Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2975-II, miércoles 24 de marzo de 2010.


Proposiciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER A PARTIR DE 2010, POR CONDUCTO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO UN COMPONENTE DE INVERSIÓN NO MAYOR DE 10 POR CIENTO EN LA CONTRAPARTE QUE DEBERÁN APORTAR LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA O LOS GOBIERNOS LOCALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ARÁMBULA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado José Antonio Arámbula López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La cantidad de agua que actualmente hay en la tierra alcanza los mil 385 millones de kilómetros cúbicos, sin embargo, menos del 3 por ciento de esta cantidad es agua dulce y de este total apenas el 0. 3 por ciento es agua superficial y el resto proviene de mantos acuíferos.

La demanda de agua continúa creciendo como consecuencia del incremento de la población, actualmente, la dotación per cápita a nivel mundial es 33 por ciento menor a la que existía en 1970.

En el mundo, 1.4 miles de millones de personas viven sin agua potable para consumo doméstico y 7 millones de personas al año mueren por enfermedades relacionadas con el agua.

En México el 11 por ciento de la población viven sin agua potable para consumo doméstico en zonas urbanas y el 28 por ciento en el ámbito rural; en tanto que el 14 por ciento de la población no tiene cobertura de alcantarillado en zonas urbanas y el 42 por ciento en la zona rural, situación que revista una especial dificultad si se considera que en el país existen alrededor de 185 mil localidades rurales. Por otro lado, del total del volumen de agua que se utiliza 83 por ciento se destina al riego, 12 por ciento al abastecimiento de agua para uso domestico, 3 por ciento al uso industrial y el 2 por ciento restante a la acuacultura.

Si bien México se caracteriza por tener algunos de los mejores organismos operadores de agua potable y saneamiento de América Latina, también cuenta con algunos en diversas regiones cuyo desempeño es deplorable, variando significativamente el acceso, la eficiencia y calidad de los servicios de agua y saneamiento de una localidad a otra, que están marcados por diversos problemas, dentro de los cuales destacan:

• La baja eficiencia técnica y comercial en la prestación de los servicios;

• Mala calidad de los servicios de abastecimiento de agua y,

• Calidad deficiente de los servicios de saneamiento, especialmente en lo que respecta al tratamiento de aguas residuales;

• Carecen de autosuficiencia los organismos operadores de agua toda vez que el pago de los servicios es menor al costo de producción de los mismos.

Actualmente, sólo el 30 por ciento de las aguas servidas reciben algún tipo de tratamiento. La Conagua estima que el 52 por ciento del total de los recursos hídricos superficiales están muy contaminados, mientras que el 39 por ciento están contaminados de forma moderada y sólo el 9 por ciento es de calidad aceptable.

Por lo que a calidad del servicio de agua potable se refiere, este deja mucho que desear, ya que según se desprende del censo del año 2000 el 55 por ciento de las familias mexicanas con acceso a agua entubada recibía el servicio en forma intermitente, por lo que a pesar de que hasta el año 2007 existían 541 plantas potabilizadoras municipales en operación para el uso y abastecimiento publico, esto no a sido suficiente para poder otorgar un servicio publico de calidad en todo el país, siendo actualizado dicho problema hasta nuestros días.

Es de suma importancia resaltar que los trabajos en materia de agua en el orden municipal no solo tienen que ver con otorgar el servicio público de alcantarillado y distribución de agua. La Constitución Política, en su artículo 115 establece que el tratamiento de aguas residuales es otra de sus atribuciones, que no por ser la ultima etapa del proceso del servicio del agua potable, es menos importante.

Actualmente, organismos internacionales especializados en la materia y las instituciones ambientales en nuestro país, exigen el tratamiento de aguas residuales con el objetivo de contribuir al cuidado y saneamiento del medio ambiente.

De acuerdo con información de la Conagua, hasta el año 2007 existían en nuestro país mil 710 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación, que trataron solo el 38.3 por ciento del total de aguas residuales recolectadas, destacando la transferencia de aguas residuales colectadas hacia cultivos agrícolas, siendo insuficiente para poder cumplir con los estándares internacionales de tratamiento de aguas residuales.

Es el caso que en el año 2007 se pone en marcha por parte del gobierno federal el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, el cual asume como premisa básica la búsqueda del desarrollo humano sustentable, es decir, que todos los mexicanos tengamos una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras, a través del uso sustentable del agua y la preservación del medio ambiente.

El Programa Nacional Hídrico, se encuentra normalizado por las Reglas de Operación para los programas de Infraestructura Hidroagrícola Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua, aplicable a partir del año 2009, estatuto que tienen como propósito fundamental el de mejorar la productividad del agua en el sector agrícola e incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la población de zonas urbanas y rurales, asegurando que la aplicación de recursos públicos en programas de desarrollo de infraestructura hidráulica, se realicen con eficiencia, economía, honradez y transparencia, estableciendo los procedimientos regulatorios de acceso, evaluación y rendición de cuentas de cada programa.

Desde el establecimiento del Programa y sus Reglas de Operación se recibieron enormes beneficios por parte de la sociedad, sin embargo y toda vez que uno de los problemas fundamentales que enfrenta nuestro país hoy en día lo es el tema de tratamiento de aguas residuales, es importante señalar que dentro de las Reglas de Operación en cuestión se estableció tácitamente un impedimento para las entidades federativas, mayormente para los municipios, toda vez que actualmente las Reglas de Operación se establece que las aportaciones de las localidades u organismos operadores de los servicios hídricos, van desde un 25 a un 60 por ciento como aportación de la parte que les corresponde, por lo que cuando estas tengan deficiencia presupuestal, por lo que ante la ausencia de capacidad económica de parte de los gobiernos locales, estos terminan por rechazar las aplicaciones de acciones o mejoras contenidas en los Programas Federales, en atención de que no cuentan con los porcentajes que, por concepto de contra parte, se obligan a otorgar.

Esto trae como consecuencia en la mayoría de los casos, que exista un subejercicio presupuestal del gobierno federal, en virtud de que dejan de ser ejercidas enormes cantidades de recursos, no por la no inexistencia de la necesidad ciudadana, sino por falta de capacidad de recursos de parte de las entidades federativas y sus municipios para poder trabajar en beneficio de la sociedad en temas tan importantes como lo es el del agua.

Cabe destacar, que es el municipio a través de sus instancias administrativas quien tiene el compromiso de mantener un contacto directo con la población, buscando encausar de la mejor manera sus inquietudes así como solucionar sus principales demandas, siendo sin duda, el otorgamiento, cuidado y buen manejo de las aguas nacionales, una de las más importantes.

Es el municipio quien constitucionalmente tiene la responsabilidad de cubrir con los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, por consecuencia es el mismo quien más ha resentido la falta de recursos para el correcto funcionamiento administrativo, lo que ha generado que se incumpla de la manera fundamental con la prestación de los servicios, siendo imposible programar la realización de proyectos de mejoras en materia de tratamiento de aguas residuales, por no contar con capacidad económica suficiente, quedando en desventaja con otros que si la tienen, ocasionando el desequilibrio en desarrollo nacional.

Es por lo anteriormente expuesto que es urgente y necesario que el titular del Poder Ejecutivo federal a través del titular de la Comisión Nacional del Agua, realice un planteamiento que permita a los municipios con poca capacidad económica, el poder hacer uso de los recursos federales tratándose de acciones y programas que se destinen para el establecimiento, mejoramiento y hacer más eficiente la infraestructura de agua potable, su extracción, manejo, saneamiento y disposición final, disminuyendo los montos de contrapartes a los gobiernos locales y organismos operadores del Agua o ambos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que por conducto del titular de la Comisión Nacional del Agua establezca a partir del año 2010 dentro de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional de Agua, un componente de inversión no mayor del 10 por ciento en la contraparte que deberán aportar los organismos operadores del agua y gobiernos locales, en los diversos programas de infraestructura en materia de agua potable, alcantarillado, saneamiento y destino final del agua a su cargo.

Palacio Legislativo, a los 24 días del mes de marzo de 2010.

Diputado José Antonio Arámbula López (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES Y A LA ALDF A CREAR UNA COMISIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia es un asunto de primordial importancia para el futuro del país. Por tal motivo, en 2004 durante la LIX Legislatura, se creó la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, en la cual participaron diputados de los diferentes grupos parlamentarios interesados en mejorar la situación de las niñas y niños de México.

Lo anterior, demuestra el compromiso común de la Cámara de Diputados para proteger el interés superior de la infancia pues, en aquella legislatura, trabajamos conjuntamente dentro de la comisión para lograr acuerdos que beneficiaran a este segmento tan importante de la población y afortunadamente se alcanzaron resultados tangibles en beneficio de los niños del país.

Los trabajos de ese entonces tenían un objetivo común, que hasta la fecha es vigente, el cual es la elaboración de un proyecto legislativo que garantice el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en México.

Durante la LIX Legislatura, en la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias se desarrolló un arduo esfuerzo para adecuar la legislación federal, de forma multidisciplinaria y transversal, con la finalidad de proteger, prevenir, promover y alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos.

Sin embargo, existen retos y problemáticas que debemos superar, ya que en México aún nos falta dar pasos para conseguir desarrollar un pleno proceso de adecuación, modernización y armonización legislativa en la materia, por tal motivo, en septiembre del año pasado presenté una proposición con punto de acuerdo para que se volviera a crear la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, y de esta manera darle continuidad al trabajo legislativo que realizamos en el LIX Legislatura.

Esta propuesta tiene como finalidad proteger los derechos de los niños mexicanos, así como encontrar la solución a las diferentes problemáticas que hoy afronta el futuro de la niñez, como son la pobreza, el acceso a los servicios de educación y salud de calidad, alimentación, además de combatir las amenazas para su óptimo desarrollo, que se representan en la violencia, la explotación sexual infantil, el trabajo forzado, la trata, el secuestro o el crecimiento de las adicciones, entre otras.

Gracias al trabajo comprometido de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias se produjeron avances importantes, como lo fueron las reformas al Título Octavo del Código Penal Federal, en materia de explotación sexual infantil y se abordaron los temas de salud, infancia indígena, tratamiento de menores infractores, derechos de las niñas, entre otros.

Estas acciones responden a lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales son los principales instrumentos jurídicos que resguardan los derechos de la infancia y que requieren de eficientes mecanismos de armonización en los tres niveles de gobierno.

En fecha del 24 de febrero de 2010, la Junta de Coordinación Política aprobó nuevamente la creación de la Comisión Especial de la Niñez. Es por ello que se requiere de una homologación positiva entre la legislación federal y la de las entidades federativas, pues es necesario un piso común del cual se procuren los derechos humanos de las niñas y niños y se propicie un marco institucional legislativo que atienda los requerimientos específicos de la niñez, adolescencia y familias.

De esta forma, este punto de acuerdo hace un exhorto a los Congresos estatales para que creen sus respectivas comisiones de la niñez, adolescencia y familias, con la finalidad de mejorar y adecuar sus respectivos marcos legales en la defensa los derechos humanos de la infancia.

Cabe mencionar que algunos estados ya han comenzado a trabajar en dicha labor, como es el caso de Colima, Yucatán y Zacatecas, en los que ya se cuenta con una comisión que se encarga de velar por el interés superior de las niñas y niños de sus entidades federativas, pero en muchos otros estados aún no existen comisiones especificas del tema.

Finalmente, me permito recordar que esta noble tarea debe ser abordada con especial énfasis porque, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2006, los niños representan más de una tercera parte de los 103 millones de mexicanos, por lo que propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear una Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2009.

Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SCT Y DE LA SEDENA A DOTAR DE MAYOR INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES LOS PRINCIPALES PUNTOS DE REVISIÓN DE LAS CARRETERAS Y LOS AEROPUERTOS DE BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA MADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Antecedentes

1. El pasado 20 de octubre del 2009 el Congreso local del estado de Baja California aprobó con 20 votos a favor la iniciativa con punto de acuerdo económico, por el que se solicitaba al gobernador del estado, para que a su vez realizara las gestiones conducentes a efecto que se dotara mayor infraestructura en el punto de inspección militar ubicado en el tramo carretero denominado Centinela-La Rumorosa; y para buscar la incorporación de mecanismos para la modernización del punto de revisión carretero en cita.

2. Las vías de comunicación son indispensable para el desarrollo de las personas, en nuestro país, desde la pasada administración y la actual, el gobierno federal se ha encargado de proveer mayores recursos para el desarrollo de infraestructura en vías de comunicación y en específico en infraestructura carretera, la cual ha mejorado considerablemente en esta última década.

Las carreteras en el país constituyen la vía de comunicación con mayor afluencia de uso cotidiano y el acceso principal a diversas partes de la república, no es la excepción el sistema carretero del estado de Baja California, el cual representa el principal sistema de traslado destinado al turismo y al crecimiento económico de la región.

3. Es bien sabido, que existe un aumento en la inseguridad que no es privativo de alguna de las entidades federativas, por ello, el gobierno federal ha instaurado desde hace más de cinco años, un programa de revisión permanente en el eje principal de tránsito de los mexicanos, dentro de la infraestructura carretera del país, dónde se revisan los vehículos de transporte público, privado y de carga que transitas por diversas carreteras con la finalidad de identificación de posibles delincuentes y en aras de frenar el traslado de armas y recursos propios de la delincuencia y delincuencia organizada.

Estas revisiones se han implementado a lo largo de todo el país, sin embargo en estados de la frontera norte se han intensificado en un mayor número de puestos de revisión, si bien estamos de acuerdo con el gobierno federal en implementar estos puntos de revisión, debemos revisar la infraestructura y el personal que ha sido destinado para tal efecto, ya que al poner en marcha los puestos de revisión la Secretaría de la Defensa Nacional, debe seguir varios lineamientos de seguridad propia y a quienes revisan, así como de la eficiencia en la revisión con la finalidad de no entorpecer el libre y ágil tránsito vehicular, además de contar con la infraestructura adecuada que salvaguarde a los elementos del ejército en caso de alguna contingencia, así como del personal adecuado y suficiente para realizar dichas revisiones.

4. No obstante a ello, lamentablemente, en los puntos de revisión del estado de Baja California no se cuenta con dicha infraestructura que atienda las necesidades básicas de quienes lo desarrollan y a quienes revisan, lo cual ha resultado en contratiempos de quienes transitan por las carreteras de la entidad.

El día 7 de febrero del presente año el diario local La Crónica publicó una nota que da cuenta de los puntos de inspección militar para quienes transitan del Sur de Baja California hacia la ciudad de Tijuana, dónde se da cuenta que sólo en ese tramo carretero se encuentran 3 puntos de revisión militar:

El primer punto de revisión está ubicado en el kilómetro 22 de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoita. El siguiente retén es el que está ubicado en el kilómetro 1.5 de la carretera San Luis Río Colorado-Mexicali. El tercer punto en el kilómetro 42 de la carretera Mexicali-Tijuana, antes de subir La Rumorosa.

Se han registrado filas de hasta 2 kilómetros de largo en cada uno de los puntos de revisión, retardando de manera significativa a quienes transitas por las carreteras del estado, aunado a ello, debemos recordar que la temperatura en las zonas del tramo carretero de San Luis Río Colorado-Mexicali oscilan en lo superior a los 45 grados centígrados es casi insoportable transitar por la vía terrestre dentro del estado. Lo cual ha desencadenado pérdidas económicas considerables así como de ser un inhibidor natural del turismo local y extranjero.

La medida también afecta de manera considerable al transporte de carga que transita por las carreteras locales, provocando un gran descontento entre la población en general y los visitantes de otros estados, ya que las horas de espera y la tardanza de los viajeros se han incrementado de manera significativa.

5. En fechas pasadas se reunieron en el cuartel de la colonia Morelos ubicado en la ciudad de Tijuana, BC, las autoridades militares con miembros de las cámaras empresariales e industriales y funcionarios del gobierno del estado, con el objetivo de dar una solución a este problema que afecta a todos los sectores económicos de la entidad, logrando acordar varios puntos entre los que destacaron:

a) Ampliación de un carril adicional para aumentar el aforo y facilitar la inspección de vehículos de carga.

b) Sistematización e incremento de personal militar para acortar tiempos de inspección de las unidades de transporte, aprovechando los protocolos de certificación de carga en su punto de embarque.

c) Construcción de la infraestructura adecuada para comodidad y seguridad del personal militar comisionado en el retén.

Sin embargo, a la fecha no han mejorado de manera significativa las condiciones en que operan los puntos de revisión, los cuales no solamente permanecen con problemática por la vía terrestre, sino también en los que se encuentran ubicados en los aeropuertos del estado.

Sabemos de antemano, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de dotar los recursos federales para este propósito, debemos dirigir el mismo exhorto al titular de la SCT con la finalidad que organice y destine recursos encaminados al mejoramiento de los puestos de revisión y retenes militares.

A su vez, desde hace tiempo, militares sin uniformes ni credenciales o algún tipo de identificación personal y oficial, son los encargados de revisar el equipaje de las personas que viajan por aire a los aeropuertos del Estado. Lo cual se traduce en una falta de confianza de quienes son revisados y poca credibilidad en las autoridades militares encargadas de la seguridad y revisión en aeropuertos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional (Sedena) a dotar de mayor infraestructura y recursos humanos y materiales, destinado a los principales puntos de revisión de las carreteras y aeropuertos del estado de Baja California.

Segundo. Se exhorta a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Comunicaciones y Transportes, a efecto que se realicen las acciones conducentes a efecto de agilizar y disminuir el tiempo de las revisiones carreteras en los retenes militares ubicados en las principales carreteras del estado de Baja California.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 24 de marzo de 2010

Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR MEDIANTE LA SEP, LA SSA Y LA CONAGUA EL ACUERDO NACIONAL PARA LA SALUD ALIMENTARIA ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD, FIRMADO EL 25 DE ENERO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita María Cristina Díaz Salazar, diputada federal por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los motivos que a continuación expongo:

El desarrollo de las recomendaciones sobre el consumo de bebidas para una vida saludable para la población mexicana fue motivado por el gran aumento en las prevalencias de sobrepeso, obesidad y diabetes en México en los últimos 20 años; junto con el aumento en el consumo de calorías provenientes de las bebidas en el mismo periodo de tiempo.

Hay evidencia científica clara de que la ingestión de bebidas calóricas, principalmente azucaradas, jugos y leche entera aumentan el riesgo de obesidad y diabetes, estudios sobre sensaciones de hambre y apetito, muestran que los líquidos tienen menor capacidad para producir saciedad que los alimentos sólidos; esto surgiere que la ingestión de energía a partir de bebidas no se acompaña de regulación eficiente del apetito, lo que contribuye al aumento de peso; en México, el 21 por ciento del consumo energético total de los adolescentes y los adultos mexicanos proviene de las bebidas.

Las corporaciones trasnacionales como Coca Cola y Pepsi Cola están inundando el mundo con bebidas que no son más que dulces líquidos. Como consecuencia la población alrededor del mundo, incluyendo la infantil, está aumentando los índices de obesidad, la diabetes llamada anteriormente del adulto, ahora se presenta en niños, así como muchos otros problemas de salud.

Uno de los productos que ha ganado más lugar en el estomago de los mexicanos es el refresco. Lo que preocupa a autoridades y académicos es que se toman como líquido vital 160 litros anuales por habitante. Es el país donde más se consume Coca Cola en el mundo. En medio de la crisis alimentaria, sus ventas crecieron 11 por ciento en el primer trimestre del año. Esta industria que vende 12, 700 millones de dólares al año según estimados de Euromonitor hoy en día permite consumir 21 por ciento de las calorías de los mexicanos.

