El suscrito, diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con fecha 20 de octubre de 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "acuerdo sobre el carácter esencial de los vehículos de autotransporte", siendo que hasta este momento, más de cien mil unidades que circulan por los caminos y puentes de nuestro país, han cumplido con la normatividad de referencia.
Es importante destacar que el "Acuerdo" representa el sustento de muchas familias mexicanas, ya que estas han ensamblado sus vehículos para aprovechar la oportunidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues a través de este se permite la importación de partes y refacciones que sirven al transportista en la adecuación de sus unidades.
El "Acuerdo" determina el carácter esencial de las unidades de transporte y dio origen a una cultura de auto fabricación de autotransporte, sin que los transportistas comprometieran créditos, hipotecas o grandes erogaciones; y a su vez esto les garantiza la protección de miles de empleos, sobre todo de aquellos transportistas que no podían renovar de forma inmediata sus unidades.
Lo anterior es verdaderamente significativo para el autotransporte ya que se incorporan legalmente autopartes y se da cumplimiento a verificaciones físicas, técnicas y mecánicas para la obtención de placas y permisos expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cual convierte a este en un sector productivo de concesionarios pequeños y medianos dedicados al servicio público federal.
No obstante que los concesionarios en mención han dado cumplimiento a un sin número de trámites, pago de derechos y presentación de diversos documentos; requisitos que en su conjunto les proporcionan la oportunidad de trabajar y circular en las carreteras del país, hoy están siendo objeto de operativos realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien por razones desconocidas, el año pasado de forma indiscriminada detuvo un gran número de las unidades descritas, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Administración General de Aduanas.
Las detenciones se dieron principalmente en casetas de peaje, la mayor parte del tiempo ilegalmente y violentando las garantías de los transportistas; cabe decir que se fraguo una persecución por demás arbitraria al montar Aduanas en las citadas casetas con el fin de amedrentar y acorralar a los trabajadores del volante, para después fincar embargos precautorios y abusar de este sector, integrado como se ha dicho, por pequeños y medianos empresarios.
Existen diversos casos, mismos que pueden ser documentados y en los que se da constancia de la impunidad con la que se detiene al transportista, lo interceptan cerrándole el paso agentes fiscales, los amenazan y posteriormente le señalan que realizarán el embargo de su vehículo.
Literalmente existe el despojo de la herramienta de trabajo del transportista, y a pesar de la existencia de cientos de denuncias, las afectaciones patrimoniales, así como las agresiones físicas y morales, jamás son reparadas por los servidores públicos que autoriza la Secretaría de Hacienda en estos operativos.
El caso es que al darse cumplimiento a los requisitos del "acuerdo sobre el carácter esencial de los vehículos de autotransporte", no se puede permitir que se cometan estas arbitrariedades en contra de los transportistas; razón por la cual resulta inadmisible que la Administración General de Aduanas, dependiente directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública, continúen violentando las garantías constitucionales del ciudadano, inhibiendo y menoscabando el desarrollo económico de pequeños y medianos empresarios.
El Ejecutivo transgrede los principios rectores de su propio Plan Nacional de Desarrollo, en el que manifiesta el cumplimiento al estado de derecho, la seguridad, la economía competitiva y generadora de empleos, así como la igualdad de oportunidades.
Hoy existen más de trescientos mil permisionarios del servicio público federal y un número similar del servicio público en entidades federativas, en ellos se encuentran pequeños y medianos empresarios transportistas, por los que dependen más de medio millón de familias, se trata de al menos dos millones de personas que trabajan para generar el 4% del producto interno bruto; es decir, este sector requiere certidumbre y respeto por el esfuerzo que realizan para adquirir y conservar su fuente de empleo.
Debe existir el compromiso de los legisladores, así como del Ejecutivo federal, para proporcionar las garantías necesarias que impulsen el crecimiento de la economía del país, consecuentemente deben ser cancelados los operativos y detenciones de quienes hayan sido dados de alta y cumplan los requisitos del "Acuerdo sobre el carácter esencial de vehículos de autotransporte".
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Administración General de Aduanas, liberen de manera inmediata los vehículos que fueron embargados precautoriamente durante el año pasado y el presente, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el "Acuerdo que determina el carácter esencial de vehículos de autotransporte".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL SEGUIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y LAS OPCIONES
QUE TIENEN PARA ENFRENTAR UN EMBARAZO, PARTICULARMENTE EN QUINTANA ROO,
A CARGO DE LA DIPUTADA TERESA DEL CARMEN INCHÁUSTEGUI ROMERO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, en su calidad de diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, acude a esta soberanía a presentar proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
En los últimos días se ha ventilado en los medios de comunicación el caso de la niña ASM de 10 años, originaria de Rovirosa, Quintana Roo, quien fue violada por su padrastro y tiene un embarazo de diecisiete semanas.
La madre de la niña ASM presentó la denuncia por violación ante la Procuraduría del Estado de Quintana Roo, quien a su vez notificó al DIF estatal para que interviniera y brindara atención a la niña ASM.
Por medio de las organizaciones de la sociedad civil, se ha denunciado una serie de irregularidades que se viven en Quintana Roo, debido a que la Secretaría de Salud de la entidad no está reportando los casos de violación sexual y no está aplicando la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046).
El caso de la niña ASM es uno entre cientos que se están presentando en la entidad. De acuerdo a la Secretaría de Salud de Quintana Roo, en 2009, 881 niñas quedaron embarazadas por violación y en lo que va de 2010 suman 458, es decir, en tres meses se ha duplicado la cifra con respecto al año anterior. La incidencia de violencia sexual contra las niñas en la entidad, es tres veces mayor a la media nacional.
Es menester recordar aquí, el caso de Paulina Ramírez, víctima de hechos similares y que llevaron a que nuestro país suscribiera un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el cual el Estado mexicano se comprometió a prestar oportunamente los servicios de interrupción del embarazo en los casos de violación, así como a brindar atención médica oportuna a las niñas.
Sobre este asunto, la CIDH señaló en su momento "que la obstrucción del acceso a la realización de un aborto legal constituye una violación de los derechos de la mujer, merecedora de investigación y sanción; y consideró que el acuerdo de solución amistosa suscrito por el Estado mexicano incluye el fortalecimiento la garantía de no repetición de violaciones al derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo".
El Comité CEDAW ha referido que las niñas pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad.1 Por ello, el Estado mexicano no sólo está obligado a proteger los derechos de la niñez, sino a adoptar medidas especiales de protección, lo cual debe actualizarse en el caso de la niña ASM.
Por lo anterior, esta soberanía
2. Solicita respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas que informen sobre:
a) El número de casos de mujeres y niñas que han denunciado violación y cuántas de éstas el gobierno les ha brindado servicios de interrupción segura del embarazo;
b) Cuál es el procedimiento para informar a las víctimas y sus familiares sobre las opciones que tienen para enfrentar el embarazo,
c) Cuáles son las acciones que han realizado para la implementación de la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046).
3. Exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a iniciar, en el marco de sus facultades, una investigación y verifique las acciones realizadas por el Estado mexicano para el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el caso "Paulina Ramírez versus Estado mexicano".
Palacio Legislativo, a 21 de abril de 2010.
Diputada Teresa Incháustegui Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A UNA INVASIÓN DE TERRENOS EN POSESIÓN DE MÁS DE 80
FAMILIAS DE LA ZONA PLAYERA DE CHAMELA, JALISCO, DONDE ESTÁN ASENTADAS
SUS VIVIENDAS, UN JARDÍN DE NIÑOS Y UNA ESCUELA PRIMARIA,
CON LO QUE SE ATENTA CONTRA SUS DERECHOS HUMANOS Y EL ENTORNO ECOLÓGICO,
A CARGO DEL DIPUTADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
El suscrito, Enrique Ibarra Pedroza, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados, integrante del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo mediante el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de los titulares de la Semarnat, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección del Registro Agrario Nacional, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; al titular del Ejecutivo de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública local y de la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad, al titular de la presidencia municipal de La Huerta, Jalisco, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, a que intervengan en el asunto de una invasión de terrenos en posesión de más de 40 familias de la zona playera de Chamela, en el municipio de La Huerta, Jalisco, en los que están asentadas sus humildes viviendas, así como las edificaciones correspondientes a un kínder y escuela primaria, ya que se está atentando en contra de sus derechos humanos consagrados en nuestras leyes, amén del entorno ecológico, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. Chamela es una comunidad enclavada en el corazón de la Costa Alegre del Pacífico mexicano en el municipio de La Huerta en el estado de Jalisco, donde se ubica una zona de playas.
2. Ese lugar está dentro de la biósfera Chamela-Cuixmala, donde la UNAM tiene una estación de biología, para el estudio, entre otros, del santuario tortuguero de las islas de la bahía de Chamela, considerado así desde 2002. Además, el sitio es contiguo a la región boscosa que constituye una de las últimas áreas representativas del bosque tropical caducifolio de América.
3. La extensión del terreno es un polígono de 910 hectáreas que técnicamente se ubican en la comunidad indígena de Jocotlán, municipio de Villa Purificación.
4. Son más de 40 familias las que mantienen la posesión dichos terrenos desde hace mas de 100 años, inclusive, la mayoría han nacido en ese lugar.
5. Existe un grupo inversor denominado Operadora Chamela, que según información de diversos medios, de comunicación es encabezado por Roberto Hernández, el que ha puesto sus ojos en dicha zona para desarrollar un complejo turístico, denominado ZAFIRO, en el que se invertirán 450 millones de dólares. Desarrollo de súper lujo en el que se construirá un hotel, spa, campo de golf, aeropista privada, reserva ecológica privada para que los huéspedes practiquen la cacería.
6. Por iniciativa de la Operadora Chamela, se llevó a cabo una selectiva consulta pública a la que no se invito a los afectados el 23 de febrero al 03 de marzo de este año, para medir la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
7. La operadora de referencia presento ante El Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales- (SEMARNAT), a través de un estudio de la MIA, una solicitud a efecto de llevar a cabo el proyecto respectivo, concluyendo dicha dependencia que el proyecto puede ser viable siempre y cuando se hagan modificaciones esenciales para cumplir con la normatividad existente. Además que se deben respetar las áreas naturales protegidas, manglares, lagunas, selva mediana, vegetación, dunas costeras y acantilados, tortugas, ballenas y jaguares y construir solamente en las áreas que eran agrícolas o que son de vegetación secundaria.
8. Dicho consejo al parecer no estudió de fondo los documentos con los que se acredite que los solicitantes de dicho proyecto son los verdaderos dueños de los terrenos en donde se pretende desarrollar el mismo, que existen terceros que al otorgarse los permisos serán afectados en su forma de vida, que serán despojados de terrenos, que serán privados de sus fuentes de trabajo y que además se privatizara la playa en dicho lugar.
9. El desarrollo ha seguido trabajando en su proyecto aun y cuando no ha cumplido con las modificaciones que la propia Semarnat le impuso y además:
b) La comunidad indígena de Jocotlán, municipio de Villa Purificación, refiere que los terrenos en donde se pretende llevar a cabo el desarrollo, pertenecen a esta.
c) La ecología se verá afectada por la devastación de una franja de 200 hectáreas de bosque tropical de las características descritas con anterioridad.
d) El desarrollo pretendido se encuentra dentro de la zona protegida como biosfera Chamela-Cuitzmala.
e) Se pretende privatizar la playa de dicho lugar, prohibiendo el acceso al mismo por los lugareños o cualquier persona que no pertenezca al desarrollo.
f). Se afectará a los pescadores de dicho lugar, (promedio de treinta), los cuales su modus vivendi es la propia pesca (producto que venden en la misma zona).
g) Se afectará a los alumnos del kínder Valentín Gómez Farías y la escuela primaria de la localidad, Jaime Torres Bodet. Al despojar a estos de sus terrenos y derribar la precarias construcciones en que se encuentran edificados.
h) Se afectara a la comunidad indígena de Jocotlán, municipio de Villa Purificación, Jalisco, ya que ésta alega que los terrenos en donde se pretende desarrollar el proyecto son terrenos que corresponden a dicha comunidad, contando con títulos Virreinales y las titulaciones presidenciales correspondientes.
11. Una vez que operadora Chamela obtuvo el acuerdo con las diez familias ordenó la destrucción de las construcciones, levantando inmediatamente el escombro, a efecto de que no quede constancia de la existencia de las mismas.
12. Hace dos años, a un ciudadano le quemaron su casa, y ante esta situación intento presentar una denuncia en la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, sin que la misma le haya sido admitida, actualmente tiene que refugiarse por las noches en casas diferentes para evitar los atentados de que ha sido objeto.
Compañeras y compañeros diputados: el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que con los datos anteriores se prueba con amplitud que se han cometido actos constitutivos de delitos, porque se han violado flagrantemente los derechos humanos de los pobladores de la zona costera de Chamela; se ha violentado la posesión de los pobladores de las 910 hectáreas de terrenos que habían mantenido en su poder desde hace 100 años; la autoridad de seguridad pública estatal mantiene bajo vigilancia la zona de libre acceso a las playas; en los últimos días se ha acrecentado la presencia de policías privados; se pretende privatizar playas que son de propiedad federal, cuestión que está prohibida por la Constitución; se ha detenido ilegalmente a pobladores que no están de acuerdo con el desalojo autoritario; al cerrar el kínder y la escuela primaria están atentando en contra de la educación de niños en edad escolar.
A mayor abundamiento, parte central del problema generado por Operadora Chamela es la de que el proyecto no ha sido autorizado, con lo que se violenta también la normatividad relativa a la ecología, al someterse a depredación terrenos que debieran ser protegidos donde habitan especies en fase de extinción.
En las condiciones antes descritas, el proyecto no es viable para la zona en comento, en tanto no se hagan a fondo y a conciencia las modificaciones que la MIA concluyó son necesarias, resolviendo por anticipado las violaciones que se han dado hasta la fecha.
En atención a lo expuesto, el suscrito diputado federal Enrique Ibarra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de los titulares de la Semarnat, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Reforma Agraria, de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección del Registro Agrario Nacional, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; al titular del Ejecutivo de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública local y de la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad, al titular de la presidencia municipal de La Huerta, Jalisco, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, a que intervengan en el asunto de una invasión de terrenos en posesión de más de 40 familias de la zona playera de Chamela, en el municipio de La Huerta, Jalisco, en los que están asentadas sus humildes viviendas, así como las edificaciones correspondientes a un kínder y escuela primaria, ya que se está atentando en contra de sus derechos humanos consagrados en nuestras leyes, amén del entorno ecológico.
Agradeceré a la Presidencia que se sirva ordenar que la presente proposición se incluya en el Diario de los Debates de la sesión de hoy.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
UNA COMISIÓN ESPECIAL INTEGRADA POR LAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE CULTURA REVISE LAS RELACIONES DE MÉXICO
CON LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA EDUCATIVA Y CULTURAL, CON MIRAS
A ELEVAR LA INTERACCIÓN DEL PAÍS EN LA UNESCO, A CARGO DE
LA DIPUTADA OLIVIA GUILLÉN PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que a través de una comisión especial integrada por las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, a hacer una profunda revisión de las relaciones de México con la comunidad internacional en materia educativa y cultural, con miras a elevar el nivel de la interacción cultural y educativa de México en la UNESCO, recuperar el liderazgo en ese campo, y aprovechar plenamente el foro de interactividad cultural que es ese organismo. Al mismo tiempo, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que deje sin efecto la supresión de la plaza de representante permanente de México en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la ciencia, la educación y la cultura, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Hace unos días, se dio a conocer la desaparición de la representación permanente de nuestro país en la UNESCO, hecho que concitó la atención y la protesta del mundo de la cultura y la educación en nuestro país, y hoy parece diluirse, sin resultado alguno como si se tratara de un acto intrascendente y sin importancia.
La UNESCO es el más prestigioso y eficaz organismo del sistema de las Naciones Unidas y tiene el objetivo de promover a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación; la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Y ese objetivo se traduce en México, en innumerables acciones promociónales y de apoyo a nuestro desarrollo educativo, cultural y científico.
De esta manera la UNESCO beneficia de manera efectiva a nuestro país y le ha permitido trascender en el plano internacional. México fue un país fundador de ese organismo, al cual pertenecemos desde el 4 de noviembre de 1946, y un prestigioso mexicano, el doctor Jaime Torres Bodet, fue su secretario general entre los años 1948 y 1952. Hoy somos el cuarto país del mundo con más sitios inscritos en la lista de la UNESCO sobre el Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Por acción de la UNESCO, ciudades tan bellas y emblemáticas de nuestro país, como Campeche, Guanajuato, la Ciudad de México, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas, lo mismo que otros tantos monumentos y lugares notables de México, han sido incorporadas como patrimonio intangible de la humanidad. Son innumerables sus proyectos de los que disfrutan ya los creadores culturales, en donde destaca la lucha de la UNESCO contra el analfabetismo en las zonas más vulnerables del mundo, pero sobre todo, este organismo paradigmático de las Naciones Unidas pertrechado con las armas de la paz, ha contribuido al creativo ejercicio de servir como lugar de encuentro de las mentes más lúcidas.
Las nuevas visiones que emergen del encuentro de las ideas, a los que convoca en forma permanente, las ha puesto en manos particularmente de la juventud, para que aprenda a vivir y enfrentar juntos los grandes desafíos del siglo XXI.
Es por ello que no podemos mantenernos indiferentes, sordos o inerciales ante el clamor y la protesta de la comunidad cultural y científica de nuestro país, por esa decisión del Ejecutivo que lastima seriamente el prestigio internacional de México y que atenta en contra de la fecunda relación que hasta ahora hemos tenido con la UNESCO, y sobre todo sumerge aún más la opción de contar con un desarrollo educativo, cultural, social y humano acorde a las exigencias de nuestra sociedad.
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Proceder, a través de una comisión especial integrada por las comisiones de Educación y Cultura, a hacer una profunda revisión de las relaciones de México con la comunidad internacional en materia educativa y cultural, con miras a elevar el nivel de la interacción cultural y educativa de México en la UNESCO, recuperar el liderazgo que le caracterizó durante tantos años, aprovechar plenamente el foro de interactividad cultural que es ese organismo, e insertarse plena y equitativamente en las sociedades del conocimiento y la cultura.
Segundo. Exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que deje sin efecto la supresión de la plaza de representante permanente de México en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR INDICADORES DE DESEMPEÑO
EN LA APLICACIÓN DE LA INICIATIVA MÉRIDA PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS DE ÉSTA, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA SARUR TORRE, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
La suscrita, diputada Adriana Sarur Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La situación actual que aqueja a nuestro país se encuentra vinculada con una serie de factores que han generado un ambiente de gran incertidumbre y desconcierto entre la sociedad, y la forma de hacer frente a estos grandes retos depende del reconocimiento del los problemas, el planteamiento de objetivo claros y la ejecución de medidas que permitan resolverlos eficazmente.
El tema de la seguridad pública en sin duda, uno de los conflictos que más aqueja a la ciudadanía y el miedo, el mayor de los temores que impide la garantía de una vida plena, coartando el derecho mismo a la libertad de los individuos.
En los últimos años los índices de criminalidad asociados al tráfico de drogas no han tenido precedente, luego de sumar alrededor de 15,000 muertes desde 2006, hasta el caso más reciente en Ciudad Juárez con el asesinato de 13 jóvenes, sin perder de vista el de tres personas en el consulado americano en Ciudad Juárez, Chihuahua, y todos aquellos que día a día se suman a una lista interminable de casos relacionados al crimen organizado.
Durante el encuentro que sostuvieron los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush el 14 marzo de 2007 en Mérida Yucatán, a raíz de la creciente actividad de grupos criminales envueltos en el tráfico de drogas, armas y personas, así como de otras actividades criminales como el lavado de dinero, resulta contundente la amenaza del porvenir y el bienestar de los ciudadanos de ambos países, por lo que se han establecido como prioridad, el combate a la impunidad y el abuso de organizaciones criminales del narcotráfico, que ponen en riesgo y amenazan la salud y la seguridad pública de la ciudadanía, así como la estabilidad de actividades políticas y comerciales entre ambas naciones, considerando como urgente la cooperación bilateral para el combate y desmantelamiento de grupos criminales, a partir del 30 de junio de 2008 se ha puesto en marcha la Iniciativa Mérida, la cual tiene por objetivos:
2. Reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en Estados Unidos; y
3. Ampliar la cooperación bilateral y regional dirigida a la amenaza que representa la delincuencia transnacional organizada.
Para la instrumentación de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos solicitó la ampliación de recursos adicionales para el año fiscal 2008 por 500 millones de dólares, con la finalidad de apoyar los esfuerzos hechos en México para contrarrestar la delincuencia organizada, por lo que esta fue la primera parte de una solicitud multianual de fondos fiscales por 1.4 mil millones de dólares. En este mismo sentido, Estados Unidos también ha asignado 50 millones de dólares a países centroamericanos con el propósito de contrarrestar la actividad comercial de narcóticos entre América Latina y Estados Unidos.
La implementación de software para rastrear las investigaciones a través del sistema de juicio, equipo de inspección, escáneres de iones, tecnologías para mejorar la seguridad de las comunicaciones y los sistemas de apoyo en la recopilación de información, el aseguramiento de información vital accesible, la gestión de las nuevas oficinas de quejas de los ciudadanos y la asesoría profesional, así como el establecimiento de programas de protección, el uso de unidades caninas para las aduanas de México y zonas fronterizas, las cuales serán utilizadas por la nueva policía federal y los militares, para impedir el acceso a las víctimas de traslado de drogas, armas, dinero en efectivo, y el uso de equipo sofisticado, como helicópteros y aviones de vigilancia han; sido parte de los recursos y estrategias en la lucha contra los grupos delictivos.
La aplicación de recursos de ambos países y la declaración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que en 2010 se han aprobado 236.1 millones de dólares para México, así como la solicitud al Congreso americano para la aprobación de 310 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2011, para el combate a las drogas en México, en el marco de la Iniciativa Mérida, es una muestra de las grandes cantidades de recursos que están siendo destinados a la lucha en contra del crimen organizado.
Compañeras y compañeros diputados: pese a este gran esfuerzo por contrarrestar el serio problema de la inseguridad, todos los días nos encontramos con noticias acerca de nuevos actos de delincuencia organizada que merman la estabilidad del país; no en vano, el gobierno americano sugiere viajar con cautela a nuestro país dadas las condiciones de inseguridad con la que vivimos día a día.
Es por eso, que solicito ante este pleno, la implementación por parte del Ejecutivo federal de un sistema de indicadores de desempeño que midan los verdaderos resultados de la Iniciativa Mérida con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos para los que fue creada, a fin de hacer uso efectivo de los recursos en el cumplimiento del combate al narcotráfico y el crimen organizado, procurando los resultados esperados y la disminución de creciente incidencia delictiva.
Por el compromiso que tenemos como legisladores, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a implantar indicadores de desempeño en la aplicación de la Iniciativa Mérida, con el fin de lograr los objetivos establecidos en ésta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos mexicanos, a 21 de abril de 2010.
Diputada Adriana Sarur Torre (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE SALUD DE ESTA SOBERANÍA A REUNIRSE
CON LOS DIRECTORES DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD PARA CONOCER LO
MISMO SUS PROGRAMAS QUE SU SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
A CARGO DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 55, fracción II; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y demás relativos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición, fundada en los siguientes
Antecedentes
En toda América, la medicina mexicana mantiene amplio prestigio basado en la producción científica y en la formación y el desarrollo de recursos humanos para la salud. Los resultados alcanzados por los Institutos Nacionales de Salud son sin duda uno de los pilares más sólidos que sustentan ese prestigio.
Particularmente, puede decirse que la investigación que se realiza en los Institutos Nacionales de Salud ha aportado notables contribuciones en diversos campos de la ciencia, siendo los más fructíferos, en la actualidad, las neurociencias, la inmunología, la salud pública y la medicina de alta especialidad en todos sus campos. En las áreas de cancerología, cardiología, medicina genómica, medicina interna, neumología, nutrición, pediatría, psiquiatría, rehabilitación y salud pública, un elevado número de especialistas latinoamericanos han recibido entrenamiento en los Institutos Nacionales de Salud correspondientes.
Los Institutos Nacionales de Salud de México generan a través de sus 750 académicos e investigadores más de mil artículos y textos científicos al año y entrenan a un número similar de estudiantes de posgrado en investigación. En ellos se conjuga en un nivel de excelencia la atención médica de alta especialidad, la formación de recursos humanos y la investigación de vanguardia representan un nicho ejemplar del mundialmente reconocido talento médico mexicano.
Los Institutos Nacionales de Salud constituyen una de las mayores riquezas que se tienen en el ámbito de la medicina moderna en México, por lo cual es preciso no sólo preservarlos sino, también, fortalecerlos y trabajar cotidianamente para mantener la excelencia en la práctica de la medicina, la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos y que, con ello, el país tenga la oportunidad de seguir manteniéndose a la vanguardia y la población siga recibiendo los beneficios del desarrollo en la atención médica.
Debido a factores como la crisis económica mundial y nacional, el incremento del costo de los servicios para el desarrollo de la medicina, la demanda creciente de servicios de atención médica y los bajos índices de inversión pública en salud hay un panorama adverso a las funciones que tienen a su cargo los Institutos Nacionales de Salud. Tan sólo la afectación negativa que en términos generales sufrieron estas instituciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2010, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la materia, manifiesta hechos como la no asignación de recursos para rubros sustantivos como infraestructura y equipo o para la atención de rezagos y problemas en materia laboral, como es la contratación de personal médico nuevo, lo que se reflejará sin duda en la productividad, el funcionamiento y la atención en los institutos.
En razón de la preocupante situación que guardan estas instituciones nacionales, es vital conocer la situación financiera y administrativa que guardan con relación a la asignación del PEF de 2010 y a los programas sustantivos que tienen a su cargo.
En razón de lo fundamentado y motivado, y en ejercicio de las facultades que las leyes me reconocen, me permito proponer la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Salud a reunirse con los directores de los Institutos Nacionales de Salud para conocer sus programas, y su situación administrativa y financiera.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SHCP UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA PARTIDA
DE EXCEDENTES PETROLEROS PARA CREAR EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
EN METALURGIA EXTRACTIVA, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN JIMÉNEZ
LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
México juega un papel importante en la producción mundial de minerales metálicos y no metálicos, siendo el primer productor de cobre y el treceavo en hierro y azufre; todos ellos materias primas fundamentales para los países desarrollados y en vías de desarrollo como nuestro país.
Hidalgo, históricamente ha contribuido, con tecnologías que revolucionaron el mundo de la minería y la metalurgia extractiva, como son el beneficio de patio, la molienda, las primeras aplicaciones de la cianuración y los tanques Pachuca, que ubicaron a Hidalgo en el mundo como una región verdaderamente innovadora de la metalurgia extractiva.
Hidalgo es y ha sido una entidad eminentemente minero-metalúrgica, actividad que en la riqueza minera esa actividad no está considerada una prioridad en esta entidad. A pesar de ello, ocupa el primer lugar con 100 por ciento de la producción nacional en manganeso, el segundo productor de cadmio, con una aportación de 10 por ciento; el tercero en plomo, con 7.4 por ciento; el cuarto en zinc, con 7.3 por ciento, el séptimo productor de plata, con una aportación de 4.7 por ciento, y el séptimo de cobre.
Las principales industrias minero-metalúrgicas extractivas del país son Industrias Peñoles, Industrial Minera México, Empresas Frisco, Nacional de Cobre, Minera Autlán y existen cientos de ellas de menor calado, como Real del Monte y Pachuca, Minera del Istmo, Luis-Min, Corporativo Bolaños, etcétera. Se trata de un sector maduro, con mucha experiencia, pero operando con tecnología de otros países y alejado del sector investigación de nuestro país.
A nivel nacional se cuenta con un buen número de departamentos relacionados con la Metalurgia Extractiva: El Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Unidad Saltillo-Cinvestav-Materiales, departamentos de investigación de Metalurgia del Grupo Peñoles, de la UAE, de la UNAM, la Universidad de Sonora, la de Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí y Colima.
Por cierto, no contamos con ningún centro nacional de investigaciones exclusivamente en metalúrgica extractiva. En esta instituciones no somos más de 50 científicos y tecnólogos del SIN dedicados a la metalurgia extractiva, lo que representa apenas el 0.33 por ciento de los 15 mil investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores. En otras palabras, la comunidad científica mexicana de la Metalurgia Extractiva es del orden de 0.005 investigadores/10 mil habitantes, una insignificancia para un país con un enorme potencial minero-metalúrgico.
Este panorama se complica más cuando examinamos cómo se aplican los recursos económicos destinados a la investigación de la Metalurgia Extractiva, y no se destinan más de 60 millones de pesos a esta área. El país ha destinado históricamente 40 mil millones de pesos por año (0.37% del PIB) a investigación en general, muy por debajo de los 2.75 y 2 por ciento del PIB que dedican nuestro socios del norte, Estados Unidos y Canadá, respectivamente.
En nuestro caso los 60 millones se convierten en el 0.0005 por ciento del PIB nacional, lo que representan verdaderas "tranzas" del presupuesto para ciencia y tecnología en el campo de la extractiva, y si lo llevamos a nivel más puntual por ejemplo en Hidalgo se destina aproximadamente 1 millón, lo que en términos del PIB significa el 1 x 10-5 por ciento para ciencia y tecnología en el campo de la extractiva, es decir, prácticamente nada. Ustedes saquen sus conclusiones del estado que guarda la ciencia en el campo de la metalurgia extractiva a nivel nacional.
Es notorio que la investigación de la metalurgia extractiva se encuentra sumamente dispersa en una cantidad numerosa de instituciones dedicadas a la metalurgia en general o bien a los materiales metálicos. Está bien que se realice este tipo de investigación por todo el país, sin embargo, los resultados obtenidos por su dispersión y falta de integración con el sector empresarial no nos ubica como una nación generadora de nuestra propia tecnología.
Es una lástima que, teniendo 470 años de experiencia en el tema, ser de los principales productores de minerales metálicos y no metálicos, metales como la plata, plomo, cinc, cobre, etcétera, seamos un país tecnológicamente en el ámbito de metalurgia extractiva. Además, necesitamos darle valor agregado a esas materias primas, ese valor que en el mejor de los casos es el doble o mucho mas lo da el conocimiento: la ciencia y la tecnología.
La creación del Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, con la finalidad de concentrar nuestros esfuerzos interaccionando permanentemente con el sector empresarial y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a fin de minimizar la dependencia tecnológica con respecto a nuestros proveedores tecnológicos, y con ello evitar la sangría económica por concepto de importaciones.
Consideramos que parte del futuro de la metalurgia extractiva se encuentra en esta propuesta: la creación del Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, cuya cede sería Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, sugiriendo que este bajo el auspicio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por ser una de las instituciones más sólidas y prestigiadas del país en el ámbito, académico, científico y tecnológico.
Esta propuesta esta doblemente justificada si se considera que el estado de Hidalgo históricamente ha sido y es eminentemente minero-metalúrgico, con un gran potencial en diversidad y riqueza minera, además que está ubicado en la región central del país, lo que facilitaría la comunicación entre todas las empresas e instituciones de la metalurgia extractiva en México.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una ampliación presupuestaria de la partida de excedentes petroleros a fin de crear el Centro Nacional de Investigaciones en Metalurgia Extractiva, cuya cede sería Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, sugiriendo que esté bajo el auspicio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.
Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE LA SEMARNAT, LA SEGOB Y
LA SRE MEJOREN SUS ESQUEMAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE PRÉSTAMOS
INTERNACIONALES, ASÍ COMO EN LAS ACTIVIDADES DE CIUDADANOS EXTRANJEROS
EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputado federal por Nuevo León del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Ejecutivo federal para que las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, y de Relaciones Exteriores mejoren sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de de los recursos obtenidos a través de préstamos internacionales, así como de las actividades de ciudadanos extranjeros en nuestro país al tenor de las siguientes
Consideraciones
La cooperación internacional para el desarrollo es sin duda alguna uno de los pilares en los que debe descansar el sistema de las naciones. Resulta de especial importancia el hecho de que los países más desarrollados puedan ofrecer préstamos hacia Estados menos favorecidos y, con ello, impulsar programas que mejoren la calidad de vida de quienes por alguna razón no cuentan con los elementos necesarios para subsanar algunas necesidades básicas como la educación, la alimentación, la vivienda y la salud, principalmente.
La crisis económica mundial ha puesto de manifiesto que los recursos públicos deben ser ejercidos con toda responsabilidad y transparencia, siempre vigilando que se cumplan los objetivos para los cuales fueron destinados. Por lo que resulta imprescindible e indispensable fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todos aquellos ámbitos en los que existe participación directa o indirecta de recursos públicos, más aún si esos recursos provienen de algún préstamo internacional, ya sea de algún gobierno extranjero u organismos multilaterales.
El hecho de aceptar un préstamo de un país desarrollado implica que se tranparente el destino final de los recursos obtenidos, porque significa incrementar el nivel de endeudamiento de nuestro país. Por lo que se deben de saber cuáles fueron los motivos para aceptar el empréstito y en qué actividades o programas se aplicaran pero, sobre todo, quiénes son los beneficiarios directos de dicho financiamiento.
Dos casos que ponemos a consideración de esta honorable asamblea a manera de ejemplo: el primero, respecto al préstamo que la Agencia Francesa de Desarrollo otorgó por 185 millones de euros al gobierno mexicano a través de la firma de un memorándum de entendimiento firmado por Jean-Michel Severino, director de dicha agencia, y Juan Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para impulsar políticas públicas contra los efectos adversos del cambio climático y emprender acciones que contribuyan a mejorar en cuanto a competitividad se refiere. En palabras del propio director de la agencia francesa, "este es un préstamo presupuestario que no ha sido asignado a algún proyecto especial, tienen otro objetivo, primeramente aportar los recursos adicionales a México para permitir sostener gastos suplementarios que se generan en los programas ecologistas a desarrollar y en apoyo económico después de la crisis".1
Los mexicanos nos debemos preguntar ¿cuántos de estos préstamos no han sido auditados por la misma ciudadanía?, ¿qué proyectos en lo particular son beneficiados por esos fondos?, ¿por qué el gobierno federal adquiere deuda internacional sin tener lineamientos claros y transparencia respecto el manejo de dichos recursos?
Por citar un ejemplo más, el gobierno del Reino Unido también ha destinado recursos en calidad de empréstito, para iniciar proyectos sobre el mismo tema, tal es el caso del programa Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para desarrollar Medidas de Adaptación para reducir la Vulnerabilidad al Cambio Climático en Áreas Protegidas de México, firmado por la embajadora del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México, Judith Macgregor, y el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada, el cual destina una inversión del país extranjero por casi diez millones de pesos.2
La Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2008 detectó que de los 500 millones de dólares que en calidad de préstamo concedido por el Banco Mundial para aplicar en el programa Política de Desarrollo sobre el Cambio Climático, contratado por México, no hay evidencia de que se haya destinado a ningún proyecto de inversión.3 Ése es el tipo de conductas hacen que el ciudadano se cuestione sobre la aplicación eficiente y real de los recursos públicos en programas de políticas públicas que le beneficien directamente.
Por ello es necesario transparentar la aplicación de esos recursos, en particular si estos empréstitos representarán una injerencia extranjera en el desarrollo de dichas políticas públicas en cualquier tema y ahora en el caso particular en los temas de medio ambiente y cambio climático. No escapa a la atención de este legislativo que nuestro país históricamente ha sido sujeto de ataques e intromisiones; una y otra vez, intereses ajenos al desarrollo de México, encuentran en la falta de transparencia tierra fértil para posicionarse, limitando nuestro crecimiento.
En el Grupo Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de la importancia que reviste la cooperación y solidaridad internacional hacia los países que luchan día con día por la superación de adversidades sociales y económicas que le impiden tener un mejor nivel y calidad de vida; sin embargo, el gobierno federal debe hacerse responsable por rendir cuentas y hacer transparente el manejo de los recursos obtenidos a través de préstamos internacionales, ya que éstos podrían ser susceptibles de transgredir la soberanía nacional consagrada en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, al utilizar recursos extranjeros en proyectos, programas y acciones a nivel nacional cuyo fin no está claro, y no consideran el interés último del pueblo mexicano.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus facultades
2. Haga del conocimiento público los programas de trabajo en los que se utilizarán los fondos recibidos y el padrón actualizado de beneficiarios de los recursos del préstamo, y sí éstos son otorgados mediante concurso o convocatoria a personas físicas o morales que desarrollen por su cuenta acciones para las cuales fue destinado en préstamo.
3. Aclare la calidad migratoria en nuestro país de los ciudadanos extranjeros que en calidad de asesores de la Comisión Especial sobre Cambio Climático fueron presentados durante su instalación en la honorable Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A
EJECUTAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM
Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración del Pleno, para su lectura y turno a la Comisión de Función Pública, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a ejecutar lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de abril de 2010.
Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GDF A ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE EXENTAR DEL PROGRAMA HOY
NO CIRCULA A LOS VEHÍCULOS CON PERMISO DE INTERNACIÓN TEMPORAL,
A CARGO DEL DIPUTADO GUMERCINDO CASTELLANOS FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado federal Gumercindo Castellanos Flores, a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que analice la posibilidad de exentar del Programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal, medida que beneficia a los connacionales que visitan nuestro país, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan nuestros paisanos al ingresar con su vehículo al Distrito Federal, es que son sujetos de constantes extorsiones por parte de los oficiales de tránsito, bajo el argumento de que están violando el Programa Hoy No Circula, el cual desconocen por falta de información.
Es una realidad que el Programa Hoy no Circula es una limitante para que nuestros paisanos puedan llegar a su destino y visitar a sus parientes y amigos, o en su caso llevar actividades de turismo en estas dos entidades, dado que no se les permite circular un día, dependiendo de la terminación de su placa vehicular, del lugar de procedencia y de su permiso de internación temporal del vehículo.
El Gobierno del Distrito Federal no tiene bien informado al paisano respecto a las disposiciones establecidas en el Programa Hoy No Circula, situación que los confunde y en repetidas ocasiones inhibe la llegada de paisanos por causa de este tipo de medidas que generan confusión y miedo a ser extorsionados por los seudo policías de tránsito.
El modo de operar de los oficiales es que identifican el vehículo con placas extranjeras, lo detienen solicitando su documentación, una vez que se enteran de que esta se encuentra en regla, prepotentemente le comentan al paisano que ha violado el Programa Hoy no Circula, "aun cuando no es así", ya que estos abusan de su desconocimiento, y lo intimidan amenazándolo que lo remitirán al corralón respectivo, y que si coopera se puede evitar esta situación, conduciéndolo a la extorsión de que está siendo sujeto.
Por otro lado, se requiere que las autoridades locales realicen una investigación de los casos en donde se han realizado extorsiones, y se tomen medidas para sancionar drásticamente a todos aquellos policías que han dañado a los connacionales que vienen a visitar a sus familiares así como a vacacionar.
Asimismo, si los connacionales hablan a los teléfonos de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para solicitar información en referencia a la aplicación del Programa Hoy no Circula, para tener conocimiento sobre su caso en particular, la información es incompleta, deficiente, y nada cordial, generando disgusto, malestar y desconfianza para ingresar a la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Se requiere que se tomen medidas de fondo sobre este tema, para apoyar la llegada de los paisanos que necesitan ser arropados por su país, y no extorsionados por instituciones como la policía de tránsito del Distrito Federal.
Actualmente el Programa Hoy no Circula exenta a todos vehículos que porten la calcomanía doble cero, los destinados a prestar servicios médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, servicios urbanos, los que utilizan energía solar y eléctrica, los destinados a prestar el servicio de transporte escolar con permiso o autorización correspondiente, los destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios que se encuentren prestando el servicio, los que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad, los que por circunstancias urgentes sean utilizados para atender una emergencia médica, los destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros, las motocicletas en tanto no existan y apliquen Normas Oficiales Mexicanas, por consiguiente es necesario que se incluya a los vehículos extranjeros que portan permiso temporal, con esta medida se apoya y se impulsa a los paisanos a que puedan visitar la zona metropolitana de la Ciudad de México el día que quieran sin restricción alguna, dado que sólo es temporal su visita.
El Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional considera relevante que se impulsen medidas para apoyar a nuestros paisanos, no de manera temporal, sino permanente, asumiendo medidas que permitan que los nuestros puedan venir y visitar el Distrito Federal y la zona conurbana los días que quieran, sin restricción alguna, ya que su estancia es transitoria.
Estoy convencido que con esta propuesta generamos confianza en nuestros connacionales logrando que sus visitas sean constantes, con ello fomentamos una importante derrama de divisas, impulsamos el turismo y estimulamos la actividad económica.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal, para que analice la posibilidad de exentar del Programa Hoy no Circula a los vehículos con permisos de internación temporal, medida que beneficia a los connacionales que visitan nuestro país.
Segundo. Se hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal, para que realice una investigación y se deslinden responsabilidades a los agentes de tránsito, que abusan y extorsionan a los conductores con placas extranjeras que circulan por su jurisdicción.
Tercero. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que realice una investigación sobre el servicio que presta la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, ya que se han encontrado respuestas de intolerancia, despotismo y maltrato a la gente que llama por teléfono para pedir información sobre el Programa Hoy no Circula.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A EJECUTAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A CARGO
DEL DIPUTADO PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del pleno, para su lectura y turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proposición con punto de acuerdo.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a ejecutar lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de marzo de 2010.
Diputado Pablo Escudero Morales
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS
PARA OTORGAR A PUEBLA LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE LA PREPARACIÓN
TÍPICA "CHILES EN NOGADA, PLATILLO BICENTENARIO", A CARGO DEL DIPUTADO
JUAN PABLO JIMÉNEZ CONCHA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con los artículos 58, fracción 1, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Juan Pablo Jiménez Concha, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En la globalización la gastronomía es una fuente de identidad regional y nacional, un importante impulso a la actividad turística y un generador de desarrollo económico.
La gastronomía mexicana es parte importante de la promoción de México como destino turístico nacional e internacional, siendo una puerta para atraer el turismo a fin de mostrar la variedad culinaria de nuestro país. Puebla es sinónimo de gastronomía, su riqueza cultural integra una rica variedad de ingredientes que dieron origen a la suculenta cocina poblana que es reconocida internacionalmente.
El valor de los productos y de la gastronomía poblana deben de ser protegidos para garantizar nuestro patrimonio histórico. Puebla tiene gran variedad de sabores e ingredientes nativos y especias finas que dan el toque de elegancia a la cocina poblana, de gran contenido nutricional en todos y cada uno de sus platillos típicos.
La mesa se viste y el paladar se da gusto con los exquisitos chiles en nogada, platillo barroco por excelencia. Es por ello que, a fin de garantizar la continuidad de las tradiciones culturales que dan el sello de identidad a cada estado, se debe promover que la gastronomía mexicana sea reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como "patrimonio cultural intangible de la humanidad".
Nuestra cultura gastronómica debe ser materia de estudio legislativo, ya que representa la esencia vinculada con la historia y las tradiciones que nos identifican como mexicanos a través de los platillos regionales.
El platillo "chiles en nogada" es representativo de la cultura poblana, símbolo indiscutible de la gran diversidad de frutas, chiles e ingredientes nativos y especias finas que fueron adoptadas por nuestra entidad federativa.
A su llegada, los españoles conocieron el chile cuando tuvieron contacto por primera vez con los pueblos mesoamericanos, ya que al arribar Hernán Cortes a las costas de Veracruz, Moctezuma Xocoyotzin le envió diversas viandas de chiles, entre otros productos.
Las fiestas patrias son la celebración de la Independencia política de México, de su nacimiento como Estado soberano. La ciudad de Puebla fue sede para festejar este acontecimiento y las religiosas del convento de Santa Mónica ofrecían un platillo original que consistía en chiles en nogada. Este platillo está por cumplir doscientos años, es apreciado mundialmente y debe ser reconocido como platillo bicentenario.
El platillo tiene el verde en el chile; el blanco en la salsa de nuez, lo cual explica el concepto de "en nogada", elaborado con nueces de castilla; y el rojo con los granos de granada y el perejil con que se adornan. Es tradición que se prepare en agosto y durante el mes patrio, septiembre, por la celebración de la Independencia de México.
Es un verdadero manjar para quien lo degusta. El relleno del chile consiste en un preparado de carne molida (picada) con frutas como manzana, durazno y pera, frutas que el estado de Puebla cuenta con gran variedad, así como pasas y condimentos con especias finas. Es un platillo que también requiere mucho talento y paciencia. La receta consiste en lograr un equilibrio entre los sabores dulces de las frutas con los fuertes de las especias y el baño de la salsa de nuez hecha a base de nuez de castilla molida y mezclada con jerez, entre otras cosas.
Nuestro país debe de preservar su riqueza gastronómica y, en particular, el estado de Puebla. Recordemos que es un platillo que marcó el inicio del periodo independiente en el que México empezó a consolidar su propia identidad, incluyendo la gastronomía, la cual ya se venía perfilando desde la época colonial con toda la herencia que se conjugó de la cocina y los ingredientes nativos que llegaron de fuera.
Por ello, es indispensable que cuente con su denominación de origen, entendiendo por denominación de origen como el nombre de una región geografía del país que sirva para designar un producto originario de ésta, y cuya calidad y características se deban exclusivamente al geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos (articulo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial).
Es importante destacar que durante agosto y septiembre, Puebla es visitada por turistas mexicanos y extranjeros, por la popularidad con la que cuenta este platillo y la demanda que tienen los restauranteros por los comensales que visitan la ciudad para degustar este rico platillo, sumado a esto la gran demanda turística y fuentes de empleo que generan estos meses del año para la entidad federativa.
Por todo lo anterior, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para otorgar la denominación de origen del platillo típico "chiles en nogada, platillo bicentenario" al estado de Puebla, para que se dé protección nacional a través del Instituto de la Propiedad Industrial.
Segundo. Esta soberanía exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, una vez que se haya reconocido la denominación de origen por las autoridades federales, solicite su registro ante la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en Ginebra, Suiza.
Tercero. Esta soberanía exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a proponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que sea reconocido el platillo típico "chiles en nogada", representante destacado de la gastronomía poblana, como patrimonio cultural intangible de la humanidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A INTENSIFICAR LAS ACCIONES
DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-167-SSA1-1997, EN MATERIA
DE ADULTOS MAYORES, EN TODAS LAS DEPENDENCIAS Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, FEDERAL Y LOCAL, Y LAS PERSONAS FÍSICAS O LAS MORALES
DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO QUE FORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD,
A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GERARDO CORTEZ MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Los adultos mayores constituyen un sector vulnerable de nuestra sociedad, el cual se ha ido incrementando considerablemente. Un estudio realizado por el Consejo Nacional de Población estimó el siguiente ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en México: en el año 2006 la población en México se estimó en 107 millones de habitantes; en el 2025 crecerá a 124 millones de habitantes y se espera que en el año 2050, cuando culmine la última fase de la transición demográfica se estabilice en casi 130 millones de habitantes. Por su parte, la población de adultos mayores, de diferentes edades, se incrementará durante el periodo 2006-2050 de la siguiente manera:
• Los de 65 años y más pasarán de 5 millones 730 mil en el 2006 a 28 millones 580 mil en el 2050;
• Los de 70 años y más pasarán de 3 millones 690 mil en el 2006 a 19 millones 890 mil en el 2050.
La falta de vigilancia y control de las autoridades correspondientes y el escaso cumplimiento de la normatividad correspondiente han permitido el incremento de la apertura y funcionamiento de instituciones de asistencia social que no brindan servicios calificados de atención a este sector.
Hemos sido testigos en repetidas ocasiones de las pésimas condiciones en que se encuentran algunas instituciones de cuidado de adultos mayores en todo el país, incluso han acontecido accidentes y perdidas humanas a causa de negligencias del personal operativo, o de la falta de atención medica adecuada o por la carencia de medidas de seguridad que salvaguarden la integridad de los adultos mayores. Debido a esto es necesario que las autoridades intensifiquen el control y vigilancia; y analicen la infraestructura, el personal, la organización asistencial y la calidad de los servicios de las instituciones de asistencia social para adultos mayores como lo son: las Casas Hogar para Adultos Mayores y Albergues temporales de Adultos Mayores. Y de este modo diagnosticar el estado funcional y los requerimientos asistenciales de sus beneficiarios y no permitir la operación de aquellos lugares cuyas condiciones se encuentren fuera de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997.
La Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997 tiene como objetivo establecer, los procedimientos para informar principios, criterios, políticas y estrategias para la prestación de servicios y desarrollo de actividades en materia de asistencia social a menores y adultos mayores. Asimismo establece las condiciones necesarias en las que deben de operar estas estancias.
En respuesta a lo anterior, es necesario estimular y fortalecer las acciones de asistencia social que realizan los integrantes del sistema nacional de salud de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas, no sólo en el control y supervisión del uso de los recursos y aspectos administrativos, sino principalmente en la calidad de la atención, a fin de asegurar mayor coherencia entre instrumentos y objetivos, para alcanzar una operación integral más eficaz, una gestión más eficiente y la contribución hacia una sociedad más justa y democrática.
Para los diputados del Partido Acción Nacional, es de vital importancia proteger, atender, ayudar y orientar a las personas adultas mayores, así como conocer y analizar su problemática para encontrar las soluciones adecuadas. Por ello dirijo el presente punto de acuerdo, con la finalidad de salvaguardar en todo momento el bienestar de los Adultos Mayores que por circunstancias diversas tienen la necesidad de atenderse en alguna estancia de cuidado prolongado en sus diversas modalidades.
Compañeras legisladoras, compañeros legisladores me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar las acciones de vigilancia y control del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, en materia de adultos mayores, en todas las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que conforman el sistema nacional de salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CFE A SOLICITAR A LA SHCP LA REDUCCIÓN DE LA TARIFA
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SERVICIO DOMÉSTICO EN MANZANILLO,
MINATITLÁN, ARMERÍA Y TECOMÁN, COLIMA, A CARGO DEL
DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Carlos Cruz Mendoza, diputado federal por el estado de Colima y miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo, tomando como base las siguientes
Consideraciones
La energía eléctrica en la actualidad es un elemento indispensable de bienestar y desarrollo para las familias mexicanas.
Actualmente existen las siguientes tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, que se aplican a todos los servicios de uso exclusivamente doméstico, de acuerdo con los criterios que tanto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han autorizado en el país: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F.
El estado de Colima en época de verano, cuenta con temperaturas extremas, registradas entre los 35 y 38 °C, especialmente en las zonas costeras, como lo son Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Armería, las cuales presentan 37.8, 37.3, 37.6 y 37.5 °C, respectivamente, considerando los registros del Centro Universitario de Investigaciones en Ciencias del Ambiente de la Universidad de Colima.
Estas altas temperaturas obligan a los habitantes de los respectivos municipios al uso permanente de los sistemas de enfriamiento y ventilación, provocando el incremento considerable del consumo del servicio de energía eléctrica así como de su costo.
Las tarifas aplicadas actualmente a los municipios de Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Armería, se encuentran clasificadas en el nivel 1B (para localidades cuya temperatura media mensual es de 28 grados centígrados en verano). Sin embargo, las temperaturas máximas registradas en estos municipios durante los meses posteriores a mayo están por encima de los 37 grados centígrados, haciendo necesario reconsiderar la tarifa que se viene aplicando en los municipio referidos, para establecer la tarifa 1F, la cual considera un mayor subsidio para las elevadas temperaturas presentadas en época de verano.
Además, la recesión económica que se ha hecho presente en los últimos años, ha ocasionado el alza de precios en alimentos y servicios en el consumo básico de las familias mexicanas, lo que trae aparejado su situación económica inestable, obligándolas a considerar otras prioridades, antes que el pago de este servicio. Consecuentemente, la pérdida del poder adquisitivo de la población, en el presente año, le dificulta el cubrir sus necesidades, entre ellas este servicio domestico, motivo por el cual se hace indispensable la reducción de la tarifa correspondiente.
Por otra parte, la termoeléctrica de Manzanillo, que forma parte de la red de distribución eléctrica del país, suministra de este tipo de energía a diversos estados de la república, por lo que contribuye enormemente al desarrollo económico del país y juega un papel estratégico en el sistema eléctrico nacional.
Sin embargo, esta termoeléctrica genera contaminación, que afecta seriamente la salud de los habitantes de la región, principalmente a los de la comunidad de Campos, en Manzanillo. Por esta razón es necesario compensar a los habitantes de estos municipios, con la reducción del pago de la tarifa de energía eléctrica en cuestión.
Por lo anterior, es de gran importancia que, a la brevedad, se reclasifique la tarifa 1B a la 1F, ya que con ello las familias pertenecientes a los municipios de Armería, Minatitlán, Manzanillo y Tecomán, se verán beneficiadas con un mayor subsidio y, por ende, con menores costos en el servicio de electricidad para uso doméstico.
Con el fin de dar respuesta a las necesidades de los habitantes pertenecientes a los municipios indicados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que, en uso de sus facultades y atribuciones, solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se reclasifique la tarifa 1B a la 1F en los municipios de Manzanillo, Minatitlán, Armería, y Tecomán, del estado de Colima, a la brevedad posible.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de abril de 2010.
Diputado Carlos Cruz Mendoza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
A REALIZAR LAS ACCIONES PROCEDENTES PARA QUE TODAS LAS INSTITUCIONES DEL
SECTOR APLIQUEN LAS LEYES Y NORMAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA JOANN NOVOA MOSSBERGER,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, María Joann Novoa Mossberger, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Hacer realidad la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad es una de las grandes prioridades para Acción Nacional.
El fin primordial de la existencia de normas y leyes debe tender a proteger y fomentar la vida de los discapacitados en lo posible, en un trato de igualdad tanto quienes poseen una deficiencia física o mental como quienes disfrutan del funcionamiento cabal de su cuerpo. Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿hasta dónde se cumplen estas leyes?
Derivado del compromiso internacional que México adquirió al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es necesario que la legislación aplicable en el país sea acorde con sus preceptos por lo que concierne a la inclusión de las personas con discapacidad.
Desafortunadamente, la discapacidad y la accesibilidad pueden ser los factores por los que más se excluye a niños de la educación. Por ello, para la mayoría de los niños con discapacidad, la falta de instrucción y no su discapacidad limita las oportunidades.
La falta de accesibilidad y capacitación al personal docente y administrativo en las instituciones educativas es uno de los factores primordiales que generan un entorno desigual y con barreras para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación (artículo 3o. constitucional).
El trabajo legislativo y las acciones de política pública que se han realizado sobre la materia han derivado en adecuaciones del marco legal y programas encaminados a la atención de las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. La Ley General de las Personas con Discapacidad, el Manual de Recomendaciones de Accesibilidad y el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa son ejemplo de ello.
Por lo que se refiere a las barreras físicas para las personas con discapacidad, se han logrado avances en la modificación de edificios, entre las que destacan la mejora de plazas de estacionamiento, la adaptación de salidas de urgencia, la instalación de mecanismos de apertura automática de puertas y la instalación de sanitarios para personas con discapacidad.
Para que un edificio sea funcional debe cumplir tres niveles de arquitectura:
2. Modificar por "Que las personas puedan entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo".
3. Modificar por "Que se cumplan las disposiciones en materia de protección civil, considerando los programas de escape o evacuación para personas con discapacidad".
Las barreras en el entorno constituyen obstáculos más graves a la participación social que las limitaciones funcionales de las personas. En este sentido, debemos sustentar con leyes y vigilar su aplicación para que no sean víctimas de marginación o discriminación, y puedan desplazarse libremente en espacios públicos abiertos o cerrados; disfrutar de los servicios públicos en igualdad de circunstancias; tener libre acceso y desplazamiento en las escuelas; contar con espacios reservados para su uso y que éstos sean plenamente identificados; disfrutar de un trato amable, cortés y respetuoso de la población en general; y eliminar las barreras arquitectónicas.
En los últimos años se ha emprendido una serie de iniciativas encaminadas a garantizar que el principio de igualdad de oportunidades se convierta en una realidad para las personas con discapacidad. No obstante, debemos hacer más para promover los derechos de las personas con discapacidad respecto a su plena participación en todos los aspectos de la vida social, por lo que hemos de seguir impulsando los cambios positivos en este sentido.
Debemos buscar que todas las leyes, las normas y los reglamentos, federales, estatales y municipales, de educación tengan congruencia con su correspondiente ley de protección de personas con discapacidad; que las leyes sobre educación garanticen mayor calidad de vida para las personas con discapacidad a través de la educación especial, con objetivo de que estas personas puedan ingresar en un sistema regular, no segregadas.
La Ley General de las Personas con Discapacidad establece las bases que permiten la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y equiparación de oportunidades, y obliga a las autoridades competentes a garantizar la incorporación y oportuna canalización de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, así como verificar el cumplimiento de las normas para su integración educativa.
Derivado de que la Ley General de las Personas con Discapacidad no es una legislación modelo para el tema de la discapacidad, resulta adecuado incorporar los preceptos establecidos en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y utilizar este instrumento como la base para ello.
Las escuelas necesitan ser adaptadas a las necesidades de accesibilidad de los estudiantes con discapacidad, por lo que desde esta tribuna realizamos las propuestas para mejorar la accesibilidad o eliminar las barreras existentes. Este compromiso debemos asumirlo desde todos los ámbitos de gobierno, en coordinación con las autoridades académicas y, aun, debe ir más allá, generando buenas prácticas en el diseño y la ejecución de las nuevas infraestructuras, equipamientos y servicios.
La atención social sobre la discapacidad se ha hecho cada vez mayor y se ha cobrado conciencia de los elevados costos que tiene la exclusión en cuanto a la pérdida de productividad, potencial humano, salud y bienestar. Por ello es importante asegurar que los niños con discapacidad tengan acceso a todos los establecimientos escolares.
La accesibilidad del entorno es un requisito imprescindible para la autonomía e integración de las personas con discapacidad y para que disfruten plenamente de sus derechos.
Por ello debemos tener como prioridad la adaptación de los accesos, los desplazamientos en edificios, el desalojo en caso de urgencia y las instalaciones sanitarias, entre muchos aspectos más. Tener rutas de accesibilidad incluye el compromiso de emprender medidas que supervisen los cambios que por ley se establecen a fin de garantizar la accesibilidad en las escuelas.
Compañeras y compañeros legisladores: contribuyamos a construir una sociedad libre de barreras físicas, culturales y sociales, cuyo escenario sea una arquitectura para todos.
La accesibilidad es un concepto más integral, por lo cual debe considerársele en información y comunicaciones para las personas con discapacidad sensorial; es decir, contar con personal docente capacitado en lengua de señas mexicana, así como materiales en sistemas asequibles, como el braille y los sistemas sonoros y audibles, considerando el lenguaje simplificado.
Por lo expuesto, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las autoridades educativas federales, a las estatales y a las municipales a realizar las acciones conducentes a que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, apliquen las leyes y las normas correspondientes en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputada María Joann Novoa Mossberger (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CFE A REVISAR DE MANERA PORMENORIZADA
LOS COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y A RECONSIDERAR LAS TARIFAS
DE LOS POZOS DE USO AGRÍCOLA, LOS DE RIEGO Y LAS NORIAS DE PUEBLA,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ MORALES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal José Alberto González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar de inmediato y de manera pormenorizada los costos de la energía eléctrica y, asimismo, a reconsiderar las tarifas de los pozos de uso agrícola, de riego y norias del estado de Puebla, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 2009 ha sido uno de los años más complicados de la última década, ello como consecuencia de las diferentes circunstancias que se presentaron y que produjeron un fuerte shock en la economía mexicana, lo que afectó a todos los habitantes de la nación, quienes vieron mermado su poder adquisitivo.
A inicios del año anterior, el gobierno federal implantó una serie de acciones que tenían como objetivo disminuir los efectos negativos de la crisis que se presentaba; entre las medidas aplicadas, se incluía el congelamiento de las tarifas eléctricas aplicables en todo el país, disminuyendo aquellas que se cobran al sector agropecuario.
Sin embargo, se presentan casos en los cuales los usuarios han manifestado su inconformidad ante el incremento inusual del consumo y, por ende, de la cantidad que deben pagar por el suministro eléctrico, este tipo de circunstancia se ha presentado cada vez con mayor recurrencia.
Ante este incremento fuera del promedio registrado, es imperativo implantar acciones y mecanismos que permitan conocer en detalle los motivos que han ocasionado dicho aumento, así como conocer cuáles son los parámetros considerados para realizar un cobro tan alto.
Como ejemplo de dicha situación está el caso que se presenta en la región de Tepeaca, situada en el estado de Puebla, en la cual diversas sociedades de pozos de riego han manifestado su descontento por el crecimiento desproporcionado de las tarifas por el consumo de energía eléctrica, el cual ha mostrado en el último cuatrimestre de 2009 un incremento de hasta 900 por ciento.
En esta situación se encuentran municipios de Tepeaca; en las localidades de San Mateo Parra y San José Carpinteros; en el municipio de los Reyes de Juárez; en las localidades de Santa Clara Buenavista de Juárez y La Palma de Buenavista de Juárez; en el municipio de Tecali de Herrera; en la localidad de San Luis Ajajalpan; en Santa Clara Huitziltepec; en el municipio de Tepeyehualco de Cuauhtémoc; en el municipio de Cuapiaxtla de Madero; y en el municipio de Quecholac, localidad de Tuzuapan, entre otros, los cuales han presentado una relación de recibos de consumo de energía eléctrica de concesionarios de pozos.
Es importante mencionar que en estas localidades el uso de la electricidad es con fines agropecuarios, ya que mediante el uso de la energía es posible extraer y distribuir el agua en los diferentes sembradíos.
Es conveniente mencionar que el escenario que está viviendo la población de los distintos municipios y comunidades de Puebla es digna de ser analizada de manera detallada, ello debido a que el incremento que se presenta de un mes con respecto a otro es por demás cuestionable.
Contrario a lo que se pudiera suponer, los concesionarios de los pozos, norias para uso agrícola, se mantienen al corriente en sus pagos por el servicio eléctrico, sin embargo a partir de septiembre el aumento en las tarifas se muestra desproporcionado y se da a pesar de que en el periodo diciembre en algunas sociedades se presenta una disminución en el consumo de electricidad, lo que se demuestra con los datos del recibo de la Comisión Federal de Electricidad.
En estos momentos de crisis es imperativo apoyar al aparato productivo nacional, en particular al del sector agropecuario, el cual resiente en mayor medida los efectos negativos de la falta de apoyos directos. En lo que respecta a los costos de producción, éstos se incrementan de manera considerable afectando a los productores, quienes deben destinar una mayor cantidad de recursos para realizar la siembra y cosecha del producto.
Desde el Poder Legislativo debemos contribuir para el mejoramiento de la economía del sector primario, el cual es uno de los motores del aparato productivo nacional, tanto por los insumos que proporciona, como por los productos finales que genera, así como por el número de empleos que produce y los millones de familias que dependen de las actividades agrícolas.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad a efecto de que
2. Explique de manera detallada cuáles son los parámetros y consideraciones aplicados en estos casos, que han ocasionado el incremento tan drástico en el pago por el consumo de energía eléctrica que debe realizar la sociedad poblana dedicada a la agricultura.
Diputado José Alberto González Morales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES, A LA ALDF, A LOS MUNICIPIOS Y A
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL A EXPEDIR Y APLICAR
LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PREVENGAN, CONTROLEN Y COMBATAN DE MANERA
EFICIENTE E INTEGRAL LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO, A CARGO DE LA DIPUTADA
TOMASA VIVES PRECIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Tomasa Vives Preciado, diputada a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El ruido representa en la era actual un grave problema de contaminación y de salud pública. Durante el año 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la contaminación sonora ocupaba el tercer lugar en grado de importancia, apenas por debajo de la contaminación del aire y del agua.
El ruido tiene un impacto profundo sobre todo en las grandes ciudades y en las que podríamos llamar de tamaño mediano o en crecimiento; las razones son evidentes: crece la población, la mancha urbana con sus edificios y complejos habitacionales, las industrias, los talleres, los comercios, y los mismos ciudadanos aportan todos al incremento de este tipo de contaminación. Las fuentes del sonido se dividen en dos:
B) Fuentes móviles: como autos, maquinaria pesada, aviones y altavoces de uso comercial, etcétera.
En las ciudades, las principales fuentes generadores de contaminación sonora, son, a parte de las fábricas; los talleres de herrería, soldadura, tornos, carpintería y similares; además debemos agregar el incesante incremento de los salones de fiesta, de los antros de vicio que carecen de medidas para impedir que el sonido escape al exterior, así como los altavoces usados por los comercios para anunciar sus productos.
Las fuentes móviles predominantes son obviamente los autos.
Lo más triste es descubrir que muchas de las llamadas fuentes fijas, son casas-habitación, donde ciudadanos irresponsables, sin escrúpulos ni respeto por la vida, la paz y la salud de los demás, mantienen sus equipos de sonido y de televisión a volúmenes muy por encima de las normas oficiales. A decir de expertos en la materia, en México, en las zonas de las ciudades grandes y medianas y sobre todo en los sectores populares y de clase media, hay uno o dos vecinos ruidosos por cada manzana de casas. En algunos casos se concentran hasta tres generadores de ruido en la misma cuadra.
Un documento publicado en el sitio web www.ruidos.org, relata lo siguiente:
Los niños y los ancianos son más sensibles a los ruidos que perturban su sueño, aunque su reacción no es la misma: mientras los ancianos son más propensos a despertarse debido a la ligereza de su sueño, ambos grupos mostraron alteraciones vitales debido al ruido, aún durmiendo a pierna suelta: alteraciones del pulso, vasoconstricción, modificaciones en el electromiógrafo y en el encefalograma. (Experimento realizado por el Doctor Alain Muzet, del Centro de Estudios Bioclimáticos del CNRS, en Francia).
Con niveles de ruido altos, la tendencia natural de la gente hacia la ayuda mutua disminuye o desaparece, reapareciendo en el momento en que se suprime la presión sonora.
En experimentos de laboratorio con animales se demostró que en un ambiente con ruido superior a 110 decibelios (claxon de automóvil a un metro, sirena de ambulancia a la misma distancia, discoteca, concierto de rock, moto a escape libre, trueno...), los procesos cancerosos aparecen y se desarrollan con mayor rapidez.
Los niños cuyos colegios lindan con zonas ruidosas (industrias, aeropuertos, carreteras con mucho tráfico...), aprenden a leer más tarde, presentan mayor agresividad, fatiga, agitación, peleas y riñas frecuentes, mayor tendencia al aislamiento, y cierta dificultad de relación con los demás. El CSIC afirma a este respecto que la contaminación acústica conlleva efectos negativos en las generaciones futuras, como deterioro del aprendizaje y del desarrollo humano..."
El caso mexicano
En nuestro país enfrentamos dos grandes problemas que han impedido que se pueda combatir y hacer frente de modo eficiente a este tipo de contaminación tan perjudicial:
a) Las leyes del medio ambiente locales, no hacen sino reproducir de modo casi íntegro la disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; es decir, se toman las disposiciones generales de esta ley, y se pasan de modo similar a las legislaciones locales, sin abundar, especificar o hacer apartados concretos y funcionales en la práctica.
Tampoco –en su defecto– se han creado los reglamentos que sirvan de apoyo y aplicación práctica a las ya citadas disposiciones generales.
b) Los municipios, muchos de ellos, sobre todo los de mediana población y tamaño, y los pequeños, carecen de reglamentos de medio ambiente que les puedan dar certeza y celeridad en el combate a los ilícitos ambientales como el ruido. Tampoco aplican de manera supletoria las leyes estatales de cada caso, ya que de hacerlo se enfrentan a dos problemas: uno, que por contener disposiciones muy genéricas, no son de fácil aplicación en los municipios. Otro, que los mismos ayuntamientos se niegan a hacerlo por apatía o indiferencia.
c) Los municipios de mayor tamaño o que sí cuentan con reglamentos ambientales, enfrentan el problema de que, al igual que las leyes ecológicas estatales, tales cuerpos normativos se hicieron copiando o "adaptando" las leyes de referencia al ámbito municipal, pero, reproduciendo las mismas limitaciones y falta de claridad para su aplicación.
II. La indiferencia institucional. La mayor parte de las entidades federativas a quienes por disposición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) les corresponde legislar sobre el rubro, no lo han hecho, al menos no de modo que se pueda observar un impacto en los hechos.
Las disposiciones generales ya existen, pero falta legislar de modo claro al interior de las entidades federativas; y reglamentar en los municipios; como muestra, podemos analizar algunas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:
VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta ley no sean de competencia federal;
Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:
VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;
Artículo 10. Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley. Los ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento.
En Coahuila, el Congreso local, por medio de su Comisión del Medio Ambiente se encuentra en el proceso de consultas ciudadanas para elaborar su primera Ley para Combatir el Ruido en la Entidad. Con excepción de ejemplos como los señalados, en realidad poco y, en algunos casos absolutamente nada se ha hecho para combatir este tipo de contaminación.
Resulta irónico además, que la no aplicación y creación de leyes o normas ambientales contra el ruido, privan, sobre todo a los municipios de una importante fuente de ingresos vía multas, estudios de impacto ambiental, dictámenes, certificaciones, etcétera.
El ruido debe ser considerado un problema grave de contaminación, y un serio problema de salud pública; sin instrumentos jurídicos modernos y prácticos será imposible para las autoridades enfrentar los retos que representa el combatirlo de modo eficaz.
Por lo expuesto y señalado, proponemos lo siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que, en sus respectivos ámbitos de competencia, legislen, expidan y apliquen las disposiciones legales que prevengan, controlen y combatan de manera eficiente e integral la contaminación por ruido.
Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias, evalúe y, en su caso, modifique las Normas Oficiales Mexicanas aplicables para evitar y reducir la contaminación por ruido.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputada Tomasa Vives Preciado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SENER, A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA
CFE A CONSIDERAR UNA TARIFA ESPECIAL PARA LOS AGRICULTORES, EN CONCRETO
LOS DE CAMPECHE, EN VIRTUD DEL USO EXCESIVO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO ORIGINADO
POR LA FALTA DE LLUVIAS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS OZNEROL PACHECO CASTRO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Motivos
La economía de Campeche se sustenta en diversos sectores productivos, entre los que se encuentran el petróleo, el turismo, la agricultura, la pesca y la industria manufacturera; también el sector servicios y el comercio contribuyen al producto interno campechano.
El sector agrícola de Campeche se caracteriza por la producción de chicozapote, semilla de calabaza y arroz palay, siendo el principal productor de estos cultivos a nivel nacional. También se cultivan frutas tropicales como naranja, limón, papaya, mango de manila, caña de azúcar, sandía, guanábana y almendra.
El maíz ocupa el primer lugar en área cultivada, ya que de 5 mil 679.5 hectáreas sembradas, lo que equivale al 2.84 por ciento del total estatal, 75 por ciento pertenece a este producto; 12.5 por ciento es del cultivo de soya; 2 por ciento corresponde a la sandia, jitomates y hortalizas; y 10.5 por ciento a los frutales, destacando entre estos la naranja y el mango.
Debido al calentamiento global, la ONU dio a conocer que en esta década se convertirá en la más calurosa desde 1850, esto sin duda alguna nos viene a contrariar en varios aspectos, sin embargo, el que me ocupa el día de hoy es el que repercutirá en un sector importante de la producción primaria en el estado que represento y que es la agricultura.
Y hago énfasis en este tema ya que debido a varios factores y a la falta de programas bien determinados y enfocados al agro mexicano, este sector productivo se ha visto relegado en subsidios y en programas que realmente propicien un desarrollo sustentable y sostenido del campo mexicano.
Aunado a la falta de programas, le incluimos el ya famoso tema del "cambio climático", que entre sus efectos, como ya se ha demostrado, va a estar el sobrecalentamiento y la falta de lluvias en sectores grandes de nuestra geografía nacional, lo que conlleva de manera obligada a hacer uso de sistemas de riego que puedan ayudar a realizar las cosechas lo mas que se pueda, pero a cambio de ello los costos de producción se elevan y eso por el consumo de energía eléctrica.
La generación de energía eléctrica es una atribución constitucional de la federación, en los términos que señala el artículo 27, el cuál en la última parte de su párrafo sexto señala de forma textual: "Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".
En nuestro país, el principal capital privado en la producción de energía eléctrica y gas natural se encuentra en poder de cuatro empresas españolas –Repsol, Iberdrola, Fenosa y Gas Natural–, quienes en conjunto acaparan más del 70 por ciento de la producción en la modalidad de productores independientes.
La Comisión Reguladora de Energía y la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad deben de poner más énfasis en la supervisión y monitoreo de las fluctuaciones tarifarias que estas empresas imponen, pues pareciera que su actuar es consentido y que la finalidad es la de poner contra la pared a los consumidores del servicio, quienes cada bimestre sufren para poder cubrir los pagos del servicio.
En la región peninsular de la Comisión Federal de Electricidad, concretamente en Campeche, opera una central de ciclo combinado, propiedad de una empresa canadiense Transalta, que en mayo de 2003 inicio operaciones con una capacidad de producción de 252 megavatios, que utiliza como materia prima el diesel y el gas natural, situación que en un principio se pensó que traería beneficios directos, reflejados en la reducción de las tarifas, pero desafortunadamente, la energía producida se está comercializando hacia el oriente y no hacia la península, en consecuencia, las tarifas de la región peninsular continúan altas y con la tendencia de continuar su ascenso.
Si bien las tarifas eléctricas están determinadas de acuerdo a la política de precios administrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su precio siempre estará presionado por la volatilidad de las cotizaciones en el valor en el mercado de las materias primas requeridas para la producción de la energía, así como en valor de los metales, dichos factores inciden de forma directa en la fórmula de cálculo. Lo anterior supone una estrecha relación con el índice inflacionario, que consecuentemente repercute en el bolsillo de los ciudadanos, debido a que la zona peninsular, que considera Yucatán, Quintana Roo y Campeche, se encuentra en el nivel más bajo de los salarios mínimos.
Es por ello que consideramos pertinente se realice por las Secretarías de Economía, y de Energía, así como por la Comisión Federal de Electricidad, un estudio pormenorizado que conlleve a una reducción de tarifas eléctricas a aquellas personas que se dedican a la siembra y cosecha de productos alimentarios y que hacen uso de sistemas de riego, y con ello incentivar a este sector productivo que ha quedado relegado en el desarrollo de México
Punto de Acuerdo
Único. Proponer a la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados emitir un exhorto a las Secretarías de Economía, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de que realicen un estudio que conlleve una reducción en tarifas de consumo de energía eléctrica a aquellas personas que pertenecen al sector agrícola.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2009.
Diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER MEDIANTE EL INSTITUTO NACIONAL
DE MIGRACIÓN EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE ATENCIÓN
INTEGRAL A MIGRANTES MEXICANOS DEPORTADOS A LAS CIUDADES FRONTERIZAS, A
CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE TORRES DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
El suscrito, Enrique Torres Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover mediante el Instituto Nacional de Migración (INM) el fortalecimiento de las políticas de atención integral de migrantes mexicanos deportados, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Las ciudades fronterizas del norte del país se han caracterizado por tener un crecimiento económico y demográfico, a lo largo de las últimas cuatro décadas, mucho más marcado que el resto del país, debido en gran parte a la migración. Son ciudades sui géneris a las que se repatria a miles de migrantes, ciudadanos mexicanos que merecen un trato justo y digno, y que necesitan atención integral.
Tan sólo en enero de 2010, según revelan datos del INM, fueron deportados desde Estados Unidos de América 34 mil 240 hombres y 3 mil 690 mujeres ciudadanos mexicanos.
Datos del Centro de Estudios Migratorios del INM muestran 590 mil 91 eventos de repatriación, a través de los puntos oficiales de repatriación en 2009.
En particular, citemos como ejemplo Nogales, Sonora, la ciudad fronteriza más importante del estado y que cuenta con una población 193 mil 517 habitantes y una flotante de alrededor de 140 mil personas. En 2009 fueron registrados en Nogales 133 mil 690 eventos de repatriación de ciudadanos mexicanos, de los cuales se atendieron con algún tipo de atención médica, social o jurídica 43 mil 58, de acuerdo con datos del Centro de Estudios del INM.
Las condiciones en que regresan los migrantes que han sido repatriados son extremas, con falta de recursos, hambre y en ocasiones con necesidad de atención médica menor o incluso mayor. Según los datos estadísticos del INM, la mayoría de los migrantes repatriados queda excluida de la atención.
Las políticas públicas existentes para atender a migrantes repatriados son principalmente dos. Por un lado, está el Programa de Repatriación Humana, que incluye "uno o más de los siguientes apoyos: alimentos, refugio, atención médica menor, traslados a centros hospitalarios para atención médica mayor, o asesoría en diversos trámites administrativos". El programa también incluye la canalización a oportunidades laborales temporales y la posibilidad de obtener una certificación; también se otorgan descuentos para el regreso al estado de origen.
Por otro lado, los Grupos Beta de Protección al Migrante apoyan a los migrantes para la protección y la defensa de sus derechos humanos, así como de su integridad física y patrimonial, llegando a realizar labores de apoyo social de la misma índole, como las que se anotan en el párrafo anterior.
Sin embargo, datos del INM revelan que el total de migrantes repatriados a que se brindó atención médica, social o jurídica en 2009 fue de 126 mil 124, lo cual considerando el total de eventos de repatriación registrados para el mismo año, 590 mil 091, nos obliga a considerar la evaluación del efecto real de las políticas de atención de migrantes repatriados.
Dadas la complejidad del fenómeno migratorio y la magnitud de los eventos de repatriación, consideramos de fundamental importancia fortalecer las políticas existentes e incluso, en su caso, analizar la creación de otras para que la atención del migrante sea integral y más efectiva, abarcando a un mayor número de migrantes repatriados, y que garantice cabalmente sus derechos humanos, así como su integridad física y patrimonial, logrando atender a la totalidad de migrantes repatriados que lo requieran con el tipo de asistencia social que necesiten de manera oportuna y eficaz.
Los migrantes repatriados merecen un trato justo y digno, y no deben ser objeto de discriminación, pues tienen los mismos derechos y las obligaciones que el resto de los mexicanos.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a promover mediante el Instituto Nacional de Migración el fortalecimiento de las políticas de atención integral de migrantes mexicanos deportados a las ciudades fronterizas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INICIAR MEDIANTE LA CFE, LA SENER Y LA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA UN ESTUDIO DE VIABILIDAD E IMPACTO
FINANCIERO PARA APLICAR UN DESCUENTO DE 25 POR CIENTO EN EL CICLO PRIMAVERA-VERANO
A LOS USUARIOS DE ELECTRICIDAD RESIDENCIALES EN CAMPECHE, A CARGO DEL DIPUTADO
JOSÉ IGNACIO SEARA SIERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal José Ignacio Seara Sierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, y de Economía para que –en el ámbito de sus atribuciones– inicien a la brevedad un estudio de viabilidad e impacto financiero, a fin de otorgar un descuento del veinticinco por ciento durante los meses contemplados del ciclo primavera-verano a los usuarios de tarifa eléctrica residencial en el estado de Campeche, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Que uno de los reclamos sociales que cobran fuerza año con año, es el invariable descontento en la ciudadanía por el aumento en el cobró de impuestos y servicios públicos que brindan los gobiernos locales, estatales y federal, dado que estos impactan directamente en el poder adquisitivo de las familias mexicanas, más aún en aquellas que viven en condiciones de extrema pobreza.
2. Que además de estos sectores, debemos sumar a los mexicanos que por vivir en entidades federativas donde se presentan temperaturas estacionales promedio de entre los 35 y 45 grados centígrados, requieren de un mayor uso en los niveles de energía eléctrica para aire acondicionado, así como par la conservación de alimentos perecederos, lo que definitivamente encarece el precio final de las mercancías, dando nuevamente un golpe a la economía familiar y sobre todo, de los sectores más necesitados.
3. Que en la LIX y LX Legislaturas de esta Cámara de Diputados, se presentaron diversos puntos de acuerdo y exhortos con la finalidad de disminuir las tarifas eléctricas en beneficio de la población en general o de distintos sectores productivos en todas las regiones del país, a lo que el gobierno federal, como regulador responsable de la gestión de tarifas de servicios públicos, ha dado respuesta a los sectores más pobres, en dos momentos: el primero, con la disminución de tarifas eléctricas durante el gobierno del presidente Vicente Fox, quién en 2006 instruyó la disminución de las tarifas eléctricas para uso residencial e industrial, situación que influyó a la baja en los precios al consumidor, según el reporte 2007 del Banco de México. Mientras que el segundo momento, se da el 24 de enero del 2007, fecha en que el Ejecutivo federal anuncia un subsidio monetario de 50 pesos mensuales al consumo de luz y gas de las cinco millones de familias (25 millones de personas) beneficiarias en ese momento del Programa Oportunidades, lo cual equivalía a un subsidio total de 3 mil millones de pesos.
4. Que, de 2002 a 2007, se ha llevado a cabo un proceso de reclasificación tarifaria en la mayoría de las entidades federativas, que ha dado lugar a que alrededor de 4 millones de usuarios obtengan una tarifa eléctrica más favorable. Este proceso de reclasificación se basa en una revisión de las condiciones y registros de temperatura en un gran número de localidades. Dicha revisión se efectúa cada año de manera rutinaria y cubre todas las regiones del país, aunque en ocasiones se realiza con base en las solicitudes y peticiones que reciben los organismos del sector eléctrico por parte de las autoridades locales, municipales y estatales.
5. Que cuando los resultados de la revisión de los registros de temperatura en una determinada localidad o grupo de localidades, indican que se han alcanzado los niveles mínimos de temperatura media mensual durante los periodos establecidos en la normatividad aplicable, la CFE procede a la clasificación de la localidad en la tarifa correspondiente. Si existe alguna solicitud de reclasificación y los resultados de la revisión muestran que no se alcanzan los niveles mínimos de temperatura en los periodos establecidos, el organismo comunica dichos resultados a los interesados señalando que no procede la reclasificación solicitada.
6. Que si bien es cierto, que de acuerdo con el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el mecanismo para la fijación de las tarifas de energía eléctrica compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad y con la participación de las secretarías de Economía y de Energía, esta no puede darse sin un estudio de impacto y viabilidad financiera previo.
7. Que según datos de la misma Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su Informe Anual 2008, del análisis de los principales rubros del balance, se deriva que el activo total de la CFE ascendió, al 31 de diciembre de 2008, a 784 mil millones de pesos, cifra que, comparada con la registrada al cierre del año 2007, observó un incremento de 2.7 por ciento. Y que por otra parte, el total del pasivo ascendió a 368 mil millones de pesos, es decir, tuvo una disminución en términos reales del orden de 4,6 por ciento respecto al año anterior; y el patrimonio fue de 416.1 mil millones de pesos, el cual representa un aumento de 10.3 por ciento.
8. Que ante esta perspectiva económica, estamos ciertos de que una alternativa financiera viable para el gobierno federal, que le permita atender esta demanda ciudadana, diferente al cuestionado proceso subsidiario y que no afecte sus finanzas de manera sensible, proponemos la aplicación de un descuento directo del orden del veinticinco por ciento, al momento de pagar el recibo de luz por parte de los ciudadanos campechanos con tarifa de uso residencial.
9. Que con base en los datos emitidos por la CFE, Campeche contaba hasta el mes de diciembre con 240, 071 usuarios de los 27, 149,573 que tiene en toda la República Mexicana, lo cual representa el 1.13 por ciento del total nacional.
10. Que Campeche viene consumiendo desde 2006 al 2009 un promedio anual de 923.2 Gigawatts-Hora, de los casi 200 mil Gigawatts-Hora a nivel nacional, lo cual representa apenas el 1 por ciento de del total nacional, por lo que apoyar a los habitantes del estado que son usuarios de la tarifa residencial con un descuento cada seis meses y directamente aplicable al momento de pagar el recibo de luz eléctrica, generaríamos un apoyo directo, transparente, efectivo y con un impacto financiero mínimo.
De aprobarse este punto de acuerdo, estamos ciertos de que el gobierno federal estaría a tendiendo de manera puntual y de forma diversa y alterna, la demanda ciudadana de lo sociedad campechana que años con año ha venido solicitando un proceso de reclasificación de tarifa eléctrica. En ese tenor y ante la dificultad de que este proceso se lleve a cabo, proponemos este esquema como un sistema alternativo y transparente para apoyar a los ciudadanos campechanos.
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, y de Economía para que –en el ámbito de sus atribuciones– inicien a la brevedad un estudio de viabilidad e impacto financiero, a fin de otorgar un descuento del 25 por ciento durante los meses contemplados del ciclo primavera-verano a los usuarios de tarifa eléctrica residencial en el estado de Campeche.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado José Ignacio Seara Sierra (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A HOMOLOGAR SU LEGISLACIÓN
CON LO ESTABLECIDO A ESCALA FEDERAL EN MATERIA DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta honorable cámara proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En esta Cámara de Diputados se han realizado diversos esfuerzos con la finalidad de mejorar la legislación nacional en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, de hecho, desde la LIX Legislatura se dieron pasos importantes para garantizar la transversalidad de la legislación federal en aras de reconocer y salvaguardar los derechos humanos de la niñez.
En dicho proceso se realizaron importantes modificaciones en el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y otros ordenamientos jurídicos para combatir de mejor manera y de forma seria la explotación sexual infantil, el tráfico de infantes, la violencia contra los menores de edad, la explotación laboral, promover los derechos humanos de los niños indígenas, igualdad de género y alcanzar el pleno acceso a los servicios de educación y salud.
Estas acciones son resultado del trabajo decidido de los legisladores de esta Cámara de Diputados, quienes estamos ocupados en mejorar la legislación mexicana y propiciar los mecanismos necesarios para fomentar el desarrollo integral de la infancia.
El mejoramiento de la legislación federal se ha llevado a cabo por las aportaciones de diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias, las opiniones de expertos, funcionarios públicos, académicos y representantes de la sociedad civil, lo cual demuestra que los esfuerzos realizados responden a un proceso planificado, consiente y consensuado.
Estas acciones han tenido como finalidad proteger la integridad de los menores de edad y mejorar sus condiciones de vida, las cuales se han visto reflejadas en resultados tangibles que hoy se encuentran plasmados en la legislación federal y que poseen un carácter transversal y multidisciplinario.
Sin embargo, los retos son diversos pues la dinámica de los delitos que afectan a la infancia y adolescencia cada vez es mayor, las problemáticas sociales aún son preocupantes y los desafíos para el desarrollo integral de las niñas y niños de México no respetan las fronteras de las entidades federativas.
Por tal motivo es necesario que exista una armonización legislativa entre la legislación federal y la de las entidades federativas, con la finalidad de homologar criterios, conceptos, penas y procesos; para que de esta forma se recojan los esfuerzos de esta Cámara, ya descritos con anterioridad, y se sumen los trabajos emprendidos en los estados y el Distrito Federal.
Lo anterior, permitirá subsanar las deficiencias que persisten en muchos marcos jurídicos locales que se caracterizan por ser demasiado laxos en el momento de atender y defender los derechos de la infancia.
La sociedad exige que las leyes federales y locales respondan a las amenazas que hoy aquejan a la infancia, pues es inconcebible que se proteja más al valor de bienes materiales que a la integridad y desarrollo de a las niñas y niños de México.
La realidad nacional requiere de la homologación positiva entre la legislación federal y de las entidades federativas, para lograr un piso común en el que se procuren la seguridad y los derechos humanos de niñas y niños y se propicie un marco institucional legislativo que atienda los requerimientos específicos de la infancia.
Los peligros que aquejan a los menores de edad en México son traducidos en los delitos que engloban a la explotación sexual infantil, como son la trata de personas, el lenocinio infantil y la pornografía infantil, los cuales deben ser combatidos a través de una legislación apropiada que defienda el bien superior de la infancia.
Por ello se requiere que las entidades federativas adecuen sus marcos jurídicos con la legislación federal a fin de homologar criterios en materia de combate a la explotación sexual infantil, es así que propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las entidades federativas a homologar su legislación local con lo establecido a nivel federal en materia de explotación sexual infantil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE ADUANAS, A EFECTO DE QUE LOS RECINTOS Y CORREDORES FISCALES DE LAS GARITAS,
DE LOS PUERTOS Y DE LOS AEROPUERTOS MODERNICEN SUS DISPOSITIVOS DE CONTROL
Y VIGILANCIA PARA EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO
A ESA DEPENDENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE TORRES DELGADO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Enrique Torres Delgado, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Sin duda, una de las más altas prioridades del Estado Mexicano debe ser garantizar la seguridad e integridad física de todos los mexicanos, lo que ha implicado combatir frontalmente todas las manifestaciones delictivas que atentan contra la convivencia pacífica y armónica de la sociedad.
Al respecto, el Estado mexicano debe combatir en todos los frentes a la delincuencia organizada, ya que esta representa, una amenaza directa al Estado y a la seguridad de todos y cada uno de los mexicanos.
A lo cuál, el gobierno federal ha aplicado diversos procedimientos de transformación de la Administración General de Aduanas, bajo el enfoque de facilitar el comercio exterior como mecanismo idóneo para difundir el bienestar y promover el crecimiento económico, e incrementar el control y las medidas de seguridad en las aduanas, de tal forma que cualquier conducta delictiva, de tráfico de estupefacientes, de armas, de dinero o el contrabando de mercancías, entre otras más, encuentren en las aduanas un control infranqueable.
Bajo este contexto, el gobierno federal ha perfeccionado la coordinación interinstitucional y el intercambio de información de la Administración General de Aduanas, con todas las entidades del Estado mexicano relacionadas directamente con la seguridad nacional y con la seguridad física y patrimonial de la población.
Esto ha supuesto mejorar sustancialmente las revisiones aduaneras, establecer mecanismos eficaces de disuasión de los actos de corrupción y proveer al personal aduanero de las medidas adecuadas para proteger su integridad ante las amenazas que representan los grupos criminales y la delincuencia organizada.
Para dimensionar la importancia que tienen hoy en día las aduanas en la actividad económica de nuestro país, se debe enfatizar que el comercio exterior de nuestro país tan sólo con los Estados Unidos, se ha quintuplicado en los últimos 15 años. Lo anterior, representa un gran desafío en materia de equipamiento, capacitación e infraestructura para la Administración General de Aduanas.
Se estima que día con día cruzan por nuestras aduanas más de 27 mil 900 vehículos de carga y se realizan más de 26 mil 700 pedimentos de importación y exportación de mercancías, lo que representa un valor de casi 25 mil millones de pesos por día.
Asimismo, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada día entran al país un promedio de 200 mil vehículos de pasajeros, flujo que se incrementa hasta 240 mil vehículos diarios en promedio en temporadas vacacionales.
En este sentido, en un día promedio, los aeropuertos del país reciben a más de 38 mil viajeros procedentes del extranjero.
En materia de detección y decomisos de mercancías ilícitas se han logrado notables avances. En lo que va de esta administración, se han decomisado, únicamente en la aduana, 23.8 toneladas de cocaína, lo que significa un 48 por ciento más que todo lo decomisado en el sexenio anterior.
Se han decomisado tan sólo en la aduana, también, 32.1 toneladas de mariguana en el mismo periodo, lo que es 23 por ciento más que lo decomisado en todo el sexenio anterior. Respecto de los decomisos de dinero no declarado en la aduana, se han decomisado 38 millones de dólares y 20 millones de pesos.
Lo antes mencionado sirve para ver la magnitud de la importancia que tienen para nuestro país el sistema de Administración General de Aduanas, pero asimismo, también se demuestran los grandes desafíos que aún tenemos por delante para que nuestro sistema aduanero no se quede rezagado frente a la vitalidad y el dinamismo de nuestras fronteras.
Por lo mencionado, se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Administración General de Aduanas, para que los recintos y corredores fiscales de las garitas, puertos y aeropuertos modernicen sus dispositivos de control y vigilancia tales como cámaras de circuito cerrado, grabación de voz, entre otros, con el objeto de evitar las acciones de corrupción del personal de esta dependencia.
Por las razones aquí expuestas, solicito a esta honorable Cámara de Diputados que tenga a bien aprobar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Administración General de Aduanas, para que los recintos y corredores fiscales de las garitas, puertos y aeropuertos modernicen sus dispositivos de control y vigilancia tales como cámaras de circuito cerrado, grabación de voz, entre otros, con el objeto de evitar las acciones de corrupción del personal de esta dependencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL CONACYT A RENDIR UN INFORME DETALLADO
SOBRE EL FONDO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN GARCÍA AVILÉS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Martín García Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
En México sabemos la importancia que tiene la investigación científica y tecnológica, quedando claro que la ciencia es generadora de innovación y progreso; en el entendido de que la técnica se deriva de la tecnología misma, que vincula el desarrollo científico con la planta productiva.
Por ello sabemos de la importancia que tiene para nosotros como mexicanos instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que desde su creación, por el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, con carácter de órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio e integrante del sector educativo, ha venido realizando diversos estudios e investigaciones en aras del progreso científico y educativo del país contribuyendo así a elevar el nivel de vida y bienestar de la población.
Así pues, dicho órgano mantiene entre sus objetivos impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, para que nuestro país cuente con tecnología de punta propia y así pueda disfrutar de los beneficios alcanzados por ésta.
Las áreas prioritarias y estratégicas del Conacyt son las tecnologías de información y las comunicaciones, la biotecnología, los materiales avanzados, el diseño y los procesos de manufactura, la infraestructura y el desarrollo urbano y rural, incluyendo sus aspectos sociales y económicos.
El Conacyt realiza estudios en ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias naturales y humanidades, y cuenta también con un financiamiento de posgrado.
Asimismo, el propio Conacyt juega un papel importante en la contribución al buen funcionamiento de diversas dependencias gubernamentales como son las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gobernación, de Educación Pública, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, y de Comunicaciones y Transportes, entre otras.
Para realizar dichas investigaciones, el Conacyt cuenta con fondos destinados por la administración pública federal, como fondos mixtos formados por estados y municipios, así como fondos internacionales, como el Fondo de Cooperación
Entre los Fondos de Cooperación Internacional más importantes que recibe el Conacyt destaca el proveniente de la Unión Europea.
El 8 de diciembre de 1997, se suscribió un acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación, entre la Unión Europea y México, que ha servido de base para la celebración de diversos proyectos de cooperación entre las partes.
Dicho tratado, en el artículo 29, establece que la cooperación en ciencia y tecnología se centra en fomentar el intercambio de información y conocimientos especializados en ciencia y tecnología; establece que la cooperación se realice mediante proyectos de investigación conjunta. Ambas partes se comprometen a fomentar una relación duradera entre las comunidades científicas de ambas partes y en fomentar la formación de recursos humanos.
Con base en lo anterior, el Conacyt suscribió un convenio de financiación específico con la Unión Europea para echar a andar un programa de cooperación para el fomento a la investigación científica y tecnológica entre la Unión Europea y México. Dicho fondo se instrumenta a través del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología UE- México. Teniendo como objetivo general fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas de México a fin de mejorar la competitividad, el crecimiento y el empleo, creando las condiciones idóneas para mejorar la participación del país en los programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que conforman el espacio europeo de investigación de la Unión Europea, privilegiando un enfoque de desarrollo local y regional.
Dicho proyecto tiene una duración de cuatro años contados a partir de 2006 y goza de una asignación de 20 millones de euros, de los cuales la mitad provienen de la Comunidad Europea y la otra mitad del Conacyt.
Este proyecto finalizará en diciembre del presente año y aún no contamos con información acerca de los montos que se han ejercido, ni quiénes han sido los beneficiarios.
En virtud de los tiempos que vivimos, donde la información y la transparencia juegan un papel preponderante para el sano desarrollo de la actividad económica de un país como el nuestro, considero necesario que se rinda un informe sucinto sobre fondos económicos tan importantes y cuantificables como éste para así velar por el interés público.
Con apego a las atribuciones que me confiere el reglamento interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general del Conacyt, maestro Juan Carlos Romero Hicks, a rendir informe detallado a esta soberanía relativo al Fondo de Cooperación en Ciencia y Tecnología Unión Europea-México, especificando el nombre y número de beneficiarios, así como el monto invertido en ello y el estado que guarda a la fecha éste.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010
Diputado Martín García Avilés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEDESOL A PRIVILEGIAR CON EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS
PÚBLICOS A LOS MUNICIPIOS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA, A CARGO
DEL DIPUTADO JAIME ARTURO VÁZQUEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
El que suscribe, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, diputado federal a la LXI Legislatura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La práctica del deporte constituye un elemento fundamental en la formación de la personalidad y la vocación de los individuos. Contribuye a generar condiciones de vida más saludables, a inculcar valores como la solidaridad y la cooperación social, pero sobre todo, a alejar a nuestras niñas, niños y jóvenes de flagelos como el alcoholismo, las drogas o la delincuencia.
El deporte también representa una dimensión de la actividad humana que tiene que ver con el uso del tiempo libre, con el ejercicio del ocio y del esparcimiento en forma sana y estimulante. Tiene una íntima relación con la formación de la sana competencia, el juego limpio y el trabajo en equipo, así como implicaciones en el ahorro en el sector salud y en el incremento de la productividad laboral y económica.
En tanto la actividad física es un factor de inclusión e integración social, es responsabilidad de los gobiernos federal, estatal y municipal promover, procurar y generar las condiciones para lograr que se lleve a cabo de manera óptima. Es una tarea impostergable que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud, promueva la inversión y recuperación de espacios deportivos y la responsabilidad de brindar instalaciones adecuadas y de calidad, accesibles, seguras, suficientes, con entrenadores capacitados, jornadas de convivencia deportivas y actividades recreativas.
Lo anterior es importante, pues la infraestructura deportiva nacional es escasa e insuficiente para atender a los 29.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad que hay a nivel nacional. De acuerdo con estadísticas de la Conade, en el año 2009 nuestro país tenía en operación únicamente 2,785 centros deportivos instalados en 943 municipios, de los cuales 169 eran considerados de alta marginación.
Es importante mencionar que la realidad de los espacios deportivos ubicados en colonias y barrios es desoladora, pues, en muchas ocasiones, las condiciones de precariedad y abandono en que se encuentran, contribuyen a que sean empleadas para actividades delictivas, el vandalismo y el consumo de estupefacientes. El predominio de instalaciones deportivas de baja calidad es otra característica que aleja y desincentiva a nuestros jóvenes de la actividad física.
Las acciones realizadas en el marco del Programa de Rescate de Espacios Públicos, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, son loables y coadyuvan a devolverle a la sociedad espacios de esparcimiento y la convivencia colectiva.
En el año 2009 se recuperaron 820 espacios de convivencia (parques, plazas, instalaciones deportivas y andadores) para los ciudadanos de 200 municipios del país, en beneficio de más de 4 millones de personas. Sin embargo, los esfuerzos son insuficientes, sobre todo si queremos convertir a la práctica del deporte en una cuestión de prevención del delito y la actividad delincuencial.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que se requieren redoblar esfuerzos para la recuperación y remodelación de los espacios deportivos, a fin de otorgar a los jóvenes mayores espacios para la convivencia.
Una cifra reveladora es la que señala el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, al dar cuenta que existen más de 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-nis), que está contratando el crimen organizado como halcones, sicarios, narcomenudistas y secuestradores. Al respecto, debemos actuar de forma inmediata para arrancar a nuestros jóvenes de las manos del crimen organizado, y sabemos que la actividad deportiva y su promoción es una solución eficaz a la problemática.
Sin embargo, pensamos que los esfuerzos deben enfocarse en los municipios con mayor incidencia delictiva y los estados que son clave para el trasiego de los estupefacientes. Según el Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009, del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, Chihuahua es la entidad con mayor incidencia delictiva del país, al registrarse 1 de cada 3 homicidios que se cometen a nivel nacional, además de situarse como la ciudad más violenta del mundo; Sinaloa y Baja California son los estados con mayor violencia vinculada al crimen organizado; el estado de México y el Distrito Federal son las entidades en donde se registra las tasas más altas en el robo de vehículos a mano armada; Guerrero y Oaxaca son los estados en donde se cometen más homicidios en el ámbito rural.
En ese mismo sentido, los municipios más inseguros son Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Ciudad Victoria, Ecatepec y 15 delegaciones del Distrito Federal, con excepción de Milpa Alta. Por citar sólo un ejemplo, Ciudad Juárez tiene una población de 1 millón 400 mil habitantes y se calcula que 70 mil son NI-NIS, es decir, 5% de la población. El fenómeno es un catalizador aprovechado por el crimen organizado para expandir sus actividades delictivas.
En tanto la práctica del deporte y la realización de la actividad física contribuyen a la convivencia armónica de la sociedad, es prioritario contar con recintos deportivos e instalaciones que amplíen las oportunidades para el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y jóvenes. Estamos seguros que debemos comenzar a hablar en este país de planeación a largo plazo y dejar atrás ocurrencias y generar políticas públicas con el objetivo de colocar al deporte como una práctica fundamental para atacar los males sociales. Se trata de una tarea compleja, que exige reorientar los esfuerzos hacia una mejor coordinación en su realización y un eficiente uso de los recursos.
Por lo expuesto, acudo a esta soberanía a solicitarle que se pronuncie a favor de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a privilegiar con el Programa de Rescate de Espacios Públicos a los municipios con mayor incidencia delictiva del país.
Segundo. Crear acciones transversales entre la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud, a fin de establecer lineamientos generales para la operación de los espacios deportivos; contar con mecanismos que permitan la prevención del delito; y la responsabilidad de brindar instalaciones adecuadas y de calidad, accesibles, seguras, suficientes, con entrenadores capacitados, jornadas de convivencia deportivas y actividades recreativas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL TITULAR DE LA SCT PARA QUE
CONCLUYA EL TRAMO CARRETERO PUENTE PRIETO-CANOAS-PÁNUCO, EN LA HUASTECA;
Y SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DEL TITULAR DE LA SFP A FIN DE QUE
SUPERVISE EL PROYECTO, A CARGO DEL DIPUTADO PATRICIO CHIRINOS DEL ÁNGEL,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Patricio Chirinos del Ángel, integrante de la diputación federal por el estado de Veracruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que instruya al licenciado Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que se concluya de manera urgente el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, de los municipios de Pánuco, Tampico, y Ciudad Cuauhtémoc de la zona de la Huasteca, toda vez que desde el año 2005 a la fecha, se han estado asignado recursos para su construcción; asimismo solicitarle al secretario de la Función Pública su intervención a fin de supervisar física y financieramente este proyecto.
Consideraciones
La modernidad en la infraestructura carretera, resulta en la actualidad de vital importancia para el desarrollo y crecimiento económico de toda sociedad. La región de la Alta Huasteca de Veracruz, no queda excluida de este principio, sin embargo, es de reconocerse que todo proyecto u obra de infraestructura deberán ejecutarse bajo una adecuada planeación desde el punto de vista técnico y financiero.
El proyecto de inversión de Puente Prieto-Canoas-Pánuco, que también abarca los municipios de Ciudad Cuauhtémoc y Tampico, fue programado en el año 2005, con la finalidad de ampliar el ancho de corona de 7 a 12 metros, para alojar dos carriles de circulación y acotamientos, a lo largo de 52 kilómetros, de esta importante vía carretera.
Esta obra reviste gran importancia por el impacto que representa para el desarrollo de las Huastecas, primeramente la veracruzana, la tamaulipeca, en donde colindamos con los municipios de Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Ciudad Mante, y la Potosina con los municipios de Tamuín, Ébano y Ciudad Valles, y el gran número de comunidades aledañas, debiendo mencionar que está es vía de comunicación con los estados de la frontera y el vecino país del norte.
Es indiscutible que esta obra carretera tiene como propósito, mejorar e impulsar la actividad de la región norte, máxime que aquí se encuentra el asiento de compañías plataformeras, de garantizar el tránsito seguro de las personas, como la gran cantidad de estudiantes que a diario acuden a Tampico y Madero a realizar sus estudios, así como los transportes, el intercambio comercial de bienes y servicios reduciendo tiempos y costos, motivar y promover el crecimiento de las actividades económico productivas, de los ganaderos, agricultores, pescadores, empresarios y beneficiar a más de 450 mil habitantes.
Hoy lamentablemente, a pesar de haberse programado el proyecto desde el año 2005, esta obra no ha tenido avances significativos, manteniéndose inconclusa, generándose además problemas de vialidad, registrándose una gran cantidad de accidentes automovilísticos, derivado de las deterioradas condiciones en que se encuentra esta vía y del abandono de los tramos que presentan desniveles en las carpetas, la acumulación de materiales, así como la evidente falta de señalización.
De acuerdo a cifras de la Cuenta Pública Federal, sólo se ha ejecutado el 11.9 por ciento, de avance en la obra, con una inversión de casi 114 millones de pesos, hasta el año 2008, representando el 26 por ciento del total de la inversión programada para el proyecto, cuyo costo asciende a 440 millones de pesos.
Pese a ello se aprecia un retraso considerable de la obra, circunstancia que no sólo ha dejado de beneficiar a miles de habitantes de la región, sino que los ha venido afectando al limitar enormemente las actividades comerciales ya referidas.
Para realizar un cálculo general, a estas cifras habrán de sumarse, 106.3 millones de pesos, asignados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2009, y 35 millones de pesos más para el ejercicio del presente año.
El retraso de esta obra de infraestructura ha despertado importantes reclamos e inconformidades de los sectores social, comercial y agropecuario, de la población generalizada y de las autoridades municipales de la región de la Alta Huasteca, que han sido acogidos por el que esto suscribe, y que ante el clamor nos han obligado a exponerlos en esta soberanía, con la finalidad de encontrar una pronta y favorable solución a esta problemática, producto de la ineficiencia de la administración pública federal.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Cámara, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al Ejecutivo federal, para que instruya a la Secretaría de Hacienda y a Juan Francisco Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que se concluya de manera urgente el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, de los municipios de Pánuco, Tampico, y Ciudad Cuauhtémoc de la zona de la Huasteca, toda vez que desde el año 2005 a la fecha, se han estado asignado recursos para su construcción; asimismo, solicitarle al secretario de la Función Pública su intervención a fin de supervisar física y financieramente este proyecto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA SE PRONUNCIA CONTRA EL ALCALDE DE SAN JUAN DEL RÍO,
QUERÉTARO, POR ATENTAR CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, Y
PIDE LA INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR A EFECTO DE SOLICITAR LA RENUNCIA
DE AQUÉL Y EL CESE INMEDIATO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL, A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN GUERRERO CASTILLO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Agustín Guerrero Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial en la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios el hombre está condenado a la opresión.
Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios como por personas individuales que quieren imponer su ideología o valores personales, callando los otros.
La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo. Respetar la libertad de los demás a decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra.
El caso que hoy presentamos va en relación con un hecho que considerábamos ya estaba erradicado en el estado de Querétaro, en el que muchos periodistas fueron exiliados, arrestados, agredidos y amenazados por los gobiernos en turno.
Tras el reciente regreso del PRI al gobierno queretano, éste hizo gala de nuevos políticos, jóvenes y entusiastas con nuevas prácticas. El gobierno de José Eduardo Calzada Rivorosa se llenó la boca en su toma de protesta, arguyendo que a partir del nuevo gobierno que asumía el primero de octubre de 2009 sería grandes cambios y de grandes respetos hacia los derechos sociales.
Dijo entre otras muchas cosas que "no habrá persecución, pero tampoco encubrimiento; se requiere una sociedad que demande, aporte y participe. El respeto al estado de derecho será nuestra consigna invariable. Nadie podrá estar fuera de la legalidad. No se protegerán intereses personales o de grupo, ni se permitirán parcelas de impunidad. Nadie por encima de la ley. Promoveré una relación cordial y respetuosa con los medios de comunicación".
Sin embargo, en el municipio de San Juan del Río, donde gobierna uno de esos alcaldes jóvenes que llegaron junto con él, se dio un retroceso de 20 años a la democracia, al ser secuestrado por más de tres horas, golpeado, amenazado y aun perseguido e intimidado en su persona y su familia, el periodista Armando Guerra Vázquez por el secretario de Seguridad Pública del municipio en cuestión, Raúl Ordóñez López, por instrucciones del mismo alcalde y por supuestamente haber repartido panfletos en contra del munícipe.
Ante estos hechos, fue presentada ya una denuncia penal –SJR2/119/2010– ante el Ministerio Público de la localidad y se han iniciado procedimientos paralelos ante distintas instancias nacionales para ser tratado el asunto con suma responsabilidad en un hecho sin precedentes en la historia de San Juan del Río y pidiendo justicia y derecho al periodista.
Las estadísticas no mienten: en el primer trimestre de 2009, en México, se registraron 65 agresiones contra periodistas, es decir, 73 por ciento del total de las documentadas en 2008. El 70 por ciento de los agresores son funcionarios públicos.
En los primeros tres meses de 2009 se documentaron 65 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, lo que representa 51 por ciento más de las registradas en el mismo periodo durante 2008, con 32 ataques a la libertad de expresión, de acuerdo con información del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Según el informe de agresiones a periodistas, compendio estadístico correspondiente a 2007-2009, elaborado por Cencos, en ese lapso hubo un incremento en el número de periodistas afectados. La mayoría de éstos pertenecen al gremio de la prensa escrita (74 por ciento). Además existe un mayor porcentaje de funcionarios involucrados en ellas (55 por ciento), lo cual evidencia un retroceso en la democracia mexicana.
La libertad de prensa hará acto de presencia si la democracia está presente, porque la prensa libre es uno de esos contrapesos que genera indefectiblemente la democracia verdadera.
Con base en todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía se pronuncia en contra de las acciones del presidente municipal de San Juan del Río, Querétaro, Gustavo Nieto Chávez, por atentar contra la libertad de expresión, así como agredir, secuestrar y amenazar al periodista Armando Guerra Vázquez.
Segundo. Se pide la intervención del gobernador de Querétaro para que en su demarcación nadie esté por encima de la ley y promueva efectivamente una relación cordial y respetuosa con los medios de comunicación, como lo prometió en su discurso de toma de protesta, y garantice los derechos humanos y sociales de los queretanos.
Tercero. Se pide la intervención del gobernador de Querétaro para que se garantice la seguridad personal y familiar del periodista Armando Guerra Vázquez, así como de su seguridad laboral, ya que debido al incidente mencionado fue despedido de su fuente de trabajo a petición del presidente municipal Gustavo Nieto.
Cuarto. Esta soberanía se pronuncia por pedir la intervención del gobernador de Querétaro para solicitar la renuncia del presidente municipal de San Juan del Río, Gustavo Nieto Chávez, así como también la separación inmediata del cargo del secretario de Seguridad Publica municipal, Raúl Ordóñez López, para que ambos funcionarios enfrenten los procesos legales interpuestos en su contra.
Palacio de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputado Agustín Guerrero Castillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SCT, A LA COFETEL Y A LA PROFECO A IMPLANTAR MEDIDAS DE
REVISIÓN Y DE CONTROL DE DIPSA, SA DE CV, RESPECTO A COBROS INDEBIDOS
Y A USO DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA, A CARGO DE LA DIPUTADA SOFÍA
CASTRO RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Sofía Castro Ríos, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La telefonía celular se ha convertido en una herramienta de comunicación indispensable para la nueva sociedad. De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), hay en el país alrededor de 80 millones de usuarios de telefonía celular, lo que representa que de cada 10 mexicanos, 8 utilizan esta modalidad en la comunicación, en cualquiera de sus servicios brindados.
El uso de telefonía no puede ser considerado un lujo, pues la realidad muestra que este tipo de servicio es cada vez más usado por los mexicanos, atendiendo necesidades básicas y actividades prioritarias de millones de familias y de empresas. Además, el desarrollo de las telecomunicaciones contribuye al impulso de la economía nacional y permite cerrar la brecha de desigualdad que tanto daña al país.
Radiomóvil Dipsa, SA de CV, que distribuye sus servicios con la marca Telcel, cuenta con poco más de 58 millones de usuarios y mantiene concesiones para operar en las 9 regiones de México, con lo que cubre más de 200 mil poblaciones del país.
Telcel se encuentra en la lista negra de los proveedores con más quejas y denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en los temas de cobros indebidos y utilización de publicidad engañosa o abusiva.
Telcel ofrece el servicio denominado "números frecuentes" o "números para llamadas ilimitadas" en sus diferentes modalidades, como prepago o "Amigo kit" y el de plan de renta mensual, llamado "Más por menos", incluye en sus servicios el registro de 3 a 10 números para llamadas ilimitadas, el cual consiste en realizar llamadas gratuitas a los números convenidos o dados de alta en el sistema de esa empresa hasta por 5 minutos. Para usuarios de estos planes ofrece el servicio "Llamadas gratis antes del minuto 5", a cuyo amparo pueden hacerse llamadas gratuitas siempre que no se excedan en los minutos. Sabiendo esto, lo lógico es cortar la llamada al minuto 4:30, por ejemplo, y remarcar para reanudar el conteo y así sucesivamente. El asunto es que al realizar el pago por el servicio, se encuentra uno con la sorpresa de que para la empresa se contabilizó como 6 minutos.
De esa forma, para los que terminamos las llamadas en el minuto 4:30 o 4:40 pensando que estamos en el margen de tiempo, es todo lo contrario: se nos cargan los segundos que se tarda la otra persona en contestar, más los segundos que el sistema toma en cortar la llamada. De tal manera, esas fracciones e insignificantes segundos nos llevan fácilmente a rebasar el límite de los 5 minutos, lo cual se traduce en un robo, ya que si te excedes aunque sea por 1 segundo te aplican la tarifa de 1 minuto adicional. El fraude consiste en que hay un doble cronómetro: el de la empresa y el del usuario. Este hecho es responsabilidad del prestador del servicio, no del usuario, a quien deben garantizarse los 5 minutos de conversación efectiva.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, tiene entre sus atribuciones regular, promover y supervisar a través de la Cofetel el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones.
La Profeco, en atención de la Ley Federal de Protección al Consumidor, debe promover y proteger los derechos del consumidor, así como procurar y representar sus intereses, para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Asimismo, debe vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios y requerir a los proveedores o a las autoridades competentes que tomen medidas adecuadas a efecto de combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores.
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a implantar medidas de revisión y control a la empresa Radiomóvil Dipsa, SA de CV (Telcel), a fin de solucionar las quejas y denuncias impuestas por sus usuarios por cobros indebidos y utilización de publicidad engañosa o abusiva, así como a detener y evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2010.
Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DE CHIAPAS QUE AUDITE
EL MUNICIPIO LAS ROSAS; Y A LA ASF, QUE VERIFIQUE LA CORRECTA APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS OTORGADOS EN EL RAMO 33 POR LOS EJERCICIOS FISCALES DE
2008 Y 2009, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Considerandos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, define al municipio como "la base de de la división territorial y de su organización política y administrativa". En la fracción I señala que "cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal, el numero de regidores y síndicos que la ley determine". De lo que se desprende que el ayuntamiento es un órgano colegiado de gobierno, el cual deberá llevar a cabo aquellas acciones que repercutan de manera directa e indirecta en beneficio de las comunidades a las cuales sirven; toda aquella acción de la administración municipal que implica el manejo de recursos públicos deberá ser aprobada por la mayoría de sus miembros en sesiones de cabildo; lo anterior es establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas que, en el articulo 33, les da el carácter de asambleas deliberantes ; de igual manera, el artículo 34 señala que "el cabildo es la forma de reunión del ayuntamiento donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas; sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o solemnes, según el caso, y serán publicas, con excepción de aquellas que a su juicio deban ser privadas, cumpliendo con los requisitos y formalidades que señale esta ley y su reglamento interior".
El pasado 10 de octubre de 2007, el Instituto Electoral de Chiapas otorgó constancia de mayoría y validez de elección a la planilla registrada por el partido político Coalición, Por el Bien de los Chiapanecos, para ejercer el gobierno municipal durante el periodo 2008-2010 en el municipio de Las Rosas, Chiapas, ello después haberse celebrado los comicios correspondientes en la entidad chiapaneca para la renovación de los ayuntamientos. Sin embargo, al poco tiempo de asumir el cargo el presidente municipal empezó a pasar por alto a la mayoría de los integrantes del ayuntamiento en las decisiones de gobierno, dejando a un lado la legislación establecida, negándose a convocar a sesiones del cabildo, como la propia ley orgánica en el artículo 34, párrafo segundo, lo establece y que a la letra dice lo siguiente: "Los ayuntamientos celebrarán una sesión ordinaria cada semana en el día que acuerde el cabildo, y las extraordinarias que sean necesarias a juicio del presidente municipal o de cuatro o más munícipes, ajustándose en ambos casos a lo que establezca el reglamento interior".
Los actos del presidente municipal han ido desde la remoción de funcionarios municipales nombrados al inicio de la administración con la aprobación de los demás integrantes del ayuntamiento, hasta el manejo del erario municipal de manera poco transparente (solicitando a la institución bancaria en la que se encuentra la cuenta mancomunada del municipio la anulación de la firma de la sindico municipal), negándose sistemáticamente a informar sobre el uso que se les ha estado dando a estos recursos, los cuales son utilizados de acuerdo al criterio del propio alcalde.
En situaciones en las que se presume abuso de autoridad y mal manejo de los recursos, como es el probable caso del presidente municipal de Las Rosas, Chiapas, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas señala en el articulo 69, párrafo segundo, dentro del Titulo Noveno que "los presidentes municipales sólo serán responsables por violaciones graves a la Constitución General de la República, a la del estado y a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos".
La Secretaría de Gobierno y el Congreso del estado conocen de lo sucedido en Las Rosas, Chiapas, estas instancias han buscado tender puentes de acercamiento con el presidente municipal, pero los resultados de estas reuniones no han logrado evitar la confrontación que se ha originado al interior de la administración municipal y, más aún, que esta se manifieste en determinados sectores de la población, en detrimento de la pacifica convivencia de los ciudadanos de este municipio.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita al Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Chiapas que lleve a cabo una auditoria al municipio de Las Rosas, Chiapas;
Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de Fiscalización de la Federación, con pleno respeto a su autonomía, que verifique la correcta aplicación de los recursos públicos otorgados por la federación dentro del ramo 33, en los ejercicios fiscales correspondientes a 2008 y a 2009.
Tercero. Se mantenga informada a esta honorable Cámara de Diputados sobre los puntos anteriores.
Dado en el Palacio Legislativo, a 30 de marzo de 2010.
Diputado Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica)