Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender mediante la SSP la construcción de un penal federal en Campeche, hasta que se identifiquen su factibilidad y los efectos que tendría en la zona; y, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se determine la participación de la comunidad y de las instituciones académicas, en colaboración con los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, con las instituciones de seguridad pública de la federación, de Campeche y de sus municipios, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Nelly el Carmen Márquez Zapata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes

Considerandos

La Seguridad Pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Ley General del Sistema General del Sistema de Seguridad Pública

Artículo 3. La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las instituciones policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas.

Artículo 7. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las instituciones de seguridad pública de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios , en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I. Integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines;

II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;

IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;

V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;

VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;

VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;

VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;

IX. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;

X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;

XI. Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;

XII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;

XIII. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;

XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y

XV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.

Capítulo II

Del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Artículo 12. El Consejo Nacional estará integrado por:

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;

II. El secretario de Gobernación;

III. El secretario de la Defensa Nacional;

IV. El secretario de Marina;

V. El secretario de Seguridad Pública;

VI. El procurador general de la República;

VII. Los gobernadores de los estados;

VIII. El jefe del Gobierno del Distrito Federal, y

IX. El secretario ejecutivo del sistema.

La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.

Artículo 31. Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

I. Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional;

II. Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social;

III. Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción social;

IV. Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de reinserción social;

V. Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en las legislaciones aplicables;

VI. Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;

VII. Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, y

VIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

Artículo 34. En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno.

Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En los consejos locales de cada Estado participarán los municipios en los términos de la legislación de cada entidad federativa. En el caso del Distrito Federal, participarán los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, de conformidad con la legislación aplicable. Estos Consejos invitarán a cada sesión al menos a dos representantes de la sociedad civil o de la comunidad, de conformidad con los temas a tratar. Su participación será de carácter honorífico.

Los Consejos Locales y las Instancias Regionales de Coordinación se organizarán, de modo que permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del Sistema e integración del Consejo Nacional.

Los consejos locales determinaran su organización y la de las instancias regionales de coordinación correspondientes en términos de esta ley.

Artículo 35. Los consejos locales se integrarán por las instituciones de seguridad pública de la entidad de que se trate y de la federación.

Además, podrán invitar a personas e instituciones, de acuerdo con los temas a tratar.

Artículo 36. Cuando para el cumplimiento de la función de seguridad pública sea necesaria la participación de dos o más entidades federativas, se establecerán instancias regionales de coordinación, con carácter temporal o permanente, en las que participarán las instituciones de seguridad pública correspondientes.

Del mismo modo, podrán establecerse instancias intermunicipales, con apego a los ordenamientos estatales correspondientes. En el caso de las zonas conurbadas entre dos o más entidades federativas, se podrán suscribir convenios e instalar instancias regionales con la participación de los municipios respectivos y de los órganos político-administrativos, tratándose del Distrito Federal.

Artículo 37. Los consejos locales y las instancias regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al consejo nacional y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación y los fines de la seguridad pública, en sus ámbitos de competencia.

Los miembros del consejo designarán a uno de sus servidores públicos como enlace responsable de atender y dar seguimiento a la operación del Sistema en su respectiva entidad federativa.

Dichos enlaces están obligados a proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo, en un plazo razonable, que no excederá de treinta días naturales, salvo justificación fundada.

Artículo 38. Los consejos locales y las instancias regionales podrán proponer al consejo nacional y a las conferencias nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de la coordinación.

Artículo 128. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana establecerá mecanismos eficaces para que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema, en los términos de esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Dicha participación se realizará en coadyuvancia y corresponsabilidad con las autoridades, a través de:

I. La comunidad, tenga o no estructura organizativa, y

II. La sociedad civil organizada.

Artículo 129. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana impulsará las acciones necesarias para que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, establezcan un servicio para la localización de personas y bienes.

Artículo 130. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad, sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento.

El servicio tendrá comunicación directa con las Instituciones de Seguridad Pública, de salud, de protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas.

Artículo 131. Para mejorar el servicio de seguridad pública, las instancias de coordinación que prevé esta Ley promoverán la participación de la comunidad a través de las siguientes acciones:

I. Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública.

II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;

III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;

IV. Realizar labores de seguimiento;

V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;

VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y

VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las

actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública.

Artículo 132. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá que las Instituciones de Seguridad Pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la comunidad, para alcanzar los propósitos del artículo anterior.

La participación ciudadana en materia de evaluación de políticas y de instituciones, se sujetará a los indicadores previamente establecidos con la autoridad sobre los siguientes temas:

I. El desempeño de sus integrantes;

II. El servicio prestado, y

III. El impacto de las políticas públicas en prevención del delito.

Los resultados de los estudios deberán ser entregados a las Instituciones de Seguridad Pública, así como a los Consejos del Sistema, según corresponda. Estos estudios servirán para la formulación de políticas públicas en la materia.

Artículo 133. El Centro Nacional de Información deberá proporcionar la información necesaria y conducente para el desarrollo de las actividades en materia de participación ciudadana. No se podrá proporcionar la información que ponga en riesgo la seguridad pública o personal.

Artículo 134. Las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán políticas públicas de atención a la víctima, que deberán prever, al menos los siguientes rubros:

I. Atención de la denuncia en forma pronta y expedita;

II. Atención jurídica, médica y psicológica especializada;

III. Medidas de protección a la víctima, y

IV. Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre el tema especifico del penal federal en Campeche, no ha habido ningún anuncio oficial ni detalles de la obra; es indispensable que los campechanos conozcan las consideraciones por las que están tomando la decisión, peros sobre todo si ya se tiene un estudio, no sólo del impacto económico de esa edificación sino de la afectación social y las repercusiones que podrían tener para Campeche, considerada una de las entidades con los más elevados índices de seguridad.

Pareciera justo que la entidad que por años ha sido la principal productora de petróleo nunca haya sido beneficiada con una refinería ni aportaciones económicas de Pemex para revertir sus daños, y si es un contrasentido edificar una prisión de alta seguridad cuando los índices delictivos de la entidad son nulos y la presencia de un centro de readaptación social de esa naturaleza podría ser el detonante para la llegada de delincuencia de alto nivel.

La decisión del gobierno federal debe ser analizada con la sociedad campechana que ha iniciado una serie de acciones públicas no sólo desde manifestaciones y volanteo, sino también de quejas y campañas en las redes sociales en espera de que haya una respuesta favorable del gobierno federal.

No se trata de politizar el tema, pero la información que se tiene hasta ahora es que la edificación ya fue concursada y está lista para su inicio y fue asignada en ese procedimiento a empresarios del centro del país.

Asimismo, hay información de que en Tabasco, en el municipio de Huimanguillo, se edificó un Cefereso que hasta ahora permanece sin ser utilizado. Pido que se reconsidere la decisión y que se vea la posibilidad de darle uso a un edificio que permanece en el abandono y refleja un despilfarro injustificable en un país en crisis.

El tema no es de confrontación, pero sí para que haya una reflexión más amplia en la que todos los campechanos den su opinión. No se trata de politizar, sino un esfuerzo para conservar a Campeche como lo que es hasta hoy: un sitio seguro, con índices delictivos menores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución:

Primero : Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a suspender la construcción de un penal federal en Campeche hasta que se determine no sólo su factibilidad, sino los efectos que tendría en la zona y, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se determine la participación de la comunidad y las instituciones académicas, en coadyuvancia con los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, con las instituciones de seguridad pública de la federación, el estado de Campeche y los municipios, en el ámbito de su competencia, coordinándose para integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines, formulando políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública.

Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica)