Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94 a 96 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Leobardo Soto Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Consideraciones
La presente iniciativa tiene por objeto reformar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, fracción VI, y en consecuencia los artículos 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo, con relación a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que tiene como objetivo fundamental cumplir con la encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, pero dicha comisión desestima a los trabajadores del país ya que no funciona como tal ya que de acuerdo a las condiciones económicas y sociales del país, no está propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia. Y, por tanto, la propuesta ante este honorable pleno sería que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados tenga la facultad para decidir sobre la fijación de los salarios mínimos para el país.
Don Venustiano Carranza encabeza, en el Constituyente de 1917, la primera Constitución federal en America Latina, que incluye la seguridad social seriamente en los artículos 3o., 27o. y 123o.; en este último tocaba la necesidad de que el salario mínimo fuera suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un obrero y su familia. En primer término se determinó que el salario mínimo lo determinaban juntas especiales formadas en cada municipio enlazadas a cada entidad federativa vía junta central de coordinación hasta 1963.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es un organismo público descentralizado creado mediante la reforma a la Fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo publicadas en el mismo diario el 31 de diciembre de ese año.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 90 que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo y deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, cosa que no es posible ya que no se protege la capacidad adquisitiva del salario y mucho menos faciliten a los trabajadores a obtención de satisfactores.
El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las tres áreas geográficas para 2010 de 4.85 por ciento. Porcentaje que no ayuda en nada a los trabajadores del país, quedando los salarios mínimos legales que rigen a partir del primero de enero de 2010 son los siguientes: área geográfica A, 57.46 pesos diarios; área geográfica B, 55.84 pesos diarios; y área geográfica C, 54.47 pesos diarios.
Hace 40 años, con un salario mínimo de 27.93 pesos en promedio se podía comprar 27 boletos del metro, 19 kilos de tortilla, 11.6 litros de leche, 46 kilos de huevo o 1.46 kilos de carne.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) está por aprobar el incremento a los minisalarios que regirá a partir del 1 de enero del 2011. El salario mínimo, aún con el incremento que se apruebe para el próximo año, es una vergüenza, no alcanza ni para la subsistencia del trabajador que lo percibe, menos para mantener a su familia.
Según un estudio de la Facultad de Economía de la UNAM, 14 millones de trabajadores en el país ganan un salario mínimo al día, es decir, 57.46 pesos. Un trabajador de salario mínimo debe descontar de esos 57.46 pesos los gastos de transporte y comida, con lo que sus percepciones se reducen todavía más. Un trabajador necesitaría trabajar 22 horas diarias con sueldo mínimo para poder adquirir los productos de la canasta alimenticia recomendada, cuyos precios oscilan entre 413.47 y 597.00 pesos. Eso sin contar los gastos vestido y vivienda.
Las variables económicas y sociales para tomar una decisión de aumento en la Conasami, aunque es colegiada y tripartita, jamás estarán del lado del trabajador, sabemos que este salario no alcanza para todo y tampoco satisface las necesidades de los trabajadores y su familia.
Recordemos que el salario representa el costo de cada trabajador puesto que es la base de cotización para efectos del seguro social, horas extras, días de descanso, vacaciones, utilidades, aguinaldo, e incluso una posible indemnización o liquidación.
Ante tal situación se puede afirmar que la función encomendada a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a dejado de ser fundamental para los trabajadores del país, donde quedaron esos principios invocados en el Constituyente de 1917, de satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su familia, hoy día ni para comer alcanza un salario mínimo, ¿y las otras necesidades como vivienda digna, salud y educación? Es por eso que la actual crisis nos lleva a proteger a nuestra gente, y hoy se propone que la honorable Cámara de Diputados, vía Comisión de Trabajo y Previsión Social, se asigne el salario mínimo para los trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos.
Sabemos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, al final de cuentas, ratifica la asignación de los salarios mínimos, como los propone el Ejecutivo federal, aunque entre comillas se maneja de manera tripartita dejando de lado al trabajador mexicano, por lo que pongo a consideración de este pleno el siguiente proyecto de
Decreto
Primero. Se reforma la fracción VI, párrafo tercero, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos para quedar como sigue:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
I. a V. ...
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.
Los salarios mínimos se fijarán anualmente por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados a más tardar el 30 de noviembre.
Segundo. Se reforman los artículos 94, 95, y 96 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados a más tardar el 30 de noviembre de cada año.
Artículo 95. Derogado.
Artículo 96. La Comisión del Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados determinará la división de la república en áreas geográficas, las que estarán constituidas por uno o más municipios en los que deba regir un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial entre dichos municipios.
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de diciembre de 2010.
Diputado Leobardo Soto Martínez (rúbrica)
Que reforma el artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, suscrita por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino, Jesús María Rodríguez Hernández, Nancy González Ulloa, Alejandro Bahena Flores, Gerardo Fernández Noroña, Herón Escobar García, María Teresa Ochoa Mejía, J. Guadalupe Vera Hernández, Óscar Aguilar González, Juan José Guerra Abud y Jorge Alberto Juraidini Rumilla, integrantes de la Comisión Especial de la Industria Automotriz, de conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
Exposición de Motivos
La fracción IV de nuestra Carta Magna establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 1 que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas y en su artículo 2 define el tipo de contribuciones que harán los ciudadanos, empezando por el pago de impuestos.
Según lo establecido por el Código Fiscal de la Federación, son considerados impuestos las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Considerando lo anterior, no existe duda de que el ciudadano que adquiera un bien determinado que se encuentre considerado dentro de una ley impositivo, estará obligado al pago del impuesto correspondiente.
La Ley del Impuesto al Valor Agregado fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978, entrando en vigor a partir del 1 de enero de 1980, durante el sexenio de José López Portillo, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer que toda aquella persona física y moral, que en territorio nacional, realicen actividades sobre enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios estarán obligados al pago de dicho impuesto.
La misma ley establece que el impuesto se calculará aplicando a los valores que señala la ley, la tasa del 16 por ciento y que ese impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. Una vez hecho el cobro, el contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios.
Considerando que un impuesto es ~n pago al Estado, de carácter obligatorio, que hacen los ciudadanos por distintas actividades, es necesario que exista certidumbre jurídica que asegure un cobro del impuesto de manera clara y justa.
La Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos fue aprobada por el Congreso de la Unión, entrando en vigor el 1 de enero de 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer la obligación de las personas físicas y morales de pagar dicho Impuesto para todos aquellos que enajenen automóviles nuevos por el ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos; y los que importen definitivamente automóviles a nuestro país, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos.
En el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, establece que los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, no harán la separación del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación. Esto hace que este impuesto se encuentre contemplado en el precio total del vehículo sin desglosar el monto pagado.
Lo anterior genera un estado de incertidumbre jurídica puesto que el consumidor no puede conocer el monto del impuesto que se integró al valor del vehículo.
Más aún, el hecho de que los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, no hagan la separación del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación, genera que el cobro del impuesto al valor agregado no se haga sobre el valor del bien, sino del total que resulta de la suma del valor del bien y la suma del impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN) aplicable al vehículo.
Este simple hecho causa que el monto a cobrar por concepto de IVA se haga no sobre el valor total del bien, sino que se realiza el cálculo de un impuesto sobre otro impuesto, que es a todas luces injusto e incorrecto.
Veamos lo siguiente, si tomamos como ejemplo el caso de un vehículo Volkswagen Jetta de 4 puertas del año, con un precio real sin impuestos de 200 mil 502 pesos, su correspondiente impuesto de ISAN es de 4 mil 239.66 pesos, lo que nos da un subtotal de 204,741.66 pesos, este monto, es el que aparece en la factura como valor total del vehículo, puesto que, de acuerdo con la legislación actual, no se hace el desglose de estas dos operaciones. Una vez que se tienen los 204 mil 741.66 pesos, se le aplica el 16 por ciento del IVA y el precio final del vehículo queda en 237 mil 500.00 pesos. Si se realizará el cobro de ambos impuestos de manera separada y simplemente se sumaran, el costo final del vehículo al consumidor sería de 236 mil 821.98 pesos, es decir, 678.35 pesos menos, que sería un ahorro para el contribuyente. Si consideramos que del mes de enero hasta el mes de octubre del 2010 se han vendido 31,324 unidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito público ha registrado un ingreso adicional por las ventas de este modelo 21 millones 248 mil 497.57 pesos. Todo esto, sólo por el cálculo de un impuesto sobre otro impuesto.
Si consideramos, las unidades vendidas del mes de enero hasta el mes de octubre de 2010, de los nueve vehículos más vendidos en los cinco segmentos (VW Jetta, Nissan Sentra, Honda Accord, Toyota Camry, Ford Mustang, Seat Leon, Dodge Journey, Honda CRV y Chevrolet Silverado), se puede concluir que por el hecho de no separar el impuesto ISAN del valor total del vehículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito público ha registrado un ingreso adicional de 81 millones 423 mil 655.28 pesos, que les fueron cobrados indebidamente a los compradores de vehículos.
Considerando lo anterior, es imprescindible que se modifique el tercer párrafo del artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, con la finalidad de que los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, estén obligados a hacer la separación del monto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos en el documento que ampare la enajenación, para que el cobro del ISAN y del IVA sea sobre el valor del vehículo y posteriormente se sumen ambos impuestos, por lo que me permito presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos para quedar como sigue:
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Artículo 11. No procederá la devolución ni compensación del impuesto establecido en esta Ley, aun cuando el automóvil se devuelva al enajenante.
I. ...
II. ...
III. Los fabricantes, ensambladores, distribuidores autorizados de automóviles o comerciantes en el ramo de vehículos, estarán obligados a hacer la separación del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2010.
Diputados: José Luis Velasco Lino, Jesús María Rodríguez Hernández, Nancy González Ulloa, Alejandro Bahena Flores, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Herón Escobar García, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, J. Guadalupe Vera Hernández, Óscar Aguilar González, Juan José Guerra Abud, Melchor Sánchez de la Fuente, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbricas).
Que reforma los artículos 9o. y 66 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por los diputados Alejandro Carabias Icaza, Diego Guerrero Rubio y Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM
Alejandro Carabias Icaza, Diego Guerrero Rubio y Eduardo Ledesma Romo, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-L, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base a la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 58 de la Ley General de Vida Silvestre establece como “especies y poblaciones en riesgo” las siguientes:
• En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.
• Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.
• Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.
En el caso de la biodiversidad marina, las especies en riesgo muchas veces interactúan con especies que son objeto de la pesca comercial. Por citar algunos ejemplos, a la pesquería del camarón están asociadas las 7 especies de tortugas marinas presentes en México, además de la vaquita marina (Phocoena sinus ) y la totoaba (Totoaba macdonaldi ). A la pesquería del atún están asociadas 13 especies de delfines, incluyendo el nariz de botella (Tursiops truncatus ). Incluso algunas especies protegidas son objeto de la pesca comercial, como es el caso del pepino de mar (Isostichopus fuscus ) y la almeja pismo (Tivela stultorum ).
Debido a estas interacciones, las especies en riesgo pueden verse afectadas por la captura incidental, tanto en pesca de altamar como ribereña, pero cabe señalar que la mayoría de las capturas incidentales ocurren en pesquerías comerciales que utilizan artes y métodos de pesca poco selectivos.
Ante esta situación, el Código de Conducta para la Pesca Responsable, emitido por la FAO 1 , establece lo siguiente:
Artículo 6.6 Deberían continuar perfeccionándose y aplicándose, en la medida de lo posible, artes y prácticas de pesca selectivas y ambientalmente seguras a fin de mantener la biodiversidad y conservar la estructura de las poblaciones, los ecosistemas acuáticos y la calidad del pescado. Donde existan adecuados artes y prácticas de pesca selectiva y ambientalmente seguras, las mismas deberían ser reconocidas y debería asignárseles una prioridad al establecerse medidas de conservación y ordenación aplicables a las pesquerías. Los Estados y los usuarios de los ecosistemas acuáticos deberían reducir al mínimo el desperdicio de las capturas tanto de las especies que son el objeto de la pesca como de las que no lo son, de peces y otras especies así como los efectos sobre las especies asociadas o dependientes, la captura incidental de especies no utilizadas y de otros recursos vivos.
A nivel nacional, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) contiene diversas disposiciones para regular las artes, equipos y técnicas de pesca, así como para fomentar el uso de artes y métodos de pesca selectivos y de menor impacto ambiental. Asimismo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, Normas Oficiales Mexicanas como la NOM-EM-002-PESC-1996 “Por la que se establece el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas marinas en las redes de arrastre durante las operaciones de pesca de camarón en el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California”, la NOM-029-PESC-2006 “Pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento”, y otros ordenamientos, complementan el marco regulatorio en torno a las artes y métodos de pesca apropiados para evitar la captura incidental de especies en riesgo.
Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes y la pesca incidental continúa en México, lo cual no ha pasado desapercibido por otros países, particularmente Estados Unidos de América, que consumen el 59 por ciento de las exportaciones de productos pesqueros mexicanos 2 . En la década de 1990, este país impuso un embargo al atún mexicano debido a la captura incidental de delfines; en 2006 y 2008 hubo amenazas de embargo al camarón mexicano debido a la captura incidental de vaquita marina.
Por último, en marzo de 2010 Estados Unidos anunció un embargo “de facto” al camarón mexicano, por no acreditar la sección 609 de la Ley 101-162, que prohíbe la importación de camarón de aquellos países que no cuentan con medidas eficientes para proteger a las tortugas marinas durante las operaciones de pesca de arrastre de camarón silvestre.
Por consiguiente, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos necesario reforzar otras medidas para evitar la pesca incidental, en virtud de que el marco regulatorio ya existente en torno a las artes de pesca no ha sido suficiente.
En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es contabilizar las capturas incidentales de especies y poblaciones en riesgo, como excedentes de captura, sin importar su volumen. Para este efecto, pretendemos adicionar un párrafo segundo al artículo 66 de la LGPAS. Con esta adición propuesta, las capturas incidentales de especies en riesgo serán consideradas como pesca realizada sin concesión o permiso, y estarán sujetas a las sanciones que ya prevé la LGPAS para esta infracción.
De manera complementaria, proponemos reformar la fracción I del artículo 9º de la misma Ley, a efecto de que Semarnat tenga facultad para emitir recomendaciones acerca de las especies y poblaciones en riesgo que sean afectadas por la pesca incidental.
Por último, proponemos reforzar la normalización relativa a la captura principal en las principales pesquerías del país, reformando para ello el párrafo primero del artículo 66 de la LGPAS y agregando el artículo transitorio correspondiente.
Con estas propuestas, nuestro grupo parlamentario pretende dar un nuevo enfoque a los esfuerzos de conservación de delfines, tortugas marinas y demás especies marinas en riesgo, que por muchos años han sido víctimas de la captura incidental, en las pesquerías comerciales.
Por lo expuesto, los legisladores que suscriben, integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona los artículos 9 y 66 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Artículo Único. Se reforman la fracción I del artículo 9º y el párrafo primero del artículo 66; se adiciona un párrafo segundo al artículo 66, recorriéndose el subsiguiente, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:
Artículo 9o. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Semarnat se coordinará con la secretaría para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley, en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, particularmente, en los siguientes aspectos:
I. En áreas naturales protegidas, de acuerdo con la declaratoria de creación o el programa de manejo, emitir recomendaciones sustentadas, fundadas y motivadas, sobre los permisos y concesiones de pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así como los volúmenes, las especies y poblaciones en riesgo que sean afectadas por la pesca incidental;
II. a V. ...
Artículo 66. La captura incidental estará limitada y no podrá exceder del volumen que determine la Secretaría para cada pesquería, según las zonas, épocas y artes de pesca, de conformidad con lo que establezcan las normas oficiales mexicanas, la presente Ley, y demás disposiciones que de ella se deriven. Los excedentes de los volúmenes de captura incidental que determine dicha autoridad en tales disposiciones, serán considerados como pesca realizada sin concesión o permiso.
La captura incidental de especies y poblaciones en riesgo asociadas a cualquier pesquería, será contabilizada como excedente de captura, sin importar el volumen.
El aprovechamiento de los productos pesqueros obtenidos en la captura incidental se sujetará a las normas oficiales que al efecto se expidan, salvo lo previsto en esta Ley para la pesca deportivo-recreativa.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En el Programa Nacional de Normalización 2011 y subsecuentes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá contribuir con propuestas de normas oficiales mexicanas relativas a los volúmenes de captura incidental en las principales pesquerías del país.
Nota
1 FAO. 1995. FAO. Código de conducta para la pesca responsable ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878s/v9878s00.pdf
2 FAO. 2004. Perfiles sobre la pesca y acuacultura por países: México http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_MX/es
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.
Diputados: Alejandro Carabias Icaza, Diego Guerrero Rubio, Eduardo Ledesma Romo (rúbricas).
