México, DF, a 14 de junio de 2010.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-3-435, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 0553, suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al sistema de manejo ambiental.
Atentamente
Licenciado Rafael Munguía Garcés (rúbrica)
Director General Adjunto de Proceso Legislativo
México, DF, a 19 de mayo de 2010.
Manuel Minjares Jiménez
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Me refiero al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 1027/ 10, por medio del cual se remite el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la sesión del 6 de abril de 2010, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a formular, expedir, implantar y, en su caso, evaluar en todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, sistemas de manejo ambiental, entendiéndose éstos como el conjunto de acciones orientadas a fomentar el uso eficiente de los recursos materiales utilizados en el desempeño cotidiano de las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y que tienen el objeto de reducir los impactos negativos de dichas actividades en el ambiente.
Al respecto, esta dependencia del Ejecutivo federal toma debida nota de las determinaciones que sobre el citado punto de acuerdo emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos procedentes.
Conforme a lo establecido en el artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de enero de 2010, el protocolo de actividades para la implantación de acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones en la administración pública federal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social cumple los lineamientos de eficiencia energética establecidos en el referido protocolo, instaurando diversas acciones para reducir el consumo de energía eléctrica y combustibles, como las siguientes:
Desconectar, cuando no se utilicen, los aparatos y sistemas que se encuentren conectados a la toma de corriente.
Mantener los termostatos del sistema de aire acondicionado dentro de los parámetros de confort.
Mantener cerradas puertas y ventanas cuando esté funcionando el aire acondicionado.
Retirar equipos eléctricos personales fuera de uso.
Separar circuitos para evitar pérdida de energía eléctrica.
Continuar la sustitución de sistemas de iluminación obsoletos por lámparas ahorradoras.
Por otra parte, para cumplir el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, difundido mediante oficio circular de la Subsecretaría de Egresos el 12 de marzo de 2010, se llevarán a cabo acciones para reducir en 5 por ciento el gasto en el consumo de agua, optimizando el manejo y la operación de los sistemas en las instalaciones de baños y riego de áreas verdes, y la operación de los sistemas de calentamiento, entre otras medidas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.
Atentamente
Doctor Álvaro Castro Estrada (rúbrica)
Subsecretario del Trabajo
(Remitido a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Junio 16 de 2010.)
México, DF, a 11 de junio de 2010.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-528, signado por los diputados José de Jesús Zambrano y Georgina Trujillo Zentella, vicepresidente y secretaría, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112. 00002557, suscrito por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al proyecto de restauración, recuperación, sostenimiento y mantenimiento de la zona federal marítimo terrestre de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.
Atentamente
Licenciado Rafael Munguía Garcés (rúbrica)
Director General Adjunto de Proceso Legislativo
México, DF, a 8 de junio de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Doy respuesta a su oficio número SEL/UEL/311/1271/10, mediante el cual hace del conocimiento de esta dependencia el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 27 de abril del presente año, el cual menciona en su segundo punto:
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora
México, DF, a 3 de junio de 2010.
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Me refiero a su atento oficio número 112/00002118, recibido en esta dirección general el 21 de mayo del año en curso, mediante el cual hizo del conocimiento al ciudadano Patricio Patrón Laviada, procurador federal de Protección al Ambiente, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 27 de abril de 2010, y en cuyo punto segundo se hace el exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar si el promovente del proyecto de restauración, recuperación, sostenimiento y mantenimiento de la zona federal marítimo terrestre de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, cumplió con las condicionantes establecidas en la resolución número S.G.P.A/DGIRA/DG/3758/09 y, de no ser así, qué sanciones se emitieron.
Al respecto y de conformidad con el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la federación el 1 de octubre de 2003, anexo se remite el oficio número PFPA/4.1/8C.17.5/382-10, de fecha 2 de junio del presente año, con el que se da atención al punto de acuerdo antes referido. Lo anterior, con objeto de que esa unidad coordinadora a su digno cargo, en su carácter de enlace con la Semarnat ante la Secretaría de Gobernación, remita la información solicitada a la Unidad de Enlace Legislativo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Raymundo Raziel Villegas Núñez
(rúbrica)
Director General
México, DF, a 2 de junio de 2010.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
El presente es con relación a su atento oficio número DGPL 61-II-2-528, expediente 796.1XI, mediante el cual se hizo de conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en la sesión celebrada el 21 de abril del año en curso, y en cuyo punto segundo se exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a informar si el promovente del proyecto de restauración, recuperación, sostenimiento y mantenimiento de la zona federal marítimo terrestre de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel cumplió con las condiciones establecidas en la resolución número S.G.P.A/DGIRA/DG/3758/09 y de no ser así, qué sanciones se emitieron.
Al respecto, informo a usted lo siguiente:
Como resultado de estos operativos, se realizaron seis inspecciones en materia de impacto ambiental, cuatro de ellas en el frente de trabajo en Cancún y dos en el frente de Playa del Carmen.
En las inspecciones se verificó de forma exhaustiva el oficio resolutivo en comento, así como las medidas de prevención y mitigación contenidas en la manifestación de impacto ambiental regional del proyecto. Aunado a lo anterior, y con objeto de investigar los hechos denunciados relativos a laafectaci6n de la población de caracol rosado y a los arrecifes coralinos por la ejecución de los trabajos de extracción y vertimiento de arena, se llevaron a cabo inmersiones en los dos bancos autorizados para la extracción de arena (banco A, La Ollita II y banco B al norte de Cozumel), y en las áreas arrecifales conocidas como Jardines, Pared Verde y Mook Che, en Playa del Carmen. Aunado a lo anterior, en noviembre de 2009, se realizó un sobrevuelo durante los trabajos de vertimiento de arena en las playas de Cancún.
Del análisis de las actas de inspección levantadas en noviembre y diciembre de 2009, se detectaron diversos incumplimientos a la autorización de impacto ambiental y medidas de prevención y mitigación contenidas en la MIA-R, por lo que la DGIAZ ordenó al promovente del proyecto la ejecución de medidas de medidas de urgente aplicación.
Actualmente, esta Dirección General substancia los respectivos procedimientos administrativos que derivaron de las inspecciones realizadas en estricto apego a la ley.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Licenciado Raziel Villegas Núñez (rúbrica)
Director General
(Remitida a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Junio 16 de 2010.)
México, DF, a 11 de junio de 2010.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-2-49, signado por los diputados Javier Ramírez Acuña y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112. 00002566, suscrito por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la sequía atípica en diversas entidades federativas.
Atentamente
Licenciado Rafael Munguía Garcés (rúbrica)
Director General Adjunto de Proceso Legislativo
México, DF, a 8 de junio de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Doy respuesta a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 1432/ 09, mediante el cual hace del conocimiento de esta dependencia el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 10 de septiembre de 2009, el cual solicita en su segundo punto:
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
México, DF, a 4 de mayo de 2010.
Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
de la Semarnat
Presente
Hago referencia a sus oficios números 112/ 00004610, de fecha 22 de septiembre de 2009, y 112.00001795, del 21 de abril de 2010, mediante los cuales solicita información sobre el punto de acuerdo por e. que se exhorta a la Conagua a impulsar un programa especial de urgencia para canalizar apoyos a Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, afectados por la sequía, aplicando los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC).
Al respecto me permito enviar a usted el memorando número BOO.05.-0399, de fecha 30 de abril de 2010, en el que se remiten los comentarios formulados por la Subdirección General Técnica de la Conagua.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Óscar Fidencio Ibáñez Hernández
(rúbrica)
Coordinador de Asesores
México, DF, a 30 de abril de 2010.
Doctor Óscar Fidencio Ibáñez Hernández
Coordinador de Asesores de la Dirección General
Presente
Me refiero al memorando número BOO.C.A-412, referencia 000165, por medio del cual solicita los comentarios de la Subdirección General Técnica para atender el oficio número DGPL 61-II-2-50, expedientes 20 y 21 LXI, de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.
Respecto al segundo punto del acuerdo, en el que "se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional del Agua a impulsar un programa especial de urgencia para canalizar apoyos a las zonas afectadas aplicando los recursos del Fonden y del PACC", después de haber realizado diversas consultas técnicas, financieras y jurídicas, me permito hacer los siguientes comentarios:
Los programas del Fonden y de Atención a Contingencias Climatológicas, a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la Sagarpa, respectivamente, son herramientas financieras complementarías y subsidiarias, compuestas por varios instrumentos. Son operadas por diversas instancias del gobierno federal y tienen como propósito brindar recursos a las entidades federativas, a los municipios y a las dependencias federales para la atención de los daños causados por un fenómeno natural imprevisible y determinado cuya magnitud supere sus capacidades de atención y de respuesta.
Para su ejercicio, la Segob publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2008, las Reglas de Operación del Fonden y los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la utilización del fondo revolvente, respectivamente.
La Sagarpa publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 2009 y el 26 de mayo de 2008, las Reglas de Operación del PACC y los lineamientos operativos y técnicos del sistema de operación y gestión electrónica, respectivamente, los cuales establecen los procedimientos normativos para la aplicación de dichos programas. Con ello, el gobierno federal pretende actuar de manera corresponsable, complementaría, oportuna y transparente ante la eventual ocurrencia de un desastre natural que afecte a la población, la infraestructura nacional, estatal o municipal, o al sector agropecuario, pesquero y acuícola.
La Conagua, en términos del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, ejerce la atribución que corresponde a la autoridad en materia hídrica y se constituye como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluidos la administración, la regulación, el control y la protección del dominio público hídrico. Asimismo, participa en el Sistema Nacional de Protección Civil y apoya la aplicación de los planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de urgencia causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos.
En este contexto, toda vez que la ley y los instrumentos financieros federales la facultan como instancia técnica para determinar la ocurrencia de un fenómeno en un lugar y fecha determinados, apoya los procesos mediante la emisión de una opinión técnica, fundamentada en los estudios y análisis estadísticos de los parámetros hidrometeorológicos y climáticos conforme a la normatividad vigente.
Cabe señalar que no administra ni opera ninguno de los instrumentos financieros señalados, ni cuenta con facultades o atribuciones conferidas por la ley para impulsar un programa especial de urgencia y canalizar apoyos a las zonas afectadas aplicando recursos del Fonden o del PACC.
Por todo lo expuesto, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil y la normatividad del Fonden, la Segob cuenta con prerrogativas tanto para la emisión de las declaratorias de emergencia y de desastre natural como para establecer mecanismos sobre el uso y la aplicación de los recursos financieros.
Igualmente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la normatividad del PACC establecen las prerrogativas para que la Sagarpa emita las declaratorias por contingencia climática que afecten el sector agropecuario y establezca los mecanismos, el uso y la aplicación de los recursos de ese instrumento financiero.
La Conagua es respetuosa de la aplicación del marco legal y normativo de los procesos de instauración de los fondos, así como de las competencias y de las responsabilidades de cada uno de los entes públicos de los tres niveles de gobierno. Por ello, lamentamos informarle que no podemos intervenir en ningún caso más allá de aquello a que nos facultan la ley y la normatividad del Fonden y del PACC.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Felipe Arreguín Cortés (rúbrica)
Subdirector General
(Remitido a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Junio 16 de 2010.)
México, DF, a 14 de junio de 2010.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-350, signado por los diputados Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.- 478, suscrito por el ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los productores del estado de Guerrero afectados por la sequía atípica.
Atentamente
Licenciado Rafael Munguía Garcés
Director General Adjunto de Proceso Legislativo
México, DF, a 28 de mayo de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Presente
En atención a su oficio número SEL/UEL/311/491/10, del 18 de febrero de 2010, a través del cual comunican el exhorto de la Cámara de Diputados a los gobiernos estatales y federal a garantizar a los campesinos su bienestar, participación e incorporación en el desarrollo rural, y a portar de manera urgente recursos financieros que formen un subsidio que permita en 2010 adquirir insumos agrícolas básicos, particularmente a los afectados por la sequía atípica, puntualizando la crítica situación de los productores del estado de Guerrero.
Al respecto, anexo fotocopia del oficio número 412.-000276, del 28 de mayo de 2010, elaborado por la subsecretaria de de Desarrollo Rural para los fines que estime procedentes.
Sin más por el momento, y en espera de que esta información le sea de utilidad, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ingeniero Jorge Zermeño González
Coordinador General
México, DF, a 28 de mayo de 2010.
Ingeniero Jorge Zermeño González
Coordinador General de Política Sectorial
Sagarpa
Presente
Hago referencia a su similar número 112.1.-123 en el que anexa el punto de acuerdo aprobado en sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el16 de febrero de 2010, a fin de que se proporcione información respecto al tema, el cual cito a continuación:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos estatales y federal a garantizar a los campesinos su bienestar, participación e incorporación en el desarrollo rural, y a aportar de manera urgente recursos financieros que formen un subsidio que permita en 2010 adquirir insumos agrícolas básicos, particularmente a los afectados por la sequia atípica, puntualizando la crítica situación de los productores del estado de Guerrero.
Con la finalidad de dar atención al punto antes mencionado, pongo a su consideración la siguiente información:
La Sagarpa tiene a su cargo la operación del Programa de Atención a Contingencias (PACC), cuyo objetivo es la atención de productores rurales de bajos ingresos afectados por contingencias climatológicas para su reincorporación a las actividades productivas.
Para lograr dicho objetivo, el PACC opera dos vertientes de atención, la adquisición de seguros agropecuarios catastróficos (SAC) y los apoyos directos, los cuales operan donde no existe SAC o bien cuando los daños superan la superficie o unidades animal cubiertas por el SAC.
Al respecto, le comento que en 2009, con recursos del PACC, el gobierno de Guerrero contrató el seguro agropecuario catastrófico, con el que se protegieron 228,045 hectáreas de maíz en los 81 municipios del estado en caso de que ocurriera huracán, tornado, vientos fuertes, inundación o sequía.
En este sentido, como resultado de la atención que dio el SAC al estado al haberse presentado la sequía en diversos municipios de Guerrero, se generaron indemnizaciones por 19.1 millones de pesos para la atención de 21.219 hectáreas. Dichos recursos distribuidos por el gobierno estatal a productores elegibles del apoyo del PACC, afectados por la sequía presentada en la entidad.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ingeniero Víctor Celaya del Toro (rúbrica)
Director General
(Remitida a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Junio 16 de 2010.)
México, DF, a 14 de junio de 2010.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-530, signado por los diputados Jesús Zambrano Grijalva y Georgina Trujillo Zentella, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2010.DGE.487, suscrito por el ciudadano Carlos Alberto García González, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginadas.
Atentamente
Licenciado Rafael Munguía Garcés (rúbrica)
Director General Adjunto de Proceso Legislativo
México, DF, a 8 de junio de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Con referencia al oficio SEL/UEL/311/1272/10 del 28 de abril del año en curso, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 27 del citado mes, en el que se exhorta al Titular de esta Secretaría enviar un informe detallado de la aplicación del Programa de Creación de Empleo en Zonas Marginadas, el cual incluya la justificación por la cual se decidió reprogramar la aplicación de los recursos, así como el padrón de beneficiarios inscritos a dicho programa.
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:
Esta Secretaría decidió reprogramar la aplicación de los recursos asignados al Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginadas para el ejercicio fiscal 2009, de conformidad con lo establecido en el artículo 58, fracciones II y III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, toda vez que la recalendarización de los recursos permitió un mejor cumplimiento de los objetivos del programa, de acuerdo a las circunstancias que se presentaron en su momento, tal y como lo fueron:
2. Con la finalidad de mitigar el retraso antes señalado, con antelación a dicha publicación, se recibieron y evaluaron distintos proyectos, los cuales se compartieron con diversos organismos intermedios a fin de establecer su viabilidad, lo cual no fue sencillo, pues dada la difícil situación económica que se vivió en el 2009 se inhibió en gran parte la inversión en nuestro país.
3. Con el objeto de que el programa cumpliera con las metas establecidas se estimó que la integración de los proyectos se concluiría a mediados del mes de noviembre de 2009.
4. La recalendarización de los recursos asignados al programa se realizó con el fin de cumplir con las metas establecidas (2,000 empleos generados) y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Desde principios de ese año se trabajó conjuntamente con los estados a fin de detectar aquellas localidades con mayor viabilidad para establecer un Centro Productivo, se detectaron 20 proyectos en análisis pertenecientes a los estados de México, Yucatán, Guanajuato, Sonora, Puebla, Hidalgo, Sinaloa y Chiapas.
Ese año se anunció el inicio de la construcción de la planta de Procter & Gamble en Irapuato, Guanajuato, la inversión es por un monto de 250 millones de dólares, la creación de 1,700 empleos directos y 600 empleos indirectos. Este proyecto fue apoyado con 42.5 mdp por el Programa para la Creación de Empleos en Zonas Marginadas y 42.5 mdp por el estado de Guanajuato.
El 10 de julio de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la operación del programa, por lo que a partir de ese momento se contó con la posibilidad de ejercer los recursos asignados.
Durante el segundo semestre de dicho año se obtuvo y se proceso la información correspondiente a los proyectos propuestos por las entidades federativas antes mencionadas, con la finalidad de ser presentados para su valoración en la Sesión del Consejo Directivo del Programa. Dicha Sesión se llevó a cabo el 20 de noviembre 2009, en ella se aprobó la construcción de 16 centros productivos en los estados de México, Guanajuato, Chiapas, Yucatán y Oaxaca; con esta inversión se logró comprometer la generación de más de 4,168 empleos formales, logrando un incremento de 5% en la meta programada.
Con relación al 2008 se observa un incremento de 701.4% y 487% respecto a los recursos destinados y a empresas apoyadas por este programa. El marcado incremento se debe a que para el 2009 el programa contó con presupuesto propio y lineamientos para la operación del mismo, en comparación con el 2008 en que los recursos provenían del Fondo Pyme y carecía de lineamientos de operación.
Asimismo, en el 2009 se actualizó el sitio de internet del Programa, con la finalidad de mejorar la operación y facilitar la accesibilidad para el usuario, en este sitio, gracias a la alianza con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CENIME), se cuenta con un software que simula los costos mensuales y anuales que tiene la empresa, dando la oportunidad de obtener un comparativo de los costos actuales contra costos con los beneficios del programa, lo cual permite realizar una toma de decisiones.
El padrón de beneficiarios inscritos al programa corresponden a:
Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al Secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Carlos Alberto García González (rúbrica)
Director General de Enlace
(Remitido a la Comisión de Economía. Junio
16 de 2010.)
México, DF, a 11 de junio de 2010.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-435, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112. 00002568, suscrito por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al sistema de manejo ambiental.
Atentamente
Licenciado Rafael Munguía Garcés (rúbrica)
Director General Adjunto de Proceso Legislativo
México, DF, a 8 de junio de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Doy respuesta a su oficio SEL/UEL/311/1020/10,mediante el cual comunica a esta Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 6 de abril del presente año, que menciona en su primer punto:
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ciudad de México, a 4 de mayo de 2010.
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
Presente
Me refiero al exhorto que realiza al Ejecutivo federal la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el punto de acuerdo aprobado en sesión de ese órgano legislativo del día 6 de abril próximo pasado, en el sentido de formular, expedir; implementar y, en su caso, evaluar en todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, sistemas de manejo ambiental.
Al respecto, suscribo a continuación las aportaciones que hacemos, tanto la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental como esta oficialía mayor para la respuesta que esta secretaría dará al oficio número SEL/UEL/311/1020/10, de fecha 7 de abril de este mismo año, por el que la Secretaría de Gobernación hace del conocimiento de esta de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el citado punto de acuerdo.
Antecedentes
Por recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano, ce1ebrada en Estocolmo en 1972, se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, derivado de lo cual los países miembros se dieron a la tarea de establecer dependencias gubernamentales encargadas del desarrollo de políticas públicas ambientales y con criterios ecológicos. En el caso de México se creó, en 1994, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la cual en el 2000 cambió su nombre por el de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como principios fundamentales el "desarrollo humano sustentable" y la "sustentabilidad ambiental", para que, con la administración eficiente y racional de los recursos naturales sea posible mejorar el bienestar de la población actual, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
Asimismo, establece el "lograr una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependencias de la administración pública federal, con los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, para el desarrollo e implementación de las políticas relacionadas con la sustentabilidad ambiental", como el objetivo número 8 de su eje rector número 4, "sustentabilidad Ambiental.
Con la reforma del 13 de junio de 2003 a la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se establece la obligación de los tres Poderes de la Unión de expedir manuales de sistemas de manejo ambiental, con el objeto la optimizar los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, para así reducir costos financieros y ambientales. En esta misma dirección se han realizado modificaciones posteriores a la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la ley de Aguas Nacionales, entre otras.
La Semarnat publicó en 2005 su primer Manual de Sistemas de Manejo Ambiental, el cual retomó diversas disposiciones y actividades que se venían instrumentando en la secretaría desde 1999; este es el origen del Programa de Administración Sustentable de la Semarnat (PAS), que constituye en sí el sistema de manejo ambiental de esta secretaría.
El Programa de Administración Sustentable de la Semarnat
Objetivo
El PAS está conformado por un conjunto de acciones específicas y medidas orientadas a mejorar el desempeñó ambiental de la institución, tales como el uso eficiente del agua el ahorro de energía eléctrica, las compras sustentables, el uso durable de materiales de oficina y el manejo integral de residuos, entre otros.
El Manual de Sistemas de Manejo Ambiental
Una acción fundamental del PAS es la publicación del Manual de Sistemas de Manejo Ambiental, documento que contiene los lineamientos generales dirigidos a todas las unidades responsables del sector medio ambiente y recursos naturales, para que el personal de cada institución mejore el desempeño ambiental, de sus actividades laborales cotidianas, desarrollando hábitos sustentables, mediante un consumo responsable y eficiente de los materiales de oficina, así como de otros bienes y servicios asociados.
La Semarnat publicó este manual en 2005 y lo puso a disposición de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), para que lo utilicen como referencia o modelo, lo adapten o adopten, en la elaboración y expedición de sus respectivos manuales.’
Este manual fue actualizado en el 2008, y para facilitar su aplicación se desarrolló la "guía para la implementación de los Sistemas de Manejo Ambiental en la APF que tiene por objeto proporcionar a las dependencias y entidades de la APF, e incluso los estados y municipios, interesados en realizar una administración sustentable de los recursos como el agua, energía y materiales de oficina dentro de sus instalaciones, los pasos a seguir para su instrumentación.
Para este 2010 se pretende imprimir ambos documentos, en el marco de la celebración en nuestro país de la COP16 (decimosexta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático).’
Acciones del PAS
Estas acciones se refieren básicamente a los rubros de ahorro de agua, energía y materiales de oficina y las podemos agrupar de la siguiente manera:
a) Integración y seguimiento de acuerdos de los comités internos de la dependencia que tienen como objetivo el seguimiento y aplicación de los programas del gobierno federal respecto de estos temas.
b) Implementación de las medidas adoptadas por dichos comités.
c) Difusión de las estrategias de los Sistemas de Manejo Ambiental y de su implementación.
I. Agua
Con base en la aplicación de la estrategia para los SMA, la Semarnat, por conducto de su organismo descentralizado Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), implementó el Programa para el Uso Eficiente y Racional del Agua, programa que tiene como objetivos principales:
b) Promover y difundir la aplicación de medidas efectivas de ahorro (dispositivos ahorradores, reparación de instalaciones, detección de fugas; prácticas de limpieza adecuadas).
c) Disminuir el impacto ambiental del consumo excesivo o desperdicio de agua.
d) Impulsar la medición y registro confiable del suministro de agua en los inmuebles.
Desde 1999, la ahora Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) opera el Programa de ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal. Este programa está enfocado a los inmuebles de la APF que cuenten con una superficie construida igual o mayor a 1,000 metros cuadrados clasificados como de uso principal para oficinas, de otro uso (escuelas; bodegas, museos, centros de readaptación social, hospitales) y tiene como objetivo establecer un proceso de mejora continua que incremente la eficiencia energética en las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante la implantación de buenas prácticas e innovación tecnológica.
El protocolo de actividades que se publica cada año es el documento que describe los pasos y actividades específicas a seguir en este programa.
III. Materiales de oficina El Programa de Consumo Responsable de Materiales de Oficina surgió en 1997, en la entonces Semarnap, y se conforma por tres estrategias: compras sustentables; uso durable de materiales de oficina y manejo integral de residuos.
Difusión, capacitación y educación
La estrategia de difusión está orientada a comunicar información básica respecto del impacto qué todas nuestras actividades cotidianas, especialmente en los centros de trabajo, tiene sobre el medio ambiente. El PAS de la Semarnat ha publicado una serie de folletos y manuales acerca de las estrategias de los Sistemas de Manejo Ambiental (SMA).
La estrategia de capacitación está orientada a los funcionarios públicos a cargo de implementar los SMA. Se trata de que estos funcionarios estén en condiciones de aplicar y desarrollar las directrices de los SMA y puedan además fungir como agentes multiplicadores para capacitara otros compañeros de trabajo en el país.
La estrategia de educación está orientada a utilizar espacios no formales, mediante el desarrollo de campañas, cruzadas, talleres, seminarios y cursos.
La Semarnat, a través del Centro de Educación y Capacitación para él Desarrollo Sustentable y en coordinación con el IMTA, la Conuee, la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental y esta Oficialía Mayor han realizado acciones conjuntas de comunicación educativa sobre los SMA al interior del sector.
Por otra parte, el 17 de marzo de este 2010 se realizó en el edificio sede de esta secretaría un Curso de capacitación sobre cambio climático y sistemas de manejo ambiental, dirigido a los encargados de los recursos materiales en las dependencias de la administración pública federal. El día 22 del mismo mes y año se celebró una ponencia por parte de funcionarios del Banco Mundial respecto del tema de desarrollo sustentable; estos eventos de difusión y capacitación son sólo 2 de los 8 que como mínimo habremos de celebrar en este 2010.
En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el PAS realiza en el edificio sede de esta secretaría la Semana de Administración Sustentable, la cual este año tendrá verificativo los días del 7 a 11 del mes de junio, en cuyo marco se realizan conferencias sobre temas relativos a la implementación de sistemas de manejo ambiental, así como la exposición y venta de productos y servicios "verdes" o "sustentables".
Evaluación
Esta secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación del día 26 de marzo de 1999, derivado del Programa de Austeridad Presupuestarla de la APF para ese ejercicio fiscal, el "Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias de la APF". En su artículo quinto, este acuerdo dispone la integración de un comité que apoye la instrumentación de las acciones derivadas para alcanzar los fines de este mismo acuerdo.
A través del Comité Interno de Sistemas de Manejo Ambiental de la Semarnat, integrado por los órganos desconcentrados y organismos descentralizados de la dependencia, se da seguimiento al avance en la implementación del Sistema de Manejo Ambiental de esta secretaría, mediante los siguientes indicadores:
Otro mecanismo de implementación de los sistemas de manejo ambiental, es la Agenda de Transversalidad de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable, mediante la cual se establecen acciones y compromisos en materia de ahorro de energía, agua, consumo de materiales de oficina y residuos en todas las dependencias de la APF y en la que se tienen registradas con metas para este 2010 un total de 20 dependencias.
No omito mencionar, por último, que esta secretaría, a través de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, contrató en 2008 un estudio, con el objetivo de realizar un análisis de los avances en la aplicación de los SMA en las dependencias y entidades de la APF, el cual cantó con la participación de 21 instituciones (12 de ellas secretarías de Estado), con lo que se logró identificar el grado de avance en este tema, de cada una de estas instituciones.
Esperando que esta información sea de utilidad, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Jorge López Vergara (rúbrica)
Oficial Mayor
(Remitido a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Junio 16 de 2010.)
México, DF, a 14 de junio de 2010.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0439, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2010.DGE.486, suscrito por el ciudadano Carlos Alberto García González, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la empresa minera El Peñasquito, SA de CV.
Atentamente
Licenciado Rafael Munguía Garcés (rúbrica)
Director General Adjunto de Proceso Legislativo
México, DF, a 8 de junio de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Con referencia al oficio número SEL/UEL/311/1186/10 del 21, de abril del año en curso, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 20 del citado mes, en el que se exhorta a esta secretaría a informar de las investigaciones, estudios, programas o proyectos, acciones y medidas que se estén o se vayan a implantar en forma coordinada, para atender y orientar la actividad en la explotación minera a cielo abierto, no sólo en la mina El Peñasquito, sino todo el país.
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:
Con fecha 15 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación, para su aplicación, la NOM-155-SEMARNAT-2007 (numeral 5 del listado de normas oficiales en materia minera vigentes) que permite establecer las especificaciones para la caracterización del mineral lixiviado y del sitio, así como establece los requisitos de protección ambiental para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviación de minerales de oro y plata, que es el proceso que utiliza la unidad de la empresa minera El Peñasquito, SA de CV, a la que se refiere en particular el punto de acuerdo en comento.
Por otra parte, a continuación se informa sobre las acciones del sector minero en la materia, no omitiendo mencionar que en cuestiones ambientales la autoridad competente es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El sector minero fue uno de los primeros en propiciar el trabajo conjunto con las autoridades ambientales, a partir de la expedición de la actual Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) expedida en enero de 1988.
Fue en 1989 cuando se integró el primer grupo de trabajo con las autoridades ambientales de ese tiempo, situadas en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue). Para mayo de 1991 se firmó el primer convenio de colaboración entre los sectores representados por la Cámara Minera de México (Camimex), la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), la entonces Comisión de Fomento Minero (Cofomi) y la referida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue).
En marzo de 1993 se firmó el segundo convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del Instituto Nacional de Ecología (INE), la Cámara Minera de México (Camimex) y la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), donde ya fue posible definir los temas de trabajo de interés del sector minero, que en aquel momento incluían:
– Ordenamientos ecológicos de dos regiones mineras en Chihuahua y Coahuila.
– Diez propuestas para elaborar normas ambientales que aplicaría a diferentes procesos y aspectos operativos de la minería, entre ellas, las de lixiviación en montón de minerales preciosos oro lata de minerales de cobre. http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/16/parte3 12.htm
Siguiendo con las propuestas para elaborar las normas oficiales mexicanas (NOM) sobre lixiviación de minerales preciosos y de cobre, el sector minero se ha incluido en los programas nacionales de normalización, así mismo se ha colaborado en los trabajos de las NOM sobre actividades de explotación minera directa, la NOM de presas de jales y la NOM de remediación de suelos contaminados con metales.
El 9 de mayo de 2006, la Coordinación General de Minería giró el oficio 600/041/2006 dirigido al Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de Semarnat, solicitando formalmente la elaboración de la norma sobre lixiviación de minerales preciosos con cianuro, exponiendo que con motivo del repunte en las cotizaciones internaciones de los metales, se preveía un incremento de este tipo de operaciones en el país y por ello, se requería una NOM que contribuyera a "reducir los riesgos de salud y ambientales".
Desde julio de 2006, se ha participado en conjunto con la Semarnat, en las reuniones del grupo de trabajo para la elaboración de la NOM sobre lixiviación de minerales preciosos (oro y plata), que actualmente se encuentra pendiente de publicación por dicha secretaría.
Su contenido comprende especificaciones para la caracterización del mineral lixiviado y del sitio, así como los requisitos de protección ambiental para las etapas de preparación del sitio, construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas de lixiviación.
Por otro lado, es necesario señalar que la NOM tiene entre otros objetivos, el de recuperar los metales disueltos por la solución de cianuro, las empresas se enfocan a la resistencia y protección de la base porque es donde se captan las soluciones conteniendo el oro y la plata para no perderlas, de esta manera, simultáneamente se protege el terreno de posibles infiltraciones que pudieran llegar a contaminar el subsuelo o mantos freáticos.
A la fecha el sector minero avanza en la integración de un marco regulatorio específico, trabajando en otras NOM como son la de planes de manejo para residuos mineros, para lixiviación de minerales de cobre y además, en las revisiones quinquenales de las normas de presas de jales y de explotación minera directa.
Por lo que se refiere a la intervención en materia del impacto ambiental, el sector minero del gobierno y el privado, participaron en la integración de las primeras versiones de instructivos de impacto ambiental para diferenciar a los proyectos de minería a cielo abierto y los de minería subterránea; Semarnat los ha actualizado y están disponibles en su página de Internet.
Se informa lo anterior, en cumplimiento al marco de actuación del sector oficial en temas ambientales vinculados con la actividad minera en el país, establecido en el artículo 33, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría, que señala la atribución de "participar, en coordinación con la Dirección General de Normas, en la elaboración de normas oficiales mexicanas en materia minera; así como con otras dependencias en el análisis, revisión, formulación, evaluación y seguimiento de disposiciones que promuevan una minería sustentable".
Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del Acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al Secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Carlos Alberto García González (rúbrica)
Director General de Enlace
(Remitido a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Junio 16 de 2010.)
México, DF, a 10 de junio de 2010.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-0680, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.00002565, suscrito por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al desarrollo del proyecto convocado por la administración portuaria integral de Tuxpan.
Atentamente
Licenciado Rafael Munguía Garcés (rúbrica)
Director General Adjunto de Proceso Legislativo
México, DF, a 8 de junio de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Doy respuesta a su oficio SEL/UEL/311/546/10, mediante el cual hace del conocimiento de esta dependencia el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 23 de febrero del año en curso, que menciona en su segundo punto:
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora
México, DF, a 30 de abril de 2010.
Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
de la Semarnat
Presente
El presente se emite en referencia al oficio número D.G.P.L.61-II-9-0680, del 23 de febrero de 2010, recibido en esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el 1 de marzo del mismo año, a través del cual los diputado Francisco Javier Ramírez Acuña y Georgina Trujillo Zentella, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, referente al proyecto de construcción y operación de la instalación portuaria (muelle) en el puerto de Tuxpan, municipio de Tuxpan, Veracruz.
Al respecto, dentro del punto de acuerdo aprobado, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se aprobó lo siguiente:
Al respecto, esta DGIRA hace de su conocimiento que para el desarrollo del proyecto terminal multimodal y de contenedores riberas Pantepec, puerto de Tuxpan, Veracruz, entre las actividades que se pretenden realizar para la preparación del sitio y construcción del proyecto, se consideró la remoción total del manglar de la zona norte del predio (0.91 hectáreas), que colinda con la zona federal marítimo terrestre y la ribera del río Tuxpan, considerando realizarla reubicación de dicho manglar; no obstante, la empresa Riberas del Pantepec, SA de CV, no presentó antecedentes o estudios científicos que demostraran la viabilidad de la reubicación de ejemplares adultos de mangle, en primer lugar, que puedan sobrevivir al trauma que significa ser removidos del sitio en el que se encuentran y en segundo lugar, que de sobrevivir a un transplante, se recuperen íntegramente los servicios ambientales que proporcionan actualmente a corto o a largo plazo, por lo que esta DGIRA determinó que la empresa Riberas del Pantepec, SA de CV, no proporcionó en la programa de reubicación propuesto, los requisitos científicos y ambientales para considerar la viabilidad del mismo y proceder a autorizar el proyecto, en consecuencia, esta DGIRA emitió el oficio número S.G.P.A/DGIRA.DG.2611.09 del 01 de junio del 2009, a través del cual negó la autorización en materia de impacto ambiental para el desarrollo del proyecto en mención.
Para el caso del proyecto terminal especializada de contenedores y carga general en Tuxpan, Veracruz, México, éste se encuentra actualmente dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA), para lo cual se están considerando los efectos que pudiera ocasionar el desarrollo de la obra o actividad sobre los componentes ambientales del sitio donde se pretende realizar dicha actividad, así como la congruencia con los programas, planes u ordenamientos que regulen y apliquen para el desarrollo de ésta. Por lo que no sólo se consideran únicamente dentro de la evaluación las características de la actividad que se pretenda realizar o los efectos socioeconómicos de ésta sobre las comunidades o entidades donde incidan las actividades. Por lo anterior, esta DGIRA considerará el impacto ambiental, así como los instrumentos regulatorios legales para emitir una resolución respecto al proyecto en mención.
Aunado a lo anterior, esta Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se ha empeñado a contribuir con el medio ambiente, a través de la autorización de aquellos proyectos, que por su naturaleza, no conlleven a una degradación de los ecosistemas, considerando para ello, que los proyectos que se integren a la parte productiva del país, sean conforme a una sustentabilidad que permita una armonía entre actividades y medio ambiente, consecuentemente, las obras o actividades que se pretendan realizar deberán adecuarse al marco regulatorio vigente de acuerdo a su entorno y demostrar con estudios suficientes, mediante el instrumento de la Manifestación de Impacto Ambiental, que el proyecto puede ser ambientalmente viable.
De lo anterior y con fundamento en los artículos 8, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 16, fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esta DGIRA le comunica su postura con relación a lo establecido en el punto de acuerdo aprobado la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, conforme a la competencia de esta secretaría.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ingeniero Eduardo Enrique González Hernández
(rúbrica)
Director General
(Remitido a la Comisión de Transportes. Junio 16
de 2010.)
México, DF, a 11 de junio de 2010.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-0038, signado por los diputados Francisco Javier Ramírez Acuña y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112. 00002571, suscrito por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al apoyo para la población de Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur.
Atentamente
Licenciado Rafael Munguía Garcés (rúbrica)
Director General Adjunto de Proceso Legislativo
México, DF, a 8 de junio de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Doy respuesta a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 1362/ 10, mediante el cual comunica a esta Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de septiembre de 2009, relativo a los apoyos para atender el desastre generado por el ciclón tropical Jimena en Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Juan Río Muerto, Sonora, así como Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California.
Sobre el particular, sírvase encontrar anexos al presente los oficios números BOO.C.A.-0140, suscrito por el doctor Óscar Fidencio Ibáñez Hernández, coordinador de asesores de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua; y FOO/DGOR/158/10, suscrito por el biólogo Adrián Méndez Barrera, director general de Operación Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante los cuales, respectivamente, responden el punto de acuerdo mencionado.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente.
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
México, DF, a 13 de mayo de 2010.
Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
de la Semarnat
Presente
Hago referencia a sus oficios números 112/ 00004611 y 112. 000001794, mediante los cuales solicita información sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua a emitir su opinión respecto a los apoyos para atender el desastre generado por el ciclón tropical Jimena en Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora, así como en Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California.
Al respecto, me permito enviar a usted el memorando número BOO. OS.- 041S, de fecha 7 de mayo de 2010, en el que se remiten los comentarios sobre el punto de acuerdo en comento, formulados por la Subdirección General Técnica de la Conagua.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Óscar Fidencio Ibáñez Hernández
(rúbrica)
Coordinador de Asesores
México, DF, a 7 de mayo de 2010.
Doctor Óscar Fidencio Ibáñez Hernández
Coordinador de Asesores de la Dirección General
Presente
En atención del memorando número BOO.C.A-420, referencia 000170, por medio del cual solicita la opinión de esta subdirección general para atender el punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la administración pública federal a emitir opinión respecto a los apoyos para atender el desastre generado por el ciclón tropical Jimena en Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora, así como en Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur, y exhorta a atender las necesidades extraordinarias conforme a las materias que legalmente corresponden y con independencia de las acciones que se realizan conforme a la Ley General de Protección Civil, le informo lo siguiente:
Como es de su conocimiento, la Subdirección General Técnica, a través de la Coordinación de Proyectos Transversales, Transparencia e Innovación y en coordinación con la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, la Coordinación General del Servicio Meteorológico, las direcciones generales de los organismos de cuenca y las direcciones locales, tiene como tarea la elaboración de las opiniones técnicas que emite este organismo desconcentrado de la Semarnat para los programas Fonden y PACC, entre otros. Estos programas cuentan con su particular normatividad, la cual establece los procedimientos y procesos para la aplicación de los recursos financieros y las acciones de mitigación ante situaciones de contingencia.
Con estricto arreglo al marco legal y normativo para la
aplicación de los programas, la Comisión Nacional del Agua
atendió en tiempo y forma las solicitudes de los gobiernos de Baja
California Sur y de Sonora, emitiendo las opiniones técnicas correspondientes,
mediante los oficios B00.- 1475 y B00.- 1495, B00.- 1478 y B00.- 1526,
de fechas 4 y 7, 5 y 14 de septiembre de 2009, respectivamente, los cuales
se adjuntan para pronta referencia.
México, DF, a 7 de mayo de 2010.
Le reitero que la Comisión Nacional del Agua es respetuosa de la aplicación del marco legal y normativo de los procesos de instauración de los fondos, así como de las competencias y de las responsabilidades de cada uno de los entes públicos de los tres niveles de gobierno. Por ello lamentamos informarle que no podemos atender necesidades extraordinarias más allá de aquello para lo que nos facultan la Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento Interior, las demás leyes aplicables en materia de protección civil y desarrollo rural sustentable, los acuerdos intersecretariales en los que ha participado la Comisión Nacional del Agua y la normatividad del Fonden y del PACC.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente
Doctor Felipe Arreguín Cortés (rúbrica)
Subdirector General Técnico
México, DF, a 30 de septiembre de 2009.
Doctor Felipe Ignacio Arreguín Cortés
Subdirector General Técnico
Presente
Asunto: Punto de acuerdo por el que se exhorta a la administración pública federal a emitir la opinión correspondiente respecto a los apoyos para atender el desastre generado por el fenómeno hidrometeorológico Jimena en Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, Sonora, así como en Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur. Y en el mismo sentido se les exhorta a atender las necesidades extraordinarias, conforme a las materias que legalmente les corresponde y con dependencia de las acciones que habrán de realizar conforme a las disposiciones de la Ley General de Protección Civil.
Atención: Se le solicita emitir su opinión en torno del punto de acuerdo en comento y enviarla a la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, con copia a esta coordinación.
Atentamente
Doctor Óscar Fidencio Ibáñez Hernández
(rúbrica)
Coordinador de Asesores
México, DF, a 4 de septiembre de 2009.
Ingeniero Narciso Agúndez Montaño
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California
Sur
Presente
Me refiero al oficio número 185/09, recibido el 3 de septiembre de 2009, mediante el cual solicita opinión de este órgano desconcentrado referente a la ocurrencia de desastre natural provocado por el ciclón tropical Jimena, que se presentó el 1 y 2 de septiembre de 2009, afectando tres municipios, Comondú, Loreto y Mulegé, de Baja California Sur.
De acuerdo con el numeral 6, inciso II, de las Reglas de Operación del Fonden, publicadas en el Diario Oficial el 27 de mayo de 2009, se indican como fenómenos hidrometeorológicos a) granizada severa, b) huracán, c) inundación fluvial, d) inundación pluvial, e) lluvia severa, f) nevada severa, g) sequía severa, h) tormenta tropical, e i) tornado. Asimismo, en el anexo II, número 3, incisos I y II, considera el ciclón tropical en sus categorías de tormenta tropical, cuando los vientos máximos sostenidos del sistema ciclónico alcanzan velocidades de entre 63 y 118 kilómetros por hora y huracán cuando la tormenta tropical supera vientos máximos de 119 km/h; a partir de esta magnitud se clasifica de acuerdo con la escala Zaffir-Simpson.
En el inciso III se señala que para determinar lluvia severa, se considerará la precipitación diaria que al compararse con la serie de lluvias máximas en 24 horas del mes con relación a los datos históricos disponibles en dicha estación, la precipitación en cuestión resulte mayor de 90 por ciento de los valores en la muestra.
Los efectos del ciclón tropical Jimena que empezó
a afectar la costa sureste de Baja California Sur, con categoría
III en la escala Zaffir-Simpson, condicionó viento y lluvia severa
en su trayectoria. El 2 de septiembre, en la estación climatológica
Ciudad Constitución, localizada en Comondú, fue registrado
viento máximo sostenido de hasta 107.6 km/h, con rachas máximas
de hasta 146.1 km/h; la precipitación acumulada en 24 horas fue
de 333.3 mm de acuerdo con los datos de la Gerencia de Aguas Superficiales.
México, DF, a 5 de septiembre de 2009.
Ingeniero Eduardo Bours Castelo
Gobernador Constitucional de Sonora
Presente
Me refiero a su oficio número 0301-324, recibido el 4 de septiembre de 2009, mediante el cual solicita opinión de este órgano desconcentrado referente a la ocurrencia de desastre natural provocado por el ciclón tropical Jimena, que se presentó el 3 de septiembre de 2009, afectando 12 municipios, Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Huatambampo, Navojoa, Quiriego, Rosario y San Ignacio Río Muerto, Sonora.
De acuerdo con el numeral 6, inciso II, de las Reglas de Operación del Fonden, publicadas en el Diario Oficial el 27 de mayo de 2009, se indican como fenómenos hidrometeorológicos a) granizada severa, b) huracán, c) inundación fluvial, d) inundación pluvial, e) lluvia severa, f) nevada severa, g) sequía severa, h) tormenta tropical, e i) tornado. Asimismo, en el anexo II, número 3, incisos I y II, considera el ciclón tropical en sus categorías de tormenta tropical cuando los vientos máximos sostenidos del sistema ciclónico alcanzan velocidades de entre 63 y 118 km/h, y huracán cuando la tormenta tropical supera vientos máximos de 119 km/h. A partir de esta magnitud se clasifica de acuerdo con la escala Zaffir-Simpson.
En el inciso III se señala que para determinar lluvia severa se considerará la precipitación diaria que al compararse con la serie de lluvias máximas en 24 horas del mes con relación a los datos históricos disponibles en dicha estación, la precipitación en cuestión resulte mayor de 90 por ciento de los valores en la muestra.
Los efectos del ciclón tropical Jimena que empezó
a afectar la costa sur de Sonora, de categoría tormenta tropical
el 3 de septiembre, condicionó lluvia severa en esa región,
la estación climatológica Empalme, localizada en el municipio
del mismo nombre, registró precipitación acumulada en 24
horas de 268.5 mm; la estación Guaymas, representativa de Guaymas
y San Ignacio Río Muerto, registró precipitación acumulada
en 24 horas de 514.9 mm.
México, DF, a 7 de septiembre de 2009.
Ingeniero Narciso Agúndez Montaño
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California
Sur
Presente
En alcance del oficio número B00.- 1475, de fecha 4 de septiembre de 2009, mediante el cual se dio atención al oficio 0185/09, correspondiente a la solicitud de dictamen técnico para la declaratoria de desastre natural que solicitó como titular del gobierno de Baja California Sur por las afectaciones en Comondú, Loreto y Mulegé, en aquel estado, así como para dar atención al oficio 0195/09, del 5 de septiembre de 2009, en el cual se solicita que sea considerada en la corroboración a la delegación de Los Dolores, en La Paz, le informo que la Comisión Nacional del Agua ha continuado el análisis de la información recabada a través de las redes de medición y del sistema de observatorios sinópticos con relación a los fenómenos hidrometeorológicos ocasionados por el ciclón tropical Jimena.
De acuerdo con el análisis de los datos e información
recopilados hasta las 16:00 horas del 7 de septiembre de 2009 a través
del Servicio Meteorológico Nacional, relacionados con la ocurrencia
del ciclón tropical Jimena, se cuenta con registros de precipitación
en las estaciones climatológicas La Palmillita y Santa Rita, correspondientes
a lluvia acumulada en 24 horas, de las 7:00 horas del 1 de septiembre a
las 7:00 del 2 de septiembre, de 140 mm y 370 mm, respectivamente, ambas
situadas en el extremo norte de La Paz, correspondientes a la latitud de
la delegación de Los Dolores, Baja California Sur.
México, DF, a 14 de septiembre de 2009.
Ingeniero Eduardo Bours Castelo
Gobernador Constitucional de Sonora
Presente
Me refiero a su oficio número 03.01-331/09, recibido el 9 de septiembre de 2009, mediante el cual solicita opinión de este órgano desconcentrado referente a la ocurrencia de desastre natural provocado, por la tormenta tropical Jimena, que indica se presentó el 3 de septiembre de 2009, afectando el municipio de Hermosillo, Sonora.
De acuerdo con el numeral 6, inciso II, de las Reglas de Operación del Fonden, publicadas en el Diario Oficial el 27 de mayo de 2009, se indican como fenómenos hidrometeorológicos a) granizada severa, b) huracán, c) inundación fluvial, d) inundación pluvial, e) lluvia severa, f) nevada severa, g) sequía severa, h) tormenta tropical, e i) tornado. Asimismo, en el anexo II, número 3, incisos I y II, considera el ciclón tropical en sus categorías de tormenta tropical cuando los vientos máximos sostenidos del sistema ciclónico alcanzan velocidades de entre 63 y 118 km/h, y huracán cuando la tormenta tropical supera vientos máximos de 119 km/h; a partir de esta magnitud se clasifica de acuerdo con la escala Zaffir-Simpson.
En el inciso III se señala que para determinar lluvia severa, se considerará la precipitación diaria que al compararse con la serie de lluvias máximas en 24 horas del mes con relación a los datos históricos disponibles en dicha estación, la precipitación en cuestión resulte mayor de 90 por ciento de los valores en la muestra.
La tabla anexa presenta el análisis de lluvia del 3 de septiembre de 2009, en la estación climatológica representativa del municipio del mismo nombre. El estudio realizado por el Servicio Meteorológico Nacional, conforme a los datos e información de la red de observación y medición meteorológica e hidrológica nacional, muestra que las condiciones en tiempo y espacio no fueron suficientes para condicionar la ocurrencia de un fenómeno severo que generara una situación de desastre natural. Estos valores están muy por debajo de los umbrales de lluvia que señalan las Reglas de Operación del Fonden.
Ciudad de México, a 27 de abril de 2010.
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
de la Semarnat
Presente
Por instrucciones del biólogo David Gutiérrez Carbonell, encargado del despache de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y con relación a su oficio número 112, con fecha 22 de abril del presente año, donde silicita la información referente al punto de acuerde aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de septiembre de 2009, respecto a los apoyos que se estimaren pertinentes para atender el desastre generado por el fenómeno hidrometereológico Jimena en Guaymas, Empalme, Benito Juárez, Etchejea, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río Muerto, pertenecientes a Sonora, así como en Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur.
Al respecto, le informo que en su momento, y de manera oportuna, las respectivas regionales emitieron su correspondiente reporte y dado que ambos casos no reportaron daños considerables, las oficinas centrales no emitieron algún oficio de respuesta. No obstante, tengo a bien proporcionar la información requerida.
Parque Nacional Cabo Pulmo
En el parque se localizan varias playas, que fueren visitadas a fin de identificar las afectaciones ocasionadas por el paso del meteoro. Como resultado de dicho monitoreo, se tiene lo siguiente:
Playa Miramar
La infraestructura (letreros informativos y palapas) presente en el área no mostró daños en su estructura y se mantiene funcional.
En términos de posibles afectaciones de la fauna local, no se tiene registro de que esta playa sea zona de anidación de tortuga marina, por lo que no se presentaron afectaciones en este sentido. Respecto a las dunas y la vegetación asociada, esta tampoco muestra daños en su estructura ni una remoción importante que no se recupere de manera natural.
Se observa suspensión de arena en la zona de rompiente. Sin embargo, se espera que una vez que el régimen de oleaje regrese a condiciones normales el perfil de playa se restaure.
Como resultado de las acciones preventivas, antes de la llegada del fenómeno se realizaron acciones de limpieza con el objetivo de remover residuos y ramas, por lo que después del paso del huracán el sitio se encontró en condiciones limpias.
Playa Barracas
En esta zona, los impactos fueron más evidentes. Se observa una importante erosión de la playa y como resultado una modificación del perfil de la playa y de la línea de costa. Sin embargo, se considera que esta zona se restaurará de manera natural una vez que las condiciones regresen a la normalidad. Los nidos registrados previamente en la zona no sufrieron daños derivados del oleaje o de la erosión de la playa.
Derivado de los vientos y el oleaje, en la parte posterior de la playa se formó un depósito de agua marina. Se considera que el estancamiento es temporal y no representa ningún riesgo para la estructura o función de la zona.
En esta zona se encuentra infraestructura de particulares que sí presenta daños considerables. En particular, una de las casas habitación resultó muy dañada, por lo que se estará atento a que los posibles escombros no ocasionen perjuicios.
Playa Pulmo
Aunque ni la playa ni las dunas localizadas en la parte superior de la playa presentaron daños, se observa afectación de la línea de costa, por lo que son necesarias acciones de protección y restauración.
En esta zona se encuentra la mayor cantidad de infraestructura turística (palapas), la cual no presenta daños en su estructura, aunque sí se observa una pérdida de sustrato sobre los que se encuentran algunos negocios de prestadores de servicios turísticos, así como sobre los muros de protección que presentan signos de ruptura.
Los nidos de tortuga marina que se tenían reportados en la zona no fueron afectados.
Playa Arbolitos
De las 12 palapas con que cuenta esta playa, sólo 1 resultó afectada después del paso del fenómeno. La torre de vigilancia que se localiza aquí mantiene su integridad, sin daño importante.
En la playa se observa un grado de erosión bajo y residuos producto del arrastre de las cañadas circundantes, que no representan un problema de largo plazo.
Playa Frailes
Esta playa no presenta signos de erosión y como consecuencia del paso del meteoro ganó arena, por lo que su estructura permanece estable.
Ninguna de las 20 palapas localizadas en esta zona resultó afectada. Todos los nidos localizados en esta playa se encuentran en buen estado.
La afectación más importante fue resultado del arrastre del agua a través del arroyo que acarreó una cantidad considerable de desechos (hojarasca, ramas, basura) hacia la playa; la situación se corregirá lo más pronto posible, por lo que no representa riesgo de largo plazo.
Durante los recorridos por las playas no se localizaron fragmentos de coral como resultado del oleaje producido por el fenómeno ni otra afectación importante de la fauna o flora de la zona.
Parque Nacional Bahía de Loreto
Los daños más importantes resultado del paso del huracán Jimena en este parque natural fueron los siguientes:
Acarreo de material orgánico (plantas, ramas, troncos) y basura hacia las playas, el mar y las islas de la zona.
Apertura de bocas en algunos de los esteros, como Loreto, Ligui, Juncalito y San Bruno, así como la remoción y el arrastre de algunos árboles (pinos) por la corriente de agua.
Afectación de uno de los nidos de tortuga marina, aunque no se está seguro de si esto fue derivado del paso del meteoro; el resto de los nidos no sufrió daños visibles.
Como resultado de las afectaciones, se establecieron acciones encaminadas a restaurar la zona, principalmente la limpieza a través del Programa de Empleo Temporal.
La infraestructura del parque no resultó dañada, y en la localidad sólo se presentaron daños en algunas casas y postes de energía eléctrica, los cuales fueron reparados.
Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California (Sonora)
Como resultado de la visita a las islas que forman el área protegida se logró constatar que no existió ninguna afectación mayor en la zona, encontrándose solamente algunas balizas dobladas, que no representan problema para la correcta operación del área.
Por lo anterior, no se requirió y por lo mismo no se generó ningún apoyo para atender la situación que generó el fenómeno meteorológico mencionado.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Adrián Méndez Barrera (rúbrica)
Director
(Remitido a la promovente. Junio 16 de 2010.)
México, DF, a 10 de junio de 2010.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0475 signado por los diputados Jesús Zambrano Grijalva y Carlos Samuel Moreno Terán, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112. 00002572, suscrito por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressat, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la empresa minera Paredones Amarillos, SA de CV.
Atentamente
Licenciado Rafael Munguía Garcés (rúbrica)
Director General Adjunto de Proceso Legislativo
México, DF, a 8 de junio de 2010.
Licenciado Gonzalo Altamirano Dimas
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Doy respuesta a su oficio SEL/UEL/311/1268/10, mediante el cual comunica a esta Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 27 de abril del presente año, en el que solicita:
Cabe aclarar que las copias del oficio número SEMARNAT-BCS.02.02.0184/10, bitácora 03/08-0083/11/09, mediante el cual esa delegación federal dictó resolución, son simples y no certificadas como se menciona en la segunda página del oficio citado en el párrafo anterior.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant (rúbrica)
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
La Paz, Baja California Sur, a 27 de mayo de 2010.
Licenciado Wilehaldo Cruz Bressant
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos
de la Semarnat
México, DF
En atención al oficio número 112/00002225, del 21 de mayo de la presente anualidad, dirigido a quien suscribe, con el que solicita se informe si a la fecha esta delegación federal ha evaluado en materia de impacto ambiental el proyecto minero Paredones Amarillos dentro de la reserva de la biosfera de la Sierra La Laguna, así como si se ha emitido Resolución en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales al citado proyecto, me permito informarle lo siguiente:
Desde el veintidós de mayo de 1997, mediante oficio D.O.O.DGOEIA-03322, se autorizó en materia de impacto ambiental, por la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la Semarnap, el proyecto minero-metalúrgico Paredones Amarillos, consistente en la exploración, explotación a cielo abierto y beneficio de minerales del polígono que delimita a la reserva de la biosfera de la Sierra La Laguna, ubicado en el municipio de La Paz, cuyo decreto de creación fue publicado el seis de junio de 1994 en el Diario Oficial de la Federación. En este sentido, cabe señalar que en el programa de manejo del área natural protegida de la Sierra La Laguna se prevé dentro de la zona de amortiguamiento una subzona de aprovechamiento especial, en donde se permiten las actividades mineras, que es donde se ha pretendido desarrollar el referido proyecto.
El catorce de marzo de 2008, contando con la opinión favorable de la .Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la hoy Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, por oficio S.G.P.-DGIRA-DG.0786.08, autorizó construir dentro del área autorizada (desde hace casi 11 años), 5 barrenos prioritarios y 5 secundarios para fines de exploración; posteriormente, en julio de 2009, se autorizó, también con la opinión favorable de la Conanp, sustituir los 10 barrenos por tan solo 4 barrenos dentro del área autorizada.
Asimismo, el ocho de julio de 2009, mediante oficio SGPA/DGIRA.DG4066.09, autorizó una modificación al proyecto en cuestión, que consistió en la realización, de 4 barrenos secundarios, en lugar de los 5 considerados inicialmente, dentro del polígono autorizado en 1997.
Con fecha 17 de febrero de 2010, mediante oficio número SEMARNAT-BCS.02.02.0184/10, bitácora 03/DS-0083/11/09, esta delegación federal dictó resolución por medio de la cual se desechó la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales al proyecto minero metalúrgico Paredones Amarillos, misma que normativamente resulta necesaria para el establecimiento del proyecto de referencia en el estado de Baja California Sur (se acompaña copia certificada de la resolución).
En este sentido, mediante oficio D.G.P.A./DGIRA.DG.2484.10, de fecha nueve de abril del año en curso, la Dirección - General de Impacto y Riesgo Ambiental determinó declarar improcedente la solicitud de modificación presentada por la representante de la empresa minera Paredones Amarillos SA de CV, el 22 de octubre de 2009, por considerar que la información presentada sobre la referida solicitud no demuestra que la prueba hidrológica no causara desequilibrio ecológico ni provocará que se rebasen los límites y condiciones establecidos en la normatividad aplicable; además de que los barrenos donde se pretende realizar dichas pruebas no forman parte del proyecto.
Sin otro particular de momento hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y respetuoso saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ingeniero Marco Antonio González Viscarra (rúbrica)
Delegado Federal
Resolución definitiva de cambio de uso de suelo, que emite la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la delegación federal en el estado de baja california sur, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
La Paz, Baja California Sur, a diecisiete de febrero de dos mil diez.
Visto: Para resolver la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales sobre un área de 348-00-00 hectáreas; ubicada en el municipio de La Paz, estado de Baja California Sur, para el "proyecto minero metalúrgico Paredones Amarillos".
Resultando
1. El 27 de noviembre de 2009 el C. Carlos Calderón Díaz de León en su carácter de representante legal de la empresa minera Paredones Amarillos, SA de CV, presentó, a través del Centro Integral de Servicios de esta delegación federal, escrito de fecha 26 de noviembre de 2009, por medio del que solicita a autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales’ de 348-00-00 hectáreas, para el desarrollo del "Proyecto Minero Metalúrgico Paredones Amarillos", ubicado en el municipio de La Paz, Baja California Sur, presentando para tal efecto los documentos siguientes:
b) El estudio técnico justificativo correspondiente;
c) Copia simple de la credencial para votar número 0189-113179931, del representante legal de la empresa;
d) Copia certificada de la escritura pública número 96,009, emitida por el licenciada Fausto Rico Álvarez, titular de la notaría pública número 6, con ejercicio en el Distrito Federal;
e) Instrumento público número 1,985, otorgado ante la fe del licenciado Guillermo Aarón Nigil Chapa, titular de la Notaría Pública número 247, con ejercicio en el Distrito Federal, debidamente certificado par el Licenciado Alejandro Drew, titular de la notaría pública número 2 y del Patrimonio Inmueble Federal con ejercicio en esta entidad federativa;
f) Copia certificada de la escritura pública número 23,864, emitida por el licenciado Alejandro Davis Drew notario público número dos, con ejercicio en esta ciudad, y copia simple de la escritura pública número 46,803, de la notaría pública número 13 del Distrito Federal.
3. Por oficio número SEMARNA T. BCS.UJ.135/09, de fecha 1 de diciembre de 2009, esta delegación federal se dirigió a la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el estado, solicitando se informara el avance que lleva el trámite relacionado en el oficia FCC.- 176 del 10 de junio de 2008, suscrito por el doctor Ernesto Enkerlin Hoeflich, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y dirigido al ciudadano agrónomo Abelardo Escobar Prieto, secretario de esa dependencia, en el cual le fueron solicitados los terrenos nacionales de los predios Jesús María y El Encantado, que se localizan dentro del área natural protegida reserva de la biosfera de la Sierra La Laguna, ubicada en los municipios de La Paz y Los Cabos, Baja California Sur.
4. Con oficio número SEMARNAT.BCS.UJ.134/09, de fecha 2 de diciembre de 2009, en relación con el antecedente contenido en el oficio número FCC.- 176 del 10 de junio de 2008, dirigido a la titularidad de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el que la mencionada comisión solicitó formalmente que los terrenos nacionales de los predios Jesús María y El Encantado, que se localizan dentro del área natural protegida de la reserva de la biosfera de la Sierra La Laguna, situada en los municipios de La Paz y Los Cabos, de esta entidad federativa, se destinaran a favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se informe el estado en que se encuentra actualmente dicho proceso jurídico.
5. Una vez que fue analizada la documentación detallada en el resultando 1 de la presente resolución, por oficio número SEMARNAT.B.C.S.UJ/138/09, de fecha 4 de diciembre de 2009, la Unidad Jurídica de esta delegación federal determina que debe solicitarse más elementos jurídicos a la parte promovente, a efecto de poder determinar el derecho con que concurre a la realización del trámite administrativo que nos ocupa, consistente en la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
6. Después del análisis de la información contenida en el estudio técnico justificativo, el Departamento de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales advirtió que la promovente omitió presentar la totalidad de la información prevista en el artículo 121 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
7. Mediante oficio número SEMARNAT-BCS.02:02.1616/09, de fecha 7 de diciembre de 2009, esta delegación federal solicitó a la Dirección de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas de la Región Península de Baja California y Pacifico Norte que emitiera opinión técnica acerca del proyecto en comento.
8. Por oficio número SEMARNAT-BCS.02:02.1618/09, de fecha 7 de diciembre de 2009, esta delegación federal solicitó a la Representación de la Comisión Nacional del Agua en BCS que emitiera opinión técnica en materia de aguas nacionales del proyecto antes mencionado.
9, Por oficio número SEMARNAT-BCS.02:02.1615/09, de fecha 7 de diciembre de 2009, esta delegación federal solicitó a la Universidad Autónoma de Baja California Sur la opinión técnica de su Departamento de Geología, en relación al multicitado proyecto.
10. Mediante oficio número F00.DRPBCPN.-1152/2009, de fecha 14 de diciembre de 2009, recibido en esta delegación Federal el 15 del mismo mes y año, la Dirección de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas de la Región Península de Baja California y Pacifico Norte da respuesta al oficio citado en el resultado 7, considerando que el estudio técnico justificativo debe cumplir con lo establecido en el artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y una vez cumplimentando el trámite ante esta delegación federal, la comisión nacional se encontrará en posibilidades de emitir opinión técnica al respecto.
11. Con oficio número BOO.00.E02.005.- 0004500, de fecha 16 de diciembre de 2009, la Comisión Nacional del Agua, a través de su representación en esta entidad federativa, emitió comunicado a esta dependencia, dando respuesta al oficio citado en el resultando 8 que antecede, en el que establece que para emitir la opinión solicitada es necesario que se presenten los estudios topográficos, hidrológicos e hidráulicos asociados a un periodo de retorno de diez años, mediante los cuales se delimite el cauce y la zona federal de las distintas corrientes que cruzan el predio del proyecto y asimismo la valoración geohidrológica respectiva en los términos de las normas oficiales mexicanas aplicables.
12. Por oficio número SEMARNAT-BCS.02.02.1668/09, de fecha 16 de diciembre de 2009, esta delegación federal solicitó a la Dirección del Centro INAH en Baja California Sur, información sobre la presencia y delimitación de sitios de importancia arqueológica y paleontológica en la poligonal solicitada por la empresa minera Paredones Amarillos, SA de CV, para el cambio de3 uso del suelo en terrenos forestales.
13. Con oficio número 4061, la delegación en Baja California Sur de la Secretaría de la Reforma Agraria emite respuesta al oficio citado en el Resultando 3, informando que con oficio número 2553 de fecha 25 de agosto de 2009, la Delegación Agraria Estatal solicitó a la Dirección General Adjunta de Regularización de la Propiedad rural que otorgara autorización folio para la realización de los trabajos técnicos de medición y deslinde de los predios Jesús María y El Encantado, solicitados en destino por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y que una vez que se dé la autorización a la que se hace referencia, se programará la realización de los trabajos correspondientes y así continuar con el debido trámite, hasta, su total conclusión.
14. Por oficio número SEMARNAT-BCS.02.02.1667/09, de fecha 17 de diciembre de 2009, esta delegación federal solicitó a la Coordinación Nacional de la Comisión Nacional para la Biodiversidad opinión respecto a la viabilidad de conveniencia o inconveniencia para la realización del proyecto minero metalúrgico Paredones Amarillos, en virtud que la superficie solicitada para cambio de uso de suelo en terrenos forestales se ubica dentro del polígono del área natural protegida Sierra La Laguna, en su Zona de Amortiguamiento.
15. Por oficio número SEMARNAT-BCS.02.02.1627/09, de fecha 17 de diciembre de 2009, notificado el mismo día, se solicitó a la promovente que su representada proporcionara mayores elementos que permitieran acreditar legalmente el derecho sobre la Superficie de los terrenos a afectar con motivo del cambio de uso solicitado, así como información técnica adicional en relación al contenido del estudio técnico justificativo que acompañó a su solicitud.
16. Mediante escrito de fecha 13 de enero de 2010, recibido en el Centro Integral de Servicios de esta delegación federa, en la misma fecha, por medio del cual la promovente solicitó ampliación del plazo otorgado para dar cumplimiento a lo establecido por el oficio número SEMARNAT-BCS.02.02.1627/09, de fecha 17 de diciembre de 2009.
17. Por oficia número SEMARNAT-BCS.02.02.0051/10, de fecha 14 de enero de 2010, esta delegación federal solicitó a la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, un informe acerca de los procedimientos administrativos que, en su caso, la dependencia haya iniciado en contra de la empresa minera Paredones Amarillos, SA de CV, o en la poligonal donde se pretende establecer el proyecto minero metalúrgico Paredones Amarillos.
18. Por oficio número SEMARNAT-BCS.02.02.0054/10, de fecha 15 de enero de 2010, notificado el mismo día, esta delegación federal autoriza ampliar el plazo otorgado por 7 días hábiles para el cumplimiento de la prevención y requerimiento de información solicitada a la promovente.
19. El 25 de enero de dos mil diez, se recibió en el Centro Integral de Servicios de esa delegación federal, escrito sin fecha por medio del cual la promovente, por conducto de su representante legal manifiesta desahogar la prevención y requerimiento citado en el resultando 15 que antecede, presentando la información técnica y documentación legal siguiente: 1) Comprobante de pago de indemnización por concepto de ocupaciones temporales en terrenos nacionales; 2) Primer testimonio primero de su orden de la escritura pública número 46,803; 3) copias certificadas de las resoluciones en materia de impacto ambiental contenidas en los oficios con números D.O.O.G.E.I.A. 03322 de fecha 22 de mayo de 1997 y D.O.O.G.E.I.A. 07181 de fecha 11 de noviembre de 1997; 4) copia simple del acuerdo de comparecencia número PFPA/10.1/2C.27.2/123/2009 de fecha 2 de julio de 2009; 5) plano "ubicación del proyecto, polígono de los predios y límites de la reserva de la biosfera Sierra La Laguna", y; 6) caracterización y análisis de la información de la zona del proyecto.
20. Con número de referencia PFPA/10.1/8C.18.5/155/2010, recibido en esta representación el 28 de enero del año en curso, la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente envía a esta instancia informe de los procedimientos administrativos iniciados en contra de la empresa minera Paredones Amarillos, SA de CV, indicando que se tienen cuatro expedientes administrativos con números PFPA/BCS/57/0007-05 (12 de diciembre de 2005, resolución administrativa), PFPA/BCS/47/0039-05 (9 de agosto de 2005, resolución administrativa), PFPA/BCS/47/0012-08 (1 de abril de 2008, acta de inspección pendiente de instaurarse o no el procedimiento administrativo) y PFPA/10.3/2c.27.2/0001 (21 de enero de 2009, acta de inspección, pendiente de instaurarse o no el procedimiento administrativo).
21. Mediante oficio número 112/00000480, de fecha 5 de febrero de 2010, signado por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, manifiesta que los terrenos sobre los que se otorgó la ocupación temporal corresponden a terrenos nacionales ubicados en un área natural protegida, por lo que deberá observarse lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su artículo 63.
22. Con oficio número DTAP/043/2010, de fecha 9 de febrero del año en curso, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, da respuesta a lo que le fue peticionado según resultando 14 que antecede, considerando lo siguiente: 1) que la descripción de los efectos a corto, mediano, largo plazo y los permanentes que se generan sobre la biodiversidad por la obra propuesta no se encuentran los suficientemente detallados; sugiere que se mencionen medidas específicas de mitigación y de restauración concretas, plenamente sustentadas como factibles y exitosas que permitan no sólo la conservación de una fracción importante de la zona sino la recuperación significativa de área ya afectada; 2) considerar los posibles impactos a los servicios ambientales del ecosistema y que la promovente presente un programa de reforestación de la zona y de restauración del ecosistema; 3) la realización de actividades de minería cielo abierto, sin mostrar evidencia de los documentos presentados, de la inocuidad de los materiales a extraer, además de que no se señalan medidas particulares para la prevención y mitigación de la erosión y contaminación, 4) que la realización de cualquier proyecto en el área natural protegida debe de ser revisado por un comité científico y para este proyecto en particular consideran que bajo el principio precautorio se debe recomendar el no llevar a cabo este proyecto en el área natural protegida,
Considerando
Primero. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es legalmente competente para conocer y resolver la presente solicitud de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, conforme a lo previsto en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 32-Bis, párrafo primero, fracciones XXXIX y XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 12, párrafo primero, fracción XXIX; 16, párrafo primero, fracción XX; 58 párrafo primero, fracción I; 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y; 39, párrafo primero, fracción XXX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Segundo. En virtud de que de la propia información que fue presentada por la promovente se desprende que el proyecto minero que pretende desarrollar se ubica dentro de la zona de amortiguamiento del polígono que delimita el área natural protegida de jurisdicción federal, con carácter de reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, asentada al sur de esta capital del estado de BCS, se solicitó a la promoverte que su representada presentara mayores elementos que permitieran acreditar, en su caso, su derecho sobre el inmueble a afectar, tal como lo previne el segundo párrafo del artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como información adicional al contenido del estudio técnico justificativo que acompañó a su solicitud, para lo cual, se le concedió un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación, por lo que resulta procedente el analizar si la promovente dio cabal cumplimiento a lo requerido, teniendo en consideración que fue apercibido legalmente de que, en caso de no hacerlo, se le desecharía el presente trámite, en términos de lo dispuesto por el artículo 122, fracción II, del reglamento citado.
TERCERO.- La promovente considera haber dado cumplimiento a los puntos que le fueron requeridos, mediante prevención del 17de diciembre de 2009, citada en el resultando 15 de la presente resolución; sin embargo, al estudiar el comprobante de pago del indemnización anual por concepto de ocupaciones temporales en terrenos nacionales, sobre los terrenos que ocupan las concesiones mineras que otorgó la Dirección de Minas, así como el pago por concepto de compensación anual adicional, en base a lo preceptuado por el último párrafo del artículo 60 del Reglamenta de la Ley Minera en vigor, constancias presentadas por la promovente al desahogar la prevención antes referida, es de estimarse que las mismas resultan jurídicamente insuficientes para acreditar el derecho que se pretende sobre los terrenos materia de la solicitud de cambio de uso de suelo, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 63, último párrafo, de la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, los-terrenos nacionales ubicados dentro de las áreas naturales protegidas de jurisdicción federal quedarán a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que las destinará a las fines ambientales conducentes; además, cabe señalar que la ley general citada es una disposición jurídica de carácter general, que prevalece sobre la Ley Minera, motivo por el cual las autorizaciones de ocupación temporal no pueden invalidar o contravenir los alcances de la legislación ambiental y, por tanto, no resultan aptas para acreditar el derecha a efectuar el cambio de uso de suelo que se solicita, dentro de los referidos terrenas nacionales.
Cuarto. En congruencia con lo anterior, es de señalarse que se le requirió a la promovente, presentar la constancia expedida por la Reforma Agraria en la que se expresara el conocimiento de la presente solicitud y su anuencia u opinión favorable para el desarrollo del proyecto minero, en virtud de que es a dicha secretaría a la que en términos del artículo 41, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, compete el manejar y administrar los terrenos de Propiedad Nacional; y toda vez que no dio cumplimiento a lo solicitado, no acredita el derecho que le permita efectuar el cambio de uso de suelo sobre los terrenos nacionales que pretende afectar; por tanto, esta omisión robustece lo razonado en el considerando anterior, en el sentido de que los documentos consistentes en las autorizaciones de ocupación temporal no son los documentos jurídicamente idóneos para que en la especie se puedan tener por cumplidos los extremos previstos por el segundo párrafo del artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Por cuanto hace a la solicitud de la promovente de que se deje sin efecto el requerimiento referido en el párrafo anterior, argumentando que la Secretaría de la Reforma Agraria no tiene facultad para autorizar el Cambio de Uso de Suelo, no es congruente con lo solicitado, ya que dicha petición no fue en el sentido de una autorización, sino con la finalidad de que acreditar que la citada secretaría, conforme a su atribución en la materia de terrenos nacionales, tuviera conocimiento del trámite y, en su caso, manifestara su anuencia o punto de vista favorable para el desarrollo del proyecto, por lo que, al no atender dicha prevención, resulta omisa en este aspecto que le fue solicitado.
Quinto. Por otro lado, teniendo en cuenta que en el expediente obra el oficio F00. 178 de fecha 10 de junio de 2008, por medio del cual la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria que los terrenos nacionales donde se ubica la reserva de la biosfera Sierra La Laguna, en esta entidad federativa, terrenos donde también se pretende ubicar el proyecto minero que nos ocupa, fueran asignados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se requirió a la promovente que presentara comunicación oficial o constancia legal en la que dicha comisión nacional (Conanp) manifestara en su caso tener conocimiento de la presente solicitud de cambio de uso de suelo, y la conformidad con dicha solicitud, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 63 del la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; sin embargo, la promovente solicita que se deje sin efecto dicho requerimiento argumentando que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no tiene facultad para autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, lo cual, como se precisó en el caso inmediato anterior, no es congruente con lo que le fue solicitado en el sentido de que dicha comisión nacional tuviera conocimiento del trámite y, en su caso, manifestara su conformidad, por lo que también claramente resulta omisa la promovente en este aspecto que le fue requerido.
Sexto. Respecto al primer testimonio en su orden de la escritura pública cuarenta y seis mil ochocientos tres, de la notaría pública número 13 del Distrito Federal, que contiene contrato de compraventa en el que Minera Paredones Amarillos, SA de CV, adquiere una superficie de 2 mil 132.94 metros cuadrados de terreno, dicho documento legal no desvirtúa el hecho de que la superficie de 348.00 hectáreas en lo general donde se ubica el proyecto materia de la presente solicitud de cambio de uso de suelo, corresponde a terrenos nacionales bajo la posesión y administración de la Secretaría de la Reforma Agraria, por lo que dicho instrumento jurídico, que presuntamente acredita un derecho de la promovente por sólo 0.061 por ciento de las 348.00 hectáreas que abarca el proyecto, no es legalmente suficiente para tener por cubierto el requisito exigido en el segundo párrafo del artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Séptimo. En otro orden de ideas, se requirió a la promovente que acreditara no estar sujeta a procedimiento por infracciones de la legislación ambiental, situación que pretende acreditar con copia simple del acuerdo número PFPA/ 10.1/ 2C.27.2/ 123/ 2009, de fecha 2 de julio de 2009, emitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en BCS, acuerdo en el que se procede a cerrar el expediente PFPA/ BCS/ 57/ 0007-05; sin embargo, independientemente de que la documental exhibida resulta ser una fotocopia carente de pleno valor jurídico, como se cita en el oficio PFPA/ 10.1/ 8C,18.5 /155/ 2010, referido en el resultando 20 de esta resolución, se acredita plenamente que aún se encuentra pendiente de determinar por la Profepa si se instauran nuevos procedimientos contra Minera Paredones Amarillos por presuntas violaciones de la legislación ambiental.
Por tanto, teniendo en consideración que en el punto segundo, inciso A, del acuerdo de control, de fecha 16 de junio de 2009, emitido por la Secretaría de la Función Pública por conducto del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Unidad Coordinadora de Delegaciones de la propia secretaría y la Dirección General de Delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se establece que "la Semarnat no deberá dar trámite u otorgar autorizaciones de cambio de uso de suelo o impacto ambiental, en aquellos proyectos que cuenten con antecedentes en la Profepa y ésta haya emitido la resolución administrativa que le indique la realización de dicho trámite al promovente"; es de concluirse que la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales que nos ocupa se encuentra en la hipótesis referida.
De lo razonado en los considerandos anteriores se desprende que la parte promovente, Minera Paredones Amarillos, SA de CV, no acredita fehacientemente los extremos del artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que establece que, junto con su solicitud, deberá presentarse original o copia certificada del título de propiedad, debidamente inscrito en el registro público que corresponda o, en su caso, del documento que acredita la posesión o el derecho para realizar actividades que impliquen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, aspectos que le fueron requeridos mediante prevención, de fecha 17 de diciembre de 2009, mismos que no desahogó satisfactoriamente.
Octavo. Aunado a lo anterior, cabe señalar que respecto a la información técnica adicional que le fue solicitada a la promovente, aparecen las siguientes observaciones:
b) No se encuentra evidencia de la localización (planos o mapas), ni presenta superficie de cada una de las áreas con erosión, con vegetación primaria, con vegetación secundaria, las sujetas, a ganadería extensiva, zonas de cultivo de hortalizas y forrajes, y las desprovistas de vegetación.
c) En el programa de restauración y mitigación, omitió presentar la ubicación y superficies de las áreas susceptibles de reforestación y de conservación de suelos.
d) Si bien presenta mapas de las obras programadas, omitió presentar la georreferenciación, ya que sólo acompañó imágenes.
Por lo expuesto, se resuelve lo siguiente:
Segundo. La presente resolución puede ser impugnada mediante la presentación del recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, ante esta delegación federal de Baja California Sur.
Tercero. La promovente no deberá realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con la autorización correspondiente para el desarrollo del proyecto minero, metalúrgico Paredones Amarillos, con pretendida ubicación en el municipio de La Paz, Baja California Sur, en cuyo caso se consideraría una infracción a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y/o un delito ambiental del orden penal federal sancionable por la autoridad competente.
En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así administrativamente lo resolvió el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Baja California Sur, ingeniero Marco A. González Vizcarra.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ingeniero Marco Antonio González Vizcarra
Delegado Federal
(Remitida a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. Junio 16 de 2010.)
México, DF, a 16 de junio de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el diputado Ignacio Téllez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a efecto de que el Comité de Administración prevea en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara para el ejercicio fiscal de 2011, que el titular de la Secretaría General no perciba una remuneración superior a la retribución económica que reciben los diputados.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
El que suscribe, diputado federal Ignacio Téllez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, a efecto de que el Comité de Administración prevea en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara para el ejercicio fiscal de 2011, que el titular de la Secretaría General no perciba una remuneración superior a la retribución económica que reciben los diputados, dando así cabal cumplimiento a las reformas constitucionales en materia de remuneraciones de servidores públicos, mismas que prevén entre uno de sus principios, que nadie podrá percibir una remuneración mayor a la de su superior jerárquico.
Consideraciones
El tema de los sueldos que perciben los servidores públicos ha sido motivo de múltiples y controversiales discusiones, sobre todo en tiempos recientes, en los que nuestro país se vio afectado, por una de la crisis económica internacional más intensa de los últimos tiempos.
Sin duda es necesario dignificar la función pública y otorgar sueldos adecuados y transparentes, pero también se requiere evitar los abusos que mediante el establecimiento de diversos tipos de emolumentos, ignoran las precarias condiciones económicas y sociales que aún existen en algunos rincones de nuestro país
Como resultado de lo anterior, el 24 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron los artículos 75, 115, 123 y 127 de nuestra Constitución Política, con el objetivo de fijar constitucionalmente algunos principios observables en todo el país en materia de remuneraciones de los servidores públicos y, con ello, formar un justo equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes.
Es importante destacar que esta reforma fue impulsada desde el seno del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual fue enriquecida y aprobada por todos los demás grupos parlamentarios, dando como resultado el establecimiento en nuestra carta fundamental, los principios de que ningún funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República, así como que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente (fracción tercera del artículo 127 de la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos).
Paralelamente, a esta tan importante reforma aprobada por el Constituyente Permanente, trajo consigo también un régimen transitorio, donde se establece con claridad que las percepciones de los servidores públicos deberán ser disminuidas en los Presupuestos de Egresos correspondientes al siguiente ejercicio fiscal (de 2008). En consonancia, los distintos órganos legislativos (federal, estatal y del Distrito Federal) deberán adecuar su legislación acorde a lo señalado por ésta, en un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el cual se cumplimento desde principios de marzo de este 2010.
Sin embargo, esta honorable Cámara de Diputados, a la cual representamos, no ha cumplido hasta el momento el mandato constitucional avalado y apoyado por todos los grupos parlamentarios aquí presentes, ya que el secretario general de esta Cámara, según cifras oficiales publicadas en la página electrónica sobre transparencia que hace referencia a las percepciones de los servidores públicos de mando de la Cámara de Diputados, percibe mensualmente la cantidad de 153,390.00 pesos netos, la cual es superior a la que recibimos los legisladores como sus superiores jerárquicos.
Si bien, la labor del titular de la Secretaria General de la Cámara es importante y trascendente ya que le compete coordinar la prestación de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros, que garanticen que los apoyos para los órganos de gobierno, las sesiones y los trabajos de comisiones y de comités, se otorguen con imparcialidad calidad y apego al marco jurídico aplicable, así como proponer y, en su caso, aprobar la normatividad, instrumentos y mecanismos administrativos que permitan el ejercicio eficiente, racional y transparente de los recursos de la Cámara, esto no lo hace ajeno a lo que por mandato prevé nuestra Constitución Política.
Vale la pena enfatizar que, según lo propuesto en la reforma para el artículo 127 de la Constitución General, la asignación de remuneraciones se hará equitativamente y de acuerdo al desempeño del cargo, atendiendo en ello a la fiscalización y la transparencia. Por lo que considero que dicha proporcionalidad se deberá realizar no sólo respecto a las responsabilidades que se desarrollen en el cargo o empleo, sino también se debe atender en consonancia con los ingresos del erario a cuyo cargo corresponden, para que también se guarde proporcionalidad con los ingresos y capacidades de todos los órdenes de gobierno.
Para el caso de la Cámara de Diputados y en lo particular sobre el secretario general de la Cámara, la remuneración de este cargo debe responder a criterios del grado de responsabilidad y nivel jerárquico, de tal forma que se eviten disparidades inaceptables entre cargos de características similares, con fundamento en el legítimo derecho de que a trabajo igual corresponde salario igual, por lo que se estima conveniente establecer que a un subordinado no le podrá corresponder una remuneración igual o mayor que a la de su superior jerárquico.
En razón de lo anterior, propongo en este punto de acuerdo, que con fundamento en la facultad que la propia constitución le brinda a la Cámara de Diputados para dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior misma que ejerce a través de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, quienes ostentan la atribución de aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de la Cámara de Diputados, para que prevean de conformidad con las reformas en materia de remuneraciones, respecto de que el titular de la Secretaría General no perciba una remuneración por encima de la que nosotros como diputados y superiores jerárquicos del servidor público aludido, recibimos anualmente.
Finalmente, quiero hacer constar que la democracia se sustenta en el principio de representación, cuya expresión más simple es la que define al servidor público como mandatario y a los ciudadanos como mandantes. En tal virtud, todo servidor público, sea por elección o designación, tiene la obligación de vincular sus decisiones al marco constitucional y legal que rige el ejercicio de la función que le ha sido confiada, amén de la responsabilidad de actuar con sensibilidad y prudencia para que se aprovechen de manera eficiente los recursos de un país en crecimiento como el nuestro.
En congruencia con lo anterior, es que el Partido Acción Nacional con objeto de cumplimentar las disposiciones constitucionales y en lo particular las referentes a las reformas al artículo 127 constitucional aplicables para todos los servidores públicos en materia de remuneraciones, es que se propone que sea esta honorable Cámara de Diputados donde se ejerzan las modificaciones a la estructura ocupacional y recursos autorizados en el Capitulo Servicios Personales para la Cámara de Diputados para el ejercicio de 2011, y sea este órgano legislativo motivo de ejemplo para que las demás autoridades federales, locales y del Distrito Federal cumplan con esta y cada una de las disposiciones emanadas de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto someto a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente propuesta con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política a efecto de que a través del Comité de Administración se considere en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara para el ejercicio fiscal de 2011, que la remuneración del titular de la Secretaría General de esta Cámara de Diputados no sea superior a la retribución anual que perciben los diputados.
Diputado Ignacio Téllez González (rúbrica)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política.
Junio 16 de 2010.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A DIVERSAS COMISIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A ESTABLECER
LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES NECESARIOS CON LA COMISIÓN DE RELACIONES
EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE DE LA CÁMARA DE SENADORES Y
CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES PARA PARTICIPAR EN LAS
ACCIONES QUE ESTÉN POR REALIZARSE EN DEFENSA DE LOS MIGRANTES RESPECTO
A LA APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DE LA LEY SB 1070 EN ARIZONA,
RECIBIDA DEL DIPUTADO ENRIQUE TORRES DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
16 DE JUNIO DE 2010
México, DF, a 16 de junio de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas comisiones de la Cámara de Diputados a establecer los mecanismos institucionales necesarios con la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara de Senadores y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar en las acciones que estén por realizarse en defensa de los migrantes respecto a la aprobación e implantación de la Ley SB 1070 en Arizona.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Quien suscribe, Enrique Torres Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a las Comisiones de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados a establecer los mecanismos institucionales necesarios con la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara de Senadores y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar en las acciones que estén por realizarse en defensa de los migrantes respecto a la aprobación e implantación de la Ley SB 1070 en Arizona, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los grupos parlamentarios que integramos ambas Cámaras del Congreso de la Unión, como representantes de todos los mexicanos, hemos dejado en claro el rechazo absoluto a las medidas adoptadas en Arizona que atentan contra la dignidad de los migrantes que carecen de documentos para comprobar su legal estancia en el país y que, como muchos migrantes, buscan el sueño americano, aunque desafortunadamente para el caso de los nuestros sólo se esté en busca de un trabajo digno que les ofrezca una mejor calidad de vida.
El respeto de la dignidad de las personas es una de las bases en que se sustentan la realización y suscripción de todos los instrumentos internacionales que establecen los derechos fundamentales de las personas, sin hacer distinción respecto a ellas.
Entre los compromisos internacionales que hemos adquirido al ratificar tratados internacionales en materia de derechos humanos, destaca la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de la cual se desprende que todo gobierno, federal, estatal y municipal, debe (de acuerdo con dicha convención) asegurar que sus políticas de inmigración no tengan como efecto discriminar a personas por motivo de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, lo cual incluye, como ha señalado Alison Parker, directora del programa de Human Rights Watch en Estados Unidos, que los Estados deben garantizar que quienes no sean ciudadanos disfruten de la misma protección y reconocimiento ante la ley, obligación que fue debidamente recordada al procurador general de Arizona en 2007 por dicha dependencia.*
La tarea de respetar y establecer mecanismos por los cuales se garanticen la protección y el ejercicio de tales derechos es una obligación intransferible de todas las autoridades, cualquiera que sea el orden a que pertenezcan.
Con ese afán, los representantes de la sociedad, los diputados federales y los senadores de la república, debemos unir esfuerzos por proteger y hacer respetar los derechos de los migrantes, especialmente en este momento a todos los que se encuentran en Arizona y, en general, en cualquier país.
Por ello, desde el ámbito de nuestras competencias debemos emprender acciones a fin de contrarrestar las acciones por implantarse en Arizona, siendo ésta nuestra premisa fundamental. Se debe buscar la unión en tan importante lucha, en la cual debemos hacer a un lado argumentos como competencias e ideologías para, además, dejar en claro la decisión de nuestro gobierno por defender a todas las personas a quienes se vulneren los derechos fundamentales.
De ese modo, además de los múltiples pronunciamientos que se han emitido desde este Congreso a través de ambas Cámaras, es momento de pasar de los dichos a los hechos, actuando en conjunto tanto representantes de la sociedad como los de las entidades federativas.
Recordando y reconociendo la importancia de las acciones que se aprobó realizar en la Cámara de Senadores el pasado 29 de abril, considero oportuno que en ellas pudiera darse la participación de los diputados federales para forjar una unidad legislativa en la defensa de los migrantes y seguir una misma línea de acción de manera coordinada, y en permanente colaboración y comunicación con el gobierno federal.
En suma, propongo ante esta soberanía evitar duplicación de acciones por los diputados y los senadores, por lo que presento esta propuesta, de urgente y obvia resolución, que tiene como finalidad exhortar a las comisiones de la Cámara de Diputados encargadas de los temas de relaciones exteriores, derechos humanos y de población, fronteras y asuntos migratorios a poner en acción dispositivos institucionales y de comunicación con la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar de manera conjunta y coordinada en las actividades por realizarse y, además, para promover y ejecutar nuevas acciones que permitan ejercer presión por las vías institucionales en aquel estado, no para violar la soberanía de Arizona y de Estados Unidos sino para demandar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes que en él radican.
Se somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Comisiones de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados a establecer los mecanismos institucionales necesarios con la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara de Senadores y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para participar en las acciones por realizarse en defensa de los migrantes respecto a la aprobación e implantación de la Ley SB 1070 en Arizona.
Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Derechos Humanos, de Relaciones Exteriores, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados y a la de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a diseñar nuevas estrategias institucionales por las cuales se manifieste el rechazo a la Ley SB 1070 de Arizona.
Tercero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a proporcionar en el ámbito de sus atribuciones los recursos presupuestales necesarios para la realización de las actividades de los diputados federales participantes en las actividades que se programen.
Presentada en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 16 de junio de 2010.
Nota
* Human Rights Watch: Arizona viola los tratados de derechos
humanos. Véase en http://www.rpp.com.pe/2010-05-01-human-rights-wacht-arizona-viola-los-tratados-de-derechos-humanos-noticia_261598.html
Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Derechos Humanos, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Junio 16 de 2010.)
El miércoles 2 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en el salón "B" del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron diputados integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria el día anterior, para el desahogo del siguiente
Orden del Día
Después de haberse verificado el quórum de los asistentes y aprobados el orden del día y el acta de la segunda reunión, la presidenta. María Hilaria Domínguez Arvizu. agradeció a los diputados de la comisión su apoyo que dio como resultado las reformas al fideicomiso del Fondo Social de Trabajadores Migratorios Mexicanos Braceros 1942-1964, Y puso a su consideración los documentos que contienen el informe actualizado del Comité Técnico del Fideicomiso 2106.
Posteriormente fue aprobado por unanimidad el exhorto que se hace al Ejecutivo para que se publique el decreto aprobado en ambas Cámaras; y a continuación se analizó la evaluación de los avances de las listas 30, 31, 31 y 33, en la corrección de nombres y prórrogas de tiempo para los pagos pendientes a los ex braceros.
Los diputados recibieron un CD que contiene la información sobre el padrón de la primera y segunda convocatorias, correspondientes a las listas de la 1 a la 34.
Al respecto, el diputado David Hernández Vallín pidió un informe financiero para saber con qué fondos se cuenta para cubrir los pagos pendientes y cuánto tendrán que solicitar a la Secretaría de Hacienda del Presupuesto de Egresos del próximo año.
El licenciado Allan Nahum Kaim respondió que el saldo en bancos es de 584 millones 486 mil 552 pesos con 25 centavos, a los cuales se les restarían 587 millones 105 mil pesos, quedando únicamente 20 mil pesos en la cuenta. Para pagar ahora a 254 106 ex braceros.
Posteriormente, el diputado Reyes Tamez Guerra felicitó al licenciado Nahum por su capacidad de respuesta y disposición para colaborar con la Comisión. Expresó la necesidad de contar con las listas de rechazados y de los que aún se encuentran pendientes de pago.
El licenciado Nahum comentó que en un mes y medio se contaría con la lista de los que no son viables de pago; y que por ahora la prioridad sería pagar a quienes sí son viables. Se abrirían mesas de resubsanación. Los no viables sumaron como 40 mil de la última lista.
Nuevamente, la presidenta tomó la palabra para exponer que a tres meses de haber sido instalada la comisión especial, el 18 de febrero, se ha podido avanzar, reformando la Ley de Braceros, revisando las listas atrasadas.
Dijo que esta reunión resultó de la mayor importancia porque en su recorrido por el país se ha encontrado con varios ex braceros que no aparecen en las listas de la 1 a la 29 y traen folios que tampoco aparecen en las listas. Por lo mismo, se tendrán que recopilar esos folios para revisarlos e incorporarlos; es decir, se revalorarán todas las entregas a fin de incluirlos en las listas de la 1 a la 29.
La presidenta mencionó que por errores aparecieron en estados distintos. Se revisará la lista de los rechazados y recobrarán la recomposición de quienes quedaron a la mitad en sus trámites. Se les reincorporará en la publicación de la lista.
Finalmente, en ésta tercera reunión ordinaria de trabajo, celebrada el 2 de junio del año en curso, se llevó a cabo, entre los puntos del orden del día, el desahogo con la Secretaría de Gobernación, representada por el licenciado Allan Nahun Kaim, director general de Entidades Federativas del Fideicomiso 2106, de los acuerdos siguientes:
Se acordó establecer una prórroga para este propósito, hasta los meses de septiembre y octubre, para corregir nombres y apellidos y llevar a cabo el pago de los treinta y cuatro mil pesos, moneda nacional, en una sola exhibición para cada ex bracero.
La publicación de la lista 35 hará un total de 5 085 beneficiarios, corresponderá el pago de cuatro mil pesos, moneda nacional, a los ex braceros que residen en Estados Unidos de América y el pago será por conducto de los consulados mexicanos.
Respecto a la listas de la 1 a la 29 se republicarán en la lista 38 para pagar los treinta y ocho mil pesos, moneda nacional, en una sola exhibición.
De las listas 30 a la 37 se republicarán para ser pagados los treinta y cuatro mil pesos, moneda nacional, en una sola exhibición.
Dijo que es importante la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma de Ley General del Fideicomiso del Fondo Social de ex Braceros: "compartimos plenamente la propuesta de este comité técnico para revisar las listas de la 1 ala 29. De igual manera, se revisarán las listas 30 a la 34, la 35, 36, 37 y 38".
Se solicitó a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación ahí presentes que enviaran por escrito los documentos de lo que en esta reunión se vertió en cuanto a fechas.
La presidenta pidió puntualidad en la comunicación con los braceros, terminar con la desinformación, y que todos los ex braceros cobren en tiempo y forma; negociar con los gobernadores y los medios de comunicación para difundir las listas de la 1 a la 29 y de la 30, 31, 32, 33, 34 y 36, con el objeto de que todos que están en México y en Estados Unidos que no han cobrado los 38 mil pesos lo puedan hacer ya.
La diputada María Sandra Ugalde Basaldúa propuso establecer una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación, como un mecanismo de seguimiento y para la reasignación de los recursos. En esa mesa se podría analizar estado por estado, cuántos se han beneficiado ya y cuantos se encuentran pendientes por atender. También difundir en los estados, con los delegados de dicha dependencia en los estados, como soporte hacia todos los municipios.
Además explicó que da por entendido que van a poder contar con la relación de la gente a la que le faltó algún documento y que tendrán que asegurar los recursos necesarios para 2011 y liberar al 100% esos 190 mil que ya están avanzados. Y que en la red que Gobernación les dará (de los que tienen sus folios) se aumentarán a esos 190 mil y bajar toda la información a los presidentes municipales.
El licenciado Allan dijo que entre sus nuevas funciones que le asigno la Secretaría, continuará como enlace con esta comisión y que el subsecretario del que depende le encargó enviar las listas a los cuatro mil municipios del país.
Por último, el licenciado Allan pidió que se denunciara a los malos servidores públicos de Telecom y les comunicó que ya están aceptando las micas mutiladas como comprobantes para poder registrarlos.
Una vez agotados todos los temas del orden del día, la diputada presidenta, María Hilaria Domínguez Arvizu, clausuró la reunión de la comisión especial a las 14:00 horas del 2 de junio de 2010.
Diputados: María Hilaria Domínguez
Arvizu, presidenta; José Antonio Arámbula López, Samuel
Herrera Chávez, secretarios.
I.Oportunos y Futuros
I.Económicos Mensuales
I.Económicos Trimestrales
Escenario Macroeconómico
Al concurso de oposición abierto para ocupar la plaza de confianza de asesor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, emite la siguiente convocatoria pública y abierta al concurso para ocupar la plaza de confianza de asesor.
Apoyar en el cumplimiento de las funciones de la Unidad mediante la realización de investigaciones, análisis, proyectos y asuntos relacionados con temas de fiscalización superior.
Funciones específicas del puesto
Realizar trabajos de asesoría en materia de su competencia a fin de contribuir al cumplimiento de los programas y proyectos de la Unidad. Integrar y analizar la información de los programas y proyectos en materia de su competencia con el fin de identificar su impacto y en su caso proponer posibles soluciones. Realizar los trabajos de evaluación sectorial de la fiscalización de la Unidad. Elaborar documentos ejecutivos de los programas y proyectos que contribuyan a la toma de decisiones. Proponer estrategias para el desarrollo de los programas y proyectos.
Asesorar en la implementación de estrategias y procedimientos de los programas y proyectos. Desarrollar los elementos técnicos y metodológicos en la materia de su competencia para la toma de decisiones del titular de la Unidad. Evaluar los resultados obtenidos de los trabajos de asesoría para detectar áreas de oportunidad.
Auxiliar al secretario técnico de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), en el cumplimiento de las atribuciones que le confieren tanto la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación como el Reglamento Interior de la UEC. Llevar a cabo investigaciones en el campo de la evaluación institucional del sector público, realizar estudios comparados en las distintas actividades de la gestión pública, conducir investigaciones econométricas que apoyen técnicamente las evaluaciones institucionales que practique la UEC, producir estudios sectoriales que permitan generar sólidos elementos para la evaluación de la fiscalización superior. Preparar proyectos relacionados con la evaluación de las operaciones financieras de las instituciones del sector público, elaborar estudios comparativos internacionales tanto de las instituciones de fiscalización como de los sectores objeto de las políticas públicas; realizar investigaciones para medir el impacto de la fiscalización en la calidad de la gestión pública, realizar estudios sobre las finanzas públicas, realizar evaluaciones de los instrumentos financieros más avanzados (derivados, productos financieros estructurados) para evaluar los riesgos de las operaciones financieras del sector público, realizar estudios globales y sectoriales sobre los programas y las políticas públicas para identificar los riesgos globales y sectoriales que pongan en riesgo las finanzas públicas; conducir estudios para evaluar el impacto de las regulaciones, vigilancia y supervisión sobre el crecimiento económico en el sector de la economía real y en el sector financiero. Las demás actividades que le sean encomendadas.
Requisitos y perfil
Generales
Acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Contar con título de licenciado en economía, ingeniería, administración pública, contaduría pública o áreas afines, expedido por autoridad o institución facultada para ello y cédula profesional.
Tener experiencia en investigaciones económicas y sociales, modelaje econométrico, evaluación institucional (o fiscalización superior), y proyectos relativos a la gestión pública (estudios de costos eficiencia o costo beneficio). Comprensión de lectura del idioma inglés al 80 por ciento.
Laborales
Acreditar un mínimo de cinco años de experiencia en el ejercicio de su profesión.
Capacidades técnicas
Acreditar experiencia mínima de dos años
en el campo de la investigación sobre fiscalización superior.
Acreditar aptitudes para el trabajo en grupos interdisciplinarios.
Conocimiento básico del marco normativo que rige
la Cámara de Diputados
Contar con textos, estudios o publicaciones sobre la
economía nacional y/o la evaluación institucional del sector
público.
Habilidades requeridas
Trabajo en equipo, planeación y organización, redacción y ortografía, orientación a resultados, manejo de paquetería de informática, inteligencia emocional, análisis y síntesis, precisión y detalle, disciplina, responsabilidad, toma de decisiones, trabajo bajo presión, manejo de software estadístico.
Capacidad para realizar trabajos de investigación
de economía y administración pública.
Manejo de paquetes computacionales, específicamente
de los de carácter econométrico.
Capacidad para permitir opiniones sobre temas de fiscalización
superior y/o evaluación institucional.
Habilidad para coordinar equipos de trabajo, ser proactivo,
con visión y capacidad para establecer prioridades.
Disposición de compartir sus conocimientos con
el personal de su área.
Habilidad para realizar evaluaciones complejas de las
políticas públicas, programas gubernamentales en sectores
de alta complejidad.
Habilidad para identificar las fortalezas y debilidades
de las instituciones del sector público.
Habilidad para identificar las debilidades de la información
estratégica que impidan conocer de fondo el desempeño de
una entidad pública.
Capacidad para identificar las fuentes más relevantes
de información del sector público y de la economía
en general.
Capacidad para utilizar el modelaje econométrico
y la investigación empírica cuantitativa en la elaboración
de estudios.
Capacidad para resolver dudas que surjan en el trabajo
y aptitud para consultar fuentes de información bibliográficas,
hemerográficas o informáticas.
Habilidad para desarrollar textos empleando lenguaje económico
y en materia de evaluación institucional.
Habilidad para desarrollar con rigor metodológico
los estudios e investigaciones requeridos.
Bases
1. Requisitos de participación
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos generales, académicos y laborales previstos para el puesto, acrediten reunir las habilidades y capacidades técnicas requeridas y agoten cada una de las etapas que se establecen en la presente convocatoria.
2. Documentación requerida
Los aspirantes para ser considerados como participantes en el concurso, deberán exhibir al momento de su inscripción la siguiente documentación:
Formulario de inscripción, el cual estará disponible para su llenado en la página web de la UEC http://uec.diputados.gob.mx, currículum vitae firmado en todas sus hojas, sin tachaduras o enmendaduras, con fotocopias de los documentos que acrediten la información respecto a la experiencia laboral y técnica a que se haga referencia.
Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada para su cotejo y copia fotostática para integrarlas al expediente que se conforme, de los documentos siguientes: acta de nacimiento, documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto, en este caso, título y cédula profesional, identificación oficial vigente: credencial para votar con fotografía, pasaporte o cédula profesional.
Para acreditar los cargos que ha desempeñado, presentar constancias o comprobantes (recibos de nómina, nombramientos, contratos u hojas de servicio, entre otros) de los dos últimos empleos.
En caso de acceder a las etapas de evaluación podrá requerirse mayor información.
Presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, de no haber sido sentenciado por delito doloso que haya ameritado pena privativa de la libertad, así como de no estar sujeto a procedimiento administrativo de responsabilidades derivadas del cargo, o inhabilitado para el servicio público y de que la documentación presentada es auténtica.
Asimismo, la UEC se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso, y de no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante.
Cabe mencionar que en caso de no presentar esta documentación en original o copia certificada para el cotejo y la fotocopia correspondientes el día señalado en la presente convocatoria, la UEC está facultada para descalificar a los aspirantes que se ubiquen en este supuesto.
3. Etapas del concurso
3.1. Registro de candidatos
El formulario de inscripción estará disponible para su llenado en la página web de la UEC (http://uec.diputados.gob.mx), del 28 de junio al 2 de julio de 2010, únicamente, el cual deberá requisitarse, imprimirse y entregarse. Al imprimir el formulario, los aspirantes recibirán un número de folio, que los identificará a lo largo del proceso de selección, el cual deberá presentar junto con sus documentos requeridos. El periodo de registro y recepción de documentos será improrrogable.
La recepción de la documentación establecida en el punto 2 de la presente convocatoria, se llevará a cabo del 5 al 7 de julio de 2010, en las oficinas de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, situadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en avenida Congreso de la Unión número 66, edificio G, segundo piso, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, código postal 15960, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.
Las solicitudes y documentos que no sean entregados personalmente en el plazo, formato y medio señalados no serán recibidos ni tomados en cuenta.
Al concluir la entrega de la documentación comprobatoria, el interesado recibirá el calendario de actividades que señala las fechas en que se llevarán a cabo las distintas etapas.
Una vez agotada la etapa de registro de aspirantes, se publicará el listado que contendrá los números de folio que identifiquen a los aspirantes inscritos al presente concurso, dicha publicación se realizará en la página web de la UEC (http://uec.diputados.gob.mx).
3.2. Revisión y valoración de solicitudes de inscripción con currícula recibida
Al concluir la etapa anterior, la UEC procederá a revisar y valorar las solicitudes de inscripción, currícula y la documentación comprobatoria entregada por los interesados, para determinar en cada caso, si cumple o no con lo dispuesto por esta convocatoria. Al efecto, formulará una lista integral de resultados de la revisión y valoración de solicitudes. Una vez efectuada la revisión y valoración antes descrita, la UEC publicará la lista que contendrá los números de folio que identifiquen a los aspirantes preseleccionados que podrán presentarse a la realización de la evaluación psicométrica que determine la Cámara de Diputados, por conducto de la Dirección General de Recursos Humanos.
La lista de aspirantes preseleccionados se publicará en la página web de la UEC (http://uec.diputados.gob.mx), y en ella se especificarán las fechas, horarios y lugares de aplicación de la evaluación psicométrica, así como para las evaluaciones técnicas respectivas descritas en la presente convocatoria.
3.3. Evaluaciones
La evaluación psicométrica será practicada a través de la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.
La aprobación de las evaluaciones psicométricas con un rendimiento de 80/100 otorgará a los aspirantes el derecho de continuar en el concurso.
Los aspirantes que dejen de presentar en las fechas y horas señaladas cualquiera de las evaluaciones psicométricas, quedarán automáticamente descalificados para acceder a la etapa de evaluación técnica.
La evaluación técnica se realizará a través del Comité Directivo de Selección de Ingreso de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en calidad de jurado.
El jurado se encargará de definir la metodología de la evaluación técnica, así como de la formulación de los exámenes que correspondan. Dicha evaluación se desarrollará de la siguiente forma:
Evaluación oral y escrita
El jurado designado aplicará en la fecha y hora que al efecto se señale a los aspirantes preseleccionados que hayan aprobado una evaluación oral y escrita sobre conocimientos generales de la especialidad en cuestión, conocimientos técnicos en materia legislativa y parlamentaria, así como de fiscalización superior.
Una vez concluida la etapa de la evaluación técnica y a partir de los resultados obtenidos, se publicará en la página web de la UEC (http://uec.diputados.gob.mx), un listado que contendrá los números de folio que identifique hasta tres aspirantes que hayan obtenido los promedios más altos de calificaciones (considerando evaluación escrita, oral y psicométrica), los cuales, deberán asistir a una entrevista en la fecha y hora que al efecto se les señale. El comité entrevistador, conformado por el titular y el secretario técnico de la UEC, emitirán una evaluación de cada caso, utilizando una escala de 0 a 10.
El resultado final de las evaluaciones de los aspirantes que hayan accedido a la última etapa del concurso de selección, se integrará con base en la siguiente ponderación:
Mecanismo de desempate
Para el caso de desempate entre aspirantes, los lugares superiores en el listado los ocuparán aquellos aspirantes que satisfagan en orden de prelación lo siguiente:
La UEC remitirá el informe final de resultados a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Una vez concluido el proceso de selección y definido el ganador, la UEC hará el nombramiento respectivo.
Al ganador se le otorgará nombramiento de confianza en los términos establecidos en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, y estará sujeto a lo establecido en los procedimientos y bases para la selección, ingreso y evaluación de personal de la UEC.
4. Información adicional
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a la plaza y el proceso del presente concurso, se ha implementado un módulo de atención telefónica en el número 50-36-0000, extensión 52-228, el cual estará funcionando de 10:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.
Los datos personales de los concursantes son confidenciales, aun después de concluir el concurso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de junio de 2010.
Atentamente
Licenciado Roberto Michel Padilla
Titular
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL Y EXHAUSTIVO A LAS ACCIONES QUE HAN EMPRENDIDO LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN RELACIÓN CON LOS FEMINICIDIOS REGISTRADOS EN MÉXICO
A las reuniones que se realizarán el miércoles 23 de junio y el miércoles 7 de julio en relación con el seguimiento de la sentencia de Campo Algodonero, de acuerdo con el siguiente
Calendario
– Martes 22 de junio, a las 10:00 horas, en los salones C y D del edificio G.
Procuraduría General de la República
Gobierno del estado de Chihuahua
Instituto Nacional de las Mujeres
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Atentamente
Diputada Teresa Incháustegui Romero
Presidenta
A las reuniones séptima de mesa directiva y plenaria, que se realizarán el martes 22 de junio, a las 13:00 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputado Carlos Manuel Joaquín González
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
A la reunión por celebrarse el martes 22 de junio, a las 16:00 horas, en la sala de juntas de la coordinación de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (edificio H, tercer piso).
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A la octava sesión plenaria, que se efectuará el miércoles 23 de junio, a las 10:00 horas, en el salón C del edificio G.
Atentamente
Diputado José Trinidad Padilla López
Presidente
A la séptima reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 23 de junio, a las 12:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DEL SISTEMA CUTZAMALA
A la primera sesión ordinaria, que tendrá lugar el jueves 24 de junio, a las 10:30 horas, en el hotel El Santuario, de Valle de Bravo, México.
Orden del Día
6. Propuesta a fin de crear la subcomisión especial
para la conservación del parque nacional Nevado de Toluca:
a) Exposición, por el diputado Miguel Ángel
Terrón Mendoza, de los propósitos de dicha subcomisión.
7. Propuesta para integrar un consejo asesor de la comisión.
8. Asuntos generales.
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión que se realizará el jueves 24 de junio, a las 11:00 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputado José Francisco Yunes Zorrilla
Presidente
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A la reunión que se realizará el jueves 24 de junio, a las 11:00 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba
Presidente
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, GESTORÍA Y QUEJAS
A la reunión ordinaria que se efectuará el jueves 24 de junio, a las 11:00 horas, en el salón de usos múltiples número 3 del edificio I.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A la tercera reunión, que tendrá lugar el jueves 24 de junio, a las 11:00 horas, en el salón de usos múltiples número 1 del edificio I.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión ordinaria que se efectuará el martes 29 de junio, a las 11:00 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión de mesa directiva que tendrá verificativo el miércoles 30 de junio, a las 10:30 horas, en el salón F del edificio G.
Atentamente
Diputada Yolanda de la Torre Valdez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A la sexta reunión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 30 de junio, a las 11:30 horas, en la zona C del edificio G.
Atentamente
Diputada Yolanda de la Torre Valdez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión plenaria que se llevará a cabo el miércoles 7 de julio, a las 11:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio D, cuarto piso).
Atentamente
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez
Presidenta
Al seminario internacional México y la Unión Europea, ¿son de verdad socios estratégicos? Propuestas y acciones de política exterior, que se llevará a cabo el jueves 24 de junio, de las 9:00 a las 19:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante (edificio D, planta baja).
Objetivo
En el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica México-Unión Europea (UE) se pretende abrir un espacio de debate para analizar las propuestas y acciones de política exterior de México y la UE, así como identificar ámbitos de cooperación concretos que den contenido sustancial a dicha asociación.
9:00 a 11:00 horas. Instalación del Grupo de Amistad México-Alemania, con motivo de la visita del diputado Wolfgang Gunkel.
11:00 horas. Inauguración.
• Embajadora Marie-Anne Conisx, jefa de la delegación
de la UE en México.
• Doctor Thomas Manz, representante de la Fundación
Friedrich Ebert en México.
Moderadora: Norma Castañeda, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo, AC.
Moderadora: Elisa Gómez, Fundación Friedrich Ebert.
17:00 a 19:00 horas. Mesa 3. La participación de México y la UE en casos de crisis: Honduras y Haití.
Moderadora: Guadalupe González, Secretaría de Relaciones Exteriores.
Atentamente
Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Presidente
A la exposición Reivindicaciones, del maestro Hersel Yáñez, la cual permanecerá hasta el viernes 25 de junio, en el vestíbulo principal.
Atentamente
Diputada Kenia López Rabadán
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
Al foro Impactos del cambio climático en el sector rural, que se efectuará el miércoles 21 de julio, a las 9:00 horas, en el auditorio del edificio E.
Programa
11:00 a 15:00 horas. Conferencias magistrales.
15:00 a 16:30 horas. Comida.
16:30 a 18:30 horas.
• Panel 1. El cambio climático y la correcta administración
de los recursos naturales.
• Panel 2. Retos y oportunidades para el sector rural
ante el cambio climático.
18:30 a 19:00 horas. Plenaria. Presentación de
relatorías.
19:15 a 19:30 horas. Clausura.