De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SEP a establecer un programa de formación y desarrollo de coros juveniles y a incrementar las plazas para profesores de educación musical en secundaria
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que establezca un programa de formación de coros juveniles y que incremente la creación de plazas para profesores de educación musical en la educación básica, presentada el 25 de noviembre de 2010 por la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 60, 61 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
I. Antecedentes
A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 3340 que contiene la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la SEP para que establezca un programa de formación de coros juveniles y que incremente la creación de plazas para profesores de educación musical en la educación básica, presentada por la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 25 de noviembre de 2010.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.
II. Descripción de la proposición
La proposición presentada por la diputada Paredes Rangel se enmarca en la celebración del bicentenario y el centenario de los inicios de la Independencia y la Revolución Mexicana.
La promovente señala que un elemento fundamental de la identidad nacional en nuestro país se relaciona con las expresiones artísticas populares derivadas de los movimientos de Independencia y de la Revolución –como es el caso del corrido revolucionario– por lo que es indispensable que en la educación básica se promueva su conocimiento y aprecio. En su opinión, de manera adicional el aprendizaje de la música estimula en los alumnos tanto la buena conducta como el espíritu de cooperación, entre otras actitudes y valores.
La diputada Rangel considera la educación secundaria como el nivel más adecuado para aproximar a los alumnos a este tipo de expresiones musicales, por lo cual propone que para la realización de este programa se utilice parte de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, ramo 25.
El acuerdo está formulado en los siguientes términos:
1. Se instruye a la Secretaría de Educación Pública para que, con motivo de las conmemoraciones del inicio del bicentenario y el centenario de la Independencia y de la Revolución, establezca un programa de formación y desarrollo de coros juveniles, que provean a los adolescentes de educación musical y propicien el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana.
2. El mencionado programa se establecerá en cada una de las escuelas de nivel secundaria de todo el sistema educativo escolarizado, en las fases que determine la Secretaría de Educación Pública.
3. El Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes, los Institutos de Cultura de los estados y otras instituciones culturales de carácter público y privado, podrán coadyuvar para el establecimiento de los coros juveniles en todo el sistema de educación escolarizado público.
4. Las escuelas secundarias particulares que deseen sumarse al programa, podrán hacerlo, cumpliendo la normatividad que al efecto establezca la Secretaría de Educación Pública.
5. De ser necesario, la Secretaría de Educación Pública dispondrá de parte de los recursos autorizados por esta soberanía en el Ramo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, para la realización de este programa.
Consideraciones de la comisión
Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, coinciden con los planteamientos enunciados en la proposición acerca de la importancia de las diversas expresiones artísticas propias de nuestro país, para la formación de la identidad nacional.
En particular se reconocen los géneros musicales asociados a los grandes movimientos sociales, como la Revolución iniciada en 1910. El corrido popular surgió como una forma de expresión musical del pueblo, mediante la que se contaban historias locales y se divulgaban hechos de especial trascendencia –muchas veces con una visión épica o heroica- con lenguaje sencillo. Así, muy pronto el corrido se convirtió en una forma de memoria popular y por tanto en una forma de generar y reafirmar una identidad colectiva. De ahí su importancia histórica para nuestro país y para la formación de nuestros niños y jóvenes.
Asimismo, los miembros de la comisión reconocemos la enorme importancia de la educación musical, puesto que además de propiciar el desarrollo de habilidades intelectuales, de conductas y hábitos relacionados con la disciplina, “implica también el asentamiento de las bases de una identidad primero personal, luego cultural y hasta un arraigo nacional”. 1
Como afirma Margarita Durán, en nuestro país existen antecedentes que relacionan la educación musical con las expresiones musicales populares: “no hay que olvidar que en México concretamente, el desarrollo de la educación musical elemental ha sido parte del proyecto de nación posrevolucionario. Desde tiempos de Carlos Chávez y Luis Sandi, se ha tratado de fomentar una identidad cultural educando a través del arte y la música. Esto significa que en México ya desde ese entonces se fueron forjando las bases para un desarrollo propio de la pedagogía musical, desde luego no exento de controversias, pero de tal forma que la llegada a partir de los años 70 aproximadamente, de nuevos sistemas de educación musical elemental no fueron un mero rebote metodológico de propuestas europeas, sino que de alguna manera, este terreno en México era ya un campo fértil, hambriento de conocimiento y en búsqueda de una ampliación.” 2
Los integrantes de la comisión compartimos la intención de la promovente de fomentar la creación de coros juveniles en la educación secundaria. No obstante, reconocemos que actualmente existen muchas escuelas secundarias públicas que no cuentan con el apoyo de un maestro para la asignatura de Música; en este sentido, apoyamos la propuesta de utilizar parte de los recursos previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 destinados a la creación de plazas docentes, en la creación de plazas para maestros de Música en este nivel educativo.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo en los artículos 60 y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
1. Se instruye a la Secretaría de Educación Pública para que, con motivo de las conmemoraciones del inicio del bicentenario y el centenario de la Independencia y de la Revolución, establezca un programa de formación y desarrollo de coros juveniles, que provean a los adolescentes de educación musical y propicien el aprendizaje y conocimiento de la música popular mexicana.
2. El mencionado programa se establecerá en cada una de las escuelas de nivel secundaria de todo el sistema educativo escolarizado, en las fases que determine la Secretaría de Educación Pública.
3. El Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes, los Institutos de Cultura de los Estados y otras instituciones culturales de carácter público y privado, podrán coadyuvar para el establecimiento de los coros juveniles en todo el sistema de educación escolarizado público.
4. Las escuelas secundarias particulares que deseen sumarse al programa, podrán hacerlo, cumpliendo la normatividad que al efecto establezca la Secretaría de Educación Pública.
5. De ser necesario, la Secretaría de Educación Pública dispondrá de parte de los recursos autorizados por esta soberanía en el Ramo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, para la realización de este programa.
Nota
1 Barajas Durán, Margarita. La pedagogía musical elemental en México: un tema para la pedagogía musical intercultural, consultado el 7 de diciembre de 2010 en Nexos pedagógicos, http://www.conservatorianos.com.mx/1mbarajas.htm
2 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2010.
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica) Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes Tamez Guerra, Blanca Soria Morales.
De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar las desapariciones y el fallecimiento de periodistas en Michoacán
Honorable Asamblea:
La Comisión de Justicia de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a investigar las desapariciones y el fallecimiento de periodistas en Michoacán.
Antecedentes
1. El 27 de abril de 2010, la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a investigar las desapariciones y el fallecimiento de periodistas en Michoacán.
2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
La diputada promovente señala que se “exhorta a la Procuraduría General de la República para que se realicen las investigaciones necesarias que conduzcan a la localización de los periodistas Ramón Ángeles Zalpa y María Estela Aguilar Cansinde”.
Asimismo, insta a “la Procuraduría General de la República para que se investigue y esclarezca la privación de la libertad y el fallecimiento del licenciado Enrique Villicaña Palomares”.
Consideraciones
De acuerdo con la diputada promovente: “México es, muy a nuestro pesar, el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo, según diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y de protección a los periodistas”.
Al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en su Recomendación General número 17 que “de enero de 1991 a julio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició 737 expedientes de queja relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos de los periodistas”.
Aunado a las estadísticas señaladas, en diversos medios de comunicación ya se registran 67 periodistas asesinados en lo que va de 2010; lo que muestra que este tipo de delitos se incrementa con el paso de los años.
En la citada recomendación se destacó que “de 2000 a 2009 este organismo nacional ha tenido conocimiento de los casos relacionados con la muerte de 52 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo”.
Por tal situación, en esta Cámara de Diputados, hace 7 años se creó el grupo de trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, presidido por la entonces legisladora Beatriz Mojica Morga. A pesar de no tener el rango de comisión, inició su labor de seguimiento, creando una base de datos de estas agresiones y haciendo denuncias ante el pleno de esta Cámara.
Posteriormente, en la LX Legislatura, por primera vez se constituyó la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, la cual presidió el entonces diputado Gerardo Priego Tapia. En la actual legislatura la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación la preside la diputada María Yolanda Valencia Vales.
Vale la pena mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene un catálogo de derechos fundamentales, garantes de los bienes jurídicos tutelados, como el de la libertad de expresión.
Este derecho está reconocido en internacionalmente como un derecho humano, así lo señalan la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.
En concordancia con ello, el Estado mexicano ha ratificado instrumentos internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión. El 24 de marzo de 1981 México ratificó tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ambos instrumentos se establece el derecho que tiene toda persona a la libertad de pensamiento y expresión.
Atento a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación General núm. 17, del 19 de agosto de 2009, dirigida a los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia Militar, a efecto de atender e investigar a profundidad y con la debida diligencia las indagatorias relativas a los homicidios, desapariciones forzadas de los periodistas y atentados con explosivos a instalaciones de periódicos a que se ha hecho alusión, entre otras agresiones, que implican una violación a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y la seguridad personal, a la libertad de expresión y a la seguridad jurídica.
Es importante destacar que esta comisión dictaminadora considera oportuno exhortar a la Procuraduría General de la República, por conducto de Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, la cual está adscrita a la oficina del procurador general de la República y misma que fuera creada por acuerdo A/ 145 /10 del procurador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010.
En atención a lo anterior, es a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, a quien se debe exhortar en términos del presente dictamen.
En ese contexto las y los legisladores debemos reiterar la importancia de darle seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación para velar de manera plena por su seguridad y el respeto de la garantía fundamental de libertad de expresión.
Por ello, los integrantes de esta comisión estamos a favor de impulsar las medidas necesarias para prevenir y erradicar las violaciones a los derechos humanos.
No se omite señalar que el trabajo parlamentario de nuestra compañera diputada Jeny de los Reyes Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha trascendido, por lo que el presente dictamen se realiza en su memoria y como reconocimiento de su labor y compromiso legislativo.
Por lo expuesto y fundado, esta Comisión de Justicia, somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, para que se realicen las investigaciones necesarias que conduzcan a la localización de los periodistas Ramón Ángeles Zalpa y María Estela Aguilar Cansinde.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, para que se investigue y esclarezca la privación de la libertad y el fallecimiento del licenciado Enrique Villicaña Palomares.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.
La Comisión de Justicia
Diputados: Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Julio César Godoy Toscano (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica con las adiciones propuestas y votadas a favor), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica a favor con las adecuaciones vertidas en la comisión), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Sagarpa a definir y publicar el procedimiento para reasignar los recursos derivados de la disminución del padrón de beneficiarios del Procampo por el programa de actualización de datos y expedientes de éste
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a definir y publicar el procedimiento para la reasignación de los recursos derivados de la disminución del padrón de beneficiarios del Procampo, como resultado del programa de actualización de datos y de expedientes, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM.
Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Ganadería, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45, numeral 6 inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A la Comisión de Agricultura y Ganadería le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes
Antecedentes
El 3 de noviembre de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a esta Comisión de Agricultura y Ganadería la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a definir y publicar el procedimiento para la reasignación de los recursos derivados de la disminución del padrón de beneficiarios del Procampo, como resultado del programa de actualización de datos y de expedientes, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM.
Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión, hemos tenido a bien formular las siguientes
Consideraciones
Que el artículo 27 constitucional señala en su fracción XX, que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumas, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
Que el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) 1 , establece como principio rector el desarrollo humano sustentable, mismo que se articula sobre cinco ejes de política pública, dentro de los que se encuentra el de economía competitiva y generadora de empleos, que considera en la Estrategia 9.10., la continuación del programa de Apoyos Directos al Campo, denominado Procampo, mejorando su operación y eficiencia.
Que el Procampo se regula por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 1994 y su fe de erratas del 26 de septiembre del mismo año en el que se establece que tiene por objeto transferir recursos en apoyo a la economía de los productores rurales que siembren la superficie elegible registrada en el directorio del programa; cumplan con los requisitos que establezca la normatividad, y acudan a solicitar por escrito el apoyo.
Que el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (2007-2012) 2 , dispone en sus objetivos, la estrategia 3.6 denominada “Generar certidumbre y agregación de valor en las actividades agroalimentarias”, en la que se prevé un nuevo esquema de apoyos directos al campo, Procampo, en el cual se establecen cuotas con el propósito de otorgar una distribución equitativa de los recursos presupuestarios.
Que el pasado 8 de abril de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Directos al Campo, Procampo que tiene como principio rector el desarrollo humano sustentable para generar certidumbre y agregar valor a las actividades agroalimentarias, mediante una distribución equitativa de los recursos para apoyar a los productores y dispongan de recursos para invertir en sus unidades de producción, privilegiando a productores propietarios y titulares o en posesión de predios con superficie de menos de cinco hectáreas.
Que la Sagarpa publicó el martes 1 de septiembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emiten los lineamientos del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del Procampo”; es una prioridad para el Ejecutivo federal y una preocupación para el Congreso de la Unión, incorporar procesos de mejora que permitan tener un mejor control y transparencia en la aplicación de los recursos federales al campo mexicano, estableciendo una comunicación permanente con las instancias de procuración de justicia y toda aquella autoridad competente que coadyuve en la mejor aplicación del gasto federal, para fortalecer en todo momento la participación de la sociedad a través de la Contraloría Social como instancia de participación ciudadana y plural.
Que los propietarios de predios inscritos en el Procampo tendrán la obligación de acudir al módulo de atención que les corresponda, de conformidad con el calendario de actualización e integración de expedientes, debiendo en todos los casos proporcionar la documentación e información solicitada.
Que el objeto del acuerdo es establecer las disposiciones a las que se sujetan la operación del programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del Programa de Apoyos Directos al Campo.
Que dentro de esta actualización se considere la situación actual de los campesinos en algunos de los documentos que correspondan a la tenencia de los predios, toda vez que muchos de ellos se encuentran en poder del Banrural, hoy el SAE.
Los sujetos del programa de actualización de datos y complementación de expedientes, comprende a los propietarios de predios inscritos en el Procampo que hayan recibido los apoyos en uno o varios de los ciclos agrícolas primavera-verano 2007 al 2009 y otoño-invierno 2006-2007 al 2008-2009, así como aquellos cuyos predios no fueron objeto del apoyo en el periodo citado por encontrarse bajo procedimientos judiciales o administrativos pendientes de resolución.
Que conforme a la operación de cada ciclo agrícola, el programa dispone de un mecanismo donde el productor actualiza la información registrada, esta información corresponde a los predios registrados derivado de la base de datos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares urbanos Procede, del Registro Agrario Nacional, RAN, y del Catastro Rural, de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Al propietario del predio inscrito en el Procampo que no comparezca o no justifique que se encontró impedido para acudir al módulo de atención a proporcionar la información y documentación requerida o que en el proceso de actualización e integración de expedientes se cuente con elementos que notoriamente adviertan el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, se dará de baja el predio en el Padrón Actualizado del Directorio del Procampo y perderá la capacidad de ser elegible del apoyo previsto en el Procampo.
Que el 27 de octubre de 2009 la Sagarpa, a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), órgano desconcentrado de la secretaría, publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer calendario de actualización e integración de expedientes del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del Procampo.
A efecto de que el propietario o a quien acredite tener la capacidad para ejercer actos de dominio sobre uno o varios predios inscritos en el Procampo, acuda al Módulo de Atención que le corresponda para realizar los trámites de Actualización e Integración de Expedientes y proporcionar la información productiva y socioeconómica.
Que en el artículo 2 del acuerdo por el que se emiten los lineamientos del programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del Procampo, señala:
Articulo 2. ...
I. Calendario de Actualización e Integración de Expedientes: Documento que establece el periodo y el horario de atención al propietario o a quien acredite tener capacidad para ejercer actos de dominio sobre uno o varios predios inscritos en el Procampo, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en las páginas electrónicas de la Secretaría: www.sagarpa.gob.mx; de Aserca: www.aserca.gob.mx; y en los principales medios de comunicación.
Que con las acciones del gobierno federal el programa de Apoyos Directos al Campo también llamado “Procampo para Vivir mejor” se han implantado mecanismos para mejorar el programa, es pertinente mencionar que el Procampo tiene como propósito transferir apoyos al ingreso de los productores rurales, cumpliéndose ampliamente con su objetivo ya que atiende a 2.7 millones de productores agrícolas.
Que serán sujetos del apoyo, los productores, personas físicas o morales, con predios registrados en el Procampo, a los que se les haya integrado en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) que les corresponda su Expediente Único Completo, que mantengan el predio en explotación y cumplan la normatividad de este Programa. 3
Que en la exposición de motivos del punto de acuerdo se señala que es evidente que los cambios en el padrón impedirán la aplicación de los recursos presupuestales asignados y por tal motivo es necesario que se contemple desde ahora, el fin que tendrán dichos recursos.
En razón de lo expuesto la Comisión de Agricultura y Ganadería, somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta a la Sagarpa para que a través de Aserca desarrolle y haga pública la estrategia de mediano plazo contemplada para la actualización continua del padrón de beneficiarios del Procampo.
Segundo. Se exhorta a la Sagarpa para que defina, señale puntualmente y haga público el destino de los recursos presupuestados que, derivados de la reducción del padrón de beneficiarios, como consecuencia de la implantación del programa de Actualización de Datos y Expedientes del Procampo, no serán aplicados.
Notas
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007.
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2008.
3 Remitirse a Reglas de Operación del Procampo publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2002, apartado III.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre del 2010.
La Comisión de Agricultura y Ganadería
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes, José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Óscar García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), José Luis Iñiguez Gámez, Fernando Santamaría Prieto, Ricardo Sánchez Gálvez, Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de diversas dependencias del gobierno federal a realizar las gestiones necesarias para promover mayor generación y utilización de los bioenergéticos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las diversas dependencias del gobierno federal a realizar gestiones para promover mayor generación y utilización de bioenergéticos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI.
Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Ganadería, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. A la Comisión de Agricultura y Ganadería le corresponde dictaminar la presente proposición con punto de acuerdo a partir de los siguientes
Antecedentes
El 13 de octubre de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Agricultura y Ganadería la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las diversas dependencias del gobierno federal a realizar gestiones para promover mayor generación y utilización de bioenergéticos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del PRI.
Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión hemos tenido a bien formular las siguientes
Consideraciones
Que sin duda, uno de los temas que han generado un enorme interés en años recientes es el referente a la búsqueda de fuentes alternativas de energía, particularmente en el uso de combustibles alternos que permitan la sustitución de los que impactan de manera negativa al medio ambiente.
Que dicho interés tiene que ver con una preocupación más importante relacionada con el consumo de petróleo, el cual es la fuente principal para la obtención de energía a nivel mundial. Actualmente se emplean en promedio 86 millones de barriles diarios a nivel mundial, según lo reporta la Agencia Internacional de Energía. De seguir la misma tendencia, se estima que esa cifra aumentará en mucho para los próximos 20 años, lo cual hace vulnerable el mercado de precios del petróleo ya que su escasez puede provocar aumentos indiscriminados y especulación con el precio de dicho recurso, afectando la estabilidad económica mundial.
Que en la década de los setentas, a nivel mundial ocurrió una crisis del petróleo la cual afectó severamente las finanzas de los sectores público y privado en muchos países, de la que México no quedó exento.
Que se ha demostrado de manera científica la futura escasez del petróleo. La teoría más explicativa al respecto es la llamada Teoría de Hubbert, del geofísico M. King Hubbert, quien pronosticó la caída en la producción del petróleo con base en cálculos sobre reservas mundiales.
Que de acuerdo a dicho pronóstico, muchas naciones han comenzado a establecer las directrices necesarias para la creación de programas que tengan el propósito de lograr la transición energética de las naciones, principalmente para lograr la sustitución gradual del petróleo como generador principal de energía.
Que en Estados Unidos de América y en Europa, principalmente, se han hecho inversiones significativas dirigidas a incrementar la investigación, desarrollo y promoción de los biocombustibles, los cuales se obtienen a partir de un principio natural, el cual está contenido en las diferentes formas de biomasa, ya sea en su estado sólido, líquido o gaseoso.
Que para el caso de América Latina, República de Brasil es hoy por hoy el país que ha hecho la mayor inversión en cuanto a investigación y desarrollo de los bioenergéticos. Un ejemplo de ello, es que los brasileños han aprovechado el sector primario para producir bioetanol y utilizarlo en motores, estaciones de servicio, sistemas de logística, transporte público y distribución. A nivel mundial, Brasil se considera la segunda potencia productora de bioetanol. Según datos del centro oficial de colaboración para el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), la producción de bioetanol en Brasil ha sido superior a los 16 mil 500 millones de litros, sólo detrás de Estados Unidos de América, quienes con sus 18 mil litros producen el 51.9 por ciento del total. El biodiesel es el segundo biocombustible en cuanto a producción se refiere a nivel mundial. Los principales países productores son Alemania, Francia, e Italia (véase en http://maps.grida.no/go/graphic/global-biofuel-production).
Que esto demuestra que la búsqueda de energías alternativas, particularmente de biocombustibles, al día de hoy ha adquirido una dimensión global, para lo cual los países involucrados se están dando a la tarea de crear mercados para fortalecer y estimular los ya existentes para la generación y el manejo de los mismos.
Que se ha demostrado que los biocombustibles permitirían la reducción de las emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera, ya que lo absorben a medida que crecen y emiten prácticamente la misma cantidad que los combustibles convencionales cuando se queman, por lo que se produce un proceso de ciclo cerrado (véase en www.biodisol.com).
Que el asunto es de la mayor importancia, tan es así que se han llegado a acuerdos concretos en torno al establecimiento de posturas comunes que incluyan una normatividad legal, integral y estándar para los países que participan de la investigación y desarrollo de los bioenergéticos, entre los cuales destacan bioetanol, biodiesel, biogás, biometanol y biohidrógeno.
Que para el desarrollo y la generación de los biocombustibles se requiere de proyectos de gran envergadura ya que dicha producción, conlleva a la creación de infraestructuras especializadas. Por dar un ejemplo, Estados Unidos de América, líderes en producción de etanol, cuentan para ello con un total de 170 biorefinerías creando así cerca de medio millón de empleos y 20 mil 700 millones de dólares en impuestos. Con ello además, ha logrado la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera en 14 millones de toneladas, equivalente al retiro de circulación de 2.1 millones de autos (véase en http://www.ethanolrfa.org/pages/ethanol-facts-environment).
Que la preocupación de los países por la disminución de las emisiones de carbono, ha llevado a éstos, a la elaboración de políticas orientadas hacia la generación y desarrollo de biotecnologías, lo cual compromete a nuestro país de manera directa en la participación de ese mismo esfuerzo.
Que como sabemos, nuestro país se encuentra entre los principales productores de petróleo a nivel mundial. México produce 2.6 millones de barriles diarios, y tiene una demanda creciente de 4 por ciento anual, lo cual indica que necesariamente tenemos que contar con el sustituto adecuado para la obtención de energía de nuevas fuentes, tales como los biocombustibles o bioenergéticos.
Que la demanda creciente, así como el hecho de que 64.2 por ciento del consumo final energético proviene de petrolíferos (gas licuado, gasolinas, querosenos, diesel y combustóleo) han obligado a nuestro país a la creación de una normatividad legal que regule el aprovechamiento del suelo y la materia prima con la que cuenta para la promoción y desarrollo de bioenergéticos.
Que el 1 de febrero de 2008 se publicó la Ley de La Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual establece en su artículo 1 las bases para lo siguiente:
I. Promover la producción de insumos para bioenergéticos, a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano, sin poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país de conformidad con lo establecido en el artículo 178 y 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
II. Desarrollar la producción, comercialización y uso eficiente de los bioenergéticos para contribuir a la reactivación del sector rural, la generación de empleo y una mejor calidad de vida para la población; en particular las de alta y muy alta marginalidad.
III. Promover, en términos de la Ley de Planeación, el desarrollo regional y el de las comunidades rurales menos favorecidas;
IV. Procurar la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y gases de efecto de invernadero, utilizando para ello los instrumentos internacionales contenidos en los tratados en que México sea parte; y
V. Coordinar acciones entre los gobiernos federal, estatales, Distrito Federal y municipales, así como la concurrencia con los sectores social y privado, para el desarrollo de los Bioenergéticos.”
Que además es posible, conforme a lo establecido en el marco constitucional, lograr un mayor impacto en cuanto a la generación y empleo de los biocombustibles, así lo establece la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos en su artículo 7: “En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, Distrito Federal y de los municipios, impulsará las políticas, programas y demás acciones que considere necesarios para el cumplimiento de esta ley.
Para tal efecto, el Ejecutivo federal, a través de sus dependencias y entidades, podrá suscribir convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, Distrito Federal y de los municipios, con el objeto de establecer las bases de participación, en el ámbito de sus competencias, para instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de esta ley”.
Que asimismo, la ley crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, integrada por los titulares de Sagarpa, Sener, Semarnat, SE, SHCP, Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía (Conae), Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) y diversas asociaciones que promueven la explotación de las energías renovables. Un dato que aporta la Sener-GTZ estima que el potencial técnico de la bioenergía en México se encuentra entre 2 mil 635 y 3 mil 771 joules* al año (que representan 8 por ciento del consumo de energía primaria en México); sin embargo, su uso actual es 10 veces menor. Del potencial estimado, 40 por ciento proviene de los combustibles de madera, 26 por ciento de los agro-combustibles y 0.6 por ciento de los subproductos de origen municipal (véase en http://www.fata.unam.mx/ciencia/2010/bioenergia-primera-parte).
Que entre las funciones de la Comisión Intersecretarial se encuentran las siguientes:
– Participar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, en la elaboración de programas de corto, mediano y largo plazos, relacionados con la producción y comercialización de insumos, y con la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de bioenergéticos.
– Establecer las bases y lineamientos para la suscripción de acuerdos o convenios de coordinación entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales, para dar cumplimiento a esta ley, a los programas y las disposiciones que deriven de la misma, en lo relativo a la producción y comercialización de insumos, y a la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de bioenergéticos.
– Fomentar la agroindustria y la inversión e infraestructura necesarias, así como el uso de tecnologías eficientes para la producción y comercialización de insumos y para la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el uso eficiente de bioenergéticos. Al respecto, la comisión propondrá los “lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar en cuenta las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Todo ello, en relación con lo establecido en el artículo 8 de la ley en comento.
Que no obstante, con la creación de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía, ha creado de forma paralela a la comisión, la “estrategia nacional de energía”. Dicha estrategia se fundamenta en lo establecido en el capítulo IV de la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008, y la cual servirá “como el mecanismo para impulsar las políticas, programas, acciones, y proyectos encaminados a alcanzar una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y promover las tecnologías limpias, promover la eficiencia y la sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía” (véase en http://www.sener.gob.mx/res/1646/EstrategiaNacionaldeEnergiaRatificadap orelHCongresodelaUnion.pdf).
Que dicha estrategia servirá para llevar a cabo la transición energética que el país requiere, la cual se basa en la visión 2024, a través de 3 ejes rectores:
– Seguridad energética;
– Eficiencia económica productiva; y
– Sustentabilidad ambiental.
Y a partir de estos 3 ejes rectores, se tienen nueve objetivos en los cuales se estará centrando toda la atención:
1. Restituir reservas, revertir la declinación de la producción de crudo y mantener la producción de gas natural.
2. Diversificar las fuentes de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias.
3. Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energía.
4. Reducir el impacto ambiental del sector energético.
5. Operar de forma eficiente, confiable y segura la infraestructura.
6. Promover el desarrollo tecnológico y de capital humano para el sector.
7. Proveer de energéticos de calidad y a precios competitivos a los centros de población marginados del país.
8. Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de gas y petrolíferos.
9. Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento para reducir el costo de suministro de energéticos.
Que la terminología aplicada en nuestra legislación establece para biocombustibles la denominación de Bioenergéticos, queda demostrado de manera concreta, que nuestra actual normatividad contiene los elementos legales necesarios, que coadyuven a la activa promoción, desarrollo y utilización de los bioenergéticos, como bien se ha señalado en las citas anteriores de la ley respectiva.
Que con base en ello, la honorable Comisión de Agricultura, durante sus reuniones de trabajo, se dio a la tarea de analizar y discutir el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación, derivando de ello propuestas tendentes a mejorar los niveles de vida de la población en general, y los campesinos en particular; esto potencializando las capacidades productivas del campo, para obtener el mejor provecho de nuestros suelos, y que ello sirva para lograr el objetivo de promover activamente la utilización de los biocombustibles; su generación, desarrollo y mejoramiento.
Que dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se asignaron dentro de las vertientes 3. Medio Ambiente en su punto; y 8. Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación, en su apartado de bioenergía y fuentes alternativas, 335 millones de pesos. Por tanto, esta comisión determinó desechar la petición del primer acuerdo del promovente, en el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, designe y etiquete dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 los recursos necesarios a efecto de que las distintas instancias de gobierno promuevan la generación y uso de los bioenergéticos, puesto que dicha proposición se encuentra ya considerada.
Que en el marco de la decimosexta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la sexta Conferencia de las Partes actuando como Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto, la COP 16, que se celebra en nuestro país y que aglutina a diversos países comprometidos en materia de cooperación internacional en contra del cambio climático, es necesario promover medidas encaminadas a atenuar el impacto de la contaminación producida por la utilización de los combustibles fósiles, y en su lugar, pugnar por mejores medios para la obtención de energía a través de la implementación del uso de los biocombustibles.
Que la promoción activa de la utilización de biocombustibles o bioenergéticos es tarea fundamental de las democracias modernas, de los Estados preocupados por la sustentabilidad y la protección del medio ambiente, así como de todos los países que tienen como objetivo la protección de sus poblaciones presentes y futuras.
Con base en los antecedentes y consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de esta Comisión, tenemos a bien poner a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para que en los tres niveles de gobierno se promueva el uso de los biocombustibles, así como en el ámbito privado.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos a presentar, con la mayor brevedad, ante esta soberanía el programa relacionado con la producción, comercialización y uso eficiente de los biocombustibles.
Nota
* Unidad del Sistema Internacional para la medición de energía y trabajo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2010.
La Comisión de Agricultura y Ganadería
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes, José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Óscar García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz, Narcedalia Ramírez Pineda, Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), José Luis Íñiguez, Fernando Santamaría Prieto, Ricardo Sánchez Gálvez, Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al IMSS a tutelar con energía lo dispuesto en la Ley para el Debido Respeto de los Derechos de los Jornaleros Agrícolas, especialmente por lo que se refiere a los niños
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada el 4 de noviembre de 2010, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo, con el objeto de exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al (IMSS), a tutelar con energía lo mandatado por la Ley para el debido respeto de los derechos de los jornaleros agrícolas, especialmente, tratándose de las niñas y niños, presentada por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En fecha 4 de noviembre de 2010, el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.
3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes consideraciones
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Rodolfo Lara Lagunas. El argumento toral del punto de acuerdo en tratamiento, se refiere a que la autoridad federal del trabajo y previsión social y la del Seguro Social deben tutelar y hacer respetar con energía los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores jornaleros agrícolas, en especial, la de las niñas y niños, dentro de sus facultades constitucionales y legales, toda vez que dichos jornaleros realizan jornadas extenuantes y excesivas de trabajo, sin contar con las condiciones de seguridad e higiene, recibiendo salarios muy bajos y sin gozar del derecho de seguridad social.
La situación se agrava cuando las labores las llevan a cabo niñas y niños desde muy chicos, teniendo que soportar jornadas extenuantes, poniendo en peligro su integridad física y su propia vida al trabajar con máquinas de alto riesgo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la atribución de vigilar y hacer cumplir con lo dispuesto en las fracciones I, II, III y XV del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a los establecido en las fracciones I y XI del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que a la letra dice
“Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;
XI. Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento;”
Asimismo, dicha Secretaría tiene la atribución de vigilar y hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 5o., 22, 23, 56, 57, 60, 61, 62, 67, 85, 86, 90, 132, 133, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 de la Ley Federal del Trabajo; relativos en términos generales a que la jornada máxima de trabajo será de ocho horas; a que están prohibidas las labores insalubres o peligrosas; a que está prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años; a que los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas; a que el patrono estará obligado a observar, de acuerdo a la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo; a que la condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la Ley Federal del Trabajo; a que el salario debe ser remunerador; a que trabajo igual, salario igual; a que el salario mínimo debe ser suficiente; a que el patrón debe cumplir con sus obligaciones para con sus trabajadores.
En relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ésta entidad administrativa federal tiene la obligación de observar y hacer aplicar lo dispuesto en los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Seguro Social que establecen:
“Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República, en la forma y términos que la misma establece, sus disposiciones son de orden público y de interés social.
Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.”
De acuerdo con las facultades y atribuciones constitucionales y legales referidas anteriormente para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y para el Instituto Mexicano del Seguro Social, es necesario que éstas procedan a establecer sanciones a quienes violenten la normatividad jurídica relativa, y en su caso, puedan deslindar responsabilidades.
En tal tesitura, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamina lo siguiente:
Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al IMSS para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, tutelen con energía lo mandatado por el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, de manera que se respeten los derechos laborales y la seguridad social de los jornaleros agrícolas, especialmente, tratándose de las niñas y niños.
Segundo. Se exhorta de acuerdo a las facultades y atribuciones constitucionales y legales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, que procedan a establecer sanciones a quienes violenten la normatividad jurídica relativa, y en su caso, puedan deslindar responsabilidades.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el 10 del mes de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa, José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez, Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados, Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica en contra), Rodolfo Lara Lagunas, Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se solicita a los gobernadores que instruyan a sus respectivos secretarios del Trabajo o sus equivalentes a fin de que hagan efectivos los derechos laborales consagrados en la Constitución Federal y en la Ley Federal del Trabajo para el personal docente, administrativo y de servicios de los planteles educativos particulares
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue turnada el 2 de febrero de 2010 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los gobernadores que instruyan a sus respectivos secretarios del Trabajo y Previsión Social o sus equivalentes, a fin de que hagan efectivos los derechos laborales consagrados en la Constitución federal y en la Ley Federal del Trabajo para el personal docente, administrativo y de servicios de los planteles educativos particulares, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del PRI.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En fecha 2 de febrero de 2010, el diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita para su correspondiente dictamen.
3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Salvador Caro Cabrera. El argumento toral del punto de acuerdo en tratamiento se refiere a que es necesario hacer efectivos los derechos laborales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo del personal docente, administrativo y de servicios que labora dentro de los planteles educativos particulares establecidos dentro del territorio nacional, toda vez que una inmensa mayoría de ellos efectivamente, no goza de percepciones económicas en los periodos vacacionales correspondientes, reciben salarios muy bajos, no gozan de seguridad social o les son rebajadas las cuotas respectivas, su jornada laboral es más larga que la permitida por la ley realizando actividades muchas veces afuera del aula, sin percibir remuneración económica alguna, entre otras situaciones irregulares.
Ante dicha situación compleja e inequitativa, muchos integrantes del personal docente, administrativo y de servicios aceptan esas condiciones de trabajo ante la falta de oportunidades de empleo en otros centros de educación, absteniéndose de demandar judicialmente, por temor a perder su empleo.
En tal sentido, es necesario que las autoridades laborales de las entidades federativas lleven a cabo una labor de justicia social más apremiante para incitar a mejorar las condiciones laborales y económicas del personal docente, administrativo y de servicios de los planteles educativos de dichas entidades.
Con el propósito de concretar a que autoridades del trabajo se haría efectivo el exhorto aquí referido, la Comisión de Trabajo solicito al Diputado Ponente, precisara los alcances de su petición.
Mediante oficio número 114/10, de fecha 8 de noviembre de 2010, el diputado Salvador Caro Cabrera envió a esta comisión un tanto del estudio elaborado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados LXI Legislatura, por medio del cual se fundamento el punto de acuerdo suscrito por el citado diputado.
El estudio en cuestión se refiere básicamente al marco legal laboral de profesores de escuelas y universidades privadas, su regulación, la libertad laboral y la competencia en tratándose de la aplicación de las normas de trabajo.
El estudio realizado por el CEDIP no omite señalar que, indebidamente, muchas escuelas y universidades privadas, acostumbran contratar a sus profesores bajo el régimen de honorarios, regulado en el Código Civil Federal y en los de las 32 entidades federativas.
Señala que en el Código Civil Federal. Esta figura está regulada en el capítulo II, del título décimo y, por su parte, el Código Civil del Distrito Federal lo regula en el capítulo II, precisa que ambos códigos son prácticamente iguales en esta materia.
Concluye señalando el estudio citado que en estricto derecho esta normatividad no es aplicable a los profesores que prestan servicios en instituciones de educación privadas, las que han utilizado esta forma de contratación, con el evidente propósito de evadir y no cumplir con las obligaciones que les impone la Ley Federal del Trabajo.
En virtud de lo anterior, esta Asamblea Legislativa Nacional solicita, en forma muy atenta, a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas que cumplan con lo dispuesto en la fracción XXXI del artículo123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice que “la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a...” que dentro de dicho marco de facultades constitucionales y legales, instruyan a sus respectivos secretarios del Trabajo y Previsión Social, o sus equivalentes, para que hagan efectivos los derechos laborales consagrados en la Constitución federal y en la Ley Federal del Trabajo para el personal docente, administrativo y de servicios que labora dentro de los planteles educativos particulares establecidos dentro del territorio nacional, así como vigilar y exigir a los dueños de los mismos el cumplimiento de las obligaciones en la materia que les impone la normatividad referida.
En tal tesitura y ante las consideraciones antes vertidas, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamina lo siguiente:
Único. Esta soberanía exhorta a los gobernadores a instruir a sus respectivos secretarios del Trabajo y Previsión Social, o a sus direcciones o departamentos de trabajo, a fin de que hagan efectivos los derechos laborales consagrados en la Constitución federal y en la Ley Federal del Trabajo para el personal docente, administrativo y de servicios que labora dentro de los planteles educativos particulares establecidos dentro del territorio nacional; y asimismo, para vigilar y exigir a los dueños de éstos el cumplimiento de las obligaciones en la materia que les impone la normatividad referida.
Así lo acuerdan los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña, Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez, Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales, Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas, Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez, Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas, Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Banobras a respetar de manera irrestricta la libertad de asociación de los trabajadores de la banca de desarrollo en la Federación Mexicana de Sindicatos del Sistema Financiero
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, perteneciente a la LXI Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Banobras a respetar de manera irrestricta la libertad de asociación de los trabajadores de la banca de desarrollo de la Federación Mexicana de Sindicatos del Sistema Financiero, y a cesar el hostigamiento laboral contra el comité ejecutivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Banobras, presentada el 14 de septiembre de 2010 por el diputado federal Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado la proposición de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo a los siguientes
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del 14 de septiembre de 2010, el diputado federal Francisco Hernández Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Banobras a respetar de manera irrestricta la libertad de asociación de los trabajadores de la banca de desarrollo de la Federación Mexicana de Sindicatos del Sistema Financiero, y a cesar el hostigamiento laboral contra el comité ejecutivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Banobras.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con base en dichos antecedentes, los integrantes de esta comisión procedieron al análisis de la proposición en comento, de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
1. Según refiere el promovente, los Sindicatos Único Nacional de Trabajadores del Banobras, Único y Democrático de los Trabajadores de Bancomext, Único Nacional de Trabajadores de Nafinsa, Nacional de Trabajadores del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y Único de Trabajadores de Sociedad Hipotecaria Federal a formar la Federación Mexicana de Sindicatos del Sistema Financiero, nombrando como secretario general a Luis Ángel Romo Lazo, quien funge como secretario general del Sindicato de Banobras.
Esta decisión, fundamentada en la libre asociación prevista en el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción XIII Bis, y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México, ha sido atacada por la Dirección General de Banobras por la vía del hostigamiento, las amenazas y la persecución de su directiva, al momento de negarse a renunciar a sus cargos, lo que se traduce en reducción de licencias sindicales, supresión del servicio dental a los jubilados, amenaza de desalojo del local sindical, la suspensión de la línea telefónica e Intranet, así como la amenaza de despido de los secretarios general y de trabajo y conflictos, así como la negativa a reconocer a la representación del sindicato para la gestión de los trámites sindicales, como se hacía desde la respectiva toma de nota.
Refiere el legislador que el propósito del presente acuerdo es exhortar al director general de Banobras, actuario Alonso Pascual García Tamés, a restablecer el respeto y el diálogo en las relaciones laborales como elemento central en la solución y en las decisiones de los trabajadores en torno de su organización y representatividad.
En dicho sentido, el resolutivo de la proposición objeto del presente dictamen es el siguiente:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, actuario Alonso Pascual García Tamés, a respetar de manera irrestricta la libertad de asociación de los trabajadores de la banca de desarrollo en la Federación Mexicana de Sindicatos del Sistema Financiero, y a cesar el hostigamiento laboral contra el comité ejecutivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Banobras.
2. Además de los hechos referidos por el proponente, los medios de comunicación han recogido otras expresiones de agresión hacia la dirigencia del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Banobras: reducción de licencias sindicales de 13 a ocho; la supresión del servicio médico, dental y administrativo a jubilados; el desahucio de un local sindical situado en Coyoacán, precedido de la supresión del servicio telefónico y de Intranet en esas oficinas y, lo más grave de todo, el intento de promover una directiva sindical alterna, conformada por tres disidentes, a los que se instaló en una oficina vecina a la del propio sindicato en el edificio de Banobras en Santa Fe.
Esta organización sindical paralela, que carece del apoyo mayoritario de los trabajadores de la institución, intentó obtener, sin éxito, la toma de nota que les daría la representación en las relaciones laborales.
Los trabajadores han solicitado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como cabeza del sector, que intervenga para que se detengan estas agresiones y permitan a los sindicatos de la banca de desarrollo organizarse de acuerdo a sus intereses.
3. La libertad sindical está consagrada en nuestra Constitución Política que en su artículo 123, apartado A, fracción XVI, establece que “tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera”.
Esta libertad no tiene más limitaciones que las que marcan las leyes y la propia Constitución que consagra la libre asociación en su artículo que determina lo siguiente:
“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”.
La libertad sindical permite a los trabajadores constituir las organizaciones que se estime convenientes; redactar sus propios estatutos y reglamentos; el derecho de elegir libremente a sus representantes; el derecho a organizar su administración; y la garantía de no ser disueltas o suspendidas por vía administrativa.
A mayor abundamiento, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1948, ratificado por nuestro país dos años después y que, por mandato del artículo 133 constitucional, forma parte de nuestra ley suprema, establece en el artículo 2 lo siguiente:
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de éstas.
Por esta razón, los trabajadores están en condiciones de ejercer sin coacción su facultad de asociarse en defensa de sus intereses y constituye una intromisión inadmisible que elementos externos a las mismas realicen acciones contrarias a esa libertad.
En conclusión, la dictaminadora coincide con los propósitos del diputado promovente y exhorta de manera respetuosa a la dirección general de Banobras a abstenerse de realizar o promover acciones contrarias al ejercicio del derecho de los trabajadores a su libre sindicalización.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de manera respetuosa y en el contexto de la división de poderes, exhorta al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, actuario Alonso Pascual García Tamés, a respetar de manera irrestricta la libertad de asociación de los trabajadores de la banca de desarrollo en la Federación Mexicana de Sindicatos del Sistema Financiero, y a cesar el hostigamiento laboral contra el comité ejecutivo del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Banobras.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Gobernación, a Grupo México y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana a establecer una mesa de solución del conflicto minero
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue turnada, el 7 de octubre de 2010, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exige la libertad de los mineros de Cananea y Esqueda, así como una solución definitiva al conflicto laboral con base en el respeto a sus empleos, contrato colectivo de trabajo y sindicato minero, presentado por el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 50, 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada el 7 de octubre de 2010, el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.
3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.
Los argumentos del punto de acuerdo en tratamiento establecen lo siguiente:
– Que los mineros de Cananea llevan más de tres años en huelga y, a pesar de los esfuerzos de la empresa en su contra, ésta nunca pudo declararse ilegal.
– Que, de manera sorpresiva, logró una resolución de terminación de las relaciones laborales y ofreció liquidación a los mineros, ofrecimiento que ha sido rechazado hasta la fecha por la inmensa mayoría de los mineros.
– Que el sindicato del que forman parte los citados mineros logró, una suspensión provisional por vía del amparo, obligando a la Policía Federal a salir de la mina (que se hallaba tomada por éstas desde la resolución a favor de la empresa) y a volver al estado de cosas anterior a la citada resolución.
– Que los dueños de la mina, el Grupo México de Germán Larrea, ha recibido todo el apoyo del gobierno estatal y federal acorralando a los mineros de manera permanente.
– Que a pesar de que el gobierno federal abrió una mesa de diálogo y negociación en la Secretaría de Gobernación, la Empresa nunca se ha sentado a esa mesa.
– Que en los hechos, el único ofrecimiento a los miembros es que se liquiden.
– Que sumado a lo anterior, en Esqueda, Sonora, se encuentra la fundidora que trabaja el mineral que sale de Cananea y que los 890 trabajadores de este lugar, decidieron volver al Sindicato Nacional Minero, por lo cual fueron despedidos 40 trabajadores, dentro de ellos sus líderes y, se mantiene cerrada la empresa, bajo amenaza de cierre, definitivo si los trabajadores mantienen su decisión de reintegrarse al citado sindicato (leer volante).
– Que el martes 7 de septiembre y el miércoles 8 del mismo, se dieron en Cananea enfrentamientos entre trabajadores “terceros” y mineros dejando como saldo varios heridos.
– Que el miércoles 8 de septiembre fueron detenidas 26 personas sin orden de aprehensión, producto de los enfrentamiento. Ante la gravedad de las cosas, las Comisión Especial para dar Seguimiento a la problemática Surgida de los Conflictos Mineros del País, acordó trasladarse al lugar de inmediato, por lo cual los diputados Pompa Corrella y Fernández Noroña se desplazaron a Cananea el 9 de septiembre.
– Los citados diputados se reunieron con el alcalde de Cananea con un militar de la zona correspondiente, con los mineros y acudieron a Agua Prieta, donde estaban los detenidos y ahí se reunieron con el subprocurador Bonilla y vieron a los detenidos.
– Después de estas reuniones la comisión se hizo de una idea más precisa de lo que ahí había sucedido y se enteró que de los 26 detenidos, todos aprehendidos sin la orden correspondiente, 3 eran trabajadores “terceros” (trabajadores de empresas que Grupo México ha introducido en la mina a laborar a pesar de la huelga) que fueron liberados de inmediato; otro, un menor que fue liberado el 9 de septiembre, un par de horas antes de que los diputados Pompa y Fernández Noroña llegaran a visitar a los detenidos en Agua Prieta, y los 22 restantes ahí permanecían en espera de la resolución del MP.
– Que de los 22 restantes, todos eran mineros a excepción de un hombre que sostenía haber sido detenido sin más por donde iba caminado.
– Que todos los detenidos fueron apresados en diversas horas y lugares, sometidos con violencia, incomunicados durante horas y se les negó la asistencia de su abogado particular, signándoles abogados de oficio. A varios de ellos se les negó el derecho a leer su declaración y una decena se dolía de que se les tuvo esposados toda la tarde y noche del día 8 y lo que iba del 9 y que, se les había liberado de las esposas hasta casi la llegada de los citados diputados.
– Que la noche del 9 de septiembre, después de regresar de Agua Prieta los citados diputados se reunieron en Hermosillo con el secretario de Gobierno, Héctor Larios.
– Que en la citada reunión, los legisladores le expresaron al funcionario sus impresiones y la preocupación de que la detención era un claro acto de represión, pues a pesar de que las autoridades sostenían tener identificado al que disparo pretendían acusar de intento de homicidio a los mineros detenidos.
– Que plateamos con claridad y firmeza que los detenidos eran, desde nuestro punto de vista, presos políticos y que, Esqueda se perfilaba como un conflicto similar al desatado en Cananea.
– Que el día siguiente a pesar de las irregularidades en las detenciones y de lo endeble de las acusaciones, los 22 detenidos fueron consignados.
– Que a la fecha, 21 detenidos alcanzaron su libertad bajo fianza y mandando a los mineros a la calle y que Esqueda se perfilaba como otro grave conflicto en la región.
– Que el Grupo México se niega a respetar el derecho de los trabajadores a decidir su sindicato y sus liderazgos. .
– Que el citado grupo empresarial actúa con absoluta prepotencia y que, los gobiernos estatal y federal, sirven sin recato a los intereses de la citada empresa.
– Que para colmo de las ironías, Cananea es considerada la cuna de la Revolución y que, en el centenario de ésta, se vuelve a repetir la historia de despidos y represión.
– Que urge encontrar una solución que pase por el restablecimiento de la fuente de empleo, el respeto al CCT y al sindicato de mineros y trabajadores de la fundidora.
– Que el proceso legal que se sigue al líder minero Napoleón Gómez Urrutia se decide en los tribunales y en ningún otro lugar.
– Que los conflictos citados pueden terminar en una tragedia mayúscula pues mineros y trabajadores están siendo acorralados hasta la desesperación.
En resumen el punto medular de la proposición con punto de acuerdo se refiere a la solicitud para exigir la liberación de los mineros procesados y el castigo a los verdaderos responsables de la agresión con armas de fuego durante los enfrentamientos del 7 y el 8 de septiembre, así como a citar al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; a la Empresa Grupo México y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, al establecimiento de una mesa de solución del conflicto.
Ante el panorama de constante enfrentamiento respecto del problema de los mineros, esta comisión considera actuar, dentro del marco legal de sus atribuciones, y constituirse en un puente más que rebasado el ámbito nacional sea resuelto de manera favorable salvaguardando en un aspecto los intereses legítimos de los trabajadores y coadyuvando en el otro a la conservación de la fuente de trabajo y más aún en contribuir a que esta importante Industria pueda hacer crecer nuestra economía.
Es primordial también señalar que esta comisión emite la consideración anterior con pleno reconocimiento de la división de poderes y actúa considerando que, sin perjuicio de que pudo haber sucedido o no lo relatado por el diputado ponente en el presente punto de acuerdo, es una realidad que el conflicto minero existe, se encuentra vigente y lamentablemente no se ha podido encontrar una solución que le ponga fin, no obstante los esfuerzos que para resolverlo se han intentado.
Resulta pertinente también hacer énfasis y resaltar que el Estado mexicano tiene la oportunidad de enviar un mensaje correcto a los sectores productivos del país, y demostrar en los hechos, que la voluntad para resolver favorablemente este y otros conflictos existe y que, haciéndolo, se convertirá en un gran avance para el desarrollo pleno del país.
En tal tesitura, y por tanto, y ante las consideraciones antes vertidas, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamina lo siguiente:
Único. Se exhorta al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, a la empresa Grupo México y al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana a establecer una mesa de solución del conflicto minero.
Así lo acuerdan los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al consejero presidente del IFE a establecer una mesa de diálogo con la representación de los trabajadores para atender la problemática laboral y los despidos en el instituto
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados perteneciente a la LXI Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) a establecer una mesa de diálogo con la representación de los trabajadores para atender la problemática laboral y los despidos en el instituto, presentada el 7 de abril de 2010 por el diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 60 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado la proposición de referencia somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del 7 de abril de 2010, el diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI Legislatura, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al consejero presidente del IFE a establecer una mesa de diálogo con la representación de los trabajadores para atender la problemática laboral y los despidos en el instituto.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar dicha proposición para estudio y dictamen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con base en dichos antecedentes, los integrantes de esta comisión procedieron al análisis de la proposición en comento, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
1. De acuerdo con lo expuesto por el proponente, desde su constitución el IFE mantiene un régimen de excepción con sus trabajadores, al considerarlos, desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como trabajadores de confianza pertenecientes al Apartado B del artículo 123 constitucional, con independencia del trabajo que desempeñan.
Con el argumento de que el instituto tiene como misión la organización de los procesos electorales a escala federal, se crea un régimen laboral que despoja a todos los trabajadores al servicio del IFE de garantías fundamentales.
Finalmente, argumentó que se ha amenazado de despido a cerca de mil 500 trabajadores, a criterio de la Dirección Ejecutiva de Administración, por una supuesta situación financiera difícil para el instituto y como una medida de contención de los esfuerzos organizativos que han emprendido los trabajadores al servicio del IFE.
La proposición objeto del presente dictamen plantea lo siguiente:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, a establecer una mesa de diálogo con la Asociación de Trabajadores del IFE, Asociación Civil, para buscar un acuerdo consensuado que permita al instituto cumplir sus metas de trabajo y garantizar las condiciones laborales y de empleo de los trabajadores a su servicio.
Segundo. Asimismo, lo exhorta a abstenerse de efectuar o instruir para que se instaure cualquier medida de intimidación contra los trabajadores integrantes de dicha organización, a fin de mantener una relación de respeto de los derechos laborales individuales y colectivos consagrados en la Constitución y en las leyes.
2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123, menciona que los trabajadores de confianza al servicio de los Poderes de la Unión y del gobierno del Distrito Federal disfrutan de sólo un par de garantías: la protección del salario y los beneficios de la seguridad social. Establece asimismo que serán de confianza los trabajadores que determine la ley.
La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123, enumera a los trabajadores que deben ser considerados de confianza; se trata básicamente de trabajadores que realizan labores de dirección, inspección, vigilancia, manejo de fondos o valores, control directo de adquisiciones, fiscalización y demás funciones ligadas a los intereses directos del patrón. De manera explícita, la ley referida detalla los trabajos que deben ser considerados de confianza, en el artículo 5o. Complementariamente, en el artículo 7o. señala que también serán considerados tales los no comprendidos en ese artículo, pero que sean determinados como tales en las leyes que creen organismos y entidades.
En el caso del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 208, numeral 1, establece que “todo el personal del instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución”.
Tal como está, resulta contradictorio que las personas que realicen labores administrativas, secretariales, de mensajería, de transporte, de mantenimiento o cualquier otro trabajo subordinado pierdan por esta condición excepcional garantías como la estabilidad, el derecho a indemnización en caso de despido injustificado y un conjunto de prestaciones sociales y económicas que sí tienen los trabajadores de base.
La ley ha condenado a estos trabajadores a carecer del goce de garantías de igualdad, de libertad de reunión y asociación, de seguridad jurídica y de garantías sociales de permanencia en el empleo, de igualdad de salario, de profesionalización laboral, de escalafón y de libertad de asociación profesional, que en favor de todos los habitantes de la nación instituye la Constitución.
Esta situación es atentatoria de garantías constitucionales y de convenios internacionales, como el 87 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la libertad sindical que por estar signado por el país es ley suprema, en los términos del artículo 133 constitucional.
3. Mientras esta situación prevalezca, el papel que desempeña la autoridad electoral como patrón resulta delicada. Es fundamental que las relaciones laborales entre las partes se conduzcan por la vía del diálogo y la concertación; un grupo de trabajadores despojado de las herramientas legales que le permitan su defensa pueden ser objeto de vejaciones y abusos si su contraparte no valora los trabajos que emprenden y su condición como servidores públicos en situación de desventaja para el ejercicio de sus derechos.
La amenaza de despidos masivos por las reducciones presupuestales y la carencia de una organización representativa reconocida legalmente potencialmente expondría al IFE a una situación de enfrentamiento si no se construyen los canales de comunicación y acuerdo que la ley no prevé para dicho personal.
En ese sentido, esta dictaminadora concuerda con los propósitos que enuncia el proponente y coincide en que la resolución de los conflictos laborales debe hacerse sobre la base del diálogo y la concertación, el respeto y la justicia para el trabajador.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, a establecer una mesa de diálogo con la Asociación de Trabajadores del IFE, Asociación Civil, para buscar un acuerdo consensuado que permita al instituto cumplir sus metas de trabajo y garantizar las condiciones laborales y de empleo de los trabajadores a su servicio.
Segundo. Asimismo, lo exhorta a abstenerse de efectuar o instruir para que se instaure cualquier medida de intimidación contra los trabajadores integrantes de dicha organización, a fin de mantener una relación de respeto de los derechos laborales individuales y colectivos consagrados en la Constitución y en las leyes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar de manera responsable más acciones dirigidas a todos los sectores laborales de riesgo donde se explota de manera regular a menores de edad
Honorable Asamblea:
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar de manera responsable más acciones dirigidas a todos los sectores laborales de riesgo donde se explota de manera regular a menores de edad.
En virtud de ello, esta comisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
La diputada Rosi Orozco señala en el inicio de las razones que motivan la proposición que “la expresión “trabajo infantil” o “trabajo de los niños” abarca toda actividad económica efectuada por una persona de menos de 15 años de edad, cualquiera que sea su situación en la ocupación (trabajador asalariado, trabajador independiente, trabajador familiar no remunerado, etcétera)”, Organización Internacional del Trabajo, Boletín Internacional número 5, 1995, página 6. Es decir, es la utilización de la fuerza de trabajo de niños en actividades económicas de producción e intercambio de bienes y servicios.
Expone, y esta comisión dictaminadora coincide en ello, que el trabajo infantil, así definido, sigue siendo un obstáculo fundamental para hacer realidad el derecho de todos los niños y los adolescentes a la educación y a la protección contra la violencia, los abusos y la explotación. Por ello son importantes y necesarias las acciones que pugnen por erradicar el trabajo infantil.
Aunado a lo anterior, manifiesta que los niños son explotados, innumerables veces víctimas de trata, en muchas formas en trabajos denigrantes y de alto riesgo que comprometen su salud moral y su seguridad, señalando de manera indicativa, pero limitativa, la explotación sexual y la explotación laboral en campos agrícolas, la industria manufacturera, el trabajo doméstico, la minería o la mendicidad, víctimas de cargas de trabajo excesivas, manipulación, violencia y abuso, sin oportunidad de asistir a la escuela y excluidos de la oportunidad de una mejor vida en el futuro.
Indica que en el país hay dos categorías de menores trabajadores: los de menos de 14 años, de quienes la Constitución y la Ley Federal del Trabajo prohíben que se utilice el trabajo, y los de edades entre 14 y 16, cuyo trabajo permite la ley en determinadas circunstancias, como haber cursado la educación obligatoria, jornada máxima de seis horas, no trabajo nocturno ni horas extra.
Argumenta que, de acuerdo con la información disponible, el número de menores que trabajan, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ascienden a 3.6 millones de entre 5 y 17 años; es decir, 12.5 por ciento de la población en este rango, de los que 66.9 por ciento corresponde a niños y 33.1 a niñas; 2.5 millones tienen entre 14 y 17 años, 27.6 por ciento, y 1.1 millones entre 5 y 13 años de edad. Datos del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social precisan que 43 por ciento del trabajo infantil se concentra en Chiapas, Veracruz, Puebla, México y Jalisco. Asimismo, 1.5 millones de menores no asisten a la escuela, y las poblaciones indígenas son las más vulnerables: se estima que 1 de cada 3 niños indígenas trabaja, y en las zonas urbanas se calcula que cerca de 100 mil niños laboran en la calle, de los que 20 mil sufren de explotación laboral.
La proponente advierte, y esta comisión avala su punto de vista, que estos datos hacen evidente que la incidencia del trabajo infantil agudiza problemas sociales de carácter estructurales, como la deserción escolar, que hacen indispensable impulsar políticas orientadas a erradicar el trabajo infantil y reducir la vulnerabilidad y el daño de los menores que deben trabajar, así como para prevenir la explotación infantil en cualquiera de sus manifestaciones.
La proponente considera, y la dictaminadora coincide, que esta circunstancia social de una porción tan importante de la población es resultado de problemas ancestrales que deben combatirse y erradicarse, para lo cual el gobierno federal ha puesto como plazo 2015 mediante el proyecto Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura, empresa que debe ser compartida por los tres órdenes de gobierno, con la participación activa de la sociedad y de sus organizaciones.
La comisión dictaminadora, además de lo expuesto por la proponente, considera oportuno el punto de acuerdo a efecto de impulsar el cumplimiento de los derechos del niño de 1989 establecidos en la Convención de Naciones Unidas y abatir los efectos negativos de la explotación laboral en la niñez.
Conforme a estas consideraciones, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 13 de octubre del año en curso que es procedente y oportuna la proposición que se dictamina, en virtud de lo cual somete a consideración de esta soberanía la aprobación y adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instaurar de manera responsable más acciones dirigidas a todos los sectores laborales de riesgo donde se explota de manera regular a menores de edad; y a los gobiernos estatales y a los municipales, a instaurar en el ámbito de sus competencias políticas públicas de combate y prevención de la explotación laboral de niños en los sectores laborales de riesgo, y de cualquier tipo de abuso, discriminación o explotación de que son víctimas los menores de edad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Salud de Michoacán, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Distrito Federal y Tabasco a respetar la toma de nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de la Salud y sus secciones
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social con opinión de la Comisión de Salud les fue turnada, el 5 y 10 de noviembre de 2009, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio, dictamen y opinión correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los secretarios de salud de las entidades federativas de Michoacán, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Guerrero, Guanajuato Distrito Federal y Tabasco, a que respeten la toma de nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de la Salud y a sus secciones, presentada por el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del PRD.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En fecha 5 de noviembre de 2009, el diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.
3. En fecha 10 de noviembre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, amplió el turno de la proposición con punto de acuerdo con opinión de la Comisión de Salud.
4. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes consideraciones:
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Rodolfo Lara Lagunas. El argumento toral del punto de acuerdo en tratamiento, se refiere a que las autoridades nacionales y estatales no han reconocido la existencia y la toma de nota de algunos sindicatos independientes, como es el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud, al cual –el 11 de diciembre de 2007– la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le otorgó el registro oficial con toma de nota número 5808, lo cual ha traído como consecuencia la existencia de una serie de problemas que han aquejado a los trabajadores miembros de dicha organización sindical.
De conformidad a los artículos 357, 358, 360 y relativos de la Ley Federal del Trabajo; 67, 68, 69, 71, 72 y demás relativos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; y 2, 3, 5, 6, 8, 11 y demás relativos del Convenio Número 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, adoptado el 9 de julio de 1948 por la conferencia de dicho organismo, todas ellas normas jurídicas que establecen claramente el derecho de sindicación y autonomía sindicales, las cuales deben ser respetadas y reconocidas por las autoridades del Estado mexicano, es pertinente mencionar que esta comisión dictaminadora considera que son las autoridades laborales federales y locales correspondientes, las facultadas dentro de su competencia legal y dentro de dicho ámbito normativo, las que deben realizar las acciones y trámites que correspondan, tendientes a reconocer la existencia de sindicatos independientes existentes en dependencias y entidades estatales y por ende y de la misma manera, los secretarios de Salud de las entidades federativas deben llevar a cabo dicho reconocimiento.
A mayor abundamiento y como lo establece el diputado promovente, efectivamente, existe para apoyar la presente propuesta, una tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la número 43/99 de mayo de 1999, perteneciente a la Novena Época, que apoya el reconocimiento y la validez jurídica de la libertad sindical, consistiendo ésta en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato o constituir uno nuevo; la de no ingresar a un sindicato determinado y de no afiliarse alguno; y, la libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación; declarando como inconstitucional la sindicación única en las dependencias gubernativas.
Por tanto, y ante las consideraciones expuestas, las autoridades laborales federales y locales han de reconocer la existencia de sindicatos independientes en la misma actividad.
En tal tesitura, la Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamina el siguiente
Acuerdo
Único. La Comisión de Trabajo y Previsión Social considera pertinente llevar a cabo el exhorto a los secretarios de Salud de las de las entidades federativas de Michoacán, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Guerrero, Guanajuato, Distrito Federal y Tabasco, respeten la toma de nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de la Salud y a sus secciones.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 3 del mes de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que realice los estudios pertinentes para reclasificar en 2011 Ciudad del Carmen, Campeche, en el área geográfica A
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue turnada, el 10 de noviembre de 2009, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que realice los estudios pertinentes para reclasificar al municipio El Carmen, Campeche, situándolo en el área geográfica A, en atención al impacto de la explotación petrolera en la economía del municipio y en el costo de la vida de las familias, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En fecha 10 de noviembre de 2009, el diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita para su correspondiente dictamen.
3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Óscar Román Rosas González. El argumento toral del punto de acuerdo en tratamiento se refiere a que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deba dar un tratamiento especial al municipio El Carmen, en el estado de Campeche, para el efecto de situarlo en el área geográfica A, debido a ser una zona de alta actividad petrolera, tener características especiales en su economía, en su actividad laboral y el elevado costo de la vida.
De conformidad y en concordancia con los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. En tal virtud, es preciso y necesario que sea reclasificada el área geográfica C a la que pertenece El Carmen, estado de Campeche, debido a que los trabajadores que viven y laboran en dicha zona, su ingreso salarial no permite en forma debida satisfacer las necesidades apremiantes de ellos y sus familias.
El país se encuentra dividido en 2 mil 456 divisiones políticas: 2 mil 440 municipios y 16 delegaciones, de las cuales, el 2.65 por ciento de dichas divisiones políticas, 65 se sitúan en el área geográfica A; el 2.24 por ciento, 55, en el área geográfica B; y el 95.11 por ciento, 2 mil 336, en el área geográfica C.
La forma en que se encuentra dividida la República Mexicana para efectos de los salarios mínimos no es muy equilibrada y equitativa, toda vez que en muchos municipios de alta actividad productiva, o en donde se explotan yacimientos petroleros, se encuentran limitados a la zona o área geográfica C, cuyo alto costo de la vida resulta ser contradictorio con la zonificación que se les otorga. Además, la mayor parte de dichos municipios, que se encuentran dentro de las divisiones políticas en la que se divide la República Mexicana están en el área geográfica C.
Estamos a tiempo para solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que lleve a efecto todos aquellos estudios técnicos y económicos para determinar y establecer los salarios mínimos generales y profesionales de 2011. Y, por ende, que realice la reclasificación del municipio El Carmen, cambiando su área geográfica C por el área geográfica A, haciendo acorde su situación salarial, económica y laboral a la realidad existente.
Por tanto, y ante las consideraciones antes vertidas, esta comisión dictamina lo siguiente:
Único. Se solicita a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que realice los estudios técnicos y económicos pertinentes para reclasificar para 2011 la ciudad El Carmen, Campeche, en el área geográfica A, en atención del efecto de la explotación petrolera en la economía del municipio y en el costo de la vida de las familias.
Así lo acuerdan los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir una mesa de diálogo entre las “representantes” al servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y ésta para que les sea reconocida su calidad de trabajadoras
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, le fue turnada el día 1 de diciembre de 2009 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a constituir una mesa de diálogo entre las denominadas “representantes” al servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y ésta empresa, a efecto de que les sea reconocida su calidad de trabajadores, con respeto a todos y cada uno de sus derechos laborales, así como a ser afiliadas, sin distingos, al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto en beneficio de estas trabajadoras y sus familias, de las finanzas del IMSS y del fisco, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, Grupo Parlamentario del PRD.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En fecha 1 de diciembre de 2009, la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.
3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo de la diputada Magdalena Torres Abarca. El argumento toral del punto de acuerdo en tratamiento, se refiere a que la empresa Avon Cosmetics, SA de CV, tras varios litigios administrativos, laborales y civiles, ha despedido en forma masiva a todas las trabajadoras a su servicio, para convertirlas en comisionistas mercantiles, transgrediendo la ratificación mediante oficio número 0952190500/1273 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que son reconocidas dichas trabajadoras dentro del régimen obligatorio del Seguro Social con plenitud de derechos como el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad y demás prestaciones laborales correspondientes.
La transgresión en cita fue llevada a cabo no solamente por la empresa Avon Cosmetics, sino que incongruentemente, también por el Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez éste firmó un convenio de transacción judicial, el 30 de octubre del 2006, en el que se revierte la ratificación número 0952190500/1273, determinando que las trabajadoras de dicha empresa son comisionistas mercantiles. Además, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó en el año de 2009 un laudo a favor de Avon, en el que se les niega su calidad de trabajadoras.
Ante esta situación tan adversa y anómala para las trabajadoras y representantes de Avon, esta comisión dictaminadora considera necesario y prudente que intervenga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que dentro de sus facultades y atribuciones legales, propicie una mediación entre las partes, estableciendo una mesa de diálogo para el efecto de que sean reconocidas a las representantes como auténticas trabajadoras, respetando sus derechos laborales correspondientes, así como el que se les afilie al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que dicha dependencia administrativa federal, de conformidad a las fracciones I, II y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene facultades para tales efectos:
“Artículo 40.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos;
II. Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, de conformidad con las disposiciones legales relativas;
...
XVI. Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la administración pública federal, así como intervenir en los asuntos relacionados con el seguro social en los términos de la ley;
...