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política y en el artículo 122 de la Ley Orgánica, así como en la fracción II del artículo 55 y en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 123, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que para fijar el salario mínimo de los trabajadores producto de una relación laboral –trabajador y patrón; prestación de un servicio personal subordinado y el pago de un salario– se establecerá por medio de una comisión nacional que se integrará por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Dicha comisión tiene la facultad de hacer consultas a otras comisiones especiales cuando lo considere necesario. Esto lo replica el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo sin cumplimentar sus facultades preponderantes ante situaciones de excepción y de crisis económica y, más aún, cuando se dirige predominantemente por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Ante la caída de los salarios mínimos, se pone en evidencia que los procedimientos establecidos para la revisión de éstos se vuelven inaplicables, parciales e ineficientes sobre todo cuando se encuentran en juego intereses ajenos a los trabajadores.
La composición tripartita de la autoridad encargada de fijar y revisar los salarios mínimos posibilita la asociación de los representantes de los patrones y del gobierno contra el voto de los representantes de los trabajadores.
Cuando de incrementar el salario mínimo se trata, otro factor ha perjudicado de manera alarmante a los trabajadores que lo reciben: los “topes salariales”, donde patrones y el gobierno se ponen de acuerdo autorizando porcentajes de incremento que en nada resuelven la situación económica de los trabajadores.
La realidad a que nos enfrentamos día tras día es que los salarios mínimos fijados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha dejado desde hace varios años de ser constitucional, el monto de éstos no es suficiente para los trabajadores que los perciben, no alcanzan siquiera para adquirir la canasta alimentaria básica, cuyos productos crecen a la par que la inflación dejando por ende excluidos satisfactores elementales como vivienda, salud, educación, vestido, calzado y cultura.
Para tener una idea más precisa de la situación en que se encuentran los trabajadores que reciben el salario mínimo, es necesario remontarnos a las cifras relativas a la caída de éste. De acuerdo con datos oficiales, entre 1977 y agosto del presente año, esta remuneración perdió 75.5 por ciento de su poder adquisitivo. Tan sólo en lo que va del presente régimen, la caída ha sido de 23.0 por ciento. El salario mínimo tendría que incrementarse 274.3 por ciento para recuperar el poder de compra que tenía en 1977 y 32.9 por ciento para volver al estado que tenía a inicios del presente régimen.
La pérdida es mayor si comparamos el mínimo con la canasta básica, pues sus bienes han aumentado más que la inflación. En 1994, con 1.6 salarios mínimos un trabajador podía obtener la canasta básica, en 1999 se necesitaban 2.3 salarios mínimos para adquirirla, y ahora se requieren por lo menos 2.8 salarios mínimos.
De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 64 por ciento de la población económicamente activa (PEA) recibe en promedio hasta 2 salarios mínimos, si consideramos que para adquirir la canasta básica alimentaria se requiere lo equivalente a casi 3 salarios mínimos, en consecuencia, para poder seguir sobreviviendo los trabajadores se ven orillados a incorporar a otros miembros de su familia a las labores productivas del país, originando que muchos menores no concluyan la educación obligatoria, en ocasiones, a trabajar horas extra, doblar turnos, o realizar cualquier otra actividad que le genere un mayor ingreso. Ello trae como consecuencia un desgaste físico y emocional del trabajador, y el descuido de su familia, la base de toda sociedad.
La caída de los salarios mínimos también origina que los trabajadores prefieran incorporarse al sector informal, donde pueden obtener un mejor ingreso, aunque al hacerlo se privan del derecho a cualquier prestación social. En el sector informal, de acuerdo con la STPS, labora más de 50 por ciento de la PEA.
Un incentivo real para el mercado laboral es el conducente al incremento del salario mínimo con base en el índice nacional de precios al consumidor y en los análisis estadísticos y de registro económico dados por los órganos encargados para tales funciones, como el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con objeto de no dejar al arbitrio de los representantes de los patrones y del gobierno, que en la generalidad de las veces constituyen una mayoría subrepticia que margina la representación real de los trabajadores.
Resulta necesario adicionar un párrafo cuarto a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional para establecer que los salarios mínimos se incrementarán trimestralmente conforme al índice nacional de precios al consumidor, pues ésta es la base conforme a la cual se mide el comportamiento de la inflación.
Los salarios mínimos, de acuerdo con la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional, son generales y profesionales. Respecto a los primeros, según dicha fracción, regirán en las áreas geográficas que se determinen. El término “áreas geográficas” fue introducido en la Constitución mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986.
Al área geográfica C corresponde el salario más bajo, y así sucesivamente hasta llegar a la A. Nada justifica que a trabajadores que realizan la misma actividad se paguen diferentes salarios. Resulta a todas luces injusta una medida de este tipo, que asigna a las zonas más pobres el salario más bajo, si la ley del trabajo se federalizó para evitar los tratos diversos que daban las leyes de los estados a trabajadores que realizaban la misma actividad, resulta también de elemental justicia desaparecer los criterios de área geográfica.
El Ejecutivo federal ha reconocido a través de sus dependencias la necesidad de homologar por la vía de los hechos las áreas geográficas. Sin embargo, los acuerdos no han trascendido más allá de simples intenciones, dejando en la incertidumbre la voluntad de una de las partes implicadas, los trabajadores. Por ello resulta imperioso considerarlo en una disposición legal de carácter obligatorio.
Para tal efecto y con base en el objeto de la presente iniciativa, se propone reformar el párrafo primero de la fracción VI del artículo 123 para suprimir el concepto de “áreas geográficas” y dar pie a la homogenización de un solo salario mínimo general con aplicabilidad en todo el territorio nacional.
Resulta apremiante dignificar las labores de quien trabaja, y una manera de hacerlo es dejar de sujetar los incrementos de los salarios mínimos a la voluntad de los propietarios de los medios de producción y del gobierno y de homogenizarlos como medio para fortalecer y estimular la producción y las relaciones laborales en México.
Por lo expuesto, y dada la complejidad económica y laboral de miles de familias mexicanas, se somete a consideración de esta honorable soberanía, en su carácter de Constituyente Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y tercero, y se adiciona uno cuarto de la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123. ...
I. a V. ...
VI. Los salarios mínimos de que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros serán homogéneos para todo el territorio nacional; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.
...
Los salarios mínimos se fijarán con base en criterios económicos trimestrales dados por los órganos responsables del análisis estadístico y de política monetaria, y aprobados por una comisión nacional, integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.
Los salarios mínimos generales y profesionales se incrementarán trimestralmente conforme al índice nacional de precios al consumidor.
VII. a XXXI. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la comisión encargada de acordar la fijación de los salarios mínimos se reunirá por lo menos tres veces al año para resolver sobre el incremento de los salarios mínimos generales y los profesionales, conforme al índice nacional de precios al consumidor.
Cuarto. El referente general que se deberá tomar como base para resolver el incremento de los salarios mínimos generales y profesionales será el asignado para las áreas geográficas A al momento de su entrada en vigor.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a veintiuno de diciembre de dos mil diez.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
Que reforma los artículos 9o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada federal Caritina Sáenz Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada al tenor de los siguientes
Antecedentes
Como es del conocimiento de todos nosotros, el problema de la inseguridad en nuestro país ha crecido de manera alarmante teniendo entre sus principales causas; el desempleo, la corrupción, la desintegración familiar, la drogadicción y la falta de la correcta aplicación de nuestras leyes, entre otras.
De acuerdo a los resultados de la segunda Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010, elaborada por el Inegi, el 62 por ciento de la población percibe el aumento del número de delitos ocurridos en sus respectivas entidades.
Con la finalidad de garantizar la seguridad nacional, se ha incrementado en los últimos 10 años el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, así como la creación de la Ley Federal de Extinción de Dominio, con objeto de canalizar a favor del Estado los bienes decomisados al crimen organizado.
Por ello, cabe destacar que la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en mayo de 2009, no considera la asignación porcentual de los recursos destinados a las diferentes dependencias de la administración pública provenientes de los bienes confiscados al crimen organizado, por tanto, resulta de manera fundamental la reglamentación transparente y precisa de la asignación porcentual de los recursos decomisados, a fin de evitar el criterio unipersonal en base a intereses y criterios unipersonales de quienes sustenten la titularidad del Poder Ejecutivo en su respectivo turno.
Por lo anterior, cuando se dan golpes significativos al crimen organizado y al narcotráfico, en específico, el artículo 22, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la confiscación y extinción de dominio será procedente en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, robo de vehículos y trata de personas. En este sentido, es responsabilidad del Estado prevenir que las sustancias ilegales lleguen a las manos de la ciudadanía, además de ayudar a la rehabilitación de aquellos que ya sean consumidores.
Como ejemplo de lo anterior, de los 205 millones de dólares que se decomisaron a Zhenli Ye Gon (empresario mexicano, de origen chino, acusado de comercializar con acetato de seudoefedrina ilícitamente para la fabricación de metanfetaminas), estos recursos se distribuyeron en partes iguales entre la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Salud, de acuerdo a lo informado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Asimismo, de los casi 750 millones de pesos que correspondieron a la Secretaría de Salud, 595 millones de pesos se distribuyeron a los estados, 120 millones se destinaron al programa Limpiemos México para tareas de prevención de farmacodependencia y el resto de los recursos hacia la federación para la aplicación de programas de control de adicciones.
En este sentido, en lo que va del sexenio, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se han puesto en marcha 310 Centros de Atención Primaria de Adicciones Nueva Vida, con la finalidad de atender, prevenir y combatir las adicciones en nuestro país.
En la pasada LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado José Francisco Melo Vázquez presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de que, de los bienes decomisados a personas u organizaciones de la delincuencia organizada, el 15 por ciento se adjudiquen al sector salud en el ámbito federal, a fin de ser utilizados para la prevención y combate a las adicciones.
Por otra parte, con la reciente aprobación de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, se autorizó la creación del Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro, con la finalidad de dotar a las autoridades de recursos para el apoyo de las víctimas y ofendidos por los delitos previstos en la ley anteriormente mencionada. Este fondo permitirá reparar los daños a las víctimas con cargo a los recursos obtenidos en los procedimientos de extinción de dominio.
Cabe hacer referencia que dentro de los gastos correspondientes a la reparación del daño se encuentran los gastos alimentarios, de transporte y hospedaje con motivo del procedimiento penal, así como la atención médica y psicológica de las víctimas y protección a menores en desamparo.
Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de establecer las bases legales que regulen la normatividad existente, a fin de reivindicar los daños y pérdidas de la sociedad a consecuencia de la delincuencia organizada.
Exposición de Motivos
En el transcurso de la última década, el problema de la inseguridad pública se ha agraviado de tal manera que se han reportado cifras históricas en el número de ejecuciones, asaltos, secuestros, extorsiones que están desequilibrando la estabilidad y gobernabilidad en nuestro país.
Cabe señalar que la operatividad de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico han extendido sus actividades en el territorio nacional, muestra de ello es que en los últimos años, México pasó de ser un país productor-exportador y de ruta de tráfico de drogas, a ser una Nación con altos índices de consumo y, que a pesar de los esfuerzos en contra de la venta y distribución de drogas, el consumo de éstas ha aumentado significativamente en nuestro país.
El fenómeno anterior puede explicarse por un lado, a las políticas restrictivas en la frontera norte, y por otro, a lo lucrativo que ha resultado ser el negocio de venta local de narcóticos, además de la falta de políticas públicas verdaderamente integrales que incidan no sólo en el delito de narcotráfico, sino en el tratamiento de quienes ya padecen de una adicción, así como en la efectiva prevención del consumo.
En este sentido, en 2008 el Ejecutivo federal dio un primer paso al reformar la Ley General de Salud y establecer explícitamente que no se consignaría a aquellas personas que fuesen detenidas y que se encontraran en posesión de alguna sustancia ilegal, siempre y cuando la tenencia no rebasara los límites establecidos en la misma ley (Ley General de Salud, artículo 479).
Lo anterior, mediante una iniciativa de decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Actualmente, al igual que en muchas partes del mundo, la sociedad mexicana tiene un gran problema concreto en el ámbito de la salud pública, siendo este el consumo de drogas ilegales. Este problema ha pasado a ser un elemento desestabilizador de la seguridad nacional, es decir, el consumo de drogas indirectamente ha venido afectando la seguridad nacional debido al incremento de los recursos de los distribuidores de sustancias ilegales (desde narcomenudistas hasta los narcotraficantes locales y extranjeros) los cuales, al tener conflictos propios por la disputa del control de tráfico y distribución de su “mercancía”, afectan el normal funcionamiento social.
Lo anterior, aunado a la guerra declarada por parte del Ejecutivo federal, ha dado como resultados los siguientes, entre otros:
• El constante enfrentamiento entre las fuerzas del orden público en todos sus niveles con los cárteles de narcotraficantes. Con lo cual la violencia en sitios estratégicos ha aumentado de manera muy significativa, a tal grado que según un informe entregado al Congreso por el Gabinete de Seguridad Nacional, integrado por los ministerios de Defensa, de Marina, de Gobernación y de Seguridad Pública, se habla de una cifra de casi 30 mil muertes.
• La incertidumbre de la sociedad al no contar con las herramientas, información y recursos suficientes para combatir por sus propios medios los problemas de adicción que afectan directa o indirectamente sus vidas.
• El consumo de drogas desafortunadamente se ha convertido en una verdadera patología social con implicaciones graves.
Cabe destacar que durante mucho tiempo, los consumidores de drogas sufrieron de la criminalización, una distracción en la atención de lo que en esos momentos era más un problema de salud que de seguridad. Ante estas circunstancias, las personas con problemas de adicción deben recibir en todo caso, un programa efectivo para combatir su enfermedad, aunado por supuesto, a un programa preventivo.
Cifras oficiales señalan que hasta junio de 2009, 2 millones de jóvenes habían recibido atención contra las drogas, como la aplicación de pruebas de detección temprana, servicios de consejería, terapia breve y derivación a servicios de tratamiento residencial. Por lo anterior, las implicaciones del consumo de sustancias ilegales trascienden las cifras y estadísticas, lo cual representa un daño mayor a nuestra sociedad del que se pueda calcular con números.
Como se ha señalado, el fenómeno de las adicciones en México ha venido incrementándose de manera alarmante en los años recientes, generando con ello que la sociedad busque alternativas para la atención especializada a este tipo de adicciones, las cuales van en función de su capacidad económica, social y cultural.
Por otra parte, otro grave problema que se presenta es la falta de rehabilitación de las adicciones en el interior de los centros penitenciarios de nuestro país, toda vez que la falta de atención y rehabilitación los conlleva a continuar infringiendo la ley, continuando con el círculo vicioso de delinquir, a fin de obtener los recursos que les permitan mantener el consumo de las sustancias ilícitas. Cabe señalar que la rehabilitación real de un fenómeno crónico tarda por lo menos nueve años de tratamiento, y de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, el 80 por ciento de los reos son adictos a alguna droga ilegal, además del alcohol; por ello, es de fundamental importancia brindarles un tratamiento integral que les permita su restablecimiento, así como coadyuvar con la disminución de los delitos a consecuencia de los efectos de las drogas.
Por lo anterior, se necesita que los centros penitenciarios cuenten con el personal y la infraestructura necesaria para brindar un tratamiento integral de rehabilitación contra las drogas y romper con las conductas delictivas.
Asimismo, cabe destacar que los presupuestos aprobados por esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, han apoyado al Ejecutivo federal en su lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, al autorizarle desde el 2009 un creciente monto de recursos asignados al Ramo 36 que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública en un 53.3 por ciento más a su presupuesto asignado, representando un incremento histórico, sin embargo, el número de víctimas del crimen organizado han aumentado 5 veces más, lo cual refleja que los recursos son insuficientes para el combate real al narcotráfico.
Ante estas circunstancias, se considera que el gobierno federal ha contado con mayores recursos para el combate al narcotráfico, sin embargo, hace falta destinar un porcentaje importante de estos recursos a los programas de carácter preventivo de fundamental importancia, así como a los programas eficientes de rehabilitación.
Por otra parte, se reporta un incremento de la cifra de niños y adolescentes que han quedado en la orfandad como víctimas de esta lucha frontal contra el narcotráfico, por ello, resulta de manera urgente y elemental que se establezca un fondo destinado a brindar becas educativas a los hijos de las familias víctimas del crimen organizado, a fin de que continúen con sus estudios.
Otro aspecto importante a considerar para coadyuvar con el restablecimiento del orden social de nuestro país consiste en fortalecer con el destino de mayores recursos a los programas de prevención, atención y rehabilitación de las adicciones, toda vez que con mayor frecuencia se presentan centros de rehabilitación comúnmente denominados “anexos” o “granjas”, “centros de ayuda mutua”, “centros espirituales para ingobernables”, “centros de 24 horas” y otros, que operan en la mayoría de los casos de manera clandestina y, lo más grave, además, es que se están convirtiendo en refugios de delincuentes; y muestra de ello es el registro de un número creciente de denuncias sobre abusos y maltratos de toda índole, tanto físicos, psicológicos, sexuales, así como la trata de personas y esclavitud en menores de edad, jóvenes y personas adultas en el interior de este tipo de “centros de rehabilitación”.
Por tanto, estas circunstancias nos hacen reflexionar acerca de la evidente necesidad de la falta de recursos económicos, materiales, tecnológicos y humanos para mantener y poner en marcha la infraestructura adecuada, los programas específicos y el personal capacitado en los Centros de Apoyo y Rehabilitación, los cuales habrán de garantizar en todo momento a los pacientes una atención con pleno respeto a sus garantías individuales, a sus derechos fundamentales y procurando el respeto a la libertad y dignidad humana.
Por tanto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos profundamente necesario reglamentar el destino de los recursos decomisados de la delincuencia organizada con la finalidad de que no queden sujetos a decisiones unilaterales y circunstanciales de ningún mandatario, y con ello garantizar la transparencia de los recursos, toda vez que a través de estas reformas y con base en la Ley de Extinción de Dominio, la cual otorga facultades al Estado para hacer uso de los recursos financieros, la posesión de inmuebles y otras propiedades de las organizaciones criminales sean distribuidos de la siguiente manera:
Un 25 por ciento de estos recursos decomisados serán destinados al Poder Judicial para fortalecer los programas de rehabilitación contra las adicciones dentro de los sistemas penitenciarios de nuestro país, así como para el fondo de apoyo de la administración de justicia.
Un 25 por ciento de estos recursos decomisados serán destinados a la Procuraduría General de la República a través del Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro.
Por otra parte, a la Secretaría de Educación Pública le correspondería el 25 por ciento de los recursos, a fin de que se destinen a becas educativas para los hijos de las familias victimas de la delincuencia organizada.
El 25 por ciento restante sería aplicado al sector salud para la modernización del equipo e infraestructura, así como para la inversión en el personal capacitado de los Centros de Apoyo y Rehabilitación para la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones, toda vez que se deben revertir los daños ocasionados por el tráfico de drogas a través de la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a través de la presente propuesta, busca coadyuvar con el restablecimiento de la tranquilidad y la seguridad en nuestro país, así como alejar las drogas de nuestros niños y jóvenes, y de manera especial, reivindicar los daños ocasionados por la delincuencia organizada.
Por lo señalado, someto a consideración de esta honorable LXI Legislatura la siguiente proposición con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 9 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Primero. Se reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público para quedar como sigue:
Artículo 9o. Las armas de fuego, municiones y explosivos...
...
Los bienes que resulten del dominio público de la federación, de los estados, del Distrito Federal o de los municipios, se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su naturaleza, a lo que dispongan las normas aplicables, y atendiendo a lo siguiente:
Un 25 por ciento de estos recursos decomisados a personas u organizaciones, que comentan alguno o algunos de los delitos contemplados en las fracciones I y II del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como los frutos o rendimientos que produzcan estos durante el tiempo que sean administrados por la SAE, serán destinados al Poder Judicial para fortalecer los programas de rehabilitación contra las adicciones dentro de los sistemas penitenciarios de nuestro país, así como para el fondo de apoyo de la administración de justicia.
A la Procuraduría General de la República le corresponderá un 25 por ciento de estos recursos decomisados para que sean destinados al Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro.
A la Secretaría de Educación Pública le correspondería el 25 por ciento de los recursos, a fin de que sean destinados a becas educativas para los hijos de las familias victimas de la delincuencia organizada.
El 25 por ciento restante le corresponderá a la Secretaría de Salud para que los destine a la modernización del equipo e infraestructura, así como para la inversión en el personal capacitado de los Centros de Apoyo y Rehabilitación para la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones, toda vez que se deben de revertir los daños ocasionados por el tráfico de drogas a través de la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones.
Segundo. Se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
I. ...
a) y b) ...
II. ...
a) y b) ...
...
De los bienes decomisados referidos en el párrafo anterior, serán distribuidos de la siguiente manera:
Al Poder Judicial le corresponderá un 25por ciento de estos recursos decomisados para que los destine a fortalecer los programas de rehabilitación contra las adicciones dentro de los sistemas penitenciarios de nuestro país, así como para el fondo de apoyo de la administración de justicia.
A la Procuraduría General de la República le corresponderá un 25 por ciento de estos recursos decomisados para que sean destinados al Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro.
A la Secretaría de Educación Pública le correspondería el 25 por ciento de los recursos a fin de que sean destinados a becas educativas para los hijos de las familias victimas de la delincuencia organizada.
El 25 por ciento restante le corresponderá a la Secretaría de Salud para que lo destine a la modernización del equipo e infraestructura, así como para la inversión en el personal capacitado de los Centros de Apoyo y Rehabilitación para la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones, toda vez que se deben de revertir los daños ocasionados por el tráfico de drogas a través de la prevención, atención y rehabilitación de las adicciones.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXI Legislatura, a 21 de diciembre de 2010.
Diputada Caritina Sáenz Vargas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a obligar por sus dependencias a las personas que importen definitivamente camiones de procedencia extranjera a cumplir el requisito de presentación del certificado de origen establecido en el TLCAN y que las unidades acrediten la observancia de la Norma Oficial Mexicana 044, sobre emisiones contaminantes, suscrita por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI
Melchor Sánchez de la Fuente, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribe la presente en nombre de la Comisión Especial de la industria automotriz, conforme a lo acordado en la reunión ordinaria que ésta celebró el pasado 8 de diciembre.
De conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a obligar por sus dependencias a las personas que importen definitivamente camiones de procedencia extranjera a cumplir el requisito de presentación del certificado de origen establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá y, de igual forma, que esas unidades acrediten el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 044, sobre emisiones contaminantes.
Exposición de Motivos
La industria manufacturera de vehículos de autotransporte en el país representa cerca de 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) manufacturero; genera 12 mil empleos directos y cientos de miles indirectos si se considera la industria de autopartes, distribuidores de vehículos, y servicios de carga y pasaje; cuenta con 13 plantas en 9 estados, una amplia red de distribuidores o concesionarios en México; tiene más de 400 puntos de venta en todo el territorio; tiene una capacidad instalada anual de producción de alrededor de 150 mil unidades; y, lo más importante, es de las más competitivas, pues ocupa el noveno lugar mundial de producción (después de China, Japón, Alemania, Estados Unidos, India, Brasil, Rusia e Indonesia) y el tercero en el continente americano.
En 1994 entró en vigor el TLC que el país firmó con Estados Unidos de América y con Canadá, mediante el cual los tres se consolidaron como un bloque comercial donde se estableció una zona de libre comercio con la finalidad de promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, proteger los derechos de propiedad intelectual, crear procedimientos para la aplicación y el cumplimiento del acuerdo, eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los firmantes, entre otros puntos.
El TLC prevé la eliminación de aranceles en materia de exportación e importación de vehículos y automotores, incluidos los camiones. Sin embargo, en el artículo 501 de la sección A del capítulo V, “De procedimientos aduaneros”, se establecen las condiciones sobre el requisito de “certificado de origen”, que “servirá para confirmar que un bien que se exporte de territorio de una parte a territorio de otra califica como originario” y, por tanto, al amparo del tratado.
El 24 de marzo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por el que se dieron a conocer las condiciones ambientales a que se sujetará la importación de vehículos usados equipados con motor de diesel y con peso bruto vehicular mayor de 3 mil 857 kilogramos.
En el acuerdo se señalaba que éste se emitía porque los vehículos fabricados o importados conforme a las disposiciones mencionadas cumplían y circulaban en el territorio nacional y que el ingreso indiscriminado, vía importación, de vehículos pesados usados en territorio nacional podría propiciar que se incorporaran al parque vehicular en circulación automotores que no hayan sido fabricados con tecnologías ambientales adecuadas que armonicen con las promovidas a escala nacional.
Lo anterior se suma a la NOM 044, que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, partículas y opacidad de humo proveniente del escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3 mil 857 kilogramos, así como para unidades nuevas cuyo peso bruto vehicular mayor de 3 mil 857 kilogramos equipadas con este tipo de motores.
Es preocupante que entre enero y octubre del presente año se hayan importado de forma definitiva desde Estados Unidos 5 mil 898 camiones usados de más de 10 años de antigüedad al amparo del TLC. Sin embargo, esas unidades no han presentado el certificado de origen que las valide como originarios de un territorio miembro de la zona de libre comercio entre los tres países.
Ello es alarmante porque esa cifra de importaciones definitivas en 10 meses del año que no cumplen el requisito mencionado representa 25 por ciento de la venta total de vehículos pesados nuevos en el mercado nacional, lo que afecta directamente el desarrollo y la competitividad en el país.
Según ha manifestado el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Carlos García Fernández, esa tendencia causará un daño irreversible a los autotransportistas, a los fabricantes, a los distribuidores y a la cadena productiva. Además, generará un efecto negativo en contaminación, inseguridad e impacto en los índices de competitividad y en las oportunidades para nuestros trabajadores.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Juan Molinar Horcasitas, indicó en la pasada decimotercera muestra y exposición de transporte que se iniciará un nuevo periodo del reemplazo del servicio de carga y pasajeros federal para que sea un filtro que evite la circulación de “estas chatarras rodantes, sumamente peligrosas”.
El problema radica en que las unidades importadas no cumplen la obligación de presentar el certificado de origen que las valide como vehículos elegibles de importación-exportación entre los países miembros, ni las normas ambientales y de seguridad que se exigen a vehículos ensamblados en el país.
Por lo anterior me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a exigir por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las personas físicas o a las morales que realicen el trámite de importación definitiva de vehículos pesados el “certificado de origen” como requisito indispensable para que se compruebe que el vehículo por importar fue ensamblado en Estados Unidos o Canadá conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio con esos países para poder proceder a la importación.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a exigir por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la las personas físicas o a las morales que realicen el trámite de importación definitiva de vehículos pesados el comprobante de cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana 044; y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a ofrecer en los puntos fronterizos las inspecciones de los vehículos pesados que tiene la intención de realizar el procedimiento de importación definitiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2010.
Diputado Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur y a la Semarnat a coordinarse para fortalecer la política de fomento del “turismo de naturaleza y ecoturismo” en todo el país, suscrita por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal, María del Carmen Izaguirre Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con Punto de Acuerdo, con el cual, se exhorta a las Secretarias de Turismo y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a coordinarse a fin de fortalecer la política de fomento del llamado Turismo de Naturaleza y Ecoturismo, en todas las regiones y comunidades del país, con base en lo siguiente:
En días pasados concluyeron en Cancún, Quintana Roo, los trabajos del Foro Mundial sobre Cambio Climático, COP 16, en donde –como buen anfitrión– México, demostró su riqueza natural en esa región del país, que se extiende por todo el territorio nacional. Ante los trabajos desarrollados durante la cumbre, México, debe asumir el compromiso de continuar fortaleciendo su política de conservación y preservación de las zonas naturales, así como fomentar la política de fomento del denominado turismo de naturaleza y ecoturismo, con la cual, además de atraer inversiones, competitividad y beneficios económicos, turismo, y proyección internacional de las regiones y comunidades, estaremos continuando con las acciones de preservación de los ecosistemas.
El país cuenta con 1 millón 223 mil 600 kilómetros cuadrados de territorio, en los cuales, existe una diversidad natural, cultural e histórica, creando un escenario excelente para atraer al turismo nacional e internacional. El llamado turismo de naturaleza y ecoturismo, a nivel mundial se ha convertido en un sector estratégico no sólo por los enormes beneficios en materia económica, sino porque una de las consecuencias de su fomento, es que se favorece al desarrollo y progreso de las regiones que cuentan con este tipo de turismo.
Es importante, conocer que la actividad turística es fundamental para la economía nacional, su dinamismo, generación de ingresos y de fuentes de trabajo, así como de proyectos de inversión, son de suma importancia para el desarrollo del país. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, México, se encuentra entre los primeros lugares en la clasificación de países de destino, sin embargo, a pesar de ello, es trascendental incrementar su competitividad, principalmente el relativo a la relación con la naturaleza en donde al visitante se le permite de manera directa interactuar y preservar el medio ambiente, así como conocer las distintas expresiones culturales de cada región o comunidad. Entre las principales entidades federativas que concentran la oferta turística en esta modalidad destacan: Chiapas, Distrito Federal, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Quintana Roo e Hidalgo.
Este turismo de naturaleza o ecoturismo, es considerado como una modalidad de interrelación con la naturaleza, en donde lo fundamental es la conservación de los recursos naturales del área en donde se efectúa la actividad turística. Modalidad que en esta última década ha traído una derrama económica a nivel mundial de aproximadamente mil millones de dólares, según datos de la Organización Mundial de Turismo.
A pesar de las acciones emprendidas por la administración pública, este tipo de turismo no ha logrado consolidarse entre el turismo nacional ni internacional, en razón que el gobierno, sólo la considera como una actividad turística complementaria, es decir, no le otorga una imagen propia dentro del mercado turístico. Al grado que la política de difusión y promoción tanto a nivel nacional como internacional no es contundente, ocasionando que esta modalidad turística no esté entre las preferencias de los turistas, representando, con ello, una desventaja, ya que, se está desaprovechando el inmenso escenario natural que cuenta México, y de esa forma, colocar al país como un mercado estratégico.
Ante tal escenario se requiere que las instancias encargadas en las materias de turismo y medio ambiente y recursos naturales, se coordinen para desarrollar políticas públicas encaminadas a enriquecer y fortalecer el fomento al turismo de naturaleza y ecoturismo, a fin de que pueda competir nuestro país a nivel internacional, procurando con ello, la conservación y preservación de los ecosistemas.
El reto para los próximos años después de lo observado en la cumbre de cambio climático, es consolidar la diversidad y mejorar los mecanismos e instrumentos enfocados a combatir los efectos que ocasionan daños al ecosistema.
Por lo expresado, presento ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las Secretarías de Turismo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se coordinen a través de un instrumento de colaboración para el desarrollo del turismo de naturaleza y ecoturismo, a fin de impulsar acciones de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, encaminado y orientado a desarrollar a las comunidades rurales e indígenas, así como, el fomento, desarrollo, difusión y promoción de los destinos, actividades y productos turísticos en esta modalidad, permitiendo elevar la competitividad y generación de oportunidades para el desarrollo económico, social, y cultural de las regiones y comunidades.
Asimismo, se diseñen y formulen mecanismos, estrategias e instrumentos de planeación, con la finalidad de integrar las propuestas interinstitucionales e intersectoriales encaminadas a impulsar el desarrollo del turismo de naturaleza y ecoturismo.
México, DF, a 21 de diciembre de 2010.
Diputada María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal a reforzar las medidas de prevención y protección de los mexicanos radicados en el extranjero que visitan territorio nacional por las fiestas de fin de año y de los migrantes que utilizan el país como paso para llegar a sus lugares de origen, suscrita por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal, María del Carmen Izaguirre Francos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con el cual, se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal, a reforzar las medidas de prevención y protección a los mexicanos que radican en el extranjero que visitan nuestro país por las fiestas de fin de año, así como a los migrantes que utilizan nuestro país como paso para llegar a sus lugares de origen, con base en lo siguiente:
Es recurrente observar que cada año, al iniciar el periodo de las fiestas decembrina, miles de connacionales que por diversas razones migraron hacia Estados Unidos de América, regresan a nuestro país, para festejar con su familia las fiestas de fin de año. Periodo en el que, lamentablemente, son frecuentes de violaciones que nuestros connacionales son objeto tanto en su persona, en sus bienes como a su familia.
Desde 1989 se creó el “Programa Paisano” como un instrumento para frenar los abusos tanto de autoridades de los diversos ordenes de gobierno, como por civiles que aprovechando la ocasión los asaltan, los extorsionan, así como violentan sus derechos humanos. A pesar de que durante su vigencia, el programa se ha visto fortalecido, en sus diversas vertientes, la falta de información, ha sido una de las causas que no permite identificar y evaluar con objetividad sus resultados en cuanto a efectividad, eficiencia y transparencia.
Además, en razón de la situación que vive actualmente el país en materia de inseguridad es necesario que se garantice a estos mexicanos su estancia en México, así como, de aquellos migrantes que ingresen al territorio nacional en su recorrido a sus ciudades de origen y de regreso a Estados Unidos.
Son diversos ejemplos en los cuales se han documentado de un gran número de asaltos y violaciones que se han registrado en las carreteras del país, a través de ataques, y falsos retenes, al grado de observar cómo se han lastimado a menores de edad. Por tal motivo, es trascendental reforzar las medidas de seguridad en toda la red carretera del país, en las fronteras, y aeropuertos internacionales.
Esta necesidad de establecer, enriquecer, fortalecer y reforzar los mecanismos que garanticen el respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes, es y ha sido un tema preponderante a raíz del incremento de los flujos masivos de población, manteniéndose vigente las demandas de erradicar los altos índices de extorsiones, abusos, violencia y corrupción ejercida por parte de los grupos criminales y autoridades.
En días pasados, la coordinadora del Programa Paisano, ha señalado que existen al interior de nuestro país, varios lugares identificados donde los delincuentes han instalado retenes falsos para robar a los viajeros, en las entidades federativas de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa y Chihuahua. En este sentido, la coordinadora expreso que durante este periodo se estima que serán atendidas por el Programa Paisano 2010-2011, alrededor de 15 mil personas.
Por último, es de reconocer el trabajo que desempeña la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que desde hace varios años se une de manera activa con las autoridades migratorias para atender las demandas de los migrantes a través de las acciones del Programa Paisano.
Ante el clima de inseguridad que vive el país, la sociedad reclama a sus representantes y gobernantes a trabajar arduamente por la protección y seguridad de todos, tarea que el Congreso debe asumir con responsabilidad y como un tema de alta prioridad.
Por lo expresado, presento ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, respetuosamente, exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Publica, de Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría General de la República, para que se coordinen a fin de fortalecer las medidas de seguridad en las carreteras, en las fronteras, en las centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año. En el entendido que dichas medidas, estén vinculadas directamente al Programa Paisano, que se implementa del 1 de noviembre de 2010 al 10 de enero de 2011.
Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Procuraduría General de la Republica, a agilizar los trámites de denuncias por parte de los mexicanos que visitan nuestro país, así como de aquellos migrantes que transitan nuestro para llegar a sus lugares de origen.
Asimismo, fortalezcan las campañas de denuncias y difundan los sitios y módulos disponibles para tal efecto, de igual manera, establezcan personal necesario para el funcionamiento de dichos sitios o modulas para la atención las 24 horas, durante el periodo que establece el Programa Paisano, mejorando la calidad de los servicios migratorios.
Tercero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración; refuerce los mecanismos y medidas de seguridad, a fin de prevenir y proteger los derechos humanos, de los migrantes por motivo de las fiestas de fin de año, transitan nuestro territorio para llegar a sus lugares de origen. Asimismo, fortalezca la difusión de los derechos que tiene por el sólo hecho de estar en nuestro país, así como, los diversos mecanismos de denuncia por violaciones o discriminaciones cometidas por los servidores públicos o civiles, asegurando un trato digno, de protección y respeto de los derechos humanos de las personas que ingresan, transitan de manera temporal, o salen de nuestro país.
México, DF, a 21 de diciembre de 2010.
Diputada María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir un convenio para que los ex presidentes de la República se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México al término de su mandato; a reducir sus pensiones y los apoyos de personal y de seguridad; y a suspender sus seguros de gastos médicos mayores, entre otros, suscrita por el diputado Jaime Sánchez Vélez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Jaime Sánchez Vélez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Ejecutivo federal a emitir un acuerdo para que los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México al término de su mandato, así como reducir sus pensiones, los apoyos de personal y de seguridad, y suspender sus seguros de gastos médicos mayores, entre otros, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es el jefe de Estado y de gobierno de México, así como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país.
Durante el siglo XIX, la inestabilidad política que vivió México por las invasiones española, estadunidense y francesa; las batallas para evitar la separación de Texas y Centroamérica y los conflictos entre liberales y conservadores, evitaron mantener una presidencia estable y duradera que tuviera los medios para organizar la defensa del país, al régimen, a la sociedad, formar las instituciones que se requieren para establecerse como una nación soberana, autónoma, independiente.
La pacificación y organización nacional llevada a cabo por el gobierno de Porfirio Díaz y el movimiento revolucionario lograron promulgar en 1917 la Constitución Política que rige hasta nuestros días, y que permitió la consolidación de la república. Desde entonces, el presidente de la república es el titular del Poder Ejecutivo federal.
La división de poderes y la figura presidencial se consolidaron, lo que permitió mantener no sólo la paz social, sino que se crearon las instituciones que han dado vida a México como nación.
En el artículo 80 se estableció que el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión lo ejercerá un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo y como se mencionó, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que su protección, además, es responsabilidad del Estado Mayor Presidencial, dirigido hasta ahora por un militar.
En el artículo 89, se definieron sus facultades y obligaciones, destacando las siguientes:
• Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;
• Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado. • Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda, así como nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.
• Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
• Designar, con ratificación del Senado, al procurador general de la República;
• Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
• Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación.
• Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.
Como se observa, un presidente será siempre y en todo momento de su mandato una razón de la seguridad nacional.
Lo que no nos preguntamos, evadimos o siempre criticamos, es el papel que representan en la vida nacional los ex presidentes.
Es impresionante y preocupante que antes de que dejen de ser presidentes, se utilicen muchos filtros de seguridad, como detectores de metales, helicópteros, un considerable número de elementos militares y de la Policía Federal, miembros del Estado Mayor Presidencial, perros para cuidar la seguridad del jefe de Estado y de gobierno.
Al día siguiente, es obvio que tampoco se puede llegar con facilidad a él, pero todo el aparato de seguridad que le rodeaba, todo el interés e importancia de la conducción que realizó del país durante su administración desaparece y ya no se le da la importancia que representa.
La condición de ex presidente de una nación, la seguridad del Estado e interés nacional que representó, la información de toda índole a la que tuvo acceso durante su mandato, las relaciones nacionales e internacionales que construyó, los documentos clasificados y reservados que conoció y que él mismo elaboró, así como otros tantos hechos de gran secrecía, no terminan ni deben terminar al siguiente día de dejar su mandato, así como tampoco termina su pensión y seguridad.
Comparto la decisión de que reciban sus percepciones y el apoyo correspondiente al personal de apoyo que tengan asignado, de conformidad con las disposiciones aplicables y con sujeción a los términos de la ley. Lo que considero no solamente una falta de respeto a su pueblo y a su nación, sino a sí mismo, es que abandonen el país y se contraten en el extranjero. Esto no solamente es una fuga de cerebro, sino fuga de información, experiencia y todo lo que ello representa.
Por este motivo, debemos establecer y regular en la ley la responsabilidad y actividades que desempeñará un ex presidente durante los primeros nueve años concluidos sus mandatos.
No debemos permitir que trabajen para ninguna institución educativa extranjera, para ninguna empresa, institución, firma, negocio nacionales o internacional privados. Menos aún, residir fuera del país durante los nueve años siguientes al término de su presidencia.
Como se establece, todos los ex mandatarios tienen derecho a una pensión vitalicia equivalente al sueldo de un secretario de Estado, además de seguros de vida y de gastos médicos mayores.
Asimismo, se les conceden personas de apoyo, empleados de la federación, subdirectores, coordinadores administrativos, jefes de departamento, investigador y asesor en materia jurídica, personas de apoyo, auxiliares, bibliotecaria, programadores, secretarias, archivistas, chofer, técnico de mantenimiento eléctrico-telefónico y representante de oficina.
También cuentan con miembros de las Fuerzas Armadas para su seguridad y la de su familia.
Por todo ello, los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos deberán integrarse como miembros académicos a cualquier universidad pública de México, de preferencia a la que su presencia reditúe el mayor beneficio a la educación, a la sociedad y al desarrollo nacional.
En caso de no contar con título profesional, se integrarán a alguna institución pública educativa en la que pueda participar como conferencista, panelista o alguna otra actividad que no requiera título profesional, pero que siempre se circunscriba en beneficio de la educación, de la sociedad y del desarrollo nacional.
Estas actividades las desarrollarán los ex presidentes recién terminadas sus administraciones, de tiempo completo por seis años y sin ningún pago, salvo el que se encuentre dentro del rubro de pensiones a ex presidentes.
Terminados los siguientes tres años, los ex presidentes podrán trabajar o colaborar para empresas o instituciones extranjeras, dentro y fuera del país.
Además, una vez concluidos los nueve años y que los ex presidentes generen recursos propios, se reducirá el apoyo de personal y de seguridad, y se suspenderán sus seguros de gastos médicos mayores.
Además, el cónyuge gozará de los seguros de vida y de la seguridad social. Los hijos estarán cubiertos con la seguridad social durante todo el tiempo que transcurra hasta cumplir la mayoría de edad. La prestación será suspendida si el cónyuge contrae nuevo matrimonio.
Todos sabemos que con las pensiones vitalicias que perciben los ex presidentes se podrían pagar muchos salarios mínimos mensuales, salarios de policías, construcción de viviendas, escuelas.
No obstante, el país, el Estado, la sociedad perderían más haciendo lo contrario. No veamos el pago de pensiones a ex presidentes como un mal, sino aprovechemos su experiencia y sus conocimientos. “En el caso que alguno de ellos no esté, lo cual sería muy saludable, sirviendo a una transnacional con intereses obviamente muy especificas en nuestro país o a una empresa nacional que quiera usar la experiencia y el conocimiento de un ex presidente, le valdría más y le sería mejor al gobierno y al Estado mexicanos pagarle una pensión vitalicia, a fin de evitar que suscriba compromisos con intereses distintos al país” (senador Manlio Fabio Beltrones).
La intención de esta proposición es hacer cumplir a los ex presidentes su agradecimiento al pueblo mexicano a través de la educación y de la enseñanza durante los primeros nueve años terminada su gestión, además de reducir los recursos económicos, humanos y materiales que se les destinan, respetando sus derechos de seguridad social.
Finalmente, cuando un ex presidente fuere condenado como resultado de un juicio político, por algún delito grave que merezca como pena la privación de la libertad, cuando realice algún acto que atente gravemente contra la seguridad, las autoridades o las instituciones nacionales, le serán suspendidos todos los beneficios anteriores.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía que sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Comisión Permanente exhorte al titular del Ejecutivo federal a emitir un acuerdo para que los ex presidentes de los Estados Unidos Mexicanos se integren como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad o universidades públicas de México, privilegiando de preferencia a las que su presencia reditúe el mayor beneficio a la educación, a la sociedad y al desarrollo nacional, quedando estrictamente prohibido involucrar su preferencia y militancia partidista con sus labores de enseñanza.
En caso de no contar con título profesional, se integrarán a alguna institución pública educativa en la que pueda participar como conferencista, panelista o alguna otra actividad que no requiera título profesional, pero que siempre se circunscriba en beneficio a la educación, de la sociedad y del desarrollo nacional.
Segundo. Que se exhorte al titular del Ejecutivo a considerar que estas actividades las desarrollen los ex presidentes, recién terminadas sus administraciones, de tiempo completo, por seis años y sin ningún pago, salvo el que se encuentre dentro del rubro de pensiones a ex presidentes. Terminados los seis años, deberá continuar con sus actividades en horarios y horas que él decida y que la institución o instituciones, públicas o privadas nacionales, le permitan, por tres años.
Terminados estos tres años, los ex presidentes podrán trabajar o colaborar para empresas o instituciones privadas mexicanas o extranjeras, dentro y fuera del país.
Concluidos los nueve años y si los ex presidentes generan recursos propios, se reducirá en un 60 por ciento su pensión.
Además, al término de este tiempo, también se reducirá en un 60 por ciento el apoyo de personal y de seguridad, y se suspenderán sus seguros de gastos médicos mayores. Sus seguros de vida y sus derechos a la seguridad social continuarán de manera vitalicia.
El cónyuge gozará de los seguros de vida y de la seguridad social. Los hijos estarán cubiertos con la seguridad social durante todo el tiempo que transcurra hasta cumplir la mayoría de edad. En caso de fallecimiento del ex presidente, su cónyuge recibirá una pensión equivalente al 60 por ciento y se reducirá en 80 por ciento el apoyo de personal y de seguridad. En caso de muerte del cónyuge, la pensión beneficiará en la misma cuantía a los hijos hasta alcanzar la mayoría de edad. La prestación será suspendida si el cónyuge contrae nuevo matrimonio.
Tercero. Que se exhorte al titular del Ejecutivo a abrogar los acuerdos y todas las demás disposiciones anteriores relativas al otorgamiento de pensión y apoyos a los ciudadanos que hubiesen ocupado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. Que el acuerdo que emita el titular del Ejecutivo tenga vigencia hasta que sea aprobada una ley que establezca las bases para otorgar pensiones y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las obligaciones que deberán cumplir una vez concluidos sus mandatos.
Se somete este punto de acuerdo a consideración de esta soberanía para su aprobación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.
Diputado Jaime Sánchez Vélez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a restituir a las 300 familias de la colonia Ampliación Puerto Marqués la posesión y el disfrute de sus predios, a reparar los daños y hurtos de que fueron víctimas, y a sancionar a los responsables, suscrita por el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Se debe poner fin a la desfachatez hacia los derechos humanos que se extiende entre las autoridades del país. La arbitrariedad cruel y cómplice de los gobiernos en desconocimiento de la justicia y los derechos humanos hace que los gobiernos pierdan toda razón de ser, impulsando el camino de la justicia por propia mano.
El 10 de noviembre de 2010, las más de 300 familias poseedoras y habitantes de la colonia Ampliación Puerto Marqués, en Acapulco, Guerrero, fueron desalojadas con lujo de violencia por policías del gobierno estatal, que encabeza el señor Zeferino Torreblanca Galindo, resultando lesionados niños, jóvenes, ancianos, embarazadas, hombres. Una de las mujeres abortó a causa de la golpiza que le fue propinada. Les fueron quemadas y destruidas sus viviendas, robados sus muebles y enseres, que con tanto sacrificio habían logrado construir y adquirir a lo largo de los años.
Esas 300 familias viven a la intemperie, sólo cobijadas por lonas, mantas, sufriendo las inclemencias del tiempo, sin la más elemental higiene, siendo víctimas, especialmente los niños, de diversas enfermedades, como infecciones gastrointestinales y de garganta o gripes. Frente a sus reclamos, sólo han recibido la indiferencia del gobierno estatal.
Estos hechos, que ya humanamente son absolutamente indignantes, son aún más reprobables desde el momento en que estos niños, mujeres y hombres fueron desalojados de un predio expropiado a su favor que no estaba en litigio; por tanto, sin previo proceso judicial, y sin mandamiento legal proveniente de autoridad jurisdiccional competente; todo, para satisfacer los intereses innombrables de la empresa Residencial Marqués, SA de CV, y otros potentados, frente a los que el gobierno estatal actúa servilmente, violando su primer deber de respeto del estado de derecho, y considerando a los mexicanos de escasos recursos como estorbos para sus negocios turísticos, como si estos mexicanos humildes no tuvieran derecho a disfrutar de las tierras que pertenecen originalmente a la nación para satisfacer sus derechos humanos a la vida, salud y vivienda digna y decorosa.
Los colonos en comento, encabezados por Andrés Hernández Cuevas y Aurelio García Camacho, habitaban en terrenos expropiados en su beneficio, como consecuencia de los decretos expropiatorios publicados en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero del 14 y 17 de marzo de 1995, inscritos en el folio real número 104711, con fecha 12 de junio de 1995, en la sección primera del distrito de Tabares. La expropiación se hizo en favor de Promotora Turística de Guerrero, organismo público descentralizado del gobierno de Guerrero, haciendo valer como causa de utilidad pública de esta expropiación el beneficio de los colonos tan arbitrariamente desalojados, para lo que transcribimos la parte conducente de los decretos referidos:
Que... (en)... Acapulco Diamante... se localiza uno de los asentamientos humanos más tradicionales, el poblado de Puerto Marqués... donde se encuentran asentadas... 600 familias...
Que año con año, durante el periodo de lluvias, un buen número de viviendas de este poblado se ven afectadas gravemente por inundaciones, debido principalmente al hecho de encontrarse éstas asentadas dos metros abajo del nivel (de la Laguna Negra... por lo que se localizó)...un bien raíz que reuniera las características idóneas para reubicar a la población afectada, brindándole la oportunidad de obtener una vivienda digna y decorosa, además de servicios públicos como energía eléctrica, agua potable y drenaje, principalmente.
Que Promotora Turística de Guerrero, una vez que reciba la posesión material del inmueble por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, lo destinará oportunamente a las causas de utilidad pública previstas en el presente decreto, procurando que se oferte vivienda con créditos blandos a los marquesanos que más han sufrido las inclemencias de la naturaleza en Puerto Marqués, quienes mediante los mecanismos jurídicos idóneos que instauren el gobierno del estado y Promotora Turística de Guerrero podrán ser objeto de asignación de vivienda...
Ahora bien, tres peritajes, incluido uno del gobierno de Guerrero, dictaminan que las 300 familias desalojadas habitaban en el perímetro expropiado mediante los decretos precisados. Se confirma la absoluta arbitrariedad de los actos violencia de Estado de que fueron víctimas.
Esas 300 familias se han constituido en el Comité de la Ampliación Puerto Marqués y viven actualmente en total hacinamiento en un pequeño espacio de los terrenos materia de la apropiación de 1995, que ante la oposición de algunos vecinos no fue desalojado.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Guerrero para que en respeto de los decretos de expropiación publicados en el Periódico Oficial del Estado el 14 y 17 de marzo de 1995, y en tutela de los derechos humanos, restituya de inmediato a las más de 300 familias de la colonia Ampliación Puerto Marqués, en la posesión y disfrute de sus predios comprensivos de 113 mil 700 metros cuadrados, y se le reparen los daños y hurtos de que fueron víctimas, como consecuencia del ilegal e inhumano desalojo de que fueron víctimas el 10 de noviembre de 2010 por las fuerzas policiales del estado, tomando medidas provisionales necesarias e inmediatas para evitar en lo posible los sufrimientos y las enfermedades que padecen estas 300 familias al estar viviendo en la intemperie, abandonadas a sus propios y escasos recursos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Guerrero para que en cumplimiento de los decretos de expropiación publicados en el Periódico Oficial del Estado el 14 y 17 de marzo de 1995, adicionalmente a la restitución de los predios de mención, impulse los programas necesarios para regularizar la propiedad de éstos en favor de las familias, se les otorguen créditos blandos para que tengan acceso a viviendas con los servicios públicos necesarios, y en general la colonia Ampliación Puerto Marqués se dignifique, “creando parques y jardines públicos apropiados”, y demás infraestructura pública necesaria, como también ordena el decreto tantas veces mencionado.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República para que ante la gravedad de los hechos atraigan la investigación de éstos, en el marco de sus atribuciones, hasta su total esclarecimiento y, en el caso de la procuraduría, hasta que se castigue con firmeza a los responsables. Esto, con fundamento en los artículos 3, párrafo tercero, en relación con el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 73 constitucional, fracción XXI, y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, respectivamente.
Sede de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por la SHCP y la SSP una revisión salarial que incluya las prestaciones laborales y los seguros de vida y de riesgo del personal de la Policía Federal, suscrita por los diputados Alejandro Encinas Rodríguez y Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, Alejandro Encinas Rodríguez y Esthela Damián Peralta, legisladores de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, actualmente vivimos una violencia exacerbada, quizá nunca antes vista, que ha hecho imprescindible la existencia y el buen funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública, corporaciones policíacas y del Ejército Nacional y la Armada de México.
La violencia hoy no tiene límites, es del diario acontecer saber de enfrentamientos belicosos, agresivos, por demás crueles y sanguinarios en prácticamente toda la República Mexicana, en dónde no sólo se enfrentan las fuerzas de seguridad y los delincuentes, sino que victimizan a la población civil; niños, jóvenes, mujeres y ancianos que ven vulnerada su integridad física en todo momento.
Ya no sólo se es presa de la delincuencia “común” en asaltos, secuestros y de más delitos, ahora toda la ciudadanía tiene que estar atenta a los ataques y amenazas de la delincuencia organizada.
Frente a los fenómenos de inseguridad y violencia creciente, y con el propósito de mejorar el resguardo y la protección de los ciudadanos que finalmente son obligaciones y potestades constitucionales del Estado, se creó al interior de la Secretaría de Seguridad Pública, como órgano desconcentrado, la Policía Federal, fusionando a varios cuerpos policíacos, entre otros a la ex Policía Federal de Caminos y Puertos que dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Policía Federal Preventiva (PFP), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. La Policía Federal tiene por misión principal garantizar la integridad y derechos de las personas, prevenir delitos, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, en zonas consideradas de jurisdicción federal, como edificios del gobierno federal, zonas arqueológicas, ríos, lagos, presas, lagunas, etcétera, y en las zonas urbanas cuando así lo solicite la autoridad local.
Las tareas que realizan los elementos de la Policía Federal de manera cotidiana son de altísimo riesgo en el entorno nacional que hemos descritos y si bien los riesgos son inherentes a la naturaleza de su trabajo, las actuales condiciones laborales y el riesgo que las actividades desarrolladas representan no resultan equitativas.
Los sueldos de algunos de estos servidores públicos, principalmente los de los policías y cabos, no son superiores a los diez mil pesos mensuales, lo que representa un ingreso muy bajo para ser sostén de una familia, y por demás injusto tomando en cuenta los riesgos y el estrés emocional al que se ven sometidos todos los elementos de esta corporación.
Mención especial merece el hecho de que los seguros de vida y riesgo con el que cuentan los elementos de esta corporación en caso de fallecimiento, resulta insuficiente, ya que deja en total desamparo a las familias en caso de fallecimiento del servidor público en cumplimiento de su deber.
Todo esto, sin contar con la sobrecarga de estrés con la que tienen que vivir los elementos en cuestión, toda vez que adicionalmente a la carga emocional a la que se someten por el enfrentamiento con el crimen organizado y otras cuestiones propias de su labor, sufren de fuertes tensiones al pensar como complementar su ingreso económico o el que harán sus familias en caso de fallecimiento.
Sí se quiere contar con una policía honesta y totalmente alejada de la corrupción, no se podrá lograr con salarios y prestaciones como las que hemos descrito. Si bien es cierto que recientemente el titular de Poder Ejecutivo federal, anunció el creciente número de elementos a esta corporación, no lo está haciendo en aras del progreso de dicha corporación, ya que no ha planteado mejoras laborales que son urgentes para los elementos de la Policía Federal.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Seguridad Pública, para realizar una revisión urgente de las condiciones laborales y salariales de los elementos de la Policía Federal, que derive en el incremento salarial y las mejoras de las prestaciones laborales del personal de tropa de más bajos ingresos.
Sede de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.
Diputados: Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Esthela Damián Peralta.
Con punto de acuerdo, relativo a los daños causados a los manglares de la laguna de Cuyutlán, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las lagunas costeras están consideradas como los recursos acuáticos más valiosos de nuestro país, debido a sus especiales mecanismos ecológicos y flujos de energía. De aquí que el conocimiento de la biodiversidad y la importancia que ésta tiene en la ecología litoral, se constituya en una pieza fundamental para la mejor comprensión en el manejo y planificación de estos recursos naturales.
Entre las características geográficas que sobresalen del territorio nacional, destacan sus extensos litorales y los variados y ricos ecosistemas costeros que en ellos se encuentran y que son conocidos como bahías, ensenadas, lagunas costeras, estuarios, pantanos, marismas y manglares, entre otros.
Las causas que originan la diversidad biológica de un sitio en particular, es un fenómeno sumamente complejo y ha sido tratado por numerosos científicos desde variadas perspectivas.
Bajo esta óptica, las lagunas costeras y ecosistemas similares se caracterizan por poseer un ambiente de cambio continuo derivado de los efectos hidrológicos ocasionados por el encuentro de dos masas de agua de diferente origen y propiedades físico-químicas, lo que en principio limitará la diversidad. En cambio y desde otra perspectiva, lo anterior trae como consecuencia la presencia espacio-temporal de diversos hábitats que permite el establecimiento de organismos, poblaciones e inclusive comunidades con diferentes requerimientos.
Las lagunas costeras de nuestro país son muy importantes desde la perspectiva de la biodiversidad. Por ejemplo, la cantidad de especies de peces por laguna varía en promedio entre 50 y 100, la de moluscos entre 20 y 90 y la de crustáceos entre 40 y 70. Por otra parte, las lagunas están estrechamente ligadas en su mayoría con bosques de manglar, que constituyen hábitats particularmente ricos para la avifauna (los manglares son áreas imprescindibles y estratégicas en la migración de aves provenientes de Canadá y Estados Unidos), reptiles y mamíferos.
La zona marítima mexicana consta de poco más de 11 mil kilómetros de litoral, de los cuales, alrededor del 68 por ciento corresponde a las costas e islas del Océano Pacífico y del Golfo de California, y 32 por ciento a las costas, islas y cayos del golfo de México y del mar Caribe. Además, esta zona marítima cuenta con 500 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental, con 16,000 kilómetros cuadrados de superficie estuarina y con más de 12,000 kilómetros cuadrados de lagunas costeras.
Los hábitats acuáticos y costeros completan la extraordinaria riqueza ambiental del país, ya que cuentan con ricos ecosistemas lagunares y una gran biodiversidad marina. Arrecifes, lagunas, pantanos y manglares configuran complicados sistemas ribereños, que no sólo representan a los ambientes de mayor productividad biológica, sino que vierten además importantes volúmenes de nutrientes a los océanos, dando lugar a diversas cadenas tróficas marinas.
Los ecosistemas lagunares costeros, no sólo sustentan elevadas concentraciones de aves, mamíferos, reptiles, anfibios, peces y especies invertebradas, sino que concentran un alto grado de endemismos y generalmente también son importantes lugares de almacenamiento de material genético vegetal. Estos ecosistemas son los mecanismos más importantes de productividad primaria neta, la cual, se debe principalmente a la generación de biomasa directamente relacionada con el aprovechamiento de la energía solar, la disponibilidad de nutrientes que aportan los ríos y escurrimientos terrestres, a la presencia de diferentes fuentes de energía provenientes de diversos productores primarios, así como también a un eficiente intercambio de materiales con el mar y los ríos a través del efecto combinado de corrientes, vientos y mareas, aunado a esto los productores primarios que ahí habitan mantienen un flujo elevado y constante de energía que es exportada a la zona costera adyacente y la cantidad de nutrientes que estos aportan a las cadenas tróficas, es la mayor en comparación con los otros ecosistemas del mundo, es por esto que las lagunas costeras, estuarios y ecosistemas de manglar están ampliamente reconocidos como los ecosistemas más productivos de la biosfera.
Además representan una importante fuente de agua dulce para las poblaciones adyacentes, ya que se encargan de drenar sus aguas recargando los mantos freáticos.
Sin embargo estos ecosistemas presentan intervalos de distribución muy pequeños, y se encuentran cercanamente asociados a condiciones ambientales muy restringidas, como pisos altitudinales, niveles de inundación o patrones climáticos muy particulares, lo cual, los hace particularmente vulnerables, siendo afectados por las fuerzas acumulativas de las transformaciones globales de deforestación, sobre pastoreo, desertificación y es muy posible que su vulnerabilidad aumente en el futuro.
Desafortunadamente algunos ambientalistas consideran que los humedales costeros, en especial los manglares, son el tipo de ecosistema en mayor riesgo de desaparecer en el mundo, pues más de 18 millones de hectáreas han sido destruidos, con el consecuente impacto en las comunidades locales, la diversidad biológica y la degradación de costas.
El presente punto de acuerdo hace referencia a la destrucción ambiental de la cual está siendo objeto la zona costera de Colima, particularmente de la laguna de Cuyutlán, en la cual se sitúa casi toda la extensión estuarica del estado, contando con una gran riqueza natural, por la gran cantidad de biodiversidad y endemismos que allí se localizan, representando uno de los ecosistemas lagunares más importantes del estado como muestra de esto es necesario manifestar que en 1994 como consecuencia de la firma del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá auspiciaron el proyecto de un atlas de aves acuáticas y costeras en México.
“Los resultados de este trabajo mostraron que de los 98 sitios muestreados, la laguna de Cuyutlán es el segundo sitio de mayor importancia para aves acuáticas migratorias del estrecho del Pacífico mexicano, que se extiende de Culiacán, Sinaloa, hasta la frontera de Guatemala”.
La laguna de Cuyutlán se localiza al noroeste de la costa de Colima, entre los 18°57’ y 19°05’ latitud N y los 103°57’ y 104°20’ longitud O, abarca los linderos de los municipios de Tecomán y Armería, hasta la bahía de Manzanillo, ocupa un área promedio de 7,200 hectáreas, con una longitud de aproximadamente 37 kilómetros, su capacidad de almacenamiento es de 700 mil metros cúbicos con una profundidad de 0.2 a 4.4 metros; esta laguna se encuentra permanente comunicada al mar a través del túnel próximo al Puerto de Manzanillo y la toma de agua para la Comisión Federal de Electricidad llamado Canal de Ventanas, asimismo por el canal artificial Tepalcates y de manera efímera por el estero de Palo Verde.
Esta laguna se encuentra bajo fuertes índices de deterioro ambiental derivados de una serie de autorizaciones por cambio de uso de suelo, así como, de impacto ambiental, para la ejecución de diversos proyectos dentro del cuerpo de la laguna y en sus alrededores.
Algunas de estas autorizaciones han sido:
1. El cambio de uso de suelo autorizado por la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Colima, referente a 98.05 hectáreas de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito, misma que presuntamente contó con diversas irregularidades jurídicas de origen, ya que dicha autorización fue sustentada en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cuando por la naturaleza de estos ecosistemas los mismos se rigen por la Ley General de Vida Silvestre, además de que no fue tomada en cuenta en ese momento la NOM-022-SEMARNAT-2003, que establece las especificaciones para la preservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.
2. El otorgamiento antijurídico de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de una prórroga para la presentación de información adicional, sobre la manifestación de impacto ambiental presentada por la administración portuaria integral de Manzanillo ante esa dependencia.
3. La autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la instalación de la planta regasificadora gas LP de la empresa Z Gas del Pacifico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán.
La ejecución de este tipo de proyectos ha alterado el balance hidrológico de la laguna por obras de infraestructura, como el relleno al poniente de la laguna, la estanquería rústica en la laguna y los 4 terraplenes (para ferrocarril, tuberías de dragado o agua potable y para el estanque de la salinera), que aíslan la laguna transversalmente.
Desafortunadamente este tipo de proyectos traen consigo la destrucción de los ecosistemas costeros y de las especies de vida silvestre que en ellos habita, así como, de la destrucción y desplazamientos de las actividades productivas de pesca artesanal, de pequeños ramaderos turísticos y de los residentes históricos de la laguna, no podemos permitir que estas empresas transnacionales incidan directamente en la destrucción de este valioso ecosistema a costa del interés público de todos los mexicanos.
Aunado a esto, la laguna de Cuyutlán se encuentra gravemente impactada como consecuencia del crecimiento no regulado de actividades primarias, la agroindustria, los asentamientos urbanos, la minería y particularmente la industria eléctrica y petrolera. El vertimiento de aguas residuales municipales, ha reducido significativamente su capacidad de autodepuración, reduciendo el potencial de uso, incluyendo todos los cursos de agua como el río Armería.
El proyecto de la terminal de gas natural licuado se encuentra ubicado sobre nueve unidades de gestión ambiental, que según el ordenamiento deberían ser destinadas a otras actividades diferentes a la industrial.
La unidades de gestión ambiental que serían afectadas por el proyecto son la Ent8, Ent15, Ff17, Ag26, Ac31, If36, Ent39, Ent40, Ff43, en las que sólo se permiten actividades de turismo de bajo impacto, pecuario, acuacultura y agricultura, además de que en la mayoría de ellas se establecen políticas de protección, conservación y restauración por la existencia en algunos casos de dunas costeras y sitios de desove de tortugas marinas.
Los humedales, en especial los manglares, son el tipo de ecosistema en mayor riesgo de desaparecer en el mundo, pues más de 18 millones de hectáreas han sido destruidos, con el consecuente impacto en las comunidades locales, la diversidad biológica y la degradación de costas.
Las consecuencias del proyecto de la planta de gas natural destruiría parte del patrimonio natural del pueblo de México y violaría las leyes mexicanas, pero a pesar de que esto ha sido denunciado insistentemente por diversas organizaciones locales, no ha habido hasta ahora respuesta del gobierno federal.
Las leyes ambientales mexicanas prohíben la construcción de complejos industriales de alto impacto en ecosistemas protegidos por programas de ordenamiento territorial, algunas autoridades están tratando de modificar ese estatus de la laguna para eliminar esas restricciones.
Dentro de las prohibiciones que marca el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán se encuentran, entre otras, deforestar, destruir, desecar o rellenar humedales, manglares, esteros o pantanos; modificar la línea de costa o modificar de alguna forma playas arenosas o rocosas y dunas costeras; realizar actividades de dragado o de cualquier otra naturaleza que generen la suspensión de sedimentos o provoquen áreas con aguas fangosas o limosas dentro del área protegida o en zonas aledañas, sin antes haber realizado estudios técnicos pertinentes, así como instalar plataformas o infraestructura de cualquier otra índole, por ello sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía cite a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca con el fin de que explique por qué se autorizó la instalación y operación de la planta regasificadora de gas LP de la empresa Z Gas del Pacífico dentro del ejido de Campos, en contravención con el ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna de Cuyutlán.
Segundo. Que esta soberanía cite a comparecer al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca con el fin de que explique porque se autorizó el cambio de uso de suelo autorizado referente a 98.05 ha de manglar, incluyendo 30 hectáreas de manglar para la ejecución del Proyecto de Ampliación Portuaria del Puerto de Manzanillo, en la laguna de San Pedrito.
Tercero. Que esta soberanía solicite que se anulen, revoquen, cancelen o, en su caso, se suspendan, por parte de la Secretaría de EMARNAT, las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron a la empresa “Z Gas del Pacifico” para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.
Cuarto. Que esta soberanía solicite que se anulen, revoquen, cancelen o en su caso suspendan, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en materia de impacto ambiental que se otorgaron al proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo para una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado.
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar el 15 de febrero como Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo, suscrita por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del PVEM
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo, la que se manifiesta por el abuso emocional, físico, económico o sexual.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007, elaborada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), 15.5 por ciento de los mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja ha sido víctima de violencia física; 75.8 por ciento ha sufrido agresiones psicológicas y 16.5 por ciento ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual.
En la clasificación por tipo de violencia física se destaca que en la considerada “leve” –empujones, arañazos, jalones de cabello y mordidas– los hombres son los más afectados, con 48 por ciento de los casos, contra 32.1 de las mujeres, cifra que se incrementa si se trata de violencia física “media”, donde 61.4 por ciento de los casos afecta a mujeres que sufren bofetadas, golpes, agresiones con objetos pesados, patadas o que rompan sus objetos personales, a lo que se suma la considerada “severa”, que incluye el riesgo de quemaduras, intentos de estrangulamiento y amenazas con cuchillo, navaja u otras armas.
Como vemos la violencia en el noviazgo se ejerce tanto por hombres como por mujeres aunque los casos mayoritarios y más graves los sufren las últimas.
La violencia en los adolescentes tiene características muy especiales, los roles de género que han visto en la casa, en los medios de comunicación o en algunos casos en la escuela, se ven reflejados en esta relación, cabe destacar que la Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo advirtió que en el 21.3 por ciento de los hogares de los jóvenes había insultos y en el 9 por ciento había golpes (55 por ciento eran propinados hombres y 44 por ciento mujeres).
La Encuesta permite observar que la transmisión de la cultura de una generación a otra, es quizá el aspecto más importante que caracteriza a la violencia en las relaciones de noviazgo, el maltrato hacia los niños y niñas, es una de las causas que en la vida adulta genera violencia, misma que es vista como algo natural.
Un joven que quiera ver reflejado su rol masculino tradicional y heredado por los roles que se dan aún en las familias, sin duda será propenso a la violencia, el será quien través de actos agresivos y dureza tome las decisiones en la relación de pareja, dominar y controlar los comportamientos de ella, comprobar que él es el “hombre” a través de actos agresivos y dureza.
Las consecuencias de la violencia en el noviazgo pueden ser depresión, aislamiento, fracaso escolar, bajo rendimiento laboral, embarazos no deseado, enfermedades de transmisión sexual o intentos de suicidio, pero lo más alarmante es que un noviazgo violento puede ser el inicio de una vida en pareja o una familia marcada por la violencia en la cual las conductas agresivas se seguirían observando por los hijos.
A pesar de la evolución que hemos tenido como sociedad aun no hemos podido o querido reconocer los diferentes rostros de la violencia entre los novios. La mayoría de las veces esta conducta no es percibida como tal por las victimas ni por quienes la ejercen, pues se esconde bajo una máscara de interés o amor.
La violencia disfrazada de amor es casi invisible para la mayoría de la población, pero sus consecuencias pueden desembocar en situaciones trágicas, por ello es necesario difundir y concientizar a adolescentes y jóvenes de los riesgos y el daño de la violencia en el noviazgo.
Necesitamos que el gobierno federal implemente acciones que nos permitan concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer y atacar el problema de la violencia en el noviazgo.
La violencia parte de los estereotipos de género, es cultural, tiene que ver con los roles sociales y la educación, por tanto si la violencia ha sido parte del aprendizaje, es posible que se desaprenda, para ello debemos desacostumbrar los ojos de la sociedad a ver conductas que son consideradas normales para reconocer que se es víctima de agresiones y violencia.
Sin duda una forma de visibilizar y dejar de ver la violencia como algo común es a través del establecimiento de campañas informativas, con la colaboración de medios de comunicación y la participación activa de los diferentes niveles gobierno, mismas que podrían darse masivamente en el marco de una fecha dedicada a hacer conciencia de la violencia en el noviazgo.
Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía que se exhorte al Ejecutivo federal a decretar el 15 de febrero como el Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo, para visibilizar la importancia de reconocer y combatir este tipo de violencia.
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo federal a decretar el 15 de febrero de cada año como el Día del Combate a la Violencia en el Noviazgo.
Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP a concluir el 31 de diciembre de 2010 los contratos firmados respecto a la aplicación del programa Enciclomedia y transferir los recursos presupuestados para 2011 a las Secretarías de Educación estatales a efecto de aplicarlos en operación y mantenimiento de los equipos de cómputo existentes; y a responder a las observaciones formuladas por la ASF sobre los recursos ejercidos entre 2004 y 2008 en ese programa, suscrita por el diputado José Alberto González Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que los contratos con particulares que en su momento se firmaron para la adquisición de bienes y servicios relacionados con el programa Enciclomedia, concluyan el 31 de diciembre de 2010 tal como está establecido; asimismo, que los recursos presupuestados para el ejercicio fiscal 2011 correspondientes al citado programa, sean transferidos a las secretarias estatales de educación para aplicarlos en la operación y mantenimiento de los equipos de cómputo existentes; y que la SEP responda a la brevedad a las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los más de 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 dentro del programa Enciclomedia, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La educación es el pilar que sustenta a una nación dándole la oportunidad de alcanzar un mayor nivel de desarrollo, una población mejor preparada, cuenta con mayores potencialidades para enfrentar los retos de la vida diaria, cotidiana y profesional.
Para lograr lo anterior, deben coincidir diversos componentes incluyendo los de índole personal y aquellos de tipo tecnológico. En este sentido, la administración del gobierno federal anterior, diseñó un esquema que permitió incorporar el uso de tecnologías al sistema de educación básica. Así nace el programa Enciclomedia.
Desde 2004 y hasta 2008, el programa Enciclomedia recibió 24 mil 827 millones de pesos. En el mismo periodo, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones por 11 mil 333 millones de pesos, lo cual equivale al 45.6 por ciento del presupuesto asignado al programa en esos años. De acuerdo con información de la Cuenta Pública, estos recursos –casi la mitad del presupuesto total asignado en esos años– se utilizaron en pago de nómina u otros rubros no relacionados con los fines del programa.
Enciclomedia ha sido cuestionado en cuanto a los procesos de diseño, licitación, implementación y funcionamiento, e incluso se presume que existieron conductas constitutivas de delito, sin que hasta le fecha se hayan deslindado las responsabilidades correspondientes.
A la fecha, la SEP no ha respondido con suficiencia y de manera íntegra a las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los más de 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008. Por tanto, no se considera pertinente que se prorroguen los contratos correspondientes a un programa en el que se ha observado tal opacidad en el uso de los recursos públicos.
Una de las observaciones se relaciona con la firma de contratos multianuales. Tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación han señalado la necesidad de que se investiguen las razones y motivos que determinaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizara, en los años 2005 y 2006, la firma de contratos multianuales para el programa Enciclomedia, sin haber justificado que su celebración representara ventajas económicas para el Estado mexicano, tal y como lo establece la fracción I del artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 30 de la entonces vigente Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
La firma de tales contratos obligó a la presente administración a asumir la responsabilidad de programar y destinar los recursos necesarios para atender el compromiso con las empresas integradoras del programa Enciclomedia hasta los años 2010 y 2011.
Dichos contratos multianuales fueron suscritos por la SEP durante septiembre del 2005, para la adquisición de 125 mil 562 equipos que serían instalados en los salones de quinto y sexto de educación primaria, con un costo de 18 mil millones de pesos. Los contratos fueron firmados con las empresas Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, Ted Tecnología, Accesorios y Suministros Informáticos, Mainbit, Sistemas Aplicados de la Conurbación del Pánuco, Centro de Productividad Avanzada e Interconecta.
De acuerdo con información proporcionada por las entidades federativas, pese a que tales contratos han sido profusamente cuestionados, la SEP busca ahora prorrogarlos por un año más, bajo el argumento de que la Ley de Adquisiciones lo permite. Además, de acuerdo con investigaciones realizadas por algunos diarios de circulación nacional, de prorrogarse los contratos se estaría beneficiando a empresas que han obtenido previamente contratos de manera cuestionable.
Cabe aclarar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se asignan a Enciclomedia sólo 596 millones de pesos –reducción superior al 90 por ciento en comparación con el año anterior–, mientras que al programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) se destinan 4 mil 903 millones de pesos. De acuerdo con los planteamientos de la SEP, durante el siguiente año se dará una etapa de transición de un programa a otro. No hay claridad por parte de la dependencia federal sobre la partida presupuestal que sería afectada para cubrir la prórroga de los contratos multianuales, ni el monto que sería destinado a esa operación.
Es por ello que a nombre de los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, y de los sistemas de educación estatales, manifiesto nuestra inconformidad ante la posibilidad de que la SEP prorrogue los contratos del programa Enciclomedia. No se puede estar ejerciendo el poder público mediante voluntarismos.
No debemos permitir que la política educativa se encuentre atada a compromisos personales. Como legisladores tenemos la responsabilidad de velar porque las y los habitantes de este nuestro México cuenten con los elementos fundamentales que les permitan mejorar su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus capacidades, siendo la educación uno de los elementos preponderantes para lograr dicho fin.
En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que
Primero. Se concluya con los contratos que en su momento se firmaron para la aplicación del programa Enciclomedia tal como está establecido en los mismos.
Segundo. Se transfiera a los estados los recursos presupuestados en el ejercicio fiscal 2011 dirigidos al programa Enciclomedia, para que sean aplicados en la operación y mantenimiento de los equipos existentes.
Tercero. A la mayor brevedad, la SEP responda íntegramente a las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a los más de 11 mil millones de pesos que se ejercieron de forma irregular entre 2004 y 2008 dentro del programa Enciclomedia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2010.
Diputado José Alberto González Morales (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Pemex a revisar y reubicar con los titulares de los gobiernos estatales los asentamientos humanos localizados de manera irregular sobre ductos de la paraestatal, a cargo de la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, Esthela Damián Peralta, legisladora de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El sábado 18 de diciembre, amanecimos con la terrible noticia de que la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos, aparentemente debida a una “ordeña ” o toma ilegal, habría causado la muerte de 28 personas, en San Martín Texmelucan, Puebla. Lo anterior, merece nuestra más enérgica condena ya que, en nuestro país, la responsabilidad de prevenir estos desastres corresponde, sin duda alguna, a servidores públicos corruptos y faltos de ética profesional que no cumplen con su cometido para servir y proteger a la población.
Nos encontramos plenamente convencidos de que, además de las investigaciones penales que deben iniciar la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del estado, resulta indispensable que la Dirección General de la paraestatal, en colaboración con los gobiernos de las entidades federativas, inicien, de manera inmediata, la revisión de la ubicación de los ductos y los asentamientos humanos que sobre ellos se hayan establecido.
Resulta imprescindible, en consecuencia, la reubicación de las casas habitación que se encuentren en esta situación, dado que ésta es la única manera de prevenir accidentes como el acontecido en aquella entidad.
Todo lo anterior, no exime para que tanto las autoridades directivas de Petróleos Mexicanos así como la Procuraduría General de la República inicien las averiguaciones previas correspondientes por los delitos que pudieran constituirse a través de la extracción ilegal de los energéticos y se procese a los responsables de lesionar el patrimonio de la nación, poniendo en riesgo la vida y la integridad de muchas personas.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Dirección General de Petróleos Mexicanos para que, en coadyuvancia con los titulares de los gobiernos estatales, revisen y reubiquen los asentamientos humanos que se encuentren, de manera irregular, sobre ductos pertenecientes a la paraestatal.
Sede de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.
Diputada Esthela Damián Peralta (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para que el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión promueva controversia constitucional contra el modelo de contratos aprobados por el Consejo de Petróleos Mexicanos el 24 de noviembre de 2010, suscrita por los diputados Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del PT
Laura Itzel Castillo Juárez y Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, diputados federales de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, misma que se sustenta en los siguientes:
Antecedentes
1. El pasado 24 de noviembre el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el modelo de contratos que entre otras cosas plantea como remuneración de los contratistas una tarifa por barril.
2. La defensa del patrimonio nacional contiene antecedentes histórico jurídicos que surgen desde la Constitución de 1917 con la propiedad nacional de los hidrocarburos, la expropiación petrolera de 1938 y la reforma constitucional de 1960 que prohibió los contratos y concesiones en la materia por otorgar a las trasnacionales una remuneración como porcentaje de las ventas o tarifa por barril, entre otros.
3. Recientemente la Suprema Corte resolvió sobre una controversia planteada por esta soberanía en contra del Reglamento de la Ley de Pemex. En su resolución fijó criterios sobre los cuales se basa la presente proposición.
Consideraciones
1. La Suprema Corte declaró la constitucionalidad del Reglamento de la Ley de Pemex, y aclaró durante la discusión de la sentencia correspondiente, que si el Consejo de Administración va más allá de las prohibiciones legales en sus contratos o disposiciones administrativas, eso sería un problema de aplicación indebida del Reglamento, que podía ser litigado por separado.
2. La Corte dejó asentado que el Reglamento impugnado por los diputados es constitucional siempre que al celebrarse contratos “se pague en efectivo, no conlleve un porcentaje de producción, no conlleve un valor de la venta de hidrocarburos o no esté amarrado a la utilidad de la entidad contratada”.
Punto de Acuerdo
Único. Se instruye al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que promueva controversia constitucional contra el modelo de contratos aprobados por el Consejo de Petróleos Mexicanos el 24 de noviembre de 2010.
Diputados: Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR y al director general de Pemex a investigar las causas de la explosión de un oleoducto en San Martín Texmelucan, Puebla, ocurrida el 19 de diciembre; y al titular del Ejecutivo federal, a destinar los recursos humanos y económicos necesarios para apoyar a la población afectada, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz y suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, María del Socorro García Quiroz, Fernando Castro Trenti, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El robo de gasolina mediante tomas clandestinas en los oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) era hasta hace un tiempo sólo un problema económico que sangraba las cuentas de la empresa.
Sin embargo, ante el siniestro ocurrido el 19 de diciembre de este año en San Martín Texmelucan, Puebla, es menester considerar esta conducta delictiva cuestión de seguridad nacional.
La explosión ocurrida en la localidad poblana, presumiblemente causada por una toma clandestina instalada para “ordeñar” combustible, deja hasta el momento casi 30 muertos y más de 50 heridos.
De acuerdo con las autoridades locales, un grupo de delincuentes pretendía ordeñar los ductos. Sin embargo, se les salió de control por la elevada presión con que sale el combustible, lo cual trajo como consecuencia que diversas calles se empezaran a inundar de combustible. Bastó una chispa para que la tragedia ocurriera.
Lo sucedido en San Martín Texmelucan culminó con la explosión de una gasolinera, que extendió el fuego, ocasionando que más de una treintena de viviendas se redujeran a cenizas y otra centena quedara parcialmente quemada. Alrededor de 5 mil personas tuvieron que ser desalojadas.
Resulta preocupante que el robo de combustible de la red de suministro de Pemex se haya convertido en práctica común, tanto por particulares como por el crimen organizado. Tan sólo la semana pasada se dio a conocer la existencia de un túnel de más de 200 metros de longitud que fue construido en el poniente de la Ciudad de México, con la finalidad de “ordeñar” un oleoducto que pasa por esa zona.
La falta de capacidad del gobierno federal para vigilar los cientos de kilómetros de tubos y cañerías por donde corre la gasolina proveniente de Pemex no debe ser excusa para que este tipo de desgracias siga ocurriendo.
El robo sistemático de combustible a que Pemex se enfrenta podría significar la pérdida de hasta 10 por ciento de la producción total de la paraestatal.
En Puebla, los robos de ese tipo han aumentado en los últimos años: pasaron de 7 en 2008 a 13 en octubre del presente año; es decir, hubo un aumento de casi 100 por ciento en 2 años, lo cual evidencia la falta de eficacia de las acciones tomadas por las autoridades encargadas de la prevención y sanción de esas conductas.
No sería sorpresa que detrás de la desgracia se encuentre el trabajo de alguna organización criminal o cártel, lo que debe ser una llamada de atención para el gobierno federal, encargado del combate de tales organizaciones.
Es lamentable que tenga que suceder una desgracia de tal magnitud para que las autoridades atiendan un problema que se incuba desde hace años.
Como legisladores, no podemos mantenernos impasibles ante esta situación; por el contrario, debemos exigir a los encargados de la prevención, persecución y sanción de esas conductas delictivas una reacción eficiente y efectiva que garantice no sólo que la desgracia sea esclarecida y se castigue a los culpables sino que una situación similar no vuelva a ocurrir.
Por esto se propone exhortar al titular del Ejecutivo federal, por un lado, a agilizar las investigaciones conducentes a aclarar las condiciones en que ocurrieron el derrame de combustible y la posterior explosión; y, por otro, a destinar en solidaridad con el gobierno poblano los recursos humanos y económicos necesarios para brindar apoyo a la población afectada.
Es imperativo exhortar director general de Pemex a revisar en coordinación con las autoridades competentes los procedimientos actuales de vigilancia y seguridad de los oleoductos para evitar una desgracia.
Por las razones vertidas, se somete a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al procurador general de la República a llevar a cabo las investigaciones necesarias a fin de que se esclarezcan las causas de la explosión del oleoducto de Petróleos Mexicanos el 19 de diciembre en San Martín Texmelucan, Puebla, y fincar las responsabilidades penales procedentes.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que destinar los recursos económicos y humanos necesarios para brindar el apoyo que requiere la población afectada.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a revisar en coordinación con las autoridades competentes los procedimientos de seguridad y vigilancia de los ductos que recorren el territorio nacional y a explicar las causas de la explosión ocurrida el pasado 19 de diciembre.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de diciembre de 2010.
Senadores: Fernando Castro Trenti, María del Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Renán Cleominio Zoreda Novelo.
Con punto de acuerdo, relativo a la exclusión del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, en la elaboración de la encuesta nacional de seguridad pública, a cargo del senador René Arce Islas, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador René Arce Islas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. En marzo de 2002, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC (ICESI), elaboró la primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad. Los resultados se dieron a conocer el 9 de mayo de ese mismo año. Los objetivos de la encuesta fueron: 1. Estimar los hechos delictivos denunciados y no denunciados en cada una de las entidades federativas; 2. Registrar tipos de delitos cometidos, lugares en que se cometieron, monto de pérdidas, edad de los delincuentes; y 3. Medir la percepción ciudadana sobre la inseguridad en los estados de la república.
Desde entonces, el ICESI era responsable de realizar esta encuesta anual con la colaboración de diversas instituciones académicas y de la sociedad civil.
2. El pasado 16 de junio del 2010 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su vigésima octava sesión celebrada el 3 de junio que, con una redacción mustia y tramposa, definió que el Inegi sería el órgano encargado de elaborar la encuesta sobre inseguridad en las 32 entidades federativas en 2010 y en años subsecuentes.
3. Las cifras poco confiables que resultaron de la encuesta 2010 y la denuncia que el propio ICESI realizó acerca de la opacidad que representó la exclusión de un organismo de la sociedad civil en su elaboración e instrumentación, generó el rechazó del ICESI y de diversas organizaciones ciudadanas como México SOS, Transparencia Mexicana, México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, Insyde y Asociación Alto al Secuestro.
4. Coincidimos con ellos en el sentido de que la arbitraria decisión del Ejecutivo federal, de los gobernadores de los estados y del jefe del gobierno del Distrito Federal, todos en su calidad de integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no solamente implica la exclusión de la sociedad civil en la medición de los índices de criminalidad, sino también que gobiernos, en un acto que reitera la opacidad y la falta de transparencia, se evalúen a sí mismos, como juez y parte, en su desempeño en el combate a la delincuencia, lo que constituye un insulto a la ciudadanía cuya exigencia central es la de recuperar la seguridad y la profesionalización y certificación de las acciones de las instancias de seguridad, a través de controles ciudadanos, rendición de cuentas y transparencia.
5. En su momento, el director general del ICESI, Luis de la Barreda Solórzano, denunció la presión ejercida por varios gobernadores para evitar la difusión de resultados sobre la delincuencia que los dejaban mal parados y señaló que durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública varios de ellos, entre los que sobresalieron el jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard; el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández; el de Baja California, José Guadalupe Osuna, entre otros, manifestaron su enojo por los resultados.
6. De la Barreda manifestó que Instituto a su cargo había sido excluido de decisiones y acciones cruciales para el levantamiento de la séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad correspondiente a 2010, pues la rectoría de la encuesta fue tomada por el Inegi, razón por la cual el ICESI no avala sus resultados, pues tampoco se permitió al ICESI la supervisión del proceso de levantamiento de campo, por lo que no fue posible que ejerciera control de calidad como lo hizo en encuestas anteriores.
El ICESI fue excluido de su propia encuesta a pesar de que durante la primera jornada de los Diálogos por la seguridad, el Ejecutivo federal se mostró receptivo ante el reclamo de las organizaciones civiles sobre la necesidad urgente de construir controles ciudadanos y mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en las políticas públicas y dio instrucciones para que se ideara la fórmula de institucionalizar la participación del ICESI en las encuestas. La instrucción del Ejecutivo fue cumplida en el sentido exactamente contrario.
7. En relación con la encuesta 2010, De la Barreda subrayó que en los resultados de esta séptima encuesta, el Inegi maquilló y ocultó cifras sobre la criminalidad en el estado de Chihuahua, situándolo en octavo lugar nacional en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, por debajo de estados como Aguascalientes en donde la situación de inseguridad es claramente menor. El ICESI cuestionó la conclusión del Inegi en el sentido de que de 2009 a 2010 el porcentaje de personas víctimas de un delito en Chihuahua hubiera bajado de 14 a 12 por ciento, cuando tendría que haber aumentado según lo ha mostrado la propia realidad.
8. Lo más grave de este lamentable caso es, según señala el ICESI, que el Inegi ocultó información que evidenciaría el descontento de la población de Ciudad Juárez y de Chihuahua con los operativos federales en contra de la delincuencia. De manera específica reveló que se omitió publicar los resultados de la pregunta “¿considera que los operativos del gobierno federal han mejorado la seguridad pública?”, respecto de la cual la aprobación cayó de 48 a 31 por ciento en Chihuahua y de 70 a 19 por ciento en Ciudad Juárez, es decir, una baja de 51 puntos de 2009 a 2010. Cabe aclarar que tales resultados no fueron dados a conocer por el gobierno federal sino por el ICESI en su página de Internet.
9. El pasado 14 de diciembre, Notimex dio a conocer que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública envió una carta al director general del ICESI, en la que le informa que el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2011 quedará a cargo del Inegi y que el organismo civil solamente podrá participar en el análisis de los resultados de la encuesta “mediante un contrato de prestación de servicios que se ajuste a los costos del mercado y a los procedimientos legales aplicables”.
Así también le señala que el presupuesto con que cuenta el gobierno federal para la recolección de datos sobre victimización y otras materias importantes para la seguridad pública ha sido asignado a favor del Inegi para que cumpla con las atribuciones que constitucional y legalmente le son propias. La misiva fue firmada por el titular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Rubén Alfonso Fernández Aceves.
10. Como ya lo hemos manifestado párrafos atrás, compartimos la indignación de las diversas organizaciones no gubernamentales por la exclusión de la sociedad civil en la medición de la criminalidad, así como la preocupación por la posible manipulación y uso político de un instrumento que durante los últimos años se ha convertido en un importante referente para los ciudadanos sobre la eficiencia de sus gobernantes en un tema que para todos es de toral importancia.
Por lo anterior, sometemos a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión formula un extrañamiento al Consejo Nacional de Seguridad Pública por la exclusión de la sociedad civil en la medición de la criminalidad a través de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, y externa su preocupación por la posible manipulación y uso político de dicho instrumento a través del Inegi.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a garantizar la rectoría de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, de manera que se preserve y asegure la transparencia en su elaboración y en la difusión de sus resultados, además de su eficiencia como un instrumento de evaluación ciudadana, de rendición de cuentas y transparencia.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010.
Senador René Arce Islas (rúbrica)
Con punto de acuerdo, sobre los trágicos sucesos de San Martín Texmelucan, Puebla, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, diputado federal Alfonso Primitivo Ríos Vázquez e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Ejecutivo federal a fincar responsabilidades a los funcionarios encargados de la distribución, de la vigilancia y a los responsables operativos del correcto funcionamiento de los ductos de Pemex que explotaron en San Martín Texmelucan, además de indemnizar de inmediato a los deudos de las personas víctimas de la explosión de dichos ductos, bajo las siguientes:
Consideraciones
Desde esta tribuna, hacemos un enérgico reclamo a la administración federal por el mal desempeño en cuanto a la conducción de los trabajos de la paraestatal Petróleos Mexicanos.
Hacemos un llamado a que se investigue a fondo lo sucedido en San Martín Texmelucan por los hechos ocurridos, consecuencia del desacato para investigar, perseguir y sancionar a quienes fueron los causantes de las tomas clandestinas que eran de su conocimiento.
Compañeras y compañeros legisladores: Son ya poco más de 26 años cumplidos, en los que una explosión de una planta de almacenamiento y distribución de gases licuados de petróleo perteneciente a la empresa paraestatal Pemex, sacudió a San Juanico, estado de México.
Datos oficiales argumentan que tan sólo unas 600 personas perdieron la vida y que un resto de 2,500 aproximadamente sufrieron algún tipo de lesión como consecuencia de la catástrofe, pero aun con todo esto, siguen habiendo tragedias que lamentar y no vemos claro cómo piensan evitar que continúen.
Esto ha sido la antesala de un sin número de accidentes que lamentablemente han dado como resultado muchas muertes.
Hace dos días, en San Martín Texmelucan, Puebla, una explosión en un ducto de petróleo crudo, también propiedad de Pemex ocasionó 30 muertes extraoficiales y más de 120 heridos.
Señoras y señores legisladores, las autoridades federales y la administración de la paraestatal no ha entendido que la defensa de este patrimonio público no es lo único, también debe tomar en cuenta que la integridad las personas es lo primero. Hasta cuándo esta nada halagadora situación va a continuar.
Día con día, nos enteramos de una y otra anomalía solapada por las autoridades que deben controlar a Pemex.
Tomas clandestinas, robo de pipas cargadas de combustible, instalaciones en mal estado que nunca dejan de poner en riesgo cientos de vidas entre trabajadores y personas civiles, situaciones de peligro como incendios y derrames de combustible en plataformas petroleras, son el pan de cada día.
Lo hoy ocurrido en San Martín de Texmelucan, se sabe bien que el propio director de la paraestatal, el día domingo pasado anunciaba del conocimiento de unas 60 tomas clandestinas más, tan sólo en el tramo comprendido en el mismo ducto. Los resultados fatídicos los estamos presenciando.
Compañeras y compañeros legisladores: Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos en contra de que esta situación siga tan mal como hasta ahora.
En esta ocasión, planteamos se castigue enérgicamente a los responsables de la distribución, de la vigilancia y responsables operativos del buen funcionamiento de los ductos, por desacato a las recomendaciones hechas para enmendar los daños a las instalaciones y no eliminar dichas fugas, además de que se esclarezcan las causas exactas que propiciaron tal lamentable acontecimiento.
Y no sólo eso, también pugnamos por que se apruebe la iniciativa de adiciones y reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentada el día 23 de marzo de 2004, que nuestro Grupo Parlamentario presentó, para que en materia de robo de combustibles, no se siga lacerando a la institución y el patrimonio de los mexicanos y que no siga siendo el negocio jugosos de unos cuantos vivales.
Por las razones antes expuestas, sometemos a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal gire sus instrucciones para que se castigue penalmente a los responsables de la distribución, de la vigilancia y a los responsables operativos del correcto funcionamiento de los ductos que sufrieron las explosiones en el municipio de San Martín Texmelucan, el pasado día 19 de diciembre.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal y al titular de la paraestatal Pemex, a que sean indemnizados inmediatamente los deudos de los pobladores y demás personas afectadas por el siniestro.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda citar a comparecer al titular de la paraestatal Pemex, Juan José Suárez Coppel ante este órgano y rinda un informe detallado sobre el estado que guarda la red de ductos que opera Pemex-Distribución en todo el país.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 21 días del mes de diciembre de dos mil diez.
Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de Pemex que reubique de inmediato la terminal de almacenamiento y reparto de Saltillo, Coahuila, suscrita por el diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Héctor Franco López, somete a discusión y, en su caso, aprobación, la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Exposición de Motivos
El pasado 19 de diciembre el pueblo del municipio de San Martin Texmelucan, Puebla fue despertado por el estruendo ocasionado por la explosión de un gasoducto, dicha explosión causó la muerte de 28 personas (12 de ellas menores de edad), dejó 52 heridos y más de 100 casas afectadas por el fuego, de las cuales 83 presentandaños parciales, mientras que 32 quedaron completamente destruidas.
Se presume que dicho percance se debió a una perforación clandestina de un ducto. Dicho ducto, propiedad de Petróleos Mexicanos, era de 32 pulgadas de diámetro y transportaba petróleo sin refinar. Se cree que el combustible fluyó hacia el río Atoyac, el cual se encuentra cercano a la comunidad y encontró un punto de difusión alrededor de las casas cercanas; sólo basto un chispazo para desencadenar la explosión.
No es el primer accidente con fatales consecuencias ocurrido en nuestro país, basta recordar las explosiones ocurridas en San Juan Ixhuatepec ubicado en Tlanepantla de Baz, estado de México en 1984 en una de las plantas de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos. Esa explosión dejó un saldo de aproximadamente 600 muertos y 2 mil heridos, la causa fue la rotura de una tubería de 20 centímetros de diámetro que transportaba gas LP.
Así como estos, podríamos mencionar innumerables accidentes ocurridos, ya sea por el robo indiscriminado de combustibles, o por diversas fallas por falta de mantenimiento en los ductos de transportación.
Se estima que en los últimos años se ha multiplicado el robo de combustible de los ductos de Pemex en distintos puntos del país, llegándose a detectar en promedio uno cada tres días. Las pérdidas por este robo, se estiman en al menos 10 mil millones de pesos (unos 800 millones de dólares) anuales.
Pero aun más importante, es el peligro que se crea al instalar plantas por parte de Petróleos Mexicanos de almacenaje de combustibles o ductos que circulan por debajo de ciudades transportando diversos combustibles, dentro o cerca de ciudades pobladas.
Caso concreto es la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila. La distribuidora de combustible se localiza en el boulevard Venustiano Carranza, columna vertebral de la ciudad, y se encuentra rodeada de las colonias Jardines Coloniales, Privadas de Santiago y Las Brisas, cuyos habitantes viven desde hace tiempo con la incertidumbre y la inseguridad de encontrarse cerca de este depósito.
Se sabe que dicha estación tiene una capacidad de almacenaje de 23 millones 847 mil litros de distintas gasolinas y diesel, también que cuenta con una certificación internacional de seguridad, sin embargo en meses pasados fue localizada una toma clandestina ubicada en la barda posterior que rodea el inmueble por parte de las autoridades.
Es por esto que desde abril del 2008, el Gobernador Humberto Moreira Valdés, solicitó vía escrita y sostuvo diversas reuniones con el entonces director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, con el fin de solicitar que dicha planta sea reubicada fuera de la zona urbana de Saltillo.
Para dicho fin, el gobierno del Estado ha propuesto apoyar con la permuta de un terreno fuera de la zona urbana, ya sea en la carretera rumbo a Monterrey o en su defecto en la carretera rumbo a Monclova para la reubicación de dicha terminal de almacenamiento, a cambio de que en la zona que se encuentra actualmente se construya una unidad deportiva.
Hasta la fecha, el gobierno federal ha hecho caso omiso de la propuesta del gobierno estatal, pero es tiempo que dé respuesta a dicha propuesta o en su defecto, se busquen opciones para la reubicación de dicha estación, con lo cual se daría seguridad y certidumbre a los pobladores de las colonias aledañas, no esperemos a que ocurra una tragedia como la recientemente ocurrida.
Por lo expuesto someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, exhorte al director general de Petróleos Mexicanos Juan José Suárez Coppel, a que reubique de manera inmediata la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en la zona urbana de Saltillo, Coahuila.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2010.
Diputado Héctor Franco López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al homicidio de la señora Marisela Escobedo, suscrita por senadores y diputados de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos, senadores y diputados ante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones1
“No me voy mover de aquí hasta que detengan al asesino de mi hija” fueron las declaraciones de Marisela, antes de colocar su pequeño campamento en la Cruz de Clavos NI UNA MÁS, en la ciudad de Chihuahua. Estaba dispuesta a pasar navidad y año nuevo en ese lugar emblemático, en el que apenas el 25 de noviembre pasado, había participado en una manifestación junto con las madres de Justicia para Nuestras Hijas, para colocar en la cruz, más de 300 nombres de las mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua tan sólo en este año, 2010.
Rubí, tenía 16 años cuando fue asesinada en agosto de 2008 por Sergio Rafael. Desde que desapareció y su pequeño cuerpo fue encontrado en un terreno junto a huesos de marranos, la madre de Rubí, Marisela, una enfermera jubilada, dedicó su vida a buscar justicia para su hija, convirtiéndose en una defensora de derechos humanos.
Marisela, tal como lo ha pedido el secretario de Gobernación, licenciado Francisco Blake, no sólo se había sacudido el miedo, sino decidido luchar con todos sus recursos posibles para exigir sanción en contra del asesino de su hija. La acompañaban una carriola con su nieta de dos años y un cartel con la foto de su hija Rubí. Un tribunal de juicio oral dejó en libertad al asesino, cimbrando el nuevo sistema de justicia.
Marisela, luchadora incansable, logró junto con las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) que un tribunal de casación (integrado por tres magistrados) rectificara la decisión de los jueces y logró obtener una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Sergio Rafael, asesino confeso.
“Ya me cansé de hacer su trabajo, ahora les toca a ellos” decía Marisela. Efectivamente, mientras las autoridades no lograron encontrar a Sergio Rafael, Marisela con sus propios recursos, lo ubicó en Zacatecas y dio aviso a la Procuraduría de Chihuahua que alegó que por trámites burocráticos no pudo detenerlo. La Procuraduría del estado de Chihuahua le informó a la madre, que en coordinación con la Procuraduría General de la República y las de los estados “se encontraban buscando al asesino de su hija en todo el país”. Nunca lo encontraron.
Durante dos años, recorrió el país, hace unos meses, viajó a la ciudad de México para solicitar audiencia con el presidente Felipe Calderón y con el procurador Arturo Chávez Chávez, no la recibieron. Se entrevistó con mandos medios de la Procuraduría General de la República que le prometieron que buscarían al asesino de su hija. Tampoco lo encontraron.
Días antes de ser asesinada, acudió a un acto donde se encontraba el gobernador de Chihuahua, César Duarte y sacó una pancarta que decía “justicia, privilegio de gobiernos”. La solicitud de Marisela generó molestia, regaños y desprecios, aunque logró entrevistarse con el Fiscal del estado de Chihuahua que le prometió que revisaría su caso, en esa entrevista le plantearon que no se podía “descartar ninguna línea de investigación, incluida la de un crimen de estado”.
Marisela fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno y frente a la cruz de clavos que colocaron la red de mujeres de negro y las madres de las jóvenes asesinadas en el estado de Chihuahua. Marisela fue asesinada por exigir justicia. ¡Qué triste que la respuesta a estos reclamos de justicia sea su propio asesinato!
Por lo anterior, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente con
Puntos de Acuerdo
Primero. Lamenta el asesinato de la activista por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, Marisela Escobedo, ocurrido en la ciudad de Chihuahua el jueves 16 de diciembre y ofrece sus condolencias a sus familiares y a las organizaciones sociales y de derechos humanos con las que compartía su lucha por justicia.
Segundo. Exhorta respetuosamente a las autoridades federales y estatales de procuración de justicia para que, en plena colaboración interinstitucional y en el ámbito de sus respectivas competencias, avancen hacia la investigación del paradero de Sergio Rafael, asesino confeso y prófugo de la justicia, y procedan a su detención.
Tercero. Hace un respetuoso llamado a la Procuraduría de Chihuahua para que se esclarezca el asesinato a quemarropa de la activista contra la violencia hacia las mujeres, Marisela Escobedo, y se castigue a quien resulte responsable.
Nota
1 Fragmentos del Comunicado de Justicia para Nuestras Hijas, A.C., Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Mesa de Mujeres, COSYDDHAC y Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Dado en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro. a 21 de diciembre de 2010.
Senadores: René Arce Islas (rubrica), Pedro Joaquín Coldwell, Francisco Javier Castellón (rubrica), Beatriz Zavala Peniche, Carlos Navarrete Ruiz (rubrica), Beatriz Zavala Peniche, José Luis García Zalvidea, Carlos Sotelo García (rubrica).
Diputados: Enoé Uranga Muñoz, Marcela Guerra Castillo, María Elena Pérez de Tejeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Antonieta Pérez Reyes, Caritina Sáenz Vargas, Lizbeth García Coronado, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Leticia Quezada Contreras, Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Leandro Rafael García Bringas.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía de Chihuahua a detener a los autores intelectuales y material del asesinato de la activista Marisela Escobedo, acaecido el 18 de diciembre de 2010, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes:
Consideraciones
En días pasados con pesar nos enteramos del asesinato de la activista Marisela Escobedo, presuntamente por el mismo sujeto que asesinó a su hija, de nombre Rubí Marisol Frayre, en el año de 2008, en el estado de Chihuahua.
El asesino de la hija de Marisela Escobedo, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, fue capturado y procesado en los tribunales del estado.
No obstante, que Barraza Bocanegra confesó el crimen y señaló dónde se encontraban los restos de la víctima, fue absuelto.
A partir de la sentencia absolutoria, Marisela Escobedo inició una serie de movilizaciones y protestas para lograr que el caso fuera juzgado en segunda instancia, dado que existían elementos suficientes para condenar al homicida.
Esta lucha, lamentablemente, le costó la vida.
La noche del pasado jueves como parte de su labor de activismo y en la búsqueda de acciones claras por parte de las autoridades para aclarar, no sólo el asesinato de su hija, sino el de miles de mujeres que han corrido la misma suerte en Chihuahua, fue ultimada de un tiro en la cabeza.
Es preciso señalar que Marisol Escobedo ya había recibido amenazas de muerte y ella con la entereza que la caracterizaba, nunca tuvo miedo.
Expresamos nuestras condolencias a la familia por esta irreparable pérdida.
Compañeras y compañeros legisladores: Este asesinato es una muestra más de la descomposición del tejido social que sufre el estado de Chihuahua.
No obstante que se han implementado una serie de acciones, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, la violencia no cesa en dicha entidad federativa.
El gobierno federal dice que los delitos deben ser denunciados. Este es un claro ejemplo, de que una mujer valiente que lo hizo, no recibió protección alguna por parte del Estado y esperemos que su asesinato no quede impune.
Además, Chihuahua ha reformado su sistema de impartición de justicia, pero dejó un eslabón muy débil, el de la procuración de la misma, que entraña de fortalecer las instancias investigadoras del delito y las que integran los elementos probatorios de los que se valdrán los jueces para emitir sentencia.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Fiscalía del estado de Chihuahua para que detenga a los autores intelectuales y material del asesinato de la activista Marisol Escobedo, quien perdiera la vida el pasado jueves 18 de diciembre de 2010.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil diez.
Diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a abstenerse de emitir algún acuerdo de equivalencia a las normas oficiales, en tanto la SCJN no resuelva la controversia número 66/2010, interpuesta por esta soberanía contra los acuerdos de equivalencia emitidos por la Secretaría de Economía publicados en el DOF el 17 de agosto de 2010; y se cita a comparecer a los secretarios de Economía, y de Salud, a cargo de la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María del Socorro García Quiroz, senadora a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 30 de septiembre de 2010, por iniciativa de algunos senadores de diversos grupos parlamentarios, y con la aprobación del Pleno del Senado de la República, dicha soberanía presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de Controversia Constitucional contra el Ejecutivo federal.
La Controversia Constitucional se interpuso con motivo de los denominados “acuerdos de equivalencia” que emitió el secretario de Economía, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2010, los cuales tienen el propósito de equiparar tres Normas Oficiales Mexicanas con los reglamentos técnicos y de resultados de los Estados Unidos de América y Canadá, en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos.
El 1 de octubre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un acuerdo por el que se designó al ministro Sergio Valls Hernández como instructor del juicio, quien a su vez, el 5 de octubre, tuvo a bien emitir otro acuerdo mediante el cual:
a) Admite a trámite la demanda de controversia constitucional presentada por el Senado;
b) Tuvo por demandado al Ejecutivo federal y descartó al secretario de Economía;
c) Ordenó emplazar al Ejecutivo para que en 30 días hábiles produjera su contestación;
d) Ordenó al Ejecutivo presentar copia certificada de los acuerdos impugnados, y;
e) Dio vista al procurador general de la República para que a su vez expresara lo que a su representación corresponde.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que hay elementos para admitir a análisis constitucional las disposiciones emitidas por el secretario de Economía y, ante ello, con el propósito de no vulnerar el Estado de derecho y dejar en indefensión a los ciudadanos, resulta fundamental esperar a que la Corte resuelva la controversia.
Ahora bien, el Ejecutivo federal persiste en la emisión de nuevos “Acuerdos de Equivalencia”, pese a que el máximo tribunal de la nación se encuentra actualmente deliberando a quién le corresponde desarrollar las obligaciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (al Ejecutivo federal o al Congreso de la Unión); pese a que precisamente está valorando en estos momentos si el Presidente de la República, a través del secretario de Economía, invadió las facultades legislativas del Congreso de la Unión, y pese a que sigue considerando si se ha violentado la normatividad vigente, establecida por el legislador, y su procedimiento de creación, modificación y derogación contenido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Prueba de lo anterior es que el pasado 26 de octubre, las Secretarías de Economía, y de Salud publicaron en el Diario Oficial de la Federación el siguiente
• Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes a los requisitos establecidos en los artículos 179 y 180 del Reglamento de los Insumos para la Salud y a los procedimientos de evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para el otorgamiento del registro de los insumos para la salud, a que se refiere el Capítulo IX del Título Segundo del Reglamento de Insumos para la Salud, a los requisitos establecidos por las secciones 510(k) y 514 del Federal Food, Drug and Cosmetic Act y por el Título 21, Capítulo I, Subcapítulo H, del Code of Federal Regulations de los Estados Unidos de América, así como los establecidos por el Food and Drug Act, y las Medical Devices Regulations de Canadá para permitir la comercialización de dispositivos médicos en su territorio, y a las pruebas e inspecciones realizadas por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América y por Health Canada de Canadá, para permitir la comercialización de dispositivos médicos en su territorio.
Con el más reciente “acuerdo de equivalencia” en materia de dispositivos médicos, las Secretarías de Economía y de Salud procuran, supuestamente, que los mexicanos tengamos acceso a los equipos y dispositivos médicos con los últimos avances tecnológicos, de la forma más rápida posible. El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano, sostiene que con este “acuerdo de equivalencia” se avanza en la simplificación administrativa que impulsa el gobierno federal, pues el reconocimiento de los documentos emitidos en el extranjero para los dispositivos médicos se reducirá a 30 días, lo que impulsará la competitividad y el desarrollo tecnológico.
Como consecuencia del referido acuerdo, los representantes de la industria nacional de dispositivos médicos solicitaron una audiencia ante la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, la cual se concedió el pasado 10 de noviembre, y en la que expusieron ante los senadores los efectos que tendrá el reciente Acuerdo, señalando que, contrario a lo que dice Cofepris, los únicos beneficiarios de la “simplificación administrativa” que impulsa el Ejecutivo federal serán los industriales extranjeros, pues el Reglamento de Insumos para la Salud seguirá imponiendo plazos mayores para la obtención del registro sanitario a los industriales nacionales que, en promedio, superan los dos años.
Derivado de la anterior audiencia, la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República acordó remitir a los titulares de las Secretarías de Salud y de Economía, así como al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, un oficio con las siguientes solicitudes, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 133 fracción V del Reglamento del Senado de la República, fechado el 11 de noviembre de 2010:
“Primero. Que no se apliquen las nuevas medidas establecidas en el artículo 161 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la demanda de Controversia Constitucional interpuesta por el Senado de la República en contra del Acuerdo expedido por el secretario de Economía por el que se aceptan como equivalentes a las NOM-0010-SCFI-1993, NOM-0016-SCFI-1993, la NOM-0019-SCFI-1998 y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2010.
”Segundo . Que se rinda un informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República sobre las razones de otorgar un trato desigual a los insumos médicos producidos en el País y a los producidos fuera del mismo y que plantee una alternativa de solución para esta inequitativa situación.
”Tercero. Se informe a esta Comisión si los productos avalados por las agencias sanitarias Food and Drug Administration de Estados Unidos de América y Health Canada de Canadá, mantienen los mismos criterios para los productos que son destinados a la comercialización en sus respectivos territorios y de aquellos que son destinados a mercados de otros países.
”Cuarto. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que resuelva todos los asuntos en trámite de registro vinculados al artículo 161 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud, en un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, informando de las acciones que tome para llevar a cabo esta solicitud.”
La oficina del secretario de Economía, con fecha del 26 de noviembre, tuvo a bien responder mediante un oficio a la solicitud que le realizó la comisión. En su respuesta, además de evidenciar su determinación de transferir a particulares extranjeros las potestades y obligaciones que le son inherentes al Estado mexicano, la Secretaría de Economía tuvo el descaro de manifestar que independientemente del proceso de análisis constitucional que en estos momentos tiene lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de acuerdo a la interpretación de la propia Secretaría, el Ejecutivo está facultado para emitir este tipo de “Acuerdos”, y anunció que seguirán adelante con esta medida de “reconocimiento de normas”.
De la misma manera, no obstante el exhorto que realizara la Comisión, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de diciembre un “acuerdo” más para seguir adelante con el proceso de equiparación de normas nacionales y extranjeras en materia de dispositivos médicos, para hacerlo efectivo cuanto antes:
• Acuerdo por el que se adiciona el diverso por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 19 de junio de 2009.
No deja de preocupar, una vez más el desprecio que manifiesta el Ejecutivo federal en especial la Secretaría de Economía, por la seguridad e integridad de los consumidores mexicanos, así como de las condiciones desventajosas en que procuran situar a la industria médica nacional con la entrada en vigor del reciente “acuerdo de equivalencia”, en materia de dispositivos médicos.
Es fundamental que el Ejecutivo federal reconsidere su política de determinación de equivalencias entre la normatividad mexicana y la extranjera. Pero más importante aún, el Ejecutivo federal está obligado a respetar el diseño institucional existente, las atribuciones que a cada uno de los poderes le confiere nuestra Constitución Política y debe esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, si el Ejecutivo federal está facultado, o no, antes de expedir nuevos acuerdos de esa naturaleza.
El Congreso de la Unión no puede esperar hasta el comienzo del próximo periodo ordinario de sesiones para atender este importante asunto, pues el Diario Oficial de la Federación seguirá en funcionamiento, y con ello la posibilidad de publicación de más “acuerdos de equivalencia”. Esta Comisión Permanente debe hacer un enérgico exhorto y llamar a comparecer a los referidos funcionarios federales cuanto antes, pues es un asunto que no puede tolerar mayores dilaciones.
Por lo expuesto, los legisladores firmantes solicitamos se someta inmediatamente a la consideración de esta honorable asamblea por considerarse de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de emitir algún nuevo acuerdo por el cual se reconozca como equivalente a las normas oficiales mexicanas o a cualquier otra disposición jurídica nacional, a alguna norma extranjera, reglamento técnico, requisito o procedimiento para la evaluación de la conformidad, expedidos por las autoridades o personas morales extranjeras, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva la Controversia Constitucional 66/2010, interpuesta por ésta Cámara contra los siguientes acuerdos emitidos por el secretario de Economía, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2010:
I. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-001-SCFI-1993, Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación tipo, y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá.
II. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-016-SCFI-1993 Aparatos electrónicos-aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-requisitos de seguridad y métodos de prueba y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá.
III. Acuerdo por el que se aceptan como equivalentes a la NOM-019-SCFI-1998 Seguridad de Equipo de Procesamiento de Datos y sus resultados de evaluación de la conformidad, los reglamentos técnicos y procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados Unidos de América y de Canadá.
IV. La “vigésima modificación al acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior”.
Lo anterior, en virtud de que el máximo tribunal del país está deliberando precisamente respecto a si el Ejecutivo federal está facultado para emitir acuerdos de dicha naturaleza y, en consecuencia, la constitucionalidad de los mismos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta soberanía a los titulares de las Secretarías de Economía, y de Salud, los ciudadanos Bruno Ferrari García de Alba y José Ángel Córdova Villalobos, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que rinda cuenta de los motivos, la evaluación técnica, jurídica, operativa y económica, así como de los objetivos que persigue el Ejecutivo federal con la publicación de los denominados “acuerdos de equivalencia” en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos, así como en materia de dispositivos médicos, publicado el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2010.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 días de diciembre de 2010.
Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a explicar a esta soberanía las causas del subejercicio en esa dependencia, así como el atraso de la construcción y modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y de otras obras carreteras en Guerrero, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, María del Socorro García Quiroz, Cleominio Zoreda Novelo y Adolfo Toledo Infanzón, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los factores que acelera el desarrollo económico y la competitividad de un país propicia un mayor bienestar social e incrementa el empleo es, sin lugar a dudas, la adecuación, construcción y modernización de la infraestructura carretera.
La red carretera no sólo sirve para transportar mercancías y personas a centros de producción y/o de consumo, sino también permite la comunicación entre diversas zonas y la integración regional, de ahí que en los últimos años, se hayan aprobado para este sector presupuestos históricos.
Así, para el ejercicio 2010 se asignó a Comunicaciones y Transportes un presupuesto superior a los 80 mil millones de pesos, mismo que para el ejercicio fiscal 2011 presenta un incremento alcanzando la cifra de 86 mil 392 millones de pesos.
No obstante lo anterior, y aun cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón se jacte de haber construido y modernizado más carreteras que en cualquier otro sexenio, el subejercicio presupuestal de esta dependencia pone en evidencia la ineficiencia en la aplicación del gasto público en el sector.
De acuerdo con el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del tercer trimestre de 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presenta un subejercicio de 2 mil 517 millones de pesos que equivale al 19.35 del gasto programado.
Lo anterior, se traduce en lamentables retrasos en la construcción y modernización de importantes obras carreteras que tienen un fuerte impacto en la población, ante el cual no podemos permanecer impasibles.
Tal es el caso, por ejemplo de los trabajos de construcción de 2 viaductos en el kilómetro 5+600 y 5+900 del tramo Mozimba-Pie de la Cuesta, en el Estado de Guerrero, que tienen una asignación presupuestal de 40 millones 129 mil pesos y que hasta el día de hoy presenta un avance físico del 55 por ciento, aún y cuando se tenía programado su terminación el pasado 30 de noviembre.
Por otro lado, los trabajos de modernización del tramo Mozimba-Pie de la Cuesta, del kilómetro 8+580 al kilómetro 10+400 también programada para terminar el 30 de noviembre pasado, la cual tiene un avance del 85 por ciento; este tramo incluye además la construcción de 2 estructuras viaducto, una en el kilómetro 9+160 y otra en el kilómetro 9+540 de la carretera de Acapulco-Zihuatanejo.
La misma situación presenta la construcción del entronque Cayaco, de la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, con un presupuesto de 105 millones 169 mil pesos y un preocupante avance de tan sólo 28 por ciento.
Nos parece inadmisible que obras fundamentales para el desarrollo del país no se concluyan debido a que las autoridades no ejercen de manera oportuna y eficiente los recursos y mantienen subejercicios considerables, particularmente en estados y municipios que no pertenecen al partido en el gobierno, como los casos que el día de hoy traemos a esta tribuna.
Se trata de obras primordiales para la modernización de Acapulco, que elevarán la calidad de vida de miles de familias, generando empleos y derrama económica en tan importante zona turística, por lo que hacemos un puntual exhorto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes explique las razones por las que se han presentado subejercicios en esa dependencia y de manera específica, por las que no han sido concluidos estos dos tramos carreteros que son de vital importancia para el desarrollo de este puerto turístico.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, a explicar a esta soberanía las causas del subejercicio en su dependencia, así como el atraso en los trabajos de construcción y modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta y otras obras carreteras, en el estado de Guerrero.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de diciembre de 2010
Senadores: María del Socorro García Quiroz, Cleominio Zoreda Novelo, Adolfo Toledo Infanzón, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbricas).