- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario a reubicar el Unitario Agrario del distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a cubrir la totalidad de los gastos de manutención de los reos federales en centros penitenciarios estatales; y a la SSP, a realizar las acciones pertinentes para cumplir la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH a declarar el Panteón de Dolores zona de monumentos históricos, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a generar por la Sectur y el Conaculta campañas de promoción turística nacionales e internacionales sobre la gastronomía mexicana, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a considerar –mediante la Sectur– San Sebastián del Oeste, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN
- Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión plural para investigar los presuntos nexos del gobierno de facto con los grupos criminales del país, en especial con el narcotráfico, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT
- Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para el seguimiento tanto de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú como del asunto de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a desistirse de construir un penal de máxima seguridad en Campeche, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario a reubicar el Unitario Agrario del distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Domingo Rodríguez Martell, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática e integrante de la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para impartir justicia agraria en el territorio nacional a los núcleos agrarios, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Tribunal Superior Agrario tiene la obligación de determinar la división del territorio de la república en distritos, cuyos límites territoriales determinará, pudiéndolos modificar en cualquier tiempo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
En términos del artículo 8o., fracciones I y II, de la citada ley orgánica, el Tribunal Superior Agrario tiene la atribución de fijar el número, el límite territorial y las sedes de los distritos en que se divida el territorio de la república.
En el artículo 46 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios se previene que el Tribunal Superior Agrario hará la división del país en distritos de justicia agraria, en los que ejercerán su jurisdicción los tribunales unitarios.
Ante la normativa apuntada en los párrafos anteriores, es urgente e ineludible que se reubique el Tribunal Unitario Agrario del distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí.
La reubicación se requiere por los volúmenes de trabajo y las exigencias de los ejidatarios, las comunidades y los pueblos indígenas de la jurisdicción del tribunal en comento.
El tribunal atiende 44 municipios de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, como se muestra en el siguiente cuadro:
Como se aprecia, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 43 atiende 20 municipios de San Luis Potosí, donde se concentra el mayor trabajo de justicia agraria.
En esos 44 municipios se concentran mil 554 núcleos agrarios, de los cuales mil 322 son ejidos y 232 comunidades, como se muestra en el siguiente cuadro:
Como se observa en los datos presentados, y con el propósito de volver eficiente el desarrollo de las funciones jurisdiccionales, se propone la reubicación del Tribunal Unitario Agrario del distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a fin de que los juicios agrarios sean atendidos eficaz y expeditamente, dada la importancia, jurisdicción e influencia que se tiene en los núcleos agrarios de San Luis Potosí.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Tribunal Superior Agrario a reubicar el Tribunal Unitario Agrario del distrito 43, con sede en Tampico, Tamaulipas, a Ciudad Valles, San Luis Potosí, a fin de volver eficientes las actividades y la justicia agraria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2010.
Diputado Domingo Rodríguez Martell (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a cubrir la totalidad de los gastos de manutención de los reos federales en centros penitenciarios estatales; y a la SSP, a realizar las acciones pertinentes para cumplir la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal por el estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta honorable Cámara proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los retos más grandes que enfrenta la Seguridad Pública en México radica en la ineficiencia de su sistema penitenciario, el cual carece de los elementos y estrategias necesarias para poder lograr una verdadera reinserción social de las personas que cumplen alguna sentencia. Esta situación es resultado de distintas condiciones que afectan el desarrollo de las tareas en los centros de readaptación social, como lo son el hacinamiento, escaza infraestructura, falta de recursos presupuestales, desorganización y deficiencias en los programas diseñados.
Dichas problemáticas son agudizadas cuando los centros penitenciarios estatales tienen que custodiar reos federales, lo cual tiene implicaciones directas en su funcionamiento, ya que la mayoría de las veces la infraestructura, capital humano y presupuesto no son suficientes para llevar a cabo los objetivos del sistema penitenciario, que se encuentran señalados en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.
La ley en su artículo segundo expone que el sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente, sin embargo en la práctica esto no sucede, por lo menos, de la forma esperada, ya que la sobrepoblación –provocada por la custodia de reos federales en instalaciones penitenciarias de los estados y el Distrito Federal– y la falta de recursos materiales generan condiciones de insalubridad, inseguridad, violencia, violación a los derechos humanos y posibilita las condiciones para que los reclusos caigan en conductas no propicias para su reinserción a la sociedad.
La presencia de reos federales en centros penitenciarios estatales, en la práctica complica su trabajo, pues representan una importante carga presupuestal, que tienen que solventar las entidades federativas, y propicia la convivencia de delincuentes de alta peligrosidad relacionados con el crimen organizado con reclusos vinculados al fuero común.
Lo anterior ha generado que los centros penitenciarios se conviertan en universidades del crimen, donde personas que están llevando un proceso o pagando alguna pena por delitos considerados menores adquieran prácticas y conocimientos que les permitan realizar actividades delictivas más peligrosas e importantes, como el narcotráfico.
Por otro lado, la mayoría de las cárceles están diseñadas para albergar reos de baja peligrosidad, sin embargo tienen que custodiar delincuentes peligrosos que requieren un trato y condiciones de infraestructura especiales. Lo contrario conlleva a que sean más frecuentes casos como el del penal de Cieneguillas, Zacatecas, donde 53 presuntos integrantes de los Zetas fueron liberados por un comando armado el 16 de mayo de 2009.
Para evitar la recurrencia de casos de violencia y liberación de presos es necesario el cumplimiento la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados en su artículo 6o., cuando dice que
“En materia de delincuencia organizada, la reclusión preventiva y la ejecución de penas se llevarán a cabo en los centros especiales, del Distrito Federal y de los Estados, de alta seguridad, de conformidad con los convenios respectivos para estos últimos. Lo anterior también podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en los siguientes casos:
”I. Tratándose de inculpados respecto de los cuales se haya ejercitado la acción penal en términos del artículo 10, párrafo tercero del Código Federal de Procedimientos Penales;
”II. Que el interno cometa conductas presuntamente delictivas en los centros penitenciarios, o que haya indicios de que acuerda o prepara nuevas conductas delictivas desde éstos;
”III. Cuando algún interno esté en riesgo en su integridad personal o su vida por la eventual acción de otras personas;
”IV. Cuando el interno pueda poner en riesgo a otras personas;
”V. En aquellos casos en que la autoridad lo considere indispensable para la seguridad del interno o de terceros, y
”VI. Cuando así lo determine el perfil clínico criminológico que le realice la autoridad penitenciaria.”
En la práctica común es posible identificar numerosos casos de reos federales peligrosos en convivencia con presos del fuero común, pero también son preocupantes las cifras de penales estatales o del Distrito Federal que tienen que custodiar a delincuentes procesados por delitos del fuero federal.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, 44 mil 446 personas están encarceladas por su implicación en delitos federales. Estos reos corresponden al 19.9 por ciento del total de la población carcelaria del país, la cual es de 222 mil 771 internos.
De estos últimos, 34,952 reos federales se encuentran a cargo de penales estatales, por lo que el sistema penitenciario federal solo está a cargo de 9 mil 494 de estos presos, es decir el 21.3 por ciento.
Lo anterior es posible gracias a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo tercero de la ley, el cual señala que “podrá convenirse también que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los gobiernos estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio de la Secretaría de Seguridad Pública, ello sea posible”.
Sin embargo la ley no establece la obligatoriedad de la federación para hacerse cargo de la manutención de sus reos, por lo que las entidades federativas tienen que realizar un esfuerzo presupuestal importante, que merma las finanzas de sus respectivos sistemas penitenciarios.
Por ejemplo, en Nuevo León el costo diario de manutención de un interno federal es de 173 pesos, sin embargo la aportación federal es de tan sólo 50 pesos, lo cual evidencia el esfuerzo que tienen que realizar las entidades federativas para poder solventar los gastos de una responsabilidad que es evidentemente de la federación.
Por otro lado, aunque existe una partida presupuestal para el pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en centros penitenciarios estatales, el cual para el Presupuesto de 2011 es de 932 millones 500 mil pesos, es insuficiente para mantener la estadía de reos federales en centros penitenciarios de las entidades federativas, situación que adquiere mayor preocupación si se analiza que dichos recursos son los mismos que en 2010, pero en términos reales es menor si consideramos la inflación.
Por los motivos expuestos, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Gobierno Federal a que cubra la totalidad de los gastos de manutención de los reos federales que se encuentran en centros penitenciarios de las entidades federativas.
Segundo. Se exhorta la Secretaría de Seguridad Pública a realizar las acciones pertinentes para cumplir con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo sexto de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2010
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH a declarar el Panteón de Dolores zona de monumentos históricos, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Gabriela Cuevas Barron, diputada en la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Panteón de Dolores, ubicado en el Bosque de Chapultepec, es considerado el más grande de América Latina. Cuenta con una extensión de 200 hectáreas y en su parte posterior colinda con una extensa área de barranca. Fundado en 1874, en las entonces afueras de la ciudad, hoy ha quedado inmerso en la misma, tiene más de 700 mil lotes individuales, con tres y cuatro niveles, y 23 lotes de uso exclusivo entre los que destacan el de los Constituyentes de 1917, el del Escuadrón 201, de la comunidad italiana, alemana y el de los artistas o de la ANDA, sólo por mencionar algunos.
En su interior se encuentra la Rotonda de los Hombres Ilustres, con más de 100 personalidades del arte, la literatura, la política y el ejército; su mantenimiento y conservación están a cargo de la Secretaría de Gobernación; y sus condiciones contrastan con el resto del panteón, que por sus dimensiones resulta casi imposible mantener en las mismas circunstancias.
Sin embargo, como pieza arquitectónica, este panteón presenta toda una gama de estilos en sus tumbas que reflejan diversas etapas de la historia, desde construcciones de granito macizo de finales del siglo XIX, hasta mármol y acero del siglo XX, que vale la pena rescatar y preservar como verdaderas piezas escultóricas y de valor artístico.
En menos de 15 años casi se ha acabado con el arte funerario de más de un siglo. Para el año 2000 casi había desparecido un 20% de los más de 600 monumentos artísticos que existían en 1993. Al día de hoy prevalecen la mitad o menos.
Además del deterioro en su interior, en varias ocasiones se han presentado derrumbes de la barda perimetral del panteón; los caminos y veredas se encuentran sin delimitar y muchos de los árboles requieren de poda y fumigación. Asimismo, la circulación interior se ha vuelto complicada y riesgosa debido a la falta de señalización, al trazo de caminos, así como a la falta de iluminación, situación que lo convierte en una zona de riesgo para quienes lo visitan. A pesar de ello, no ha sido considerado como un elemento que merezca rescate y conservación.
Por ello, se platea solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia que dé continuidad al trámite ya iniciado para declarar el Panteón de Dolores como zona de monumentos históricos, con lo cual se busca obtener una valoración de los cementerios y de la arquitectura funeraria como patrimonio cultural, logrando así su protección y conservación.
Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar la declaratoria del Panteón de Dolores como zona de monumentos históricos e implementar un programa de rescate, a fin de preservar sus características originales y otorgar el mantenimiento de los elementos que lo componen.
Dado en el salón de sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 9 de diciembre de 2010.
Diputada Gabriela Cuevas Barron (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a generar por la Sectur y el Conaculta campañas de promoción turística nacionales e internacionales sobre la gastronomía mexicana, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Juan José Cuevas García, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a genera mediante la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) campañas de promoción turística a escalas nacional e internacional sobre la gastronomía mexicana, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Sectur desarrolló una importante plataforma para promover las rutas de México, a través de 10 circuitos, tomando las entidades representativas que cuentan con ciertas características similares en su riqueza cultural.
Las rutas trazadas incluyen La Cultura del Vino y el Acuario del Mundo, Los Tarahumaras Milenarios, La Magia de las Tradiciones y la Naturaleza, La Cuna de la Historia y el Romanticismo, El Arte del Tequila y la Música bajo el Sol, Las Bellezas Huastecas, Los Mil Sabores del Mole, El Misterio y el Origen de los Mayas, Una Experiencia Virreinal, y El Encuentro Fascinante entre la Historia y la Modernidad.
Sin duda, tales rutas ofrecen a los visitantes de todo el mundo la oportunidad de conocer diferentes puntos turísticos, que se conectan con un tema en común, los cuales incluyen destinos de sol y playa, su naturaleza, el patrimonio histórico con que cuentan, y la riqueza gastronómica de las entidades y, en general, la cultural de México.
Quiero hacer hincapié en que se lleven a cabo campañas de promoción, particularmente de la cocina mexicana, que incluyan todas las entidades federativas, a fin de que los visitantes del exterior que se internen en cada una de las regiones conozcan la riqueza del arte culinario de esta gran nación.
La gastronomía constituye un atractivo muy importante para los turistas nacionales y los internacionales que nos visitan, pues el país cuenta con amplia profesionalización del trabajo culinario en los restaurantes y en los pequeños negocios que se encuentran en cada destino turístico, ya que ofrecen gran variedad de platillos regionales, que es necesario dar a conocer por campañas promocionales.
En el primer semestre de 2010 ingresaron 43.1 millones de visitantes internacionales. De ellos, 11.3 millones pernoctaron al menos una noche en el interior o en la franja fronteriza de México, y 6.8 millones se internaron en el país. Por lo mismo, el reto es que nos sigan visitando y, al mismo tiempo, atraer a más turistas que conozcan la riqueza gastronómica.
La cocina mexicana representa una manifestación cultural de nuestras tradiciones, de su originalidad en la preparación, con gran diversidad de productos, técnicas y procedimientos, que retoma lo antiguo con la continuidad histórica que la hacen única.
Nuestro arte culinario se caracteriza por su gran variedad de platillos y recetas, así como por la complejidad de su elaboración. Es reconocido por sus sabores distintivos y refinados, con gran condimentación, lo cual genera gran gusto y reconocimiento de los comensales.
La gastronomía representa una gran oportunidad para el país, pues en noviembre fue reconocida por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como patrimonio de la humanidad, en la quinta reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, efectuada en Nairobi, Kenya.
Debemos reconocer el trabajo realizado por todos los actores en la elaboración del expediente de la candidatura; fue efectuado por cocineras tradicionales, con el apoyo y asesoría del Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
A raíz de esto, es necesario que se coordinen la Sectur y el Conaculta para que se aproveche la oportunidad de que la gastronomía mexicana se utilice como un producto turístico que permita el arribo de visitantes extranjeros, a fin de que conozcan el arte culinario que se ofrece en las distintas regiones del país.
Con base en lo anterior, propongo que se lleven a cabo campañas de promoción a escalas nacional e internacional, que promuevan el arte culinario mexicano, lo que seguramente fortalecerá la creatividad de estas expresiones culturales, favoreciendo las economías locales con el arribo de turistas internacionales.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal a genera mediante la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes campañas de promoción turística a escalas nacional e internacional sobre la gastronomía mexicana.
Palacio Legislativo, a 9 de diciembre de 2010.
Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a considerar –mediante la Sectur– San Sebastián del Oeste, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Juan José Cuevas García, a la LXI legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar a la población de San Sebastián del Oeste, situado en el estado de Jalisco, dentro del Programa de Pueblos Mágicos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Programa de Pueblos Mágicos es un programa lanzado inicialmente en 2001 por el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo, y tiene el objetivo de impulsar el turismo en pueblos típicos y ciudades pequeñas mexicanas, donde sus pobladores han guardado por muchos años un estilo de vida particular y tradicional, bajo un concepto típicamente mexicano.
A través de este programa, se revalora un conjunto de tradiciones y costumbres que se han presentado siempre en estado imaginario, y que significan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros que se sienten atraídos por estos lugares.
El Programa de Pueblos Mágicos reconoce a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana, y que han sabido cuidar la riqueza natural, cultural e histórica con que cuentan, y buscan entrar al programa para que se les de apoyo y promoción para que los turistas visiten estos importantes poblados llenos de magia.
San Sebastián del Oeste, situado en el estado de Jalisco, cuenta con diversos atractivos que la hacen una población tradicional e histórica, y que requiere que sea favorecida por las bondades del programa, ya que esta comunidad desde su fundación ha mantenido su traza original de pueblo minero del siglo XIX.
El municipio de San Sebastián del Oeste tiene un gran potencial turístico debido a su riqueza cultural y natural, es así que en la cabecera municipal (San Sebastián del Oeste) existen varias construcciones que poseen un importante valor histórico, además cuenta con puentes, arroyos, y calles empedradas, fincas, haciendas, minas y el templo de San Sebastián Mártir, que expresan una imagen única para el turista y para la población misma.
Además, el municipio cuenta con algunas otras poblaciones principales que aportan importantes rasgos característicos del siglo XIX, tal son los poblados de Los Reyes, Real Alto y otras comunidades, donde se pueden encontrar múltiples atractivos culturales y naturales que son dignos de reconocerse por todo aquel turista que busca la aventura.
Dentro de su variada naturaleza con la que cuenta San Sebastián encontramos una importante vegetación en la que se identifican una gran variedad de árboles como pinos, encinos, robles, parotas, fresnos, el masahuite y el pochote.
Además, cuenta con una diversa fauna, en donde encontramos especies como venados, conejos, jabalís, coyotes, pericos, tlacuaches, armadillos, codornices, ardillas, tuzas, loros, guacamayas y halcones, que se hallan a lo largo de la sierra occidental en donde se encuentra incrustado esta importante y pintoresca comunidad.
El poblado cuenta con importantes vestigios que nos muestran que el tiempo no ha avanzado, tal es el caso de las ruinas llamadas La Máquina, que datan del siglo XVII. Dicha construcción evidencia donde se alojaban las máquinas para beneficiar la extracción del mineral.
En materia artesanía esta es muy variada, ya que lo típico que se elabora son: sillas de montar, talabartería, objetos de madera tallada y diversos textiles que son trabajados por los habitantes de la región. En relación a la gastronomía encontramos un sin número de platillos típicos de la zona, que muestran la riqueza de las tradiciones ancestrales.
Asimismo, se encuentra una construcción que es un emblema del pueblo, que es la iglesia de San Sebastián, ya que dicha construcción se hizo a finales del siglo XVIII por los frailes agustinos. De igual forma, encontramos los templos como es el caso del Real Alto, que data del siglo XVII; los Reyes, del siglo XIX; y San Felipe de Híjar, que fue construido a finales del siglo XIX.
Dentro del municipio se encuentran importantes fincas y haciendas que tuvieron una gran importancia para la actividad económica y social, y que su esplendor estuvo enmarcado en el siglo XIX.
Quiero mencionar que el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Turismo del estado ha llevado a cabo los trámites correspondientes cumpliendo con las disposiciones normativas para que el poblado de San Sebastián del Oeste sea considerado dentro del Programa de Pueblos Mágicos.
Con base en lo mencionado, exhorto a la Secretaría de Turismo a revisar el caso y tomar cartas en el asunto, agilizando el proceso administrativo correspondiente, para que el municipio de San Sebastián del Oeste, situado en el estado de Jalisco, reciba la denominación de pueblo mágico.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar a la población de San Sebastián del Oeste, situado en el estado de Jalisco, dentro del Programa de Pueblos Mágicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 diciembre de 2010.
Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión plural para investigar los presuntos nexos del gobierno de facto con los grupos criminales del país, en especial con el narcotráfico, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT
1. Las graves denuncias realizadas por la revista Proceso y por la periodista Anabel Hernández en su libro, Los señores del narco, respecto a los vínculos del gobierno de facto que encabeza Felipe Calderón con el narco, ponen por primera vez, serias evidencias a la luz de la pública sobre estos hechos.
2. Derivado de estas denuncias, la citada revista ha sufrido una campaña mediática feroz y, la citada periodista ha recibido graves amenazas de muerte, a tal grado que la CNDH planteó que el gobierno de facto debería dar protección a Anabel Hernández.
3. Dentro de los funcionarios señalados de vínculos con grupos del narco y en especial, de proteger al grupo del Chapo Guzmán, están el finado Mouriño, el propio García Luna, secretario de Seguridad Pública y, el propio Calderón no escapa a las acusaciones.
4. García Luna se ofreció a proteger a la periodista, obviamente ésta rechazó tan macabro ofrecimiento, pues no puede cuidarte quien está señalado de nexos con el narco y de ser unos de sus principales operadores.
5. Una investigación de estos alcances y gravedad, generarían la renuncia en masa de funcionarios y la del propio gobierno de facto. En México, pasan cosas terribles y pareciera no sucede nada.
6. A este contexto, se debe sumar las más de 30 mil muertes en la supuesta lucha contra el narco, los cientos de ciudadanos asesinados en retenes militares (menores incluso), la militarización del país, el baño de sangre, la inseguridad y las crecientes denuncias de grupos de inteligencia norteamericana operando ilegalmente en territorio nacional.
7. A lo anterior, se debe añadir el desastre económico, político y social, el brutal empobrecimiento, la terrible desigualdad y la falta de oportunidades para la mayor parte de la población. Súmese también, la monstruosa corrupción imperante en la actual administración federal.
8. La Cámara de Diputados, no puede permanecer ajena a semejantes acontecimientos.
Es en este marco que, propongo la integración de una comisión plural que investigue los presuntos nexos del gobierno de facto con los grupos criminales del país, en especial con el narco y, de resultar veraces las denuncias, actúe la Cámara de Diputados en consecuencia.
Esta comisión estaría integrada por un miembro de cada grupo parlamentario existente en la Cámara, tendría una duración máxima al 1 de septiembre de 2011, ya que sus conclusiones tendrán que ser presentadas a más tardar en esa fecha, ante la sesión general de Congreso a realizarse ese día.
La comisión gozaría de todo el respaldo institucional necesario para llevar a cabo su tarea en el marco de las posibilidades de la Cámara.
Sus integrantes renunciarían temporalmente a cualquier otra comisión o tarea, para dedicarse de tiempo completo a su nueva responsabilidad.
Finalmente, la citada comisión se integrará, a más tardar, el 15 de diciembre de 2010.
Palacio Legislativo, a 9 de diciembre de 2010.
Diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para el seguimiento tanto de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú como del asunto de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, a cargo del diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Filemón Navarro Aguilar, diputado federal a la LXI legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
“El cabo volvió a mirar a los indios. Estaban en el suelo, caídos como un montón... de paja seca, de lodo. Uno de ellos acababa de orinarse y la tierra aún no absorbía la mancha espumosa; los jirones sucios de sus pantalones aún estaban mojados. Eran pedazos temblorosos de algo, ahí, junto a las botas del soldado, que iban expulsando al respirar unos graves y suaves quejidos, por las bocas inflamadas, sucias por la sangre. Dos de ellos tenían los brazos rotos”
— No entienden nada, mi sargento, no hablan español, no son gente de razón.
— Pero mira sus ojos, fíjate como están entendiendo. Tú sigue. Si para media noche no han podido hablar en español, mátalos”.
Este es un pasaje de Guerra en el paraíso , la magistral obra de Carlos Montemayor. Cierto que es una obra de ficción, pero quienes la han leído saben que está hecha con pedazos de realidad. En ella se narra la tragedia del pueblo guerrerense durante la llamada guerra sucia , cuando la parte más crítica de la sociedad enfrentó la saña del viejo régimen, y familias y pueblos completos fueron desintegrados, para terminar con el movimiento guerrillero que habían iniciado Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos, a finales de los años sesenta.
Durante más de diez años cientos de guerrerenses fueron perseguidos como fieras rabiosas por la brigada blanca armada por el gobierno. Los que cayeron en manos de esos perseguidores fueron encerrados en prisiones clandestinas, torturados, y muchos, muchos de ellos asesinados, arrojados al mar con zapatos de cementos, en el llamado avión de la muerte.
Las organizaciones de familiares de víctimas de la guerra sucia hablan de quinientos desaparecidos, otras fuentes periodísticas manejan cifras mayores, pero cualquiera que sea el dato correcto, esta es una tragedia que ha destrozado la vida de muchas familias, el futuro de cientos, tal vez de miles de jóvenes, de hombres y mujeres cuyo mayor delito fue luchar por una sociedad más justa y democrática.
Hoy, a treinta años de haber ocurrido aquellos infaustos hechos en los que el Estado le declaró la guerra a una parte de la sociedad, aún seguimos sin pagar la deuda de justicia con las víctimas. El de Rosendo Radilla Pacheco, es un caso paradigmático de esta deuda.
Rosendo Radilla dedicó gran parte de su vida a procurar la organización de los pueblos y productores de Guerrero, en demanda de sus derechos ciudadanos y en defensa de mejores precios para sus productos, lo que le valió el respeto de muchos guerrerenses y el hostigamiento del poder caciquil.
Esa persistente lucha por organizar a los productores de café, copra, ganado, demandando ampliación de derechos políticos, presidiendo organizaciones campesinas, de padres de familia y llegando a realizar, incluso, funciones de presidente municipal, le ganó la animadversión y persecución del poder caciquil.
En medio de aquella guerra de baja intensidad que el Estado declaró a la sociedad guerrerense, el 25 de agosto de 1974, Radilla Pacheco fue bajado del autobús donde viajaba, junto con su hijo Rosendo Radilla Martínez, en la entrada de la colonia Cuauhtémoc, entre Cacalutla y Alcholca, acusado del terrible delito de componer corridos, donde narraba la historia del pueblo y fue conducido a la zona militar de Guerrero.
Desde entonces, hace 36 años, la familia Pacheco Martínez inicio una intensa búsqueda de Rosendo, que en el ambiente represivo de la época era arriesgar la libertad; sin embargo, esa investigación chocó contra la muralla de autoritarismo, desdén, cerrazón e insensibilidad que caracterizaban no sólo a las estructuras castrenses de la época, sino a todo el régimen autoritario; esto mismo hacía inútil la denuncia formal, por lo que la familia tuvo que esperar hasta 1999 para denunciar los hechos, cuando las circunstancia políticas habían cambiado.
Agotadas las instancias de la justicia nacional, los demandantes, apoyados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, acudieron a la justicia internacional, interponiendo una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 13 de marzo del 2008.
Tras haber recibido la información, aportada por las partes con posterioridad a la adopción del informe de fondo, y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente con sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 23 de noviembre de 2009 dictó sentencia, en la que señala al Estado mexicano como responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida, en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco y ordena, que en un plazo razonable, finiquite satisfactoriamente la investigación de este caso, se haga cargo de la reparación del daño a las víctimas, reconozca públicamente su responsabilidad y lleve a cabo las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 27 de justicia militar con los estándares internacionales en la materia, entre otras puntos.
A un año de dictada esta sentencia, y estando el Estado obligado por el derecho internacional a adoptarla, aún no se ha dado cumplimiento a ninguno de sus puntos.
En 2002 las indígenas me´phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega fueron violadas sexualmente en dos comunidades indígenas del estado de Guerrero. Ante la falta de atención de las autoridades municipales, fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos la que recibió la denuncia, y la que intentó llevarlas ante el Ministerio Público, quien declino la competencia a favor del fuero militar. Cerradas las puertas de la justicia nacional y con la representación de la Organización de Derechos Humanos Tlachinollan, el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo fue llevado a la justicia internacional, donde fue acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al igual que en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, dicto sentencia en el sentido de que se reparen los daños de las víctimas, garantizar la seguridad de Inés Fernández y Valentina Cantú, juzgar y castigar a los responsables en las instancias de justicia civil, acotar el fuero militar, y adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales, además de las reparaciones pertinentes.
En 1998, los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, fundaron la organización Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, para proteger los recursos naturales que están siendo devastados por las compañías madereras extranjeras.
Cediendo a las presiones de esas empresas, el gobierno acusó a los ecologistas de crímenes contra la salud y de pertenecer a organizaciones guerrilleras, por lo que fueron detenidos por el ejército y torturados para que se declararan culpables a lo que siguió su encarcelamiento en el penal de Iguala.
Estando en la cárcel, recibieron el prestigioso premio internacional de ecología Goldmand. Debido a este premio, a que Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia y a una gran presión del movimiento social, el gobierno de Vicente Fox Quesada tuvo que dejarlos en libertad en noviembre de 2001. Sin embargo, siguieron siendo hostigados por el Ejército, por lo que se tuvieron que salir del estado y, en el caso de Rodolfo Montiel, del país.
Hoy, han decidido llevar su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a falta de garantías de la justicia mexicana, debido a que en su detención y tortura están implicados miembros del Ejército.