Las bebidas frutales endulzadas suelen ser publicitadas como una alternativa saludable a los refrescos azucarados pero son igualmente riesgosas para el aumento de peso y sus consecuencias.

El exagerado consumo de refrescos con grandes cantidades de azucares es un hábito ya inculcado a las nuevas generaciones que tiene que enfrentar la disyuntiva de corregir esta tendencia alimentaria o desarrollar prematuramente sobrepeso y obesidad y las enfermedades derivadas de éstas.

Para el director del Centro de Investigación de nutrición y Salud, el creciente consumo de refrescos y bebidas endulzadas está condenando a niños y jóvenes a engrosar tempranamente las filas de obesos, diabéticos, hipertensos por lo que se busca limitar la publicidad para esta clase de productos.

México ocupa el primer lugar mundial en consumo per cápita de refrescos y el segundo en importancia en ventas después de Estados Unidos. Las 230 plantas embotelladoras del país comercializan 300 millones de cajas al año con un valor aproximado a los 15 500 millones de dólares.

México se ha convertido en el paraíso para empresas procesadoras de alimentos de bajo o nulo valor alimenticio. En las familias más pobres del país el consumo de refrescos se ha incrementado en 60%.

El agua natural es la elección más saludable en esta escala y la bebida preferida para satisfacer las necesidades de líquidos, ya que no tienen efectos adversos en individuos sanos cuando se consumen en los intervalos aceptados y no provee energía. Es necesaria para el metabolismo, las funciones fisiológicas normales y puede proporcionar minerales esenciales como el calcio, magnesio y el fluoruro. El agua puede satisfacer el total de necesidades de líquido. Dependiendo del consumo de otros líquidos se recomienda al día de 3 a 8 vasos de agua.

El Secretario de Salud ha sido claro en señalar el impacto negativo de la publicidad y comida chatarra sobre los niños, la necesidad de establecer una nueva etiqueta que en verdad oriente a los consumidores, el impacto negativo de los refrescos y bebidas endulzadas y la necesidad de que las escuelas cuenten con bebederos de agua potable.

En el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, se menciona que los expertos nacionales e internacionales han determinado que el agua es el líquido más recomendable para que la población mexicana obtenga una hidratación adecuada.

Sin embargo, en todo el territorio nacional el acceso a agua simple potable es limitado, por lo tanto es necesario desarrollar una estrategia para asegurar la disponibilidad y consumo de agua simple potable como primera alternativa de hidratación lo cual contribuirá a que la población mantenga un peso corporal adecuado en el contexto de una vida saludable.

La Secretaría de Educación Pública tendrá una participación clave al dotar a las escuelas de bebederos de agua simple potable gratuita y promoverá la valoración del consumo de agua simple potable como un hábito saludable, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) impulsará políticas para dotar de agua potable a comunidades vulnerables mientras que la Secretaría de Desarrollo Social aumentará la oferta de agua potable en las tiendas Diconsa. El objetivo de estos esfuerzos conjuntos es promover una cultura de consumo de agua simple potable como hábito saludable.

Por lo expuesto, propongo a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Exhorto para que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y la Conagua cumplan con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria "estrategia contra el sobre peso y la obesidad", firmado el 25 de enero del presente año, por el presidente de la república mexicana, el secretario de Educación Pública, El secretario de Salud y el director de la Conagua para dotar a las escuelas de bebederos con agua potable, para mejorar la salud de los educandos mexicanos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.

Diputada María Cristina Díaz Salazar (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DOTAR MEDIANTE LA SEDENA Y LA SCT DE MAYOR INFRAESTRUCTURA QUE FORTALEZCA LA EFICIENCIA DEL FUNCIONAMIENTO Y LA ATENCIÓN EN LOS PUESTOS DE REVISIÓN MILITAR, CON OBJETO DE PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRANSEÚNTES, A CARGO DEL DIPUTADO LEONARDO ARTURO GUILLÉN MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal Leonardo Arturo Guillén Medina, perteneciente a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dotar, a través de las Secretarías de la Defensa Nacional, y de Comunicaciones y Transportes, de una mayor infraestructura que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar, con el objeto de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, en especial en los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como representantes populares, los diputados estamos obligados a promover que las circunstancias que rodean y contribuyen al orden y desarrollo de nuestras comunidades, brinden en principio las mayores condiciones de seguridad, a fin de salvaguardar la integridad física de todos y cada uno de los mexicanos.

Para ello, es necesario en definitivo que "La sociedad y todos los órdenes de gobierno actuemos de forma coordinada y permanente" 1 y que entre nuestras instituciones prive el diálogo y la colaboración, a fin de que la responsabilidad que tenemos como servidores públicos, encuentre su realidad y eficacia.

En esa tesitura, estoy convencido de que permanentemente debemos emprender todas aquellas acciones que propongan y contribuyan a obtener mejores estrategias y formas de actuar en el desempeño de todos los actos del servicio público, para alcanzar los resultados que la sociedad anhela.

Así las cosas, señalo con certeza que de las prioridades del Ejecutivo federal, se encuentra el proveer a nuestra población de superiores condiciones en materia de seguridad para alcanzar una mejor calidad de vida.

En esa ardua tarea, se encuentra la exigencia de garantizar la "seguridad nacional", bien invaluable de nuestra sociedad que sin estar definido expresamente en la ley, se entiende como la condición permanente de paz, libertad y justicia social que, dentro del marco del derecho, procuramos pueblo y gobierno. Su conservación implica el equilibrio dinámico de los intereses de los diversos sectores de la población para el logro de los objetivos nacionales, garantizando la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía e independencia.

La seguridad nacional comprende dos aspectos, uno interno y el otro externo. En el orden externo, México siempre ha normado su conducta en el campo internacional, por principios fundados en sus ideales de paz y de justicia, apoyados en la fuerza de la razón.

En cuanto al ámbito interno la seguridad esta cimentada, de manera especial, en la solidez y firmeza de nuestras instituciones sociales, debidamente tuteladas por el orden jurídico emanado de la Constitución. La acción del estado en este aspecto está encaminada, fundamentalmente, a lograr el desarrollo integral del país dentro de los cauces de justicia social que la propia constitución preconiza.

En este sentido, necesariamente convergen las acciones tendientes a fortalecer la seguridad nacional y la seguridad pública, como lo confirman diversas interpretaciones2 que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido respecto del artículo 129 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al afirmar que las fuerzas armadas se encuentran facultadas para participar en actividades de carácter policial, sin perjuicio de lo que establece el artículo 129 de la Constitución Federal; ya que si bien es cierto que dichas fuerzas armadas realizan funciones que tienen exacta conexión con la disciplina militar, también pueden realizar acciones civiles a favor de la seguridad pública, en situaciones que no se requiera suspender las garantías, ello por supuesto obedeciendo la solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles a las que están sujetas, con estricto acatamiento a la Constitución y a las leyes.

De manera que, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mantiene presencia permanente en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad interior; y, como se menciona en el Tercer Informe de Labores de la Secretaría en cita, correspondiente al 1 de septiembre de 2009:

"La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, así como la persecución de los delitos, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejército, en cumplimiento a las misiones constitucionales, coadyuva con las autoridades encargadas de la Seguridad Pública, como la integración de dispositivos interinstitucionales denominados "Bases de Operaciones Mixtas", mismos dispositivos interinstitucionales que tienen como finalidad acotar los índices delictivos en las áreas donde se registra de manera sobresaliente esta problemática; la activación de estos dispositivos, obedece a los acuerdos alcanzados en las reuniones de coordinación entre autoridades, previo análisis y planeación del fenómeno delictivo en cada entidad, con el establecimiento de puestos de revisión tanto en zonas urbanas como en rurales." Es oportuno entonces, destacar que la tarea que el ejército mexicano emprende en la lucha contra el crimen organizado y la incautación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, es digna de reconocerse por su trascendental importancia en el sostenimiento del orden público, a fin de garantizar a la sociedad un entorno seguro.

Sin embargo, aún y cuando no se cuestiona la importancia y utilidad de lograr los objetivos anotados, respecto al establecimiento de puestos de revisión militar, mejor conocidos como retenes, a lo largo del país existen serias manifestaciones de inconformidad en relación a las condiciones de seguridad vial en las que aquellos funcionan, sobre todo de los que se instalan en tramos carreteros y no en zonas urbanas.

Esto es así, debido a que en la gran mayoría de los casos los retenes no cuentan con la mínima infraestructura que garantice en principio la correcta protección de la integridad física de los ciudadanos que por ese camino transitan, a causa de que los carriles de circulación hacen las veces de lugar de inspección sin los señalamientos viales correspondientes, en lugar de contar con áreas contiguas para dicho fin, de igual forma, la carencia de un conjunto básico de elementos y servicios necesarios para el eficaz y eficiente funcionamiento de los puestos de revisión militar, se traduce en largas filas y horas de espera para los transeúntes, en especial para aquellas personas que sin transportar algún tipo de mercancía, son obligados a permanecer en rúas donde se encuentran intercalados un sinnúmero de vehículos de carga que provocan excesivamente la prolongación del tiempo en que se realizará la revisión.

Así pues, es de primordial interés exhortar a la Sedena, a que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar, de igual forma a la SCT para que asigne los recursos presupuestales necesarios para que se construya la infraestructura necesaria, con la insoslayable finalidad de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, muy en especial en los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora.

Por lo antes expuesto a este honorable Congreso y con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a su consideración el siguiente punto de

Acuerdo Legislativo

Único. Se exhorte al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dote de una mayor infraestructura que fortalezca la eficiencia del funcionamiento y atención que se brinda en los puestos de revisión militar, con el objeto de proteger oportunamente la integridad física de los transeúntes, así como lograr la agilización de la circulación vehicular previa y posterior a la operación de las tareas de revisión, en especial en los retenes ubicados en el acceso de la entrada oriente de la ciudad de San Luis Río Colorado y del tramo carretero de San Luis Río Colorado a la delegación del Golfo de Santa Clara, Sonora.

Notas
1. Proyección de principios de doctrina-2002; http://www.pan.org.mx
2. Tesis XXV/96, XXVII/96, XXVIII/96 y XXX/96.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 24 de febrero de 2010.

Diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL A REFORZAR LAS ACCIONES Y POLÍTICAS EN FAVOR DE LOS DERECHOS DE LA MATERNIDAD PARA IMPEDIR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES POR RAZONES DE MATERNIDAD Y ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE SU DERECHO A TRABAJAR, A CARGO DE LA DIPUTADA TOMASA VIVES PRECIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, Tomasa Vives Preciado, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El acto de traer al mundo a un nuevo ser entraña numerosos compromisos y necesidades para los padres del recién nacido, pero en especial para la madre, y máxime cuando esta es soltera o carece del apoyo de una pareja.

Cifras dadas a conocer en esta tribuna, tanto en iniciativas como en proposiciones con puntos de acuerdo, arrojan que en México, uno de cada cinco hogares están encabezados por madres solteras, separadas, viudas o divorciadas; y debemos sumar los más de 10 millones de mujeres que independientemente de su estado civil, tienen que trabajar para contribuir al gasto familiar, ya sea como hijas, cónyuges o concubinas.

Ser madre y trabajadora al mismo tiempo es una tarea harto difícil, pesada y muy agotadora. Lo peor que le puede pasar a una mujer que es o va a ser madre, es justamente carecer de los medios económicos necesarios para hacer frente a gastos alimentarios, médicos y educativos necesarios para ella y sus hijos, lo anterior sin importar cuál sea su estado civil; aunque es obvio que la que carece del apoyo de una pareja, lo resentirá mucho más.

Por otra parte, existen situaciones especiales que la ley debe proteger y tutelar, como los derechos de las mujeres que estando privadas de su libertad se convierten en madres, así como el de aquellas que enfrentan enfermedades como el VIH, y las que de un modo u otro requieren de ciertos derechos y atenciones especiales por su situación particular.

No se omite mencionar los derechos laborales de las madres, es decir, las prerrogativas que deben cubrir sus necesidades de descanso, atención médica, incapacidad para laborar por circunstancias clínicas, y el derecho a la adecuada recuperación antes de reincorporarse a la vida laboral. Todos sabemos que hoy en día la discriminación para contratar mujeres en gestación es muy común, como lo es el que sean privadas de sus derechos ganados, pues que una vez que deciden ser madres, son despedidas para evitar cubrir completamente sus periodos de incapacidad, así como el respetarles su reincorporación al trabajo.

Al momento de tener un hijo este adquiere también derechos desde el momento de su gestación, que aumentan al nacer, como el derecho a tener un nombre, a que en su acta de nacimiento no se pongan menciones o anotaciones ofensivas o que le pueda generar perjuicios en el futuro, así como el derecho a contar con atenciones básicas de parte del Estado, a saber: salud y educación básica.

Son disposiciones constitucionales que atienden a los derechos elementales ya señalados, las siguientes:

Artículo 1o.

Párrafo tercero

...Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o.

"El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral..."

Atentos a estas disposiciones, es necesario que en el ámbito de sus respectivas competencias los estados de la República, así como el Distrito Federal, consideren legislar al respecto de los derechos de la maternidad. Como simple ejemplo, podemos citar a Coahuila, que cuenta actualmente con un ordenamiento llamado "Ley de Protección a la Maternidad en el Estado de Coahuila"; publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad, el 24 de octubre de 2008.

En ella se contemplan entre otras prerrogativas y derechos para las madres, los siguientes:

Artículo 1. El objeto de la presente ley es asegurar la observancia y protección de los derechos de la mujer embarazada, resguardar su salud, la del producto en gestación y la infancia temprana.

Artículo 2. La protección de esta ley, incluye las etapas de embarazo, parto y maternidad en infancia temprana…

En el ordenamiento se plasman derechos como la atención médica y sicológica gratuitas, que se le brinde protección contra la discriminación laboral, el acceso a la educación, al apoyo jurídico contra actos que vulneren sus derechos elementales, a obtener incentivos y descuentos fiscales, así como descuentos en el transporte público; derechos para las mujeres embarazadas que padecen de VIH, prerrogativas especiales para las que se encuentran privadas de su libertad, entre otros derechos innovadores y muy importantes…

Por lo expuesto y señalado, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a que refuercen las acciones y políticas públicas a favor de que los derechos de la maternidad a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.

Diputada Tomasa Vives Preciado (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A PUBLICAR EL DIAGNÓSTICO NACIONAL SOBRE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EN CADA ÁMBITO, A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN OBJETIVA PARA ELABORAR POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE ESE FENÓMENO, A CARGO DE LA DIPUTADA TOMASA VIVES PRECIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, Tomasa Vives Preciado, diputada federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a publicar el Diagnóstico Nacional sobre Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y Niñas; y a los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal a revisar y actualizar junto con la sociedad civil, el marco normativo para atender la violencia contra las mujeres.

Consideraciones

El 8 de marzo se celebra en la mayor parte de las naciones un evento de gran trascendencia: el Día Internacional de la Mujer.

El 8 de marzo se eligió como día para esta celebración debido a varios eventos históricos, entre otros el que se refiere a un grupo de valientes costureras de Nueva York, que iniciaron un movimiento de toma de la fábrica textil donde laboraban para exigir igualdad de salarios y una jornada menor de 10 horas, entre otros derechos básicos. En fecha posterior, en esta misma fábrica ocurrió una tragedia al desatarse un incendio donde murieron más de 147 personas.

La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos no ha sido fácil, y menos cuando ellas, las féminas, optaron por una lucha no armada, no bélica, sino una guerra basada en argumentos de peso, en demanda de leyes justas, en principios fundamentales sobre la igualdad, sobre lo que es humanamente razonable y equitativo. Una lucha que se libra en instituciones, en legislaturas, en medios de comunicación, en la pluma o en la voz de hombres y mujeres que se comprometieron con el progreso de la igualdad de género.

Hoy la equidad en su aspecto más general es ya una realidad, los logros han sido substanciales pero lo han sido más en otras naciones y culturas más avanzadas que las nuestras, es decir, las latinoamericanas; se puede decir que comenzó con las primeras conquistas del derecho a votar en elecciones que lograron nuestras bisabuelas y tatarabuelas, y que en nuestro país tal derecho fue alcanzado el 17 de octubre de 1953, mediante una reforma al artículo 34 de la Carta Magna federal; y se puede decir que inició con las primeras mujeres que se atrevieron a pilotear un avión, como Amelia Earhart que en 1928 cruzó el Océano Atlántico en una aeronave.

El papel de la mujer es y ha sido indispensable desde los tiempos más remotos de la humanidad, ahí donde los hombres de la antigüedad peleaban, hacían la guerra a otros pueblos y pasaban incluso años lejos de casa o sin regresar jamás; las madres eran el pilar de lo que hoy definimos como familia, eran el factor de unión clave para mantener hijas e hijos, e incluso otro tipo de parientes cohesionados en el hogar. Sin la mujer la familia no existiría, y no nos referimos a la capacidad biológica de reproducir la especie humana, sino a la infinita capacidad de mantener unidos a un grupo de personas en torno a ella; a su capacidad de asumir dobles y triples papeles: madre, padre, hija, hermana o abuela.

Marja Sklodowska, mejor conocida como Marie Curie, ganadora de dos Premios Nobel, el de Física, junto con su marido Pierre Curie, y posteriormente el de Química ella sola. Hazaña que muchos hombres de ciencia quisieran poder presumir. Luego, pocas décadas después llegarían las primeras mujeres astronautas, ya nadie podría negar la igualdad de las capacidades físicas y mentales de mujeres y hombres.

En la política lo mismo, las mujeres lograron jugar un doble papel en la vida institucional y gubernamental de muchas naciones al enrolarse en el oficio de pronunciar discursos, proponer soluciones y gobernar, es decir, la política. En las jornadas de la Revolución Mexicana de 1910, se celebró en México un primer Congreso Feminista (1916); se consolidaron muy diversas organizaciones de mujeres en toda la América Latina y en 1934 se realizó el Primer Congreso Panamericano de Mujeres en la Ciudad de México. La agenda se había conformado, era una agenda por los derechos sociales y civiles. Hay indicios de que en 1913, durante la primera y única huelga general en México, también las obreras encabezaron una primera celebración el 8 de marzo, poniendo en el centro el sufragio.

A pesar de las reformas electorales, a pesar de que se han hecho esfuerzos legislativos en pro de la equidad y la igualdad de derechos entre los dos géneros; aún persiste la abrumadora presencia de los varones en los puestos de elección popular y, en los trabajos de mayor relevancia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Esto es una realidad que no podemos negar o soslayar; debemos preguntarnos ¿qué ha fallado? ¿Qué factores no atendimos bien?

Ante ello, nosotras como representantes de los ciudadanos, debemos entender que lograr una legislación acorde a las necesidades y derechos de las mujeres es una tarea que no acepta más plazos.

Compañeras y compañeros legisladores, muchos son los retos pero en nuestras manos está apoyar a la mujer en cada uno de sus ámbitos de desarrollo, volquemos nuestro ánimo hacia la exigencia de dictaminar en el próximo periodo de sesiones las iniciativas que se encuentran pendientes en las diversas comisiones.

Les aseguro que lograr la aprobación de estas iniciativas nos permitirá avanzar con paso más decidido hacia la igualdad de oportunidad con un efectivo enfoque de género y hacer realidad la sociedad democrática, equitativa y con justicia social que anhelamos.

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a realizar y publicar el diagnóstico nacional y los estudios complementarios con perspectiva de género, sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos a que hace referencia la fracción XII del artículo 42 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, a fin de contar con información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención , sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los órganos legislativos de los estados y del Distrito Federal a revisar y actualizar, con la participación se la sociedad civil, y con ayuda del diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas que publique la Secretaría de Gobernación, el marco jurídico e institucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, a fin de proponer los instrumentos idóneos para atender ésta problemática.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 24 de marzo de 2010.

Diputada Tomasa Vives Preciado (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA TRANSPARENCIA Y AL CONTROL DE LOS BIENES QUE TIENE BAJO SU CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN EL SAE, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS OZNEROL PACHECO CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

1. En 2002, el honorable Congreso de la Unión aprobó la creación de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Por medio de este nuevo ordenamiento jurídico, el legislador buscó atender la necesidad de promover la eficiencia y la eficacia del sector público en el manejo de activos, tanto de los que forman parte de su patrimonio como de los derivados de los cuantiosos actos de decomiso, en función de embargos, acciones contra el narcotráfico o el contrabando, entre otros, y que carecían del control más elemental. El resultado de la indefinición jurídica y de la opacidad en el manejo de casas, terrenos, vehículos, bienes y enormes sumas de dinero incautadas a la delincuencia organizada, cifradas, por ejemplo, en cerca de diez millones de dólares al "mocha orejas" o en más de 270 millones de dólares a Zhenli Ye Gon, de los pocos que han trascendido a la opinión pública, dan una idea de los montos que se manejan cada día y de la importancia de su adecuado registro, control, manejo y aplicación.

2. Por ello, se creó el Sistema para la Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para reducir los costos de administración, operación, custodia, liquidación y enajenación de los bienes a disposición del gobierno federal, que implican un costo presupuestal, sólo en gastos de mantenimiento, de varios millones de pesos. Pero, sobre todo, se procuró que prevalecieran en su marco legal los principios de legalidad, transparencia y eficiencia.

3. Para dar una idea de la cuantía de bienes que administra el SAE, podemos citar que al primer semestre de 2009 obtuvo ingresos por 2 mil 305.2 millones de pesos. Al 30 de junio de 2009 el SAE tenía en custodia un total de 7 mil 477 inmuebles con un valor estimado de 3 mil 241.9 mmdp. Queda claro su enorme impacto económico.

4. Cabe señalar que aún existe mucha discrecionalidad y excesiva flexibilidad en el SAE. Por ejemplo, en ningún lado se reporta el número total de vehículos a su cargo (que suman decenas o centenas de miles), bienes electrónicos, computadoras, equipos de sonido y audio, ropa y alimentos, derivados de los golpes al contrabando, ni mucho menos de cómo se asignan. Se sabe que se adjudican vehículos a los ayuntamientos, pero se afirma que los mejores y el mayor número se otorgan a los que gobiernan alcaldes del partido del gobierno y lo mismo ocurre con enseres de amplia necesidad popular, lo cual puede ser constitutivo de varios supuestos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, e inclusive de delitos en materia electoral, toda vez que no existen garantías mínimas de que este flujo de bienes no forme parte de la política de intercambio de votos por pobreza que se ha documentado en muchas ocasiones, que realizan funcionarios públicos de varios niveles, para favorecer al partido oficial. Debemos preguntarnos cómo se administra el SAE y si no se utilizan los millones de bienes de consumo y utilitarios que llegan a su mano, para interferir en los trece procesos electorales locales que se desarrollan en el país.

5. Cito otro caso para ilustrar la opacidad que se denuncia en este documento. De acuerdo con la revisión de la Auditoría Superior, en 2005, el Instituto para el Ahorro Bancario transfirió 7 mil 786 inmuebles al Sistema para la Administración y Enajenación de Bienes, entre los cuales, y en muchos casos, los valores de catastro y avalúo asentados en las escrituras de compra venta son superiores en 10 mil 919 millones de pesos al valor en el que fueron rematados, sin descontar que casi 500 bienes inmuebles carecían de registro. Estos inmuebles fueron vendidos por debajo de su valor de mercado, por lo que se violó la ley, que exige que se obtengan las mejores condiciones económicas, agraviando las finanzas públicas al realizar verdaderas "ventas de garaje", contrariamente al interés público.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Sistema para la Administración y Enajenación de Bienes a remitir a esta Cámara un informe pormenorizado de vehículos, computadoras, ropa, equipo de audio y video, alimentos envasados, equipo de oficina e inmuebles que tiene bajo su custodia y administración a esta fecha, así como una relación de las asignaciones de los bienes citados, efectuadas en los estados y municipios del país desde el 1 de julio de 2009 a la fecha. Ambas relaciones, en medio impreso y magnético.

Segundo. Que dicha información se envíe a la Presidencia de esta Cámara de Diputados, con copia a las Comisiones de Función Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al suscrito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2010.

Diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A ANALIZAR EL EFECTO DEL DESABASTO DE MELAZA EN EL SECTOR ALIMENTARIO Y A TOMAR LAS PREVISIONES CONDUCENTES, A CARGO DEL DIPUTADO GUADALUPE EDUARDO ROBLES MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, Guadalupe Eduardo Robles Medina, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos 15 años la participación de México en la población ganadera mundial pasó del 4 por ciento a 3 por ciento del total. México ha perdido participación en la producción global del ganado bovino, toda vez que países como Brasil, Argentina, China, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y EUA han tenido mayores tasas de crecimiento en su producción.

En nuestro país existen más de 1.5 millones de criadores y ganaderos, complementados en la cadena de producción por los engordadores de ganado, los procesadores en rastros TIF, los empacadores y los agentes que distribuyen y comercializan la carne.

En la engorda organizada se finalizan 2.3 millones de becerros de manera intensiva, con lo que se consumen 2.5 millones de toneladas de granos, 250 mil toneladas de melaza y 1 millón de toneladas de forrajes henificados, así como esquilmos y forrajes, generando con esta demanda una derrama fundamental de empleo y valor agregado para la agricultura nacional.

En estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco y Campeche, se han establecido empresas que se dedican a la elaboración de productos alimenticios balanceados destinados al ganado, utilizando básicamente granos como el maíz, harinas de soya y melaza como componentes principales.

Dicha producción, a últimas fechas ha enfrentado serios problemas para la adquisición de melaza, ya que desde hace algunos años los ingenios azucareros comercializan este producto a través de intermediarios a quienes les dan preferencia en la venta de este insumo, dejando en segundo plano a los productores de alimentos balanceados.

La melaza en la producción de alimento para uso pecuario es una sustancia insustituible, ya que por sus características es una rica fuente de energía, así como el hecho de que favorece la palatabilidad del animal y le da una homogeneidad a los insumos que componen la mezcla debido a sus condiciones de adherencia que posee.

La melaza, por su alto valor energético, no tiene el inconveniente de la competencia de alimentos con el hombre, es bien aceptada por el ganado, es de fácil transportación y su costo es bajo en relación con los granos.

Cuando se emplea la melaza como aglutinante de la dieta se recomienda adicionarla en un 5-10 por ciento. Los resultados al uso de niveles elevados, confirman que el nivel más adecuado es cercano al 20 por ciento resultando en mayores ganancias de peso y mejores conversiones alimenticias. Sin embargo, es posible incluirlo hasta en un 30 por ciento, siempre y cuando se contemple un aumento de la proteína de la dieta1.

Este producto normalmente se encuentra en los ingenios azucareros y en menor proporción en las moliendas o trapiches donde se procesa la caña de azúcar. Hace algunos años este producto se consideraba como material de desecho, y no fue, sino hasta principios de los años 70 y 80 cuando se descubrió que era una excelente materia prima para elaboración de alimentos balanceados en la actividad pecuaria particularmente para el ganado bovino.

La introducción de la melaza a otro tipo de industrias como la alcoholera, la de la cosmetología y la de la construcción, ha influido en que de ser un material de desecho que en los 80 tan sólo alcanzaba un precio de 100 pesos por tonelada, en la actualidad puede cotizarse en más de 3 mil pesos.

Con la decisión tomada por los ingenios azucareros de sacar al mercado la melaza por medio de empresas comercializadoras que hacen las veces de intermediarios, ha dejado en un estado de indefensión a las empresas productoras de alimentos para ganado, a quienes hoy se les complica la adquisición de tan importante insumo.

Por lo expuesto y fundado elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que lleve a cabo una investigación sobre el impacto del desabasto de melaza en el sector alimentario del país y con base en sus resultados tome las previsiones del caso.

Segundo. Se exhorta a la Sagarpa, para que dé seguimiento al asunto e informe a esta soberanía de los resultados de su investigación y la determinación que tome al respecto en un plazo no mayor a 30 días naturales.

Nota
1. Tecnologías Llave en Mano, División Pecuaria. INIFAP - SAGAR

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo de 2010.

Diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEP A PROHIBIR EN EL REGLAMENTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES LA VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS QUE INCIDEN EN OBESIDAD INFANTIL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL PAÍS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HELADIO GERARDO VERVER Y VARGAS RAMÍREZ Y LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos, diputados federales Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez y Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de ésta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso y obesidad como la "acumulación anormal o excesiva de grasa corporal a tal grado que puede ser perjudicial para la salud".

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, en el mundo aproximadamente mil 600 millones de personas mayores de 15 años tienen exceso de peso y al menos 400 millones padecen obesidad1. Conforme a estos estudios, 60 por ciento de las defunciones en el mundo se deben a padecimientos crónicos. Cada año, mueren al menos 2 millones 600 mil personas como consecuencia de su sobrepeso u obesidad; 4,4 millones de personas como resultado de niveles de colesterol elevados y 7,1 millones de personas como resultado de una tensión arterial elevada.

De conformidad con la Ecuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en el 2006, 4 millones 158 mil 800 niños en el país de entre 5 y 11 años padecen sobrepeso u obesidad, es decir el 26 por ciento de estos niños padecen esta enfermedad. Esta cifra se incrementó en un 33 por ciento respecto a la medición realizada en 1999, es decir poco más de 1.3 millones de niños adicionales con obesidad y sobrepeso.

Según la Secretaría de Salud, el número de padecimientos de obesidad y sobrepeso infantil crece anualmente a tasas del 1.1 por ciento en México. Esto quiere decir que si actualizamos la cifra de sobrepeso y obesidad infantil, obtendríamos que cerca de 5 millones de niños padecen sobrepeso y obesidad, lo cual nos coloca en el primer lugar del ranking mundial de obesidad infantil.

De acuerdo con la Asociación Mexicana para la Prevención de la insuficiencia Cardiaca, el 40 por ciento de los niños que tienen entre 9 y 10 años tienen obesidad y ya presentan hipertensión arterial.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social más del 85 por ciento de los niños que cursan la primaria no hacen ejercicio, además de pasar por lo menos 4 horas diarias frente al televisor o jugando con equipos electrónicos.

El sobrepeso y obesidad generan, en la mayoría de los casos, enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se encuentran el síndrome metabólico que es el precursor de la hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, ateroesclerosis, osteoartritis, hipercolesterolemia (presencia de colesterol en la sangre por encima del nivel normal), trastornos del aparato digestivo, algunos tipos de cáncer (de mama, colón y el endometrial) y problemas cardiovasculares entre otros.

En 2005 murieron 495 mil 240 personas en México, de las cuales 16.4 por ciento de las fallecieron a causa de enfermedades cardiovasculares, 13.6 por ciento por diabetes mellitus y 12.7 por ciento por tumores malignos. Éstas son las tres primeras causas de mortalidad en el país, y la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para contraerlas.2

El 2 de junio de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "decreto por el que se adicionan una fracción XIII al artículo 7 y una fracción XI, pasando la actual a ser fracción XII, al artículo 14 de la Ley General de Educación", el cual en su Artículo Transitorio Segundo establece lo siguiente:

"Segundo. El Ejecutivo federal deberá actualizar y modernizar el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente desde 1982, utilizando para tal fin el esquema de participación sectorial que más convenga a la dependencia, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación del presente decreto." Mandato, que a casi cuatro años de su aprobación y publicación no ha sido acatado por el Ejecutivo federal.3

Es por ello que la actualización del reglamento de las cooperativas escolares permitirá que éstas cumplan un fin adecuado y conveniente sin menoscabo de la salud de las niñas y niños que acuden a la escuela.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal –a través del titular de la Secretaría de Educación Pública, maestro Alonso Lujambio Irazábal– para actualizar a la brevedad y publicar en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de Cooperativas Escolares a fin de prevenir y combatir la obesidad infantil y así garantizar la alimentación correcta en las escuelas de educación básica de todo el país, para dar cumplimiento el segundo transitorio que reforma la Ley General de Ecuación.

Notas
1. www.who.int/topics/ibesity/en
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía
3. http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge/LGE_ref08_02jun06.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.

Diputados: Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Leticia Quezada Contreras (rúbricas).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCREMENTAR MEDIANTE LA SHCP Y LA SE EL SUBSIDIO DE LA GASOLINA PREMIUM Y A DEJAR SIN EFECTO LAS ALZAS PREVISTAS PARA ÉSTA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Los suscritos, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo efecto de que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incremente el subsidio a la gasolina Premium y dejen sin efecto los incrementos previstos en el artículo 2-A, fracción II, únicamente para este tipo de gasolina dada la caída de su venta en más del 50 por ciento, y considerándose también que es la menos contaminante de las gasolinas que se comercializan en el país, con base en las siguientes

Consideraciones

Hemos atestiguado en lo que va de este año un incremento generalizado y progresivo de los precios de la canasta básica, derivado principalmente del incremento de los precios y tarifas de los energéticos, principalmente del gas, gasolinas y diesel, afectando de manera crítica a la población menos favorecida y a las cadenas productivas en su conjunto.

Hasta el cierre de febrero, el vertiginoso espiral inflacionario estaba siendo arrastrado no por las leyes naturales del mercado, sino por sujeciones que el mismo sector público hace sobre la economía, mediante acciones y leyes que, muchas veces, hacen posible la existencia de inicuas sobrerregulaciones, recayendo en los excesos de la irresponsabilidad so pena de las circunstancias y sus consecuencias.

En efecto, el gobierno federal a principios de enero determinó hacer uso de sus facultades legales sobre la regulación de precios de bienes y servicios administrados y proveídos por él mismo, principalmente en los tienen que ver con combustibles: gas, gasolinas y diesel.

Es un hecho que estos hidrocarburos procesados y refinados se producen y ofertan en mercados no competitivos, que su provisión corre a cargo de una empresa paraestatal y sus tarifas y precios los determina el gobierno central vía la Secretaría de Hacienda bajo diversos criterios como el de la inflación, donde se trata de evitar rezagos respecto a los costos de producción haciendo que los consumidores cubran los mismos sin que impacte drásticamente su ingreso monetario ni afecte el nivel general de precios.

Otro criterio responde a una reforma legal publicada desde el 21 de diciembre del 2007 y que tuvo como propósito fortalecer el federalismo fiscal para que los estados y municipios incrementaran su recaudación por medio de la aplicación de cuotas a la venta final de las gasolinas y diesel. De este modo se estableció un conjunto de incrementos diferenciados por cada litro y tipo de petrolífero de manera calendarizada hasta llegar a las cuotas permitidas por el artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS, previendo además de que para el primero de enero de 2012 disminuirían las cuotas en una proporción de 9/11 para quedar en 2/11 de las cuotas contenidas en dicho artículo.

De este modo, la gasolina Premium se incrementaría 2 centavos mensuales por litro hasta alcanzar un aumento acumulado de 36 centavos por litro; la gasolina Magna Sin se incrementaría 2.44 centavos mensuales por litro hasta alcanzar un aumento acumulado de 43.92 centavos por litro; y el diesel 1.66 centavos mensuales por litro para alcanzar un aumento acumulado de 29.88 por litro. Sin embrago, estos incrementos no correspondieron a los tiempos fijados por el decreto para su vigencia, ya que el Ejecutivo federal decretó la suspensión de los efectos por el incremento de las cuotas a la venta final de gasolinas y diesel como una medida para incrementar la competitividad industrial, acción que reconocemos en toda su dimensión.

Sin embargo, y no obstante la suspensión por tres meses de la aplicación de la reforma, en enero de 2008, el deslizamiento de los precios se determinó por los ajustes inflacionarios mensuales y por las cuotas a las ventas finales de ambos petrolíferos hasta finales del mismo año. A inicios de 2009, el gobierno federal determinó dejar de aplicar el deslizamiento de las cuotas a la venta final por litro de cada petrolífero, no siendo así, con el deslizamiento inflacionario donde siguió ajustándose mensualmente como un criterio irreductible.

Cabe destacar que, previamente a lo anterior, en el periodo de 2005 y mitad de 2008 los precios internacionales del petróleo se vinieron incrementando considerablemente repercutiendo en los costos por abasto de petrolíferos vía importación, principalmente de Estados Unidos de América, dando paso a la formación de un subsidio a favor de los consumidores mexicanos generado por un diferencial entre los precios internos y externos.

En este sentido, no fue sino hasta noviembre de 2008 –en la antesala de la crisis financiera mundial– cuando desapareció el subsidio en el país y, para ello, el gobierno federal realizó deslizamientos graduales a los precios de las gasolinas y el diesel cada semana con el propósito de reducir el diferencial, sin embargo, lo hizo cuando los precios de las gasolinas y diesel en Estados Unidos habían descendido de manera importante dado que en ese país se encuentran indexados los precios de los combustibles al comportamiento de los precios internacionales del petróleo, cosa contraria ocurre en México.

Respecto al impacto del subsidio a las finanzas públicas, de acuerdo a la evolución histórica de los ejercicios de 2007, de 2008 y de 2009 se reporta un total acumulado de 368 mil 604.6 millones de pesos por subsidio definitivo, casi igual al estimado.

Para el ejercicio de 2010, según lo estimado en la Ley de Ingresos, tiende a disminuirse el monto del subsidio considerablemente en comparación con los dos años anteriores (cuadro 1).

Cabe destacar que el subsidio corresponde por la baja recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios básicamente al que se refiere al artículo 2-A, fracción I, que a diferencia de la fracción II del mismo artículo, éste ha mantenido un incremento constante aunque no a lo esperado.

Por lo que respecta a lo que va de 2010, el gobierno federal ha determinado continuar con su política de deslices graduales y periódicos en los precios de los combustibles, siendo de resaltar que en los tres meses que van del año ha aplicado tres incrementos considerables: el último fue de hasta 8 centavos más por cada litro de gasolina Magna y diesel que se consuma, y 4 centavos para la gasolina Premium.

En este sentido, el precio por litro de gasolina Magna quedó en 8.04 pesos, 9.74 pesos por litro de Premium y 8.40 pesos por litro de diesel, reportó la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros.

Además, ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advirtió que en los próximos meses seguiría con su política de ajustes con la misma periodicidad que se ha observado este año. Ha argumentado que es una medida responsable que permite fortalecer las finanzas públicas en todos los órdenes del gobierno además de que con ello se evita impactos abruptos en la inflación.

Por otro lado, destacó que los precios de las gasolinas y el diesel en Estados Unidos de América continúan siendo aproximadamente 15 por ciento mayores que en nuestro país.

