Honorable Asamblea:
La Primera Comisión de trabajo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
En sesión celebrada el 20 de enero del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Elisa García Barragán Martínez, Eben Ezer Daniel Alvarado Rangel, Carlos Peña Valle, Isidoro Pedroza Ordaz, Gerardo Ramón Martínez Martínez, Héctor Maldonado Zepeda, Raúl Santos Galván Villanueva y Sergio Enrique Henaro Galán puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo.
Consideraciones
Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
Que la solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni la sumisión a otro en detrimento de nuestra soberanía.
La Primera Comisión de trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María Elisa García Barragán Martínez para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda, que le otorga el gobierno del Reino de España.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Eben Ezer Daniel Alvarado Rangel para aceptar y usar la condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y Placa Distintivo Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales que le otorga el Gobierno de Estados Unidos de América.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Peña Valle para aceptar y usar la condecoración Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales y Placa Distintivo Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales que le otorga el Gobierno de Estados Unidos de América.
Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Isidoro Pedroza Ordaz para aceptar y usar la Medalla Especial y la Cinta que le otorga la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos.
Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Gerardo Ramón Martínez Martínez para aceptar y usar la Medalla Fraternidad Combativa que le otorga el Gobierno de la República de Cuba.
Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Héctor Maldonado Zepeda para aceptar y usar la condecoración Antorcha a la Excelencia Académica que le otorga el gobierno de la República de El Salvador.
Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Raúl Santos Galván Villanueva para aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré que le otorga la Armada de la República Federativa del Brasil.
Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Sergio Enrique Henaro Galán para aceptar y usar la Medalla al Mérito Tamandaré que le otorga la Armada de la República Federativa del Brasil.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica),
presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica),
diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García
(rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo
Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez,
senador José González Morfín, senadora Martha Leticia
Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola),
senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar
Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto
López Hernández (rúbrica de la diputada Teresa del
Carmen Incháustegui Romero), senador Arturo Escobar y Vega, diputado
Pedro Vázquez González (rúbrica p.a. del diputado
Juan Enrique Ibarra Pedroza), senador Luis Maldonado Venegas.
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGR A ATRAER EL CASO DEL
HOMICIDIO DE JOSEFINA REYES SALAZAR; AL GOBIERNO FEDERAL, A REPARAR EL
DAÑO DE SU FAMILIA, EN TÉRMINOS DEL DERECHO PÚBLICO
INTERNACIONAL; Y AL GOBIERNO Y A LA PROCURADURÍA DE JUSTICIA DE
CHIHUAHUA, A EMITIR DE INMEDIATO LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN
PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS GUSTAVO
DE LA ROSA, CIPRIANA JURADO Y GERO FONG
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la PGR a atraer el caso del homicidio de Josefina Reyes Salazar; al gobierno federal, a reparar el daño de su familia, en términos del derecho público internacional; y al gobierno y a la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, a emitir de inmediato las órdenes de protección para salvaguardar la seguridad de los defensores de derechos humanos Gustavo de la Rosa, Cipriana Jurado y Gero Fong, suscrita por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con puntos de acuerdo;
II. En el capítulo correspondiente al contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;
III. En el capítulo de consideraciones, la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.
I. Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
II. Contenido
En la proposición con puntos de acuerdo se manifiesta sustancialmente lo siguiente:
El domingo 3 de enero de este año fue asesinada Josefina Reyes Salazar por un comando armado alrededor de las 13:30 horas, a las puertas de un negocio de venta de barbacoa, en el cruce de las calles Carretera Juárez Porvenir y Ramón Aranda, de la colonia Sauzal, al este de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Josefina Reyes obtuvo notoriedad desde 2008, cuando inició una huelga de hambre frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República, en reclamo por la desaparición de su hijo, detenido por militares en Valle de Juárez. Su hijo, Miguel Ángel Reyes, trabajaba como mecánico del presunto narcotraficante Rikin Escajeda, detenido el año pasado por el Ejército en Nuevo Casas Grandes.
Otro de los hijos de Josefina murió asesinado en Valle de Juárez. Desde la desaparición forzada de Miguel Ángel, al inicio de la operación conjunta Chihuahua, Josefina comenzó a exigir públicamente su regreso ante las autoridades y a denunciar los abusos militares en el estado.
Entre las actividades públicas de denuncia que realizó Josefina Reyes se destaca, además de esta huelga de hambre, su participación, en agosto de 2009, en el Foro contra la militarización y represión, que organizó el Frente Nacional contra la Represión. Dichas denuncias las realizó a partir de que otro de sus hijos, Julio César, fue asesinado en Valle de Juárez tras la llegada de las fuerzas federales a la frontera para "combatir la violencia".
Como consecuencia de los actos públicos que Josefina realizó durante 2008 y 2009, su domicilio fue allanado en tres ocasiones por miembros del Ejército.
Josefina Reyes Salazar ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por desconocidos. Presentó denuncia de hechos ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República y en la Subprocuraduría de Justicia del Estado, zona norte, pero en ninguna de las dos instancias investigaron el caso.
Con Josefina Reyes, lamentablemente para el estado de derecho, suman siete los activistas y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos que son asesinados en Chihuahua en los últimos dos años, con el pretexto de la guerra entre bandas de narcotraficantes.
Su asesinato ha sido repudiado y condenado por diversos organismos nacionales e internacionales que han pedido que se investigue, se detenga a los responsables y se emitan por la Procuraduría estatal las órdenes de protección necesarias para proteger la vida de otros defensores de derechos humanos. El asesinato de Josefina Reyes es el primero de 2010. Los hechos violatorios más denunciados están relacionados con los derechos a la integridad y seguridad personal, a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la propiedad o posesión y a la vida.
Con lo anterior, formula los siguientes
Puntos de Acuerdo
Segundo. Se exhorta al Estado mexicano a reparar a través de sus órganos judiciales el daño de la familia de Josefina Reyes Salazar, en términos del derecho internacional público, y sancionar a los responsables de su muerte.
Tercero. Al gobierno de Chihuahua, a través de su titular, licenciado José Reyes Baeza Terrazas, así como a la Procuradora de Justicia de Chihuahua, licenciada Patricia Lucía González Rodríguez, para que en conjunto emitan sin mayor dilación las órdenes de protección o medidas cautelares con objeto de salvaguardar la seguridad, y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos Gustavo de la Rosa, Cipriana Jurado y Gero Fong, quienes en diversos espacios han denunciado los abusos de los militares contra la población en el marco de la operación conjunta Chihuahua.
Los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de fomentar el respeto de los derechos humanos de mujeres y de hombres, sobre todo si involucran a personas y organizaciones que buscan la protección de los derechos fundamentales.
En el caso, como reconoce expresamente en la parte introductoria la autora de la proposición que se dictamina, se trata de un asunto del ámbito local, de la jurisdicción y competencia de las autoridades judiciales de Chihuahua.
El cuerpo de asistencia técnica de la comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y sólo pudo constatar en medios impresos de comunicación lo expresado por la proponente, sin que se hayan encontrado mayores datos que los aportados por ésta.
Asimismo, se pudo constatar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció el inicio de una queja respecto al asesinato de Josefina Reyes. En el mismo sentido, Amnistía Internacional advirtió que "la ola de violencia que azota Ciudad Juárez, Chihuahua, pone en riesgo la vida de defensores de los derechos humanos", por lo que emitió una acción urgente en la que insta a las autoridades federales y estatales a proteger la vida e integridad de varios activistas, sobre todo los que trabajaron con Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero. El organismo internacional exigió una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio, que los resultados de las indagatorias se hagan públicos y que los responsables del crimen sean presentados ante la justicia.
Conforme a lo propuesto en el primer resolutivo de la proponente, relativo a la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República, la comisión dictaminadora considera necesario señalar lo siguiente:
Artículo 73. ...
XXI. …
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales;
Artículo 10. Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes cualquiera de los tribunales en cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.
En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán asimismo competencia para juzgarlos.
...
...
Artículo 475. Los delitos son conexos:
I. Cuando han sido cometidos por varias personas unidas.
II. Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares, pero en virtud de concierto entre ellas.
III. Cuando se ha cometido un delito para procurarse los medios de cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo, o para asegurar la impunidad.
Asimismo, se remite el asunto al gobernador de Chihuahua, para su conocimiento y efectos.
Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al procurador general de la República a realizar las investigaciones necesarias a efecto de determinar la procedencia de ejercer su facultad de atracción en el caso del asesinato de Josefina Reyes Salazar, ocurrido el pasado 3 de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Segundo. Remítase copia del presente expediente al gobernador de Chihuahua, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica),
presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica),
diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García
(rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo
Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez,
senador José González Morfín, senadora Emma Larios
Gaxiola (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica),
diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado
Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador
Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PROCURADOR AGRARIO, AL SECRETARIO
DE LA REFORMA AGRARIA, Y AL GOBERNADOR Y A LOS 58 AYUNTAMIENTOS DE SAN
LUIS POTOSÍ A CUMPLIR EL ACUERDO ESTABLECIDO CON EL MOVIMIENTO HUASTECO
DEMOCRÁTICO
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo con relación al exhorto al procurador agrario, al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria y al gobernador de San Luis Potosí, así como a los 58 municipios de esta entidad para que den cumplimiento al acuerdo establecido con el Movimiento Huasteco Democrático suscrita por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:
Metodología
I. En el capítulo de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo.
II. En el capítulo correspondiente a Contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo de Consideraciones la Primera Comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.
I. Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–.
II. Contenido
La proponente manifiesta en el punto de acuerdo que se dictamina que el 24 de junio de 1997 se logró un acuerdo agrario con el Grupo Operativo Especial del Consejo Agrario Estatal en San Luis Potosí con la organización campesina Movimiento Huasteco Democrático.
Continúa la proponente refiriendo que este acuerdo atendía la solicitud en el distrito de riego Pujal Coy, señalando que fungieron como signatarios en el acto los licenciados Mario del Valle Fernández, Hermenegildo García Walle, Juan Serrano Amador y Humberto Páez Galván.
Señala la proponente que como resultado del mencionado acuerdo, se realiza la entrega de la constancia de asignación de una superficie de 1500 hectáreas a la organización campesina Movimiento Huasteco Democrático, después "el 21 de octubre de 1997, para beneficiar a varios núcleos agrarios que en su oportunidad, serían seleccionados por la propia organización. Posteriormente se fueron entregando diferentes actas de posesión precaria en diferentes fechas que abarcan desde el 26 de noviembre de 1997 hasta el 24 de enero de 2000, donde se formaron todos los diferentes ejidos".
La proponente manifiesta que dicho acuerdo se refiere a la entrega de 5 mil hectáreas y establece "en su numeral 3o. que la organización campesina presentaría ante este grupo operativo especial el listado de los integrantes de cada grupo responsabilizándose que cumpliera con ciertos requisitos como son: ser mexicanos y mayores de edad, que tengan por ocupación habitual el campo, que no haya sido propietario de tierra privada o social, y que no estén casados o vivan en unión libre con otra persona que sea beneficiada con el programa".
La proponente señala que las instituciones del ramo como la Procuraduría Agraria y la Secretaría de la Reforma Agraria no se han apegado a lo estipulado en el acuerdo. Derivado de lo anterior, en el año 2003, los campesinos integrantes de la organización trataron de ingresar nuevamente a sus tierras, pero se les impidió.
Derivado de este acontecimiento, el 29 de junio de 2004 en Ciudad Valles, San Luis Potosí, se firmó un nuevo convenio que tuvo por objetivo dar cumplimiento al primer acuerdo de fecha 24 de junio de 1997.
Refiere la proponente, que este nuevo acuerdo establece que:
"Una vez concluido este proceso se iniciarían los trabajos técnicos en el predio denominado Emiliano Zapata del municipio de Tamuín, San Luis Potosí, que serían entregados a los integrantes de la organización campesina Movimiento Huasteco Democrático".
Refiere la proponente que los acontecimientos suscitados antes, durante y después de la firma de ambos acuerdos respectivamente fueron conocidos por las autoridades agrarias en el cargo, así como en medios de comunicación locales.
Manifiesta la proponente que a la fecha no se han instalado las mesas de diálogo correspondientes para solucionar los desacuerdos que existen por el problema en comento.
Es por ello, que la proponente considera lo siguiente:
2. Que el Estado, a través de la ley, ha establecido el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
3. Que es un objetivo de la norma el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural.
4. Que la resolución del conflicto agrario requiere la reinstalación de mesas de trabajo que permitan entregar a los campesinos que pertenecen al Movimiento Democrático Huasteco, la repartición de tierras que les corresponde a los que han sido desposeídos en forma arbitraria de su propiedad agraria.
5. Que se revise la integración irregular de los expedientes integrados por la representación de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí.
Puntos de Acuerdo
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Rosendo González Patiño, procurador agrario; al agrónomo Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria; y al doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional de San Luis Potosí, así como a los 58 municipios de esa entidad federativa a cumplir el acuerdo del 24 de junio de 1997 y se otorguen los títulos de propiedad agraria en cumplimiento a las diversas minutas de trabajo establecidas con la organización Movimiento Huasteco Democrático y que son procedentes conforme a la normatividad en materia agraria y justicia social.
La comisión dictaminadora coincide con la proponente en el sentido de que el derecho a la propiedad es parte fundamental del crecimiento del Estado mexicano, ya que forma parte de las garantías individuales del ciudadano.
La comisión dictaminadora manifiesta que uno de los actos más emotivos y que revisten al pueblo de México fue el triunfo agrario en los hechos suscitados en el siglo pasado.
También esta comisión dictaminadora celebra con agrado el interés ciudadano de la proponente para solucionar el desacuerdo entre las partes mencionadas, proponiendo la instalación de una mesa de diálogo, mecanismo idóneo y pacifico para solucionar de manera armónica este asunto.
Esta comisión dictaminadora estima pertinente que la instalación de la mesas de diálogo y trabajo, son la base para solucionar el desacuerdo que nace antes durante y después de la firma de los acuerdos en mención, por lo que no se considera oportuno en este momento exhortar a los titulares de la Procuraduría Agraria, de la Secretaría de la Reforma Agraria; y al gobernador constitucional de San Luis Potosí, así como a los titulares de los 58 municipios de esa entidad federativa a cumplir el acuerdo del 24 de junio de 1997.
Concluye esta comisión dictaminadora que lo procedente en este caso es exhortar de manera respetuosa en el marco de la colaboración de poderes y del reconocimiento de la independencia de los poderes públicos federales y estales, a los titulares de la Procuraduría Agraria, de la Secretaría de la Reforma Agraria, y al gobernador constitucional de San Luis Potosí, así como a los titulares de los 58 ayuntamientos de esa entidad federativa a que faciliten y provean la reinstalación de las mesas de diálogo y trabajo para la solución del asunto en mención, y que una de las prioridades de esas mesas sea la revisión de los expedientes de la organización Movimiento Huasteco Democrático.
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–, somete a la consideración del pleno, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La comisión permanente del honorable Congreso de la Unión estima pertinente instalar las mesas de diálogo y trabajo, tendentes a solucionar el conflicto agrario relativo a la organización Movimiento Huasteco Democrático.
Segundo. La comisión permanente del honorable Congreso de la Unión estima conveniente, exhortar de manera respetuosa en el marco de la colaboración de poderes y del reconocimiento de la independencia de los poderes públicos federales y estatales, al licenciado Rosendo González Patiño, titular de la Procuraduría Agraria; al agrónomo Abelardo Escobar Prieto, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria; y al doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional de San Luis Potosí, así como a los 58 ayuntamientos de esa entidad federativa, para que faciliten y provean en el ámbito de su competencia todo lo necesario para dar curso a la instalación de las mesas de diálogo y trabajo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica),
presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica),
diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García
(rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo
Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez,
senador José González Morfín, senadora Martha Leticia
Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola),
senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar
Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto
López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar
y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica),
senador Luis Maldonado Venegas.
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL GOBERNADOR Y AL PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL CONGRESO DE GUERRERO A IMPLANTAR LOS
PROCEDIMIENTOS NECESARIOS A EFECTO DE CUMPLIR LA RECOMENDACIÓN NÚMERO
78/2009 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, RELATIVA
AL SECUESTRO, A LA TORTURA Y A LA EJECUCIÓN DE LOS DIRIGENTES DE
LA ORGANIZACIÓN PARA EL FUTURO DE LOS PUEBLOS MIXTECOS RAÚL
LUCA LUCÍA Y MANUEL PONCE ROSAS
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador y al presidente de la Comisión del Congreso de Guerrero a implantar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la recomendación 78/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa al secuestro, tortura y ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, suscrita por la diputada Florentina Rosario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;
II. En el capítulo correspondiente al "Contenido" se exponen los motivos y el alcance de la propuesta en estudio;
III. En el capítulo "Consideraciones", la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.
I. Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
II. Contenido
En la proposición con punto de acuerdo se manifiesta literalmente lo siguiente:
"La recomendación número 78/2009, de fecha 28 de diciembre pasado, firmada por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, marca un parteaguas en la lucha histórica en Guerrero por la defensa de los derechos humanos.
Sin duda, esto demuestra que en México ha pasado una serie de delitos que demuestran el estado fallido en procuración de derechos humanos. Dicha recomendación se refiere al secuestro, a la tortura y a la ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 de noviembre de 2009, condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y reconoció la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos durante la guerra sucia. Además, ordenó continuar la búsqueda de Rosendo Radilla o, en su caso, de sus restos mortales.
Creemos firmemente que la CNDH cumple su labor histórica de seguir reconociendo que este contexto no se dio como hechos aislados del pasado sino que es una conducta sistemática del Estado o de sus autoridades que, por ineficacia e ignorancia, siguen permitiendo que estos casos se den como parte constante del ejercicio del poder en México.
El 13 de febrero de 2009, aproximadamente a las 13:15 horas, al encontrarse en un acto público en la explanada de la escuela secundaria Plan de Ayutla, en Ayutla de los Libres, Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron detenidos por tres sujetos que, sin identificarse, ingresaron en el lugar, los detuvieron y se los llevaron con rumbo desconocido a bordo de un vehículo.
Por ello, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos emitieron opiniones y presentaron denuncias para que se diera con el paradero de los dos indígenas. Días después, a través elementos de la Policía Ministerial de Guerrero, recibieron una llamada telefónica anónima, a través de la cual se hizo de su conocimiento que en el paraje solitario de la comunidad de San Francisco, municipio de Tecoanapa, se encontraban sepultadas dos personas y que al parecer se trataba de los dos desaparecidos, "razón por la que personal de la agencia del Ministerio Público del fuero común del distrito judicial de Allende realizó la inspección ocular en el lugar del hallazgo y dio fe de los cadáveres y de su levantamiento.
"Por ello, la CNDH, en la recomendación número 78/2009, de fecha 28 de diciembre pasado, afirma que violaron en perjuicio de los agraviados occisos, así como de sus familiares, los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la procuración de justicia, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 20, Apartado B; 21, párrafo primero; y 102, Apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Por esos motivos emite las recomendaciones al titular del gobierno estatal a fin de llegar a la verdad material e histórica y que instruya a quien corresponda para tal efecto, específicamente realizar un nuevo peritaje. De igual forma, recomienda al presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local que instruya al presidente municipal de Ayutla, Armando García Rendón, para que se repare el daño a las familias de los indígenas occisos.
Con lo anterior formula el siguiente
"Punto de Acuerdo
El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
Los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de fomentar el respeto a los derechos humanos y a los organismos de protección de éstos, por lo que toman en consideración lo establecido en el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la letra dice lo siguiente:
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
...
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios..."
Por lo anterior, la CNDH solicitó al gobernador se brinde atención médica y psicológica a los familiares de los agraviados; se instruya al Ministerio Público para que las averiguaciones previas se inicien en forma completa, objetiva e imparcial; se preserve la escena del crimen, se proteja a los testigos y se agoten las líneas de investigación.
Asimismo, al presidente del Congreso estatal se le pide que se repare el daño en favor de los beneficiarios de los agraviados; se exhorta al presidente municipal de Ayutla de los Libres a garantizar la seguridad e integridad de los familiares de los occisos, se otorgue a los habitantes y visitantes de la localidad seguridad pública eficaz y se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad contra el munícipe y el entonces director de Seguridad Pública municipal.
El cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar en medios impresos de comunicación que el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, dio a conocer que aceptará la recomendación número 78/2009 que le envió la CNDH, para que se "conozca la verdad histórica" sobre la ejecución de los dirigentes indígenas Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y aplicará las sanciones correspondientes a los funcionarios municipales y estatales.
En razón de que como lo afirma el gobernador, "aceptará la recomendación" y toda vez que se trata de la protección de derechos fundamentales, los integrantes de la comisión dictaminadora estiman prudente que en aras de darle continuidad al asunto planteado por la autora de la proposición, se exhorte respetuosamente al ciudadano Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador constitucional; al diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a implantar los mecanismos que den cumplimiento a la recomendación número 78/2009 de la CNDH, de fecha 28 de diciembre de 2009.
Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al ciudadano Carlos Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador constitucional; al diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a implantar los mecanismos que den cumplimiento a la recomendación número 78/2009 de la CNDH, de fecha 28 de diciembre de 2009.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez
(rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo
(rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay
García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado
Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco
Rodríguez, senador José González Morfín, senadora
Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía
Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica),
diputado Óscar Martín Arce Paniagua, diputado Adán
Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo
Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica),
senador Luis Maldonado Venegas.
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE AGUASCALIENTES
A INVESTIGAR LAS INTERVENCIONES DE LLAMADAS PRIVADAS DE LEGISLADORES, Y
DE ACTORES SOCIALES Y EMPRESARIALES
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Aguascalientes a investigar las intervenciones de llamadas privadas de legisladores, y de actores sociales y empresariales, suscrita por los senadores Rubén Camarillo Ortega y Eduardo Tomás Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:
Metodología
I. En el capítulo de Antecedentes se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo.
II. En el capítulo correspondiente a Contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo de Consideraciones la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.
I. Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–.
II. Contenido
En la proposición que se dictamina, los autores se refieren al espionaje como una práctica que lesiona gravemente el derecho a la intimidad, señalando que en nuestro país se ha realizado en forma indiscriminada y con impunidad; cita la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que legaliza el espionaje con la finalidad de atacar el narcotráfico, y la Ley de Policía Federal, de reciente creación, que permite la intervención de comunicaciones en ciertos delitos y cumpliendo con un protocolo, en beneficio de la ciudadanía, pero señala que falta adecuar esta normatividad para evitar dejar abiertas las puertas para las grabaciones telefónicas ilícitas, lo que afecta garantías individuales y socava garantías constitucionales.
Los proponentes se refieren particularmente a Aguascalientes, en donde señalan que es posible intervenir una llamada con la misma facilidad como es obtener el número de la línea a espiar y que "hay fundadas sospechas de que personal adscrito a la Secretaría General de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del estado" realizan esas actividades ilícitas. Argumentan en contra de dicha práctica y formulan el siguiente:
Punto de Acuerdo
La comisión dictaminadora toma en cuenta que, en el caso, se trata de un asunto de la jurisdicción y competencia del gobierno de Aguascalientes, toda vez que el punto de acuerdo se limita a exhortar al gobierno de Aguascalientes a investigar y, en su caso, sancionar a quienes dentro de ciertos órganos de gobierno estatales utilizan recursos públicos para llevar a cabo políticas de espionaje.
El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Remítase copia del presente expediente al gobernador constitucional de Aguascalientes, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica),
presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica),
diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García
(rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo
Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez,
senador José González Morfín, senadora Martha Leticia
Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola),
senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar
Martín Arce Paniagua (rúbrica en abstención), diputado
Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador
Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica),
senador Luis Maldonado Venegas.
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SOLUCIONAR LA INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN BAJA
CALIFORNIA
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:
2. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar las medidas necesarias para solucionar la inseguridad en Baja California, suscrita por los senadores Fernando Castro Trenti y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Metodología
I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de las referidas proposiciones con punto de acuerdo;
II. En el capítulo correspondiente al contenido se exponen los motivos y alcance de las propuestas en estudio;
III. En el capítulo de consideraciones, la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.
I. Antecedentes
Las proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en las sesiones del pleno de la Comisión Permanente de fechas 13 y 20 de enero de 2010, y turnadas para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
II. Contenido
En la primera proposición con punto de acuerdo que se dictamina se manifiesta literalmente lo siguiente:
El del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, expuso que están viendo con enorme preocupación cómo se ha incrementado la violencia, lo que los obligó a convocar a los gobiernos estatal y municipal a una reunión con carácter urgente.
La inseguridad es un problema que envenena a la sociedad mexicana, y la de Baja California no es la excepción.
Desde que el titular del Ejecutivo federal rindió protesta, la lucha frontal contra el crimen organizado ha sido su lema y plataforma política. Sin embargo, y a pesar de que hemos sido testigos de la implantación de planes, acciones y estrategias en todos los niveles de gobierno, la ola de violencia causada por el crimen organizado, lejos de aminorar o desaparecer, se ha ido acrecentando de manera alarmante.
Tan sólo en 2009 fueron registrados asesinatos violentos y vinculados presuntamente con el crimen organizado.
El norte del país ha resultado especialmente afectado por la ola de violencia; por tanto, esta zona debe recibir una atención si bien no preferencial, sí especial.
Atacar de fondo los problemas de inseguridad pública que padece el país no está reñido con una política de crecimiento económico que incremente el empleo, atraiga las inversiones e incentive el turismo.
Los tijuanenses son principalmente afectados en su ingreso debido, en parte, a que las acciones de las autoridades federales no han tomado en cuenta el efecto negativo de la inseguridad en la economía. Es lamentable que debamos enfrentar determinaciones administrativas que agravan la crisis económica más de lo que disminuyen la delincuencia organizada o la violencia, lo cual ha generando en la comunidad la percepción de que nos encontramos entre dos fuegos: por un lado, el proveniente de la delincuencia organizada; y, por otro, la insensibilidad de las autoridades administrativas.
La imposición de algunos planes gubernamentales, como el Sistema de Aforo Vehicular (Siave) o la material prohibición de la importación de vehículos usados, ha significado el atropello de las expectativas de la sociedad fronteriza.
El Siave, el cual pretende brindar eficacia en el combate del contrabando, no se justifica por los efectos negativos que tendrá en la vida común de las fronteras. La medida contra la importación de vehículos usados ha provocado la movilización de los ciudadanos del norte del país, inconformes con la forma en que las autoridades hacendarias y policiacas han venido criminalizando a los propietarios de autos importados, afectando el comercio, el turismo y el empleo y, por ende, mermando la ya muy deteriorada capacidad de consumo de las familias mexicanas, en especial las bajacalifornianas.
Producto de la inseguridad y de equivocadas decisiones gubernamentales, aunadas a la crisis económica global, en el último año en Baja California se ha incrementado el número de personas desocupadas: pasaron de 21 mil 800 a 82 mil, 7.56 por ciento, lo que coloca esta entidad en el décimo lugar nacional en tasa de desocupación, según el Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resulta lógico pensar que el alto grado de desempleo en la entidad, provocado en parte por malas decisiones administrativas, se convierta en detonante para la inseguridad que se vive en Baja California.
Preocupado por la grave situación que padece la sociedad tijuanense, el sector empresarial de esa ciudad ha manifestado la imperiosa necesidad de implantar medidas para enfrentar la criminalidad, sin que con esto se generen más problemas para la economía local, pues la fuga de capitales, tanto nacionales como extranjeros, continúa a raíz de la inseguridad que se vive en la ciudad, lo que repercute directamente en la economía nacional.
Una de sus propuestas es la presencia de más elementos de la Policía Federal en las calles de Tijuana, donde se ha registrado la mayor parte de los hechos delictivos, a fin de inhibir la presencia de las organizaciones criminales y de sus integrantes, que circulan libremente por las calles.
Es tiempo de actuar para remediar esta situación, y la única manera de lograrlo es mediante la cooperación entre poderes y el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno.
El pueblo bajacaliforniano espera la decidida actuación de sus representantes en el Congreso de la Unión. La Comisión Permanente no puede menos que solidarizarse con el sector productivo de Baja California, que reclama mayor seguridad en las calles, en beneficio de las familias bajacalifornianas.
Desde el Congreso de la Unión debemos exhortar al titular del Ejecutivo federal a incrementar la participación de las fuerzas policiacas en la entidad, en especial en Tijuana, Baja California. Asimismo, debe llevarse a cabo una operación para combatir la inseguridad y el crimen organizado que hacen víctima a dicha entidad federativa".
Punto de Acuerdo
"Con la reciente captura de Teodoro García Simental, alias El Teo o El Tres Letras, las autoridades esperaban una drástica disminución en la ola de crímenes, lamentablemente, los delitos violentos no han cesado y el impacto del crimen organizado, lejos de disminuir ha ido en aumento, prueba de esto es que junto a los cadáveres de víctimas recientes, los supuestos ejecutores han dejado al menos dos cartulinas con un texto semejante: "El Teo sigue mandando".
Y formulan el siguiente
Punto de Acuerdo
La comisión dictaminadora considera que, por la coincidencia temática en cuanto a que ambas proposiciones tienen por objeto exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a que incremente la presencia de elementos de la Policía Federal y se apliquen las medidas necesarias para apoyar a la población bajacaliforniana, es pertinente por racionalidad práctica y economía procesal, atender ambas proposiciones en un dictamen.
Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de las proposiciones que se dictaminan. Al respecto, esta comisión invoca lo dispuesto en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé entre las facultades y obligaciones del presidente, la de "preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación.
Asimismo, el artículo 21, párrafo noveno, de la Carta Magna señala:
La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública…"
XII. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos;"
Ahora bien, por lo que hace a la ciudad de Tijuana, como lo expone el proponente, el gobierno federal puso en marcha desde el año 2007, el llamado "Plan Tijuana", el cual contempla la movilización hacia ese municipio de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, para enfrentar al crimen organizado en esa localidad. Por lo que respecta a la Secretaría de Seguridad Pública, se señaló que sería responsable de los patrullajes en la ciudad fronteriza, así como de labores de inteligencia e investigación, cumplimiento de órdenes de aprehensión, cateos y aseguramientos; asimismo, coordinaría una estrategia de participación ciudadana que se enfocaría a la denuncia.
La comisión dictaminadora toma en cuenta el reclamo y las exigencias por parte de la población ante la inseguridad, y se solidariza con ellas por la urgente necesidad de implantar medidas efectivas para dar una satisfactoria solución a ese problema.
Por lo anterior, la comisión dictaminadora no considera adecuado y oportuno exhortar al gobierno para realizar acciones que públicamente se conoce que está llevando a cabo; y estima que lo procedente en este caso, en el ámbito de colaboración y respeto entre los poderes, es solicitar un informe pormenorizado y actualizado de las acciones y medidas que está realizando o tenga proyectado realizar el Ejecutivo con la participación de los elementos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas de México en Tijuana, Baja California; y, en su caso, incremente la presencia de éstos.
Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con las exigencias del sector productivo de Tijuana, Baja California, concernientes a implementar medidas más efectivas para dar una solución al problema de inseguridad pública.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 45 numerales 1 y 3 y 97 numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular del Poder Ejecutivo federal, remita a esta soberanía, a través de las Secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Procuraduría General de la República, un informe detallado y con el debido secreto las acciones y medidas que está realizando o tenga proyectado realizar en materia de seguridad pública con la participación de los elementos de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas de México en la ciudad de Tijuana, Baja California y, en su caso, considere la posibilidad de incrementar la presencia de los mismos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica),
presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica),
diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García
(rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo
Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez,
senador José González Morfín, senadora Emma Lucía
Larios Gaxiola (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez
(rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica),
diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica),
senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González
(rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE NAYARIT A RESOLVER
EL CONFLICTO AGRARIO DEL EJIDO PANTANAL, EN XALISCO, DERIVADO DEL PAGO
DE INDEMNIZACIONES DE SUS TIERRAS PARA CONSTRUIR EL AEROPUERTO AMADO NERVO
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a resolver el conflicto agrario del ejido Pantanal, en Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras para construir el aeropuerto Amado Nervo, de Tepic, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;
II. En el capítulo "Contenido" se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;
III. En el capítulo "Consideraciones" la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.
I. Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
II. Contenido
En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina se manifiesta literalmente lo siguiente:
"En el año de 1984, el gobierno del estado de Nayarit solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de una superficie de alrededor de 400 hectáreas de terrenos de cultivo pertenecientes al ejido de Pantanal, ubicado en el municipio de Xalisco, estado de Nayarit, con la finalidad de construir el aeropuerto internacional Amado Nervo.
El 29 de enero de 1993 se publicó el decreto a través del cual se les expropiaban las tierras a los ejidatarios del Pantanal para la construcción del complejo aéreo, notificando a los ejidatarios sobre la afectación de sus terrenos, prometiéndoles que sus parcelas serían pagadas de manera justa, solicitando un avalúo, el cual estaría a cargo de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) para realizar el pago.
Que después de algunos años, la Cabin por fin rindió el citado avalúo, el cual se presentó con muchas irregularidades, pues omitió señalar que todas las tierras afectadas eran de cultivo, indicando, por el contrario, que la mayor parte eran tierras de agostadero –aquellas que por su precipitación pluvial, topografía o calidad, producen en forma natural o cultivada, pastos y forrajes que sirven para alimentar al ganado, situación que provocó la inconformidad entre los afectados, por lo que iniciaron las gestiones de rectificación ante las autoridades competentes.
Que ante la negativa de las autoridades de rectificar el avalúo de sus tierras, los ejidatarios del Pantanal, acudieron a las oficinas del Tribunal Unitario Agrario en la ciudad de Tepic, Nayarit, para iniciar un juicio agrario por la falta de pago de sus tierras expropiadas, en el año 2004 se dictó sentencia condenatoria por la cual se ordenó al Ejecutivo del estado de Nayarit a pagarle a los ejidatarios por motivo de la expropiación de sus tierras. Sin embargo, desde esa fecha el gobierno estatal no ha realizado el pago correspondiente.
En el año 2007 el gobierno estatal de Nayarit logró, a través de un juicio de amparo, la suspensión definitiva a la sentencia, por lo que ya no fue obligado a cumplir con el requerimiento del Tribunal Agrario.
Lo anterior, no obstante que dicho Tribunal había apercibido al gobierno de Nayarit con imponerle una sanción económica si no mostraba el avalúo de las casi 400 hectáreas donde se encuentra ahora el aeropuerto nayarita.
El gobierno de estado de Nayarit consiguió que el Juzgado Tercero de Distrito le ofreciera una suspensión definitiva contra actos del Tribunal Agrario dentro del número de amparo 977/2007, interpuesto el ocho de agosto de 2007.
El juzgado de distrito sobreseyó el amparo del gobierno, pero éste interpuso un recurso de revisión de amparo ante el Tribunal Colegiado, dicha suspensión definitiva hizo que el Tribunal Agrario quede imposibilitado para proceder contra la administración estatal.
Ante tales procedimientos, la comunidad del Pantanal a su vez presentó otro amparo (1037/2007) ante el Juzgado Tercero de Distrito, mediante el cual reclamó la lentitud del Tribunal Agrario para ejecutar el pago de sus tierras.
Después de más de 20 años de espera, en junio del año 2009, legisladores federales y locales de Nayarit acompañamos a los ejidatarios del Pantanal, quienes acudieron a la Ciudad de México ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para reclamar el pago de sus parcelas en las que se construyó el aeropuerto Amado Nervo."
Con lo anterior formula el siguiente:
"Punto de Acuerdo
Los integrantes de la comisión dictaminadora, coinciden sustancialmente con los planteamientos del autor de la proposición que se dictamina, tomando en cuenta que se sustenta en el derecho de los ejidatarios de Pantenal, municipio de Xalisco, de ser indemnizados por la expropiación de las 400 hectáreas en las que se encuentra actualmente el aeropuerto Amado Nervo, tal como lo establece el artículo 27 constitucional, en su segundo párrafo que a la letra dice:
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización."
En el caso, como reconoce expresamente en su parte introductoria el autor de la proposición que se dictamina, se trata de un asunto sujeto a proceso ante los tribunales federales y que tanto el Gobierno Estatal como los ejidatarios están agotando las instancias judiciales, a efecto de resolver la controversia suscitada. Se trata claramente de un asunto del orden jurisdiccional, de origen local, de las autoridades administrativas y judiciales correspondientes.
Aún cuando los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención del proponente de fomentar el respeto a los derechos de los ejidatarios, en virtud del decreto expropiatorio de enero de 1993, dicho trámite se encuentra sujeto a un proceso judicial, que si bien es cierto que ha sido mucho el tiempo de espera para la indemnización a la que tienen derecho, el Poder Judicial es el competente para resolver dicha situación como bien lo expresa el proponente por medio de las instancias correspondientes y con los términos que las mismas leyes señalan.
En virtud de lo anterior, la comisión dictaminadora considera que no ha lugar a la proposición que se dictamina, por las siguientes razones:
b) Por el respeto a la división de poderes, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador constitucional del estado de Nayarit a atender y, en su caso, resolver el conflicto agrario del ejido de Pantanal, municipio de Xalisco, derivado del pago de indemnizaciones de sus tierras de cultivo para la construcción del aeropuerto Amado Nervo de la ciudad de Tepic.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica
en contra), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica
en contra), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay
García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado
Arturo Zamora Jiménez (rúbrica en contra), senador Ricardo
Fidel Pacheco Rodríguez, senador José González Morfín,
senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma
Lucía Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez
(rúbrica), diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica),
diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica),
senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González
(rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO
A RECTIFICAR SU DETERMINACIÓN SOBRE LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS
POR EL PODER EJECUTIVO; Y AL PODER JUDICIAL, A INTERPONER CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de México a rectificar su determinación sobre la designación de magistrados por el Poder Ejecutivo; y al Poder Judicial, a interponer controversia constitucional por invasión de competencias, suscrita por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;
II. En el capítulo "Contenido" se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;
III. En el capítulo "Consideraciones" la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.
I. Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
II. Contenido
En la proposición con punto de acuerdo se manifiesta literalmente lo siguiente:
"El Estado es una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal.
Mediante la distribución de competencias se hace posible que la Federación y los estados puedan coincidir en el territorio mexicano, sin obstaculizarse ni duplicar sus funciones.
El principio de división de poderes, adoptado por nuestra Constitución federal en su artículo 49, tiene como finalidad delimitar las funciones de cada uno de los poderes; impedir la concentración de poder en una misma persona o un grupo de personas; prohibir a los poderes que ejerzan funciones que no les corresponden, y establecer controles de unos poderes sobre los otros para evitar abusos.
En un estado democrático, la legalidad, la certeza y la seguridad jurídica son elementos indispensables para garantizar el acceso a la justicia para hacer realidad este derecho fundamental de los gobernados. En esta tarea, la función que desempeñan los órganos encargados de la administración de justicia son de marcada trascendencia para la sociedad, la cual, cada día exige su perfeccionamiento.
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra como derecho constitucional el acceso a la justicia, vinculando al Estado y a sus tribunales a que en el ejercicio de la función jurisdiccional se garantice una justicia pronta, completa e imparcial.
A los tribunales les corresponde una labor fundamental que exige de sus integrantes la máxima diligencia y profesionalización permanente, lo que se debe fortalecer con la autonomía e independencia en sus funciones, porque sólo mediante la concurrencia de tales elementos se puede eficientar la administración de justicia.
La independencia del Poder Judicial y la recta administración de justicia, son garantes del estado de derecho, son condición de vida de toda sociedad y su importancia se acentúa en regímenes de realidades como el nuestro, dado que es precisamente el Poder Judicial el que tiene a su cargo velar por que se mantenga el orden constitucional y servir como freno a los actos de cualquier autoridad e inutilizar los efectos derivados de la aplicación de una ley que son contrarios a la Constitución.
La creación y conformación del Consejo de la Judicatura surgió institucionalmente en el ámbito federal en nuestro país, con las reformas del 31 de diciembre de 1994 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se reestructura el Poder Judicial Federal, se genera una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, entre sus objetivos tuvo como propósito principal, separar las funciones de carácter administrativo que estaban a cargo del pleno de la Suprema Corte para dejarlas en manos del Consejo de la Judicatura Federal como órgano especializado en funciones administrativas, de vigilancia y disciplinarias, a efecto de que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dedicarán esencialmente a la función jurisdiccional.
Este fue el referente constitucional que se recogió en la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, para crear el Consejo de la Judicatura local, ya que en la exposición de motivos se dejó establecido que ‘la administración del Poder Judicial se encarga a un órgano denominado Consejo de la Judicatura a fin de que la función jurisdiccional que corresponde a los magistrados y a los jueces no se interrumpa o distraiga por actividades distintas a estas, como son los actos de organización, manejo y control de personal y elaboración del presupuesto de egresos, entre otros.’
A partir del dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que entró en vigor la reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dio inicio el funcionamiento del Consejo de la Judicatura del estado, determinándose en el artículo 107 de la referida Constitución local, que el Consejo quedaría conformado por cinco integrantes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia quien a su vez presidiría el Consejo, dos magistrados electos por insaculación y dos jueces de primera instancia electos por la misma vía.
El aspecto objetivo de la independencia del Poder Judicial se identifica con la ausencia de presiones externas respecto de dicho poder. Exige una organización que excluya intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del estado; limitar la actuación administrativa sobre los magistrados para evitar que las influencias políticas, gubernamentales y de sectores sociales pudiera mermar o interferir de manera directa o indirecta en la independencia personal que debe caracterizar a dichos funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
Sin perjuicio de lo anterior, en la sesión del pasado 17 de diciembre del año en curso, la LVII Legislatura del estado de México aprobó la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 61, fracción XV, en sus párrafos primero y segundo; 77, en su fracción XII, 89, 107 en su primer párrafo y en sus fracciones II y III y 110; se adicionan las fracciones IV y V y dos últimos párrafos del artículo 107 de la Constitución Política del estado de México; referentes a los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de justicia y del Tribunal Contencioso Administrativo.
Los dictámenes fueron aprobados por 60 votos a favor de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, Nueva Alianza, Verde Ecologista, PT, Convergencia y el diputado del PSD, Antonio García Mendoza, por siete abstenciones del Grupo Parlamentario del PRD, que se suman a la mayoría según lo establece el artículo 115 del Reglamento del Poder Legislativo.
Establecen que el Consejo de la Judicatura se integrará por dos magistrados elegidos entre los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y un juez de Primera Instancia, así como un consejero designado por el Ejecutivo y dos designados por la Legislatura estatal. Como hasta ahora, el presidente del Tribunal lo será también del Consejo.
Podrán ser consejeros del Ejecutivo y el Legislativo quienes cuenten con los méritos suficientes tanto en lo profesional como en lo académico, sin haberse desempeñado necesariamente en el TSJ. Las reformas, también consagran en la Constitución estatal un retiro justo y digno después de 15 años de servicio. El primer año se les otorgará el 100 por ciento de su salario y los 5 siguientes el 80 por ciento.
Con base en lo anterior, concluyo, que el principio de separación de poderes no se preserva en las recientes modificaciones implementadas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho estado con respecto a la designación de Magistrados por parte del Ejecutivo, por ello, se exhorta al Congreso del estado de México a fin de que modifique su determinación con respecto a la designación de magistrados."
Con lo anterior formula el siguiente
"Punto de Acuerdo
El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
En el caso, como lo reconoce expresamente el autor de la Proposición que se dictamina, se trata de un asunto de la competencia directa de los tres órdenes de gobierno del estado de México.
Por otra parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece en su artículo 51 lo siguiente:
I. Al gobernador del estado;
II. A los diputados;
III. Al Tribunal Superior de Justicia en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la administración de justicia;
IV. A los ayuntamientos en los asuntos que incumben a los municipios, y en general, tratándose de la administración pública y gobierno municipales en cualquier materia referente a sus facultades y a las concurrentes con los demás ámbitos de gobierno;
V. A los ciudadanos del estado, en todo los ramos de la administración.
VI. ..."
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;"
I. …
II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y
III. ...
En tal virtud, la comisión dictaminadora considera que no es procedente exhortar al gobierno del estado de México, a que rectifique su determinación respecto a la designación de Magistrados, ni al Poder Judicial estatal para que interponga la controversia constitucional por invasión de competencias, mucho menos si se pretende incidir o influir en el sentido de la resolución que se le solicita, porque ello atenta contra su autonomía de gestión y de decisión.
Por lo que esta comisión dictaminadora estima prudente que en lugar de exhorto, se remita el asunto a las citadas autoridades locales, para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus respectivas competencias.
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia somete a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Remítase copia del presente expediente al ciudadano gobernador del estado de México, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica),
presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica),
diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García
(rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo
Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez,
senador José González Morfín, senadora Martha Leticia
Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola),
senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar
Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto
López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar
y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica),
senador Luis Maldonado Venegas.
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SEGUNDA SALA DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO AL PROCESO DE
RATIFICACIÓN DEL LICENCIADO GERMÁN GABRIEL ALEJANDRO LÓPEZ
BRUN COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE PUEBLA
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo con relación a la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al proceso de ratificación del licenciado Germán Gabriel Alejandro López Brun como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, suscrita por los senadores Jorge Andrés Ocejo Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;
II. En el capítulo "Contenido" se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;
III. En el capítulo "Consideraciones" la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.
I. Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
II. Contenido
En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina se manifiesta sustancialmente lo siguiente:
"Para México la construcción de una normalidad democrática, a lo largo y ancho del país, ha implicado un largo y costoso proceso de varias décadas atrás, cuya finalidad ha sido construir y consolidar instituciones que la sustenten. Entre ellas, los tribunales especializados en materia electoral que resuelven casos de conflictos entre partidos políticos y de ciudadanos con estos últimos".
Enseguida los proponentes refieren, que para los representantes ciudadanos deben dar prioridad a la vigilancia y cumplimiento de los "principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, pilares del sistema político-electoral mexicano".
Continúan los proponentes señalando, que en el 2010 habrá en catorce entidades federativas comicios electorales, puntualizando que en el estado de Puebla se elegirá gobernador, 217 ayuntamientos y se renovará la legislatura del Congreso local el próximo mes de julio.
Los proponentes enuncian que al estar próxima la elección de representantes populares en el estado de Puebla, expresa su sentir con relación al procedimiento para la integración del Tribunal Estatal Electoral de dicha entidad federativa periodo 2006-2012, señalando que esta institución es parte fundamental en el proceso electoral en comento.
Al respecto, los proponentes despliegan una serie de argumentos, de los cuales se enuncian principalmente, los siguientes:
"Con fecha 26 de octubre de 2006, el Congreso del estado de Puebla emitió la convocatoria que estableció los lineamientos para la ratificación y designación de los magistrados electorales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, conforme a la cual, el magistrado electoral, en funciones en ese entonces, licenciado Germán Gabriel Alejandro López Brun, participó como candidato propuesto por diferentes instituciones académicas para ratificación en dicho cargo".
"Es así, que el acuerdo de la comisión fue sometido para la aprobación del Pleno del Congreso del estado de Puebla en su sesión ordinaria del 16 de noviembre de 2006, resultando ratificados los tres magistrados electorales propuestas en el dictamen de dicha comisión, incluido el licenciado López Brun, con una votación de 34 votos a favor y 4 en contra, lo cual consta en acta del mismo Congreso estatal".
El 23 de noviembre de 2006, el Pleno del Congreso de Puebla aprobó un acuerdo, donde el licenciado López Brun, cambia de "magistrado ratificado" a "aspirante de magistrado", por lo cual designó posteriormente a nuevos magistrados electorales; hecho que manifiestan los proponentes como violatorio del procedimiento de la convocatoria a que debió sujetarse.
Por ello, los proponentes señalan que Germán Gabriel Alejandro López Brun en uso de su derecho, interpuso juicio de amparo, para solicitar al Poder Judicial de la Federación la revisión de los argumentos empleados por el Congreso del estado, para la integración del Tribunal Electoral.
"De esta forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha 26 de octubre de 2009, emitió sentencia respecto a dicho juicio de amparo, donde establece lo siguiente:
"Por lo cual, en fecha 6 de enero del presente año, el Juzgado Primero del Poder Judicial de la Federación ordenó requerir nuevamente al Congreso para que en 24 horas diera cumplimiento al fallo, con apercibimiento que de no hacerlo se daría inicio al procedimiento establecido en el artículo 105 de la Ley de Amparo. Esto es, remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación"
Por lo que formula el siguiente:
Punto de Acuerdo
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y están de acuerdo con los proponentes que los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, son la esencia irrenunciable del sistema electoral mexicano.
La comisión dictaminadora manifiesta que el avance de la cultura democrática en el ámbito electoral ha sido constante y progresivo, ya que estas transformaciones han creado y consolidado a instituciones electorales, para que los derechos político-electorales de los mexicanos queden debidamente salvaguardados. Lo anterior, fortalece al Sistema Electoral Mexicano basado en los principios antes mencionados, para otorgar certeza jurídica.
La comisión dictaminadora coincide con los proponentes, que en el año en curso se realizarán en catorce entidades federativas elecciones para renovar diversos cargos de elección popular, donde se encuentra en estado de Puebla, y que el Tribunal Electoral de esta entidad es parte fundamental en el sistema electoral local.
La comisión dictaminadora, toma en cuenta los argumentos esgrimidos por los proponentes retomando el de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 26 de octubre de 2009, que señala, a grosso modo …el Congreso local, deberá emitir una resolución justificada mediante una motivación reforzada, en la que decida ratificar o no al quejoso como Magistrado Electoral para el periodo correspondiente, para lo cual deberá tomar en consideración la evaluación ya realizada por la comisión especial (aprobada por el pleno del Congreso) sobre el desempeño del quejoso en dicho cargo, toda vez que esta última actuación valorativa se encuentra intocada, al no haber sido cuestionada por parte legítima.
Por tanto, la comisión dictaminadora considera que la impartición de justicia y el cumplimiento de toda resolución son la base fundamental del Poder Judicial para garantizar seguridad y certeza jurídica a los gobernados.
En este sentido, la comisión dictaminadora reconoce plenamente la autonomía de los poderes públicos de las entidades federativas, destacando la importante labor que realiza el Congreso del estado en la formulación del marco normativo y como eje de la representación ciudadana en Puebla.
Por ello, esta comisión dictaminadora respeta los procedimientos internos del Congreso del estado de Puebla para darle trámite y desahogo a toda solicitud ciudadana y a toda clase de notificaciones de los otros poderes públicos de la entidad y federales.
Concluye esta comisión dictaminadora coincidiendo parcialmente con los proponentes ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conducto del Juzgado Primero de Distrito de Puebla, le comunicó al Congreso del estado en más de una ocasión con apercibimiento, la necesidad que diera curso a la resolución emitida por la Segunda Sala del órgano principal del Poder Judicial de la Federación, por lo que se considera que la materia de exhorto ya está cubierta.
Por ello, se estima que lo procedente en este caso es solicitar de manera respetuosa, en el marco de la colaboración de poderes y del reconocimiento de la independencia de los poderes públicos de cada entidad federativa, que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla remita a la brevedad un informe donde describa si ha sido desahogada la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes y del reconocimiento de la independencia de los poderes públicos de cada entidad federativa solicita respetuosamente al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a que remita a la brevedad un informe a esta Soberanía, y a las demás autoridades federales y locales que corresponda, si ha sido desahogada la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 26 de octubre de 2009.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica),
presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica),
diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García
(rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo
Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez,
senador José González Morfín, senadora Martha Leticia
Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola),
senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar
Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Adán Augusto
López Hernández (rúbrica), senador Arturo Escobar
y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica),
senador Luis Maldonado Venegas.
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO
Y JUDICIAL DE COLIMA A ESTUDIAR Y REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A
CABO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 PARA NOMBRAR Y RATIFICAR A MAGISTRADOS
PROPIETARIOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Colima a estudiar y revisar de manera minuciosa los procedimientos llevados a cabo el 30 de septiembre de 2009 para nombrar y ratificar a magistrados propietarios del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, suscrita por la senadora Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;
II. En el capítulo correspondiente al "Contenido" se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio;
III. En el capítulo "Consideraciones", la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar las proposiciones en análisis.
I. Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
II. Contenido
La autora de la proposición que se dictamina se refiere a los principios de nuestro federalismo e invoca el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de división de poderes también en los estados. Igualmente invoca los artículos 70 y 72 de la Constitución Política del Estado de Colima que regulan fundamentalmente las actuaciones de los poderes estatales, citando disposiciones diversas del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Colima y hasta invoca jurisprudencia correspondiente a los trámites legislativos de Colima.
La proponente incluye un capítulo de "Hechos", que se transcribe a continuación:
2. Que la iniciativa de acuerdo presentada a secretarios de la Comisión Permanente del Congreso del estado carece de los documentos suficientes y referencias que confirmen en los tres casos, su probidad para acceder al cargo de magistrados, en virtud de haber sido presentados solamente las cartas curriculares elaboradas por cada uno de los postulantes, carentes de comprobación y otros documentos anexos que acreditaran lo plasmado en éstas.
3. Que el Ejecutivo del estado no cumplió con lo ordenado con el artículo 70 de la Constitución local en la designación de magistrados, pues no existe antecedente documental alguno donde el gobernador del estado haya solicitado informes o comprobado las aptitudes de las personas designadas el 30 de septiembre de 2009 a las autoridades judiciales locales, atentando con tal omisión contra los principios de legalidad y certeza jurídica que deben regir todo acto de autoridad.
4. Que en el caso de los ciudadanos María Concepción Cano Ventura y Juan Carlos Montes y Montes, su experiencia y notable aptitud para acceder al cargo, es comprobable mediante la consulta de sus hojas de servicio expedidas por el propio Supremo Tribunal, documentos que corroboran su trayectoria y desempeño en el Poder Judicial del estado; sin embargo, el ciudadano Miguel García de la Mora carece por completo de experiencia en algún órgano de impartición de justicia, además de cualquier otro tipo de desempeño excepcional dentro del foro u otras ramas del derecho.
5. Que en razón de lo anterior, se advierte de igual manera que, en cuanto al ciudadano Miguel García de la Mora, el documento expedido por la secretaria de Gobierno no hace mención de los requisitos de nacionalidad, edad, título profesional, reputación o vecindad, por lo que es apreciable un claro incumplimiento a lo ordenado al ya analizado artículo 116, fracción III, de nuestra Carta Magna y de los artículos 69 y 72 de la Constitución de Colima.
6. Que la designación realizada por el entonces titular del Poder Ejecutivo estatal fue recibida y ratificada en idéntica fecha por la LV Legislatura de Colima, sin existir un estudio adecuado y de fondo de la capacidad de desempeño en el cargo de las personas presentadas para ocupar los cargos señalados dentro del Supremo Tribunal de Justicia, haciendo patentes múltiples inconsistencias y violaciones a las disposiciones contenidas para tal acto, en la Constitución General de la República, la propia Constitución estatal, así como dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de su reglamento, tal y como se describe en los hechos siguientes.
7. Que las irregularidades presentadas en el procedimiento de turno, estudio y aprobación de los magistrados, de acuerdo con la designación expuesta en puntos anteriores, son comprobables al enunciar las actividades de la Comisión Permanente del Congreso local, el 30 de septiembre de 2009, mediante el diario de debates y las visiones estenográficas de las sesiones.
8. Que no se encuentra asentado en ninguna de las actas de las sesiones cuenta y turno de la designación de magistrados hecha por el gobernador a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, por parte de la Comisión Permanente, para su estudio y discusión. Esta omisión constituye una causa de violación de los preceptos legales establecidos en los artículos 128 y 216 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, en los que se obliga a dar cuenta de las iniciativas recibidas, a la asamblea o Comisión Permanente, para su posterior turno a estudio a la comisión respectiva, con la posibilidad de dispensarse de este procedimiento, siempre y cuando haya una "obvia resolución por no ameritar un examen profundo o que a juicio de la misma sean urgentes", cuestión que en este caso no es procedente.
9. Que evidenciando el punto anterior y haciendo patente las violaciones al Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del estado, emitieron los secretarios de la Comisión Permanente el oficio número 4111/2009, dirigido al diputado Arturo García Arias, entonces presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, a fin de dar trámite al nombramiento de los magistrados propuestos.
10 Que a pesar de lo expresado en el oficio enunciado, las actas y visiones estenográficas ya señaladas denotan que este punto no fue diligenciado en sesión alguna, pues dichas actas no respaldan ningún acuerdo, referente al turno dado a la comisión respectiva.
11. Que no obstante lo anterior, la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes elaboró un dictamen en que manifiesta haber revisado los documentos anexos a los nombramientos y que reúnen los requisitos exigidos por el artículo 69 de la Constitución local. En este sentido, el dictamen afirmó falsamente tener documentos probatorios, toda vez que la Secretaría de Gobierno de Colima únicamente envió, anexo a los nombramientos, la información curricular elaborada por los propios aspirantes; por tanto, no se cumplen adecuadamente los postulados del mencionado numeral 69 para el nombramiento, ni tampoco con los suficientes medios para cumplir con lo ordenado en el artículo 70 de la carta fundamental estatal.
12. Que enfatizando el punto anterior, la falta de un estudio y análisis del nombramiento por parte de la comisión en comento presenta sendas violaciones de forma y fondo a lo consignado en los artículos 57, 91 y 92 Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Colima, y 127 y 128 de su reglamento; los cuales ordenan a las comisiones el estudio, análisis y la emisión de un dictamen claro, preciso y fundado de las iniciativas turnadas por la directiva o asamblea.
13. Que en las actas de la Comisión Permanente y en las versiones estenográficas derivadas se evidencia la celebración de cinco sesiones el citado 30 de septiembre de 2009, de las que tres fueron de carácter ordinario, una de carácter extraordinario y una última igualmente ordinaria, pero empleada únicamente para la clausura del periodo legislativo de la LV Legislatura.
14. Que la primera sesión ordinaria, designada conforme al orden cardinal como número doce, de acuerdo con su acta, se celebró con la comparecencia de los siete integrantes de la Comisión Permanente, dando inicio a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, aprobándose, entre otros puntos la hora de inicio de la próxima a las quince horas.
15. Que de acuerdo con el acta de la sesión trece, ésta dio comienzo con el mismo quórum a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, es decir, con un retraso de una hora con treinta y cinco minutos, en la cual se aprobó, entre otros, el punto VI del orden del día, basado en la presentación del dictamen y solicitud de convocar a la celebración de sesión extraordinaria, así como convocar a sesión de la Comisión Permanente, acordándose que esta última daría inicio a las diecisiete horas.
16. Que de acuerdo con el acta de la sesión catorce, se contó con el mismo quórum de las anteriores e inició a las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos, es decir dos minutos antes de lo convocado, llevándose a cabo la aprobación del punto V del orden del día, referida a la convocatoria de la sesión extraordinaria, acordando llevarla a cabo a las quince horas con quince minutos.
17. Que de acuerdo con su acta, en la misma sesión número catorce, la Comisión Permanente dio seguimiento y atendió el dictamen referido al nombramiento de los magistrados, a pesar de no encontrarse dicho punto dentro del orden del día.
18. Que no obstante lo anterior, en la misma sesión el presidente de la comisión, ciudadano Luis Gaitán, al tratar el punto IV del orden del día propuso convocar a sesión extraordinaria, ese mismo día, a efecto de discutir y votar el dictamen realizado por la comisión.
19. Que de acuerdo con su acta, la sesión extraordinaria identificada como número seis fue celebrada por los ciudadanos diputados integrantes de la LX Legislatura constitucional del estado, dando comienzo con veinticinco minutos de retraso, es decir, a las diecisiete horas con cuarenta minutos. En ella se aprobó, entre otros puntos, el VII del orden del día, referido a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relativo al nombramiento como magistrados propietarios de los ciudadanos indicados en el punto anterior, no existiendo ningún tipo de manifestación por parte de los legisladores tendiente a la discusión o análisis, por lo que sumariamente y por vía de la votación económica, se aprobó por unanimidad.
20. Que de acuerdo a los puntos anteriores, resulta evidente que en el proceso de aprobación de la designación de magistrados propietarios no se llevó a cabo el procedimiento de iniciativa, de acuerdo con el marco legal que rige la actividad legislativa.
21. Que según indica el punto anterior, en primer lugar, la comisión dictaminadora, es decir, la encargada de justicia, gobernación y poderes, presidida en ese entonces por el ciudadano Arturo García Arias, no solicitó a la Comisión Permanente convocar a sesión extraordinaria, a fin de presentar el dictamen respectivo para su discusión y aprobación. En este sentido, cabe mencionar que no fue generado oficio o acta que corrobore la petición hecha por parte de la mencionada comisión, tal y como lo indica el artículo 216 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mencionado en el punto ocho.
22. Que se desprende de las actas de las sesiones números trece y catorce ordinarias y seis extraordinaria, que ninguna de éstas inició en la hora señalada en su convocatoria, violando claramente lo establecido en los numerales 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 109, párrafo tercero de su reglamento, que ordenan su realización en las horas convenidas.
23. Que de igual forma, ninguna de las actas levantadas con motivo de la sesiones mencionadas en los puntos previos, fue firmada por el presidente, los secretarios ni por ninguno de los diputados, lo cual, contraviene los postulados de los artículos 45, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los artículos 34, fracción II, y 37, fracción II, de su reglamento, los cuales señalan la obligación de plasmar la firma de las actas de sesiones después de haber sido aprobadas y asentadas en el registro respectivo.
Ante tal situación, se afirma que todas las sesiones celebradas el 30 de septiembre de 2009 son nulas.
24. Que el Congreso del estado, al realizar la aprobación del nombramiento, no envió al entonces gobernador la resolución firmada por la Mesa Directiva, a fin de que fuese publicado en el periódico oficial El Estado de Colima. Esta situación puede ratificarse al no existir ningún acuse de recibo sobre tal envío, por lo que dicha omisión es contraria a los preceptos de los numerales 177 y 182 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado.
25. Que resulta evidente que el proceso de nombramiento de magistrados propietarios estuvo plagado de irregularidades y claras violaciones a la legislación local, particularmente a la ley fundamental, así como a nuestra Carta Magna, las cuales invalidan los acuerdos tomados.
26. Que ante tales violaciones a la ley, el Honorable Congreso del estado, en su LVI Legislatura, recibió un escrito de fecha cinco de enero de dos mil diez, con copia remitida al diputado Raymundo González Saldaña, mediante el cual se hizo una exposición sucinta y bien estructurada de los hechos controvertidos, poniendo de manifiesto la ilegalidad que dio pauta a la designación de los magistrados propietarios señalados en puntos anteriores, haciendo especial énfasis en el caso del ciudadano Miguel García de la Mora, solicitando asimismo, que no le sea tomada protesta para asumir el cargo conferido, por no cubrir con los ordenamientos legales, como ya ha quedado mencionado.
27. Que en el escrito referido en el punto anterior, se pidió de igual forma ser revisado "el procedimiento de aprobación de la Iniciativa del Acuerdo" en la que se confirmó el nombramiento de los magistrados propietarios; además de requerirse la declaración de nulidad o descalificación de todo el proceso, por ser éste infundado y carente de sustento legal y jurídico.
28. Que en razón de todos los puntos anteriores, es fundamental que el actual gobernador, ciudadano Mario Anguiano Moreno, en unión del Congreso del estado y el Poder Judicial, actúen a la mayor brevedad posible, para subsanar este conjunto de irregularidades que únicamente denotan violaciones al Estado de derecho y al principio de certeza jurídica.
29. Que debe prevenirse que la impartición de justicia sea susceptible de falta de legitimidad, misma que en el caso concreto expuesto en puntos anteriores, podría hacerse latente con la interposición, por parte de los ciudadanos, de juicios de amparo contra las resoluciones emitidas por los magistrados en cuestión, toda vez que la designación de éstos fue violatoria de la legalidad.
30 Que el estado de Colima requiere aplicar de manera rigorista, los principios de constitucionalidad, certeza jurídica y legitimidad, para que la sociedad colimense pueda dirimir sus conflictos ante el Supremo Tribunal de Justicia, con la seguridad de que sus funcionarios cumplen con todos los requisitos que el cuerpo legal estatal establece."
"Puntos de Acuerdo
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Congreso de Colima a realizar un minucioso estudio y revisión de los procedimientos llevados a cabo el 30 de septiembre de 2009, relativo al análisis y confirmación del nombramiento de magistrados propietarios, presentada por parte del Poder Ejecutivo local, para que se proceda a la brevedad a reponer el proceso conforme a los preceptos legales correspondientes.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al Supremo Tribunal de Justicia de Colima a coadyuvar con los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales en la minuciosa revisión, estudio y aprobación que conduzcan a una reposición del proceso de nombramiento y confirmación de los magistrados propietarios designados el 30 de septiembre de 2009, o en su caso, y por conducto del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Colima, interponga una controversia constitucional en contra de los nombramiento de los mencionados magistrados propietarios, realizada por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales en los actos llevados a cabo el 30 de septiembre de 2009; controversia sustentada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la ley fundamental."
La comisión dictaminadora toma en cuenta que, en el caso, se trata de un asunto de la jurisdicción y competencia del gobierno de Colima, y el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
Consecuentemente, esta comisión reconoce que lo procedente es remitir copia del presente expediente al gobernador de Colima, al Congreso del estado de Colima y al Supremo Tribunal de Justicia de Colima, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Remítase copia del presente expediente al gobernador constitucional, al Congreso y al Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica),
presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica),
diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García
(rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo
Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez,
senador José González Morfín, senadora Martha Leticia
Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola),
senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Óscar
Martín Arce Paniagua (rúbrica en contra), diputado Adán
Augusto López Hernández (rúbrica), senador Arturo
Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica),
senador Luis Maldonado Venegas.
DE LA SEGUNDA COMISIÓN,
CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE SOLICITAR AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
PÚBLICA QUE POSPONGA LA PUBLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES
PARA EL EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS TIENDAS O COOPERATIVAS ESCOLARES
DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Educación Pública posponga la publicación de los Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Tiendas o Cooperativas Escolares de los Planteles de Educación Básica.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y de más aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
I. El pasado 20 de enero de 2010, la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Educación Pública posponga la publicación de los Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Tiendas o Cooperativas Escolares de los Planteles de Educación Básica.
II. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso en tal fecha que dichas solicitudes de punto de acuerdo se turnaran para su estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
I. En la actualidad, México continúa ocupando el primer lugar mundial en obesidad y sobrepeso infantil, dado que el 51.7 por ciento de la población entre 5 y 11 años de edad padece ese problema de salud en todo el territorio nacional.
Además, los estudios realizados por la Secretaría de Salud registran un incremento en la prevalencia del exceso de peso en la población del país, aunque destacan de manera importante el aumento generalizado en la población escolar en ese rango de edades.
En consecuencia, para la Secretaría de Salud la obesidad y el sobrepeso se encuentra entre los problemas de salud pública más importantes y alarmantes, con repercusiones económicas para el sector salud, tal como lo ha reconocido el titular de esa dependencia, José Ángel Córdova Villalobos. En diversos momentos, el funcionario ha advertido que la diabetes mellitus, junto con el sobrepeso y la obesidad consumen una tercer parte de las instituciones de salud, lo cual puede incluso poner en riesgo su viabilidad.1
El problema llega a grados extremos, pues Córdova Villalobos consideró incluso que la diabetes es más letal que la influenza. Es decir, si la diabetes tiene como una de sus principales causas la obesidad y el sobrepeso, pues estamos ante un asunto de la mayor importancia para el país.
Otros estudios han documentado que el alarmante porcentaje de la población, de todos los sectores sociales, con obesidad y sobrepeso se debe al consumo irracional y generalizado de productos con un alto valor en calorías y carbohidratos, entre ellos los conocidos como comida "chatarra" con una amplia gama de mercancías, como frituras, golosinas, toda clase de repostería (desde galletas y pastelitos) y refrescos, entre otros muchos productos.
Como resulta obvio, la población infantil es la mayor consumidora de esos productos y los escolares prácticamente son compradores cautivos dentro de los planteles educativos, pues desafortunadamente en las cooperativas escolares se expenden gran variedad de productos chatarra. En consecuencia, se puede establecer, sin lugar a duda, que exista una correlación directa entre la obesidad infantil con el consumo de ese tipo de productos.
Ahora bien, en días pasados información publicada en el periódico Reforma señala que los nuevos "Lineamientos Generales para el expendió de alimentos y bebidas en las tiendas o cooperativas escolares de los planteles de educación básica", autorizan la venta de los productos chatarra en los planteles escolares del país. Cabe mencionar, que los lineamientos fueron elaborados por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de la Educación Pública.
En descargo de esta equívoca decisión, de acuerdo con el rotativo, en los citados lineamientos las autoridades educativas plantean sugerencia y recomendaciones a los padres de familia, para evitar que sus hijos compren los productos chatarra, Entre otras cosas, por ejemplo, proponen que no les proporcionen dinero o les envíen un refrigerio con alimentos saludables. Pero, ¿no es mejor prohibir la venta de los productos chatarras en los planteles educativos? O bien, ¿por qué se autorizan si tienen incidencia en la obesidad infantil?
Además, los nuevos lineamientos para las cooperativas escolares contravienen o violan el propósito inicial educativo de ellas, que es "fomentar en los educandos hábitos de previsión, auxilio mutuo y consumo racional", tal como lo establece el Acuerdo Secretarial 51, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 1980.
Como resultado de una consulta en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública no se encontraron los nuevos lineamientos, ni tampoco en el Diario Oficial de la Federación, donde deben ser dados a conocer por esa dependencia. Sin embargo, en varios estados del interior del país, como en San Luis Potosí, las autoridades educativas locales los dan como un hecho, pues plantearon que buscarán instrumentar medidas para contrarrestar la autorización de la venta de productos chatarra.
II. Esta comisión dictaminadora retoma los argumentos expuestos por las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, respecto a la adición de un párrafo al artículo 301 de la Ley General de Salud.
La iniciativa original que tenía por objeto reformar el citado artículo, proponía prohibir el expendio y la publicidad de refrescos o bebidas de aguas carbonatadas o gaseosas, en instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o equivalente, así como en sus inmediaciones, considerando que esta medida haría frente al creciente problema de sobrepeso y obesidad infantil que enfrenta nuestro país.
Sin embargo, bajo estrictas interpretaciones jurídicas que no sólo olvidan la problemática social sino que la niegan, se resolvió en consideración a la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación, que ni el concepto de equilibrio energético ni el de dieta correcta hablan de que existan alimentos buenos o malos.
Se dice que no existe un producto que pueda proporcionar por sí mismo todos los nutrimentos esenciales para el buen funcionamiento del organismo, por lo que estos nutrimentos únicamente pueden obtenerse mediante una dieta equilibrada.
Es lamentable que siendo el país con mayor índice de obesidad infantil en el mundo, se niegue la prohibición de vender la variedad de productos chatarra de los planteles de educación básica. Sin mencionar, que tal decisión no se encuentra sustentada por ningún estudio integral que demuestre el impacto que tiene la venta de estos productos en la salud de los escolares.
Como afirma la proponente, en ningún medio de comunicación oficial de la Secretaría de Educación Pública o bien, en el Diario Oficial de la Federación, se encuentran publicados los Lineamientos Generales para el expendio de alimentos y bebidas en las tiendas y cooperativas escolares en los planteles de educación básica, por lo que resulta viable el exhortar al titular de dicha Secretaría para posponer la publicación de los Lineamientos.
Es importante señalar que tales lineamientos permiten la venta de productos chatarra, en virtud de que no existe prohibición legal expresa que así lo determine; la única prescripción negativa a éstos es el permitir que se difunda publicidad de refrescos o bebidas gaseosas, cerca de las instalaciones de educación básica.
Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación de la proponente por la salud de los menores, resolviendo atender su propuesta, pero es importante señalar que la emisión de tales disposiciones servirán de apoyo a los padres de familia para prevenir y combatir en su caso, los problemas originados por la venta de productos chatarra.
Asimismo, se propone a las autoridades competentes el discutir sobre la viabilidad de realizar un estudio integral que demuestre los efectos negativos que tiene para la salud, el consumo de productos chatarra.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mtro. Alonso Lujambio Irazábal, en tanto no se realice un estudio integral en el que participe la Secretaría de Salud, que evalúe el impacto en la salud de los escolares, por el consumo de dichos productos, posponga la nueva publicación de los "Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Tiendas o Cooperativas Escolares en los Planteles de Educación Básica".
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión estima conveniente que la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, cite a una reunión de trabajo al subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Fernando González Sánchez, a efecto de que explique por qué en los "Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Bebidas en las Tiendas Cooperativas Escolares en los Planteles de Educación Básica" no se prohíbe la venta de productos de bajo valor nutricional.
Nota
1. Declaraciones del titular de la Secretaría
de Salud, publicadas en el periódico La Jornada, el viernes
25 de septiembre de 2009.
Sala de comisiones, salón D del edificio G, de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de enero de 2010.
La Segunda Comisión
Senador Rubén Fernando Velázquez López
(rúbrica), presidente; senador Jorge Andrés Ocejo Moreno
(rúbrica), diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica),
secretarios; senador José Guadarrama Márquez, senador Renán
Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senadora María del Socorro
García Quiroz, diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica),
senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica),
diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, senadora Martha
Leticia Sosa Govea, diputado Cesár Augusto Santiago Ramírez,
diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, diputado Óscar
Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado Juan José
Guerra Abud (rúbrica), diputado Pedro Vázquez González
(rúbrica).
DE LA SEGUNDA COMISIÓN,
CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA FUGA DE CEREBROS EN MÉXICO
Y AL PAGO PUNTUAL DE BECAS A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS NACIONALES
Y EN EL EXTRANJERO
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fueron turnadas proposiciones con punto de acuerdo con relación a la fuga de cerebros en México y al pago puntual del monto de las becas a estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de dichas proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
I. El 5 de enero de 2010, el diputado Silvio Lagos Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo en relación con la fuga de cerebros en México.
II. Con fecha 13 de enero de 2010, la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cumpla con el pago puntual del monto de las becas a los estudiantes de instituciones educativas nacionales y en el extranjero.
III. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión dispuso que las proposiciones con punto de acuerdo antes mencionadas fueran turnadas para su estudio y dictamen a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
Por lo expuesto, se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
I. Los autores de las proposiciones, en síntesis, justifican los puntos de acuerdo cuya emisión solicitan al Pleno de esta soberanía con los siguientes argumentos:
a) Respecto a la propuesta bajo el numeral I del capítulo de antecedentes, se tiene que, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los porcentajes de jóvenes con estudios muestran "la posible descapitalización educativa de México a causa de la migración internacional en la búsqueda de mejores ingresos laborales".
Que debido a la migración de mexicanos hacia otros países, sobre todo a Estados Unidos, se tiene registro de que hay 811 mil mexicanos residentes en aquel país que cursaron algún ciclo universitario, aunque no terminaron sus estudios, además, 278 mil connacionales establecidos en dicho país tienen un título equivalente a profesional asociado o técnico superior universitario.
Y hay 442 mil residentes con licenciatura y alrededor de 110 mil nacionales con estudios de maestría o doctorado.
Que es de gran importancia reconocer que la educación y el desarrollo científico son la clave del desarrollo, por lo que resulta sumamente grave la descapitalización humana e intelectual que vive México por la llamada "fuga de cerebros", atizada por las naciones desarrolladas.
Que es oportuno señalar que mientras en Estados Unidos de América existe un investigador por cada 10 mil habitantes, menos del 0.5 por ciento de la población alcanza el nivel de posgrado y muchos de ellos salen del país o no regresan a él.
Que con base en las estadísticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la mayoría de los estudiantes de posgrado se concentran en el área de ciencias sociales y humanidades, destacando la falta de estudiantes de posgrado en los tópicos de tecnología. Esto puede ser un primer acercamiento a descifrar el rezago tecnológico de México.
Que ante tal situación se considera urgente la realización de políticas públicas que busquen enfrentar el reto de la movilidad calificada o "fuga de cerebros", y que no sólo se vea como una pérdida definitiva de talentos, sino que busquen campos de oportunidad para México.
Por lo anterior, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:
b) Respecto a la proposición bajo el numeral II del capítulo de antecedentes, se argumenta que en reiteradas ocasiones, becarios nacionales y aquellos estudiantes que se encuentran en el extranjero, han manifestado su inconformidad respecto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el retraso en el pago de becas.
La fracción I del artículo 18 del reglamento establece expresamente la obligación del Conacyt para el pago del monto de las becas en una fecha determinada, la cual queda especificada en los convenios de asignación entre la institución y el becario.
El retraso en el pago de becas obliga a los becarios a sufragar durante ese tiempo todos sus gastos personales –materiales educativos, libros, computadora, impresora, teléfono, servicios básicos cotidianos– y, en algunos casos, los de sus familias.
Se dice que el incumplimiento de Conacyt afecta a cerca de 17 mil becarios tanto nacionales como aquellos que radican en el extranjero.
La situación es preocupante porque de acuerdo a la normatividad vigente se les exige dedicación de tiempo completo para realizar sus estudios de posgrado, y por tanto no pueden trabajar ni tampoco se les permite percibir ingresos adicionales, ya sea por becas o salarios.
En virtud de lo anterior, el proponente formula el siguiente punto resolutivo:
Del Panorama Educativo de México 2007,1 se tiene que el total de desplazamientos migratorios de mexicanos con destino a Estados Unidos de América para trabajar, buscar trabajo o reunirse con familiares y que no contaban con documentos migratorios, de acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, fue de 896 709 cruces anuales, de los cuales 55 por ciento, es decir, 429 970 desplazamientos migratorios, fueron de jóvenes entre los 15 y 29 años.
De ello, se tiene que más de la mitad de estos desplazamientos migratorios son de jóvenes que no habían completado la educación básica (60.2 por ciento); el 32.7 por ciento de estos han completado la educación básica y los que cuentan con un nivel de escolaridad de media superior o superior, corresponde al 7.1 por ciento.
Comparando estas cifras con años previos, se puede decir que en general el número promedio de años cursados entre los jóvenes es de 7.7 (promedio entre 2000, 2005 y 2007), valor inferior a los años que se necesitan para cumplir con la educación básica, mostrando que en general la migración de mexicanos indocumentados a Estados Unidos es de baja calificación educativa.
Esta dictaminadora no puede afirmar que las consideraciones expuestas por el proponente, en lo que se refiere a las cifras del grado de escolaridad de residentes mexicanos en Estados Unidos de América, mencionadas como fuente de información de la Subsecretaría de Educación Superior sean de todo precisas; refiriéndonos en adelante a las cifras que proporciona al efecto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El Conacyt refiere en el Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2008, que en el caso de los estudiantes de posgrado se presenta un grado de concentración según al área de estudios elegida; en 2007 de los 16 mil 211 egresados de especialidad que se distribuyeron por campo del conocimiento, 7 mil 458 corresponden a ciencias de la salud, 6 mil 298 al área de ciencias sociales y administrativas, 1 332 de ingeniería y tecnología, 203 de las áreas de ciencias agropecuarias, 100 de ciencias naturales y exactas y 820 del área de educación y humanidades.
De los 17 mil 796 egresados de especialidad esperados en 2008, las ciencias de la salud contribuirán con 8 mil 678 personas, 6 mil 571 del área de ciencias sociales y administrativas, 1 390 de ingeniería y tecnología, 215 de las ciencias agropecuarias, 102 de ciencias naturales y exactas y 840 de las áreas de educación y humanidades.
Otra información de importancia es la cantidad de recursos humanos educados en ciencia y tecnología en relación al acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología capacitado.2 De ello, el número de personas que a la fecha se presentan sólo como educadas en ciencia y tecnología se ubicó en 7 mil 306 para 2007, mientras que las personas que además están ocupadas en alguna actividad del sector se ubican en la cifra de 3 mil 544.6 para 2007; es decir, 38.3 por ciento del acervo total, contaban con la formación y ocupación en ciencia y tecnología.
Asimismo, nuestro país cuenta con un número realmente bajo de investigadores en comparación a los que reportan Estados Unidos de América (1´334,629), Japón (675,330), Alemania (268,943) y España (92,523).3 Según el Conacyt, 13 mil 845 investigadores están registrados en el Sistema Nacional de Investigadores, siendo desafortunadamente insuficientes para una nación que tiene más de 103 millones de habitantes; es decir, existen aproximadamente 7 mil habitantes por investigador.
En el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre políticas de innovación en México se dice que la capacitación de recursos humanos en el terreno de la ciencia y la tecnología es claramente insuficiente, por lo que recomienda una reforma que impulse y mejore las condiciones de los investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores.
III. Respecto a la proposición con relación al pago puntual del monto de las becas a estudiantes nacionales y aquellos que se encuentran en el extranjero, es obligación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología según establece la fracción I del artículo 17 del Reglamento de Becas del Conacyt el enviar los recursos relativos a la beca autorizada, en la forma, tiempo y lugar previamente establecidos en la convocatoria correspondiente y en el convenio de asignación suscrito con el becario.
Es totalmente cierto que el Conacyt establece como compromiso a cubrir durante la vigencia de la beca, el dedicarse tiempo completo a las actividades relacionadas con el programa para el que fue otorgada la ayuda, en razón de que el artículo 18 del Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología lo dispone como obligación adicional al cumplimiento principal de ésta.
Bien afirma la proponente, al manifestar que quizá cuando este punto de acuerdo se haya presentado o turnado a la comisión respectiva, el problema del retraso en el pago de la beca esté subsanado. De ello, se advierte que únicamente puede verificarse información relacionada en prensa; no obstante la importancia social que ha generado, es necesario valorarla y considerarla para una eventual expresión de esta Comisión Permanente.
El pasado 8 de enero del 2010, Miguel Ángel García García, director del Área de Comunicación Social del Conacyt aclaró que el jueves 7 de enero se depósito el monto de las becas que reciben mensualmente los estudiantes de posgrado que realizan sus estudios en el país y el pago de aquellos becarios que se encuentran en el extranjero se efectuó el día 5 de enero.
Además manifestó que esta situación en el retraso de los pagos no es anormal porque el Conacyt cuenta con 5 días hábiles para realizarlo; cabe decir que según el artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal son días hábiles todos los del año, menos los sábados y domingos, y aquellos que las leyes declaren festivos, mientras que el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que serán días hábiles todos los del año, menos los domingos y aquellos que la ley declare festivos.
El artículo 29 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece, por su parte, que serán días de descanso obligatorio los que señale el calendario oficial y el que determinen las leyes federales y locales electorales.
El calendario oficial publicado el pasado 08 de julio de 2009 en el Diario Oficial de la Federación incorpora como días vacacionales los comprendidos del 22 de diciembre de 2009 al 6 de enero de 2010, además los días 2 y 3 de enero de 2010 fueron los primeros días inhábiles del año corriente.
Si bien el Conacyt se encuentra dentro del término legal para el cumplimiento del pago a los becarios nacionales, las afectaciones que estos estudiantes sufrieron lamentablemente nadie las repara. Y en gran medida, el que tengan problemas económicos o de falta de recursos les impide concentrarse en el objeto mismo por el que se entrega una beca, que es el dedicarse en tiempo completo al estudio o investigación.
En atención, esta dictaminadora estima conveniente el retomar la preocupación del proponente, ya que es de suma importancia el garantizar que los jóvenes beneficiarios del Conacyt no se encuentren desprotegidos ante el retraso de la ayuda económica que esta Institución del brinda, y que en muchos de los casos, es el único ingreso que tienen para cubrir sus gastos personales y los de sus familias.
Además, se propone respetuosamente que los becarios mantengan una comunicación constante con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el objeto de que expongan sus recomendaciones, dudas, quejas e inconformidades y se adopten medidas preventivas por esta institución pública para evitar que en un futuro se presente el mismo problema.
Por ello, esta dictaminadora aprecia que los puntos de acuerdo propuestos tienen un objetivo común, que es impulsar el desarrollo del país mediante la educación, la ciencia y tecnología, y si bien, algunos de los datos citados por los proponentes no son del todo exactos es deber del legislador federal el atender el fondo de las solicitudes, en virtud de que se busca beneficiar a los jóvenes becarios que no encuentran las oportunidades educativas y laborales en el país, obligándolos en muchas ocasiones a migrar hacia otras naciones que les brinden mejores condiciones laborales. También es deber el procurar que se garanticen los derechos de los becarios, para que estos puedan dedicarse enteramente al estudio y aporten al país nuevas herramientas científicas y tecnológicas.
En este orden de ideas, nuestro país necesita acercarse a los promedios internacionales que impulsan la innovación, ya que la proporción del gasto en ciencia y tecnología fue del 0.43 por ciento del producto interno bruto (PIB), cantidad que no corresponde a la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del 2.26 por ciento.
Un buen inicio sería cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, que prescribe a las autoridades federales el coordinarse para que del monto anual entre la federación, entidades federativas y municipios se destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, una cantidad no menor al 1 por ciento del PIB del país.
La importancia de apoyar la educación, la ciencia y tecnología radica en que es el único camino que llevará a este país al desarrollo. Tristemente la crisis económica que se sufre en México ha sido el argumento idóneo de las autoridades para desatender las necesidades del sector, pero no se debe olvidar que una nación que no apoya a la educación y al conocimiento, no tendrá más alternativas que seguir dependiendo de las innovaciones impulsadas por extranjeros importándolas a grandes costos económicos y sociales.
En razón de lo expuesto, se somete a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, maestro Alonso Lujambio Irazábal, a implementar y fortalecer programas o políticas públicas que aprovechen el capital humano del país, brindando mejores oportunidades educativas y de vinculación con el sector laboral, especialmente a quienes alcanzan niveles universitarios y de posgrado, con la finalidad de que éstos no abandonen el país y contribuyan a impulsar la competitividad científica y tecnológica que tanto se necesita.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, maestro Juan Carlos Romero Hicks, a procurar el pago puntual de las becas convenidas y, en su caso, adoptar las medidas pertinentes para evitar que en lo futuro haya un retraso en el pago de éstas.
Notas
1. Panorama Educativo de México 2007, Indicadores
del Sistema Educativo Nacional, Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, México, DF, 2007.
2. El acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología
capacitado se refiere a la población que ha terminado con éxito
la educación en el tercer nivel en un campo de estudio de la ciencia
y tecnología, y está empleada en una ocupación científica
y tecnológica.
3. Cifras reportadas hasta el año 2003 en http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Estadisticas3/Anexos2006/HTML/Mexico/14.html
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.
La Segunda Comisión
Senador Rubén Fernando Velázquez López,
presidente; senador Jorge Ocejo Moreno (rúbrica), diputado Juan
Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), secretarios; senador José
Guadarrama Márquez, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo
(rúbrica), senadora María del Socorro García Quiroz,
diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), senador Guillermo Enrique
Tamborrel Suárez (rúbrica), diputado Héctor Pablo
Ramírez Puga Leyva, senadora Martha Leticia Sosa Govea, diputado
César Augusto Santiago Ramírez, diputado Francisco Javier
Ramírez Acuña, diputado Óscar Arce Paniagua (rúbrica),
diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), diputado Pedro
Vázquez González (rúbrica p.a.).
DE LA SEGUNDA COMISIÓN,
CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
FEDERAL, LICENCIADO FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, INFORMACIÓN
SOBRE LA OFICINA EXTERNA DE LA MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO
ANTE LA UNESCO
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente del Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la desaparición de la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a mantener embajador específico y autónomo en dicha oficina.
Los integrantes de la comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
I. El 20 de enero de 2010, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo relativo a la desaparición de la oficina externa de la misión permanente de México ante la UNESCO.
II. En esa fecha, el diputado Felipe Solís Acero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a mantener en la delegación permanente de México ante la UNESCO embajador específico y autónomo de cualquier otra embajada de México.
III. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso en tal fecha que dichas solicitudes de punto de acuerdo se turnaran para estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
I. Los autores de las proposiciones, en síntesis, justifican los puntos de acuerdo cuya emisión solicitan al pleno de esta soberanía con los siguientes argumentos:
Se argumenta que la UNESCO ha tenido grandes aportes a la humanidad, entre los que destacan la recomendación de 1984 dirigida a todos los Estados miembros para declarar la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria; en 1968 organizó una conferencia intergubernamental para promover lo que hoy se conoce como "desarrollo sustentable"; en 1972 se adoptó la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y en 1976 se creó el Comité del Patrimonio Mundial, en los que se inscriben los primeros sitios en la lista; en 1878 se adoptó la Declaración sobre la Raza y Perjuicios Raciales como rechazo a fundamentos seudocientíficos del racismo; en 1990 se organizó la Conferencia mundial sobre la educación para todos, impulsando un movimiento mundial para proporcionar educación básica a niños, jóvenes y adultos; en 1992 se creó el programa Memoria del Mundo, para proteger los tesoros literarios de bibliotecas y las colecciones de archivos; en 2000, mediante el Foro Mundial sobre la Educación, se comprometió a los Estados para que en 2015 toda la población cuente con educación básica.
En la UNESCO, México ha logrado tener una significativa presencia en la lista de bienes culturales y naturales reconocidos como patrimonio mundial, lo que ha incrementado la capacidad de generación de excedentes económicos generados por la visita a los recursos mexicanos. Es tal la presencia del país en dicho organismo, que el pasado 4 de diciembre de 2009 resultó elegido miembro del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
El proponente destaca que en el mismo mes, el titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, soslayando la relevancia pasada y presente de la presencia de México ante la UNESCO, ordenó el cierre definitivo de la oficina externa de la misión permanente ante la UNESCO, situada en París, Francia, además de transferirle las tareas propias de ésta al personal de la Embajada de México en Francia –fórmula que países más pequeños han adoptado.
Asimismo, soslayando la tradición histórica y la emblemática participación de la Secretaría de Educación Pública como coordinadora del programa de la misión permanente, ordenó que la Secretaría de Relaciones Exteriores asumiera ese papel.
Tal medida no atiende realmente a un principio de eficiencia administrativa, sino que se trata de una medida precipitada en la cual no se hizo un adecuado ejercicio de evaluación para sopesar las probables consecuencias.
El proponente afirma que en un país donde se está poniendo tan poca atención a los verdaderos problemas estructurales que producen el escenario de inestabilidad política, económica, social y de inseguridad pública y donde la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura son factores indispensables para abatir estos problemas, el juego de ponderaciones de la administración federal no sólo es errático sino que está totalmente invertido.
Se dice que el gobierno federal, tratándose de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, ha mostrado una política de austeridad y debilitamiento, ante la reducción en términos reales del gasto federal en ciencia y tecnología de 4.6 por ciento para 2010, debiendo apostarse todo a la educación. Además, el autor muestra como ejemplo países como Japón, India, Corea, China, Brasil y Costa Rica, los cuales a raíz de esta inversión han tenido un fuerte crecimiento y desarrollo tecnológico.
Finaliza el proponente manifestando que de perpetrarse tal decisión, no sólo se daría un paso más a la jibarización de la presencia de México en la palestra internacional sino que se estaría menospreciando y traicionando una histórica tradición, construida con base en los esfuerzos de los mexicanos que sí tenían bien definida la senda que deberíamos tomar para arribar al progreso, desarrollo y bienestar.
Por lo anterior, la proposición concluye con los siguientes puntos resolutivos:
Primero. Por el que se solicita al Ejecutivo federal que rinda un informe detallado sobre los verdaderos motivos que tuvo para pretender cerrar la oficina externa de la misión permanente de México ante la UNESCO, cuando se dejaron intactas otras representaciones diplomáticas y se aumentó el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Segundo. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a claudicar en acciones de desaparecer la representación de la oficina externa de la misión permanente de México ante la UNESCO, y a su vez se fortalezca con la determinación de beneficiar a México en los temas que le competen.
Tercero. Por el que se solicita al Ejecutivo federal que exhorte a la Secretaría de Relaciones Exteriores a rendir un informe pormenorizado de las actividades de la oficina de México ante ese organismo.
b) El autor de la proposición con el numeral II del capítulo de antecedentes expone:
- Hace unos días se publicó en la prensa nacional la especie de que el gobierno federal ordenó cerrar la delegación permanente de México ante la UNESCO.
- La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó esta versión con algunos matices y una pretendida justificación, es decir, que por razones presupuestales –un ahorro de 206 mil dólares mensuales, según informan diversos medios de comunicación– el gobierno de México decide que los temas que competen a la delegación permanente ante la UNESCO serán atendidos en lo sucesivo por el embajador de México en Francia.
- Con esta decisión, el gobierno mexicano elimina la autonomía de la delegación permanente –al hacerla depender del embajador de México ante la República de Francia–y, además, elimina la especialidad representación, ya que las tareas vinculadas con la educación, la ciencia y la cultura serán actividades adicionales a las ya muy importantes que desarrolla el embajador de México en Francia.
- El gobierno del presidente de la República resta importancia a los temas propios de la atención de la organización y disminuye y minimiza el papel histórico de México en la diplomacia internacional, particularmente en la UNESCO.
- Las prioridades de la UNESCO no son ajenas a México ya que, además de perseguir el desarrollo en África –y otros continentes– y la igualdad entre hombres y mujeres, tiene como ejes de actuación, entre otros, lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible, abordar los nuevos problemas éticos y sociales, promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz, y construir sociedades del conocimiento.
- La UNESCO aborda temas trascendentales para las naciones, y por supuesto para México, como la educación, ciencia y tecnología, sostenibilidad, agua, biosfera, energías renovables, derechos humanos, información y comunicación, y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de las naciones y de la humanidad.
- La inevitable falta de atención de estos temas es muestra clara de tal decisión, y sería ingenuo suponer que el embajador de México en Francia, además de sus ocupaciones ordinarias por la relación con esa república, puede atender los numerosos y muy relevantes temas de la delegación ante la UNESCO.
- Tal carga de trabajo es imposible para una sola persona, por más que se conserve el equipo humano y material, sin olvidar la importancia que la misión diplomática de suyo tiene y cuyo tratamiento dice mucho de la atención que México pretende dar al organismo y a los temas de su competencia.
- De mantenerse la decisión se abren espacios de riesgo para nuestro país, en términos de interlocución y negociación política, además de que implica, se ha dicho, un retroceso en nuestra activa participación en la organización.
Por lo anterior, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:
Único. Se exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que mantenga en la delegación permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura embajador específico y autónomo de cualquier otra embajada de México.
El que México sea uno de los Estados fundadores y país miembro de la UNESCO muestra claramente los beneficios que pueden recibirse si se mantiene una activa participación con dicha organización, ya que desde 1946 el país ha logrado posicionarse en la comunidad internacional como un promotor y protector del patrimonio cultural y natural de la humanidad, entre otras acciones relativas a la cultura.
Con la intención de complementar las consideraciones expuestas, es oportuno señalar los cuantiosos beneficios que conlleva una declaratoria de patrimonio mundial por la UNESCO. El país, gracias a la gran riqueza natural y cultural con que cuenta, ha logrado 29 declaratorias de patrimonio mundial de la humanidad, de las cuales 25 son de bienes o lugares culturales y 4 de sitios naturales. Además, se mantienen inscritos en su lista provisional ante la UNESCO 39 lugares naturales y culturales para la probable declaratoria de patrimonio mundial.
Es de relevancia la incorporación de la UNESCO a su lista de patrimonio cultural inmaterial tanto de los voladores de Papantla como de las tradiciones vivas de los otomíes-chichimecas de Tolimán.
Tal situación hace de México un país impulsor de la educación, cultura y protección del ambiente, ya que es la nación en Latinoamérica con mayor número de lugares declarados patrimonio mundial de la humanidad y ocupa el sexto lugar del mundo, sólo detrás de Italia, España, China, Alemania y Francia.
No está de más mencionar que este tipo de pronunciamientos hacen de México un país mucho más atractivo para el turismo y la inversión extranjera.
Actualmente, el país sostiene con dicha organización la realización de dos programas en materia educativa y que brindan una cobertura a escala nacional: Construye T y Prepárate. El programa Construye T "ofrece espacios alternativos de formación a jóvenes de educación media superior, con especial énfasis en prevención de riesgos y el desarrollo de habilidades basadas en los principios de inclusión, equidad, participación y cultura democrática"; y el programa Prepárate "busca incrementar la cobertura en el nivel medio superior a través de educación en línea", programa diseñado e implantado por instituciones académicas mexicanas.
La UNESCO en materia de protección del ambiente y educación está aplicando en el país el proyecto piloto El Lente de la Educación para el Desarrollo Sostenible, herramienta de evaluación de las políticas públicas en materia de educación para el desarrollo sostenible que la organización publicará una vez concluida la fase de pilotaje.
A su vez, el 15 de enero de 2009 México resultó elegido miembro del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Subacuatico. La participación del país en dicho consejo consultivo permitirá incrementar las actividades investigación y cooperación con los demás Estados parte para la preservación in situ de los bienes del patrimonio nacional subacuático.
Sólo por mencionar, en Quintana Roo hay 68 sitios calificados por la UNESCO, los cuales reúnen cinco siglos de historia de las rutas de navegación en el mar Caribe.
Finalmente, manifestamos que no se puede negar ni minimizar la participación que ha tenido el país ante la UNESCO, la cual no sólo ha rendido cuantiosos beneficios para los mexicanos sino para toda la humanidad; por tanto, es deber del Estado mexicano impulsar, apoyar, promover la inversión y destinar mayores recursos al sector educativo, científico y cultural, ya que estos rubros son la apuesta si se busca el desarrollo económico y social del país.
III. Exponen en el mismo sentido los autores de las proposiciones, al afirmar que es de gran importancia para el país el mantener una representación específica y autónoma ante la UNESCO, por la relevancia que guardan la educación, la ciencia y la cultura para México.
Esta dictaminadora toma en consideración que los argumentos de los proponentes fueron publicados en diversos medios de comunicación, ante la decisión del titular del Ejecutivo federal de cerrar la oficina externa de la misión permanente de México ante la UNESCO; sin embargo, la única confirmación gubernamental* ante dicha comunicación es la manifestada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dice que dicha misión permanece en sus funciones, pero en lugar de tener un embajador autónomo será el de Francia quien atienda las atribuciones encomendadas a tal oficina.
El único argumento que presenta la Secretaría de Relaciones Exteriores ante tal decisión es el de un ahorro significativo para México ante la concentración de funciones en una sola representación extranjera; sin embargo, el sueldo del embajador permanente no es un monto especial tratándose de la misión ante la UNESCO, ya que corresponde a un sueldo de tabulador fijado por la SRE para embajadores de la zona europea; la delegación dispone de dos automóviles, un Mercedes, que tiene cinco años de servicio, y un Peugeot 2008. Asimismo, se paga la renta del departamento para la representación y el de las oficinas, sin olvidarse de los servicios del chofer y el ama de llaves.
Todo ello son gastos habituales en todas las representaciones de México en el extranjero y que varían según la zona geográfica de destino.
De ninguna manera se desmeritan las acciones del gobierno federal para revisar y reducir todos los gastos innecesarios en las dependencias u organismos que no presenten algún beneficio para el país, pero estas decisiones deben estar completamente sustentadas, sea a través de estudios contables y de impacto social.
Es oportuno señalar que no existe comunicado o boletín de prensa oficial de Presidencia de la República o de la Secretaría de Relaciones Exteriores que aclare la situación y establezca cuáles serán las medidas del gobierno federal para garantizar el cumplimiento de las actividades que a la fecha realizaba la misión permanente.
El Fondo de Cultura Económica publicó el pasado 24 de enero una entrevista que mantuvo vía correo electrónico con el embajador de México ante la UNESCO, Homero Aridjis, quien dice que la cancillería no cerrará las oficinas de México ante la UNESCO sino que concentrará las funciones respectivas en la persona del embajador de México ante la República Francesa. De tal decisión, aunque fue anunciada días atrás como parte del plan de austeridad del gobierno federal, el embajador asegura que no ha recibido notificación alguna.
El embajador se manifiesta en favor de la autonomía de la oficina de México ante la UNESCO porque es un órgano internacional de la mayor relevancia para el país, que requiere toda la atención, tiempo y jerarquía para cumplir las tareas a ésta encomendadas.
Además, en tal entrevista comparte su comunicación con el embajador bilateral de Perú en Francia, quien al enterarse de la noticia se manifestaba alarmado de que México abandonara su liderazgo cultural en el extranjero, siendo nuestro país el poseedor de las más vastas y variadas culturas de las Américas. Dice el embajador Homero Aridjis que su colega lo instó "a recomendar a las autoridades mexicanas que no fueran a cometer el mismo error de Perú al suprimir a su embajador ante la UNESCO para dejar la representación en manos del bilateral, pues dijo que es imposible –según su propia experiencia– que éste atienda eficazmente los asuntos de la UNESCO".
Para terminar, el embajador Aridjis lamentó que a raíz de esta situación, muchos de los proyectos se hayan cancelado. Por ejemplo, México estaba destinado a ser el centro del Festival de la Diversidad Cultural 2010; asimismo, se canceló el número especial de la revista Patrimonio Mundial dedicado a México, con sus sitios culturales y naturales que figuran en la lista de patrimonio mundial de la humanidad, además de dejar tareas pendientes como las candidaturas de sitios mexicanos para añadir a las listas de patrimonio mundial y de patrimonio cultural inmaterial, y consolidar el Instituto UNESCO en Zacatecas.
En este orden de ideas, y ante la falta de comunicación oficial que confirme dicha situación, esta dictaminadora sólo puede afirmar que nos encontramos ante la presencia de un hecho notorio, el cual ha sido de trascendencia para todo el país y la comunidad internacional y que requiere la eventual expresión de esta representación soberana para contar con la certeza jurídica necesaria y, en su caso, se adopten las medidas legales correspondientes.
Pero no cabe duda de que este atentado contra la autonomía de la oficina externa de la misión permanente de México ante la UNESCO afectará aún más nuestra imagen ante la comunidad internacional.
Por lo expuesto, se someten a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que rinda un informe detallado de los motivos que se tomaron en consideración para concentrar las funciones de la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la Embajada mexicana con representación en Francia.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a mantener en la oficina externa de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura embajador específico y autónomo de cualquier otra embajada de México.
Nota
* El citado hecho sólo puede verificarse en diferentes
publicaciones de la prensa nacional.
Sala de comisiones, salón D, primer piso, edificio G, Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.
La Segunda Comisión
Senador Rubén Fernando Velázquez López
(rúbrica), presidente; senador Jorge Andrés Ocejo Moreno
(rúbrica), diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica),
secretario; senador José Guadarrama Márquez, senador Renán
Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), senadora María del Socorro
García Quiroz, diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica),
senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (rúbrica),
diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, senadora Martha
Leticia Sosa Govea, diputado César Augusto Santiago Ramírez,
diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, diputado Óscar
Martín Arce Paniagua, diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica),
diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal Electoral a considerar la viabilidad técnica, operativa y financiera de que el documento único electoral y de identidad sea expedido a los mexicanos residentes en el exterior, suscrita por el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;
II. En el capítulo correspondiente al contenido se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;
III. En el capítulo de consideraciones, la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.
I. Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
II. Contenido
En la proposición con punto de acuerdo se manifiesta que el derecho al voto es considerado el derecho político por excelencia, que permite al ciudadano manifestar su voluntad en favor del candidato u opción de su preferencia en sufragios realizados para ocupar ciertos encargos públicos. En el sistema jurídico del país, el voto es tanto un derecho como una obligación para los ciudadanos. Este derecho se encuentra previsto en la fracción I del artículo 35 de la Carta Magna, y la obligación de votar se prevé en la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el artículo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece que "votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular" y que éste es "universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible".
Que son diversos los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte y contienen disposiciones relativas al derecho de voto, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 21 refiere: "La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto". El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 25, establece: "Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre elección de la voluntad de los electores". La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 23: "Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a)… b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores", entre otros.
Que una proporción de ciudadanos mexicanos que tienen el derecho y la obligación de votar viven fuera del territorio nacional, en su mayoría en Estados Unidos, país en el que residen aproximadamente 12.7 millones de inmigrantes mexicanos, lo cual significa que 11 por ciento de las personas nacidas en México habita hoy en ese país. Organizaciones de inmigrantes mexicanos, en especial en Estados Unidos, han propugnado porque se les permita ejercer el voto en su lugar de residencia; efecto para el cual, en junio de 2005, se aprobaron reformas del Cofipe con objeto de permitir la participación de los mexicanos en el exterior en las elecciones presidenciales. Las reformas, previstas en el Libro Sexto de dicho código, establecen que quienes cumplan los requisitos de ciudadanía establecidos en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, podrían participar en las elecciones para presidente de la República.
Sigue manifestando el proponente que para ejercer el voto, los ciudadanos en el extranjero necesitan solicitar su inscripción en la lista nominal de electores en el extranjero y señalar el domicilio en el extranjero en que se hará llegar la boleta electoral. En caso de ser aceptados en la lista nominal, el voto debe enviarse entonces por correo certificado y debe ser recibido en el Instituto Federal Electoral hasta 24 horas antes que se lleve a cabo la elección.
Señala el autor que, según estimaciones de El Colegio de la Frontera Norte, en 2006 había entre "2.4 y 4 millones de mexicanos en el exterior que cumplían los requisitos para ejercer el derecho de voto; pese a las amplias expectativas que se generaron por la participación de ciudadanos mexicanos en los comicios para elegir al presidente de la República en 2006, los resultados fueron desalentadores: únicamente 54 mil 780 connacionales solicitaron su registro en la lista nominal de electores en el extranjero, de los que 13 mil 904 fueron rechazados. Asimismo, sólo 32 mil 632 personas enviaron su voto en tiempo y de acuerdo con lo establecido en la ley. De esa manera, si se consideran las estimaciones más bajas de El Colegio de la Frontera Norte sobre la cantidad de ciudadanos mexicanos que tienen la capacidad de votar (2.4 millones de connacionales), únicamente 1.36 por ciento de ellos lo hizo en las elecciones presidenciales de 2006".
Continúa el proponente señalando que entre los motivos que pueden explicar la baja participación de los mexicanos en el extranjero están la poca capacidad de difusión en el extranjero de los procedimientos de registro en la lista nominal de electores en el extranjero, el hecho de que el envío del voto por correo certificado tiene un costo de entre 8 y 9 dólares, y que muchos connacionales se encuentran de manera indocumentada, en especial en Estados Unidos, y tienen miedo a ser detenidos o deportados al ir a ejercer su derecho y, por último, que gran cantidad de ellos no cuenta con credencial para votar.
Que en fechas recientes, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral anunciaron que trabajan de manera coordinada para expedir un solo documento oficial que permita que los ciudadanos "acrediten fehacientemente su identidad en todos los ámbitos" y, a la vez, les permita ejercer el derecho de voto, por lo que, de crearse dicho documento, se facilite a los millones de connacionales que viven en el exterior la obtención de éste, con el objetivo de que puedan participar en futuras elecciones, de acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales que aquí han sido mencionados y demás disposiciones de ley en la materia y que por razones técnicas, operativas y presupuestales es indispensable que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral analicen la importancia de que los connacionales residentes en el exterior se beneficien en forma igual que todos los mexicanos y reciban una cédula de identidad que, a la vez, los acredite como electores, formulando el siguiente
Punto de Acuerdo
Los integrantes de la comisión dictaminadora ven con interés y coinciden con la intención del proponente de que se pondere la viabilidad técnica, operativa y presupuestal a efecto de que, si se concreta la expedición de un solo documento oficial que permita a los ciudadanos acreditar fehacientemente su identidad, dicho documento también pueda ser expedido a los mexicanos residentes en el exterior.
Con base en las investigaciones realizadas por el cuerpo de asistencia técnica de la comisión dictaminadora, se obtuvo que un diario de circulación nacional publicó una nota en su edición del 12 de enero de 2010 que señala: "El Instituto Federal Electoral definió no acompañar la expedición de una cédula de identidad y mantener la credencial para votar con fotografía como único documento de identidad ciudadana y que, según lo expuesto por el consejero Virgilio Andrade, ya existe un consenso inicial con la Secretaría de Gobernación de no emitir una nueva mica. La credencial para votar será el instrumento de identidad; ése es un consenso importante y que en algún sentido ya se tiene con la Secretaría de Gobernación, dijo en entrevista…"
Asimismo, otro diario refirió en una nota de fecha 21 de enero de 2010: "La Secretaría de Gobernación confirmó un acuerdo inicial con el Instituto Federal Electoral para que la credencial de elector se convierta en documento único de identificación oficial de los mexicanos…"
También un periódico, el 14 de enero de 2010, publicó: "El Instituto Federal Electoral confirmó la fusión de la cédula de identidad ciudadana impulsada por Gobernación con la credencial para votar con fotografía, con lo que ésta se convertirá en el único documento de identidad de la ciudadanía. Los nueve consejeros electorales indicaron que el organismo electoral y la Secretaría de Gobernación avanzan en los trabajos para la expedición de un solo documento que servirá como credencial para votar y como instrumento para la acreditación fehaciente de la identidad ciudadana que se emplee para las elecciones federales de 2012.
"Se trata de un ‘principio de acuerdo’ entre ambas partes, en el que la credencial se reforzará con datos de seguridad –como los biométricos y una banda magnética–, aunque admitieron que aún no se concreta un convenio legal con Gobernación, pues existen aspectos técnicos que se analizan."
Por lo anterior, la comisión dictaminadora, partiendo del supuesto de que existe un "principio de acuerdo" para reforzar y expedir una nueva credencial de elector que, a su vez, funcionará como instrumento para la acreditación fehaciente de la identidad ciudadana, y con base en las consideraciones planteadas por el proponente, así como la falta de un acuerdo entre las partes, la comisión dictaminadora estima procedente desechar la presente proposición con punto de acuerdo.
Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal Electoral a considerar la viabilidad técnica, operativa y financiera de que el documento único electoral y de identidad sea expedido a los mexicanos residentes en el exterior, suscrita por el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, toda vez que la expedición del documento se encuentra incluso a discusión en la propia Cámara de Diputados, mediante un proyecto de iniciativa de ley que podría dar respuesta a la inquietud de nuestros compañeros mexicanos en el extranjero.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez (rúbrica),
presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica),
diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay García
(rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado Arturo
Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez,
senador José González Morfín, senadora Emma Larios
Gaxiola (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica),
diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica en contra),
diputado Adán Augusto López Hernández (rúbrica),
senador Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González
(rúbrica), senador Luis Maldonado Venegas.
DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN POR LA QUE
SE CONVOCA A UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a convocar a ambas Cámaras a un periodo extraordinario de sesiones para tomar medidas urgentes que frenen el deterioro de la economía popular, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto de acuerdo;
II. En el capítulo "Contenido" se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio;
III. En el capítulo "Consideraciones" la Primera Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en análisis.
I. Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de enero de 2010 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
II. Contenido
En la proposición que se dictamina, se manifiesta que la grave situación de la economía de la mayoría de los mexicanos, requiere de la atención de los legisladores, buscando alternativas para mejorar la economía de los ciudadanos, plantear acciones para frenar la escalada de precios, originada por los aumentos de impuestos, de las gasolinas, del diesel, el gas y la energía eléctrica.
Que la propuesta que se plantea consiste en que se apruebe un punto de acuerdo para convocar a ambas Cámaras a un periodo extraordinario de sesiones, con el único objetivo de tomar medidas urgentes para frenar el deterioro en la economía popular, buscando opciones para obtener recursos y cubrir el déficit de las finanzas públicas, cancelando los aumentos vigentes de impuestos y de precios en gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica.
El proponente expone que al efecto su grupo parlamentario presentó dos iniciativas, la primera con el objetivo de impulsar la aprobación de una ley de austeridad republicana, que contempla el reducir los sueldos de los altos funcionarios en 50 por ciento, eliminar los bonos, las percepciones extraordinarias, la atención médica privada, la caja de ahorro especial de los altos funcionarios públicos, entre otras canonjías, y la segunda consistente en una reforma legal para abolir los privilegios fiscales de grandes empresarios y banqueros.
Finalmente señala que presentó el punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones de ambas Cámaras, con el único objetivo de tomar medidas urgentes para frenar el grave deterioro en la economía del pueblo de México y formula el siguiente:
"Punto de Acuerdo
Los integrantes de la comisión dictaminadora consideran que, en razón de la inminente conclusión del presente receso y el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, el próximo primero de febrero, la temática propuesta por el autor de la proposición que se dictamina podrá abordarse ampliamente por ambas cámaras legislativas una vez iniciado dicho periodo, por lo que procede desecharla.
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión a convocar a ambas Cámaras a un periodo extraordinario de sesiones para tomar medidas urgentes que frenen el deterioro de la economía popular, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el veinte de enero de dos mil diez.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 26 de enero de 2010.
La Primera Comisión
Diputado Héctor Guevara Ramírez
(rúbrica), presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo
(rúbrica), diputado Javier Corral Jurado, senador Jesús Garibay
García (rúbrica), secretarios; diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín, diputado César Augusto Santiago Ramírez, diputado
Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco
Rodríguez, senador José González Morfín, senadora
Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica de la senadora Emma Lucía
Larios Gaxiola), senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica),
diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), diputado
Adán Augusto López Hernández (rúbrica), senador
Arturo Escobar y Vega, diputado Pedro Vázquez González (rúbrica),
senador Luis Maldonado Venegas.