2. En este tenor, resulta prioritario efectuar propuestas que propicien avances en la reducción de las brechas de desigualdad y en la lucha contra la pobreza, tanto nacional como regional, a través de diversos fondos y programas, logrando, por ende, elevar la calidad de vida de la sociedad.

3. Según publicación en el Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre de 2009, el INEGI establece que los diez estados con el menor PIB per cápita no minero y no petrolero son Chiapas, Guerrero, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

4. Siguiendo las ideas expuestas, dentro del Programa Económico 2010 presentado por el Ejecutivo federal el pasado mes de septiembre, se incluye la creación de la contribución para el combate a la pobreza, como un mecanismo mediante el cual todos los mexicanos, al consumir algún bien o servicio contribuirían de forma equitativa y proporcional en el financiamiento de los diversos programas federales orientados al abatimiento de la pobreza y la desigualdad.

5. Sin embargo, es sabido que, aunque diversos programas federales de gasto buscan indicadores que denoten resultados de manera efectiva, no todos ellos inciden de manera eficiente en las problemáticas que es necesario atender en las regiones del país, dando elementos para que algunos legisladores los recurran con fines electorales, más que políticas públicas con objetivos sociales; por ello, proponemos dar mayor transparencia y legitimidad a la contribución para el combate a la pobreza precisando su destino a través de los programas contra la pobreza más representativos y más efectivos, así como mediante la suma de esfuerzos y la corresponsabilidad con la entidades federativas que tengan los menores niveles de producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero, a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

6. Por otro lado, aunque la contribución para el combate a la pobreza fortalece al federalismo al formar parte de la recaudación federal participable y por ende se comparte a las entidades federativas y municipios a través del Ramo 28, "Participaciones", y Ramo 33, " Aportaciones", dicha participación apenas compensa parte de la caída en ingresos propiciada por la menor recaudación de ingresos petroleros, por lo que no genera una mayor capacidad financiera para los estados y municipios del país.

7. Así, con base en la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal, que crea la Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza, se construyó una propuesta complementaria que utiliza los procedimientos que prevé la Ley de Coordinación Fiscal, en particular el Fondo de Compensación definido en la fracción II del artículo 4o-A, para que se transfiera un porcentaje de lo recaudado por esta contribución a las 10 entidades federativas con el menor PIB per cápita, como prevé dicha ley, y de esta manera reconocer y fortalecer las estrategias y políticas públicas que localmente incidan de manera favorable en los indicadores de pobreza, marginación, rezago social y desarrollo humano. Por tal motivo, se propone que se disponga y distribuya a través del Fondo de Compensación un monto equivalente a 11 por ciento del monto que se pretende recaudar.

8. Es importante puntualizar que nosotros, como diputados federales, tenemos la atribución constitucional exclusiva de destinar los recursos que el país recaude y, por ende, en esta negociación del Paquete Económico 2010 serán fundamentales los acuerdos que generemos en la Comisión de Hacienda para materializar el impuesto, así como en la de Presupuesto para acordar el destino a favor de los que menos tienen.

9. Igualmente, por si esto no fuera suficiente, a efecto de generar la confianza en la ciudadanía sobre la aplicación de dichos recursos para apoyar efectivamente el combate a la pobreza en las regiones más frágiles de este país, proponemos corresponsabilizar a los estados beneficiados mediante la firma de un acuerdo nacional para la descentralización y la corresponsabilidad en el combate a la pobreza entre el Ejecutivo federal y las diez entidades participantes, respetando en todo momento la soberanía en el diseño e implementación de programas y políticas de desarrollo social propias de cada región.

10. Con esta propuesta, creemos que las diferentes fracciones parlamentarias se unirán a una causa que no tiene color ni partido, ya que no existe mayor prioridad que el combate a la marginación, la dispersión y la pobreza, y las entidades asumirán un papel más protagónico por una sola causa: mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

11. El Poder Legislativo federal, como representante de los ciudadanos, está obligado a coadyuvar en la coordinación y el desarrollo del esfuerzo nacional para superar las desigualdades regionales. Resulta fundamental continuar con el compromiso de sentar las bases para acelerar el progreso de nuestra nación, que permita combatir la pobreza, tener un desarrollo sostenible, satisfacer oportunamente las demandas sociales, para un desarrollo humano pleno y con igualdad de oportunidades.