Que expide la Ley General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio, suscrita por los diputados Francisco Alberto Jiménez Merino, Héctor Eduardo Velasco Monroy y Fermín Montes Cavazos, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Alberto Jiménez Merino, Héctor Eduardo Velasco Monroy y Fermín Montes Cavazos, diputados federales por la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía iniciativa de Ley General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario y la reforma a diversas leyes directamente relacionadas con la operación de los Almacenes Generales de Depósito con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los principios de toda política del desarrollo del campo Mexicano deberían ser la soberanía y seguridad alimentarias, las cuales para caracterizarse como reales políticas de desarrollo, necesariamente han de sustentarse en el desenvolvimiento pleno de la sociedad rural.

Lo anterior no se ha podido lograr a causa de la descoordinación de las estrategias, los programas y las líneas de acción de los sectores social y privado, a lo cual debe agregarse la conducción poco consistente de los distintos niveles de gobierno de la política del Estado mexicano que por mandato constitucional debe promover, concertar e instrumentar políticas de fomento productivo, de desarrollo económico, así como una política social para el desarrollo rural sustentable.

Lo conveniente es que dichos principios de la política de desarrollo del campo mexicano, que al mismo tiempo constituyen todavía aspiraciones, es decir, la soberanía y seguridad alimentarias, así como la prosperidad de los habitantes del ámbito rural, cuenten con las condiciones para que se implementen de manera que todos los actores involucrados, particularmente los más vulnerables del sector rural, cuenten con el marco jurídico para desarrollar sus potencialidades.

Así, el progreso del campo mexicano precisa no sólo la aplicación de los actuales instrumentos con los que cuenta el Estado, sino de modificar el marco jurídico vigente para que se incentiven procesos en los que la convivencia y, en algunos casos, el acuerdo entre los distintos sectores productivos que conforman la economía de nuestra nación, generen el desarrollo económico de la sociedad rural.

En ese sentido, cabe recordar que entre las condiciones para la realización de una política de Estado que el Acuerdo Nacional para el Campo establece para alcanzar los principios antes mencionados, se ha de cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

“Ser construida con la participación de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, mediante la vinculación práctica de capacidades y saberes expertos, de la experiencia real de los actores productivos y sociales, de los saberes institucionales, y sobre todo considerando la diversidad regional y poblacional existente en las diferentes entidades federativas del país;

“Establecer con claridad los derechos y obligaciones, tanto del sector público, como de la sociedad; en un marco de corresponsabilidad, para alcanzar los objetivos que se pretenden como nación;

“Fortalecer el marco institucional, legislativo, normativo, programático, presupuestario y de rendición de cuentas, para la realización de las responsabilidades públicas, la definición de las misiones de las instituciones; la organización en la conducción de los asuntos públicos y la rendición de cuentas transparente hacia la sociedad;

“Fortalecer los mecanismos que permitan combinar los recursos públicos, privados y sociales requeridos para realizar las tareas.”

Es precisamente en el contexto del Acuerdo Nacional para el Campo que se acaba de transcribir, que se adscribe la presentación de esta iniciativa de nueva Ley de Almacenamiento Financiero y Agropecuario, la cual parte del supuesto de que para un desarrollo económico y social del campo mexicano se requiere de la convivencia y complementariedad de los distintos sectores económicos señalados en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguardando la función de rectoría que le corresponde al Estado mexicano con las facultades expresas que se otorgan, en este caso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es de considerar que de acuerdo a la legislación vigente, los Almacenes Generales de Depósito tienen el carácter de organizaciones auxiliares del crédito y están sujetos al régimen jurídico y administrativo de una autorización para su constitución y funcionamiento, misma que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México.

Dicha legislación regula, a través de diversas disposiciones, la forma de constitución legal de los almacenes, su operación, régimen de capital, actividades permitidas y prohibidas, el establecimiento de capitales mínimos necesarios para la constitución de un nuevo almacén y para mantener en operación a los ya existentes, además de establecer junto con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el régimen legal de emisión, funcionamiento y transmisión de los certificados de depósito y los bonos de prenda , títulos de crédito que se entregan al depositante de mercancías, para amparar la existencia y custodia de los bienes recibidos por un Almacén, previstos y regulados sustantivamente por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Para dar certidumbre a la emisión y circulación de dichos títulos de crédito, además de los términos exigidos por la citada ley cambiaria, la Ley General de Organizaciones Auxiliares del Crédito establece que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene facultades de fiscalización y supervisión de sus operaciones y funcionamiento, pudiendo inclusive imponer sanciones por violaciones de carácter administrativo contempladas en la vigente legislación.

El propósito de esta propuesta legislativa es incorporar expresamente en el marco que se acaba de mencionar el almacenamiento agropecuario, exponiendo con esta denominación una actividad productiva, más que una expresión territorial como puede ser el nombre de rural. De hecho, las actividades de Almacenamiento Rural, como lo plantea el Acuerdo Nacional para el Campo, forma parte de las políticas de fomento productivo y desarrollo económico establecidos en dicho acuerdo, actividades que deben participar en un sistema coherente y coordinado de acciones que permitan cumplir con los requisitos antes mencionados.

Ha de señalarse que esta iniciativa, además de establecer los incentivos para que se desenvuelvan las actividades de almacenamiento por los sectores social y privado, tiene como objetivo adicional preservar a la figura de certificados de depósito y sus bonos de prenda como instrumentos de financiamiento adecuado para las actividades productivas del campo. Es de considerarse que hasta el año pasado los Títulos de Crédito en mención fueron el vehículo para que más de 150 mil millones de pesos se vertieran al campo en actividades de financiamiento, de apoyos y de subsidios.

Para preservar a los certificados de depósito y sus bonos de prenda, distintos agentes económicos que participan en las actividades financiamiento, apoyos y subsidios, es decir, aquellos que configuran los mercados en los que realizan su función estos Títulos de Crédito, observan como una de sus condiciones básicas mantener las actividades de autorización, supervisión y vigilancia en manos de instancias a cargo de la regulación de las organizaciones y actividades auxiliares de crédito.

Como se puede apreciar, esta iniciativa se encuentra distante de plantear que las actividades se desarrollen en el libre juego de las fuerzas del mercado, como lo ha mostrado una política económica que en los hechos, y en las últimas dos décadas, ha mostrado su desdén hacia los productores del sector agropecuario, particularmente hacia los campesinos Mexicanos.

Por el contrario, en la medida que las actividades de los Almacenes Generales de Depósito sean reguladas por las autoridades que correspondan, en este caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se preserva la peculiaridad de los Almacenes Generales de Depósito de ser los únicos emisores del certificado de depósito y bono de prenda requiere y permite mayor seguridad y certeza jurídica en el manejo comercial de las mercancías ya que es a través de los títulos de crédito lo que hoy en día permite en el sector agropecuario el acceso al financiamiento prendario; además de que ofrece entre otras servicios la posibilidad de comercializar las cosechas en virtud precisamente de la versatilidad del título, de su literalidad y desde luego del respaldo tanto económico como normativo que existe con motivo de la emisión de cada certificado de depósito, lo que le da la seguridad de que se habla.

Las políticas de fomento productivo y de desarrollo económico para el campo mexicano, como se ha expresado anteriormente, no pueden ser ajenas a una realidad en la que se privilegia el libre juego de las fuerzas del mercado y, en ese sentido, debemos estar conscientes del esfuerzo y las acciones que deberán desarrollarse para vencer los prejuicios y las inercias que durante décadas se han venido extendiendo contra las políticas de promoción de los productores rurales.

En tal virtud, es conveniente mencionar que el proyecto que se somete a esta soberanía constituye sólo un eslabón, entre varios que se deben diseñar e instrumentar, para contribuir a establecer las bases sobre las que se asentará el desarrollo de distintas actividades que para los productores y para el país son de suma relevancia, a saber:

1. Disponer la coordinación de esta ley en materia de almacenamiento agropecuario con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que con base en aquélla se vayan cumpliendo los principios dispuestos en ésta, de una manera práctica y eficaz.

2. Avanzar en el establecimiento de un sistema de información público para que los distintos agentes que participan en la actividad económica vinculada con los certificados de depósito y los bonos de prenda tomen decisiones informadas sobre la localización de los productos y la cantidad de los mismos.

3. Cooperar en la construcción de un sistema de infraestructura y logística que disminuya costos en las actividades del sector agropecuario.

4. Establecer que los Almacenes Generales de Depósito podrán funcionar como resguardo, en caso de la configuración de la reserva de productos básicos y estratégicos.

Finalmente, esta iniciativa de Ley de Almacenamiento Financiero y Agropecuario propone lo siguiente:

a) Para la constitución de un Almacén General de Depósito, la autorización le corresponda otorgarla a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dada la naturaleza financiera que supone las operaciones mediante los Certificados de Depósito.

b) Establece la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para

• Interpretar la ley;

• La determinación de los capitales mínimos para la constitución de los almacenes, así como para mantener en operación a los que ya están autorizados;

• La emisión de las reglas para disponer la superficie y capacidad mínima con la que deberán contar los Almacenes en su operación;

• Constituir la reserva de contingencia con la que deberán operar los almacenes.

c) Contar con un capítulo dedicado al almacenamiento agropecuario, dirigido a

• Ayudar a la mejor participación de las organizaciones o asociaciones de productores del medio rural en la constitución y operación de Almacenes Generales de Depósito;

• Coadyuvar a la inserción de los Almacenes Generales de Depósito en los programas relativos al Desarrollo Rural Sustentable.

d) La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios podrán establecer condiciones de operación y esquemas de inspección y vigilancia acordes a sus ámbitos de competencia;

• La Sagarpa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía deberán coordinarse en sus respectivas competencias para la conformación de los sistemas de infraestructura y logística que incentiven, mediante la disminución de costos, a los productores para que participen en los procesos de comercialización.

Como principio más relevante, la iniciativa de almacenamiento financiero y agropecuario propone que el gobierno federal propiciará la participación de las organizaciones o asociaciones de productores rurales, principalmente, de productores de productos básicos y estratégicos, sea de manera exclusiva o en asociación con otros agentes de la sociedad rural, incluyendo los almacenes del sector privado.

Por todo lo anterior, es que someto a consideración de esta soberanía el presente proyecto de iniciativa de

Decreto por el que se emite la Ley General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario, y se reforman diversas leyes en materias relacionadas con la operación de los Almacenes Generales de Depósito

Artículo Primero. Se emite la Ley General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario en los siguientes términos:

Titulo Primero

Disposiciones Generales
Capítulo Único

Artículo 1. Esta ley es de orden público y observancia general en todo el territorio nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el órgano competente para interpretar la presente ley y, en general, para todo cuanto se refiera a los sujetos de ésta.

Artículo 2o. La presente ley tiene por objeto:

I. Regular, promover y facilitar el servicio de almacenamiento financiero en todas sus modalidades, a través de las sociedades denominadas Almacenes Generales de Depósito;

II. Regular las actividades y operaciones que los Almacenes Generales de Depósito realicen con el propósito de lograr una sana y equilibrada operación y un desarrollo adecuado, en apoyo de las cadenas productivas de las que forman parte activa e importante;

III. Proteger los intereses de sus clientes; y

IV. Coadyuvar a una adecuada inserción de los Almacenes Generales de Depósito que realicen operaciones de almacenamiento agropecuario en los programas relativos al desarrollo rural sustentable en los términos de la Ley de Desarrollo Nacional Sustentable y a la mejor participación de las organizaciones o asociaciones de productores del medio rural, a que se refiere el artículo 2o. de ésta, en la constitución y operación de Almacenes Generales de Depósito que realicen actividades preponderantemente en el medio rural; y

V. Establecer los términos en que se ejercerá la supervisión y vigilancia de quienes integran el sistema de almacenamiento financiero.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por

I. Accionistas: a las personas que participen en el capital social de los almacenes;

II. Almacén: en singular o plural, a las sociedades autorizadas para que operen como Almacén General de Depósito en los términos de esta ley;

III. Bono de prenda: título de crédito expedido por los Almacenes Generales de Depósito en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el que se hace constar la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado de depósito correspondiente;

IV. Capitales mínimos: capital pagado necesario para constituir y mantener en operación a los Almacenes Generales de Depósito determinado anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Certificado de depósito: titulo de crédito expedido por los Almacenes Generales de Depósito en términos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados en el Almacén que lo emite;

VI. Clientes: las personas físicas y morales que utilizan los servicios que prestan los Almacenes;

VII. Comisión: a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

VIII. Desarrollo Rural Sustentable: el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio;

IX. Días de salario: salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

X. Plazos: los plazos señalados en días, meses o años se computarán en términos del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación;

XI. Productos agropecuarios: a cualquier bien o alimento que derive de la agricultura o ganadería;

XII. Productos básicos y estratégicos: al maíz; caña de azúcar; frijol; trigo; arroz; sorgo; café; huevo; leche; carne de bovinos, porcinos, aves; y pescado; con las salvedades, adiciones y modalidades que determine año con año o de manera extraordinaria, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable;

XIII. Reserva de contingencia: mecanismo de acumulación de capital que tiene por objeto brindar mayor garantía a las instituciones que otorgan el financiamiento prendario coadyuvando a la consolidación financiera del sector, al dotarles de mayor liquidez para afrontar situaciones de riesgo que redundará en beneficio del público usuario de este servicio; así como procurar mayor seguridad en el almacenaje de mercancías para resarcir los quebrantos ocasionados al Almacén General de Depósito para cubrir reclamaciones derivadas de faltantes de mercancías en bodegas propias, arrendadas o habilitadas;

XIV. Secretaría: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

XV. Sistema de Almacenamiento Financiero: conjunto de sociedades autorizadas por la Secretaría para realizar operaciones de almacenamiento financiero en los términos de esta ley;

Artículo 4. Las operaciones que realicen los Almacenes, únicamente estarán respaldadas por el valor de las mercancías que amparen los certificados de depósito y el capital de los mismos Almacenes, por lo que el gobierno federal no podrá responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen los Almacenes, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus socios o clientes.

Artículo 5. Los Almacenes podrán ser de cuatro tipos:

I. Los que se destinen a recibir en depósito bienes o mercancías de cualquier clase y realicen las demás actividades a que se refiere esta Ley, a excepción del régimen de depósito fiscal y otorgamiento de financiamientos;

II. Los que además de estar facultados en los términos señalados en la fracción anterior, lo estén también para recibir mercancías destinadas al régimen fiscal, de acuerdo a lo establecido en la legislación aduanera;

III. Los que estén autorizados para realizar operaciones de almacenamiento agropecuario, ya sea de manera exclusiva o simultánea a las demás operaciones establecidas en este artículo; y que en los términos establecidos por esta ley, preferentemente a los demás, resguardarán la reserva estratégica de granos; y

IV. Los que además de estar facultados en los términos de alguna de las fracciones anteriores, otorguen financiamientos conforme a lo previsto en esta ley, debiendo sujetarse a los requerimientos mínimos de capitalización que al efecto establezca la Secretaría, mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 6. Las palabras Almacén General de Depósito, u otras que expresen ideas semejantes o análogas en cualquier idioma, sólo podrán ser usadas en la denominación de las sociedades a las que haya sido otorgada la autorización a que se refiere la presente ley y operen conforme a ésta.

Se exceptúa de la aplicación del párrafo anterior a las asociaciones, siempre que no realicen operaciones sujetas a autorización por esta ley.

Artículo 7. A falta de disposiciones de este ordenamiento será aplicable supletoriamente la legislación mercantil, fiscal y civil, así como los usos mercantiles imperantes entre los Almacenes Generales de Depósito.

Titulo Segundo
De la Organización y Funcionamiento de los Almacenes

Capítulo IDisposiciones Comunes

Artículo 8. Para la organización y funcionamiento de los Almacenes se requerirá autorización que compete otorgar a la Comisión. Por su propia naturaleza las autorizaciones no serán transmisibles.

La Comisión resolverá las solicitudes y entregará su resolución a las sociedades solicitantes, negando o concediendo la autorización dentro de un plazo de treinta días. Dichos plazos comenzarán a contar a partir de la fecha en que sean presentadas las solicitudes y recibidas por la Comisión con toda la información y documentación a que se refiere el artículo 8 de esta Ley.

Las autorizaciones, así como las modificaciones a éstas deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional.

Artículo 9. La solicitud para la concesión de un Almacén General de Depósito deberá acompañarse de lo siguiente:

I. El proyecto de estatutos sociales, los cuales deberán apegarse a las disposiciones y mecanismos que la presente ley establece;

II. Un plan de negocios, que permita a la Comisión evaluar si la sociedad podrá cumplir adecuadamente con su objeto y compromisos;

III. Acreditar la solvencia moral y económica de los accionistas y los principales funcionarios, así como la experiencia en la materia con que cuenten.

IV. La demás documentación e información que en su caso establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

Cualquier modificación a la escritura constitutiva del Almacén o a sus estatutos sociales, deberán hacerse del conocimiento de la Comisión.

La escritura social y sus reformas, deberán inscribirse en el registro público de comercio del domicilio social correspondiente, debiendo de presentarse ante la Comisión copia del testimonio respectivo dentro de un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por el registro.

En ningún momento la denominación del Almacén podrá formarse con el nombre, palabras, siglas o símbolos que la identifique con partidos políticos.

Artículo 10. La admisión y retiro de socios, se realizará de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales del Almacén informándose, en todo caso, a su consejo de administración y dando aviso a la Comisión.

Artículo 11. Las sociedades que se autoricen para operar como Almacén deberán constituirse en forma de sociedad anónima de capital variable, organizadas con arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y su duración será indefinida.

Artículo 12. La Secretaría determinará anualmente, mediante disposiciones de carácter general, los capitales mínimos fijos sin derecho a retiro necesarios para constituir nuevos Almacenes, así como para mantener en operación a los que ya estén autorizados, para lo cual tomará en cuenta el promedio de dichos capitales con que ya cuenten los Almacenes en operación, considerando necesariamente el incremento en el nivel del índice nacional de precios al consumidor que, en su caso, se hubiere dado durante el año inmediato anterior.

Los capitales mínimos, deberán estar totalmente suscritos y pagados. Cuando el capital social fijo sin derecho a retiro exceda del mínimo, deberá estar pagado cuando menos en un 50 por ciento, siempre que este porcentaje no sea inferior al mínimo establecido.

Artículo 13. Los Almacenes podrán emitir acciones sin valor nominal, así como preferentes o de voto limitado. En caso de que exista más de una serie de acciones deberá indicarse expresamente el porcentaje del capital social que podrá corresponder.

El capital social de las sociedades podrá integrarse con una parte representada por acciones de voto limitado hasta por un monto equivalente al treinta por ciento del capital pagado, La adquisición de acciones de voto limitado no computarán para efecto del límite establecido en el segundo párrafo del artículo 11.

Las acciones de voto limitado otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, escisión, transformación, liquidación así como cancelación de su inscripción en cualquier bolsa de valores.

Las acciones de voto limitado podrán conferir derecho a recibir un dividendo preferente y acumulativo, el cual invariablemente deberá ser igual o superior al de las acciones sin voto limitado, siempre y cuando así se establezca en los estatutos sociales.

Las sociedades anónimas podrán emitir acciones no suscritas y que serán entregadas a los suscriptores, contra el pago total de su valor nominal y de las primas que, en su caso, fije la sociedad.

Artículo 14. Cuando un Almacén anuncie su capital social, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado. El capital contable en ningún momento deberá ser inferior al mínimo pagado;

Artículo 15. El Almacén de sus utilidades separará por los menos, un diez por ciento para constituir un fondo de reserva de capital hasta alcanzar una suma igual al importe del capital pagado;

Artículo 16. En ningún momento podrán participar en el capital social de los Almacenes, directamente o a través de interpósita persona:

I. Personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

Las entidades financieras del exterior, así como las personas físicas y morales extranjeras, podrán participar en el capital pagado de los Almacenes. La inversión mexicana en todo caso deberá mantener la facultad de determinar el manejo y control efectivo de la empresa. La inversión extranjera deberá hacerse constar en una serie especial de acciones y en ningún caso podrá rebasar el cuarenta y nueve por ciento del capital pagado de la sociedad;

II. Otro Almacén, salvo en el supuesto de entidades del mismo tipo que pretendan fusionarse de acuerdo a programas aprobados por la Secretaría y previa autorización que con carácter transitorio podrá otorgar esa dependencia;

III. Las personas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 400 Bis del Código Penal Federal

Artículo 17. Cada accionista, o grupo de accionistas, que represente por lo menos un 15 por ciento del capital pagado de una sociedad, tendrá derecho a designar un consejero.

El número de administradores no podrá ser inferior de cinco y actuarán colegiadamente en consejo de administración.

Artículo 18. Las asambleas y las juntas de consejo de administración se celebrarán en el domicilio social, el cual deberá estar siempre en territorio de la República Mexicana. Los estatutos podrán establecer que los acuerdos de las asambleas sean válidos en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de votos con que se adopten, excepto cuando se trate de asambleas extraordinarias, en las que se requerirá, por lo menos, el voto del treinta por ciento del capital pagado para la adopción de resoluciones propias de dichas asambleas;

Artículo 19. Las cantidades por concepto de primas u otro similar, pagadas por los suscriptores de acciones sobre su valor nominal, se llevarán a un fondo especial de reserva; pero sólo podrán ser computadas como capital, parel efecto de determinar la existencia del capital mínimo que esta ley exige.

Artículo 20. No podrán ser comisarios propietarios o suplentes de los Almacenes:

1. Las personas que participen directa o indirectamente en la administración del Almacén; y

2. Los miembros de sus consejos de administración, propietarios o suplentes.

Artículo 21. La fusión de dos o más Almacenes, tendrá efectos en el momento de inscribirse en el registro público de comercio y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 22. Los poderes que otorguen los Almacenes no requerirán otras inserciones que las relativas al acuerdo del consejo de administración que haya autorizado el otorgamiento del poder, a las facultades que en la escritura o en los estatutos se concedan al mismo consejo sobre el particular y a la comprobación del nombramiento de los consejeros.

Artículo 23. Los integrantes del consejo de administración de un Almacén deberán reunir los requisitos siguientes:

I. Acreditar conocimientos y experiencia en materia financiera y administrativa;

II. No tener alguno de los impedimentos señalados en el artículo siguiente; y

III. Los demás que esta ley, la asamblea o los estatutos sociales del Almacén determinen.

Artículo 24. En ningún caso podrán ser consejeros de Almacenes:

I. Las personas que desempeñen simultáneamente otro cargo en el Almacén de que se trate, así como en otros Almacenes;

II. Las personas inhabilitadas para ejercer el comercio;

III. Las personas sentenciadas por delitos intencionales patrimoniales;

IV. Las personas que tengan litigio pendiente con el Almacén;

V. Las personas que hayan sido inhabilitadas para ejercer cualquier cargo, comisión o empleo en el en el sistema financiero mexicano, o conforme a esta ley; y

VI . Cualquier persona que desempeñe un cargo público, de elección popular o de dirigencia partidista.

Los mismos impedimentos se aplicarán, cuando corresponda, a los integrantes del consejo de administración.

Artículo 25. Los Almacenes realizarán su objeto social por medio de uno o más funcionarios que se designen especialmente al efecto y de cuyos actos responderá directa o ilimitadamente el Almacén, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que ellos incurran personalmente.

Artículo 26. Los Almacenes a través de su asamblea general de accionistas podrán designar consejeros independientes para que participen en los trabajos del consejo de administración, en igualdad de circunstancias que el resto de los consejeros.

Se entenderá por consejero independiente a la persona que sea ajena a la administración del Almacén, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión, mediante disposiciones de carácter general.

La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, determinará los casos en los que los Almacenes, atendiendo a su nivel de operaciones, deberán contar con al menos un consejero independiente.

Artículo 27. El director o gerente general del Almacén deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Tener conocimientos y experiencia de por lo menos tres años en materia financiera y administrativa;

II. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero seña el artículo 24 de esta ley;

III. No situarse en cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 400 Bis del Código Penal Federal; y

IV. Los demás que esta ley, la asamblea o los estatutos sociales del Almacén determinen.

Artículo 28. Son facultades del director o gerente general:

I. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del consejo de administración y de los comités del Almacén; y

II. Las demás que esta ley, la asamblea o los estatutos sociales del Almacén determinen.

Artículo 29. El director o gerente general tendrá las siguientes obligaciones:

I. Ejecutar las políticas establecidas por el consejo de administración y los demás comités operativos que se establezcan en el Almacén, actuando en todo momento con apego a los estatutos de ésta y a la normatividad aplicable;

II. Preparar y proponer el presupuesto de cada ejercicio;

III. Informar mensualmente de la situación financiera del Almacén al consejo de administración;

IV. Presentar al consejo de administración, para su aprobación, los estados financieros que deban ser aprobados por éste;

V. Representar al Almacén en los actos que determine el consejo de administración;

VI. Aplicar los reglamentos y manuales operativos;

VII. Llevar y mantener actualizados los libros y registros contables y sociales del Almacén; y

VIII. Las demás que esta ley, la asamblea o los estatutos sociales del Almacén determinen.

Artículo 30. Son obligaciones del consejo de vigilancia o comisario de la sociedad:

I. Vigilar que los actos de todos los órganos del Almacén se realicen con apego a los estatutos sociales del mismo y a la normatividad aplicable;

II. Presentar a la asamblea un informe anual sobre su gestión y la del consejo de administración, del director o gerente general y de los comités que el Almacén establezca;

III. Informar a la asamblea del Almacén y al comité de supervisión del consejo sobre las irregularidades detectadas en la operación de los órganos de gobierno del Almacén;

IV. Supervisar que las observaciones efectuadas se atiendan y las irregularidades detectadas se corrijan;

V. En su caso, recomendar a la asamblea y justificar la aceptación o rechazo de los estados financieros del ejercicio y del informe del consejo de administración; y

VI. Las demás que esta ley, la asamblea o los estatutos del Almacén determinen.

Capítulo IIDel Almacenamiento Financiero en General

Artículo 31. Los Almacenes tendrán por objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución, transportación o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia en bodegas propias, arrendadas, en comodato o habilitadas; o que se encuentren en tránsito de o hacia las mismas bajo su responsabilidad, siempre amparados por certificados de depósito y el otorgamiento de financiamientos con garantía de éstos. También podrán realizar procesos de incorporación de valor agregado, así como la transformación, reparación y ensamble de las mercancías depositadas a fin de aumentar su valor, sin variar esencialmente su naturaleza.

Artículo 32. Sólo los Almacenes Generales de Depósito autorizados por la Comisión estarán facultados para expedir certificados de depósito y bonos de prenda.

Artículo 33. Los certificados podrán expedirse con o sin bonos de prenda, según lo solicite el depositante, pero la expedición de dichos bonos deberá hacerse simultáneamente a la de los certificados respectivos, haciéndose constar en ellos, indefectiblemente, si se expide con o sin bonos.

El bono o bonos expedidos podrán ir adheridos al certificado o separados de él.

Artículo 34. Los Almacenes llevarán un registro de los certificados y bonos de prenda que se expidan, en el que se anotarán todos los datos contenidos en dichos títulos, incluyendo en su caso, los derivados del aviso de la institución de crédito o cualquier tomador del bono de prenda que intervenga en la primera negociación del bono. Este registro deberá instrumentarse conforme a las reglas de carácter general que emita la Comisión.

Artículo 35. Los Almacenes podrán dejar de emitir los certificados de depósito sobre mercancías en custodia en el caso de no ser requeridos por el cliente, pero estarán obligados a emitirlos en cualquier momento durante la vigencia del depósito a solicitud de éste.

Artículo 36. Los Almacenes podrán expedir certificados de depósito por mercancías en tránsito, en bodegas o en ambos supuestos, siempre y cuando dicha circunstancia se mencione en el cuerpo del certificado. Estas mercancías deberán ser aseguradas en tránsito por conducto del Almacén que expida los certificados respectivos, el cual deberá asumir la responsabilidad del traslado hasta la bodega de destino, en donde seguirá siendo depositario de la mercancía hasta el rescate de los certificados de depósito y en su caso, de los bonos de prenda.

Para los efectos de aseguramiento de la mercancía en tránsito, según se prevé en el párrafo que antecede, el Almacén podrá contratar directamente el seguro respectivo, apareciendo como beneficiario en la póliza que al efecto fuere expedida por la compañía aseguradora correspondiente, o bien, en el caso de mercancía previamente asegurada, podrá obtener el endoso de cesión de derechos en su favor de la póliza respectiva.

Los documentos de embarque deberán estar expedidos o endosados a los Almacenes.

Artículo 37. El estado de cuenta certificado por el contador interno de un Almacén, relativo a las operaciones realizadas por el mismo Almacén, hará fe, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los deudores.

Artículo 38. Los Almacenes en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al cliente, depositante, deudor o beneficiario, o sus causahabientes; o a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de los bienes depositados, salvo en los casos en que proporcionen información a la Comisión en términos de esta ley y cuando sean requeridos por la autoridad fiscal competente o por un juez en los casos en que un Almacén, sus depositantes, beneficiarios o clientes, sean parte de un proceso judicial, caso en que deberán requerirla por conducto de la Comisión.

Artículo 39. Además de las actividades señaladas en los párrafos anteriores, los Almacenes podrán realizar las siguientes actividades:

I. Prestar servicios de guarda o conservación, manejo, control, distribución de bienes o mercancías, que se encuentren bajo su custodia;

II. Certificar la calidad así como valuar los bienes o mercancías;

III. Empacar y envasar los bienes y mercancías recibidos en depósito por cuenta de los depositantes o titulares de los certificados de depósito, así como colocar los marbetes, sellos o etiquetas respectivos;

IV. Otorgar todo tipo de créditos y financiamientos con garantía de bienes o mercancías almacenados en bodegas de su propiedad o en bodegas arrendadas que administren directamente, o, habilitadas, y que estén amparados con bonos de prenda, así como sobre mercancías en tránsito amparadas con certificados de depósito, con recursos propios o derivados de las operaciones pasivas de crédito que se establecen en este artículo;

V. Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito, de seguros y de fianzas del país o de entidades financieras del exterior, o de fondos gubernamentales; destinados al cumplimiento de su objeto social;

VI. Emitir obligaciones subordinadas y demás títulos de crédito, en serie o en masa, para su colocación entre el gran público inversionista;

VII. Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus clientes o de las operaciones autorizadas a los Almacenes, con las personas de las que reciban financiamiento en términos de la fracción VI anterior, así como afectar en fideicomiso irrevocable los títulos de crédito y los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que celebren con sus clientes a efecto de garantizar el pago de las emisiones a que se refiere la fracción VI de este artículo;

VIII. Gestionar por cuenta y nombre de los depositantes, el otorgamiento de garantías en favor del fisco federal, respecto de las mercancías almacenadas por los mismos, a fin de garantizar el pago de los impuestos, conforme a los procedimientos establecidos en la ley aduanera;

IX. Prestar servicios de depósito fiscal, así como cualesquier otros expresamente autorizados a los Almacenes, en los términos de la ley aduanera;

X. Realizar operaciones fiduciarias relacionadas con las demás operaciones previstas en esta Ley, en los términos de los artículos 381 y 395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y

XI. Las demás operaciones análogas y conexas que mediante reglas de carácter general autorice la Secretaría.

Artículo 40. Los Almacenes no podrán expedir certificados, en razón de las mercancías que amparen, por un valor superior a cincuenta veces su capital pagado más reservas de capital, excluyendo el de aquéllos que se expidan con el carácter de no negociables.

La Secretaría, oyendo a la Comisión, podrá elevar transitoriamente la proporción que fija el párrafo que antecede, y excluir de dicho cómputo a los certificados que amparen mercancías depositadas en bodegas propias, arrendadas o en comodato, manejadas directamente por el Almacén, conforme reglas de carácter general que podrán ser aplicables a todo el país o sólo a determinada zona o localidad. Asimismo, podrá, en casos individuales, elevar transitoriamente el señalado límite, sin que la proporción exceda de cien veces, tomando en cuenta las circunstancias particulares del Almacén de que se trate y de las operaciones que pretenda realizar.

La propia Secretaría, mediante reglas de carácter general, oyendo a la Comisión, determinará la proporción de la citada suma del capital pagado más reservas de capital, que como máximo podrá alcanzar el valor de los certificados que amparen mercancías depositadas en bodegas habilitadas, expedidos a favor de una misma persona, entidad o grupo de personas, que de acuerdo con las mismas reglas deban considerarse para esos efectos como una sola, y señalará las condiciones y requisitos para la autorización de operaciones que excedan del límite establecido.

Para cubrir reclamaciones en caso de faltantes de mercancías en bodegas propias, arrendadas, en comodato o habilitadas, el Almacén deberán constituir una reserva de contingencia cuya conformación e inversión se ajustará a las reglas de carácter general que para el efecto emita la Secretaría.

Artículo 41. El capital y reservas de capital de los Almacenes deberán estar invertidos:

I. En el establecimiento de bodegas, plantas de transformación y oficinas propias de la organización; en el acondicionamiento de bodegas ajenas cuyo uso adquiera el Almacén en los términos de esta ley; en el equipo de transporte, maquinaria, útiles, herramienta y equipo necesario para su funcionamiento; en acciones de sociedades que se organicen exclusivamente para adquirir el dominio y administrar edificios, y siempre que en algún edificio propiedad de esa sociedad tenga establecida o establezca su oficina principal o alguna sucursal o dependencia el Almacén General de Depósito accionista; y en acciones de las sociedades a que se refiere el artículo 33 de esta ley. La inversión en acciones y los requisitos que deban satisfacer las sociedades a que se refiere esta fracción, se sujetarán a las reglas generales que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría establecerá mediante disposiciones de carácter general, el importe total de estas inversiones en relación a la suma del capital pagado y reservas de capital.

Los Almacenes deberán contar con los locales propios para bodegas, desde el inicio de sus operaciones así como con la superficie y capacidad mínima obligatorias que se fijen para cada nivel, en las reglas que al efecto expida la Secretaría;

II. En financiamientos con garantía de bienes o mercancías depositados, amparados con bonos de prenda; en anticipos con garantía de los bienes y mercancías depositados, que se destinen en pago de empaques, fletes, seguros, impuestos a la importación o a la exportación y operaciones de transformación de esos mismos bienes y mercancías, haciéndose constar el anticipo en los títulos relativos que expidan los Almacenes; en cartera de créditos prendarios, y en inventarios de las mercancías que comercialicen; y

III. En monedas circulantes en la república o en depósitos a la vista o a plazo en el Banco de México o en instituciones de crédito, o en certificados de depósito bancario, o en saldos bancarios en cuentas de cualquier clase, o en créditos expresados en letras de cambio, pagarés y demás documentos mercantiles con una firma, al menos, de institución de crédito y siempre que sea a un plazo no superior a ciento ochenta días, o también en letras, pagarés y demás documentos mercantiles que procedan a operaciones de compraventa de mercancías efectivamente realizadas, a plazo no mayor de noventa días, así como en valores de renta fija aprobados para el efecto por la Comisión.

La secretaría determinará mediante disposiciones de carácter general las reservas de capital computables para efectos de este artículo.

Artículo 42. Los Almacenes, sin perjuicio de mantener el capital mínimo fijo sin derecho a retiro previsto por esta ley, deberán tener un capital contable por un monto no menor de la cantidad que resulte de aplicar un porcentaje que no será inferior al seis por ciento ni mayor al diez por ciento, a la suma de sus activos y en su caso de sus operaciones causantes de pasivo contingente, expuestos a riesgo significativo.

La Secretaría, oyendo la opinión de la Comisión y del Banco de México, y tomando en cuenta los usos internacionales en la materia, determinará cuáles activos y pasivos contingentes deberán considerarse dentro de la mencionada suma, así como el porcentaje aplicable en los términos del presente artículo.

Para efectos de este artículo, la Secretaría, oyendo previamente a la Comisión y al Banco de México, señalará los conceptos que se consideren integrantes del capital contable de los Almacenes.

Artículo 43. En caso de que se haya pactado que el depositario realice o someta los bienes o mercancías a procesos de incorporación de valor agregado, ya sea por el desarrollo de los mismos conforme al paso del tiempo, o por la transformación, reparación y ensamble de las mercancías depositadas, con el único fin de aumentar su valor y sin variar esencialmente su naturaleza; la obligación de restitución se entenderá referida a los bienes o mercancías que hayan resultado de dichos procesos.

Artículo 44. Los Almacenes podrán actuar como corresponsales de instituciones de crédito, así como de otro Almacén o de empresas de servicios complementarios a éstos, nacionales o extranjeros, en operaciones relacionadas con las que les son propias; también podrán conceder corresponsalías a dichas instituciones, Almacenes o empresas en las operaciones antes citadas.

Asimismo, podrán tomar seguro por cuenta ajena por las mercancías depositadas; gestionar la negociación de bonos de prenda por cuenta de sus depositantes; efectuar el embarque de las mercancías, tramitando los documentos correspondientes y prestar todos los servicios técnicos necesarios a la conservación y salubridad de las mercancías.

Artículo 45. Los Almacenes deberán dar aviso a la Comisión, por lo menos con treinta días naturales de anticipación a la apertura, cambio de ubicación y clausura de oficinas administrativas en el país, excepto cuando se trate del cambio de domicilio social, del cual se requerirá autorización previa de la Secretaría oyendo la opinión de la Comisión.

Los Almacenes deberán dar aviso de la adquisición de bodegas en territorio nacional. Tratándose de oficinas en el extranjero, se requerirá de la previa autorización de la Secretaría en cualquiera de los casos mencionados así como para la adquisición, arrendamiento o habilitación de bodegas en el extranjero por parte de los Almacenes.

Además de los locales que para bodegas, oficinas y demás servicios tengan los Almacenes en propiedad, podrán tener en arrendamiento, comodato o en habilitación, locales ajenos en cualquier parte de la república, previo aviso que se dará a la Comisión con diez días de anticipación a la fecha de inicio de operaciones. Asimismo, podrán tener locales propios, en arrendamiento, comodato o en habilitación en el extranjero de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.

Ningún Almacén podrá recibir en bodegas arrendadas o manejadas directamente por él, mercancías cuyo valor de certificación exceda del porcentaje del valor de los certificados que tenga en circulación, salvo lo que señale mediante disposiciones de carácter general la Comisión.

Los Almacenes podrán dar en arrendamiento alguno o algunos de sus locales, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, así como asignar áreas en sus bodegas propias y arrendadas, al almacenamiento exclusivo de mercancías recibidas para sus custodias por un mismo depositante y, por ende no amparadas por certificado de depósito.

Los locales arrendados para bodegas deberán reunir los mismos requisitos que para las bodegas habilitadas establecen las fracciones I y II del artículo 38 de esta ley.

Artículo 46. Salvo pacto en contrario, cuando el precio de las mercancías o bienes depositados bajare de manera que no baste a cubrir el importe de la deuda más un 20 por ciento, el tenedor del bono de prenda correspondiente al certificado de depósito expedido por las mercancías o bienes de que se trate, solicitará al Almacén que, por su cuenta, un corredor o fedatario público certifique el hecho y se notifique por su conducto, al tenedor del certificado de depósito, que tiene diez días para mejorar la garantía o cubrir el adeudo. Si dentro de dicho plazo no lo hiciere se procederá a la venta en remate público en los términos que se pacten o en los términos del artículo siguiente.

Artículo 47. Los Almacenes efectuarán el remate de mercancías y bienes depositados en almoneda pública y al mejor postor, en el caso del artículo anterior, cuando se lo pidiere, conforme a la ley, el tenedor de un bono de prenda. Los Almacenes podrán también proceder al remate de las mercancías o bienes depositados cuando, habiéndose vencido el plazo señalado para el depósito, transcurrieren siete días o los días convenidos para este propósito, sin que éstos hubieren sido retirados del Almacén, desde la fecha de la notificación en la forma prescrita en el artículo anterior. Lo mismo procederá en el caso de que, después de noventa días el depositante no hubiere cubierto el monto de los servicios correspondiente al almacenamiento.

Salvo pacto en contrario, los Almacenes efectuarán el remate en los términos siguientes:

I. Anunciarán el remate mediante aviso que se fijará en la entrada del edificio principal del local en que estuviere constituido el depósito y se publicará en un periódico de amplia circulación de la localidad, en cuya circunscripción se encuentre depositada la mercancía. Si no lo hubiere, la publicación se hará en un periódico de circulación nacional o regional, o bien en el Diario Oficial de la Federación;

II. El aviso deberá publicarse al menos con siete días de anticipación a la fecha señalada para el remate. Cuando se trate del remate de mercancías o efectos que hubieren sufrido demérito, deberán mediar cuando menos tres días entre la publicación del aviso y el día del remate;

III. Los remates se harán en las oficinas o bodegas del Almacén en presencia del comisario, auditor externo o fedatario público. Las mercancías o bienes que vayan a rematarse, estarán a la vista del público desde el día en que se publique el aviso de remate;

IV. Será postura legal, a falta de estimación fijada al efecto en el certificado de depósito, la que cubra al contado el importe del adeudo que hubiere en favor de los Almacenes y, en su caso, el del préstamo que el bono o los bonos de prenda garanticen, teniendo los Almacenes, si no hubiera postor, derecho a adjudicarse las mercancías o efectos por la postura legal; y

V. Cuando no hubiere postor, ni los Almacenes se adjudicaren las mercancías o efectos rematados, podrán proceder a nuevas almonedas, previo el aviso respectivo, haciendo en cada una de ellas un descuento no mayor del cincuenta por ciento sobre el precio fijado como base para la almoneda anterior, siempre y cuando la postura mínima resulte suficiente para cubrir las contribuciones de cualquier índole y sus accesorios, incluidos los gastos de remate que en su caso, se hubieren causado respecto de las mercancías o efectos de que se trate.

En caso de que, no obstante lo señalado en el párrafo anterior, no hubiere postor, los Almacenes procederán a la destrucción o donación de las mercancías.

Cuando el producto de la venta de la mercancía o bienes depositados no baste para cubrir el adeudo a favor de los Almacenes por el saldo insoluto, o no hubiere venta, éstos tendrán acción a través de la vía ejecutiva mercantil para reclamar al depositante original, el pago del adeudo existente. El convenio de depósito correspondiente junto con el estado de cuenta certificado por el contador del Almacén de que se trate, será título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.

El tenedor del bono de prenda deberá notificar al Almacén, si acordó con el deudor prendario, un procedimiento de remate de mercancías distinto al previsto en este artículo. En el caso de que el Almacén tenga a su cargo el procedimiento de remate o una parte del mismo, éste deberá manifestarle al tenedor del bono su consentimiento, para proceder en los términos pactados, en caso contrario se aplicará el procedimiento descrito en los párrafos precedentes.

Tratándose del remate de las mercancías por las causas señaladas en el segundo párrafo, sólo podrá seguirse un procedimiento distinto al descrito, si se prevé en el certificado de depósito.

Lo dispuesto en este artículo deberá reproducirse literalmente en el texto del todos los certificados de depósito que los Almacenes emitan.

Artículo 48. Los Almacenes requerirán autorización previa de la Comisión, para invertir en acciones de sociedades que les presten sus servicios o efectúen operaciones con ellas.

Capítulo IIIDe las Prohibiciones

Artículo 49. A los Almacenes les está prohibido:

I. Operar con sus propias acciones, salvo en los casos previstos en la Ley del Mercado de Valores;

II. Recibir depósitos bancarios de dinero;

III. Otorgar fianzas o cauciones;

IV. Adquirir bienes, mobiliario o equipo no destinados a sus oficinas o actividades propias de su objeto social. Si por adjudicación o cualquier otra causa adquiriesen bienes, que no deban mantener en sus activos, deberán proceder a su venta, la que se realizará, en el plazo de dos años, si se trata de bienes muebles, o de tres años, si son inmuebles;

V. Realizar operaciones con oro, plata y divisas, a excepción de:

Las operaciones de divisas relacionadas con financiamientos o contratos que celebren en moneda extranjera, o cuando se trate de operaciones en el extranjero vinculadas a su objeto social, las cuales se ajustarán en todo momento a las disposiciones de carácter general que, en su caso, expida el Banco de México;

El depósito de diamantes, brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas naturales o cultivadas o las manufacturadas de joyería hechas con cualquier tipo de metales o piedras preciosas.

VI. Celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores del Almacén, los directores generales o gerentes generales, salvo que correspondan a prestaciones de carácter laboral; los comisarios propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los auditores externos del Almacén; o los ascendientes o descendientes en primer grado o cónyuges de las personas anteriores. La violación a lo dispuesto en esta fracción se sancionará conforme a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 86 de esta ley; y

VII. Recibir en depósito armas, municiones, mercancías explosivas, radiactivas, nucleares y contaminantes; precursores químicos y químicos esenciales, narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia

VIII. Realizar las demás operaciones que no les estén expresamente autorizadas.

Capítulo IVDe la Habilitación de Bodegas

Artículo 50. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por bodega habilitada a aquellos locales que formen parte de las instalaciones del depositante, trátese de bodegas propias, rentadas o recibidas en comodato, que el Almacén tome a su cargo para operarlos como bodegas y efectuar en ellos el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías propiedad del mismo depositante o de terceros, siempre y cuando reúnan los requisitos que señala el artículo 38, fracción II, de esta ley.

El bodeguero habilitado será designado por el Almacén para que en su nombre y representación se haga cargo del almacenamiento, la guarda o conservación de bienes o mercancías depositados y deberá garantizar al Almacén el correcto desempeño de estas funciones mediante las garantías que el Almacén estime pertinentes.

Los Almacenes deberán notificar a la Secretaría las altas y bajas de las bodegas que hayan habilitado, conforme a lo dispuesto en este Capítulo, dentro de los cinco días siguientes a cada hecho.

Al efecto, la Secretaría llevará un registro de las habilitaciones de bodegas y con base en él informará a los Almacenes, quienes deberán consultarlo de manera obligatoria antes de que procedan a la habilitación de una bodega, con el fin de verificar si la misma se encuentra libre o mantiene una habilitación vigente, en cuyo caso, no podrá realizarse la habilitación pretendida.

Artículo 51. Cuando existan faltantes de mercancías depositadas en las bodegas habilitadas, los Almacenes podrán solicitar en la vía ejecutiva el embargo de los bienes inmuebles afectados por el bodeguero habilitado o su garante, para el cumplimiento de sus obligaciones con el Almacén, tomando como base el documento en que se constituya dicha afectación en garantía y siempre que haya sido ratificado e inscrito en los términos del siguiente párrafo.

El documento en que se haga la afectación deberá ser ratificado por el propietario del inmueble ante juez, notario o corredor público, y se inscribirá, a petición del Almacén, en el registro público de la propiedad respectivo.

Artículo 52. Los bodegueros habilitados deberán dar acceso a los Almacenes en todo tiempo para que realicen visitas de inspección y levanten las actas correspondientes por conducto de las personas designadas por el Almacén, quienes para estos efectos, tendrán facultades de certificación, incluso para el caso de faltantes de bienes o mercancías amparados con certificados de depósito.

Artículo 53. Los locales en habilitación deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Los locales arrendados deberán contar con acceso directo a la vía pública y estarán independientes del resto de las construcciones que se localicen en el mismo inmueble, debiendo tener, asimismo, buenas condiciones físicas de estabilidad y adaptabilidad que aseguren la conservación de las mercancías sujetas a depósito;

II. Los locales habilitados deberán contar también con buenas condiciones físicas de estabilidad y adaptabilidad que aseguren la adecuada conservación de las mercancías que se almacenen en ellos.

Cuando existan faltantes de mercancías depositadas en las bodegas habilitadas, los Almacenes podrán solicitar en la vía ejecutiva el embargo de los bienes inmuebles afectados por el bodeguero habilitado o su garante para el cumplimiento de sus obligaciones con el Almacén, tomando como base el documento en que se constituya dicha afectación en garantía y siempre que haya sido ratificado e inscrito en los términos del siguiente párrafo.

El documento en que se haga la afectación, deberá ser ratificado por el propietario del inmueble ante juez, notario o corredor público, y se inscribirá, a petición del Almacén, en el Registro Público de la Propiedad respectivo; y

III. Los locales habilitados serán supervisados cuando menos mensualmente por inspectores nombrados por los Almacenes, quienes formularán las actas de inspección que indiquen, en su caso, faltantes de bienes o mercancías amparados con certificados de depósito. Dichas actas deberán ser certificadas por el contador del Almacén. La oposición del bodeguero habilitado o sus bodegueros auxiliares o sus funcionarios o empleados, a la inspección presumirá salvo prueba en contrario, faltantes de bienes o mercancías depositados.

Los Almacenes podrán adquirir predios o bodegas, así como construir o acondicionar locales de su propiedad, siempre que se encuentren en condiciones adecuadas de ubicación, estabilidad y adaptabilidad para el almacenamiento.

Los Almacenes podrán asimismo, tomar en arrendamiento o comodato, las plantas que requieran para llevar a cabo la transformación de las mercancías depositadas, en los términos de esta ley.

Capítulo VDel Almacenamiento Fiscal

Artículo 54. Cuando los Almacenes reciban y, en su caso, emitan certificados de depósito y bonos de prenda por mercancías o bienes de procedencia extranjera o nacional para su exportación o importación, bajo el régimen de depósito fiscal, los Almacenes, las mercancías y las operaciones, se sujetarán a las disposiciones de la ley de la materia.

Capítulo VIDel Almacenamiento Agropecuario

Sección IDe la Operación en Apoyo de la Planeación del Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 55. Los Almacenes que emitan certificados de depósito y bonos de prenda sobre productos agropecuarios, en los términos de las disposiciones que al efecto se emitan, deberán operar conforme a las acciones y programas correspondientes a la planeación del desarrollo rural sustentable, en los términos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Asimismo, dichos Almacenes deberán realizar sus operaciones de almacenamiento de acuerdo a lo dispuesto por el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la citada Ley de Desarrollo Rural Sustentable y proporcionar datos relativos a los productos agropecuarios depositados, conforme a lo que determine la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, previsto en la misma ley, a través del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Artículo 56. Tratándose de certificados de depósito que amparen productos agropecuarios, los títulos deberán incluir la manifestación del depositante, respecto de lo siguiente:

I. En su caso, la mención expresa de que se trata productos básicos y estratégicos de conformidad con lo establecido por el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

II. El lugar de producción. En el caso de productos agropecuarios de origen nacional, se deberá consignar la clave que le corresponda de acuerdo con el catálogo de integración territorial de estados, municipios y localidades, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

III. El año y el ciclo agrícola de producción; la especificación de la calidad de los productos agropecuarios de acuerdo a las disposiciones aplicables; y

IV. Señalar si se cuenta con algún mecanismo de cobertura de precios y la información relacionada con ésta.

Artículo 57. Las áreas destinadas para el depósito de las mercancías a que se refiere este capítulo deberán cumplir con los requisitos, características e instalaciones que determinen las disposiciones que al efecto emitan el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento o, en su caso, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Para el caso de acopio, acondicionamiento, industrialización, almacenamiento y trasporte de productos alimenticios de consumo generalizado, los Almacenes deberán cumplir con las normas que se dicten en los programas oficiales de abasto y las disposiciones aplicables para el depósito de mercancías.

Artículo 58. A solicitud del depositante, el Almacén podrá celebrar un contrato de reporto y podrá entregar al depositante, en concepto de anticipo a cuenta del total, un importe equivalente hasta el ochenta por ciento del valor neto del producto agrícola o insumo para la producción agrícola, pecuaria y forestal, de conformidad con el certificado que al efecto se expida en el que se hará constar el tipo y calidad del producto o insumo así como el valor comercial del mismo. El valor neto se considerará después de disminuir al valor comercial los gastos de flete, maniobras, seguro y costos financieros que serán a cargo del depositante.

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 265 de la Ley General de Títulos Operaciones de Crédito, los reportos a los que se refiere este artículo podrán realizarse por periodos de hasta noventa días.

Artículo 59. Con base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se apoyarán proyecto de inversión para la comercialización, la modernización de la infraestructura comercial y desarrollo de capacidades administrativas, técnicas y de información comercial a organizaciones del primer y segundo nivel que cuentan con excedentes de comercialización de productos básicos y estratégicos que se encuentran en regiones y zonas con mayor rezago social y económico en lo relativo de la infraestructura y servicios de almacenamiento, principalmente de organizaciones del sector social, para que como parte de los programas previstos en dicha ley, se haga posible su incorporación en los Sistemas Nacionales de Almacenamiento, de Financiamiento Agropecuario y al de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. Los Almacenes Generales de Depósito conjuntamente con las autoridades competentes definirán criterios diferenciados que hagan posible la operación de los servicios de almacenamiento en las condiciones de desarrollo relativo en que se encuentran estos agentes de la sociedad rural.

Sección IIDe la Participación de las Organizaciones o Asociaciones de Productores del Medio Rural en el Capital de Almacenes

Artículo 60. El gobierno federal, en los términos de lo establecido en el artículo 32, fracción VII, y demás aplicables, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, propiciará la participación de las organizaciones o asociaciones de productores del medio rural a que se refiere el artículo 2o. de la misma ley, principalmente en el caso de productores de productos básicos y estratégicos de los señalados en el artículo 179 del propio ordenamiento, ya sea de manera exclusiva o en asociación con otros agentes de la sociedad rural, incluyendo los Almacenes del sector privado o a los accionistas de éstos.

Artículo 61. Los Almacenes que se constituyan y operen conforme a lo preceptuado por el artículo anterior, se sujetarán sin excepción a todas las disposiciones de la presente ley.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Servicio Nacional de Normalización e Inspección de Productos Agropecuarios y del Almacenamiento podrán, mediante disposiciones de carácter general que se emitan, considerando la opinión de la Comisión, establecer condiciones de operación y esquemas de inspección y vigilancia, acordes a sus ámbitos de competencia, adicionales a las señaladas en esta ley.

Artículo 62. Las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, de manera coordinada y conforme a sus respectivas competencias, establecerán la más adecuada participación de los Almacenes a que se refiere este capítulo, en la conformación de sistemas de infraestructura y logística que disminuya costos e involucre a los demás agentes económicos, principalmente los productores, en los procesos de comercialización y en la construcción de reservas estratégicas de granos y productos básicos y estratégicos.

Artículo 63. En caso de desastre natural, desabasto o especulación se constituirá una reserva estratégica de granos básicos, en los términos y condiciones que establezca el sistema nacional de almacenamiento en concordancia con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La reserva estratégica de granos deberá constituirse preferentemente por agentes de la sociedad rural, o bien, atendiendo a las capacidades de almacenamiento por los Almacenes del sector privado o en asociación de los agentes del sector rural con los almacenes del sector privado.

Título Tercero
De la Inspección y Vigilancia

Capítulo I

Artículo 64. Los Almacenes estarán sujetos a la supervisión de la Comisión, la que tendrá todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la ley que la rige, la presente ley y las reglas generales que en materia de supervisión y vigilancia dicte.

Capítulo IIDe las Medidas Correctivas

Artículo 65. Los Almacenes estarán obligados a:

I. Proporcionar a la Comisión todos los documentos, información, registros, correspondencia y sistemas de almacenamiento de datos necesarios para la verificación;

II. Cumplir con las medidas correctivas a que se refiere este capítulo, permitir la práctica de visitas y auditorias para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley, de las disposiciones que de ella emanen y de las reglas que emita la Comisión.

Artículo 66. La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, establecerá las medidas prudenciales correctivas mínimas con que deberán cumplir los Almacenes, así como las características y plazos para su cumplimiento, de acuerdo con la clasificación que conforme al artículo 5 de esta ley corresponda a cada uno de ellos.

Estas medidas tendrán por objeto prevenir y, en su caso, normalizar oportunamente las anomalías financieras o de cualquier otra índole que los Almacenes presenten, derivadas de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad y solvencia financiera, o pongan en riesgo los intereses de sus clientes.

Artículo 67. Cuando de los dictámenes de la Comisión se desprenda alguna operación que se considere irregular pero que no afecte la estabilidad o la solvencia financiera y económica de un Almacén y no ponga en riesgo los intereses de los clientes, previa audiencia del Almacén de que se trate, la Comisión le ordenará la aplicación de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a lo dispuesto en este ordenamiento.

Artículo 68. La Comisión previa audiencia del Almacén de que se trate podrá solicitar la remoción del director o gerente general y del consejo de administración, cuando se presenten causas graves, que afecten la estabilidad o la solvencia financiera y económica del Almacén y pongan en riesgo los intereses de los clientes. En este caso, la Comisión designará a las personas que se encargarán de la administración del Almacén, quienes deberán contar con las facultades a que se refiere el artículo 70 de esta ley.

Son causales que motivarán la remoción a que se refiere el párrafo anterior:

I. Si el Almacén reiteradamente incumple con la regulación establecida por la Comisión;

II. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones efectuadas por el consejo, el Almacén realiza operaciones irregulares, ilegales o distintas a las que le están permitidas;

III. Si sus actividades se apartan de las sanas prácticas de los mercados en que opera;

IV. Si por causas imputables al Almacén no aparecen, debida y oportunamente registradas en su contabilidad, las operaciones que haya efectuado y, por tanto, no se refleja su verdadera situación financiera;

V. Si el Almacén proporciona dolosamente información falsa o incompleta;

VI. Si el Almacén reiteradamente no proporciona a la Comisión respectiva los informes, y documentos que sobre su organización, operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio que estos les soliciten, para fines de regulación, supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones que conforme a esta Ley u otras disposiciones legales y administrativas, les corresponda ejercer;

VII. Si suspende en forma total o parcial, la prestación de sus servicios sin la aprobación, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor;

VIII. Si el Almacén ejecuta u omite actos que impidan la prestación continua de los servicios que desarrolle;

IX. Si el Almacén no aplicó las medidas correctivas que le fueron determinadas; y

Capítulo IIIDe la Intervención Administrativa

Artículo 69. Cuando a juicio de la Comisión existan irregularidades de cualquier género en los Almacenes y determine que se encuentran en riesgo los intereses de los clientes o bien se ponga en peligro su estabilidad o solvencia, el presidente de la Comisión podrá de inmediato declarar la intervención con carácter de gerencia y designar a la persona física que se haga cargo el Almacén respectivo, con el carácter de interventor-gerente.

El interventor-gerente deberá informar a la Comisión del estado en que se encuentre el Almacén, a fin de que éste adopte la decisión de escindir, fusionar, vender o disolver y liquidar al Almacén.

Artículo 70. El interventor-gerente tendrá todas las facultades que correspondan al consejo de administración y al director o gerente general del Almacén, estando obligados éstos a proporcionarle toda la información y a otorgarle las facilidades que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

También tendrá plenos poderes generales para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias y querellas y desistirse de estas últimas, previo acuerdo con el presidente de la Comisión y para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, y revocar los que estuvieren otorgados por el Almacén intervenido y los que él mismo hubiere conferido.

El interventor-gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de socios, ni al consejo de administración; pero la asamblea de socios podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que le competen. El interventor-gerente podrá citar a asamblea de Socios y reuniones del consejo de administración con los propósitos que considere necesarios o convenientes.

Previo citatorio por escrito, en caso de no encontrarse presente el director o gerente general al momento de la intervención, el interventor-gerente se entenderá con cualquier funcionario del Almacén que se encuentre presente.

En el caso que señala el párrafo anterior, el director o gerente general será responsable de los actos y operaciones que hubiere realizado durante su gestión contraviniendo lo dispuesto en ésta u otras leyes aplicables.

El oficio que contenga el nombramiento de interventor-gerente deberá inscribirse en el registro que corresponda al domicilio social del Almacén intervenido, sin más requisitos que el oficio respectivo de la Comisión. Cuando ésta acuerde levantar la intervención, lo comunicará así al encargado del registro, a efecto de que se cancele la inscripción respectiva.

Titulo Cuarto
De las Facultades de las Autoridades

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 71. La Comisión tendrá además de las facultades que se le atribuyen en otros artículos de esta ley, las que se señalan en este capítulo.

Los Almacenes deberán proporcionar a la Comisión toda la información que ésta les requiera para el adecuado cumplimiento de su tarea de supervisión.

Asimismo, la Comisión deberá solicitar la opinión de la Secretaría en relación con las disposiciones que aquélla emita en materia de requerimientos de capitalización. De igual manera, cuando para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente ley, lo estime conveniente podrá solicitar la opinión del Banco de México.

Artículo 72. La documentación que utilicen los Almacenes relacionada con su objeto, deberá sujetarse a las disposiciones de esta ley y las demás que le sean aplicables. La Comisión podrá objetar en todo tiempo la utilización de la mencionada documentación, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, oscuridad o por cualquier otra circunstancia que pueda inducir a error a los Clientes, respecto de sus operaciones y servicios.

La Comisión podrá ordenar la suspensión de publicidad que realicen los sujetos de esta ley, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, oscuridad o competencia desleal entre las mismas, o que por cualquier otra circunstancia pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios.

Artículo 73. La Comisión podrá en todo tiempo acordar que se proceda a la remoción, de los miembros del consejo de administración, directores o gerentes generales, miembros del consejo de vigilancia o comisario, contralor normativo, miembros del comité de supervisión, directores, gerentes o quienes ejerzan sus funciones en los términos de esta ley, así como las demás personas que con sus actos puedan obligar al consejo de administración, cuando considere que tales personas no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente ley y a las disposiciones de carácter general que de ella deriven.

La propia Comisión podrá además, con acuerdo de su Junta de Gobierno, en el último supuesto señalado en el párrafo anterior, inhabilitar a las personas citadas para desempeñar un empleo, cargo, mandato o comisión en cualquiera de los Almacenes sujetos a esta ley, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables.

Para imponer la inhabilitación la Comisión deberá tomar en cuenta:

I. La gravedad de la infracción y la conveniencia de evitar estas prácticas;

II. El nivel jerárquico, los antecedentes, la antigüedad y las condiciones del infractor;

III. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivados de la infracción; y

IV. La reincidencia.

Para la amonestación, suspensión, remoción, veto e inhabilitación, la Comisión deberá oír previamente al interesado y al representante del Almacén y en su caso dará vista a la representación social federal para que el ámbito de su competencia se manifieste al respecto.

Las resoluciones de la Comisión a que se refiere este artículo podrán ser recurridas ante la Secretaría dentro de los quince días siguientes a la fecha en que la misma se hubiere notificado. La Secretaría podrá revocar, modificar o confirmar, la resolución recurrida, con audiencia de las partes.

Capítulo IIDe la Revocación de las Autorizaciones

Artículo 74. La comisión, previa audiencia del Almacén interesado, podrá declarar la revocación de la autorización otorgada de conformidad con el artículo 7o, según corresponda, en los casos siguientes:

I. Si no presenta el testimonio de la escritura para su aprobación a que se refiere el artículo 8o, fracción I, dentro del término de noventa días hábiles a partir de que haya sido otorgada la autorización, o bien, si no inicia sus operaciones dentro de los noventa días hábiles siguientes a partir de la aprobación de dicho testimonio, o al darse esta última no estuviere pagado el capital mínimo del Almacén;

II. Si el Almacén genera pérdidas que la sitúen por debajo de su capital mínimo;

La Comisión podrá establecer un plazo que no será menor de treinta días hábiles ni mayor de cuarenta y cinco días, para que se reintegre el capital en la cantidad necesaria para mantener la operación del Almacén dentro de los límites legales;

III. Cuando el número de socios llegare a ser inferior al fijado como mínimo en las leyes aplicables;

IV. Si efectúa operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o por las disposiciones que de ella emanen, o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas de los mercados en que opera, o si abandona o suspende sus actividades;

V. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones de la Comisión, el Almacén ejecuta operaciones distintas a las permitidas, o bien, si a juicio de la Comisión no cumple adecuadamente con las funciones para las que fue autorizada, o por poner en peligro con su administración los intereses de sus socios o clientes, o de su objeto social, de conformidad con lo dispuesto por esta ley;

VI. Cuando por causas imputables al Almacén, no aparezcan debida y oportunamente registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado;

VII. Si el Almacén se niega reiteradamente a proporcionar información, o bien, de manera dolosa, presenta información falsa, imprecisa o incompleta a la Comisión;

VIII. Si el Almacén obra de manera reiterada, sin autorización de la Comisión, en los casos en que la ley así lo exija;

IX. Si la sociedad se disuelve, liquida o es declarada en concurso mercantil; y

XI. En cualquier otro establecido por la ley.

La declaración de revocación se inscribirá en el registro público de comercio que corresponda al domicilio social del Almacén de que se trate y se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de circulación nacional.

La revocación incapacitará al Almacén de que se trate para realizar sus operaciones a partir de la fecha en que se notifique la misma y se pondrá en estado de disolución y liquidación sin necesidad del acuerdo de la asamblea de socios.

La Comisión promoverá ante la autoridad judicial para que designe al liquidador, si en el plazo de treinta días de publicada la revocación no hubiere sido designado. Cuando la propia Comisión encuentre que existe imposibilidad de llevar a cabo la liquidación el Almacén, podrá hacerlo del conocimiento del juez competente para que ordene la inscripción de la cancelación de su autorización para actuar como Almacén en el registro público de comercio, la que surtirá sus efectos transcurridos noventa días a partir del mandamiento judicial. Los interesados podrán oponerse a esta cancelación dentro del plazo de treinta días, ante la propia autoridad judicial.

Artículo 75. Los Almacenes informarán a la Comisión, el nombre de las personas que hayan sido condenadas en sentencia que haya causado ejecutoria por haber incurrido en algún ilícito de tipo penal. Dicho informe deberá proporcionarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que la sentencia hubiere causado ejecutoria.

Dicha Comisión, previa autorización de las partes interesadas y después de realizar las comprobaciones que juzgue necesarias, comunicará a los Almacenes los nombres de las personas que hubieren sido condenadas por delito de tipo penal, a fin de que en lo sucesivo se abstengan de proporcionarles el servicio de habilitación de bodegas, con independencia de las sanciones que conforme a ésta u otras disposiciones legales correspondan.

Asimismo, se suspenderá en sus funciones al bodeguero habilitado y no podrá ser designado para tal efecto, el depositante o algún funcionario o empleado de éste, cuando haya incurrido en infracciones de tipo penal.

Título Quinto
De las Sanciones y Penas Convencionales

Capítulo IDe las Sanciones y Penas Convencionales

Artículo 76. El incumplimiento o la violación a las normas de la presente ley y a las disposiciones que emanen de ella, serán sancionados con multa que impondrá administrativamente la Comisión y se hará efectiva por la Secretaría.

Corresponderá a la Junta de Gobierno de la Comisión la imposición de sanciones, la que podrá delegar esta atribución en el presidente en razón de la naturaleza de la infracción o del monto de las multas y tendrá asimismo la facultad indelegable de condonar, en su caso, total o parcialmente las multas impuestas.

Para efectos de las multas establecidas en el presente capítulo se entenderá por días de salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En caso de reincidencia, se podrá aplicar multa equivalente al doble de la establecida para esa infracción.

Artículo 77. Para la aplicación de las multas previstas en este capítulo, la Comisión deberá oír previamente al interesado y tomar en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de esta ley.

Artículo 78. Las multas deberán ser pagadas dentro de los quince días siguientes a la fecha de su notificación. En caso de que el interesado promueva cualquier medio de defensa establecido y la pena o multa resultare confirmada total o parcialmente, según lo que proceda, su importe deberá ser cubierto inmediatamente una vez notificada la resolución correspondiente.

Artículo 79. En contra de las multas impuestas por la Comisión procederá el recurso de revocación, mismo que deberá interponerse por escrito dentro de los quince días siguientes al de su notificación y deberá agotarse antes de proceder por cualquier otro medio de impugnación.

Este recurso deberá interponerse ante la Comisión. En el escrito deberá expresarse el acto impugnado y los agravios que el mismo le cause, ofreciendo en caso de contar con ellas, las pruebas que se juzguen convenientes.

Los actos y resoluciones de la Comisión podrán ser recurridos por los interesados, en los términos previstos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con excepción del recurso de revocación relativo a multas en el que será aplicable el Código Fiscal de la Federación en su parte conducente.

Artículo 80. Cuando no se expresen en el mencionado escrito el acto reclamado o los agravios causados, la autoridad competente podrá desechar por improcedente el recurso interpuesto. Si se omitieron las pruebas, se tendrán por no ofrecidas.

La resolución del recurso de revocación podrá consistir en: desechar por improcedencia, confirmar o mandar reponerlo por uno nuevo que lo sustituya, o revocar el acto impugnado, y deberá ser emitida en un plazo que no exceda de treinta días posteriores a aquél en que se interpuso el recurso cuando deba ser resuelto por el presidente de la Comisión, ni de sesenta días hábiles cuando se trate de recursos competencia de la Junta de Gobierno.

Lo dispuesto en este Capítulo, no excluye al infractor de la imposición de sanciones que conforme a ésta u otras leyes le fueren aplicables por la comisión de delitos.

Artículo 81. El incumplimiento a las disposiciones de la presente ley, se sancionará con la imposición de las multas a que se refiere este capítulo conforme a lo siguiente:

I. De 300 a 3,000 días de salario a los Almacenes que hagan caso omiso de los requerimientos de la Comisión o de la Secretaría a que se refiere esta ley;

II. De 300 a 3,000 días de salario al Almacén que omita someter a la aprobación de la Comisión las modificaciones a sus estatutos;

III. De 500 a 2,000 días de salario a los Almacenes que realicen publicidad engañosa o confusa;

IV. De 500 a 3,000 días de salario a los Almacenes que obstaculicen las facultades que esta Ley y otras disposiciones aplicables le confieren a la Secretaría o a la Comisión;

V. De 500 a 3,000 días de salario a los Almacenes que no cumplan con los servicios y operaciones que se hayan pactado con sus socios o clientes, Almacenes;

VI. De 500 a 4,000 días de salario a los Almacenes que realicen actividades distintas a las de su objeto;

VII. De 1,000 a 2,000 días de salario a los Almacenes que no lleven su contabilidad de acuerdo con los términos fijados por la Comisión;

VIII. De 1,000 a 3,000 días de salario por el uso de las palabras a que se refiere el Artículo 5o. de esta Ley, en el nombre de personas morales y establecimientos distintos a los autorizados para ello conforme al mismo precepto; y

IX. De 1,000 a 3,000 días de salario a los Almacenes que no permitan las visitas de inspección o bien que obstruyan las labores de supervisión;

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 229 y 395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 229. El certificado de depósito acredita la propiedad de mercancías o bienes depositados en el Almacén que lo emite: el bono de prenda, la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado de depósito correspondiente.

Sólo los Almacenes Generales de Depósito, autorizados conforme a la Ley General de Instituciones de Crédito Almacenamiento Financiero y Agrícola , podrán expedir estos títulos.

Las constancias, recibos o certificados que otras personas o instituciones expidan para acreditar el depósito de bienes o mercancías, no producirán efectos como títulos de crédito.

Artículo 395. Sólo podrán actuar como fiduciarias de los fideicomisos que tengan como fin garantizar al fideicomisario el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, previstos en esta sección segunda, las instituciones y sociedades siguientes:

I. Instituciones de crédito;

II. Instituciones de seguros;

III. Instituciones de fianzas;

IV. Casas de bolsa;

V. Sociedades financieras de objeto múltiple a que se refiere el artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito;

VI. Almacenes Generales de Depósito, y regulados por la Ley General de Almacenamiento Financiero y Agrícola; y

VII. Uniones de crédito.

Las instituciones fiduciarias a que se refieren las fracciones II a IV y VI de este artículo, se sujetarán a lo que dispone el artículo 85 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo Tercero. Se reforman las fracciones VII y VIII del artículo1391 del Código de Comercio, y se adiciona el mismo con una fracción IX para quedar como sigue:

Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.

Traen aparejada ejecución:

I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348;

II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos;

III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1288;

IV. Los títulos de crédito;

V. Las pólizas de seguros conforme a la ley de la materia;

VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia;

VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor;

VIII. Los convenios de depósito en bodegas habilitadas por un Almacén General de Depósito en los términos de la Ley General de Almacenamiento Financiero y Agrícola y el aviso de inspección emitido por uno de esos Almacenes, certificado por el contador de éste, cuando se trate de faltantes de bienes depositados; y

IX. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga el Capítulo I del Título Segundo de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, así como toda referencia en dicha ley a los Almacenes Generales de Depósito.

Los Almacenes autorizados para operar como tales con arreglo a las disposiciones que se derogan, se reputarán autorizadas para operar en los términos del presente decreto.

Tercero. En tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación emiten las disposiciones de carácter general a que se refiere esta ley, seguirán aplicándose las expedidas con anterioridad a la vigencia de ésta, en las materias correspondientes, en lo que no se opongan al presente decreto. Al expedirse las disposiciones a que se refiere este artículo, se señalarán expresamente aquéllas a las que, en su caso, sustituyan o queden derogadas.

Cuarto. Las Almacenes contarán con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto para ajustarse a las disposiciones a que se refiere esta ley.

Quinto. Las autorizaciones otorgadas a las Almacenes y los demás actos administrativos realizados con fundamento en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, corresponda llevar a cabo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, continuarán en vigor hasta que, en su caso, sean revocadas o sus términos modificados expresamente por dicha Comisión o, bien, dejen de producir sus efectos.

Sexto. Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se sancionarán conforme a la ley vigente al momento de cometerse las citadas infracciones o delitos.

En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el interesado podrá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación de las disposiciones aplicables a los procedimientos administrativos previstos en el presente decreto.

Séptimo. Las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, en concordancia con el Sistema Nacional de Almacenamiento y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contarán con un plazo de ciento veinte días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para establecer la participación de los Almacenes en la conformación de sistemas de infraestructura y logística que disminuya costos e involucre a los demás agentes económicos, principalmente los productores, en los procesos de comercialización y en la construcción de reservas estratégicas de granos y productos básicos y estratégicos a que se refiere el artículo 62 del decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de abril de 2010.

Diputados: Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Fermín Montes Cavazos, Héctor Eduardo Velasco Monroy.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Ángel Aguirre Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este honorable pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 17 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y los artículos 31, 66, 68, 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Las bases de las concesiones públicas nacionales otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción, operación, explotación, conservación o manutención de caminos y puentes federales tienen su fundamento en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Dentro de los aspectos generales a considerar en el apartado de obligaciones de los concesionarios, no se contemplan de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, las garantías de conservación, calidad, operatividad e inalterabilidad que otorga el concesionario. Ya que se conocen los programas de ejecución cuantificados y calendarizados, los de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, pero en ningún momento dentro de la normativa del otorgamiento de las concesiones, se determina la responsabilidad del concesionario de entregar o conservar el camino o puente en cuestión en óptimas condiciones, objeto de la concesión del camino o puente.

Si bien el otorgamiento de concesiones sobre caminos y puentes federales se lleva a cabo con sujeción a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el proyecto y sus especificaciones generales y particulares, también deben sujetarse a Normas especificas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como parte de los programas expresados en el Presupuesto de Egresos del año fiscal al que corresponda y a las obligaciones expresadas en los títulos de concesión.

Esto da luz sobre las atribuciones jurídicas que se encuentran en manos de la SCT, para que se contemplen en sus normas y reglamentos de referencia, la aplicación y efectividad de las garantías de conservación que deben existir, como parte de las bases de concesiones sobre puentes y caminos federales; como parte sustancial del cumplimiento en la protección de los caminos y puentes concesionados, misma que tiene como objeto fundamental el ejercer como vía de comunicación y por ello debe garantizarse no sólo la protección y ejecución de los trabajos en tiempo y forma, sino también la conservación del camino o puente como parte del cumplimiento de los objetivos para los que fue concesionada.

Está demostrado que las obras de parche en los caminos y carreteras, sólo producen impactos negativos. Si bien la rehabilitación y el mantenimiento de las carreteras, caminos rurales, terracerías y pavimentación son usualmente limitados, debemos adquirir conciencia de los impactos positivos y directos relacionados con la construcción, conservación, mantenimiento y tránsito eficaz de nuestros caminos y carreteras en todo el país.

Era previsible que la infraestructura requiriera ampliarse y modernizarse de una manera integral a fin de articular mejor los diferentes modos de transporte. Ante ello, se tornó necesaria la implantación una política que se enfocara hacia la expansión y la modernización de la infraestructura y servicios del sector, como al mantenimiento de obras que fueron construidas hace muchos años y que a su vez alentara la desregulación, la competencia y, sobre todo, la inversión privada responsable en el sector.

La modernización, mantenimiento y construcción de caminos y puentes continúan siendo actividades de prioridad para las comunicaciones del país. De 1994 a la fecha se han construido carreteras de mejores especificaciones, aprovechándose materiales que incrementan su vida útil.

Respecto al mantenimiento y conservación de las carreteras federales, hace cinco años únicamente la tercera parte de éstas estaba clasificada en la categoría de buen estado, según la SCT. Al concluir este año, las dos terceras partes de las carreteras serán clasificadas como de buen estado.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Las bases de licitaciones públicas nacionales emitidas y publicadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Subsecretaría de Infraestructura, consideran con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Sin embargo, no se contemplan de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, son las garantías de conservación que otorga el licitante. Ya que se conocen los programas de ejecución cuantificados y calendarizados, los de suministro y utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, pero en ningún momento se determina la responsabilidad del licitante de conservar la vía en buen estado de tránsito (objeto para lo que fue licitada la obra) en caso de adjudicación.

Toda vez que en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas, determina en los criterios relativos a la calidad y a la oportunidad, en donde se especifica que el licitante presente el mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la que se convoca en los últimos 5 años, previos a la fecha de publicación de la convocatoria; y que no se tengan antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, durante los últimos 5 años, previos a la publicación de la convocatoria. Toda vez que el tiempo es aludido a la certificación conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de procedimientos de contratación para la especialidad, experiencia y capacidad técnica. Se considera prioritario que como parte de esa garantía de vicios ocultos se fije específicamente que la persona física o moral adjudicada, debiera garantizar como parte integral de las bases de licitación, no sólo la construcción, sino la conservación en buen estado durante los 3 años posteriores a la conclusión de la obra pública licitada.

Todos los rubros son importantes, desde el proceso de licitación, la adjudicación del proyecto integral de una carretera, camino rural, terracería, pavimentación y obras complementarias, lo que garantizará la adecuada ejecución de la obra pública y el seguimiento de ésta. Así como la garantía de que existirá una responsable utilización de los recursos públicos en la construcción, conservación y mantenimiento de la vía licitada. Lo que nos dará mayores certezas ante la ciudadanía, los usuarios, incluyendo confiabilidad en los beneficios socioeconómicos proporcionados por los proyectos de caminos y carreteras, así como la reducción de los costos de inversión, transporte y un mayor acceso a nuevos centros de empleo.

Así también, los caminos rurales juegan un papel preponderante en nuestra realidad nacional, ya que unen a las poblaciones más pequeñas de mercado regional, y son los caminos terciarios, secundarios y de penetración a las comunidades. Existen caminos rurales con una capa delgada de asfalto; otros angostos y con curvas cerradas y cuestas empinadas, y muchos de estos caminos, aún se encuentran sin pavimentar.

Pero es triste darse cuenta que en la realidad, la construcción, mejora y rehabilitación de estos caminos rurales, sólo puede ser emprendida como un subcomponente de un proyecto con magnitudes superiores, sin darles un lugar prioritario a las comunidades alejadas de los caminos ya existentes o bien, alejadas de un lugar turístico, de instalaciones hidroeléctricas, o fuera de una ubicación geográfica estratégica.

Como parte de un reflejo nacional, en los últimos años, la organización económica de México ha cambiado sus criterios de manera radical. Por lo tanto, los sistemas de comunicaciones y transportes también han sufrido modificaciones trascendentales en sus formas de operación y en los sistemas de comunicaciones, transportes y control.

Sin embargo, pese a los esfuerzos concretos en áreas específicas, en materia de infraestructura, México se encuentra muy rezagado en relación con los países con los que comercia. El estudio de competitividad del World Economic Forum ubica a México en el lugar 31 en la clasificación general entre 59 países; en infraestructura ocupa el sitio 40, y en financiamiento de infraestructura el lugar 54, “lo que indica que este factor está afectando negativamente nuestra posición competitiva global”, señala un estudio conjunto del Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Era previsible que la infraestructura requiriera ampliarse y modernizarse de una manera integral a fin de articular mejor los diferentes modos de transporte. Ante ello, se tornó necesaria la implementación una política que lo mismo se enfocara hacia la expansión y la modernización de la infraestructura y servicios del sector, como al mantenimiento de obras que fueron construidas hace muchos años y que a su vez alentara la desregulación, la competencia y, sobre todo, la inversión privada en el sector.

La viabilidad financiera de los proyectos está sujeta a que se lleven a cabo estudios de evaluación bien soportados desde el punto de vista técnico y financiero, que estén respaldados por grupos promotores y otros participantes que tengan capacidad de realizarlos con las especificaciones y dentro de los plazos establecidos, y que cuenten con la solidez financiera para asumir los riesgos.

En virtud de lo anterior, se plantea como parte de los importantes requerimientos legales, que se responda y se reflejen los compromisos, garantías y condiciones actuales del país, con el fin de que proporcionen un marco útil para la instrumentación de proyectos y el cumplimiento de las garantías otorgadas en los procesos de licitación, como parte de los mecanismos procedimentales consagrados en el Reglamento de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, de lo que es menester ajustar y supervisar para la existencia de mayores garantías en la construcción, conservación, mantenimiento y tránsito de nuestras carreteras, caminos rurales, terracerías, tramos de pavimentación y obras complementarias.

En este contexto, se plantea establecer en el apartado de las obligaciones de los concesionarios de caminos y puentes federales de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como en la Ley de Obras Públicas garantizar el funcionamiento, operatividad, calidad e inalterabilidad de las vías o puentes concesionados por lo menos tres años, además del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la SCT y las obligaciones establecidas en los títulos de concesión emitidos también por la propia Secretaría así como en las bases de licitación.

Asimismo la SCT podrá rehusar la recepción de un camino o puente concesionado, previo dictamen, que no cumpla con las especificaciones de la ley, las normas oficiales o el título de concesión, equiparando tal conducta al fraude, sin perjuicio de las sanciones administrativas que amerite además de las responsabilidades civiles y penales respectivas.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 15, 17 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y los artículos 31, 66, 68, 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Al tenor de lo siguiente:

Artículo Primero: Se reforman los artículos 15, 17 y 74 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Artículo 15. ...

I. a IX. ...

Las concesiones que otorgue la Secretaría para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales implican que el concesionario garantizará la conservación, calidad, inalterabilidad y operatividad de los caminos y puentes por lo menos tres años a partir de otorgada la concesión.

Asimismo el concesionario responderá en los términos de la presente ley por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, el título de concesión o las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la Secretaría sin excluir las responsabilidades civiles y penales a las que haya lugar.

Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos, la presente ley o las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la secretaría;

II. a XIV. ...

...

Artículo 74. ...

I. a IV. ...

V. La entrega de cualquier camino o puente cuya construcción, operación, explotación, conservación o manutención fue concesionada incumpliendo los términos de la presente Ley, las obligaciones establecidas en el título de concesión o las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto haya emitido la secretaría, con la negativa recepción del camino o puente a través de un dictamen que elaborará la secretaría hasta que no se subsane tal incumplimiento a cargo y cuenta del concesionario, además de establecerse una multa de hasta dos mil salarios mínimos sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar, equiparándose la conducta descrita en la presente fracción al fraude, y

VI. ...

...

...

...

Artículo Segundo: Se reforman los artículos 31, 66, 68, 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

I. a XXXI. ...

XXXII. Tratándose de construcción de carreteras, caminos rurales, terracerías, pavimentación y obras complementarias, se deberá establecer la obligación del licitante de garantizar como parte integral de las bases de licitación, no sólo la construcción, sino la conservación, calidad, inalterabilidad y operatividad durante los 3 años posteriores a la conclusión de la obra pública licitada, misma que operará al momento de la entrega recepción de la misma en términos de las bases de la licitación, la presente ley y las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

XXXIII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación.

...

...

...

Artículo 66. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable y en la presente ley.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello; dicha garantía se hará extensiva a tres años tratándose de construcción de carreteras, caminos rurales, terracerías, pavimentación y obras complementarias.

...

...

...

...

Artículo 68. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Tratándose de construcción de carreteras, caminos rurales, terracerías, pavimentación y obras complementarias, la dependencia o entidad encargada de recibirla podrá negarse a hacerlo previo dictamen que demuestre que la obra o parte utilizable de la misma no se encuentra en las condiciones previstas por las bases de la licitación, los contratos, las Normas Oficiales Mexicanas o la legislación aplicable, siendo responsabilidad del contratista subsanar las deficiencias de la obra a su cargo y cuenta sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que resultaren de su negligencia, dolo o descuido.

Artículo 77. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

La conducta de los contratistas que tratándose de construcción de carreteras, caminos rurales, terracerías, pavimentación y obras complementarias, hagan entrega de una obra en perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 fracción XXXII y el artículo 66 del presente ordenamiento será equiparada al fraude, dándosele parte a la autoridad competente.

Artículo 78. La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. a V. ...

VI. Los contratistas que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no cumplan con la obligación establecida en el artículo 31, fracción XXXII del presente ordenamiento.

VII. Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 92 de esta ley.

...

...

...

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal cuenta con un plazo de sesenta días a partir del presente decreto para realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.

Dado en la Cámara de Diputados, Ciudad de México, el 7 de abril del 2010.

Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica)