• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud

• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

• De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud

• De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

• De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

• De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia Morlet Novales, Myriam Melania Renaat Tollenier, Karla Paniagua Ramírez, Isaac Esau Palacios de la Peña, Adriana María Guereca García, Juan Antonio Vega Lara y Angélica María Barrera Morales para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, de Bélgica y de la República de Chile en México; y en los Consulados del primero en Monterrey, Nuevo León, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rodrigo López Barreiro, Antonio José Cobacho Montilla, Arturo Pacheco Díaz, Yanel Alba Barragán y Julynna Vivaldo Fosado para prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, de Japón y del Reino de Marruecos en México

• De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Economía a escuchar la opinión de los sectores productivos del campo mexicano antes de negociar el tratado de libre comercio con Brasil

• De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que promueva la producción, la venta y el uso de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente

• De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo para que se revise la clasificación tarifaria de la energía eléctrica de uso residencial

• De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a poner en marcha medidas para controlar las inundaciones en Tabasco

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados extiende un reconocimiento a los mexicanos galardonados con el Premio Ambiental Goldman

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir una norma oficial mexicana o adicionar a una existente el requerimiento sobre la homologación de cargadores en teléfonos celulares

• De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Semarnat que informe sobre los resolutivos de la evaluación del impacto ambiental y la regulación de la explotación minera a cielo abierto

• De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público a informar sobre la viabilidad de reducir el peaje para las motocicletas en las autopistas nacionales, de acuerdo con las bases de regulación de las tarifas respectivas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 6 de noviembre de 2009, la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuso la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud.

2. Esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La iniciativa con proyecto de decreto tiene como objetivo fundamental establecer que las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyen y fomenten actividades que promuevan una alimentación equilibrada baja en grasas y azúcares que permitan un desarrollo sano del núcleo familiar y la obligatoriedad de practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico para prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad.

Asimismo, que las autoridades sanitarias procuraren que los alimentos proporcionados en las escuelas tengan un mayor aporte nutrimental, evitando los alimentos procesados altos en grasas y azúcares simples.

III. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Tercera. La Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, adoptada por la Asamblea de la Salud en 2004, describe las acciones necesarias para apoyar la adopción de dietas saludables y una actividad física regular. La estrategia pide a todas las partes interesadas que actúen a nivel mundial, regional y local, y tiene por objetivo lograr una reducción significativa de la prevalencia de las enfermedades crónicas y de sus factores de riesgo comunes, y en particular de las dietas poco saludables y de la inactividad física.

Cuarta. La labor de la OMS en materia de dieta y actividad física es parte del marco general de prevención y control de las enfermedades crónicas que tiene el Departamento de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, cuyos objetivos estratégicos consisten en fomentar la promoción de la salud y la prevención y control de las enfermedades crónicas; promover la salud, especialmente entre las poblaciones pobres y desfavorecidas; frenar e invertir las tendencias desfavorables de los factores de riesgo comunes de las enfermedades crónicas, y prevenir las muertes prematuras y las discapacidades evitables debidas a las principales enfermedades crónicas.

Esta labor es complementada por el Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo, cuyos objetivos estratégicos consisten en fomentar el consumo de dietas saludables y mejorar el estado nutricional de la población a lo largo de toda la vida, especialmente entre los más vulnerables, para lo cual proporciona apoyo a los países para que elaboren y apliquen programas y políticas nacionales intersectoriales de alimentación y nutrición que permitan hacer frente a la doble carga de enfermedades relacionadas con la nutrición y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Quinta. En México, la obesidad infantil se ha convertido en un problema social y una preocupación pública, ya que en la actualidad la Secretaría de Educación Pública determinó que el 30 por ciento de la población infantil sufre sobrepeso y obesidad. Es decir, uno de cada diez niños es obeso al llegar a los 10 años, por lo que uno menos con esta enfermedad tiene más probabilidades de presentar un mayor número de enfermedades a diferencia de los infantes delgados.

Sexta. El problema no radica en el exceso de peso que tiene el infante, sino en las enfermedades crónicas que puede presentar a largo plazo. Las enfermedades pueden ser cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, ciertos tipos de cáncer y problemas en las vías respiratorias.

Octava. La obesidad infantil contribuye a engrosar las cifras de mortalidad por estas enfermedades a la edad adulta.

Un gran porcentaje de niños que tienen exceso de peso tiene una respiración trastornada por el sueño, la cual se refleja en problemas conductuales, hiperactividad y dificultad para permanecer despierto en la escuela.

Novena. En los últimos 20 años, la obesidad infantil en México se triplicó, por lo que es necesario que autoridades sanitarias, educativas y laborales de ámbitos estatales y federales lleven a cabo acciones responsables de la educación de los menores, que produzcan verdaderos cambios en el modelo de vida, tales como mayor actividad física y mejores hábitos alimenticios.

Décima. Los integrantes de esta Comisión coinciden y apoyan la moción de la diputada promovente la cual considera necesario e indispensable realizar una campaña de prevención, tratamiento y control de esa enfermedad como la obesidad, ya sea por medio de folletos, campañas permanentes programas y actividades de educación o sistemas permanentes de vigilancia y pláticas de orientación médica especializadas y gratuitas, destacando la importancia del cuidado de la salud, que se fomente el interés y bienestar social de todos los mexicanos, principalmente de los menores de edad, sin distingo de clase social; que se encauce a todos los mexicanos, con independencia de los niveles socioculturales y económicos, pues las enfermedades no hacen distingos.

Décima Primera. Asimismo se coincide respecto a que es necesario dotar a la Secretaría de Salud con las facultades precisas para prestar servicios básicos de salud a la población mexicana que presenta claros síntomas de sobrepeso y obesidad, así como para fortalecer los programas de educación y de nutrición que tiene por objeto promover hábitos de alimentación adecuados para cada individuo y, ante todo, para establecer programas y llevar a cabo actividades cuyo propósito sea prevenir, tratar de modo adecuado y controlar la obesidad en el país.

Los integrantes de esta comisión consideran viable la propuesta realizada por la diputada.

Por las consideraciones anteriormente expuestas los integrantes de la Comisión de Salud de la LXI Legislatura someten a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 65, fracción II; 66, primer párrafo, y se adiciona una fracción III, recorriéndose en su orden las demás fracciones, al artículo 66 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 65. …

…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Salud

Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

A la Comisión de Salud fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de las diputadas Martha Angélica Tagle Martínez, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Maricela Contreras Julián y Lorena Martínez Rodríguez, de diversos partidos, todas integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con fecha 24 de abril de 2008, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, por las diputadas Martha Angélica Tagle Martínez, de Convergencia; Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, de Alternativa Socialdemócrata y Campesina; Maricela Contreras Julián, del PRD; y Lorena Martínez Rodríguez, del PRI.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa mencionada a la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, para estudio y posterior dictamen.

I. Contenido

Como manifiestan en su exposición de motivos las promoventes, por las especificidades de las características especiales exclusión y discriminación de las personas con discapacidad, en la actualidad y a partir de los tratados internacionales se busca en gran parte del mundo establecer y hacer efectivos los derechos que consagran la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, a fin de proteger su vida e integrarlos plenamente a la sociedad en equidad y circunstancias.

Por lo tanto, a razón de los promoventes, se debe generar un marco jurídico nacional que incorpore plenamente el derecho internacional a sus preceptos a fin de garantizar y hacer exigibles los derechos humanos, económicos y sociales.

Con la participación de México en la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, se está ante un avance que podría cambiar el tópico de cómo se conciben tradicionalmente los derechos de las personas con discapacidad.

En este orden de ideas, las personas con discapacidad, en seguimiento del artículo 25 de la convención antes citada tiene el derecho a ceder al más alto nivel posible de salud sin discriminación, debido a su condición, y deberá gozar de la misma gama, calidad y nivel de servicios de salud gratuitos o asequibles con calidez y eficiencia que se proporcionan a otras personas o buscar los servicios de salud que necesiten debido a su discapacidad.

Es así que el confinamiento o internamiento involuntario para el tratamiento de las personas con discapacidad intelectual puede ser contraproducente, ya que las priva del derecho a la libertad y lesiona su dignidad, más aún porque no ha violado ley alguna. Dicen las proponentes que esta práctica, por su carácter discriminatorio debe abolirse, garantizándoles a estas personas, desde su espíritu del legislador y la interpretación de las leyes, en pleno goce de todos sus derechos humanos.

Un aspecto más a considerar en la exposición de motivos de la propuesta y que es trascendente para las personas en esta situación, se refiere a la figura del consentimiento informado sobre el tratamiento a realizar para recuperar su salud mental y los criterios en que se basa; desde luego, tiene derecho a recibirlo de manera completa, objetiva, detallada, justa y verdadera sobre los riesgos conocidos, subyacentes y predecibles sobre los peligros del tratamiento que se propone y, en su caso, de los beneficios comprobados científicamente. Al mismo tiempo, se debe garantizar su derecho a la información sobre otros tratamientos alternativos. En este proceso permitirá que el paciente, cliente o receptor de los tratamientos de salud mental o el tutor ejercite un juicio libre e independiente sopesado en forma razonable sobre los posibles riesgos existentes en comparación con los posibles beneficios.

Mencionan las proponentes que las personas con discapacidad intelectual, en su calidad de pacientes, tienen el derecho de no estar bajo el efecto de medicamentos durante el procedimiento legal, mediante el cual se determine su confinamiento o internamiento involuntario, para facilitar el estado de interdicción o similar y durante cualquier entrevista con su abogado persona de confianza o representante en cualquier juicio.

Por estos motivos considerar prudente reformar y adicionar los artículos 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley General de Salud.

III. Consideraciones

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Los trastornos mentales aquejan a un gran número de personas. Son el contenido de una de las materias que conforman la salubridad general, según lo estipulado en el artículo 3 fracción VIII. Asimismo, el artículo 27 de la ley señala en su fracción VI, que es para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a la salud mental.

Los gastos en servicios de salud y sociales y la pérdida de producción debida a las altas tasas de desempleo entre las personas con trastornos mentales y sus familias, son algunos de los costos más evidentes y mensurables de éstos padecimientos. Sin embargo, resultan menos evidentes los costos financieros, la reducción de la calidad de vida y la atención emocional padecidos por los pacientes y sus familias al someter a aquél a un tratamiento.

Para efectos del dictamen de la presente iniciativa de reforma, es importante tomar en cuenta que se deben garantizar los derechos humanos, las libertades fundamentales y los derechos generales de las personas bajo el principio que todas las personas tienen derecho a una atención disponible e integral de alta calidad en materia de salud mental. Es decir, quienes padezcan una enfermedad mental, o que estén siendo atendidas por esa causa, serán tratadas con respeto a la dignidad inherente de la persona humana en el marco de la doctrina de los derechos humanos.

Resulta relevante abordar el tema, a casi 10 años de publicado el reporte "Derechos Humanos y Salud Mental en México", por parte de la organización Mental Disability Rights Internacional, y cuyo objetivo fue documentar el estado de los derechos humanos en el sistema de salud mental de México y ofrecer recomendaciones en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos.

A lo largo de las casi 150 páginas que conforman el documento, los especialistas de Mental Disability Rights Internacional atestiguan una serie de graves violaciones a los derechos de las personas que son tratadas en instituciones destinadas al tratamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento. Las observaciones de los expertos resultan escandalosas: A lo largo del país existen establecimientos destinados a la atención de personas con trastornos mentales, que no cumplen con un mínimo de estándar de calidad y salvaguardan de la dignidad de dignidad de dichas personas. Entre las faltas más documentadas se encuentran las irregularidades en los internamientos en estos establecimientos; condiciones de vida indignas para muchas de las personas que ahí se encuentran; la falta de atención profesional; la ausencia de una representación que vea por los intereses de estas personas, restricciones innecesarias impuestas a muchos de los pacientes; medicación con psicotrópicos en muchos casos innecesaria; y a muchas otras que son expuestas y que muestran la falta de atención de las autoridades en este rubro.

Entre las recomendaciones formuladas por los especialistas de Mental Disability Rights, se pone un especial énfasis en las siguientes:

Por otra parte, la comunidad internacional ya tiene tiempo en haber puesto atención a este tema. Así, por ejemplo, en el año de 1971 fue emitida la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental por parte de la Organización de las Naciones Unidas, documento vanguardista en la materia, que establece los derechos básicos que son detentados por toda persona que posee este tipo de trastornos.

En 1990, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, convocaron a una Conferencia sobre la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina dentro de los Sistemas Locales de Salud, la cual desembocó en la adopción de la Declaración de Caracas.

El documento mencionado, parte del hecho de que el hospital psiquiátrico convencional, como única modalidad existencial para personas que padecen trastornos mentales y del comportamiento, crea condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos humanos y civiles del enfermo. En este tenor, en la Declaración 4 del documento, los países participantes (entre los que se incluyó México) establecieron lo siguiente:

Que la Declaración de Caracas consideró que el mejoramiento de la atención era posible por medio de la superación del modelo asistencial basado en el hospital psiquiátrico y su reemplazo por alternativas comunitarias de atención, y por acciones de salvaguarda de los derechos humanos e inclusión social de personas afectadas por trastornos mentales.

Como se puede observar, los documentos emitidos y avalados por las entidades internacionales de mayor importancia en la materia, ponen un especial énfasis a la protección de los derechos fundamentales de las personas con trastornos mentales, lo que obliga a que en nuestro carácter de legisladores atendamos el tema.

Con todo, es generalmente aceptado que el documento de mayor importancia en esta materia es el emitido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 46/119, del 17 de diciembre de 1991, y denominado "Principios para la protección de los enfermos mentales y del mejoramiento de la atención de la salud mental"

El anterior documento funge como una carta de derechos de las personas que padecen trastornos mentales y del comportamiento. Estos principios han servido de estándar para la actividad regulatoria sobre esta materia en todo el mundo, siendo que fue preceptuado por estos principios sobre los que se fundaron las observaciones realizadas en el estudio "Derechos Humanos y Salud Mental en México", ya abordado con anterioridad.

Es importante destacar que, por las características de los documentos mencionados con anterioridad, ninguno de ellos resulta vinculatorio para los países signatarios, pues se tratan de principios y declaraciones que por su propia naturaleza están destinados únicamente a servir como directrices para la toma de decisiones de las autoridades de cada estado. En este sentido, ninguna de las reglas ahí establecidas son obligatorias para nuestras autoridades, lo que hace aún más necesario la adopción de lo ahí dispuesto para tener un marco regulatorio que en efecto obligue a las autoridades a actuar en respeto a los derechos de las personas con trastornos, así como garantizar a estas los medios para defenderlos.

También hay que aclarar que ya se han hecho importantes esfuerzos para dotar a este campo de la regulación requerida. Fue así que en 1995 se publicó la NOM-025SSA2-1994, titulada "Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica". Aunque esta forma oficial retorna muchas de las reglas contenidas en los Principios de la ONU, parece inadecuado que la normatividad sobre derechos catalogados como fundamentales se encuentre en un cuerpo regulatorio de naturaleza terciaria como lo es una norma oficial, y no en el cuerpo legislativo que regula el derecho a la protección a la salud, que no es otro más que la Ley General de Salud.

En suma, la iniciativa de las diputadas, proponentes presta atención a un tema que ha sido olvidado por la legislación mexicana. Sin embargo, los diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que el decreto propuesto en la iniciativa en estudio es perfectible, y las aportaciones que pueden hacérsele las encontramos básicamente en el documento de Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas.

Así, de aprobarse en lo general la iniciativa en estudio, mientras que en lo particular es de proponerse las siguientes adecuaciones al texto del decreto:

Se establece que todo internamiento involuntario deberá ser notificado y podrá ser revisado por la autoridad judicial, con lo que se concede participación a la única autoridad que puede decidir la privación de la libertad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido se estípula que la decisión judicial deberá estar basada en un dictamen pericial, a fin de dotar a la resolución de fundamento científico requerido en estos casos.

Por último en lo que respecta a este artículo, se establece la participación de las comisiones de derechos humanos en la supervisión de los establecimientos dedicados a la atención de personas con trastornos mentales y de comportamiento, lo que es muy importante dada la especial condición de vulnerabilidad en la que se encuentran los pacientes de estos establecimientos.

i) Se reforma el artículo 77, a fin de incluir el término custodia, una figura prevista en la legislación civil y que también puede aparecer en esta materia.

j) Por último, se adiciona un párrafo al artículo 77, con lo que se pretende que la autoridad sea cuidadosa, con el internamiento en menores de edad, así como proteger a estos señalando que su tratamiento deberá ser en un establecimiento o área específicamente destinada al cuidado y atención de los menores

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXI Legislatura ponen a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman los artículos 72, 73, 74, 75, 76 y 77; y se adiciona un artículo 74 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 72. La prevención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con la salud mental.

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

Será involuntario el internamiento, cuando por encontrarse la persona impedida para solicitarlo por sí misma, por incapacidad transitoria o permanente, sea solicitado por un familiar, tutor, representante legal o, a falta de los anteriores, otra persona interesada, que en caso de urgencia solicite el servicio y siempre que exista la intervención de un médico calificado, que determine la existencia de un trastorno mental y del comportamiento y que debido a dicho trastorno existe un peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros.

La decisión de internar a una persona deberá ser notificada a su representante, así como a la autoridad judicial.

El internamiento involuntario será revisado por la autoridad judicial a petición de la persona internada o de su representante. La resolución de la autoridad judicial deberá estar fundada en dictamen pericial y, en caso de que se resuelva la terminación del internamiento, deberá establecer un plazo para que se ejecute la misma. En todo caso, durante dicho procedimiento deberá garantizarse la defensa de los intereses de la persona internada.

Las autoridades sanitarias deberán coordinarse con los organismos públicos de protección a los derechos humanos para que los establecimientos dedicados a la atención y tratamiento de las personas con trastornos mentales y del comportamiento sean supervisados continuamente, a fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas internadas.

Artículo 76. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para que se preste atención a las personas con trastornos mentales y del comportamiento que se encuentran en reclusorios o en otras instituciones no especializadas en salud mental.

A estos efectos, se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda.

Artículo 77. Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los responsables de su guarda o custodia, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de un trastorno mental y del comportamiento.

A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento.

En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y del comportamiento, y que se requiera el internamiento del menor, deberá respetarse lo dispuesto por el artículo 75 de esta ley y dicho internamiento deberá efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a la atención de menores. De igual manera, se deberán tomar las medidas necesarias a fin de proteger los derechos que consigna la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría contará con un plazo de 180 días naturales para emitir las disposiciones administrativas necesarias para la aplicación de este decreto.

La Comisión de Salud

Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales, secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 327 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso, e) y f), de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 27 de octubre de 2009, los senadores Francisco Arroyo Vieyra, Ernesto Saro Boardman y Lázaro Mazón Alonso presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud;

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la Republica dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 1 de diciembre de 2009, la Mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados turno la minuta a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la minuta

La minuta tiene como espíritu permitir la industrialización del plasma, tejido musculo esquelético, cutáneo, vascular y de la membrana amniótica con fines de investigación, preventivo, de diagnostico o terapéutico. Establecer que la Secretaría de Salud (Ssa) determinará de manera exclusiva las disposiciones jurídicas aplicables para regular los procesos de industrialización y las actividades inherentes a estos, observando los principios de equidad, seguridad y procuración del beneficio para la salud pública.

Así también, tiene por objeto precisar que el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Salud, promoverá las políticas públicas conducentes para la instalación en territorio nacional de establecimientos dedicados a la industrialización de los componentes humanos anteriormente citados.

III. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Tercera. Dicho tema es de gran relevancia para México, porque se refiere a un tema con un gran impacto social, extendido a corto, mediano y largo plazo, con efectos positivos para la convivencia social, así como para el sano desarrollo y bienestar físico y mental del ser humano.

Cuarta. Los integrantes de esta comisión consideramos que si bien es cierto que se debe impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud, también es cierto que es necesario traducir esa permisión en el marco general que rige todas y cada una de las acciones encaminadas a proteger la salud.

Quinta. Cada día existen mayores números de casos de personas que requieren de la donación y/o trasplante, así se sabe, que en el año 2006, el número de trasplantes realizados disminuyó considerablemente, debido a que no existen órganos, células y/o tejidos, y donantes suficientes, por lo que es fundamental que la aprobación del presente dictamen se vea como lo más adecuado dada la falta de cultura y cuidados de las personas, debiendo además considerar, que la propia OMS ha respaldado a través de los estudios científicos realizados, los también señalan que existen los avances sanitarios y legales para que se lleve a cabo dicha actividad. Tomando en cuenta de la misma forma, que la necesidad es significativa, pero la oferta es baja, por lo que la importancia radica no solo en el fortalecimiento de la cultura de la donación, sino de la industrialización de los tejidos músculo esquelético, cutáneo, vascular y membrana amniótica, así como el plasma residual, con fines terapéuticos, de diagnóstico, preventivo o de investigación, para de esa forma satisfacer la demanda de la necesidad de nuevas y mejores avances científicos y tecnológicos que representan la solución a graves enfermedades o padecimientos que existe en la actualidad.

Sexta. Consideramos adecuado y necesario que exista el correcto ordenamiento que permita la obtención de derivados de los tejidos y plasma residual mencionados en el párrafo anterior, facultando a la Secretaría de Salud a emitir la exacta observancia para regular los procesos de industrialización y las actividades inherentes de los mismos, así como la promoción de la accesibilidad a los derivados del plasma y de los tejidos industrializados en condiciones de equidad y procurando el más amplio de los beneficios para la salud pública en nuestro país.

Por todo lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de Salud someten a la consideración de la honorable asamblea, para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 327 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos con fines terapéuticos, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.

Los tejidos músculo esquelético, cutáneo, vascular, membrana amniótica y otros, así como el plasma residual, podrán destinarse a procesos de industrialización para obtener derivados e insumos de éstos, con fines de investigación, preventivo, de diagnóstico o terapéuticos.

La Secretaría establecerá las disposiciones jurídicas aplicables para regular los procesos de industrialización y las actividades inherentes a los mismos, así como para promover la accesibilidad a los derivados de plasma y de los tejidos industrializados, en condiciones de equidad, seguridad y procurando beneficio para la salud pública.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, promoverá las políticas públicas conducentes a efecto de que se instalen en territorio nacional establecimientos en los que se lleve a cabo el proceso de industrialización del plasma residual y de los tejidos a los que se refiere el artículo 327 de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud

Diputados: Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina, Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Laura Piña Olmedo, Leticia Quezada Contreras (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio, análisis y elaboración del dictamen respectivo, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Esta comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, fracción I, y 45, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículos 89 fracción X establece que, en la conducción de la política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará como uno de sus principios normativos el de la cooperación internacional para el desarrollo.

La Carta de Naciones Unidas en su artículo 1 establece que uno de los propósitos de la organización es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario. En rigor, la cooperación internacional aunada a las tareas de seguridad colectiva y de desarrollo económico y social constituye el tercer pilar de convivencia de las Naciones Unidas.

El Capitulo IX de la Carta sobre la Cooperación Internacional Económica y Social establece el compromiso de los miembros de tomar medidas conjuntas o separadamente, en cooperación con la organización, para la promoción de: a) niveles de vida más levados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b) la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c) el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.

Desde la creación, en 1961, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se le empezó a dar a la cooperación internacional un alcance amplio en el sentido de que integraba no sólo, las transferencias de recursos técnicos y financieros bajo el concepto de donaciones, sino que además, incluía la transferencia de recursos bajo el concepto de inversión extranjera directa y préstamos internacionales.

México se reconoce como un país donante y receptor de recursos de cooperación internacional para el desarrollo, con capacidad de triangular recursos internacionales para la cooperación a favor de terceros países. Así nuestro país establece un mecanismo para aprovechar su calidad de décimo contribuyente en la Organización de Naciones Unidas y como uno de los mayores aportadores de fondos a los organismos especializados que realizan por mandato actividades de cooperación y asistencia técnica en sus respectivas áreas de competencia.

Asimismo, muchos países han creado órganos y mecanismos específicos para llevar adelante la práctica de la cooperación internacional para el desarrollo. Tales son los casos de las agencias de cooperación internacional, con frecuencia identificadas sólo por sus siglas: USAID (Estados Unidos de América), JICA (Japón), GTZ (Alemania), SIDA (Suecia), CIDA (Canadá), EACID (España) DANINA (Dinamarca), ABC (Brasil) y AGCI (CHILE), para citar algunos ejemplos. Estas naciones han convertido la Cooperación Internacional en una política estratégica de Estado, alrededor de las cual se han establecido estructuras jurídicas y administrativas.

Por otra parte, México participa como observador en el Comité de Asistencia al Desarrollo, DAC; por sus siglas en inglés, de la OCDE junto con otros siete países Corea, Hungría, Islandia, República Checa, República Eslovaca, Polonia y Turquía. Es el principal órgano de la OCDE, que se encarga de las cuestiones relacionadas con la cooperación con los países en desarrollo y los países en transición, basado principalmente en la presentación de informes de sus miembros. México es el único de los países que tienen calidad de observadores del DAC que no cuenta con una agencia de cooperación internacional, además de carecer de una estructura que le permita contabilizar la cooperación que recibe o que otorga.

En el marco del derecho internacional, incluyendo las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social y de las declaraciones de las conferencias mundiales, se reconoce que la agenda de cooperación internacional trasciende el carácter asistencialista de la ayuda para entenderla como un mecanismo necesario para la construcción de estrategias que responden a las realidades de la globalización y a las necesidades del desarrollo.

La cooperación internacional debe verse como una tarea de los Estados para contribuir a la reducción de las desigualdades económicas y sociales entre las naciones y apoyar las políticas nacionales de desarrollo para disminuir las brechas internas de esos países.

El respeto al principio de apropiación, entendido como el apoyo al desarrollo de las capacidades de los receptores nacionales o extranjeros para la definición y la aplicación de sus estrategias de desarrollo por medio de procesos consultivos conforme a la Declaración de París, refiere a la capacidad de los países receptores de cooperación para ejercer una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo, estrategias y coordinación de acciones de desarrollo.

Esto se traduce en el ejercicio de un liderazgo en el desarrollo e implementación de sus propias estrategias de desarrollo nacional, en hacer operativos sus programas nacionales y marcos de cooperación, basado en un principio de respeto, en el que los donantes se comprometan a establecerse como socios y ayudar al reforzamiento de las capacidades.

Los principios de libre asociación así como la libertad de expresión de los actores de la cooperación internacional nacionales e internacionales de acuerdos y convenios internacionales firmados como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) en el que se establece la libertad de flujos de inversión y de asociación con fines lucrativos o no lucrativos son elementos que fortalecen la cooperación internacional para el desarrollo de los países en desarrollo.

Todo lo anterior conlleva a señalar que los principios de política exterior: la autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo de México y la lucha por la paz y la seguridad internacionales establecidos en el artículo 89, fracción X, de la Constitución, deberían ser señalados explícitamente los principios de la cooperación internacional para el desarrollo.

Este mandato constitucional adquiere una dimensión estratégica, vinculada a los esfuerzos nacionales por ampliar el horizonte de la cooperación internacional a favor tanto de progreso integral de la sociedad mexicana, como en la promoción de nuestros legítimos intereses en nuestras relaciones internacionales, ante la oportunidad y los retos que se desprenden de la inserción de México en la dinámica mundial.

En consecuencia, se requiere restablecer un marco adecuado de certeza jurídica, institucional, administrativa y operativa para las dependencias y entidades nacionales involucradas en los proyectos de cooperación internacional de México, con el fin de obtener el mayor impacto posible sobre el desarrollo de nuestro país y el fortalecimiento de la solidaridad y la seguridad internacionales.

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo se propone subsanar una de las mayores lagunas en el marco legal de las relaciones de nuestro país con respecto al exterior y a fortalecer el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la coordinación de las acciones en el exterior de las entidades y dependencias del gobierno federal.

La promulgación de una Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo brindará la oportunidad de articular, en un marco jurídico único, los instrumentos y mecanismos que permitan diseñar, sistematizar, orientar, promover, consolidar y administrar la cooperación cultural, educativa, científica, técnica y económico-financiera que lleva adelante nuestro país en sus dos vertientes, como donante y receptor de la misma.

Las acciones de cooperación y ayuda de México a otras naciones se orientarán a respaldar la consecución de idénticos objetivos en los países y regiones de menor desarrollo relativo, consignados como prioritarios en la definición de nuestra política exterior.

Conviene comentar que la plena institucionalización de la cooperación internacional abre la posibilidad de llevar adelante proyectos de manera asociada con países desarrollados para apoyar a terceros; tales han sido los casos de la asociación con Alemania, Canadá, Japón, para auxiliar a países centroamericanos en diversos programas.

A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde conducir la política exterior, así como promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal en el exterior, sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas le corresponde. Con la finalidad de conducir las acciones del gobierno federal de manera coordinada y evitar la dispersión de esfuerzos que caracteriza actualmente a la cooperación internacional para el desarrollo, se considera necesario que la ley propuesta formalice la existencia de un órgano desconcentrado de la propia Secretaría para coordinar los esfuerzos de cooperación internacional en los ámbitos cultural, educativo, científico, técnico y económico-financiero.

El ente coordinador de la política de cooperación del Estado mexicano debe de contar con las atribuciones necesarias para garantizar una mejor sintonía de todos los agentes de la cooperación involucrados en los mecanismos bilaterales y multilaterales de colaboración internacional.

Cada vez existe una mayor sensibilidad y conciencia en la sociedad e instituciones mexicanas sobre la importancia de la cooperación internacional como un instrumento de apoyo a nuestro desarrollo y como un mecanismo eficaz para la orientación de la política exterior. Se reconoce la relación entre los problemas globales y particulares de cada nación, así como la necesidad de unir esfuerzos con otros países para encontrar soluciones a problemas de preocupación común.

La construcción de la política de cooperación internacional requiere la participación de todos los actores en el proceso cooperativo para establecer un acuerdo básico en torno a ella, que deberá reflejarse en esta ley, a fin de conducir de manera eficaz y coherente los distintos esfuerzos que realiza nuestro país al respecto. En este sentido resulta esencial la contribución y respaldo del Congreso de la Unión en la definición del marco normativo y el diseño de las líneas estratégicas de la política de la Cooperación Internacional de México.

El Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo que debe ser elaborado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, en cumplimiento de la Ley de Planeación, permitirá contar con un instrumento que ordene los propósitos de corto y mediano plazo en esta materia.

En el orden interno, la ley estimulará la corresponsabilidad de los distintos actores de la cooperación internacional, al establecer un marco regulatorio claro y preciso que otorgue certidumbre a proyectos con impacto en la elevación del bienestar de la sociedad mexicana y de las sociedades da las que se dirija nuestra cooperación. Al mismo tiempo, la ley deberá propiciar instrumentos de coordinación y programación para lograr la utilización racional de los recursos humanos, financieros y materiales, tanto nacionales como internacionales, involucrados en la cooperación internacional para el desarrollo.

Otros aspectos fundamentales en esta ley son los relativos al tratamiento programático específico para la cooperación internacional en el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la conformación del Fondo Mexicano de Cooperación Internacional. Dicho fondo servirá como instrumento de apoyo complementario a los recursos financieros y bienes que se destinen a la cooperación internacional por parte del gobierno federal.

Finalmente, es necesario que la sociedad mexicana cuente con la información relativa a las acciones de cooperación internacional que México lleve adelante, tanto para identificar el destino de los recursos públicos aplicados a ella, generando una actitud de participación y colaboración en estas tareas, como para lograr el mejor aprovechamiento posible de las oportunidades que surgen de las ofertas de cooperación de países con mayor desarrollo en aspectos específicos. La otra cara de este aspecto corresponde a la responsabilidad del Gobierno y del Estado mexicano, de hacer vales sus aportes a la cooperación internacional en sus relaciones internacionales.

Contenido de la minuta

La minuta que se dictamina señala en su exposición de motivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, fracción X, establece que en la conducción de la política exterior el titular del Poder Ejecutivo observará como uno de sus principios rectores el de la cooperación internacional para el desarrollo.

Asimismo, señala, que la cooperación internacional es una práctica que forma parte integral de la política exterior de la mayoría de los países del mundo, ya sea en calidad de donantes netos como en el caso de las naciones más desarrolladas, las cuales la utilizan como herramienta para ejercer influencia, o en calidad de receptores netos como ocurre con las naciones en vías de desarrollo para las cuales la cooperación constituye un factor de apoyo a sus procesos de desarrollo.

Uno de los objetivos de la minuta, es establecer un marco adecuado de certeza jurídica, institucional, administrativa y operativa para las múltiples dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno que ya se encuentran involucradas en acciones de cooperación con el exterior, a fin de que actúen en este ámbito de manera coherente y coordinada, con el propósito de obtener el mayor impacto posible sobre el desarrollo de nuestro país y contribuir al fortalecimiento de la solidaridad internacional.

Asimismo, plantea la formalización de un órgano desconcentrado de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo la denominación de Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), responsable de coordinar los esfuerzos institucionales en esta materia.

Conviene señalar que en el cuerpo de la ley propuesta se establece como función de la Amexcid el registro y divulgación del conjunto de acciones de cooperación internacional que realiza México, con el propósito de contar con una visión integral de sus importantes dimensiones y de darlas a conocer a nuestra sociedad.

Para brindar un marco adecuado a los esfuerzos que se realicen en este ámbito, la minuta prevé la formulación del Programa Sectorial de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en cumplimiento de la Ley de Planeación, a fin de contar con una visión prospectiva en este campo de las relaciones con el exterior.

Finalmente, la minuta establece los mecanismos para el manejo y rendición de cuentas a cerca de los recursos de carácter financiero que se destinen a la cooperación internacional por parte del gobierno federal.

Consideraciones

La comisión dictaminadora hace suyos los motivos expresados en la minuta, toda vez que de los principios de política exterior contenidos en la fracción X del artículos 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el único que requiere de una ley secundaria es el relativo a la cooperación internacional para el desarrollo.

Los legisladores responsables del dictamen han juzgado que el contenido de la ley propuesta coincide de manera plena con las definiciones aceptadas internacionalmente en esta materia, entendiendo la cooperación internacional para el desarrollo como el conjunto de actuaciones solidarias de carácter internacional orientas al intercambio de experiencias y recursos entre países con diferentes o iguales niveles de desarrollo para alcanzar metas comunes basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y corresponsabilidad.

Para la comisión dictaminadora queda claro que el fin primordial de la cooperación para el desarrollo, que lleve a cabo de México, deberá ser la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico, y cultural; y en fin, la búsqueda de la sostenibilidad y la protección de medio ambiente.

Para la comisión dictaminadora la cooperación internacional constituye una prioridad estratégica tanto para el desarrollo como para la política exterior de México.

La minuta analizada contiene una propuesta integral, que abarca:

La comisión dictaminadora estima relevante señalar que de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se solicito dictaminar el impacto presupuestal de la presente ley al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el cual estableció que no existe dicho impacto, toda vez que en el texto de la Ley queda claro que los recursos necesarios para la conformación y operación inicial de la Amexcid deberán otorgarse mediante la reasignación de recursos de todo tipo que se destinan actualmente a las tareas de cooperación internacional en la estructura y presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En lo particular, la comisión dictaminadora ha realizado cambios a la minuta, con objeto de mejorar el texto de la propuesta de ley para determinar sus alcances y aplicación, siendo estas las siguientes:

Decreto por el que se expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo Único. Se expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Título Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público y observancia general en todo el territorio nacional, y se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico del principio normativo de la política exterior relativo a la cooperación internacional para el desarrollo, plasmado en la fracción X del artículo 89 constitucional, en lo concerniente a la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación Internacional para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países, organismos internacionales, para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias, educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras.

Las acciones de cooperación internacional para el desarrollo, como instrumento de política exterior que lleve a cabo el gobierno mexicano, tanto en su carácter de donante como de receptor, deberán tener como propósito esencial promover el desarrollo humano sustentable, mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo; así como a la búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, así como el fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los principios de solidaridad internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento del Estado de derecho, equidad de género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas y los criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad.

Artículo 2. Las disposiciones de esta ley establecen los lineamientos jurídicos para:

Título Segundo
De los Instrumentos para la Cooperación Internacional para el Desarrollo

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 6. Son instrumentos para la Cooperación Internacional, los siguientes:

Artículo 7. Se crea la Amexcid como un organismo desconcentrado de la Secretaría, en los términos de su reglamento interior, con atribuciones especificas para resolver sobre las materias que se señalan en la presente Ley y las demás disposiciones relativas.

Artículo 8. La Amexcid contará con autonomía técnica y de gestión, en los términos de esta ley y de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría, y dispondrá de los recursos materiales y humanos aprobados en términos de las disposiciones aplicables, así como de los recursos financieros conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

Artículo 9. La Amexcid tendrá la estructura administrativa y operativa que prevea el Reglamento Interior de la Secretaría.

Artículo 10. La Amexcid tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 12. La Amexcid, con apoyo en los datos del Registro Nacional, deberá desarrollar una metodología para contabilizar el total de los recursos humanos, financieros y técnicos que el conjunto de los actores mexicanos de la cooperación internacional del sector público destinan a este propósito.

Artículo 13. Es responsabilidad de la Amexcid que su personal se mantenga actualizado en relación con las mejores prácticas en materia de cooperación internacional, desarrolladas, adoptadas y aplicadas por agencias de cooperación de terceros países y por organismos multilaterales especializados en la materia.

Capítulo III
De las Autoridades de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 14. La dirección y administración de la Amexcid corresponden a:

Capítulo IV
Del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 15. El Consejo Consultivo de la Amexcid será responsable de contribuir a la formulación del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, o su equivalente y de la política pública en esta materia, cuya definición es responsabilidad de la Secretaría. El Consejo Consultivo estará integrado por un representante de cada una las Secretarías y entidades que se mencionan a continuación, quienes tendrán derecho a voz y voto:

Los integrantes propietarios del Consejo Consultivo deberán contar con sus respectivos suplentes, los cuales habrán de tener el nivel jerárquico inmediato inferior y contarán con las mismas facultades que los propietarios en caso de ausencia de éstos.

El Consejo podrá solicitar a su presidente invitar a representantes de los Gobiernos de las entidades federativas y municipios, que no estuvieran representados en el Consejo, así como de los sectores privado, social y académico, quienes participarán con derecho a voz.

Artículo 16. Corresponde al Consejo Consultivo de la Amexcid:

Artículo 17. Los acuerdos en el seno del Consejo Consultivo se tomarán por mayoría simple; en caso de empate, el Presidente del mismo tendrá voto de calidad.

Capítulo V
Del Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 18. Al frente de la Amexcid habrá un Director Ejecutivo, quien será propuesto por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, analizado por el Consejo Consultivo y designado por el titular del Poder Ejecutivo federal.

Artículo 19. El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:

Capítulo VI
Del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 22. Las políticas y mecanismos de ejecución de la Cooperación Internacional estarán establecidos en el Programa correspondiente, o en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 23. El Programa es la base para la planeación y ejecución de las acciones de cooperación internacional, así como de las estrategias de recepción, transferencia e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias en materia educativa, cultural, técnica, científica, económica y financiera.

Artículo 24. El Programa deberá considerar los siguientes aspectos:

El Senado de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales en materia de política exterior, podrá formular observaciones al Programa.

Por su parte, la Cámara de Diputados podrá realizar observaciones al Programa, con base en lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley.

Título Tercero
Del Registro de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

Capítulo I
Del Registro Nacional de la Cooperación Internacional

Artículo 27. Se crea el Registro Nacional de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, como una función de la Amexcid, que estará bajo su responsabilidad directa, sujeto a las disposiciones que al efecto prevea el Reglamento Interior de la Secretaría.

Artículo 28. En el Registro Nacional se inscribirán:

Capítulo II
Del Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 30. Con base en la información inscrita en el Registro Nacional, la Amexcid creará, organizará, administrará y mantendrá actualizado, como una de sus funciones, el Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, estableciendo un banco de información que permita identificar la concurrencia y, en su caso, la duplicidad de esfuerzos, así como las posibles iniciativas contradictorias de cooperación internacional que impulsen el gobierno federal y el resto de los actores nacionales a los que se refiere el artículo 3 de esta ley que intervengan en esta actividad.

La información inscrita en el Registro Nacional será pública y estará sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 31. Toda persona tendrá derecho a que la Amexcid ponga a su disposición la información puntual que solicite sobre la cooperación internacional para el desarrollo, en los términos previstos por las leyes.

Artículo 32. La Amexcid, bajo la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, diseñará y pondrá en práctica una política de divulgación de los resultados e impacto de las acciones de cooperación internacional destinada a formar opinión pública sobre este tema, destacando los beneficios de diversa índole, incluidos los de desarrollo y de promoción internacional que México deriva como receptor y oferente de la cooperación internacional.

Artículo 33. Las instancias e instituciones otorgantes o beneficiarias de las acciones de cooperación internacional estarán obligadas a colaborar con la Amexcid en la organización y actualización del sistema de información, mediante la presentación anual de informes sobre los acuerdos interinstitucionales que celebren en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

Título Cuarto
Del Financiamiento de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 34. Las acciones de cooperación internacional se financiarán con asignaciones presupuestales federales aprobadas por la Cámara de Diputados, así como con aportaciones financieras y en especie de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, y con aportaciones financieras y en especie de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios.

Capítulo I
Del Fondo Nacional y otros Fondos de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 35. El Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo se integrará con las asignaciones presupuestales federales para Programas de Cooperación Internacional, en el marco del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y por las aportaciones enunciadas en el artículo 34 de este ordenamiento.

Artículo 36. Los recursos del Fondo tendrán como destino la consecución de los objetivos a que se refiere el artículo 1 de esta ley, para sufragar entre otros, los siguientes costos:

Artículo 38. El Fondo Nacional de Cooperación Internacional se administrará mediante un fideicomiso constituido conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, considerando que la cooperación internacional constituye una prioridad estratégica tanto para el desarrollo como para la política exterior de México.

Artículo 39. El Comité Técnico y de Administración del fideicomiso estará integrado por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Amexcid y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por tres representantes del Consejo Consultivo, de los cuales uno tendrá que ser miembro del Poder Legislativo.

Artículo 40. La Amexcid podrá promover la constitución de fondos de cooperación internacional para la ejecución de acciones específicas. Los recursos de estos fondos se administrarán mediante fideicomisos especiales, constituidos conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los Comités Técnicos y de Administración de estos fideicomisos se integrarán con funcionarios de la Amexcid, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las instituciones u organismos que participen en los proyectos a los cuales se asignarán los fondos. En todos los casos los representantes de las dependencias y entidades del Ejecutivo federal serán mayoría.

Artículo 41. Los bienes donados a favor de las entidades federativas y los municipios, invariablemente se incorporarán al patrimonio del Estado o de los municipios.

Artículo 42. La Amexcid, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública un informe anual sobre los recursos financieros recibidos y aplicados directamente por la propia Agencia.

Artículo 43. Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública intervendrán, en el marco de sus respectivas competencias, para evaluar y fiscalizar la gestión de los flujos financieros realizados directamente por la Amexcid y por los fideicomisos creados en los términos establecidos en esta ley.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los diez días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo a que se refiere la presente Ley, deberá constituirse dentro de los 120 días siguientes a su entrada en vigor, mediante la reasignación de los recursos de todo tipo que se destinan actualmente a las tareas de cooperación internacional en la estructura y presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta ley y en razón de su competencia, corresponda ejecutar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Tercero. El Programa a que se refiere la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, deberá ser integrado al Plan Nacional de Desarrollo dentro de los 120 días que sigan a la constitución de la Amexcid.

Artículo Cuarto. El Registro Nacional deberá ser instituido, como una función de la Amexcid, dentro de los 180 días siguientes a la constitución del órgano desconcentrado.

Artículo Quinto. El Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo a que se refiere la presente Ley, deberá constituirse dentro de los 120 días siguientes a la constitución de la Amexcid, integrando como recursos semilla aquellos que ya forman parte del presupuesto, tales como el Fondo Mexicano para la Cooperación con Centroamérica y el Caribe, el Programa de Acciones Estratégicas de México con el Caribe, el Programa de Cooperación entre México e Iberoamérica y el Fondo 22 México-OEA, así como los recursos de contraparte de los proyectos de cooperación acordados con la Unión Europea y varios países pertenecientes a la OCDE.

Artículo Sexto. La Secretaría de Relaciones Exteriores será la autoridad competente para la aplicación e interpretación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; en tal virtud, dentro de los 180 días siguientes a la aprobación de la Ley en la materia, propondrá al Ejecutivo federal la adecuación del Reglamento Interior que la rige, a fin de incluir a la Amexcid como órgano desconcentrado y señalar las atribuciones que esta ley le confiere.

Artículo Séptimo. La Secretaría de Relaciones Exteriores, una vez publicada la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación, le destinará a la Amexcid recursos presupuestales que le hayan sido asignados en el ejercicio fiscal en curso, a fin de iniciar sus trabajos en el tiempo señalado en este capítulo.

Artículo Octavo. El personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores que, en aplicación de esta ley pase a la Amexcid, incluido el perteneciente al Servicio Exterior Mexicano, en ninguna forma resultará afectado en los derechos que haya adquirido en virtud de su relación laboral con la administración pública federal.

Artículo Noveno. Si alguna unidad administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores pasa a formar parte de la Amexcid, el traspaso se hará incluyendo al personal a su servicio, mobiliario, archivo y, en general, el equipo que la dependencia haya utilizado para la atención de los asuntos a su cargo.

La Comisión de Relaciones Exteriores

Diputados: Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), José Luis Jaime Correa (rúbrica), Caritina Sáenz Vargas (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Jesús Ramírez Rangel (rúbrica), Omar Rodríguez Cisneros, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Luis Éric Rubio Barthell (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Olivia Guillén Padilla (rúbrica), María Dina Soto Herrera, Tereso Medina Ramírez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior, con fundamento en los artículos 57, 60, 62 y 63, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículo 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 60, 62 y 63, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el martes 2 de febrero de 2010, los ciudadanos secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. El antecedente histórico de la minuta de referencia es el siguiente:

Primera. Que de conformidad con el numeral 3° del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial.

Segunda. Que la minuta de referencia en resumen propone lo siguiente:

No obstante, la comisión estima correcto aclarar que no es ajena al debate respecto de la fracción XXVII del artículo 213, que se propone en la minuta que se dictamina, y que versa sobre si dicha norma limita el legítimo derecho de defensa al considerar como infracción el que se presenten denuncias por violaciones a los derechos tutelados en la Ley de Propiedad Industrial, que ya hubiesen sido declarados inexistentes en procedimientos firmes anteriores; sin embargo, una vez que se examina la redacción de la reforma se aprecia que el supuesto para que se materialice ésta nueva infracción administrativa, es necesario que se trate de la "misma infracción", es decir, que los elementos de la acción en ambos procedimientos sean idénticos.

En otras palabras, lo que se está sancionando al incluirse la infracción a que se refiere la fracción XXVII del artículo 213, es el uso abusivo de la acción, pues es lógico que se sancione a quien inicia procedimientos cuyos elementos ya han sido juzgados en procedimientos anteriores.

Quinta. En virtud de lo anterior, esta Comisión se manifiesta por aprobar la minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial, y remitir en su momento al Ejecutivo, para los efectos de la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial

Artículo Único. Se reforman los artículos 12, fracción IV; 41, fracción II; 47, fracción I, primer párrafo; 59, fracción VI; 188; 199 Bis 1, tercer párrafo y se adicionan un segundo párrafo a la fracción X del artículo 6o; un artículo 52 Bis; un cuarto y quinto párrafos al artículo 199 Bis 1 y una fracción XXVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

El instituto podrá, cuando así lo estime conveniente, considerar dicha información como documentos de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma. El Instituto dará vista al solicitante de los datos y documentos aportados para que, de considerarlo procedente, exponga por escrito los argumentos que a su derecho convengan.

La presentación de información no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiera presentado el carácter de interesado, tercero o parte, y, en su caso, procederá el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 78 de esta ley.

Artículo 59. …

Artículo 199 Bis 1. …

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de marzo 2010.

La Comisión de Economía

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino, Narcedalia Ramírez Pineda, Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Roberto Borge Angulo, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), María Matilde Díaz de León Macías (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo (rúbrica), Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Carlos Torres Piña, José M. Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES II Y VII, Y 33, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas con proyecto de decreto por las que se expiden la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 72 y 73 fracción XXIX-O de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de las Iniciativas de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

I. Antecedentes

1. Con fecha 6 de septiembre de 2001, el Diputado Federal Miguel Barbosa Huerta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Protección de Datos Personales.

2. Esa misma fecha, el 6 de septiembre de 2001, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa señalada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

3. Con fecha 12 de enero de 2005, el Diputado Federal Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

4. En esa misma fecha, el 12 de enero de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa señalada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

5. Con fecha 23 de febrero de 2006, el Diputado Federal David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

6. En esa misma fecha, el 23 de febrero de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa señalada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

7. Con fecha 22 de marzo de 2006, la Diputada Federal Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

8. En esa misma fecha, el 22 de marzo de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa señalada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

9. Con fecha 4 de noviembre de 2008, el Diputado Federal Luis Gustavo Parra Noriega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

10. En esa misma fecha, el 4 de noviembre de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa señalada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión.

11. El 3 de marzo de 2009, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, emitió opinión del impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, considerando que la misma genera un impacto presupuestario en razón de que se propone la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal llamado "Comisión Nacional de Protección de Datos Personales", en la que se contempla la creación de una estructura orgánica integrada por cuatro comisionados, un Comisionado Presidente, una secretaría ejecutiva, una Secretaría Técnica del pleno, una Secretaría de Acuerdos y el titular del órgano interno de control por lo que la Comisión mencionada, con base a en la valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, concluye que la iniciativa presentada por el diputado Luis Gustavo Parra Noriega, sí implica un impacto presupuestario aproximado para el primer año de 261.8 millones de pesos.

12. Con fecha 11 de diciembre del año 2008, el Diputado Federal Adolfo Mota Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

13. Esa misma fecha, el 11 de diciembre de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Iniciativa citada en el numeral anterior, fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión.

14. La iniciativa del Diputado Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la del Diputado Jesús Martínez Álvarez,del Grupo Parlamentario de Convergencia, pretenden regular la protección de los datos personales en posesión de entes públicos y en Posesión de los Particulares, razón por la cual se mencionan como antecedente, pero por ser de una naturaleza distinta a la del presente documento no forman parte de las consideraciones ni son dictaminadas, razón por la cual se deja para ser dictaminada en el momento oportuno. De igual manera, la iniciativa de la Diputada Federal Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la cual fue presentada el día 2 de febrero del presente año, que coincide en contenido con las anteriores, no forma parte del dictamen, pues en opinión de los integrantes de este órgano legislativo, estas propuestas deben estar sujetas a un tratamiento distinto.

15. Con fecha 18 de marzo del año 2010, los miembros de esta Comisión de Gobernación, discutieron y aprobaron el presente dictamen.

II. Contenido de las iniciativas

1. Iniciativa del Diputado Miguel Barbosa Huerta, que contiene el proyecto de decreto que expide la Ley de Protección de Datos Personales.

Tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados. Opt In, Prohibición de flujo transfronterizo de datos personales, registro de bases de datos.

Afirma el Diputado proponente que: "el derecho a la privacidad es uno de los derechos humanos esenciales que dan contenido y substancia a la dignidad humana".

Continua el proponente afirmando que: "El derecho a la intimidad se manifiesta así, como la facultad que tiene cada persona de disponer de su esfera, reducto infranqueable de libertad individual, el cual no puede ser invadido por terceros, ya sean particulares o el propio Estado. El reconocimiento y salvaguarda de este derecho presuponen, pues, las condiciones mínimas indispensables para que el ser humano pueda desarrollar su individualidad en inteligencia y libertad". [...]

Es aplicable a los datos de las personas jurídicas. Establece la obligación de inscribir archivos, registros y bancos de datos destinados a proporcionar informes en el Registro que al efecto habilite el Instituto -un órgano dentro del IFAI con tres comisionados - encargado de controlar, organizar, estructurar, evaluar y vigilar la protección de los datos personales, así como a los responsables de los mismos.

La acción de protección de los datos personales instituyendo que los titulares podrán ejercerla, para conocer los datos personales almacenados, así como la finalidad de aquellos y para solicitar la rectificación, supresión, confidencialidad o actualización de los datos personales en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentre prohibido.

Sostiene el proponente que: "La protección de datos es, desde la perspectiva de la Ley Fundamental, una condición previa de la estructura democrática del país, por lo que los derechos de los gobernados plasmadas en la Constitución requieren, además ser detalladas en un ordenamiento jurídico, de ciertas normas que cimienten la situación de éstos frente a la autoridad, ante la eventualidad de un uso impropio del poder".

Continua: "En cuanto a la protección de la persona no desconocemos que existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados, así como la salvaguarda de la seguridad y privacidad de las comunicaciones".

3. Iniciativa del Diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Esta propuesta complementa la iniciativa de la diputada Sheyla Fabiola Aragón, además pretende regular las conductas de terceros en relación con los datos personales de los individuos, permitiendo a éstos, el derecho inalienable de decidir cómo proveer y controlar el acceso y uso de su información personal.

Deja en el ámbito de los particulares, persona física o moral, la responsabilidad del tratamiento de datos personales, éstos serán los que atenderán en primera instancia la solicitud de los titulares para tramitar la rectificación, actualización o cancelación de sus datos, quienes tendrán derecho a acudir en segunda instancia al Instituto.

Sostiene el proponente de la iniciativa bajo estudio que: "Diversos gobiernos alrededor del mundo y en el marco de los organismos internacionales han reconocido que la protección de datos personales es un derecho fundamental".

Por lo que respecta a sus objetivos dice el proponente: "La presente iniciativa no pretende como otras aproximaciones al tema, regular los datos como un objeto o bien que pueda ser sujeto a reglamentación. La iniciativa pretende regular las conductas de terceros en relación con los datos personales de los individuos, permitiendo a éstos, el derecho inalienable de decidir como proveer y controlar el acceso y uso de su información personal".

Para la elaboración de esta iniciativa se consultaron como referencia distintos documentos internacionales, regionales y nacionales, relativos a la protección de los datos personales. Sin embargo, su diseño busca como característica fundamental, respetar la libertad de decisión del individuo.

Afirma que: "Esta iniciativa, entiende la realidad de nuestro país y busca que nuestra legislación sea compatible con las prácticas empresariales de nuestros principales socios comerciales. Hacerlo de otra forma no ayudará al importante objetivo del crecimiento y desarrollo de México, en un momento toral de nuestra historia".

4. Iniciativa de la Diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

La iniciativa propone una regulación más estricta respecto de los datos sensibles sobre los meros datos de identificación. Se prevé la distinción elemental entre fines primarios y fines secundarios de uso de la información. En el desarrollo de la Ley propuesta, los usos secundarios están necesariamente más regulados y exigen, en términos generales, una mayor acción positiva por parte de los responsables de la información para su manejo. La orientación de la iniciativa se concentra, preponderantemente, en la regulación de conductas -el tratamiento de datos personales-, y de ninguna manera versa sobre el registro o regulación de bases de datos como tales. Conforme a las premisas básicas de OCDE y APEC, se establece la obligación de toda entidad de proporcionar un Aviso de Privacidad. En todos los eventos, se reconoce a las personas con su prerrogativa de manifestar su voluntad contraria al uso subsecuente que se haga de su información, independientemente de la causa que hubiera dado origen a la recolección o uso originales (opt out).

Sostiene en una parte inicial que: "En los últimos años, hemos visto el incremento de la tendencia de la regulación de la protección de la privacidad de la información. No es un hecho extraño, dado que la privacidad de los individuos es desde luego un derecho humano fundamental de la mayor importancia. No es posible concebir un estado de bienestar personal y, en consecuencia, de bien común en la sociedad en general sin la protección y salvaguarda adecuada de los derechos fundamentales del ser humano".

Así mismo afirma: "La privacidad de las personas abarca, naturalmente, la de la información que las identifica, o que versa sobre sus características o preferencias. En términos generales, estos datos son los que suelen llamarse ‘personales’, pues por su propia definición y naturaleza corresponden e identifican a su titular".

Las iniciativas objeto de estos comentarios coinciden en un aspecto sustantivo, pretender normar la protección de los datos personales en posesión de los particulares, de conformidad con la atribución otorgada por el Poder Revisor de la Constitución, en el artículo 73, fracción XXIX-O, de nuestra Norma Máxima, a este órgano legislativo federal. En este sentido, es decisión de los miembros de esta Comisión Dictaminadora, integrarlas y dictaminarlas de manera conjunta.

5. Iniciativa del Diputado Gustavo Parra Noriega, que tiene por objeto la protección de los datos personales contenidos en bases de datos en posesión de los particulares, con la finalidad de garantizar el derecho al honor, imagen y vida privada de las personas.

Afirma el Diputado Parra Noriega en la parte expositiva de su iniciativa que: "El respeto a la dignidad de la persona constituye la base fundamental de la protección de datos personales, en cuanto a que se refiere a una expresión de su vida privada, toda vez que este derecho se basa en el poder de disposición de los datos por su titular, y de decidir, en la mayoría de los casos, a quienes y bajo qué condiciones los entrega; lo anterior implica que la persona que tenga a su cargo el tratamiento de datos personales, los debe utilizar con estricto respeto a los derechos del interesado".

Por otra parte, el Diputado Parra Noriega advierte que el uso indebido de los datos personales "puede tener consecuencias graves para una persona que pueden ir desde la provocación de actos de molestia al titular de los datos, consistente en el envío ilimitado de información no solicitada; pasando por actos de discriminación, toda vez que mediante el cruce de información de una persona, se puede configurar un perfil respecto de sus gustos, creencias, afinidades o que decir de su estado de salud o mental, que pueden influir negativamente al momento de solicitar se le proporcione un servicio o adquiera un bien; hasta la comisión de delitos graves como el secuestro o el robo de identidad. El uso perverso de la información puede crear problemas muy serios que han convertido a la persona en un ser vulnerable que vive con la amenaza latente de ser observado en forma permanente".

Respecto de la estructura normativa de la iniciativa del Diputado Parra Noriega, que se analiza y dictamina por parte de esta Comisión de Gobernación, el legislador presenta una iniciativa conformada por 58 artículos referidos en siete capítulos con cinco artículos transitorios.

En tal tesitura, la exposición de motivos destaca como aspectos importantes del proyecto en cuestión los siguientes:

En este sentido, el Diputado Mota Hernández reconoce en la Exposición de Motivos de su iniciativa que: "En el contexto actual de globalización que ha presentado avances impresionantes en la tecnificación de instrumentos y mecanismos de procesamiento de datos de toda índole, la protección de la privacidad de los datos personales se ha convertido en un tema de la mayor importancia que inevitablemente requiere de nuestra atención".

Bajo tal tesitura, continúa exponiendo en su iniciativa el Diputado Mota Hernández lo siguiente: "Sin embargo, también encontramos como una realidad ineludible que los datos personales son necesarios para una infinidad de operaciones comerciales o de muy diversas índoles en beneficio de sus titulares y, en general, del comercio y la economía nacional. Incluso, en ocasiones la existencia de estos es el habilitador para industrias enteras, como las de algunos modelos de tercerización de servicios o los llamados centros de contacto. Es decir, no es posible que las múltiples relaciones que se esbozan entre las personas, que incluso se dan entre una jurisdicción y otra, puedan llevarse a cabo sin diversos grados de manifestación y uso de los datos personales".

Respecto del desarrollo normativo de la iniciativa del Diputado Adolfo Mota Hernández, que se analiza y dictamina por parte de esta Comisión de Gobernación, ésta se encuentra integrada por 48 artículos divididos en dos títulos y con cuatro artículos transitorios.

En este contexto, la exposición de motivos del Diputado Mota Hernández, destaca como aspectos importantes los siguientes:

Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, de la LXI Legislatura, que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

III. Consideraciones

A) Valoración de las iniciativas.

Los miembros de esta Comisión Dictaminadora, coinciden en que el surgimiento del derecho fundamental a la protección de los datos personales, se genera como consecuencia, de la natural evolución de la sociedad.

En efecto, John Rawls señala que una sociedad puede definirse como una asociación más o menos autosuficiente de personas que reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias en sus relaciones y que en su mayoría actúan de acuerdo con ellas. En ese sentido, la sociedad se caracteriza típicamente tanto por un conflicto como por una identidad de intereses. Esta doble faceta en la caracterización de la sociedad surge debido a que, si bien es cierto que la cooperación social hace posible para todos una vida mejor de la que cada uno tendría viviendo en el aislamiento, también lo es que las personas no son indiferentes respecto a cómo han de distribuirse los mayores beneficios producidos por la colaboración.¹

Sin duda, a lo largo de los estadios por los que ha pasado la historia de la humanidad, ésta se ha agrupado y gobernado bajo regímenes normativos muy diversos, creando importantes cuerpos normativos;² no obstante lo cual, hasta antes del siglo XVIII no era posible aludir a la existencia de un conjunto de valores (listado de derechos) respecto de los cuales se tuviera la certeza histórica que el ser humano compartía en común. En ese sentido, la Ilustración señala el momento a partir del cual dio inicio la evolución de las instituciones que han forjado al Estado Moderno, entre cuyos productos se encuentran las declaraciones de derechos y las constituciones políticas.

Con las ideas de la Ilustración comenzó una revolución normativa irreversible de la que derivarían, 200 años más tarde, instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se contiene en "germen" la síntesis de un movimiento dialéctico que comenzó con la universalidad abstracta de los derechos naturales, pasó por la particularidad concreta de los derechos positivos nacionales y terminó con la universalidad ya no abstracta sino concreta de los derechos positivos universales, dando inicio a un largo proceso cuya realización última no podemos aún ver.³

Constata lo anterior, la existencia de las distintas fases por las que han pasado los derechos humanos. En un primer tiempo se afirmaron los derechos de libertad, es decir, todos aquellos derechos que tienden a limitar el poder del Estado y a reservar al individuo o a grupos particulares una esfera de libertad frente al mismo. En un segundo momento se proclamaron los derechos políticos al concebirse la libertad no sólo como el "no impedimento", sino positivamente como autonomía, teniendo por consecuencia una participación cada vez más amplia, difundida y frecuente de los miembros de una comunidad por el poder político (es decir, libertad dentro del Estado). Por último, se reconocieron los derechos sociales, que expresan la maduración de nuevas exigencias, de nuevos valores, como los de bienestar e igualdad no solamente formal; derechos a los que se podría llamar libertad a través o por medio del Estado.⁴

El siglo XXI comienza con un despliegue tecnológico trascendental. No puede concebirse más la vida de los seres humanos ni su interacción, sin el uso de tecnologías. Dicha expansión conlleva el intercambio de flujos de información incluida la relativa a las personas. Ahora es posible, a través de distintos medios, acceder a la información de millones de seres humanos y sus actividades en cualquier parte del planeta. Sin embargo, frente al terreno ganado en materia de libertad de información y expresión, se ha irrumpido silenciosamente en el ámbito de lo privado, ya que la sencilla obtención de cualquier tipo de dato sobre una persona física posibilita la generación de perfiles sobre ella y la afectación de la esfera de sus derechos y libertades.

Los avances tecnológicos repercuten generalmente de forma positiva en la calidad de vida del ser humano, mas sería ingenuo desconocer que también con ellos nacen nuevos conflictos e interrogantes a los que el Derecho debe dar respuesta. La tecnología no ha de permanecer ajena al Derecho ni, evidentemente, a la Constitución.

Por esa razón y desde hace décadas, cada vez más países aprueban nuevas leyes sobre privacidad o protección de datos,⁵ esto en atención al menor o mayor grado de importancia que a la privacidad se le asigne, ya que está ligada al pasado cultural e histórico de cada sociedad.⁶

Recientemente, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información ha hecho un llamamiento para pedir normas "mundiales" para la privacidad en el sentido siguiente: "Hacemos un llamamiento a todas las partes interesadas para garantizar el respeto a la privacidad y a la protección de información y datos personales, ya sea mediante la adopción de legislación, la aplicación de marcos de colaboración, mejores prácticas y medidas tecnológicas y de autorregulación por parte de empresas y usuarios".⁷

Por lo que se refiere al reconocimiento al derecho a la privacidad en el ámbito internacional, de la que el derecho a la protección de los datos personales es una expresión de la misma, han sido diversos los instrumentos internacionales que han reconocido su importancia; así, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (10 de diciembre de 1948),⁸ establece el derecho de la persona a no ser objeto de injerencias en su vida privada y familiar, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, gozando del derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

En el mismo sentido, el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos y las Libertades Fundamentales (14 de noviembre de 1950),⁹ reconoce el derecho de la persona al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio y correspondencia.

Por su parte, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966),¹⁰ señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

En el mismo tenor, la Convención Americana sobre derechos humanos (22 de noviembre de 1969)¹¹ en su artículo 11 apartado 2, establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

Ahora bien, los orígenes del derecho a la protección de los datos personales, en cuanto a derecho autónomo respecto de la privacidad y la intimidad, se ubican en Europa. Así, en 1967 se constituyó en el seno del Consejo de Europa una Comisión Consultiva para estudiar las tecnologías de información y su potencial agresividad hacia los derechos de las personas, especialmente en relación con su derecho a la intimidad. Como fruto de la Comisión Consultiva surgió la Resolución 509 de la Asamblea del Consejo de Europa sobre los "derechos humanos y nuevos logros científicos y técnicos".¹²

En un momento posterior, surgen diversas leyes nacionales, en 1977 era aprobada la Ley de Protección de Datos de la República Federal Alemana, mucho más ambiciosa que su predecesora del Land de Hesse; en 1978 corresponde el turno a Francia mediante la publicación de la Ley de Informática, Ficheros y Libertades, aún vigente. Otros países entre los que se emitió regulación en la materia son: Dinamarca, con las leyes sobre ficheros públicos y privados (1978); Austria, con la Ley de Protección de Datos (1978); y Luxemburgo, con la Ley sobre la utilización de datos en tratamientos informáticos (1979).¹³

Hacia la década de los años ochenta surgen los instrumentos normativos en los que se plasma un catálogo de derechos de los ciudadanos para hacer efectiva la protección de sus datos, así como las medidas de seguridad a observar por parte de los responsables de los ficheros. Es en esta década cuando desde el Consejo de Europa se dio un respaldo definitivo a la protección de la intimidad frente a la potencial agresividad de las tecnologías, siendo decisivo para ello la promulgación del convenio No. 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.¹⁴

El Convenio 108 sobre protección de datos personales (en adelante el Convenio 108) entró en vigor el 1 de octubre de 1985 y es creado con el propósito de garantizar a los ciudadanos de los estados contratantes, el respeto de sus derechos y libertades, en particular, el derecho a la vida privada frente a los tratamientos de datos personales, conciliando el respeto a ese derecho y la libre circulación de la información entre los estados.

De esta forma, el Convenio 108 constituye el primer instrumento de carácter vinculante para los Estados en el que se plasman los principios de la protección de los datos de carácter personal.

Hay que decir que el Convenio 108 no proporcionó la suficiente protección homogénea en materia de protección de datos que se había esperado. Esto debido esencialmente a la naturaleza del Convenio: El mismo a pesar de ser vinculante, establecía únicamente unos principios mínimos, permitiendo que posteriormente fueran los estados firmantes los que los desarrollaran.¹⁵

En este contexto, la Directiva 95/46/CE, sobre protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, fue aprobada con un doble objetivo: Por un lado, garantizar el derecho a la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular por lo que respecta al tratamiento de datos personales, ampliando los principios ya recogidos en otras normas internacionales y otorgando un mayor nivel de protección dentro de la Comunidad, sin disminuir el ya existente; y, por otro lado, impedir la restricción de la libre circulación de los datos personales en todos los estados miembros de la Unión Europea.¹⁶

El proyecto de Directiva 95/46 se inspira esencialmente en la doctrina constitucional alemana y en la ley francesa de 1978. Sin embargo, los trabajos se paralizan, dado que diversos estados consideran que no es posible la aprobación por parte de las instituciones comunitarias de una norma reguladora de un derecho fundamental de los ciudadanos, al no tener tal hecho cabida en las normas rectoras del Derecho Comunitario vigentes en ese momento.¹⁷

A partir de ese momento, los trabajos se centraron en la necesidad de adoptar un texto de Directiva 95/46 referido exclusivamente a la protección de datos de carácter personal como fundamento no a la protección de un derecho fundamental, sino la adopción de un marco comunitario que garantice la libre circulación de los datos de carácter personal, no pudiendo los estados miembros invocar el derecho a la protección de datos como justificación para impedir dicha libre circulación.¹⁸ La Directiva 95/46, finalmente, es aprobada el 24 de octubre de 1995.

Por su parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea fue aprobada por la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la ciudad de Niza el 7 de diciembre de 2000, reconociendo entre otras cuestiones, el derecho a la protección de datos con el carácter de fundamental en su artículo 8, cuestión que se retoma en el Tratado de Lisboa del año 2007.

De esta forma, a partir de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la protección de los datos de carácter personal se configura como un derecho fundamental y como un derecho autónomo del derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas.

Asimismo, en este recuento, no debe pasarse por alto, las recomendaciones que sobre la materia, ha emitido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en la que se contienen las "Directrices Relativas a la Protección de la Privacidad y Flujos Transfronterizos de Datos Personales", adoptada el 23 de septiembre de 1980 (Recomendaciones de la OCDE), constituye el primer instrumento en el ámbito supranacional que analiza a profundidad el derecho a la protección de datos de carácter personal.¹⁹

Su adopción se funda en la constatación, por parte del Consejo de la OCDE, de la inexistencia de uniformidad en la regulación de esta materia en los distintos Estados miembros, lo que dificultaba el flujo de los datos personales entre los mismos.²⁰

La primera parte de la Recomendación, establece las definiciones aplicables, la parte segunda establece los principios básicos aplicables al tratamiento de los datos personales, la tercera está dedicada a las transferencias internacionales de datos, la cuarta trata, en términos generales, sobre los medios de implantación de los principios básicos expuestos en las partes anteriores y la quinta tiene que ver con cuestiones de asistencia mutua entre los países miembros.

Son igual de importantes, los principios emitidos por el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). Uno de los grupos formados en este organismo, es el Grupo de Manejo del Comercio Electrónico (ECSG) establecido en febrero de 1999, y que dentro de sus principales actividades esta el desarrollo de legislaciones y políticas compatibles entre las economías en el campo de la Privacidad, para lo cual ha desarrollado los lineamientos generales en la materia con el fin de que los mismos sean contemplados y establecidos en los cuerpos legales correspondientes y con esto lograr un flujo de datos seguro y sin obstáculos.

Los principios desarrollados para el Marco de Privacidad de APEC se basan en las Recomendaciones de la OCDE. Estos principios tienen como fin los siguientes aspectos: Proteger la Privacidad de información personal; prevenir la creación de barreras innecesarias al flujo transfronterizo de datos; fomentar la uniformidad por parte de empresas multinacionales en los métodos utilizados para la recolección, uso y procesamiento de datos personales; fomentar los esfuerzos nacionales e internacionales para promover y hacer cumplir las disposiciones legales de protección de datos personales.

La protección de la privacidad está diseñada para prevenir a los individuos a efecto de que sus datos no se recolecten erróneamente o bien se haga un mal uso de ellos, estableciendo medidas de resarcimiento proporcionales, en los casos que así proceda. Entre los principios que se reconocen encontramos el de aviso, limitación de la recolección, el de integridad de la información personal y el de salvaguardias a la seguridad, entre otros.

En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, la Resolución 45/95 de de 14 de diciembre de 1990, contiene fundamentalmente una lista básica de principios en materia de protección de datos personales con un ámbito de aplicación mundial, entre otros, los de licitud, exactitud, finalidad, acceso y no discriminación.

Ubicándonos ahora en el ámbito nacional, tenemos que con fecha 11 de julio de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Ley Federal de Transparencia),²¹ la cual tiene por objeto regular el derecho a la información en una de sus vertientes, la del acceso a la información.

En este ordenamiento jurídico, los límites al derecho de acceso están señalados de manera expresa en los artículos 13 y 14 y en el artículo 18. Entre las hipótesis normativas previstas en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia, se establece que como información confidencial serán considerados los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos señalados en la misma.

Los datos personales se definen como aquella información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otras, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad.²²

Aunado a lo hasta ahora descrito, en el capítulo IV de la Ley Federal de Transparencia se establecen una serie de disposiciones dirigidas a garantizar el derecho a la protección de datos personales, tales como principios, derechos de los titulares de los datos, la existencia de un registro de protección de datos, así como las algunas reglas en torno a los procedimientos de acceso y corrección de datos personales.

Con posterioridad a la expedición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con fecha 20 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundamentalmente, con el objeto de homologar el derecho de acceso a la información pública gubernamental, en cualquier punto del territorio nacional y en los diversos órdenes de gobierno.

Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, de la Cámara de Diputados se señaló lo siguiente:

El reformado artículo 6, fracción II, establece como parte de los principios en materia de acceso, que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, de la Cámara de Diputados, en el apartado en el que se hace el análisis de la iniciativa, se indicó lo siguiente: "En ella se establece una segunda limitación al derecho de acceso a la información, misma que se refiere a la protección de la vida privada y de los datos personales. Esta información no puede estar sujeta al principio de publicidad, pues pondría en grave riesgo otro derecho fundamental, que es el de la intimidad y la vida privada.

Es fundamental esclarecer que aunque íntimamente vinculados, no debe confundirse la vida privada con los datos personales…

La fracción segunda establece también una reserva de ley en el sentido que corresponderá a ésta, determinar los términos de la protección y las excepciones a este derecho".

El mencionado artículo 6, fracción II, tiene la virtud de ser la primera disposición en la historia de nuestro país que hace un reconocimiento expreso al derecho a la protección de datos personales en la cúspide normativa, dando continuidad a la labor iniciada por el legislador ordinario a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Ahora bien, en forma reciente, y después de un proceso legislativo tortuoso, El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, como parte del proceso de reforma a la Constitución General, aprobaron las reformas a los artículos 16 y 73 de la Constitución General.

La reforma al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adiciona un párrafo segundo a dicho numeral constitucional, con la finalidad de reconocer en nuestro máximo ordenamiento jurídico, el derecho a la protección de los Datos Personales, en los siguientes términos:

Por otra parte, se hace referencia a la existencia de principios a los que se debe sujetar todo tratamiento de datos personales, así como los supuestos en los que excepcionalmente dejarían de aplicarse dichos principios.

Por lo que se refiere al artículo 73, fracción XXIX-O, el cual fue aprobado por los órganos que integran el Poder Reformador de la Constitución, establece la competencia para que el Congreso de la Unión se constituya como la fuente normativa en materia de datos personales en Posesión de los Particulares.

Existen diversas razones que sustentan que la ley que regule los datos personales en posesión de los particulares, tenga un ámbito de aplicación nacional: Por una parte, la necesidad de unificar la tutela de un derecho fundamental en todo el país, en cuanto a derechos, principios y procedimientos de protección, evitando de esta manera su respeto asimétrico al expedirse tantas leyes como entidades federativas tiene la República mexicana; por otro lado, tenemos al comercio internacional, en virtud de que el Estado Mexicano hacia el exterior es uno y como tal debe contar con una legislación uniforme en sus relaciones internacionales, independientemente del área del territorio nacional donde materialmente se estén tratando los datos personales; y por la otra, que la materia de comercio es federal, de conformidad con nuestra Ley Fundamental.

Aunado a todo lo anterior, esta Comisión que dictamina destaca la importancia de la presente Ley en potencia, toda vez que con un ordenamiento jurídico de esta naturaleza, nuestro país se haría más competitivo en el ámbito mundial, ubicándose en posición de privilegiado en el aspecto económico, ya que al contar con una ley específica en la materia, no sólo se permitirá al gobernado ejercer eficazmente un nuevo derecho fundamental, sino que también traerá consigo que nuestro país, pueda ampliar su relación comercial con bloques económicos de la importancia de la Unión Europea, toda vez que nos encontraremos en posibilidades de garantizar conforme a los estándares internacionales, un nivel de protección de datos personales adecuado al prever principios y derechos de protección y una autoridad independiente que los garantice.

Al respecto, en América Latina, únicamente Argentina cuenta con el reconocimiento de la Unión Europea como país con nivel adecuado de protección de datos, mismo que, dicho sea de paso, representa para la economía argentina ingresos anuales significativos tan sólo en el terreno de las inversiones en el ámbito de la investigación médica y de ensayos clínicos. Detrás de Argentina, países como Uruguay y Chile, persiguen actualmente adecuar sus marcos normativos para atraer inversiones en el terreno de la oferta de servicios que requieran el tratamiento de datos personales a través de las tecnologías de la información.

Frente a una crisis económica mundial como la que estamos encarando, México tiene ante sí una oportunidad importante de intensificar su relación comercial con Europa; de constituirse en un país competitivo y en uno de los socios latinoamericanos más importantes del bloque europeo, sobre todo ahora que nuestro país es considerado como un socio estratégico del viejo continente, sin perjuicio de mantener nuestra intensa relación comercial en el ámbito del tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al respecto, vale la pena señalar que Canadá también cuenta con reconocimiento por parte de la Unión Europea de país con nivel adecuado de protección de datos. Así, Canadá se constituye como el mejor referente de convivencia en el que el diseño bajo el que se traza su legislación le permite sostener un intercambio comercial importante con la órbita de países del bloque comercial europeo, así como con Estados Unidos de América; asociaciones que impactan amplia y positivamente en su economía, debido a la relevancia de las economías de referencia en el ámbito comercial mundial.

B) Modificaciones a la iniciativa.

I. Los miembros de esta Comisión que dictamina, se dieron a la tarea de revisar la redacción del artículo 1 de las propuestas de Ley en la materia, en las que se fija el objeto de dicho cuerpo legal, reglamentario de los recién reformados artículos 16 y 73 constitucionales. A la luz de lo anterior, entendemos que el objeto de la Ley es garantizar la protección de datos personales en posesión de los particulares, en todo el territorio nacional. Lo anterior es así, porque en realidad la protección que se busca por parte del legislador, es a la persona en relación con el tratamiento que se da a su información en el desarrollo de las actividades que día con día, realizan los entes privados. Dado que el uso extendido de la tecnología en ocasiones resulta intrusivo para la privacidad de las personas, ya que permite que se pueda conocer desde sus hábitos de consumo, hasta información sensible, como la ideología o estado de salud, esta Comisión consideró que para efectos de claridad en el objeto de la Ley, debiera agregarse la protección al honor, la imagen y la vida privada a través de garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales. Por lo anterior, toda persona tendrá el poder de decidir y controlar si un tercero puede transmitir o utilizar sus datos que van desde el teléfono o domicilio, hasta su religión.

En virtud de lo anterior, los miembros redactores de este dictamen, estimamos conveniente, retomar los elementos de ambas incitativas para generar la siguiente propuesta de redacción del artículo 1, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto la protección de los datos personales en Posesión de los Particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas".

II. Respecto a los sujetos obligados por la ley, la iniciativa del diputado Adolfo Mota señala en su artículo 3 que no resultan sujetos obligados de la misma, los poderes públicos federales; los sindicatos y asociaciones de profesionales; las Sociedades de Información Crediticia; cualquier otra institución u órgano de naturaleza pública, y las asociaciones religiosas. Por su parte la iniciativa del diputado Gustavo Parra únicamente exceptúa de la aplicación de la Ley a las Sociedades de Información Crediticia, y a las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sea para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial.

En ese punto en particular, respecto de los sujetos obligados por la Ley, esta Comisión considera importante hacer la reflexión siguiente: La voluntad del constituyente al reformar el artículo 73 de nuestra Carta Magna, fue la de sujetar a los particulares a un régimen de protección de datos personales en todo el territorio nacional, dado que por virtud del artículo 6º, los ciudadanos ya gozan de la protección a la información sobre su vida privada y datos personales contenidos en los archivos públicos. Lo anterior se hace efectivo a través de leyes especiales en la materia o de los capítulos sobre protección de datos que se incluyan en las leyes de transparencia y acceso a la información en los tres órdenes de gobierno. De esa forma, la asignatura pendiente era emitir una ley para completar la protección que ya procura el sector público al privado, y en ese sentido, esta Comisión considera que todos los particulares que traten datos personales deben estar sujetos a esta ley, con excepción de las sociedades de información crediticia, dado que la Ley que las regula ya prevé todos los principios y derechos en materia de protección de datos personales, así como mecanismos procedimentales para hacerlos valer. Por lo anterior, no se considera justificada la excepción de grupos o categorías de particulares que tratan datos, sobre todo, aquellos que se consideran especialmente protegidos, cuando no existe en el orden jurídico vigente, regulación alguna que prevea garantías a los titulares de dichos datos. Por ello, se considera que únicamente se debiera de establecer una excepción respecto de la aplicación de la citada Ley que Regula las Sociedades de Información Crediticia y a todos aquellos particulares que utilizan datos personales exclusivamente para su uso personal o doméstico, como pudieran ser agendas u otro tipo de listados de información personal.

Con respecto a las personas exceptuadas en la fracción primera del artículo 2° del proyecto, cabe destacar que los son las sociedades de información crediticia y los usuarios de éstas (entidades financieras, empresas comerciales o las sociedades financieras de objeto múltiple), esto es, quienes se dedican, por disposición de la Ley que Regula las Sociedades de Inversión Crediticia a recabar información sobre el comportamiento y desempeño del crédito y quienes tiene que proveer de dicha información, y sólo con respecto a la información que se debe recabar para los efectos de la citada Ley; por lo cual, las transferencias de información que el usuario debe dar a las sociedades de información crediticia no debe verse afectada por la entrada en vigor del presente Decreto, pues su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero en México.

La excepción de que habla el artículo 2°, fracción I, del presente proyecto es la consistente en la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas mantengan con los usuarios.

Por lo antes manifestado, la redacción del artículo 2 sería la siguiente:

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. Asimismo, la supletoriedad de leyes aplica sólo para integrar una omisión en la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes; cuando la referencia de una Ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera Ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones. la supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación lo establece; de esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido general. El carácter supletorio de la Ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una Ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la Ley suplida; lo que implica un principio de economía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la Ley suplida.

Cabe señalar que para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben cumplir ciertos requisitos necesarios para que exista esta figura jurídica, como son: primero, que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; segundo, que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; tercero, que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y cuarto, que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.

En ese orden de ideas el presente decreto prevé, en su artículo 5, las disposiciones supletorias de carácter adjetivo, las cuales serán aplicadas a los procedimientos previstos en la Ley, esto es el Código Federal de Procedimientos Civiles, a fin de sustanciar el procedimiento entre los particulares previsto en el Capítulo IV, titulado "Del ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición". Por su parte la Ley Federal del Procedimiento Administrativa suplirá las omisiones del procedimiento administrativo previsto en el Capítulo VII, denominado "De los Procedimientos".

Así, el artículo de referencia quedará de la siguiente forma:

En virtud de lo anterior, los miembros redactores de este dictamen, estimamos conveniente, modificar la propuesta de redacción del artículo 6 de ambas iniciativas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley.

III. Definiciones.

Ahora bien, en cuanto al apartado de definiciones, los miembros de esta Comisión consideran que es relevante que se describan claramente los conceptos y alcances de cada una de ellas para evitar interpretaciones incorrectas. En ese sentido, la Iniciativa del diputado Adolfo Mota ofrece mayor claridad al establecer las figuras de responsable, titular y tercero.

A continuación se analizan los alcances de cada principio:

• Principio de licitud.

El principio de licitud implica que el tratamiento de los datos personales debe llevarse a cabo de forma leal y lícita; es decir, con pleno cumplimiento de la legalidad y respeto de la buena fe y los derechos del individuo, cuya información es sometida a tratamiento. Este deber se traduce en la prohibición de cualquier tratamiento que implique recabar o conservar los datos mediante la utilización de engaño o fraude, de forma que el individuo no pueda conocer con propiedad los términos y condiciones vinculados a ese tratamiento.

Al respecto, ambas iniciativas coinciden en el contenido de este principio. Sin embargo, la iniciativa del diputado Gustavo Parra añade un concepto innovador que refuerza el espíritu que subyace en el principio de licitud denominado como "la expectativa razonable de privacidad", el cual se traduce en la confianza que deposita el titular en el responsable en el sentido de que los datos personales serán tratados conforme lo acordado y bajo los términos establecidos.

Derivado de lo anterior, los miembros redactores de este dictamen, estimamos conveniente, plasmar el principio de licitud de la siguiente manera en la ley que se analiza:

Dado que el derecho a la protección de datos consiste en el poder de decisión y control que goza el individuo sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal, la mayor parte de los instrumentos nacionales o internacionales reguladores de esta materia sitúan al consentimiento del titular de los datos, como manifestación de este poder decisorio como causa principal legitimadora del tratamiento de los datos personales.

Este consentimiento debe caracterizarse por ser previo, libre, inequívoco, informado y por último, puede ser revocado por el individuo en cualquier momento, no pudiendo exigirse para esa revocación más requisitos que los que fueron necesarios para la previa prestación del consentimiento. Al respecto, ambas iniciativas prevén este principio universal en sus propuestas. Sin embrago, con la finalidad de lograr la mayor exactitud al principio consagrado, en determinado momento se estimó conveniente incorporar la definición de las modalidades del consentimiento establecidas en el Código Civil federal vigente que distingue entre consentimiento expreso y tácito; ya que es en razón de la naturaleza del dato de que se trate, que se emplea uno u otro.

El consentimiento tácito resultará de hechos o actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Este tipo de consentimiento es conocido también como el opt-out y resulta nodal para el sano flujo de datos en el comercio y crecimiento económico, ya que si se requiriera acreditar de manera fehaciente que la persona ha consentido el tratamiento, tendría que hacerse por escrito estampando su firma o a través de otro medio de autenticación, lo cual podría entorpecer el dinamismo de las transacciones comerciales.

Por su parte, el consentimiento será expreso cuando se manifieste por escrito, medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Este tipo de consentimiento solo se requiere en el caso del tratamiento de datos sensibles, y en aquellos en los que se ha modificado por el responsable de la base de datos de manera sustancial y antagónica, la finalidad originaria para la cual fueron recabados, con excepción del tratamiento que efectúa el sector de prospección comercial.

En el debate que se suscita hacia el interior de la Comisión, en este punto, se optó por eliminar la referencia al Código Civil federal específicamente en tratándose del consentimiento y se buscó una alternativa propia.

Por lo anterior, a juicio de esta dictaminadora, se añadió la definición de consentimiento como sigue, además de incluir en el artículo 8 que éste puede ser revocado, para quedar de la siguiente manera:

• Principio de calidad.

El principio de calidad del dato ha de entenderse específicamente vinculado con la veracidad y exactitud en la que se mantienen los datos personales, de forma que aquél refleje realmente de forma fiel, la realidad de la información tratada. Ello conlleva un doble esfuerzo para los particulares responsables: por un lado deberán asegurarse en el momento de la recogida de la información, sobre todo cuando la misma no procede directamente del titular, de que aquella resulta exacta y actualizada; por otro debería, siempre que ello sea posible, adoptar las medidas razonables para que la información responda a esa veracidad mientras persiste en su tratamiento.

En este sentido, ambas propuestas se pronuncian sobre la exactitud y actualización de los datos personales objeto de tratamiento. Sin embargo, con la finalidad de dar mayor exactitud a la definición y alcance de este principio, los miembros redactores de este dictamen, estimamos conveniente, plasmar el principio de calidad de la siguiente manera en la ley que se analiza:

La manifestación esencial de la protección de la privacidad en relación con el tratamiento de los datos personales se funda en que el tratamiento únicamente sea llevado a cabo en el ámbito de finalidades determinadas, explícitas y legítimas relacionadas con la actividad del responsable. Junto con esta regla general, se ha venido reconociendo la posibilidad de proceder a este tratamiento para otros fines, siempre que los mismos no sean incompatibles con los que motivaron el tratamiento inicial del dato.

El concepto de compatibilidad a los efectos de la aplicación de esta ley ha de ser necesariamente indeterminado, dado que resulta imposible determinar a priori cuándo existe o no la misma. Dicho esto, una interpretación razonable permite concluir que no sería posible restringir el principio considerando prohibida la utilización de datos para ninguna finalidad distinta de la que motivó el tratamiento, pero tampoco sería acorde con la protección que se pretende, el conferir una interpretación extensiva que considere que toda la actividad de un responsable puede considerarse compatible con la parte de la misma que dio lugar al tratamiento. En todo caso, la aplicación de esta regla impone al responsable la necesidad de encontrar legitimado el tratamiento de los datos con arreglo a los principios contenidos en la ley que se somete a consideración, en aquellos supuestos en los que no se produce tal compatibilidad.

Ninguna de las iniciativas prevén el principio de finalidad como tal, a pesar de que de manera indirecta en la iniciativa del diputado Gustavo Parra se incluye el término "fin lícito" en su artículo 6 y por su parte, la iniciativa del Diputado Mota aborda los "fines primarios y secundarios". Por lo anterior, esta dictaminadora considerando esencial el contemplar y definir el principio de finalidad como uno de los ejes rectores de la protección de datos, al tiempo que se retoma el régimen de finalidades de la propuesta del diputado Mota de manera más concisa, para quedar de la siguiente manera:

Pasando ahora al principio de proporcionalidad, es menester mencionar que se encuentra directamente relacionado con el de finalidad. La exigencia al responsable de únicamente tratar datos proporcionales para la finalidad para la que se obtuvieron ha sido analizada por los distintos derechos regionales o nacionales desde dos perspectivas distintas, aunque complementarias: Por una parte, los datos sólo deberían ser los adecuados o necesarios para la finalidad que justifica el tratamiento (principio de proporcionalidad en sentido estricto); por otra, quien procede al tratamiento de los datos deberá analizar las finalidades que justifican el tratamiento, de modo que sólo debería tratar la mínima cantidad de información necesaria para conseguir la finalidad perseguida (principio de minimización).

Bajo este tenor, la ley que se analiza trata de vincular ambos principios, debiendo la entidad o persona responsable configurar, bien directamente o a través de un prestador de servicios, el tratamiento de los datos de forma que únicamente sean objeto de aquél los mínimos datos necesarios para la finalidad que lo justifica. La segunda consecuencia de la aplicación de este principio será que deberá tenderse siempre que sea posible en el tratamiento de los datos a realizar el mismo de forma anonimizada o disociada.

Sobre el particular, ambas propuestas no incluyen en sus disposiciones este principio toral en todo tratamiento de datos personales, razón por la cual, los miembros redactores de este dictamen estimamos conveniente incorporar una disposición que recoja la definición, alcance y sentido del principio de proporcionalidad de la siguiente manera en la ley que se analiza:

Ahora bien, sin temor a equívoco, la aportación central de esta dictaminadora es el incorporar el principio de responsabilidad, el cual debe entenderse en el sentido de que corresponderá a la entidad o persona responsable el deber de velar por el cumplimiento de los principios y rendir cuentas al titular en caso de incumplimiento. Este principio es la verdadera garantía para el titular de los datos quien deposita su confianza en el responsable, mismo que deberá tomar todas las previsiones para que los datos sean tratados de acuerdo con la voluntad del dueño de la información y bajo las medidas de seguridad que se prevean por la vía contractual. Así, dado que existe un tráfico de datos intenso y en muchas ocasiones este se da fuera de las fronteras de nuestro país, el ciudadano tendrá la tranquilidad de que si su información ha trascendido a manos de terceros en otras latitudes, éste estará enterado de las cautelas con que debe tratar su información.

El responsable es quien en última instancia decide que se proceda al tratamiento de los datos de carácter personal. Por este motivo, será él quien deba asegurarse de que el tratamiento dentro y fuera del país donde fueron recabados originalmente, se lleva a cabo en cumplimiento de los principios esenciales de protección de la privacidad en lo referente al tratamiento de los datos personales.

Al respecto, ambas iniciativas carecen de una disposición específica que plasme el sentido y motivo de ser de este principio fundamental en la materia, si bien el artículo 18 de la Iniciativa del diputado Adolfo Mota de manera innovadora, establece el régimen de subrogación a las obligaciones del responsable por parte del tercero receptor del dato y del aviso de privacidad, los miembros redactores de este dictamen consideramos conveniente incorporar una disposición que recoja la definición, alcance y sentido de este principio de la siguiente manera en la ley que se analiza:

La protección a la privacidad de la persona en lo relativo al tratamiento de sus datos personales ha de traducirse necesariamente en el derecho, y correlativo deber para la entidad o persona responsable, de poder conocer efectivamente la existencia misma del tratamiento y las características esenciales del mismo, en términos que le resulten fácilmente comprensibles. Este derecho que simultáneamente constituye un deber se traduce en el denominado principio de información. Este principio permite a la persona conocer los tratamientos de sus datos personales que están siendo llevados a cabo y, lo que resulta esencial, ejercer los derechos comúnmente reconocidos en relación con esos tratamientos. Desde el punto de vista de su extensión, el principio de información ha de aplicarse a todos los tratamientos que se lleven a cabo, con independencia de si los datos proceden del titular de los datos o de otras fuentes, así como a la información útil relativa a cada uno de ellos. El principio de información se materializa a través de un aviso de privacidad, el cual debe darse a conocer al momento de la recolección de los datos personales.

Al respecto, la iniciativa del diputado Adolfo Mota define al principio de referencia como principio de aviso. Asimismo, establece el contenido y modalidades del aviso de privacidad. Por su parte, la iniciativa del diputado Gustavo Parra en los artículos 15, 16, 17 señala la obligación del responsable de proporcionar el aviso de privacidad, el contenido y las modalidades de dicho aviso, respectivamente. Sin embrago, con la finalidad de dar mayor exactitud a la definición y alcance de este principio, los miembros redactores de este dictamen, estimamos conveniente, plasmar el principio de información como estableció en los artículos 14, 15, 16 y 17.

• Principio de lealtad.

Por último, en lo que toca a la inclusión de los diversos principios que rigen la materia, el segundo párrafo del numeral 9 contiene este principio. Adicionalmente a los anteriores, es preciso destacar que el Decreto contiene previsiones en el sentido de impedir la creación de bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que esta acción se justifique atendiendo a su finalidad y que ésta sea legítima, concreta y acorde con las actividades o fines explícitos que procura el sujeto regulado. En efecto, su redacción es la siguiente:

No podemos dejar pasar, en este punto, la definición contenida en la fracción VI, del artículo 3, de la Ley, relativa a los datos personales sensibles. Al respecto, la propuesta establece en dicha fracción: "Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular; cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación; o conllevar un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual". Al respecto, cabe señalar que la misma es resultado de un prolongado debate entre los miembros de esta Comisión ante la necesidad de clarificar los alcances de esta definición. Cabe señalar que los extremos de la misma eran, en principio, un enunciado genérico que los conceptualizaba a partir de aquellos datos susceptibles de afectar la esfera más íntima de su titular y cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación; o conllevar un riesgo grave para éste. Sin embargo, se estimó que esta definición era demasiado extensa e inclusive podría considerarse ambigua; por lo que se propuso eventualmente, dotarla de un contenido específico; es decir, hacer mención expresa de aquellos datos que en el derecho comparado son considerados como sensibles y aluden expresamente a la información concerniente a una persona relativa a su origen racial o étnico, estado de salud, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual.

Esta Comisión optó por una definición que incluyera ambos extremos; pues, como se aprecia de la fracción transcrita, contenida en la propuesta, se incluye una definición de carácter general, enriquecida por contenidos específicos relativos, precisamente, a la información propia de las personas, relativa a su origen racial o étnico, estado de salud, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual.

Derecho al olvido.

El llamado "derecho al olvido", se incorpora en un tercer párrafo del artículo 11. Debido a que es un elemento que favorece la confianza de los particulares respecto al tratamiento de su información, se sugiere contemplar este derecho, cuya finalidad es establecer la obligación de los responsables de la base de datos de eliminar los datos personales después de un plazo razonable posterior, a que se presente algún incumplimiento. Con ello se refuerzan los derechos de los particulares a la intimidad y a la protección de su información. Asimismo, se homologa el régimen a lo establecido en la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia. Sobre el particular, se sugiere que el plazo antes mencionado, es decir, el del artículo 11, sea de 72 meses a efecto de que se le dé un tratamiento igual al que se establece en la referida Ley.

En esa virtud, el citado párrafo queda como sigue: "El responsable de la Base de Datos estará obligado a eliminar la información relativa al incumplimiento de obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo de setenta y dos meses, contado a partir de la fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento".

IV. Procedimiento ante el responsable y protección de derechos.

Los redactores de este dictamen coincidimos en que en esta materia, el procedimiento para que el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición deber ser sencillo, ágil, eficaz, que no conlleve demoras o costos indebidos y a través del cual los titulares puedan acceder, rectificar, cancelar o hacer efectivo su derecho de oposición respecto de los datos personales que le conciernen.

Ahora bien, ambas iniciativas prevén procedimientos para el ejercicio de estos derechos en los que los plazos estipulados son muy cortos, lo cual implicaría un potencial riesgo de incumplimiento del responsable ante las solicitudes recibidas. Asimismo, los procedimientos previstos son confusos e imprecisos imposibilitando la comprensión de los mismos por parte de los titulares.

De manera particular la iniciativa del diputado Gustavo Parra enumera una serie de excepciones por las cuales se puede negar el ejercicio de cualquiera de los derechos y las causales por las cuales el titular afectado en sus derechos por el responsable puede solicitar una declaración administrativa de infracción ante la autoridad garante.

Por otra parte, la iniciativa del diputado Adolfo Mota prevé los siguientes aspectos relativos al procedimiento: a) modalidades para otorgar el acceso a los titulares ante el responsable; b) prevención ante una solicitud ambigua; c) plazos para el cumplimento de la obligación del responsable y d) notificación de la respuesta.

Así, los miembros de esta Comisión de Gobernación, convencidos de las bondades de que la ley en potencia, en su aspecto adjetivo, desarrolle un procedimiento expedito mediante el cual los titulares puedan ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, y derivado de un análisis y valoración a las disposiciones contenidas en ambas iniciativas relativas al procedimiento aludido, consideramos establecer como ejes rectores la determinación de plazos razonables de respuesta; el establecimiento de causales de negativa del responsable para el ejercicio de los derechos referidos; la posibilidad de aclaración ante una solicitud ambigua; la enumeración de los requisitos que debe contener la solicitud del titular; así como la gratuidad en la entrega de los datos personales o costos pertinentes para consultas posteriores.

Derivado de lo anterior, y por cuestiones de técnica legislativa, que deberá desencadenar en una mejor comprensión, interpretación y aplicación del procedimiento aludido, estimamos necesario crear un capítulo IV específico denominado "Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición".

V. Autoridades reguladoras.

Los miembros de esta Comisión consideran que nuestro país debe adoptar el modelo regulatorio que se aplica sobre el particular en Canadá, a través del cual cada autoridad emite regulación secundaria derivada de la Ley, en el ámbito de sus atribuciones y, por otra parte, existe una instancia u órgano garante frente al titular de los datos que resuelve sus quejas denominadas solicitudes de protección de datos personales. De esa forma, dada la especialización en temas como comercio, comunicaciones y transportes o salud, correspondería a las Secretarías de Estado del ramo específico, el emitir lineamientos, recomendaciones y criterios que permitan la adecuada observancia de los principios y derechos que rigen en materia de protección de datos.

En particular, y toda vez que es en materia comercial donde se da el mayor flujo de información, repercutiendo directamente en el mejoramiento de la economía nacional al crear fuentes de empleo e impulsar la venta de bienes y servicios tanto a nivel nacional como internacional, será la Secretaría de Economía la que gozará de nuevas atribuciones para la consecución de una adecuada rectoría de esta materia.

VI. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como autoridad garante.

Respecto a la autoridad, en la iniciativa del diputado Gustavo Parra se propone la creación de una nueva institución que tenga por objeto la función protección de datos personales en posesión de entes privados denominada "Comisión Nacional de Protección de Datos Personales". Por otro lado, la iniciativa del diputado Adolfo Mota propone la creación de un "Instituto de Protección de Datos Personales", organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Economía.

Tomando en cuenta las consideraciones de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el sentido de que la creación de un nuevo organismo descentralizado impactaría negativamente en las finanzas públicas dados sus costos de implementación, se señala lo siguiente: Esta dictaminadora considera que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) debiera contar con nuevas atribuciones por virtud de esta ley para garantizar, además del derecho a saber de los ciudadanos, la protección de su información personal, por las siguientes razones:

Los redactores de este dictamen coincidimos en lo preponderante que es establecer un procedimiento sencillo y expedito por medio del cual los titulares que se consideren afectados en el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición por parte del responsable del tratamiento, puedan presentar lo que consideramos debe denominarse como solicitud de protección de datos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que por efectos de esta Ley, cambia de denominación para ser el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Así, la iniciativa del diputado Gustavo Parra lo denomina "procedimiento de declaración administrativa de infracción", en el cual describe las causales de procedencia; los plazos de sustanciación; la información mínima que deberá contener la solicitud del titular; los elementos de prueba admitidos; los requisitos que deberá cumplir los alegatos del responsable y la publicidad de las resoluciones de la autoridad garante.

Por otro lado, la iniciativa del diputado Adolfo Mota prevé un procedimiento administrativo de protección de datos sustanciado ante la autoridad garante, en el cual contempla las causales de procedencia; los requisitos que deberá cumplir el titular afectado en su solicitud; plazos y condiciones de sustanciación; sentido de las resoluciones; causales de improcedencia y sobreseimiento del procedimiento y medios de impugnación de las resoluciones emitidas por la autoridad garante.

Ahora bien, en ambas iniciativas los plazos previstos para emitir una resolución se consideran muy cortos, lo cual implica un potencial riesgo de incumplimiento de la autoridad garante para atender debidamente la solicitud del titular de los datos. De igual forma, se considera necesario aclarar algunas fases del procedimiento para brindar mayor certeza jurídica a las partes. En esa misma tesitura y derivado de un análisis y valoración de las disposiciones contenidas en ambas iniciativas y a efecto de lograr una mejor comprensión, interpretación y aplicación del procedimiento ante el Instituto, estimamos imprescindible crear un capítulo específico denominado: "Del Procedimiento de Protección de Derechos" en la ley que se analiza, el cual establece los ejes rectores que le dan vida al mismo.

Finalmente, vale la pena señalar que se añade un procedimiento de conciliación entre el responsable y el solicitante, por medio del cual se busca reducir los plazos del procedimiento y lograr satisfacer los extremos de su petición. El acuerdo conciliatorio constará por escrito y tendrá efectos vinculantes para las partes y el Instituto verificará el cumplimiento respectivo.

VIII. Medidas de seguridad.

Ahora bien, la seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal es vital para garantizar de forma efectiva la privacidad de las personas, estableciendo controles o medidas que impidan el acceso indebido a la información.

Pero al propio tiempo, la adecuada garantía de la protección de datos personales exige también que se mantenga la integridad y exactitud de la información personal, de modo que con estas medidas se permita evitar la pérdida total o parcial de los datos o su alteración.

Las medidas de seguridad no sólo deben referirse al funcionamiento de los sistemas de información en que se traten y almacenen datos de carácter personal –tales como la identificación y autenticación o el establecimiento de bitácoras, también conocidos como "logs" de acceso a los datos, entre otras–, sino que además deben necesariamente complementarse con medidas físicas y administrativas dentro de la organización que, por objeto, permitan el control de acceso físico a los centros de proceso de datos o la entrada y salida de los soportes en que puedan almacenarse datos de carácter personal y la formación de una cultura de seguridad integral.

Así, tanto la persona o entidad responsable como los encargados y terceros –estos últimos vía contractual– deben proteger los datos de carácter personal que sometan a tratamiento mediante la implementación de medidas técnicas, físicas y organizativas que resulten idóneas para garantizar su integridad, confidencialidad y disponibilidad. Sobre el particular, ambas iniciativas hacen referencia a que las bases de datos deberán reunir las condiciones de seguridad suficientes para garantizar la debida custodia de la información que alojan; sin embargo, a juicio de esta Comisión, consideramos importante que las autoridades a que se refiere el artículo 40 de la propuesta que se presenta, puedan hacer valer los estándares nacionales vigentes, así como emitir recomendaciones de carácter orientativo, sobre estándares y mejores prácticas internacionales para lograr dicho objetivo. Para lograr lo anterior, se deberá tomar en cuenta, la naturaleza y tipo de datos; las finalidades del tratamiento, y las capacidades técnicas y económicas del responsable. Lo anterior por su puesto, bajo estándares de neutralidad tecnológica. Asimismo y retomando la propuesta en ese particular del diputado Adolfo Mota, se añade que los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el manejo de su información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo existente; las posibles consecuencias para los titulares de los datos; la sensibilidad de los tratamientos, y el desarrollo tecnológico.

IX. Infracciones y sanciones.

La ley prevé un Capítulo de infracciones que retoma conductas previstas por ambas iniciativas y añade otras que se consideraron por esta Comisión, como supuestos que se presentan en el tratamiento de datos y que consideramos deben ser sancionadas desde el apercibimiento hasta la imposición de multas máximas, bajo un sistema de modulación de la penalidad, de acuerdo con la gravedad de las conductas. Al respecto, los montos de las sanciones fueron retomados de la iniciativa del diputado Gustavo Parra, ya que se considera por un lado, que la ley debe desincentivar conductas contrarias a lo establecido por la misma, y por otro, al tratarse de un derecho fundamental reconocido a nivel constitucional, consideramos fehacientemente que debe garantizarse al ciudadano que una vez que ha sido conculcado su derecho, habrá una consecuencia para el responsable que actuó con negligencia o dolo en el debido tratamiento de su información, máxime cuando ésta fuere sensible.

X. Cabe apuntar que la estructura del Decreto obedece a dos partes claramente diferenciadas; un artículo primero por el cual se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, brevemente reseñada en párrafos de antelación; y un artículo segundo el cual determina que se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para adecuar la denominación del Instituto con el fin de que abarque la nueva función atribuida: La protección de los datos personales en posesión de particulares. En efecto, el citado artículo 3 se modifica a efecto de contar con una definición de "Datos personales", que en su fracción II se define como: "Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable". Y se reforma también la fracción VII, para definir lo que debe entenderse por "Instituto" en el caso de una mención de la Ley; y por tal se entiende, de acuerdo a esta fracción: "El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecido en el Artículo 33 de esta Ley". Con ese mismo fin se reforma la denominación del Capítulo II del Título II, así como el vigente artículo 33 para quedar como sigue: "El Instituto es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades".

XI. Artículos transitorios.

Del término "transitorio" se infiere que la función de estos artículos es, en principio, temporal y sirve para regular los procesos de cambio en el sistema jurídico. Su naturaleza jurídica se define por su función que se refiere a la aplicabilidad de otras normas, ya sea al señalar la entrada en vigor de una disposición o al derogarla. El artículo transitorio pierde su eficacia una vez que ha cumplido su cometido, por ello es que no puede establecer prescripciones genéricas con carácter vinculante a los particulares.

Un aspecto especial de los artículos transitorios es que carecen de autonomía, es decir, solamente pueden existir en vinculación con otras disposiciones normativas y existen, de conformidad con su naturaleza, tres clases de artículos transitorios:

Los artículos transitorios que determinan la derogación de las normas presentan desde la perspectiva teórica mayores complicaciones, ya que dada su función se vincula con otra categoría de normas, las derogatorias, cuya naturaleza sigue en debate en la teoría del derecho. Este tipo de artículos transitorios se configuran como un mandato a la autoridad que prohíbe la aplicación de las disposiciones derogadas, y por ello tienen una doble función, la primera es la supresión de la vigencia de la norma, y la segunda consiste en impedir la aplicación futura de la norma derogada, por lo que se puede decir que su eficacia es permanente, y en virtud de esta segunda función su eficacia perdura aun cuando las disposiciones derogatorias fuesen derogadas. Kelsen, a su vez, considera que al producirse el efecto derogatorio, la norma derogatoria pierde también su validez respecto de la norma derogada, lo cual significa que su derogación no produciría efectos en relación con la norma derogada, ésta ya no puede recuperar su validez.

Por lo que hace al presente dictamen, encontramos los tres tipos de artículos transitorios, anteriormente descritos, pues en el primer artículo se establece la entrada en vigor del decreto que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así mismo el Ejecutivo Federal tiene la obligación de expedir el Reglamento de la Ley en un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor.

Por lo que hace al artículo sexto transitorio, se establece una abrogación de las leyes en materia de protección de datos personales en Posesión de los Particulares que se hubieren expedido y se derogan aquellas que se opongan al decreto, lo anterior en correspondencia con el mandato constitucional, en razón de que el artículo tercero transitorio del Decreto de fecha 24 de marzo de 2009 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del mismo año por el que se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Tercero. En tanto el Congreso de la Unión expide la ley respectiva a la facultad que se otorga en este Decreto, continuarán vigentes las disposiciones que sobre la materia hayan dictado las legislaturas de las entidades federativas, en tratándose de datos personales en Posesión de los Particulares".

De esta forma podemos concluir que el presente decreto tiene la fuerza legal para imponer la abrogación de todas las disposiciones, que en las Entidades Federativas se hayan impuesto, en razón de que la Constitución Política de los Estadas Unidos Mexicanos, como disposición jurídica superior, dota al Congreso de la Unión de la potestad para ello.

Finalmente se establece en el artículo octavo transitorio, que las menciones hechas al Instituto Federal de Acceso a la Información, en leyes, tratados o acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos, se entenderá realizada al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el objetivo de evitar reformas a todo un marco regulatorio. Lo anterior, en clara relación con el artículo segundo del decreto, ya comentado.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES II Y VII, Y 33, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

Artículo 2. Son sujetos regulados por esta ley, los particulares sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de:

Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Para la substanciación de los procedimientos de protección de derechos, de verificación e imposición de sanciones se observarán las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

CAPÍTULO II
De los Principios de Protección de Datos Personales

Artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley.

Artículo 7. Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable.

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos.

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos por esta Ley.

Artículo 8. Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la presente Ley.

El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.

Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.

Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la presente Ley.

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos. Para revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos y procedimientos para ello.

Artículo 9. Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.

No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado.

Artículo 10. No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando:

Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables, deberán ser cancelados.

El responsable de la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa al incumplimiento de obligaciones contractuales, una vez que transcurra un plazo de setenta y dos meses, contado a partir de la fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento.

Artículo 12. El tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente el consentimiento del titular.

Artículo 13. El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. En particular para datos personales sensibles, el responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a efecto de que sea el mínimo indispensable.

Artículo 14. El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por esta Ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica.

Artículo 15. El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad.

Artículo 16. El aviso de privacidad deberá contener, al menos, la siguiente información:

Artículo 17. El aviso de privacidad debe ponerse a disposición de los titulares a través de formatos impresos, digitales, visuales, sonoros o cualquier otra tecnología, de la siguiente manera:

No resulta aplicable lo establecido en el párrafo anterior, cuando el tratamiento sea con fines históricos, estadísticos o científicos.

Cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o exija esfuerzos desproporcionados, en consideración al número de titulares, o a la antigüedad de los datos, previa autorización del Instituto, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias en términos del Reglamento de esta Ley.

Artículo 19. Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el manejo de su información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico.

Artículo 20. Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, serán informadas de forma inmediata por el responsable al titular, a fin de que este último pueda tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus derechos.

Artículo 21. El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable.

CAPÍTULO III
De los Derechos de los Titulares de Datos Personales

Artículo 22. Cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la presente Ley. El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser resguardados de tal manera, que permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos.

Artículo 23. Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable, así como conocer el Aviso de Privacidad al que está sujeto el tratamiento.

Artículo 24. El titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos.

Artículo 25. El titular tendrá en todo momento el derecho a cancelar sus datos personales.

La cancelación de datos personales dará lugar a un periodo de bloqueo tras el cual se procederá a la supresión del dato. El responsable podrá conservarlos exclusivamente para efectos de las responsabilidades nacidas del tratamiento. El periodo de bloqueo será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento en los términos de la Ley aplicable en la materia.

Una vez cancelado el dato se dará aviso a su titular.

Cuando los datos personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o cancelación y sigan siendo tratados por terceros, el responsable deberá hacer de su conocimiento dicha solicitud de rectificación o cancelación, para que proceda a efectuarla también.

Artículo 26. El responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando:

CAPÍTULO IV
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

Artículo 28. El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen.

Artículo 29. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener y acompañar lo siguiente:

Artículo 31. En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, además de lo señalado en el artículo anterior de esta Ley, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

Artículo 32. El responsable comunicará al titular, en un plazo máximo de veinte días contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.

Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.

Artículo 33. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del titular los datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro medio que determine el responsable en el aviso de privacidad.

En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos a una persona que presume es el responsable y ésta resulta no serlo, bastará con que así se le indique al titular por cualquiera de los medios a que se refiere el párrafo anterior, para tener por cumplida la solicitud.

Artículo 34. El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:

En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar el motivo de su decisión y comunicarla al titular, o en su caso, al representante legal, en los plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio por el que se llevó a cabo la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas que resulten pertinentes.

Artículo 35. La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos.

Dicho derecho se ejercerá por el titular en forma gratuita, previa acreditación de su identidad ante el responsable. No obstante, si la misma persona reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos no serán mayores a tres días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a menos que existan modificaciones sustanciales al aviso de privacidad que motiven nuevas consultas.

El titular podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta recibida o falta de respuesta del responsable, de conformidad con lo establecido en siguiente Capítulo.

CAPÍTULO V
De la Transferencia de Datos

Artículo 36. Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros, distintos del encargado, deberá comunicar a éstos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujetó su tratamiento.

El tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá una cláusula en la que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos, de igual manera, el tercero receptor, asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos.

Artículo 37. Las transferencias nacionales o internacionales de datos podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

SECCIÓN I
Del Instituto

Artículo 38. El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio y vigilar por la debida observancia de las disposiciones previstas en la presente Ley y que deriven de la misma; en particular aquellas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos regulados por este ordenamiento.

Artículo 39. El Instituto tiene las siguientes atribuciones:

Artículo 40. La presente Ley constituirá el marco normativo que las dependencias deberán observar, en el ámbito de sus propias atribuciones, para la emisión de la regulación que corresponda, con la coadyuvancia del Instituto.

Artículo 41. La Secretaría, para efectos de esta ley, tendrá como función difundir el conocimiento de las obligaciones en torno a la protección de datos personales entre la iniciativa privada nacional e internacional con actividad comercial en territorio mexicano; promoverá las mejores prácticas comerciales en torno a la protección de los datos personales como insumo de la economía digital, y el desarrollo económico nacional en su conjunto.

Artículo 42. En lo referente a las bases de datos de comercio, la regulación que emita la Secretaría, únicamente será aplicable a aquellas bases de datos automatizadas o que formen parte de un proceso de automatización.

Artículo 43. La Secretaría tiene las siguientes atribuciones:

Los esquemas de autorregulación podrán traducirse en códigos deontológicos o de buena práctica profesional, sellos de confianza u otros mecanismos y contendrán reglas o estándares específicos que permitan armonizar los tratamientos de datos efectuados por los adheridos y facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares. Dichos esquemas serán notificados de manera simultánea a las autoridades sectoriales correspondientes y al Instituto.

CAPÍTULO VII
Del Procedimiento de Protección de Derechos

Artículo 45. El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de esta Ley que se consideran vulnerados. La solicitud de protección de datos deberá presentarse ante el Instituto dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable.

En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por parte del responsable, la solicitud de protección de datos podrá ser presentada a partir de que haya vencido el plazo de respuesta previsto para el responsable. En este caso, bastará que el titular de los datos acompañe a su solicitud de protección de datos el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición.

La solicitud de protección de datos también procederá en los mismos términos cuando el responsable no entregue al titular los datos personales solicitados; o lo haga en un formato incomprensible, se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales, el titular no esté conforme con la información entregada por considerar que es incompleta o no corresponda a la información requerida.

Recibida la solicitud de protección de datos ante el Instituto, se dará traslado de la misma al responsable, para que, en el plazo de quince días, emita respuesta, ofrezca las pruebas que estime pertinentes y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo, Asimismo, podrá solicitar del responsable las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de la pruebas, el Instituto notificará al responsable el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Para el debido desahogo del procedimiento, el Instituto resolverá sobre la solicitud de protección de datos formulada, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, como pueden serlo aquéllos que deriven de la o las audiencias que se celebren con las partes.

El Reglamento de la Ley establecerá la forma, términos y plazos conforme a los que se desarrollará el procedimiento de protección de derechos.

Artículo 46. La solicitud de protección de datos podrá interponerse por escrito libre o a través de los formatos, del sistema electrónico que al efecto proporcione el Instituto y deberá contener la siguiente información:

Asimismo, a la solicitud de protección de datos deberá acompañarse la solicitud y la respuesta que se recurre o, en su caso, los datos que permitan su identificación. En el caso de falta de respuesta sólo será necesario presentar la solicitud.

En el caso de que la solicitud de protección de datos se interponga a través de medios que no sean electrónicos, deberá acompañarse de las copias de traslado suficientes.

Artículo 47. El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será de cincuenta días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección de datos. Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual este plazo.

Artículo 48. En caso que la resolución de protección de derechos resulte favorable al titular de los datos, se requerirá al responsable para que, en el plazo de diez días siguientes a la notificación o cuando así se justifique, uno mayor que fije la propia resolución, haga efectivo el ejercicio de los derechos objeto de protección, debiendo dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento al Instituto dentro de los siguientes diez días.

Artículo 49. En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, y el Instituto no cuente con elementos para subsanarlo, se prevendrá al titular de los datos dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de protección de datos, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de cinco días. Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de protección de datos. La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver la solicitud de protección de datos.

Artículo 50. El Instituto suplirá las deficiencias de la queja en los casos que así se requiera, siempre y cuando no altere el contenido original de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, ni se modifiquen los hechos o peticiones expuestos en la misma o en la solicitud de protección de datos.

Artículo 51. Las resoluciones del Instituto podrán:

De llegarse a un acuerdo de conciliación entre ambos, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. La solicitud de protección de datos quedará sin materia y el Instituto verificará el cumplimiento del acuerdo respectivo.

Para efectos de la conciliación a que se alude en el presente ordenamiento, se estará al procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 55. Interpuesta la solicitud de protección de datos ante la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición por parte del responsable, el Instituto dará vista al citado responsable para que, en un plazo no mayor a diez días, acredite haber respondido en tiempo y forma la solicitud, o bien dé respuesta a la misma. En caso de que la respuesta atienda a lo solicitado, la solicitud de protección de datos se considerará improcedente y el Instituto deberá sobreseerlo.

En el segundo caso, el Instituto emitirá su resolución con base en el contenido de la solicitud original y la respuesta del responsable que alude el párrafo anterior.

Si la resolución del Instituto a que se refiere el párrafo anterior determina la procedencia de la solicitud, el responsable procederá a su cumplimiento, sin costo alguno para el titular, debiendo cubrir el responsable todos los costos generados por la reproducción correspondiente.

Artículo 56. Contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 57. Todas las resoluciones del Instituto serán susceptibles de difundirse públicamente en versiones públicas, eliminando aquellas referencias al titular de los datos que lo identifiquen o lo hagan identificable.

Artículo 58. Los titulares que consideren que han sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado, podrán ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes.

CAPÍTULO VIII
Del Procedimiento de Verificación

Artículo 59. El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de ésta derive. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte.

La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capítulo anterior o se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley.

Artículo 60. En el procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso a la información y documentación que considere necesarias, de acuerdo a la resolución que lo motive.

Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información que conozcan derivada de la verificación correspondiente.

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento a que se refiere el presente artículo.

CAPÍTULO IX
Del Procedimiento de Imposición de Sanciones

Artículo 61. Si con motivo del desahogo del procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de verificación que realice el Instituto, éste tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de esta Ley, iniciará el procedimiento a que se refiere este Capítulo, a efecto de determinar la sanción que corresponda.

Artículo 62. El procedimiento de imposición de sanciones dará comienzo con la notificación que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no rendirlas, el Instituto resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga.

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar del presunto infractor las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de la pruebas, el Instituto notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

El Instituto, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, resolverá en definitiva dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha en que inicio el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada a las partes.

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual este plazo.

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciara el procedimiento de imposición de sanciones, incluyendo presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias y el cierre de instrucción.

CAPÍTULO X
De las Infracciones y Sanciones

Artículo 63. Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el responsable:

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley dentro del año siguiente a su entrada en vigor.

Tercero. Los responsables designarán a la persona o departamento de datos personales a que se refiere el artículo 30 de la Ley y expedirán sus avisos de privacidad a los titulares de datos personales de conformidad a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Ley.

Cuarto. Los titulares podrán ejercer ante los responsables sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en el Capítulo IV de la Ley; así como dar inicio, en su caso, al procedimiento de protección de derechos establecido en el Capítulo VII de la misma, dieciocho meses después de la entrada en vigor de la Ley.

Quinto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009, las disposiciones locales en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares se abrogan, y se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Sexto. Las referencias que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se hacen en las leyes, tratados y acuerdos internacionales, reglamentos y demás ordenamientos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en lo futuro se entenderán hechas al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Séptimo. Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, corresponda realizar al Ejecutivo federal, se sujetarán a los presupuestos aprobados de las instituciones correspondientes y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Artículo 33. El Instituto es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas
1. Vid. RAWLS, John. Teoría de la Justicia, México, Fondo de Cultura Económica. 1979, p. 1.
2. El Código de Hammurabi en la antigua Mesopotamia, las XII Tablas y el denominado Corpus Iuris Civilis en Roma, así como el derecho común europeo en la Alta Edad Media, entre otros.
3. Vid. PECES- BARBA, Gregorio. Derecho positivo de los derechos humanos, Madrid, Debate, 1987,
4. Vid. BOBBIO, Norberto. El tiempo de los derechos, Madrid, Sistema, 1991, p 109.
5. El último reporte sobre Privacidad y Derechos Humanos 2006 del Electronic Privacy Information Center (EPIC), da cuenta de los desarrollos constitucionales, legales y del marco regulatorio en materia de protección a la privacidad en más de 75 países alrededor del mundo. Ver www.epic.or
6. Esta afirmación corresponde, entre otros a J. DHONT y M. V. PEREZ ASINARI, "New Physics and the Law. A comparative Approach to the EU and US Privacy and Data Protection Regulation, looking for Adequate protection" en Flujos transfronterizos y extraterritorialidad: La postura europea, PUOLET, Ives, Revista Española de Protección de Datos p.112. Julio-Diciembre 2006. Thomson Civitas.
7. Idem.
8. http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm.
9. http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/conveudh50.html.
10. http://www.derechos.org/nizkor/ley/pdcp.html.
11. http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-32.html.
12. Vid. Piñar Mañas, José Luis. El derecho fundamental a la protección de datos personales, en Protección de Datos de Carácter Personal en Iberoamérica (II Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos La Antigua-Guatemala 2-6 de junio de 2003), Valencia, 2005, p 20.
13. Ibídem.
14. Ídem, pp. 20-21.
15. Vid. ARENAS RAMIRO, Mónica. El derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa, Valencia, Tirant lo Blanch, p. 156.
16. ARENAS RAMIRO, Mónica. op. cit., pp. 277-278.
17. PUENTE ESCOBAR, Agustín. Breve descripción de la evolución histórica y del marco normativo internacional de la protección de datos de carácter personal, en Protección de Datos de Carácter Personal en Iberoamérica (II Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos La Antigua-Guatemala 2-6 de junio de 2003), Valencia, 2005,, p. 43.
18. Ídem.
19. Vid. PUENTE ESCOBAR, Agustín. op. cit., p 51.
20. Ibídem.
21. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/decre/LFTAIPG_06jun06.doc.
22. Artículo 3 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Palacio Legislativo de San Lázaro.– México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil diez.

Por la Comisión de Gobernación

Diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).
 
 

Palacio Legislativo, a 7 de abril de 2010.

Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Por este conducto, la mesa directiva de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente, en atención a lo preceptuado por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se incorpore como parte del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del Capítulo II, del Título Segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado por el Pleno de la Comisión de fecha 25 de marzo de 2010, las siguientes adiciones:

1. Un Capítulo XI, denominado "De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales", integrado por los artículos 67,68 y 69 para quedar como sigue:

"Capítulo XI

De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales

La Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación

Diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Ramos Montaño, Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), secretarios.
 
 

DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la LXI Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 39, fracciones 1 y 2, y 45, fracción 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

Que en fecha 1 de febrero de 2009 se recibió en esta honorable Cámara de Diputados oficio de la Cámara de Senadores mediante el cual remite la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población.

Contenido de la minuta

Que en esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asunto Migratorios.

Propone incorporar en su modificación al párrafo segundo de la fracción III del artículo 42 de la Ley General de Población los "trabajos remunerativos en el sector agrícola, en la rama de la construcción y en la prestación de los servicios".

En la reforma al artículo 138 de la Ley General de Población se propone incrementar la pena de prisión y la multa de salarios mínimos a aquellas personas que pretendan llevar o lleven a mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación requerida.

En este mismo artículo se propone incorporar como un elemento más que puede aumentar las sanciones, los tratos inhumanos que vulneren los derechos fundamentales de las personas.

En la reforma al artículo 143 de la Ley General de Población se propone que los delitos contenidos en el artículo 138 de la misma ley serán perseguidos de oficio debiendo en todo momento la autoridad migratoria proporcionar al Ministerio Público Federal todos los elementos de convicción para la persecución del delito.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión, posterior al estudio y análisis de las minutas e iniciativa referidas en el apartado de antecedentes, procede a dictaminar lo siguiente:

Primero. Que si bien esta comisión inicia sus trabajos luchan o y apoyando la protección de los derechos humanos de los migrantes, y también apoyando aquellas actividades que realizan y que son recreativas, de manera lícita, y que pueden llegar a generar oportunidades de empleo en el país, es más ahora cuando debemos otorgarles una garantía de que sus actividades o derechos están asegurados con reformas tendientes a la promoción de este tipo de actividades.

Segundo. Debemos garantizarles el mínimo de protección que nuestra Carta Magna ofrece a los individuos, toda vez que nosotros peleamos y pedimos ante los países del extranjero protejan y respeten los mismos derechos a nuestros connacionales y esta sería una forma más de mandar las señales de que en nuestro país se avanza en la lucha de los derechos a ningún individuo.

Tercero. Que si también se ha considerado que las sanciones provenientes del tráfico de personas o en este caso de indocumentados han sido ya algo obsoletos, por los costos que implica ante la gravedad de las acciones, esta comisión considera que hay que llevar a cabo las reformas pertinentes para que las sanciones vayan ad hoc a los actos cometidos.

Cuarto. Es por eso que si en algunos momentos las acciones de ejecución de la justicia, llegan a quedar limitadas por una serie de trámites o requisitos que se deban cumplir, creemos y apoyamos los esfuerzos para que, en determinados casos o tipos de actos éstos se puedan perseguir de oficio y no necesariamente por medio de una querella que pudiera hacer retardado o difícil llevar a cabo el procedimiento.

Quinto. De esa misma manera, siempre se ha buscado la defensa de los derechos humanos de las personas en general, sean migrantes o no, y que los electos estudiados y que son parte de los contenidos de la minuta e iniciativa que hoy se dictaminan han sido de gran apoyo y sustento para la realización del presente documento.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Población

Artículo Único. Se reforman los artículos 42, fracción III; 138, párrafos primero y cuarto, y 143 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

…

…

Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en los párrafos precedentes, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados, o cuando sean sometidos a tratos inhumanos que vulneren sus derechos fundamentales; o bien, cuando el autor del delito sea servidor público.

Artículo 143. El ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal, en los casos de delito a que esta ley se refiere, estará sujeto a la querella que en cada caso formule la Secretaría de Gobernación, no así en relación con el artículo 138 de esta ley, pues este delito se perseguirá de oficio, quedando obligada la autoridad migratoria a proporcionar al Ministerio Público Federal todos los elementos de convicción necesarios para la persecución de este delito.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2010.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences, José del Pilar Córdova Hernández, Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras, Judith Fabiola Vázquez Saut, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León, José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS CLAUDIA MORLET NOVALES, MYRIAM MELANIA RENAAT TOLLENIER, KARLA PANIAGUA RAMÍREZ, ISAAC ESAU PALACIOS DE LA PEÑA, ADRIANA MARÍA GUERECA GARCÍA, JUAN ANTONIO VEGA LARA Y ANGÉLICA MARÍA BARRERA MORALES PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE BÉLGICA Y DE LA REPÚBLICA DE CHILE EN MÉXICO; Y EN LOS CONSULADOS DEL PRIMERO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, Y MATAMOROS Y NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 4 de marzo del año en curso por la Cámara de Diputados se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia Morlet Novales, Myriam Melania Renaat Tollenier, Karla Paniagua Ramírez, Isaac Esau Palacios de la Peña, Adriana María Guereca García, Juan Antonio Vega Lara y Angélica María Barrera Morales puedan prestar sus servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América, de Bélgica y de la República de Chile en México, y en los Consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León; en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Matamoros y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento y copia certificada de su carta de naturalización.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Segundo Párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Claudia Morlet Novales para prestar servicios como asistente de Recursos Humanos en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Myriam Melania Renaat Tollenier para prestar servicios como secretaria administrativa en la Embajada de Bélgica en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Karla Paniagua Ramírez para prestar servicios como asistente del agregado agrícola en la Embajada de la República de Chile en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Isaac Esaú Palacios de la Peña para prestar servicios como empleado de Correos en el Departamento de Sistemas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Adriana María Guereca García para prestar servicios como auxiliar de visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Juan Antonio Vega Lara para prestar servicios como mecánico de mantenimiento en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Angélica María Barrera Morales para prestar servicios como empleada de limpieza en la Sección de Servicios Generales, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sala de Comisiones de la Cámara del Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF.

Diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Vidal Llerenas Morales, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), José Ricardo López Pescador, Miguel Ángel Luna Munguía, Andrés Massieu Fernández, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez.
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS RODRIGO LÓPEZ BARREIRO, ANTONIO JOSÉ COBACHO MONTILLA, ARTURO PACHECO DÍAZ, YANEL ALBA BARRAGÁN Y JULYNNA VIVALDO FOSADO PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE JAPÓN Y DEL REINO DE MARRUECOS EN MÉXICO

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 23 de marzo del año en curso por la Cámara de Diputados se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rodrigo López Barreiro, Antonio José Cobacho Montilla, Arturo Pacheco Díaz, Yanel Alba Barragán y Julynna Vivaldo Fosado puedan prestar servicios en las embajadas de Estados Unidos de América, del Japón y del Reino de Marruecos en México, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

Que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento y carta de naturalización.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Segundo Párrafo, del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Rodrigo López Barreiro para prestar servicios como gerente administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Antonio José Cobacho Montilla para prestar servicios como gerente de Arrendamiento en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Arturo Pacheco Díaz, para prestar servicios como coordinador en Información en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Yanel Alba Barragán para prestar servicios como empleada en la Embajada del Japón en México.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Julynna Vivaldo Fosado para prestar servicios como secretaria en la Embajada del Reino de Marruecos en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a de 2010.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Sami David David, Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), José Ricardo López Pescador, Miguel Ángel Luna Munguía, Vidal Llerenas Morales, Andrés Massieu Fernández, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A ESCUCHAR LA OPINIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL CAMPO MEXICANO ANTES DE NEGOCIAR EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON BRASIL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la proposición con puntos de acuerdo por los que se solicita que, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se solicite a la Secretaría de Economía que antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del tratado de libre comercio con Brasil, escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano para no afectar nuestro sector agropecuario en ese acuerdo comercial, presentada por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 11 de marzo 2010 ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición con puntos de acuerdo referida, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 11 de marzo 2010, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de la proposición con puntos de acuerdo que presentó la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. La legisladora propone en resumen lo siguiente:

No se piense que me opongo al intercambio internacional de bienes. Al contrario, pienso que hoy ningún país puede excluirse ni, menos, dar la espalda a la realidad de la globalidad. A través del comercio internacional, los mercados se expanden, aumenta la especialización y mejoran las economías de escala; por eso debe ponerse mucho cuidado en la negociación, desde las pláticas preparatorias, de cualquier acuerdo comercial.

El TLCAN, en el sector agropecuario, afectó especialmente a los pequeños y medianos productores de granos. A más de 15 años de la firma de ese tratado, México ha agrandado su dependencia alimentaria de las importaciones de Estados Unidos; y por esa amarga experiencia, los productores del sector rural se oponen a nuevos acuerdos comerciales negociados a sus espaldas porque afectan no sólo nuestro mercado interior sino su, de por sí, menguada economía.

Por eso se escuchan voces de oposición a un acuerdo comercial con Brasil que involucre el sector agropecuario. Los sectores productivos del campo piensan que un TLC con Brasil sería desastroso para nuestro sector agroalimentario, debido a las enormes desigualdades entre las dos economías, que van desde la competitividad hasta el proteccionismo con barreras fitosanitarias.

Particularmente la Unión Nacional de Avicultores, en voz de Jaime Crivelli Espinoza, presidente del organismo, ha alertado sobre los riesgos que representa para esa rama de producción un acuerdo comercial con Brasil, pues este país produce mucho y a bajos costos, debido a que tiene una cadena de suministros bien establecida que abarca desde la siembra de maíz amarillo hasta la pasta de soya que sirve de alimento en sus granjas, lo que pone a nuestros productores en clara desventaja. Actualmente es el tercer productor mundial de pollo y pavo, primer exportador de carne de pollo y segundo exportador de pavo.

Ese gran país latinoamericano es además un fuerte productor de café, azúcar, aves, carne, banana; prácticamente de todo lo que consume su población, en el marco de políticas públicas de apoyos integrales, lo que ha permitido a sus productores ser plenamente competitivos en el mercado mundial.

Por esas razones, entre otras, tenemos la convicción de que la firma de un acuerdo comercial que vincule un mercado de 107 millones de mexicanos con uno de 195 millones de brasileños podría traer ventajas seguramente para sectores productivos como el industrial, pero no así para nuestros productores agropecuarios, ante la falta de apoyos y estímulos para fortalecer su competitividad…

Consideraciones

Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición con puntos de acuerdo presentada por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda.

Segunda. Con base a los antecedentes indicados por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con puntos de acuerdo referida.

Tercera. La Constitución mexicana hace referencia a los tratados o convenciones internacionales en los artículos 15; 76, fracción I; 89, fracción X; y 133, entre otros.

El artículo 15 restringe las facultades del Poder Ejecutivo y del Senado, previstas en los artículos 89, fracción X, y 76, fracción I, para celebrar tratados. Específicamente, en la última parte desautoriza en forma generalizada la celebración de tratados que alteren las garantías o derechos del hombre. Esta restricción está encaminada a la protección de la totalidad de los derechos civiles o individuales, así como de los derechos políticos o del ciudadano.

Por último, el 133 señala la jerarquía de los tratados internaciones, estableciendo que junto con las leyes del Congreso de la Unión serán ley suprema.

Cuarta. El artículo 25 constitucional dice:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

Quinta. De lo anterior se concluye válidamente que no obstante que el Estado tiene la rectoría económica, por ser un régimen democrático, el que dirige la política económica no puede simplemente decidirla sin tomar en cuenta a quienes son la esencia del Estado: los ciudadanos.

En ese sentido, no hay ningún impedimento legal y sí una obligación democrática para que el Ejecutivo escuche a quienes deberán sufrir las consecuencias, buenas y malas, que puede tener un acuerdo comercial como el que se pretende celebrar con Brasil y que no son otros que los sectores productivos.

De ahí la legitimidad de los puntos de acuerdo que se proponen, pues el Ejecutivo al planear el desarrollo nacional tiene la obligación de buscar que éste genere empleo, riqueza y una justa distribución del ingreso, lo que puede darse sólo si se escucha a quienes en la práctica competirán por mantener sus mercados y que posiblemente se encuentren en desventaja.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía

Acuerda

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a efecto de que, antes de avanzar en las pláticas preparatorias y en la negociación del tratado de libre comercio con Brasil, escuche la opinión de los sectores productivos del campo mexicano para no afectar nuestro sector agropecuario en ese acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de marzo de 2010.

La Comisión de Economía

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino, Narcedalia Ramírez Pineda, Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Roberto Borge Angulo, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), María Matilde Díaz de León Macías (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Ramón Merino Loo (rúbrica), Martín Rico Jiménez, Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Carlos Torres Piña, José M. Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE PROMUEVA LA PRODUCCIÓN, LA VENTA Y EL USO DE JUGUETES QUE SIRVAN PARA EJERCITAR Y ESTIMULAR LA MENTE

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Economía que promuevan la producción, la venta y el uso de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente y despierten en niños y en adolescentes el respeto de la vida, la lealtad, el respeto del adversario, la comprensión, la tolerancia y el entendimiento entre los hombres, presentada por el diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 4 de febrero de 2010, ante el pleno de esta Cámara. Lo anterior, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la proposición de punto de acuerdo descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 4 de febrero 2010, los secretarios de la Cámara de Diputados dieron cuenta al pleno de la proposición de punto de acuerdo que presentó el diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. El legislador expone en resumen lo siguiente:

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo presentada por el diputado Jaime Flores Castañeda.

Segunda. Que el artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor enuncia como su objeto promover y proteger los derechos del consumidor.

Las fracciones V, VII y VIII del artículo 24 del mismo cuerpo normativo señalan como atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor

El Capítulo Cuarto de la referida ley, "De los Derechos a vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Psicofísico", establece en el artículo 19 que los "niños y (los) adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social…"

Cuarta. De lo anterior se desprende que el actual sistema jurídico reconoce como grupo vulnerable objeto de protección a los menores, así como el derecho de éstos a desarrollarse en un medio armonioso libre de violencia.

No es ajeno a la Comisión de Economía que la actual escalada de violencia del país influye en el desarrollo social de los menores, pues la violencia de que es objeto la sociedad puede llevarlos a entender que ésa es una forma adecuada de resolver conflictos, lo que debe evitarse a toda costa; por lo que es necesario que tengan al alcance juguetes que incentiven positivamente su desarrollo.

Por ello, si bien el Ejecutivo tiene la obligación de crear programas que ayuden a erradicar la violencia, particularmente en los niños, pues ellos reproducirán en su comportamiento los elementos de que estuvieron rodeados en su desarrollo psicofísico durante la etapa de niñez; este cuerpo legislativo también tiene la responsabilidad de hacer llamados a las instancias pertinentes para que se realicen acciones tendentes a desarrollar a los menores en mejores condiciones.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía emite el siguiente

Acuerdo

Único. Se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Economía que promuevan la producción, la venta y el uso de juguetes que sirvan para ejercitar y estimular la mente y despierten en niños y en adolescentes el respeto de la vida, la lealtad, el respeto del adversario, la comprensión, la tolerancia y el entendimiento entre los hombres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.

La Comisión de Economía

Diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Jorge Humberto López Portillo Basave (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, David Ricardo Sánchez Guevara, José Antonio Arámbula López (rúbrica), María Matilde Díaz de León Macías, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Ramón Merino Loo (rúbrica), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Carlos Torres Piña, José M. Torres Robledo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA QUE SE REVISE LA CLASIFICACIÓN TARIFARIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO RESIDENCIAL

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. A la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura le han sido turnadas diversas proposiciones con punto de acuerdo consistentes esencialmente en el exhorto hecho al Ejecutivo Federal y varias entidades del sector energía en relación con las tarifas eléctricas para el sector doméstico.

En tal sentido, son motivo del presente dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

II. Objetivo y contenido de las proposiciones

Entre las razones que han motivado a los legisladores mencionados en el apartado anterior, se encuentran recurrentemente las siguientes:

En un caso se ha señalado que los equipos que hacen las mediciones en las estaciones meteorológicas no son las adecuadas, ni la ubicación de las mismas estaciones es apropiada para considerar sus mediciones como las que reflejan fielmente las condiciones imperantes en las ciudades.

Por ello, se pueden resumir las peticiones contenidas en las proposiciones que aquí se dictaminan en los siguientes puntos.

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía reconocen que el tema en análisis representa una problemática que ha sido motivo de diversas iniciativas y proposiciones de legisladores de los diferentes grupos parlamentarios durante la presente legislatura.

Segunda. Los integrantes de la Comisión de Energía están conscientes de que las diferentes políticas públicas, por los objetivos particulares que persiguen, tienen sus propios y más adecuados instrumentos de aplicación y que, por consiguiente, los objetivos de desarrollo social no deben afectar la operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entidad del sector energía.

Tercera. Esta dictaminadora considera importante resaltar que el sector doméstico concentra aproximadamente el 75 por ciento de los subsidios otorgados por lo que tarifas eléctricas para este sector se encuentran altamente subsidiadas y, con excepción de la tarifa de alto consumo (DAC), no cubren sus costos de generación, transmisión y distribución.

Asimismo, tan sólo para el año 2010 se tiene contemplado un subsidio determinado por la cantidad de 83 mil 736.5 millones de pesos, cuyo objetivo es beneficiar a los usuarios de ingresos bajos y apoyar a la actividad económica.

Es por ello, que la Comisión de Energía considera importante se adopten medidas urgentes en la operación del sistema eléctrico con la finalidad de que se optimice la aplicación de los cuantiosos subsidios al consumo de energía eléctrica en los hogares sin menoscabo del servicio.

Cuarta. En lo referente a la medición de la temperatura, los promoventes destacan que el acuerdo del 7 de febrero de 2002 establece criterios fuera de la realidad y que la infraestructura con la que se cuenta para la medición de temperaturas no es la adecuada.

Según se señala en el acuerdo citado, se considera que una localidad registra la temperatura media mínima en verano establecida para una determinada tarifa, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco años de que disponga de la información correspondiente, para lo cual deberá verificarse que en dichos años los niveles mínimos de temperatura media mensual se hayan registrado durante dos meses consecutivos o más, de acuerdo a los reportes elaborados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA).

La CFE está obligada al cumplimiento de esta normatividad, de manera que cualquier acción de clasificación debe reunir los elementos de verificación previa de los registros de temperatura de la CNA.

A este respecto, de acuerdo con el estudio de tarifas eléctricas elaborado por la Secretaría de Energía (Sener)¹, la CNA realiza la medición de temperaturas en todo el país mediante una infraestructura compuesta por alrededor de 5 mil 300 estaciones climatológicas convencionales, de las cuales sólo 3 mil 750 se encuentran en situación operacional, y 107 estaciones meteorológicas automáticas con transmisión satelital.

Por ende, la mayoría de las localidades están sujetas a las mediciones que se realizan en las estaciones convencionales, donde se registra la temperatura máxima y mínima durante el día y se obtiene la temperatura media con el promedio de dichos registros, mientras que las localidades que cuentan con una estación climatológica automatizada o un observatorio meteorológico, disponen de registros en las diferentes horas del día, lo que permite determinar la temperatura media en forma más precisa, pero esto sólo ocurre en una pequeña parte del territorio nacional.

Igualmente, el estudio reconoce que en algunos casos varias localidades son cubiertas por una sola estación de medición, aun cuando en las localidades contiguas o cercanas las condiciones climatológicas son diferentes, por lo que al ser cubiertas con una misma estación no es posible registrar dichas diferencias.

El mismo estudio revela que se ha procurado minimizar esta situación con el apoyo técnico de la CNA, sin embargo reconoce que aún persisten casos en los que la temperatura de las localidades no puede recabarse de manera adecuada con la infraestructura existente.

Los integrantes de esta comisión coinciden con los promoventes en el sentido de que resulta necesario contar con la infraestructura adecuada y suficiente para obtener registros de temperatura más confiables, lo que podría derivar en tarifas más justas y equitativas que contemplen las necesidades de los usuarios. Sin embargo, es importante considerar el costo presupuestal de la reestructuración de una red de observación que, en principio, no fue instalada para fines de la determinación de la tarifa eléctrica en una localidad determinada.

Quinta. En lo referente a incorporar nuevos criterios para la fijación de tarifas eléctricas domésticas, los promoventes plantean diversos criterios que, para fines de este dictamen, se agrupan en dos puntos:

1. Tarifas preferenciales.

Los promoventes plantean se considere la viabilidad de otorgar tarifas preferenciales a determinados usuarios, para ello plantean los siguientes criterios: características socioeconómicas; ubicación geográfica en la que prevalezca el clima extremo; y localidades que alberguen instalaciones de generación de energía. No se mencionan, sin embargo, indicadores concretos ni metodologías para su implantación.

A este respecto la política tarifaria considera de manera implícita las características socioeconómicas de los usuarios, así como climatológicas toda vez que se centra en direccionar y concentrar el apoyo a los usuarios de bajos consumos, asociados a bajos ingresos, así como a aquellos usuarios que habiten en localidades cuyo clima sea extremoso.

Asimismo, esta dictaminadora estima que establecer tarifas especificas a determinados grupos de usuarios, contraviene el criterio de aplicación general de tarifas eléctricas y representaría, en principio, un detrimento en los ingresos del suministrador debido a que tendría que hacer frente a la diferencia por el costo del producto, o bien se incrementaría el subsidio ya existente en las tarifas para venta de energía eléctrica en el sector doméstico.

Lo anterior representaría un apoyo para ciertos sectores; sin embargo con dicho acto también se estaría enviando a los usuarios una señal errónea de precios sobre el verdadero costo del suministro de energía eléctrica, incrementaría el déficit tarifario, agravando la situación financiera del organismo suministrador, con el consecuente impacto tanto en los planes de expansión del sector eléctrico como en la prestación adecuada del servicio publico.

En este contexto, la que dictamina estima que los recursos para apoyar a los sectores que por sus características socioeconómicas son vulnerables, deben provenir de diversas instancias a fin de no impedir que el suministrador de energía eléctrica cumpla su misión.

2. Sensación de frío e índice de calor.

A este respecto el Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, Querétaro presenta las siguientes definiciones:

Lo anterior, toda vez que el registro de temperatura es uno de los criterios técnicos más importantes para fijar las tarifas en beneficio de los usuarios.

Asimismo, por las condiciones de cada una de las regiones del país, la temperatura se percibe y afecta de diferente manera a los seres vivos y a los objetos inanimados, consecuentemente incide en el confort y bienestar de los usuarios y con ello afecta en las actividades cotidianas.

Sexta. Algunas de las proposiciones que aquí se dictaminan incluyen en la solicitud de información a diferentes instancias del gobierno federal. A este respecto, es conveniente señalar lo siguiente:

El 26 de septiembre de 2006, fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, el "Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votaciones", el cual tiene como propósitos:

Es importante subrayar que el artículo del acuerdo antes citado hace referencia a los fundamentos legales que indican las instancias ya establecidas para los propósitos de solicitar información que aparece en ciertas proposiciones de las que aquí se dictaminan.

Particularmente aplicable a la proposición en dictamen, es lo que establece el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, que señala a la letra en el numeral 1:

IV. Acuerdos

Uno. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que realice la revisión de la clasificación tarifaria para el consumo de energía eléctrica de uso residencial en las localidades ubicadas en el ámbito de aplicación de las tarifas 1A a 1F con información actualizada de la Comisión Nacional del Agua, a fin de realizar su debida aplicación.

Dos. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que evalúe la viabilidad de contemplar en la metodología para la fijación de las tarifas para el consumo de energía eléctrica de uso residencial, el índice de calor y la temperatura de sensación.

Tres. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua para que evalúen la posibilidad de modernizar la infraestructura empleada para la medición de la temperatura en la fijación de tarifas

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2010.

Nota
1. Estudio sobre tarifas eléctricas y costos de suministro, Sener, junio de 2008).

La Comisión de Energía

Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica); Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández, José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica en contra), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juradini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Magdalena Torres Abarca, Ramón Jiménez López (rúbrica en abstención), César Francisco Burelo Burelo.
 
 

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A PONER EN MARCHA MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS INUNDACIONES EN TABASCO

Honorable asamblea:

La Comisión de Energía correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. El diputado Córdova parte de la consideración de que Chiapas y Tabasco se encuentran en la cuenca de los ríos Grijalva-Usumacinta, primera reserva hídrica en México, la cual se constituye también como la principal potencia en la generación hidroeléctrica del país.

2. Por su ubicación y orografía, señala el diputado proponente, el estado de Tabasco se ve afectado ya que las lluvias en Chiapas provocan que las presas del sistema Grijalva-Usumasinta, importantes generadoras de electricidad, reciban más agua de la que pueden almacenar y se tengan que desfogar, provocando el aumento en el nivel de los ríos de las cuencas fluviales de Tabasco y, por consiguiente, ocasionando inundaciones con graves y costosas consecuencias.

3. El diputado Córdova hace un recuento de las inundaciones que mayores perjuicios han provocado ocurridas en Tabasco en los últimos años: En 1999, con un saldo de 600 mil habitantes afectados y millones de pesos en daños materiales; 2007, cuando la capital Villahermosa fue la localidad más afectada, pues quedó cubierta en un 80 por ciento y la cifra de damnificados subió a más de 1 millón de habitantes. En esa ocasión, las pérdidas económicas para Tabasco no tuvieron precedente; y 2008, cuando las inundaciones interrumpieron la recuperación económica que se alcanzaba después de la catástrofe del año previo.

Estos acontecimientos han afectado severamente a diversos sectores que impulsan la economía del estado como son: la pesca, la ganadería, la agricultura, el turismo y el comercio en general.

4. Recuerda el diputado proponente que "…la Comisión Federal de Electricidad está a cargo del manejo de las presas la Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, las cuales […] representan los embalses artificiales de mayor capacidad en la república. Estas presas son unidades generadoras de energía eléctrica las cuales se encuentran alineadas una tras otra para verter la totalidad del agua impulsora de las turbinas que generan la electricidad, pero cuando las condiciones de capacidad de las presas lo demandan, la Comisión Federal de Electricidad abre las compuertas y como consecuencia los ríos de Tabasco se desbordan provocando terribles inundaciones."

Señala el diputado Córdova que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha tenido responsabilidad en las inundaciones antes mencionadas. En particular, refiere el mal manejo en los desfogues que provocaron las inundaciones del 2007 en Villahermosa. De acuerdo con el diputado Córdova, en ese año "…en diez días la CFE permitió el desfogue de la presa Peñitas, de un total de mil 118 millones 680 mil metros cúbicos, al ritmo de dos mil metros cúbicos por segundo (m³/s), durante los tres primeros días, mil 500 m3/s en los siguientes tres días y 800 m³/s durante otros cuatro."

Asimismo, el diputado Córdova apunta, aunque no refiere una fuente precisa, que algunos expertos opinan que estos desfogues "…se deben al mal manejo de las presas, ya que con una regulación de los flujos de agua se podrían evitar estas emergencias."

A continuación, el diputado Córdova refiere las acciones que se han llevado a cabo para reducir los riesgos de nuevas inundaciones: señala que la inundación del 2007 obligó a elaborar el Plan Hídrico Integral para Tabasco (PHIT) con la participación del gobierno del estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Como parte de las acciones a cubrir se contempló un Plan de Acción Urgente (PAU) y un Plan de Acción Inmediata (PAI).

Continúa el diputado Córdova señalando que "En el caso del PAU, la Conagua inició acciones entre las que destacan la construcción de una estructura de control en el río Carrizal y la reparación y rehabilitación de la infraestructura existente; en este caso fueron 51 puntos de márgenes afectados a causa de los deslizamientos provocados por la fluctuación en los niveles del río."

Agrega el diputado que el deterioro de dichos puntos se debe, de acuerdo a especialistas del Instituto de Ingeniería, al fenómeno "vaciado y llenado rápido" de los ríos, el cual es consecuencia de la turbinación irregular de las presas.

Manifiesta el diputado Córdova que existe preocupación de que las obras que se han construido, como los bordos de contención para proteger las colonias y rancherías que se encuentran en los márgenes de los ríos, se colapsen debido a las corrientes que se generan cuando la turbinación de las presas se realiza en exceso.

Por ello, concluye el diputado Córdova que se precisa que la Comisión Federal de Electricidad realice el desfogue de las presas con el cuidado necesario para evitar que se pierda la inversión que se ha hecho hasta ahora en las obras hidráulicas con recursos del Plan Hídrico Integral para Tabasco, ya que al resultar dañadas dejan de cumplir su función adecuadamente.

La exposición de motivos que se resumió lleva al diputado José del Pilar Córdova Hernández a proponer el acuerdo, motivo del presente dictamen, en los siguientes términos:

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de la Comisión de Energía comparten la preocupación del diputado proponente en virtud de las graves pérdidas de vidas humanas y económicas que han ocasionado las inundaciones en Tabasco.

Segunda. Asimismo, los integrantes de la Comisión de Energía reconocen el esfuerzo realizado para llevar a cabo acciones que permitan reducir los riesgos de desastre ante las eventuales precipitaciones pluviales con potencial para ocasionar inundaciones en Tabasco, así como las cuantiosas inversiones que para ese propósito se han realizado.

Tercera. Señala el diputado proponente que la Comisión Federal de Electricidad tiene responsabilidad directa en las inundaciones que desde 2007 han asolado a Tabasco.

A este respecto, se puede consultar un trabajo de la organización ERN¹, en donde se señala que "Las intensas lluvias que ocasionaron las fuertes inundaciones en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz se originaron por el frente estacionario número 4, el cual se mantuvo por varios días en el centro del Golfo de México provocando fuerte nubosidad y lluvias intensas, este frente se juntó con una masa de aire frío del norte del país. En tres días cayó la sexta parte de la lluvia promedio anual de esa región, esta lluvia estuvo concentrada principalmente en la zona donde están los principales escurrimientos provenientes de los ríos de las sierras aledañas al estado (Conagua).

"Las presas de la región, en particular "Peñitas", ya estaban a su máxima capacidad y fue necesario desfogarlas, lo cual sumó miles de metros cúbicos de agua a los ya saturados ríos de la región. Este excesivo gasto sobrepasó las obras de protección del cause provocando su desbordamiento en varios puntos."

"El exceso de lluvia coincidió con oleaje en el Golfo de México que evitó las descargas de los ríos Grijalva y Carrizal hacia el mar. La región de Tabasco se encuentra a muy poca altura sobre el nivel de mar, es una zona de ríos, lagunas y pantanos, y a lo largo de su historia ha sufrido inundaciones por el desbordamiento de los ríos que atraviesan la entidad. …la ciudad de Villahermosa… se localiza a las márgenes de las lagunas Las Ilusiones y rodeada por los ríos Grijalva y Carrizal. Es importante recalcar que la ciudad de Villahermosa ha crecido en zonas de alto riesgo a las márgenes de los ríos."

De acuerdo con este reporte, no hubo incidencia determinante del desfogue de las presa Peñitas, administrada por la Comisión Federal de Electricidad, en las inundaciones sufridas en Tabasco.

Cuarta. Los diputados integrantes de esta dictaminadora, consideran que es indispensable que la Comisión Federal de Electricidad extreme medidas y mejore sus capacidades en el manejo del agua de las presas del sistema Grijalva a fin de reducir al máximo posible los riesgos de que se repitan las inundaciones en Tabasco.

Por ello, por conducto de la Presidencia de la Comisión de Energía, se solicitará al titular de la Comisión Federal de Electricidad informe sobre las medidas de prevención que se plasman, como colofón, en el presente dictamen.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Energía consideran que es de aprobarse la propuesta del diputado José del Pilar Córdova Hernández en los siguientes términos:

IV. Acuerdos

Primero: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que pongan en marcha medidas para el control de las inundaciones en Tabasco, de forma que se evite el mal manejo que la Comisión Federal de Electricidad está haciendo del sistema de presas.

Segundo: Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Nacional del Agua para que el desfogue de las presas se regule de acuerdo con la temporada de lluvias, apoyándose en el Sistema Meteorológico Nacional, con el objetivo de mantener las presas en niveles intermedios y no desabastecer a la población de energía, previniendo al mismo tiempo el desfogue extremo del agua para que los ríos no se desborden.

Tercero: Se exhorta a que la Secretaría de Energía obligue a la Comisión Federal de Electricidad para que responda por los daños que está ocasionando a los bordos de protección y obras hidráulicas que se realizan en el estado de Tabasco, provocados por el vaciado y llenado rápido de los ríos a causa de la turbinación irregular de las presas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2010.

Nota
1. ERN, Evaluación de Riesgos Naturales, Inundaciones en Tabasco por eventos meterológicos, 7 de noviembre de 2007, http//www.ern.com.mx/.

La Comisión de Energía

Diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica); Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández, José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera (rúbrica), Jorge Alberto Juradini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Magdalena Torres Abarca, Ramón Jiménez López, César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXTIENDE UN RECONOCIMIENTO A LOS MEXICANOS GALARDONADOS CON EL PREMIO AMBIENTAL GOLDMAN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 711, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a extender un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Premio Goldman al Medio Ambiente, presentada por el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El día 24 de noviembre del 2009, el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados a extender un reconocimiento a los mexicanos ganadores del Premio Ambiental Goldman.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El diputado promovente solicita a este órgano legislativo que emita un reconocimiento oficial, a través de la Junta de Coordinación Política, para los ciudadanos Edwing Bustillos, Rodolfo Montiel Flores, Isidro Baldenegro López y Jesús León Santos, quienes fueron reconocidos con el Premio Ambiental Goldman, también llamado Premio Nobel Verde.

Este premio fue creado en 1990 por los filántropos y activistas cívicos estadounidenses Richard N. Goldman, quien fundó la Goldman Insurance Services en San Francisco; y su esposa Rhoda H. Goldman. Consta de un donativo de 150,000 dólares estadounidenses, así como una estatuilla de bronce que lleva el nombre de Ouroboros, que significa "serpiente que se muerde su propia cola", lo que simboliza la capacidad de renovar a la naturaleza.

Este premio es entregado cada año en el mes de abril, a las personas cuya actividad ha estado encaminada al cuidado del medio ambiente; esto se realiza en la Ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos. Habiendo sido otorgado a defensores del medio ambiente en 72 países;¹ y es a partir del año 1996 que cuatro mexicanos han sido galardonados y reconocidos por su esfuerzo y participación en temas de medio ambiente, en los que se incluyen a la justicia ambiental, derechos indígenas, protección a los recursos ambientales, biodiversidad y conservación, salud ambiental, manejo de tierras, entre muchos otros.

Las nominaciones a los premios son enviadas a partir de una lista confidencial de candidatos nombrados por un grupo confidencial de 150 expertos ambientales, de más de 70 naciones distintas; posteriormente un jurado internacional selecciona, de entre esa lista, a los ganadores del Premio Ambiental Goldman, una vez seleccionados estos, se realiza una ceremonia de premiación, en el mes de abril, para que el evento coincida con el día de la Tierra.²

Es de mencionarse que en el año de 1991 la africana Wangari Maathai, ganó el Premio Ambiental Goldman, quien posteriormente obtuviera el Premio Nobel de la Paz en el año 2004.³ Asimismo, en el continente Europeo, el reconocimiento fue otorgado al profesor Pedro Arrojo, quien demostró una ardua lucha contra el Plan Hidrológico Nacional y su fuerte liderazgo al frente de la Fundación Nueva Cultura del Agua.⁴

Los ganadores al reconocimiento, han dedicado sus esfuerzos a la protección de ecosistemas y especies en peligro, marcando su lucha por un equilibrio ecológico, un desarrollo sustentable y buscando la justicia ecológica. El premio se ha otorgado a mujeres y hombres de aldeas remotas o barrios urbanos pobres que decidieron asumir grandes riesgos personales para proteger el medio ambiente.⁵

Con este Premio Ambiental Goldman se amplían las voces de estos esfuerzos que realizan los líderes populares nombrados también ambientalistas y/o ecologistas, lo que además representa para ellos un reconocimiento internacional, la visibilidad mundial a las causas que defienden y el apoyo financiero para que puedan seguir trabajando en aras de la renovación y protección del medio ambiente, para el beneficio de sus comunidades y el de la humanidad.

En México, han sido galardonados con éste reconocimiento cuatro mexicanos:

Además, del gran valor que han demostrado en la defensa de los recursos forestales, y que tienen un gran valor para todos los mexicanos, por sus funciones ambientales, ya que estas son invaluables y esenciales para la vida, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), "la viabilidad económica del sector forestal es un requisito imprescindible para salvaguardar las funciones ambientales, sociales y culturales de los bosques".⁹

Por la voluntad de los cuatro galardonados en lograr lo que pocos han hecho en México, que es conservar y reforestar los bosques mexicanos, esta Comisión dictaminadora de Medio Ambiente y Recursos Naturales, extiende un amplio reconocimiento a los ciudadanos Edwing Bustillos, Rodolfo Montiel Flores, Isidro Baldenegro López y Jesús León Santos, ganadores al premio Goldman al Medio Ambiente en la Región de Norteamérica, y considera viable que dicho reconocimiento sea extensivo desde este órgano legislativo.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a los mexicanos galardonados con el Premio Ambiental Goldman, por su invaluable labor a favor del medio ambiente y al desarrollo comunitario de nuestro país; a los ciudadanos Edwing Bustillos en al año de 1996, Rodolfo Montiel Flores en el año 2000, Isidro Baldenegro López en el año 2005 y Jesús León Santos en el año 2008.

Notas
1. Información disponible en:
http://www.mexicohazalgo.org.mx/2009/03/jess-len-santos-lder-ecologista-mixteco-ganador-del-premio-ambiental-goldman/
2. El Día de la Tierra es celebrado en muchos países el día 22 de abril, cuyo promotor, fue el senador estadounidense Gaylord Nelson, quien instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
3. Información disponible en
http://www.wiserearth.org/forum/view/3d0e023a5b14f6694de2e47f348a95e1
4. Información disponible en http://www.aragoninvestiga.org/El-profesor-Pedro-Arrojo-recibe-el-premio-Goldman-por-su-lucha-contra-el-PHN/
5. Información disponible en http://www.goldmanprize.org/theprize/about_espanol
6. Información disponible en
http://www.circuloverde.com.mx/es/cont/noticias/Premio_Ambiental_Goldman_M_xico.shtml
7. Ibídem
8. www.mexicohazalgo.org.mx/2009 Op. Cit.
9. Semarnat, La Gestión Ambiental en México, noviembre 2006. P. 125.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de marzo del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo, Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto, Araceli Vásquez Camacho, Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón, Judith Fabiola Vásquez Saut, José Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR UNA NORMA OFICIAL MEXICANA O ADICIONAR A UNA EXISTENTE EL REQUERIMIENTO SOBRE LA HOMOLOGACIÓN DE CARGADORES EN TELÉFONOS CELULARES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 892, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que realice las políticas públicas conducentes a fin de establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares en beneficio del medio ambiente y de la economía, presentada por el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por diversos Grupos Parlamentarios.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el día 8 de diciembre de 2009 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que realice las políticas públicas conducentes a fin de establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares en beneficio del medio ambiente y de la economía. Dicha proposición fue suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

A través de esta proposición, el diputado promovente expone la problemática que genera la poca compatibilidad entre los cargadores de los aparatos celulares, incluso en aparatos de la misma marca. Argumenta que la Unión Europea estima que los accesorios móviles no deseados suponen miles de toneladas de basura, que sólo el desecho de los cargadores de celulares al año, generan más de 51,000 toneladas de basura electrónica en todo el mundo. Esto provoca un fuerte daño al medio ambiente y pone en riesgo la salud de las personas, debido a sus componentes tóxicos como el plomo, el arsénico y otros más.

Comenta que esta problemática tan grave es ya atendida a nivel internacional, pues la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su calidad de coordinador mundial de gobiernos y sector privado en materia de información y la comunicación aprobó, el día 22 de octubre de 2009, la norma que denominó Solución Universal de Recargas (UCS, por sus siglas en Inglés). Señala que la norma tiene como finalidad la instauración de un cargador universal de teléfonos móviles, que permitiría a los usuarios utilizar el mismo cargador en los celulares del futuro con independencia de su marca o modelo.

En conclusión a lo argumentado dentro de la Proposición sobre los beneficios que presenta la instauración de ésta medida, así como en respuesta y cumplimiento a los diferentes instrumentos internacionales en materia de protección, preservación y conservación del medio ambiente, el diputado promovente demanda:

El avance tecnológico en materia de telecomunicaciones¹ es pieza fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas, ya que estos instrumentos o aparatos fueron fabricados para emplearse como herramientas y/o medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua entre miembros de una comunidad. Éstos buscan ofrecer al consumidor o usuario mayores ventajas respecto de los métodos anteriores. No obstante, sus objetivos y metas han sido modificados en cierto modo por el mercado y sus estrategias de mercadotecnia, sembrando entre sus consumidores y usuarios supuestas necesidades de consumo, bajo criterios de modernidad e innovación tecnológica. De tal suerte, que promueven el consumo de "lo nuevo en telecomunicaciones", propiciando el reemplazo de un modelo.

A esto se suman los malos hábitos de consumo generando consecuencias adversas para el medio ambiente. Erróneamente hemos entendido al desarrollo económico, basado en la tecnología, como un sistema rector al que se debe subordinar todo, los elementos naturales e incluso las personas, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto conlleva, en términos económicos-ambientales denominadas "externalidades".²

En México se tiene poco conocimiento del problema que genera el gran crecimiento en la producción de aparatos eléctricos y electrónicos que, gracias a la innovación tecnológica y la globalización del mercado, acelera su sustitución y por lo tanto su desecho, lo que produce diariamente toneladas de basura electrónica (e-Waste).

El Instituto Nacional de Ecología (INE), por su parte, estima que durante 2006 la cifra aproximada de desechos electrónicos es de 257,021 toneladas. Lo alarmante de esta situación son los daños al medio ambiente y los efectos en la salud de las personas, debidos a sus componentes tóxicos de dichos aparatos electrónicos. Ejemplo de ello, tenemos a los éteres bifenílicos polibromados (PBDEs, por sus siglas en inglés) que son compuestos químicos manufacturados que retardan el fuego.

Los PBDEs entran al aire, al agua y al suelo. Eventualmente regresan a la tierra o al agua cuando el polvo es arrastrado por la nieve o la lluvia. Los cuerpos de agua, tales como ríos o lagos, generalmente actúan como reservorios de pequeñas cantidades, las cuales se depositan en el fondo pudiendo permanecer ahí durante años. Al respirar o ingerir alimentos, agua o tierra contaminados con PBDEs, bajos en contenido de bromo, existe un gran riesgo de que pasen a través de los pulmones y el estómago a la corriente sanguínea.

Aunque no se tenga certeza sobre los efectos de los PBDEs en la salud humana, se sabe que las ratas y ratones que ingirieron de por vida cantidades sumamente altas de decaBDE (PBDEs con alto contenido de bromo) y desarrollaron tumores en el hígado. Basado en la evidencia de cáncer en animales, la Environmental Protection Agency (EPA), de los Estados Unidos, ha clasificado al decaBDE como posiblemente carcinogénico en seres humanos.³

Respecto del plomo, sus efectos son los mismos, si se ingiere o se inhala, pudiendo afectar a casi todos los sistemas y órganos del cuerpo. La exposición a niveles altos de plomo puede dañar seriamente el cerebro y los riñones de niños y adultos y causar la muerte; en mujeres embarazadas puede producir la pérdida del embarazo y en hombres alterar la producción de espermatozoides. Asimismo, puede desarrollar tumores en los riñones.⁴

En cuanto al arsénico, la exposición a niveles altos del mismo puede producir dolor de garganta e irritación de los pulmones, inclusive, dependiendo de la dosis y tiempo de exposición, pude ser fatal; mientras que la exposición a niveles más bajos puede producir náusea y vómitos, disminución del número de glóbulos rojos y blancos, ritmo cardíaco anormal, fragilidad capilar y una sensación de hormigueo en las manos y los pies. Hay evidencia, aunque no definitiva, de que la inhalación o ingestión de arsénico puede ser perjudicial para las mujeres embarazadas y el feto. Los estudios en animales han demostrado que dosis altas de arsénico ?nocivas para animales preñados?, pueden producir crías con bajo peso y con defectos de nacimiento y también pueden causar la muerte de las crías. El arsénico puede atravesar la placenta, por lo que se ha detectado en los tejidos del feto; también se ha encontrado en la leche materna en bajos niveles. Varios estudios han demostrado que la ingestión de arsénico inorgánico puede aumentar el riesgo de cáncer de la piel, los pulmones, el hígado y la próstata. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y la EPA han precisado que el arsénico inorgánico es carcinogénico en seres humanos.⁵ Todos estos compuestos químicos integran los diversos materiales de que están hechos los productos electrónicos.

Con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR),⁶ se busca generar las condiciones necesarias para la prevención en la generación de grandes volúmenes de residuos, incentivar el aprovechamiento y reutilización de los residuos y denotar sistemas de gestión ambiental compatibles con el desarrollo sustentable. Ello mediante la aplicación de principios como: la valorización y responsabilidad compartida pero diferenciada en el manejo integral de los residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos.⁷

Es preciso señalar, que el artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos cataloga la basura o desechos electrónicos como residuos de manejo especial y lo clasifica en su fracción VIII como residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, que al transcurrir su vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico.⁸ Lo preocupante de esta concepción, es que en la fracción XXX del artículo 5 de la citada Ley, concibe a los residuos de manejo especial de una forma hasta ahora muy limitada e, incluso, errónea, al menos para el caso de la basura electrónica, ya que a la letra los define:

En este orden de ideas, se tiene que la gestión integral de los crecientes flujos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es ya una necesidad, aunque para muchos gobiernos siga contemplándose como un desafío. Ahora bien, dicho desafío ya ha sido atendido, con diversos enfoques, en países industrializados de la Comunidad Europea, y naciones como Suiza en un modelo de gestión de residuos que involucra ampliamente al productor, mejor conocido como el sistema de responsabilidad extendida al productor (REP).⁹

Sin duda, la adopción de este tipo de principios dentro de las políticas públicas de nuestro país, permitiría alcanzar las metas de reducción de impactos ambientales, a través de cambios en el diseño y fabricación de los productos para un mayor ciclo de vida de los mismos, así como el fomento de la reutilización de los componentes; ya que actualmente, no es suficiente la adopción de medidas como la recolección de basura electrónica, a través de centros de acopio para atender la problemática de la severa contaminación que ésta provoca. Resulta necesario tomar medidas que reduzcan la generación de este tipo de basura electrónica desde la fabricación eficiente de los productos.

Con dicho enfoque, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su calidad de coordinador mundial de gobiernos y sector privado en materia de información y la comunicación, aprobó el día 22 de octubre de 2009, la norma que denominó Solución Universal de Recargas (UCS, por sus siglas en inglés) una nueva solución de cargador universal de teléfonos móviles de gran rendimiento energético, que permitiría a los usuarios utilizar el mismo cargador en los celulares del futuro con independencia de su marca o modelo. De tal suerte, que todos los usuarios de teléfonos móviles se beneficiarán de la nueva solución que permitirá utilizar el mismo cargador para los microteléfonos del futuro con independencia de su marca o modelo. Además de reducir el número de cargadores fabricados, transportados y posteriormente desechados cuando aparecen nuevos modelos, la nueva norma permitirá a los usuarios de todo el mundo recargar sus móviles en cualquier sitio mediante cualquier cargador disponible, reduciendo la energía consumida en la carga.

Los cargadores UCS se basan en la interfaz Micro-USB y la clasificación de su eficiencia será de cuatro estrellas como mínimo, es decir, tres veces más eficiente en consumo de energía que los cargadores sin clasificar. En un estudio reciente se ha estimado que de mejorar la eficacia de utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación hoy en día se podrían reducir las emisiones totales mundiales en un 15% para 2020, lo que supondría un ahorro de carbón cinco veces mayor que las emisiones estimadas para todo el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 2020.

La nueva norma UCS se basa en la contribución de la GSMA (Group Special Mobile Association), que prevé una reducción del 50% en el consumo de energía en estado de espera, la supresión de 51.000 toneladas de cargadores redundantes y la consiguiente reducción de 13,6 millones de toneladas al año en emisiones de gases de efecto invernadero.¹⁰

Indiscutiblemente, la adopción e implementación de esta medida conllevaría no sólo a los necesarios beneficios ambientales que representa, sino que además, marcará el inicio de las nuevas formas de producción, concientizando a los demás sectores productivos a diseñar e implementar este tipo de proyectos. De esta forma, se va generando entre los usuarios y consumidores una cultura de reutilización de los productos que adquieren.

Asimismo, será una forma de responder ante los diferentes compromisos que nuestro gobierno ha adquirido a nivel Internacional. A modo de referencia, se sabe que México ha suscrito 51 convenios internacionales en materia ambiental, de los cuales, los aplicables a la presente problemática serían:

En este sentido, no puede dejarse sin materia lo ya establecido en los principios de la Declaración del Río, principios que deben ser tomados en cuenta:

De esta manera, nuestro país podrá trabajar en el diseño y reestructuración de sus políticas públicas para el establecimiento de esta nueva solución de cargador universal, y anunciarlo durante la decimoctava Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la que México será anfitrión, y que se celebrará en el estado de Veracruz, del 14 al 22 de octubre del presente año;¹¹⁵ al igual que en la decimosexta sesión de la Conferencia de las Partes (COP-16), de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tendrá lugar del 29 de noviembre al 10 de diciembre de este año.

Por último cabe señalar que el 3 de marzo del presente año se recibió el oficio signado por el diputado promovente Arturo Zamora Jiménez, por el que propone una nueva redacción al resolutivo único, de la presente proposición con punto de acuerdo, redacción con la que está de acuerdo esta comisión dictaminadora.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión que suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal a expedir una Norma Oficial Mexicana o adicionar en alguna ya existente el requerimiento para la homologación de cargadores en teléfonos celulares que sean producidos o importados al territorio nacional, en el marco de la norma denominada "nueva solución de cargador universal de teléfonos móviles (USC)", aprobada oficialmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en beneficio del medio ambiente.

Notas
1. Actualmente se les conoce bajo el nombre de tecnologías de la información y la comunicación, agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, Internet y telecomunicaciones.
2. Básicamente hablar de externalidades es referirnos a la carga del costo de una actividad productiva que no es tomado en cuenta por el sujeto que efectúa decisiones económicas, desde que el mismo no se hace cargo de ellas, puesto que las transfiere a otras personas o a la sociedad como un todo.
3. http://www.ine.gob.mx/descargas/sqre/res_electronicos_borrador_final.pdf
4. Ibídem.
5. Ibídem.
6. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003.
7. Artículo 1º, fracción I, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
8. Artículo 19, fracción VIII de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
9. Este concepto fue oficialmente introducido por el ministro de Medio Ambiente de Suecia, Thomas Lindhqvist, en el informe Models for Extended Producer Responsibility del año 1990. En él, la definió como un "principio de política ambiental que promueve el mejoramiento total del ciclo de vida de los productos, por medio de la extensión de las responsabilidades del productor en varias etapas de dicho ciclo, especialmente al devolver, recuperar y disponer el producto". La OCDE, por su parte, ha señalado que es "una política ambiental en que cada productor tiene la responsabilidad de un producto, extendida hasta el postconsumo del ciclo de vida del mismo", siendo este el concepto más utilizado. Para mayores datos, consúltese: http://www.residuoselectronicos.net/archivos/publicaciones/Jornada_derecho_REP_chile.pdf
10. Para mayores detalles, consúltese: http://www.networkworld.es/La-UIT-aprueba-la-normativa-para-el-cargador-universal-de-mo/seccion-actualidad/noticia-86347.
11. La primera Cumbre de la Tierra que abordó el binomio medio ambiente-desarrollo.
12. Su objetivo es lograr la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impidiera interferencias antropocéntricas peligrosas en el sistema climático,
13. Su objeto es reducir un 5.2% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Conocido como uno de los primeros y más importantes mecanismos internacionales para comenzar a hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos.
14. En éste, México de comprometió a reducir para el año 2050, las emisiones de CO2 al 50%, con respecto a los niveles de 2002.
15. Para mayores detalles, consúltese: http://www.itu.int/net/itunews/issues/2009/06/20-es.aspx.

Dado en el salón de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 17 días del mes de marzo del 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo, Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto, Araceli Vásquez Camacho, Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón, Judith Fabiola Vásquez Saut, José Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE SOLICITA A LA SEMARNAT QUE INFORME SOBRE LOS RESOLUTIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA REGULACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MINERA A CIELO ABIERTO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 671, que contiene la proposición con punto de acuerdo relativo a la preservación ecológica del municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, presentada por el diputado Gerardo Leyva Hernández, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 18 de noviembre de 2009 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Gerardo Leyva Hernández y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron una proposición con punto de acuerdo relativa a la preservación ecológica del municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas.

Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

A través de esta proposición, el diputado promovente expone su preocupación por una de las problemáticas que se vive en el municipio de Mazapil, del estado de Zacatecas, causada por la actividad de la Compañía Minera Peñasquito, la cual opera con capital de la canadiense Gold Corp.

El Diputado promovente argumenta que las casi 6 mil hectáreas concesionadas a Gold Corp son propiedad ejidal; que han dejado sin fuente de ingresos a 435 familias de ejidatarios de la zona, quienes rentaron sus terrenos durante 30 años por tan solo 50 mil pesos, y así poder establecer el complejo minero El Peñasquito. Lo anterior se hizo bajo promesas de una mejor calidad de vida y oportunidades de trabajo.

Asimismo, manifiesta que el establecimiento de la compañía minera ha afectado enormemente la economía y el ambiente del lugar, pues los químicos empleados en las explotaciones, como el cianuro, dejan los terrenos inservibles, incapaces de ser utilizados para la producción agropecuaria de alimentos y forrajes, además de las muertes de ganado. Indica que la explotación se realiza a tajo abierto, utilizando un método de explosivos para remover los terrenos.

Comenta que hay la posibilidad de que se esté extrayendo uranio, además de ciertas emisiones de olores extraños en el ambiente y un aumento de las enfermedades de las vías respiratorias. Por lo anterior demanda:

El municipio de Mazapil, ubicado en el estado de Zacatecas, tiene una extensión territorial de 12,063 kilómetros cuadrados, con una distancia de la capital de 290 kilómetros, aproximadamente, el porcentaje que representa respecto al estado es del 36% de la superficie de la entidad, equivalente a 5 veces el estado de Aguascalientes, que lo hace el segundo municipio más grande de la República Mexicana.

Este lugar desértico, carente de ríos con pequeños arroyos y algunos grandes a la vez, alberga uno de los principales yacimientos de oro más importantes del mundo enclavados en el ejido Cedros, a 200 kilómetros de Saltillo. Tiene reservas probadas de 575 millones de onzas de plata y 3.5 millones de toneladas de zinc. En oro, se tienen reservas de 10 millones de onzas, que podrían tener una producción anual de 387 mil 500 onzas. Diariamente la compañía minera procesa 50 mil toneladas de oro, plata, zinc y cobre.¹

Pese a las demás actividades productivas y económicas del municipio de Mazapil, como el ganado y la agricultura, la actividad minera ha sido la principal actividad desarrollada en este municipio desde el siglo antepasado. Y aunque en este municipio se encuentra la mina de oro más grande de América, de forma paradójica, es uno de los municipios más pobres y marginados de México, de cuyo suelo se han extraído riquezas con los que otros han prosperado desde el descubrimiento de tales minas.

Tal es el caso del proyecto El Peñasquito, que inició sus actividades en diciembre de 2006² y está ubicado en los alrededores del sitio conocido localmente como El Peñasco, en el Valle de Mazapil, aproximadamente a 11 kilómetros al oeste del poblado de Mazapil, municipio de Mazapil, estado de Zacatecas. El área donde se localiza tiene un carácter rural, con pequeños asentamientos, en un valle conformado por las sierras El Mascarón (Cerro Novillo) y Las Bocas (Cerro Bocas Número Dos), éste es un valle que comienza en donde convergen las dos sierras al este y termina en donde comienza el Valle de Cedros (Bolsón de Cedros) al oeste. Aproximadamente en la parte central del valle se encuentra el poblado de Mazapil, que es la cabecera del municipio que lleva el mismo nombre.

De la explotación de tales recursos mineros, ya se ha señalado que se realiza a tajo o cielo abierto utilizando el cianuro de sodio, una técnica considerada como uno de los procedimientos más destructivos. Pues se advierte que al final de su corta vida, lo único que dejaría esta actividad sería la destrucción total del entorno: un cráter enorme de 600 metros de profundidad y 1.5 Km de diámetro, así como millones de toneladas de desperdicios saturados de cianuro en las inmediaciones de diversas comunidades.

Existen varios artículos que señalan que las actividades mineras a cielo abierto con cianuro pueden causar muchos impactos durante sus diversas etapas, por mencionar algunos ejemplos tenemos:

Es importante mencionar que la problemática que representa la explotación minera a cielo abierto ya fue observada dentro del dictamen con punto de acuerdo emitido por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante el segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, resolviendo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Ahora bien, de conformidad a lo que dispone la Sección V de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en particular el artículo 35: "una vez presentada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en esta Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables… la Secretaría deberá evaluar los posibles efectos de dichas obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate, considerando el conjunto de elementos que los conforman y no únicamente los recursos que, en su caso, serían sujetos de aprovechamiento o afectación".

Con base en lo anterior, se estima pertinente solicitar a la Semarnat los resolutivos de dicha evaluación, incluyendo las condicionantes y las medidas que, en su caso, se hayan establecido para la autorización del proyecto minero El Peñasquito.

En relación a lo anterior, y de acuerdo a información proporcionada por la delegación de la Semarnat en el Estado de Zacatecas, su delegado Francisco Sandoval Martínez, en el 2008 realizó una visita de trabajo a la minera Peñasquito, para verificar el cumplimiento a las acciones de remediación y mitigación que realiza la empresa minera.⁷ Sin embargo, no se encontró la publicación de los resultados de dicha visita de trabajo, por lo que es pertinente requerir tales resultados.

En este sentido, los integrantes de esta Comisión dictaminadora estiman oportuno retomar lo establecido en el resolutivo del dictamen arriba mencionado, de solicitar a la Secretaría de Economía y a la Semarnat, información sobre las investigaciones, estudios, programas o proyectos, acciones y medidas que se estén implementando o se vayan a implementar para atender y orientar la actividad en la explotación minera a cielo abierto, no sólo en la mina El Peñasquito, sino en todo el país, especialmente cuando se utilizan materias químicas de riesgo, como el cianuro, con el objeto de prevenir, evitar o reducir el impacto y los costos sociales y ambientales en las comunidades afectadas por dicha actividad, en términos de lo establecido por la Ley Minera y la LGEEPA.

Asimismo, es procedente la proposición del diputado de solicitar a la Secretaría de Salud medidas para la prevención y control de los efectos nocivos de la actividad minera a cielo abierto sobre los factores ambientales y a la salud de las personas afectadas por esta actividad, en razón de los efectos comprobables y potenciales antes mencionados.

Respecto de lo solicitado por el diputado de una revisión de los términos de la concesión en cuanto a la legalidad de las cláusulas de arrendamiento de los terrenos ejidales, es preciso señalar, que esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene competencia para pronunciarse sobre esta petición.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión que suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que informe sobre los resolutivos de la Evaluación del Impacto Ambiental, incluyendo las condicionantes y las medidas que, en su caso, se hayan establecido para la autorización del proyecto minero El Peñasquito; asimismo, envíe a este Órgano Legislativo los resultados de las visitas de trabajo llevadas a cabo en dicha minera, para la verificación del cumplimiento a las acciones de remediación y mitigación que realiza la empresa minera.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a los titulares de las Secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en el ámbito de sus competencias, informen de las investigaciones, estudios, programas o proyectos, acciones y medidas que se estén, o se vayan a implementar en forma coordinada, para atender y orientar la actividad en la explotación minera a cielo abierto, no sólo en la mina El Peñasquito, sino en todo el país, especialmente cuando se utilizan materias químicas de riesgo, como el cianuro, con el objeto de prevenir, evitar o reducir el impacto y los costos sociales y ambientales en las comunidades afectadas por dicha actividad, en términos de lo establecido por la Ley Minera y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a tomar medidas para la prevención y control de los efectos nocivos de la actividad minera a cielo abierto.

Notas
1. http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/Cierran-mina-de-oro-El-Penasquito-por-abusos-de-la-empresa-canadiense-Gol/
2. http://elotrorostrodelamineria.nireblog.com/post/2009/01/19/mazapil-dorada-miseria
3. http://semueve.netfirms.com/doc_minas/impactos.htm
4. Primera MIA presentada en septiembre de 2006, para mayores detalles consultar:
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/zac/resumenes/2006/32ZA2006M0002.pdf
5. Segunda MIA presentada en marzo de 2008, para mayores detalles consultar:
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/zac/resumenes/2008/32ZA2008M0001.pdf
6. Dictamen aprobado en votación económica:
http://www.senado.gob.mx/gace61.php?ver=gaceta&sm=1001&id=15055&lg=60
7. http://www.semarnat.gob.mx/estados/zacatecas/PublishingImages/boletin_3.jpg

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 días de marzo de 2010.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Roberto Borge Angulo, Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto, Araceli Vásquez Camacho, Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Francisco Alejandro Moreno Merino, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón, Judith Fabiola Vásquez Saut (rúbrica), José Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Alejandro Bahena Flores, Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales.
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A INFORMAR SOBRE LA VIABILIDAD DE REDUCIR EL PEAJE PARA LAS MOTOCICLETAS EN LAS AUTOPISTAS NACIONALES, DE ACUERDO CON LAS BASES DE REGULACIÓN DE LAS TARIFAS RESPECTIVAS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes perteneciente a la LXI Legislatura fueron turnadas para estudio, análisis y dictamen las proposiciones con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas de acuerdo con las bases de regulación de las tarifas de peaje en las autopistas nacionales, presentada por el diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2009; y con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público un estudio integral a fin de determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país; asimismo, entreguen a esta soberanía en un lapso no mayor de 45 días un informe detallado del estudio, presentada por el diputado José Guadalupe Vera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2009.

La comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción III, y 3, 44 y 45 numerales 1, 4 y 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica; y 55, 56, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y lo somete a consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 24 de noviembre de 2009, el diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas de acuerdo en las bases de regulación de las tarifas de peaje en las autopistas nacionales.

Con fecha 24 de noviembre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

Segundo. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2009, el diputado José Guadalupe Vera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a realizar mediante las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

Con fecha 15 de diciembre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa para estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de la comisión hacemos de su conocimiento el siguiente

II. Contenido de la proposición

1. El legislador solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas de acuerdo en las bases de regulación de las tarifas de peaje en las autopistas nacionales.

Lo anterior, aduce, porque el uso de motocicletas para recorridos turísticos se ha incrementado en los últimos años, y el alto costo que representa el uso de autopistas de cuota ha originado la opción de utilizar carreteras alternas, por lo que se presenta un número considerable de accidentes.

Señala que las motocicletas, a diferencia de los automotores, transportan un menor número de personas, y su peso y dimensiones son considerablemente menores, por lo que el pago de cuotas en carreteras para quienes utilizan este medio de transporte se vuelve desproporcionado.

La presente proposición con punto de acuerdo busca disminuir el costo del peaje en las autopistas para las motocicletas, a efecto de favorecer el turismo de quienes utilizan este medio de transporte.

2. Respecto a la segunda proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado José Guadalupe Vera Hernández, se solicita al Ejecutivo federal que a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público realice un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

El mayor daño o desgaste que reciben las carreteras es por el peso de los vehículos, y está asociado principalmente a los ejes que tienen, por lo que el peaje se determina respecto a su número. En este sentido, las motocicletas deberían pagar menor peaje, ya que no generan afectación alguna a la estructura o desgaste de la carpeta por donde transitan.

Por otro lado, en México hay una cultura importante para el uso de la motocicleta, donde se promueve gran cantidad de encuentros recreativos y turísticos en diferentes estados y, en consecuencia, se requiere hacer uso de las autopistas. Sin embargo, en muchos casos no se usan porque el peaje es muy alto.

Se requiere que el gobierno federal, con la red de concesionarios de autopistas, lleve a cabo un estudio integral para evaluar la pertinencia de reducir el peaje de las motocicletas que circulan por las autopistas.

Por lo expuesto y una vez analizada la presente proposición con punto de acuerdo, la Comisión de Transportes hace las siguientes

III. Consideraciones

1. Las proposiciones con punto de acuerdo descritas, relacionadas con la solicitud que se realiza al Ejecutivo federal por conducto de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, consistente en que se lleve a cabo el estudio correspondiente a efecto de resolver sobre la viabilidad de reducir el peaje para las motocicletas, en la que se disminuya el 60 por ciento correspondiente a las motocicletas, de acuerdo en las bases de regulación de las tarifas de peaje en las autopistas nacional, la Comisión de Transportes realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

En reuniones llevadas a cabo, acordó, con los integrantes, las inquietudes de los legisladores autores de las proposiciones en conocer, profundizar y avanzar en el desarrollo de la equidad para el transporte y el acceso a su infraestructura en el país. Por ello se consensuó la conveniencia de solicitar a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público que informen a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Transportes, sobre los elementos relevantes para determinar la viabilidad técnica y financiera de una reducción del peaje para las motocicletas en la red de autopistas del país; y si los estudios mencionados comprueban la viabilidad de llevar a cabo proporcionalmente dicha reducción, a efecto de que la Comisión de Transportes forme debidamente su criterio con relación a las medidas administrativas y, en su caso, legislativas que procedan con relación al tema.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes aprobamos y ponemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informe a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Transportes, acerca de la viabilidad de reducir el pago de peaje que realizan las motocicletas en las autopistas nacionales, de acuerdo con las bases de regulación de las tarifas de peaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2010.

La Comisión de Transportes

Diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, secretarios; Leobardo Soto Martínez, Sergio Lobato García (rúbrica), José Ramón Martel López (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González, Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Mary Telma Guajardo Villarreal, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Samuel Herrera Chávez, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).