De los Congresos de Guanajuato y de Sinaloa, con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados por el que se exhorta a las legislaturas locales a expedir una ley para prevenir y sancionar la trata de personas
Guanajuato, Guanajuato, a 14 de octubre de 2010.
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Presente
En sesión ordinaria celebrada el día de hoy por la XLI Legislatura del estado, se dio cuenta con el oficio número D.G.P.L. 61-11-3-663, de fecha 5 de octubre del presente año, donde comunican un punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta a los congresos locales para que expidan una ley para prevenir y sancionar la trata de personas o, en su caso, armonicen su marco jurídico penal de acuerdo a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Al respecto, la presidencia dictó el siguiente trámite: Enterados e infórmese que el Código Penal para el estado de Guanajuato ya contempla el delito de trata de personas en los artículos 240-b y 240-c. Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Aprovechamos la ocasión para enviar un cordial saludo y reiterar las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Atentamente
Diputada Alicia Muñoz Olivares (rúbrica)
Secretaria
Diputado Moisés Gerardo Murillo Ramos (rúbrica)
Secretario
(Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.)
Culiacán, Sinaloa, a 11 de octubre de 2010.
Secretarios de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
México, DF
Por instrucción del presidente de la Diputación Permanente del Congreso del estado de Sinaloa, me permito acusar recibo de su atento oficio número D.G.P.L. 61-II-3-663, fechado el 5 de los corrientes, mediante el cual se sirvieron comunicar la aprobación del punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos locales a efecto de que, aquellos que no lo hayan hecho, expidan una ley para prevenir y sancionar la trata de personas o, en su caso, que armonicen su marco jurídico penal de acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Sobre el particular, hago de su conocimiento que sobre el tema de trata de personas se han recibido y están en trámite las iniciativas que a continuación se detallan:
1. Iniciativa de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, que propone reformar el artículo 276 del Código Penal y el penúltimo párrafo del artículo 117 del Código de Procedimientos Penales, para sancionar la trata de personas. Mayo 6 de 2008. Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, el 12 de junio de 2008.
2. Iniciativa de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que propone adicionar un Capítulo Cuarto al Título Cuarto de la Sección Primera del Libro Segundo y el artículo 172 Bis; y derogar el Capítulo IV del Título Cuarto, Sección Tercera, del Libro Segundo y el artículo 276 del Código Penal para el estado de Sinaloa, a fin de sancionar la trata de personas. Octubre 1 de 2008. Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia, el 4 de diciembre de 2008.
3. Iniciativa del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del PRI, que propone la Ley Estatal para apercibir, atender, sancionar y erradicar la trata de personas para el estado de Sinaloa.
4. Iniciativa de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que propone la Ley Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Turnada para la lectura en Diputación Permanente.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles y reiterarles la seguridad de mi consideración más distinguida.
Atentamente
Licenciado Jacinto Pérez Gerardo (rúbrica)
Secretario General
(Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.)
Del Congreso de Coahuila, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para que las entidades federativas tipifiquen los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil, explotación infantil, trata de personas y lenocinio
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
En la sesión celebrada el 10 de octubre de 2010, el pleno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a un dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Justicia, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo al exhorto formulado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a las legislaturas de las entidades federativas para que tipifiquen los delitos de corrupción de menores, pornografía infantil, explotación infantil, trata de personas y lenocinio, en los términos que consigna el documento que acompaña a la presente comunicación.
Al tratarse este asunto, el pleno de este Congreso resolvió sobre la aprobación de un acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:
Primero. Por las razones expuestas, se concluye que la legislación penal del estado de Coahuila, en sus artículos 300 a 308, contiene la tipificación de los delitos a que se refiere el exhorto formulado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y que su teleología obedece a la protección de las menores y de los menores de edad.
Segundo. Hágase del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la atención que esta legislatura puso a su exhorto contenido en el oficio.
En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley Orgánica este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento.
Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
Saltillo, Coahuila, a 2 de octubre de 2009.
Licenciado Francisco Javier Rangel Castro (rúbrica)
Oficial Mayor del Congreso del Estado
(Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.)
Del gobierno del estado de México, con el que remite contestación de la Subsecretaría del Medio Ambiente a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la NOM-081-SEMARNAT-1994
Metepec, estado de México, octubre 12 de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión
Me refiero a su oficio número D.G.P.L. 61-II-7-532, de fecha 10 de octubre del presente año, a través del cual comunica la aprobación de los puntos de acuerdo por parte de esa honorable representación popular, entre los que se exhorta al Gobierno del Estado de México a vigilar en el ámbito de sus atribuciones el cumplimiento de la NOM-081-SEMARNAT-1994, en la operación y funcionamiento de la planta generadora de energía de la subestación eléctrica denominada Los Remedios ubicada en el municipio de Naucalpan, respecto a los límites máximos permitidos de emisión de ruido, conforme a dicha norma.
Al respecto, y con el propósito de hacer constar el seguimiento que el Gobierno del Estado de México ha hecho de éste asunto a través de la Secretaría del Medio Ambiente, hago de su conocimiento que con fecha 13 de marzo de 2009, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México practicó la visita de verificación PROPAEM/162/2009, en materia de ruido a la subestación eléctrica Los Remedios.
Derivada de la misma, los verificadores comisionados emitieron un dictamen en el que se estableció que, el día de la visita, la Subestación emitía 62.1896 dB (A), encontrándose dentro del límite máximo permisible que establece la NOM-081-SEMARNAT -1994, que es de 68 dB (A) para el horario de las 6:00 a las 22:00 horas.
Asimismo, en el expediente mencionado se ofreció por parte de la representante legal de Luz y Fuerza del Centro el reporte de pruebas de emisiones de ruido realizadas por la empresa McHale & Associates, Inc., el cual coincide con los resultados del dictamen de los verificadores-comisionados; por lo que en fecha 17 de abril del año 2009 se emitió acuerdo de archivo en dicho expediente.
Adicionalmente, informa la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México que ha ordenado la práctica de una nueva visita de verificación, en materia de ruido, a la Subestación; que habrá de efectuarse en fecha próxima.
Sin menoscabo de la atención, que nos merece el exhorto de máximo órgano de representación popular, el Gobierno del Estado de México por mi conducto, le expresa su plena disposición para darle seguimiento puntual a éste importante asunto.
Sin otro particular, le manifiesto la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Contadora Pública María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica)
Subsecretaria del Medio Ambiente
(Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.)
Del gobierno de Puebla, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la elaboración y expedición de un programa de derechos humanos
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En atención a su oficio número D.G.P.L. 61-11-7-546, de fecha cinco de octubre de dos mil diez; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 y 79 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, hago de su conocimiento lo siguiente:
En ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo, se toma nota del punto de acuerdo aprobado en fecha cinco de octubre del presente año, en virtud del cual la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república, que no cuenten con sus respectivos programas de derechos humanos, a elaborarlos y expedirlos, a fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos; para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Asimismo, no omito mencionar que en el marco de las disposiciones legales aplicables, se le dará el seguimiento correspondiente al exhorto en mención, a través de la dependencia competente.
Sin otro particular, me permito reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 19 de octubre de 2010
Gobernador constitucional del estado de Puebla
Licenciado Mario Plutarco Marín Torres (rúbrica)
(Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.)
Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el que remite contestación del director general adjunto a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los estudios técnicos para considerar a Irapuato y Salamanca, Guanajuato, como zona metropolitana
México, DF, a 25 de octubre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
LXI Legislatura
Presente
En respuesta a su oficio número DGPL-61-II-2-648, de fecha 30 de septiembre del año en curso, mediante el cual exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que, como integrante del grupo de trabajo Interinstitucional que realiza la delimitación de las zonas metropolitanas, lleve a cabo estudios técnicos necesarios que permitan considerar Irapuato y Salamanca, Guanajuato, como zona metropolitana, derivado del acuerdo aprobado por la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2010.
Al respecto me permito comentar lo siguiente:
En el año 2004, con el objetivo de establecer un marco de referencia común orientado a fortalecer y mejorar las acciones de planeación y gestión de desarrollo metropolitano de los tres órganos de gobierno, se detectó la necesidad de contar con una base conceptual y metodológica que diera cuenta en forma exhaustiva y sistemática de la configuración territorial de las zonas metropolitanas.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), integraron un equipo de trabajo para identificar y delimitar las zonas metropolitanas, obteniendo los siguientes criterios:
1. Municipios Centrales. Corresponden a los municipios donde se localiza la cuidad principal y que da origen a la zona metropolitana y sus características son:
1a. Municipios que comparten una conurbación intermunicipal y se comprende de dos o más localidades censales y con una población a 50 mil o más habitantes.
1b. Municipios con localidades de 50 mil o más habitantes que muestran alto grado de integración física y funcional con municipios vecinos predominantes urbanos.
1c. Municipios con ciudades de un millón o más de habitantes.
1d. Municipios con ciudades que forman parte de una zona metropolitana transfronteriza, con 250 mil o más habitantes.
2. Municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos. Son municipios contiguos a los anteriores, cuyas localidades no están conurbadas a la cuidad principal, pero que manifiestan un carácter predominantemente urbano, al tiempo que mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona metropolitana, a través de las siguientes condiciones del cumplimiento:
2a. Su localidad principal está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera pavimentada y de doble carril, de la localidad o conurbación que dio origen a la zona metropolitana en cuestión.
2b. Al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabajen en los municipios centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que trabaja en el municipio reside en los municipios centrales de esta última.
2c. Tiene un porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades industriales, comerciales y de servicios mayor o igual a 75 por ciento.
2d. Tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por hectárea.
3. Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana. Son municipios que se encuentran reconocidos por los gobiernos federales y locales como parte de una zona metropolitana, a través de una serie de instrumentos que regulan su desarrollo urbano y la ordenación de su territorio, independientemente de su situación respecto a los criterios señalados en el punto anterior. Y sus condiciones son las siguientes:
3a. Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o zona metropolitana correspondiente.
3b. Estar considerados en el programa de ordenación de zonas conurbadas o zona metropolitana respectivo.
3c. Estar considerados en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio vigente.
En resumen:
Está programado que el grupo técnico interinstitucional (Conapo-Sedesol-Inegi), con los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, actualice en el año 2011 la delimitación de las Zonas Metropolitanas del país, para tal fin se tiene previsto realizar la reunión de este grupo en el primer trimestre del año entrante, donde la petición será sometida técnicamente a revisión.
El Inegi, al formar parte del grupo de trabajo para definición de áreas metropolitanas en conjunto con el Consejo Nacional de Población y Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Social asesora a estas instituciones para la determinación de dichas áreas, proporcionando información actualizada sobre la cartografía de los municipios, así como el número de población en cada uno.
Este instituto puede solicitar al grupo de trabajo se consideren las peticiones recibidas para su incorporación como zona metropolitana, pero no puede autorizar o dictaminar dicha decisión, ya corresponde a las instancias con atribuciones legales para ello.
Por lo anterior, dicha solicitud será planteada al grupo de trabajo en comento y éste determinará de forma colegiada si los citados municipios pueden ser considerados zona metropolitana, sin que por ello se entienda que tal dictaminación es atribución del instituto.
Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Gualberto J. Garza Cantú (rúbrica)
Director General Adjunto
(Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.)
De la Comisión Nacional del Agua, con el que remite contestación del director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para dotar del líquido a la población de Iztapalapa
México, DF., a 21 de octubre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso
Secretaria de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
En atención al oficio D.G.P.L.61-II-8-505 de fecha 23 de septiembre de 2010, por medio del cual se comunica los puntos de acuerdo que a continuación se describen:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua y al director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo las acciones necesarias para dotar de agua a la población de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, y presenten a esta soberanía un diagnostico claro y preciso de las condiciones hidráulicas existentes en la propia delegación.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua y al director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que implementen un programa de mantenimiento y reparación de los pozos de la Ciudad de México, con el propósito de mejorar el funcionamiento de los sistemas de agua potable en la ciudad.
Al respecto se anexa documento que contempla los puntos con los que se da atención por parte de la Comisión Nacional del Agua a los acuerdos mencionados:
1. Diagnóstico de las condiciones hidráulicas existentes en la delegación Iztapalapa.
2. Acciones cotidianas que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua para dotar de agua potable a la delegación Iztapalapa.
3. Programas de mantenimiento y reparación a cargo de la Comisión Nacional del Agua.
4. Asignación de caudal al Distrito Federal.
5. Programas federalizados para agua potable.
6. Otras alternativas de solución.
7. Conclusiones.
Sin otro particular, aprovecho el conducto para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Miguel Ángel I. Vázquez Saavedra (rúbrica)
Director General del Organismo de Cuenca Aguas del Valle México
(Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.)
Del Consejo de la Judicatura Federal, con el que remite contestación de la Secretaría Ejecutiva del pleno y de su Presidencia a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo al caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados
Diputado Carlos Samuel Moreno Terán
Secretario de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados
Presentes
Por el presente me permito comunicar a ustedes que el Pleno del Consejo, en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de octubre de dos mil diez, en relación con su oficio número DGPL61-II-9-2166, de fecha diecinueve de octubre de dos mil diez, proveniente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, mediante el cual se hace una respetuosa exhortación al Poder Judicial de la Federación, para revisar y resolver en estricto apego a derecho, el caso del ciudadano Juan Ranulfo Martínez Pérez, acordó lo siguiente:
De acuerdo con nuestro orden jurídico, los integrantes del Poder judicial de la Federación gozan de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. La protección a estos principios-básicos en un Estado de Derecho -, encuentra sustento principal en la Constitución, cuyos artículos 17, segundo y quinto párrafo, y 100, séptimo párrafo, relacionados con el 6 y 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establecen la obligación y en contrapartida la prerrogativa para que los jueces y magistrados federales hagan propias estas premisas y emitan sus fallos sin sujetarse a posiciones o intereses ajenos a la búsqueda de justicia.
Por esto, el Consejo de la Judicatura Federal se encuentra obligado a respetar el ejercicio de la función jurisdiccional e incluso, de ser necesario, a desarrollar las acciones que se estimen pertinentes para evitar que se vulnere la autonomía de este Poder y la independencia de criterio de los impartidores de justicia, mediante posibles presiones a que pudieran ser sujetos para incidir en la toma de decisiones, lo cual, como es de su conocimiento, atentaría contra el principio de seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, afectando en consecuencia, al propio sistema de justicia.
Sin embargo, en caso de que exista una inconformidad fundada derivada de la tramitación de determinado asunto, se le informa que la vía legal idónea es la queja administrativa, que se desahoga conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y el Seguimiento de la Situación Patrimonial, mediante la cual este consejo verifica probables acciones u omisiones que pudieran ubicarse dentro de las causales de responsabilidad administrativa relacionadas con el desempeño de los funcionarios públicos adscritos al servicio de la justicia.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos correspondientes.
Atentamente
México, DF, a 27 de octubre de 2010.
Licenciada María Dolores Omaña Ramírez (rúbrica)
Secretaria Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal
(Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del director general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los programas de atención de personas con discapacidad
México, DF, a 25 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-461, signado por los diputados Francisco Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGDC/810/10, suscrito por el maestro Leopoldo F. Rodríguez Gutiérrez, director general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los programas de atención a personas con discapacidad.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
El Titular de la Unidad
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
México DF, a 20 de octubre de 2010.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Subsecretaría de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia al oficio número SEL/UEL/311/1254/10, signado por el entonces titular de la Unidad de Enlace Legislativo, Gonzalo Altamirano Dimas, por el cual hace de conocimiento el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a otorgar las facilidades, en el marco de la normatividad aplicable, a los sujetos beneficiarios de los programas dirigidos a personas con discapacidad, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Al respecto, le informo que el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, adscrito esta Dirección General, realizó los siguientes cambios en las reglas de operación 2010:
Se instauraron rubros de gasto por porcentajes los cuales establecen un margen de inversión lo que asegura que cada entidad realice acciones en torno a tres rubros: 1. Actividades académicas; 2. Profesionalización docente; y 3. Apoyos específicos para las escuelas públicas de educación inicial y básica, así como para los servicios de educación especial.
Dichos cambios, se hicieron con la finalidad de facilitar el uso de los recursos, brindando más autonomía a las autoridades educativas locales para que decidieran conforme a sus necesidades locales los porcentajes de gastos que invertirían en las acciones de educación especial e integración educativa que realizan.
Los márgenes de gasto que cada entidad debe cumplir son los siguientes:
Asimismo, se hizo llegar a las autoridades educativas locales el documento Orientaciones para el ejercicio fiscal 2010, en el que la coordinación nacional del programa establece con precisión las metas e indicadores que cada entidad debe cumplir conforme al programa, a fin de medir sus avances al término de 2010 y contar con insumos que permitan a la federación la distribución equitativa de los recursos de 2011. Este documento señala el tipo de acciones que pueden realizar para favorecer la atención educativa de los alumnos con discapacidad, con necesidades educativas especiales y aptitudes sobresalientes a fin de alcanzar los objetivos del mismo programa.
El documento de Orientaciones para el ejercicio fiscal 2010 se cita en el inciso 4.3.2. Monto de apoyo, de la siguiente manera:
Los recursos federales destinados al programa para el ejercicio fiscal de 2010 ascienden a la cantidad de 277 millones 58 mil 264.00 pesos, de los cuales 261 millones 84 mil 923.00 pesos serán transferidos a las AEL y a la AFSEDF en términos de las presentes reglas de operación, y de las orientaciones para el ejercicio fiscal de 2010 que emita el programa, de acuerdo a los convenios de coordinación y de los lineamientos internos de coordinación. Asimismo, 15 millones 973 mil 341.00 pesos se destinarán para gasto de operación, difusión, asesoría y evaluación del programa. Para efectos de evaluación y seguimiento a las acciones académicas que realizan las autoridades educativas locales en relación con el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, la coordinación nacional del programa diseñó dos formatos de informes académicos trimestrales en donde cada entidad federativa menciona las acciones que realiza con los recursos de 2010.
No omito mencionar que las reglas de operación pueden revisarse en la siguiente página: http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf;transparencia/reglas/R01n20 10.pdf
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
El Director General
Maestro Leopoldo F. Rodríguez Gutiérrez (rúbrica)
(Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del director general del Fonden a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la declaratoria de desastre correspondiente a Santa María Tlahuitoltepec y Villa Hidalgo Yalalag
México, DF, a 25 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-1951 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/DGAC/260/2010 suscrito por el licenciado José María Quijano Torres, director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la declaratoria de desastre de las comunidades de Santa María Tlahuitolpetec y de Villa Hidalgo Yalalag.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 20 de octubre de 2010.
Licenciado Julián Hernández Santillán
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/3149/10, de fecha 29 de septiembre de 2010, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, y que fuera recibido en esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, el jueves 7 de octubre del presente año, por medio del cual se informa que mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-9-1951, los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación, Segob, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el martes 28 de septiembre de 2010, y cuyos resolutivos primero y segundo se reproducen a continuación:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita que el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, emita la Declaratoria de Emergencia y la Declaratoria de Desastre de las comunidades de Santa María Tlahuitolpetec y de Villa Hidalgo Yalalag, derivado del desgajamiento de un cerro y cuyo alud afectó a más de 300 viviendas, provocando un número indeterminado de víctimas. Segundo. Se solicita la utilización de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo para Apoyar a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), para la atención de las poblaciones afectadas.
Sobre el particular, se informa que, en el presente oficio solamente nos pronunciaremos respecto de los asuntos que guardan relación con la esfera de competencia de la Segob, y por ende, de esta unidad administrativa.
De igual manera comunicamos que se dará atención al referido Punto de Acuerdo, en el ámbito de competencia de la Segob, solicitando atentamente a Usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las acciones efectuadas en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales, Fonden , para dar atención a la ocurrencia del alud en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec y de Villa Hidalgo (nombre correcto del conocido como Villa Hidalgo Yalalag), en Oaxaca, y que se relacionan con el punto de acuerdo que nos ocupa.
Para tales efectos y de manera previa, consideramos oportuno realizar las siguientes precisiones:
En términos de lo dispuesto por el numeral 1 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales 1 (en lo sucesivo las ROF ), Fonden se define como un instrumento de coordinación intergubernamental e interinstitucional cuyo objeto es, bajo principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador 2 , en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.
Para la realización de tales objetivos, el Fonden cuenta con los instrumentos siguientes, a través de los cuales, atendiendo a sus características y alcances, se autorizan suministros de auxilio o recursos para dar atención al fenómeno natural perturbador de que se trate:
a) El Fondo Revolvente, Fonden, que sólo podrá ser utilizado cuando exista una Declaratoria de Emergencia y con ello que la DGF autorice la adquisición de suministros de auxilio conforme a la normatividad aplicable para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población afectada por situaciones de emergencia generadas o asociadas con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un fenómeno natural perturbador (numeral 3 , fracción I de las ROF, en concordancia con los artículos 1 y 3 del Acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden 3 (en lo sucesivo los lineamientos ).
Cabe señalar que si bien es cierto a la DGF le corresponde autorizar la adquisición de suministros de auxilio con cargo al Fondo Revolvente Fonden, y coordinar el procedimiento de acceso a los mismos, también lo es que esta Unidad Administrativa no tiene a su cargo la entrega de tales suministros a las entidades federativas, municipios o delegaciones políticas en particular, dado que las entidades federativas son las encargadas de llevar a cabo dichas acciones, a través de las instancias estatales designadas para esos efectos.
b) El Fonden Reconstrucción (que incluye al Programa Fondo de Desastres Naturales del ramo general 23, Provisiones Salariales y Económicas del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, en términos del numeral 3, fracciones II y III, de las propias ROF). Con cargo a este instrumento se autorizan recursos (ya sea del Programa Fonden o del Fideicomiso 2003 Fonden Federal), destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, previstos en las ROF, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación establecidos; así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno natural perturbador.
Respecto de este instrumento se puntualiza que a la Segob, por conducto de la DGF, únicamente le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden Reconstrucción, dando cumplimento para tales efectos a los plazos, requisitos y formalidades establecidos en las ROF, motivo por el cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega de los recursos autorizados a un municipio o delegación política en particular, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.
Ahora bien, para acceder a los instrumentos que opera el Fonden, es necesario que se cumpla previamente con los requisitos, formalidades y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable a cada uno de ellos.
A ese respecto, diremos que para efectos de la autorización de suministros de auxilio (insumos) con cargo al Fondo Revolvente Fonden, los lineamientos establecen la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de emergencia, dirigida a la Coordinación General de Protección Civil, CGPC, de la Segob, debiendo estar suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.
En ese mismo sentido, el artículo 7 de los lineamientos, dispone que las entidades federativas son las instancias facultadas para solicitar a la Segob, la emisión de una declaratoria de emergencia, motivo éste por el que los municipios u órganos político-administrativos deberán establecer los procedimientos de coordinación necesarios con la entidad federativa a la que pertenezcan para efectos de ser considerados en una solicitud.
Es importante manifestar que, según se adelantaba, los insumos autorizados para la atención de una emergencia determinada, bajo ninguna circunstancia son proporcionados directamente a la población en general, o bien, a las autoridades municipales, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de los lineamientos, dichos insumos son entregados por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, DGRMSG, de la Segob, a la entidad federativa de que se trate, para que la misma proceda a su posterior distribución.
Por su parte, y para efectos de la autorización de los recursos con cargo al Fonden Reconstrucción, las ROF establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la Instancia Técnica Facultada 4 para ello, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de Declaratoria de Desastre, suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, dirigida a la CGPC, de la Segob, en la que se deberá manifestar, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador de que se trate, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como afectados por el fenómeno en cuestión, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por éste.
No se omite señalar que los recursos que se autorizan con cargo a este instrumento del Fonden para llevar a cabo labores de reconstrucción en los sectores de competencia de las entidades federativas, son transferidos del Fideicomiso 2003 Fonden Federal al Fideicomiso Fonden Estatal 5 de la entidad federativa en donde se haya presentado el desastre, a fin de que la ejecución de obras y acciones de reconstrucción sean realizadas por las propias entidades federativas, a través de las instancias ejecutoras estatales designadas para ello.
De lo anterior podemos concluir que la emisión de las declaratorias de emergencia y desastre natural, no es un acto que pueda ser realizado de oficio o de manera unilateral por parte de la Segob, sino que, atentos a las disposiciones contenidas en los lineamientos y en las ROF, es el resultado de diversas actuaciones previas efectuadas por instancias ajenas a dicha dependencia, y por ende, a esa Unidad Administrativa.
Por lo tanto las declaratorias de emergencia que emite la CGPC, permiten a la DGF, implantar las acciones de colaboración necesarias para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuven a atenuar los efectos de la emergencia, así como para responder en forma inmediata a las necesidades urgentes generadas por la misma. De tal manera que con la emisión de dicha Declaratoria, se podrá acceder a los suministros de auxilio que se autorizan con cargo al Fondo Revolvente Fonden.
Así las cosas, las declaratorias de desastre natural que emite la Segob, tienen como finalidad el poder acceder a los recursos que se autorizan con cargo al instrumento financiero del Fonden que denominamos Fonden Reconstrucción, a través del cual se autorizan recursos destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en el Distrito Federal, así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por un fenómeno perturbador de origen natural.
En ese sentido, precisamos que dichas declaratorias no tienen alcances tales como para activar o facilitar el acceso a los recursos que se otorgan en el marco de programas que resultan ajenos a la competencia de la Segob, como es el caso del hoy programa de Atención a Contingencias Climatológicas, PACC (anteriormente denominado Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, FAPRACC), que se encuentra a cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa , en términos del Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 6 (en lo sucesivo el acuerdo ).
En ese orden de ideas, y de conformidad con los artículos 16, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 90 de la Ley de Planeación; 7, 8, 32, fracciones IX y X, 60, 61, 65, 89, 124 y 129, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 8, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 19 del acuerdo, la Sagarpa cuenta con atribuciones para emitir declaratorias de contingencia climatológica para efectos del acceso a los recursos con cargo al PACC:
No omitimos señalar que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 35, 36 y 37 de las ROF, el programa Fonden, únicamente podrá ser fuente de financiamiento para el PACC, cuando los recursos correspondientes a éste se encuentren ejercidos en su totalidad o resulten insuficientes. De ser el caso, una vez autorizados los recursos respectivos, la aplicación de éstos se hará conforme a lo establecido en el acuerdo aludido.
En tal virtud, sugerimos que, de estimarlo conducente, aquellos aspectos del punto de acuerdo que se atiende y que se encuentren relacionados con el PACC sean puestos a consideración de la Sagarpa, a efecto de que dicha dependencia informe, en el ámbito de su competencia, sobre las acciones que, de ser el caso, se hayan realizado o pudieran ser efectuadas en torno al asunto que nos ocupa, o en su defecto sea el conducto para orientar acerca de los requisitos, formalidades y procedimientos a realizarse en el marco del dicho programa, en aras de lograr atemperar los daños causados por la ocurrencia de los fenómenos naturales ocurridos.
En atención a las consideraciones vertidas líneas adelante, y considerando que esta unidad administrativa carece de atribuciones para conocer, disponer y/o concentrar la información relativa a los recursos que, en su caso y en el ejercicio de sus atribuciones, pudieron haber erogado otras dependencias o entidades (ya sea federales o locales), para la atención del Punto de Acuerdo de mérito, comunicamos que la DGF únicamente se encuentra en posibilidad de suministrar la información con la que cuenta en el marco de la implementación del programa Fonden.
Visto lo anterior, procedemos a informar respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF ya través de los instrumentos Fondo Revolvente Fonden y Fonden Reconstrucción, ha llevado a cabo para atender la ocurrencia de movimientos de ladera (deslizamientos y derrumbes) a consecuencia de los diversos fenómenos naturales hidrometeorológicos ocurridos en Oaxaca, y en los que se incluyó y corroboró los municipios de Santa María Tlahuitoltepec y Villa Hidalgo (respecto de las cuales, habiendo mediado las solicitudes correspondientes, se han emitido las declaratorias de emergencia y de desastre natural respectivas), haciendo hincapié en que la información que ponemos a disposición de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se encuentra actualizada al 20 de octubre de 2010 y aún podrá sufrir una constante actualización por virtud de la dinámica propia del programa Fonden.
Ahora bien, a efecto de atender en forma concreta al punto de acuerdo que nos ocupa, informamos a ese honorable órgano colegiado, que por virtud de la ocurrencia de deslizamientos y derrumbes ocurridos en Oaxaca, el gobierno de dicha entidad federativa, ha presentado una solicitud de declaratoria de emergencia, en la que no se incluyó al municipio de Santa María Tlahuitoltepec, ni al de Villa Hidalgo, razón por la que al día de la fecha esa entidad federativa no ha podido acceder a los suministros de auxilio que se autorizan cargos al Fondo Revolvente Fonden para dar atención a la población por la ocurrencia de dicho evento.
Fonden Reconstrucción
Oaxaca
Ocurrencia de movimiento de laderas en diversos municipios de Oaxaca
Mediante oficio número IEPC/DG/268/2010, de fecha 6 de octubre de 2010, el gobernador constitucional de Oaxaca solicitó al Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred , corroborara la ocurrencia del fenómeno natural perturbador descrito como deslizamiento y derrumbes, ocurridos del 20 de agosto al 6 de octubre de 2010, en 64 7 municipios de dicha entidad federativa. Considerando dentro de esos municipios al de Villa Hidalgo.
Mediante oficio HOO-D. G./1072/2010, de fecha 13 de octubre y en alcance el HOO-D. G./107S/2010,de fecha 15 de octubre de 2010, el Cenapred emitió su dictamen correspondiente corroborando la ocurrencia del fenómeno geológico consistente en deslizamientos y derrumbes, iniciados a partir del 20 de agosto de 2010 y que persisten hasta el momento en 63 8 municipios de Oaxaca.
Con fecha 15 de octubre de 2010, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, se instaló el Comité de Evaluación de Daños, CED 9 , con motivo de los daños ocasionados por el movimiento de laderas, iniciados a partir del 20 de agosto de 2010, y que persisten hasta el momento en 63 municipios de dicha Entidad Federativa. Dicho Comité se integro por los Subcomités de los sectores: Vivienda, Salud, Educativo, Infraestructura Urbana, Infraestructura Hidráulica y Comunicaciones y Transportes.
En dicha Sesión se acordó como fecha para la entrega de resultados el jueves 28 de octubre de 2010. No obstante lo anterior, a petición de los Subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios a evaluar y en virtud de que algunos de ellos todavía se encuentran incomunicados, en términos del numeral 13, fracción II de las ROF, el CED autorizó por única ocasión la ampliación en el plazo para dicha entrega, siendo la fecha límite el día 12 de noviembre de 2010.
De igual manera en la Sesión de referencia, la entidad federativa entregó al representante de la Segob, la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF. Misma que a la fecha no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación en virtud de que se encuentra transcurriendo d plazo con el que cuenta la CGPC a efecto de emitirla y publicarla.
Durante la sesión la Segob explicó la posibilidad de acceder a los Apoyos Parciales Inmediatos, APIN 10 . En razón de lo anterior, la enditad federativa manifestó su interés en acceder a los mismos, no obstante ello, por el momento los sectores no cuentan con acciones debidamente identificadas que puedan ser atendidas a través de esta figura, por lo que posteriormente se realizará una sesión de Comité Técnico del Fideicomiso Estatal, con el propósito de que se presente y se autorice el listado de acciones, trabajos y obras que las instancias normativas consideren prioritarias y necesarias realizar.
En razón de lo anterior es por lo que habrá que esperar a efecto de conocer de qué manera y con qué montos se apoyará por parte del Fonden a Oaxaca por la ocurrencia de movimiento de laderas, iniciados a partir del 20 de agosto de 2010, y que persisten hasta el momento en 63 municipios de dicha entidad federativa.
Ocurrencia de movimiento de laderas, iniciados a partir del 20 de agosto del 2010 y que persiste hasta el momento, en 51 municipios de Oaxaca
Mediante oficio número IEPC/DG/285/2010, de fecha 12 de octubre de 2010, el secretario general de Gobierno de Oaxaca solicitó al Cenapred, corroborara la ocurrencia del fenómeno natural perturbador descrito como deslizamiento y derrumbes, ocurridos del 20 de agosto al 10 de octubre de 2010, en 53 11 municipios de dicha entidad federativa. Considerando dentro de esos municipios al de Santa María Tlahuitoltepec.
Mediante oficio HOO-D. G./1077/20l0, de fecha 18 de octubre de 2010, el Cenapred emitió su dictamen correspondiente corroborando la ocurrencia del fenómeno natural de movimientos de ladera (deslizamientos y derrumbes), iniciados a partir del 20 de agosto del 2010 y que persiste hasta el momento, en 51 municipios de Oaxaca.
Con fecha 20 de octubre de 2010, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, se instaló el Comité de Evaluación de Daños, CED 12 , con motivo de los daños ocasionados por el movimiento de laderas, iniciados a partir del 20 de agosto de 2010, y que persisten hasta el momento en 51 municipios de dicha Entidad Federativa. Dicho Comité se integro por los Subcomités de los sectores: Vivienda, salud, educativo, infraestructura urbana, infraestructura hidráulica y comunicaciones y transportes.
En dicha sesión se acordó como fecha para la entrega de resultados el día 2 de noviembre de 2010, no obstante lo anterior, a petición de los subcomités y en virtud de la imposibilidad técnica manifestada para evaluar y cuantificar los daños en los municipios a evaluar y en virtud de que algunos de ellos todavía se encuentran incomunicados, en términos del numeral 13, fracción II, de las ROF, el CED autorizó por única ocasión la ampliación en el plazo para dicha entrega, siendo la fecha límite el 16 de noviembre de 2010.
De igual manera en la sesión de referencia, la entidad federativa entregó al representante de la Segob, la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, de conformidad con el numeral 9 de las ROF. Misma que a la fecha no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo con el que cuenta la CGPC a efecto de emitida y publicarla.
Durante la sesión, la Segob explicó la posibilidad de acceder a los APIN. En razón de lo anterior, la entidad federativa manifestó su interés en acceder a los mismos, no obstante ello, por el momento los sectores no cuentan con acciones debidamente identificadas que puedan ser atendidas a través de esta figura, por lo que posteriormente se realizará una sesión de Comité Técnico del Fideicomiso Estatal, con el propósito de que se presente y se autorice el listado de acciones, trabajos y obras que las instancias normativas consideren prioritarias y necesarias realizar.
En razón de lo anterior es por lo que habrá que esperar a efecto de conocer de qué manera y con qué montos se apoyará por parte del Fonden al Estado de Oaxaca por la ocurrencia de movimiento de laderas, iniciados a partir del 20 de agosto de 2010, y que persisten hasta el momento en 51 municipios de dicha Entidad Federativa.
Visto lo anterior, adelantamos que una vez que hayan sido autorizados en su totalidad los recursos con cargo al Fonden para dar atención al fenómeno natural perturbador de- referencia, en términos de lo dispuesto por el numeral 27 de las ROF, dichos recursos se encontrarán disponibles para ser transferidos del Fideicomiso Fonden Federal al Fideicomiso 1997.- Fonden Estado de Oaxaca, una vez que se reciba por parte de dicha entidad federativa el aviso de depósito de la parte correspondiente a su coparticipación.
Asimismo, atentos al numeral 44 de las ROF, el Comité Técnico del Fideicomiso 1997.- Fonden estado de Oaxaca, será el responsable de verificar que se cumpla el calendario de ejecución de las obras y acciones de las dependencias y entidades ejecutoras, en el entendido de-que, de observarse retrasos constantes e injustificados hasta por un plazo de tres meses en el cumplimiento de dicho calendario, deberá realizar las acciones necesarias para que, en su caso, se reintegre al patrimonio del Fideicomiso Fonden Federal el remanente de la coparticipación de orden federal.
Así también, dentro de las sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 1997.- Fonden Estado de Oaxaca, los ejecutores del gasto invariablemente deberán presentar los avances físicos y financieros de sus programas de reconstrucción que se encuentren en ejecución y, en su caso, las problemáticas que éstos enfrenten.
De igual manera, en términos del numeral 46 de las ROF, será responsabilidad del Fiduciario del Fideicomiso 1997.-Fonden Estado de Oaxaca, llevar el control detallado para la atención, recepción y desembolso de los recursos destinados a la entidad federativa que corresponda y que por concepto de coparticipaciones se les hayan entregado a través del Fonden, siendo corresponsables en ese control las dependencias y entidades normativas y ejecutoras, respectivamente, a través de las cuales se canalizaron los recursos al Fideicomiso Fonden Estatal para la atención del desastre natural.
Sin otro particular, y esperando que la información proporcionada sea de utilidad, le saludo cordialmente.
Notas
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo de 2009.
2 Entendidos como los eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas condiciona o genera una situación de desastre natural, caracterizado por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano.
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2008.
4 Aquellos entes facultados para corroborar la ocurrencia de un desastre natural en una fecha y lugar determinado, pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA , por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR , en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred , para el caso de los fenómenos geológicos.
5 Los Fideicomisos Fonden Estatales tienen por objeto establecer un mecanismo ágil y transparente para ejercer los recursos que aporten las entidades.
6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 2009.
7 A saber: Asunción Cacalotepec, Capulalpam de Méndez, Eloxochitlán de Flores Magón, Guelatao de Juárez, Huautepec, Huautla de Jiménez, Mazatlán Villa de Flores, Mixistlán de la Reforma, San Andes Solaga, San Andrés Yaa, San Baltazar Yatzachi el Bajo, San Francisco Cajonos, San Juan Mazatlán, San Lucas Camotlán, San Mateo Cajonos, San Melchor Betaza, San Miguel Quetzaltepec, San Pablo Macuiltianguis, San Pablo Yaganiza, San Pedro Cajonos, San Pedro Ocotepec, Santa Catarina Lachatao, Santa María Alotepec, Santa María Jaltianguis, Santa María Tepantlali, Santa María Yalina, Santa María Yavesía, Santiago Atitlán, Santiago Ixcuintepec, Santiago laxopa, Santiago Texcalcingo, Santiago Zacatepec, Santiago Zoochila, Santos Reyes Pápalo, Santo Domingo Xagacia, Totontepec Villa de Morelos, Villa Hidalgo, San Antonio Nanahuatípam, San Bartolomé Ayautla, San Francisco Huehuetlán, San Jerónimo Tecoátl, San Juan Bautista Tlacoatzintepec, San Lorenzo Cuaunecuiltitla, San Lucas Zoquiapam, San Mateo Yoloxochitlán, San Pedro Ocopetatillo, Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa Cruz Acatepec, Santa Maria Chilchotla, San Pedro Ocotepec, San Juan Juquila Mixe, Santiago Jocotepec, San Pedro Ixcatlan, Santa María la Asunción, Santa María Guienagati, Santa María Teopoxco, San Francisco Jalpetetongo, San Jose lachiguiri, San Lorenzo Albarradas, San Mateo Yoloxochistlan, Santiago Ixtayutla, Santiago Xanica, Santiago Yaitepec y Villa Diaz Ordaz.
8 A saber: Asunción Cacalotepec, Capulalpam de Méndez, Eloxochitlán de Flores Magón, Guelatao de Juárez, Huautepec, Huautla de Jiménez, Mazatlán Villa de Flores, Mixistlán de la Reforma, San Andres Solaga, San Andrés Yaa, San Antonio Nanahuatípam, San Baltazar Yatzachi el Bajo, San Bartolomé Ayautla, San Francisco Cajonos, San Francisco Huehuetlán, San Francisco Jaltepetongo, San Jerónimo Tecoátl, San Jose Lachiguiri, San Juan Bautista TIacoatzintepec, San Juan Juquila Mixe, San Juan Mazatlán, San Lorenzo Albarradas, San Lorenzo Cuaunecuiltitla, San Lucas Camotlán, San Lucas Zoquiapam, San Mateo Cajonos, San Mateo Yoloxochistlan, San Mateo Yoloxochitlán, San Melchor Betaza, San Miguel Quetzaltepec, San Pablo Macuiltianguis, San Pablo Yaganiza, San Pedro Cajonos, San Pedro Ixcatlan, San Pedro Ocopetatillo, San Pedro Ocotepec, Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa Catarina Lachatao, Santa Cruz Acatepec, Santa María Alotepec, Santa María Chilchotla, Santa María Guienagati, Santa Maria Jaltianguis, Santa Maria la Asunción, Santa María Teopoxco, Santa María Tepantlali, Santa Maria Yalina, Santa María Yavesía, Santiago Atitlán, Santiago Ixcuintepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Jocotepec, Santiago Laxopa, Santiago Texcalcingo, Santiago Xanica, Santiago Yaitepec, Santiago Zacatepec, Santiago Zoochila, Santo Domingo Xagacia, Santos Reyes Pápalo, Totontepec Villa de Morelos, Villa Diaz Ordaz y Villa Hidalgo.
9 Que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho Comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en Subcomités que se agruparan por materia o sector.
10 Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.
11 A saber: Abejones, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Chiquihuitlán de Benito Juárez, Concepción Pápalo, Ixtlán de Juárez, Nuevo Zoquiapam, Natividad, San Juan Atepec, San Juan Quiotepec, San Juan Tabaá, San Juan Cotzocón, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan de los Cues, San Juan del Estado, San Juan Tepeuxila, San Miguel Aloápam, San Miguel del Río, San Pedro Yólox, San Pedro Yaneri, Santa Catarina Ixtepeji, Teococuilco de Marcos Pérez, San Bartolomé Zoogocho, San Jaun Chicomezuchil, San Juan Juquila Vijanos, San Jaun Yaee, San Miguel Amatlan, San Andrés Teotilálpam, San Francisco Chapulapa, San Pedro Teutila, San Martín Toxpalan, San Jose Tenango, San Juan Coatzospam, San Pedro Sochiapam, San Miguel Santa Flor, San Pedro Teutila, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa Ines Yatzeche, Santa María Pápalo, Santa Maria Mixtequilla, Santa Maria Ixcatlan, Santa María Tlalixtac, Santa María Tlahuitoltepec, Santiago Lalopa, Santiago Xiacui, Santiago Camotlán, Santiago Nacaltepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Valerio Trujano, Tanetze de Zaragoza, Teotitlán de Flores Magón, Villa Talea de Castro y Villa de Etla.
12 Que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho Comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en subcomités que se agruparan por materia o sector.
Atentamente
Licenciado José María Quijano Torres (rúbrica)
Director General Adjunto
(Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación de la directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los sistemas de manejo ambiental en la administración pública federal
México, DF, a 22 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-3-435, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP-1650/10, suscrito por la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a formular, expedir e implantar sistemas de manejo ambiental en la administración pública federal.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de octubre de 2010.
Licenciado Julián Santillán
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con arreglo a las facultades de la subsecretaría a su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 6 de abril, el cual remitió para nuestra atención con el oficio número SEL/ UEL/ 311/ 1022/ 10, de fecha 7 de abril, relativo a formular, expedir e implantar sistemas de manejo ambiental, que a continuación se describe:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a formular, expedir, implantar y, en su caso, evaluar en todas las dependencias y las entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, sistemas de manejo ambiental, entendidos como el conjunto de acciones orientadas a fomentar el uso eficiente de los recursos materiales utilizados en el desempeño cotidiano de las actividades de las dependencias y las entidades de la administración pública federal, y que tienen el objeto de reducir los efectos negativos de dichas actividades en el ambiente.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial a formular, expedir, implantar y, en su caso, evaluar en todas las oficinas que integran sus órganos, de conformidad con la Ley Orgánica, sistemas de manejo ambiental que tengan por objeto la reducción de efectos negativos en el ambiente.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República a dar seguimiento al cumplimiento de sus normas administrativas en materia de sistemas de manejo ambiental.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión asume el compromiso de evaluar su régimen normativo, con objeto de formular, expedir e implantar sus sistemas de manejo ambiental, que tenga como objetivo la reducción de efectos negativos en el ambiente.
Lo anterior, para que por su atento y gentil conducto se haga llegar al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y cuando así lo estime pertinente, el envío de la nota adjunta que contiene los elementos de respuesta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente
Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General de Coordinación Política
Elementos de respuesta a punto de acuerdo
Cámara de Diputados
En las adquisiciones de papel bond, a partir de marzo de 2008, se ha establecido el requisito en los procedimientos de contratación para que estos bienes contengan cuando menos 50 por ciento de material reciclado, de material reciclable, de fibras naturales no derivadas de la madera, de materias primas provenientes de bosques y plantaciones que se manejen de manera sustentable o de sus combinaciones y elaborado en procesos de blanqueado libre de cloro elemental.
En las adquisiciones de muebles y bienes de madera, a partir de 2009, se ha establecido el siguiente requisito en los procedimientos de contratación: deberán presentar 1. Copia del certificado de manejo sustentable de los bosques expedido por un certificador registrado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o, en su defecto. 2. Manifestación escrita por medio de la cual el licitante declare bajo protesta de decir verdad que el proveedor original de la madera cuenta con el certificado de manejo sustentable de los bosques y en el cual indique además el número de registro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de su certificador, el número de metros cúbicos que le fueron entregados por su proveedor, la descripción y la fecha de la venta, así como el destino final para el cual fue adquirida la madera o el producto forestal maderable.
En cumplimiento del decreto por el que las dependencias y entidades de la administración pública federal, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y los órganos desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no le sean útiles, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha suscrito contratos anuales con la Conaliteg, donando 387 toneladas en el periodo 2005-2009.
Para las adquisiciones de 2010 que se encuentran en proceso, se ha determinado sustituir los vasos desechables de unicel por vasos desechables biodegradables y las carpetas clasificadoras para archivo con la especificación carpeta registradora ecológica tamaños carta y oficio fabricados con cartón de agua libre de químicos.
Se independizaron los circuitos eléctricos para dotar a todas las oficinas y salas de juntas de apagadores.
Adicionalmente, se cuenta con lo siguiente:
Hay contenedores para la recolección de pilas.
Se cuenta con un sistema de recolección de aguas pluviales que se utilizan para regar áreas verdes.
Cuando se detecta una falla en algún equipo de aire acondicionado, se recupera el gas y se reutiliza en los mismos equipos.
Se separar la basura en orgánica e inorgánica.
Se difundió una serie de medidas en la materia, mediante comunicado emitido por la Oficialía Mayor, en abril de 2009, el cual contenía una serie de disposiciones, como
Para el ahorro de energía se tomaron medias asociadas con el uso de equipo de elevado consumo de energía, estableciendo horarios para su uso.
Ahorro en el uso de papel, sustituyéndolo con el uso de correo electrónico.
Establecimiento de cuotas mensuales para uso de combustible para los vehículos automotores propiedad o en posesión de esta secretaría.
(Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del director general de Exploración y Explotación de Hidrocarburos a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a las disposiciones contenidas en la Ley Minera y en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012
México, DF, a 21 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-593 signado por los Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 512. 510 suscrito por el licenciado Eduardo Camero, director general de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las disposiciones contenidas en la Ley Minera, así como en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, relacionadas con el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 14 de octubre de 2010.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo
Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3187/10, en el que se hace del conocimiento de la Secretaría de Energía que el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 30 de septiembre de 2010 que señala lo siguiente:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de Energía para que formulen y ejecuten las políticas necesarias para poder llevar a la práctica las disposiciones contenidas en la Ley Minera, así como en el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, relacionadas con el aprovechamiento y recuperación del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral para autoconsumo de concesionarios o su entrega a Petróleos Mexicanos.
Sobre lo anterior, le comento las acciones que se han llevado en los últimos años para llevar a la práctica las disposiciones contenidas en la Ley Minera relativas al gas asociado a los yacimientos de carbón mineral y para consolidar el marco jurídico que permita a los concesionarios mineros llevar a cabo la recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. Se anexan a este oficio las disposiciones normativas que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El 16 de diciembre de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley Minera en materia de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral (Reglamento). En el reglamento se establecieron las atribuciones de la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Economía (SE) para regular las actividades de recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. Asimismo, establece los requisitos que deben cumplir los concesionarios mineros para la obtención de permisos y el desarrollo de operaciones de recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.
El 11 de junio de 2009, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las siguientes disposiciones normativas de carácter general:
Acuerdo mediante el cual se da a conocer el formato electrónico y tipo de archivos a que se refiere el artículo 8 del Reglamento;
Lineamientos relativos a los estudios que se deberán practicar a las muestras requeridas y que comprueben que se trata de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;
Lineamientos relativos a las modificaciones significativas que se realicen al proyecto de recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral;
Lineamientos para la entrega de información a que deberán sujetarse los permisionarios para la recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.
Adicionalmente, la Sener consensuó los lineamientos que establecen los términos y condiciones a los que se sujetará la entrega de gas grisú a Pemex, así como la contraprestación que pagará Pemex por el gas que reciba. Se espera la publicación de estos Lineamientos en el Diario Oficial de la Federación en los próximos meses.
El 5 de junio de 2009 se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, estableciendo en su artículo 267 el régimen fiscal aplicable al gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. El 27 de noviembre de 2009, se llevó a cabo una modificación a dicho régimen fiscal, reduciendo la tasa de derecho.
El régimen fiscal vigente dispone el pago de un derecho por el uso, goce o aprovechamiento del gas para los concesionarios mineros que recuperen o aprovechen dicho gas y establece una tasa de derecho de 40% sobre el volumen del gas recuperado y aprovechado, menos deducciones permitidas. Además, se establece el cobro un derecho por el análisis de la solicitud y. en su caso, la expedición del permiso o autorización de asociación.
Finalmente, la Sener y la SE elaboraron el anteproyecto de norma oficial mexicana, que establece las disposiciones técnicas para los trabajos de recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. Actualmente, el anteproyecto está en proceso de revisión de las instancias correspondientes, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Al desarrollar y afinar el marco jurídico para la recuperación y el aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral se busca incrementar la seguridad en las minas de carbón mineral, reducir las emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera, aumentar el abastecimiento regional de un energético no renovable y generar beneficios económicos para la industria y para el país.
Con las acciones llevadas a cabo a la fecha, se reitera que la Secretaría de Energía está consolidando el marco jurídico adecuado que propicie la recuperación y aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.
Atentamente
Licenciado Eduardo Camero (rúbrica)
Director General
(Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del director de Coordinación y Evaluación de la Comisión Nacional de Vivienda a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a las medidas para proporcionar seguridad, salud, educación y vivienda a los niños y a los adolescentes menores de 17 años
México, DF, a 25 de octubre de 2010.
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-1303 signado por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y María Dolores del Río Sánchez, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número HDB.1/014/2010, suscrito por el ingeniero Joel Ramírez Díaz, director de Coordinación y Evaluación de la Comisión Nacional de Vivienda, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las medidas para proporcionar seguridad, salud, educación y vivienda a las niñas, niños y adolescentes menores de 17 años.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
Titular de la Unidad
México, DF, a 21 de octubre de 2010.
Licenciado José Labastida Cuadra
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/1230/10 girado a un servidor a esta Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en que se hace referencia al oficio D.G.P.L. 61-11-9-1303 mediante el cual los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y María Dolores del Río Sánchez, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican un punto de acuerdo relativo a:
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Salud, de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Vivienda, informen a esta Soberanía sobre las medidas implantadas para proporcionar seguridad, salud, educación y vivienda a las niñas, niños y adolescentes menores de 17 años de edad en el marco de los resultados del estudio Haciendo lo mejor por los niños de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE) de septiembre de 2009, firmado por Simón Chapple y Dominic Richardson.
A este respecto, adjunto al presente le envío los comentarios pertinentes por parte de Conavi con relación al punto de acuerdo ya señalado, para el trámite que corresponda.
Sin otro particular, le saludo muy cordialmente.
Ingeniero Joel Ramírez Díaz (rúbrica)
Director de Coordinación y Evaluación
Comentarios de la Comisión Nacional de Vivienda al punto de acuerdo presentado por los diputados José de Jesús Grijalva y María Dolores del Río Sánchez, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentado el 22 de abril de 2010, con relación a la solicitud de que se informe sobre la medidas implantadas para proporcionar seguridad, salud, .educación y vivienda, a los niños, niñas y adolescentes menores de 17 años de edad, en el marco de un estudio de la OCDE (Haciendo lo mejor por los niños) de septiembre de 2009
De acuerdo con la propuesta de punto de acuerdo presentada, es importante considerar que el estudio al que se hace referencia, aborda la problemática de los niños mexicanos, en el que de acuerdo con los indicadores de bienestar infantil, señalan que en México muchos niños viven entre la pobreza, una educación deficiente, desatención sanitaria y en contraste situaciones de alto riesgo como embarazos adolescentes, tabaquismo y alcoholismo.
El informe Hacer lo mejor por los niños, firmado por Simon Chapple y Dominic Richardson, sostiene en general que todos los países de la OCDE deberían invertir más en los niños de hasta seis años de edad si quieren atacar el problema de la desigualdad social.
El estudio analiza seis ejes fundamentales para su definición de bienestar infantil: bienestar material, vivienda y entorno, bienestar educativo, salud y seguridad, conductas riesgos y calidad de vida escolar.
En cinco de estos ejes México ocupa los últimos sitios, salvo en el de calidad de vida escolar, para el que el país no registra datos. En los rubros de bienestar material, que comprende las condiciones necesarias para un desarrollo digno y decoroso para el crecimiento del niño, y de bienestar educativo, nuestro país ocupa el penúltimo sitio, apenas por encima de los datos para Turquía.
Hay que recordar que en la Convención sobre los Derechos del Niño, fue el primer instrumento . internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de tener una Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados y protección especiales, que los adultos no necesitan. Los dirigentes, querían también asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas tenían también derechos humanos.
La Convención estableció estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos. Asimismo, define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el. respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.
Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación o la adhesión), los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad internacional. Los Estados parte de la Convención están obligados a la estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño.
De esta manera, la propuesta de punto de acuerdo resulta importante y trascendente, sobre todo cuando el informe Hacer lo mejor por los niños, firmado por Simon Chapple y Dominic Richardson, presenta cifras alarmantes, dónde ubica a los niños mexicanos en los últimos lugares: bienestar material 29/30; vivienda y entorno 26/26; bienestar educativo 29/30; salud y seguridad 28/30; y conductas riesgosas 30/30.
Sin embargo, es importante señalar que el informe se refiere a los niños de hasta 6 años de edad:
Los gobiernos debería invertir más dinero en los niños durante sus primeros seis años de vida para reducir la desigualdad social y apoyar a los niños, especialmente a los más vulnerables a tener una vida exitosa y feliz, esto acorde con el primer estudio en su tipo sobre el bienestar infantil en los 30 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Haciendo lo mejor para los niños , muestra que el promedio del gasto público de los países de la OCDE en los niños de hasta 6 años representa sólo una cuarta parte del gasto dedicado a la niñez.
También... compara el gasto público y las políticas para la infancia con indicadores clave del bienestar infantil en los países de la OC DE. Estos incluyen educación, salud, vivienda, ingresos familiares y la exclusión social.
México gasta más en los niños en edad de escuela primaria que en los niños más pequeños, un patrón común que se observa en toda la OCDE. Sin embargo, el gasto de México en niños mayores es inferior, en parte debido a la gran cantidad de niños que abandonan la educación secundaria. El gasto público en México tanto en la infancia temprana como en la infancia tardía, en relación con los ingresos del hogar, es inferior a la media de la OCDE.
Conseguir un buen comienzo en la vida, especialmente para los runos desfavorecidos, es importante, concluye Dominic Richardson, coautor del informe. México necesita continuar con su tradición de políticas innovadoras para niños pequeños y desfavorecidos y hacer más por estos grupos.
El informe, que se refiere a este grupo de población como ...los niños que están en la edad de Dora la Exploradora y los adolescentes del Facebook , formula algunos de sus juicios mediante argumentos poco válidos, cuando se refiere a la educación en México: ... Ia preparación para el futuro se ve precaria. Ningún otro país de la lista tiene tantas carencias en términos de lo que el informe llama necesidades escolares básicas. El informe PISA, en el que se basa este rubro, mide el parámetro a partir de la posesión de ocho elementos: una mesa para estudiar, un lugar tranquilo para trabajar, una computadora, software educativo, una conexión a Internet, una calculadora, un diccionario y libros de texto.
Para el caso de la vivienda, es importante señalar que el derecho consagrado en el párrafo quinto del artículo cuarto constitucional, señala que: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Por lo tanto, los niños y los jóvenes están considerados como parte de las familias que requieren o que disfrutan de una vivienda, ya que, salvo casos excepcionales, no constituyen una familia por si solos, y en los casos en que así es, es responsabilidad del Estado brindarles un lugar dónde vivir.
Conclusión
La propuesta de punto de acuerdo, está basada en un estudio contratado por la OCDE, el cual ubica a México en último lugar en los indicadores evaluados. Si bien es preocupante esta situación, para el caso de la vivienda se considera que en el punto de acuerdo no aplicaría, debido a que los niños y los jóvenes están considerados como parte de las familias que requieren o que disfrutan de una vivienda, y no de la población objetivo de los programas, ya que, salvo casos excepcionales, no constituyen una familia por si solos, y en los casos en que así es, será responsabilidad del Estado brindarles un lugar dónde vivir.
Los niños y los jóvenes menores de 18 años no son sujetos de crédito para poder adquirir una vivienda, y los que ya trabajan deberían de tener acceso a una vivienda a través de algún fondo para los trabajadores (Infonavit, Fovissste o Issfam). Para el caso de la población ubicada en el mercado no estructurado, no existe restricción alguna para la entrega de un subsidio a las familias constituidas por menores de edad.
Sin embargo, es importante que los organismos de vivienda diseñen programas destinados a financiar a los jóvenes para que adquieran una vivienda, cuenten con mecanismos para generar un ahorro destinado a la compra o construcción de una vivienda; así como instrumentar programas de asesoría técnica y de producción de insumos, para los jóvenes que habitan en zonas rurales o marginadas.
(Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.)
De la Comisión Reguladora de Energía, con el que remite el informe de labores de 2009, que incluye un registro de los permisos otorgados y de los denegados en el año, así como la fundamentación de las deliberaciones de los comisionados
México, DF, a 26 de octubre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Honorable Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento de lo que establece en el artículo 7, fracción VIII, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, me permito remitirle a usted el informe de labores de 2009 sobre el desempeño de las funciones de este órgano desconcentrado, que incluye, entre otros elementos, un registro de los permisos otorgados durante el año; el listado de las solicitudes de permisos no otorgados durante el año, y la fundamentación de las deliberaciones adoptadas por los comisionados.
Aprovecho para saludarlo cordialmente y quedo a sus órdenes.
Atentamente
El Presidente
Maestro Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano (rúbrica)
(Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.)
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en el tercer trimestre de 2010 no otorgó estímulos fiscales ni subsidios relacionados con la primera y segunda fracciones a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010
México, DF, a 22 de octubre de 2010.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
Me refiero a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, en el sentido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión sobre el costo que representan para el erario federal, por concepto de menor recaudación, los diversos estímulos fiscales a que se refiere este artículo, así como los sectores objeto de este beneficio.
Sobre el particular, me permito informarle que durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ejerció la facultad establecida en el artículo 17 de la citada ley, es decir, no se otorgaron estímulos fiscales ni subsidios relacionados con la primera y segunda fracción del artículo mencionado.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa (rúbrica)
Jefe de Unidad de Política de Ingresos de la
Subsecretaría de Ingresos
Artículo 17. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar los estímulos fiscales y subsidios siguientes:
I. Los relacionados con comercio exterior:
1. A la importación de artículos de consumo a las regiones fronterizas,
2. A la importación de equipo y maquinaria a las regiones fronterizas.
II. A cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo.
(Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.)
Del Banco de México, con el que remite el informe donde se analizan la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el periodo julio-septiembre del año en curso
México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, último párrafo, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Cámara el informe en que se analizan la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de julio a septiembre del año en curso.
Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos en los ordenamientos aplicables.
Atentamente
Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica)
Gobernador
(Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.)
De la Cámara de Senadores, en el que transcribe acuerdo aprobado por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 partidas suficientes a fin de operar y ejecutar el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con el siguiente punto de acuerdo:
Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que incluya dentro del estudio y análisis del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, partidas presupuestales suficientes para la operación y ejecución del Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, lo anterior siempre pleno respeto a las facultades y atribuciones que ambas instancias tienen en la discusión de dicho proyecto.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en razón del impacto social que representa el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, los recursos presupuestales que se le asignen conforme el numeral anterior se sujeten a reglas de operación y se acuerden con las Entidades Federativas, a fin de asegurar la transparencia, aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa en el destino de los recursos y en el marco de una visión federalista.
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, a incluir en sus Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, partidas presupuestales para los programas destinados para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad.
Dado en el Recinto Legislativo de Xicoténcatl, a 26 de octubre de 2010.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos al proyecto Inversión de Infraestructura Económica para la Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas sobre el Arroyo Punta de Agua, en Manzanillo, Colima, presentada por Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y asignar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011 la cantidad de 117 millones de pesos para la realización del proyecto inversión de infraestructura económica para la construcción de obras de protección de áreas productivas sobre el arroyo Punta de Agua, en el municipio de Manzanillo, estado de Colima.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
La que suscribe, senadora Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º, numeral 1, fracción II, 276; y 277 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar y asignar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, la cantidad de 117 millones de pesos para la realización del proyecto inversión de infraestructura económica para la construcción de obras de protección de áreas productivas sobre el arroyo Punta de Agua, en el municipio de Manzanillo, estado de Colima, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Primero. Que el desarrollo integral de las actividades económicas y el fortalecimiento y procuración de la calidad de vida de los residentes en el municipio de Manzanillo, estado de Colima, requiere sin dilaciones del impulso de proyectos que favorezcan la construcción de la infraestructura de control fluvial necesaria.
Segundo. Que en el municipio de Manzanillo, como lo es en todas las regiones del país, resulta necesaria la protección de las áreas productivas y habitacionales a través de la construcción de obras de protección que prevengan desbordamientos e inundaciones de fuentes y vías fluviales de alto riesgo colindantes con ellas, evitando con ello la consecución de desastres que provoquen pérdidas humanas y materiales de considerable amplitud, como las acontecidas en diversas zonas de los estados de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas en fechas recientes.
Tercero. Que la zona de los Valles en donde se localiza el arroyo Punta de Agua, en el municipio de Manzanillo, estado de Colima se ubica en una zona humedales con frecuentes cambios inundaciones con arrastre de materiales y causes divagantes, debido a la naturaleza topográfica y geológica de la zona.
Cuarto. Que en este sentido, la creciente avenida no controlada del arroyo Punta de Agua, representa para los habitantes del municipio de Manzanillo cercanos a sus riberas, especialmente a las comunidades de Salagua y Barrio V del Valle de la Garza, una fuente de riesgo latente, especialmente en temporada de lluvias, situación que a su vez implica la vulnerabilidad potencial de sus vidas y posesiones, como sucedió en septiembre de 2006, con la tormenta Lane.
Quinta. Que es prioritaria la materialización de las obras de infraestructura sobre el citado arroyo, debido a que la explotación no controlada de materiales pétreos y arena, así como la confluencia de huracanes en la zona, ha conducido a una vulnerabilidad extrema de la zona. Sobre esta circunstancia, debe señalarse que de presentarse un huracán de grandes proporciones, podría provocar tragedia que afectarían no solamente a las comunidades adyacentes, sino a otras un poco más alejadas como Santiago o varios barrios de la delegación del Valle de las Garzas, en el mismo municipio de Manzanillo.
Sexto. Que aunado a lo anterior, la zona de Manzanillo se ve influenciada negativamente por fuertes precipitaciones de origen ciclónico, por lo que la población se ve recurrentemente, afectada por los desastres naturales acaecidos.
Séptimo. Que a través de la construcción de obras de protección de áreas productivas sobre el arroyo Punta de Agua, en el municipio de Manzanillo, estado de Colima, evaluadas por parte de la Comisión Nacional del Agua y dictaminadas en su viabilidad para proceder a su ejecución por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se garantizará la protección de los residentes de la zona en su vida y bienes, además de que se ponderará el desarrollo económico y social de la entidad federativa en su conjunto.
Hechos
Primero. Que mediante escrito de fecha 19 de julio de 2004, las autoridades ejidales del ejido Abelardo L. Rodríguez, en Santiago, señalaron que su propiedad social afectada directamente por las condiciones adversas del cauce del Arroyo Punta de Agua, se afectaba, por lo que solicitaron a la Comisión Nacional del Agua la realización de obras de taponamiento en su cauce para evitar el desbordamiento de las aguas en la zona.
Segundo. Que el 20 de junio de 2005, la Comisión Nacional del Agua dio por concluidos los trabajos señalados en el hecho anterior, lo cual constituyó un soporte de gran importancia en la disminución de gran parte de las afectaciones a los terrenos ejidales, provocados por el paso de las avenidas extraordinarias derivadas de notables precipitaciones ciclónicas. Sin embargo, estas obras no representaron la solución definitiva para la prevención de pérdidas humanas y materiales en las comunidades adyacentes de Salagua y Barrio V del Valle de la Garza.
Tercero. Que en septiembre de 2006, después de haber sufrido el municipio de Manzanillo de inundaciones por el desbordamiento del arroyo Punta de Agua, fue iniciada la gestión ante la Comisión Nacional del Agua para proyectar la construcción de un canal sobre su cauce principal, con la finalidad de prevenir futuros desastres.
Cuarto. Que el día 24 de marzo de 2007, según lo confirma la minuta de la primera gira de trabajo en la comunidad de Salagua, Manzanillo, Colima, funcionarios estatales, municipales y representantes de la Comisión Nacional del Agua en el estado, realizaron la valoración y análisis de la situación del arroyo Punta de Agua, al mismo tiempo que señalaron la viabilidad y necesidad de ejecutar la infraestructura necesaria para brindar una salida del cauce al océano Pacífico que evite el riesgo de desbordamiento de su cauce y, por ende, se supriman las consecuencias negativas derivadas del mismo en la población cercana.
Quinto. Que a través del comunicado de la entonces delegada de la comunidad de Salagua, ubicada en el municipio de Manzanillo, Colima, fechado el ocho de mayo del 2007, enviado a mi oficina particular, se hizo patente la preocupación generalizada de la ciudadanía sobre las condiciones de riesgo existentes con respecto al desbordamiento del cauce del arroyo Punta del Agua, al mismo tiempo que inicié formalmente el trabajo de despacho y seguimiento de este requerimiento ante, la autoridades correspondientes.
Sexto. Que en mi carácter de representante del estado ante el Senado de la República, he asumido el compromiso de dar seguimiento a dicha solicitud hasta su materialización, especialmente desde junio del año 2007, trabajando de cerca para concretar ante la Comisión Nacional del Agua, el desarrollo de la operación sobre el arroyo Punta de Agua, así como ante la Comisión de Hacienda del Senado de la República ante la cual, por comunicación de fecha 13 de octubre del año 2008, hice del conocimiento de su presidente, el senador José I. Trejo, los detalles sobre este particular.
Séptimo. Que a pesar de la imposibilidad presupuestal de ejecutar el proyecto desde el pasado año 2007, expresada por la Comisión Nacional del Agua, el constante seguimiento y el impulso al desarrollo de los proyectos de viabilidad y costo beneficio, consiguieron que la propia Conagua tomara cartas en el asunto para otorgar certidumbre a la construcción de la obra desde mediados del pasado año 2009.
Octavo. Que el proyecto ejecutivo para la construcción de obras de protección de áreas productivas y centros de población sobre el arroyo Punta de Agua fue concluido en el mes de diciembre del pasado 2009, siendo enviado el día ocho de julio del año en curso a las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua para su revisión autorización y trámite ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Noveno. Que el día 12 de julio del actual, fue recibida la solicitud en la referida Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siéndole asignado el número 28267 para su evaluación y elaboración del documento del análisis costo-beneficio.
Décimo. Que después de haber sido remitido el proyecto a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el análisis costo-beneficio del proyecto Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima, para su registro en la cartera de programas y proyectos, la citada unidad elaboró las proyecciones, calificó la naturaleza del entorno donde se habrá de ejecutar la obra y señaló los beneficios y riesgos asociados a la construcción que puedan afectar su rentabilidad, tanto en su etapa de ejecución como en la de operación.
Undécimo. Que el proyecto, calificado como inversión de infraestructura económica, del ramo del Medio Ambiente y Recursos Naturales, contempla la construcción de un canal sobre el cauce principal del arroyo Punta de Agua, de 7.8 kilómetros de longitud en sección rectangular y trapecial revestido de concreto y sobre el cauce secundario un canal de 3.2 kilómetros de las mismas características, que servirá para controlar un gasto de una avenida de 1,099.5 metros cúbicos por segundo.
Duodécimo. Que los beneficios identificados y esperados del programa del proyecto de inversión sobre este proyecto, son la protección de 47,109 habitantes asentados en 11,603 viviendas, evitando los gastos en recuperación en muebles y equipos electrónicos, los costos y los daños en los comercios y los costos por los daños por inundación en el campo de golf y canchas de tenis del hotel Las Hadas.
Décimo Tercero. De acuerdo con los estudios generales y las proyecciones de la obra, el PPI ha calculado el total de la inversión en un total de $117,000,000.00; proyecto que será incluido en el programa K129 denominado de Infraestructura de Protección a Centros de Población y Áreas Productivas.
Décimo Cuarto. Que atenta al interés y creciente necesidad existente entre los habitantes del municipio de Manzanillo, sus autoridades y bajo el exhaustivo seguimiento dado por la que hace uso de la palabra como representante del estado de Colima, preocupada por el desarrollo armónico de la región desde hace más de dos años, solicito por la vía de este punto de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar asignar la partida presupuestal necesaria, conforme lo ha señalado la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Décimo Quinto. Que la partida autorizada, contribuirá al crecimiento sustentado y sostenible de Manzanillo y del estado de Colima en general, a la par que permitirá la protección y mantenimiento de una calidad de vida digna de los habitantes de la región equidistante al arroyo Punta de Agua.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011, se asigne a la Comisión Nacional del Agua la cantidad de 117 millones de Pesos, destinados a la construcción de obras de protección de áreas productivas y centros de población sobre el arroyo Punta de Agua, municipio de Manzanillo, Colima.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 28 de octubre de 2010.
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se destinen recursos adicionales al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para la Competitividad de la Producción de la Cebada, presentada por Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosalía Peredo Aguilar, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar recursos adicionales del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para la competitividad de la producción de la cebada.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita senadora Rosalía Peredo Aguilar, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a considerar recursos adicionales del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para la competitividad de la producción de la cebada a fin de que éstas erogaciones alcancen al menos los $25,000,000.00 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011. Con base en las siguientes:
Consideraciones
Las condiciones de competencia comercial desigual han cobrado altos precios a la economía de nuestro país, desafortunadamente hemos presenciado de qué manera las distintas cadenas productivas nacionales han sufrido desarticulaciones y las exportaciones mexicanas se ven en serias dificultades para conquistar mercados.
Existen, sin embargo historias de éxito, tal es el caso de la cerveza mexicana que ha logrado posicionarse en los primeros lugares de producción y exportación a nivel mundial. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta, diariamente se consumen más de 20 millones de cervezas mexicanas en el mundo haciendo que la cerveza mexicana esté presente en más de 150 países.
La contribución fiscal de la industria de la cerveza y de la malta representa el 3.8 por ciento ($27,500 millones) de la recaudación total del país, la cadena productiva que integra el sector aporta el 1.6 por ciento del PIB nacional y las exportaciones anuales ascienden a mil 800 millones de dólares.
Sin duda alguna, estas historias de éxito resultan muy alentadoras, sin embargo, como legisladores no debemos perder de vista que, lamentablemente, los beneficios de éste éxito no han permeado a todos los eslabones de la cadena agroindustrial y en este caso, me refiero específicamente a los productores de la cebada maltera, principal materia prima para la elaboración de la cerveza.
Existen en nuestro país aproximadamente 92 mil productores de cebada, la producción se concentra principalmente en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México y Tlaxcala.
En México, el cultivo de la cebada se destina en su mayoría a la elaboración de malta para la producción de cerveza y en menor medida para forrraje.
Cobra especial importancia el hecho de que más del 60 por ciento de los productores son temporaleros y que tan sólo un 30 por ciento de ellos cuentan con riego, es decir, que la mayor parte de los productores están sujetos a un gran número de factores climáticos que ponen en riesgo la cosecha.
Esto explica la tendencia de los productores a migrar a otros cultivos y la reducción de la superficie cosechada y sembrada de este grano que entre 2000 y 2007 se ubicó en -1.1 y -0.2 por ciento.
México contribuye tan sólo con el 0.47 por ciento de la producción mundial de este grano, lo que significa que nuestro país tiene una productividad 200 por ciento menor que el principal país productor.
Es claro el contraste en ambos extremos de la cadena agroindustrial cebada-malta-cerveza al comparar las cifras de exportación de cerveza mexicana con las cifras de importación de cebada y sus derivados que alcanzan los 1,397.57 millones de toneladas equivalentes a 264.95 millones de dólares. Esto significa que la producción de cebada en nuestro país no está siendo capaz de abastecer la creciente demanda de la pujante industria cervecera.
La producción de cebada requiere de un más alto nivel de mecanización que la producción de maíz pero los productores se encuentran con limitaciones para acceder a la tecnología que modernice sus unidades productivas viéndose en la necesidad de alquilar maquinaria, lo cual reduce aún más su modesto margen de ganancia y les niega la posibilidad de acceder a mejores niveles de vida. Generando que la mano de obra para este cultivo sea cada vez más escasa porque las personas prefieren emplearse en fábricas o emigrar a EUA en busca de un mejor ingreso para sus familias.
La política agrícola de este país debe aprovechar el éxito de la industria cervecera nacional como un motor para desarrollar al máximo cada uno de los eslabones implicados. El verdadero éxito de la cadena agroindustrial cebada-malta-cerveza, será una realidad sólo cuando éste se traduzca en mejores condiciones de vida para las personas que producen la materia prima.
Si bien es cierto que hay condiciones del mercado que escapan al control que pueda ejercer nuestro país para favorecer a nuestros productores, también es una realidad que hay factores sobre los cuales el Estado tiene plena capacidad de incidencia. En el caso concreto de la cebada, no bastaría con un aumento en los precios internacionales del grano para que los productores puedan desarrollar al máximo sus unidades productivas.
Los productores cebaderos requieren urgentemente una política integral que les permita acceder a nuevas tecnologías de producción que eleven la productividad y al mismo tiempo resguarden las sustentabilidad de la tierra; acceso a asistencia técnica; mayores opciones de financiamiento para adquisición de maquinaria, sistemas de riego, infraestructura de almacenamiento, medios de transporte y capacitación para la comercialización.
De esta manera se equilibraría la cadena agroindustrial al aumentar el margen de ganancia de los productores al mismo tiempo que se estaría garantizando el abasto para la industria cervecera nacional disminuyendo las importaciones del grano.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la aprobación de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a considerar recursos adicionales del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable para la competitividad de la producción de la cebada a fin de que éstas erogaciones alcancen al menos los $25,000,000.00 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de cctubre de 2010.
Senadora Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se considere la creación de un fondo nacional que asegure a niños y a adolescentes damnificados por el combate frontal contra el narcotráfico becas escolares y alimenticias, y un futuro promisorio que incluya las terapias requeridas para superar las secuelas que tales acontecimientos les dejan, presentada por María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI
México, D. F., a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a considerar, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, la creación de un fondo nacional que permita asegurar becas escolares y alimenticias a los niños y adolescentes que, damnificados por el combate frontal contra el narcotráfico, les asegure un futuro promisorio que incluya las terapias que requieran los afectados para superar las secuelas que estos acontecimientos trágicos dejan en sus vidas.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez
Vicepresidente
La suscrita, María Elena Orantes López, senadora por el estado de Chiapas e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La estrategia gubernamental contra el narcotráfico comenzó diez días después de que el Presidente Felipe Calderón asumió el cargo en diciembre de 2006. Desde entonces, hemos tenido que lamentar la pérdida de 30,000 personas, víctimas de la violencia relacionada con la lucha contra las drogas, pese a la presencia de entre 45,000 y 60,000 soldados en diferentes partes del país.
El clima de enfrentamiento y violencia entre bandas de narcotraficantes y la que se suscita entre las fuerzas federales de seguridad, el ejército y la fuerza armada contra los grupos delincuenciales, mantiene inmerso al Estado mexicano en una batalla sin precedente para imponer su autoridad ante el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Muchas de las víctimas de esta lucha sin cuartel han perdido la vida o han sido heridas por cruzarse en el camino de las ráfagas de armas de alto impacto en el momento que se registra un enfrentamiento, o cuando se confunden vehículos que a su interior llevan familias con miembros del narcotráfico.
Hablamos de ciudadanos comunes que nada tienen que ver con las actividades del narcotráfico o de la delincuencia organizada, entre los que se encuentran niños, adolescentes, mujeres, hombres, migrantes, turistas, periodistas, entre otros muchos, todos ellos inocentes que, en muchas de las ocasiones, la autoridad ha querido hacer pasar como miembros de la delincuencia.
La guerra contra el narcotráfico ha dejado a muchas familias damnificadas. En este punto, es necesario destacar con mayor importancia la orfandad en la que se encuentran miles de infantes que han perdido a alguno o a ambos de sus padres, quedando a la deriva o bajo el cuidado de otros familiares sin ningún tipo de protección social.
El Estado mexicano tiene una obligación con la infancia, aún más, cuando esta violencia es fomentada por una estrategia planeada desde el gobierno federal.
Es por ello que, en un sentido de solidaridad con los niños, niñas y adolescentes víctimas de esta crisis de seguridad que vive nuestro país, es necesario que se cree un fondo nacional para implementar programas integrales de educación, alimentación y atención médica en apoyo de este grupo de la población.
La autorización y aplicación de estos recursos podría sentar un precedente de lo que debe hacer el Estado mexicano por los miles de niños y niñas que la lucha contra el narcotráfico deja tras de sí, como un daño colateral.
Se debe procurar que este fondo permita asegurar becas escolares y alimenticias a las y los niños y adolescentes que, damnificados por este combate frontal contra el narcotráfico, les asegure un futuro promisorio. Este fondo de largo alcance deberá incluir las terapias que requieran los afectados para superar las secuelas que estos acontecimientos trágicos dejan en sus vidas, así como brindar servicios jurídicos, de atención medica-psicológica a las familias, rehabilitación física en casos necesarios, y oportunidades para impulsar el desarrollo económico de las viudas, viudos y huérfanos.
Según conteos y cálculos de algunos medios de comunicación, de organizaciones civiles, así como de autoridades federales, se tienen datos de que hay aproximadamente 4 mil niños, niñas y adolescentes ultimados, tanto en operativos militares como por parte del enfrentamiento entre bandas delictivas; así como más de 3 mil 700 huérfanos de padre, madre o de ambos, afectando todas estas muertes en su conjunto, a más de 20 mil familias en todo el país.
Es necesario proteger a nuestra infancia y contrarrestar los horrores que padecen las familias mexicanas en esta guerra sin rumbo que tiene en jaque al país. Los huérfanos deben contar con la protección del Estado, ya que la fallida estrategia gubernamental contra el narcotráfico, no puede dejar olvidados a miles de menores de edad que han sido marcados de por vida por esta situación inédita en México.
El tema de la creación de fondos para resarcir los daños a personas inocentes por causas de la guerra contra el narcotráfico ha sido ampliamente abordado en el Poder Legislativo, sin embargo, no hemos sido capaces de hacer justicia a los infantes y otorgar las facilidades a sus familiares para coadyuvar al cumplimiento irrestricto de sus derechos.
De la misma forma, en otros espacios de discusión nacionales, como es el caso del Diálogo por la Seguridad, organizado por el Ejecutivo federal en el mes de agosto del presente año, los gobernadores plantearon al presidente Felipe Calderón crear un fondo para los casi 100 mil familiares de las víctimas de la guerra al crimen organizado. Asimismo, plantearon otorgar becas a huérfanos y viudas con recursos obtenidos en los aseguramientos a los cárteles del narcotráfico.
En este mismo espacio, los gobernadores mostraron su inconformidad por el hecho de que las autoridades afirmen que las 30 mil víctimas de la violencia tienen relación directa con el narcotráfico, sin haber esclarecido las causas reales detrás de los miles de asesinatos que año con año se incrementan en México.
Más aún, cuando las autoridades federales dejan sin investigar el 95 por ciento de las muertes relacionadas con el combate a la delincuencia organizada. Derivado de lo anterior, se sabe que no son más de dos mil las averiguaciones previas realizadas desde el inicio del sexenio, pese a que se han contabilizado 30 mil muertes producto de la lucha contra el narcotráfico.
Lo anterior, según información que las propias autoridades federales enviaron al Senado de la República entre los meses de junio y julio de este mismo año.
En este mismo sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que la Secretaría de la Defensa Nacional indemnice a los familiares de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey fallecidos en un fuego cruzado entre militares y delincuentes el pasado 19 de marzo en la capital de Nuevo León.
Cabe mencionar, que el Estado mexicano ha signado diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención sobre los Derechos de la Niñez y sus Protocolos facultativos, quedando por ello obligado a dar garantías a la vida, seguridad y derechos humanos de la población, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes.
El Estado mexicano debe asumir un compromiso y crear un fondo que permita reparar el daño de las familias víctimas de la lucha contra el crimen organizado.
La Convención sobre los Derechos de la Niñez señala la protección del derecho intrínseco a la vida, a su supervivencia y al desarrollo. Además del deber de mitigar los sufrimientos de niñas, niños y adolescentes, al tiempo de garantizar todos sus derechos a la salud, el desarrollo, la seguridad y la paz.
Por su parte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece al Estado mexicano dos principios rectores para la protección de la niñez: 1) el derecho a tener una vida libre de violencia; 2) la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales.
En virtud de todo lo anterior, creemos necesario realizar un exhorto al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, se contemple un fondo nacional de apoyo para otorgar asistencia, atención médica, becas escolares y de alimento, para los niños huérfanos o heridos por causas de la guerra contra el narcotráfico.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados a contemplar en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, la creación de un fondo nacional que permita asegurar becas escolares y alimenticias a las y los niños y adolescentes que, damnificados por el combate frontal contra el narcotráfico, les asegure un futuro promisorio, que incluya las terapias que requieran los afectados para superar las secuelas que estos acontecimientos trágicos dejan en sus vidas, así como brindar servicios jurídicos, de atención medica-psicológica a las familias, rehabilitación física en casos necesarios, y oportunidades para impulsar el desarrollo económico de las viudas, viudos y huérfanos.
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 28 días del mes de octubre de 2010.
Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite proposición con punto de acuerdo a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos adicionales para adquirir vacunas contra el cáncer cervicouterino, presentada por Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN
México, D F, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Rosalía Peredo Aguilar presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 recursos adicionales para la adquisición de dosis de vacunas contra el cáncer cervicouterino.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Pleno de la Honorable Cámara de Senadores
Sexagésima Primera Legislatura
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, senadora Rosalía Peredo Aguilar, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos adicionales de al menos 10 millones de pesos para la adquisición de dosis de vacunas contra el cáncer cervicouterino dentro de las erogaciones para Programa para Prevención y Atención del Cáncer Cervicouterino, con base en las siguientes
Consideraciones
1. En México muere una mujer cada dos horas a causa de cáncer cervicouterino. Se registran anualmente 6 mil muertes por esta enfermedad. El cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres menores de 45 años de todo el mundo.
2. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, en México, el cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte por neoplasias en mujeres mayores de 25 años. La población femenina de América Latina es considerada como de alto riesgo debido a las altas tasas de incidencia que presenta, en comparación con países desarrollados.
3. A nivel regional, estudios comparativos señalan que las tasas más altas de incidencia en América Latina corresponden a Chile y México.
4. El cáncer cervicouterino es una enfermedad absolutamente prevenible. Gracias a la ciencia, hoy día la humanidad cuenta con una vacuna que ha probado su efectividad, su seguridad y que ha sido aprobada por la Secretaría de Salud.
5. Los expertos opinan que la vacunación, aunada a los estudios de detección oportuna como el examen de Papanicolaou, reduce en 70 por ciento el riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino.
6. De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud, en 2010 se adquirieron 50 mil 658 dosis de vacunas menos que en 2009, a pesar de que el precio de la vacuna disminuyó de 345.18 a 242.97 pesos.
7. Los gastos destinados para la prevención y atención del cáncer en la mujer apenas alcanzan el 0.4 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.
La experiencia internacional ha comprobado rotundamente que en el caso de enfermedades prevenibles, resulta mucho más económico para el sistema de salud, en la inversión en la prevención que los posteriores tratamientos que se requieren una vez que ésta se presenta.
Cuando una mujer en edad productiva fallece, el impacto a nivel familiar es devastador, es inaceptable que nuestro país reporte cifras tan elevadas de mortandad en población femenina en edad productiva a causa de una enfermedad para la cual ya existe una vacuna.
Es por lo expuesto que someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 recursos adicionales de al menos 10 millones de pesos para la adquisición de dosis de vacunas contra el cáncer cervicouterino, dentro de las erogaciones para el Programa para Prevención y Atención del Cáncer Cervicouterino.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de octubre de 2010.
Senadora Rosalía Peredo Aguilar (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN, para que se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa en relación con el proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha solicitud, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente
Mesa Directiva
Honorable Cámara de Senadores
Presente
El que suscribe, Jorge Andrés Ocejo Moreno, senador de la República para la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 214 del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien remitir al presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de ese órgano legislativo, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
1. Con fecha 9 de septiembre de 2010, presenté ante el Pleno de la Cámara de Senadores la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con el propósito de establecer la exención del pago del impuesto sobre la renta a todo tipo de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como de las pensiones vitalicias u otras formas de retiro.
2. Con la misma fecha, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 72 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió la Iniciativa en comento a la honorable Cámara de Diputados.
3. Con fecha 14 de septiembre de 2010, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados informó al Pleno de la recepción de la referida Iniciativa, turnándola a las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de ese órgano legislativo para su estudio y dictamen correspondiente.
4. La iniciativa en comento tiene como finalidad establecer la exención del pago del impuesto sobre la renta a todo tipo de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro previstas en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Ley General de Sociedades Cooperativas en su artículo 57 y leyes de seguridad social de las entidades federativas, por considerar que la aplicación de esta disposición resulta inconstitucional, ya que las pensiones son resultado de las aportaciones del propio trabajador, patronales y del gobierno, mismas que se hicieron a lo largo de su vida laboral y sobre las cuales ya se hizo el cobro del impuesto sobre la renta.
Consideraciones
Primera. De conformidad por lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el Presidente Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados podrá excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquél en que se les turne un asunto.
Segunda. La Iniciativa en comento fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la honorable Cámara de Diputados con fecha 14 de septiembre del año en curso, por lo que el plazo anteriormente referido para que estas Comisiones realicen la presentación del dictamen correspondiente ante el pleno de la Cámara ha expirado, pues a la fecha han transcurrido más de veintiocho días hábiles después de que recibieron el turno de la misma.
Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe solicita atentamente
Único. Se remita a la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados esta excitativa, a fin de que las Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de dicha Cámara, presenten ante el Pleno de la misma, el dictaminen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con el propósito de establecer la exención del pago del impuesto sobre la renta a todo tipo de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como de las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, presentada por el senador Jorge A. Ocejo Moreno, con fecha 9 de septiembre de 2010 y tengamos la posibilidad de recibir a la mayor brevedad en esta Cámara de origen la minuta relativa, para darle el trámite correspondiente.
Atentamente
Senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (rúbrica)
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jorge Gabriel Rivas Barbosa para prestar servicios como almacenista en la Sección de Servicios Generales del Consulado General de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jorge Gabriel Rivas Barbosa para que pueda prestar sus servicios como almacenista en la Sección de Servicios Generales, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Gabriel Rivas Barbosa para que pueda prestar sus servicios como almacenista en la Sección de Servicios Generales, en el Consulado General de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Michele Melissa Gutiérrez Dandridge para prestar servicios como secretaria para las Oficinas de Prensa y Política de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Michele Melissa Gutiérrez Dandridge para que pueda prestar sus servicios como secretaria en las Oficinas de Prensa y Política de la Embajada Bolivariana de Venezuela en México.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Michele Melissa Gutiérrez Dandridge para que pueda prestar sus servicios como secretaria en las Oficinas de Prensa y Política de la Embajada Bolivariana de Venezuela en México.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Javier Laynez Potisek para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en grado de Cruz de Honor, que le otorga el gobierno del Reino de España
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Javier Laynez Potisek pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en grado de Cruz de Honor, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Javier Laynez Potisek pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en grado de Cruz de Honor, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Ernesto Velázquez Briseño para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Ernesto Velázquez Briseño pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Ernesto Velázquez Briseño pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno del Reino de los Países Bajos
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno del Reino de los Países Bajos.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano José Ignacio Madrazo Bolívar pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno del Reino de los Países Bajos.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Sonia Esther Amelio Amador para aceptar y usar la medalla Pushkin, que le otorga el gobierno de la Federación de Rusia
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la ciudadana Sonia Esther Amelio Amador pueda aceptar y usar la medalla Pushkin, que le otorga el gobierno de la Federación de Rusia.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que la ciudadana Sonia Esther Amelio Amador pueda aceptar y usar la medalla Pushkin, que le otorga el gobierno de la Federación de Rusia.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Yanerit Cristina Morgan Sotomayor para aceptar y usar la condecoración de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Panamá
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la ciudadana Yanerit Cristina Morgan Sotomayor pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Panamá.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que la ciudadana Yanerit Cristina Morgan Sotomayor pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Panamá.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Eduardo Lizalde y Chávez Ramírez para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y de las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Eduardo Lizalde y Chávez Ramírez pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y de las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Eduardo Lizalde y Chávez Ramírez pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Artes y de las Letras, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Roxana del Consuelo Sáizar Guerrero para aceptar y usar la Medalla al Mérito Cultural, que le otorga el gobierno de la República de Colombia
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la ciudadana Roxana del Consuelo Sáizar Guerrero pueda aceptar y usar la medalla al Mérito Cultural, que le otorga el gobierno de la República de Colombia.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que la ciudadana Roxana del Consuelo Sáizar Guerrero pueda aceptar y usar la medalla al Mérito Cultural, que le otorga el gobierno de la República de Colombia.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jorge Alberto Burguete Kaller para aceptar y usar la condecoración de la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Jorge Alberto Burguete Kaller pueda aceptar y usar la condecoración de la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales (RITN), que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Jorge Alberto Burguete Kaller pueda aceptar y usar la condecoración de la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales (RITN), que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Mario Alberto Gasque Ramos para aceptar y usar la condecoración de la Armada Argentina, que le otorga el gobierno de la República de Argentina
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Mario Alberto Gasque Ramos pueda aceptar y usar la condecoración de la Armada Argentina, que le otorga el gobierno de la República de Argentina.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Mario Alberto Gasque Ramos pueda aceptar y usar la condecoración de la Armada Argentina, que le otorga el gobierno de la República de Argentina.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Mario Alberto Gasque Ramos para aceptar y usar la condecoración de la Marinha do Brasil, que le otorga el gobierno de la República de Brasil
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Mario Alberto Gasque Ramos pueda aceptar y usar la condecoración de la Marinha do Brasil, que le otorga el gobierno de la República de Brasil.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Mario Alberto Gasque Ramos pueda aceptar y usar la condecoración de la Marinha do Brasil, que le otorga el gobierno de la República de Brasil.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Abel Reyna Castro para aceptar y usar la condecoración de la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y Placa de Distintivo, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Abel Reyna Castro pueda aceptar y usar la condecoración de la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y Placa de Distintivo, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Abel Reyna Castro pueda aceptar y usar la condecoración de la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y Placa de Distintivo, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América. ~
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Esperanza Cagiao Alonso para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que la ciudadana Esperanza Cagiao Alonso pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que la ciudadana Esperanza Cagiao Alonso pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Gerardo Lino Ruiz López para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, en grado de Medalla Cheonsu, que le otorga el gobierno de la República de Corea
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Gerardo Lino Ruiz López pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, en grado de medalla Cheonsu, que le otorga el gobierno de la República de Corea.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Gerardo Lino Ruiz López pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito de la Seguridad Nacional, en grado de medalla Cheonsu, que le otorga el gobierno de la República de Corea.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Mario Enrique Díaz Quesada para aceptar y usar la medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patria, que le otorga el gobierno de la República de Nicaragua
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Mario Enrique Díaz Quesada pueda aceptar y usar la medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patna, que le otorga el Gobierno de la República de Nicaragua.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Mario Enrique Díaz Quesada pueda aceptar y usar la medalla Honor al Mérito Militar Soldado de la Patna, que le otorga el Gobierno de la República de Nicaragua.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Rafael Rangel Sostmann para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Rafael Rangel Sostmann pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Rafael Rangel Sostmann pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, consejero de la Judicatura Federal, para aceptar y usar la distinción de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que le confiere el gobierno del Reino de España
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, consejero de la Judicatura Federal, pueda aceptar y usar la distinción de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que le confiere el Reino de España.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, consejero de la Judicatura Federal, pueda aceptar y usar la distinción de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que le confiere el Reino de España.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano José Francisco Alejandro Ruiz Robles, corredor público número 22 del Distrito Federal, para aceptar y usar la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto como Líder para el Desarrollo, que le confieren el Senado de la Nación Argentina, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades y Comunas, y el Club Shalom
México, DF, a 28 de octubre de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso para que el ciudadano José Francisco Alejandro Ruiz Robles, corredor público 22 del Distrito Federal, pueda aceptar y usar la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto como Líder para el Desarrollo, que le confiere el honorable Senado de la Nación Argentina, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades y Comunas, y el Club Shalom.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Proyecto de decreto
Artículo Único. Se concede permiso para que el ciudadano José Francisco Alejandro Ruiz Robles, corredor público 22 del Distrito Federal, pueda aceptar y usar la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto como Líder para el Desarrollo, que le confiere el honorable Senado de la Nación Argentina, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades y Comunas, y el Club Shalom.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Senadores, en México, Distrito Federal, a 28 de octubre de 2010.
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Secretaria