De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, recibida por esta Cámara de Diputados de la Cámara colegisladora, en fecha 7 de septiembre de 2010.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 62 y 63 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 7 de septiembre de 2010, los Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. El antecedente histórico de la minuta de referencia es el siguiente:

1. En fecha 25 de noviembre de 2008, el senador Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, la cual fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

2. Seguido su trámite legislativo, en fecha 22 de abril de 2010, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones, la iniciativa referida por 79 votos a favor y 10 en contra, enviándose la minuta a esta Cámara de Diputados para continuar con el trámite legislativo.

3. En fecha 7 de septiembre de 2010, el pleno de la Cámara de Diputados resolvió enviar a esta Comisión de Economía para su estudio y dictaminación correspondiente, la minuta de referencia.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía es competente para conocer la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública.

Segunda. Que el dictamen con el cual el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la minuta, establece lo siguiente:

“...Las comisiones desean expresar de manera previa al análisis pormenorizado de esta iniciativa, su convicción de que las reformas que permitan incrementar la competitividad, en este caso las vinculadas con la agilización de los trámites para abrir y operar negocios, un mejor y más económico acceso a los servicios de fedación pública y la vigencia del Estado de Derecho, deben ser impulsadas en el Poder Legislativo, cuidando que las mismas sean siempre coherentes con el conjunto del sistema jurídico vigente en México.

En esta virtud, a continuación se realiza un análisis de cada una de las modificaciones y adiciones propuestas en la presente iniciativa.

Primero. Cambio de denominación de la Ley

La iniciativa contempla modificar la denominación de la Ley Federal de Correduría Pública por Ley General de Correduría Pública y Fedación Federal.

Al respecto, en cuanto a la denominación “Ley General” en diversas tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha considerado que las “Leyes Generales” son aquellas cuyo objeto es la distribución de competencias en materias concurrentes, es decir aquellas en las que los Estados y la Federación acuden al ejercicio de una misma atribución y, no se estima que la correduría pública sea una facultad concurrente, toda vez que su materia, en el orden mercantil corresponde a las atribuciones del Poder Legislativo Federal, contenidas en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto una de las tesis referidas, establece:

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”, también lo es que el órgano reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado “facultades concurrentes”, entre la Federación, las entidades federativas y los municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII, y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero, y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero, y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de diciembre de dos mil uno.

Por otra parte, no existe una atribución expresa para que el Congreso de la Unión legisle sobre la fedación pública en sentido amplio y para todo el país, como lo ha estimado también la Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2002 en la cual asienta: “que del examen de las facultades expresamente otorgadas al Congreso de la Unión en la Constitución se desprende que no se contempla la función notarial, de ahí, que conforme al principio de distribución de competencias consagrado en el artículo 124 es inconcuso que corresponda a las entidades federativas esta atribución.”

Este razonamiento es congruente con el contenido del artículo 121 de la propia Constitución, que señala la obligación de los estados de la Federación de dar entera fe y crédito a los actos públicos, registrales y procedimentales de los otros Estados, lo que implica, en base a la distribución de atribuciones contenida en la Constitución, que estas facultades están reservados a la legislación estatal.

En este sentido, el Constituyente Permanente ratificó esta distribución de atribuciones de la fe pública entre la Federación y las entidades federativas, al expedir en 1996 la reforma al artículo 122 constitucional y señalar expresamente en la Base Primera, fracción V, inciso h) del mismo la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para normar lo relativo al notariado.

En este orden de ideas y dado lo previsto en el artículo 124 constitucional, que expresa que las facultades no expresamente concedidas por la Carta Magna a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, no se considera procedente ni necesario el cambio de denominación a “Ley General” ni el relativo a “Fedación Federal” por ser las atribuciones de fe pública concedidas de manera diversa a los Poderes Legislativos de la Federación y a las entidades federativas, en la materia mercantil para el primero y en el resto de las materias para éstos últimos.

Segundo. Propuesta de reformas al artículo 1

La iniciativa contempla ajustar la redacción del actual artículo 1, adicionando que el objeto de la ley es regular la función del corredor público “y a la correduría pública en general” así como agregar que la observancia de la ley debe ser “general” en toda la República.

Al respecto, estas comisiones consideran innecesarias estas adiciones, pues no implican modificaciones en el contenido, significado y alcance del actual artículo 1, que ya indica la materia y el ámbito de aplicación de este cuerpo normativo.

Tercero. Reformas al artículo 2

Tiene el propósito de sustituir en el primer y segundo párrafo, la denominación de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por la de Secretaría de Economía.

Estas comisiones consideran procedente la referida propuesta.

Cuarto. Reformas al artículo 3

En el artículo 3 la iniciativa propone adicionar la fracción I de las atribuciones de la Secretaría de Economía para quedar de la siguiente manera (se destacan las modificaciones propuestas con negritas):

“I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como fedatarios públicos, y como auxiliares de la administración de justicia, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;”

Sobre el particular, se considera procedente precisar la actual atribución de la Secretaría de Economía para asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos como fedatarios públicos, siendo que esta es una actividad importante que realizan cotidianamente.

Por otra parte, en lo referente en su carácter de auxiliares en la administración de justicia, no se considera procedente su inserción en este artículo, pues el mismo no es el que precisa facultades de los corredores y, adicionalmente, tampoco se considera necesario aclarar que los mismos son auxiliares en la administración de justicia, siendo que su participación en actos jurídicos en su carácter de fedatarios públicos es suficiente para que los documentos que emite sean reconocidos por su carácter público por las autoridades competentes, tales como pueden ser documentales públicas o pruebas periciales.

Estas facultades están ya inscritas en el marco de atribuciones de los corredores y en los distintos cuerpos normativos de carácter procedimental, por lo que no se considera necesaria esta adición.

Quinto. Reforma y adición al artículo 4

La iniciativa propone adicionar dos párrafos (segundo y tercero) al artículo 4, para quedar como sigue:

“Artículo 4. Para efectos de la presente ley, el territorio nacional se divide en plazas: una por cada estado y otra por el Distrito Federal.

Serán plaza de libre ejercicio para los corredores aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza su jurisdicción.

Cuando los corredores públicos actúen como fedatarios en plaza distinta a la suya, de conformidad con el párrafo anterior, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos en que otorguen su fe pública.”

Al respecto, estas comisiones consideran que las propuestas generarían confusión respecto al ámbito territorial en el que los corredores pueden ejercer sus funciones, pues de la redacción de la misma se desprende que los corredores públicos podrían libremente ejercer en todo el territorio nacional, rompiendo entonces con el sistema de plazas al que hace referencia el propio encabezado del artículo 4°.

Conforme al artículo 5º, ya se prevé la posibilidad de que los corredores actúen fuera de su plaza cuando no actúen como fedatarios públicos. En este sentido, bajo el esquema actual, los corredores pueden efectivamente ejercer sus funciones en los lugares en que la Federación tenga competencia y ejerzan su jurisdicción.

No obstante lo anterior, estas comisiones toman en consideración el comentario del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, AC, en relación a que “lo que se pretendió con esta reforma es dar certeza a las actuaciones que los corredores públicos, en su carácter de fedatarios habilitados por la Federación, realicen en zonas de la jurisdicción exclusiva de la Federación. Al momento solo puedan dar fe en dichas zonas, y respecto de las materias de su competencia, el Ministerio Público Federal”.

Por lo anterior estas comisiones consideran pertinente adicionar un segundo párrafo al artículo 4º para prever la posibilidad anotada, delimitando de manera expresa la materia a la que se refiere la presente Ley, para quedar como sigue:

Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, sólo en las materias en que esta ley los autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.

Sexto. Reforma al artículo 5

La iniciativa propone la reforma del artículo 5 para quedar como sigue:

“Artículo 5. Los corredores públicos podrán ejercer sus funciones fuera de la plaza respectiva. Cuando actúen como fedatarios lo podrán hacer únicamente dentro de la plaza para la que fueron habilitados, o en los lugares o territorios de la jurisdicción o competencia Federal a que se refiere el artículo 4° de esta ley, aunque los actos que se celebren ante su fe podrán referirse a cualquier otro lugar.

El corredor sólo podrá cambiar de plaza previa autorización de la Secretaría.”

Sobre el particular, estas comisiones consideran que por las mismas razones que se estimaron en el análisis de la propuesta de adición al artículo 4° es innecesaria la adición propuesta para este artículo.

Por lo que hace a derogar el segundo párrafo que contempla la posibilidad de que el corredor pueda cambiar de plaza, previa autorización de la Secretaría (que en el proyecto de decreto contenido en la iniciativa no aparece) tampoco se considera conveniente pues dejaría un vacío legal y la imposibilidad de regular la asignación de las plazas a los corredores por parte de la Secretaría de Economía.

Séptimo. Reformas al artículo 6, fracciones V, VI, VII y último párrafo

La iniciativa propone reformar este artículo que establece las atribuciones del corredor público, en sus fracciones V, VI, VII y último párrafo del artículo, para quedar como sigue:

“Artículo 6. Al corredor público corresponde:

I. Actuar como agente mediador, para transmitir e intercambiar propuestas entre dos o más partes y asesorar en la celebración o ajuste de cualquier contrato o convenio de naturaleza mercantil;

II. Fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración, por nombramiento privado o por mandato de autoridad competente;

III. Asesorar jurídicamente a los comerciantes en las actividades propias del comercio;

IV. Actuar como árbitro, a solicitud de las partes, en la solución de controversias derivadas de actos, contratos o convenios de naturaleza mercantil, así como las que resulten entre proveedores y consumidores, de acuerdo con la ley de la materia;

V. Actuar como fedatario público para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos contemplados en la legislación federal expedida por el Congreso de la Unión, así como para hacer constar los contratos, convenios y actos jurídicos que le autoricen las leyes locales; cuando el acto jurídico de que se trate implique la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, éste se formalizará mediante póliza;

VI. Actuar como fedatario público para hacer constar hechos jurídicos en general;

VII. El cotejo y certificación de las copias de documentos que haya tenido a la vista independientemente de su naturaleza; y

VIII. Las demás funciones que le señalen ésta y otras leyes o reglamentos.

Las funciones que se establecen en las fracciones I, II, III, y IV, se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, y no se consideran exclusivas de los corredores públicos.”

Sobre el particular, conviene destacar que las fracciones referidas fueron reformadas en el año 2006 por el legislador federal con el propósito de definir con claridad y dar plena certidumbre y fundamento a las facultades de los corredores públicos generando claridad y eficacia en su actuación, buscando con ello actualizar su campo de acción.

Respecto a la modificación propuesta a la fracción V del artículo 6, en el sentido de permitir a los corredores públicos intervenir en todas las materias legisladas por el Congreso de la Unión, estas comisiones consideran que tal reforma podría interpretarse de forma errónea y generar la intervención de los corredores en materias ajenas a lo mercantil, que es la esencia sobre la cual está fundamentada la facultad del legislador federal en la materia.

Habría que advertir además que los corredores que actualmente se encuentran habilitados han demostrado alta capacidad de conocimientos en materia mercantil por el procedimiento de selección que llevan a cabo, pero no han aprobado rigurosos exámenes en otras materias, lo que también podría resultar inconveniente, dejando a salvo las consideraciones sobre la constitucionalidad de la propuesta.

Por lo que hace a la posibilidad de intervenir en los actos jurídicos que les autoricen las leyes locales, no se encuentra en el marco jurídico regulatorio actual ninguna imposibilidad de que, siendo autorizados por legislaciones locales, intervengan conforme al imperio de las mismas, por lo que no se considera necesaria dicha adición en el texto de esta ley federal.

Adicionalmente la propuesta de redacción de la fracción V, elimina la excepción que tienen los corredores públicos para intervenir en cuestiones vinculadas con bienes inmuebles. Estas comisiones consideran, como ha sido debatido y ratificado por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la materia inmobiliaria corresponde al ámbito civil y en consecuencia está reservado a la potestad legislativa de las entidades federativas de la unión, según lo prevé expresamente el artículo 121 constitucional en su fracción II: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación;”.

Por lo anterior, al no existir disposición expresa que permita al legislador federal normar esta actividad, de aprobarse esta propuesta se estima que podría interpretarse como afectada de inconstitucionalidad, lo que también implicaría un retroceso en la regulación de los servicios que presta el Corredor Público, en perjuicio de la sociedad que requiere de los mismos.

Estas comisiones no omiten la reflexión sobre la naturaleza mercantil que en ocasiones conllevan las transacciones que pueden tener efecto sobre bienes inmuebles, sin embargo estas no son suficiente argumento para considerar aprobar una legislación que pudiere interpretarse contraria al texto constitucional y que en consecuencia afectaría seriamente la seguridad y certeza jurídica a que los ciudadanos tienen derecho y cuya promoción es obligación indubitable de los legisladores federales y de cualquier servidor público.

En este sentido, conforme a los artículos 78 y 79 del Código de Comercio, las convenciones mercantiles son fundamentalmente de carácter consensual, no requieren para su validez de formalidades determinadas, pero remite a la ley civil cuando tales convenciones requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia.

Asimismo, la Ley General de Bienes Nacionales, al regular los bienes inmuebles de naturaleza federal a que se refiere el artículo 132 de la Constitución Política establece que en cuanto a la formalización de los actos adquisitivos y traslativos de dominio, se deberán satisfacer los requisitos que establezcan las leyes locales para su validez.

Sobre este mismo aspecto, se transcribe la siguiente tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Tesis jurisprudencial 105/2005

“PROTECCION AL CONSUMIDOR, EL ARTICULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO PUGNA CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR EN MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y DE BIENES INMUEBLES” (JURISPRUDENCIA). Si bien es cierto que el citado dispositivo impide que surta efectos en contra del consumidor un contrato relacionado con viviendas destinadas a casa habitación o de tiempo compartido, cuando el proveedor no lo registró previamente ante la Procuraduría Federal del Consumidor, también lo es que ello no pugna con la facultad exclusiva de los estados y del Distrito Federal para legislar en materia contractual civil y de bienes inmuebles. Ello es así, porque el artículo ochenta y siete de la Ley Federal de Protección al Consumidor contiene una regulación específica de la materia mercantil y de protección al consumidor, ambas de carácter federal, referida a los acuerdos de voluntades entre proveedores y consumidores sobre la venta de los inmuebles indicados y, en ese orden, no es posible contrastarlo con el diverso ciento veintiuno, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que ambos aluden a cuestiones diversas; por un lado, la norma federal sobre la materia de protección al consumidor regula una obligación a cargo de comerciantes y, por otro, la norma sobre la materia de bienes inmuebles dispone que éstos se rigen por la ley del lugar donde se encuentran. Además, tampoco se vulnera la facultad de legislar en la materia contractual civil de las entidades federativas y del Distrito Federal, pues el citado artículo ochenta no rige tal materia, sino que se limita a imponer obligaciones a quien tiene el carácter de proveedor, esto es, alguien con la calidad de comerciante y que, por ello, está sujeto a las normas federales, tanto en materia de comercio como de protección al consumidor”.

Estas comisiones estiman y tienen a la vista la reiterada argumentación e iniciativas que sobre el particular se han hecho valer por diversos actores, abogados y corredores públicos sobre la necesidad de reformar la normatividad para permitir la intervención de estos últimos en los actos jurídicos vinculados a inmuebles y en el otorgamiento de poderes vinculados al contrato de mandato.

También han analizado los criterios que los tribunales han seguido al resolver controversias que involucran esta intervención, como las siguientes:

Tesis aislada 2706/1996

“FACULTAD DE LA LEGISLATURA LOCAL PARA ESTABLECER LA FORMA PARA LA GARANTIA HIPOTECARIA CORREDORES PUBLICOS. FALTA DE LEGITIMACION PARA IMPUGNAR EL ARTICULO 468 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL. La reforma al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, relativa a su numeral 468, dispone que la norma va dirigida a todos aquellos que constituyan, amplíen, dividan, registren o cancelen una hipoteca, así como los requisitos que éstos deban cumplir para tramitar la vía especial hipotecaria; es decir, el ordenamiento establece legítimamente el derecho a personas físicas y morales que se ubiquen en la constitución o tramitación de hipotecas, para ejercer la acción de amparo; por ello, es incuestionable que los quejosos carecen de legitimación para impugnar la reforma al artículo en cuestión, en su calidad de corredores públicos, al reclamar dicho precepto en su carácter de auto aplicativo y derivar la inconstitucionalidad del hecho de que con su sola vigencia se limita o restringe el ejercicio profesional de los corredores públicos y que, en términos de la fracción V del artículo sexto de la Ley Federal de Correduría Pública, no les afecta su interés jurídico, porque no son sujetos de la norma ni les restringe el ejercicio de fedatarios públicos en actos y hechos mercantiles.”

Tesis jurisprudencial 64/2009

“INTERES JURIDICO EN EL AMPARO.- LA POLIZA EXPEDIDA POR UN CORREDOR PUBLICO EN LA QUE CONSTA EL PAGO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA EMPRESA CON LA APORTACION DEBIENES INMUEBLES, POR SI SOLA ES INEFICAZ PARA ACREDITARLO. Acorde con el artículo dieciocho de la Ley Federal de Correduría Pública, los actos jurídicos, convenios o contratos mercantiles en los que puede intervenir el corredor público como fedatario se hacen constar en un instrumento denominado póliza. Por otro lado, los artículos sexto, fracción quinta, y vente, fracción once, de dicha Ley, y el numeral cincuenta y tres, fracción primera, de su Reglamento prohíben al corredor público actuar como fedatario en actos jurídicos no mercantiles, en tratándose de inmuebles, así como dar fe de hechos que no se consideren de naturaleza mercantil. Así, resulta evidente que los corredores públicos están impedidos para dar fe de la enajenación de inmuebles aportados para el pago de acciones del capital de una sociedad mercantil y, por tanto, al expedir una póliza tocante a esa operación se excederían en la esfera competencial de sus atribuciones. En ese sentido, se concluye que la póliza expedida por un corredor público en la que consta el pago de acciones de capital social de una empresa con aportaciones de bienes inmuebles, por sí sola es ineficaz para acreditar el interés jurídico en el amparo solicitado contra el embargo de tales inmuebles, ya que no es apta para demostrar su titularidad. En efecto, conforme a los artículos ciento veintinueve y doscientos dos del Código Federal de Procedimientos Civiles la indicada póliza, en lo relativo a la referida enajenación, no puede considerarse un documento público que haga prueba plena, sino que sólo constituye un documento privado que no prueba fehacientemente los hechos declarados en él, según los artículos ciento treinta y tres y doscientos tres del citado Código, en tanto que la circunstancia de haberlo expedido quien carecía de facultades legales para ello imposibilita determinar irrefutablemente si la reclamación constitucional se deriva de actos anteriores o posteriores a la ejecución del embargo.”

Del mismo modo, las comisiones han analizado la reflexión contenida en la iniciativa sobre la estructura constitucional mexicana y la interpretación del artículo 121, en el sentido de que las leyes federales pueden aplicarse en las entidades federativas en las materias atribuidas por la Constitución a los Poderes Federales, sin embargo, en las resoluciones jurisdiccionales que se han analizado y citado antes, relacionadas con el tema que nos ocupa, la Suprema Corte ha concluido que la regulación de la materia inmobiliaria se encuentra reservada a los estados, comprendida en la materia civil local.

Teniendo a la vista estos antecedentes, estas comisiones consideran que la interpretación referida por el senador promovente no sería convalidada por los tribunales de suscitarse controversias como las que ya se han dado en este tenor, exponiendo así a los particulares a que los actos jurídicos que se pudieren derivar de aprobarse esta propuesta sean controvertidos ante los tribunales y calificados de inválidos por ser contrarios a la Constitución o bien, provocar el inicio de controversias constitucionales por parte de las entidades federativas, que podrían devenir también en incertidumbre jurídica para los ciudadanos, con los altos costos que implicarían para ellos y para el Estado.

Al mismo tiempo, estas comisiones reiteran que han analizado el significado que una propuesta de esta naturaleza puede tener para mejorar la competitividad en el ámbito de la fedación pública y para propiciar un mejor desarrollo económico, sin embargo, este propósito no puede materializarse en una acción legislativa que pudiera ser calificada como contraria a la Constitución.

Por ello, estiman que para darle plena solidez jurídica y coherencia con el sistema jurídico mexicano y evitar las posibles controversias anotadas, estas reformas deberían ser propuestas al Constituyente Permanente y no al legislador ordinario.

Por otro lado, la reforma a la fracción VI tiene propósito de que el corredor público pueda hacer constar hechos jurídicos en general, suprimiendo las limitaciones al ámbito mercantil que actualmente señala tal fracción:

“VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica;”

En este sentido, operan las mismas argumentaciones que se han hecho previamente, relativas a ampliar el ámbito de facultades del corredor público más allá de la materia mercantil, y se considera que la fedación debe de circunscribirse única y exclusivamente para los efectos y la materia consignada en la presente ley, acorde a las atribuciones del legislador federal, por lo que en todo caso, se sugiere su modificación para quedar: “Actuar como fedatario público para hacer constar cualquier hecho jurídico o relacionado con los efectos y la materia consignada en la presente ley”.

Al respecto, se cita enseguida una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculada con este tema, destacándose lo conducente, y que en su momento fue considerada por esta soberanía al aprobar las reformas a la Ley Federal de Correduría Pública de 2006, por establecer que los corredores públicos no están facultados para dar fe del otorgamiento de poderes o mandatos, por ser actos jurídicos de naturaleza civil, la cual corresponde legislar de forma exclusiva a las legislaturas locales:

Tesis jurisprudencial 113/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“CORREDORES PÚBLICOS. ESTÁN FACULTADOS PARA DAR FE DE LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y DE LAS FACULTADES DE QUE ESTÉN INVESTIDOS (REPRESENTACIÓN ORGÁNICA), CUANDO SE OTORGUEN EN LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE AQUELLAS. Conforme a los artículos 6°, fracciones V y VI, de la Ley Federal de Correduría Pública y 54 de su Reglamento, a los corredores públicos corresponde actuar como fedatarios para hacer constar los contratos, convenios, actos y hechos de naturaleza mercantil (excepto en tratándose de inmuebles), así como en la constitución, modificación, fusión, escisión, disolución, liquidación y extinción de sociedades, en la designación de sus representantes legales y facultades de que estén investidos, y en los demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora bien, si se toma en cuenta que la representación orgánica comprende actos como el nombramiento y facultamiento de los órganos de representación de las sociedades mercantiles (Consejo de Administración, Administradores o Gerentes), por ser éstos quienes en términos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles representan orgánicamente a la empresa, es indudable que los corredores públicos están autorizados para certificar tales actos; sin embargo, no están facultados para dar fe del otorgamiento de poderes o mandatos, los cuales son actos jurídicos de índole civil regulados por la legislación común, pues el mandato es un contrato previsto en los Códigos Civiles de todas las entidades federativas del país y que implica un acto de representación voluntaria, en tanto que encuentre su fuente en la voluntad de las partes y se confiere precisamente a través del otorgamiento de un poder; de ahí que las pólizas y actas expedidas por los corredores públicos en que hagan constar la designación y facultades de representación de las sociedades mercantiles (representación orgánica), deberán admitirse para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre y cuando dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales y se trate de actos exclusivamente de carácter mercantil.”

Por otra parte, en lo relativo a la reforma a la fracción VII, promueve que el corredor público pueda fungir como prestador de servicios de certificación de cualquier tipo, independientemente de su naturaleza, fuera de las limitaciones que señala la referida fracción en su texto vigente:

“VII. Cotejar y certificar las copias de las pólizas o actas que hayan sido otorgadas ante ellos, así como de los documentos que hayan tenido a la vista que sean de los referidos en los artículos 33 a 50 del Código de Comercio, y...”

Sobre el particular, estas comisiones consideran que ampliar la facultad de certificación fuera de los supuestos que actualmente prevé la propia fracción podría igualmente devenir en controversias sobre la validez de los mismos, bajo los argumentos previamente anotados y de conformidad a la interpretación que el máximo tribunal ha hecho en las resoluciones antes citadas.

Por lo que se refiere a la reforma del último párrafo al artículo 6º, estas comisiones no consideran conveniente dichas modificación, pues es importante prever tal y como lo hace el texto vigente, que todas las funciones contempladas en este artículo no son exclusivas de los corredores públicos, y tal como se plantea en la redacción propuesta que las fracciones I, II, III y IV “no se consideran exclusivas de los corredores públicos”, dejaría fuera las fracciones V, VI, VII y VIII, lo que podría interpretarse a “contrario sensu” como facultades exclusivas de los mismos.

Octavo. Adición al artículo 7

Mediante una adición al artículo 7, se pretende incluir que la sanción por infracción a este precepto será sin perjuicio de las sanciones previstas en la legislación de la entidad federativa donde se realice dicha conducta y que en caso de tratarse de profesionistas o agentes de ventas, además se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 250 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 7. Sólo podrán ostentarse como corredores las personas habilitadas por la Secretaría, en los términos de esta ley. La infracción a este precepto será sancionada con una multa hasta por el equivalente a 500 veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, monto que podrá imponerse diariamente mientras persista la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte y sin perjuicio de las sanciones previstas en la legislación de la entidad federativa donde se realice dicha conducta. En caso de tratarse de profesionistas o agentes de ventas, además se les aplicarán las sanciones previstas en el artículo 250 del Código Penal Federal.

Al respecto, estas comisiones consideran que no es necesaria dicha adición pues en la parte final del artículo vigente se prevé que las sanciones administrativas previstas en el mismo son “sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte” lo que se entiende aplicable a cualquier persona y en los tipos penales que consignen los ordenamientos tanto federal como los de la entidad federativa donde se pudiere realizar esa conducta.

Noveno. Reformas al artículo 16

Respecto a la reforma del artículo 16 de la iniciativa pretende realizar las siguientes adiciones:

Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.

El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

Cabe señalar que si bien no existe inconveniente en realizar esta reforma y adición, la Secretaría de Economía expresó en su opinión su pretensión de buscar la regulación de ese libro especial en forma electrónica para facilitar la vigilancia y control de los mismos, garantizar la eficacia de los servicios y poner a la vanguardia a la correduría pública.

Por lo antes expuesto, estas comisiones consideran agregar un tercer párrafo a la propuesta que permita a la Secretaría en comento realizar de mejor manera las funciones descritas y que facilite el control y revisión de los registros correspondientes, en el siguiente tenor:

“Además de los libros descritos, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características que se determinen en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.”

Décimo. Reformas al artículo 18

Por su parte, la propuesta de reforma al artículo 18 propone la siguiente redacción:

Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.

Acta es la relación escrita de un hecho jurídico.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.

Al respecto, se advierte que se suprime la naturaleza mercantil de los actos jurídicos en los que interviene el corredor, ampliando las definiciones correspondientes a cualquier ámbito, al respecto, estas comisiones consideran convenientes los cambios previstos para hacerlos acordes a la fracción VIII del artículo 6º vigente de la ley, pero agregando la frase “en los que estén autorizados a intervenir.” para limitar las actuaciones a las materias previstas en las leyes federales, garantizando así la legalidad de los mismos.

Undécimo. Modificaciones al artículo 19

La iniciativa prevé realizar reformas al artículo 19 para quedar como sigue:

Artículo 19. Las pólizas y actas a que se refiere el artículo anterior deberán:

I. a IV. ...

V. Elaborarse en español.

Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente;

Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas en cuyo caso el corredor no incurrirá en responsabilidad cuando las partes le declaren que conocen y entienden el contenido del documento.

VI. a XIII. ...

Se considera procedente la modificación al primer párrafo de la fracción V del artículo 19, para suprimir la referencia de que los documentos presentados en idioma extranjero también deban elaborarse en español y permitir las excepciones referidas a términos de ciencia y arte, así como nombres y marcas, ajustándose a la realidad comercial actual.

Sin embargo, respecto al supuesto considerado en el segundo párrafo que se propone adicionar a dicha fracción, en el sentido de no requerir traducción cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos, aspecto que se considera modificar para garantizar la plena seguridad jurídica de las partes y del propio corredor, agregando al final del mismo la frase “siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo.”

Duodécimo. Modificaciones al artículo 20

En relación a las modificaciones a la fracción V del artículo 20, que señala las prohibiciones a los corredores públicos, no se estima conveniente establecer al corredor público la prohibición de ser notario, en virtud de que hay leyes locales que no consideran incompatibilidad entre ambas funciones y pueden existir licenciados en derecho que ejercen la fe pública como notarios y como corredores públicos, habiendo acreditado los requisitos y capacidades correspondientes, es decir, se estima que no hay contraposición entre la naturaleza de la función del notario y del corredor.

Por otra parte, la reforma propuesta a la fracción XI, no se considera adecuada porque implica otorgarles a los corredores públicos facultades para actuar como fedatarios en todas las materias, excepto en lo que expresamente les esté prohibido, siendo el caso que por su naturaleza sólo deben actuar en aquellas materias y casos que las leyes les permiten.

En relación con la fracción XII, estas comisiones no consideran conveniente derogarla toda vez que la misma permite afianzar la seguridad jurídica de todos los actos en los que los mismos intervienen.

Décima Tercera. Modificaciones al artículo 21

No es procedente la propuesta incluida en la iniciativa para suprimir la fracción XII contenida en la hipótesis prevista por el artículo 21, fracción II, por ser las consideraciones vertidas en el duodécimo punto de este dictamen.

Décima Cuarta. Adición de un artículo 24

La iniciativa propone la adición de un artículo 24 para incluir tipos penales vinculados con la función de los corredores públicos, a saber:

Artículo 24. Se impondrá pena de tres a seis años de prisión, y multa de entre 500 a 10,500 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurra:

I. A toda aquella persona que a sabiendas, presente documentación falsificada o rinda información falsa a un corredor público, que sirva como antecedente para el otorgamiento de un instrumento u otro documento expedido en ejercicio de sus funciones.

II. A toda aquella persona que sin motivo fundado niegue la validez o fuerza probatoria de los instrumentos públicos otorgados ante corredor público; la sanción se duplicará en caso de que el infractor o su representante tenga título de licenciado en derecho o abogado.

III. Al solicitante de un avalúo que, a sabiendas, presente documentación falsificada o rinda información falsa a un corredor público, que sirva como antecedente para la formación del documento;

IV. A todo aquel que produzca instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que por virtud de la ley requieran otorgarse ante Corredor Público para su validez.

Al respecto, cabe señalar que la conducta de falsificación de documentos, sean estos públicos o privados, se encuentra tipificada en el Código Penal Federal, en su artículo 243:

Artículo 243. El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de multa. En el caso de documentos privados, con prisión de tres a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa.

Por su parte, la fracción VI pretende tipificar la conducta de producir instrumentos públicos en los que consten actos jurídicos que por virtud de la ley requieran otorgarse ante Corredor Público para su eficacia, se considera que estas conductas son cuestiones de incumplimiento de formalidades por lo que se sugiere que la sanción para estas debe ser de tipo administrativa y no de carácter penal.

Actualmente, la actuación de fedatarios públicos se encuentra tipificada en el Código Penal Federal es la de que: “el notario o cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus funciones expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos”, la cual será acreedora a una pena similar a la prevista en el artículo 243.

Por otra parte, no sería congruente con el contenido del artículo 6°, ya que las facultades en fe pública previstas en dicho artículo “no son exclusivas de los corredores públicos”. Además, se generaría un “conflicto de normas” porque existen ordenamientos federales y locales que facultan a otros fedatarios a intervenir en materias en que actúan corredores públicos.

Por lo anterior, estas comisiones consideran no procedente la adición del referido artículo.

Décima Quinta. Adición de un artículo 25

Mediante una adición de un artículo 25, la iniciativa incluye la obligación a las autoridades de prestar auxilio al Corredor Público que así lo solicite para la realización de sus funciones:

Artículo 25. Las autoridades deberán prestar auxilio al Corredor Público que así lo solicite para la realización de sus funciones.

Al respecto, estas comisiones consideran innecesaria esta adición, pues diversas autoridades locales y federales tienen entre sus atribuciones, en el ámbito de la colaboración, prestar el auxilio que requieran los servidores y fedatarios públicos para garantizar el debido ejercicio de sus funciones.

Décima Sexta. Artículos Transitorios

Estas comisiones estiman que los artículos tercero y cuarto transitorios de la iniciativa no son necesarios de incluir en el decreto, en virtud de las modificaciones a la misma que estás comisiones se han permitido realizar.

Conclusiones

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de estas comisiones unidas nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, el siguiente:

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Correduría Pública.

Artículo Único: Se reforman los artículos 2; 3, fracción I; 16, 18, 19, fracción V; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 4°, un tercer párrafo al artículo 16, y dos párrafos a la fracción V del artículo 19 todos de la Ley Federal de Correduría Pública, para quedar como sigue:

Articulo 2. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales.

Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía.

Artículo 3. .. .

I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como auxiliares del comercio y como fedatarios públicos en la materia que esta ley les autoriza, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;

II. a VI. ...

Artículo 4. ...

Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, sólo en las materias en que esta ley les autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, fuera de su plaza, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.

Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.

El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

Además de los libros descritos en los dos párrafos anteriores, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características de orden y contenido similares a las versiones que señalan los dos párrafos anteriores y conforme a las disposiciones que se prevean en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.

Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.

Acta es la relación escrita de un hecho jurídico en el que esté autorizado a intervenir como fedatario.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.

Artículo 19. ...

I. a IV. ...

V. Elaborarse en español.

Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente;

Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas, siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo.

VI. a XIII. ...

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las modificaciones necesarias al reglamento de esta ley.

Dado en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el día 21 de octubre de 2009.

Tercera. En misma fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó propuestas de modificación a los artículos 4 y 18 del proyecto, las cuales fueron aprobadas por 84 votos y 2 en contra; el proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados.

RESERVA QUE FORMULAN LOS SEÑORES SENADORES... INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO... AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, AL PROYECTO DE DECRETO PO R EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA, QUE PASO A PRIMERA LECTURA EL PASADO JUEVES 22 DE LOS CORRIENTES EN LO REFERENTE AL TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 18 DE LA LEY QUE SE PRETENDE REFORMAR.

Artículo 4

Texto actual:

Artículo 4. Para efectos de la presente ley, el territorio nacional se divide en plazas: una por cada estado y otra por el Distrito Federal.

y

Texto del dictamen:

Artículo 4 . ..

Los corredores públicos podrán actuar como fedatarios públicos en aquellos lugares en los que la Federación tenga competencia y ejerza jurisdicción de manera exclusiva, solo en las materias en que la ley los autoriza. Cuando actúen como fedatarios en los lugares a los que se refiere este párrafo, deberán señalarlo de manera expresa en los instrumentos correspondientes.

Al respecto, los suscritos consideran que la propuesta generaría confusión respecto al ámbito territorial en el que los corredores pueden ejercer sus funciones, pues de la redacción de la misma se desprende que los corredores públicos podrían libremente ejercer en todo el territorio nacional, rompiendo entonces con el sistema de plazas al que hace referencia al propio encabezado del artículo 4°.

Conforme al artículo 5°, ya se prevé la posibilidad de que los corredores actúen fuera de su plaza cuando no actúen como fedatarios públicos. En este sentido, bajo el esquema actual, los corredores pueden efectivamente ejercer sus funciones en los lugares en que la Federación tenga competencia y ejerzan su jurisdicción. Por lo anterior, al no contribuir a dar claridad y mejorar esta normatividad, se considera desechar esta propuesta.

La Ley Federal de Correduría Pública, busca proporcionar seguridad jurídica a los solicitantes de los servicios del Corredor Público, sin embargo, a lo largo de poco más de 16 años de vigencia, la realidad nos demuestra que la falta de claridad en algunos de sus preceptos, ha generado confusión y dudas al respecto de su exacta aplicación, lo que ha traído como consecuencia inseguridad jurídica para los usuarios de los servicios de dicho fedatario, la segunda parte que se pretende añadir al artículo 4°, generaría nuevamente dudas e incertidumbre sobre la actuación de los corredores, entre otras razones por lo impreciso de la formula “en aquellos lugares en donde la Federación ejerza jurisdicción de manera exclusiva”. Por lo que al ser contraria a la ratio de la ley y de las reformas a la misma de 23 de mayo del 2006, no compartimos la conveniencia de la aprobación de este numeral en lo particular.

En resumen proponemos que no se adicione el segundo párrafo del artículo 4°.

Artículo 18

Texto actual:

Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él acto jurídico, convenio o contrato mercantil en el que este autorizado a invertir como fedatario

Acta es la redacción escrita de un hecho jurídico de naturaleza mercantil.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas que expida de las pólizas, actas y asientos, son documentos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil respectivos.

El corredor podrá expedir copias certificadas de las pólizas y actas en que haya intervenido, siempre que obren en su archivo y en el libro de registro correspondiente.

y

Texto del dictamen:

Artículo 18. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer constar en él un acto jurídico, convenio o contrato en el que esté autorizo a intervenir como fedatario.

Acta es la relación escrita de un hecho jurídico en el que esté autorizo a intervenir como fedatario.

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario , son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil respectivos.

En relación con el numeral arriba transcrito se pretende básicamente modificar el concepto de póliza y acta. En el texto actual de la ley se limita y precisa claramente que los actas jurídicos que el corredor hace constar en una póliza y por su parte los hechos que son materia de un acta necesariamente deben ser de naturaleza MERCANTIL, l o anterior acorde a los límites esenciales de las facultades de los corredores. Resulta contradictorio y confuso que en la parte final del texto del artículo en el dictamen si se conserve la referencia a los actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil respectivos.

No encontramos justificación alguna para que en lo referente a las definiciones de póliza y acta se pretenda suprimir la naturaleza mercantil que define y limita los actos y hechos en ellas contenidos, y únicamente se mencione la formula “En los que esté autorizado a intervenir como fedatario”, para referirse a los actos y hechos. Como se desprende de la lectura del dictamen elaborado por las comisiones, la actuación de los corredores está limitada en todo caso a la materia mercantil por lo que la reforma propuesta resulta inútil y por tanto innecesaria, ya que los actos y hechos en los que los corredores públicos están autorizados para intervenir como fedatarios son limitativamente y sin excepción de los mercantiles.

Consideramos que la propuesta de reforma al artículo 18 como aparece en el dictamen de las comisiones esta descontextualizado, es preciso tener presente que el texto propuesto por la iniciativa y el que se presenta en el dictamen para dicho artículo en particular son muy similares, sin embargo hay que tener presente que la iniciativa tal y como fue presentada a las comisiones para su estudio tuvo la pretensión de ampliar considerablemente el ámbito de las facultades de los Corredores Públicos cuando actúan como fedatarios, pretensión que con fundamento en los argumentos de carácter constitucional que fueron valorados por las comisiones de estudio determinaron categóricamente improcedente, de tal forma que el ámbito de actuación de los corredores seguirá restringido y circunscrito al ámbito mercantil por lo que no hay otro tipo de casos en que esté autorizado para actuar como fedatario por lo que la reforma al artículo 18 de aprobarse en los términos propuestos sería contraria al sentido general del dictamen.

En resumen proponemos que NO se modifiquen los conceptos de póliza y acta del texto actual de la Ley (primer y segundo párrafos del artículo 18 de la ley)

Cuarta. Que los diputados que integran esta Comisión de Economía, estiman legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las modificaciones que realizó a la misma la Cámara de Senadores.

Asimismo, consideran atinadas las razones por las cuales la Cámara de Senadores decide realizar modificaciones a la iniciativa original, así como los argumentos que se apuntan en el dictamen en comento, por lo que los hace suyos para los efectos del presente dictamen.

Quinta. No obstante lo anterior, y partiendo de que la iniciativa plantea actualizar el artículo 2 de la Ley Federal de Correduría Pública, en el sentido de cambiar la referencia que se hace a la “Secretaría de Comercio y Fomento Industrial”, por el vigente que es el de “Secretaría de Economía”, los diputados integrantes de la Comisión de Economía consideran que se debe actualizar de igual manera la fracción I del artículo 10 de la ley de referencia para quedar de la siguiente manera:

Artículo 10. ... I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con designación específica del secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen;...

Sexta. En virtud de lo anterior, esta comisión se manifiesta por aprobar la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, con la modificación apuntada, para que en los términos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remita a la Cámara de origen para su discusión correspondiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Correduría Pública

Artículo Único. Se reforman los artículos 2º, 3º, fracción I; 10, fracción I; 16, 18, 19, fracción V; y se adicionan dos párrafos a la fracción V del artículo 19 de la Ley Federal de Correduría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 2. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, con la participación que corresponda a las autoridades estatales.

Cuando esta ley haga referencia a la Secretaría, se entenderá la Secretaría de Economía.

Artículo 3. ...

I. Asegurar la eficacia del servicio que prestan los corredores públicos, como auxiliares del comercio y como fedatarios públicos en la materia que esta ley les autoriza, cuidando siempre la seguridad jurídica en los actos en que intervengan;

II. a VI. ...

Artículo 10. ...

I. Un representante de la Secretaría, el cual deberá tener por lo menos nivel de director general o contar con designación específica del secretario de Economía, y sin cuya presencia no podrá celebrarse el examen;

II. y III. ...

...

Artículo 16. Los corredores diariamente, por orden de fecha y bajo numeración progresiva, formarán archivo de las pólizas y actas de los actos en que intervengan y en el mismo orden asentarán el extracto de las pólizas en un libro especial que llevarán al efecto y que se denominará de registro, el cual deberá estar formado por volúmenes de doscientas cincuenta hojas foliadas y que no deberá tener raspaduras, enmendaduras, o abreviaturas.

El libro de registro y el archivo deberán llevarse con estricto apego a lo dispuesto por esta ley y su reglamento.

Además de los libros descritos en los dos párrafos anteriores, los corredores públicos integrarán y trasmitirán los archivos electrónicos de los mismos bajo las características de orden y contenido similares a las versiones que señalan los dos párrafos anteriores y conforme a las disposiciones que se prevean en el reglamento de esta ley y los criterios que al efecto emita la Secretaría.

Artículo 18. ...

...

Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son instrumentos públicos y los asientos de su libro de registro y las copias certificadas y demás ejemplares que expida de las pólizas, actas y asientos, en los que esté autorizado a intervenir como fedatario, son documentos públicos que hacen prueba plena de los contratos, actos jurídicos y hechos respectivos.

...

Artículo 19. ...

I. a IV. ...

V. Elaborarse en español.

Podrán asentarse palabras en otro idioma que sean generalmente usadas como términos de ciencia o arte, o que sean usadas como nombre o marca o aviso comercial, o en actas y pólizas cuando se trate de transcripciones literales o de lo percibido por el corredor público respectivamente.

Los documentos que se le presenten en idioma extranjero deberán ser traducidos por perito traductor reconocido por alguna autoridad. No se requerirá traducción cuando se trate de documentos presentados para cotejo, o cuando se trate de dar fe de hechos de la entrega o recepción de documentos o para realizar el reconocimiento o puesta de firmas, siempre y cuando las partes declaren conocer y entender su contenido y alcance y el corredor comprenda cabalmente el contenido y alcance del mismo;

VI. a XIII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las modificaciones necesarias al reglamento de esta ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de septiembre de 2010.

La Comisión de Economía

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica).