2. Con esa misma fecha, ocho de octubre de dos mil nueve, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y análisis correspondiente.

2. En esa misma fecha, 10 de diciembre de dos mil nueve, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

3. Mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-3-254, de fecha 15 de diciembre de dos mil nueve, se modificó el turno de la iniciativa en comento, turnándose a la Comisión de Gobernación, con opinión de las comisiones de Seguridad Pública y Cuenta Pública.

En contrasentido a la expectativa de una mejor atención al fenómeno delictivo por las autoridades, la delincuencia ha cobrado mayor fuerza al grado que su complejidad ha dado origen a redes y estructuras completas de crimen organizado, por lo que el esfuerzo desplegado por las instituciones y corporaciones dedicadas al combate frontal a la delincuencia, no alcanza para aminorar los efectos de la criminalidad y menos aún para permear escenarios de prevención del delito.

Hoy en día, no hay institución penitenciaria que asegure la readaptación efectiva de quienes han infringido la ley penal y con ello su adecuada reinserción al grupo social; en ello, la imposición punitiva debe abrir paso a factores e instituciones dedicadas en forma profesional y científica a la investigación y el estudio de las condicionantes y causas del delito, para generar estrategias adecuadas en las tareas de su prevención.

Es necesario generar el espacio de interacción e interlocución adecuado, para que la decisión de las autoridades, la opinión de la ciudadanía, la experiencia y conocimiento de los intelectuales e investigadores, los planes y los recursos, converjan hacia una misma dirección, la prevención del delito como una condición de tracto sucesivo.

La iniciativa, tiene como finalidad la expedición de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Federal denominado Instituto Nacional de Prevención del Delito, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, como un ámbito de cooperación entre instituciones de los sectores público y privado que permita la atención al delito desde su génesis, que genere un campo cognoscitivo sobre la delincuencia, sus causas y sus efectos en la cotidianeidad de la sociedad mexicana y permita así la generación y adecuación de los instrumentos jurídicos y las políticas públicas que con efectiva precisión incidan con efecto positivo en el ánimo y necesidad de la ciudadanía de vivir bajo mejores circunstancias de seguridad y justicia.

Dicha iniciativa de ley contiene nueve capítulos a saber los cuales establecen la naturaleza y objeto, atribuciones, integración, vigilancia, patrimonio, procesos administrativos, lo concerniente al personal y régimen de trabajo del Instituto Nacional de Prevención del Delito.

A partir de los años ochenta, el tema de la prevención del delito, la violencia y la delincuencia, adquirió relevancia institucional a escala internacional;

A partir de esos años, se han realizado diversos esfuerzos en diferentes países para crear organismos de cooperación internacional y promover el intercambio de información, tecnología y buenas prácticas para lograr ciudades más seguras;

En el 2005 la Organización de las Naciones Unidas emitió una declaración donde se reconoce que "estrategias de prevención del delito amplias y eficaces pueden reducir significativamente la delincuencia y la victimización";

El diagnóstico latinoamericano sobre los efectos de la delincuencia, la violencia y la inseguridad es alarmante;

La Organización de las Naciones Unidas sitúa a México en el lugar número 16 de entre 115 naciones con mayor índice de violencia y delincuencia;

Además, México sufre de la mayor crisis en su historia en materia de seguridad pública en tiempos de paz;

A través de la Conferencia Nacional de Gobernadores se ha dado seguimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad signado el 21 de agosto de 2008, con un avance del 83 por ciento de los acuerdos en todas las entidades de la república;

El Poder Legislativo ha impulsado reformas a las leyes, entre ellas la iniciativa de modificaciones constitucionales para combatir con eficacia el secuestro o la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, la prevención sigue siendo un gran pendiente del Estado mexicano;

La gravedad de la situación hasta aquí descrita ha terminado por reflejarse inevitablemente en la opinión pública, en donde según muestran diversas encuestas nacionales, la inseguridad se encuentra entre los primeros lugares de preocupación, al igual que la pobreza y el desempleo;

De un análisis general realizado a la estructura programática presupuestal del PEF 2009, resulta que existen por lo menos 24 dependencias y 140 programas con recursos federales que tienen implicaciones directas o indirectas con la prevención del delito;

La iniciativa no busca crear más burocracia, lo que busca es orientar el gasto a través de las dependencias que hoy tienen asignados recursos a través de distintos programas para que, con base en criterios de prevención social, apliquen esos recursos que institucionalmente les han sido asignados;

La amplitud e intensidad de la violencia, la delincuencia y las carencias o debilidades de las instituciones para combatirlos afectan drásticamente la calidad de vida de la población y generan un clima de temor generalizado, que amenaza directamente la solidez de la democracia y las posibilidades reales de desarrollo económico y social;

La iniciativa de ley propone contribuir a la rectoría del Estado en la reducción de la violencia, la victimización y la delincuencia a través de un cambio sustancial en la forma de prevención, a través de la consecución de por lo menos cinco puntos:

Abordar los factores de riesgo;

Disminuir los factores situacionales que favorecen la delincuencia;

Reorientar los esfuerzos institucionales a la solución de problemas con base en información y análisis;

El trabajo conjunto y coordinado de múltiples actores para abordar los factores de riesgo, y

El compromiso ciudadano como un factor fundamental;

Es preciso, además, generar diagnósticos técnicos que no sólo georreferencien las faltas y los delitos, sino también otras situaciones de riesgo igualmente importantes. El ciclo de una buena planeación inicia con saber qué es lo que se pretende transformar, quién debe hacerlo, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué;

La iniciativa de Ley considera en la forma y en el fondo, las directrices para la prevención del delito, la Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social, así como experiencias nacionales e internacionales, y

Del contexto nacional se han tomado como puntos de referencia: La Ley del Instituto de Estudios Científicos para la Prevención del Delito en el Distrito Federal, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y la iniciativa de Ley de Prevención del Delito del Estado de Hidalgo. En el contexto internacional, se ha nutrido de las recomendaciones vertidas por diversos textos publicados por la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de la Unión Europea y del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, así como de ejercicios legislativos de Argentina y Colombia.

Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

Disminuir los niveles delictivos en los medios urbano y rural, y fomentar la conciencia, en todos los habitantes del País, sobre la composición justa de la Nación;

Promover la difusión de programas y la participación ciudadana en los mismos, y

Establecer la coordinación en materia de prevención del delito en los tres órdenes de gobierno.

Establecer la prevención de la violencia y la delincuencia como el eje fundamental de las políticas públicas diseñadas e implementadas para combatir la inseguridad, y

La participación ciudadana como principio rector de las políticas públicas en materia de seguridad pública.

Cobertura y capacidad de respuesta de los cuerpos policíacos y de prevención;

Un Sistema articulado y coherente que integre a todos los organismos (públicos -de los tres órdenes de gobierno-, privados y sociales);

Equipamiento, tecnología e infraestructura;

Espacios adecuados de coordinación;

Participación ciudadana, y

Marco legal.

Errores de gobierno: Tecnología atrasada en informática, burocratismo y falta de compromiso de los servidores públicos, reclusorios que parecen "escuelas del crimen", permitir la falsificación de todo tipo de documentos -situación que aprovecha el crimen-, tolerancia para que el sector informal sea canal de mercancías robadas y de contrabando, y

Complicidad-impunidad: impunidad a cambio de incondicionalidad en trabajos o negocios sucios; núcleos de corrupción en cuerpos policiales, ministerio publico y tribunales, abogados del crimen organizado que aprovechan resquicios legales, órdenes de aprehensión incumplidas o sentencias injustas, en algunos casos por complicidad; etc.

I. De Información;

II. De Certificación y Acreditación,

II. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;

III. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las Instituciones de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno para:

a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;

b) Promover la erradicación de la violencia especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar;

c) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol, y d) Garantizar la atención integral a las víctimas.

IV. Realizar, por sí o por terceros, estudios sobre las causas estructurales del delito, su distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política criminal y de seguridad pública nacional;

V. Realizar, por sí o por terceros, encuestas victimológicas, de fenómenos delictivos y otras que coadyuven a la prevención del delito;

VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos, de salud, de desarrollo social y en general en los diversos programas de las dependencias y entidades federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en esta misma materia;

VII. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención social del delito;

VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para el ejercicio de sus funciones;

IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema en los términos de esta Ley, y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente".⁴

II. La sociedad civil organizada". ⁵

II. Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;

III. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;

IV. Realizar labores de seguimiento;

V. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes de las Instituciones;

VI. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y

VII. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública".⁶

II. Atención jurídica, médica y psicológica especializada;

III. Medidas de protección a la víctima, y

IV. Otras, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".⁷

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública".

"De la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia";

"De los Órganos Encargados de la Prevención Social de la Delincuencia";

"De la Coordinación de Programas Institucionales";

"Del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia"; mismo que se divide en dos secciones: "De la participación comunitaria y ciudadana" y "De la evaluación";

"Del Financiamiento", y

"De las Sanciones".

Los programas que se desarrollen deberán ser monitoreados (artículo 18), y

En caso de que los resultados de algún programa no alcancen las metas y objetivos planteados, se replantearán sus estrategias y acciones, a partir del diagnóstico de seguridad local que se lleve a cabo para tal fin (artículo 18).

Los resultados de las evaluaciones determinarán la continuidad y el financiamiento de los programas para el siguiente periodo fiscal efectivo;

No podrá refinanciarse un determinado programa que previamente no haya sido evaluado, y

Dar respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria.

Para la imposición de la sanción que sea procedente, el Consejo Nacional dictará el acuerdo específico que así lo determine y lo hará saber al superior jerárquico del infractor, y

La dependencia o entidad que haya impuesto alguna sanción a sus subordinados con motivo de la aplicación de la Ley, deberá informarlo al Consejo Nacional, por conducto de su Secretariado Ejecutivo.

En el Informe mundial sobre la violencia y la salud 2002, de la Organización Mundial de la Salud, se realiza un análisis de la violencia desde la perspectiva de la salud pública partiendo de la sólida convicción, basada en pruebas científicas, de que tanto la conducta violenta como sus consecuencias pueden prevenirse. Lo anterior complementa las actividades de la justicia penal y los derechos humanos a la violencia, ofrece instrumentos y fuentes de colaboración. De acuerdo con el citado Informe, la violencia es un fenómeno difuso y complejo cuya definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. Sin embargo en este mundo en evolución proteger la vida y la dignidad humanas exige esforzarse por lograr un consenso y establecer normas universales del comportamiento basadas en el desarrollo de los derechos humanos.

En este punto, es de destacar que la Organización Mundial de la Salud define la violencia como "El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones".

Así reconocida, la violencia se divide en tres grandes categorías según el autor del acto violento:

a) Violencia dirigida contra uno mismo: Comprende los comportamientos suicidas y las autolesiones, como la automutilación.

b) Violencia interpersonal: Se divide en violencia intrafamiliar o de pareja la cual es entre la familia y suele acontecer en el hogar; y violencia comunitaria: se produce entre individuos no relacionados entre sí y que generalmente pueden conocerse o no, acontece generalmente fuera del hogar, en este caso se incluyen la violencia juvenil, los actos violentos azarosos, la violaciones y las agresiones sexuales por parte de extraños y la violencia en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y residencias de ancianos, y

c) Violencia colectiva: Es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos con el objeto de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Adopta diversas formas: conflictos armados dentro de los Estados y entre ellos; genocidio, represión y otras violaciones de los derechos humanos, terrorismo; crimen organizado.

La legislación mexicana, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007 y que tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3 establece que las medidas que deriven de la misma deben garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. Y su ordinal 5, fracción IV, define la violencia contra las mujeres como "Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público".

De lo anterior, los integrantes de esta Comisión concluyen que si bien resulta altamente complejo definir lo que se debe entender en cada caso por "violencia", lo cierto es que esta definición se puede intentar conceptualizarla como ha quedado reseñada en párrafos previos: "El uso deliberado de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones" y agregarla en tales términos como última fracción del artículo 4 del proyecto.

Empero, resulta imprescindible advertir que el alcance de esta expresión de ninguna manera puede ser argüido por autoridad alguna intervenir en el ámbito de la vida privada de las persona al amparo de una exigencia para prevenir violencia o, para el caso, supuestos fenómenos de delincuencia. Resulta de especial importancia precisar que las disposiciones que se establecen para prevenir socialmente la violencia o la delincuencia, están dirigidas exclusivamente a tal fin y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas ni rebasar el ámbito específico de atribuciones propio de la autoridad de que se trate; en todo caso, esta acotación resulta imprescindible para impedir a la autoridad competente:

• El ejercicio abusivo de las facultades conferidas;

• La persecución o el acoso en contra de luchadores sociales, y

• En general, la persecución de aquellas personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado.

A su vez, es de destacar que la voz "delincuencia" dentro de la denominación de esta ley, obedece a que dicho concepto es un término amplio que se refiere a un fenómeno social complejo que engloba diversos hechos y actos tanto de individuos como de grupos de personas no organizadas que cubre realidades distintas. En otras palabras, la delincuencia, es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive o el fenómeno social constituido por el conjunto de las infracciones, contra las normas fundamentales de convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados.

El enfoque social de la prevención de la delincuencia se asume, tal como lo señala la Organización de las Naciones Unidas, como el conjunto de políticas, estrategias e intervenciones orientadas a detener o reducir el riesgo de que se produzcan delitos o infracciones administrativas, los efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, así como a intervenir para influir en sus múltiples causas.

En América Latina se ha denominado prevención del "delito" atendiendo a que no existe un equivalente lingüístico que traduzca de manera puntual el término en inglés "crime", el cual hace referencia a aspectos complejo dentro del fenómeno social denominado "delincuencia". Es de considerar, por otro lado, que a diferencia del término "delincuencia", "delito" es un concepto directamente vinculado a hechos tipificados por las leyes penales y sancionados en los términos de las mismas, sin abarcar problemas sociales que le anteceden o preceden, como es el caso de la violencia y la convivencia, las cuales impactan de manera directa o indirecta en la delincuencia

En otras palabras, la delincuencia es un término amplio que hace referencia a un fenómeno social presentado dentro de un contexto determinado, mientras que "delito" es la conducta típica, antijurídica y culpable sancionada por la ley penal.

Es decir, prevenir las causas que generan la delincuencia, implica enfocar las políticas públicas a disminuir factores como la violencia escolar o el alto consumo de alcohol, sin que ello implique que dichos factores son elementos del delito, o que necesariamente tales pautas conductuales deban forzosamente derivar en delitos, aún y cuando son factores que propician su comisión. A lo anterior se suma, que esta Ley no pretende eliminar el delito, pues para ello bastaría con eliminar las tipificaciones de acuerdo con el abolisionismo penal, por el contrario, el espíritu de la iniciativa se enfoca a reducir o contrarrestar las causas que generan conductas nocivas para la sociedad.

De lo anterior se desprende que una conducta nociva para la sociedad, no necesariamente debe constituir un delito, sino una serie de hechos y actos realizados voluntaria e involuntariamente, los cuales inciden directa o indirectamente en la delincuencia. En síntesis, prevenir la delincuencia, permite incidir en las causas de la misma desde aspectos tan fundamentales como el entorno donde se desarrollan las personas o el comportamiento observado por los integrantes de la sociedad.

b) Se modifica la redacción del primer párrafo del artículo 3 para enfatizar que se considera prevención social de la violencia y la delincuencia al conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas antisociales y la delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones; y dado que se trata de una definición, se reubica en el artículo 4, como fracción número VI.

Asimismo, se eliminó el último párrafo de este artículo 3, que originalmente decía: "Las actividades para hacer cumplir las leyes, las sentencias y las medidas correctivas, aunque también desempeñan funciones de prevención, están fuera del ámbito de esta ley, por estar expresamente reguladas en otros instrumentos jurídicos"; ello, por cuanto que la Ley no puede establecer normas tendentes a regular aspectos negativos; máxime, cuando éstos se hallan expresamente regulados por disposiciones diversas.

Además de lo anterior, el segundo párrafo de este ordinal se modifica para suprimir la expresión "incluido el Sistema Nacional de Seguridad Pública" y dejar el párrafo de la siguiente manera: "Las políticas e intervenciones incluirán a las instituciones que desempeñen funciones de coadyuvancia en la prevención social de la delincuencia, incluidos las autoridades de los gobiernos locales, servicios de salud, sociales, de vivienda, del deporte, sistema educativo, instituciones académicas, organizaciones empresariales, comerciales y de la sociedad civil, así como del público en general y medios de comunicación". Lo anterior, por cuanto que la referida expresión tenía sentido en el contexto de una Ley que pretendía regular la prevención social de la delincuencia en forma paralela a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en la especie, al determinar los integrantes de esta Comisión que los organismos e instituciones previstos en dicho ordenamiento están en posibilidad jurídica y material de hacerse cargo de las tareas que la Ley les asigna sobre el particular, dicha mención es innecesaria y se presta a confusión.

c) La fracción IX del artículo 3 del proyecto, en lo relativo al llamado principio de "Transparencia", se modifica al establecer: "La información relativa a la prevención social de la violencia y la delincuencia, incluida la información presupuestal, deberá ser pública, objetiva, oportuna, sistemática y veraz, en los términos de las leyes en la materia"

d) Por lo que hace a la definición de "prevención social de la delincuencia", contenida en el fracción VI del artículo 5, ésta se modifica, al efecto de eliminar la expresión "temor a la delincuencia"; lo anterior, por estimar que no abona en nada a la construcción del concepto.

e) Se insiste en agregar la expresión "órdenes de Gobierno" en sustitución o en complemento del vocablo "niveles de Gobierno", por estimar que éstos se presentan dentro de un mismo orden de autoridad; y dado que en un sistema legal como el de nuestro país, donde se distingue la actividad que llevan a cabo los órganos de la Federación, entidades federativas y municipios, atendiendo al contenido de las mismas y al régimen de competencias establecido en el marco jurídico, no existe una subordinación entre sí de los distintos órdenes de autoridad, como se aprecia de la primera parte de la fracción II, del artículo 3, que establece que las bases y lineamientos a que hace referencia el artículo primero de la Ley, deben cumplir con los ciertos principios, entre ellos, la "Función rectora del Estado", que consiste en que: "El Estado, en sus diversos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil".¹⁰

Cabe destacar que, en general, se eliminaron las denominaciones de los principios en cada una de las fracciones contenidas en el original artículo 4 y se dejó exclusivamente el contenido descriptivo del mismo.

f) El artículo 6 se modificó para establecer que si bien la prevención social de la delincuencia incluye distintos ámbitos de intervención: Social, comunitario y situacional; el llamado "enfoque policial" no debe incorporarse al texto del referido artículo como tal por estimar que éste es un medio para desarrollar todos los anteriores y afecta de manera transversal a esas cuatro nociones; en cambio, se considera pertinente la inclusión de un ámbito adicional que la doctrina recoge como "prevención psicosocial o para el desarrollo". Este enfoque hace referencia al desarrollo "de las motivaciones individuales hacia el delito en el curso de la vida y que se basa en la prevención de estas motivaciones o condiciones criminógenas, con referencia a los individuos, a las familias, a las escuelas y a la comunidad […]. Se habla también de ‘prevención precoz’ o de ‘prevención de los factores de riesgo’, en referencia a distintos momentos de la vida de un individuo en los que la prevención puede desplegar sus efectos".¹¹ En esa virtud, también se modificó el contenido del artículo 11 para establecer que: "La prevención psicosocial o para el desarrollo tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad". Y dentro de las acciones que implica, entre otras, se tienen las siguientes: Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad; la inclusión de la prevención de la violencia, en los programas y planes de estudio, por parte de las autoridades educativas; y el fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos.

g) En el artículo 8 se modificó no sólo para definir la prevención comunitaria como aquella que "pretende atender los factores que generan conductas antisociales mediante la participación ciudadana y comunitaria"; sino además, se agrega una fracción más, para establecer que también comprende: "El fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil".

h) El artículo 9 se modificó para armonizar su contenido con el marco general que incluye la noción de prevención social no solamente de la delincuencia, sino también de la violencia como prerrequisito de aquélla, por un lado; y por otro, para determinar que la prevención situacional consiste en modificar "el entorno ambiental"; esto es, el espacio urbano como causa indirecta del fenómeno de la delincuencia.

i) Al artículo 10 original que preveía el ámbito victimológico, se le reubica y se le adiciona una fracción IV; así, si el primer párrafo establece que el acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas del delito debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la doble victimización; y para ello, se prevén una serie de acciones; la iniciativa preveía sólo tres y en el proyecto se añade una IV que reza: "Brindar respuesta a todas las inquietudes, peticiones o solicitudes de intervención presentadas por la población, a través de los mecanismos creados para ese fin"; ello, para garantizar la adecuada interacción entre el sector público y los sectores social y privado. Además, como queda dicho, de que este ordinal se mueve de lugar y pasa a formar parte del proyecto como artículo 11. Lo que también ocasionó, como ya vimos, un cambio en la denominación del Capítulo para quedar: "De la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y la Atención a las Víctimas".

j) La denominación del Capítulo Tercero se modifica; el cambio relativo se explica a partir de la reestructura que se realiza en la conformación de los órganos encargados de la aplicación de la Ley y de la vigilancia de su cumplimiento pues el citado Capítulo Tercero se ocupaba de regular al Consejo Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia y además al Centro Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia; por ello, se propone la creación de dos secciones, cada uno de los cuales, se ocupa de regular de manera diferenciada a las tres entidades encargadas del sistema: Al Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como a la Comisión Nacional y al Secretariado Ejecutivo, en la primera de ellas; y al el Centro Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia, en la segunda. Lo anterior, por estimar que el Centro, por sí mismo considerado, constituye un eje fundamental de imputación de atribuciones con una relevancia singular.

Específicamente, debe apuntarse que se elimina toda referencia a un Comité Técnico; ello, por cuanto que en el cuerpo del Decreto, así como en la iniciativa, se hacía referencia expresa a este órgano sin señalar con claridad los elementos que lo conforman y sus atribuciones. Así, la fracción V del artículo 3 refería: "El Comité de expertos e investigadores, nacionales e internacionales, encargado de emitir los lineamientos para el otorgamiento del financiamiento de proyectos de prevención social de la delincuencia"; en esa virtud, las atribuciones asignadas a este órgano en la iniciativa de la que deriva el presente dictamen se encomiendan al Consejo Nacional y al Secretariado Ejecutivo según se advierte de lo siguiente: En el caso de la fracción II del artículo 25 original -ahora 22- que decía: "Desarrollará mecanismos de financiamiento para proyectos de la sociedad civil, de los municipios, de las entidades federativas o del Distrito Federal que tengas incidencia directa en temas prioritarios de prevención del delito, con base en los lineamientos que emita para tales efectos emita un Comité Técnico conformado por reconocidos investigadores y académicos expertos en prevención", al Consejo Nacional; por lo que dicha fracción II en el citado ordinal 22, queda así. "Desarrollará mecanismos de financiamiento para proyectos de la sociedad civil, de los municipios o de las entidades federativas que tengas incidencia directa en temas prioritarios de prevención del delito, con base en los lineamientos que emita para tales efectos el Consejo Nacional".

Por lo que hace a la segunda mención, ésta estaba contenida en la fracción IV del original artículo 25 al tenor literal siguiente: "El Centro Nacional presentará al Comité Técnico mencionado en la fracción II los proyectos de medidas que deben tomarse para la ejecución del programa. El examen de los proyectos presentados se efectuará de acuerdo con el procedimiento que el Centro Nacional desarrolle para tales efectos. El examen del programa anual de trabajo, las acciones específicas y las medidas complementarias se efectuará de acuerdo con Reglamento de la presente ley; el texto propuesto por esta Comisión en este rubro, es el siguiente: "El Centro Nacional presentará al Secretariado Ejecutivo los proyectos de medidas que deben tomarse para la ejecución del programa. El examen de los proyectos presentados se efectuará de acuerdo con el procedimiento que el Centro Nacional desarrolle para tales efectos en el Reglamento respectivo. El examen del programa anual de trabajo, las acciones específicas y las medidas complementarias se efectuará de acuerdo con Reglamento de la presente Ley". Con lo cual, las materias asignadas a el citado Comité deberán ser realizadas por los órganos citados. En este punto, cabe recordar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con elementos diversos para garantizar opiniones y criterios expertos en la rectoría de las materias propias este dictamen. Verbigracia, según su artículo 22, corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación, dependiente del referido Secretariado, "verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, Estados y Distrito Federal, realizan sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública". Sin que pueda obviarse en este punto, el contenido del artículo 16 del mismo cuerpo normativo que además de establecer a las comisiones permanentes del Consejo Nacional e incluir dentro de éstas en su fracción III a la "De Prevención del Delito y Participación Ciudadana"; el segundo párrafo del mismo prescribe: "Estas comisiones se coordinarán con el Secretario Ejecutivo para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de los Centros Nacionales que integran el Secretariado Ejecutivo. El Consejo Nacional determinará el objeto, integrantes, deberes y funcionamiento de las mismas".

Así pues, los órganos encargados de operar el sistema lo serán

• El Consejo Nacional, que no es otro que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

• El Secretariado Ejecutivo, que no es otro que el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que se refiere la misma Ley citada en el apartado inmediato anterior, y

• El Centro Nacional, que es, precisamente, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, el objetivo planteado en la iniciativa del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, en el sentido de que existan dos tipos de órganos, uno colegiado con carácter decisorio y otro unipersonal, con funciones ejecutivas, también se satisface con esta medida; en efecto, a la propuesta contenido en el artículo 8 de su iniciativa, para que la dirección y administración del instituto corresponden a un Consejo Directivo y a un Director General, se satisface con la propuesta contenida en el proyecto de Ley anterior.

Cabe señalar en este punto, que algunas de las atribuciones del Consejo Nacional, conferidas por el artículo 13 del proyecto de Ley, pueden ser ejercitadas por la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, entidad dependiente del propio Consejo, según el artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicho párrafo dice así. "Para alcanzar sus objetivos, el Consejo Nacional a través de la Comisión […]".

Con esta fórmula, se evita la creación de nuevos organismos y, por ende, se elimina el impacto presupuestal de la propuesta, por un lado; y por otro, se omite incurrir en una duplicidad de funciones encomendándoles, prácticamente las mismas labores de coordinación, investigación, revisión, etc., a dos organismos federales distintos.

Es preciso tomar en cuenta que la multirreferida Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla en su artículo 17 la existencia de un Secretariado Ejecutivo como un órgano operativo del Sistema que además "gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal". Además de esta autonomía técnica y de gestión, al mismo se le asignan, para el cumplimiento de sus labores, tres centros nacionales:

• De Información,
• De Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y
• De Certificación y Acreditación.

La propuesta contenida en el presente dictamen respecto de los órganos encargados de aplicar la Ley se sustenta en tres consideraciones:

• La preservación de los criterios de autonomía que inspiran originalmente la iniciativa presentada el pasado mes de diciembre de 2009;

• La existencia de un entramado institucional que permite operar el sistema de prevención social de la delincuencia previsto en un cuerpo normativo vigente, y

• Que el dotar por Ley a estos órganos de nuevas atribuciones no contradice su naturaleza e, incuso, está previsto en la propia Ley de su creación, a saber, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el segundo punto, en lo relativo a la afirmación de que existe un entramado institucional que permite operar el sistema de prevención social de la delincuencia previsto en un cuerpo normativo vigente, ésta se confirma si se atienden los argumentos contenidos en este mismo escrito en párrafos de antelación, de los que se extrae que, efectivamente, de acuerdo a dicha Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe plena coincidencia de objetivos entre ella y la Ley que nos ocupa en el presente dictamen, por un lado; y por otro, esta segunda ley vendría a ampliar y a reforzar aspectos enunciados o esbozados en la primera sin alterar su esencia.

Y por lo que atañe al hecho de que dotar por Ley a estos tres órganos -Consejo Nacional de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana- de nuevas atribuciones no contradice su naturaleza e, incuso, está previsto en la propia Ley de su creación, a saber, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, basta con leer los siguientes artículos de dicho ordenamiento:

"Artículo 14. El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones: […] XIX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema".¹³

"Artículo 18. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema: […] XXV. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las que le encomiende el Consejo Nacional o su Presidente".¹⁴

"Artículo 20. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá, como principales atribuciones: […] X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente".¹⁵

De la misma manera, la exigencia contenida en el artículo 10 de la iniciativa del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, en el sentido de que todas las designaciones "se harán considerando la experiencia, honradez y prestigio de cada uno de los integrantes del consejo" se encuentra atendida si se considera que los órganos previstos y regulados por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son los mismos que en uso de sus atribuciones serán los encargados de ejecutar y velar por la observancia de la Ley General para la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y en ese tenor, el artículo 17 del ordenamiento citado en primer término, establece, en relación con el Secretariado Ejecutivo y el titular del Centro Nacional, que serán nombrados y removidos libremente por el Presidente del Consejo y deberán cumplir, entre otros, con el requisito de "Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función" (fracción IV del artículo).

Como consecuencia de todo lo anterior, se suprimen artículos y a raíz de ello, se modifica igualmente la numeración de la Ley a partir de este punto respecto de la iniciativa que le sirve de origen.

k) Las similitudes entre las dos iniciativas objeto del presente dictamen, se aprecian mejor si se atiende a que el organismo propuesto por el diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, tendría entre otras las siguientes atribuciones:

• Dirigir, coordinar, organizar, ejercer, vigilar y evaluar en el ámbito nacional, la función de prevención del delito;

• Promover las tareas en materia de investigación, sondeos, encuestas y estudios sobre las causas de las distintas conductas delictivas en todo el territorio nacional, que sean necesarias para la generación de programas de combate de la criminalidad;

• Elaborar por sí o por medio de otra autoridad o institución estudios y proyectos para determinar las causas y efectos delictivos en cada región del país;

• Proponer líneas de acción respecto de la política criminal nacional y las medidas que deban adoptarse a corto, mediano y largo plazo, con énfasis en la promoción de una cultura de respeto a la legalidad;

• Realizar foros abiertos de consulta social, para conocer las expectativas y necesidades ciudadanas en materia de prevención del delito y combate de la delincuencia;

• Realizar estudios sobre las causas que producen las conductas antisociales, así como el impacto que generan en los ámbitos personal, familiar, escolar, laboral y económico en cada comunidad del país, para lo cual podrá coordinarse con instituciones públicas, privadas o sociales que persigan propósitos afines; etcétera.

En tanto que la iniciativa de la Diputada Alma Carolina Viggiano Austria pretendía en el artículo 16 de su iniciativa, que el Consejo Nacional se encargara de:

• Coordinar a las instituciones que formaran parte del propio Consejo;

• Formular políticas públicas para la prevención social del delito;

• Diseñar estrategias de colaboración interinstitucional;

• Recabar, analizar y compartir la información existente sobre la prevención social de la delincuencia, análisis de las mejores prácticas, su evaluación, así como su evolución en el nivel Nacional, local y municipal, con objeto de contribuir a la toma de decisiones nacionales y locales;

• Identificar y desarrollar los principales ámbitos de investigación de la prevención social de la delincuencia, para realizarla por sí o por un tercero;

• Organizar conferencias, seminarios, reuniones y/u otras acciones destinadas a profundizar en los aspectos técnicos de experiencias nacionales e internacionales sobre la prevención, así como en la difusión de sus resultados;

• Celebrar convenios para la formación, capacitación, especialización y actualización de recursos humanos cuyas funciones incidan en la prevención del delito; etcétera.

l) El artículo 22 original, actual numeral 18, segundo párrafo, se modificó en dos rubros: Se sustituyó la expresión "En caso de que los resultados de algún programa sean desfavorables, las metas y objetivos planteados,..", por esta otra: "En caso de que los resultados de algún programa no alcancen las metas y objetivos planteados, se replantearán sus estrategias y acciones; a partir del diagnóstico de seguridad local que se lleve a cabo". Ello, por estimarse que la frase "sean desfavorables" resulta equívoca y en extremo subjetiva. Sustitución adecuada en atención a la finalidad última del precepto mismo que es garantizar la efectiva evaluación de las políticas públicas, la que sin duda, deberá realizarse sobre la base de medir las metas y objetivos planteados. De igual manera se modifica el citado numeral, para suprimir la expresión: "para determinar sus causas y el impacto de las respuestas vigentes, conocer las manifestaciones de la delincuencia y sus lugares privilegiados, e identificar los factores de riesgo y discernir las posibles orientaciones de intervención"; lo anterior, por cuanto que el diagnóstico de los planes y programas que deriven de la Ley deberá ser permanente y relativo a las materias específicas a que el respectivo programa se refiera. La propuesta de modificación al artículo 23, originalmente el 25 de la iniciativa, ha sido detallada en párrafos de antelación, en relación con la eliminación a cualquier referencia a un "Comité Técnico".

m) La denominación del Capítulo Sexto: "De la participación comunitaria y ciudadana" también se modifica respecto de la iniciativa, al añadírsele la expresión "ciudadana"; ello, porque se estima que en la prevención comunitaria debe distinguirse la actuación individual de naturaleza no necesariamente gregaria; si bien en la participación comunitaria sus actores fundamentales son la comunidad y sus organizaciones, en el proyecto que nos ocupa, se pretende atender aquellos factores que generan conductas antisociales mediante dos elementos clave: La participación comunitaria, por un lado; y la participación ciudadana, por otro. Bajo esta prevención los programas se deben dirigir a fortalecer a las organizaciones sociales y civiles como sujetos sociales para que puedan intervenir en los asuntos públicos con el fin de proponer acciones que permitan el mejoramiento del bienestar social, mejorar su hábitat y realizar funciones de control social para reducir los niveles de violencia, por otro lado; y por otro, procurar que el individuo, desde el seno de la familia, desde su participación en la escuela, etc., desarrolle conceptos y valores que alienten en él el compromiso en las tareas de prevención. De ahí que se modifiquen las referencias en este rubro agregándose la expresión "ciudadana", como queda dicho. Sin que pueda omitirse lo ya mencionado en un apartado previo, en el sentido de que este Capítulo pasó a ser la Sección Segunda del Capítulo Quinto.

Asimismo, el artículo 27 de la iniciativa (actual 27 del proyecto) se modifica para quedar en los siguientes términos: "La participación comunitaria y ciudadana en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia es un derecho de las personas, siendo un deber constitucional del Estado Mexicano reconocerla, garantizarla, promoverla y fomentarla, conforme a la presente Ley". Se estima que la expresión "Estado Mexicano", en los temas propios de la Ley, subsume la noción de Federación, entidades federativas y municipios.¹⁶ A su vez, el artículo 29 del proyecto de Ley establecía que: "Las inquietudes, requerimientos y propuestas de los vecinos serán elevadas al Plenario del Consejo Nacional de Prevención Social de la Delincuencia, por los coordinadores comunitarios del Plan de Prevención del Delito, dependientes de la Dirección General de Política de Seguridad y Prevención del Delito para que allí sean tratadas y analizadas". Es decir, además de la referencia a "los vecinos", se establecían figuras como los "coordinadores comunitarios" dependientes de la citada Dirección; lo que burocratiza la Ley en una materia especialmente sensible. Además, como consecuencia de esa reforma, se añade una fracción XX al artículo 16 de la propuesta para establecer como atribución del Centro Nacional, la de "Expedir los lineamientos y crear los mecanismos que sean necesarios para garantizar que las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos sean elevadas al Consejo Nacional".

n) El original artículo 30 decía: "El Consejo Nacional se compromete a dar rápida respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria"; al respecto, esta Comisión dictaminadora estima que la redacción propuesta no resulta atendible pues no es dable "comprometer" a un órgano de Gobierno a través de una disposición de carácter general como es la Ley y además se estima imprescindible que la respuesta a la ciudadanía sea rápida, por lo que el texto del artículo correspondiente, fracción XXXII del artículo 16, establece como obligación del Centro la siguiente: "Dar respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria".

o) El artículo 39 De la iniciativa rezaba así: "La cofinanciación de un proyecto por el programa será incompatible con cualquier otra financiación por otro programa financiado por el Presupuesto de Egresos de la Federación". La noción detrás de este dispositivo es impedir que la financiación de un proyecto en las materias propias de la Ley a cargo de distintos entes públicos, corriera en última instancia con fondos provenientes del Erario federal; si bien, la redacción propuesta se estima un tanto confusa, por lo que se propuso un artículo 31 en los siguientes términos: "Por ningún motivo la financiación de un proyecto por el Programa podrá ser cofinanciado con recursos que deriven del Presupuesto de Egresos de la Federación.".

p) Por considerar que la expresión "Consejo Estatal", contenida en los artículos 42 y 43 de la iniciativa constituyen yerros involuntarios; ambas expresiones se sustituyen por la expresión "Consejo Nacional" en los artículos 40 y 41 del proyecto.

q) Finalmente, se tiene que el apartado de los artículos transitorios también se modifica; así, por razones de técnica legislativa se elimina la referencia a "la presente ley" para sustituirla por la de "el presente Decreto", por un lado; y por otro, se suprime el artículo segundo que decía: "En un término de sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se instalará el Consejo Nacional y se nombrará al secretario técnico", por cuanto que ambos, tanto el Consejo Nacional como el Secretario Técnico, no constituyen ya, órganos de nueva creación.

II. La articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones con el fin de combatir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos.

II. El Estado, en sus diversos órdenes de gobierno desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil;

III. La prevención social de la violencia y la delincuencia implica la articulación y complementariedad de los diferentes programas de los órdenes de Gobierno, incluidos los de justicia, seguridad pública, desarrollo social, económico, cultural y de derechos humanos; con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo;

IV. Participación de personas, grupos sociales y órdenes de gobierno de manera solidaria, para el desarrollo de acciones conjuntas que contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad;

V. Continuidad de las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia para garantizar los cambios socioculturales en el mediano y largo plazos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, asignación de presupuesto, el monitoreo y la evaluación;

VI. Las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán diseñarse tomando en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales;

VII. Las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia deberán considerar las necesidades y circunstancias específicas determinadas por género, así como las necesidades de grupos vulnerables o en riesgo, mediante la atención diferenciada y acciones afirmativas, y

VIII. En las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia deberá prevalecer el enfoque de proximidad orientado a la resolución de conflictos, con estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios.

IX. La información relativa a la prevención social de la violencia y la delincuencia, incluida la información presupuestal, deberá ser pública, objetiva, oportuna, sistemática y veraz, en los términos de las leyes en la materia, y

X. Las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia deberán señalar quienes son los sujetos responsables; cuales son los objetivos; el alcance y procedimientos de evaluación, cuantitativa y cualitativa, de los resultados, los procedimientos de auditoría, así como la estructura y periodicidad de los informes a presentar para asegurar una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente.

II. Comisión: La Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana;

III. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Seguridad Pública;

IV. Ley: La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

V. Prevención social de la violencia y la delincuencia: El conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas antisociales y la delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones;

VI. Programa Nacional: El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

VII. Programa anual: El programa de trabajo anual del Centro Nacional;

VIII. Reglamento: El Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;

IX. Secretariado Ejecutivo: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

X. Violencia: El uso deliberado de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

II. Comunitario;

III. Situacional, y

IV. Psicosocial.

II. La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;

III. El fomento de la solución pacífica de conflictos;

IV. Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquellos enfocados en la juventud, las familias, niñas y niños, mujeres, adultos mayores y las comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad, y

V. Estrategias que involucren a mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, grupos en situación de vulnerabilidad, marginados, así como en situación de pobreza y pobreza extrema.

II. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos;

III. Fomentar el empoderamiento comunitario, social y la cohesión entre las comunidades frente a problemas locales;

IV. La participación de la comunidad, a través de mecanismos que garanticen la efectiva participación ciudadana en el diseño e implementación de planes y programas, su evaluación y sostenibilidad, y

V. El fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

II. La utilización de métodos apropiados de vigilancia que respeten los derechos a la intimidad y a la privacidad;

III. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia, y

IV. La aplicación de estrategias para prevenir la repetición de casos de victimización.

II. La inclusión de la prevención de la violencia, del delito y de las adicciones, en las políticas públicas en materia de educación, y

III. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivos.

II. La atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades terapéuticas;

III. La atención específica al impacto en grupos especialmente vulnerables a desarrollar problemas derivados de delitos violentos, particularmente los delitos sexuales cometidos a niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, y

IV. Brindar respuesta oportuna a todas las inquietudes, peticiones o solicitudes de intervención presentadas por la población, a través de los mecanismos creados para ese fin.

II. Formular políticas públicas para la prevención social de la violencia y la delincuencia;

III. Coordinar a diferentes instituciones y agencias, tanto gubernamentales como de la sociedad civil;

IV. Definir estrategias de colaboración interinstitucional para facilitar la cooperación, contactos e intercambio de información y experiencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios; así como con organizaciones de la sociedad civil, centros educativos o de investigación, o cualquier otro grupo de expertos o redes especializadas en prevención;

V. Establecer los lineamientos para recabar, analizar y compartir la información existente sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia, análisis de las mejores prácticas, su evaluación, así como su evolución entre los tres órdenes de Gobierno, con objeto de contribuir a la toma de decisiones;

VI. Informar a la sociedad anualmente sobre sus actividades a través de los órganos competentes, e indicar los ámbitos de acción prioritarios de su programa de trabajo para el año siguiente, y

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública en las materias propias de esta Ley.

II. Dará prioridad a un enfoque multidisciplinario e interinstitucional;

III. Promoverá la colaboración para la prevención social de la violencia y la delincuencia entre las secretarías de Estado participantes y en todos los órdenes de gobierno, y

IV. Establecerá los estándares y las metodologías de evaluación para medir el impacto de los programas en las materias propias de esta Ley.

II. Coordinará la realización de estudios especializados sobre las materias propias de esta Ley;

III. Compilará los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedirá constancia de los mismos;

IV. Celebrará convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines de la Ley;

V. Verificará el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables;

VI. Verificará que los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por las diversas instituciones federales y locales se coordinen entre sí, y que cumplan con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el Consejo;

VII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias y acciones que deriven de esta Ley;

VIII. Elaborará y publicará informes de actividades del Consejo Nacional;

IX. Gestionará ante las autoridades competentes, la ministración de los fondos necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley, y

X. Supervisará, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios.

II. Elaborar su programa anual de trabajo;

III. Recabar información sobre los delitos y sus tendencias, los grupos de mayor victimización y, proyectos enfocados en la prevención y sus resultados;

IV. Realizar diagnósticos participativos;

V. Generar mecanismos de participación de la comunidad, de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos públicos de derechos humanos y de las instituciones de educación superior para el diagnóstico y evaluación de las políticas públicas en materia de prevención

VI. Planear la ejecución de programas de prevención y las formas de evaluación;

VII. Colaborar en el diseño científico de políticas criminológicas;

VIII. Elaborar mapas delictivos en colaboración con otras autoridades sobre la base de la información recabada, que estarán correlacionados con las condiciones sociales, económicas y educativas de las localidades;

IX. Realizar en coordinación con otras instituciones encuestas nacionales de victimización en hogares, con la periodicidad que se estime conveniente;

X. Identificar temas prioritarios o emergentes que pongan en riesgo o que afecten directamente la seguridad pública desde la perspectiva ciudadana;

XI. Formular recomendaciones a ser consideradas por los organismos encargados de la prevención y de asistencia a la víctima, sobre la implementación de medidas de prevención de la victimización;

XII. Monitorear y evaluar las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XIII. Efectuar estudios comparativos de las estadísticas oficiales de criminalidad;

XIV. Incorporar a la comunidad a las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia, impulsando la participación en la formulación de propuestas que contribuyan a este fin y dialogando en forma permanente con la sociedad a través de foros y asambleas vecinales, organizaciones no gubernamentales, consejos profesionales, asociaciones civiles y con la sociedad en general;

XV. Garantizar el libre acceso de la población a la información estadística en materia de delito y de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XVI. Elaborar por sí o por los medios determinados en el Programa Nacional, información para la comunidad sobre prevención de la victimización, proporcionando herramientas tendentes a evitar ser víctima de hechos delictivos;

XVII. Informar a la población sobre las causas y factores que confluyen en el fenómeno complejo de la criminalidad;

XVIII. Expedir los lineamientos y crear los mecanismos que sean necesarios para garantizar que las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos sean elevadas al Consejo Nacional;

XIX. Asistir a las secretarías de la administración pública federal, las entidades federativas y municipios en el desarrollo de estándares para la generación de información para la prevención social de la violencia y la delincuencia;

XX. Generar y recabar información sobre:

a) Las causas estructurales del delito;
b) Estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas;
c) Diagnósticos sociodemográficos;
d) Prevención de la violencia infantil y juvenil;

e) Erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas y adultos mayores,

f) Modelos de atención integral a las víctimas;

XXI. Organizar conferencias, seminarios, reuniones y demás acciones destinadas a profundizar en los aspectos técnicos de experiencias nacionales e internacionales sobre la prevención, así como en la difusión de sus resultados;

XXII. Organizar actividades que sirvan de estímulo para mejorar el intercambio de experiencias y de las mejores prácticas;

XXIII. Poner a disposición de las entidades federativas, municipios y miembros de la sociedad en general, cuando sea necesario y a petición de éstos, su competencia para asistirles en todas las cuestiones relacionadas con la prevención;

XXIV. Celebrar convenios para la formación, capacitación, especialización y actualización de servidores públicos cuyas funciones incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia;

XXV. Intercambiar y desarrollar mecanismos de aprendizaje de experiencias internacionales;

XXVI. Remitir un informe anual a la Cámara de Diputados;

XXVII. Difundir la recopilación de las mejores prácticas nacionales e internacionales;

XXVIII. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los programas implementados por las instituciones y organismos de la Administración Pública federal que incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia;

XXIX. Analizar las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudadanos a través de las instancias creadas al efecto, a partir de las directrices y mecanismos establecidos por el Reglamento;

XXX. Dar respuesta a las temáticas planteadas por la participación comunitaria, y

XXXI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

II. La Secretaría de Seguridad Pública;

III. La Procuraduría General de la República;

IV. La Secretaría de Educación Pública;

V. La Secretaría de Salud;

VI. La Secretaría del Trabajo;

VII. El Instituto Nacional de las Mujeres;

VIII. El Instituto Mexicano de la Juventud;

IX. La Comisión Nacional de Derechos Humanos;

X. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

XI. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

XII. Los mecanismos equivalentes de las entidades federativas y del Distrito Federal, y

XIII. Investigadores, académicos especialistas en el tema, así como otros actores coadyuvantes en la prevención social de la delincuencia, para lo cual se establecerán los mecanismos de participación en el Reglamento correspondiente.

II. Apoyar el intercambio de experiencias, investigación académica y aplicación práctica de conocimientos basados en evidencias;

III. Apoyar la organización y la sistematización de experiencias exitosas en el combate a los delitos;

IV. Compartir conocimientos, según corresponda, con investigadores, entes normativos, educadores, especialistas de otros sectores pertinentes y la sociedad en general;

V. Aplicar esos conocimientos para repetir intervenciones satisfactorias, concebir nuevas iniciativas y prever nuevos problemas de delincuencia y posibilidades de prevención;

VI. Establecer sistemas de datos para ayudar a administrar la prevención social de la violencia y la delincuencia de manera más económica, incluso realizando estudios periódicos sobre la victimización y la delincuencia, y

VII. Promover la aplicación de esos datos a fin de reducir la victimización y la persistencia de delitos en zonas con altos niveles de delincuencia.

II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los problemas de la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias;

III. Los diagnósticos participativos;

IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos sobre la base del diagnóstico de seguridad;

V. Las principales acciones específicas de ejecución que deben llevarse a cabo, incluidos los seminarios, estudios e investigaciones o programas de formación entre otros, para asegurar que las intervenciones sean apropiadas, eficientes, eficaces y sostenibles;

VI. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales que tengan capacidad para abordar las causas y que incluyan a la sociedad civil;

VII. El desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia;

VIII. El desarrollo e implementación de un plan de acciones concretas;

IX. El redireccionamiento e institucionalización del enfoque, y

X. El monitoreo y evaluación continuos.

II. Desarrollará mecanismos de financiamiento para proyectos de la sociedad civil, de los municipios o de las entidades federativas que tengan incidencia directa en temas prioritarios de prevención social de la violencia y la delincuencia, con base en los lineamientos que emita para tales efectos el Consejo Nacional;

III. Evaluará y seleccionará los proyectos a que se refiere la fracción anterior;

IV. El Centro Nacional presentará al Secretariado Ejecutivo los proyectos de medidas que deben tomarse para la ejecución del programa. El examen de los proyectos presentados se efectuará de acuerdo con el procedimiento que el Centro Nacional desarrolle para tales efectos en el Reglamento respectivo. El examen del programa anual de trabajo, las acciones específicas y las medidas complementarias se efectuará de acuerdo con Reglamento de la presente Ley;

V. La Comisión evaluará y seleccionará, siempre que sean compatibles con las políticas apropiadas, los proyectos presentados por las organizaciones civiles, municipales o de las entidades federativas; para ello se guiará por los criterios siguientes:

a) Conformidad con los objetivos del programa;

b) Dimensión nacional, estatal o municipal;

c) Compatibilidad con los trabajos emprendidos o previstos en el marco de las prioridades políticas Nacional, Estatal y municipal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia;

d) Complementariedad con otros proyectos de prevención, anteriores, en curso o futuros;

e) Capacidad de la organización para ejecutar el proyecto;

f) Calidad del propio proyecto por lo que se refiere a su concepción, organización, presentación y resultados esperados;

g) Importe de la subvención solicitada al programa y su adecuación a los resultados esperados, y

h) Incidencia de los resultados esperados en los objetivos del programa.

II. Estudios e investigación;

III. Encuentros y seminarios;

IV. Evaluaciones e indicadores, y

V. Difusión de los resultados obtenidos en el marco del programa.

Que reforma y que adiciona la fracción VI del artículo 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en fecha 19 de agosto 2009.

Que reforma los artículos 23, 24, 26, 28 y 31 de la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, presentada por los diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura, en fecha 22 de febrero 2007.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el diputado Raúl Cervantes Andrade, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, en fecha 20 de febrero 2007.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en fecha 12 de diciembre 2007.

Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los diputados Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Dávila Fernández, Beatriz Eugenia García Reyes, Jorge Alejandro Salum del Palacio y Carlos Armando Reyes López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en fecha 15 de abril 2009.

Que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en fecha 12 de abril 2007.

Que reforma la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los diputados Vidal Llerenas Morales, Armando Ríos Piter y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura, en fecha 13 de abril 2010.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentada por el titular del Ejecutivo Federal, en fecha 6 de abril 2010.

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los diputados Jorge Humberto López Portillo, Indira Vizcaíno Silva y Jorge Antonio Kahwagi Macari, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Nueva Alianza, respectivamente, de la LXI Legislatura, en fecha 23 de marzo 2010.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, presentada por los diputados Rubén Moreira Valdez, Francisco Saracho Navarro, Melchor Sánchez de la Fuente, Miguel Ángel Riquelme Solís, Héctor Fernández Aguirre, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Noé Fernando Garza Flores y Hugo Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, en fecha 2 de marzo 2010.

II. Se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado relevante de que se trate.

II. …

III. …

IV. Las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de insumos;

V. El comportamiento reciente del o los agentes económicos que participan en dicho mercado, y

VI. Los criterios que se establezcan en el Reglamento de esta Ley así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión.

II. Que exista un comportamiento similar sostenido, implícito o explícito, entre los agentes económicos de que se trate;

III. Que existan barreras de entrada al conjunto de agentes económicos involucrados, así como barreras de entrada al mercado relevante;

IV. Que exista una disminución, daño o impedimento, actual o potencial, al proceso de competencia y libre concurrencia, y

V. Las que establezca el Reglamento de esta Ley, así como los criterios técnicos que para tal efecto emita la Comisión.

II. Antes de la operación, el adquirente no tenga el control del agente económico adquirido y, con la transacción, aquél incremente su participación relativa en éste, sin que ello le otorgue mayor poder para influir en la operación, administración, estrategia y principales políticas de la sociedad, incluyendo la designación de miembros del consejo de administración, directivos o gerentes del propio adquirido;

III. El adquirente de acciones, partes sociales o unidades de participación tenga el control de una sociedad e incremente su participación relativa en el capital social de dicha sociedad, o

IV. En los casos que establezca el Reglamento de esta Ley.

II. Cuando el titular de acciones, partes sociales o unidades de participación incremente su participación relativa en el capital social de una sociedad en la que tenga el control de la misma desde su constitución o inicio de operaciones, o bien, cuando el Pleno haya autorizado la adquisición de dicho control y posteriormente incremente su participación relativa en el capital social de la referida sociedad;

III. Cuando se trate de la constitución de fideicomisos de administración, garantía o de cualquier otra clase en la que un agente económico aporte sus activos, acciones, partes sociales o unidades de participación sin que la finalidad o consecuencia necesaria sea la transferencia de dichos activos, acciones, partes sociales o unidades de participación a una sociedad distinta tanto del fideicomitente como de la institución fiduciaria correspondiente. Sin embargo, en caso de ejecución del fideicomiso de garantía se deberá de notificar si se actualiza alguno de los umbrales referidos en el artículo 20 de esta Ley;

IV. Cuando se trate de actos jurídicos sobre acciones, o partes sociales, unidades de participación o bajo contratos de fideicomiso que se verifiquen en el extranjero relacionadas con sociedades no residentes para efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras, siempre que las sociedades involucradas en dichos actos no adquieran el control de sociedades mexicanas, ni acumulen en territorio nacional acciones, partes sociales, unidades de participación o participación en fideicomisos o activos en general, adicionales a los que, directa o indirectamente, posean antes de la transacción;

V. Cuando el adquirente sea una sociedad de inversión de renta variable y la operación tenga por objeto la adquisición de acciones, obligaciones, valores, títulos o documentos con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas del capital social de la sociedad de inversión entre el público inversionista, salvo que como resultado o con motivo de las operaciones la sociedad de inversión pueda tener una influencia significativa en las decisiones del agente económico concentrado;

VI. En la adquisición de acciones, valores, títulos o documentos representativos del capital social de sociedades o bien cuyo subyacente sean acciones representativas del capital social de personas morales, y que coticen en bolsas de valores en México o en el extranjero, cuando el acto o sucesión de actos no le permitan al comprador ser titular del diez por ciento o más de dichas acciones, obligaciones convertibles en acciones, valores, títulos o documentos y, además, el adquirente no tenga facultades para:

a) designar o revocar miembros del consejo de administración, directivos o gerentes de la sociedad emisora;

b) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes;

c) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto del diez por ciento o más del capital social de una persona moral; o

d) dirigir o influenciar directa o indirectamente la administración, operación, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.

VII. Cuando la adquisición sobre acciones, partes sociales, unidades de participación o fideicomisos sean realizadas por uno o más fondos de inversión con fines meramente especulativos, y que no tengan inversiones en sociedades o activos que participan o son empleados en el mismo mercado relevante que el agente económico concentrado.

VIII. En los casos que establezca el Reglamento de esta Ley.

II. Practicar dentro de las investigaciones que lleve a cabo, visitas de verificación en los términos del artículo 31 de esta Ley, y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de esta ley, así como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de otras autoridades federales, estatales o municipales para el eficaz desempeño de las atribuciones a que se refiere esta fracción;

III. …

IV. Resolver los casos de su competencia, sancionar administrativamente la violación de esta Ley, así como formular denuncias y, en su caso, querellas ante el Ministerio Público respecto de las probables conductas delictivas en materia de competencia y libre concurrencia de que tenga conocimiento;

IV bis. Ordenar la suspensión de los actos constitutivos de una probable práctica monopólica o probable concentración prohibida;

V. a IX. …

X. Emitir, cuando lo considere pertinente, opinión en materia de competencia y libre concurrencia, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general, así como, opiniones sobre competencia y libre concurrencia en prácticas comerciales. Las opiniones citadas deberán publicarse.

XI. a XIII. …

XIII bis. Publicar lineamientos en materia de competencia económica y libre concurrencia, escuchando la opinión de la dependencia coordinadora del sector correspondiente y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las materias de su competencia, que las dependencias y entidades deberán tomar en cuenta en el otorgamiento de concesiones, así como en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas;

XIV. a XVIII. …

XVIII bis. Publicar por lo menos cada cinco años, criterios técnicos, previa consulta pública, en la forma y términos que señale el Reglamento de esta Ley, en materia de:

a) Imposición de sanciones;
b) Existencia de prácticas monopólicas;
c) Concentraciones;
d) Inicio de investigaciones;

e) Determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos en términos de los artículos 13 y 13 bis de esta Ley;

f) Determinación de mercado relevante;

g) Beneficio de reducción de sanciones previsto en el artículo 33 bis 3 de esta Ley;

h) Suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas o probables concentraciones prohibidas, así como daño irreversible al proceso de competencia y libre concurrencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 bis 4 de esta Ley;

i) Petición de sobreseimiento del procedimiento penal en los casos a que se refiere el artículo 254 bis del Código Penal Federal, y

j) Los que sean necesarios para el efectivo cumplimiento de la Ley.

En la elaboración de los criterios técnicos a que se refiere esta fracción, la Comisión considerará, sin que sean vinculantes, los resultados de la consulta pública en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley.

XVIII bis 1. Publicar cada cinco años una evaluación cuantitativa y cualitativa de las aportaciones netas al bienestar del consumidor que haya generado la actuación de la Comisión en el periodo respectivo.

XVIII bis 2. Realizar estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de competencia económica sobre sectores, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa, cuando detecte riesgos de dañar al proceso de competencia y libre concurrencia o cuando identifique niveles de precios que puedan indicar un problema de competencia o acciones que resulten en un aumento significativo de precios o cuando así se lo notifiquen otras autoridades.

XVIII bis 3. Actuar como órgano consultivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la competencia. Podrá ser consultada por colegios profesionales, organismos empresariales, asociaciones de consumidores y agentes económicos. Las resoluciones sobre las consultas a las que hace referencia este artículo, no tendrán carácter vinculante.

XIX. …

Para la elaboración de las opiniones, lineamientos y criterios técnicos a que se refieren las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII bis, XVIII bis 1 y XVIII bis 2 de este artículo, la Comisión podrá solicitar la información que estime relevante y pertinente a las dependencias y entidades, a los agentes económicos y, en general, a las personas relacionadas con la materia de dichas disposiciones.

III. … Presentar al Titular del Ejecutivo Federal un informe anual sobre el desempeño de la Comisión, mismo que deberá ser publicado.

El informe a que hace referencia esta fracción anterior se presentará a más tardar el 31 de marzo del año siguiente a la conclusión del período que se informa, y deberá comprender, cuando menos, los siguientes elementos:

a. Los resultados obtenidos en las investigaciones efectuadas durante el periodo correspondiente, sobre prácticas monopólicas absolutas y relativas tanto de compras como de ventas, incluyendo aquéllas que pudieren realizar los agentes económicos a que se refieren los artículos 4, 5 y 6 de este mismo ordenamiento, respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la protección que señala el artículo 28 constitucional;

b. Concentraciones;

c. Otorgamiento de beneficios de reducción de sanciones en términos del artículo 33 bis 3 de esta Ley;

d. Ejecución de las sanciones referidas en esta Ley;

e. Resoluciones sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de asignación de concesiones y permisos que realicen dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y

f. Querellas presentadas ante el Ministerio Público en el ámbito de sus atribuciones.

En los casos en que la información a la que hace referencia esta fracción tenga carácter confidencial o reservada en los términos de las disposiciones legales aplicables, dicha información será presentada de forma estadística.

IV. …

V. Representar legalmente a la Comisión, nombrar y remover al personal, excepto al mencionado en el artículo 29 de esta Ley, crear las unidades técnicas necesarias de conformidad con su presupuesto y delegar facultades en términos del Reglamento de esta Ley.

VI. …

VII. El presidente de la Comisión y los titulares de los organismos reguladores sectoriales se reunirán cuando menos una vez al año. Dichas reuniones tendrán el objetivo de aportar elementos que coadyuven a definir criterios o lineamientos en materia de competencia económica, prácticas anticompetitivas, concentraciones y aportaciones netas al bienestar de los consumidores.

II. Contar con título profesional en las áreas de derecho, economía, ingeniería, administración, contaduría o materias afines al objeto de esta Ley, y

III. Haberse desempeñado durante al menos cinco años en cuestiones profesionales, de servicio público o académicas relacionadas con el objeto de esta Ley.

Los servidores públicos estarán obligados a observar las obligaciones a que se refiere el artículo 31 bis de esta Ley. Los especialistas autorizados que los auxilien deberán suscribir una declaración de confidencialidad, independencia e imparcialidad, según los formatos que apruebe la Comisión para tal efecto.

La práctica de las visitas no podrá exceder un período de dos meses, que podrá prorrogarse hasta por otro periodo igual, en caso de que así lo justifique la investigación.

II. Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por los servidores públicos autorizados para su desahogo, previa identificación y exhibición de la orden de visita respectiva a la persona que se encuentre en el domicilio al momento de la celebración de la visita de verificación.

La Comisión podrá autorizar que se practiquen diligencias también en días y horas inhábiles, en cuyo caso, tal autorización se expresará en la orden de visita respectiva. De igual forma, se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de bienes del visitado;

III. (Se deroga)

IV. (Se deroga)

V. El visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos en que normalmente se encuentren los visitados o en los que se administren o se lleve la dirección de éstos, estarán obligados a:

a) Permitir el acceso al personal autorizado;

b) Permitir la práctica de dicha diligencia, y

c) Proporcionar la información y documentos que le sean solicitados y que se relacionen con la materia de la orden de visita, para lo cual deberán permitir el acceso a oficinas, computadoras, aparatos electrónicos, dispositivos de almacenamiento, archiveros y otros bienes muebles o cualquier otro medio que pueda contener evidencia de la realización de los actos o hechos sancionados conforme a esta Ley.

Para el cumplimiento eficaz de la visita de verificación, cualquier servidor público autorizado podrá requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública.

En ningún caso la autoridad podrá embargar ni secuestrar información del visitado. No obstante, los servidores públicos autorizados de la Comisión que lleven a cabo la visita de verificación y los especialistas autorizados a efecto de auxiliarles podrán solicitar, al momento de practicar la visita, copias, o reproducir por cualquier medio, papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, que tengan relación con la investigación.

Los servidores públicos que practiquen la diligencia podrán asegurar la información y documentos, oficinas y demás medios que puedan contener evidencia de la realización de los hechos sancionados conforme a esta Ley, para lo cual podrán sellarlos y marcarlos, así como ordenar que se mantengan en depósito a cargo del visitado o de la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto se realice.

Cuando un documento u objeto asegurado conforme al párrafo anterior resulte indispensable para el desarrollo de las actividades del agente económico, se permitirá el uso o extracción del mismo, previa reproducción de la información que contenga por parte de los servidores públicos autorizados.

Las visitas de verificación no podrán limitar la capacidad de producción, distribución y comercialización de bienes o servicios del agente económico investigado.

Si el visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos visitados, no permitieran el acceso al personal autorizado para practicar visitas de verificación o la práctica de la visita, o no proporcionaran la información y documentos solicitados, se les aplicarán las medidas de apremio previstas en el artículo 34 fracción II de esta Ley y las sanciones previstas en el artículo 178 del Código Penal Federal;

VI. El visitado tendrá derecho de hacer observaciones a los servidores públicos autorizados durante la práctica de la diligencia, mismas que se harán constar en el acta. Asimismo, podrá ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, hacer uso por escrito de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado;

VII. De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los servidores públicos autorizados. El acta se levantará por los servidores públicos autorizados en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia, o designados por los servidores públicos autorizados que la practicaron si aquélla se hubiese negado a proponerlos, haciendo constar esta circunstancia.

Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberá levantar un acta circunstanciada. En este caso, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante el acta, en términos del párrafo anterior.

En las actas se hará constar:

a) Nombre, denominación o razón social del visitado;

b) Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;

c) Calle, número exterior e interior, colonia, población, entidad federativa y código postal en donde se encuentre ubicado el lugar en el que se practique la visita;

d) Número y fecha del oficio que ordene la visita de verificación;

e) Objeto de la visita;

f) Nombre y datos de identificación de los servidores públicos autorizados, así como de los especialistas designados como auxiliares de aquéllos;

g) Nombre y cargo o empleo de la persona con quien se entendió la diligencia;

h) Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;

i) Mención de la oportunidad que se da al visitado para ejercer el derecho de hacer observaciones a los servidores públicos durante la práctica de la diligencia, inserción de las declaraciones que en su caso efectúe y de las pruebas que ofrezca;

j) Narración circunstanciada de los hechos relativos a la diligencia;

k) Mención de la oportunidad que se da al visitado para ejercer el derecho de confirmar por escrito las observaciones hechas en el momento de la visita, así como del que le asiste para formular aclaraciones u observaciones al acta levantada dentro del término de diez días, y

l) Nombre y firma de quienes intervienen en la diligencia y, en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

VIII. Antes de que se realice la visita de verificación o durante su práctica, la Comisión, a través del Secretario Ejecutivo, podrá autorizar en la orden de visita respectiva que servidores públicos o especialistas, incluyendo los de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, auxilien en cuestiones técnicas o específicas para el desahogo de la visita.

Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, circunstancia que no afectará su validez.

II. …

III. …

…

El Pleno y cada uno de los comisionados, así como el Secretario Ejecutivo y demás servidores públicos de la Comisión, deberán abstenerse de pronunciarse públicamente o revelar información relacionada con los expedientes o procedimientos administrativos ante la propia Comisión seguidos en forma de juicio y que cause daño o perjuicio directo a las partes involucradas, hasta que se haya notificado al agente económico investigado la resolución del Pleno de la Comisión, preservando en todo momento las obligaciones derivadas del artículo 31 bis de esta Ley.

VI. El expediente se entenderá integrado a la fecha de presentación de los alegatos o al vencimiento del plazo referido en la fracción anterior. Una vez integrado el expediente por el Secretario Ejecutivo, se turnará por acuerdo del Presidente al Comisionado Ponente, siguiendo rigurosamente el orden de designación de los comisionados, así como el orden cronológico en que se integró el expediente, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución al Pleno para su aprobación o modificación. La Comisión dictará resolución en un plazo que no excederá de cuarenta días.

II. Los medios propuestos sean los idóneos y económicamente viables para no llevar a cabo o, en su caso, dejar sin efectos la práctica monopólica relativa o concentración prohibida investigada o la práctica monopólica relativa o concentración prohibida por la que se le considere como probable responsable, señalando los plazos y términos para su comprobación.

II. …

III. …

II. Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración de las prohibidas por esta Ley, sin perjuicio de la multa que en su caso proceda;

III. Multa hasta por el equivalente a ciento setenta y cinco mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregado información falsa a la Comisión, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra;

IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra;

V. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incurrido en una práctica monopólica relativa;

VI. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta Ley;

VII. Multa hasta por el equivalente al cinco por ciento de los ingresos del agente económico, por no haber notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse;

VIII. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incumplido con las condiciones fijadas por la Comisión en términos del artículo 22 de esta Ley, sin perjuicio de ordenar la desconcentración;

IX. Multas hasta por el equivalente a doscientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a quienes participen directamente en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas morales;

X. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en términos de esta Ley;

XI. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por haber incumplido la resolución emitida en términos de los artículos 19, 33 bis 2 o 35, fracciones I y II de esta Ley. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra, para lo cual la Comisión deberá denunciar tal circunstancia al Ministerio Público;

XII. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por incumplir la orden de no ejecutar una concentración hasta en tanto la Comisión emita la resolución favorable en términos del artículo 20 de esta Ley, y

XIII. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por incumplir la orden de suspender los actos a los que se refiere el artículo 34-bis 4 de esta Ley.

II. Multa hasta por el equivalente de novecientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, para las infracciones a que se refieren las fracciones V, VI y VIII del artículo 35 de la Ley;

III. Multa hasta por el equivalente a cuatrocientas mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, para la infracción a que se refiere la fracción VII del artículo 35 de la Ley, y

IV. Las correspondientes conforme a las fracciones III, IX y X del artículo 35 de la Ley.

a) a c) …

d) (Se deroga)

e) a j) …

II. a V. …

II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;

III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables, o

IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas.

X. Sea una resolución dictada en materia de competencia económica.

…

…

…

…
 
 

XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

XIV Bis. Las dictadas en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica, y

XV. ...

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