Gaceta Parlamentaria, Cámara
de Diputados, número 2947-V, jueves 11 de febrero de 2010.
Dictámenes
de primera lectura
-
De la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo cuarto, fracción VI, segundo párrafo,
incisos b), c), d) y e), del decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta,
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor
Agregado, del Código Fiscal de la Federación, y del decreto
por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse
en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 1 de abril de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de diciembre de 2009
-
De la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el
que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios
-
De la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para
la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley
de Instituciones de Crédito, de la Ley para regular las Sociedades
de Información Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento
a la Competencia en el Crédito Garantizado y de la Ley del Banco
de México
Dictámenes
DE
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO, FRACCIÓN
VI, SEGUNDO PÁRRAFO, INCISOS B), C), D) Y E), DEL DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRÁN
DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSIÓN; Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 1 DE ABRIL DE 1995, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009
Honorable Asamblea
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
71, fracción II y 72, apartado H de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Roberto Gil Zuarth del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió a la consideración
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo cuarto,
fracción VI, segundo párrafo, incisos b), c), d) y e), del
"decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos
en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal
de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones
que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma
y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación
y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1 de abril de 1995", publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009.
Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y
Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren
los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos
a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
1. El 2 de febrero de 2010 el diputado Roberto Gil Zuarth
presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma el artículo cuarto, fracción VI, segundo
párrafo, incisos b), c), d) y e), del "decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre
la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto
al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del
decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse
en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 1 de abril de 1995", publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de diciembre de 2009.
2. En sesión celebrada el 2 de febrero de 2009,
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público la Iniciativa de referencia
para su estudio y dictamen.
Descripción de la iniciativa
La iniciativa del diputado Gil Zuarth expone que mediante
el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos
en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal
de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones
que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma
y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación
y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1 de abril de 1995" aprobado por el Congreso
de la Unión el 5 de noviembre de 2009, y publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009, se reformó
el tratamiento al régimen de consolidación fiscal para que
las sociedades controladoras enteren, en cada ejercicio fiscal, el impuesto
sobre la renta actualizado que hubieran diferido con motivo de la consolidación
fiscal generado en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en
que se deba efectuar el entero y que no se haya pagado con anterioridad.
Asimismo, indica que mediante disposición transitoria
se estableció que durante 2010 las sociedades controladoras deberán
enterar el impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ejercicios
fiscales anteriores a 2005, y que no hubiera sido pagado al 31 de diciembre
de 2009.
En ese sentido, la fracción VI del artículo
cuarto del Decreto de mérito, dispone que el entero del impuesto
diferido deberá efectuarse en cinco ejercicios fiscales por la sociedad
controladora, y el primer pago del impuesto diferido deberá realizarse
mediante declaración que se presente en el mes de junio del ejercicio
fiscal de 2010, a partir del cual empiezan a computarse los cinco ejercicios
fiscales que las sociedades controladoras tienen para efectuar el entero
del impuesto diferido.
Sin embargo, indica la iniciativa del Diputado Gil Zuarth,
el plazo de cinco años no queda claro con lo establecido en los
incisos b) a e) de la fracción mencionada, por lo que a efecto de
homologar lo dispuesto en el segundo párrafo de dicha fracción
con los incisos mencionados y evitar interpretaciones erróneas sobre
los ejercicios en los que se debe efectuar el entero del impuesto diferido,
propone reformar los incisos b), c), d) y e), del segundo párrafo
de la fracción VI del artículo Cuarto del decreto, a fin
de precisar que el entero del impuesto diferido se realice en un periodo
de cinco ejercicios consecutivos, como sigue:
"Disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto
sobre la Renta
Artículo Cuarto. ...
VI. ...
b) 25% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración
de consolidación del ejercicio fiscal de en 2011.
c) 20% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración
de consolidación del ejercicio fiscal de en 2012.
d) 15% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración
de consolidación del ejercicio fiscal de en 2013.
e) 15% en la misma fecha en que deba presentarse la declaración
de consolidación del ejercicio fiscal de en 2014.
..."
Consideraciones de la Comisión
Esta Comisión Dictaminadora coincide en la necesidad
de aclarar el alcance y sentido de la fracción VI del artículo
Cuarto del "Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos
en Efectivo, y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal
de la Federación, y del decreto por el que se establecen las obligaciones
que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma
y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación,
y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1 de abril de 1995", respecto al esquema de
pagos del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ejercicios
fiscales anteriores a 2005, mismo que las sociedades controladoras deben
comenzar a pagar a partir de junio de 2010.
En efecto, mediante el decreto citado, aprobado por el
Honorable Congreso de la Unión el 5 de noviembre de 2009, se reformaron
y adicionaron, entre otras disposiciones, diversos artículos de
la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluyendo el tratamiento al régimen
de consolidación fiscal, por medio del cual, conforme a lo dispuesto
por el artículo 70-A, las sociedades controladoras deberán
enterar, en cada ejercicio fiscal, el impuesto sobre la renta actualizado
que hubieran diferido con motivo de la consolidación fiscal generado
en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba
efectuar el entero y que no se haya pagado con anterioridad.
Igualmente, en la fracción VI del artículo
Cuarto del decreto mencionado, que contiene las disposiciones transitorias
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que durante el ejercicio
fiscal de 2010 las sociedades controladoras deberán enterar el impuesto
sobre la renta diferido a que se refiere el artículo 70-A de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a los ejercicios fiscales
anteriores a 2005, y que no hubiera sido pagado al 31 de diciembre de 2009.
Ahora bien, como expone en su iniciativa el Diputado Gil
Zuarth, el segundo párrafo de dicha fracción establece que
el entero del impuesto diferido mencionado con anterioridad deberá
efectuarse en cinco ejercicios fiscales por la sociedad controladora, y
el inciso a) de la fracción citada, establece que el primer pago
del impuesto sobre la renta diferido deberá realizarse mediante
declaración que se presente en el mes de junio del ejercicio fiscal
de 2010, ejercicio fiscal a partir del cual empiezan a computarse los cinco
ejercicios fiscales que las sociedades controladoras tienen para efectuar
el entero del impuesto diferido.
Cabe destacar que en el proceso legislativo correspondiente,
tanto en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal como en los
dictámenes aprobados en las H. Cámaras de Diputados y de
Senadores, y demás documentos integrantes del proceso citado, el
entero del impuesto diferido siempre se consideró que se debería
realizar en un plazo de cinco años, contados a partir de 2010.
Debe señalarse también, que en la parte
conducente de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal con fecha
8 de septiembre de 2009, se propuso lo siguiente:
"Por lo anterior, las modificaciones propuestas implicarían
que:
• Las sociedades controladoras que hayan iniciado la consolidación
de sus utilidades y/o pérdidas a partir del ejercicio fiscal de
2005, cuya autorización hubiera sido obtenida en 2004 o años
posteriores, tengan obligación de pagar el ISR diferido una vez
transcurridos los cinco ejercicios fiscales en los que tienen obligación
de consolidar.
• Aquellas sociedades controladoras que vengan consolidando
con anterioridad al ejercicio fiscal de 2005 y que lo sigan haciendo al
31 de diciembre de 2009, deben pagar el saldo del ISR diferido al 31 de
diciembre de 2004 pendiente de pago al 31 de diciembre de 2009, a partir
del ejercicio de 2010 en cinco parcialidades.
• El impuesto diferido de cada ejercicio correspondiente
a los ejercicios fiscales de 2005 y posteriores se pague una vez transcurridos
cinco años, es decir, el correspondiente a 2005 se pagaría
en cinco parcialidades a partir del ejercicio fiscal de 2011, el relativo
a 2006 en cinco parcialidades a partir del ejercicio fiscal de 2012 y así
sucesivamente.
De acuerdo con lo anterior, el citado esquema de pagos
quedaría en la forma que se ejemplifica en el siguiente cuadro:
Por otra parte, en las consideraciones vertidas por la Comisión
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados,
en el dictamen correspondiente a la iniciativa antes mencionada, publicado
el 20 de octubre de 2009 en la Gaceta Parlamentaria número 2870,
año XII, se expresó lo siguiente:
"Esta Dictaminadora coincide con establecer un esquema
de pago fraccionado, como el propuesto por el Ejecutivo Federal, ya que
ello coadyuva a los flujos de efectivo del grupo de consolidación
para el entero del impuesto diferido. Sin embargo, se considera apropiado
modificar la propuesta del Ejecutivo Federal incluida en la Iniciativa
sujeta a dictamen, en lo que se refiere a los por cientos a enterar del
impuesto diferido, que se establecen en las fracciones I y II del sexto
párrafo del artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, a efecto de que el pago inicial sea más accesible para las
empresas y éstas cuenten con un horizonte de pagos que preserve
el periodo para el pago del impuesto diferido de diez años. De esta
manera, el esquema de pagos fraccionados quedaría, ejemplificadamente,
de la forma siguiente:
Por último, en la reserva presentada por el Senador
Francisco Labastida Ochoa en la sesión del Pleno de la Cámara
de Senadores del día 30 de octubre de 2009, misma que fue aprobada
por el pleno de dicha Cámara, se establece en su parte conducente
lo siguiente:
"Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en atención
a los diversos planteamientos expresados por los distintos sectores de
la sociedad, se considera conveniente modificar el esquema de pagos fraccionados
propuesto por la Colegisladora, con el fin de flexibilizar el horizonte
de pagos y hacer el entero del impuesto más accesible para las sociedades
controladoras, sin que con ello se modifique el período para el
pago del impuesto diferido.
De esta manera el esquema de pagos fraccionados quedaría
de la forma siguiente:
En tal virtud, se considera necesario modificar los artículos
70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta y CUARTO, fracción VI
de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
conforme a lo siguiente:"
Por lo anterior, esta Comisión considera que el plazo
de cinco años no queda claro con lo establecido en los incisos b)
a e) de la fracción mencionada, por lo que a efecto de homologar
lo dispuesto en el segundo párrafo de dicha fracción con
los incisos mencionados para evitar interpretaciones erróneas sobre
los ejercicios en los que se debe efectuar el entero del impuesto diferido,
resulta necesario reformar los incisos b), c), d) y e), de la fracción
VI, segundo párrafo, del artículo cuarto del Decreto, para
quedar como sigue:
"Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto
sobre la Renta
Artículo Cuarto. ...
VI. ...
b) 25% en la misma fecha en que deba presentarse
la declaración de consolidación del ejercicio fiscal de en
2011.
c) 20% en la misma fecha en que deba presentarse
la declaración de consolidación del ejercicio fiscal de en
2012.
d) 15% en la misma fecha en que deba presentarse
la declaración de consolidación del ejercicio fiscal de en
2013.
e) 15% en la misma fecha en que deba presentarse
la declaración de consolidación del ejercicio fiscal de en
2014.
..."
Por lo anteriormente expuesto, los miembros de esta Comisión
de Hacienda y Crédito Público, sometemos a la consideración
del Pleno de esta Honorable Asamblea, para efectos del artículo
72, fracción A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Decreto por el que se reforma el Artículo Cuarto,
fracción VI, segundo párrafo, incisos b), c), d) y e) del
"decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos
en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal
de la Federación y del decreto por el que se establecen las obligaciones
que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma
y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación
y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1 de abril de 1995, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 7 de diciembre de 2009
Artículo Único. Se reforma el
Artículo Cuarto, fracción VI, segundo párrafo,
incisos b), c), d) y e), del decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta,
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor
Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto
por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse
en Unidades de Inversión; y Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones
del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 1 de abril de 1995, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de diciembre de 2009, para quedar como sigue:
Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre
la Renta
Artículo Cuarto. ...
VI. ...
b) 25% en la misma fecha en que deba presentarse
la declaración de consolidación del ejercicio fiscal en 2011.
c) 20% en la misma fecha en que deba presentarse
la declaración de consolidación del ejercicio fiscal en 2012.
d) 15% en la misma fecha en que deba presentarse
la declaración de consolidación del ejercicio fiscal en 2013.
e) 15% en la misma fecha en que deba presentarse
la declaración de consolidación del ejercicio fiscal en 2014.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a
10 de febrero de 2010.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público
Diputados: Mario Alberto Becerra
Pocoroba (rúbrica), presidente; Graciela Ortiz González (rúbrica),
David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica),
Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel
Báez Ceja, Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur
Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez,
Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica), María Guadalupe García
Almanza (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica),
Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos
Ramírez (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade
(rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica),
Raúl Gerardo Cuadra García, Mario Alberto di Costanzo Armenta
(rúbrica), Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Ildefonso Guajardo
Villarreal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica),
Silvio Lagos Galindo, Juan Carlos Lastiri Quirós, Sebastián
Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levín
Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica),
Emilio Andrés Mendoza Kaplan, José Narro Céspedes,
Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa
(rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica),
Claudia Ruiz Massieu Salinas, María Esther de Jesús Scherman
Leaño, Luis Videgaray Caso.
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
los senadores Juan Bueno Torio, Ramiro Hernández García y
Arturo Hérviz Reyes, integrantes de la Comisión Especial
para la Agroindustria Azucarera, presentaron el 13 de noviembre de 2007
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
el inciso a), fracción I, del artículo 8 y la fracción
V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios.
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades
que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 60, 65, 87 y 88 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes
señalada y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron
los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público,
reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
1. En sesión de la honorable Cámara de
Senadores del 13 de noviembre de 2007, los senadores Juan Bueno Torio,
Ramiro Hernández García, Arturo Hérviz Reyes, e integrantes
de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera presentaron
la iniciativa que reforma y adiciona el inciso a), fracción I, del
artículo 8 y la fracción V del artículo 13 de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la honorable
Cámara de Senadores dispuso que esta iniciativa se turnara a la
Cámara de Diputados, en términos de lo dispuesto por el artículo
72, fracción h) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
3. En sesión del 20 de noviembre de 2007 de esta
honorable Cámara de Diputados, se recibió oficio de la Cámara
de Senadores, con el que remitió la citada Iniciativa y en esa misma
fecha la Mesa Directiva de esta Cámara, la turnó a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
4. El 11 de marzo de 2008, la Comisión de Hacienda
y Crédito Público llevó a cabo reunión de trabajo
con la Cámara de la Industria de Vinos y Licores y con la Asociación
Nacional de la Industria de Bebidas Alcohólicas y Conexos, en la
cual se contó con la presencia e intervención de servidores
públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y del Servicio de Administración Tributaria.
5. El 18 de marzo de 2009, la Comisión de Hacienda
y Crédito Público emitió dictamen con proyecto de
Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mismo que
fue publicado en la Gaceta Parlamentaria como dictamen de primera lectura
el 19 de marzo de 2009.
6. El 21 de abril de 2009, se publicó en la Gaceta
Parlamentaria el mencionado dictamen como dictamen a discusión.
7. El 6 de octubre de 2009 y de conformidad con el acuerdo
relativo a los dictámenes de Proyectos de ley o decreto y proposiciones
con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el Pleno de
la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, aprobado el 17 de septiembre
del año en curso, y en cumplimiento del Punto Tercero del mismo,
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, copia del
dictamen positivo con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona
el inciso A), fracción I, del artículo 8 y fracción
V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, para reiniciar su trámite legislativo conforme a las
disposiciones normativas relativas al análisis y discusión.
Descripción de la iniciativa
En la iniciativa en estudio se propone reformar el inciso
a) fracción I del artículo 8o. y la fracción V del
artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, con el fin de eximir del pago de dicho impuesto a la enajenación
e importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.
Los argumentos que se expresan en la exposición
de motivos que sustentan esta iniciativa son los siguientes:
"En los últimos años se ha observado un
serio daño a la agroindustria azucarera y alcoholera que pone en
riesgo considerable la supervivencia de la misma, situación provocada
por los problemas en la producción, comercialización e importación
informal de azúcar y de alcohol etílico y necesitamos atender
los factores que generan esta problemática.
En el caso del alcohol etílico se está enfrentando
una competencia desleal derivada del manejo del impuesto especial sobre
producción y servicios (IEPS), ya que se cobra cuando es alcohol
de contrabando y cuando es producido por mieles incristalizables que tienen
un destino agropecuario fue derivada de la producción de alcohol.
De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción
y Servicios, vigente a partir del 1 de enero de 2004, se graba (sic) la
enajenación e importación del alcohol, alcohol desnaturalizado
y mieles incristalizables con una tasa del 50 por ciento del valor de la
enajenación, pero se permite a los adquirentes de los productos
referidos el acreditamiento del impuesto pagado en la adquisición
de los mismos, contra el propio IEPS, y los impuestos sobre la renta (ISR),
al valor agregado (IVA) y al activo.
Desde la entrada en vigor de la tasa del 50 por ciento
de IEPS y hasta la fecha, los productores y comercializadores de alcohol
etílico informales, apoyados en la evasión del 50 por ciento
de IEPS y el 15 por ciento del IVA, cobran a sus clientes al momento de
la venta los impuestos antes referidos, sin enterarlos al Estado; con esta
práctica ha mermado la recaudación de la Secretaría
de Hacienda, pues mientras éstos no realizan el entero de los impuestos,
sus clientes, a quienes enajenan el producto, acreditan lo pagado, bien
sea contra el IEPS (productores de bebidas alcohólicas); el ISR,
IVA o el impuesto al activo (en el resto de los adquirentes del producto),
con esto quebrantan la recaudación total esperada por la Secretaría
de Hacienda, pues implica permitir un acreditamiento de cantidades de dinero
que nunca fueron recibidos por dicha Secretaría.
Asimismo, el alcohol y el alcohol desnaturalizado representan
un insumo importante en la cadena de producción de la industria
química, farmacéutica, alimenticia, hospitalaria y cosmética,
industrias que innecesariamente financian un impuesto con una tasa altísima
que representa el 50 por ciento del valor del producto adquirido al momento
de la compra, que posteriormente acreditan contra otros impuestos al momento
de presentar sus declaraciones.
Por otra parte, la aplicación del impuesto hace
sumamente atractivo el contrabando de alcohol etílico, la producción
y comercialización clandestina del mismo, en detrimento de la importación,
producción y comercialización formal, la cual sí está
pagando el IEPS, el IVA, el ISR y, en su caso, el impuesto al activo correspondientes.
Esta práctica de comercio informal ha venido afectando
de manera considerable a los productores, importadores y comercializadores
formales, pues enfrentan una competencia desleal, que genera la depreciación
del alcohol etílico en el mercado, toda vez que los recursos que
obtienen aquellos que operan al margen de la ley, con la evasión
del 50 por ciento del IEPS y el 15 por ciento del IVA, les permite reducir
los precios de venta a niveles incluso por debajo del costo de producción
e importación del mercado formal, situación que esta aniquilando
al mismo, pues no se puede competir bajo estas circunstancias con economías
obscuras y subterráneas que con dichas prácticas están
exterminando a la agroindustria azucarera y alcoholera del país,
que está dejando de producir alcohol etílico, con el consecuente
daño a la economía de miles de familias mexicanas que viven
de esta rama y que, de no corregirse esta situación, sufrirán
los estragos del desempleo y pasarán a engrosar las filas de los
millones de pobres que existen en este país.
Es importante dejar claro, que esta propuesta de reforma
fiscal deja intacta la recaudación que la Secretaría de Hacienda
obtiene por la enajenación e importación de bebidas alcohólicas,
entendiendo por éstas las que a la temperatura de 15 grados centígrados
tengan una graduación alcohólica de más de 3º
G.L., hasta 55º G.L., incluyendo el aguardiente y los concentrados
de bebidas alcohólicas aun cuando tengan una graduación alcohólica
mayor, de conformidad con lo que señala el artículo 3 de
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; esto
asegura a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
la obtención del ingreso en materia del Impuesto arriba señalado,
proyectado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 en el apartado
concerniente a las bebidas alcohólicas.
Por otro lado es importante mencionar que el Consejo de
Salubridad General emitió un acuerdo, con fecha 5 de julio del 2004,
que entró en vigor a los 30 días naturales siguientes de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que
en sus artículos primero, incisos III y IV, segundo, inciso I, y
artículo cuarto señala lo siguiente:
Primero.
III. Queda prohibida la venta, distribución, comercialización,
suministro o expendio al público en general de cualquier presentación
de alcohol etílico sin desnaturalizar en farmacias, boticas, droguerías,
tiendas de autoservicio, misceláneas, lonjas mercantiles, tiendas
de abarrotes y, en general, cualquier establecimiento con actividad empresarial
o comercial que tenga trato directo con el público en general.
IV. El alcohol etílico sin desnaturalizar sólo
podrá ser destinado para su uso en procesos productivos, por lo
que su venta será exclusivamente para uso industrial.
Segundo.
Para la aplicación del presente acuerdo, se entenderá
por:
I. Alcohol etílico (etanol), el producto que se
obtiene por destilación y rectificación de mostos fermentados
cuya fórmula es CH3-CH2-OH, cuyo contenido alcohólico es
mayor de 55º G.L.
a. Alcohol etílico desnaturalizado, el alcohol
etílico al cual se la ha añadido agua destilada o purificada
y un desnaturalizante.
b. Alcohol etílico sin desnaturalizar (etanol),
es el alcohol etílico con pureza mayor de 55 por ciento, al cual
no se la ha añadido ningún desnaturalizante.
Cuarto.
Los requisitos sanitarios que se deben observar para el
alcohol etílico sin desnaturalizar (etanol) para uso industrial,
adicionalmente a los que se contiene la Ley General de Salud, sus Reglamentos
y demás disposiciones generales aplicables, son:
a. Etiquetado o marcado del envase: Cada envase del producto
debe llevar una etiqueta o impresión permanente, visible e indeleble
en tinta color visible salvo los colores azul o rojo, formato horizontal
o vertical en caracteres de tamaño proporcional al envase, sin que
las palabras o figuras hagan alusión o referencia a bebidas alcohólicas
y en idioma español, y con los siguientes datos:
- Alcohol etílico (etanol) de concentración
mayor de 55° G.L.
- Nombre comercial del producto, marca o logotipo que
no sugiera bebida alcohólica.
- Nombre o razón social del fabricante, distribuidor,
expendedor, importador, envasador o reenvasador del producto o propietario
del registro y domicilio donde se elabore el producto.
- Número de registro otorgado por la autoridad
sanitaria.
- Número de lote.
- Contener las siguientes leyendas precautorias:
"Alcohol etílico sin desnaturalizar. Sustancia
toxica. No ingerir."
"Exclusivamente para uso industrial."
"Material peligroso clase 3. Liquido inflamable."
"No se deje destapado, evite el contacto con los ojos."
"No se deje al alcance de los niños."
"Prohibida su venta a granel."
"Prohibida su venta al público en general, en farmacias,
boticas, droguerías y, en general, en cualquier tipo de establecimiento
con atención al público en general."
"No debe beberse, sustancia toxica."
"Hecho en México."
En función al acuerdo del Consejo de Salubridad
General, cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación
fue posterior a la entrada en vigor del gravamen del 50 por ciento de IEPS
al alcohol sin desnaturalizar, quedó claramente definido que dicho
producto solo puede ser usado como insumo en diversos procesos industriales
y queda prohibida su venta para cualquier otro fin.
Por lo anteriormente expuesto, se propone que se exima
del pago del IEPS a la enajenación e importación del alcohol,
alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, como ocurrió
en el periodo comprendido del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre del
2003, periodo durante el cual la Secretaría de Hacienda no sufrió
ningún menoscabo en sus ingresos vía recaudación fiscal,
lo anterior con el fin de erradicar de manera inmediata el atractivo que
representa la evasión fiscal para aquellas personas físicas
y morales que se manejan al margen de la ley."
Consideraciones de la comisión
La comisión que dictamina considera adecuado que
se exima del pago del impuesto especial sobre producción y servicios
a la enajenación e importación de alcohol, alcohol desnaturalizado
y mieles incristalizables, sujetando dicha exención al cumplimiento
de obligaciones formales, por las razones que a continuación se
exponen:
A partir de 2004 se reformó el tratamiento impositivo
aplicable a la enajenación e importación de alcohol y alcohol
desnaturalizado, eliminando la exención que se establecía
en la propia ley de la materia, y que opera siempre que los contribuyentes
cumplieran con determinadas obligaciones de control. Esta medida tuvo por
objeto que el impuesto especial sobre producción y servicios que
se trasladara a los adquirentes de dichos productos sirviese de control
en la medida en que el impuesto es acreditable por los adquirentes mencionados.
Así mismo, a partir del año citado quedó también
gravada la enajenación e importación de mieles incristalizables.
Adicionalmente, el tratamiento aplicable a estos productos
se complementa con dos medidas emitidas por el Ejecutivo Federal que consisten
en eximir del pago del impuesto a la enajenación de mieles incristalizables,
ya que estos productos son utilizados primordialmente en la producción
de alimento balanceado para la engorda de ganado y en eximir del pago del
impuesto a la enajenación de alcohol desnaturalizado que se realice
tanto a hospitales privados como a dependencias del sector salud, cuando
se enajene en envases de hasta 20 litros y al público en general
cuando se realice en envases de hasta 1 litro, toda vez que el alcohol
desnaturalizado tiene como uno de sus principales destinos, ser utilizado
como material de curación, antiséptico y germicida de uso
externo tanto en el mencionado sector público de salud como en hospitales
privados. Estas medidas se establecieron en los artículos quinto
y sexto del "decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales
a los contribuyentes que se mencionan", publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de abril de 2004.
Sin embargo, en la aplicación del impuesto especial
sobre producción y servicios a la enajenación e importación
de alcohol y alcohol desnaturalizado, se tiene conocimiento que existe
un sector de productores de estos bienes que si bien cumplen con algunas
obligaciones formales y de control, como son las de estar inscritos en
el registro federal de contribuyentes y expedir los comprobantes por la
venta de los productos mencionados, no enteran el impuesto que ya trasladaron
a sus clientes, y que además, se sustraen del control y vigilancia
de las autoridades fiscales cambiando de domicilio, sin presentar los avisos
a que están obligados.
Lo anterior, además de constituir una práctica
de evasión fiscal tiene un efecto adicional en la recaudación
impositiva, toda vez que los adquirentes de los productos mencionados acreditan
el impuesto especial sobre producción y servicios que les fue trasladado
contra el propio impuesto que a su vez ellos causan, como es el que se
genera en la enajenación de bebidas alcohólicas o, bien,
tratándose de la elaboración de productos distintos a dichas
bebidas, el impuesto se acredita contra el impuesto sobre la renta propio
y retenido, así como contra el impuesto al valor agregado.
Asimismo, esta Dictaminadora observa que las prácticas
indebidas mencionadas permiten que los contribuyentes utilicen el impuesto
especial sobre producción y servicios para disminuir el precio de
venta de alcohol y alcohol desnaturalizado, y con ello competir de manera
desleal con los contribuyentes que cumplen correctamente con sus obligaciones
fiscales.
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera
conveniente eximir del pago del impuesto especial sobre producción
y servicios a la enajenación e importación de alcohol, alcohol
desnaturalizado y mieles incristalizables a efecto de combatir las prácticas
anteriormente descritas, mismas que, como se ha expuesto, afectan gravemente
tanto al fisco federal como al sector formal productor de alcohol.
Esta dictaminadora también estima adecuado que
la exención mencionada se condicione al cumplimiento de diversas
obligaciones formales consistentes básicamente en llevar controles
físicos de los volúmenes de alcohol, alcohol desnaturalizado
y mieles incristalizables fabricados, producidos o envasados, así
como proporcionar información sobre la producción, enajenación
o importación de dichos productos, de los principales clientes y
proveedores y de las características de los equipos utilizados para
la producción, destilación, envasamiento y almacenaje, lo
que permitirá conocer tanto la producción como el destino
final de los productos mencionados.
No obstante lo anterior, la que dictamina considera necesario
hacer algunas modificaciones en el inciso a) de la fracción I del
artículo 8o. que se propone en la iniciativa, respecto a las referencias
a diversas fracciones del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, que establecen obligaciones de control,
ya que no todas las obligaciones que se listan en dicho inciso son aplicables
a los productores, enajenadores o envasadores, debido a que algunas de
ellas son aplicables exclusivamente a los importadores, como sería
el caso de las obligaciones de inscribirse en los padrones sectorial y
específico a que se refieren las fracciones XI y XIX, respectivamente,
del citado artículo 19. En el mismo sentido, se proponen modificaciones
a la fracción V del artículo 13 de la iniciativa que se dictamina,
ya que algunas obligaciones no son aplicables a los importadores.
También esta dictaminadora observa que en la iniciativa
se propone reformar el inciso a) de la fracción I del artículo
8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
inciso que actualmente prevé una exención en materia de este
impuesto que mediante cuota se aplica a las gasolinas y diesel. Por ello,
el inciso a) mencionado debe conservarse en los términos vigentes.
Por la razón expuesta es que la que dictamina considera conveniente
que la incorporación de la exención que se propone en la
iniciativa en estudio se establezca mediante la adición de un inciso
e) a la fracción I del artículo 8o. del ordenamiento de referencia.
Por otra parte, habida cuenta que el propósito
de estas modificaciones consiste en desincentivar la producción,
elaboración y comercialización de alcohol, alcohol desnaturalizado
y mieles incristalizables por personas que se encuentran en la informalidad,
y toda vez que los fabricantes de los productos mencionados que cumplan
correctamente sus obligaciones fiscales estarán exentos, se hace
necesario eliminar la mecánica de acreditamiento que hoy día
pueden aplicar los adquirentes de dichos productos, contenida en el tercer
párrafo del artículo 4o. de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios.
En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, para los efectos del Artículo
72, inciso A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el siguiente
Decreto por el que se adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios
Artículo Único. Se adicionan
los artículos 8o., fracción I, con un inciso e) y 13, con
una fracción V, y se deroga el artículo 4o., tercer
párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
Tercer párrafo. (Se deroga).
...
Artículo 8o. ...
I. ...
e) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables,
siempre que por su enajenación se cumpla con las obligaciones establecidas
en el artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VI,
VIII, X, XII y XIV de esta Ley y las demás obligaciones que establezcan
las disposiciones fiscales.
...
Artículo 13. ...
V. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables,
siempre que por su importación se cumpla con las obligaciones establecidas
en el artículo 19, fracciones I, VI, VIII, XI, XIV y XIX de esta
Ley y las demás obligaciones que establezcan las disposiciones fiscales.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en al Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente
decreto, se dejan sin efecto en lo que se opongan al mismo las disposiciones
de carácter administrativo, consultas e interpretaciones de carácter
general contenidas en circulares o publicadas en el Diario Oficial de la
Federación en materia del impuesto especial sobre producción
y servicios.
Tercero. Las personas físicas y morales
que adquirieron o importaron alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles
incristalizables, podrán acreditar el impuesto especial sobre producción
y servicios que les hubiera sido trasladado en las adquisiciones realizadas
o el que hubiesen pagado con motivo de la importación de los bienes
mencionados, con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto,
en los términos del tercer párrafo del artículo 4o.
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente
hasta antes de la entrada en vigor de este decreto.
Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados
a 10 de febrero de 2010.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público
Diputados: Mario Alberto Becerra
Pocoroba (rúbrica), presidente; Graciela Ortiz González (rúbrica),
David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica),
Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel
Báez Ceja, Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur
Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez,
Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica), María Guadalupe García
Almanza (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica),
Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos
Ramírez (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade
(rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica),
Raúl Gerardo Cuadra García, Mario Alberto di Costanzo Armenta
(rúbrica), Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Ildefonso Guajardo
Villarreal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica),
Silvio Lagos Galindo, Juan Carlos Lastiri Quirós, Sebastián
Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levín
Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica),
Emilio Andrés Mendoza Kaplan, José Narro Céspedes,
Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa
(rúbrica), José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica),
Claudia Ruiz Massieu Salinas, María Esther de Jesús Scherman
Leaño, Luis Videgaray Caso.
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA
TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES
DE INFORMACIÓN CREDITICIA, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO
A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO Y DE LA LEY DEL BANCO
DE MÉXICO
Febrero 10 de 2010
Honorable Asamblea:
Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos la H. Cámara de
Senadores remitió Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia
y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones
de Crédito, de la Ley para regular las Sociedades de Información
Crediticia, de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en
el Crédito Garantizado, y de la Ley del Banco de México.
Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y
Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren
los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron
al análisis de la minuta antes señalada y conforme a las
deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sometemos
a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
1. En sesión celebrada por la Cámara de
Senadores del 21 de abril de 2009, fue presentado el dictamen correspondiente,
y aprobado en lo general por 71 votos, 11 en contra y se turnó a
la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.
2. En sesión de la misma fecha, la Mesa Directiva
turnó la minuta en comento a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, para su estudio y dictamen.
3. El 23 de abril de 2009, la Comisión de Hacienda
y Crédito Público emitió el dictamen con proyecto
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las
Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros,
de Instituciones de Crédito, para regular las Sociedades de Información
Crediticia, de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito
Garantizado, y del Banco de México, mismo que fue publicado en la
Gaceta Parlamentaria del 28 de abril de 2009 como dictamen de primera lectura.
4. El 30 de abril de 2009, el dictamen mencionado fue
publicado en la Gaceta Parlamentaria como dictamen a discusión.
5. El 6 de octubre de 2009 y de conformidad con el Acuerdo
relativo a los Dictámenes de Proyectos de Ley o Decreto y Proposiciones
con Punto de Acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el Pleno de
la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, aprobado el 17 de septiembre
del año en curso, y en cumplimiento del Punto Tercero del mismo,
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, copia del
dictamen positivo con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento
de los Servicios Financieros; de la Ley de Instituciones de Crédito;
de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia;
de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito
Garantizado, y de la Ley del Banco de México, para reiniciar su
trámite legislativo conforme a las disposiciones normativas relativas
al análisis y discusión.
Descripción de la minuta
La minuta aprobada por la colegisladora implica la reforma
de cinco ordenamientos legales diferentes, a saber, la Ley para la Transparencia
y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de
Crédito, la Ley para regular las Sociedades de Información
Crediticia, la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el
Crédito Garantizado y la Ley del Banco de México.
Se establecen modificaciones de la Ley para la Transparencia
y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que otorgan mayores atribuciones
al Banco de México en materia de regulación de tasas de interés
y comisiones con la opinión de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de
Competencia.
Se incorporó en la ley que cuando la Comisión
Federal de Competencia detecte prácticas que vulneren la competencia
y libre concurrencia, ésta actuará conforme a las atribuciones
que le otorga la Ley Federal de Competencia Económica, y lo informará
al Banco de México.
Por otra parte, se incorporó que la regulación
que emita el Banco de México propiciará que se otorguen préstamos
en condiciones accesibles y razonables, para lo cual deberá tomar
en cuenta las condiciones de financiamiento prevalecientes en el mercado
nacional, el costo de captación, los costos para el otorgamiento
y administración de los créditos, las probabilidades de incumplimiento
y pérdidas previsibles, la adecuada capitalización de las
instituciones, así como otros aspectos pertinentes.
Asimismo, dicho banco central vigilará que las
instituciones de crédito otorguen créditos en condiciones
accesibles y razonables, y tomará las medidas correctivas que correspondan,
incluso estableciendo límites a las tasas de interés aplicables,
para lo cual podrá tomar en cuenta fórmulas de derecho comparado
relevantes.
La regulación que emita el Banco de México
podrá diferenciarse por productos o segmentos de mercado, con esta
atribución se otorga mayor flexibilidad para que se emita regulación
adecuada a la situación que se pretenda combatir.
La regulación que emita el Banco de México
con base en sus nuevas atribuciones procurará que los sectores de
la población de bajos ingresos no queden excluidos de los esquemas
de crédito.
Se prevé que el Banco de México emita reglas
que limiten o prohíban comisiones que no tienen justificación
con base en ciertos principios claramente establecidos en ley entre los
que se encuentra que sólo se pueden cobrar comisiones que efectivamente
se vinculen con servicios prestados al cliente o por operaciones realizadas
por este, que las entidades no pueden cobrar más de una comisión
por un mismo hecho generador, y se prohíbe toda comisión
que inhiba la movilidad o migración de los clientes de una institución
a otra, esto último, a efecto de fomentar la competencia entre prestadores
de servicios financieros.
Se establecen principios de transparencia y claridad en
la información relativa a las comisiones que se cobren por servicios
financieros que deberán cumplir todos los obligados conforme esta
ley, a efecto de que los clientes de las entidades financieras cuenten
con elementos que les permitan tomar una decisión informada para
elegir o cambiar de prestador de servicios financieros según le
convenga.
Por otra parte, el Banco de México estará
obligado por ley a publicar periódicamente indicadores sobre el
comportamiento de las tasas de interés y comisiones, a efecto de
que los resultados de la implantación de estas nuevas normas puedan
ser medidos en su eficacia a través de esta información.
Asimismo, se faculta al Banco de México para vetar
la entrada en vigor de los aumentos en las comisiones cuando estos no sean
justificables.
Por otra parte, en la propia Ley para la Transparencia
y Ordenamiento de los Servicios Financieros se incorpora el concepto de
la Ganancia Anual Total o GAT, a semejanza del CAT con la finalidad de
que la población en general esté informada de los rendimientos
reales que otorgan las instituciones de crédito y las entidades
de ahorro y crédito popular.
Con dicha inclusión se fomenta la transparencia
en las operaciones de depósito y se fortalece la posición
de los clientes de este tipo de entidades financieras, con la finalidad
de que puedan tomar decisiones informadas sobre la elección de la
entidad con la que les conviene contratar sus inversiones.
Este nuevo concepto será determinado por el Banco
de México en disposiciones de carácter general a semejanza
del CAT. También se prevé que el GAT deba aparecer en la
publicidad y los contratos de adhesión, en términos de las
reglas de carácter general que se emitan sobre dichos conceptos.
Por otra parte, se regula que Banxico autorice para organizarse
y operar a las Cámaras de Compensación y se les obliga a
enlazar sus sistemas de procesamiento de operación de medios de
disposición, a efecto de que no existan barreras a la competencia
en este tipo de enlaces.
Para tales efectos se prevé que el enlace no genere
contraprestación alguna, salvo por los gastos de instalación.
Asimismo, se prevé que los cargos que cobren las
cámaras de compensación por sus servicios a sus participantes
no podrán determinarse en función de la participación
accionaria o ausencia de participación, con la finalidad de que
no haya barreras a la competencia a través de dichas Cámaras.
En la Ley de Instituciones de Crédito, se prevé
que las instituciones de crédito que ofrezcan tarjetas de crédito
al público en general, ofrezcan obligatoriamente un producto básico
de tarjeta de crédito para los clientes elegibles. Con este producto
básico se garantiza la difusión y expansión de los
servicios de crédito a la población que actualmente no accede
a ellos.
Este tipo de producto tiene limitaciones en las comisiones
que puede cobrar por anualidad. Asimismo, este producto se estandariza
en cuanto a su funcionamiento y se limita en cuanto al monto del crédito
a efecto de homologarlo al producto básico de depósito que
ya se prevé en la Ley de Instituciones de Crédito.
Asimismo, se refuerza la regulación en materia
de producto básico de depósito a efecto de disminuir los
costos del mismo.
Por otra parte, se incorporan reglas para facilitar la
movilidad de los clientes entre instituciones, para lo cual se faculta
a las instituciones receptoras de estas operaciones para llevar a cabo
el traspaso de las mismas.
Asimismo, se facilitan los medios a través de los
cuales se pueden llevar a cabo la cancelación de operaciones.
En la Ley para regular las Sociedades de Información
Crediticia se establece que los reportes de crédito y los reportes
de crédito especiales contengan obligatoriamente la información
de las demás sociedades de información crediticia, sin perjuicio
de que los reportes se puedan consultar de forma separada en cuyo caso
es obligatorio consultar a las demás sociedades de información
crediticia.
Para tales efectos se prevén reglas para la fijación
de precios de intercambio de información y otros conceptos.
Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
podrá suspender actividades de las sociedades de información
crediticia en casos que se especifican en la propia ley con la finalidad
de que se fortalezca el cumplimiento a dicha ley.
La nueva normatividad en materia de Sociedades de Información
Crediticia, tiene como finalidad resolver el problema de competencia que
actualmente existe entre este tipo de sociedades.
Por ello se considera que la alternativa de obligar a
las sociedades de información crediticia a emitir reportes que consoliden
la información de otras sociedades de ese mismo tipo, elimina las
barreras a la competencia y la asimetría en la información
entre los reportes que emite cada una.
Asimismo, se prevé un régimen adecuado de
sanciones para reforzar las atribuciones de la autoridad, tales como la
facultad de ordenar la suspensión de operaciones en ciertos casos.
Asimismo, se faculta a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores para supervisar de forma más adecuada el borrado de
la información de las bases de datos. Adicionalmente se refuerzan
las normas que obligan a los usuarios de las sociedades de información
crediticia a entregar la información de manera completa.
La Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia
en el Crédito Garantizado, establece la obligación de los
otorgantes de créditos a la vivienda de otorgar la escritura en
la que se acredite la extinción de un crédito hipotecario.
Con ello se agiliza el trámite de cancelación de una hipoteca
en beneficio del acreditado.
En la Ley del Banco de México se otorgan las atribuciones
para regular comisiones, tasas de interés y cualquier otro concepto
de cobro de las entidades financieras, en los mismos términos de
las normas adicionadas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de
los Servicios Financieros.
Asimismo, establece la obligación de que el gobernador
del Banco de México comparezca una vez al año ante Comisiones
del Senado a rendir un informe del mandato de esta institución.
Se refuerza en dicha ley la obligación de presentar
un informe trimestral sobre la evolución económica y el comportamiento
de los indicadores económicos del país.
Asimismo, se establece la responsabilidad de los servidores
públicos del Banco de México a través de un juicio
político en caso de incumplir con las disposiciones de dicha ley.
Consideraciones de la Comisión
Primera. Esta comisión comparte el criterio
de la colegisladora en el sentido de que resulta imprescindible modular
la legislación vigente a efecto de dar una reorientación
al sistema bancario y una correcta aplicación de la política
monetaria que favorezca la pronta reivindicación de la economía
nacional.
En ese tenor, esta comisión dictaminadora comparte
la necesidad de implantar de manera inmediata normas en materia de comisiones
y tasas de interés, evaluación de competencia, transparencia
y protección de los usuarios de servicios financieros, así
como lo relativo a sus sanciones.
Segunda. Esta comisión considera que la
crisis económica nacional hace necesario un marco jurídico
más eficiente que permita dotar de protección, certeza y
cultura financiera a todos los agentes que participan del sistema financiero.
Tercera. Esta comisión coincide en que resulta
de fundamental importancia que las autoridades financieras del país
regulen con toda precisión y oportunidad, lo relativo a los costos
de las operaciones y servicios bancarios, favoreciendo a todos los agentes
económicos y a la estabilidad del sector financiero. Se coincide
en la necesidad de que el Banco de México tenga la facultad de vetar
el incremento o aplicación de comisiones bancarias, cuando distorsionen
el mercado.
Cuarta. Esta comisión considera que es impostergable
la obligación de resolver lo relativo a los niveles de tasas de
interés y comisiones por los servicios bancarios, protegiendo juiciosamente
a los usuarios, por lo que es importante la nueva obligación del
Banco de México para publicar periódicamente los indicadores
sobre el comportamiento de tasas de interés y comisiones, así
como reglas que limiten o prohíban la distorsión de sanas
prácticas bancarias.
Quinta. Esta comisión coincide en la presencia
claramente marcada de una asimetría entre las tasas aplicables para
los ahorradores (tasas pasivas), frente a las aplicables a los acreditados
(tasas activas), resultando a todas luces desproporcionadas e inclinando
la balanza en detrimento de los usuarios y con un desmedido nivel de utilidades
para los bancos que operan en México, por lo que se coincide en
la necesidad de establecer acciones contundentes frente a los abusos denunciados
y demostrados de la banca comercial, en general por las excesivas tasas
de interés y comisiones bancarias, que han producido el enojo social.
Para tales efectos, en la minuta se establecen nuevas
disposiciones en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros, las cuales dan mayores atribuciones a dicho instituto central
para emitir regulación en materia de tasas de interés y comisiones.
Cabe resaltar que la regulación que emitirá
el Banco de México con base en sus nuevas atribuciones procurará
que los sectores de la población de bajos ingresos no queden excluidos
de los esquemas de crédito.
En ese sentido, esta comisión dictaminadora considera
viable la aprobación de las normas que propone la minuta para la
regulación de tasas de interés y comisiones.
Sexta. Esta comisión dictaminadora considera
imprescindible aprobar las propuestas que establecen la minuta en materia
de principios de transparencia y claridad en la información relativa
a las comisiones que se cobren por servicios financieros.
Por otra parte, se considera acertado establecer que el
Banco de México estará obligado por ley a publicar indicadores
sobre el comportamiento de las tasas de interés y comisiones, a
efecto de que los resultados de la implementación de estas nuevas
normas puedan ser medidos en su eficacia a través de esta información.
Séptima. Esta comisión dictaminadora
considera muy relevante la propuesta de que los bancos bajo ninguna circunstancia
puedan cobrar comisiones que inhiban la movilidad o migración de
los usuarios de una institución a otra. Asimismo, la prohibición
de cobro entre las cámaras de compensación generará
mayor competencia entre las mismas lo que redunda en beneficio para los
usuarios de los servicios financieros.
Octava. Resulta de vital importancia la propuesta
de la minuta de que el Banco de México autorice la organización
y operación de las cámaras de compensación y se les
obligue a enlazar sus sistemas de procesamiento de operación de
medios de disposición, a efecto de que no existan barreras a la
competencia en este tipo de enlaces.
Para tales efectos, es muy relevante la propuesta de que
el enlace no genere contraprestación alguna, salvo por los gastos
de instalación.
Asimismo, se prevé que los cargos que cobren las
cámaras de compensación por sus servicios a sus participantes
no podrán determinarse en función de la participación
accionaria o ausencia de participación, con la finalidad de que
no haya barreras a la competencia a través de dichas cámaras.
Resulta de especial relevancia que se eliminen las barreras
competitivas para la entrada de nuevos participantes, prohibiendo los cobros
que pudieran impedir dicha entrada.
Novena. La que dictamina coincide en la necesidad
de que se prevea que las instituciones de crédito que ofrezcan tarjetas
de crédito al público en general, ofrezcan obligatoriamente
un producto básico de tarjeta de crédito para los clientes
elegibles.
Con este producto básico se garantiza la difusión
y expansión de los servicios de crédito a la población
que actualmente no accede a ellos, ya que este tipo de producto tiene limitaciones
en las comisiones que puede cobrar por anualidad, así como se estandariza
en cuanto a su funcionamiento y se limita en cuanto al monto del crédito,
a efecto de homologarlo al producto básico de depósito que
ya se prevé en la Ley de Instituciones de Crédito.
Décima. Esta comisión coincide en
la relevancia de incorporar reglas para facilitar la movilidad de los clientes
entre instituciones, para lo cual se faculta a las instituciones receptoras
de estas operaciones para llevar a cabo el traspaso de las mismas.
Asimismo, se facilitan los medios a través de los
cuales se pueden llevar a cabo la cancelación de operaciones.
Décima Primera. Esta comisión coincide
en la necesidad de establecer la obligación para el gobernador del
Banco de México de comparecer anualmente ante el Senado de la República,
a fin de informar sobre el cumplimiento de su mandato, lo que abona en
el criterio de transparencia.
Décima Segunda. La comisión que dictamina
considera acertadas las reformas de la Ley para regular las Sociedades
de Información Crediticia.
Entre las reformas más relevantes se encuentra
que los reportes de crédito y los reportes de crédito especiales
contengan obligatoriamente la información de las demás sociedades
de información crediticia.
Para tales efectos se prevén reglas para la fijación
de precios de intercambio de información y otros conceptos, entre
las que destaca el que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
pueda suspender las actividades de las sociedades de información
crediticia en ciertos casos, con la finalidad de que se fortalezca el cumplimiento
a la ley.
Por ello se considera que la alternativa de obligar a
las sociedades de información crediticia a emitir reportes que consoliden
la información de otras sociedades de ese mismo tipo, elimina las
barreras a la competencia y la asimetría en la información
entre los reportes que emite cada una.
Asimismo, debe resaltarse que en la minuta se prevé
un régimen adecuado de sanciones para reforzar las atribuciones
de la autoridad, tales como la facultad de ordenar la suspensión
de operaciones en ciertos casos y la mejora en la supervisión del
borrado de información negativa de las bases de datos.
Décima Tercera. La que dictamina coincide
en la necesidad de que se establezca la obligación de los otorgantes
de créditos a la vivienda de otorgar la escritura en la que se acredite
la extinción de un crédito hipotecario. Con ello se agiliza
el trámite de cancelación de una hipoteca en beneficio del
acreditado.
Por todo lo anterior, esta Comisión de Hacienda
y Crédito Público pone a consideración del Pleno,
para los efectos del Artículo 72, inciso A, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto
de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de
los Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito,
de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia,
de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito
Garantizado, y de la Ley del Banco de México.
Artículo Primero. Se reforman los
artículos 3; 4; 6, cuarto párrafo; y se adicionan los artículos
4 Bis; 4 Bis 1; 4 Bis 2; 8, segundo párrafo; 13 Bis; 15 Bis; 19,
segundo párrafo; 19 Bis; 43 Bis; 49, fracciones V, VI, VII y VIII;
y 49 Bis, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros, para quedar como sigue:
Artículo 3. ...
I. ...
II. Cámara de Compensación: a la entidad
central o mecanismo de procesamiento centralizado, a través del
cual se intercambian instrucciones de pago u otras obligaciones financieras,
relacionadas con cualquier medio de disposición;
III. a X. ...
XI. GAT: a la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos
porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación,
incorpora los intereses nominales capitalizables que generen las operaciones
pasivas a plazo, retirables en días preestablecidos y de ahorro,
que celebren las instituciones de crédito y las entidades de ahorro
y crédito popular con sus Clientes, menos todos los costos relacionados
con la operación, incluidos los de apertura;
XII. Medio de Disposición: a las tarjetas de débito
asociadas a depósitos bancarios de dinero a la vista, a las tarjetas
de crédito emitidas al amparo de un contrato de apertura de crédito,
a los cheques, a las órdenes de transferencia de fondos incluyendo
el servicio conocido como domiciliación, tarjetas prepagadas no
bancarias para la adquisición de bienes, así como aquellos
otros que el Banco de México reconozca mediante disposiciones de
carácter general.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo,
la emisión de tarjetas prepagadas para la adquisición de
bienes no autoriza a quienes las coloquen a captar recursos del público
ni a realizar intermediación financiera; y
XIII. Sistema de Pagos: a la serie de instrumentos, procedimientos,
reglas y sistemas para la transferencia de fondos.
Artículo 4. Para los fines previstos en el artículo
1 de esta ley, el Banco de México emitirá disposiciones de
carácter general para regular las tasas de interés, activas
y pasivas, Comisiones y pagos anticipados y adelantados de las operaciones
que realicen con sus Clientes, las instituciones de crédito, sociedades
financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas, así como para regular Cuotas de Intercambio tratándose
de Entidades.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere este
artículo, el Banco de México regulará las Comisiones
y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de cobro
de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes.
Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá
solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal
de Competencia.
La Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, las instituciones de crédito, las sociedades financieras
de objeto limitado o las sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas, podrán solicitar al Banco de México se evalúe
si existen o no condiciones razonables de competencia, respecto de operaciones
activas, pasivas y de servicios de las citadas entidades.
Al efecto, el Banco de México podrá también
actuar de oficio, y podrá solicitar la opinión de la Comisión
Federal de Competencia para que ésta, en un plazo no menor a treinta
días y no mayor a sesenta días naturales posteriores a su
solicitud, en términos de la Ley que la rige, determine entre otros
aspectos, si existe o no competencia efectiva, inflación, y los
mercados relevantes respectivos.
Con base en la opinión de la citada dependencia,
el Banco de México, en su caso, tomará las medidas regulatorias
pertinentes, las que se mantendrán sólo mientras subsistan
las condiciones que las motivaran. En la regulación, Banco de México
establecerá las bases para la determinación de dichas Comisiones
y tasas de interés, así como mecanismos de ajuste y periodos
de vigencia.
El Banco de México o las entidades sujetas a dicha
regulación, podrán solicitar a la Comisión Federal
de Competencia que emita opinión sobre la subsistencia de las condiciones
que motivaron la regulación.
Independientemente de las sanciones previstas en esta
Ley, el Banco de México podrá suspender operaciones con las
instituciones de crédito que infrinjan lo dispuesto en este precepto.
Lo previsto en este artículo no impide que el Banco
de México ejerza en cualquier momento las facultades a que se refiere
el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, así
como las previstas en la Ley del Banco de México; ni limita que
la Comisión Federal de Competencia pueda, en términos de
la Ley Federal de Competencia Económica, evaluar directamente si
existen o no condiciones razonables de competencia.
La Comisión Federal de Competencia, cuando detecte
prácticas que vulneren el proceso de competencia y libre concurrencia
en materia de tasas de interés, impondrá las sanciones que
correspondan de conformidad con la Ley que la rige e informará de
ello al Banco de México.
El Banco de México propiciará que las instituciones
de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades
financieras de objeto múltiple reguladas otorguen préstamos
o créditos en condiciones accesibles y razonables. Para ello, deberá
tomar en cuenta las condiciones de financiamiento prevalecientes en el
mercado nacional, el costo de captación, los costos para el otorgamiento
y administración de los créditos, las probabilidades de incumplimiento
y pérdidas previsibles, la adecuada capitalización de las
instituciones y otros aspectos pertinentes.
El Banco de México vigilará que las mencionadas
instituciones otorguen préstamos o créditos en condiciones
accesibles y razonables, y tomará las medidas correctivas que correspondan
a fin de que tales operaciones se ofrezcan en los términos antes
señalados, incluso, estableciendo límites a las tasas de
interés aplicables a operaciones específicas; en cuyo caso
podrá tomar en cuenta fórmulas de derecho comparado relevantes.
El Banco de México podrá diferenciar su aplicación
por tipos de crédito, segmentos de mercado o cualquier otro criterio
que resulte pertinente, así como propiciar que los sectores de la
población de bajos ingresos no queden excluidos de los esquemas
de crédito.
Artículo 4 Bis. El Banco de México deberá
incorporar, en las disposiciones de carácter general que emita en
materia de Comisiones, normas que limiten o prohíban aquéllas
que distorsionen las sanas prácticas de intermediación, o
resten transparencia y claridad al cobro de las mismas.
En materia de regulación, el Banco de México,
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del
Consumidor, en el ámbito de sus respectivas competencias conforme
a esta ley, deberán considerar lo siguiente:
I. Las Entidades únicamente podrán cobrar
Comisiones que se vinculen con un servicio prestado al Cliente, o bien
por una operación realizada por él;
II. Las Entidades no podrán cobrar más de
una Comisión por un mismo acto, hecho o evento. Este mismo principio
aplicará cuando así lo determine el Banco de México
tratándose de actos, hechos o eventos en los que intervengan más
de una Entidad Financiera; y
III. Las Entidades no podrán cobrar Comisiones
que inhiban la movilidad o migración de los Clientes de una Entidad
Financiera a otra.
Asimismo, las Entidades Financieras tienen prohibido cobrar
Comisiones a Clientes o Usuarios por los siguientes conceptos:
a) Por la recepción de pagos de Clientes o Usuarios
de créditos otorgados por otras Entidades Financieras;
b) Por consulta de saldos en ventanilla; y
c) Al depositante de cheque para abono en su cuenta, que
sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado.
Lo previsto en este artículo no limita o restringe
las atribuciones del Banco de México en los términos del
artículo 4 de esta ley.
Artículo 4 Bis 1. Las Comisiones que las Entidades
determinen deberán ser claras y transparentes, para lo cual se sujetarán
a lo siguiente:
I. Utilizar lenguaje sencillo y comprensible al establecer
el concepto de la Comisión y los elementos que la integran;
II. Informar el importe al que asciende la Comisión
o, en su caso, el método de cálculo;
III. Identificar de manera clara el hecho, acto o evento
que la genere;
IV. Señalar la fecha en la que se realizó
el hecho que la haya generado, así como la fecha en la que debe
efectuarse su pago; y
V. Prever el periodo que comprende o, en caso de ser cobro
único, señalar esta circunstancia, así como su fecha
de exigibilidad.
Artículo 4 Bis 2. Con objeto de incrementar la competencia
en el sistema financiero, el Banco de México publicará bimestralmente
información e indicadores sobre el comportamiento de las tasas de
interés y Comisiones correspondientes a los diferentes segmentos
del mercado, a fin de que los Usuarios cuenten con información que
les permita comparar el costo que cobran las instituciones de crédito,
sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras
de objeto múltiple reguladas en los diferentes productos que ofrecen.
Esta información deberá publicarse por dichas
instituciones y sociedades en los estados de cuenta que se envían
a los Clientes en forma clara y visible, ya sea por escrito, electrónico
o de cualquier otra forma, refiriendo las tasas, Comisiones y comparativos
al segmento de operaciones que se incluyen en dicho estado de cuenta y
que realiza el Cliente.
Artículo 6. ...
...
...
El Banco de México tendrá la facultad de
formular observaciones a la aplicación de dichas Comisiones cuando
sean nuevas o impliquen un incremento, dentro de los quince días
hábiles siguientes a aquél en que las citadas Entidades Financieras
las hagan de su conocimiento. Antes de ejercer la citada facultad el Banco
de México escuchará a la Entidad de que se trate. El Banco
de México hará públicas las observaciones que en su
caso formule conforme a este párrafo. En el supuesto de que el Banco
de México haya formulado y publicado observaciones en cuanto a la
creación o incremento de las Comisiones, y las Entidades a que se
refiere el primer párrafo de este artículo, decidan aplicar
las nuevas Comisiones o el incremento observado, el Banco de México
podrá vetarlo. De no existir observaciones, las Comisiones entrarán
en vigor.
...
Artículo 8. ...
El Banco de México establecerá a través
de disposiciones de carácter general, la fórmula, los componentes
y la metodología de cálculo de la GAT. En dichas disposiciones
el Banco de México establecerá los tipos y montos de las
operaciones a los que será aplicable la GAT.
Artículo 13 Bis. La Comisión Nacional y
la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus
respectivas competencias, cuando se trate de faltas graves y reiteradas,
podrán ordenar la suspensión de la celebración de
nuevas operaciones y servicios similares, hasta en tanto los estados de
cuenta sean modificados, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 de esta Ley.
Artículo 15 Bis. Tratándose de operaciones
pasivas que realicen las instituciones de crédito y las entidades
de ahorro y crédito popular a las que les sea aplicable la GAT de
acuerdo con las disposiciones a las que se refiere el artículo 8
de esta Ley, la publicidad y los Contratos de Adhesión deberán
contener dicha GAT, cuando así lo establezcan las disposiciones
de carácter general a que se refieren los artículos 11 y
12 de esta Ley.
Artículo 19. ...
Los cargos que las Cámaras de Compensación
cobren por la prestación de sus servicios a sus participantes, no
deberán determinarse en función de la tenencia accionaria
que, en su caso, tengan en las citadas Cámaras de Compensación.
Artículo 19 Bis. Para organizarse y operar como
Cámara de Compensación se requerirá autorización
que corresponderá otorgar al Banco de México.
Para tales efectos la interesada deberá presentar
la información y documentación que dicho Banco Central señale
a través de disposiciones de carácter general.
Las Cámaras de Compensación estarán
obligadas a enlazar sus sistemas de procesamiento de operación de
medios de disposición para responder las solicitudes de autorización
de pago, devoluciones y ajustes que les envíen otras Cámaras
de Compensación, en los términos que, mediante disposiciones
de carácter general, establezca el Banco de México.
Las Cámaras de Compensación no podrán
cobrar a otras Cámaras de Compensación contraprestación
por dicho enlace y por la transmisión de información entre
ellas o cualquier otro concepto, salvo los gastos directos de instalación.
Adicionalmente, las Cámaras de Compensación tendrán
prohibido establecer cualquier tipo de barrera de entrada a otras Cámaras
de Compensación.
Los estándares, condiciones y procedimientos aplicables
serán establecidos por el Banco de México mediante disposiciones
de carácter general. En dichas disposiciones se deberá propiciar
la eliminación de barreras de entrada a nuevas Cámaras de
Compensación.
Artículo 43 Bis. La Comisión Nacional sancionará
con multa de cuatro mil a veinte mil días de salario, a las entidades
financieras que no acaten la orden de suspender la celebración de
nuevas operaciones, de acuerdo con el artículo 13 Bis de la presente
Ley.
Los funcionarios, empleados o apoderados de las Entidades
Financieras que sean responsables de las infracciones a que se refiere
el artículo 43 de esta Ley y el párrafo anterior, podrán
ser suspendidos, inhabilitados o removidos de su encargo por la propia
Comisión.
Artículo 49. ...
I. a IV. ...
V. Incumplan con las disposiciones de carácter
general que emita el Banco de México en términos del artículo
4 Bis de esta Ley.
VI. Se abstengan de observar la fórmula, los componentes
y la metodología de cálculo de la GAT, que al efecto establezca
el Banco de México a través de disposiciones de carácter
general.
VII. Incumplan con lo señalado en los artículos
19 y 19 Bis, o en las disposiciones de carácter general que emita
el Banco de México en términos de tales preceptos.
VIII. Se abstengan de otorgar la información a
que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo
22 de esta Ley.
Artículo 49 Bis. El Banco de México podrá,
previo derecho de audiencia, suspender o limitar de manera parcial las
operaciones de las Cámaras de Compensación que incumplan
de manera reiterada lo previsto en los artículos 19 y 19 Bis, o
en las disposiciones que de ellos emanen.
Asimismo, el Banco de México podrá revocar
las autorizaciones mencionadas en el artículo 19 Bis, en caso de
que se infrinja de manera reiterada y grave lo previsto en los artículos
señalados en el párrafo anterior o en las disposiciones que
de éste emanen.
Artículo Segundo. Se reforman los
artículos 48 Bis 2 y 49 de la Ley de Instituciones de Crédito,
para quedar como sigue:
Artículo 48 Bis 2. Las instituciones de crédito
que reciban depósitos bancarios de dinero a la vista de personas
físicas, estarán obligadas a ofrecer un producto básico
bancario de nómina de depósito o ahorro, en los términos
y condiciones que determine el Banco de México mediante disposiciones
de carácter general, considerando que aquellas cuentas cuyo abono
mensual no exceda el importe equivalente a ciento sesenta y cinco salarios
mínimos diarios vigente en el Distrito Federal, estén exentas
de cualquier comisión por apertura, retiros y consultas o por cualquier
otro concepto en la institución que otorgue la cuenta. Además,
estarán obligadas a ofrecer un producto con las mismas características
para el público en general.
El Banco de México considerará la opinión
que las instituciones de crédito obligadas, le presenten sobre el
diseño y oferta al público del producto señalado en
el párrafo que antecede.
Las instituciones de crédito que otorguen a personas
físicas aperturas de crédito en cuenta corriente asociados
a tarjetas de crédito, estarán obligadas a mantener a disposición
de sus clientes que sean elegibles como acreditados, un producto básico
de tarjeta de crédito cuya finalidad sea únicamente la adquisición
de bienes o servicios, con las siguientes características:
I. Su límite de crédito será de
hasta doscientas veces el salario mínimo general diario vigente
en el Distrito Federal;
II. Estarán exentos de comisión por anualidad
o cualquier otro concepto; y
III. Las instituciones no estarán obligadas a incorporar
atributos adicionales a la línea de crédito de dicho producto
básico.
Artículo 49. Las instituciones de crédito deberán
recibir los requerimientos de sus clientes para dar por terminados los
contratos de adhesión que hubieren celebrado y, en su caso, liquidar
las operaciones activas o pasivas pendientes, en términos de la
normatividad aplicable, en cualquier sucursal o en las oficinas de la institución
de crédito correspondiente, cuando ésta no cuente con sucursales
para la atención al público.
El cliente, siempre y cuando así se hubiere pactado
con la institución de crédito, podrá presentar la
citada manifestación a través de equipos, medios electrónicos,
ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados
de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados
o públicos.
Los clientes de las instituciones de crédito podrán
realizar los requerimientos a que se refiere este artículo por medio
de otra institución de crédito que vaya a actuar como receptora
de las operaciones respectivas, en cuyo caso podrá efectuar los
trámites para llevar a cabo la cancelación de los referidos
contratos y, en su caso, la liquidación de las operaciones, bajo
su responsabilidad y sin comisión por tales gestiones. Para los
efectos de lo dispuesto en este párrafo la institución receptora
deberá recibir las solicitudes por escrito en la sucursal.
La Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, establecerá
mediante disposiciones de carácter general, los requisitos y procedimientos
para llevar a cabo lo dispuesto en el párrafo anterior.
Artículo Tercero. Se reforman los
artículos 2, fracciones VIII y IX; 20, párrafo primero; 36;
36 Bis; se adicionan los artículos 17, con un párrafo
tercero; 19, con las fracciones VI y VII, recorriéndose en su orden
la actual fracción VI para ser VIII, 19 Bis; 42, sexto y séptimo
párrafo; 62, fracciones V, VI y VII; y se deroga el artículo
66, fracciones VI, VII y VIII de la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia, para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
I. a VII. ...
VIII. Reporte de Crédito, la información
formulada documental o electrónicamente por una Sociedad para ser
proporcionada al Usuario que lo haya solicitado en términos de esta
ley, que cumpla con los requisitos del artículo 36 Bis de esta ley,
sin hacer mención de la denominación de las Entidades Financieras,
Empresas Comerciales o sofomes E.N.R., acreedoras;
IX. Reporte de Crédito Especial, la información
formulada documental o electrónicamente por una Sociedad que contenga
el historial crediticio de un Cliente que lo solicita en términos
de esta ley, que cumpla con los requisitos del artículo 36 Bis de
esta ley, y que incluye la denominación de las Entidades Financieras,
Empresas Comerciales o sofomes E.N.R., acreedoras;
X. a XV. ...
Artículo 17. ...
...
La Comisión estará facultada para solicitar
un informe trimestral a las Sociedades sobre el estado que guarda el proceso
de borrado de registros en los términos de la presente ley. Las
bases de datos que las Sociedades proporcionen a la Comisión podrán
ser conservadas por ésta durante tres meses para su cotejo, estando
obligados a destruirlas cuando haya fenecido éste último
plazo. La Comisión no podrá proporcionar esta información
a ningún tercero.
Artículo 19. ...
I. a IV. ...
V. Altere, modifique o elimine reiteradamente algún
registro de su base de datos, salvo los supuestos previstos en esta ley;
VI. Omitan de manera reiterada aplicar las tarifas que
determine la Comisión en términos de los artículos
36 ó 36 Bis de esta ley;
VII. Omitan de manera reiterada transmitir o actualizar
a otras Sociedades la información prevista en esta ley; y
VIII. Infrinja de manera grave o reiterada esta ley o
cualquier otra disposición aplicable.
Artículo 19 Bis. La Comisión podrá,
previo derecho de audiencia de las Sociedades, suspender o limitar de manera
parcial la realización de las actividades necesarias para la realización
de su objeto, en términos de esta ley, cuando dichas actividades
se ubiquen en cualquiera de los supuestos siguientes:
I. Se incumpla de manera reiterada con lo dispuesto
en esta ley o en las disposiciones de carácter general que de ella
emanen;
II. Se realicen operaciones prohibidas o que no le estén
expresamente permitidas o autorizadas en términos de esta Ley o
en las disposiciones que de ella emanen.
La orden de suspensión a que se refiere este artículo
es sin perjuicio de las sanciones que puedan resultar aplicables en términos
de lo previsto en esta Ley y demás disposiciones.
Artículo 20. La base de datos de las Sociedades
se integrará con la información sobre operaciones crediticias
y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los Usuarios.
Los Usuarios que entreguen dicha información a las Sociedades deberán
hacerlo de manera completa y veraz; asimismo, estarán obligados
a señalar expresamente la fecha de origen de los créditos
que inscriban y la fecha del primer incumplimiento. Las Sociedades no deberán
inscribir, por ningún motivo, créditos cuya fecha de origen
no sea especificado por los Usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad
en cartera vencida mayor a 72 meses. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en los artículos 23 y 24 de esta ley.
...
...
...
...
...
Artículo 36. Las Sociedades que por primera vez
proporcionen su Base Primaria de Datos a otras Sociedades deberán
transmitírselas en su totalidad, a más tardar dentro del
mes siguiente a aquél en que éstas se lo soliciten.
A fin de mantener actualizada la información, en
adición a lo señalado en el párrafo anterior, las
Sociedades deberán proporcionar la información capturada
cada mes en su Base Primaria de Datos a todas aquellas Sociedades que así
lo hubieren solicitado. La citada información deberá ser
proporcionada dentro de los quince días naturales siguientes al
mes en que hayan realizado la citada captura de información.
Las Sociedades deberán acordar en un plazo no mayor
a treinta días contados a partir del requerimiento que formule la
Comisión, los estándares, condiciones, procedimientos, así
como las cantidades a pagar entre sí por el intercambio de información
a que se refiere este artículo. Los acuerdos respectivos deberán
presentarse a la Comisión para su autorización, al igual
que sus modificaciones.
En caso de que las Sociedades no lleguen al acuerdo previsto
en el párrafo anterior, deberán sujetarse a las disposiciones
de carácter general que emita la Comisión, para lo cual,
ésta contará con un plazo de treinta días. Las Sociedades
deberán sujetarse a dichas disposiciones en un plazo no mayor a
quince días, en las que podrá determinar las tarifas, entre
otros supuestos.
Cada Sociedad, al proporcionar información a otras
Sociedades, deberá evitar distorsiones en la información
transmitida respecto de la que originalmente fue recibida de los Usuarios.
Asimismo, las Sociedades deberán eliminar de su base de datos la
información de aquellos registros que reciban en forma repetida
por cualquier causa, a efecto de no duplicar información dentro
de los Reportes de Crédito ni de los Reportes de Crédito
Especiales que emitan.
Artículo 36 Bis. Las Sociedades al emitir Reportes
de Crédito y Reportes de Crédito Especiales, además
de la información contenida en sus bases de datos, deberán
incluir, la contenida en las bases de datos de las demás Sociedades.
En todo caso, los Reportes de Crédito a que se refiere el presente
artículo, deberán incluir, respecto de cada operación,
al menos la información siguiente:
I. El historial crediticio;
II. Las fechas de apertura;
III. Las fechas del último pago y cierre, en su
caso;
IV. El límite de crédito;
V. En su caso, el saldo total de la operación contratada
y monto a pagar; y
VI. Las claves de observación y prevención
aplicables.
La Comisión podrá, mediante disposiciones de
carácter general, exceptuar o adicionar requisitos, así como
precisar el contenido de los conceptos citados en las fracciones anteriores.
Los Usuarios podrán optar por consultar los reportes
de las diferentes Sociedades de forma separada. En caso de optar por esta
forma de consulta los Usuarios deben avisarle a la Sociedad, quien le deberá
proporcionar un Reporte de Crédito que contenga únicamente
la información de ésta. En caso de que se solicite esta modalidad,
los Usuarios estarán obligados a solicitar a las demás Sociedades
su reporte individual correspondiente.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo,
las Sociedades estarán obligadas a compartir información
entre ellas.
Las Sociedades deberán divulgar la existencia de
los Reportes de Crédito a que se refiere este artículo.
Las Sociedades que proporcionen información a otra
Sociedad en términos de este artículo no serán responsables
de cumplir las obligaciones previstas en los artículos 29 y 30 de
esta ley.
Las Sociedades a las que otra Sociedad les requiera información
conforme a los párrafos anteriores, estarán obligadas a proporcionarla
a más tardar al día siguiente de la fecha en que les haya
sido solicitada.
Las tarifas que las Sociedades deberán ofrecer
a sus Usuarios por los Reportes de Crédito a que se refiere este
artículo, serán autorizadas por la Comisión. A la
tarifa autorizada, las Sociedades, de manera conjunta, podrán aplicar
descuentos con base en: a) la cantidad de consultas realizadas por el usuario
de que se trate respecto de este tipo de Reportes de Crédito, y
b) cualquier otro factor que incida en la determinación del precio.
Los ingresos que las Sociedades obtengan de la venta de
estos Reportes de Crédito, serán distribuidos entre ellas
en la forma en que éstas lo pacten, previa autorización de
esta tarifa por parte de la Comisión.
En caso de que las Sociedades no hayan determinado la
tarifa aplicable a los Reportes de Crédito a que se refiere este
artículo, la Comisión podrá requerirles determinar
su precio en un plazo no mayor a quince días. De no hacerlo, será
la propia Comisión la que fije dicha tarifa dando publicidad a la
resolución correspondiente.
Corresponderá al director general de la Sociedad
asegurarse de la implementación de procedimientos y medidas de control
interno que garantice que el envío de información a otras
Sociedades se efectúe de manera oportuna, completa y sin distorsiones
respecto de la que originalmente fue recibida de los Usuarios.
Artículo 42. ...
...
...
...
...
Cuando una Sociedad reciba una reclamación de un
Cliente, respecto de un registro que provenga de la información
proporcionada por otra Sociedad a través de un Reporte de Crédito
Especial, la Sociedad que haya recibido tal reclamación deberá,
en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados
a partir de la recepción de la reclamación respectiva, enviársela
a la Sociedad que haya reportado el registro reclamado, a fin de que, a
partir de que ésta la reciba, se haga responsable de tramitarla
en los términos de los artículos 42 a 49 de esta ley. Una
vez enviada la reclamación a que se refiere este párrafo
en el plazo señalado, la Sociedad que la hubiera recibido del Cliente
quedará liberada de cualquier responsabilidad respecto de la tramitación
de la misma.
Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 47 de esta ley, la Sociedad obligada a realizar los
envíos mencionados en dicho precepto, será aquélla
que haya enviado el registro impugnado a otra Sociedad para la elaboración
por esta última del Reporte de Crédito Especial respectivo.
Articulo 62. La Comisión sancionará con
multa de 1,000 a 15,000 veces el salario mínimo general diario vigente
en el Distrito Federal, cuando:
I. y II. ...
III. La Sociedad, la Entidad Financiera, o sus funcionarios,
empleados o prestadores de servicios incurran en violación al Secreto
Financiero o en el delito de revelación de secretos en cualquier
forma de las previstas en los artículos 28, antepenúltimo,
penúltimo y último párrafos, 30, segundo y último
párrafos, y 38;
IV. La Sociedad no cuente con los manuales a que se refiere
el artículo 37;
V. Omitan compartir su información a otras Sociedades
en términos de lo dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis
de esta Ley, o bien, entreguen información tardía, incompleta
o distorsionada;
VI. Omitan ajustarse a las disposiciones de carácter
general que emita la Comisión, en términos del artículo
36 y 36 Bis de esta Ley;
VII. Omitan aplicar la tarifa que determine la Comisión
en términos de lo dispuesto por los artículos 36 y 36 Bis
de esta ley.
Artículo 66. ...
I. a V. ...
VI. Se deroga.
VII. Se deroga.
VIII. Se deroga.
IX. ...
Artículo Cuarto. Se adiciona el artículo
19-Bis de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito
Garantizado, para quedar como sigue:
Artículo 19-Bis. En los créditos con garantía
hipotecaria, las Entidades deberán otorgar ante el fedatario público
que corresponda, la escritura donde conste la extinción de dicho
gravamen una vez que el acreditado haya pagado el saldo insoluto garantizado
o por cualquier causa el referido crédito se haya extinguido.
La Entidad deberá poner a disposición del
acreditado el primer testimonio del instrumento público respectivo
dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la fecha
en que se haya extinguido el referido crédito.
En el caso de que la ley de la materia no exija instrumento
público para la liberación del gravamen, la Entidad en un
lapso no mayor a veinte días deberá de hacer entrega al acreditado
de la constancia de liberación de la obligación a su cargo,
por cumplimiento para su inscripción en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, corriendo a cargo de la Entidad las certificaciones
o ratificaciones de firma ante notario para la cancelación.
Artículo Quinto. Se adiciona un segundo
párrafo y se recorre el subsecuente del artículo 26; un tercer
párrafo al artículo 38; la fracción XIII al artículo
47; y un último párrafo al artículo 51 de la Ley del
Banco de México, para quedar como sigue:
Artículo 26. ...
El Banco de México regulará las comisiones
y tasas de interés activas y pasivas, así como cualquier
otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades
financieras con clientes. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco
de México podrá solicitar la opinión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o
de la Comisión Federal de Competencia y observará para estos
fines lo dispuesto en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros.
Lo dispuesto en este artículo será aplicable
también a los fideicomisos, mandatos o comisiones de los intermediaros
bursátiles y de las instituciones de seguros y de fianzas.
Artículo 38. ...
...
Podrán ser sujetos de juicio político conforme
a lo establecido en los artículos 108 y 110 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos
que incumplan con las disposiciones contenidas en esta Ley.
Artículo 47. ...
I. a X. ...
XI. Nombrar y remover al personal del Banco, excepto el
referido en la fracción XIX del artículo 46;
XII. Fijar, conforme a los tabuladores aprobados por la
Junta de Gobierno, los sueldos del personal y aprobar los programas que
deban aplicarse para su capacitación y adiestramiento; y
XIII. Comparecer ante comisiones del Senado de la República
cada año, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, a rendir
un informe del cumplimiento del mandato.
Artículo 51. ...
Adicionalmente, el Banco enviará un informe trimestral
al Congreso de la Unión, sobre la inflación, la evolución
económica y el comportamiento de los indicadores económicos
del país.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. El Banco de México expedirá
las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo
4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
en un plazo de sesenta días naturales contados a partir del día
siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Las Entidades contarán con un plazo
de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente
a la entrada en vigor del presente decreto, para dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 4 Bis 1 de la Ley para la Transparencia
y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones
de Crédito en materia de producto básico de tarjeta de crédito.
Cuarto. Las personas que operen antes de la entrada
en vigor del presente Decreto como Cámaras de Compensación
en términos de lo dispuesto por los artículos 19 y 19 Bis
de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros,
tendrán un plazo de noventa días naturales contados a partir
de la fecha en que entren en vigor las disposiciones de carácter
general que se emitan al amparo de los citados preceptos, para presentar
la solicitud de autorización respectiva.
Quinto. Las Sociedades contarán con un plazo
de ciento ochenta días naturales contados a partir del día
siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto para cumplir con
las obligaciones a que se refieren los artículos 2 y 36 Bis de la
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
Las Sociedades de Información Crediticia contarán
con un plazo de hasta ciento ochenta días naturales a partir de
la entrada en vigor del presente decreto para presentar a la Comisión
el acuerdo mencionado en el artículo 36 de la citada ley.
Las Sociedades de Información Crediticia deberán
obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores respecto de las tarifas que dichas sociedades deberán
ofrecer a sus Usuarios por los Reportes de Crédito, en términos
del artículo 36 Bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes
a la entrada en vigor del presente decreto.
Sexto. Para los efectos del artículo 20,
las Sociedades deberán eliminar, en un plazo no mayor de 90 días
naturales, de sus bases de datos los registros cuyo origen no haya sido
informado por los Usuarios con anterioridad a la presente reforma. Para
su reinscripción, los Usuarios deberán especificar las fechas
de origen del crédito y de su primer incumplimiento, éste
último no podrá ser mayor a 72 meses.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados, a
10 de febrero de 2010.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público
Diputados: Mario Alberto Becerra
Pocoroba (rúbrica), presidente; Graciela Ortiz González (rúbrica),
David Penchyna Grub (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica),
Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel
Báez Ceja, Armando Ríos Piter (rúbrica), Adriana Sarur
Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez,
Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbrica), María Guadalupe García
Almanza (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica),
Jesús Alberto Cano Vélez, Julio Castellanos Ramírez
(rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica),
Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo
Cuadra García, Mario Alberto di Costanzo Armenta (rúbrica),
Roberto Gil Zuarth (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica),
Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Silvio Lagos Galindo,
Juan Carlos Lastiri Quirós, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias
(rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica),
Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Emilio Andrés
Mendoza Kaplan, José Narro Céspedes, Leticia Quezada Contreras
(rúbrica), Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica), José
Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz
Massieu Salinas, María Esther de Jesús Scherman Leaño,
Luis Videgaray Caso.