En tal tesitura y por lo tanto, y ante las consideraciones antes vertidas la Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamina los siguientes
Acuerdos
Primero. Esta soberanía exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a constituir una mesa de diálogo entre las denominadas “representantes” al servicio de Avon Cosmetics, SA de CV, y ésta empresa, a efecto de que les sea reconocida su calidad de trabajadores, con respeto a todos y cada uno de sus derechos laborales, así como a ser afiliadas, sin distingos, al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto en beneficio de estas trabajadoras y sus familias, de las finanzas del IMSS y del fisco.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 3 del mes de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades del trabajo federales y a las locales a tomar las medidas conducentes a asegurar que todo repartidor, mensajero o similar cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta tenga condiciones laborales dignas
Honorable Asamblea
La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 Y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 38 segundo párrafo de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio y dictamen, el expediente que contiene una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Trabajo Federales y Locales a tomar las medidas conducentes para que los repartidores y todos aquellos que usen como herramienta de trabajo una motocicleta tengan condiciones dignas de trabajo. Por parte de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.
Con este antecedente, la Comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:
Consideraciones
I. La diputada proponente expone un análisis donde concluye que “en la actualidad el salario o las retribuciones para el trabajador no se determina por el riesgo de sufrir un accidente laboral o una enfermedad. Lo anterior resulta particularmente cierto para una actividad que ha tenido un auge enorme en los últimos 10 años en nuestro país, nos referimos a los servicios que prestan los repartidores”.
II. La diputada Gallegos Camarena Menciona como resultado de su análisis que “El problema es que el crecimiento de los repartidores ha sido desmedido en los últimos años, y no se ha visto acompañado con el desarrollo de una normativa específica, particularmente en lo que se refiere a los controles que demanda una actividad con alta incidencia en cuanto a la frecuencia y la severidad de los riesgos de trabajo”.
III. Aunado a lo anterior cita: “La referencia legal para sustentar la presente petición al “condiciones de trabajo, el artículo 123 constitucional en su fracción 29 señala la necesidad de establecer un seguro social para resolver razonablemente los problemas derivados de los riesgos de trabajo, que se encuentran plenamente reconocidos en el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo a que están sujetos los trabajadores y la necesidad inaplazable de encontrar un substituto del salario cuando por razones de invalidez o vejez los trabajadores dejasen de ser útiles. El resultado de estas necesidades se concretó en 1943 con la promulgación de la Ley del Seguro Social y la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social”.
IV. Señala mencionando los riesgos que conlleva el referido trabajo: “las personas que se dedican a esta actividad se encuentran expuestas a innumerables riesgos de trabajo, básicamente porque su principal herramienta laboral son las motocicletas con las que se desplazan. Frecuentemente sufren de lesiones que van desde un simple raspón o moretón hasta extremidades fracturadas, y traumatismos craneoencefálicos, sin olvidar que en el peor escenario el resultado es el deceso del individuo. Las lesiones más graves tardan en sanar entre 8 y 12 semanas más un periodo de rehabilitación para poder reintegrarse a sus actividades. Todo ello, sin olvidar que en innumerables ocasiones también son víctimas de robo con violencia, y sumado a las inclemencias del clima, la lluvia le añade un mayor elemento de riesgo al trabajo.
”Las condiciones laborales de estos jóvenes son en suma precarias, tienen jornadas de trabajo de hasta 13 horas, por supuesto sin el pago de horas extras, algunos tienen seguro social pero no seguro de vida, otros no cuentan siquiera con el equipo de protección necesarios y muchas veces su principal herramienta de trabajo, la motocicleta, se encuentra en condiciones deplorables. En un día de trabajo con una alta demanda de pedidos, un repartidor hace entre 20 y 25 entregas al día, poniendo en peligro su integridad física en cada recorrido asignado”.
V. De acuerdo con la opinión de la diputada del Partido Acción Nacional: “Los accidentes relacionados con los repartidores, además de ser una preocupación válida de salud pública, también tiene implicaciones económicas. Cuando un repartidor, sufre un accidente, implícitamente el empresario obtiene un subsidio, los costos se trasladan al seguro de accidentes (“cuando este existe”, y no a la empresa), o al Estado mediante los servicios de salud para la población abierta. La actividad productiva queda así aislada de la responsabilidad que tiene. Sus esquemas de distribución y el riesgo que crean en su personal son, sin duda, costos que deberían generalizar. La generalización de estos costos, evidentemente, tendría que afectar el precio de los alimentos”.
VI. La diputada Gallegos Camarena hace mención: “En congruencia con lo ya acotado, debemos ocuparnos de proteger la vida de estos trabajadores que a falta de una adecuada supervisión por las autoridades laborales, muchos de ellos no cuentan con protección social alguna. Los accidentes de trabajo entrañan diversas consecuencias que afectan las expectativas de desarrollo personal, tales como sufrimiento físico, disminución o pérdida de capacidades físicas, disminución de los ingresos, de la esperanza y calidad de vida. La seguridad de estos trabajadores es un tema que tiene que preocuparnos, los servicios que ofrecen los repartidores es una actividad que ha crecido exponencialmente y hoy en día es una parte fundamental de un sin número de negocios”.
Es de notar el sentido humanista y de preocupación por los empleos, que generalmente son otorgados a jóvenes estudiantes o jóvenes solteros que no son jefes de familia (generalmente) pero que deben ser respetados en su dignidad y derechos laborales.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social emite el siguiente.
Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, en el marco del Título Noveno de la Ley Federal del Trabajo, tome las medidas conducentes para asegurar que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, tenga condiciones dignas de trabajo y cuente con la protección social que le permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo. Igualmente se le exhorta, para que en el marco de sus atribuciones, considere adicionar un Capítulo en el Reglamento en Materia de Seguridad e Higiene, que contemple el uso de la motocicleta como un riesgo de trabajo, en caso de que esta sea la herramienta principal de trabajo.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en el marco de los artículos 15 y del Capítulo III de la Ley del Seguro Social, emprenda acciones tendientes a que los patrones que contraten a personal cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, los inscriban en el Instituto Mexicano del Seguro Social, paguen su cuota por riesgo de trabajo y promuevan normas al interior de su empresa para prevenir los accidentes que pongan en riesgo la integridad de dichos empleados. Igualmente, con base en el artículo 251 y en el mismo Capítulo de la citada Ley, se le exhorta a redoblar esfuerzos para verificar y sancionar a aquellos patrones que incumplan con los requisitos anteriormente expresados.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, y de Comunicaciones y Transportes a implantar acciones coordinadas de inspección para constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de buques y plataformas
Honorable Asamblea
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada, el 28 de abril de 2010, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la STPS y de la SCT a implantar· acciones coordinadas de inspección para constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de buques y de plataformas.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
En fecha 28 de abril del 2010, la diputada Karla Verónica González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2 . En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.
3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes
Consideraciones
Se hace mención de diversas irregularidades a las normas de trabajo en la sonda de Campeche, bajo los siguientes argumentos
Que la infraestructura de la sonda de Campeche es operada y mantenida por aproximadamente 30 mil trabajadores de la actividad marítima. De ellos, aproximadamente 80 por ciento sufren explotación a consecuencia de que no se fiscaliza la aplicación de las normas laborales.
Que existe una infinidad de violaciones de la seguridad social de los trabajadores, de los contratos de trabajo, de la aplicación de las normas de seguridad marítima, y de los derechos humanos y laborales. Las jornadas laborales llegan a ser de 20 horas. El incumplimiento de los pagos de salarios y prestaciones convenidas es algo de todos los días. Los despidos injustificados son sumamente frecuentes. Las políticas particulares de las empresas son arbitrarias y contra las leyes marítimas y las laborales.
Que el personal del B/G Huasteco manifiesta graves violaciones de que son objeto los trabajadores por la empresa Protexa y subsidiarias que prestan servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Que la empresa Protexa y sus subsidiarias, entre ellas Condux, SA de CV, adeudan a empresas subcontratadas para cumplir servicios de transporte, suministro de materiales y alimentos, entre otros.
Que los trabajadores han denunciado diversas irregularidades laborales de la empresa con quien tienen firmado su contrato.
Que ante esta cadena de diversas violaciones de las diferentes leyes y reclamos de los trabajadores, los diputados de la LX legislatura lo hicieron de conocimiento de la SCT y de la STPS e incluso se llegó a integrar un grupo de trabajo para atender y solucionar la problemática de las empresas contratistas de Pemex en la sonda de Campeche.
Que dicho grupo quedó integrado por funcionarios de la STPS, de la Procuraduría Federal para la Defensa de los Trabajadores y de la SCT.
Que como resultado del diagnóstico de esta comisión, acordaron dar seguimiento a lo expuesto anteriormente. Hoy cobra mayor vigencia la problemática que se presenta a bordo de este buque, administrado por Condux, SA de CV, empresa de Grupo Protexa.
Que la LX Legislatura promovió un trabajo conjunto por la urgente necesidad de erradicar los incumplimientos laborales que se presentan a bordo del buque y de las plataformas de esta empresa. Incluso se firmaron unas bases de colaboración para que, en un trabajo conjunto entre las secretarías mencionadas se elaborara un programa de inspección, a fin de constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales. Las violaciones de la ley han provocado accidentes que luego lamentamos en esta tribuna.
La manifestación fundamental del punto de acuerdo, comprende las demandas de los trabajadores en la sonda de Campeche, en donde se reclaman graves violaciones a la Ley Federal del Trabajo.
Por tal motivo es importante visualizar la problemática de la sonda de Campeche como un problema prioritario, toda vez que es un área marítima estratégica para la seguridad de la nación y para la economía del país, que desafortunadamente contrasta con las deplorables condiciones laborales de sus trabajadores.
Existen a la fecha registros de aproximadamente 32 mil trabajadores asignados a las plataformas y campos de la sonda que desempeñan sus actividades en condiciones deplorables. Iniciando con el propio aislamiento que deben sobrellevar por el mismo sistema laboral que es aprovechado por las prestadoras de servicios para incumplir sus obligaciones patronales, ya que no hay autoridades que supervisen estas áreas de la industria petrolera costa afuera.
En la actualidad, en la sonda de Campeche sólo 4 mil trabajadores pertenecen al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y únicamente ellos tienen tutelados sus derechos laborales. El resto, empleados de subcontratistas, no cuentan siquiera con la garantía de que al desembarcar recibirán su salario.
Tampoco se respeta la norma de que las actividades de la industria del gas y del petróleo, por ser de alto riesgo, deben recibir remuneraciones superiores. La mayoría de los obreros en la sonda de Campeche perciben salarios semejantes a los de sus colegas de las fábricas o las ensambladoras, pese a que el trabajo en altamar es especialmente exhaustivo y peligroso. Muy raramente se les cubren las horas extras y en general no disfrutan de prestaciones sociales como la atención clínica.
Recordemos que el trabajo es un derecho y un deber sociales, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.
Ante tales hechos, es necesario referir que la Ley Federal del Trabajo es de observancia general en toda la república y rige las relaciones de trabajo. Asimismo, todas las normas laborales tienden a conseguir el equilibrio y la justicia en las relaciones entre los trabajadores y patrones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40, fracción 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo, el artículo 212 de la Ley Federal del Trabajo establece que corresponde a la Inspección del Trabajo vigilar el cumplimiento de las leyes y demás normas de trabajo, atendiendo a las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua, cuando los buques estén en puerto.
En tal tesitura y ante las consideraciones vertidas, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamina lo siguiente
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de los Secretarios de Comunicaciones y Transportes, y del Trabajo y Previsión Social se informe a esta soberanía sobre las acciones que implantaron con las bases de colaboración referente al programa de inspección a fin de constatar el incumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de los buques y de las plataformas.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través del Secretario del Trabajo y Previsión Social informe a la Cámara de Diputados en un plazo de 60 días, contados a partir de la fecha de notificación, entregue el resultado de las inspecciones de los buques y de las plataformas de la empresa Protexa y subsidiarias respecto a las denuncias manifestadas por los trabajadores.
Tercero. Se entregará copia del presente archivo al director general de Petróleos Mexicanos, a fin de que tome las medidas pertinentes para evitar accidentes.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre del 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña, Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, a realizar las acciones necesarias para proporcionar a sus trabajadores las prestaciones de ley, establecidas en los artículos 115 y 123 constitucionales
Honorable Asamblea:
A la Comisión del Trabajo y Previsión Social fue turnada, el 29 de abril de 2010, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para su estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, a realizar las acciones necesarias para que todos y cada uno de sus trabajadores les sean proporcionadas las prestaciones de ley, tal como lo establecen los artículos 115 y 123 constitucionales, a cargo del diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera, del Grupo Parlamentario del PAN.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 5, 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comisiones de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
1 . Con fecha 29 de abril del presente año, el diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2 . En fecha 29 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita para su correspondiente dictamen.
3 . La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes
Consideraciones
El proponente menciona que la crisis mundial no debe ser un argumento que pueda esgrimirse como un argumento válido para que no le sea concedido a un trabajador las prestaciones de ley que le puedan otorgar certeza y protección a él y a su familia.
El legislador Balderas Vaquera hace mención que es necesario considerar que la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de dicha Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
Entre las prestaciones mínimas amparadas por la ley con relación al artículo 123 constitucional se encuentran las siguientes:
1. Jornada de trabajo: un máximo de 8 horas de trabajo y 7 en caso de ser turno nocturno.
2. Descanso: por lo menos 1 día de descanso por cada 6 trabajados. También la Ley del Trabajo especifica los días festivos de descanso obligatorio.
3. Vacaciones: 6 días de vacaciones cuando el empleado tenga por lo menos 1 año laborando en la empresa.
4. Prima vacacional: una prima mínima de 25 por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones.
5. Aguinaldo: un mínimo de 15 días de salario por año, pagaderos antes del 20 de diciembre.
6. Capacitación: La capacitación del trabajador es obligatoria y no debe costarle a éste.
En cuanto a la materia de seguridad social, la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional establece que deberá organizarse conforme a las siguientes bases:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después de éste, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda, a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien, para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Los trabajadores del ayuntamiento de Santa Catarina han manifestado al proponente que padecen una situación de abandono respecto a la salvaguarda de sus derechos, pues a decir de éstos, no reciben las prestación de ley, razón por la cual no cuentan con la expectativa de que su trabajo les proporcione la oportunidad de contar con una pensión de retiro o con la atención médica proporcionada por una institución con alta capacidad de resolución
Punto de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta respetuosamente al ayuntamiento del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, para que el organismo encargado de la seguridad social proporciones la información necesaria en que condiciones se encuentran los trabajadores del ayuntamiento en mención respecto a sus derechos, en cuanto a una pensión por retiro o atención médica; para que todos y cada uno de sus trabajadores les sean proporcionadas las prestaciones de ley, tal como lo establecen los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Esta soberanía respetuosamente solicita al organismo encargado de la seguridad social de la Presidencia Municipal de Santa Catarina, Nuevo León, se rinda un informe de cómo se administra y en qué condiciones se encuentran los trabajadores del ayuntamiento con relación a sus derechos de pensión por retiro y atención médica.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades laborales de los ámbitos federal y local a instaurar acciones y procedimientos a efecto de prevenir la discriminación en el acceso laboral de las personas mayores de 40 años
Honorable Asamblea:
La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 38, segundo párrafo, de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio de fecha 8 de diciembre de 2010, turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para estudio y dictamen, el expediente que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del trabajo federales y a las locales a instaurar acciones y procedimientos que prevengan la discriminación en el acceso laboral de los mayores de 40 años.
Con este antecedente, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta, con las siguientes
Consideraciones
I. La proponente expone que la crisis mundial que se ha desatado en el último año ha repercutido enormemente en las finanzas públicas y en las inversiones privadas, lo cual se ha reflejado en la pérdida de empleo.
II. La diputada Luna Ruiz señala que, de acuerdo con del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el primer trimestre de 2009 la tasa de desempleo en personas de 40 a 49 años ha sido la mayor, lo que considera preocupante al tomar en cuenta que es el grupo que en mayor proporción ocupa el rango de jefe de familia de acuerdo con estadísticas del mismo instituto: esas personas desempeñan un papel primordial en la manutención de los dependientes.
III. Aunado a lo anterior, manifiesta en la exposición que estudios realizados por la Asociación por la no Discriminación Laboral por Edad o Género sobre ofertas publicadas en buscadores de empleo y bolsas de trabajo arrojaron datos que considera alarmantes: 90 por ciento de las ofertas deja fuera del mercado laboral a las personas mayores de 35 años; y del 10 por ciento de las ofertas a que pueden acceder, sólo 2.7 por ciento corresponde a empleos reales y formales, y únicamente de guardias de seguridad o personal de limpieza.
IV. Señala que por lo que se refiere a las opciones de autoempleo, como el telemercadeo, son mayoritariamente fraudulentas, ya que en varias ocasiones eluden el pago a los empleados o los obligan a comprar productos para revenderlos.
V. De acuerdo con la opinión de la diputada Luna, los adultos de arriba de 40 años estarán más vulnerables al desempleo y batallarán más para conservarlo, debido a la lentitud en la ejecución de sus tareas y a que les cuesta más adaptarse a los cambios tecnológicos de las empresas. También considera que en ese grupo sufrirán más los que “tienen menos educación, preparación, y en especial las personas que se dedican a la limpieza, mantenimiento, vigilancia y con niveles inferiores a preparatoria”.
VI. La Diputada Gloria Luna hace mención que la encuesta de población del Inegi correspondiente a 2005 indica que en 2010 cerca de 40 por ciento de la población mexicana estará entre 35 y 59 años de edad.
Y ante la imposibilidad de la población para encontrar un trabajo acorde con sus habilidades y necesidades, 3 millones de mexicanos migrarán de sus localidades en busca de empleo; 1 millón de ellos buscarán instalarse en la frontera norte, otro millón transitará hacia Estados Unidos y 1 millón más se dirigirá hacia el Distrito Federal, Jalisco y Veracruz. Para la legisladora, estas evidencias reflejan que además del crecimiento de la tasa de desempleo debido a la crisis, también se presentan contra los mayores de 40 años marginación y discriminación en el mercado laboral.
VII. A consideración de la proponente, la discriminación está representada por la desigualdad, la pobreza y la falta de ciudadanía plena, que han provocado en el país fragmentación social, maltrato e iniquidad. Por lo mismo considera que ello vulnera derechos y libertades de personas y grupos sociales; además, genera la anulación, el menoscabo o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas. En una sociedad en la que se discrimina persistentemente se impide el acceso real de sus miembros a los beneficios sociales propios del estado de derecho.
VIII. De la misma manera, la legisladora recalca que en México se reformó el artículo 1o. de la Constitución, donde se expresa la prohibición de cualquier forma de discriminación y señala que la discriminación laboral comprende el trato de inferioridad dado a personas por motivos ajenos a su capacidad en el ámbito de la libertad de trabajo y derecho a él; la ejercida por el empleador atenta directamente contra ese derecho. Además, menciona que el artículo 123 constitucional prevé que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley”.
La diputada Gloria Luna considera oportuno proponer el punto de acuerdo a fin de coadyuvar al cumplimiento de estas disposiciones constitucionales y de abatir todos los efectos negativos que implica el hecho de que una persona económicamente activa no tenga acceso a un empleo.
IX. La Comisión de Trabajo y Previsión Social, además de lo expuesto por la legisladora proponente, considera que la proposición con punto de acuerdo contribuye con los propósitos expresados en la Constitución de la República y las bases doctrinales que dieron origen a las garantías sociales, específicamente a la del trabajo, así como a la garantía de no discriminación.
X. El pleno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 13 de octubre del año en curso dictaminar la procedencia del punto de acuerdo de la diputada proponente.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social emite el siguiente
Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a las autoridades laborales de los ámbitos federal y local a instaurar las acciones y los procedimientos necesarios a efecto de prevenir la discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de 40 años.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a trasladar a partir de 2011 diversos municipios turísticos de Quintana Roo del área geográfica C a la A
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue turnada el 15 de diciembre de 2009 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, para estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a trasladar a partir de 2010 los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo del área geográfica C a la A en materia de salarios mínimos, en favor de los trabajadores y familias quintanarroenses, cargo del diputado Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y de los comités de la Cámara de Diputados, presenta este dictamen, conforme a los siguientes
Antecedentes
1. El 15 de diciembre, Roberto Borge Angulo, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.
3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo del diputado Óscar Román Rosas González. El argumento toral del punto de acuerdo en tratamiento se refiere a que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deba dar un tratamiento especial a los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, a efecto de situarlos en el área geográfica A, debido a que se trata de una zona de alta actividad turística, que se caracteriza por presentar temporadas bajas y altas, estando desprotegida la mayor parte del año la clase trabajadora y, sobre todo, porque el salario mínimo resulta simbólico en áreas geográficas turísticas, donde los bienes y servicios son caros e inasequibles para la mayoría de los trabajadores quintanarroenses.
De conformidad y en concordancia con los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. En tal virtud es preciso que se reclasifique el área geográfica C a que pertenecen los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, debido a que los trabajadores que viven y laboran en dicha zona tienen un ingreso salarial que no permite en forma debida satisfacer las necesidades apremiantes de ellos y sus familias.
El país tiene 2 mil 456 divisiones políticas: 2 mil 440 municipios y 16 delegaciones. De dichas divisiones políticas, 2.65 por ciento (65) se halla en el área geográfica A; 2.24 (55), en la B; y 95.11 (2 mil 336), en la C.
La forma en que se encuentra dividida la República Mexicana para efectos de los salarios mínimos no es muy equilibrada y equitativa, toda vez que en muchos municipios de alta actividad productiva o donde se explota la actividad turística se encuentran limitados a la zona o área geográfica C, cuyo alto costo de la vida resulta contradictorio con la zonificación que se les otorga. Además, la mayor parte de los municipios que se encuentran en las divisiones políticas de la República Mexicana están en el área geográfica C.
No es suficiente que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para la fijación de los salarios mínimos de 2009 haya resuelto disminuir la diferencia entre las áreas geográficas A y B del actual 3.20 por ciento a 2.89, así como la diferencia entre los salarios mínimos de las áreas geográficas A y C del actual 6.24 a 5.49, y la diferencia existente entre las áreas geográficas B y C del actual 2.95 a 2.52.
Estamos a tiempo para solicitar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que lleve a efecto todos los estudios técnicos y económicos para determinar y establecer los salarios mínimos generales y profesionales de 2011 y, por ende, reclasifique los municipios turísticos de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, cambiando el área geográfica C por la A, haciendo acorde su situación salarial, económica y laboral con a la realidad existente.
Por tanto, y ante las consideraciones vertidas, la comisión dictamina lo siguiente:
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a llevar a cabo los estudios técnicos y económicos correspondientes para que a partir de 2011 traslade Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, del área geográfica C a la A en materia de salarios mínimos, en favor de los trabajadores y familias quintanarroenses, así como otorgar prioridad al proceso de convergencia de las tres áreas geográficas vigentes a una sola, para atender con criterios técnicos de equidad las necesidades de salarios mínimos de los municipios de Quintana Roo y la República Mexicana.
Así lo acuerdan los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ratificar el Convenio 186 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social fue turnada, el 6 de octubre de 2009, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, para estudio y dictamen correspondiente, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a firmar con la mayor brevedad el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de la Maternidad, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 5o., 38, 39 y 40 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes
Antecedentes
1 . En fecha 6 de octubre de 2009, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2 . En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita para su correspondiente dictamen.
3 . La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. El argumento del punto de acuerdo en tratamiento establece lo siguiente:
– Que en el 2000, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consolidó el trabajo de revisión de la normatividad internacional de protección a la maternidad en el empleo que venía haciendo desde años atrás, con la adopción del Convenio 183, que revisa el convenio sobre la protección de la maternidad de 1952. Se llegó al consenso de que las relaciones laborales y el mundo del empleo había cambiado desde la fecha de adopción del Convenio de 1952 y que la incorporación creciente de las mujeres al empleo hacía urgente el fortalecimiento del marco de protección de las trabajadoras y sus derechos reproductivos.
– Que el Convenio 183 aplica a todas las mujeres trabajadoras, incluidas las que desempeñan formas atípicas de trabajo, lo cual es una de las mayores contribuciones de este documento internacional, mismo que actualmente representa para la Organización Internacional del Trabajo y sus miembros, el marco de los derechos de las mujeres trabajadoras respecto a la maternidad, pues reúne derechos principios como descanso de catorce semanas por lo menos a repartirse antes y después del parto; prolongación del periodo de descanso en caso de padecer una enfermedad consecuencia del parto; derecho a percibir íntegro el salario durante el descanso y no ver disminuidas sus prestaciones, derecho a contar con las prestaciones médicas necesarias para su vida reproductiva; derecho a una o varias interrupciones por día o una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo, que deben ser contabilizadas como tiempo de trabajo, por tanto, remuneradas; prohibición al empleador de despedirla por ejercer sus derechos reproductivos; derecho a regresar al empleo una vez terminado su periodo de descanso por maternidad; prohibición de que se le exija a una mujer que solicita un empleo, a que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que presente un certificado de dicho examen, por mencionar las disposiciones más relevantes. En otras palabras, el Convenio 183 de protección a la maternidad representa el catálogo de derechos que deben garantizarse a las mujeres de deciden ejercer su función reproductiva al mismo tiempo que mantenerse en su empleo.
– Que el Convenio señala que sus disposiciones deberán aplicarse mediante la legislación, salvo en la medida en que se dé efecto a las mismas por medio de convenios colectivos, laudos arbitrales, decisiones judiciales, o de cualquier otro modo conforme a la práctica nacional.
– Que en México, los lineamientos relativos a la maternidad se encuentran plasmados tanto en la Constitución Política, como en leyes secundarias. La protección de la maternidad es, hoy por hoy, uno de los puntos fuertes de la legislación laboral mexicana. Sin embargo, sigue sin prohibirse a las personas empleadoras que soliciten prueba de ingravidez a las mujeres para obtener o conservar un empleo. Asimismo, el periodo de licencia por maternidad, que actualmente es de 12 semanas, se encuentra por debajo de las disposiciones internacionales. Además, las licencias por lactancia que se encuentran en la legislación mexicana no son armónicas con lo planteado en el Convenio 183. Estos son sólo tres ejemplos que plantean la necesidad de fortalecer la protección de las madres trabajadores en la legislación laboral mexicana.
– Que el Estado mexicano no ha firmado aún Convenio de la Organización Internacional Trabajadora, pese a que éste entró en vigor a nivel internacional desde 2002. Considera importante exhortarlo a que lo haga, pues ello implicaría la necesidad de armonizar la legislación mexicana conforme a lo dispuesto en el Convenio 183 y redundaría en el fortalecimiento del marco de los derechos de las mujeres y de la infancia.
– Que indudablemente, un país que se considere democrático debe dar pasos permanentes en términos de alcanzar la plena garantía de los derechos humanos para todas y todos. La maternidad es uno de los más relevantes aspectos que deben protegerse, y, a la luz de la vida laboral, el compromiso por parte del Estado crece aún más. México, como país que ha trabajado activamente en el escenario internacional a favor de los derechos humanos, no puede permanecer al margen de este tipo de disposiciones tan importantes y de repercusiones tan amplias.
En resumen el punto medular de la proposición con punto de acuerdo se refiere a la imperiosa necesidad de extender disposiciones jurídicas que consideren una mayor y mejor protección de la maternidad provocando con ello, positivas repercusiones en las personas, familias, empresas y, en general en la Sociedad, de tal forma que se puedan incorporar en la legislación mexicana las disposiciones contenidas en el Convenio 183 de la OIT, mediante la correspondiente ratificación que haga de dicho documento el Ejecutivo federal.
México requiere actualizar sus normas jurídicas laborales, particularmente en lo referente al tema sobre la igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres, de acuerdo con el párrafo decimocuarto del preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, en el que se establece que los Estados parte reconocen que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia.
En tal orden de ideas, es impostergable la necesidad de adecuar y aplicar las reglas del Convenio 183 a las relaciones laborales entre empleador y trabajador en nuestro país, porque hoy en día, existe una gran problemática de las trabajadoras, que efectivamente, tienen además a su cargo, un hogar o personas que de su cuidado dependen. Existe todavía demasiada discriminación en la mayor parte de los centros laborales del país, suscitándose por eso mismo, un ambiente de hostilidad, animadversión y desarmonía en dichos centros, trayendo como consecuencia lógica, la falta de concentración, competencia y productividad en el trabajo, además de actitudes injustas e inequitativas entre las partes.
Las razones que sirvieron como fundamento para la elaboración del Convenio 183 siguen vigentes, entre ellas destacan: el aumento de mujeres que acceden al mercado de trabajo, el aumento de mujeres que trabajan en sus años de gestación y crianza, la discriminación persistente en el empleo en razón de la maternidad, la evolución de las normas protectoras en un enfoque basado en la igualdad de derechos y la protección especial de la maternidad no como una excepción a la igualdad de trato sino más bien como una condición para la no discriminación en el empleo.
La Constitución General de la República prohíbe expresamente la discriminación por cuestiones de género, entre otras causas. El párrafo tercero del artículo 1o. establece textualmente que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Sin embargo, los derechos de las mujeres, entre otros, los relativos a la protección de la maternidad cotidianamente se incumplen, lo que ha dado como resultado que diversos sectores de la sociedad, incluyendo por supuesto los partidos políticos a través de sus legisladores en el Congreso de la Unión se manifiesten a favor de una reforma laboral que prohíba la practica patronal de exigir certificados médicos de no gravidez para el ingreso al trabajo, considere la redistribución de las semanas pre y posnatal de la mujer trabajadora y establezca una nueva modalidad para los reposos por lactancia, entre otros tópicos.
Resulta pertinente también hacer énfasis y resaltar que el Estado mexicano tiene la oportunidad, como Estado miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, de excluir total o parcialmente del campo de aplicación del Convenio 183 a categorías limitadas de trabajadores cuando su aplicación a esas categorías planteen problemas especiales de particular importancia.
En tal tesitura y, por tanto, ante las consideraciones antes vertidas, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamina lo siguiente:
Único. Esta soberanía exhorta al Ejecutivo federal a que ratificar con la mayor brevedad el Convenio 186 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de la Maternidad.
Así lo acuerdan los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajadores con responsabilidades familiares
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, le fue turnada el día 6 de octubre de 2009 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, para su estudio, y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, firme a la brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadores con responsabilidades familiares, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, 38, 39 y 40 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen conforme a los siguientes:
Antecedentes
1. En fecha 6 de octubre de 2009, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno la proposición con punto de acuerdo al rubro en cita para su consideración.
2. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la proposición con punto de acuerdo en cita, para su correspondiente dictamen.
3. La proposición con punto de acuerdo en estudio se fundamenta y razona en las siguientes consideraciones:
Consideraciones
Se ha realizado un estudio y análisis acerca de la proposición con punto de acuerdo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. El argumento toral del punto de acuerdo en tratamiento, se refiere a la imperiosa necesidad que existe en el mercado laboral y en la economía mexicana de contar con disposiciones jurídicas claras y seguras que permitan conciliar las responsabilidades familiares y las laborales, provocando con ello, positivas repercusiones en las personas, familias, empresas y, en general, en la sociedad y en la economía mexicanas. De tal forma, que se puedan incorporar en la legislación mexicana las disposiciones contenidas en el Convenio 156 de la OIT, sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, adoptado por dicho organismo en 1981, y entrada en vigor en 1983, mediante la correspondiente firma que haga de dicho documento el Ejecutivo federal, mismo que no ha sido firmado ni ratificado por éste ni por el Senado de la República.
México requiere actualizar sus normas jurídicas laborales, particularmente en lo referente al tema sobre la igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres, de acuerdo con el párrafo decimocuarto del preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, en el que se establece que los Estados Parte reconocen que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia.
En tal orden de ideas, es impostergable la necesidad de adecuar y aplicar las reglas del Convenio 156 a las relaciones laborales entre empleador y trabajador en nuestro país, porque hoy en día, existe una gran problemática de las y los trabajadores, que efectivamente, tienen además a su cargo, un hogar o personas que de su cuidado dependen. Existe todavía demasiada discriminación en la mayor parte de los centros laborales del país, suscitándose por eso mismo, un ambiente de hostilidad, animadversión y desarmonía en dichos centros, trayendo como consecuencia lógica, la falta de concentración, competencia y productividad en el trabajo, además de actitudes injustas e inequitativas entre las partes.
El Convenio 156 en cita, dispone en el numeral 1 del artículo 3 que: Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada miembro deberá incluir los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de los posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. Por tanto, y como lo indica el artículo 6 de dicho Convenio, las autoridades y organismos competentes de cada país deberán adoptar medidas apropiadas para promover mediante la información y la educación una mejor comprensión por parte del público del principio de la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras y acerca de los problemas de los trabajadores con responsabilidades familiares, así como una corriente de opinión favorable a la solución de esos problemas.
Resulta pertinente también hacer énfasis y resaltar que el Estado mexicano tiene la oportunidad de aplicar por etapas el convenio en comento, sin necesidad de que se vea precipitado o presionado en el corto plazo para adecuar las normas de éste a la realidad y necesidades del país, como lo determina el artículo 10: Las disposiciones del presente convenio podrán aplicarse, si es necesario, por etapas, habida cuenta de las condiciones nacionales, a reserva de que las medidas adoptadas a esos efectos se apliquen, ...
Como lo refiere la diputada promovente, han sido en tres legislaturas diferentes, la LVII, LIX y LX, en las que el Congreso de la Unión ha exhortado al Ejecutivo federal para el efecto de firmar el convenio en cita, lo que hasta la fecha no ha sucedido. Esta comisión dictaminadora considera que ya es tiempo que el Ejecutivo federal lleve a cabo la firma del Convenio 156 sin argumentos en contrario.
En tal tesitura y, por lo tanto, ante las consideraciones antes vertidas la Comisión de Trabajo y Previsión Social dictamina el siguiente
Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta al Ejecutivo federal a que firme a la brevedad el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 3 del mes de noviembre de 2010.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero, Nancy González Ulloa (rúbrica), José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Arturo Ramírez Bucio, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Isaías González Cuevas (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz (rúbrica), Valdemar Gutiérrez Fragoso, María Felícitas Parra Becerra, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Raúl Gerardo Cuadra García, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo.
De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer la campaña mediática de información gubernamental sobre la estrategia Embarazo Saludable y Prevención Médica en favor del Embarazo
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Primero. Se exhorta al Ejecutivo a fortalecer la campaña mediática de información del gobierno federal sobre la estrategia embarazo saludable y prevención medica en favor del embarazo.
Segundo. Se hace un llamado a los gobiernos estatales a cumplir a cabalidad los acuerdos, las normas, los lineamientos y las guías de atención en salud encaminados a atender esta problemática a escala local para aprovechar al máximo el gasto etiquetado para salud referente al ejercicio fiscal en curso y el subsecuente.
Tercero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a emitir un informe sobre la evolución de los trabajos de fiscalización en los resultados y procedimientos derivados sobre las Cuentas Públicas de 2008 y de 2009 de los gobiernos estatales, con relación al sector salud en lo general y a la estrategia de maternidad saludable en lo particular.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 6 de octubre de 2010, la diputada María Elena Pérez de Tejada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a desarrollar acciones que reduzcan la mortalidad materna.
2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Salud para efectos de su análisis y elaboración de dictamen previsto en los artículos 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Consideraciones
La comisión de dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo listada, a fin de valorar su contenido, deliberar el presente dictamen.
La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de los 42 días después de su terminación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales”.
Por lo general se hace una distinción entre “muerte materna directa” que es resultado de una complicación del propio embarazo, parto o su manejo, y una “causa de muerte indirecta” que es una muerte asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud preexistente o de reciente aparición. Otras defunciones ocurridas durante el embarazo y no relacionadas a éste se denominan accidentales, incidentales o no obstétricas.
Las principales causas de muerte materna son las infecciones bacterianas, toxemia del embarazo, hemorragias obstétricas, embarazo ectópico, sepsis durante el puerperio, embolismo del líquido amniótico y complicaciones de un aborto. Algunas causas secundarias o indirectas que causan muertes maternas incluyen la malaria, anemia, infección por VIH o sida, suicidio y enfermedades cardiovasculares que complican al embarazo o son agravados por el embarazo.
Actualmente mil 186 hospitales tienen cuidado ginecoobstétrico en el sector público y privado, y hay 390 hospitales de resolución disponibles dentro de las tres principales instituciones de salud (Ssa, ISSSTE e IMSS).
El sistema de salud mexicano ha trabajado en 28 programas focalizados en cinco áreas específicas como la atención médica, prevención, educación, promoción, investigación y desarrollo.
Otra estrategia exitosa ha sido el Hospital Amigo del Niño y de la Madre, que cuenta con más de 500 unidades, en las que todo el personal recibió capacitación, se realiza alojamiento conjunto madre-hijo, promueve el programa de Madre Canguro y la lactancia exclusiva, además cuentan con bancos de leche humana. Por otra parte, opera el programa Arranque Parejo en la Vida, que fortalece la red de servicios institucionales y comunitarios, se basa en el desarrollo humano y en las personas, se centra en la prevención y atención primaria, integra las acciones y modelo de atención de salud.
Mientras que con el Seguro Médico para una Nueva Generación, los niños están protegidos de las enfermedades más comunes durante los primeros cinco años de vida, especialmente durante el primer mes.
Por otra parte, también está en marcha el Programa de Embarazo Saludable que desde su creación en mayo de 2008 a septiembre de 2010 ha beneficiado a 1 millón 295 mil 147 mujeres.
El propósito es brindar cuidado materno y perinatal y eliminar las limitaciones económicas para el acceso a servicios de salud. Incluye el cuidado prenatal, expulsión y atención fisiológica puerperal, cesáreas y cuidado quirúrgico puerperal, además es un complemento del aseguramiento de los recién nacidos.
Para las embarazadas que viven en zonas muy apartadas se crearon los albergues o posadas que están cercanas a los hospitales de alumbramiento, en las que reciben atención por parteras pero cerca está el médico por si se presenta alguna emergencia.
Las principales estrategias para disminuirla se basan en el fortalecimiento del Programa Nacional de Vacunación anual, así como el sistema nacional de registro (Provac), para detectar los niños que están atrasados en su calendario de vacunación y asegurar altas tasas de cobertura.
También están la detección oportuna y atención de las complicaciones perinatales, malformaciones congénitas (gastrointestinales, neurológicas, cardiacas), prevención, tratamiento oportuno y referencia de enfermedades respiratorias agudas y gastrointestinales graves.
La detección oportuna y atención de leucemia y otros cánceres sólidos en menores de cinco años, así como la prevención y el tratamiento de los accidentes.
Como se muestra con anterioridad la salud materna es área prioritaria de la salud pública del país, sin embargo va en aumento. Según datos de la Secretaría de Salud, mientras que en 2008 la tasa fue de 57.2 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos, para 2009 la cifra fue de 62.8.
El objetivo es que México logre una mortalidad durante este año cercana a 50 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos, una vez que haya pasado el impacto de la epidemia en las mujeres embarazadas.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión Salud sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente acuerdo:
Resolutivos
Primero. Se exhorta al Ejecutivo a fortalecer la campaña mediática de información del gobierno federal sobre la estrategia embarazo saludable y prevención medica en favor del embarazo.
Segundo. Se hace un llamado a los gobiernos estatales a cumplir a cabalidad los acuerdos, las normas, los lineamientos y las guías de atención en salud encaminados a atender esta problemática a escala local para aprovechar al máximo el gasto etiquetado para salud referente al ejercicio fiscal en curso y el subsecuente.
Tercero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a emitir un informe sobre la evolución de los trabajos de fiscalización en los resultados y procedimientos derivados sobre las Cuentas Públicas de 2008 y de 2009 de los gobiernos estatales con relación al sector salud en lo general y a la estrategia de maternidad saludable en lo particular.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Malco Ramírez Martínez, Oralia López Hernández.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al sector salud a alentar a la población sobre la prevención oportuna del cáncer de mama
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura le fueron turnadas, para su estudio y dictamen de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:
1. Por el que se exhorta al Sector Salud a alentar a la población a prevenir oportunamente el cáncer de mama, presentado por la diputada Rosario Brindis Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fecha 19 de octubre de 2010.
2. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, intensifique las campañas de detección oportuna del cáncer de mama, presentado por la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fecha 3 noviembre de 2010
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud Somete a su consideración el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. las proposiciones con puntos de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas en fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo.
2. las proposiciones enlistadas fueron turnadas a la Comisión de Salud, para su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los estados unidos Mexicanos.
Consecuentemente con lo anterior, las proposiciones con punto de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen tienen por turno a la Comisión de Salud, con el carácter de Comisión Única y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.
II. Consideraciones
La comisión de dictaminadora realizo el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar el presente dictamen.
Las proposiciones con punto de acuerdo tienen como objeto solicitar a la Secretaría de Salud la realización de ciertas acciones que alienten a la población para realizar campañas de detección y para la prevención oportuna del cáncer de mama.
Debemos destacar que las propuestas se estiman técnicamente viables, por lo siguiente:
Las consideraciones hacen referencia a la trascendencia social y personal del cáncer de mama, así como el panorama epidemiológico en términos de mortalidad en México, enfatizando la tendencia al incremento mostrada en los últimos años. Tanto las cifras como el planteamiento del cáncer de mama como problema de salud pública es correcto, ya que utiliza fuentes oficiales en integra criterios de magnitud, vulnerabilidad y trascendencia para dimensionar el problema.
Por otro lado, considera los beneficios de la detección oportuna de una manera adecuada y hace referencia al Día Mundial de la Prevención en la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta referencia es parcialmente cierta, ya que a nivel internacional se conmemora el 19 de octubre como Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama”, el cual carece de carácter mundial, debido a que la Organización Mundial de la Salud no lo considera como fecha oficial y de manera análoga el gobierno mexicano”.
Asimismo, especifica que se debe intensificar acciones en torno a una fecha es una estrategia que se ha desarrollado en México con buenos resultado como las Semanas Nacionales de Salud, Salud Bucal, el Mes de la Salud Reproductiva y el Día Mundial contra el Sida.
Por tal razón, el Comité Nacional de Cáncer de la Mujer tomó como acuerdo intensificar las acciones de promoción y detección oportuna en cáncer de mama en los meses de abril y octubre.
En ese contexto, en este 2010 se realizó una estrategia conjunta con las instituciones del Sector Salud (SSA, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena) y Organizaciones de la Sociedad Civil, (Cim*ab, Reto, AMLCC, Mexfam, Sólo por Ayudar, Por Ellas) para intensificar la promoción en cáncer de mama y de manera paralela ofertar servicios de detección oportuna acorde al grupo de edad.
Esta estrategia implementada en las 32 entidades federativas tuvo como eje la producción en materiales conjuntos y el calendario de actividades plasmadas en el sitio web http://wwwgeneroysaludreproductiva.salud.gob.mx/
Además, por segundo año consecutivo se participó en la campaña Balón Rosa, que se integró a la campaña del mes de octubre. Esta se realiza en conjunto con la Federación Mexicana de Futbol para promover acciones de autocuidado y detección oportuna en torno a los partidos de futbol de primera división. Además de manera paralela, durante los partidos en las trece entidades con equipos de primera división, realizan acciones de difusión, entrega de materiales y mastografías. http://balón2010.voit.com/rosa
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva comparte la misma inquietud y ha desarrollado acciones intensivas en torno al 19 de octubre.
Es por ello que los integrantes de esta comisión estamos de acuerdo que la detección oportuna y el acceso al tratamiento puede ser un punto esencial para este padecimiento y estamos consientes que actualmente se están llevando acciones al respecto, sin embargo, a pesar de todas estas acciones, es necesario seguir alentando a la población para que prevenga de forma oportuna el cáncer de mama.
Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión Salud, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente acuerdo:
Resolutivo
Único. Se exhorta al sector salud a alentar a la población para la prevención oportuna del cáncer de mama, y, de esta manera, contribuir al diagnóstico efectivo, así como asegurar el acceso a un tratamiento en el marco del Día Mundial de la Prevención en la Lucha contra el Cáncer de Mama.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz, José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Malco Ramírez Martínez, Oralia López Hernández.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, en materia de adultos mayores
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la prestación del servicio de asistencia social para menores y adultos mayores, en todas las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que conforman el Sistema Nacional de Salud.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud Somete a su consideración el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 23 de Septiembre de 2010, el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, en materia de adultos mayores.
2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Salud, para efectos de su análisis y elaboración de dictamen previsto en los artículos 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Consideraciones
La proposición con punto de acuerdo tiene como espíritu fundamental exhortar a la Secretaría de Salud, intensifique las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, en materia de adultos mayores, la cual tiene por objeto establecer los procedimientos para uniformar principios, criterios, políticas y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades en materia de asistencia social a menores y adultos mayores.
Debemos destacar que la propuesta se estima técnicamente viable, por lo siguiente:
Es importante señalar que la propuesta, además de la norma oficial mexicana citada, debe considerarse lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en especial a lo establecido en el Artículo 18 de la precitada ley:
Artículo 18. Corresponde a las Instituciones Públicas del Sector Salud, garantizar a las personas adultas mayores:
I. El derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad, en todas las actividades de atención médica, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley
General de Salud;
II. Especial atención deberán recibir los programas de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de atención y asistencia a quienes sufren de discapacidades funcionales. Asimismo, los programas de salud dirigidos a atender las necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida incorporarán medidas de prevención y promoción de la salud a fin de contribuir a prevenir discapacidades y favorecer un envejecimiento saludable;
III. El acceso a la atención médica a las personas adultas mayores en las clínicas y hospitales, con el establecimiento de áreas geriátricas en las unidades médicas de segundo y tercer nivel públicas y privadas. Las especialidades médicas encargadas de la atención de la salud de las personas adultas mayores, son la Geriatría y la Gerontología;
IV. Una cartilla médica de salud y autocuidado, misma que será utilizada indistintamente en las instituciones públicas y privadas; en la cual se especificará el estado general de salud, enfermedades crónicas, tipo de sangre, medicamentos y dosis administradas, reacciones e implementos para ingerirlos, alimentación o tipo de dieta suministrada, consultas médicas y asistencias a grupos de autocuidado;
V. Mecanismos de coordinación interinstitucional para proporcionar medicamentos, previo estudio socioeconómico para su distribución sin costo alguno;
VI. Cursos de capacitación orientados a promover el autocuidado de la salud para que las personas adultas mayores sean más independientes;
VII. El apoyo a las unidades médicas y organizaciones civiles dedicadas a la atención de la salud física y/o mental de la población senecta;
VIII. Convenios con universidades públicas y privadas para recibir prestadores de servicio social en las áreas de trabajo social, psicología, medicina, odontología y enfermería para que apoyen las acciones institucionales en la atención de las personas adultas mayores en las unidades geriátricas y/o domicilio;
IX. Gestiones para apoyar y proteger a los grupos de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad social o familiar, y
X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:
a. Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos una vez al año, para el mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que requieran en caso de enfermedad.
b. Serán sujetos de la confidencialidad y participarán en las decisiones que sobre su estado de salud se generen.
c. Tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada.
Al respecto la Secretaría de Salud, 29 de julio de 2008, constituyó el un órgano desconcentrado, dotado de autonomía operativa, técnica y administrativa, que se denomino Instituto de Geriatría, teniendo entre sus funciones fomentar la creación y capacitación de recursos humanos en el tema de geriatría, realizar investigaciones en la materia y fungir como órgano de consulta nacional.
Las funciones del Instituto de Geriatría son las siguientes:
• Fomentar la creación y capacitación de recursos humanos especializados en materia de geriatría y en aquellas complementarias y de apoyo, mediante la creación e implementación de programas y cursos especializados.
• Desarrollar e impulsar estudios e investigaciones en materia geriátrica.
• Apoyar a la Secretaría de Salud en su carácter de dependencia coordinadora de sector, para la elaboración y ejecución de los programas anuales, sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus funciones, así como promover la concertación de acciones con los sectores social y privado en su ámbito de competencia.
• Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas relacionados con su objeto.
• Difundir y publicar los estudios e investigaciones que en materia de geriatría elabore, así como de aquellas materias afines o complementarias a ésta.
• Llevar a cabo el intercambio de estudios científicos, de carácter nacional e internacional a través de la celebración de reuniones, eventos y convenios con instituciones afines.
• Desarrollar las demás actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con el decreto que le dio origen y demás disposiciones jurídicas aplicables.
• Sobre las bases de estas características deseables y en congruencia con la realización de las cuatro funciones básicas de los sistemas de salud (rectoría, financiamiento, generación de recursos y prestación de servicios) se acordó la siguiente visión para el Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, en el seno del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades se viene desarrollando el programa denominado “Atención al Envejecimiento”, destinado a ser un programa sectorial que establece y unifica estrategias y lineamientos en materia de prevención y promoción de la salud en la población adulta mayor. Asimismo, en el marco de la Política Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente (Si Calidad), está previsto el despliegue a partir de enero de 2011, del programa “Gente Grande” el cual está basado en los siguientes ejes:
a) Calidad técnica y seguridad del adulto mayor en los establecimientos de salud,
b) Institucionalización de los programas para mejorar la calidad de atención al adulto mayor,
c) Mejora de la calidad percibida y la contraloría social en salud por el adulto mayor.
A la vista de lo que antecede y en relación con lo establecido en el punto de acuerdo se sugiere
a) En las acciones que pudieran formularse y considerarse por la Comisión Correspondiente, se promueven y refuerce al Instituto de Geriatría y a los programas “Atención al Envejecimiento” y “Gente Grande” de la Secretaría de Salud para preparar, capacitar y desarrollar iniciativas que mejoren la atención a la salud y calidad de vida del adulto mayor.
Sin embargo los integrantes de esta comisión consideramos que la falta de vigilancia y control de las autoridades correspondientes y el escaso cumplimiento de la normatividad correspondiente han permitido el incremento de la apertura y funcionamiento de instituciones de asistencia social que no brindan servicios calificados de atención a este sector, es por ello que consideramos necesario.
Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión Salud sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente acuerdo:
Resolutivo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la prestación del servicio de asistencia social para menores y adultos mayores, en todas las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que conforman el Sistema Nacional de Salud.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Malco Ramírez Martínez, Oralia López Hernández.
De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo a fin de que por la Secretaría de Salud las instituciones del ramo realicen acciones para lograr la universalidad de los servicios de salud en México
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Marina, para que se establezcan las condiciones de portabilidad y convergencia para lograr la universalidad de los servicios de salud.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, mediante la Secretaría de Salud, a formar una comisión de acceso a la salud que sea la instancia coordinadora para eficientizar recursos y no incrementar la estructura burocrática. Dicha comisión coordinará las acciones para lograr la universalidad de los servicios de salud en el país en todas las instituciones de salud federal y los servicios de salud de las entidades federativas.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina a contar con un sistema informático de las personas que tienen filiación a algún sistema de salud para que por medio de una identificación (de preferencia biométrica) se pueda conocer si es beneficiario y qué institución le da atención, y en caso de no serlo y no contar con un trabajo que sea incluido en el padrón del Seguro Popular.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a su consideración el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 7 de octubre de 2010, el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó el punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Salud, las instituciones del ramo realicen acciones para que se logre la universalidad de los servicios de salud en México.
2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Salud, para efectos de análisis y elaboración de dictamen, previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Consideraciones
La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, y deliberar el presente dictamen.
Una de las garantías sociales por antonomasia es el derecho a la protección de la salud, y su reconocimiento en la Constitución implica una serie de derechos correlativos de los ciudadanos, así como una serie importante de obligaciones para el poder público. Una de ellas reside en salvaguardar el bien jurídico protegido, la salud. Ello deriva en el establecimiento de los mecanismos necesarios que permitan a la población el acceso permanente a los cauces institucionales para la protección de ese derecho, los cuales deben observar básicamente tres principios fundamentales: universalidad, equidad y calidad.
El reconocimiento y el respeto de las garantías sociales, entre ellas la de la salud, representan un ejercicio de legitimación del poder estatal, derivado de la convicción social de que el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar a todos los individuos un mínimo de bienestar.
El tema de la universalidad y la equidad en la protección del derecho a la salud, en los sistemas políticos en que la democracia conceptualmente se extiende a otras tareas del Estado, como ha sido preocupación y atención constante del Estado mexicano.
Desde hace varias décadas, las acciones del gobierno se orientaron a garantizar el derecho a la protección de la salud, para lo cual se crearon los organismos públicos de seguridad social como los Institutos Mexicano del Seguro Social, y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como un sistema de salud pública a cargo del gobierno federal y de los estatales.
Los integrantes de la comisión estamos de acuerdo con que la universalidad de los servicios de salud contribuirá a lograr un verdadero derecho a la salud, lo cual será posible logrando la cobertura universal de los servicios de salud, y propiciando el acceso para recibir atención continua y preventiva integrada la salud.
Se está consciente de que la universalidad de los servicios de salud permitirá evitar oportunidades perdidas, así como reducir los tiempos de espera a la población que demande atención médica y preventiva, dado que abre la gama de lugares de atención y, por consiguiente, una mejor salud de la población mexicana.
Además, se coincide con la postura de que el camino es largo y se necesita una serie de acciones que fallan conforme a la realidad jurídica, laboral, económica y política que afronta el Sistema Nacional de Salud en México. La meta es el fortalecimiento de este sistema para garantizar cobertura universal, atención primaria y de alta especialidad, con calidad y seguridad para el paciente.
La universalidad de los servicios de salud contribuirá a hacer realidad varios elementos esenciales de un verdadero derecho a la salud, como cobertura y acceso universal, otorgar atención continua y preventiva integrada la salud, mejor organización y gestión intersectorial, gestión integrada de los sistemas de apoyo administrativo, clínico y logístico, recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados; servicios más asequibles, equitativos, eficientes, de mejor calidad técnica, y que satisfagan mejor las expectativas de los ciudadanos; población bien definida y con amplio conocimiento de sus necesidades y preferencias en salud (las cuales determinan la oferta de los servicios de salud) y una extensa red de unidades de salud que comprende todos los niveles de atención y que preste servicios de salud preventivos, curativos y de rehabilitación.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión Salud sometemos a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente acuerdo:
Resolutivos
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de la Secretaría de Marina a establecer las condiciones de portabilidad y convergencia para lograr la universalidad de los servicios de salud.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina a contar con un sistema informático de las personas que tienen filiación a algún sistema de salud para que por medio de una identificación (de preferencia biométrica) se pueda conocer si es beneficiaria y qué institución le da atención, y en caso de no serlo y no contar con un trabajo que sea incluida en el padrón del Seguro Popular.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Malco Ramírez Martínez, Oralia López Hernández.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Educación Pública que informen sobre las acciones que están emprendiendo a fin de combatir la desnutrición infantil en las comunidades indígenas
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Primero. Solicitar a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud que informen con amplitud a esta soberanía su política de control con relación a los productos chatarra que se expenden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares y sus programas para combatir la obesidad.
Segundo. Solicitar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Educación Pública que informen sobre las acciones que están emprendiendo para combatir la desnutrición infantil, sobretodo de los niños de las comunidades indígenas del país.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a su consideración el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. Con fecha 28 de abril de 2010, la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó el punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud que informen las políticas de control con relación a los productos chatarra que se expenden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares y sus programas para combatir la obesidad.
2. La proposición con punto de acuerdo fue turnada en la misma fecha a la Comisión de Salud para efectos de su análisis y elaboración de dictamen previsto en los artículos 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Consideraciones
La proposición con punto de acuerdo en cuestión propone requerir a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud un informe respecto de las políticas de control con relación a los productos chatarra que se venden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares y sus programas para combatir la obesidad.
Debemos destacar que la propuesta se estima técnicamente viable, sin embargo es preciso realizar algunas modificaciones por lo siguiente:
La obesidad constituye un problema de salud pública y es uno de los padecimientos epidémicos de los países desarrollados, en los últimos años por imitación y consumo de alimentos con alto valor energético se han incrementado su frecuencia en México. En los países en desarrollo la población más afectada es la de clase media.
La obesidad está asociada a 300 mil muertes por año. Aproximadamente un 80 por ciento de los adolescentes obesos lo seguirán siendo durante el resto de su vida, menos del cinco por ciento de los adultos que pierden peso son capaces de mantenerse en su peso ideal durante cinco años después del tratamiento y seis por ciento recupera el peso perdido en los primeros seis a doce meses.
En general se gastan 42 mil millones de pesos anuales, mientras que indirectamente por incapacidades se pierden 27 mil.
La prevalencia de obesidad en México durante los últimos 20 años ha tenido un crecimiento inusitado. Actualmente, 7 de cada 10 adultos y alrededor de 3 de cada 10 escolares y adolecentes tienen un peso excesivo, que pone en riesgo su salud a lo largo de la vida.
Actualmente 4 millones y medio de niños entre 5 y 11 años están excedidos de peso. Estas cifras posicionan a México en el primer lugar mundial en cuanto al número de personas con sobrepeso u obesidad, con sus consecuentes efectos negativos.
De no revertirse la tendencia, y con los estándares que llevamos respecto a la obesidad infantil, estos montos se duplicarán para 2016, con la consecuente caída de la esperanza y calidad de vida en los mexicanos, pues el 6.8 por ciento del producto interno bruto destinado a salud será más grave.
La obesidad causada por un exceso en la ingestión de calorías, en comparación con las que se gastan genera un desbalance alimenticio acompañado de un estilo de vida bajo o carente de actividad física.
En febrero del año en curso se firmo el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, el cual tiene por objeto revertir el sobrepeso y obesidad en niños y adultos, mejorando una mejor nutrición en los centros escolares del país.
La Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación Pública han venido trabajando coordinadamente año en la revisión y actualización de las normas, reglamentos y lineamientos que rigen la venta y distribución de alimentos que se venden en las cooperativas y tienditas escolares con el objeto de que los alimentos y refrigerios que se expendan sean de ala calidad acorde a las necesidades nutrimentales de los niños que asisten a las escuelas evitando en lo posible la venta de alimentos con alto contenido de grasas, saturadas.
Algunas acciones para prevenir y reducir el sobrepeso y la obesidad por dependencia:
Sector Salud
• Impulsar los programas sectoriales;
• Actualizar normas y regulaciones sobre alimentos y publicidad;
• Apoyar la lactancia materna y el alfabetismo nutricional;
• Promover la incorporación de agua simple potable en desayunos escolares y despensas;
• Capacitar a los DIF estatales y municipales sobre opciones saludables de alimentos escolares;
• Impulsar la actividad física en todos los ámbitos; y
• Capacitar a profesionales de la salud en consejería sobre una alimentación correcta.
SEP
• Impulsar la realización de actividad física al menos 30 minutos diarios en los escolares;
• Incentivar la igualdad de género en la práctica del deporte;
• Impulsar, a través del currículo escolar, el consumo de agua potable y el alfabetismo nutricional;
• Garantizar la instalación de bebederos en escuelas públicas;
• Promover y facilitar la disponibilidad de agua y bebidas no alcohólicas con bajo contenido calórico en colaboración con la industria alimentaria;
• Generar lineamientos para proveedores de alimentos escolares encaminados a disminuir el consumo de azúcares; e
• Impulsar un acuerdo secretarial para el expendio de alimentos y bebidas en las tiendas o cooperativas escolares de los planteles de educación básica para una sana alimentación escolar.
El pasado 23 de agosto de 2010 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, en el cual tiene por objeto
I. Promover que en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica se preparen y expendan alimentos y bebidas que faciliten una alimentación correcta;
II. Encaminar los esfuerzos y acciones para que en las entidades federativas se regule, de manera coordinada y unificada, la operación de los establecimientos de consumo escolar, a fin de constituir normas claras sobre el tipo de productos que se recomienda elaborar, expender o distribuir en las escuelas de educación básica y las medidas de higiene que deberán acatarse para hacer de éstas espacios saludables;
III. Impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables y una formación alimentaria que permita a niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica desarrollar aprendizajes hacia una vida más sana y una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos en la salud individual y colectiva; y
IV. Propiciar la reflexión y el análisis entre las autoridades educativas, la comunidad educativa, los Consejos Escolares de Participación Social, y demás actores que participan en el quehacer educativo para reconocer a la salud como un componente básico en la formación integral de niñas, niños y adolescentes como una forma de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.
La aplicación de los lineamientos, como programó la SEP, se hará de manera gradual, de manera que aunque entren en vigor el próximo lunes, serán obligatorios hasta enero de 2011.
Dentro de las consideraciones del estos lineamientos se explica que la Secretaria de Educación Pública actualizará la normatividad a fin de favorecer que en las escuelas los alimentos y bebidas que se expendan cumplan con las características referidas en el anexo único del acuerdo, el cual establece los criterios técnicos para regular la preparación, expendio o distribución de alimentos y bebidas que promuevan una alimentación correcta en los planteles de educación básica.
En cuanto al tema de desnutrición en México, continúa siendo un grave problema de salud pública en menores de cinco años, a pesar de que durante décadas se han llevado a cabo diversos programas nacionales con el propósito de mejorar la situación.
Recientemente se ha planteado la necesidad de articular las acciones de educación, salud y alimentación, dirigiéndolas integralmente hacia las comunidades indígenas, las zonas rurales y urbanas marginadas y, particularmente, a los miembros más vulnerables de las familias pobres: los menores de cinco años y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
Sin embargo un requisito indispensable para la planeación, el funcionamiento y la evaluación de la política de bienestar social y de los programas de alimentación y nutrición es el diagnóstico objetivo de las condiciones de alimentación y nutrición de la población, especialmente en el medio rural.
En virtud de lo anterior concluimos que solicitar un informe de las políticas de control en relación a los productos chatarra que se expenden en las tiendas y cooperativas de los centros escolares y sus programas para combatir la obesidad, es un tema desahogado por los argumentos anteriores.
Sin embargo, es necesario solicitarle a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Educación Pública que informen sobre las acciones que están emprendiendo para combatir la desnutrición infantil, sobretodo de los niños de las comunidades indígenas del país.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión Salud sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente acuerdo:
Resolutivo
Único. Se solicita a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Educación Pública que informen sobre las acciones que están emprendiendo para combatir la desnutrición infantil, principalmente de los niños de las comunidades indígenas del país.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Malco Ramírez Martínez, Oralia López Hernández.
De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un acuerdo modificatorio del similar por el que se determinan los lineamientos a que estarán sujetas la venta y dispensación de antibióticos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura le fueron turnadas, para su estudio y dictamen, las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:
1. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a sostener una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados y con representantes de la Asociación Nacional de Farmacias de México, a efecto de revisar los avances en la implementación de la medida que precisa que la venta de antibióticos se realizará únicamente con la presentación de receta médica, a cargo de la diputada Rosario Brindis Álvarez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fecha 11 de agosto de 2010.
2. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar modificaciones al acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos, a cargo diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fecha 7 de octubre de 2010.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a su consideración el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
1. las proposiciones con puntos de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen fueron presentadas en fechas y por los diputados que se mencionan en el mismo.
2. las proposiciones enlistadas fueron turnadas a la comisión de Salud, para su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los estados unidos Mexicanos
Consecuentemente con lo anterior, las proposiciones con punto de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen tienen por turno a la Comisión de Salud, con el carácter de comisión única y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.
II. Consideraciones
La comisión de dictaminadora realizo el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar el presente dictamen.
Las proposiciones con punto de acuerdo tienen como objeto solicitar a la Secretaría de Salud la realización de ciertas acciones o rendición de determinados informes relacionados con la venta de antibióticos con receta médica.
Debemos destacar que las propuestas se estiman técnicamente viables con las respectivas modificaciones, por lo siguiente:
En relación a los avances en la implementación con respecto al “acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que se estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos” se detallan las siguientes acciones:
1. El 25 de agosto de 2010 se presentó la campaña de comunicación dirigida a población, profesionales de la salud y dispensadores de farmacias, que será difundida por radio, televisión, internet y medios impresos. Asimismo, se elaboraron tres distintos materiales: el primero un folleto dirigido a la población en general para informarlos de los riesgos de la autoprescripción y la resistencia bacteriana, el segundo un folleto para profesionales de la salud para exhortarlos al uso adecuado de las recetas médicas, y tercero una guía dirigida a empleados de farmacias. Dicha información se encuentra publicada en la página oficial de la Cofepris al igual que el texto del acuerdo y la lista de antibióticos sujetos a control, publicado el 15 de julio de 2010, en el cual se incluyen más de 2 mil productos para uso oral o parenteral, excluyendo los de aplicación tópica, ótica y oftálmica.
2. En el ámbito de la capacitación, se han efectuado, desde el 6 de mayo, 17 reuniones con representantes de asociaciones y cadenas de farmacias como: Grupo Más, Farmacias (Unefarm), Aprofarm, Anafarmex, Anafam, ANTAD, Farmacias Similares, Farmacias del Ahorro, Fármacos Especializados.
3. Asimismo, se han capacitado a las entidades federativas (19 al 21 de mayo), y se llevó a cabo una reunión con 31 organizaciones médicas del país (Alianza Médica, Colegios y Sociedades de Médicos, Academia Mexicana de Cirugía, Academia Nacional de Medicina), presidida por el Secretario de Salud y el Comisionado Federal. También se presentó dicho acuerdo y sus disposiciones a Canifarma, AMIF y Anafam.
4. Desde el 14 de julio, se iniciaron capacitaciones a responsables de farmacias de Wal-Mart, Hospital Médica Sur, Farmacia Dermatológica y representantes médicos de Laboratorio Glaxo.
5. Por último en cuanto a las sanciones, éstas se implementan conforme al artículo 422 de Ley General de Salud que determina las sanciones aplicables en caso de incumplimiento del artículo 226 de la misma Ley, el cual cito a continuación: “Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con multa equivalente hasta por 16,000 veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”. Por ejemplo, en el Distrito Federal el salario mínimo general es de $54.80 lo cual multiplicado por las 16,000 veces del mismo que estípula la Ley se multaría con un monto de $876,000. Es menester señalar que la reincidencia en el incumplimiento amerita suspensión del establecimiento.
6. Uno de los objetivos que persiguen los mencionados acuerdos es en relación con la retención de las recetas médicas, la cual se menciona que se representa un daño para los pacientes, pues la receta forma parte del derecho que deriva de los servicios médicos y en consecuencia debe permanecer en su poder. Para las personas, conservar las recetas médicas, entre otras cosas, les permite brindar seguimiento a su tratamiento, tanto por sí mismas como por su médico o médicos, y en muchas ocasiones les es de apoyo fundamental para la escuela, guardería, trabajo, seguro médico o prueba legal. Aunado a lo anterior, el archivo de las recetas médicas por parte de las farmacias implica un problema tanto de tiempo como de utilidad, generando costos innecesarios para su almacenaje.
Una propuesta viable para mantener el control de los antibióticos es que las farmacias sellen las recetas al surtirlas completamente, como se hace cuando se surte parcialmente, para que de este modo no puedan volver a utilizarlas de manera inadecuada las personas, indicando si la receta fue surtida en su totalidad o aquellos medicamentos que fueron surtidos, así como la fecha de venta. De esta manera la persona también mantendría la receta en su poder.
7. otro punto transcendental es que se debe dar mayor difusión a la población, esto debido a que existe desconocimiento de la población de los alcances del multicitado acuerdo y es un hecho que la autoridad no ha dado respuesta ni a la población ni a los encargados de las farmacias para que estén adecuadamente informados, pues al desconocer cuáles son exactamente los medicamentos que requieren receta médica para su venta, tienen el temor de que cualquier medicamento sea controlado con la medida, por lo tanto urge para que a la brevedad se brinde la información clara y oportuna.
Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión Salud sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente acuerdo:
Resolutivos
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar un acuerdo modificatorio del “acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos”, a efecto de que se simplifique la disposición que obliga a las farmacias a llevar un registro de cada antibiótico que se vende, asimismo para que no se retengan las recetas a los pacientes y, en cambio, les sellen la receta médica, señalando que ésta ha sido surtida totalmente o, en caso de que sean más de un medicamento, que se selle especificando cual de los medicamentos se surtió.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que la campaña de orientación a la población con relación a la venta y dispensación de antibióticos sea más clara e intensa para que las personas que necesitan comprar un medicamento identifiquen cuáles sí y cuáles no necesitan de receta médica.
La Comisión de Salud
Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla, Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras, Malco Ramírez Martínez, Oralia López Hernández.