El que suscribe, Rolando Zapata Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

La libertad de expresión constituye una de las garantías más sólidas de la democracia y el desarrollo moderno de los Estados. Esta libertad no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también que toda la sociedad pueda recibir información lo más oportuna y objetiva posible.

La violación de la libertad de expresión y de prensa constituye una violación de la democracia, marco necesario para la realización de los derechos humanos.

De esta manera, si las agresiones a periodistas y comunicadores atentan contra principios esenciales de la democracia y la protección a los derechos humanos, es totalmente repudiable e inaceptable que dichas agresiones provengan de funcionarios públicos.

De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Comunicación Social, AC, el número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación llegó a 244 en 2009, y de esa cifra 65% de los presuntos autores materiales fueron identificados como funcionarios.

El informe establece que de las 244 agresiones registradas, 109 fueron físicas o materiales y 47 amenazas, y en cuanto a los presuntos responsables de la agresión, 65.7% fueron identificados como funcionarios públicos, 7.79% como partidos políticos y sólo 6.15% como delincuentes.

Un caso que evidencia los datos anteriores ocurrió en el municipio de Valladolid, Yucatán, el 13 de febrero del presente, cuando Inés Antonia Canul Uc, funcionaria de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Yucatán, presuntamente agredió físicamente y luego le robó una videocámara a René Gómez Dzib, corresponsal de Trece TV, televisora pública en el estado, cuando éste filmaba acciones respecto al uso electoral del programa Oportunidades, de acuerdo a la versión contenida en el expediente número 281/13A/2010 del Ministerio Público en la entidad.

La agresión al corresponsal de Trece TV fue relatada por testigos de los hechos, quienes manifestaron que los empleados de la Sedesol, muchos de ellos alcoholizados, realizaban trabajo de proselitismo político con la gente de la zona, a quienes ofrecían Oportunidades si se comprometían a votar en mayo por el PAN.

A decir de Gómez Dzib y de quienes presenciaron los hechos, éste filmó la labor de proselitismo político que llevaban a cabo empleados de Sedesol e intentó entrevistar a Canul Uc sobre el uso electorero del programa Oportunidades a favor del PAN, lo que enfureció a la mujer, quien agredió físicamente al joven. Y no sólo eso: sino que le arrebató su videocámara para borrar toda evidencia en su contra, los hechos quedaron registrados en la denuncia que presentó el presunto agredido.

Este caso tan lamentable toma características preocupantes por el desarrollo de un proceso electoral local en Yucatán, en medio de dudas y manifestaciones sobre el comportamiento de las Delegaciones Federales en el estado, en específico de Sedesol, en relación con el uso electoral de programas sociales, principalmente la ampliación y registro de beneficiarios de Oportunidades.

Recientemente, un medio de prensa escrita local difundió que una brigada de empleados de la Sedesol, transportándose en automóviles oficiales, recorría colonias populares y marcaban con pañuelos blancos y azules a los futuros beneficiarios, identificados con el PAN.

Este caso resulta significativo, ya que pudiera reflejar una estrategia del gobierno federal, que incluyera el uso electoral de recursos públicos y la intimidación de quienes presencien estas actividades para ser evidenciadas o denunciadas.

Con base en lo anterior, es indispensable el deslinde de las responsabilidades en este caso y, sobre todo, clarificar las causas de estos sucesos que parecieran vincularse de forma importante con la participación indebida de instancias gubernamentales en los procesos electorales.

Si las agresiones a periodistas atentan contra la libertad de expresión, son mucho más condenables cuando sean realizadas por funcionarios públicos y durante un proceso electoral.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados que lleve a cabo una investigación sobre la presunta agresión sufrida por un corresponsal de Trece TV, televisora pública de Yucatán, por parte de una funcionaria de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en esa entidad, ocurrida en el municipio de Valladolid, el día 13 de febrero del presente. Asimismo, que dicha comisión informe con la mayor brevedad a esta soberanía sobre los resultados de la indagación y sus implicaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2010.

Diputado Rolando Zapata Bello (rúbrica)