Anexo I | Acuerdos, comunicaciones, y proposiciones |
Anexo II | Iniciativa de Ley General de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro |
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a modificar las reglas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), a fin de eliminar las restricciones que impiden la inscripción de nuevos terrenos productivos, entre los que destacan los que se refieren a las tierras que se han alternado con productos perennes y los que, por cualquier otro motivo no se inscribieron cuando se realizó el padrón y que hoy cumplen los requisitos para ser beneficiarios, presentada por el diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.
Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Ganadería, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 66, 85, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A la Comisión de Agricultura y Ganadería le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes:
Antecedentes
El 1 de octubre de 2009 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Agricultura y Ganadería una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar las reglas de operación del Procampo, a fin de eliminar las restricciones que impiden la inscripción de nuevos terrenos productivos, entre los que destacan los que se refieren a las tierras que se han alternado con productos perennes y los que, por cualquier otro motivo, no se inscribieron cuando se realizó el padrón y que hoy cumplen los requisitos para ser beneficiarios.
El 28 de septiembre de 2009, el diputado Gerardo Leyva Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a modificar las reglas de operación del Procampo, a fin de eliminar las restricciones que impiden la inscripción de vos terrenos productivos, entre los que destacan los que se refieren a las tierras que se han alternado con productos perennes y los que, por cualquier otro motivo, no se inscribieron cuando se realizó el padrón y que hoy cumplen los requisitos para ser beneficiarios.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos las siguientes
Consideraciones
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como principio rector el desarrollo humano sustentable, mismo que se articula sobre cinco ejes de política pública, dentro de los que se encuentra el de economía competitiva y generadora de empleos, que considera en la estrategia 9.10, la continuación del Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado Procampo, mejorando su operación y eficiencia.
Que el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, ldispone en sus objetivos, la estrategia 3.6 denominada "Generar certidumbre y 1agregación de valor en las actividades agroalimentarias", en la que se prevé un nuevo esquema de apoyos directos al campo Procampo, en el cual se establecen cuotas con el propósito de otorgar una distribución equitativa de los recursos presupuestarios.
Que el artículo 27 constitucional señala en su fracción XX que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
Que el Procampo surgió ante la necesidad de que los productores mexicanos estuvieran en condiciones de competir con los productores de Estados Unidos de América y Canadá.
Que es objetivo de Procampo impulsar nuevas alianzas entre el mismo sector social y con el sector privado en forma de asociaciones, organizaciones y sociedades capaces de enfrentar los retos de la competitividad, mediante la adopción de tecnologías más avanzadas y la implantación de m s de producción sustentado en principios de eficiencia y productividad.
Que es objetivo del Procampo, contribuir a la recuperación, conservación de bosques y selvas, y la reducción de la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas, favoreciendo así el desarrollo de una cultura de conservación de los recursos rurales.
Que según las reglas de operación de 2009, se entregan mil 300 pesos por hectárea para predios del ciclo agrícola primavera-verano de temporal; mil 160 pesos por hectárea para propiedades mayores a las 5 hectáreas elegibles y hasta un límite, dependiendo de la entidad federativa; 963 pesos para el resto de los predios elegibles para el ciclo primavera-verano y para todos los de otoño-invierno.
Que el miércoles 8 de abril de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de las reglas de operación del Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado Procampo, donde se acuerda incluir dentro de las citadas reglas de operación un artículo transitorio segundo que a la letra dice: "Se implementará un programa de actualización de datos y expedientes del directorio del Procampo, cuyos lineamientos deberán ser emitidos dentro de los 60 días posteriores a la publicación del presente acuerdo".
Que el 1 de septiembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que la Sagarpa emite los lineamientos del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del Procampo.
Que el 27 de octubre de 2009 se publicó en el Diario Oficial el primer calendario de actualización e integración de expedientes del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del Procampo.
Que un problema que han identificado múltiples estudios sobre el tema es la inviabilidad económica de ampliar el padrón de beneficiarios, y sobre todo que la modificación de las reglas de operación del Procampo, no sólo pasa por la inscripción de nuevos beneficiarios, sino por una revisión del cumplimiento de los fines de dicho programa y de la efectividad en su aplicación.
Con base en los antecedentes y consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta comisión, hemos tenido a bien tomar el siguiente
Acuerdo
Único. La Comisión de Agricultura y Ganadería dictamina como negativa la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar las reglas de operación del Procampo, a fin de eliminar las restricciones que impiden la inscripción de nuevos terrenos productivos, entre los que destacan los que se refieren a las tierras que se han alternado con productos perennes y los que, por cualquier otro motivo, no se inscribieron cuando se realizó el padrón y que hoy cumplen los requisitos para ser beneficiarios.
Entérese y archívese como total y definitivamente concluido el presente expediente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2009.
La Comisión de Agricultura y Ganadería
Diputados: Cruz López
Aguilar (rúbrica), presidente; Fermín Montes Cavazos (rúbrica),
Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco
Lugo Oñate (rúbrica), Luis Félix Rodríguez
Sosa (rúbrica), Ricardo Zubía Rivera (rúbrica), Sergio
Aruto Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón,
José M. Torres Robledo (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga
Arroyo, José Narro Céspedes (rúbrica en contra), secretarios;
José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Óscar
García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz,
Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Jorge Rojo García
de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica),
Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Zarzosa Sánchez
Eduardo (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Alberto
Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez
(rúbrica), Juan de Jesús Pascualli Gómez (rúbrica),
Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), Ricardo Sánchez
Gálvez, Enrique Octavio Trejo Azuara, Sergio Ernesto Gutiérrez
Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José
María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar,
PVEM.