La sociedad mexicana reclama nuevos tiempos de cambio, libertad y justicia, en donde el respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales sean el pilar de la democracia. Para ello, es necesario aplicar justicia, en todos los casos en que el Estado mexicano se ha visto implicado, como son los antes señalados. En aras, de dar respuesta a las exigencias de la sociedad mexicana y de las responsabilidades adquiridas en el concierto internacional, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados integre una comisión legislativa para dar seguimiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y del seguimiento al caso de Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.
Diputado Filemón Navarro Aguilar (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República a desistirse de construir un penal de máxima seguridad en Campeche, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los últimos días se ha dado a conocer en diferentes medios informativos la pretensión del gobierno federal de construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche, cuya finalidad es recluir a delincuentes de alta peligrosidad, que no pueden purgar sus condenas en otro tipo de reclusorios.
La noticia ha cimbrado a la sociedad campechana, que de inmediato ha repudiado este proyecto o pretensión, formulándose las siguientes preguntas: ¿Por qué fue elegido Campeche y no otra entidad?, ¿Qué beneficios tangibles traería para nuestro pueblo la residencia de un penal de estas características?, ¿Cuáles fueron los estudios y datos técnicos en los que se basó el gobierno federal para determinar que Campeche sea la mejor opción?, ¿Acaso el gobierno federal quiere terminar con la estabilidad y paz social que se respira en nuestra entidad y trasladar su guerra contra el narcotráfico a estados donde se camina con seguridad?
Todas y cada una de estas inquietudes han sido recibidas y tomadas en cuenta por autoridades de la entidad.
El gobierno del estado ha manifestado que este proyecto del gobierno federal necesita licencia social, y si no lay, difícilmente llegará a realizarse. Además, se ha solicitado información en torno a esta pretensión, ya que todos los sectores de la sociedad requieren ser enterados con veracidad.
Por su parte, autoridades municipales y legisladores del Congreso Local, han rechazado sistemáticamente cualquier intento del gobierno federal por construir un penal para delincuentes de alta peligrosidad en territorio campechano, puesto que al llegar secuestradores, narcotraficantes y criminales de toda índole está latente la posibilidad del inicio de actos violentos en una región que hasta hoy goza de perfecta paz social.
Todo pareciera indicar que, en lugar de hacerle justicia a un estado que colabora con el 70 por ciento de la producción nacional de petróleo y mantiene cohesión social para el desarrollo armónico de la economía y de los ciudadanos que en él habitan, se le castiga con un penal para recluir a delincuentes de alta peligrosidad.
La construcción de un penal de máxima seguridad, en ningún momento refleja la justicia que tanto nos merecemos los campechanos, refleja una decisión errónea y el desconocimiento pleno de las demandas y aspiraciones de la sociedad campechana.
Por ello, a nombre de mis representados campechanos de los diferentes municipios, manifiesto categóricamente mi total desacuerdo con la pretensión del gobierno federal para construir un penal de máxima seguridad en territorio campechano.
Campeche no es tierra de nadie, ni tampoco un lugar hostil donde la inseguridad reine sobre las autoridades y ciudadanos. De acuerdo, con datos publicados por el CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo, AC) Campeche es el sexto estado más seguro del país, sólo por debajo de estados como Yucatán, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas o Querétaro.
Confirmando así, que Campeche es una tierra de trabajo, progreso y paz social.
Campeche no necesita de penales de máxima seguridad disfrazados de empleo e infraestructura, necesita el reconocimiento de la importancia estratégica que representa para el desarrollo del país.
Campeche necesita una refinería que permita al país reducir la tasa de importaciones de productos petrolíferos; necesita mayores a poyos para el campo que ayuden a mejorar la producción y consoliden la agroindustria; necesita infraestructura hidráulica que lleve agua potable a todas sus poblaciones; y necesita más carreteras y mejores puentes que comuniquen mejor a la población.
En conclusión, Campeche necesita inversión productiva que genere empleos y mejore la economía de sus habitantes, y no el traslado de problemas que se generan en otras latitudes del país, que con seguridad contaminarán el tejido social, del que estamos inmensamente orgullosos.
De lo expuesto, me permito proponer a la Cámara, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, desistir de su pretensión de construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche.
Segundo . Se solicita, al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, que informe con oportunidad a esta soberanía sobre la existencia de un plan o proyecto para la construcción de un penal de máxima seguridad en Campeche.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2010.
Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica)