derivada de una concesión administrativa de interés público de aprovechamiento o explotación de un bien del dominio directo de la nación, para el uso, aprovechamiento y explotación del espacio aéreo territorial donde se propagan las ondas electromagnéticas.

El pago es legal, puesto que para serlo requiere de la existencia de una obligación tributaria que haya sido determinada y líquida; también que se cumpla con el principio de identidad, lo que significa que debe cumplirse con la prestación que es objeto de la obligación tributaria y no otra, tal es el caso de que la deuda tributaria haya sido establecida en dinero o especie por ley. El pago en especie de los tiempos de Estado está sujeto al principio ex lege, como es el expreso caso del artículo 59 de la ley del ramo. De acuerdo además con el principio de identidad, el legislativo, a través de una ley, es el único que puede permitir el pago en especie y de forma excepcional como ocurre aquí.

El otorgamiento de esta prestación patrimonial coactiva al Estado asume la forma de pago en su modalidad de aprovechamiento. También, se vincula positivamente con el principio de igualdad, puesto que lo pagan todos los concesionarios por igual. Por otra parte, la doctrina reconoce distintas formas de extinción de la obligación tributaria: el pago, la compensación, la confusión, la condonación, la pérdida de la cosa sin culpa del deudor, la consignación, la adjudicación de los bienes mediante subasta y la prescripción.

Este pago es constitucional porque es un tributo ex lege que al posibilitar el ahorro de recursos económicos al Estado en el pago de tiempos de transmisión por el que los concesionarios podrían comercializar, se considera un deber de colaboración con la hacienda pública.

Distribuir el tiempo de estado: facultad de la Cámara de Diputados

En ese orden de ideas, corresponde a la Cámara de Diputados distribuir no sólo el tiempo fiscal, establecido en la “Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos” de 1968; sino también establecer la asignación del tiempo de Estado a que se refiere el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74, fracción IV, previene que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; señalando además que toda aportación que bajo las diversas figuras tributarias ingresan al erario o al patrimonio público, debe destinarse a cubrir las necesidades del Estado.

Luego entonces, los tiempos oficiales, “fiscal y de Estado”, otorgados por los medios concesionados son un ingreso en especie que, basado en la ley, contribuye al mantenimiento del gasto del Estado.

En ese contexto, esta soberanía debe, bajo parámetros de proporcionalidad, equidad y descentralización, distribuir entre los poderes públicos y los órganos constitucionales autónomos, los tiempos gratuitos de transmisión en medios, que por las obligaciones legales antes expuestas, otorgan las estaciones de radio y televisión al Estado, con lo que se propiciaría un mejor beneficio social en la utilización de los espacios públicos en los medios; se alcanzaría una mayor eficiencia en el grado de utilización de los tiempos oficiales disponibles, así como un mayor grado de eficacia comunicacional; se abatiría sustantivamente la discrecionalidad del manejo gubernamental de un bien público que corresponde al conjunto del Estado; se mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas públicas, y; se restablecería la competencia constitucional de la Cámara de Diputados en la asignación republicana de un bien intangible de la nación.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a fin de que incluya en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, la distribución de los “tiempos de estado” cubiertos por las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, en los términos siguientes:

Artículo 20. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades podrán destinar recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión, siempre y cuando hayan solicitado en primera instancia los tiempos que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan al amparo de concesiones federales para el uso, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio directo de la nación y dichos tiempos no estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada.

En las entidades federativas en donde se lleven a cabo elecciones, no podrán realizarse erogaciones de comunicación social, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial. Se exceptúan de lo anterior las erogaciones en materia de servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia, las cuales se sujetarán a los mecanismos de supervisión de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, deberán observar lo dispuesto en los artículos 41, fracción III, Apartado C, segundo párrafo y 134, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto a la limitación para difundir en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, observando lo dispuesto en el párrafo segundo de este artículo y previendo lo dispuesto en el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, supervisará la administración y distribución de los tiempos oficiales que por ley otorgan al Estado las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal, denominados tiempo fiscal y tiempo de Estado. Dicha distribución se realizará en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Ejecutivo federal; 30 por ciento al Poder Legislativo, tiempos que se distribuirán en partes iguales a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores; 10 por ciento al Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos.

La Secretaría de Gobernación conforme a lo previsto en el párrafo segundo de este artículo dará seguimiento a la utilización de los tiempos fiscales. Asimismo, estará facultada para reasignar estos tiempos cuando no hubieren sido utilizados con oportunidad o se encuentren subutilizados, de conformidad con las disposiciones generales que al efecto emita. Las reasignaciones se ajustarán a la proporción prevista en este artículo.

Con base en lo anterior, la Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre la utilización de los tiempos fiscales, así como sobre las reasignaciones que, en su caso, realice.

Los programas de comunicación social y las erogaciones que con base en estos programas realicen las dependencias y entidades deberán ser autorizados por la Secretaría de Gobernación en el ámbito de su competencia, de conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto publique en el Diario Oficial de la Federación.

Todas las erogaciones que conforme a este artículo realicen las entidades deberán ser autorizadas de manera previa por el órgano de gobierno respectivo o su equivalente.

Durante el ejercicio fiscal no podrán realizarse ampliaciones, traspasos de recursos de otros capítulos o conceptos de gasto al concepto de gasto correspondiente a servicios de comunicación social y publicidad de los respectivos presupuestos ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo cuando se trate de mensajes para atender situaciones de carácter contingente, se requiera para promoción comercial de las entidades para que generen mayores ingresos y los que deriven de los ingresos excedentes que obtenga el Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios migratorios. En dichos supuestos se requerirá, de manera previa, que las modificaciones correspondientes sean autorizadas por la Secretaría de Gobernación para ser incluidas en los programas de comunicación social y la autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Gobernación informará a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en la que las dependencias y entidades cuenten con los recursos autorizados, sobre las razones que justifican la ampliación, traspaso o incremento de recursos, así como sobre su cuantía y modalidades de ejercicio.

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, remitirá a la Cámara de Diputados un informe que contenga la relación de todos los programas y campañas de comunicación social, desglosadas por dependencias y entidades, así como la programación de las erogaciones destinadas a sufragarlos. Asimismo, deberá contener la descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de tiempos oficiales. Dicho informe deberá presentarse una vez autorizados los programas de comunicación correspondientes.

Los programas y campañas de comunicación social se ejecutarán con arreglo a las siguientes bases:

I. Los tiempos oficiales sólo podrán destinarse a actividades de difusión, información o promoción de los programas y acciones de las dependencias o entidades, así como a las actividades análogas que prevean las disposiciones aplicables;

II. Las dependencias y entidades no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la dependencia o entidad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social. Los medios de difusión del sector público podrán convenir con los del sector privado la prestación recíproca de servicios de publicidad;

III. Las erogaciones realizadas en materia de comunicación social se acreditarán con órdenes de transmisión, en las que se especifique la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, destinatarios, cobertura y las pautas de difusión en medios electrónicos.

Para medios impresos se acreditará con órdenes de inserción, en las cuales se deberá especificar la tarifa convenida, concepto, descripción del mensaje, destinatarios, la cobertura y circulación certificada del medio en cuestión;

IV. Las dependencias y entidades, previo a la contratación de servicios de producción, espacios en radio y televisión comerciales, deberán atender la información de los medios sobre cobertura geográfica, audiencias, programación y métodos para medición de audiencias, así como su capacidad técnica para la producción, postproducción y copiado. La Secretaría de Gobernación dará seguimiento a la inclusión de los medios públicos en los programas y campañas de comunicación social y publicidad de las dependencias y entidades, y

V. La publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de los programas sujetos a reglas de operación deberá incluir, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. En los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. Para lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio. En ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda.

La Secretaría de Gobernación informará bimestralmente a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Función Pública sobre la ejecución de los programas y campañas de comunicación social, así como sobre el ejercicio de las erogaciones a las que se refiere el presente artículo. Dichos informes deberán contener, al menos, lo siguiente: monto total erogado por dependencia y entidad, empresas prestadoras de los servicios y tiempos contratados, fiscales y de Estado utilizados por cada dependencia y entidad.

El gasto en comunicación social aprobado en este Presupuesto deberá destinarse, al menos, en un 5 por ciento a la contratación en medios impresos, conforme a las disposiciones aplicables.

En el Informe de Avance de Gestión Financiera a que se refiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se deberá dar cuenta del ejercicio de estos recursos.”

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de noviembre de 2010.

Diputado Carlos Flores Rico