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, REFERENTE
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO
FEDERAL A RETIRAR LA CONCESIÓN DE LA MINA DE COBRE MEXICANA DE CANANEA
A LA EMPRESA MINERA MÉXICO, SA DE CV, E INSTRUIR AL SECRETARIO DE
GOBERNACIÓN PARA APLAZAR EL PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE GAS
NATURAL A LP
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unió correspondiente a la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente
Proposición con puntos de acuerdo por la que se solicita que se exhorte de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía para que proceda al retiro de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea a la empresa Minera México, SA de CV, subsidiaria del Grupo México, ante la incapacidad manifiesta de sostener la titularidad de la concesión, en perjuicio de los habitantes de Cananea y de la industria minera del país; asimismo, para que dicha dependencia promueva un programa especial de reactivación económica integral para el municipio y región de Cananea, Sonora, que incluya la garantía de dotación de servicios básicos a los habitantes de dicha ciudad, y para que se instruya al secretario de Gobernación a aplazar el programa de conversión de gas natural a gas LP, presentada por el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, el 23 de septiembre de 2009, ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior para el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición de punto de acuerdo descrita, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 23 de septiembre 2009, los secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta soberanía de la proposición con punto de acuerdo que presentó el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo. Parlamentario del Partido Verde.
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".
Tercero. El Legislador propone en resumen lo siguiente:
Que después de más de dos años de huelga en la "mina de cobre Mexicana de Cananea", los habitantes de ese lugar viven en una situación socialmente dramática que rebaza el conflicto jurídico motivado por la huelga, por lo que los habitantes de Cananea viven hoy una crisis que si no se resuelve a la brevedad pudiera llevar un estallido social.
El diputado expresa que en estos dos años, la economía de Cananea se ha ido a pique, lo que ha ocasionado cierre de comercios, pérdida de empleos, migración, etcétera, e inclusive el ayuntamiento sufre de una crisis financiera que lo ha llevado a incumplir con sus pagos a la Comisión de Electricidad, generados por el consumo de energía por la operación de pozos de agua potable.
Asimismo, menciona que el gas que por 70 años se ha distribuido por tubería subterránea ahora se ha cancelado y se intenta sustituir con tanques de gas LP, a lo que la gran mayoría de la población no está acostumbrada, lo que se estima representa un retroceso en su nivel de vida, generando condiciones para un estallido social.
Por ello, estima que el gobierno federal no puede dejar correr más tiempo para entrar a una solución de fondo al problema de Cananea, pues es tal el deterioro que se está erosionando el tejido social, lo que amenaza la convivencia armónica de los sonorenses; y menciona además que Cananea es un asunto de interés nacional y que ningún interés particular o de grupo puede estar por encima del interés nacional, ni una población puede ser rehén de interminables litigios.
Asimismo, señala que el artículo 27 Constitucional establece que el dominio de la nación sobre sus recursos es inalienable e imprescriptible. Además, menciona que la Ley Minera en vigor establece en la fracción XIII de su artículo 55 como causal de cancelación de la concesión la pérdida de capacidad para ser titular de concesiones, como dice parece ser el caso de la empresa titular de la concesión de la "mina de cobre de Cananea".
Esta decisión (de cancelar la concesión), menciona el diputado, debe ser acompañada por un programa emergente de reactivación económica de la región.
Por lo anterior, propone como punto de acuerdo que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Economía para que proceda a retirar la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea, a la empresa Minera México, SA de CV, subsidiaria del Grupo México, ante la incapacidad manifiesta de sostener la titularidad de la concesión y para que dicha dependencia promueva un programa especial de reactivación económica integral para el municipio y región de Cananea, Sonora, que incluya la garantía de dotación de servicios básicos a los habitantes de dicha ciudad.
Consideraciones
Primera. Que con base a los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Segunda. Que el artículo 2 de la Ley de Planeación vigente, establece que ésta deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, establece que dicha planeación deberá de realizarse bajo la base de la preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que la Constitución establece.
Por su parte, el artículo 3 de la misma legislación establece que la planeación nacional de desarrollo, es la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.
Tercera. Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo está basado en cinco ejes fundamentales, siendo el primero, y de relevancia para el presente caso, el titulado "Estado de derecho y seguridad..."
Este primer eje establece como premisa fundamental de interacción social el que las personas necesitan de garantías de seguridad para su "desarrollo humano sustentable", pues de otra manera, las personas no podrían actuar y desarrollarse en forma libre y segura, siendo el gobierno el primer obligado a cumplir y hacer cumplir la ley.
"...Sólo garantizando que la vida, el patrimonio, las libertades y los derechos de todos los mexicanos están debidamente protegidos se proveerá de una base firme para el desarrollo óptimo de las capacidades de la población. Se requerirá, de igual forma, que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones legales... La función del Gobierno debe ser ejemplar para la ciudadanía. Si éste se compromete claramente con el cumplimiento de la ley, entonces se generarán los incentivos correctos para que los ciudadanos ordenen su convivencia. De tal suerte, ha de generarse un círculo virtuoso entre vigencia cabal de la ley y una convivencia social ordenada, pacífica y propia para el desarrollo de la participación social y política..."
Cuarta. Que no pasa inadvertido para esta comisión la actual situación que se vive en Cananea, con las problemáticas que expone el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, y que es el sentir de la misma el solidarizarse con la población de ese lugar. Sin embargo, tampoco esta comisión puede ser omisa al marco legal vigente, el cual debe de cumplirse a cabalidad a fin de garantizar el Estado de derecho, pues el gobierno, tal y como se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y ser ejemplo de ello para la ciudadanía.
Quinta.- En este sentido, esta comisión de manera respetuosa y responsable, procedió a revisar los extremos expuestos por el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, a la luz del marco legal aplicable para determinar si existían elementos para considerar la pérdida de capacidad a que se refiere el exponente.
Así, se encontró que la propia Ley Minera establece en su artículo 11 los supuestos par considerar que una sociedad se encuentra legalmente capacitada para ser titular d concesiones mineras, siendo estos:
2. Que tenga su domicilio legal en la República Mexicana.
3. Que la participación de la inversión extranjera, en este tipo de sociedades, se ajuste a las disposiciones de la ley de la materia.
Séptima. Asimismo, de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de donde se desprenden los asuntos que son competencia de la Comisión de Economía, se aprecia que esta comisión no está facultada para conocer respecto de asuntos relacionados con programas de conversión de gas natural a gas LP o con cuestiones de gobernabilidad, por lo que se encuentra impedida para abocarse a la dictaminación solicitada.
Quinto. Por lo que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía:
Acuerda
Primero. Se desecha la proposición de punto de acuerdo objeto de estudio, por no existir fundamentos fácticos o al menos indiciarios, que pudieran llevar a esta comisión a estimar que la empresa minera México, SA de CV, ha perdido su capacidad de ser titular de concesiones mineras en términos del artículo 11 de la Ley Minera, así como por la falta de competencia legal para conocer sobre cuestiones relativas a programas de conversión de gas natural gas LP o con cuestiones de gobernabilidad.
Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de noviembre de 2009.
La Comisión de Economía
Diputados: Ildefonso Guajardo
Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor
Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco
Lino (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica),
Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), María Antonieta
Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica),
Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Indira Vizcaíno
Silva (rúbrica en contra), Rodrigo Pérez-Alonso González
(rúbrica en contra), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica),
David Penchyna Grub (rúbrica), Jorge Humberto López-Portillo
Basave (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica),
David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Roberto Borge Angulo,
Rolando Zubia Rivera, Javier Duarte de Ochoa, Jesús Everardo Villarreal
Salinas, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Ramón Merino Loo,
José Antonio Arámbula López (rúbrica), Luis
Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Martín Rico Jiménez,
secretarios; Carlos Torres Piña, Ramón Jiménez López
(rúbrica en contra), José Manuel Torres Robledo (rúbrica
en abstención, Ifigenia Martha Martínez y Hernández
(rúbrica en abstención)
DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, RESPECTO
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL
EJECUTIVO FEDERAL A ENTREGAR A ESTA SOBERANÍA, MEDIANTE PETRÓLEOS
MEXICANOS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA PARAESTATAL
EN MATERIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL EN TAMAULIPAS, VERACRUZ, TABASCO
Y CAMPECHE
Honorable Asamblea:
La Comisión de Energía, correspondiente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2009, el diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía, a través de Petróleos Mexicanos, un informe detallado sobre las acciones realizadas por la paraestatal en materia de desarrollo ambiental y social en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
2. El presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.
II. Contenido y objetivo de la proposición
El objetivo de la proposición con punto de acuerdo que suscribe el diputado José Ignacio Seara Sierra se centra en solicitar información detallada sobre las acciones realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) en materia de desarrollo ambiental y social en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
En las consideraciones de su propuesta, el diputado promovente plantea una serie de consideraciones en relación con el trabajo legislativo de la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, constituida en la LX Legislatura, de las cuales destacan las siguientes a saber:
• Destaca la presentación de dos puntos de acuerdo; uno por el que se solicita financiamiento para la pesca en Campeche y otro por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a redefinir y profesionalizar las funciones de su cuerpo de seguridad especial en áreas estratégicas.
• Se atendieron diversas demandas sociales, promoviendo la participación de sectores productivos, así como la participación de diversas instituciones de educación superior.
• Quedaron asuntos pendientes sobre el impacto ambiental y social generado por la paraestatal en estados como Veracruz, Tabasco y Campeche.
Con base en lo anteriormente expuesto, el diputado José Ignacio Seara Sierra somete a consideración de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Segundo. Asimismo, se solicita que en el informe antes mencionado se especifiquen las acciones realizadas por Petróleos Mexicanos en relación con las observaciones y puntualizaciones hechas por la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, de la LX Legislatura.
Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía coinciden con el diputado promovente sobre el innegable compromiso que guarda la paraestatal Petróleos Mexicanos con el desarrollo del país, especialmente en aquellas regiones que albergan en su territorio las instalaciones en que se lleva a cabo la actividad petrolera.
Segunda. El objetivo de la proposición en comento se centra en solicitar información sobre las acciones realizadas por Petróleos Mexicanos en materia de desarrollo ambiental y social; igualmente se solicita que se especifiquen las acciones realizadas por Pemex en relación con las observaciones vertidas por la Comisión de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, constituida durante la LX Legislatura. Cabe señalar que tales observaciones no son mencionadas en el documento de la propuesta del diputado Seara Sierra, por lo que se desconocen en cuanto a contenido y alcances.
Tercera. El 26 de septiembre de 2006 fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, el "acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votaciones", el cual tiene como propósitos:
b) Colmar vacíos en un instrumento normativo coherente que clarifique competencias de las instancias de gobierno de la Cámara de Diputados en relación con la integración básica del orden del día de las sesiones;
c) Definir los elementos mínimos de las solicitudes que presentan los diputados y que se garanticen los procedimientos en los trabajos del pleno y se conozca, por parte de los diputados, el objetivo y trámite de cada unos de los puntos del orden del día.
Como es claro en el artículo citado, no constituye objeto de una proposición la solicitud de información a una dependencia gubernamental, propósito que evidentemente coincide con el objetivo central de la proposición que aquí se dictamina; esto es, solicitar información detallada sobre las acciones realizadas por Petróleos Mexicanos en materia de desarrollo ambiental y social.
Es importante subrayar que el mismo artículo del acuerdo antes citado hace referencia a los fundamentos legales que indican las instancias ya establecidas para los propósitos que describe.
Particularmente aplicable a la proposición en dictamen, es lo que establece el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, que señala a la letra en el numeral 1:
Igualmente, se informa a esta asamblea que la Comisión de Energía, por medio de su presidente, solicitará la información referente a las acciones realizadas por Petróleos Mexicanos en materia de desarrollo ambiental y social en los estados que albergan instalaciones donde se lleva a cabo la actividad petrolera; lo anterior, con fundamento en los preceptos aquí citados, a saber: artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Energía somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
IV. Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el cual, se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía, mediante Petróleos Mexicanos, un informe detallado sobre las acciones realizadas por la paraestatal en materia de desarrollo ambiental y social en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, a cargo del diputado José Ignacio Seara Sierra, del Grupo Parlamentario del PAN.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2009.
La Comisión de Energía
Diputados: Felipe de Jesús
Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez
Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández
(rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica),
Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández
(rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica),
Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano
(rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Pedro Jiménez
León, Tomás Gutiérrez Ramírez, Víctor
Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo
(rúbrica), Alejandro Canek Vázquez Góngora, José
Luis Soto Oseguera, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velazco
Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis
Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía
de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López
(rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica),
Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán
(rúbrica), Elsa María Martínez Peña, Obdulia
Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López
(rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.
DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA,
SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
A LA SECRETARIA DE ENERGÍA A HOMOLOGAR, EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA, LOS HORARIOS DE VERANO DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS DEL NORTE
DEL PAÍS CON LOS DEL SUR DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A PARTIR
DE 2010
Honorable Asamblea:
La Comisión de Energía, correspondiente a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes
I. Antecedentes
Primero. En la sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 29 de octubre de 2009, la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dio cuenta de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Energía a homologar, en el ámbito de su competencia, los horarios de verano de los estados fronterizos del norte del país con los del sur de Estados Unidos de América a partir de 2010.
Segundo. En esa fecha, el presidente de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Energía".
Tercero. Una vez recibido el duplicado del expediente correspondiente, el presidente de las comisión instruyó su registro y, al personal técnico, el análisis para la formulación del dictamen correspondiente.
II. Contenido y objeto de la proposición
La diputada proponente señala, como preámbulo a su proposición la existencia de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se reconoce para los Estados Unidos Mexicanos la aplicación y vigencia de tres husos horarios; que el Congreso de la Unión puede establecer horarios estacionales y que una eventual modificación de los horarios estacionales requiere de una iniciativa que deberá ser presentada al Congreso de la Unión a más tardar el 15 de noviembre del año inmediato anterior al que se pretende modificar el horario.
Por otra parte, la diputada Terrazas menciona que en la zona fronteriza del país, como es el caso de la ciudad de Tijuana, se da una situación complicada para "quienes trabajan con arreglo a los horarios de la Unión Americana", ya que en aquel país la vigencia del horario estacional se anticipa por cerca de 30 días con respecto a su aplicación en México y concluye alrededor de una semana después.
Esta situación afecta a diversos sectores sociales y económicos, tales como la programación en radio y televisión, las instituciones bancarias, la industria maquiladora, los transportistas, etcétera.
Agrega la diputada Terrazas "…que para nosotros es importante se homologuen los cambios de horario para con nuestro mayor socio comercial, de alcanzar esta situación lograríamos tener beneficios significativos, puesto que se armonizarían nuestros nexos financieros, industriales, de transporte, de comunicación, solo por citar algunos, para con Estados Unidos".
Asimismo, hace saber que al no haberse logrado "…homologar los horarios de nuestra frontera para con los de nuestro vecino del norte, …para evitar confusiones y facilitar el cruce de personas, automovilistas y carga, se realizan adaptaciones en los horarios de operación en las garitas" en la frontera de Baja California, estado para el que "…resultaría más sencillo estar homologado con California que con el resto del país, en donde la diferencia de dos horas con el horario del centro es ya una costumbre".
En virtud de lo expuesto, la diputada Adriana Terrazas Porras propuso el siguiente punto de acuerdo:
III. Consideraciones
Primera. La diputada Terrazas pone de relieve en la exposición de motivos de su proposición, como antes ya se expuso, los siguientes aspectos de la legislación en la materia:
• Se indica en el artículo 4 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, que el Congreso de la Unión puede establecer horarios estacionales, mediante decreto. Lo anterior, con base en la fracción XVIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que el Congreso tiene facultad "…Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas;"
• Acorde con lo anterior, el día 1 de marzo de 2002, después de haber sido aprobado por parte del Congreso de la Unión, se público en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Tercera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define en el artículo 71 a quien corresponde el derecho de iniciar leyes o decretos:
Por lo expuesto y razonado en los apartados anteriores, la Comisión de Energía somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
IV. Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la titular de la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de su competencia, se homologuen los horarios de verano de los estados fronterizos del norte del país con el de los estados fronterizos del sur de Estados Unidos de América, a partir de 2010, propuesta por la diputada Adriana Terrazas Porras.
Segundo. Archívese el asunto atendido en este dictamen como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2009.
La Comisión de Energía
Diputados: Felipe de Jesús
Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez
Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández
(rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas (rúbrica),
Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández
(rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica),
Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano
(rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Pedro Jiménez
León, Tomás Gutiérrez Ramírez, Víctor
Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo
(rúbrica), Alejandro Canek Vázquez Góngora, José
Luis Soto Oceguera, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Luis Velazco
Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis
Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro García
de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell, Miguel Martín López
(rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica),
Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán
(rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica),
Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez
López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD
Y DEPORTE, SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE DE
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS A VALORAR E INCORPORAR EN SU PROGRAMA
ANUAL UNA SUBCOMISIÓN O GRUPO DE TRABAJO A EFECTO DE ESTUDIAR, DISCUTIR,
PROPONER Y, EN SU CASO, DICTAMINAR UNA LEY EN MATERIA DE JUVENTUD QUE GARANTICE,
PROTEJA Y PROMUEVA LOS DERECHOS DE LAS JÓVENES Y LOS JÓVENES
Honorable Asamblea:
La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente número 411, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte de esta soberanía a crear una subcomisión o grupo de trabajo para estudiar, proponer y, en su caso, dictaminar una ley en materia de juventud, presentado por el diputado Sixto Alfonso Zetina Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el 20 de octubre de 2009.
El legislador destaca que actualmente nuestro país cuenta con una población joven de 29.1 millones de los 106 millones de habitantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica. Que de acuerdo con las proyecciones que se han realizado a este grupo de edad, la población joven llegará a 29.3 millones en 2010 y seguirá aumentando hasta 2015 cuando alcanzará su máximo histórico con 29.5 millones. Dinámica demográfica que, de acuerdo con el promovente, marca las demandas sociales, culturales, políticas y económicas que tiene la juventud mexicana; por lo que es deber de la sociedad como del gobierno crear las condiciones adecuadas para elevar su calidad de vida.
Lamentablemente, expone el diputado, actualmente nos encontramos con un escenario poco propio para el desarrollo de la juventud, toda vez que se presenta una situación de rezago en distintos ámbitos; muestra de ello son los múltiples problemas que enfrentan para acceder a un trabajo digno, a la educación, a los servicios de salud y de seguridad social, a una vivienda digna y decorosa, es decir, son grupos discriminados sobre todo por su condición de edad, que enfrentan una serie de obstáculos para participar plenamente en las decisiones políticas por citar un ejemplo, finaliza el legislador.
Asimismo, hoy día nuestra legislación en materia de jóvenes se encuentra dispersa, y los derechos y su protección no están claramente reconocidos y garantizados en el marco jurídico federal, dificultándose su protección, agrega el promovente.
En este sentido, el diputado manifiesta la necesidad de reforzar la legislación a fin de ampliar las oportunidades de desarrollo que permitan potenciar las posibilidades de participación de las jóvenes y los jóvenes mexicanos en los distintos ámbitos: social, político, educativo, cultural y económico, principalmente. Para lo cual, sugiere instalar una subcomisión o grupo de trabajo al interior de la Comisión de Juventud y Deporte, con la finalidad de que analice la situación de la juventud en nuestro país, que genere un diagnóstico y trabaje en el planteamiento, formulación y en su caso creación de un marco jurídico a nivel federal que garantice, proteja y promueva los derechos de las y los jóvenes.
La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis del punto de acuerdo de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes de ésta, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes
Consideraciones
Este órgano legislativo comparte las consideraciones del legislador. En cuanto a la población juvenil, en efecto, nuestro país cuenta con una población de jóvenes que representa cerca de 27.3 por ciento de la población total y que alcanzará su máximo histórico en unos años más, constituyendo desde ahora un bono demográfico, es decir, un proceso de transición demográfica en el que la población mexicana en edad de trabajar es mayor que la dependiente y, por tanto, la oportunidad de avanzar de manera importante en el crecimiento de la economía nacional.
Asimismo, es lamentable conocer, además de los ejemplos citados por el promovente, que los jóvenes enfrentan frecuentemente y a mayor escala situaciones sociales adversas y en cadena para su desarrollo, como la falta de oportunidades, el incremento del desempleo y en consecuencia de la pobreza, haciéndose más amplia la brecha de las desigualdades y de la discriminación, generándose un efecto social de invisibilidad de sus aportaciones y la relevancia de éstas.
Para ejemplificar basta acudir a los números y encontrar que entre los individuos que tienen más de 12 y menos de 29 años de edad de la población total del país el 22 por ciento no estudian y no trabajan; que las jóvenes y los jóvenes que cuentan con un empleo ganan entre 57 por ciento y 67 por ciento del salario mínimo y las prestaciones a las que tienen acceso, la mayor parte se reducen al salario, ya que sólo 17 por ciento cuenta con servicios de salud, 37 por ciento con un sistema de ahorro para el retiro y 34 por ciento con prestaciones para la vivienda; que 50 por ciento de las jóvenes y los jóvenes no tienen derecho a algún servicio de salud; que 70 por ciento de las jóvenes y los jóvenes presenta algún problema de alcoholismo o drogadicción como consecuencia de la falta de oportunidades y orientación; que las mujeres jóvenes son la principal carnada de la delincuencia organizada en delitos sexuales y casi el 50 por ciento de quienes están en las cárceles son jóvenes, tan sólo por referirnos a algunos de los principales problemas que enfrentan nuestros jóvenes.
De la misma manera, este órgano legislativo coincide con el promovente y lamenta que, pese a todas las adversidades que atentan contra la juventud mexicana y ante la gran oportunidad que representan para acelerar el desarrollo económico del país, no exista un ordenamiento jurídico eficaz que resguarde verdaderamente los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y potencialice sus capacidades a fin de integrarlos a la sociedad de la que forman parte y en la que pocas veces se les toma en cuenta.
En virtud de lo antes expuesto, la Comisión de Juventud y Deporte coincide con el legislador en la necesidad de llevar a cabo un análisis profundo sobre el tema, y a la mayor brevedad, a fin de evaluar y en su caso proponer las reformas necesarias que hagan frente a los problemas que laceran a nuestra juventud; por estas razones recogieron su propuesta sobre el tema y en sesión de pleno celebrada el pasado 26 de noviembre del 2009, aprobaron su plan de trabajo para el primer año de labores 2009-2010, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, de fecha 7 de diciembre de 2009, dentro del cual se incluyó como una de sus líneas de acción el análisis de la situación de las jóvenes y los jóvenes, priorizando los temas laboral, migración, participación ciudadana, vulnerabilidad, medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud, educación, seguridad, recreación, familia y acceso a una vivienda. Temas en los que todos los integrantes de la comisión manifestaron su interés de participar de manera activa y conjunta.
Bajo este contexto, la proposición con punto de acuerdo en estudio ya ha sido atendida y ha quedado sin materia.
Por las consideraciones expuestas, esta Comisión de Juventud y Deporte emite el siguiente
Dictamen
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Juventud y Deporte de esta honorable Cámara de Diputados a valorar e incorporar en su programa anual de trabajo una subcomisión o grupo de trabajo a efecto de estudiar, discutir, proponer y, en su caso, dictaminar una ley en materia de juventud que garantice, proteja y promueva los derechos de las jóvenes y los jóvenes, presentado por el diputado Sixto Alfonso Zetina Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el 20 de octubre de 2009.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2009.
La Comisión de Juventud y Deporte
Diputados: José Francisco
Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador
Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica),
Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Juan José Cuevas García
(rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica),
Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica),
Juan Carlos Natale López, secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica),
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Andrés
Aguirre Romero (rúbrica), Noé Martín Vázquez
Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Francisco Ramos Montaño
(rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez, Onésimo
Mariscales Delgadillo, Martín Enrique Castillo Ruz, Jesús
Everardo Villarreal Salinas, Yulenny Guylaine Cortés León
(rúbrica), Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica),
María Antonieta Pérez Reyes, Daniel Gabriel Ávila
Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús
Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno
Silva (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica),
Ilich Augusto Lozano Herrera, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez,
Diego Guerrero Rubio (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD
Y DEPORTE, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA A ESE ÓRGANO LEGISLATIVO A TRABAJAR EN EL ANÁLISIS
Y LA REVISIÓN DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PARA REALIZARLE LAS REFORMAS PERTINENTES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES
ACTUALES
Honorable Asamblea:
La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente número 510, que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a trabajar en el análisis y la revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte a fin de realizar las reformas pertinentes a ésta de acuerdo con las necesidades actuales, presentado el 29 de octubre de 2009 por los diputados Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, María Antonieta Pérez Reyes, Dora Evelyn Trigueras Durón, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, César Daniel González Madruga, Sixto Alfonso Zetina Soto, Juan José Cuevas García, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jesús Gerardo Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los legisladores recuerdan atinadamente los antecedentes jurídicos que han tenido vigencia y han evolucionado en la regulación del deporte en el país. En primer lugar, la ley promulgada en 1990 denominada "Ley de Estímulo y Fomento del Deporte", la cual establecía el Sistema Nacional del Deporte y las bases jurídicas de su funcionamiento. Luego, en 2000, la "Ley General del Deporte", que establecía las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la participación de los sectores social y privado en materia de deporte. Y finalmente citan el antecedente más reciente, la expedición de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en 2003, la cual vino a establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, aparte de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte, además de señalar específicamente las finalidades de ésta.
Asimismo, destacan que, sin duda, la última de estas leyes, y la única vigente, tiene beneficios relevantes, pues cuenta con mecanismos legales que derivan en beneficios para la comunidad deportiva en particular, y para la sociedad en general. Sin embargo, apuntan los promoventes, ha quedado rezagada frente a la dinámica del deporte nacional e internacional; presenta omisiones, que han retardado el fenómeno de la cultura física en la población; y, especialmente, no se ha logrado insertar el gusto por la práctica de las disciplinas deportivas en las escuelas de educación básica.
Ante este contexto, exponen la necesidad de fortalecer los lazos de acción que lleven a la ciudadanía a tener contacto con la cultura física y el deporte, destacando que uno de éstos es precisamente el marco jurídico que regula la materia, por lo que se hace necesario, indican, analizar la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, con la finalidad común de actualizar y reforzar las bases para el desarrollo del deporte nacional y de la sociedad, haciendo partícipes de este trabajo a todos los actores de la comunidad deportiva y a los interesados de la sociedad en general.
La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis del punto de acuerdo de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones con sus integrantes, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta, con las siguientes
Consideraciones
En efecto, los antecedentes a que hacen referencia los promoventes han tenido una vigencia que en su momento dio los resultados que la comunidad deportiva requería. La primera ley en materia deportiva que fue expedida, con el nombre de "Ley de Estímulo y Fomento del Deporte", fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1990 e inició su vigencia al día siguiente. Su objeto fue establecer el sistema nacional del deporte y las bases para su funcionamiento, ya que constituía el conjunto de acciones, recursos y procedimientos destinados a impulsar, fomentar y desarrollar el deporte en el país. Más tarde, el 8 de junio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la "Ley General del Deporte", que reemplaza la anterior, con objeto de establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la participación de los sectores social y privado en materia de deporte. Finalmente, el 20 de febrero de 2003 se promulgó la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2003; inició su vigencia un día después. Esta ley, que sustituye la anterior, tiene como objeto establecer las bases generales de coordinación de la facultad concurrente entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la participación de los sectores social y privado en materia de deporte. Pero sobre todo, reestructura y fortalece el organismo rector en la materia deportiva, denominado "Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte", que pasa a ser líder en las políticas del deporte nacional.
En cuanto a la eficacia de la ley de la materia vigente, esta comisión coincide con los promoventes en que ha constituido un instrumento jurídico de mucho valor para la comunidad deportiva y ha rendido frutos que representan un avance en el desarrollo del deporte nacional; para muestra están los logros deportivos de quienes han representado al país en justas nacionales, pero sobre todo internacionales. Sin embargo, también se coincide con los legisladores promoventes en señalar que, lamentablemente, hoy día el deporte nacional atraviesa por una crisis que, de no atenderse, causará daños graves no sólo entre la comunidad deportiva sino entre la sociedad en general, ya que la cultura física y el deporte, más allá de su significado etimológico, que hace alusión a la diversión o recreación, supone un concepto múltiple que identifica variadas actividades practicadas con fines de competencia, al cual además se atribuye infinidad de beneficios sociales, como la prevención y el control de enfermedades, como la obesidad, de la cual se desencadenan otras más, inhibe las conductas antisociales, influye directamente en la formación de identidades nacionales y personales, y en general otorga calidad de vida a quienes lo practican y hace efectivos los procesos de integración y socialización de los individuos.
Por lo anterior, este órgano legislativo coincide con los diputados promoventes en el sentido de llevar a cabo una revisión integral de la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, involucrando a todos los actores del medio deportivo en particular, y a todos los interesados en general, a fin de contar con una legislación deportiva de vanguardia que responda a las necesidades de la comunidad deportiva y de la sociedad en general, por lo que en el plan de trabajo para el primer año de labores, 2009-2010, aprobado en sesión del 26 de noviembre de 2009, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de fecha 7 de diciembre de 2009, la Comisión de Juventud y Deporte consideró la propuesta de los promoventes e incluyó como una de sus principales líneas de acción el análisis integral de la legislación deportiva, a fin de realizar las reformas necesarias en la materia que cumplan la finalidad señalada.
En este contexto, la proposición con punto de acuerdo en estudio ha sido atendida y ha quedado sin materia.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Juventud y Deporte emite el siguiente
Dictamen
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Juventud y Deporte a trabajar en el análisis y la revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de realizar las reformas pertinentes a ésta acorde con las necesidades de hoy día, presentada el 29 de octubre de 2009 por los diputados Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, María Antonieta Pérez Reyes, Dora Evelyn Trigueras Durón, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, César Daniel González Madruga, Sixto Alfonso Zetina Soto, Juan José Cuevas García, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Jesús Gerardo Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil nueve.
La Comisión de Juventud y Deporte
Diputados: José Francisco
Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador
Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica),
Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Juan José Cuevas García,
César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso
Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica),
Juan Carlos Natale López, secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica),
Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Andrés
Aguirre Romero (rúbrica), Noé Martín Vázquez
Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira, Francisco Ramos Montaño
(rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez, Onésimo
Mariscales Delgadillo, Martín Enrique Castillo Ruz, Jesús
Everardo Villarreal Salinas, Yulenny Guylaine Cortés León
(rúbrica), Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica),
María Antonieta Pérez Reyes, Daniel Gabriel Ávila
Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús
Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno
Silva (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica),
Ilich Augusto Lozano Herrera, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez,
Diego Guerrero Rubio (rúbrica).
A la quinta sesión plenaria, que tendrá lugar el miércoles 3 de febrero, a las 9:00 horas, en el salón número 4 del edificio I.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
A la reunión de instalación, que tendrá lugar el miércoles 3 de febrero, a las 11:00 horas, en el salón F del edificio G.
Atentamente
Diputado Aarón Irizar López
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
A la sexta reunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 3 de febrero, a las 11:00 horas, en el salón número 2 del edificio I.
Orden del Día
3. Dictámenes:
a) Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a implantar acciones que fortalezcan al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, AC (INCA Rural), presentada por la diputada Julieta Octavia Marín Torres (PRI). Proyecto de dictamen.
b) Proposición con punto de acuerdo para Exhortar al Ejecutivo federal a garantizar la permanencia durante el 2010 del INCA Rural, presentada por el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (PAN). Proyecto de dictamen.
c) Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que informe sobre la probable desaparición del INCA Rural, presentada por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda (PRI), y suscrita por los diputados Armando Ríos Piter (PRD) y Javier Usabiaga Arroyo (PAN). Proyecto de dictamen.
d) Proyecto de dictamen referente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la iniciativa presentada por el senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI).
4. Asuntos generales.
5. Clausura y convocatoria
DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
A la reunión ordinaria por realizarse el miércoles 3 de febrero, a las 11:00 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A la reunión plenaria que se efectuará el miércoles 3 de febrero, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A, planta baja.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
A la reunión plenaria que se verificará el miércoles 3 de febrero, a las 11:30 horas, en el salón D del edificio G.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
A la quinta reunión ordinaria, que se efectuará el miércoles 3 de febrero, a las 13:00 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la segunda reunión de mesa directiva, que se realizará el jueves 4 de febrero, a las 9:00 horas, en el patio sur del edificio A.
Atentamente
Diputado Miguel Antonio Osuna Millán
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
A la primera reunión de mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones, que se realizará el jueves 4 de febrero, a las 9:00 horas, en las oficinas del órgano legislativo convocante (edificio F, tercer piso).
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
A la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el jueves 4 de febrero, a las 12:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el cuarto piso del edificio D.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
A la reunión extraordinaria que se llevará a cabo el jueves 4 de febrero, a las 12:00 horas, en el antiguo salón de protocolo, situado en el edificio A, a un costado del salón de sesiones.
Orden del Día
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión de mesa directiva que se efectuará el martes 9 de febrero, a las 16:30 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante, situada en el cuarto piso del edificio D.
Atentamente
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
A la cuarta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 9 de febrero, a las 17:00 horas, en los salones 2 y 3 del edificio I.
Atentamente
Diputada Esthela Damián Peralta
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
A la segunda y tercera reuniones ordinarias, por efectuarse el miércoles 10 de febrero, a las 11:00 horas, en el salón D del edificio G.
Atentamente
Diputado Pablo Escudero Morales
Presidente
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A la quinta reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 10 de febrero, a las 18:00 horas, en el salón C del edificio G.
Atentamente
Diputado José Trinidad Padilla López
Presidente
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
A la séptima reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 11 de febrero, a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la convocante, situada en el cuarto piso del edificio F.
Atentamente
Diputada Ninfa Clara Salinas Sada
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
A la reunión plenaria que se llevará a cabo el miércoles 17 de febrero, a las 11:30 horas, en la sala de juntas de la convocante, situada en el cuarto piso del edificio D.
Atentamente
Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez
Presidenta
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2010
Cámara de Diputados
LXI Legislatura
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Premio Nacional de Finanzas Públicas
Tercera edición
2010
Presentación
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados es un organismo de apoyo técnico al que se le ha otorgado como misión contribuir a la función legislativa en materia de finanzas públicas y economía, mediante el análisis, seguimiento y evaluación técnica de las políticas públicas; así como apoyar a los legisladores, comisiones y grupos parlamentarios de una manera objetiva en el ámbito y finalidad de las atribuciones del Congreso de la Unión.
Actualmente la función del CEFP se desarrolla en circunstancias en las que la sociedad reclama una profunda reforma de las finanzas públicas y diversos sectores plantean inquietudes, opciones y alternativas para ello.
De ahí la importancia de convocar a la tercera edición del Premio Nacional de Finanzas Públicas, que al igual que en sus dos primeras ediciones, espera recibir una favorable participación de estudiosos y de ciudadanos que buscan que sus propuestas sean examinadas, discutidas, reconocidas y difundidas.
Siempre es grato emplazar al ejercicio de las ideas y del talento en el análisis, pero lo es más cuando se requieren ensayos inéditos que abonen al examen de soluciones y pongan a disposición del Poder Legislativo evidencias sobre las tendencias y los derroteros en el campo de las finanzas públicas y la responsabilidad hacendaria, por ello el CEFP publica su
Convocatoria al Premio Nacional de Finanzas Públicas
Tercera edición
2010
Objetivo
Impulsar la cultura de las finanzas públicas en México y disponer de un acervo de investigaciones de calidad y estudios de frontera en materia de finanzas públicas que coadyuven con el trabajo legislativo en el tema de referencia.
Premio
Bases
Podrán participar todos los interesados que cumplan
con los siguientes:
Requisitos
Presentar estudios enmarcados bajo las siguientes modalidades:
• Teóricos, cuando contribuyan a expandir la frontera del conocimiento en el campo de las finanzas públicas.
• Tecnológicos, cuando la aportación sea un desarrollo de software, hardware o de prototipos innovadores en el campo de las finanzas públicas y las políticas públicas asociadas a este tema
Reforma Hacendaria y Fiscal:
Los estudios, investigaciones o desarrollos tecnológicos pueden ser elaborados por una o varias personas, de nacionalidad mexicana o extranjeros.
Los trabajos deben cumplir las siguientes características:
Los ensayos se presentarán en cinco tantos, bajo pseudónimo, en disco compacto y en edición impresa. En forma anexa se acompañará un sobre lacrado con los datos del participante. Es importante que en el exterior del sobre lacrado se escriba un correo electrónico para mantener contacto y para avisos en general.
La entrega puede ser en forma personal en horas hábiles o por paquetería con acuse de recibo certificado en las instalaciones del CEFP, edificio I, primer piso, Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, código postal 15960, teléfono 5036 0000, extensión 56006.
Calendario
La convocatoria se abre a partir del martes 24 de noviembre de 2009 y la fecha límite de entrega de los trabajos será el lunes 1 de marzo de 2010.
Los resultados del jurado se darán a conocer el lunes 5 de abril de 2010 en el sitio www.cefp.gob.mx, y el premio se entregará la última semana del mismo mes en una ceremonia especial.
Exclusiones
Los trabajos patrocinados por entidades públicas o por empresas de carácter mercantil y aquellas obras cuyos derechos no sean propiedad del autor. Asimismo, no podrán participar los estudios elaborados por personal adscrito al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Jurado
La tercera edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas contará con un reconocido y ameritado grupo de profesores, investigadores y estudiosos de universidades e institutos nacionales, así como de funcionarios públicos que se desempeñan en las dependencias relacionadas con las finanzas públicas.
Informes
Para aclaración y detalles de información
en general se pueen dirigir a la página: http://www.cefp.gob.mx,
o al teléfono 5036 0000 extensión 56006 o 55220
Al curso Legislación y el desarrollo rural, que se realizará los viernes comprendidos del 23 de octubre al 12 de febrero, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el salón de usos múltiples número 4 del edificio I.
Objetivo
Proporcionar a los asistentes una visión de conjunto sobre el marco legal que incide en el campo mexicano; los sujetos sociales que lo componen; las relaciones que establecen con la tierra, los recursos naturales, las actividades económicas; y los problemas estructurales del sector que deberían atenderse con políticas públicas.
Conocer la nueva realidad del campo mexicano y la legislación vigente sobre desarrollo rural.
En las últimas décadas, el campo mexicano ha tenido una serie de transformaciones. Estos cambios se expresan en términos de una especialidad distinta de la de hace algunas décadas, donde se revelan prácticas territoriales diversas, así como en relaciones técnico-económicas producto de la apertura comercial, en diferentes formas de autoridad y poder que se manifiestan en variadas estructuras e instituciones, y en la presencia cada vez más activa de una gran diversidad de actores rurales.
De manera paralela se ha ido transformando la legislación que regula las actividades que en él se realizan, los derechos de los actores que en él conviven, y las acciones de gobierno para procurarles mejores niveles de vida.
A fin de estudiar esta nueva realidad, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), en el marco de las actividades de su quinto aniversario de creación, ha organizado el curso Legislación y el desarrollo rural, que será impartido por investigadores del CEDRSSA, por académicos y por especialistas en la materia.
Calendario de actividades
El curso consta de 10 módulos, de 5 horas cada uno. Se impartirá 1 por semana, los viernes, de las 10:00 a las 15:00, a partir del 23 de octubre y hasta el 12 de febrero. Las sesiones serán apoyadas por material de la colección Legislación para el Desarrollo Rural, editada por el CEDRSSA.
Programa
Módulo X. La pesca y el desarrollo rural. Febrero 12. Maestra Jazmín Barajas Santinelli.
Atentamente
Doctor José Sergio Barrales Domínguez
Director General