Finalmente, reconocemos que el vigente y aplicable marco legal le atribuye al gobierno federal la responsabilidad de determinar la política de precios y tarifas porque tiene todas las facultades y capacidades para sostener la política fiscal y hacendaria, y porque creemos que fortalece y complementa a las finanzas públicas; sin embargo, tales incrementos no han sido plenamente calculados ni mucho menos argumentados de acuerdo a los ingresos obtenidos por ingresos petroleros y los rezagos financieros por subejercicios en obras y programas principalmente en inversión de capital física, social y productiva.

Un ejemplo nos da muestra de la ineficiencia, tal vez dolosa, en la que el gobierno ha errado en su política de gasto, ya que en los primeros seis meses de 2009 acumuló un subejercicio por el orden de los 54 mil millones de pesos y, en menos de un mes, al cierre del tercer trimestre del mismo año, sólo reportó un poco más de 8 mil millones de pesos en subejercicio, significando que en un solo mes el gobierno haya erogado poco más de 45 mil millones de pesos.

Asimismo, la aplicación de la política de gasto, de precios y tarifas es verdaderamente preocupante dadas las condiciones críticas que sufre la ya de por sí desgastada economía nacional. Ya el Banco de México dio a conocer recientemente en su informe mensual que la inflación del primer mes de este año alcanzó casi el 2 por ciento, inflación histórica en más de 10 años y que contrasta con el caudal registrado en reservas internacionales que oscilan en casi los 100 mil millones de dólares.

De este modo, es lógicamente razonable que las reservas internacionales se han incrementado gracias a los excedentes petroleros y a recursos no erogados por parte del gobierno federal, violentando, en cierta forma, las fórmulas para aplicar esos excedentes petroleros que están establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la misma Ley de Ingresos.

Pero ¿por qué el gobierno se empeña a desentenderse de una de sus funciones básicas que es la estabilidad financiera y el fomento económico del país? Es decir, ¿por qué aplicar una ley que sabían que contraería consecuencias inmediatas a la economía nacional sin importarle los bolsillos de los mexicanos?

Desde el Congreso de la Unión le hemos exigido al titular de la SHCP que dé cuenta y explique los motivos de tal acción, pero por su parte no nos ha sido, hasta el momento, convincente su explicación. El mismo titular ha afirmado recurrentemente que la reforma a la Ley del Impuesto Especial de Producción y Servicios en 2007 incorporó una cuota fija para la venta final de gasolinas. Una cuota 100 por ciento participable: 36 centavos para la gasolina Magna, 43 centavos para la gasolina Premium. Y además arguye que para no aplicar esta cuota de manera directa se implantó un régimen de transición gradual que establecía un desliz de 2 centavos al mes durante 18 meses.

En efecto, la Ley de Coordinación Fiscal establece tales incrementos como una modalidad de régimen de transición gradual, sin embargo, tales incrementos concluirían en junio de 2009 y no hasta 2010, siendo que este traslado de temporalidad hace que tales incrementos repercutan hasta nuestra actualidad.

Por otro lado, han manejado que los recursos tenían un destino específico y que eran recursos federales enteramente participables diferentes a los del régimen de transferencias por participaciones generales, cuestión innegable porque así lo marca la propia Ley de Coordinación Fiscal, pero ¿por qué no compensarle a los estados y municipios esos recursos cuando en la mayor algidez de la crisis económica fueron disminuidas sus participaciones generales en más del 20 por ciento? y ahora, burdamente, han traslado los incrementos que ya se habían congelado desde diciembre de 2008 argumentando que faltaban seis meses para concluir tal régimen de transición gradual y que, por consecuencia, significa un déficit por no aplicar el incremento de los 12 centavos para llegar a 36.

De este modo, asumimos que esta actitud tal vez malintencionada e incongruente del gobierno federal tiene ciertos matices contradictorios al ánimo y espíritu de la aprobación del paquete económico para el ejercicio de 2010.

Por nuestra parte, es urgente la necesidad de hacer un llamado al Ejecutivo federal para que excluya del incremento progresivo y periódico tan sólo a la gasolina menos contaminante como una forma de compensarles a los ciudadanos su esfuerzo por superar los estragos de esta situación económica aún adversa.

Por tanto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía a incrementar el subsidio a la gasolina tipo Premium y dejen sin efecto los incrementos previstos en el artículo 2-A, fracción II, únicamente para este tipo de gasolina, dada la caída de su venta en más del 50 por ciento y considerándose también que es la menos contaminante de las gasolinas que se comercializan en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 16 de marzo de 2010.

Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REVERTIR, EN LOS TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES CORRESPONDIENTES, LA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN ARANCELARIA PARA LA IMPORTACIÓN DE ACERO, A CARGO DEL DIPUTADO MELCHOR SÁNCHEZ DE LA FUENTE Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Héctor Franco López, Francisco Saracho Navarro, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Aguirre Fernández, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Nóe Garza Flores y el de la voz, diputado Melchor Sánchez de la Fuente, integrantes de la Coordinación de la diputación federal por el estado de Coahuila, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LXI Legislatura, presentamos a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante el 2009 se redujo en un 18.9 por ciento la producción siderúrgica nacional, la industria nacional del acero produjo un total de 14.0 millones de toneladas contra 17.2 en el 2008. La industria acerera nacional cuenta con una capacidad instalada para producir hasta 22.2 millones de toneladas. Por su parte, el mercado interno tuvo un consumo anual de 17.7 millones de toneladas. De ahí que se haya reflejado una diferencia entre la cantidad de producto y su demanda de por lo menos 3.7 millones de toneladas anuales, misma que fue cubierta vía importaciones a pesar de que nuestra capacidad instalada fue mayor a nuestro consumo nacional.

Cabe señalar que esa industria es responsable de la generación y mantenimiento de 53 mil empleos directos y de 550 mil indirectos, según cifras del Inegi. Tan sólo en 2008, el valor de la producción de la industria acerera fue de 270 mil 648 millones de pesos, lo que representó el 2.2 por ciento del PIB total nacional, el 6.2 por ciento del PIB industrial nacional y el 12.2 por ciento del PIB manufacturero nacional.

Aunado a lo anterior, la industria siderúrgica nacional tiene una estrecha vinculación con distintos sectores clave de la economía nacional como son el automotriz y de autopartes, el metalmecánico y el de la construcción, mismos que aglutinan cerca del 35% del empleo generado en el sector de la transformación de nuestro país.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), entre 2004 y 2008 se destinaron a este sector inversiones por el orden de los 8 mil 933 millones de dólares y para el período 2009-2013 se han estimado inversiones por 9 mil 907 millones de dólares, cifra que ahora mismo está en revisión ante la profundidad de la crisis sufrida y la incertidumbre que se tiene en la recuperación, lo que ha obligado a diferir algunos proyectos. De las inversiones realizadas, cabe destacar que el 25 por ciento corresponden a aquellas destinadas a la conservación y sustentabilidad del medio ambiente.

De todo lo anteriormente señalado se desprende la importancia que esta industria representa para la estabilidad y crecimiento económico de México. Sin embargo, lejos de incentivarse su desarrollo, desde 2008, éste se ha visto frenado ante el incremento sustancial de las importaciones de acero proveniente de otras latitudes. Esto debido, en gran medida, a las disposiciones adoptadas por la Secretaría de Economía a través de su programa "Facilitación comercial: una reforma estructural", cuya propuesta principal era reducir el promedio arancelario industrial del 10 por ciento al 5 por ciento pero que, sumado a las medidas previstas en el decreto por el cual se estableció la reducción de aranceles en 9 mil 624 fracciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008, trajo como consecuencia la contracción de esta industria.

Esa situación parece irónica porque una de las premisas principales del referido programa de la Secretaría de Economía para la disminución de aranceles, fue incrementar la productividad del mercado nacional al contar éste con materias primas a precios competitivos a nivel internacional. Sin embargo, al realizarse una reducción indiscriminada de aranceles, sin tomar en cuenta la naturaleza de los productos y sus países de origen, se expuso a nuestros productores nacionales a situaciones de mercado adversas, propiciando además, prácticas desleales del extranjero que se tradujeron en desventajas competitivas para la industria del acero.

Aquel programa federal reconoce que de su aplicación derivarán circunstancias en las que habrá industrias ganadoras y otras perjudicadas; justifica su aplicación mencionando que las industrias agroalimentaria, de la construcción, de servicios y de comercio son las que mayor empleo generan. Sin embargo, en ese documento se desestimaron los efectos que las reducciones arancelarias tendrían sobre las industrias fabricantes de insumos y manufacturas, que son las que mantienen operantes a las actividades mencionadas como ganadoras y aún los efectos negativos que esto tiene para algunas economías estatales, cuya principal actividad no está entre las ganadoras.

Precisamente, en esa situación se coloca al estado de Coahuila. En esta entidad federativa la industria del acero genera 20 mil 584 empleos directos, lo que representa el sustento económico para más de 100 mil coahuilenses, de tal manera que la contracción o desaparición de la industria acerera significaría un grave retroceso económico con graves efectos para la población local.

Bajo estos contextos, no pueden esgrimirse argumentos que intenten justificar que los precios del acero de importación son competitivos frente a los nuestros, porque, en primer lugar, el acero importado es producido con enormes subsidios gubernamentales que sin duda, frente a nuestros productos, genera prácticas de dumping; así sucede, entre otros, con China, Rusia e India, tres de los principales exportadores de acero a nivel mundial y, segundo, porque al reducir los aranceles a países con los que no tenemos tratados comerciales y cuyos precios internacionales de venta son ficticios, lleva a nuestra industria acerera a enfrentar prácticas comerciales desleales a nivel mundial.

Ante estas situaciones, estimamos que de mantenerse la tendencia de reducción y posible eliminación de aranceles, tendrá graves consecuencias para la economía del sector y para la del país en general, debido entre otras cosas, al freno de nuevas inversiones y el aplazamiento de planes de expansión, la pérdida de empleos, la presencia de productores extranjeros con mayor influencia en la demanda y en el precio, la pérdida de la demanda local por productores nacionales, y el incremento en el nivel de controversias comerciales.

El creer en los beneficios de un precio irreal, en particular del acero chino, es absurdo, ya que los precios internacionales, en estos casos, no cubren siquiera los costos de producción, por lo que, sin duda, detrás de ello se opera una estrategia para desplazar a las industrias nacionales para después crear dependencia hacia sus exportaciones, cuyos precios se fijarán, aprovechando la debilitada competencia interna.

Aumentar la posibilidad para que mercancías con precios ficticios ingresen a nuestro mercado, de ninguna manera nos llevará a ser más competitivos, por el contrario, sólo sacrifica sin justificación ni beneficio a nuestra industria y el empleo de miles de mexicanos que dependen, en este caso, de la industria acerera.

Por lo anteriormente descrito, los diputados suscribientes presentamos a esta honorable soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a revertir, en los términos administrativos y legales que correspondan, la estrategia de reducción arancelaria para la importación de acero, en virtud de los graves efectos negativos que esta medida tiene actualmente sobre la industria siderúrgica nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 de marzo de 2010

Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Franco López, Hugo Héctor Martínez González, Francisco Saracho Navarro, Héctor Fernández Aguirre, Miguel Ángel Riquelme Solís, Tereso Medina Ramírez, Nóe Garza Flores (rúbricas)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECTUR Y A LA SEMARNAT A PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO LOS NEGRITOS, EN VILLAMAR, MICHOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL HINOJOSA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado José Manuel Hinojosa Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice los estudios técnicos necesarios y trámites correspondientes que le permitan declarar como área natural protegida a la zona geográfica denominada Los Negritos, en el municipio de Villamar, Michoacán, y se exhorta a las Secretarías de Turismo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas del gobierno federal, a promover la construcción del parque ecológico Los Negritos, en dicho Municipio. Asimismo a gestionar los recursos para desarrollar un proyecto de ecoturismo en esta zona para favorecer el desarrollo económico de la región, a cargo del diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En el municipio de Villamar, situado al noroeste de Michoacán, en 1900, se registró un fenómeno geológico de importancia, dado que surgieron pequeños volcanes que arrojaban lodo sulfuroso e hirviente, a los cuales se les denominó por la población como Los Negritos.

2. Los Negritos es una zona geotérmica situada al norte del municipio, en las inmediaciones de los poblados de El Platanal y La Zábila, conformada por una laguna con agua salitrosa, en la que habitan diversas especies de peces, tales como carpas y charales entre otros. Asimismo, existe una zona de pequeños volcanes de lodo en constante erupción, los cuales dicen que tienen poderes curativos.

3. Durante la actual administración se han hecho diversas gestiones para el desarrollo de ecoturismo en la zona, toda vez que no se habían realizado programas o planes de desarrollo para fomentar la visita de turistas.

4. El lograr crear un proyecto turístico en la zona de Los Negritos detonará el potencial turístico actualmente no está fuertemente explotado, además de que traerá como consecuencia el desarrollo económico para la región, beneficiando a los pobladores de la ciénega.

5. Aunado a lo anterior, también se han gestionando recursos para la rehabilitación de las diversas carreteras que conectan a la región, esto es, recursos para la carretera El Platanal-Villamar, así como para la carretera Venustiano Carranza-El Platanal, que son las vías más utilizadas para acceder a la zona de Los Negritos.

6. Sin embargo, es de vital importancia dar certeza jurídica para contar con un adecuado control ecológico, a efecto de que no se sobre explote o se afecte la flora y fauna del lugar, la cual puede causar un desequilibrio ecológico de graves consecuencias e inclusive irreversibles.

7. Es importante señalar que uno de los propósitos de contar con áreas naturales protegidas es proteger los ecosistemas y la biodiversidad que en ellas existen, asegurando el equilibrio y continuidad de las especies de flora y fauna, de manera sustentable y fomentando el desarrollo de actividades educativas y recreativas.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice los estudios técnicos necesarios y trámites correspondientes que le permitan declarar como área natural protegida a la zona geográfica denominada Los Negritos, en el municipio de Villamar, Michoacán.

Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Turismo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas del gobierno federal, a promover la construcción del parque ecológico Los Negritos, en el municipio de Villamar. Asimismo, se gestionen los recursos para desarrollar un proyecto de ecoturismo en esta zona para favorecer el desarrollo económico de la región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.

Diputado José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA A IMPLANTAR Y FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EVIDENCIAR LA TRATA DE PERSONAS EN SU TERRITORIO Y REFORZAR LAS MEDIDAS DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN INMEDIATA DE LAS VÍCTIMAS DE ESE DELITO, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO LEDESMA ROMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Diputado Eduardo Ledesma Romo, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La trata de personas representa hoy día un problema de grandes implicaciones, por su vinculación a los flujos migratorios, a la situación de pobreza y a la delincuencia organizada.

Es un delito que se realiza fundamentalmente a través de coacción y explotación, y mediante su comisión se violan los derechos humanos y dignidad de las personas, constituyéndose como una nueva forma de esclavitud.

México es considerado un país de origen, tránsito y destino final para la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Las víctimas se localizan a lo largo de las áreas fronterizas, urbanas y turísticas. Incluso se ha encontrado que las rutas de migración interna e internacional de Centroamérica y México hacia los Estados Unidos de América coinciden con las rutas de mayor incidencia de trata de personas.

Aún cuando la mayor parte de las víctimas de trata en México provienen de Centroamérica, hay también víctimas originarias del Caribe, Sudamérica, Asia y Europa Oriental. Su número exacto no está inmediatamente disponible, ya que suelen ser difíciles de identificar debido a que no se ha visibilizado el problema y a la naturaleza clandestina y compleja de la trata fronteriza, incluso no existen cifras oficiales de la incidencia delictiva.

No obstante, se estima que cada año más de veinte mil niños son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, especialmente en las zonas turísticas y fronterizas.

En este sentido, un gran número de mujeres, niñas, indígenas y migrantes indocumentados son objeto de trata en el país y aún cuando las autoridades de los tres órdenes de gobierno han emprendido acciones para combatir este flagelo, éstas no han sido suficientes. Sobre todo porque a pesar de que en 22 entidades federativas y en el Distrito Federal se tipificó el delito de trata de personas, para el año anterior todavía no se dictaba sentencia alguna.1

Esta falta de resultados nos obliga a emprender las acciones que sean necesarias para prevenir y combatir la trata de personas no sólo a nivel federal sino también local. Sobre todo porque según información de American Bar Association2 en nuestro país existen 47 grupos de delincuencia organizada para la trata de personas que operan principalmente en el Distrito Federal y en diecisiete estados de la república, entre ellos Baja California, estado que también se ubica entre las siete entidades federativas identificadas como los principales puntos de explotación sexual y laboral.

Por otra parte, en la misma entidad federativa se ha encontrado que Tijuana es una ciudad de destino y operación del delito de trata de personas y de traslado hacia Estados Unidos, y que en esa ciudad existen 5 rutas3 que son utilizadas por los tratantes de personas.4

Lo que resulta preocupante es que en Baja California no existe un ordenamiento jurídico que permita atender el fenómeno de manera integral, que otorgue no sólo a las autoridades encargadas de la prevención y procuración de justicia los instrumentos necesarios para combatir eficazmente la trata de personas, sino medios que permitan al Estado Bajacaliforniano proporcionar una debida atención a las víctimas de este delito, fundamentalmente porque el número de casos identificados es mínimo en relación con la magnitud de la incidencia delictiva.

Por otra parte, para prevenir y erradicar el delito es necesario tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, como la pobreza, el subdesarrollo, la falta de igualdad de oportunidades.

En este contexto la prevención del delito implica atacar estas condiciones de vulnerabilidad. El trabajo infantil se ha considerado un factor que propicia la trata de personas, por ello es importante que el Gobierno de Baja California adopte políticas públicas que inhiban la deserción escolar, toda vez que durante 2007, aproximadamente 64 mil niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajaban.5

En concreto, se ha considerado que para prevenir y combatir de forma eficaz y eficiente el delito de trata de personas en el estado, resulta urgente que el gobierno de Baja California adopte, entre otras, las medidas siguientes:

– Establecer un sistema para conocer las dimensiones del problema, víctimas, lugares de origen, métodos de reclutamiento, entre otros.

– Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos para la eficaz prevención, persecución y sanción del delito.

– Proteger y asistir a las víctimas del delito, para que su estado inicial de vulnerabilidad no sea agravado por una acción insuficiente por parte de las autoridades competentes.

– Fortalecer las políticas públicas para el apoyo de grupos vulnerables.

– Realizar campañas para visibilizar la trata de personas, así como campañas dirigidas a víctimas potenciales.

Asimismo, resulta conveniente que el Congreso del estado de Baja California determine la aprobación del proyecto de Ley de Trata de Personas que se discute en comisiones. Legislar de forma integral en materia de trata de personas, traerá consigo grandes beneficios para el estado; por una parte, las autoridades locales tendrán la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección y asistencia a las víctimas u ofendidos del delito y, por otra parte, las autoridades encargadas de la prevención, procuración y administración de justicia contarán con los elementos jurídicos necesarios para acabar con la impunidad.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California a fortalece las políticas públicas para la prevención de la trata de personas, mediante la realización de campañas de visibilización, así como la sensibilización y capacitación permanente de los servidores públicos para identificar y asistir de forma inmediata a las víctimas de este delito.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California a implantar los programas que sean necesarios para determinar los factores que alientan la trata de personas en el territorio y adopte las estrategias necesarias para mitigarlos y evitar la vulnerabilidad de las mujeres, niños, niñas y migrantes ante este delito.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California para que armonice su legislación en materia de trata de personas y expida la Ley que regule su prevención y persecución, así como la protección y atención a las víctimas de este delito.

Notas
1. "Trafficking in persons report". Departament of State. United States of America. Junio de 2009. p. 207.
2. De acuerdo con un informe de la Asociación de la Barra de Estados Unidos, con información al mes de marzo de 2009.
3. Algunas rutas inician en Sudamérica y Centroamérica con destino a Tijuana, y otras tienen como origen la propia ciudad de Tijuana con destino al interior de Baja California, Ciudad Juárez, Sonora y Estados Unidos, de acuerdo con el estudio financiado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos.
4. De acuerdo con el estudio financiado por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos. La trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños en México. Un estudio exploratorio en Tijuana, Baja California. Fabiola Vargas Valencia.
5. Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Civil, AC; información obtenida con base a resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2007. ENOE.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de marzo de 2010.

Diputado Eduardo Ledesma Romo (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A INSTAURAR MEDIANTE LA PROFEPA UNA OPERACIÓN ESPECIAL DE VIGILANCIA EN LOS PRINCIPALES PUERTOS PARA VERIFICAR EL USO CORRECTO DE LOS EXCLUIDORES DE TORTUGAS EN LA PESCA DE CAMARÓN Y, EN SU CASO, SANCIONAR IRREGULARIDADES, A CARGO DE LA DIPUTADA NELLY DEL CARMEN MÁRQUEZ ZAPATA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La que suscribe, Nelly del Carmen Márquez Zapata, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; se permite poner a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) por sus siglas en inglés), los camarones y los langostinos son unos de los productos pesqueros con mayor volumen de comercio a nivel mundial con un valor de 10 mil millones de dólares EUA, equivalente al 16 por ciento del total de las exportaciones pesqueras.

La pesca del camarón especialmente, genera importantes beneficios económicos, sobre todo para países en desarrollo contribuyendo al abasto de alimento para consumo humano directo; creando empleos y generando ingresos tanto en la extracción como en su procesamiento, distribución y comercialización (mercados interno y externo).

Según el Anuario Estadístico de Pesca del 2007, la pesca del camarón en México, alcanzó un volumen total de 184 mil 695 toneladas en peso vivo, con un valor de producción de 7 mil 369 millones de pesos, lo que la convierte en la primera pesquería en valor y captación de divisas y la tercera en volumen en el ámbito nacional.

Durante la maniobra de extracción del camarón, llevada a cabo principalmente por redes de arrastre, hay captura incidental de otras especies como la tortuga marina. A este respecto México (como el resto del mundo) ha establecido una serie de regulaciones y procesos técnicos a objeto de proteger, conservar y propiciar la recuperación de las poblaciones de las diversas especies de tortugas marinas, buscando que exista la menor afectación por parte de las actividades pesqueras, y es por ello, que todas las redes que pescan camarón están provistas de un dispositivo especial que permite la liberación de las tortugas y puede reducir la mortandad de los quelonios hasta en un 98 por ciento, si es empleada correctamente.

El principal comprador del camarón capturado en aguas mexicanas es Estados Unidos de América, quien pide como requisito de compra el cumplimiento de la Ley Pública 101-162, Sección 609, (publicada en 1989), en la que establece la prohibición de importar camarones de aquellos países que, conforme a la consideración estadounidense, no cuentan con medidas comparables en eficacia a las de ellos para proteger a las tortugas marinas durante la pesca de arrastre de camarón silvestre y es por ello que anualmente, el Departamento de Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), extiende la certificación a objeto de exportar la producción camaronícola.

Tras los resultados de las visitas hechas a México la FDA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, enfocada a observar el uso de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET); el 1 de marzo anunció la negativa de certificación para exportar camarón, por considerar que no se cuenta con las medidas de protección de las tortugas marinas durante la pesca de arrastre.

La medida regirá desde el próximo 20 de abril, cuando las especies de camarón en la mayor parte de las aguas de jurisdicción federal están en período de veda y de esta manera, consideran que el impacto económico sería menor, sin embargo, si habrá una afectación a los pescadores de altura que se dedican a la actividad, pues al no poder garantizar comprador para la siguiente temporada, es muy difícil que sean sujetos de crédito para realizar las reparaciones de las embarcaciones y demás gastos.

Es urgente atender la problemática expuesta y así minimizar los impactos que se podría traducir en pérdidas de empleo, captación de divisas y afectación grave a entidades que su principal actividad es la pesca del camarón, como es el caso de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Campeche.

En este sentido la Sagarpa y la Semarnat, deberán unir esfuerzo en el ámbito de sus respectivas competencias y buscar la recertificación antes del inicio de la próxima temporada de pesca recordando que históricamente México ha sido santuario de tortugas desde 1990 cuando se aplicó la veda total y permanente para todos los productos y subproductos de las siete especies de tortugas que existen en territorio nacional.

Por lo expuesto, la de la voz, propone a esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instrumente un operativo especial de vigilancia en los principales puertos de la República Mexicana para que se verifique el uso correcto de los excluidores de tortugas en la pesca de camarón y en su caso sancione a los responsables.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca haga las negociaciones pertinentes a objeto de que a la brevedad se logre la recertificación para la exportación de camarón hacia Estados Unidos de América.

Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR DE MANERA RESPONSABLE MÁS ACCIONES DIRIGIDAS A LOS SECTORES LABORALES DE RIESGO DONDE SE EXPLOTA REGULARMENTE A MENORES DE EDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSI OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, Rosi Orozco, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea los presentes puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El trabajo infantil sigue siendo un obstáculo fundamental para hacer realidad el derecho de todos los niños a la educación y a la protección contra la violencia, los abusos y la explotación. Por ello son importantes y necesarias las acciones que pugnen por erradicar el trabajo de niños.

"La expresión ‘trabajo infantil’ o ‘trabajo de los niños’ abarca toda actividad económica efectuada por una persona de menos de quince años de edad, cualquiera que sea su situación en la ocupación (trabajador asalariado, trabajador independiente, trabajador familiar no remunerado, etcétera)", Organización Internacional del Trabajo (OIT), boletín internacional número 5, 1995, página 6. Es decir, es la utilización de la fuerza de trabajo de niños en actividades económicas de producción e intercambio de bienes y servicios.

La trata de personas y la explotación laboral son un problema internacional que ha existido a través de la historia y hoy día ocupa un lugar importante en la agenda internacional y en el combate del crimen organizado transnacional. El flagelo es aún más grave cuando ocurre a menores de edad, algo que generalmente se relaciona con la explotación sexual comercial infantil: esto es un error porque la explotación infantil es sin duda también un problema laboral.

La OIT establece que la trata de personas en adultos está definida en el derecho internacional por la coacción, el abuso de poder o el uso de la fuerza o la amenaza como los elementos que dan inicio al "traslado" hacia una situación de explotación; sin embargo, la trata infantil está definida por la explotación en sí misma. Independientemente de cómo haya ocurrido el "traslado" del niño, el mismo hecho de esta "reubicación" a través de una tercera persona conlleva la explotación y se considera trata infantil.

Los niños son explotados en muchas formas, no sólo sexualmente; muchas veces son explotados en campos agrícolas, en la industria manufacturera, en trabajos domésticos, minería o mendicidad, entre muchas otras actividades de alto riesgo. Muchos de estos menores son víctimas de trata y hacen trabajos peligrosos para su seguridad, su salud, su moral, etcétera. Asimismo sufren de cargas de trabajo excesivas, manipulación, violencia y abuso sexual. Aunado a esto, la mayoría no tiene la oportunidad de asistir a la escuela y se excluye de tener una mejor vida en el futuro.

La explotación laboral infantil viola los derechos de los niños establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. Dicho documento, ratificado por México, establece en el artículo 32:

1. Los Estados parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

2. Los Estados parte adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados parte, en particular

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;

c) Establecerán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación eficaz del presente artículo.

En el caso de México hay dos categorías de menores trabajadores: los de menos de 14 años, de quienes la Constitución y la Ley Federal del Trabajo prohíben que se utilice el trabajo, y los de edades entre 14 y 16, cuyo trabajo permite la ley en determinadas circunstancias (haber cursado la educación obligatoria, jornada máxima de seis horas, no trabajo nocturno ni horas extra, etcétera)

En el país deben realizarse adecuaciones jurídicas que fortalezcan la Ley Federal del Trabajo y reduzcan la vulnerabilidad y el daño de los menores que deben trabajar. Aunado a esto, deben implantarse políticas públicas que prevengan la explotación laboral de los niños.

La información más reciente con relación al número de niños que trabajan la proporcionan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Los resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2007 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revelan que en México 3.6 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan; es decir, 12.5 por ciento de la población en este rango de edad, siendo 66.9 por ciento niños y 33.1 por ciento niñas. Además, 2.5 millones de los niños trabajadores en el país tienen entre 14 y 17 años (27.6 por ciento), y 1.1 millones entre 5 y 13 años de edad.

Datos del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social precisan que 43 por ciento del trabajo infantil se concentra en cinco estados: Chiapas, Veracruz, Puebla, México y Jalisco. Asimismo, 1.5 millones de menores no asisten a la escuela.

Las poblaciones indígenas son las más vulnerables: se estima que uno de cada tres niños indígenas trabaja. En las zonas urbanas hay un gran problema también: se calcula que cerca de 100 mil niños laboran en la calle, de los que 20 mil sufren de explotación laboral.

Ésos son datos preocupantes porque hacen evidente que la incidencia del trabajo infantil en la deserción escolar aumenta a medida que avanza la edad. Por ello es indispensable impulsar políticas públicas orientadas a erradicar el trabajo infantil.

Para todo lo anterior no se debe olvidar que la explotación laboral infantil es consecuencia de problemas socioeconómicos muy importantes que deben combatirse para erradicarla de fondo.

El gobierno mexicano se ha puesto como plazo 2015 para terminar con la explotación laboral de niños menores de 17 años en sectores de riesgo, y emprenderá el proyecto Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura. Sin embargo, ésta debe ser una empresa de los tres niveles de gobierno, y las políticas públicas en este sentido deben ser particulares a las características de cada estado y municipio.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instaurar de manera responsable más acciones dirigidas a todos los sectores laborales de riesgo donde se explota de manera regular a menores de edad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y a los municipales a instaurar en el ámbito de sus competencias políticas públicas de combate y prevención de la explotación laboral de niños en los sectores laborales de riesgo, y a cualquier tipo de abuso, discriminación o explotación de que son víctimas los menores de edad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.

Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LOS GOBERNADORES, A LOS ALCALDES, A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, A LAS EMPRESAS PARAESTATALES Y A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS Y DESCONCENTRADOS A IMPLANTAR ACCIONES QUE AYUDEN A DESARROLLAR LA CONCIENCIA SOBRE EL GRAVE PROBLEMA HÍDRICO, FORMAR UNA CULTURA DEL AGUA E IMPULSAR UN COMPROMISO POR SU CUIDADO Y USO RACIONAL EN MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL PRI, Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Como hijos de México,
no podríamos olvidar nunca
que nuestra principal finalidad
es su mayor prosperidad.

Benito Juárez

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 una resolución por la que el 22 de marzo se declara Día Mundial del Agua, que se celebra desde 1994, con el propósito de hacer conciencia a los ciudadanos sobre la importancia y el estado del recurso más preciado.

Entre los espectros del medio ambiente que amenazan a la humanidad en el siglo XXI, se encuentran el calentamiento global, la destrucción de los bosques tropicales, la desertificación y la excesiva pesca oceánica, pero la escasez de agua ocupa el primer lugar en la lista, especialmente en los países en desarrollo (Montaigne, 2002).

Estudios de la universidad de Oregon, señalan que 261 cuencas en el mundo que ocupan el 45 por ciento de la superficie, cruzan fronteras de dos o más países; 145 países dependen de los sistemas fluviales compartidos para cubrir al menos una parte de sus necesidades de agua dulce y en muchos de ellos la dependencia es completa.

En el Medio Oriente y el Sureste Asiático se estimó en 1995 un escurrimiento de 1,250 m³/persona, sólo lo justo para satisfacer las necesidades básicas, pero en 11 países: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Libia, Marruecos, Arabia Saudita, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, el agua por habitante alcanzó como máximo 1,000 m³/año, solo la cantidad mínima necesaria para la estabilidad social. El agua se acaba porque la población se ha incrementado, pero a la par porque no hemos desarrollado suficientes mecanismos de ahorro, retención y reciclamiento que eviten su agotamiento y contaminación. No hemos educado a la población para tener la conciencia mínima sobre el agua.

Según el informe presentado en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el agua es más que el líquido vital que nos mantiene vivos; es también la fina hebra que teje una imbricada malla en la que participan alimentos, energía, clima, crecimiento económico y seguridad humana. En este contexto, es impensable seguir administrando este recurso como en el pasado, porque hacerlo así sería condenar al colapso a la red económica global (Salazar, 2009 milenio)

El mismo informe establece que en muchas partes del mundo el agua se ha cobrado a bajo precio favoreciéndose el desperdicio y la sobreutilización; en los últimos 50 años muchas regiones del mundo como China, Medio Oriente, Suroeste de Estados Unidos e India, basaron su desarrollo económico en la sobreexplotación del agua a costa del futuro. A diferencia de la energía el agua no tiene sustitutos.

El agua es un componente esencial de los seres vivos, es la base fundamental de la vida misma porque su disponibilidad es sinónimo de riqueza y su carencia lo es de la mayor miseria. El ser humano es 60 por ciento agua, los árboles 50 por ciento y los peces la contienen entre el 65 por ciento y 80 por ciento.

El agua es necesaria en todas las funciones fisiológicas, procesos físicos y químicos del crecimiento vegetal y animal. Es factor limitante del desarrollo económico y social de las comunidades. Su abastecimiento es ya una de las más grandes preocupaciones de gobiernos y ciudadanos, especialmente en aquéllos lugares donde el crecimiento poblacional, la deforestación, la erosión del suelo y la contaminación presentan cifras elevadas.

Las fuentes de agua se están agotando y las pocas que aún quedan las estamos contaminando muy rápido con las aguas residuales provenientes de ciudades, comunidades rurales, granjas, industrias y de los campos de cultivo por el desmedido uso de agroquímicos. Estamos, sin darnos cuenta o conscientemente, haciéndonos un daño de incalculables consecuencias, la mayoría de éstas ya irreversibles. Lord Byron sentenció que hasta aprenderlo con dolor, los hombres no sabrán del agua el valor.

Una de las señales más visibles de la falta de agua es el incremento acelerado del comercio de agua embotellada que se estima anualmente en 5 millones 500 mil garrafones según Hernández, Hernández y Martínez 2003.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua 2004, el gasto anual en refrescos y otras bebidas asciende a 203 mil millones de pesos; sólo en refrescos se gastan 153 mil millones. El 25 por ciento de la población de las ciudades latinoamericanas consume agua embotellada. En el año 2000 se ha calculado que las ventas mundiales de agua alcanzaron los 22,000 millones de dólares (Barlow y Clarke, 2004).

Otra señal que demuestra la falta de agua, es el incremento en el número de pipas o carros tanque o la comercialización del vital líquido en tinacos. Cada vez hay filas más largas de camiones cisterna cargando agua en los pozos que aún quedan para transportarla, principalmente a colonias populares asentadas en laderas.

Es también un indicador de la escasez de agua, el hecho de que cada vez es más frecuente que los pozos que se perforan resulten negativos, que se hagan más profundos y que el manto acuífero que hace 50 años estaba a 4 metros, hoy esté a más de 50. Hay en la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila pozos a más de 800 metros de profundidad.

En este sentido, es importante mencionar que durante los últimos años se han presentado cambios climatológicos que modifican el ciclo natural del planeta, tales como el calentamiento global. De acuerdo con información proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas, la escasez de agua se ha incrementado en más del 20 por ciento como consecuencia de un aumento de dos grados en la temperatura de la tierra.

Entre las causas identificadas que ocasionan la escasez de agua se puede mencionar que la población se ha incrementado sin que se cuente con suficientes mecanismos de ahorro, retención y reciclamiento lo que provoca el agotamiento de los mantos acuíferos y su contaminación.

La problemática del agua en México no es nueva, muestra de ello es que entre los años 1985 y 1991 más de mil poblaciones presentaron problemas de escasez de agua e inundaciones por las lluvias; fallecieron más de mil personas. Aproximadamente 75 millones de mexicanos habitan en zonas en donde el agua ya escasea.

Un estudio elaborado por la Organización de las Naciones Unidas en 2003, señala que México se encuentra en el lugar 94 en cuanto a disponibilidad de agua con cuatro mil 547 metros cúbicos por persona, lo cual contrasta con países como Canadá que dispone de 91 mil 640 metros cúbicos de agua.

Según el Banco Mundial, la cantidad mínima de agua diaria que una persona necesita para vivir en buen estado de salud va de los cien a los 200 litros, equivalentes a un rango que se encuentra entre los 36 y los 73 centímetros cúbicos, los cuales sumados a las necesidades de la agricultura, la industria y la generación eléctrica, la demanda llega a los cien metros cúbicos por habitante.

Las mujeres y los niños son los que más sufren por la falta de agua, ya que ellos son quienes tienen la responsabilidad de buscarla y acarrearla, en muchos de los casos deben caminar varios kilómetros, lo que les llega a tomar hasta 5 horas diarias en promedio. De ahí que sean estos grupos sociales quienes más interés tienen en participar en proyectos de agua potable.

En ocho años, los latinoamericanos con problemas de abasto de agua potable pasaron de los 78 a los 155 millones, en donde el género femenino concentra el 80 por ciento de los afectados. A nivel mundial, el 70 por ciento de los mil 800 millones de personas con problemas de agua son mujeres.

Nuestro país tiene menos de los cinco mil metros cúbicos de agua por persona que recomienda el organismo internacional. En algunas regiones del territorio mexicano la situación es crítica. Por ejemplo, algunas zonas de Baja California Sur enfrentan problemas de disponibilidad con menos de mil 700 m3 por año.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informa que en el tema de la disponibilidad de agua, en el sureste del país la disponibilidad promedio es ocho veces mayor a la de las zonas centro, norte y noreste. Así, el promedio nacional de disponibilidad anual per cápita es de 4 mil 960 metros cúbicos: en el norte es de mil 930 y en el sur de 15 mil 270.

Durante los últimos cincuenta años ha disminuido de manera preocupante la disponibilidad de agua al pasar de 11 mil metros cúbicos por persona a cuatro mil 547 metros cúbicos, lo cual coloca a nuestro país en la categoría baja.

Entre los factores que han incidido de manera negativa en el tema del agua se pueden mencionar la distribución desigual de la población, en relación con las zonas donde hay agua, lo que ocasiona que el 77 por ciento de los mexicanos vivan en las zonas donde hay una disposición extremadamente baja, se trata de las regiones norte, centro y noreste del país, donde hay mil 300 metros cúbicos por habitante, según la Comisión Nacional del Agua.

De mantenerse la actual tendencia de crecimiento poblacional y de explotación de los acuíferos se estima que en el año 2025 el agua por persona en todo el país continúe dentro de la categoría baja con tres mil 788 m3 al año. También habría regiones donde el agua podría ser menor, con tan solo mil metros cúbicos.

En lo que se refiere a los usos del agua, se calcula que aproximadamente el 76 por ciento de la misma de destina a la agricultura, el 14 por ciento para el uso urbano y el 10 porciento satisface la demanda de la industria.

Por lo que hace a las corrientes superficiales, por estas escurren alrededor de 399 kilómetros cúbicos de agua al año, de los que el 65 por ciento se concentra en siete ríos, Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá. El lago de Chapala, el más grande de México, tiene una capacidad de almacenamiento de ocho mil 148 millones de metros cúbicos.

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario señala que con relación a los acuíferos, de 653, al menos 102 están sobreexplotados, sobre todo los de la cuenca Lerma-Chapala, que se encuentra en el centro del territorio nacional. Hay 17 acuíferos que padecen intrusión salina, localizados en Baja California, Baja California Sur, Colima, Sonora y Veracruz.

México recibe, según estadísticas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, un total aproximado de 1,528 km3 de agua, pero mil 106 km3, el 73%, se evaporan debido a la falta de vegetación y escasa protección del suelo. Del agua disponible equivalente a 422 km3, aproximadamente 397 km3 escurren y 75 km3 se acumulan en el subsuelo.

La capacidad de almacenamiento de escurrimientos con la infraestructura hidráulica nacional es de 150 km3 por lo que 247 km3 de agua disponible se van al mar sin ningún aprovechamiento. Al considerar que las presas han perdido el 40% de su capacidad de almacenamiento por azolve, hay que aumentar 60 km3 al volumen que se va al mar.

El agua que escurre hacia el mar no va sola, también se lleva una gran cantidad de suelo fértil, casi 500 millones de toneladas, se lleva la expectativa y la ilusión de una vida mejor para millones de personas. Es el agua de la ilusión y no es más, el agua para el desarrollo.

Otras razones que explican la falta de disponibilidad de agua, pueden encontrarse en la reducida cultura del agua que la población tiene, en los bajos niveles de escolaridad nacional que promedian 8.5 años y que además, en los contenidos educativos es muy escasa la información sobre el uso y cuidado del agua. No estamos enseñando lo suficiente, ni del agua, ni de los demás recursos naturales como suelo, vegetación, aire y fauna. La mayor muestra de ello es el acelerado deterioro en el que estamos, amenazando la viabilidad de las futuras generaciones. No existe una cultura del agua.

La falta de agua también se explica por el acelerado crecimiento de la población. En 1910 había 31 mil metros cúbicos de agua por habitante/año y hoy sólo 4 mil 800. Además, el desperdicio de agua en las comunidades por redes de distribución que ya cumplieron su vida útil es de 40 por ciento y en el campo alcanza casi 50%, debido al uso de métodos tradicionales de riego por inundación.

Asimismo, porque la inversión pública en el sector, no obstante que se ha incrementado, aún es insuficiente y se combina con la cultura del no pago de agua que, con justificación o sin ella, tienen amplios sectores de la población.

En el periodo 2007-2009 el presupuesto promedio fue de 20 mil 693.3 millones de pesos, sin embargo, para atender las necesidades del sector el monto destinado no debe ser menor a 30 mil millones de pesos.

El reducido nivel de tratamiento y rehúso de las aguas residuales, el pastoreo extensivo de ganado en los montes, la deforestación, el alto movimiento de tierras por el cultivo tradicional que provocan pérdida de suelo y la escasa cultura del aprovechamiento directo de la lluvia o su retención en la parte alta de las montañas, nos tiene ya contra la pared, en verdad, el problema del agua ya no es cuento.

Solo existe infraestructura para tratar el 30% de las aguas residuales que se generan, aproximadamente 85,000 l/segundo, pero 170,000 l/segundo se están tirando a las barrancas, ríos, lagos y lagunas sin ningún tratamiento, contaminando gravemente las pocas fuentes de agua que aún quedan y creando ríos de desechos donde han desaparecido los peces y las posibilidades de de una vida digna para las comunidades. Se ha venido haciendo normal ver los ríos sucios, ya entubados y cada vez más raro encontrar un río de agua cristalina.

Actualmente la cobertura de agua potable a nivel nacional es del 90.3 por ciento, en el medio urbano llega al 94.4 por ciento y en el sector rural es del 77 por ciento.

En lo que se refiere a la cobertura de alcantarillado, a nivel nacional el promedio es del 86.4 por ciento, en el medio urbano es del 94 por ciento, en tanto que, en el rural es de sólo el 61.3 por ciento, de acuerdo con la Comisión Nacional de Agua.

Por otra parte, en México, para el tratamiento de aguas residuales municipales e industriales, se cuenta con 1100 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, pero más de 700 están paradas por el alto costo de energía eléctrica y mantenimiento.

En la industria hay 282 plantas para el tratamiento de sus aguas residuales, con una capacidad instalada de 20 m3/s. Del 43% total de aguas residuales que genera la industria sólo tiene capacidad para tratar el 25% de ellas. Se estima que sólo el 50% de las plantas operan regularmente.

Michael D. Lee, investigador de la Universidad de California, en su conferencia "Agua para todos, agua para toda la vida", ofrecida durante el Foro Internacional Gestión y Cultura del agua en las Metrópolis, destaca del Informe Mundial de Desarrollo del Agua elaborado por la UNESCO que los retos del porvenir son:

Satisfacer necesidades básicas de 2/5 partes de la población mundial; 2000 millones que no tienen agua.

Asegurar el suministro alimenticio de la población tomando en cuenta que para obtener las 2,800 kilocalorías diarias por persona son necesarios 1,000 m³ de agua.

Proteger los ecosistemas, ya que la escasez de agua amenaza actualmente a 24% de las especies de mamíferos, 10% de peces y 12% de las aves.

Rescatar los ciclos de escurrimiento anual.

Compartir los recursos hídricos entre los diferentes países, regiones y comunidades.

Fortalecer la prevención de riesgos; 1,200 desastres han ocurrido entre 1990 y 2001.

Valorar el agua, revisar subsidios y corregir la subestimación de su valor actual.

Revisar los mecanismos de adjudicación del agua entre países y comunidades.

Gobernar ante la tensión que provoca que 2,000 millones de personas en 48 países no tengan agua.

Revisar la relación entre el agua y la energía.

Revisar la relación entre el agua y la viabilidad de las ciudades.

Las metas inmediatas más urgentes están relacionadas con la reducción del hambre en el mundo, garantizar el abasto de agua a 1,000 millones de personas y reducir a la mitad la proporción de personas que viven con sólo un dólar por día. Desafortunadamente, por falta de recursos humanos, económicos y voluntad política, estos nobles propósitos seguirán pendientes.

Es momento de sumar acciones de todos quienes habitamos en este país, es por ello que desde el legislativo impulsaremos acciones que coadyuven a establecer un gran compromiso por el agua, a través de las siguientes acciones:

Construir un presupuesto integral para atender en forma gradual y planificada las principales necesidades de abasto de agua, tratamiento de aguas residuales; privilegiando medidas provisionales como lagunas de oxidación y métodos alternos de menor costo como biodigestores, floculación por ionización y humedales; infraestructura hidráulica, manejo de cuencas y recarga de acuíferos, calidad de aguas, tecnificación de riego y transferencia de tecnología.

Una revisión integral, detallada y a fondo de la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de adecuarla a las necesidades y circunstancias que estamos viviendo.

La revisión del Tratado de Aguas de 1944, el cual limita el desarrollo de municipios y regiones de los estados fronterizos, quienes tienen que dejar de usar una parte del agua disponible para hacer frente al compromiso adquirido.

Revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y analizar las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua a fin de dotarla de los instrumentos financieros y jurídicos que le permitan realizar una mejor administración de los recursos hidrológicos del país; transformándola en la Secretaría del Agua.

En el mismo sentido, hacemos una invitación a la sociedad civil para que participe de manera más activa y directa en el problema de la conservación y el uso eficiente del agua, ya que sin su colaboración y cooperación cualquier medida que se tome será improductiva.

Asimismo, desde esta Tribuna conminamos a los gobiernos Estatales y Municipales para que se sumen a la integración de este Gran Compromiso por el Agua, mediante la implementación de medidas, estrategias y programas que permitan hacer un uso más eficiente del vital líquido, de igual forma, promuevan acciones encaminadas a realizar un mejor aprovechamiento de las aguas pluviales y residuales.

A las instituciones educativas las convocamos para que dentro de sus contenidos curriculares se enseñe con mayor énfasis e importancia los aspectos más relevantes del agua, ello con el objetivo de crear una cultura que permita el uso racional, la conservación y la reutilización del líquido.

En suma, sociedad civil, instituciones y niveles de gobierno debemos asumir la responsabilidad de conservar el agua disponible, asimismo, en la identificación de algunas de las causas que ocasionan la escasez de agua, es necesario implementar medidas que permitan la corrección de las fallas, por ejemplo:

Ante la disminución del número de árboles, como fuente generadora y purificadora de las aguas pluviales y residuales, es necesario implementar una campaña permanente de reforestación;

Ante una explotación desordenada de los pastizales, se requieren de medidas que permitan planificar la crianza del ganado; la rehabilitación de pastizales y el desarrollo de praderas mejoradas.

Aprovechar de mejor manera las aguas pluviales, ello mediante la implementación de cisternas o recuperadores de agua, principalmente en las zonas identificadas como marginadas o pobres;

Utilizar de manera eficiente el agua para el riego mediante la tecnificación de dicho proceso, lo que favorecerá un uso más eficiente y permitirá disminuir los costos de producción;

Implementar un programa de seguimiento y verificación del estado en que se encuentra la red de agua potable, a fin de identificar y atender las fallas que se presenten;

Revisar el padrón de contribuyentes que consumen y pagan por el servicio de agua, para con ello regularizar la situación de quienes no pagan, lo que generará mayores ingresos, los cuales serán destinados para invertir en infraestructura de la propia red;

Desarrollar programas que permitan el tratamiento de las aguas residuales que se generan principalmente en las grandes urbes, con lo que contribuiremos a mejorar el sistema de drenaje y alcantarillado y dispondremos de una cantidad mayor de agua para otros usos.

Por lo anterior, es muy urgente promover un gran compromiso por el agua y desarrollar acciones conjuntas para no poner en riesgo el futuro de las nuevas generaciones.

En razón de lo anterior, pongo a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a los titulares de los gobiernos estatales y municipales; así como a los titulares de las instituciones de educación básica, media, media superior y superior; y de las empresas paraestatales y organismos públicos autónomos y desconcentrados para que en el marco de sus responsabilidades constitucionales asuman un mayor compromiso por el agua y promuevan, entre otras acciones:

1. Que los tres órdenes de gobierno hagan un mayor esfuerzo presupuestal para mejorar el acceso de la población a mayores cantidades de agua, de mayor calidad, así como atender las necesidades de tratamiento de aguas residuales, drenaje, protección y recarga de acuíferos, tecnificación del riego agrícola y protección de humedales, ríos, lagos y lagunas.

2. Que los tres órdenes de gobierno promuevan y apliquen programas para captar y aprovechar la lluvia en las construcciones presentes y futuras para abastecer una parte de las necesidades e impulsar proyectos de autoproducción alimentaria, especialmente para las familias más pobres.

3. Que los tres órdenes de gobierno promuevan acciones de retención de agua en las partes altas de las cuencas y con ello reducir las inundaciones y garantizar el abasto directo de agua para la población, recargar los acuíferos, abastecer el ganado, promover la acuacultura y desarrollar proyectos productivos en forma integral.

4. Que los tres órdenes de gobierno establezcan los mecanismos de prevención y atención de daños por fenómenos meteorológicos, cada vez más inciertos e intensos provocados por el cambio climático, tales como sequía, inundaciones, huracanes, ciclones, tormentas tropicales, heladas, vientos y granizadas.

5. Que la Secretaría de Educación Pública establezca las acciones necesarias para incorporar en los contenidos del sistema educativo nacional, temas y asignaturas relativas al conocimiento, manejo, conservación y uso racional del agua.

6. Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, promuevan la organización social a través de las cuencas y esta sea la unidad de planeación ambiental y socioeconómica, así también, que los programas de reforestación se hagan con especies regionales de interés económico, de mayor eficiencia biológica y rentabilidad por sus múltiples usos y rápido crecimiento como bambú o jatropha, y se dé prioridad a la recuperación vegetal de las áreas de recarga de las fuentes de agua.

7. Que la Sagarpa y la Semarnat fortalezcan los programas y acciones para revertir la erosión del suelo, la desertificación y la pérdida de agua en las cuencas, fortaleciendo una cultura de conservación de estos recursos.

8. Que la Sagarpa implemente y fortalezca programas de abastecimiento de praderas mejoradas y tecnificación ganadera para incrementar la productividad pecuaria y de manera especial, reducir la erosión del suelo y el agua, a favor de la recarga de acuíferos. De la misma forma y en coordinación con la Conagua, revisen los paquetes tecnológicos para hacer un uso más eficiente y productivo del agua, especialmente donde el recurso es escaso.

9. Que la Comisión Nacional del Agua implemente acciones conjuntas con las autoridades de las entidades federativas y municipales para establecer medidas que permitan la protección de los acuíferos, creando la figura de santuarios y reservas de agua, para lo cual deberán destinar recursos y apoyos que permitan dar sustentabilidad al recurso hídrico.

De igual forma, deberán fortalecer el concepto del manejo de cuencas, a fin de otorgarle autonomía y sea la unidad básica de planeación para el desarrollo social y económico.

10. Que las Universidades Públicas revisen la formación más pertinente de los recursos humanos que permitan atender la problemática de la insuficiencia de agua, así como establecer mecanismos de vinculación que garanticen a los pobladores hacerse del conocimiento suficiente para atender el abasto de agua, la recarga de los acuíferos, el aprovechamiento y manejo racional del agua y el tratamiento de las aguas residuales.

11. Que los gobiernos de las entidades federativas asuman el compromiso de implementar programas, estrategias y acciones que permitan resolver el problema del abasto de agua, así como los efectos negativos derivados de una red insuficiente de alcantarillado y drenaje que no permite realizar un adecuado tratamiento y rehúso de las aguas residuales todos nos preocupamos por el abasto de agua, casi nadie se preocupa por las aguas después de que han sido utilizadas.

12. Que los Congresos locales asuman el compromiso de revisar y adecuar el marco normativo aplicable al rubro del agua, el drenaje y el alcantarillado públicos, así como del manejo de cuencas y la conservación del agua, con el objetivo de eficientar estos elementos en beneficio de sus habitantes.

Segundo. Que el Ejecutivo federal promueva la firma de un acuerdo nacional por el agua, que permita antes de 18 años garantizar el acceso al agua potable a 10 millones de mexicanos, acceso a drenaje a 22 millones de personas; certidumbre de abasto de agua de calidad a 72 millones que viven en regiones de escases; dar tratamiento y reúso a la totalidad de las aguas residuales; tecnificar 5 millones de hectáreas agrícolas y seguridad alimentaria a 6 millones de familias en pobreza y recuperar la soberanía alimentaria en trigo, arroz, soya, carne y leche. Estamos preocupados por nuestros hijos y nietos, estamos urgidos de acuerdos y consensos para el desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010

Diputados: Francisco Alberto Jiménez Merino, Cruz López Aguilar, Jorge Carlos Ramírez Marín, Óscar Lara Aréchiga, Luis Videgaray Caso, José Ramón Martel López, Hilaria Domínguez Arvizu, José Narro Céspedes, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, Pedro Jiménez León, María del Rosario Brindis Álvarez, Juan de Jesús Pascualli Gómez, Juan Carlos Natale López, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Píter, Jaime Arturo Vázquez Aguilar.
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CFE A INSTALAR MEDIDORES CON TECNOLOGÍA APROPIADA PARA GARANTIZAR QUE EL COBRO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDA FIELMENTE AL CONSUMO REALIZADO, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, interesado en que los ciudadanos tengan la certeza de que el monto a pagar en sus recibos de energía eléctrica sea la cantidad real de su consumo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

La Comisión Federal de Electricidad fue fundada el 14 de agosto de 1937 como un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de electricidad, basado en principios tanto técnicos como económicos, sin fines de lucro. El 27 de septiembre de 1960, con el presidente Adolfo López Mateos, se nacionaliza la industria eléctrica, por tanto, es exclusividad de la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía para la prestación del servicio público, como quedó establecido en el sexto párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar el servicio público de energía eléctrica, formular y proponer al Ejecutivo federal los programas de operación, inversión y financiamiento que se requiera a corto, mediano o largo plazos; promover la investigación, tanto científica como tecnológica, así como el desarrollo y fabricación nacional de equipos materiales utilizables en el servicio público de energía eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad tiene como misión asegurar el servicio de energía eléctrica, proporcionar una atención de excelencia a los clientes, en condiciones de cantidad, calidad y precio, mediante la actualización tecnológica con la adecuada diversificación de fuentes de energía.

Desde 1992 la Comisión Federal de Electricidad implantó un programa institucional de calidad total en el cual se definieron como principios la satisfacción del cliente y la calidad en el servicio; en 2000 ya tenía 100 por ciento de sus centros de trabajo certificados con la norma de calidad internacional ISO; en agosto de 2004 recibió el premio internacional Asia Pacifico de calidad; con la entrega de éste, se reconoció el esfuerzo de la paraestatal para elevar su competitividad, brindar más y mejores servicios a los usuarios e implantar medidas para abatir la corrupción. Actualmente, la comisión cuenta con la certificación de calidad ISO-9001:2008. Entonces, resulta interesante que el 24 de noviembre del año próximo, pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, probó que cuatro altos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad aceptaron sobornos para entregar contratos millonarios a una empresa subsidiaria de la suiza ABB, situada en Texas, mediante un contrato firmado desde diciembre de 1997.

Por otro lado, en cuanto a la constante queja por parte de la ciudadanía por los malos cobros que se realizan, el pasado febrero, de acuerdo a los datos emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor, en los últimos dos años la Comisión Federal de Electricidad ha ocupado el primer lugar en quejas por parte de sus usuarios. Tan sólo de 2008 a 2009, las quejas aumentaron en 40 por ciento; en general la mayoría de dichas quejas son por costos injustificados, mala lectura del medidor, así como supuestos altos consumos, como lo manifestó el subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor.

En este sentido, el pasado 22 de agosto el Congreso de Quintana Roo aprobó una proposición con punto de acuerdo en la que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad que se realicen las acciones conducentes para que a la mayor brevedad posible se atiendan las quejas por presuntas irregularidades planteadas por diversos usuarios por el cobro excesivo en sus recibos de energía eléctrica.

De igual forma, el 20 de febrero del presente año, el Congreso de Coahuila acordó solicitar que se considere una disminución en el costo de las tarifas por concepto de suministro de energía eléctrica, debido al reclamo y protestas de los usuarios por los excesivos cobros que aplica la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo piden que, de manera responsable, se revise la aplicación de las tarifas eléctricas, utilizando criterios que impliquen cobros reales del consumo que realizan los usuarios, ya que las tarifas cobradas actualmente no corresponden con la realidad en las temperaturas que utilizan como parámetro para el cobro.

En dicho estado, en el mismo mes, la paraestatal decidió incrementar sus tarifas para subsanar sus finanzas. En tan sólo siete meses, las tarifas eléctricas han aumentado 60 por ciento, todo esto debido a que entre 2008 y 2009 su personal aumentó 13.4 por ciento; con ello, Coahuila ocupa el sexto lugar a nivel nacional con mayor número de trabajadores, siendo así que, para el primero de diciembre de 2009, se habían erogado 172.7 millones de pesos en nómina, tan sólo de ese estado, sin contabilizar las prestaciones de fin de año. Como ejemplo de ello el salario del superintendente local de la Comisión Federal de Electricidad, ciudadano Ernesto Alvarado Treviño, ha tenido un incremento de 42 por ciento tan sólo entre 2002 y 2009. Aunado a esto, la paraestatal deja de cobrar aproximadamente veintidós millones de pesos al año por concepto del "no cobro" por servicio de energía eléctrica a sus trabajadores.*

En ese mismo mes, en Chiapas, pequeños negocios de costura, abarrotes y cocinas económicas, situados en comunidades con alto grado de marginación en el corredor comercial denominado Para Vivir Mejor, que originariamente estaba concebido como una alternativa para disminuir los índices de pobreza, pero que, sin embargo, han recibido cobros por servicio de energía eléctrica que oscilan entre cuatro y cinco mil pesos, cantidad que de ninguna manera los habitantes de estas comunidades pueden subsidiar, ni tampoco es coherente con el consumo que se realiza en estos pequeños comercios.

En Nuevo León, el cuatro de marzo del año en curso, el descontento por los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad se mostró mediante una manifestación en el exterior de las instalaciones de la paraestatal. En el estado de México y el Distrito Federal las quejas son en torno a los altos cobros, mala calidad en el servicio, así como la inexistencia de un contrato. Ante esta situación, es de suma importancia que el contrato se realice de manera personal y escrita, con el cual se den a conocer tanto las bases que regirán el servicio como los derechos y obligaciones que adquieren ambas partes, habida cuenta que la contratación del servicio se ha estado realizando vía telefónica e Internet, dejando en estado de indefensión a la ciudadanía al no tener a la vista las clausulas a las que se están comprometiendo, hecho ante el cual la paraestatal argumenta que se realiza en términos de rapidez en el servicio, sin embargo, por lo expuesto anteriormente, en este caso la rapidez del servicio no otorga garantía alguna ni representa la calidad de éste.

Ante estos hechos, es evidente que el descontento se presenta a nivel nacional, debido a los malos cobros por parte de la Comisión Federal de Electricidad; por lo tanto, con base en la calidad total, en términos de eficacia en el servicio y satisfacción del cliente con los que cuenta la citada comisión, así como la constante actualización tecnológica, se le exhorta a instalar medidores con la capacidad tecnológica que permita identificar fácilmente el consumo realizado de kilovatios-hora en el periodo de tiempo que se efectuará el cobro, la tarifa eléctrica correspondiente con la zona y características del servicio contratado, el costo por kilovatio-hora, así como la cantidad en pesos que se cobrará por el consumo realizado, a fin de brindar certeza a la ciudadanía de que lo que se le está cobrando por el servicio de energía eléctrica corresponde fielmente con el consumo realizado.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que se exhorte al titular de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniero Alfredo Elías Ayud, a instalar medidores que cuenten con la tecnología apropiada a fin de que la ciudadanía tenga la certeza de que lo que se le está cobrando por el servicio de energía eléctrica corresponda fielmente con el consumo realizado.

Segundo. Se dé por cancelado todo aquel proyecto que implique la instalación de cualquier modalidad de sistema de prepago para la energía eléctrica. Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.

Nota
* Periódico local Vanguardia; 4 de febrero de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.

Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SEP Y A LA SCT PARA QUE IMPLANTEN UN PROGRAMA GUBERNAMENTAL DE ACCESO GRATUITO A INTERNET EN TODAS LAS PLAZAS PÚBLICAS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS SAMUEL MORENO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Diputado Carlos Samuel Moreno Terán, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las modernas tecnologías de la información y comunicaciones constituyen una herramienta privilegiada para el desarrollo, ya que contribuyen no sólo al mejoramiento social sino también al crecimiento económico de una nación.

Respecto del grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del que México forma parte, el promedio de hogares con conexión a Internet es de 57 por ciento, en México el porcentaje es de 13.5 por ciento.

El 33.7 por ciento de los mexicanos son usuarios de computadora, pero sólo el 23.6 por ciento son usuarios de Internet. De los casi 3.4 millones de hogares con computadora en México que no tienen conexión a Internet la razón principal es la "falta de recursos económicos" (53.7 por ciento).

Según el último estudio de la OCDE, la calidad educativa en México está por debajo del promedio de los países miembros de ese organismo, por lo que es necesario eficientar los recursos para impulsar modelos educativos innovadores.

Carencias, hay muchas. El rezago educativo ha crecido en la población, y sabemos en qué sector está aumentando, los jóvenes, lo cual quiere decir que se debe replantear una estrategia con la ayuda de nuevas tecnologías y modelos más flexibles.

Desalentador es conocer este tipo de información. Y lo es más cuando la educación –a mi convicción– es el eje primordial para que una sociedad progrese, sin embargo, aún hay severos problemas.

Cada día más centros de enseñanza en todo el mundo están conectados a través de Internet. Los profesores y los alumnos utilizan esta conexión al mundo de diversas formas. El Internet es una fuente inagotable de información y datos de primera mano. Como red originariamente científica, puede encontrarse gran cantidad de información útil para las clases.

Podemos encontrar materiales para cualquier nivel educativo preparados por otros profesores. Incluso existen archivos de programaciones y experiencias educativas, documentos para uso del profesor en la preparación de sus actividades de enseñanza/aprendizaje.

En los países más desarrollados del mundo los profesores y estudiantes de centros educativos distantes entre sí utilizan la red como medio de comunicación para realizar proyectos en común, intercambiar datos sobre diferentes aspectos de su medio social o estudiar las diferencias y semejanzas culturales entre comunidades de diferentes países. Las escuelas utilizan la red para romper su aislamiento del mundo.

Existen organizaciones dedicadas a facilitar el contacto entre estudiantes y profesores de cualquier parte del mundo y a ayudarles en sus experiencias telemáticas proporcionando formación, ideas y experiencias anteriores que han tenido éxito.

Tenemos la responsabilidad como Representantes Populares que todos los ciudadanos tengan a la mano nuevas tecnologías de la información, y que aprovechen la navegación abierta por Internet, y con esto estar en posibilidad que nuestros jóvenes compitan en todos los aspectos con los países de primer mundo.

Es por ello que es necesario digitalizar a México, realizar una gran cruzada para que todos los mexicanos tengamos acceso al Internet de manera gratuita y con esto se elevaría en mucho el nivel educativo y el rezago histórico que existe en ese sector.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para efecto de que instruya a la Secretaría de Educación Pública así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus respectivas competencias, a implementar un programa de gobierno mediante el cual se proporcione en todas las plazas públicas del país acceso gratuito a Internet.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de marzo de 2010.

Diputado Carlos Samuel Moreno Terán (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE EDUCACIÓN FEDERAL Y ESTATALES, Y A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A REVISAR EL PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DE NIVEL BÁSICO DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO DEL MAZO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

El que suscribe, Gerardo del Mazo Morales, en su calidad de diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública federal y estatales y a las autoridades municipales correspondientes a llevar a cabo la revisión de la estrategia de participación social en las instituciones educativas del nivel básico del país en el marco de la sección 2 de la Ley General de Educación. Asimismo, se solicita la realización de un estudio del estado y funcionamiento actual de los Consejos establecidos en las instituciones educativas; y una revisión del diseño del Programa Escuelas de Calidad, conforme a la existencia de consejos escolares, al tenor de las siguientes

Consideraciones

• La participación social

La participación social, como un ejercicio de promoción y organización para fortalecer la construcción del sistema democrático de nuestro México, es indispensable en todos los ámbitos en que el ciudadano puede contribuir con el fomento al desarrollo nacional.

Es sólo a través de este mecanismo que se hace posible generar una relación acompañante entre ciudadanos y autoridades gubernamentales, a fin de que tanto las demandas como las necesidades correspondan con la realidad social.

El ideal es que en los espacios en los que la participación social es activa, se generen ahorros de recursos financieros, humanos y materiales; puesto que las áreas críticas son identificadas por ambos actores: sociedad y gobierno.

Cuando los ciudadanos se unen, generan formas organizativas dedicadas primordialmente a la promoción, desarrollo, supervisión y vigilancia de diversas actividades relacionadas con áreas muy específicas del quehacer gubernamental.

La educación, como uno de los pilares del desarrollo nacional y como parte de ese quehacer, no puede quedar excluida de este ejercicio.

• Los Consejos de Participación Social en la Educación

Los Consejos de Participación Social en la Educación (CPSE), en su función de mecanismos de rendición de cuentas que fortalecen la cultura democrática del país, convocan a la sociedad civil a participar y vigilar lo que hacen las instituciones educativas y, con ello, a hacer propuestas para que la política educativa que se implementa en dichas instituciones sea más integral, que beneficie a más estudiantes y que mejore el sistema educativo nacional.

Éstos surgen en la letra junto con la promulgación de la Ley General de Educación (LGE) en el año de 1993. Sin embargo, no fueron puestos en marcha de manera inmediata; y tuvieron que pasar ocho años para ver su implementación.

Los Consejos de Participación Social en la Educación se consideran, dentro de la LGE, como organismos integradores coordinados por el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.

A su vez, tanto los estados como los municipios implementan mecanismos de participación social a través de los Consejos Estatales de Participación Social en la Educación y los consejos municipales, así como de los consejos escolares que se conforman en cada institución educativa.

• El Programa Escuelas de Calidad, la Participación Social y los Consejos Escolares.

La puesta en marcha de los Consejos de Participación Social tiene su origen en el Programa Escuelas de Calidad, a partir del cual se evidenció que el aprovechamiento escolar depende, además de otros factores,1 de la participación social y la rendición de cuentas.

En teoría, el programa busca impulsar la constitución y operación de los CPSE y con ello alcanzar la consolidación de mayor responsabilidad y confianza mutua entre los miembros de la comunidad educativa (docentes, directores y supervisores) y la sociedad civil (padres de familia y alumnos).

Además de ello, promueve que en las escuelas en las que operan los Consejos de Participación Social, a través de los Consejos Escolares, sean éstos quienes diseñen las propuestas y planes de trabajo para mejorar la operación de la misma.

• Elementos a favor y en contra de los Consejos Escolares

Al respecto, un riguroso estudio de campo del año 2007,2 realizado solamente en tres estados de la república –Colima, Zacatecas y Puebla-, nos arroja datos reveladores.

De entre los principales elementos que limitan el funcionamiento de los Consejos de estos tres estados de la república se encuentran:

1. Carencia de cultura de participación social entre los habitantes.

2. Desconocimiento de cuándo, cómo y para qué surgen los CPSE. Por ende, no saben de qué forma pueden ayudar a través de este mecanismo.

3. La falta de difusión de éstos entre la comunidad.

4. La mera instalación de los Consejos, sin que ello implique que sesionen frecuentemente sus miembros. Es decir que "están conformados y nada más". No existe un funcionamiento cabal de éstos.

5. La idea de que los padres de familia no deben inmiscuirse en las actividades escolares.

6. La consideración de los padres de familia de que su intervención en los asuntos escolares es meramente económica y de mejora de la infraestructura.

7. Privilegio, por parte de las autoridades, del fomento a los Consejos Municipales y Estatales, pero no a los Consejos Escolares.

8. Falta de vinculación de los programas de trabajo de los consejos con las metas que se tienen en el Programa Nacional de Desarrollo.

9. El Consejero Presidente de los CEPSE no siempre es un ciudadano; en algunos casos es designado directamente de las filas del gobernador o llega a ser él mismo.

10. Carecen de peso dentro de la estructura educativa y/o social del estado.

11. Se les resta importancia frente a los Consejos de Desarrollo Municipal y los Comités de Participación Social con los que cuentan algunos estados.

Además, diversos balances hechos por académicos, ciudadanos e incluso por las mismas autoridades educativas, respecto al éxito obtenido en la introducción de la participación social en las instituciones educativas por medio del establecimiento de los Consejos de Participación Social, es cuestionado ampliamente. Entre los principales problemas se destacan: 1. Que están dominados por la burocracia. Sus integrantes lejos de ser personas de la sociedad civil, son integrantes de la misma estructura gubernamental.

2. Incentivan en poco la calidad educativa.

3. No está clara su diferenciación con respecto de las asociaciones de padres de familia, pues existen actividades que se traslapan con éstas.

4. La participación social en la escuela ya no está estrechamente vinculada con iniciativas referentes a la mejora de los aprendizajes.

5. Poca asistencia de la gente a las reuniones de consejo.

6. La gente desconoce el papel que juega la participación social.

7. No hay un ejercicio ciudadano de discusión acerca de los problemas educativos y escolares.

8. No fungen como espacios de debate, consulta, orientación o apoyo para elevar la calidad educativa.

• Conclusiones

Pese a ello, el Programa Escuelas de Calidad (PEC) da señales positivas respecto de la implementación de la participación social, ya que:

1. Fue a partir de su entrada en vigor que se le dio mayor importancia a la conformación y funcionamiento de los consejos.

2. Tienen como requisito la conformación de los consejos dentro de sus reglas de operación, con el fin de incentivar la participación de la sociedad civil en el quehacer educativo.

Sin embargo, el PEC pareciera no contar con los mecanismos necesarios para evitar que la instalación de estos consejos quede sólo en eso y que se caiga en un proceso de simulación a fin de cumplir con los lineamientos del PEC.

Esto es sólo una pequeña muestra de que el camino de la participación social no logra ser exitoso. Sin embargo, como legisladores debemos estar plenamente informados del porqué esto no es a la inversa. Para ello, se requiere mayor evidencia por parte de la autoridad educativa federal y estatal, así como de los municipios; a fin de que se tomen cartas en el asunto para que desde el espacio educativo se consolide este elemento tan fundamental en nuestra democracia: la participación social.

En el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza estamos convencidos de que la participación social tanto en la educación como en todas las áreas de desarrollo social y político es una herramienta con grandes repercusiones a favor de México. Por ello, debemos buscar los mecanismos necesarios que eviten que aquello que la ley contiene en la materia quede simplemente en calidad de letra muerta.

Nuestra labor es la de "fortalecer para" y "vigilar que" nuestra legislación nacional funcione armoniosamente.

Por lo expuesto, me permito presentar ante esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Secretario de Educación Pública para que sea revisada la estrategia de participación social en las instituciones educativas del nivel básico nacional, que se encuentra consagrada en la sección 2 de la Ley General de Educación, artículos 68 al 73.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública federal y a los titulares de las secretarías de educación de cada uno de los estados de la república y a las autoridades municipales, a que lleven a cabo de manera coordinada un estudio del estado y funcionamiento actual de todos los consejos establecidos en las instituciones educativas del nivel básico de la República Mexicana, en el marco de la sección 2 de la Ley General de Educación, cuyo fin es el de fomentar la participación social. Asimismo, de manera respetuosa se solicita que se haga llegar a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos los resultados de dicha investigación, a fin de contar con un diagnóstico respecto a las bondades y debilidades encontradas, que permita legislar en la materia, a favor de la calidad integral de la educación.

Tercero. Se exhorta al titular de la SEP a que gire las instrucciones necesarias a fin de que se lleve a cabo una revisión del diseño del Programa Escuelas de Calidad, conforme a la existencia de Consejos Escolares, con el fin de que se genere una evaluación exhaustiva respecto a su correcto funcionamiento y no la mera instalación a fin de cumplir con los lineamientos del programa.

Notas
1. Cambios en la gestión escolar, prácticas pedagógicas, capacitación docente, aprovechamiento de los recursos, infraestructura adecuada, etcétera.
2. Los Consejos de Participación Social en la Educación y el Programa Escuelas de Calidad: ¿mecanismos sociales para la rendición de cuentas? Autoras: Arcelia Martínez Bordon, Teresa Bracho González y Claudia Osiris Martínez Valle. Año: 2007. Programa Interinstitucional de Investigación-Acción sobre Democracia, Sociedad Civil y Derechos Humanos. CIESAS y Universidad Veracruzana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.

Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEP Y A LA SECRETARÍA DE SALUD QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE PRODUCTOS CHATARRA QUE SE EXPENDEN EN LAS TIENDAS Y COOPERATIVAS DE LOS CENTROS ESCOLARES Y SUS PROGRAMAS PARA COMBATIR LA OBESIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE PÉREZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En México, como lo señala el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", más del 30 por ciento de la población infantil menor de 5 años padece desnutrición; cifra que se incrementa hasta el 56 por ciento para el caso de las comunidades rurales del país, especialmente las de los estados con mayor población indígena, donde se evidencian muy serios niveles de desnutrición.

La obesidad es ciertamente perjudicial para los niños, pero de la misma manera, o más, lo es la desnutrición. La desnutrición, sobre todo a temprana edad, inhibe el desarrollo normal de las potencialidades humanas, especialmente las intelectuales. Si el niño está o no bien alimentado durante los primeros años de vida, puede tener un efecto profundo en su salud, así como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas.

Una buena nutrición es la primera línea de defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en los niños de por vida. Una nutrición pobre durante la vida intrauterina y en los primeros años de vida lleva a efectos profundos y variados, incluyendo: Crecimiento físico y desarrollo motor retardados; efectos generales en el desarrollo cerebral resultando en un bajo coeficiente intelectual (inferior en 15 puntos o más en los severamente desnutridos); un grado mayor de problemas conductuales y habilidades sociales deficientes en edad escolar, y atención disminuida, aprendizaje deficiente y logros educacionales más bajos. Ese es el destino de los niños indígenas desnutridos. Ese es el costo de la opresión y la marginación que durante 5 siglos han pagado los pueblos indios de México.

Por estas razones, es importante no soslayar la demanda de las autoridades educativas de 12 entidades de la república, para que la secretaría de educación pública atienda el grave problema de la obesidad o sobrepeso infantil que se concentra sobretodo en los estudiantes de las zonas urbanas producto de la comida chatarra que se comercia en más de un millón de puestos de venta dentro o alrededor de las escuelas y que por sus dimensiones alarmantes ha merecido incluso la atención presidencial. Pero al mismo tiempo, no descuide el profundo problema de la desnutrición y mala alimentación de los niños indígenas y pobres que muchos olvidan y que fue denunciada por los secretarios de educación de los estados más pobres y con mayor población indígena de entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Michoacán y Veracruz.

Por las consideraciones expuestas, me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud informen con amplitud a esta soberanía, su política de control en relación a los productos chatarra que se expenden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares y sus programas para combatir la obesidad

Segundo. Solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Educación Pública que informen sobre las acciones que están emprendiendo para combatir la desnutrición infantil, sobretodo de los niños de las comunidades indígenas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzao de 2010.

Diputada Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DISEÑAR MEDIANTE LOS SECRETARIOS DE SALUD, Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN COORDINACIÓN CON LOS INSTITUTOS MEXICANO DE LA JUVENTUD, Y NACIONAL DE PSIQUIATRÍA RAMÓN DE LA FUENTE, UNA CAMPAÑA NACIONAL PERMANENTE PARA PREVENIR EL SUICIDIO ENTRE LA JUVENTUD, CONFORME A LAS DISPOSICIONES PROPUESTAS POR LA OMS, A CARGO DE LA DIPUTADA CORA PINEDO ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Cora Cecilia Pinedo Alonso, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la aprobación del pleno de esta soberanía para la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. De acuerdo con el estudio Suicidio en jóvenes: hallazgos básicos ENA08 (Encuesta Nacional de Adicciones), del Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, de agosto de 2008 al mismo mes de 2009, en nuestro país se registraron 349 mil 987 intentos de suicidio en jóvenes.

De ellos, 34 mil 298 se presentaron en el estado de México, 30 mil 798 en Michoacán y 28 mil 698 en Chiapas; sin embargo, por densidad poblacional, Michoacán es el que presenta mayor incidencia, ya que se dan 2 mil 345 intentos de suicidio por cada 100 mil habitantes en ese rango de edad.

2. El mismo estudio indica que alrededor de 3 millones de jóvenes mexicanos han pensado en quitarse la vida y mientras 441 mil 634 jóvenes planearon su suicidio, casi 60 mil jóvenes intentaron suicidarse y fallaron, pero requirieron atención médica inmediata.

3. Las causas principales que se atribuyen a la idea del suicidio se deben básicamente a la existencia de presiones económicas y familiares, el bajo rendimiento escolar, la muerte de un ser querido, haber sido víctima de violencia sexual o violación, son algunos motivos que impulsan al suicidio, según especialistas.

4. Si a los factores descritos añadimos la pobre integración social e interpersonal, generada por el desempleo y la falta de oportunidades de estudio, así como la desesperanza por un futuro incierto, todos en conjunto orillan a la juventud a despertar ideaciones como planes suicidas que son el primer paso grave hacia la consumación del suicidio.

5. Nuestro país ha tenido tradicionalmente tasas más bajas de suicidio cuando se le compara con países con niveles más altos de violencia autoinflingida; sin embargo, éste incremento nos coloca como uno de los países con las tasas más altas de muerte por esta causa.

6. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo un millón de personas se suicidan, pero que los intentos son 20 veces más frecuentes; no obstante el Instituto Mexicano de la Juventud asegura que hay un subregistro de las muertes por suicidio cercano al 50 por ciento, aunque lo más grave es la tendencia creciente de jóvenes que han pensado en su propia muerte o que incluso hicieron planes para suicidarse. De acuerdo con estadísticas oficiales, tres de cada 10 mexicanos tiene entre 15 y 29 años de edad, y para 2012 la proyección es que habrá 36 millones de personas en este rango de edad.

7. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, consideramos que la educación preventiva sobre la problemática del suicidio es el principal instrumento con que cuentan los jóvenes para su desarrollo integral, por ello es urgente el diseño de estrategias para evitar fatídicos desenlaces en mexicanas y mexicanos entre 15 y 29 años de edad.

8. En el marco del diseño de estrategias, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere seis medidas para prevenir el suicidio:

• Tratamiento de las enfermedades mentales;
• Destoxificación del gas de los vehículos de motor;

• Destoxificación del gas doméstico;
• Control de la posesión de las armas de fuego;

• Control sobre la disponibilidad de las sustancias tóxicas;
• Disminuir los reportes de las noticias sensacionalistas en los medios de difusión.

Por lo expuesto y fundado, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Uno. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de los titulares de las Secretarías de Salud y de Educación Pública en coordinación con los Institutos Mexicano de la Juventud y Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, diseñen una campaña nacional de difusión intensa para prevenir el suicidio en los jóvenes de México, acorde con las seis medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud.

Dos. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Michoacán a informar a esta soberanía sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el problema de suicidio en los jóvenes de la entidad.

Tres. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México a informar a esta soberanía sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el problema de suicidio en los jóvenes de la entidad.

Cuatro. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Chiapas a informar a esta soberanía sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el problema de suicidio en los jóvenes de la entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 24 de marzo de 2010.

Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE ECONOMÍA A IMPLANTAR MEDIANTE EL ORGANISMO PRO MÉXICO UN PROGRAMA DE APOYO DE LAS EMPRESAS CREADAS POR CONNACIONALES MIGRANTES EN EL EXTRANJERO, A CARGO DEL DIPUTADO GUMERCINDO CASTELLANOS FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado Gumercindo Castellanos Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Economía del gobierno federal a implantar, a través del organismo Proméxico, un programa de apoyo a aquellas empresas creadas por mexicanos migrantes en el extranjero, a fin de incentivar su establecimiento en nuestro país a partir de otorgarles todas las facilidades para su potencialización en territorio mexicano, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante décadas, la falta de políticas para el fortalecimiento del campo y de la industria y, en general, la falta de oportunidades de empleo en México, se ha convertido en el principal impulsor para que año con año millones de mexicanos emigren a otros países, principalmente a Estados Unidos de América, en busca de mejores condiciones laborales.

El proceso de emigrar, como es sabido, no es nada sencillo: miles de mexicanos mueren en el intento de cruzar la frontera y los que lo logran, se vuelven víctimas permanentemente de cualquier cantidad de vejaciones, abusos y de múltiples circunstancias miserables las cuales están dispuestos a soportar, con tal de lograr mejorar un poco su calidad de vida y las de sus familias.

En tal sentido, si bien el fenómeno migratorio en México durante generaciones ha arrojado historias de todo tipo, resulta relevante destacar la de aquellos migrantes, en proporción los menos, que lograron plenamente sus objetivos y no sólo encontraron mejores condiciones, sino que se volvieron emprendedores de empresas exitosas y que les permitió ganar un lugar relevante como parte del desarrollo económico del país donde radican.

En ese contexto deviene de la mayor trascendencia que el Estado mexicano, conciente de su corresponsabilidad histórica para que miles de mexicanos se vean en la necesidad de emigrar a otros países en busca de oportunidades que México nunca les brindó, asuma un compromiso serio con todos esos paisanos que, de manera obligada, se tuvieron que ir, brindándoles todos los apoyos necesarios para que puedan establecer sus empresas, desarrolladas en otros países, en nuestro país y con ello, no sólo se estaría potencializando la inversión "extranjera" en nuestro territorio, lo cual ya es una política existente, sino que se estaría otorgando a nuestros connacionales la oportunidad de regresar a sus raíces de la mano de la expansión de sus empresas en la tierra que es suya.

En efecto, si bien muchos migrantes mexicanos pudieron a través de los años consolidarse laboralmente y dar a sus familias mejores condiciones de vida, lo cierto es que no habrá un compatriota en tales circunstancias que no guarde un sentimiento pendiente y que ningún éxito en el extranjero le podrá devolver: el regreso de ellos y de sus hijos a sus raíces y a su cultura.

De esa forma, si bien los Poderes Ejecutivo y Legislativo tenemos la inalienable obligación, en los distintos ámbitos de competencia, de fijar las bases para generar cada vez más y mejores condiciones para que el fenómeno migratorio por falta de oportunidades cada vez sea menor, lo cierto es que esa labor no nos exime de buscar, de manera paralela, los mecanismos necesarios para lograr que todos aquellos mexicanos que en su momento no tuvieron oportunidades en nuestro país y que se vieron obligados a desarrollarse fuera de él puedan ahora expandir sus empresas con el mismo éxito en el territorio mexicano.

Es el caso que el gobierno mexicano, concretamente la Secretaría de Economía, a través de Proméxico, tiene la misión de fortalecer la participación de México en la economía internacional, así como de coordinar las acciones para atraer inversión extranjera directa al territorio nacional.

En ese orden de ideas, resulta viable concluir que si nuestro país cuenta con un organismo especializado que tiene como finalidad, por un lado, de impulsar las empresas mexicanas en el extranjero y, por el otro, de atraer inversión extranjera, el caso de las empresas de mexicanos migrantes creadas en el exterior deberían constituir uno de los rubros fundamentales que un organismo como éste debería otorgar especial atención, a efecto de fomentar e impulsar con programas su establecimiento en México.

Con ello, Proméxico tendría la oportunidad de llevar a cabo los fines para los que fue creado por partida doble, en tanto por la naturaleza de los sujetos y empresas a los que estaría beneficiando, se debe considerar como impulso a empresas de mexicanos, a la vez que se atrae inversión extranjera a nuestro país.

Aunado a lo anterior, la posibilidad de implantar un programa de atracción y apoyo a las empresas de los migrantes para su establecimiento en nuestro país, constituye una oportunidad para el Estado mexicano de redimirse con los paisanos que, por falta de condiciones laborales, se vieron obligados a emigrar, otorgándoles ahora oportunidades de regresar a su país con las garantías de que sus empresas podrán expenderse e incluso potencializarse con éxito en nuestro territorio.

México tiene una deuda y también un compromiso con los millones de conciudadanos que se han visto forzados a abandonar su tierra por falta de oportunidades, lo que hace primordial que ahora desde aquí se impulsen programas serios que los incentiven a expandir sus empresas desarrolladas con éxito en el exterior en su propio país.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Economía del gobierno federal a implantar, a través del organismo Proméxico, un programa de apoyo a aquellas empresas creadas por mexicanos migrantes en el extranjero, a fin de incentivar su establecimiento en nuestro país, a partir de otorgarles todas las facilidades para su potencialización en territorio mexicano.

Dado en el pleno del honorable Congreso de la Unión, a 24 de marzo de 2010.

Diputado Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica)
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS QUE CONMINE A LAS COMISIONES ORDINARIAS A DESAHOGAR CON PRONTITUD TEMAS COINCIDENTES DE LAS AGENDAS LEGISLATIVAS, EN PARTICULAR A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SOBRE EL DERECHO AL AGUA DESTINADA A CONSUMO HUMANO, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR FRANCISCO BURELO BURELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

César Francisco Burelo Burelo, secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático; Leticia Robles Colín, diputada secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Florentina Rosario Morales diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en nuestro nombre y de los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

1. Que en cumplimiento en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los distintos grupos parlamentarios representados en esta Cámara presentaron en tiempo y forma sus respectivas agendas legislativas, tanto para el segundo periodo, como para el primer periodo ordinario de sesiones correspondientes al primer año de ejercicio.

2. Que del análisis comparativo y del cruce realizado entre las distintas agendas se desprende que existen importantes coincidencias temáticas entre los diversos grupos parlamentarios destaca entre esas coincidencias el tema del agua, con distintos enfoques los grupos parlamentarios han abordado cuestiones relativas a su preservación, disponibilidad y a garantizar su abasto y consumo sustentable.

3. Que el inciso c) del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos obliga a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos.

4. Que resulta indiscutible que el agua es un elemento indispensable para la vida humana, para la salud básica y por tanto un elemento esencial para la supervivencia, así como para la producción de alimentos y para las actividades económicas. Sin embargo en México, de acuerdo a diversas fuentes y cifras oficiales como las del Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y la Comisión Nacional del Agua se estima que entre 12.1 y 12.8 millones de personas carecen de agua potable. De acuerdo a estas fuentes en algunos estados del país el porcentaje de déficit del suministro fijo de agua potable alcanza cifras preocupantes tales son los casos de Guerrero con un 37 por ciento; Oaxaca con un 29.9 por ciento; Chiapas con 29.4 por ciento; Veracruz con un 27.3 por ciento, y Tabasco con 26.2 por ciento.

5. Que el estado de pobreza de un amplio porcentaje de la población es un síntoma y a la vez una causa de la crisis del agua, el hecho de facilitar a la población vulnerable, marginada y en condición de pobreza el acceso al agua mejor gestionada puede contribuir a la erradicación de la pobreza, tal como lo expresa el Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, coordinado por la UNESCO mediante el cual se conmina a los países miembros a adoptar una serie de medidas y regulaciones para lograrlo.

6. Que nuestro país ha firmado su adhesión al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sin que a la fecha se hubieran garantizado parte de esos derechos como el relativo al acceso al agua en como parte de las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución.

7. Que uno de los resultados significativos de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) de la reforma del Estado mexicano implantada por ambas Cámaras en la pasada legislatura fue el consenso inicial de todos los grupos parlamentarios para reformar y adicionar los artículos 4 y 27 constitucionales en materia de derechos económicos, sociales y ambientales garantizando el derecho constitucional al acceso al suministro de agua para consumo humano. Al final el GPPAN retiro su apoyo inicial a este acuerdo y a todos los que se lograron en el capítulo denominado de la CENCA como una medida de presión para negociar su propuesta de reforma energética. A pesar de este desacuerdo final existe un posicionamiento público a favor de la reforma expresado en el foro Garantías Sociales de la Reforma del Estado.

8. Que rescatando el acuerdo inicial de la CENCA sobre el derecho constitucional al acceso al agua, los Grupos Parlamentarios del PRD, del PRI, del PT, de Convergencia, del PVEM y de Alternativa presentaron el 8 de abril de 2008 iniciativa por la que se reforma y adiciona los artículos 4 y 27 constitucionales en materia de derechos económicos, sociales y ambientales en la cual se propone garantizar el derecho de todo mexicano "a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico" tal y como a la letra lo establecen el criterios y definición de derecho al agua adoptada por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU.

9. Que la iniciativa presentada por esos 6 grupos parlamentarios responde a la imprescindible e impostergable necesidad de mandatar desde la Constitución, el diseño de políticas públicas que garanticen el derecho social al agua y que a su vez se garantice la calidad y cantidad para el consumo humano y el aprovechamiento sustentable del recurso tal como lo expresan los pactos internacionales suscritos y ratificados por México.

10. Que el reconocimiento del agua como derecho humano es uno de los pasos más importantes para abordar el desafío de brindar a la gente el elemento más básico de la vida, en virtud de que es un elemento de precondición necesaria para todos nuestros derechos humanos, sosteniéndose que sin el derecho de acceder y utilizar en cantidades suficientes y bajo condiciones sanitarias adecuadas la cantidad de agua que necesitamos para llevar una vida digna, serían inalcanzables otros derechos establecidos como el derecho a la alimentación, a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como los derechos civiles y políticos.

11. Que por las consideraciones expresadas en los últimos 6 puntos consideramos a esta reforma como una reforma políticamente posible y socialmente imprescindible.

12. Que el numeral 6 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos conmina a los grupos parlamentarios a que con base en la similitud de sus agendas o en la comunión de sus principios ideológicos a formular acuerdos que se traduzcan en la conformación de mayorías parlamentarias.

Por lo expuesto y fundado es que sometemos a la consideración de pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados LXI Legislatura a través de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos conmina a las comisiones ordinarias que la integran a acelerar el pronto desahogo de temas coincidentes de las agendas legislativas presentando ante este pleno los dictámenes respectivos.

Segundo. La Cámara de Diputados LXI Legislatura a través de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos conmina a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Puntos Constitucionales a acelerar el pronto desahogo de temas coincidentes de las agendas legislativas relativos al tema del derecho constitucional al suministro de agua para consumo humano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.

Diputados: Leticia Robles Colín (rúbrica), Florentina Rosario Morales, César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).
 
 


CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA SEP INTRODUZCA EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA LA MATERIA SOBRE AMBIENTE Y EQUIDAD DE GÉNERO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

El suscrito diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo a efecto de que la Secretaría de Educación Pública implemente en los programas de estudio de educación básica la materia sobre medio ambiente y equidad de género con base en las siguientes

Consideraciones

La construcción de alternativas para la equidad de género en la realidad mexicana transita por el análisis no sólo de las condiciones que imperan dentro de las aulas y las familias de los educandos, sino también de las bases jurídicas actuales para el debido abordaje del problema de la violencia en general y de la equidad de género en particular, así como de los proyectos y programas educativos y de las políticas educativas y sociales con las cuales se cuenten para tal efecto.

La resignificación simbólica de la dimensión de género necesita de procesos específicos que ayuden a incorporar la diversidad y la inclusión como valores y principios pedagógicos que en las familias, en las aulas y en los medios de comunicación enriquezcan e integren a la sociedad en base al sentido del bien común, de democracia y del trato incluyente.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, desde esta tribuna se abordaron diversos posicionamientos a favor del respeto y del trato igualitario entre hombres y mujeres. Los datos de los diagnósticos provistos por mis compañeros legisladores, asentaron la gravedad del asunto principalmente por la falta de valores y principios reflejados en una crisis generalizada de moral pública y de una atención eficaz y oportuna de los responsables en la materia de los diversos órdenes de gobierno.

Los índices de desarrollo relativo a género (IDG) y de potenciación de género calculados a nivel estatal y municipal muestran un Mapa de la desigualdad de género en México. Esta información dada por el Programa de Naciones Unidas, concluye y confirma que, la desigualdad tiene muchas aristas. Por ello, es necesario diferenciar los análisis por zonas rurales y urbanas, por etnias y por edad, entre otras variables, sin embargo, todos los estudios convergen en una generalidad: no hay desarrollo humano sin equidad de género; ya que hay pruebas sólidas de todo el mundo que confirman que la igualdad entre los géneros acelera el crecimiento económico general, fortalece la gobernabilidad democrática y reduce la pobreza y la inseguridad.

No olvidemos que detrás de los indicadores hay preguntas de fondo que deben formularse. La meta para lograr la equidad de género se convierte así en una oportunidad para reflexionar sobre las políticas sociales, económicas y culturales en el ámbito federal, estatal y municipal. ¿Son suficientes los recursos destinados a eliminar las brechas de género? ¿Es factible avanzar sin tomar en cuenta la desigualdad de género como uno de los principales frenos al crecimiento armónico y al combate a la pobreza? ¿Cómo diseñar políticas que pongan énfasis en la participación económica y política de las mujeres?

Mientras la salud, la educación, el medio ambiente, el ingreso y la participación política, no sean una realidad para todas y todos, estará en entredicho la sostenibilidad del desarrollo humano. Mientras la violencia contra las mujeres siga en los niveles actuales, será difícil seguir avanzando en la equidad y en el desarrollo pleno de los derechos humanos en la sociedad en general.

Asimismo, si no corregimos urgentemente los crecientes registros de deforestación y degradación de suelos en bosques y selvas, la contaminación de cuencas, ríos y lagunas; el desperdicio de aguas residual y potable; la aceleración del calentamiento global y del cambio climático, entre otros aspectos que tienen que ver con la calidad de vida, salud pública y el medio ambiente, todos los esfuerzos en estas materias serán en vano en un futuro no muy lejano.

En este sentido, los legisladores del PVEM reiteramos nuestro compromiso por las justas causas sociales y del medio ambiente en el ánimo de mejorar las condiciones naturales y de convivencia en el país.

Por lo tanto, el objeto del presente punto de acuerdo responde a exhortar a la autoridad educativa del país, en específico a la Secretaría de Educación Pública Federal, a implementar en los planes de estudio, desde la educación básica inicial, una asignatura enfocada al estudio sobre la importancia del cuidado y protección del medio ambiente y de la garantía al respeto sobre la equidad de género.

Bajo este tenor, se haría más posible lograr que niñas y niños, desde temprana edad hasta jóvenes y adultos, asuman conductas responsables con el medio ambiente y la equidad de género. Así, se fortalece la educación desde sus orígenes para encaminarla hacia una instrucción ambiental responsable y crear conciencia en las instituciones educacionales de la importancia de desarrollar una orientación de respeto a la equidad de género.

Estas asignaturas no sólo transmitirían conocimientos, sino también proporcionarían herramientas en los estudiantes para que libremente conviertan en formas de ser los conocimientos, valores y principios que habrán de examinar y aplicar en su presente y futuro.Asimismo, de esta manera, los estudiantes serán capaces de acometer mejor los retos de la vida personal y social. Esto implica que los conceptos que se les presenten estén relacionados con sus conocimientos y experiencias, a fin de que aprendan a desenvolverse en su entorno y puedan mejorar su actuación cotidiana en los distintos ámbitos en que participan y así contribuir a mejorar de alguna forma sus relaciones y su medio social.

En este sentido, someto a la consideración de ésta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que rinda a esta soberanía un estudio integral sobre la viabilidad técnica, educativa y presupuestal respecto a la implementación a los planes y programas de estudios de una nueva asignatura enfocada específicamente a la importancia del cuidado y protección del medio ambiente y de la garantía al respeto sobre la equidad de género desde la educación básica inicial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diez.

Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)