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Informes

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De la diputada Elvia Hernández García, relativo a la quincuagésima cuarta reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo del lunes 1 al viernes 5 de marzo de 2010 en Nueva York

Antecedentes

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) ha sido la responsable de la organización y el seguimiento de las conferencias mundiales sobre la mujer, entre otras se encuentran las siguientes: México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). En la última década, la comisión, en sus periodos de sesiones anuales, examinó los avances en la aplicación de las doce esferas de especial preocupación sobre la problemática de las mujeres del mundo, identificadas en la Plataforma de Acción de Beijing. Con los resultados obtenidos, ha adoptado recomendaciones prácticas, dirigidas a las naciones integrantes de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en forma de conclusiones convenidas, a fin de facilitar una mejor aplicación en todos los niveles donde se requiera supervisar los acuerdos.

En enero de 2010, la presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), María del Rocío García Gaytán, envió a la Comisión de Equidad y Género de esta honorable Cámara de Diputados oficio mediante el cual hace la invitación para que un grupo de legisladoras forme parte de la delegación oficial de México para asistir al quincuagésimo cuarto periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, con participación presencial del 1 al 5 de marzo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Asimismo, el Inmujeres sugirió que, en aras de la pluralidad, las diputadas asignadas pertenecieran a distintas fracciones parlamentarias. La Junta de Coordinación Política, mediante los oficios números JPC/JCDS/ AMF/0165/ 23022010 y JPC/JCDS/ AMF/0137/ 18022010 REF.117/1200, dio a conocer los nombres de las legisladoras que asistirían a la reunión, las cuales quedaron de la siguiente manera:

Diputadas Ana Estela Durán Rico (PRI), Elvia Hernández García (PRI), Laura Elena Estrada Rodríguez (PAN), Martha Elena García Gómez (PRD), María del Rosario Brindis Álvarez (PVEM), María Teresa Ochoa Mejía (Convergencia).

En este sentido, la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género solicitó mediante acuerdo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, autorización para la asistencia de las legisladoras a dicho encuentro. La designación de las diputadas estuvo a cargo de los grupos parlamentarios.

Llevó a cabo la revisión de quince años de la aplicación de la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, así como los resultados del vigésimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Dentro del desarrollo del acto, se hizo hincapié en el intercambio de experiencias y buenas prácticas, con miras a superar los obstáculos aún existentes y los nuevos retos a los que se enfrentan las naciones, incluidos los relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio dirigidos al desarrollo de las mujeres.

Acudieron a la convocatoria los Estados miembros con sus delegaciones oficiales, los representantes de las organizaciones no gubernamentales y de las entidades de las Naciones Unidas participantes en la sesión.

La presidenta del Inmujeres encabezó la representación de la delegación oficial de México, formada por las diputadas, senadoras y senador; funcionarios federales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El lunes 1 de marzo, nuestra jornada inició a las 9:00 de la mañana con la reunión de coordinación por parte de la delegación oficial mexicana, llevada a cabo en las oficinas de la Misión, donde, además de intercambiar puntos de vista respecto a la ponencia mexicana, acordamos reunirnos toda la semana a la misma hora, a fin de estar en constante comunicación.

Luego de realizar los trámites de acreditación para el acceso a las instalaciones de la ONU, dio inicio la sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer alrededor de las 10:00 horas.

La reunión conmemorativa quedó conformada con las siguientes tareas:

Examen a nivel nacional de la aplicación de cuestionario; y

Las respuestas de los Estados miembros;

Regional de 15 años, revisión de los procesos:

Informes regionales; y

Reuniones regionales.

Información global 15 años en el proceso de revisión de la quincuagésma cuarta reunión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer, donde se incluyó lo siguiente:

Descripción general;

Documentación;

Declaraciones;

Plenaria de alto nivel;

Mesas redondas de alto nivel y eventos interactivos;

Resultados; y

Participación.

Participación de las ONG

Entre los aspectos más señalados en los informes presentados durante el tiempo en el que, como integrantes de la delegación oficial, podemos mencionar que a partir de la conferencia de Beijing se han conseguido avances en una serie de áreas, los más importantes en educación. Sin embargo, al tiempo que las políticas y las legislaciones basadas en consideraciones de género han abordado desigualdades y situaciones de discriminación contra las mujeres, el progreso a nivel general mantiene un ritmo poco uniforme.

Existen diferencias entre regiones y a nivel interno de los países. Los promedios internacionales también ocultan diferencias entre las mujeres, con base en la ubicación, el estatus económico, la etnia, la edad, la discapacidad y otros factores. Muchos son los desafíos para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres que requieren de mayor atención y en otros casos, esta debe ser urgente.

En el futuro, los gobiernos deben otorgar una atención prioritaria para abordar los desafíos enfrentados por las mujeres. No es suficiente adoptar leyes y políticas; tienen que ponerse en práctica de forma eficaz.

Las medidas para ayudar a garantizar una implantación exitosa incluyen la formación de funcionarios públicos, el aumento de la concientización de las mujeres de sus derechos legales y la asignación de recursos adecuados. Se debe aumentar la cuota de presupuestos y asistencia para el desarrollo, específicamente dedicados a la igualdad de género y la autonomía de las mujeres.

El liderazgo y la voluntad de la clase política son esenciales para generar medidas sostenidas de igualdad de género y autonomía de las mujeres y niñas, y para el progreso en desarrollo, paz, seguridad y derechos humanos. Sólo entonces podrán los Estados concluir la agenda a la que se comprometieron hace 15 años en Beijing, lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y responder con eficacia a la crisis internacional.

Cada Estado participante tuvo una intervención de 3 minutos, México presentó a través de la presidenta del Inmujeres un informe general y resumido, en el que destacan los siguientes puntos:

México reconoce la vigencia y referencia los compromisos internacionales, regionales y hemisféricos, suscritos en materia de los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación y violencia en su contra.

Reafirma la Declaración y la Plataforma de Acción en Beijing, así como el documento final del vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General

Reitera su voluntad y disposición en continuar colaborando con los organismos y mecanismos internacionales, regionales y hemisféricos, estrechando los lazos de cooperación e intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas en materia de género con otros países.

Se desarrollaron iniciativas que contaron con el acompañamiento de distintas agencias del Sistema de las Naciones Unidas. Con la División Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, desarrollamos la producción de herramientas estadísticas, el establecimiento del observatorio de género y pobreza.

Se realizó la reunión de especialistas Análisis de la crisis económica y financiera de la perspectiva de género: entendiendo su impacto sobre la pobreza y el trabajo de las mujeres, donde se sumaron el Instraw y el PNUD.

México preside y participa en el Grupo de Amigos de la Presidencia de la Comisión de Estadística para el Examen de los Indicadores de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas.

Se cuenta con una institución nacional para el avance de las mujeres, el Inmujeres, creado por ley. Éste impulsó el establecimiento de instancias de género a escalas estatal y municipal. Las 32 entidades federativas y 35 por ciento de los municipios cuentan con un mecanismo para el avance de las mujeres.

México cuenta con las Leyes Generales de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007). Ambas establecen la política nacional, los programas y sistemas nacionales relativos a su cumplimiento y confieren al Inmujeres facultades como instancia rectora en la materia.

La aplicación de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad 2009-2012) y la operativización del sistema nacional de igualdad entre mujeres y hombres favorecen la transversalización de la perspectiva de género y aseguró la incorporación de estrategias e indicadores orientados al logro de la igualdad de género en 16 de los 19 programas sectoriales de las de las dependencias de la administración pública federal. Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Defensa Nacional, y de Marina cuentan con planes y programas específicos en materia de género y se crearon 12 unidades de género.

De las 32 entidades federativas, 19 han aprobado una ley de igualdad entre mujeres y hombres; las 32 cuentan con una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de las cuales 17 han publicado su respectiva reglamentación y 27 han implantado sistemas estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se tipifica como delito la violencia familiar en los códigos penales de 31 entidades.

Como parte del combate de la violencia y de la inseguridad en Ciudad Juárez se ha puesto en marcha la Plataforma México.

Se ha creado el Fondo de Auxilio Económico para los Familiares de Víctimas de Homicidio de Mujeres en Ciudad Juárez, así como el Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en Caso de Extravío de Mujeres y Niñas de Ciudad Juárez.

Contamos con la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas (2007) y su reglamentación (2009), así como con la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (2003). En 27 entidades federativas, la trata de personas ya es tipificada como delito.

El nuevo marco normativo es un factor fundamental para contar con un presupuesto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género. En comparación con 2005, el presupuesto etiquetado en 2010 se incrementó en 248.2 por ciento, es decir, 10 mil 920.7 millones de pesos.

Se establecieron metodologías y sistemas de indicadores trimestrales para dar seguimiento y garantizar la transparencia de las acciones y de los programas para las mujeres a los que se han destinado recursos. El Inmujeres y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizan informes trimestrales sobre la aplicación del presupuesto etiquetado asignado a las dependencias de administración pública federal, que se reportan a la Cámara de Diputados y publican en el portal de transparencia del Inmujeres.

México ha reducido la brecha de género en la matrícula de todos los niveles, y en preescolar, primaria y secundaria se ha eliminado prácticamente. La brecha de género persiste en la educación media superior, aunque se ha incrementado el registro de mujeres por encima del de los varones.

Entre 2001 y 2009 se redujo la tasa de mortalidad materna de 70.8 a 56 defunciones por 100 mil nacidos. Se integraron un grupo multidisciplinario y una estrategia para acelerar la reducción de la muerte materna.

En la actualidad, las mujeres forman 19.5 por ciento en la Cámara de Senadores y 25 en la de Diputados. Al inicio de la LXI Legislatura, la proporción fue de 27.6 por ciento, presentándose una reducción luego de las solicitudes de licencia y la “cesión” de curules por suplencia a hombres.

Se ha establecido en el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) 60 por ciento como proporción máxima de un mismo sexo para las candidaturas plurinominales. Se cuenta con una plataforma estratégica para la equidad política y con procedimientos dirigidos a impulsar y monitorear el avance de la participación política de las mujeres en los tres órdenes de gobierno.

En cumplimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se trabaja en la formación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y se cuenta con un presupuesto específico para prevenir, atender, sancionar y erradicarla.

En 2009 se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En cumplimiento de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, en 2009 se instaló la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

La Cámara de Diputados instaló la Comisión Especial de lucha contra la trata de personas.

México opera una estrategia nacional de cambio climático (ENACC) y se cuenta con el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012.

Conclusiones y compromisos

Como se ha mencionado, la reunión se llevó a cabo del 1 al 12 de marzo. Sin embargo, nuestra delegación estuvo presente sólo del 1 al 5, lo cual impidió estar en la aprobación del informe de la comisión y sus resolutivos finales. Pese a lo anterior, y dada la importancia del encuentro para el avance de las mujeres de México y el mundo, se le ha dado seguimiento oportuno.

Lo anterior, con el propósito de comprometernos desde nuestro ámbito para su cumplimiento y en la ejecución de acciones que coadyuven a un mayor y más efectivo avance de las mujeres.

A continuación se presenta resumen los resolutivos finales

1. El año 2010 tiene especial importancia para la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, pues marca el examen quindenial de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el examen decenal de los progresos logrados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el examen decenal de la aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad. En 2010, y en todos los exámenes ministeriales anuales futuros, el consejo debería ampliar los compromisos y acelerar la aplicación de medidas y estrategias concretas para lograr la igualdad entre los géneros, como requisito fundamental para garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.

2. Varias tendencias actuales y cuestiones incipientes en el marco de la política económica internacional presentan motivos de preocupación para la promoción y la garantía del desarrollo sostenible y el logro de los objetivos en materia de igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. Los periodos de auge de los productos básicos y la falta de incentivos para invertir en la producción de alimentos y en sectores similares pueden conducir a la volatilidad de las inversiones y a la disminución de la seguridad alimentaria, un problema que afecta de modo desproporcionado a las mujeres y que fomenta el hambre. Se debe prestar más atención a evitar que los países que salen de situaciones de conflicto vuelvan a la guerra, haciendo especial hincapié en el vínculo entre el desarrollo y la paz sostenibles. Las políticas y los marcos macroeconómicos internacionales y nacionales deben promover la participación de las mujeres como asociadas de pleno derecho en el desarrollo y beneficiarias por igual del crecimiento económico.

3. Las mujeres siguen estando en situación de desventaja en el acceso a los recursos económicos y financieros y el control sobre ellos. Las desigualdades existentes entre hombres y mujeres han exacerbado los efectos negativos de las crisis recientes sobre las mujeres. Las soluciones propuestas que dependen de políticas fiscales procíclicas en los países en desarrollo, junto a la falta de incentivos para que las instituciones financieras y los donantes internacionales realicen gastos sociales anti cíclicos, limitan la capacidad de los países en desarrollo y los países dependientes de la ayuda para paliar los efectos negativos de las crisis, incluidos los efectos sobre las mujeres. La movilización de recursos internos debe ir acompañada de la asistencia y la cooperación internacional para los países que necesitan una mayor asistencia de la que pueden ofrecer con sus propios recursos.

4. Algunos de los procedimientos habituales para luchar contra la pobreza y aumentar el empoderamiento económico de la mujer han sido los programas de transferencias condicionadas de efectivo y los programas de microcrédito o de micro financiamiento, que habitualmente han ido dirigidos a las mujeres y las niñas. Si bien los programas de transferencias condicionadas de efectivo se han aplicado con éxito principalmente en países de ingresos medianos, los programas de microcrédito y micro financiamiento son cada vez más comunes en los países en desarrollo. Para que estos programas tengan éxito, deben complementarse con una ampliación de la protección social, un trabajo decente y políticas de pleno empleo, respondiendo a las condiciones locales y fomentando el apoyo comunitario a su eficacia y sostenibilidad.

5. Las mujeres siguen teniendo un acceso desigual a los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas y constituyen una minoría en la mayoría de órganos decisorios nacionales, regionales y mundiales a todos los niveles. Se necesitan medidas urgentes para hacer frente a estos problemas. Se dispone de diversas estrategias y buenas prácticas innovadoras para aumentar la participación de la mujer en todos los ámbitos de la adopción de decisiones. Las cuotas y otras medidas especiales de carácter temporal, como los puestos reservados, han desempeñado un papel importante en el aumento del número de mujeres en la vida pública en varios países. Estas medidas a menudo se han complementado con otras, como las campañas de sensibilización sobre la participación equitativa de la mujer en la vida pública, la capacitación para el liderazgo, la creación de capacidad en función de la demanda y los sistemas de selección transparentes. Para que las estrategias sean eficaces, deben ir acompañadas de un apoyo político y de la eliminación de las leyes y prácticas discriminatorias que impiden a las mujeres tratar de participar en la toma de decisiones.

6. Es especialmente preocupante la continua y notoria ausencia de las mujeres en los procesos de paz oficiales. Como consecuencia de ello, se siguen pasando por alto las necesidades y prioridades de las mujeres y las niñas en los acuerdos de paz, en las conferencias de donantes, en la reforma jurídica posterior a los conflictos y en la formulación de políticas y programas. Se requieren medidas concretas para potenciar el papel y la participación de las mujeres como partes interesadas clave en todas las etapas de los procesos de paz, incluso como mediadoras y participantes en pie de igualdad en la solución de conflictos, la consolidación de la paz y el desarrollo después de los conflictos. Deben difundirse más ampliamente y aplicarse de forma sistemática buenas prácticas para aumentar la representación de las mujeres en los órganos locales, nacionales e internacionales de solución de conflictos y de consolidación de la paz.

7. Se necesitan mejores estrategias y mecanismos para fortalecer la colaboración, la coordinación y las alianzas entre las diferentes partes interesadas, incluidos los gobiernos, la sociedad civil y los agentes internacionales, con miras a la aplicación eficaz de las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la mujer y la paz y la seguridad 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) y 1889 (2009). Deben establecerse procedimientos para institucionalizar las consultas con grupos y organizaciones de mujeres. Deben aplicarse sistemáticamente la formación, el intercambio de información y las oportunidades para que los grupos de mujeres intercambien experiencias, incluso a nivel local, para fortalecer su participación eficaz en todas las fases de los procesos de paz.

8. Unos mecanismos institucionales sólidos son fundamentales para la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en todos los planos, éstos deben integrarse en el marco institucional general y en la gobernanza de los países. Deben garantizar a estos, mecanismos, recursos humanos y financieros suficientes a fin de que puedan apoyar y promover eficazmente la aplicación de los compromisos mundiales y nacionales en materia de igualdad entre los géneros. Se necesita una mayor capacidad en diversos ámbitos, entre ellos la obtención y el análisis de información basada en consideraciones de género y desglosada por sexo y edad o el uso del presupuesto con una perspectiva de género. Los mecanismos institucionales también desempeñan una función importante en la creación de alianzas más sólidas con las partes interesadas, como la sociedad civil y el sector privado.

9. Se deben adoptar medidas concretas para incorporar las normas y reglas internacionales sobre la promoción y protección de los derechos de la mujer en la legislación nacional. La igualdad de derechos de la mujer y la prohibición de la discriminación por motivos de sexo están incluidas en muchas constituciones nacionales, y están en vigor leyes y reglamentos en varios ámbitos, incluidos los relativos a la igualdad de derechos de la mujer al uso, la propiedad y la herencia de bienes. Sin embargo, la coexistencia de múltiples sistemas jurídicos en algunos países sigue impidiendo el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales. Deben adoptarse varias medidas para garantizar la plena aplicación de las normas internacionales y la legislación nacional, a diferentes niveles, como por ejemplo el examen de las leyes discriminatorias, los programas de capacitación para los funcionarios, el personal judicial y encargado de hacer cumplir la ley, las campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres y de apoyo a éstos, los esfuerzos para aumentar el apoyo comunitario a las leyes, y las campañas de formación jurídica básica dirigidas a las mujeres a fin de fomentar la concienciación sobre sus derechos.

10. El fomento de la rendición de cuentas debe ser una parte integral en el logro de los objetivos y compromisos convenidos internacionalmente en relación con la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Debe abordarse la disparidad entre las intenciones y las acciones políticas, se necesitan incentivos y formas de aplicación más eficaces en los gobiernos, las instituciones y las organizaciones. La rendición de cuentas por los resultados debe estar firmemente incorporada en las políticas y programas a través del uso de herramientas tales como la gestión basada en los resultados y las evaluaciones externas. Mediante planes de acción nacionales en materia de igualdad entre los géneros con objetivos e indicadores claros pueden fomentarse la rendición de cuentas y la transparencia. El presupuesto con perspectiva de género puede contribuir notablemente a impulsar la igualdad, ya que permite evaluar las diferentes necesidades y contribuciones de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, y puede servir de guía para la adaptación de las políticas de ingresos, gastos y asignaciones presupuestarias en beneficio de todos los grupos. Los órganos independientes de vigilancia y las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel clave a la hora de fomentar la rendición de cuentas para el cumplimiento de los compromisos en materia de igualdad entre los géneros. Podrían llevarse a cabo auditorías periódicas con una perspectiva de género en todas las instituciones y procesos responsables de la aplicación de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, con el fin de acelerar el progreso hacia la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.

Acciones para el cumplimiento de los acuerdos

Como puede observarse, en los resolutivos de la sesión de la CSW, la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados tendrá materia de trabajo, ya que aun cuando varios de los puntos acordados se encuentran ya integrados en el plan de trabajo de la comisión al momento de su instalación, estos deberán reforzarse y hacer más enfáticas las demandas dirigidas a mejorar e incrementar importantes aspectos que colaboren en el adelanto de las mujeres.

Por ello, es importante buscar el reforzamiento de programas como, el financiamiento de proyectos productivos para mujeres, la apertura de espacios con toma de decisiones para las mujeres, la armonización de la legislación a nivel nacional y el ámbito internacional de las leyes y los acuerdos que impulsen los derechos humanos de las mujeres, así como evitar el retroceso de dichas leyes. Impulsaremos un presupuesto con perspectiva de género, su incremento y el establecimiento de políticas que permitan fortalecer, supervisar y asegurar su correcta aplicación.

Finalmente, se debe resaltar que desde las atribuciones que corresponden a la Comisión de Equidad y Género, y en mi calidad de presidenta de ésta, se impulsarán iniciativas, puntos de acuerdo y programas que lleven a acceder a una vida libre de violencia, el respeto de los derechos humanos, los derechos sociales y la igualdad jurídica de mujeres y hombres.

Reuniones alternas

En el marco de este suceso, se efectuaron también otra serie de acciones paralelas a cargo de organizaciones no gubernamentales, esto permitió generar nuevas oportunidades para el intercambio de información y redes con diferentes delegaciones, y al mismo tiempo, nos hicieron saber el estado de avance o retroceso en el que se encuentran las mujeres de esas naciones. Ante ello, cabe señalar que recibimos comentarios muy favorables relacionados con los logros que en materia de igualdad de género se han alcanzado en nuestro país, destacando los puntos relacionados con:

• La aprobación e implantación de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• La creación e implantación de las políticas públicas incluidas en el programa transversal Pro igualdad, (2009), y su antecesor Pro equidad (2001) ya que el primero, establece una plataforma de líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad. Además, busca fortalecer las capacidades de las mujeres para potenciar su agencia económica a favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.

• Este plan también, prevé siete objetivos estratégicos: institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la administración pública federal y construir los procedimientos para contribuir a su adopción en los poderes de la Unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado.

• Otro aspecto acogido con beneplácito, fue la existencia de un presupuesto dirigido específicamente a programas de atención a problemática de mujeres.

Unión Interparlamentaria

De igual forma, en este marco se realizó la reunión de la Unión Interparlamentaria, titulada The Role of Parliament in Enforcing Gender Equality and Women´s Rights: is Year After Beijing.

En esta reunión, se hizo un análisis del papel que han jugado los parlamentos en el avance de las mujeres y de la igualdad de género; se abordaron los logros que se han tenido y de igual forma se plantearon las problemáticas que aún persisten para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, se realizaron 4 sesiones abordando diferentes temáticas y de las mismas se obtuvieron diferentes conclusiones como:

• El papel de las alianzas entre las legisladoras y las organizaciones de la sociedad civil.

• El papel de los medios de comunicación para reforzar los avances en el marco legal e institucional para el acceso a las mujeres a la igualdad.

• El fortalecimiento de la capacitación de las mujeres en la política.

• La falta de evaluación de éxito o fracaso de los planes para la igualdad de género, que generalmente es omitido.

• Los trabajos de las comisiones sobre igualdad de oportunidades o derechos, necesita ser visto como un asunto transversal que afecta a diferentes de temas, entre otros.

Atentamente

Diputada Elvia Hernández García