La suscrita, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
En octubre de 2009 se inauguró en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el complejo hotelero y condominal Grand Coral Riviera Maya, el cual se prevé tenga un crecimiento a lo largo de 10 años.
El desarrollo turístico prevé la construcción de alrededor de 6 mil 900 viviendas turístico-residenciales distribuidas en 16 lotes, 2 hoteles-boutique, 1 club de playa, 1 centro comercial, 1 alberca de 180 metros de largo y 1 campo de golf de 18 hoyos que comprende un área de 60 hectáreas de un total de 302 que tiene el complejo.
Este proyecto se dio a conocer a la sociedad en junio de 2006, antes de que se aprobara la reforma al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.
Los medios de comunicación dieron a conocer que la manifestación de impacto ambiental fue presentada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en septiembre del mismo año, la cual fue autorizada tres meses después, siendo confirmado el resolutivo –que tiene una vigencia de 50 años– los primeros días de enero de 2007.
En julio del mismo año los representantes del complejo presentaron a la Decretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la manifestación de impacto ambiental del campo de golf de 18 hoyos, señalando que se ajustaba a los criterios técnicos jurídicos previstos dentro del plan maestro autorizado por la secretaría en diciembre de 2006.
La Semarnat suspendió el proceso de evaluación del campo de golf y solicitó más información a los promoventes, fundamentalmente pidió que analizaran la congruencia del estudio presentado con el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre y la NOM-022, específicamente requirió que informarán sobre la unidad hidrológica integral del manglar.
Los promoventes informaron que el manglar que existía en la zona o lo que quedaba sin impactar por los otros proyectos ya ejecutados sería respetado e integrado al diseño del campo de golf.
Así después de análisis y muchas dudas de la secretaría expresadas mediante solicitud de información adicional fue aprobado el proyecto del campo de golf en abril de 2008.
En diciembre del año pasado autoridades ambientales recibieron un reporte de avistamiento de cocodrilos en terrenos situados en el desarrollo turístico Grand Coral Riviera Maya.
En ese mismo mes los medios de comunicación y organizaciones ambientalistas informaron que había sospechas de devastación de mangle en la zona, por ello el municipio de Solidaridad, por conducto de la Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano, realizo una visita al complejo, comprobando el daño ecológico.
Debido a que se trataba de la remoción nueva de 2 hectáreas de manglar el ayuntamiento solicitó en dos ocasiones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervenir en el asunto en cuestión para así deslindar responsabilidades, sin que a la mayor brevedad posible la Profepa diera respuesta.
Tuvieron que pasar 20 días para que la Profepa iniciara las investigaciones correspondientes. Se debe advertir que no es la primera vez en la que la Procuraduría realiza tardíamente su actuación en Quintana Roo, lo que conlleva a la falta de aplicación de la legislación ambiental.
En el caso particular es urgente que la Profepa investigue el daño al manglar dentro del Grand Coral porque los manglares son ecosistemas que tienen un papel importante como zona de transición, conexión y amortiguamiento entre el medio acuático y terrestre, constituyéndose en una importante barrera ante inundaciones y huracanes para la población que habita en zonas costeras, como es el caso de Playa del Carmen.
También es importante que la Semarnat informe si el plan maestro y las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) consideran planes de mitigación y reforestación del manglar, así como los elementos de su viabilidad, toda vez que la última MIA fue autorizada después de la entrada en vigor de la reforma al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre.
Es imperativo que las autoridades federales ambientales cumplan con el mandato de las leyes ambientales a cabalidad y en tiempo, porque se trata de recursos no renovables y el retraso en su actuar provocar pérdidas y daños irreversibles. Se debe recordar que en el territorio mexicano el manglar ha desaparecido 35 por ciento el último siglo.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar a esta asamblea lo siguiente:
II. Los resultados de las inspecciones llevadas a cabo en el desarrollo turístico Grand Coral Riviera Maya.
Recinto de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2010.
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE SE INVESTIGUE LA NEGATIVA DE LA SEGOB A PAGAR DE MANERA RÁPIDA
LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO DE EX BRACEROS, SUSCRITA POR EL SENADOR RICARDO
MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La emisión de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos del período 1942-1964, de fecha 25 de mayo de 2005, constituyó un verdadero hito en la historia de la justicia social en nuestro país en el sentido de que, a través de ella, el Estado mexicano reconoció por vez primera la legitimidad y justeza de los reclamos que los trabajadores ex braceros mexicanos venían haciendo desde años atrás.
También cobra relevancia el asunto porque los braceros son una realidad social que deja muchas enseñanzas: fueron trabajadores en busca de empleo, y muchas veces también de educación, hogar y bienestar que no encontraron, y actualmente sigue sin encontrarse, en nuestro país.
De acuerdo con el Pew Center de Estados Unidos, más de 490 mil mexicanos emigran cada año a ese país. Para el caso mexicano ese hecho es de un enorme valor exponencial por el tema de los ingresos económicos que generan para nuestro país; las remesas. Sólo para tratar de ejemplificar, de acuerdo con cifras oficiales del Banco de México estos ingresos han representado para nuestro país en los últimos nueve años alrededor de 160 mil millones de dólares.
En su momento los ex braceros que contempla la anterior ley referida, ayudaron a que ingresaran al país recursos económicos entre las décadas de los 40 y 60 del siglo pasado. Sin embargo, parece que ello se olvida. Dicha iniciativa está actualmente "durmiendo el sueño de los justos", pues a ya casi 5 años de su promulgación, no se han tenido avances sustantivos en la materia. Para la administración federal del PAN ha sido un asunto menor, y para los miles de ex braceros este proceder ha sido una "tomada de pelo" y un síntoma más de vergüenza y descaro para con la gente humilde por parte de la actual administración panista.
Los hechos así lo demuestran, desde 2005 cuando se creó el fondo de apoyo social se tenía previsto cubrir un total de 38 mil pesos a cada ex bracero. Y hasta mediados de 2009 se les había pagado en una sola exhibición los 38 mil pesos a solo 42 mil braseros. Agreguemos que el año pasado también se habían registrado 160 mil braceros más.
Lo peor se presentó cuando el comité técnico, si bien contando con las facultades para modificar las reglas de operación del fideicomiso, y con base en ello, el día 29 de junio de 2009 decidió modificar arbitraria, insensible y unilateralmente las formas de pago.
Éstas se hicieron en abonos chiquitos de 4 mil pesos por año –y esto según dependiendo del presupuesto anual que se otorgue al fondo para el fideicomiso– este monto representa unos 333 pesos mensuales; 10 pesos diarios en promedio. Con dicha cantidad apenas alcanza para comprar un kilo de tortillas con la actual carestía por la que estamos atravesando.
Y no siendo suficiente lo anterior, el diario La Jornada (11/01/2010) reporta que la Secretaría de Gobernación se ha negado sistemáticamente a pagar de manera rápida los recursos del fideicomiso para ex trabajadores braceros, a pesar de que los fondos aprobados en el presupuesto inclusive han generado intereses. La dependencia, sólo ha pagado 4 mil pesos a 15 mil ex braceros, pero a más de 150 mil "no les ha otorgado un centavo".
Mientras en el Congreso las bancadas del PRI y del PAN actúan de manera conjunta y similar en este tema, porque han rechazado aumentar el fondo, que actualmente asciende a 300 millones de pesos y obviamente esa cantidad es insuficiente. Pero también se han negado en la Cámara de Diputados para que se liberaran los recursos aprobados para 2008 y 2009, y se publiquen las listas de los ex trabajadores.
Este asunto debe ser tratado con seriedad, no sólo por los argumentos antes referidos, sino porque consideremos que en su mayoría los pagos, humillantes en cuanto a la cantidad se refieren, se harán a personas de más de 80 años de edad. Muchas de ellas tienen problemas de salud, enfrentan una situación socioeconómica muy delicada y, sin embargo, se les condiciona a que cobren año con año hasta llegar a los 38 mil pesos, algo que a su edad resulta muy difícil que lleguen a vivir ese lapso de tiempo.
¿No es una burla o falta de respeto para nuestro pueblo?, cuando por ejemplo, tenemos a una burocracia obesa que goza de sueldos enormes; 153 servidores públicos tendrán ingresos este año por encima del Calderón –que obtendrían 3 millones 324 mil 819 pesos anuales brutos.1
Además, deberíamos agregar que distintos niveles del gobierno en México; funcionarios gubernamentales, diputados estatales y federales, y medios han estado cazando e inflando declaraciones, cifras y rumores, y han hecho de este asunto sólo una cuestión mediática y en ocasiones electorera, sin importar el sufrimiento de nuestros amigos braceros; héroes de la segunda guerra mundial, nuestros soldados del surco y del traque.
En su momento presenté una iniciativa (12 de febrero de 2008) que proponía flexibilizar los requisitos previstos en el artículo 6º de la ley, de manera tal que no haya un solo segmento, del universo de los trabajadores ex braceros, que quedara excluido del programa de apoyo social. Incluyendo a las concubinas y sus legítimos herederos.
Ahora, propongo un punto de acuerdo para que se investigue ¿Por qué la Secretaría de Gobernación no ha cubierto el monto total con cabalidad y prontitud a los ex braceros?
También les digo que para el próximo periodo de sesiones que dará inicio en febrero, apoyaremos todas las propuestas que tengan que ver con aumentar los fondos para los ex braceros e investigar por qué no se ha cumplido con los pagos como debería ser.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de este le solicite a la Secretaría de Gobernación, informe cuales son los criterios por los cuales no pagan de manera pronta y expedita los recursos del fideicomiso para los ex trabajadores braceros.
Segundo. Se flexibilicen las normas de registro del padrón de los ex braceros, para que un mayor número de compañeros puedan tener acceso a este apoyo del fideicomiso.
Nota
1. Leticia Robles de la Rosa, 153 políticos
ganan más que Calderón, Excelsior, 12 de enero de 2010.
Ver en Internet bajo el siguiente vínculo:
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/153_politicos_ganan_mas_que_calderon/831161
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 27 días del mes de enero de 2010.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR MEDIANTE LA SHCP LA DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INVERSIÓN PARA LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES, DE
LOS RAMOS 23 Y 33, RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO UN CALENDARIO EN EL PRIMER
SEMESTRE DE 2010, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN NICOLÁS CALLEJAS
ARROYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Juan Nicolás Callejas Arroyo, coordinador de la diputación veracruzana e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con base en el análisis de la información que se observa en los Diarios Oficiales de la Federación publicados a partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, en lo relativo al Fondo de Inversión para las Entidades Federativas, y al Fondo de Aportaciones Múltiples, correspondientes a los Ramos 23, "Provisiones Salariales y Económicas", y 33, "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", respectivamente, se hacen las siguientes observaciones:
2. En lo concerniente al Fondo de Aportaciones Múltiples, del Ramo 33 (anexos 1 y 2 del Presupuesto de Egresos de la Federación), en su apartado de infraestructura educativa básica y superior, no se incluye la distribución geográfica, y su ministración, en forma general, es por el periodo de 12 meses.
Por ejemplo, en el inicio del ejercicio 2009, la Secretaría de Educación Pública, anunció una cifra histórica de entre 8 y 10 mil millones de pesos para la construcción de escuelas, mejoramiento de sanitarios y recuperación de edificios en malas condiciones, de los cuales se ejercieron únicamente poco más de 4 mil millones de pesos: 2 mil 518.8 millones de pesos a través del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), y 1 mil 482.4 millones de pesos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Para la Educación Básica, dentro del mismo programa se destinaron 2 mil 890 millones de pesos, con logros insuficientes al registrarse un subejercicio de 491.8 millones de pesos.
Relacionado con la inversión en Educación Media Superior, la SEP informó que a través del Inifed, se ejercieron 101 millones de pesos, sin hacer alusión sobre los 2 mil 250 millones de pesos que la Cámara de Diputados autorizó para la construcción de nuevos bachilleratos.
Por otra parte, de acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del tercer trimestre del 2009, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, referente al avance físico y financiero de los programas y proyectos de inversión aprobados; los avances son inferiores a lo esperado para el mes de septiembre, y la razón obedece primordialmente a la calendarización de los recursos, lo que impide de cierta manera, lograr los objetivos propuestos.
Es de notarse que el subejercicio del gobierno federal era de 8 mil 605.4 millones de pesos al tercer trimestre de 2009, como se desprende del informe citado.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a publicar inmediatamente, en el ámbito de sus atribuciones, un calendario para la distribución geográfica de los recursos del Fondo de Inversión para las Entidades Federativas, y del Fondo de Aportaciones Múltiples, correspondientes a los Ramos 23, "Provisiones Salariales y Económicas", y 33, "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", para el primer semestre del 2010 (enero-junio), a efecto de lograr mayor oportunidad en su aplicación, así como la eficiencia y transparencia en su administración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.
Diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEGOB Y A LA SAGARPA A DECLARAR ZONA DE DESASTRE Y CONTINGENCIA
CLIMÁTICA LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ AFECTADOS POR
LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, Y A DESTINAR RECURSOS DEL FONDEN Y DEL PACC
PARA SU ATENCIÓN, SUSCITA POR EL DIPUTADO SABINO BAUTISTA CONCEPCIÓN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Sabino Bautista Concepción, diputado por San Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La disminución de la temperatura a grado extremo hace que las condiciones materiales para enfrentar dicho problema sean mínimas por parte de quienes las padecen.
El frío intenso genera graves problemas de salud en la población, particularmente los más vulnerables como los niños y adultos mayores, además de causar graves afectaciones a la actividad agrícola.
Durante las últimas semanas las intensas heladas que han azotado a San Luis Potosí han dejado huella, la disminución de la temperatura ha causado severa afectación a la salud y al campo en la mayoría de los municipios de la región de la Huasteca.
Ante tal situación, el pasado 21 de enero del año en curso, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para tres municipios del estado: Santa Catarina, Xilitla y Villa de Arriaga, ordenándose la liberación de los recursos del fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud de la población afectada.
Sin embargo, dada la magnitud del desastre cuyas afectaciones son superiores en la actividad del campo, los municipios afectados no son únicamente los que fueron declarados zona de desastre, puesto que la Dirección de Protección Civil estatal reportó a otros 40 municipios que también fueron afectados por las heladas, en particular Tamazunchale, Matlapa, Xilitla y Aquismon, que se encuentran en las mismas condiciones de desastre.
Urge la actitud solidaria del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que con el carácter de "urgente" realice la declaratoria de emergencia y de contingencia climatológica de los 40 municipios, en particular de Tamazunchale, Matlapa, Xilitla y Aquismon, para que de inmediato liberen los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) para atender a la población afectada por las heladas registradas en San Luis Potosí.
Debemos tener en cuenta que el Fondo de Desastres Naturales y el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas están concebidos como mecanismos de apoyo a las entidades federativas para la atención y recuperación de las consecuencias de los fenómenos naturales.
Sabemos que la pronta y oportuna atención de los desastres provocados por contingencias climatológicas y fenómenos naturales es fundamental para de alguna forma minimizar los daños ocasionados.
Por lo anterior, y en representación de la Huasteca Potosina, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se declare estado de emergencia y como zonas de desastre natural los 40 municipios de San Luis Potosí, y de manera particular los municipios de Tamazunchale, Matlapa Xilitla y Aquismon.
Segundo. Se exhorte a las Secretarías de Gobernación; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; para que de inmediato procedan a emitir la declaratoria de desastre referida y ordenen la aplicación de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC), de manera respectiva a San Luis Potosí, en sus 40 municipios, particularmente a los municipios de Tamazunchale, Matlapa, Xilitla y Aquismon, los cuales fueron afectados por el desastre derivado por las fuertes heladas registradas durante las últimas semanas del mes de enero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.
Diputado Sabino Bautista Concepción (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A DESTINAR RECURSOS A VARIOS PROYECTOS MEDIANTE SU
REGISTRO EN LA CARTERA RESPECTIVA PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESTUDIOS
Y OBRAS DE PROTECCIÓN QUE DEN SEGURIDAD HIDROLÓGICA A LOS
AFECTADOS POR EL HURACÁN JIMENA; Y A LA CONAGUA, A REALIZAR UN ESTUDIO
HIDROLÓGICO QUE COMPRENDA LOS TRES GRANDES ARROYOS QUE CRUZAN EL
VALLE DE SANTO DOMINGO, EN BAJA CALIFORNIA SUR, SUSCRITA POR EL SENADOR
LUIS COPPOLA JOFFROY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Luis A. Coppola Joffroy, senador de la LXI Legislatura por Baja California Sur, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, mediante su registro en la cartera de proyectos, se destinen los recursos para la implementación de estudios y obras de protección que den seguridad hidrológica a los habitantes de las regiones afectadas por el huracán Jimena. Se hace la solicitud para que dicho presupuesto se distribuya en diversos proyectos. Asimismo, se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a efecto de realizar un estudio hidrológico que comprenda los tres grandes arroyos que cruzan el valle de Santo Domingo, en Baja California Sur, para establecer y definir obras de infraestructura con el propósito de aumentar de forma importante la capacidad de retención y filtración de agua a los mantos acuíferos. Lo anterior, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las intensas precipitaciones y vientos generados durante los días 1 al 4 de septiembre por el ciclón tropical Jimena, en su paso por Baja California Sur, dejaron daños materiales en la infraestructura pública y privada. Los mayores estragos ocurrieron en los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto, en donde miles de familias se vieron afectadas. Las localidades de San Carlos, López Mateos, Ciudad Constitución, Insurgentes, Zaragoza, Las Barrancas y La Purísima sufrieron severas inundaciones.
Según el Consejo Estatal de Protección Civil, los efectos del ciclón causaron serios destrozos en la carretera transpeninsular, incomunicando a la zona con el resto de la entidad. A su vez, las fuertes ráfagas de viento y las lluvias torrenciales derribaron árboles, postes del tendido eléctrico y torres.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó que por causa del meteoro quedaron sin electricidad 33 mil 644 usuarios en Loreto, Comondú y Mulegé. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las precipitaciones que dejó Jimena alcanzaron los 418 milímetros en la localidad de Santa Rita y 343 en Ciudad Constitución, municipio de Comondú. Es importante aclarar que no obstante a la presencia de ciclones, el promedio anual de precipitaciones en el estado se caracteriza por ser uno de los más bajos en el país.
Sucesos como el del huracán Jimena seguirán ocurriendo; por lo tanto, no debemos continuar con la dinámica de reaccionar ante los fenómenos naturales. México requiere de una planeación seria que le permita usar racionalmente sus recursos y anticiparse a las catástrofes naturales con el fin de contener su impacto.
Independientemente de los daños a la infraestructura, es latente el riesgo de que las actividades económicas se vean afectadas. Las cosechas, las actividades pesqueras, el turismo y muchas otras actividades se ven afectadas en el corto plazo, y su recuperación después de un fenómeno meteorológico es lenta. Particularmente existen grupos vulnerables que se ven más golpeados por dichos sucesos y estos requieren de apoyo para recuperarse.
No sabemos si en un futuro el gobierno mexicano pueda tener los recursos para enfrentar las consecuencias devastadoras que traen consigo los ciclones. Es por ello que se requiere del diseño de planes estratégicos que permitan reducir los riesgos y disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones. Es importante establecer programas de desarrollo urbano que logren determinar claramente las zonas de riesgo y se actúe frente a éstas.
Con el panorama expuesto, se hace indispensable hacer cambios de fondo en diversos aspectos. Se necesita conocimiento de las variables que inciden en el agravamiento de las consecuencias de los fenómenos naturales; ya con dicho conocimiento, resulta importante promover acciones para la reducción del riesgo. No debemos olvidar que tenemos frente a nosotros el problema del cambio climático; en consecuencia debemos actuar frente a ello, antes de que éste nos vea rebasados.
Resulta de vital importancia garantizar el acceso del agua a toda la ciudadanía y hacer un uso eficiente de esta. Día a día se evidencia más la necesidad de hacer sociedades sostenibles. Por ello el Estado debe generar las condiciones que permitan el uso y aprovechamiento de los recursos; ya que ello incide en el desarrollo del país.
La gestión del riesgo resulta fundamental en la creación del plan estratégico al que he hecho mención. Se requiere de legislación e instrumentos de planeación que incentiven la participación de la sociedad y el gobierno. Uno de los objetivos es romper con la pobreza y la vulnerabilidad que traen consigo los desastres naturales. Es vital que en la creación de los planes se incluya a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, a la ciudadanía, a los investigadores, a los expertos y demás personas que puedan aportar su conocimiento y experiencias; y con ello lograr un plan incluyente e integral que permita garantizar el uso eficiente de los recursos con los que se cuenta.
No podemos olvidar que el agua es un tema de seguridad nacional y en este tema debe existir corresponsabilidad entre los diferentes actores que componemos la nación. El agua es fundamental para muchas actividades como el turismo, la agricultura y la salud, por mencionar algunas.
Es una realidad que para los habitantes del estado resulta natural que no llueva. Según datos de la Conagua en 2009 la precipitación promedio en Baja California Sur fue de 19.5 milímetros. Esta cifra nos muestra claramente la gravedad del problema a la que nos enfrentamos. La falta de lluvias hace indispensable que se logre su eficaz recuperación.
Para ciertas regiones de México los acuíferos son la única fuente de abastecimiento de agua para la población. Por medio de ellos se nutren la mayor parte de los municipios debido a que son depósitos de agua que incrementan considerablemente la capacidad de los embalses que el hombre puede construir en su entorno.
Además de la importancia que tienen como almacenadores de agua, los acuíferos tienen la función de mantener la humedad del suelo. Lo anterior se debe a que las aguas subterráneas mantienen ciclos de recarga más suaves por lo que no hay una afectación inmediata y directa en periodos de sequía.
El acuífero del valle de Santo Domingo, con sus 74 mil hectáreas es el área de tierra destinada a la actividad agrícola más extensa de Baja California Sur, siendo dicha área una de las mejores del mundo en cuanto a la variedad y excelente calidad de sus productos.
De acuerdo con información de la Conagua, el acuífero del valle de Santo Domingo está en grave peligro de destrucción. Desafortunadamente las lluvias son la única fuente de recarga de dichos mantos freáticos y éstas son escasas durante gran parte del año; sólo se presentan en forma abundante en la época de ciclones.
La falta de obras de retención de agua hace que generalmente no se aprovechen las precipitaciones pluviales generadas por fenómenos meteorológicos. En lugar de almacenar las grandes cantidades de agua que traen consigo fenómenos naturales tales como los huracanes y que dicha agua se utilice en cultivos, la realidad es que se desperdicia y termina depositada en el mar. Con el ánimo de atender los daños causados por el huracán Jimena se presentaron:
En Baja California Sur, como en otros estados, existe la urgente necesidad de diseñar planes estratégicos que contemplen realizar obras de captación o cosecha de aguas, en sitios clave, que permitan aumentar de manera importante la capacidad de retención y filtración del agua de los mantos acuíferos. Las obras mencionadas servirán para que las precipitaciones pluviales sean aprovechadas, además de que permitirán atenuar el problema de las inundaciones que frecuentemente los fenómenos meteorológicos traen consigo.
Es importante que admitamos que México requiere de acciones definitivas que nos permitan hacer frente a la nueva realidad en la que estamos presentes: el cambio climático. El país y nuestra ciudadanía necesitan que actuemos inmediatamente ante un futuro que, como muchos expertos han indicado, se caracterizará por la presencia constante de fenómenos meteorológicos. Es importante contemplar la presencia de fenómenos naturales y planear para reducir los riegos y consecuencias que dichos fenómenos acarrearán. Aún estamos en buen tiempo para actuar de forma que podamos asegurar el bienestar de la ciudadanía. Baja California Sur requiere de la implementación de planes y acciones que le permitan un desarrollo económico y social.
El futuro de La Paz, así como el de todo Baja California Sur, se encuentra en grave peligro. Los mantos acuíferos se están sobreexplotando y ello nos puede llevar a severas crisis por falta de agua. Es fundamental que tomemos conciencia sobre el hecho de que la escasez de dicho líquido vital traería consecuencias catastróficas en todos los ámbitos de la vida de los sudcalifornianos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que, con base a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se destinen los recursos para la implementación de estudios y obras de protección que den seguridad hidrológica a los habitantes de Baja California Sur. Se hace la solicitud para que dicho presupuesto se distribuya en los proyectos que se mencionaron anteriormente, ello con el fin de activar las operaciones con los gobiernos estatal y municipales.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a efecto de realizar un estudio hidrológico que comprenda los tres grandes arroyos que cruzan el valle de Santo Domingo, en Baja California Sur, para establecer y definir obras de infraestructura con el propósito de aumentar de forma importante la capacidad de retención y filtración de agua a los mantos acuíferos. Asimismo, para que se eviten y prevengan los incidentes e inundaciones ocasionados por el cambio climático.
Tercero. Se exhorta a las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados para que en la discusión del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 se destinen recursos etiquetados para la realización de las obras descritas en los dos anteriores considerandos.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de enero de 2010.
Senador Luis Coppola Joffroy (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
SOLICITAR A LAS JUNTAS DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE AMBAS
CÁMARAS QUE REVISEN CON LA MAYOR BREVEDAD Y EN CONJUNTO EL FORMATO
DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CNDH PARA QUE SE CONVIERTA EN UN
EJERCICIO INCLUYENTE Y DE EFECTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA
NACIÓN, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ENOÉ MARGARITA URANGA MUÑOZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Enoé Margarita Uranga Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 93 y en el 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo:
Desde el surgimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se le dotó de autonomía, para que su fuerza no tuviera más origen que el que directamente le diera el respaldo de un alto compromiso ciudadano, de una autoridad moral a prueba de todo, con la voluntad política suficiente y demostrada para no achicarse y para no depender de los poderes fácticos que están fuera de la ley y del escrutinio público, para mantenerse ajenas a las pugnas de los partidos políticos y poniendo siempre por delante de todo el interés y la protección de los derechos humanos de los habitantes del país a la altura de que demanda modernidad y en armonía con los tratados internacionales.
Para nadie es ajeno que en materia de derechos humanos el país transita por una de sus crisis más profundas. Cerca de quince mil ejecuciones motivadas por los operativos militares y policíacos con su secuela de impunidad, además de los cientos de feminicidios y casos de trata de personas, penalizaciones a mujeres por decidir sobre su cuerpo, inmovilismo cómplice ante las incitaciones al odio de ciertas jerarquías eclesiásticas y agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos son sólo algunos de los temas de una agenda y de un panorama desolador que nos hablan de un profundo quiebre en el tejido social.
Lamentablemente la gestión del antecesor inmediato, doctor José Luis Soberanes Fernández, no sólo no dio el ancho, sino que se quedó muy corta en el cumplimiento de su responsabilidad, e incluso, llegó al extremo de ser cómplice activo de serios atentados contra los derechos humanos de las mujeres tanto que, muchas veces sin justificación, buscó ampararse en su presunta interpretación del principio de legalidad y en un ficticio índice de aceptación de la tarea de la CNDH por parte de los quejosos. Dicha gestión se distinguió por su letargo burocrático, su complicidad con el Ejecutivo, en la que destaca la acción de inconstitucionalidad, presentada sin consultar al Consejo Consultivo de la CNDH, por el propio Presidente de la misma ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación contra las reformas para la despenalización del aborto en el Distrito Federal.
Todo ello, sería parte de un pasado a superarse por la administración actual de la CNDH, si no fuera por las declaraciones del actual presidente de dicha comisión quien se reivindica a sí mismo, y así es efectivamente, como el símbolo del continuismo en la administración de Soberanes en la CNDH. El actual encargado de defender los derechos humanos en el país fue elegido para el cargo "de panzazo"; fue necesario repetir la votación en el Senado para juntar apenas los votos mínimos necesarios para ser electo.
Tal falta de consenso respecto a la elección de un Ombudsman contrasta fuertemente con los elementos de legitimidad que se requieren para atestiguar que son firmes los pasos para conformar un sistema institucional que permita dejar atrás un lastre de impunidad, una lamentable cultura de desigualdad y violencia que nos distingue en el mundo, para erradicar los estigmas, los prejuicios, las fobias originadas en la ignorancia y la manipulación, para sustentar la anhelada democracia en una moral basada en valores cívicos como son el respeto a la diversidad, a la libertad de creencia, de pensamiento y de religión, a la seguridad, a la vida y a la libertad, entre otros, y no en una moral que se esgrime bajo dogmas metajurídicos.
Infaustamente, el doctor Raúl Plascencia Villanueva llega a través de un procedimiento que resulta turbio, respecto a lo que marcan los Principios de París, sin atender al perfil necesario para sacar adelante las agendas en la materia. El Senado de la República no le dio a México un ombudsman al servicio de los derechos humanos todos, nos dio un personaje producto de un acuerdo de intereses cruzados que atendió a los equilibrios de poder entre los partidos políticos en el Congreso de la Unión. Realmente el papel de la CNDH tanto en el examen periódico universal como en las recientes resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pasado de noche.
Fue justamente el actual presidente de la CNDH el que nos anunció que entre su gestión y la anterior sólo existirá una diferencia de edad de su titular. El día de hoy este Congreso de la Unión recibirá el tradicional informe de actividades de la CNDH tal como lo establece el artículo 102 de la Constitución Política que nos rige y que seguramente mostrará, dado el continuismo anunciado, una descripción de la realidad en varios sentidos diferente a la que se lee y discute diariamente en la opinión pública. Como mundos aparte están las políticas públicas del gobierno, especialmente la de seguridad pública, y la de los derechos humanos, bajo una falsa noción de que son excluyentes.
Es necesario que este legislativo intervenga de manera más contundente ante esta costosa disyuntiva en términos de vidas humanas, que perjudica el ambiente de cohesión social que se precisa para apuntalar el desarrollo socioeconómico que las nuevas generaciones exigen. Como lo vimos hace una semana y lo veremos el día de hoy, estos rituales son todo menos un ejercicio de diálogo democrático. Por supuesto que esto necesita de enormes dosis de voluntad política para dejar atrás la discordia y los diálogos de sordos. Las comparecencias son oportunidades que no nos podemos dar el lujo de desperdiciar.
La falta de oportunidad y la desatención en materia de derechos humanos son demasiadas y muy graves para que el titular de la Comisión Nacional no dé la cara ante ellos. Las mujeres de este país, que no renunciaremos al derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, estamos amenazadas por 18 leyes estatales que nos criminalizan y que son producto de un milagro legislativo; porque son idénticas y salieron casi juntas, como inspiradas por un solo espíritu conservador. Incluso algunas mujeres son acusadas y están presas por negarse a tener el producto de una violación, sin que la CNDH haga nada para evitar que sean tratadas como delincuentes por decidir sobre su cuerpo. Y hoy la CNDH sigue siendo indolente y omisa ante el tema porque no ha realizado gestiones y recomendaciones concretas para liberar a las mujeres que están presas por tal motivo en distintas prisiones del país.
Se hace necesario cambiar el formato de estos actos de lucimiento del presidente de la CNDH ante la Comisión Permanente, pues ya resultan ridículos e insostenibles ante la necesidad de presionar a esa Comisión para que haga su trabajo. Hoy tendría que decirnos el doctor Raúl Plascencia en forma muy concreta cuándo piensa interponer la acción de inconstitucionalidad por estas reformas contrarias a la libertad de las mujeres y para subsanar y revertir la aberración de demanda de la acción de inconstitucionalidad 146/2007, presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de mayo de 2007 (en la que se reclama la reforma a los artículos 144, 145, 146 y 147 del Código Penal para el Distrito Federal, la adición del tercer párrafo al artículo 16 Bis 6, y la adición del artículo 16 Bis 8 a la Ley de Salud para el Distrito Federal, realizadas mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de abril de 2007).
La tibieza de la gris gestión realizada por el doctor Raúl Plascencia obliga a replantearnos la relación que desde el legislativo deberemos tener con la actual administración de la CNDH. Baste recordar que han pasado ya cerca de 70 días desde que doctor Plascencia tomó posesión de su encargo y no se ha dignado aún a salir en defensa de la laicidad del Estado mexicano, ni mucho menos a señalar a las autoridades su omisión ante los ataques basados en la homo-lesbofobia. ¿Si no es en estas comparecencias en dónde reportará qué está él esperando?; ¿por qué guarda lo que se adivina como complicidad silenciosa?
La autoridad moral que mueve la figura del ombudsman no se adquiere fuera del marco del Estado laico, ni se consigue con su acercamiento con los partidos políticos. Sin autoridad moral, un ombudsman no significa nada, porque la requiere para enfrentar violaciones a los derechos humanos como las que abundan en el país y en la CNDH persiste un enorme déficit de credibilidad.
Uno de los pocos compromisos hechos por el doctor Plascencia fue que "en 100 días, la CNDH quedaría modernizada gracias a cinco líneas de acción, nueve áreas temáticas y 35 acciones concretas". Ya casi se cumple el plazo y no se ven los avances, más allá de que piensa inventar un país donde prevalecerá la cultura de la legalidad a partir de realizar un foro para exigir a las personas el cumplimiento de sus deberes.
No se ve nada concreto acerca de cómo su "prometida modernidad" contribuirá a garantizar la exigibilidad de los derechos. Como tampoco se vislumbra la intención del Presidente de la CNDH para abordar la impunidad con que actúa el gobierno y las prácticas institucionales que favorecen la violación de los derechos humanos.
Sin negar el necesario fortalecimiento de una cultura democrática en la que el cumplimiento de los deberes ciudadanos sea central, no se puede caer en la ingenuidad de ver esto de manera tan parcial como el de su planteamiento. Se necesita actuar también con otros recursos, además del educativo en las aulas o talleres a servidores públicos, que permitan incidir en la aplicación de las políticas públicas del Ejecutivo, de las políticas en los medios de comunicación y de ser forzoso, con sanciones ejemplares. Esa es la mejor educación, la que se verifica en la práctica, en donde se pueda efectivamente corregir la profunda impunidad que impera.
Hasta el momento, el titular sólo ha planteado recurrir sólo a una solución educativa, que sin duda es fundamental, pero que es de mediano o largo plazo, cuando lo que se requiere es de actuar ya aquí y ahora contra quienes rebasen el marco que las leyes mexicanas dictan. Se necesita aplicar el debido proceso de manera efectiva y hasta el momento no se augura mucho de la CNDH en ese sentido.
Es necesario poder decirle a la cara al actual titular de la CNDH que: Cuando las personas observen un poder del Estado suficiente para hacer cumplir la ley, capaz de castigar la muerte de 49 niños en una guardería y con la valentía de investigar las cerca de 15 mil muertes por una guerra donde lo que vale es la aplicación indebida del fuero. Cuando la sociedad deje de observar como mueren sus periodistas, y la adolescencia y la juventud no sean tratadas como delincuentes sin que se le demuestre lo contrario. Cuando los pueblos y comunidades indígenas dejen de vivir los estragos que aniquilan sus tierras y su agua y cuando las familias jornaleras tengan derechos, entonces, cuando tengamos un Estado y una sociedad así, será más prudente demandar su "carta de deberes de las personas". ¿Además de estas líneas en dónde se lo decimos?
Un aspecto que no puede pasar inadvertido es el que se refiere a los límites de la autonomía de entidades como es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En principio, toca a su Consejo Consultivo desempeñar el papel de autocontrol de las acciones que realiza toda la institución, además de su propio Órgano Interno de Control, pero el exceso de recursos presupuestales que le caracterizan y que se le han venido destinando a la CNDH en comparación con los resultados que arroja, es sustantivo.
Por ello, este legislativo es uno de los mecanismos que coadyuvan a complementar esta rendición de cuentas necesaria desde la ciudadanía y, por lo mismo, la oportunidad de aprovechar al máximo el encuentro de presentación de informes, que son ejercicios de cara a la Nación, deben ser revisados para lograr que efectivamente resulten en una actividad productiva para la defensa y promoción de los derechos humanos.
Por supuesto que en dicho ritual no pueden quedarse afuera ni las propias comisiones de derechos humanos de ambas cámaras ni la incidencia del trabajo del abanico de organizaciones sociales y observatorios ciudadanos que hoy se gestan en todo el país. Para erradicar que las comparecencias, informes y reuniones de trabajo entre el legislativo y la CNDH sean sólo un formato con esclerosis política, es necesario discutir y acordar el tipo de información que se precisa tener a la mano de manera previa, el trabajo para su análisis que incluya a dichas organizaciones, un seguimiento de los avances presupuestales respecto a las líneas de trabajo y quizá no una sino varias sesiones temáticas con el Presidente de la CNDH, cada una de las visitadurías e incluso con su Consejo Consultivo.
La grave situación de los derechos humanos no se resuelve con declaraciones tan fuera de contexto como la idea del doctor Plascencia de hacer un nuevo diagnóstico de la situación de los derechos humanos, cuando nada ha cambiado desde 2003. Más bien ha empeorado por la falta de actuación de la CNDH, toda vez que para el país es claro que 2009 fue el peor de los años en materia de derechos humanos y que ante las maniobras poco transparentes del Gobierno Federal para extender una invitación a los relatores especiales de las Naciones Unidas, a la CNDH sólo se le ocurre ponerse a inventar su mundo aparte.
Hace unos días se presentaron los informes de Human Rights Watch y de Aministía Internacional. Sin duda ambos podrán ayudarle al titular de la CNDH a darse una buena idea del asunto. Y si no lo logra, puede contribuir a exhortar al gobierno federal que se permita invitar de manera inmediata al Relator Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de Naciones Unidas, Philip Alston, a efecto de que coadyuve a tener cuanto antes un panorama más creíble de la situación que guarda el país en esta materia. O bien a solicitar se precise la fecha en que será invitada la Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.
Por ello, es necesario que el Presidente de la CNDH aprenda de una vez por todas que los derechos humanos son algo más que un mero concepto mediático, diplomático o administrativo. Son la clave civilizatoria y fundamento ético en cualquier latitud del planeta, en cualquier idioma, para todos los pueblos y en cualquier momento. Por el bien del país con gusto le explico al encargando de esa gestión los derechos humanos son la forma actual en que nos comprendemos como humanidad toda, la manera más acabada en que los Estados se relacionan y conforman una comunidad de culturas diversas, donde comprometen un conjunto de acuerdos para garantizar los derechos encaminados a reconocer que la dignidad de todas las personas, y es necesario subrayar todas, es decir, sin discriminación, serán incluidas en un desarrollo con igualdad y libertades.
La obligada política de transparencia en el manejo de los cuantiosos recursos que se le destinan a la CNDH, requiere de una intervención más activa de su Consejo Consultivo y del mismo legislativo. Por ello la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados solicitó el 5 de noviembre pasado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, en el marco del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, se dictara realizar una auditoría de desempeño a la CNDH, con el fin de verificar de manera confiable, la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus tareas institucionales.
Es evidente que los cuantiosos recursos presupuestales no tienen correspondencia con los resultados que la actual CNDH está dando, por ello estaremos defendiendo que el presupuesto de la CNDH no crezca si no se verifican resultados concretos, con la correspondiente rendición de cuentas, enmarcadas en acciones probadas contra la persistente amenaza de la esclavitud, ahora en forma de trata de personas, el reclamo de no cerrar los ojos ante la tortura (cuyo informe internacional también se está escondiendo a la mirada ciudadana). Y para que la exigencia y las acciones de la CNDH demuestren su compromiso para acabar con la discriminación racial, étnica, de género, por discapacidad, preferencia sexual, identidad sexo-genérica y por muchas otras formas conexas de intolerancia, como las persecuciones, maltrato e incitaciones al odio.
Los Derechos Humanos son el recordatorio de que nadie le pertenece a nadie y que cada quien puede decidir sobre su propio cuerpo y fincar su proyecto de vida con la seguridad de inscribirse en un Estado laico, democrático y realmente garantista: esa fue la aspiración declarada en el siglo XX y ese es el compromiso a cumplir en los albores de este. No hay escapatoria, ahora la comunidad internacional reclama cuentas a los Estados, pero sobre todo, la sociedad mexicana exige resultados. Quienes dedicamos nuestro quehacer a su defensa requerimos de todos los mecanismos posibles para ello.
Por lo antes expuesto, me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar a la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras se revise a la brevedad y de manera conjunta, el formato del informe anual de actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es presentado año con año a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que se convierta en un ejercicio incluyente y de efectiva rendición de cuentas ante la nación.
Dado en el salón Legisladores de la República, a 27 de enero de 2009-
Diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PGR Y AL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA
DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO A INTERVENIR
PARA QUE SE PONGA EN LIBERTAD A LAS PROCESADAS ARACELI ALCÁNTARA
ALEJANDRO Y LUCÍA MARTÍNEZ MELITÓN, EN LA CAUSA PENAL
98/2009-II, ACUSADAS DE DELITOS CONTRA LA SALUD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA
SOFÍA CASTRO RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La diputada, Sofía Castro Ríos, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo –de urgente y obvia resolución– al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 8 de octubre de 2009, Lucía Martínez Melitón y Araceli Alcántara Alejandro se encontraban, como desde hacía una semana, desarrollando sus funciones en un restaurante ubicado aproximadamente a la altura del kilómetro 68 de la carretera panamericana Atlacomulco-Acambay, ejido La Palma, Atlacomulco, México; la primera lavaba una tasa mientras su compañera preparaba alimentos en la cocina; de pronto llegaron lo que ellas llaman "dos policías" como dos comensales más, pero un poco después aparecieron más agentes federales que interrogaron a los pocos clientes del lugar, después las interrogaron a ellas porque encontraron seis pastillas verdes en la vitrina del lugar; cabe resaltar que por el poco tiempo que ellas tenían trabajando en el lugar, todavía estaban a prueba y solo atendían mesas, aseaban trastes, y preparaban alimentos, no habían devengado sueldo alguno y mucho menos cobraban a los clientes.
De ahí fueron trasladadas a la agencia del Ministerio Público correspondiente donde posteriormente ya se enteraron de que eran acusadas de ser ellas las que vendían esas pastillas verdes cuya sustancia activa es el "clobenzorex", un medicamento que los médicos recetan en ciertos casos de obesidad mórbida pero que los traileros usan de manera práctica para aguantar las largas jornadas de vigilia que les impone su trabajo y que, sin embargo, les causa adicción; es importante mencionar que por el poco tiempo que ellas tenían laborando en el lugar pero sobre todo por su poca instrucción escolar; apenas la primaria, nunca pensaron que en el lugar no sólo se vendieran alimentos, cafiaspirinas o alka-seltzers sino también algún medicamento controlado que la ley considerara un psicotrópico.
A ambas mujeres se les decretó auto de formal prisión y fueron internadas en el penal de Almoloyita de Juárez en el estado de México. Desde ahí su proceso ha sido una larga cadena de contradicciones de los policías federales que supuestamente les encontraron las pastillas y del trailero que acusaba a Lucía Martínez Melitón de haber sido ella la que le vendió las pastillas que tomó, sin embargo el dicho de ellas que en todo momento niegan tener relación alguna con dichas pastillas, no ha sido tomado en cuenta por el juzgador. Es decir se necesitaban culpables, y lo más sencillo fue tomar a dos mujeres extremadamente pobres y muy poco instruidas porque a la dueña del lugar y a la encargada no se les ha molestado.
Las testimoniales vertidas por los aprehensores carecen de validez de prueba plena, en virtud de no alcanzar el requisito de procedibilidad, al caer en la figura jurídica de testigo de oídas, lo que quiere decir que no les constan los hechos por lo que carecen de fuerza o alcance probatorio alguno. En cuanto al denunciante, tampoco debe concedérsele valor probatorio en virtud de que su declaración solo cae en el principio jurídico de la declaración singular, es decir; estamos en presencia de una imputación contra una negativa que no está siendo fortalecida por elemento probatorio alguno, por lo que en el peor de los casos deberá considerarse el principio jurídico "in dubio pro reo" a favor de las detenidas.
Por lo expuesto, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al procurador general de la República Arturo Chávez Chávez, y al licenciado Enrique Martínez Guzmán, juez segundo de distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de México, para que con su intervención se ponga en libertad a las procesadas Araceli Alcántara Alejandro y Lucía Martínez Melitón, Causa Penal 98/2009-II, acusadas de delito de "contra la salud" en la modalidad de posesión y comercio de clobenzorex, por todos los vicios de procedimiento y contradicciones en el proceso; fundamentado en el artículo 15 del Código Penal Federal que señala que "el delito se excluye cuando":
III. "Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado". Ellas obedecían ordenes de la encargada y de la dueña del lugar.
VIII. "Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible".
b) "Respecto a la ilicitud de la conducta ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta". En relación a su escasa instrucción escolar.
Y artículo 17 del Código Penal Federal que a la letra dice: "Las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento".
Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO
EN LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ESTABILIZACIÓN
DE HAITÍ, SUSCRITA POR EL SENADOR JORGE OCEJO MORENO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Jorge Andrés Ocejo Moreno, senador de la república a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente propuesta como punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a evaluar la participación de México en la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH, por sus siglas en inglés), conforme a las siguientes
Consideraciones
Derivado de la situación de emergencia en Haití tras el devastador sismo ocurrido el 12 de enero y ante el hecho de que el gobierno haitiano carece de infraestructura mínima para asegurar la gobernabilidad del país y recuperar el control que le corresponde en el corto plazo, la labor de Naciones Unidas y de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití se ha tornado indispensable y prioritaria para labores de rescate, reconstrucción, asistencia humanitaria y asistencia institucional.
Por ello, la comunidad internacional por medio del Consejo de Seguridad ha decidido robustecer la presencia de la MINUSTAH. El 19 de enero el Consejo de Seguridad decidió aumentar el número de soldados (8,940) y policías (3,711) de la MINUSTAH para las labores de asistencia.
Al respecto, se destaca que varios países, incluyendo latinoamericanos, se han sumado al llamado de Naciones Unidas para reforzar a la MINUSTAH. Hasta el momento Brasil, Francia, Italia, Países Bajos y España han comprometido cuerpos policíacos. Estados Unidos, Chile, Brasil, Japón, República Dominicana, República de Corea, Bahamas y Uruguay han comprometido personal militar.
Por ello, la Comisión Permanente considera que se debe exhortar al Ejecutivo a consideración una participación en la MINUSTAH por los siguientes argumentos:
Si bien en el pasado Naciones Unidas ya ha extendido invitaciones a México para colaborar con la MINUSTAH, dicha colaboración hoy es imprescindible.
Existe una gran aceptación nacional sobre la solidaridad mexicana que debe mostrase frente al pueblo haitiano y trasladarse a los hechos y las acciones, y existe una alta expectativa de los países de la región del papel que debe desempeñar México ante la emergencia y trabajos de reconstrucción en Haití.
En el ámbito bilateral y ante la presente situación de emergencia, México ha decidido otorgar asistencia humanitaria y técnica a Haití, en rubros donde incluso participa la MINUSTAH, pero sin participar al interior de la misma, privándonos así del reconocimiento de nuestras acciones en el ámbito multilateral y regional.
El no participar en la MINUSTAH deriva en que dicha contribución no pueda ser contabilizada por Naciones Unidas y por tanto, no es reconocida como apoyo a los esfuerzos de paz de la organización.
Hasta el momento, México desempeña un papel meritorio en lo humanitario, pero residual desde el punto de vista de la estabilización efectiva y la reconstrucción de Haití, ya que este trabajo se canaliza por medio de la MINUSTAH.
Además, es un hecho que las participaciones de cuerpos mexicanos, tanto en Nueva Orleáns, con el huracán Katrina, como ahora en Haití, han sido ampliamente reconocidas y permiten ver la mejor cara de nuestro país y proyectarla hacia afuera.
El hecho de no contribuir a la MINUSTAH, viniendo de un país con las dimensiones de México, con una larga tradición multilateral y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, puede alimentar dudas respecto de nuestra voluntad de actuar como socio responsable comprometido con los retos globales.
Asimismo, sería difícil de explicar cómo es que México apoyó el incremento de los efectivos de la MINUSTAH sin aportar ni uno solo. Por ello, será importante que México no dé la impresión que maneja un doble discurso y no contribuye a los esfuerzos de la comunidad internacional canalizados por medio de la ONU.
La participación en la MINUSTAH ofrece varias ventajas a México:
ii. Sería una acción congruente con el peso específico de nuestro país en la organización;
iii. Se podrían intercambiar experiencias internacionales en la materia con países afines lo cual abriría un frente de diálogo y concertación política con países latinoamericanos y europeos y aportaría una experiencia profesional invaluable al personal desplegado;
iv. Cambiaría la percepción de que México puede comprometer recursos humanos y no sólo materiales a la causa de la paz
Si México no ocupa este espacio, otros países lo harán como sucede ahora. Con una participación en la MINUSTAH, incluso pequeña, se obtendrían beneficios muy importantes para fortalecer la posición global de México y su liderazgo en América Latina.
En el Consejo de Seguridad, México ha constatado que la MINUSTAH es un mecanismo que utiliza la ONU para promover una agenda de seguridad y desarrollo; consolidación de las instituciones públicas y los sistemas de seguridad y justicia en Haití.
Es un hecho que existe plena aceptación de la opinión nacional sobre la solidaridad mexicana que debe mostrase ahora frente al pueblo haitiano y existe una alta expectativa regional del papel que debe desempeñar México, tanto ante la emergencia como frente a la reconstrucción de Haití.
Criterios de una eventual participación mexicana
La Comisión Permanente considera que México podría participar en la MINUSTAH bajo los siguientes criterios y principios:
ii. Subrayando que MINUSTAH es una operación aprobada por la ONU y sancionada por la comunidad internacional, contando así con la legalidad y legitimidad requerida;
iii. No aceptando que se imponga a México la modalidad de su participación que serían establecidos por el gobierno mexicano, así como su temporalidad;
iv. Participar ayudando a Haití en tareas de asistencia humanitaria, reconstrucción post conflicto y capacitación técnica y policial;
v. Señalando a nuestra opinión pública que Haití tiene un interés geopolítico para México.
A la luz de lo anterior, México debe aprovechar su muy pertinente presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para adecuar el papel de la MINUSTAH a las circunstancias actuales.
Ante la solicitud del Secretario General de fortalecer la presencia militar y policial de la MINUSTAH, México debe contribuir a la respuesta decidida que han otorgado países de la región.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía como de urgente y obvia resolución el siguiente
Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de las dependencias correspondientes México participe en la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, con la finalidad de contribuir en los rubros de asistencia humanitaria, reconstrucción, capacitación y/o asistencia policial, asistencia electoral, médica y protección civil, ante la situación prevaleciente por el devastador terremoto sufrido por este país el pasado 12 de enero del presente año.
Senador Jorge Andrés. Ocejo Moreno (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DISEÑAR Y PONER EN
MARCHA MEDIANTE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES UNA ESTRATEGIA NACIONAL CON
ACCIONES INTEGRALES PARA COMBATIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y LA INDIGENCIA
EDUCATIVA, SUSCRITA POR LOS SENADORES SILVANO AUREOLES CONEJO Y FRANCISCO
JAVIER CASTELLÓN FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, Silvano Aureoles Conejo y Francisco Javier Castellón Fonseca, integrantes de la LXI Legislatura del Senado de la República del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables, someten a consideración del pleno de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a diseñar y poner en marcha a escala nacional, mediante las dependencias competentes, una estrategia con acciones integrales, con el propósito de combatir la deserción escolar y la indigencia educativa en que viven más de 2 millones 153 mil niños y jóvenes mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el informe Seguimiento de educación para todos en el mundo 2010, en México 2 millones 153 mil niños y jóvenes viven en condiciones de "penuria" o "indigencia educativa", es decir, nunca han asistido a la escuela pese a tener edad para hacerlo. Para la UNESCO, "penuria educativa" significa que tienen menos de cuatro años de escolaridad; y "penuria extrema de educación", menos de dos años de escolaridad.
El estudio de la UNESCO revela que en los últimos 8 años el número de mexicanos que viven en la "indigencia educativa" aumentó de 55 mil a 109 mil, es decir, casi se duplicó. Esta situación hace que México ocupe el quinto lugar entre los 19 países de Latinoamérica con mayores "indigentes de la educación", superado por República Dominicana (195 mil niños) y Venezuela (195 mil), pero sí peor que Bolivia (70 mil), Guatemala (69 mil) y Honduras (66 mil).
La UNESCO especifica que 11 por ciento de los mexicanos (equivalente a 1 millón 324 mil 393) de entre 17 y 22 años tienen menos de 4 grados de escolaridad y forman la "penuria educativa" del país, lo cual implica que no adquirieron las competencias básicas necesarias en lectura, escritura y cálculo.
Por ejemplo, una de las entidades federativas donde más de 25 por ciento de los jóvenes ha recibido menos de cuatro años de escolaridad es Chiapas.
Las "poblaciones indígenas y las minorías étnicas" forman parte de la "penuria extrema de educación". En México, la población indígena que sólo habla su lengua original (720 mil) vive en esas condiciones, debido a que su escolaridad es de únicamente 1.5 años.
La UNESCO advierte que la "malnutrición y la mala salud" también son una "emergencia silenciosa" para la educación. Sostiene que de 759 millones de analfabetos que hay en el mundo, 36 millones están en Latinoamérica, y México aporta 5.3 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir.
En cuanto a la deserción escolar, según el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la difícil situación económica de 2009 ocasionó que 700 mil niños y jóvenes mexicanos abandonaran la primaria y la secundaria en ese año. Muchos que dejaron la escuela se sumaron al trabajo para ayudar a la economía familiar.
Según cifras oficiales, en México existen 6 millones de personas analfabetas, además de 10 millones que no concluyeron la primaria y otros 17 millones de jóvenes y adultos que truncaron los estudios en la secundaria.
El rezago educativo de México es de 33 millones de niños, jóvenes y adultos que no cuentan con la formación básica de leer, escribir y realizar operaciones matemáticas elementales.
Ese grupo de niños y jóvenes mexicanos formará parte de lo que la UNESCO ha definido como la "generación perdida", que no tendrán oportunidad de recibir educación que les permita salir de la pobreza.
Para combatir este grave problema que afecta a la sociedad en su conjunto, es necesario que el gobierno federal, y las dependencias nacionales, estatales y municipales involucradas en la educación escolar implanten acciones innovadoras, más allá del simple ofrecimiento del acceso a la educación.
Se deben instaurar programas integrales, que ofrezcan incentivos a los niños y a los jóvenes para que ingresen y no abandonen la escuela. Se requieren estrategias de educación que, independientemente de las condiciones macroeconómicas, la garanticen a todos los mexicanos, como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal a diseñar y poner en marcha a escala nacional, mediante las dependencias competentes, una estrategia con acciones integrales, con el propósito de combatir la deserción escolar y la indigencia educativa en que viven más de 2 millones 153 mil niños y jóvenes mexicanos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal a informar a esta soberanía mediante la Secretaría de Educación Pública sobre las acciones que se implantarán para atender lo planteado en el primer resolutivo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.
Senadores: Silvano Aureoles Conejo (rúbrica),
Francisco Javier Castellón Fonseca.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PRONUNCIARSE EN LA REUNIÓN ANUAL
DE 2010 DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL, POR CELEBRARSE EN DAVOS, SUIZA,
POR LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA DE HAITÍ Y A CONVOCAR
A AUTORIDADES JAPONESAS A LA RECONSTRUCCIÓN DE DICHO PAÍS
CON TECNOLOGÍA ANTISÍSMICA, EN UN ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
INTERNACIONAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO MIGUEL POMPA CORELLA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Miguel Ernesto Pompa Corella, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 88, inciso X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a pronunciarse en la reunión anual 2010 del Foro Económico Mundial, por celebrarse en Davos, Suiza, el 27 y 28 de enero próximos, por la condonación de la deuda externa de Haití; y, en la misma gira de trabajo, del 31 de enero al 2 de febrero de 2010, a convocar a autoridades de Japón, donde sostendrá encuentros privados con el emperador Akihito, con el primer ministro, Yukio Hatoyama, y con Comité Bilateral de Hombres de Negocios México-Japón, a la reconstrucción de edificios públicos en Haití con tecnología antisísmica en un esquema de financiamiento internacional, a la vez de instaurar políticas y programas orientados a fortalecer, utilizar y desarrollar las capacidades colectivas del Caribe, especialmente de Haití.
Exposición de Motivos
La hermana República de Haití sufrió un terremoto el martes 12 de enero de 2010 a las 4:53, hora local del epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, su capital. El sismo, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, habría tenido una magnitud de 7 grados a una profundidad de 10 kilómetros; siguieron una serie de réplicas, de entre 5 y 6 grados.
El primer ministro de Haití, Jean Max Bellerive, afirmó recientemente que temía que el balance del sismo podría superar el número de víctimas a más de 100 mil, en lo que la Cruz Roja estimó que podrían llegar entre 45 y 50 mil, dato a la fecha no confirmado por la dificultad en las tareas de rescate y salvamento por los escombros que invaden las calles y avenidas de Puerto Príncipe.
Entre las edificaciones destruidas se encuentra la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Haití. Tras el terremoto, muchas viviendas colapsaron, igual que edificios gubernamentales de construcción más sólida, como el Palacio Nacional. En iguales circunstancias están hospitales, escuelas, estaciones de policía, oficinas gubernamentales, cárceles e incluso morgues. El principal muelle que servía al país está en condiciones inoperables.
Muchas personas tuvieron que ser trasladadas a República Dominicana, donde se atendieron niños mutilados y decenas de hombres, mujeres y ancianos con extremidades o cráneos fracturados.
El sismo es considerado uno de los más fuertes en dos siglos. En Puerto Príncipe, luego del terremoto, ninguno de los hospitales estaba funcionando, pues muchos colapsaron, carecen de personal o de medicinas. Las comunicaciones también se desplomaron, dificultando aún más las tareas de rescate y ayuda. El acceso a Internet aún presenta dificultades.
La Cruz Roja ha informado que no hay bolsas de plástico que se utilizan para transportar y mantener cadáveres y cientos de ellos permanecen en las calles para facilitar a familiares la identificación de cuerpos.
El caos es previsible si la ayuda no llega pronto, poniendo en riesgo la misión de organizaciones y voluntarios ante uno de los retos más difíciles y potencialmente peligrosos; la Organización de las Naciones Unidas se prepara para mantener el orden y garantizar la seguridad en Haití ante la desesperación de las víctimas. A la fecha, Estados Unidos ha enviado más de 10 mil soldados de la 82 División Aerotransportada de la Infantería de su Ejército y el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, pidió el lunes 18 de enero reforzar con 3 mil 500 nuevos efectivos la fuerza militar y policial de Naciones Unidas en Haití, tras el terremoto que devastó ese país.
Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, España, Gran Bretaña, China, Japón, Rusia, Venezuela, Cuba, Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Argentina, Paraguay, República Dominicana, Chile, Perú y México se han aprestado a brindar auxilio con alimentos, medicinas, transporte y voluntarios además de corporaciones internacionales, personalidades y medios de comunicación.
Haití es el país más pobre del continente americano: 80 por ciento de su población está por debajo de la línea de pobreza y 54 por ciento vive en pobreza extrema. La economía haitiana es de subsistencia. Las remesas recibidas de migrantes representan 40 por ciento del producto interno bruto. Haití ocupa el lugar 149 de 182 países según el Índice de Desarrollo Humano, lo que genera preocupación sobre todo en la capacidad de hospitales y servicios básicos de salud y primeros auxilios para afrontar una catástrofe sísmica de esta envergadura.
Recientemente, la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, afirmó que Francia pedirá que se condone la deuda que Haití tiene con el Club de París, comunidad que reúne a los principales Estados acreedores del mundo, después que sus miembros decidieran una estrategia para favorecer la lucha contra la pobreza en julio pasado. Haití tiene una deuda de mil 885 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 214.8 millones los debe a países miembros del Club de París. La deuda con Francia ascendía a 83.5 millones, pero después del terremoto, París decidió condonar unos 5.7 millones de forma unilateral. De la misma forma, el gobierno de Italia anunció ya la condonación de 40 millones de euros que le adeudaba el país caribeño.
Ante la urgencia, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, hizo un llamado por la situación extraordinariamente grave que se vive en Haití, invocando a la generosidad característica de los mexicanos para que se sumen a la ayuda humanitaria que el gobierno federal está entregando en ese país que sufre la peor catástrofe natural que se haya registrado en naciones cercanas e instruyó a todas las dependencias del gobierno federal para que movilicen todo el apoyo necesario para esa nación. Al efecto, se han acondicionado centros de acopio para recibir ayuda para el pueblo haitiano en el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el país y en diversas dependencias del gobierno federal, como Liconsa y Diconsa, así como en las Secretarías de Gobernación, de Salud, y de Desarrollo Social del gobierno federal y sus delegaciones en el país.
Aún así, más allá de la buena voluntad y solidaridad de los ciudadanos mexicanos con el pueblo haitiano en estos momentos de urgencia, es indispensable que México impulse entre los países del orbe una política decidida de reconstrucción y recuperación de Haití, consecuente con la posición de que sin la participación de los gobiernos del mundo la reconstrucción de Haití luego del terremoto, en el corto y mediano plazos, es inalcanzable.
El Ejecutivo federal mexicano debe destacar activamente una política y gobierno para el desarrollo. En esa premisa, la conducción de las relaciones de cooperación internacional le precisa de su participación y promoción para el progreso de los países de la región, además de que el país está obligado a responder a los acuerdos que suscribe en el ámbito internacional.
Ante la próxima representación republicana que el Ejecutivo llevará a Davos, Suiza, a la reunión anual del Foro Económico Mundial y a Japón, donde será recibido por el emperador Akihito y sostendrá reuniones con el primer ministro, Yukio Hatoyama, y con el Comité Bilateral de Hombres de Negocios México-Japón, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo y, por el alcance de sus repercusiones, observarla como de obvia y urgente resolución:
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a pronunciarse en la reunión 2010 del Foro Económico Mundial, que se realizará en Davos, Suiza, el 27 y 28 de enero de 2010, por la condonación de la deuda internacional de Haití, la cual asciende a mil 885 millones de dólares estadounidenses.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a solicitar a Japón, en la gira que sostendrá en ese país del 31 de enero al 2 de febrero de 2010 con el emperador Akihito, el primer ministro, Yukio Hatoyama, y al Comité Bilateral de Hombres de Negocios México-Japón, su apoyo en la reconstrucción de Haití ante el colapso de hospitales, escuelas, estaciones de policía y centros de readaptación, además de oficinas gubernamentales, con la reconocida tecnología antisísmica japonesa en un esquema de financiamiento participativo de ese país y la comunidad internacional.
Tercero. Se exhorta a la secretaria de Relaciones Exteriores a establecer con países de la región instrumentos de políticas y programas orientados a fortalecer, utilizar y desarrollar las capacidades colectivas del Caribe, especialmente de Haití, para lograr un desarrollo sostenido en los aspectos cultural, económico, social, científico y tecnológico.
Cuarto. Se exhorta a la secretaria de Relaciones Exteriores a exponer a esta soberanía una nueva agenda que establezca, consolide y amplíe estructuras institucionales y acuerdos de cooperación que respondan a la diversidad de las identidades culturales, de los requerimientos de desarrollo y de los sistemas normativos de la cuenca del Caribe.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.
Diputado Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS QUE LLAME A COMPARECER ANTE EL PLENO DE ESTA SOBERANÍA
AL SECRETARIO DE SALUD PARA QUE EXPONGA LA SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA
OCASIONADA POR EL VIRUS DE INFLUENZA HUMANA A (H1N1), SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 171 y 172 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados llame a comparecer ante el pleno de esta soberanía al doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud del gobierno federal, con la finalidad de que exponga la situación actual de la epidemia ocasionada por el virus de la influenza A (H1N1), el avance en la aplicación de la vacuna para prevenirla y que aporte información especializada sobre lo mencionado por el Consejo Europeo en relación con la vacuna y medicamentos utilizados para prevenir y tratar la influenza A (H1N1), al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. En el país nos encontramos con que hasta el pasado 11 de enero, existen 69 mil 71 casos confirmados de pacientes con influenza A (H1N1), desde la fecha de inicio de síntomas en marzo del año en curso; asimismo, se han registrado 917 defunciones de personas que fueron atacadas por este padecimiento, según lo informó el secretario de Salud el pasado 17 de enero, en el comunicado de prensa número 015 de la Secretaría de Salud.
II. Alejandro Macías Hernández, comisionado especial para la atención de la influenza A (H1N1) en México, señaló en días pasados que recientemente llegaron a México cinco millones de vacunas que se distribuyeron en todos los estados de la República Mexicana, y en breve se completarán 30 millones de dosis que también se repartirán de manera paulatina.
III. Según el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, con ese primer lote de vacunas se pretendió garantizar la inmunización a los grupos de mayor riesgo (personal de salud, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos) a más tardar en marzo próximo.
IV. En días pasados la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa denunció la posible presión de laboratorios para exagerar la situación y promover así la aplicación de vacunas y la venta de medicinas para contrarrestar el virus de la influenza A (H1N1).
V. En ese tenor se refuerzan los cuestionamientos sobre la efectividad de los fármacos utilizados para combatir a la influenza A (H1N1). La British Journal of Medicine (BMJ) abrió con nueva fuerza el debate en su número del 8 de diciembre de 2009, donde reporta los hallazgos sobre la utilidad de oseltamivir (Tamiflu y Zanamivir) para prevención y tratamiento de la influenza A (H1N1), dedica su editorial y dos artículos al tema. El primer artículo relevante es la nueva revisión al respecto de Cochrane Collaboration (CC), reconocido como la autoridad mundial en "medicina basada en evidencias", y el segundo que analiza la solidez de los estudios publicados sobre el tema.
VI. Los cuestionamientos no se restringen únicamente a los medicamentos. Actualmente el Consejo Europeo está abriendo una investigación sobre la vacuna contra la influenza A (H1N1), esto a iniciativa del eurodiputado y médico Wolfgang Wodarg, quien argumenta que desde abril de 2009 era evidente que el nuevo virus no era más peligroso que otros mutantes e incluso los datos epidemiológicos apuntaban a su poca contagiosidad y baja letalidad. Afirma que las víctimas entre los millones de personas inútilmente vacunadas deben ser protegidas por sus gobiernos. Con esta finalidad deben presentarse evidencias científicas independientes y transparentes.
VII. México ha gastado un aproximado de mil millones en vacunas hasta noviembre de 2009 repartidos entre Sanofi y Glaxo SmithKline. En total los recursos del presupuesto federal gastados en la influenza A (H1N1) son 955.8 millones del Fondo de Gastos Catastróficos más el gasto en vacunas, o sea, cerca de dos mil millones de pesos.
VIII. En virtud de lo anterior, es prioritario que el doctor José Ángel Córdova Villalobos, titular de la Secretaría de Salud, comparezca ante el pleno de este órgano legislativo con la finalidad de proporcionarnos un amplio panorama de lo que representa en la actualidad la pandemia de la influenza A (H1N1), ahondando con información detallada y desagregada al respecto, prioritariamente en relación con la aplicación de la vacuna y la información que se ha generado en fechas recientes respecto a la efectividad de esta, además de que responda los cuestionamientos de los diputados que integramos esta soberanía, toda vez que el tema de la salud es prioritario para el desarrollo armónico e integral del país, lo anterior, lo realizo con fundamento en el artículo 93 de la Carta Magna y 53 del Reglamento Interior para el Gobierno del Congreso Genera de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen:
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
…
Artículo 53. Los secretarios del despacho, los jefes de los departamentos administrativos, los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, asistirán a las sesiones siempre que fueren enviados por el presidente de la república o llamados por acuerdo de la Cámara, en los términos que dispone la segunda parte del artículo 93 de la Constitución sin perjuicio de la libertad que tienen de asistir, cuando quisieren, a las sesiones y, si se discute un asunto de su dependencia, tomar parte en el debate.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados llame a comparecer ante el pleno de esta soberanía al doctor José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud del gobierno federal, con la finalidad de que exponga la situación actual de la epidemia, aporte información especializada sobre lo mencionado por el Consejo Europeo en relación con la vacuna y medicamentos utilizados para prevenir y tratar la influenza A (H1N1).
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AMPLIAR A TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO
LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE, Y A CANALIZAR LOS RECURSOS DEL FONDEN;
Y SE SOLICITA QUE LA SEDESOL, LA SSA Y LA SCT IMPLANTEN PROGRAMAS ESPECIALES
PARA RESARCIR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN
BAJA CALIFORNIA, SUSCRITA POR SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, senadores Fernando Castro Trenti, Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Rogelio Rueda Sánchez, Ricardo Pacheco Rodríguez y Cleominio Zoreda Novelo, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos días Baja California ha sido escenario de lluvias tan intensas que varias colonias en los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana se vieron forzadas a ser desalojadas; con el reporte de una persona fallecida, varias más desaparecidas, daños en viviendas, carreteras, instalaciones hidráulicas, en el tendido eléctrico y en el servicio telefónico local; son estos tres municipios bajacalifornianos donde se han sentido más intensamente los estragos de las lluvias.
Entre los estragos causados por las lluvias está la fractura en un tramo de más de 100 metros de largo del acueducto Valle de Guadalupe, lo que dejó sin agua a 70 colonias de Ensenada en la zona costa, el Sauzal y el noreste.
En Playas de Rosarito, del 18 al 21 de enero hubo 131 incidentes, entre los que se cuentan inundaciones, árboles caídos, explosiones de transformadores, cortos circuitos, cables en el piso, accidentes de tránsito, postes caídos, lesionados, y la voladura de techos en al menos cuatro colonias a causa de los fuertes vientos.
De igual forma, en Tecate, las colonias afectadas son Rincón Tecate, Fundadores, Infonavit las Huertas y XII Ayuntamiento, que fueron declaradas zonas de riesgo, donde se presentaron inundaciones, la voladura de techos de viviendas en al menos, la caída de cables de energía eléctrica y el registro de transformadores con cortos circuitos; para atender a la población han sido abiertos tres albergues y se espera, debido a la demanda, que sean acondicionados más salones sociales.
En Ensenada los medios de comunicación han dado cuenta de 22 colonias sin servicio de agua potable, inundaciones y fallas en el sistema se servicio eléctrico; postes, alumbrado público y anuncios comerciales derribados; derrumbes y deslaves.
A una semana de iniciadas las torrenciales lluvias, de acuerdo a las autoridades, en este municipio alrededor de 500 familias requerirán de apoyos económicos y en especie para reconstruir totalmente sus viviendas.
Los poblados más afectados son Cañón Buenavista, San Vicente, Punta Colonet, Camalú y Eréndira, donde alrededor de 60 familias se encuentran aisladas por los estragos causados en al menos 3 kilómetros de carreteras y el colapso de un puente en la población La Barrenda, donde permanecen 200 camiones detenidos que han perdido la carga. En Camalú se reportan 296 personas albergadas dentro de un centro escolar, que tendrán ser desalojadas al reinicio de las clases.
En Tijuana se realizó el salvamento de indigentes de la Canalización del Río Tijuana, el rescate de familias y conductores de vehículos que quedaron varados en encharcamientos de vías bloqueadas, y la evacuación de familias de las delegaciones de San Antonio de los Buenos, La Gloria y Sánchez Taboada, es parte del saldo registrado por las lluvias.
A eso se suma la suspensión del servicio de energía eléctrica que afectó a alrededor de 100 mil familias de distintas partes de la ciudad, decenas de accidentes automovilísticos, derrumbes con lesionados, caída de postes y espectaculares, corrientes de agua en los principales bulevares, así como un lento tráfico vehicular.
A causa del fenómeno meteorológico, alrededor de dos mil familias bajacalifornianas se vieron obligados a abandonar sus hogares para refugiarse en albergues. La comunicación telefónica fue suspendida en varias zonas y el tránsito vehicular se ha reducido al mínimo debido a que las autoridades pidieron a la población evitar viajar o salir.
El sector de educación básica reporta al menos 17 millones de pesos en daños, pues 178 planteles de primaria y secundaria resultaron afectados: 40 planteles de Ensenada, 25 de Rosarito, 55 de Tijuana, 15 de Tecate y 43 de Mexicali. Las afectaciones que sufrieron están relacionadas con la impermeabilización, los cortos circuitos, el encharcamiento de plazas cívicas y salones, bardas colapsadas, desprendimientos de techos y estructuras metálicas.
En las zonas afectadas, los sectores agrícola, pesquero y de la construcción son los que registraron pérdidas económicas severas porque deberán de asumir los gastos de lo perdido. La mayoría de las compañías constructoras registraron derrumbes en sus obras, lo que se tradujo en pérdidas económicas para ellos porque tuvieron que absorber el gasto de los derrumbes.
La infraestructura carretera de Baja California se ha visto igualmente afectada por el fenómeno meteorológico, por ejemplo, la carretera transpeninsular sufrió derrumbes en los puentes de Las Ánimas, a 40 kilómetros de Ensenada; San Vicente (100 kilómetros); San Rafael de la Colonia Vicente Guerrero (170 kilómetros), y El Rosario, 280 kilómetros al sur de Ensenada. También, fue cerrada la circulación en la carretera Ensenada–San Felipe, y la vía Mexicali-San Felipe, además de las partes altas de la Tijuana-Mexicali, como el tramo entre El Hongo y La Rumorosa, debido a que se registraron nevadas. Además se reportaron deslaves en la carretera Ensenada-Tecate.
El domingo pasado, el Gobierno de Baja California emitió la declaratoria de desastre, pero sólo para la parte sur del municipio de Ensenada, que si bien es el municipio que más daños materiales reporta, hasta el momento no hay noticia de vidas humanas que lamentar, afortunadamente.
Es en Tijuana una corriente que se formó debido a las intensas lluvias que caen en esa localidad desde el miércoles pasado arrastró un vehículo en el que viajaba la familia Muro Méndez. Los padres de la familia pudieron salvarse con esfuerzos, sin embargo, los tres hijos no corrieron con la misma suerte; el cuerpo de la hermana mayor, Aramí Muro Méndez, una niña de diez años de edad, fue recuperado en Tijuana esa misma noche, pero se cree que la corriente arrastró a los más pequeños hacia California, es por esto que el 25 de enero, la oficina de Salvavidas de San Diego recorrió la frontera de California y Tijuana, en busca de los restos de los dos hermanitos. Hasta el momento los cuerpos no han sido hallados a pesar de la búsqueda coordinada en México y Estados Unidos con la Border Patrol, Salvavidas de San Diego, Policía de San Diego y la asociación Border Star.
Las autoridades federales y estatales deben trabajar en conjunto para que se agilice la ayuda a la población afectada de Baja California; resulta de vital importancia reestablecer las vías de comunicación carreteras para evitar el desabasto de alimentos.
Desde el Congreso de la Unión, respondiendo a las necesidades de la población bajacaliforniana, es necesario exhortar a las autoridades federales y estatales para que se agilice y extienda la ayuda a la población afectada de Baja California.
Los legisladores nos solidarizamos con la población afectada en Baja California, en especial con la familia Muro Méndez, y exhortamos al gobierno federal para que destine recursos extraordinarios e inmediatos del Fonden (Fondo Nacional de Desastres Naturales) para el Estado; así como para que implemente programas especiales de las secretarías de Sedesol, Salud y de Comunicaciones y Transportes para atacar las urgentes necesidades de la población, recuperar la infraestructura de comunicaciones, evitar el desabasto de alimentos, prevenir epidemias y evitar más tragedias.
Las pérdidas humanas y materiales provocadas por el mal tiempo de los últimos días en Baja California obligan a que esta Soberanía tome acciones efectivas e inmediatas; es de urgente necesidad agilizar la ayuda a las familias afectadas y contribuir a la reconstrucción de los daños ocasionados por las lluvias.
Por lo expuesto, se somete a consideración de este Pleno, con carácter de urgente y de obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, que amplíe la declaratoria de emergencia a los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito Baja California, que se encuentran seriamente afectados por las intensas lluvias registradas en los últimos días.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones supervise la entrega oportuna, en tiempo y forma, de los recursos del Fonden en los municipios del estado de Baja California, que se encuentran afectados por el desastre natural de los últimos días.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Desarrollo Social, licenciado Heriberto Félix Guerra; de la Secretaría de Salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos; y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, maestro Juan Francisco Molinar Horcasitas, a que implementen de manera inmediata programas especiales enfocados a resarcir los daños a la población, cubrir sus necesidades urgentes, recuperar la infraestructura de comunicaciones, evitar el desabasto de alimentos, prevenir epidemias y evitar tragedias causadas por las lluvias torrenciales en el estado de Baja California.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 27 de enero de 2009.
Senadores: Fernando Castro Trenti (rúbrica
p.a.), Socorro García Quiroz, Rogelio Rueda Sánchez, Adolfo
Toledo Infanzón (rúbrica), Ricardo Pacheco Rodríguez
(rúbrica), Cleominio Zoreda Novelo.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PGR A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE
SUS FUNDAMENTOS PARA DECLARARSE INCOMPETENTE EN LA INVESTIGACIÓN
Y SANCIÓN DE LA MASACRE DE AGUAS BLANCAS, GUERRERO, SUSCRITA POR
LA DIPUTADA FLORENTINA ROSARIO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La masacre de Aguas Blancas en Guerrero, es uno de los pendientes más grandes en materia de justicia de nuestro país y debido a las diversas presiones nacionales e internacionales, el 4 de marzo de 1996, el Ejecutivo federal, solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia, la cual nombró una comisión investigadora de los hechos.
Los ministros comisionados sometieron su informe al Tribunal Pleno de la Suprema Corte, que en abril de 1996 determinó emitir una consideración y cinco puntos de acuerdo. En el informe se indican, entre otras cosas, que "los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero que desempeñaban sus cargos en esas fechas y en los días subsecuentes incurrieron en violación grave, generalizada, de las garantías individuales que instituyen los artículos sextos, once, catorce, dieciséis y veintidós de la Constitución Federal, de conformidad con los hechos comprobados y por las razones que expresan los comisionados".
Entre los puntos de acuerdo, se destaca el que señala que "de dicha violación resultan responsables los licenciados: Rubén Figueroa Alcocer, gobernador con licencia indefinida, Antonio Alcocer Salazar, ex procurador general de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex primer subprocurador de Justicia; Gustavo Olea Godoy, ex director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex fiscal especial, y Esteban Mendoza Ramos, ex director general de Gobernación; todos ellos del estado de Guerrero".
En cuanto a instancias internacionales, el 17 de julio de 1995 el PRD denunció el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de un largo y sinuoso proceso, la CIDH concluyó que la denuncia cumplía con los requisitos formales de admisibilidad.
El 18 de febrero de 1998 la CIDH emitió el Informe 49/97 relativo al Caso 11.520 Tomás Porfirio Rondín "Aguas Blancas", en la que recomendó al Estado mexicano, investigar a fondo los hechos, ejercer acción penal contra los responsables e indemnizar a los familiares de los ejecutados y a los sobrevivientes. La CIDH remitió el Informe 49/97 a México otorgando un plazo de 2 meses para que se adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas. Cumplido el plazo, la CIDH llegó a la conclusión de que no se había dado cabal cumplimiento a ninguna de sus recomendaciones.
En virtud de la visita realizada por la CIDH a nuestro país en julio de 2001, con motivo de las audiencias de seguimiento de recomendaciones, los quejosos y miembros de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, determinaron interponer una nueva denuncia penal contra los responsables de la masacre ante la PGR, teniéndose el compromiso de la SRE de servir de interlocutor con la PGR. Así, se presentaron ante la PGR sendas denuncias penales (averiguaciones previas números 423/A1/2001 y 163/A2/2002), determinándose finalmente que fuese la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado quien se hiciera cargo de las investigaciones, la cual desapareció ese año sin que haya arrojado resultados satisfactorios en relación al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH.
En días pasados La Procuraduría General de la República se declaró incompetente "para investigar la masacre de Aguas Blancas, por lo que turnará la causa penal 104/95 del caso a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), lo cual es regresar al inicio de este proceso, ya que la procuraduría estatal no va a consignar a nadie, como no lo hizo en aquel entonces.
Ante esto los Poderes de la Unión y de Guerrero han sido insuficientes para garantizar la justicia, la vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales, haciendo prevalecer una grave situación de impunidad en torno a la gestión para resolver este caso.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la PGR licenciado Arturo Chávez Chávez, a que rinda un informe sobre los motivos por los cuales la dependencia a su cargo se declaró incompetente para investigar y sancionar a los responsables por la masacre de Aguas Blancas en Guerrero.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2010.
Diputada Florentina Rosario Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RETIRAR LA PROPUESTA DE CAMBIO DE SEDE
Y A MANTENERLA EN LA CIUDAD DE VERACRUZ PARA LA REALIZACIÓN DE LA
PRÓXIMA CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO
SILVIO LAGOS GALINDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Silvio Lagos Galindo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es la organización más importante de la Naciones Unidas en lo que concierne a las tecnologías de la información y la comunicación. La integran casi 200 países y es la coordinadora mundial entre los gobiernos y el sector privado. México es miembro desde 1908 y desde su incorporación, ha mantenido como una prioridad esencial el reducir la brecha digital creando infraestructuras de la información y la comunicación. La UIT tiene como órgano supremo a la Conferencia de Plenipotenciarios, que se celebra cada cuatro años y en la cual se establecen políticas y planes estratégicos de la materia.
El 13 de septiembre de 2007 la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su reunión de consejo, tomó la decisión de que la realización de la Conferencia de Plenipotenciarios 2010, a realizarse durante octubre, tendría como sede nuestro país, en específico la ciudad de Veracruz.
A pesar de que la decisión tomada de manera unánime por los miembros de la UIT sobre esta designación el 6 de enero de 2010 de manera sorpresiva y como se anuncia en el portal de internet de esta organización, el presidente de la República, Felipe Calderón, notificó oficialmente que por "razones prácticas" proponía a Guadalajara como cambio de sede.
Veracruz cuenta con la infraestructura necesaria para albergar un encuentro de esta magnitud, muestra de ello son los recientes eventos internacionales que se han llevado a cabo con éxito en su territorio. Los veracruzanos estamos preparados y sabemos estar a la altura de las exigencias internacionales, somos dignos representantes del Estado mexicano y garantizamos las mejores condiciones para la realización de cualquier acto.
Es lamentable que el presidente de la República, en un total olvido al pacto federal, no reconozca el trabajo que hacen los gobernadores en sus estados y que a pesar de existir una carta compromiso para la realización de este encuentro, suscrita en agosto de 2007 por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, hoy nuevamente se esté faltando a un pacto ya firmado.
El gobierno que encabeza Fidel Herrera Beltrán está en la disposición de hacer el mayor de los esfuerzos trabajando en conjunto con la federación y cumplir con este compromiso internacional, Veracruz no es ajeno a los problemas económicos que enfrenta el país derivados de una seria crisis global; a pesar de ello sabemos que existen los mecanismos para hacer frente a las adversidades.
En el marco de respeto a las entidades, a sus municipios y gobiernos, exhortamos al presidente Felipe Calderón a reconsiderar la solicitud de cambio de sede para la realización de la Conferencia de Plenipotenciarios, considerando que no hay motivos y justificación alguna para ello pues ya se han iniciado los trabajos para apoyar en la organización logística del encuentro y en Veracruz hemos asumido con seriedad y responsabilidad el compromiso.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Solicito al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que se considere este punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución.
Segundo. Se exhorte al Ejecutivo federal a retirar la solicitud de cambio de sede para la realización de la Conferencia de Plenipotenciarios 2010, manteniendo a la ciudad de Veracruz como tal.
Tercero. Se solicita al Ejecutivo federal que explique los motivos que le dieron origen a la decisión sobre el cambio de sede.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2010.
Diputado Silvio Lagos Galindo (rúbrica)