Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I, y 72, Apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal sometió a la consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 10 de septiembre de 2009, para su estudio y dictamen.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

El 8 de septiembre de 2009 el titular del Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales.

El 10 de septiembre de 2009 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa de referencia para su estudio y dictamen.

Derivado de lo anterior, esta comisión realizó diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

En todas las reuniones se contó con la presencia e intervención de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria.

Descripción de la iniciativa del Ejecutivo federal

La iniciativa que se dictamina fue presentada en términos de lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Ejecutivo federal señala en la exposición de motivos de la iniciativa de referencia que las medidas aprobadas por el Congreso de la Unión en la "Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen" tendentes a conformar un sistema tributario con instrumentos impositivos con la capacidad de generar mayores recursos sin afectar las decisiones de inversión, han logrado su propósito, tal y como se desprende de los resultados de la recaudación tributaria alcanzados durante 2008.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal enfatiza la conveniencia de continuar avanzando en el mismo sentido y mejorar tanto los instrumentos tributarios de reciente creación como los ya existentes, para lo que propone diversas reformas a las leyes de los impuestos sobre la renta, a los depósitos en efectivo y al valor agregado, y al Código Fiscal de la Federación, que consisten en lo siguiente:

A. Impuesto sobre la renta

1. Ajuste temporal a la tarifa de personas físicas y tasa aplicable a las personas morales

El Ejecutivo federal señala en la exposición de motivos de la iniciativa sujeta a dictamen que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004 se estableció la reducción gradual de la tasa impositiva del impuesto sobre la renta (ISR) para las empresas, así como de la tasa marginal máxima para las personas físicas, a efecto de que a partir de 2007 dichas tasas fueran del 28 por ciento.

Asimismo, en la iniciativa se indica que la actual situación económica exige adoptar medidas temporales que permitan contar con mayores recursos para hacer frente a las necesidades de gasto público y que contribuyan a mantener la estabilidad macroeconómica, y que una mejor posición de las finanzas públicas permitirá contar con ingresos suficientes para hacer frente a los compromisos de gasto social e infraestructura y evitar en lo posible el incremento en la deuda pública.

En tal sentido, la propuesta del Ejecutivo federal consiste en ajustar durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 las tasas marginales de los últimos cinco tramos de la tarifa del ISR para las personas físicas en una proporción de 7.14 por ciento, con objeto de ubicar la tasa marginal máxima en 30 por ciento. Se hace la precisión en la iniciativa que se dictamina que dicho ajuste no impacta en la carga fiscal de las personas físicas con ingresos de hasta 6 mil 663 pesos mensuales, equivalentes a 4 salarios mínimos (SM); y que tendrá un impacto moderado en la carga fiscal de las personas físicas con mayores ingresos, quienes verán una reducción en su ingreso disponible sólo entre 0.16 y 2.67 por ciento.

La iniciativa que se dictamina plantea que para el ejercicio fiscal de 2013 las tasas marginales que se propone incrementar se disminuyan proporcionalmente en 3.33 por ciento respecto a las vigentes en 2012, quedando la tasa máxima en 29 por ciento. Asimismo, se prevé que a partir del ejercicio fiscal de 2014, las tasas marginales que se propone incrementar regresen a su nivel actual, ubicando la marginal máxima en 28 por ciento.

El Ejecutivo federal estima que con la medida propuesta alrededor del 61.6 por ciento del ajuste citado será absorbido por las personas con ingresos de 20 SM o más, que tributan a la tasa marginal máxima y que representan el 7.7 por ciento del total de asalariados, mientras que el 55.6 por ciento de los trabajadores con ingresos de hasta 4 SM no tendrán ninguna afectación. Así, la iniciativa que se dictamina señala que el ajuste a la tarifa se dará principalmente sobre las personas físicas con mayor capacidad contributiva.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal propone también incrementar la tasa del ISR empresarial a 30 por ciento durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 y aplicar la tasa del 29 por ciento en el ejercicio fiscal de 2013, para regresar al 28 por ciento a partir del ejercicio fiscal de 2014 y señala que esta medida es con el objeto de no afectar el esquema de integración del impuesto corporativo con el impuesto personal y evitar así el arbitraje tributario.

Por otro lado, el documento que se dictamina prevé ajustar durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 el porcentaje de reducción de la tasa del ISR aplicable a los contribuyentes del sector primario, con la finalidad de que el diferencial en puntos de tasa en relación con el incremento en la tasa general del ISR propuesto por el Ejecutivo federal se mantenga.

En ese sentido, la iniciativa en estudio plantea reducir durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 el porcentaje de disminución de tasa para el sector primario, a fin de que ésta aumente de 19 a 21 por ciento y propone mantener este nivel de gravamen a partir de 2014, lo cual permitirá, según lo señalado en la citada iniciativa, que este grupo de contribuyentes continúe beneficiándose de un subsidio de 25 por ciento en la tasa del ISR, dado que la tasa general será de 28 por ciento.

El Ejecutivo federal destaca que: (i) las propuestas antes mencionadas son consistentes con los aumentos de tasas que otros países han tenido que llevar a cabo como parte de sus medidas fiscales para hacer frente a la crisis económica internacional; (ii) la solidaridad en el pago de las contribuciones es un principio inmerso en el artículo 25 Constitucional que prevé que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional que fortalezca su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, y (iii) es necesario que todos los sectores de la sociedad concurran con responsabilidad social para mantener finanzas públicas sanas que permitan un desarrollo económico sostenido.

Aunado a lo anterior, en la iniciativa en estudio se destaca que el principio de solidaridad se traduce en el ajuste de la tasa y tarifas impositivas que tienen una incidencia mayor en las personas con mayores ingresos y una incidencia marginal en las personas que obtienen menores ingresos.

Finalmente, el Ejecutivo federal estima que el ajuste propuesto a la tarifa del ISR aplicable a las personas físicas y a la tasa aplicable a las empresas, así como la disminución a la reducción de la tasa aplicable al sector primario generarán ingresos adicionales en 2010 por 45 mil 397.3 millones de pesos (millones de pesos).

2. Nuevo esquema de intereses

La exposición de motivos de la iniciativa sujeta a dictamen señala que la mecánica actual para determinar los intereses reales acumulables resulta compleja, sobre todo para el caso de las personas físicas y que esta situación genera errores en el cálculo de los ingresos acumulables por intereses, aunado a que se generan cargas administrativas para las instituciones que componen el sistema financiero. Asimismo, resalta que el esquema actual de intereses consiste en que las citadas instituciones realicen una retención provisional fija misma que no depende del interés real obtenido, sino que se calcula conforme a la tasa anual que establece la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente sobre el monto del capital que da lugar al pago de los intereses.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal destaca que el régimen de retención fija sobre el capital puede dar lugar a pagos del ISR por encima de la tasa máxima de ese gravamen, generando mayores cargas administrativas para los contribuyentes y para la autoridad fiscal en virtud de los trámites que debe realizar para solicitar la devolución de la retención en exceso. También precisa que para los contribuyentes que no están obligados a presentar declaración anual, la retención puede resultar diferente ya que ésta tiene el carácter de pago definitivo del impuesto, en cuyo caso se pueden generar faltantes o excedentes y que en otros casos, la retención fija sobre el capital puede resultar inferior al ISR que sobre dichos intereses le corresponde en definitiva al contribuyente, por lo que éste podría omitir la acumulación de los intereses en su declaración anual, con el fin de evitar el pago de la diferencia del impuesto a su cargo.

Lo anterior, refiere el Ejecutivo federal, se puede ver en el hecho de que en la actualidad no exceden de 100 mil los contribuyentes personas físicas que han presentado su declaración para acumular los intereses reales obtenidos, lo que denota un bajo índice de cumplimiento del régimen de acumulación de intereses reales. La situación mencionada la explica el titular del Ejecutivo federal en razón de que para las personas físicas, en ciertos casos, significa una complicación obtener las constancias de retención para acreditar el impuesto correspondiente en el caso de que deban presentar declaración anual.

Adicionalmente, la iniciativa en estudio destaca que en las constancias entregadas por las instituciones que componen al sistema financiero a los contribuyentes, resulta difícil conciliar el cálculo de los intereses reales y el de la retención debido a la complejidad de la fórmula, ya que ésta varía para cada tipo de instrumento y requiere disponer de los saldos diarios de las inversiones, lo que provoca errores de cálculo por las referidas instituciones.

Asimismo, la propuesta del Ejecutivo federal menciona que la mecánica actual para determinar los intereses reales acumulables resulta compleja y genera costos administrativos, además de no permitir determinar adecuadamente el monto del interés real, ya que lo hace con un método de aproximación.

En virtud de las consideraciones anteriores, el Ejecutivo federal plantea en la iniciativa sujeta a dictamen un nuevo método para el cálculo de los intereses reales gravables devengados a favor de los contribuyentes a través de las instituciones que componen el sistema financiero, consistente en una mecánica de "entradas menos salidas" para determinar la base gravable de dichos ingresos, calculándose el ingreso por interés devengado.

El método propuesto, refiere el Ejecutivo federal, haría neutral el régimen para los intereses provenientes de instrumentos de largo y corto plazo, es decir, no habría ventaja o perjuicio por diferir la acumulación del interés.

El nuevo esquema propuesto en el documento en estudio prevé una retención mensual de carácter definitivo a la tasa que corresponda sobre los intereses reales la cual realizarían las instituciones que componen el sistema financiero en las que los contribuyentes tengan una o más cuentas. Esa retención se realizaría con cargo al saldo final de las cuentas en el mes por el que se calcule el ISR y cuando dichas cuentas no tengan fondos líquidos disponibles suficientes para cubrir la obligación fiscal, el monto adeudado se consideraría ISR pendiente de retención que el contribuyente pagaría en el momento en el que realice un depósito o cuando cualquiera de las cuentas que tenga con la institución financiera genere flujos, entre otros, por intereses que en ella efectivamente se abonen. Esto implica que las instituciones que componen el sistema financiero pongan al "cobro inmediato" las cuentas del cliente por los impuestos no pagados.

De acuerdo a lo señalado en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, con el régimen propuesto se garantiza que los contribuyentes que están recibiendo un interés real negativo no paguen ningún monto del ISR por este tipo de ingresos, lo que beneficiará principalmente a los pequeños ahorradores.

La propuesta planteada prevé que los ingresos por intereses no se acumulen a los demás ingresos del contribuyente para la determinación del ISR y simplificar la mecánica del cálculo. El nuevo método de cómputo propuesto por el Ejecutivo federal para determinar el ISR por ingresos por intereses sería exactamente el mismo para cualquier tipo de cuenta o instrumento, ya que aplicaría para la totalidad de la cartera, el conjunto de cuentas o para instrumentos individuales, lo que simplificaría el cálculo de los intereses, ya que éste se puede hacer agregado y en base a los datos que un estado de cuenta reporta.

Adicionalmente, el documento en estudio destaca que el método de cómputo de los intereses reales propuesto se concibe como aditivo en el tiempo y a través de instrumentos financieros, toda vez que aplicar el método con datos anuales o agregados de una cartera da el mismo resultado que la suma de aplicarlo mensualmente o de forma individual por instrumento. La iniciativa señala que con lo anterior se disminuirá el costo administrativo del régimen tanto para las instituciones que componen el sistema financiero como para la autoridad fiscal y para el contribuyente.

El Ejecutivo federal señala que el esquema propuesto tiene como propósito que el ISR sea neutral a fin de evitar la posibilidad de que se pacte el pago de intereses en distinto tiempo, por lo que propone una actualización del pago del impuesto desde la fecha en la que se cause y hasta aquélla en la que se pague ya que dicho pago podría ocurrir hasta que el interés es cobrado por el ahorrador, es decir, el impuesto corresponde a adelantos mensuales exigibles hasta que se genere el efectivo, tal como opera hoy en día, apegándose al principio económico de que se deben cobrar los impuestos en la forma y momento más cómodos para el contribuyente. Asimismo, la iniciativa indica que la actualización del ISR por los intereses sólo trata de evitar el diferimiento del ISR como un método de planeación fiscal.

La iniciativa que se dictamina plantea que tratándose de personas físicas, en el caso de obtener una pérdida derivada de interés real negativo, ésta podrá ser aplicable a través de un crédito fiscal únicamente contra el monto del ISR generado por el interés real positivo, es decir, sólo se amortiza la pérdida contra ingresos de la misma naturaleza.

Por otra parte y como consecuencia del nuevo esquema de intereses que propone el Ejecutivo federal también se plantea una serie de adecuaciones a la mecánica para la determinación de los ingresos gravables provenientes de sociedades de inversión, toda vez que en estas sociedades coexisten inversiones en instrumentos de deuda y en acciones por lo que también se proponen cambios en el procedimiento para determinar la ganancia por la enajenación de acciones de la cartera accionaria de las sociedades de inversión.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal propone establecer un esquema fiscal para determinar qué proporción de los dividendos corresponden a cada accionista de la sociedad de inversión.

Finalmente, es importante destacar que la propuesta del Ejecutivo federal prevé un periodo de vacatio legis de un año calendario respecto del régimen de intereses propuesto, a fin de que las instituciones que integran el sistema financiero cuenten con tiempo suficiente para ajustar sus procesos para aplicar el nuevo esquema fiscal de intereses.

3. Régimen de consolidación fiscal

La iniciativa que se dictamina señala que el régimen de consolidación fiscal, previsto en el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, permite que un grupo de empresas con intereses societarios (tenencia accionaria superior al 50 por ciento) y económicos comunes, pueda tributar como si fuera una sola unidad económica, lo que posibilita el diferimiento del pago del ISR, derivado de la disminución inmediata de las pérdidas fiscales obtenidas por una o varias de las empresas que conforman el grupo contra las utilidades fiscales generadas por otras sociedades pertenecientes al mismo.

Asimismo, dispone el documento en comento que el régimen de referencia beneficia los flujos de efectivo dentro del grupo que consolida al no pagarse el ISR al momento del pago de dividendos o la distribución de utilidades contables entre las sociedades que conforman el mismo.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal refiere que este régimen de tributación se concibió como un sistema de incentivo para coadyuvar con la capacidad operativa y financiera de las empresas, pero con la condición de que no produjera un sacrificio fiscal o que, de producirlo, implicara un simple diferimiento en el pago del ISR, condición que se estableció claramente en el Decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomenten el desarrollo industrial y turístico del país, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 1973, el cual constituye el origen del régimen de consolidación fiscal.

La iniciativa que se dictamina establece que el régimen de referencia en sus inicios aplicaba al 100 por ciento de la participación accionaria en las sociedades, sufriendo diversos cambios y adecuaciones a partir de su incorporación a la Ley del Impuesto sobre la Renta en 1982, siendo las modificaciones relevantes hasta el año de 1999 cuando se realizaron una serie de cambios que buscaban entre otros objetivos: (i) limitar el diferimiento del ISR, acotando la consolidación de las utilidades y/o pérdidas fiscales hasta un 60 por ciento de la participación accionaria que tuviera la sociedad controladora en forma directa en sus sociedades controladas; (ii) lograr su simplificación; (iii) adecuarlo a las prácticas internacionales; (iv) corregir disposiciones y procedimientos que llevaban a los contribuyentes a interpretaciones que erosionaban la base del ISR; (v) adecuar tratamientos específicos, como los relacionados con la desincorporación e incorporación de sociedades a la consolidación fiscal, y (vi) establecer nuevos supuestos de desconsolidación del grupo.

Cabe destacar que respecto de las modificaciones referidas en el párrafo anterior, el Ejecutivo federal enfatiza que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis de jurisprudencia entre las que destacan las siguientes:

El documento en comento establece que conforme a lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, el pago del ISR diferido dentro de la consolidación fiscal, se origina cuando: (i) se enajenen acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo; (ii) varíe la participación accionaria en una sociedad controlada; (iii) sea desincorporada una sociedad controlada o se desconsolide el grupo, y (iv) la pérdida fiscal de un ejercicio fiscal no pueda disminuirse de las utilidades fiscales de la sociedad que la generó en un periodo de diez años.

Por ello, el Ejecutivo federal indica que es posible observar que conforme al esquema actual no se prevé una fecha determinada para el pago del ISR diferido, lo que a su juicio representa un sacrificio fiscal para el erario público federal, quien por casi tres décadas ha venido financiando a los contribuyentes de este régimen, obteniendo una recaudación mínima.

El esquema actual del régimen multicitado, señala la iniciativa que se dictamina, permite a las sociedades controladas el empleo de estrategias tales como la deducción inmediata para generar pérdidas, mismas que serán disminuidas por la sociedad controladora contra las utilidades de empresas ganadoras integradas al mismo grupo o bien opten por incorporar empresas perdedoras al grupo y así prorrogar el entero del impuesto diferido por largos periodos de tiempo.

Señala el Ejecutivo federal que existen 4,862 empresas que consolidan para efectos fiscales integradas en 422 grupos. Sin embargo, el pago agregado por concepto del ISR individual y consolidado y del impuesto empresarial a tasa única que efectuaron estas empresas y los grupos en los que consolidan, correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, representó apenas el 1.78 por ciento del total de sus ingresos declarados para el ejercicio fiscal de 2007, y el diferencial se pagará hasta que se actualicen los supuestos de Ley y, en consecuencia, dichas empresas efectúen el entero del impuesto diferido. Por ello, la carga fiscal de estos contribuyentes es significativamente reducida por el diferimiento del impuesto, no obstante el tamaño de las empresas que conforman los referidos grupos, situación que cambiaría, según lo establecido por el Ejecutivo federal, de aprobarse la propuesta de la iniciativa sujeta a dictamen.

Asimismo, el documento en estudio destaca que la incidencia en el cobro del ISR por el grupo de consolidación ha sido marginal, situación que se agudiza con el diferimiento indefinido del impuesto, que además de mermar la recaudación, pone en desventaja a otros grupos que sin tener un interés societario común sí lo tienen económicamente y no pueden acceder al régimen multicitado.

El Ejecutivo federal señala que el diferimiento del pago del ISR sin fecha definida ha distorsionado radicalmente la ratio legis del régimen de consolidación fiscal como sistema de incentivo.

No obstante las consideraciones realizadas por el Titular del Ejecutivo federal, este último destaca que el régimen de tributación de referencia sigue siendo un instrumento importante para que las empresas recuperen sus pérdidas y reinviertan sus utilidades dentro de un periodo razonable y sobre todo durante los primeros años de su operación; sin embargo indica que no considera justificable que este régimen de diferimiento del ISR no tenga una fecha determinada, desde el punto de vista de la rentabilidad económica de un proyecto de inversión y que tampoco resulta acorde con las necesidades actuales de financiamiento del gasto público, además de que es contrario al principio de solidaridad referido por el Ejecutivo federal en el documento que se dictamina.

En tal sentido, el Ejecutivo federal somete a consideración del Congreso de la Unión una reforma al régimen de consolidación fiscal para que el ISR que se difiera por la aplicación del referido régimen se limite a cinco años, periodo que estima razonable para el fortalecimiento de la capacidad operativa y financiera del grupo, objetivo primigenio del régimen, asimismo, dicho periodo se extiende cinco años adicionales por el esquema de pago fraccionado que se propone en la iniciativa de referencia.

Conforme a la reforma propuesta por el Ejecutivo federal, los contribuyentes que consolidan enterarán al fisco federal, en cada ejercicio fiscal, el impuesto actualizado que hubieran diferido con motivo de dicha consolidación en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquel en que se deba efectuar el pago.

La propuesta planteada, a fin de coadyuvar a los flujos de efectivo del grupo de consolidación para el entero del ISR diferido, prevé un esquema de pago fraccionado consistente en efectuar un pago inicial del 60 por ciento del impuesto diferido correspondiente al sexto ejercicio fiscal anterior a aquel en que se realice el pago y el remanente en partes iguales durante los siguientes cuatro ejercicios fiscales, mismas que se ajustarán en caso de que por cualquiera de las causas previstas en la legislación, el contribuyente pague el impuesto diferido remanente de las parcialidades. En ese sentido, el periodo establecido para el pago del ISR diferido en realidad se convierte en un periodo de diez años.

Con relación al saldo pendiente de pago del ISR al 31 de diciembre de 2009 la iniciativa sujeta a dictamen propone aplicar el beneficio mencionado a efecto de que el contribuyente pueda pagar el ISR diferido una vez transcurridos cinco ejercicios fiscales, favoreciendo su pago en cinco parcialidades, lo que se traduce en que en el año 2010 se pagaría el saldo del impuesto diferido al 31 de diciembre de 2004; el correspondiente a 2005 se pagaría a partir de 2011, el de 2006 a partir de 2012 y así sucesivamente en cada ejercicio fiscal.

El Ejecutivo federal precisa que las modificaciones propuestas implicarían que:

El Ejecutivo federal destaca que el acotamiento propuesto rescata la esencia del régimen de consolidación fiscal, como un régimen de diferimiento del pago del ISR que implícitamente resulta en un financiamiento del fisco federal a favor del contribuyente y que le permite obtener una mayor liquidez al disminuir temporalmente su carga tributaria. Lo anterior, en contraposición con el esquema actual que prevé un diferimiento por largos periodos de tiempo, que lo convierte en un beneficio permanente.

Adicionalmente, la iniciativa que se dictamina menciona que el establecimiento de un límite para el entero del impuesto diferido da certeza respecto al tiempo en el que las empresas que difieren sus impuestos deban cumplir con su obligación de pago, impidiéndose así que los grupos que consolidan pospongan por largos periodos el pago del impuesto diferido, ya que de ser aprobada la reforma enterarán en cada uno de los ejercicios futuros los saldos de impuestos diferidos con motivo de la consolidación fiscal, generados en el sexto ejercicio fiscal previo y que no se hubiera pagado con antelación, permitiendo asimismo el incremento de los recursos por parte del Estado para su debido funcionamiento y mejora de los servicios públicos.

Es importante mencionar que el Ejecutivo federal reitera que con su propuesta se mantiene el carácter de opcional para el régimen citado y la característica de que una vez que se opte por el mismo se deberá consolidar por un periodo no menor de cinco años y que se continúa con el principio de que transcurrido dicho periodo, en tanto la sociedad controladora no presente, conforme a las disposiciones aplicables, aviso ante el Servicio de Administración Tributaria para desconsolidar, se entiende que el grupo de consolidación continúa voluntariamente en el régimen.

Por otra parte, la propuesta prevé incorporar como supuesto de desconsolidación que la sociedad controladora no cumpla con su obligación de enterar el impuesto diferido que corresponda.

Destaca el Ejecutivo federal que a efecto de evitar un doble entero del tributo, la obligación de pago en cada ejercicio fiscal del ISR diferido en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquel en que se deba efectuar el entero sería el que no se hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en que se deba efectuar el pago. En ese sentido, también señala que tratándose del impuesto diferido correspondiente a 2005 en el ejercicio fiscal de 2011 se deberá enterar la primera parcialidad del ISR diferido pendiente de pago al 31 de diciembre de 2010, con lo que los contribuyentes pagarán lo efectivamente adeudado, reconociendo los pagos del impuesto diferido que entre 2006 y 2010 se hubieran efectuado.

La propuesta en análisis prevé que el pago del ISR diferido se efectúe en la fecha en que debe presentarse la declaración del ejercicio inmediato anterior a aquél al que corresponda el pago, actualizando el impuesto diferido desde el mes en que se debió haber pagado de no haberse consolidado en el sexto ejercicio fiscal anterior y hasta la fecha de presentación de la declaración, es decir, tratándose del impuesto del ejercicio fiscal de 2005, que debió enterarse a más tardar en el mes de abril de 2006, éste se actualizará a partir de dicho mes y hasta el mes de abril de 2011, fecha en que se deberá presentar la declaración del ejercicio de 2010.

Adicionalmente, la reforma propuesta por el Ejecutivo federal plantea aclarar que en el caso de la determinación del ISR sobre los dividendos o utilidades contables que las sociedades que consolidan se hubieran pagado entre sí, dicho impuesto no se incluirá para el cálculo de la actualización antes referida cuando los contribuyentes opten por pagar ese impuesto diferido aplicando la mecánica vigente en las disposiciones fiscales del ejercicio al que corresponda el pago, en virtud de que, en este caso, los dividendos o utilidades base para el cálculo del impuesto diferido se encuentran ya actualizados.

Por otra parte, la iniciativa que se dictamina plantea establecer que para el cálculo del impuesto diferido se pueda aplicar la mecánica prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, en materia de desincoporporación o desconsolidación, con lo cual quedaría sin efectos cualquier disposición administrativa que establezca algún procedimiento que se oponga a lo dispuesto por la ley, o bien, que los contribuyentes puedan optar por un nuevo procedimiento que se plantea incorporar, mismo que prevé un mecanismo más sencillo de cálculo. Asimismo, se precisa en el documento en estudio que la mecánica elegida deberá mantenerse por un plazo mínimo de cinco ejercicios fiscales, a fin de evitar que los resultados económicos de la misma se distorsionen.

De conformidad con la propuesta del Ejecutivo federal, los conceptos respecto de los cuales los contribuyentes deberán pagar el ISR diferido conforme a la mecánica opcional, son los siguientes:

En tal sentido, el Ejecutivo federal prevé que el registro de la cuenta de utilidad fiscal neta tendrá cero como saldo inicial correspondiente al ejercicio fiscal de 2005, pudiendo acumularse los saldos con los movimientos que ocurran a partir de dicho ejercicio. Congruente con el mecanismo de reversión de pérdidas, antes señalado, la iniciativa que se somete a consideración del Congreso de la Unión propone que si en la determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada se incorporaron pérdidas fiscales de las sociedades controladas que se revirtieron conforme al párrafo anterior, pagándose el impuesto, éstas se neutralicen al momento de hacer las comparaciones de los registros de utilidades fiscales netas.

Asimismo, a fin de evitar interpretaciones inadecuadas el documento en cuestión propone que las cuentas de utilidades fiscales netas que se incorporen a los registros citados se determinarán conforme a la mecánica establecida en diversos preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que el objetivo de estos registros es permitir el control y otorgar seguridad en la determinación del impuesto diferido.

Finalmente, el Ejecutivo federal considera conveniente precisar que podrá acreditarse el impuesto diferido pagado previamente, en la medida en que la base para la determinación del impuesto incluya el resultado que ya se haya considerado en la determinación del impuesto diferido pagado previamente, sin que dicho acreditamiento exceda el impuesto a pagar y sin que dé lugar a devoluciones o compensaciones.

Registros contables

El Ejecutivo federal propone a esta Soberanía establecer que la sociedad controladora debe llevar, por los ejercicios fiscales por los que se esté obligado a conservar la contabilidad, los registros relativos a: (i) el monto total del ISR diferido que se hubiera generado con motivo de la consolidación fiscal; (ii) el monto del ISR diferido enterado; (iii) el saldo del ISR diferido pendiente de enterar; (iv) la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada correspondiente al ISR diferido; (v) la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora correspondiente al impuesto diferido, y (vi) las pérdidas de las sociedades controladas y de la controladora correspondientes al impuesto diferido.

Asimismo, en la iniciativa en comento, el Ejecutivo federal destaca que conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, se tiene la obligación de conservar los registros especiales de consolidación y demás documentación comprobatoria por todo el periodo en el que la sociedad controladora consolide su resultado fiscal con cada una de sus sociedades controladas, salvo que se obtenga autorización por parte del Servicio de Administración Tributaria, cada diez años, para no conservarla, por lo que la autoridad cuenta con facultades para solicitar tal información, sin importar la antigüedad de la misma, a menos de que se trate de la información que se haya autorizado dejar de conservarla.

Adicionalmente, como parte de las medidas de control, en el documento sujeto a estudio se propone incorporar la obligación de que en el dictamen correspondiente el contador público registrado revise y emita opinión respecto de la determinación del impuesto diferido.

En ese contexto, el Ejecutivo federal propone regular en disposiciones transitorias el pago del impuesto diferido correspondiente a los ejercicios fiscales anteriores al 2005 que se encuentre pendiente de pago al 31 de diciembre de 2009, a través de las siguientes medidas:

El Ejecutivo federal menciona que a partir de 1992 la Ley del Impuesto sobre la Renta estableció un mecanismo para determinar el impuesto sobre los dividendos o utilidades contables, es decir, aquéllos que no provenían de la cuenta de utilidad fiscal neta. De tal forma que las empresas que paguen o distribuyan dividendos o utilidades contables pagan el impuesto correspondiente.

Adicionalmente, se señala en el documento en estudio que el régimen de referencia beneficia los flujos de efectivo provenientes del pago de dividendos o distribución de utilidades entre las sociedades que conforman el grupo, permitiendo que no se efectúe el pago del impuesto derivado de los mismos, sino hasta que tales dividendos o utilidades sean distribuidas o cuando se enajenen las acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo, cuando se disminuya la participación accionaria en una sociedad controlada o cuando se desincorpore una sociedad controlada o se desconsolide el grupo.

El Ejecutivo federal menciona que es posible observar que a diferencia de las empresas que no consolidan fiscalmente, el pago del impuesto diferido por los dividendos o utilidades contables se efectúa hasta que ocurran las situaciones mencionadas, de manera que se favorece el flujo de efectivo para el grupo que consolida, lo que se traduce en un ahorro sustancial para el grupo, ya que a pesar de que exista un gasto por concepto del ISR, mismo que registran las sociedades que distribuyen o pagan tales dividendos o utilidades contables, no tienen obligación de erogarlos, precisamente por el beneficio de diferir su pago hasta que ocurran los supuestos señalados.

Agrega la iniciativa que lo anterior ha representado un beneficio extraordinario para el grupo de consolidación porque ha permitido el uso de los flujos de efectivo provenientes de tales dividendos para sus actividades productivas, traducido en un financiamiento para el grupo sin ningún costo de interés.

Al igual que para el caso del impuesto diferido por la aplicación de pérdidas, la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal propone la incorporación de mecanismos para el pago del ISR diferido por los dividendos o utilidades contables en cada sexto ejercicio fiscal, conforme a lo siguiente:

El Ejecutivo federal señala que la modificación del régimen de consolidación fiscal se ajusta a lo dispuesto por la Carta Magna, destacando para ello lo siguiente:

4. Donatarias autorizadas

La referida iniciativa menciona que el marco tributario actual no es homogéneo en cuanto al tratamiento a las obligaciones que deben cumplir las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del ISR, toda vez que a quien se dedica a ciertas actividades por las que puede obtener el carácter de donataria autorizada no le aplican las obligaciones fiscales que tienen las demás donatarias autorizadas, entre ellas, la determinación del equiparable a remanente a que se refiere el artículo 95, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, limitándose así las facultades de control y fiscalización a estas personas morales.

En tal sentido, el Ejecutivo federal propone homologar las obligaciones fiscales de todas las donatarias, garantizar mayor certidumbre jurídica respecto de las actividades que pueden realizar las donatarias autorizadas y asegurar la transparencia de la información referente, entre otros, a los recursos públicos que de forma indirecta reciben vía los donativos de los particulares, así como sobre el uso y destino de los mismos, y de esta manera permitir a las autoridades fiscales contar con los elementos suficientes para que ejerzan sus facultades de comprobación, de esa manera la iniciativa que se dictamina plantea lo siguiente:

El Ejecutivo federal señala que el artículo 109, fracción XV, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente considera como ingresos exentos para las personas físicas aquellos que perciban como consecuencia de la enajenación de su casa habitación, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión (aproximadamente 6 millones de pesos); así como que la operación sea formalizada ante fedatario público y se trate de la primera enajenación durante el mismo año calendario.

Adicional a lo anterior, la iniciativa resalta que la Ley vigente establece que el límite de exención de referencia no aplica cuando el enajenante demuestre haber residido en la casa habitación durante un periodo de cinco años anteriores a la fecha en que se efectúa la enajenación del inmueble.

De acuerdo con lo dispuesto en la iniciativa que se dictamina, el objetivo del precepto en comento consiste en exentar del ISR el ingreso percibido por el contribuyente, hasta un determinado monto, toda vez que dicho ingreso normalmente se destina a la adquisición de otra casa habitación para sustituir la anterior, por lo que de sujetarse al pago de este impuesto el contribuyente contaría con menores recursos para ello.

Ahora bien, refiere el Ejecutivo federal que dicha exención ha sido utilizada para obtener el beneficio aún y cuando el inmueble enajenado no es la casa habitación del contribuyente con el fin de adquirir otra, sino cuando se trata de enajenaciones de bienes inmuebles con el ánimo de obtener un lucro derivado de un negocio inmobiliario.

Bajo las consideraciones antes señaladas, el Ejecutivo federal plantea una reforma a fin de limitar el beneficio fiscal sólo a quienes efectivamente enajenan su casa habitación, sin el ánimo de realizar continuas enajenaciones como parte de un negocio inmobiliario, por lo que la exención por los ingresos derivados de la enajenación de casa habitación se aplicaría siempre que durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no hubiera obtenido la exención referida y hasta por el límite que actualmente establece la Ley de una cantidad que no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión.

Por otra parte, el documento en estudio prevé como obligación del fedatario público informar al Servicio de Administración Tributaria de las enajenaciones de casa habitación que se protocolicen ante él, indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido.

Adicionalmente, la iniciativa propone una medida de control consistente en una obligación por parte del enajenante de manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no ha enajenado durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación un inmueble que sea su casa habitación por la que hubiera gozado de la exención y que, además, el fedatario público ante quien se formalice la operación deba consultar al Servicio de Administración Tributaria, a través de la página de Internet de dicho órgano desconcentrado, si el contribuyente no ha obtenido el beneficio fiscal en el mencionado periodo.

La medida propuesta por el Ejecutivo federal considera que con base al comportamiento promedio de los residentes en el país, se permitirá enfocar el beneficio sólo a las personas que efectivamente enajenan su casa habitación y no otros inmuebles, bajo la consideración de que la persona que cambia de casa habitación cada ejercicio fiscal no destina el bien adquirido a dicho fin, sino a fines de lucro en detrimento del fisco federal.

6. Deducibilidad de intereses de créditos hipotecarios

La exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal señala que la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé la deducibilidad de los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a casa habitación contratados por las personas físicas con los integrantes del sistema financiero, siempre que el monto de los mismos no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión.

Asimismo, precisa que la finalidad perseguida para el otorgamiento de dicha deducción ha sido apoyar a los contribuyentes personas físicas en la adquisición de un inmueble con el fin de habitar en el mismo, no obstante lo cual actualmente la deducción puede ser utilizada para obtener beneficios excesivos al no limitarse a un determinado número de créditos ni de casas habitación, por las que pudieran hacer deducibles dichos intereses.

En tal sentido, el Ejecutivo federal a fin de evitar un detrimento en la recaudación propone establecer que la deducción personal de los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios únicamente aplicará tratándose de créditos contratados con los integrantes del sistema financiero destinados a la adquisición de la casa habitación del contribuyente y siempre que el monto total de los mismos no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión.

Señala el Ejecutivo federal que la reforma propuesta no afectaría a la población en general, sino a las personas de altos ingresos que pudieran adquirir más de un inmueble, lo anterior conforme con la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2006, en la cual se observa que el 85 por ciento del gasto en hipotecas se concentra en los hogares del décimo decil de ingresos, mientras que el 92 por ciento corresponde a los tres deciles de ingresos más elevados. Estas cifras son consistentes con la información fiscal sobre la distribución de las deducciones de intereses reales pagados por créditos hipotecarios, de la que se advierte que el 30 por ciento de la población con mayores ingresos acumulables, concentra aproximadamente el 80 por ciento de las deducciones por este concepto.

7. Estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología

El Ejecutivo federal señala que la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente establece en su artículo 219 un estímulo fiscal por los gastos e inversiones en proyectos de investigación y desarrollo de tecnología, cuyo monto total a distribuir se debe incluir en la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

Asimismo, la iniciativa indica que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 prevé que en dicho año el apoyo a los proyectos de investigación y desarrollo de tecnología se asigne conforme lo establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese mismo ejercicio fiscal.

Por lo anterior, el Ejecutivo federal considera que toda vez que la mecánica para incentivar la investigación y desarrollo de tecnología establecida a partir de este ejercicio, ha permitido a las empresas obtener directamente recursos presupuestales para financiar sus gastos e inversiones en este rubro, propone en la iniciativa sujeta a dictamen la derogación del artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal propone establecer a través de una disposición transitoria, que los contribuyentes que fueron beneficiados con el estímulo fiscal en comento podrán continuar acreditando el monto pendiente de aplicar del estímulo fiscal que les haya sido autorizado en ejercicios anteriores, conforme a las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2009.

8. Otras medidas

Como medidas adicionales en materia del ISR, se señala en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, establece la opción de que las entidades de financiamiento residentes en el extranjero en las que participe en su capital social el gobierno federal paguen el impuesto que se cause por enajenación de acciones o títulos valor a que se refiere el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la ganancia determinada en los términos del sexto párrafo de dicho artículo.

Por ello, el Ejecutivo federal somete a consideración de este Congreso de la Unión el darle permanencia a la aplicación del citado mecanismo con la finalidad de fortalecer las actividades de financiamiento que realizan en México las referidas entidades, a través de la aportación de capital a las empresas mexicanas al permitir que en lugar de aplicar la tasa del 25 por ciento sobre el monto total de la operación y sin deducción alguna, se aplique una tasa del 28 por ciento únicamente sobre la ganancia obtenida por la enajenación de las acciones, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos para tales efectos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Así, de acuerdo con la exposición de motivos de referencia, se otorga mayor certeza jurídica, respecto del tratamiento fiscal aplicado a las operaciones de enajenación de acciones o títulos realizadas por las entidades financieras del extranjero, en cuyo capital social participe el gobierno federal, por lo que se propone adicionar un vigésimo quinto párrafo al artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, el Ejecutivo federal, con el fin de dar continuidad al tratamiento fiscal aplicable a los intereses pagados a bancos, propone incluir una disposición en la que se prorrogue para el ejercicio fiscal de 2010 el tratamiento aplicable para dichos bancos en el ejercicio fiscal de 2009.

B. Impuesto a los depósitos en efectivo

En materia del impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), la iniciativa del Ejecutivo federal propone diversas modificaciones con el fin de fortalecer esta contribución.

En primer término, en la iniciativa sujeta a dictamen se menciona que aun cuando este impuesto no fue concebido como un instrumento recaudatorio, ha permitido mejorar la recaudación, tanto al promover un mejor cumplimiento del pago de otros impuestos, como al permitir obtener una recaudación mínima por parte de quienes realizan sus operaciones en la informalidad y que por no cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales no pueden recuperar dicho impuesto. En este sentido, la iniciativa señala que el IDE ha contribuido, además, a mejorar la equidad del sistema tributario.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal considera que si bien la experiencia de más de un año de aplicación del IDE ha sido valiosa, su mecanismo de control puede ser fortalecido, con el fin de que se cree un mayor incentivo a la formalización de la economía, habida cuenta de que el mismo no afecta a los contribuyentes cumplidos y permite obtener recursos adicionales para financiar el gasto público provenientes de grupos que tradicionalmente han evitado contribuir de acuerdo con su capacidad económica.

En este sentido, la iniciativa del Ejecutivo federal contiene las siguientes propuestas:

1. Tasa y monto de los depósitos exentos

La iniciativa que se dictamina propone: (i) reducir el umbral de 25 mil pesos a 15 mil pesos mensuales, por el cual no estarán obligadas al pago del impuesto respectivo las personas físicas y morales por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas, y (ii) establecer que el IDE se calculará aplicando una tasa del 3 por ciento al importe total de los depósitos gravados, en lugar de la tasa del 2 por ciento actualmente en vigor.

El Ejecutivo federal estima que con las citadas medidas se permitirá obtener 2 mil 565 millones de pesos de recaudación adicional neta, es decir, después de las recuperaciones que efectúen los contribuyentes mediante acreditamientos, compensaciones o devoluciones.

En la iniciativa que se dictamina se expone, entre otros aspectos, que las citadas propuestas son adecuadas toda vez que para los contribuyentes cumplidos ni la disminución al límite para los depósitos exentos ni el incremento en la tasa, representarán una carga tributaria adicional, al poder recuperar el impuesto pagado por medio de los mecanismos de acreditamiento, compensación y devolución, establecidos en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

2. Exención para depósitos para pagar adeudos

La iniciativa en dictamen propone modificar la exención que actualmente se aplica a las personas físicas y a las morales por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto adeudado a dichas instituciones.

La propuesta consiste en que la exención de referencia no aplique en el caso de las personas morales, ni de las personas físicas que realizan actividades empresariales y profesionales, habida cuenta de que se trata de contribuyentes que de conformidad con las diversas leyes fiscales se encuentran obligados a presentar pagos provisionales o definitivos mensuales de impuestos, contra los cuales pueden acreditar o compensar el IDE de manera inmediata.

Cabe señalar que la propia iniciativa destaca el hecho de que las personas antes mencionadas no se verán afectadas ya que, por un lado, tendrán derecho a la exención por los depósitos en efectivo que se efectúen en sus cuentas hasta por el monto de 15 mil pesos y, por el otro, podrán recuperar mensualmente el IDE que se les retenga por los depósitos que excedan dicho monto, acreditándolo contra el ISR de los pagos provisionales, compensándolo contra otros impuestos o solicitando su devolución.

Asimismo, a efecto de poder verificar que la exención en comento es aplicada únicamente por quienes tienen derecho a ella, la iniciativa propone establecer la obligación de las personas físicas interesadas de proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate su clave de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para que dicha institución pueda verificar con el Servicio de Administración Tributaria que esas personas físicas se encuentran en el supuesto de exención.

De igual forma, a través de una disposición transitoria la iniciativa propone que esta medida entre en vigor a partir del 1 de julio de 2010 y, que en el caso de los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2009 tengan abiertas cuentas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados, para que les aplique la citada exención, deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate su clave de inscripción en el RFC, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, para que dicha institución verifique con el Servicio de Administración Tributaria si a dichas personas les aplica o no la mencionada exención; para el caso de que el contribuyente no proporcione la información la iniciativa propone que se considere que son contribuyentes que tributan en los términos del Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por lo tanto, no les sea aplicable la exención en comento.

3. Procedimiento para el cobro del IDE pendiente de recaudar

La iniciativa que se dictamina propone modificar el procedimiento que deben seguir las autoridades fiscales cuando, derivado de la información anual que deben proporcionar las instituciones del sistema financiero respecto del impuesto recaudado y del pendiente de recaudar, se comprueba que existe un saldo a pagar por el contribuyente por concepto del IDE y señala que esto es con la finalidad de otorgar mayor seguridad jurídica y respetar la garantía de audiencia de los contribuyentes, para así evitar impugnaciones y agilizar e incrementar la recaudación por este concepto.

En tal sentido, el documento en estudio propone establecer que cuando exista un saldo de IDE pendiente de recaudar, las autoridades fiscales primero notificarán al contribuyente dicha circunstancia, otorgándole un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos dicha notificación, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presente los documentos y constancias que desvirtúen la existencia del saldo a cargo.

Adicionalmente, se propone que en los casos en que el plazo antes mencionado haya transcurrido sin que el contribuyente logre desvirtuar la existencia del saldo a cargo o no haya ejercido el referido derecho, las autoridades procederán a la determinación del crédito fiscal correspondiente, así como al posterior requerimiento de pago y cobro del mismo, más la actualización y recargos correspondientes desde que la cantidad no pudo ser recaudada y hasta que sea pagada.

4. Conceptos de persona moral y sistema financiero

El Ejecutivo federal propone en la iniciativa modificar la definición del sistema financiero para efectos del IDE, a fin de reflejar lo dispuesto en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, en donde se reconoce a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo como parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo y reconoce que no son intermediarios financieros con fines de lucro, motivo por el cual resulta innecesario hacer alusión en forma particular a ellas, siendo suficiente referir al ordenamiento legal que las contempla.

Adicionalmente, la iniciativa señala que la modificación a la definición de referencia es necesaria pues también con la publicación antes mencionada se dieron a conocer reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, mediante las cuales se regulan las denominadas Sociedades Financieras Comunitarias y los Organismos de Integración Financiera Rural, a los que se propone incluir como recaudadores del IDE.

Por otro lado, la iniciativa del Ejecutivo federal establece que en las disposiciones transitorias de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, se incluyen a las sociedades dedicadas a la captación y colocación de recursos entre sus socios y que se encuentren en proceso de autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o de sujetos que se encuentran en vías para operar en los términos de la referida Ley de Ahorro y Crédito Popular, mismos que realizan operaciones de captación y colocación de recursos monetarios, por lo que es necesario incorporar una disposición transitoria, a fin de lograr la completa inclusión, para efectos del IDE, de las sociedades en proceso de regularización y que realizan operaciones de captación y colocación de recursos.

C. Impuesto al valor agregado

1. Intereses

La iniciativa destaca que la Ley del Impuesto al Valor Agregado exenta de ese gravamen a los servicios por los que deriven intereses por créditos otorgados a personas físicas que realicen actividades empresariales, presten servicios personales independientes u otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles, y sean para la adquisición de bienes de inversión para el desarrollo de dichas actividades o se trate de créditos refaccionarios, de habilitación o avío.

Al respecto, y con la finalidad de asegurar que quienes apliquen el referido beneficio sean personas registradas para efectos fiscales, el Ejecutivo federal propone establecer como requisito adicional el que estén inscritas en el RFC. Adicionalmente, considerando que si bien quienes tributan en el régimen de pequeños contribuyentes realizan actividades empresariales los mismos tienen la opción de aplicar una cuota fija para cubrir el gravamen a su cargo, la cual constituye una mecánica distinta de pago en la que se reconoce la referida exención, la iniciativa plantea establecer que el mencionado tratamiento no les es aplicable a dichos contribuyentes.

2. Comprobantes fiscales

En segundo término, la iniciativa señala que de aprobarse por el Congreso de la Unión el nuevo esquema de comprobante fiscales propuesto para el Código Fiscal de la Federación, sería necesario ajustar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que el Ejecutivo federal propone eliminar de ésta la referencia en el sentido de que los comprobantes fiscales deben ser impresos en establecimientos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

3. Transitorios

La iniciativa que se dictamina propone que la reforma que se describe en el numeral 2 anterior entre en vigor a partir del 1 de julio de 2010, al igual que el nuevo esquema de comprobación fiscal.

D. Código Fiscal de la Federación

La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal propone modificar el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, tanto por lo que hace al periodo como a los meses cuyos índices nacionales de precios al consumidor (INPC) se toman en cuenta para actualizar las cantidades que se establecen en dicho ordenamiento; así, en el documento sujeto a dictamen, se plantea establecer que el periodo comprenda desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en que se superó la inflación del 10 por ciento, así como establecer que el factor de actualización se obtenga dividiendo el INPC del mes inmediato anterior al más reciente del periodo entre el INPC del mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización. Lo anterior, con el fin de que se reconozca en forma completa el efecto de la inflación desde el último mes en el que se actualizaron las cantidades y hasta el último mes del ejercicio en el que se supere la inflación del 10 por ciento, corrigiendo con ello el efecto que se provoca con la mecánica vigente al no considerarse un mes de actualización.

En la iniciativa en estudio, también se propone modificar el citado artículo para precisar que las cantidades actualizadas conforme al procedimiento antes señalado entrarán en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio en que la inflación haya superado el 10 por ciento y que tratándose de cantidades que se incluyan en el Código Fiscal de la Federación con posterioridad a la entrada en vigor del decreto correspondiente en caso de que se aprobara tal propuesta, para llevar a cabo la actualización de las mismas, cuando así proceda, se utilice el INPC correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en el que hayan entrado en vigor dichas cantidades.

En materia de actualización, el documento en estudio propone realizar adecuaciones a otras disposiciones del Código Fiscal de la Federación, las cuales consisten en lo siguiente:

(i) El actual artículo 17-A, cuarto párrafo establece que el monto de la actualización de las contribuciones, determinado en los pagos provisionales y del ejercicio no será deducible ni acreditable, por lo que el Ejecutivo federal propone incluir a las declaraciones cuyo pago es definitivo, como es el caso de las que se presentan mensualmente para efectos del pago del impuesto al valor agregado (IVA).

(ii) En el artículo 32-A, fracción I, primer párrafo se propone eliminar la referencia al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, toda vez que este último precepto ya dispone que las cantidades que se establecen en dicho Código se deben actualizar conforme a la mecánica general prevista en éste.

Asimismo, en la disposición en comento se propone sustituir la referencia a la Ley del Impuesto al Activo, la cual ha sido abrogada, por la de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece, en su artículo 9o.-A, el procedimiento para calcular el valor de los activos del contribuyente.

(iii) En los artículos 70, cuarto párrafo; 80, fracción II, y 84, fracciones IV y VI, que hacen referencia a tratamientos específicos aplicables a las personas físicas que tributan en el régimen de pequeños contribuyentes y se establece el límite de los ingresos que se requieren para poder ubicarse en dicho régimen; se propone eliminar esa cantidad, pues el Ejecutivo federal considera que tanto los límites de ingresos como los otros requisitos aplicables al citado régimen de tributación deben estar sólo en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con lo que además se evitará que estas cantidades tengan que seguir actualizándose conforme a la mecánica establecida en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.

2. Domicilio fiscal

En la iniciativa que se dictamina se expone que con el propósito de evitar que las personas morales evadan la acción de las autoridades fiscales al no ser ubicadas en su domicilio fiscal, se propone precisar que también constituye su domicilio, el de su representante legal.

Adicionalmente, en dicha iniciativa se propone que el aviso de cambio de domicilio no surta efectos cuando no se acredite materialmente el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente con el traslado de la administración principal del negocio.

3. Medidas relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación

En la iniciativa sujeta a dictamen se señala que a fin de evitar que cuando las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación los contribuyentes alteren datos que puedan incidir en el ejercicio fiscal que se está revisando, se propone especificar que las declaraciones complementarias correspondientes a ejercicios anteriores al revisado no tendrán efectos cuando el contribuyente las presente una vez que las autoridades fiscales hayan iniciado el ejercicio de las referidas facultades.

Adicionalmente, la iniciativa propone prever que las autoridades fiscales puedan iniciar el ejercicio de las facultades de comprobación notificando la orden de visita domiciliaria a la persona que se encuentre en el domicilio del contribuyente, sin que sea necesario dejar un citatorio previo ante la ausencia del contribuyente o de su representante legal, lo anterior como una medida que impida que los contribuyentes obstaculicen el ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales y con la finalidad de poder proceder al aseguramiento de la contabilidad desde la primera diligencia, toda vez que actualmente la autoridad se ha percatado de que cuando se deja citatorio para el día siguiente se realizan actos que tienden a evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales como alterar la documentación, esconder parte de la contabilidad o incluso desocupar el domicilio fiscal.

Asimismo, con el propósito de que la autoridad levante en tiempo y forma el acta final de visita la iniciativa sujeta a dictamen propone que, ante la ausencia del contribuyente visitado o de su representante legal, dicha acta sea levantada con la persona que se encuentre al momento de su cierre, sin que sea necesario dejar un citatorio para que el contribuyente o su representante se presenten al día siguiente o que estos últimos suscriban la misma dándose por enterados del acto, siempre que las circunstancias correspondientes se establezcan en el acta respectiva y se asienten los nombres de las personas con quienes se haya entendido la diligencia.

Por otro lado, la citada iniciativa propone precisar que los plazos para concluir el ejercicio de las facultades de comprobación se suspenderán, además de en los supuestos que se contemplan en la legislación vigente, cuando el contribuyente sujeto a revisión presente el aviso de cambio de domicilio fiscal, y se reanudarán hasta el momento en que la autoridad fiscal competente le notifique al contribuyente el oficio de sustitución de autoridad, lo cual deberá realizarse dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del aviso. Lo anterior, como una medida que permita evitar prácticas dilatorias tendientes a impedir que la autoridad fiscal pueda concluir sus visitas en el tiempo que señalan las disposiciones fiscales para ejercer facultades de comprobación.

En materia de caducidad del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, en virtud de las prácticas dilatorias señaladas en el párrafo anterior, el Ejecutivo federal propone señalar que éstas se ampliarán hasta por diez años cuando el contribuyente cambie de domicilio fiscal por más de dos ocasiones dentro de un mismo ejercicio fiscal.

4. Procedimiento para el cálculo de las unidades de inversión

Como consecuencia de las modificaciones propuestas a fin de simplificar el cálculo del ISR por los ingresos derivados de intereses y en virtud de que dentro de las mismas se propone que para determinar la base sobre la cual las instituciones que componen el sistema financiero deben calcular la retención correspondiente, lo deben hacer considerando el valor que en unidades de inversión tengan las cuentas e instrumentos que den lugar al pago de intereses, el Ejecutivo federal propone adicionar un artículo 20-Ter al Código Fiscal de la Federación a fin de que en el mismo se establezcan los componentes, bases, criterios o reglas que deberán considerarse para determinar el valor de las unidades de inversión.

5. Comprobantes fiscales

La iniciativa sujeta a dictamen determina que con el objeto de establecer medidas de simplificación administrativa que además apoyen la recaudación, se propone fortalecer los mecanismos de comprobación fiscal para obtener certeza de que los ingresos, deducciones y acreditamientos manifestados o aplicados por los contribuyentes son reales y correctos, y con ello procurar evitar la evasión y la defraudación fiscal.

Lo anterior, señala el documento en análisis, obedece a que el esquema actual de comprobación fiscal no ha permitido evitar las diferentes formas de evasión que impactan de manera considerable en la recaudación del erario público federal.

La iniciativa que se dictamina destaca que cuando los contribuyentes realizan alguna operación de compraventa, prestación de servicios u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, deben emitir comprobantes que amparen dicha operación y, en su caso, para que el comprador o usuario de que se trate pueda darle un efecto fiscal.

Asimismo, el Ejecutivo federal precisa las tres formas de comprobación fiscal que pueden utilizarse de manera simultánea en la actualidad: (i) el comprobante fiscal en papel, que funciona mediante la impresión de los comprobantes, a través de impresores autorizados por la autoridad, siendo éste el principal mecanismo de comprobación; (ii) el comprobante fiscal digital, mediante un sello digital generado en medios electrónicos por los propios contribuyentes o a través de proveedores autorizados, y (iii) el estado de cuenta bancario como comprobante optativo para soportar erogaciones pagadas con cheque, tarjeta de crédito o de débito o transferencia electrónica entre cuentas bancarias.

Por otro lado, la iniciativa en cita enfatiza que las principales conductas de evasión fiscal que se tienen identificadas se originan, en su mayoría, tratándose de los comprobantes fiscales emitidos en papel, lo que da lugar a la aplicación de deducciones soportadas con facturas apócrifas o provenientes de operaciones inexistentes, derivadas de la reproducción, falsificación y comercialización ilegal de ese tipo de comprobantes fiscales, lo cual erosiona de manera significativa la base gravable del impuesto y, en muchos casos, origina la solicitud de devoluciones indebidas de impuestos.

Esta situación, señala el Ejecutivo federal, se ha agudizado por diversas razones, entre las que destacan la insuficiencia de elementos de seguridad en los comprobantes fiscales emitidos en papel, la facilidad de poder acceder a instrumentos tecnológicos (escáner, impresoras, fotocopiadoras, etc.) para su reproducción y falsificación, así como la dificultad con que enfrenta la autoridad para controlar y rastrear ese tipo de comprobantes.

Se detalla en el documento que se dictamina que el estado de cuenta como comprobante fiscal tiene la problemática de que las entidades financieras aún no incorporan al mismo la clave de inscripción en el RFC de las personas que enajenan bienes, prestan servicios u otorgan el uso o goce temporal de bienes, o presentan registros inválidos o con errores; además, la iniciativa destaca que las autoridades fiscales actualmente no tienen facultades para verificar en las bases de datos de las referidas entidades financieras la autenticidad del estado de cuenta que expidan.

Por lo que respecta a los comprobantes fiscales digitales el Ejecutivo federal resalta que se ha detectado que los emisores omiten presentar el reporte mensual a que se encuentran obligados, o bien, lo presentan con información inválida o incompleta, situación originada por la falta de sanciones en la legislación actual, lo que conlleva a que la autoridad no tenga forma de verificar los montos y la clave de inscripción en el RFC de los receptores de los comprobantes que se emiten.

Por las anteriores consideraciones, el Ejecutivo federal plantea instrumentar un nuevo esquema que conlleve el fortalecimiento de los mecanismos de comprobación fiscal a efecto de disminuir la evasión fiscal, al evitar la falsificación y comercialización indebida de comprobantes fiscales, sin dejar de lado la simplificación administrativa que se impulsaría a través de la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas, como el Internet.

El Ejecutivo federal señala que las propuestas que formula se concentran en fortalecer los tres esquemas de comprobación fiscal antes mencionados que operarían de manera simultánea mediante nuevos comprobantes fiscales digitales a través de Internet, así como dispositivos de seguridad para los comprobantes en papel, consistentes en una etiqueta con elementos de seguridad, y la eliminación de documentos adicionales para la validez del estado de cuenta emitido por las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o por las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos, como comprobante fiscal, lo que permitirá el control de las operaciones efectuadas por los contribuyentes reduciendo para estos últimos los costos de facturación en papel, así como el beneficio del resguardo de la información y documentación en caso de que se presente alguna contingencia.

Comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria

En este esquema, la iniciativa sujeta a dictamen propone permitir el uso de comprobantes fiscales digitales emitidos a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, con las particularidades siguientes:

a) Mecánica

La operación de este tipo de comprobación se asemeja, en su emisión, con el procedimiento actualmente establecido para la emisión de comprobantes fiscales a través de medios propios o proveedores de servicios; sin embargo, la variación esencial entre ambos radica en que el contribuyente no tendría que realizar erogaciones para la generación y envío de los comprobantes, pues sería el Servicio de Administración Tributaria quien proporcionaría las aplicaciones gratuitas y los estándares para generar el comprobante digital.

El Ejecutivo federal indica que de aprobarse el esquema de mérito, el contribuyente descargará desde el portal de Internet del citado órgano desconcentrado la aplicación gratuita para generar el comprobante digital, siempre y cuando cuente con su firma electrónica avanzada y haya solicitado el certificado para el uso de sellos digitales, con lo cual el contribuyente iniciará el procedimiento que generará el documento digital y enviará al Servicio de Administración Tributaria, por Internet, dicho documento con la información correspondiente para su validación y almacenamiento y que, al momento de recibir el documento digital el Servicio de Administración Tributaria realizará la validación del cumplimiento de los requisitos señalados por el propio Código Fiscal de la Federación y, en su caso, asignará el folio, firmará digitalmente el documento, lo almacenará y lo regresará al contribuyente con folio y firma digital, con lo cual se concluye el procedimiento habiéndose generado y validado el comprobante fiscal digital, para que lo entregue a su cliente.

b) Obligaciones y multas

La iniciativa propone establecer como infracción el no enviar al Servicio de Administración Tributaria el comprobante fiscal digital a través de su página de Internet para su validación e incluir la multa correspondiente a dicha infracción.

Comprobantes fiscales en papel

La iniciativa que se dictamina propone reforzar el actual esquema de comprobación fiscal en papel por uno que permita la impresión del comprobante por el propio contribuyente o a través de un tercero, con la diferencia de que a éste se le adicionará un dispositivo de seguridad que será proporcionado por proveedores autorizados por las autoridades fiscales, con la finalidad de que los contribuyentes puedan utilizar esta facilidad en las operaciones realizadas hasta por un importe de dos mil pesos, con las características siguientes:

a) Mecánica

La iniciativa señala que para obtener el dispositivo de seguridad el contribuyente deberá ingresar al portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria con su firma electrónica avanzada y solicitar los folios de sus comprobantes fiscales para posteriormente acudir con un proveedor para adquirir los dispositivos de seguridad que estarán personalizados con sus datos, mismos que adherirá a los comprobantes en papel e informará trimestralmente a la autoridad fiscal el detalle de la utilización de los folios autorizados. Para el caso de que no se presente dicha información, la iniciativa plantea que no sea procedente la autorización de nuevos folios.

b) Obligaciones y multas

El Ejecutivo federal propone establecer infracciones para el caso en que el contribuyente no proporcione a la autoridad fiscal la información correspondiente a los comprobantes emitidos con dispositivo de seguridad, así como para el caso en que el proveedor de los dispositivos de seguridad no proporcione a la autoridad fiscal la información correspondiente de los dispositivos de seguridad emitidos.

Estado de cuenta como comprobante fiscal

El Ejecutivo federal propone establecer que el estado de cuenta en el que se refleje el pago realizado mediante una tarjeta de servicio también pueda utilizarse como medio de comprobación fiscal sin necesidad de documentación adicional y que los estados de cuenta podrán obtenerse de manera electrónica y tendrán los mismos efectos legales que los impresos.

Adicionalmente, la iniciativa propone establecer que para verificar que los datos contenidos en los estados de cuenta exhibidos por el contribuyente coincidan con los contenidos en las bases de datos de las entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o de las personas morales que los emitan, éstas tengan la obligación de entregar la información del estado de cuenta a las autoridades fiscales.

Las particularidades señaladas en la iniciativa en estudio para esta forma de comprobación fiscal son:

a) Mecánica

Este esquema de comprobación fiscal operaría de manera similar al actual, es decir, los contribuyentes que adquieran bienes o servicios y paguen mediante cheque, tarjeta de crédito, de servicio o de débito o traspasos electrónicos, podrían utilizar los estados de cuenta como comprobantes fiscales, siempre que contengan la clave de inscripción en el RFC del enajenante, la descripción del bien o servicio adquirido, el precio, la fecha de emisión y el desglose de impuestos trasladados.

La iniciativa indica que el contribuyente realizaría sus deducciones con base en la documentación anterior y conservaría como comprobante el original del estado de cuenta y, en su caso, los documentos que la autoridad le requiera para avalar la información a que se refiere el párrafo anterior.

La iniciativa agrega que en caso de alguna revisión por parte de las autoridades fiscales, el contribuyente que expida tales estados de cuenta tendría la obligación de permitir a los visitadores consultar, a través de medios electrónicos, la información relativa a éstos.

b) Obligaciones y multas

El Ejecutivo federal propone establecer la obligación para las personas morales que emiten estados de cuenta de proporcionar al Servicio de Administración Tributaria información de los mismos a efecto de que verifique su autenticidad, conforme a las reglas de carácter general que al efecto emita dicho órgano desconcentrado.

Asimismo, la iniciativa plantea aclarar la obligación para las referidas personas morales de expedir los estados de cuenta en apego a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación y en las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

De igual forma, el Ejecutivo federal plantea establecer como infracción para las citadas personas morales el que no proporcionen información de los estados de cuenta, así como las multas a que se harían acreedoras.

Beneficios de los tres esquemas de comprobación fiscal

La iniciativa bajo dictamen destaca que dentro de los beneficios que se obtendrían con la implatación de estos esquemas se encuentran una considerable disminución en costos administrativos para el contribuyente y la oportunidad de salvaguardar su información y documentación ante cualquier contingencia, como un desastre natural; así como un impacto favorable en la conservación del medio ambiente, derivado de la disminución en el uso de papel.

Por otra parte, el Ejecutivo federal destaca que de aprobarse el esquema de comprobación propuesto la autoridad fiscal contaría con la totalidad de los comprobantes fiscales digitales emitidos en el país, incrementando de esta manera la información confiable de las operaciones realizadas.

Adicionalmente, en la iniciativa que se dictamina se propone incorporar beneficios adicionales para los contribuyentes que emitan sus comprobantes fiscales de manera digital a través de los medios que el Servicio de Administración Tributaria pone a disposición del contribuyente en su página de Internet, los cuales consisten en la obtención de las devoluciones en un plazo de 20 días hábiles, en sustitución del plazo de 40 días actualmente establecido; así como en la eliminación de la obligación de presentar la declaración informativa de operaciones con terceros y, para quienes sean contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros, la eliminación de la obligación de presentar su declaración anual, siempre y cuando hayan presentado su dictamen.

Dentro de los beneficios que obtendría el contribuyente con el nuevo esquema de comprobantes fiscales en papel, menciona la iniciativa, está el poder imprimir sus comprobantes fiscales por medios propios o a través de proveedores autorizados, en operaciones menores a dos mil pesos, cuya validez estará amparada con el número de folio que para esos efectos le emita la autoridad y el dispositivo de seguridad que se adquiera con un proveedor autorizado.

Dentro de las ventajas que señala el Ejecutivo federal del nuevo esquema de comprobación es que la autoridad fiscal evitará las deducciones improcedentes originadas con la reproducción de comprobantes fiscales emitidos en papel, toda vez que podrá rastrear con mayor facilidad los folios asignados y el dispositivo de seguridad.

Asimismo, la iniciativa destaca que con la modificación al esquema de comprobación fiscal a través del estado de cuenta, se tendrían más beneficios pues no se requeriría de documento adicional alguno para la comprobación de las operaciones reflejadas en dichos estados de cuenta.

Secreto fiscal

Como parte del nuevo esquema de comprobación fiscal el Ejecutivo federal plantea establecer la obligación para los contribuyentes que deduzcan o acrediten un comprobante fiscal de verificar en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria la autenticidad de dichos comprobantes, por lo que la iniciativa propone que no opere el secreto fiscal cuando el citado órgano desconcentrado proporcione información al contribuyente que verifique la autenticidad de los comprobantes fiscales que hayan sido expedidos a su nombre a través de su página de Internet.

Presunción de veracidad de la información contenida en los comprobantes fiscales

Respecto de este tema, la iniciativa en estudio propone otorgar presunción de veracidad a la información contenida en los comprobantes fiscales digitales, en los emitidos en papel que tengan los dispositivos de seguridad antes mencionados y a la contenida en las bases de datos de las personas morales obligadas a expedir estados de cuenta, por considerar que ello permitirá que los procedimientos de fiscalización sean más rápidos y eficientes.

Delitos fiscales

Por lo que se refiere a los delitos fiscales en materia de comprobación fiscal, la iniciativa sujeta a dictamen propone tipificar la falsificación y reproducción de comprobantes, la comercialización de dichas falsificaciones o reproducciones, así como el dar efectos fiscales a comprobantes apócrifos. Dichas propuestas consisten en:

En la iniciativa sujeta a dictamen se propone que la entrada en vigor de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación en materia de comprobantes fiscales digitales en línea sea a partir del 1 de julio de 2010 a efecto de que los contribuyentes cuenten con un plazo razonable para la transición e implementación del nuevo esquema.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal propone una disposición transitoria que establezca que los comprobantes fiscales impresos por terceros autorizados vigentes, y que reúnan los requisitos del Código de mérito, podrán seguir siendo utilizados hasta agotar su vigencia.

6. Medidas en materia del procedimiento administrativo de ejecución

En la iniciativa sujeta a dictamen, como medidas complementarias a las disposiciones que regulan las facultades de las autoridades fiscales para asegurar el pago de los créditos fiscales, se proponen modificaciones al Código Fiscal de la Federación que permitan a la autoridad contar con eficientes herramientas a efecto de lograr mayor presencia recaudatoria.

Al respecto, el documento que se dictamina propone adicionar un artículo a fin de señalar lo que debe entenderse como entidad financiera, dentro del que se considere a las instituciones de crédito, instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondos para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión. Asimismo, se plantea establecer que para ser consideradas como entidades financieras para los efectos del Código Fiscal de la Federación, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar en los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán cumplir con todas las obligaciones aplicables a las entidades financieras señaladas con el fin de actualizar y hacer extensiva la referencia que se hace en el Código Fiscal de la Federación a las instituciones de crédito.

Por otra parte, en la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal se señala que con el propósito de delinear la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas respecto de las contribuciones causadas con motivo de las actividades realizadas por la sociedad en el tiempo en que tenían tal condición, se propone eliminar las condicionantes que limitan esa responsabilidad únicamente a los casos en que se actualicen determinados supuestos, tales como no solicitar su inscripción en el RFC o no llevar la contabilidad, con lo cual la responsabilidad de los socios o accionistas que han dejado de serlo, quedaría abierta a cualquier supuesto; igualmente, como complemento de lo anterior, se plantea establecer la mecánica para determinar la participación en que dichos socios o accionistas responderán respecto de las contribuciones causadas cuando los bienes de la sociedad no sean suficientes para garantizar el crédito fiscal, situación que resulta acorde con el pronunciamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 139/2007. emitida bajo el rubro: Socio o Accionista Responsable Solidario del Crédito Fiscal Derivado de la Falta de Aviso de Cambio de Domicilio de la Sociedad Contribuyente. Debe otorgársele garantía de audiencia para que alegue lo que a su interés convenga, tanto de la determinación de su responsabilidad como del procedimiento que culminó con la fijación del referido crédito.

Igualmente, en la referida iniciativa, como una medida que contribuya a hacer más expeditas las facultades de las autoridades fiscales en materia de comprobación y cobro de contribuciones, se propone ampliar sus atribuciones a fin de que, además de obtener información relacionada con los contribuyentes a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también puedan obtenerla de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o bien, directamente de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, según corresponda. Tratándose de actos de fiscalización, el documento sujeto a dictamen plantea establecer la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda solicitar directamente a las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, información contenida en el estado de cuenta del contribuyente para efectos de comprobación.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal plantea establecer la infracción y sanción para los casos en que las referidas entidades y sociedades no cumplan con el requerimiento de información correspondiente.

Por otra parte, el Ejecutivo federal destaca que a fin de facilitar la determinación y cobro de los créditos fiscales, en los casos en que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, se oponen u obstaculizan el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales e imposibilitan con ello que éstas tengan acceso a la contabilidad del contribuyente, propone incluir como medida de apremio el aseguramiento precautorio de los bienes o la negociación del contribuyente; así mismo, propone especificar el alcance al uso de la fuerza pública como medida de apremio.

Por otro lado, en la iniciativa sujeta a dictamen se señala que se ha observado que los medios de control y vigilancia actualmente previstos en las disposiciones fiscales han sido insuficientes para desmotivar el incumplimiento reiterado en la presentación de declaraciones de contribuciones, aún y cuando hayan mediado para tal efecto diversos requerimientos por parte de las autoridades fiscales y se hayan realizado otras acciones para tales fines como la imposición de multas o el aseguramiento precautorio.

El Ejecutivo federal destaca que lo anterior influye de manera negativa en la recaudación de ingresos federales, lo cual hace imperante la necesidad de crear mecanismos de control y vigilancia que doten a las autoridades fiscales de facultades más efectivas para que los contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones fiscales en materia de presentación de declaraciones, previo al ejercicio de las facultades de fiscalización.

En este contexto, el Ejecutivo federal pone a consideración de esta Soberanía el establecer un procedimiento mediante el cual, a partir del segundo requerimiento de presentación de declaraciones para el pago de contribuciones que se incumpla, las autoridades fiscales estén en posibilidad de cobrar a los contribuyentes o responsables solidarios omisos, una cantidad igual al monto mayor que se hubiera determinado a cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución omitida.

Igualmente, en la iniciativa en estudio se plantea que la cantidad a pagar sería la mayor que se hubiera determinado a cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución omitida, a efecto de desmotivar, por un lado, el incumplimiento del contribuyente mediante el cobro de una cantidad superior y, por el otro, para establecer una base objetiva que permita motivar correcta y suficientemente la razón por la cual se escogió en particular una de las seis últimas declaraciones para la determinación de dicho crédito fiscal.

El Ejecutivo federal destaca que con el objeto de que el procedimiento mencionado sea aplicable también en el caso de incumplimiento en la presentación de declaraciones relacionadas con el entero de contribuciones que tengan el carácter de pago definitivo, como es el caso del IVA, se plantea eliminar las referencias que se hacen en dicho procedimiento a pago provisional o del ejercicio, a fin de no limitarlo a este tipo de declaraciones.

La propuesta de referencia precisa que la cantidad determinada por las autoridades fiscales derivada del incumplimiento reiterado de los contribuyentes o responsables solidarios requeridos, tendrá el carácter de crédito fiscal y será susceptible de hacerse efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución, a partir del tercer día siguiente a aquel en que se haya notificado el adeudo correspondiente. A fin de no duplicar ni contravenir el procedimiento que se plantea, en la iniciativa se señala la necesidad de eliminar el supuesto de la falta de presentación de declaraciones de los casos en los que se otorga al deudor del crédito fiscal la posibilidad de realizar el pago del mismo, toda vez que ese supuesto quedaría regulado en su totalidad en el procedimiento indicado.

En congruencia con la propuesta anterior, el Ejecutivo federal plantea que el recurso de revocación sólo proceda en contra del citado procedimiento y que en el escrito de interposición puedan hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal.

Con el objeto de que los contribuyentes incumplidos presenten las declaraciones de pago de sus contribuciones, la iniciativa sujeta a dictamen propone que éstos no queden liberados del pago del crédito fiscal determinado por el incumplimiento en la presentación de declaraciones, a menos de que presenten su declaración antes de que dicho crédito sea notificado, ya que en caso contrario se procederá a hacer efectivo su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución, a partir del tercer día siguiente a aquel en que se haya notificado el adeudo.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal destaca que en el supuesto de que el importe que se deba pagar con la declaración que se omitió presentar, sea menor al determinado por las autoridades fiscales y con el fin de que los contribuyentes no sufran un impacto o perjuicio económico, plantea permitir recuperar la cantidad pagada mediante su compensación en declaraciones subsecuentes.

Por otra parte, el Ejecutivo federal propone adicionar una infracción para el caso de que no se proporcionen los datos, informes o documentos que sean solicitados y, en congruencia con esta medida, establecer la sanción correspondiente, con el fin de que la autoridad tributaria esté en posibilidad de obtener en forma adecuada y oportuna la información que le permita planear y programar actos de fiscalización.

Adicionalmente, como una medida complementaria para evitar el incumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo respecto de la inmovilización de los depósitos de sus usuarios cuando la autoridad fiscal así lo solicite, en el documento que se dictamina se propone establecer la infracción y la sanción para el caso de que dichas instituciones no efectúen la inmovilización de los fondos, o bien, no informen a la autoridad fiscal sobre esa inmovilización o lo hagan extemporáneamente.

De igual forma, el Ejecutivo federal propone eliminar como supuesto para no exigir garantía adicional a los casos en que en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee, pues considera que queda en la autoridad fiscal la carga de la prueba para demostrar que el contribuyente no cuenta con bienes suficientes para garantizar el crédito fiscal o que los bienes embargados son insuficientes para cubrirlo y se otorga la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución sin que se haya resguardado debidamente el interés del fisco federal demeritándose, a la postre, el cobro de dicho crédito.

Adicionalmente, a efecto de dar certidumbre jurídica, la iniciativa sujeta a dictamen propone establecer que el aseguramiento precautorio podrá practicarse hasta por un monto igual a la cantidad que por concepto de adeudos fiscales presuntos haya determinado la autoridad, con lo que no necesariamente será asegurada la totalidad de los bienes del contribuyente, y establecer mecanismos para que en el caso de que el contribuyente considere que se aseguraron bienes en exceso, y compruebe su dicho, se liberen de manera expedita los bienes embargados en demasía.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en la iniciativa se propone realizar precisiones en materia de embargo precautorio para que, si bien, el mismo funcione como una medida que permita a las autoridades fiscales realizar las acciones pertinentes para el cobro de los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes éste no se efectúe ni los bienes se inmovilicen sin que antes haya una determinación presuntiva, y sin que se impida u obstaculice la operación del contribuyente, por lo que se plantea precisar que los bienes que sean asegurados por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, pueden quedar en poder del propio contribuyente, quien fungirá como depositario de los mismos conforme a la regulación que al respecto prevé el Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, el Ejecutivo federal propone incorporar en el Código Fiscal de la Federación la obligación de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de inmovilizar, no sólo los depósitos bancarios, sino también otras cuentas de inversiones y valores que tuviera el contribuyente y, congruente con ello, la obligación de la autoridad fiscal de notificar al contribuyente sobre dicha inmovilización en los casos en que el crédito no esté firme.

De igual manera, a fin de dar certeza jurídica a los contribuyentes, la iniciativa en dictamen propone precisar el momento en el que los fondos de las cuentas aseguradas podrán ser transferidos al fisco federal, para lo cual se plantea establecer que las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, contarán con un plazo de tres días para informar a la autoridad fiscal sobre la transferencia efectuada una vez que los créditos fiscales hayan quedado firmes y se notifique la orden correspondiente a la entidad o sociedad que corresponda.

7. Delitos fiscales

La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal señala que uno de los principales problemas que enfrenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los procesos penales por delitos fiscales es que no se le reconoce la calidad de víctima u ofendido, por lo que propone establecer expresamente en el Código Fiscal de la Federación el reconocimiento de que dicha Secretaría actúa como parte en los procesos penales en su carácter de víctima u ofendido por el delito fiscal de que se trate, no revestida de sus facultades de imperio, sino como cualquier particular que ha sufrido en su esfera jurídica la violación del bien jurídico tutelado.

Adicionalmente, la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina destaca que se ha interpretado equívoca e infundadamente que por haberse cubierto el monto de los créditos fiscales respecto de los cuales se inició un proceso penal debe entenderse que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha otorgado tácitamente el perdón y, por ende, se decrete el sobreseimiento del referido proceso.

Al respecto, el Ejecutivo federal manifiesta que el pago espontáneo no es causa automática de extinción de la acción punible del Estado en esa materia, en razón de que a través de los delitos fiscales la legislación ha pretendido sancionar también el engaño y la evasión de las obligaciones fiscales y no exclusivamente sus resultados económicos.

Agrega el Ejecutivo federal que la intención en esta materia es generar una cultura del pago que permita a la Hacienda Pública contar con los recursos que el Estado requiere para el desarrollo social del país, por lo que propone aclarar que el pago del crédito fiscal no extingue la acción persecutoria del Estado respecto de la conducta típica y que es decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como víctima de los delitos fiscales, el otorgamiento del perdón o solicitud del sobreseimiento del proceso penal, en su caso.

Por otra parte, la propuesta de modificaciones en materia de delitos fiscales presentada por el Ejecutivo federal plantea incluir expresamente en el Código Fiscal de la Federación una disposición que obligue a la autoridad jurisdiccional a condenar a la reparación del daño, en todos los casos en los que se impongan condenas por delitos fiscales, así como la forma de calcular el monto de dicha reparación.

El Ejecutivo federal indica que en materia de reparación del daño el hoy derogado artículo 94 del Código Fiscal de la Federación disponía que la autoridad jurisdiccional tenía prohibido imponer sanciones pecuniarias, por lo cual no podía condenar a los sentenciados por un delito fiscal al pago de la misma, sin embargo, los jueces siguen aplicando dicho criterio en aquellos procesos penales en los que el delito que se persigue fue consumado con anterioridad a la referida derogación.

En ese sentido, la iniciativa destaca que la reparación del daño siempre ha estado reconocida en el Código Penal Federal como sanción y como derecho a favor de la víctima u ofendido del delito y que la prohibición que contenía el derogado artículo 94 no puede ser considerada como un derecho adquirido por el delincuente al momento de la comisión de la conducta ilícita, pues la sanción siempre ha estado prevista en la norma general.

Por otra parte, la iniciativa del Ejecutivo federal propone adicionar un segundo párrafo al artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, a fin de precisar el momento en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toma conocimiento de los hechos delictivos y del probable responsable y señala que con esta medida se tiene mayor certeza respecto del inicio del cómputo del plazo para la prescripción de los delitos fiscales.

Lo anterior, destaca el Ejecutivo federal, en virtud de que en materia de prescripción existe una notable disparidad de criterios emanados de autoridades ministeriales y jurisdiccionales en cuanto a la aplicación e interpretación del referido artículo 100, así como de los conceptos y las reglas establecidas en el mismo, lo que se traduce en un margen de opacidad normativa que genera incertidumbre jurídica para todas las partes involucradas.

8. Facultades de comprobación en materia aduanera y en materia de sistemas y registros electrónicos

Señala el Ejecutivo federal que en materia aduanera existen obligaciones a cargo de los particulares a los que se les han otorgado concesiones o autorizaciones, como lo es, por ejemplo, la relativa a que el prestador de los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías cuente con cámaras de circuito cerrado de televisión y que los vehículos con los que se presten dichos servicios reúnan determinadas características. Asimismo, indica que tratándose de los prestadores del servicio de traslado de las mercancías en tránsito, se exige que estén inscritos en el registro de empresas transportistas de mercancías en tránsito.

Por otra parte, se menciona en el instrumento en análisis que en el nuevo esquema de control que se propone en la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicable a los contribuyentes que realizan juegos con apuestas y sorteos, se impondría a los contribuyentes que realizan estas actividades la obligación de establecer sistemas de cómputo tales como los sistemas central de apuestas en el que se registran y totalizan las transacciones, y de caja y control de efectivo en el que se registran cada una de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes.

Por lo anterior, el Ejecutivo federal considera que es necesario, en caso que se considere viable la propuesta mencionada en el párrafo anterior, contar con un procedimiento de inspección ágil que permita corroborar el cumplimiento de las obligaciones formales mencionadas anteriormente, por lo que propone establecer que las autoridades aduaneras o fiscales, según se trate, podrán comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones y de cualquier padrón o registro establecido en las disposiciones aplicables a dicha materia, o verificar que la operación de los sistemas y registros electrónicos se realice conforme lo establecen las disposiciones fiscales. Asimismo, propone prever que esas facultades se ejercerán bajo un procedimiento similar al que hoy en día se establece para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales.

Consideraciones de la comisión

Después de efectuar el análisis del contenido de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, esta dictaminadora considera lo siguiente:

A. Impuesto sobre la Renta

1. Ajuste temporal a la tarifa de personas físicas y tasa aplicable a las personas morales

Esta comisión dictaminadora coincide con el Ejecutivo federal en que la actual situación económica exige adoptar medidas temporales que permitan contar con mayores recursos para hacer frente a las necesidades de gasto público y que contribuyan a mantener la estabilidad macroeconómica.

Así, esta dictaminadora es consciente de que una mejor posición de las finanzas públicas permitirá al gobierno federal contar con ingresos suficientes para hacer frente a compromisos de gasto social y de infraestructura y evitar en lo posible el incremento en la deuda pública, así como el elevado costo financiero que implica esta alternativa.

Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora considera adecuado ajustar durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 las tasas marginales de los últimos cinco tramos de la tarifa del ISR para las personas físicas en una proporción de 7.14 por ciento, con objeto de ubicar la tasa marginal máxima en 30 por ciento. El referido ajuste no impactará la carga fiscal de las personas físicas que obtienen ingresos hasta por 6,663 pesos mensuales, equivalentes a 4 SM; y tendrá un impacto moderado en la carga fiscal de las personas físicas con mayores ingresos, para quienes su ingreso disponible se reduce sólo entre 0.16 y 2.67 por ciento. Asimismo, se coincide en que para el ejercicio fiscal de 2013 las tasas marginales que se incrementen se disminuyan proporcionalmente en 3.33 por ciento respecto a las vigentes en 2012, quedando la tasa máxima en 29 por ciento y en que a partir del ejercicio fiscal de 2014, las tasas marginales regresen a su nivel actual, ubicando la marginal máxima en 28 por ciento.

Asimismo, se considera adecuado el incremento de la tasa del ISR empresarial a 30 por ciento durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 y la aplicación de la tasa del 29 por ciento en el ejercicio fiscal de 2013, para regresar al 28 por ciento a partir del ejercicio fiscal de 2014.

Adicionalmente, se coincide con el ajuste durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 al porcentaje de reducción de la tasa de este impuesto aplicable a los contribuyentes del sector primario, así durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 el porcentaje de disminución de tasa para el sector primario, a fin de que ésta aumente de 19 a 21 por ciento y en que este nivel de gravamen se mantenga a partir de 2014, lo cual permitirá que este grupo de contribuyentes continúe beneficiándose de un subsidio de 25 por ciento en la tasa del ISR, dado que la tasa general será de 28 por ciento.

2. Nuevo esquema de intereses

Esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos expuestos por el Ejecutivo federal respecto a la necesidad de reformar el actual esquema de intereses, bajo la consideración que la mecánica actual para la determinación de los intereses acumulables es compleja, conlleva a errores en el cálculo de los ingresos acumulables por intereses, aunado a que se generan cargas administrativas para las instituciones que componen el sistema financiero, para los contribuyentes y para la autoridad en virtud de los trámites que debe realizar para solicitar la devolución de la retención en exceso.

En tal sentido, se considera adecuada la simplificación de la determinación de los ingresos por intereses, mediante el establecimiento de un nuevo método para el cálculo de los intereses reales gravables devengados a favor de los contribuyentes a través de las instituciones que componen el sistema financiero.

Ahora bien, respecto al régimen fiscal aplicable a las sociedades de inversión de capitales, esta comisión dictaminadora considera necesario realizar modificaciones a la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, estableciendo que el momento de acumulación de la ganancia por la enajenación de acciones, de los intereses y del ajuste anual por inflación, es aquel en que las sociedades antes señaladas distribuyan dividendos a sus accionistas.

Lo anterior, en virtud de que las sociedades de inversión de capitales no distribuyen la ganancia por enajenación de acciones ni por intereses, tal como actualmente lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que dichos conceptos forman parte de los ingresos totales que perciben estas sociedades y que constituyen una parte de la utilidad de éstas. En tal circunstancia, el momento en el que se debe llevar a cabo la acumulación de los ingresos por enajenación de acciones, intereses y ajuste anual por inflación, es aquel en que las sociedades de inversión de capitales distribuyan dividendos.

En este orden de ideas, la que dictamina considera necesario modificar el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Asimismo, esta comisión dictaminadora considera que cuando se realice el traspaso de activos financieros, la institución integrante del sistema financiero que efectúe este traspaso deberá informar el impuesto pendiente de retención del contribuyente a la institución receptora de dichos activos. Con esto, se podrá realizar un traspaso de activos financieros, pese a que el contribuyente tenga un impuesto pendiente de retención, lo anterior siempre que exista la responsabilidad solidaria tanto de la institución que realiza el traspaso como de aquella institución receptora de los activos financieros.

Adicionalmente, esta dictaminadora considera que se debe garantizar el pago del impuesto, por lo que considera que en el caso de que el contribuyente efectúe retiros durante el mes que impidan la retención del mismo, esta retención se debe realizar de manera inmediata antes de que no existan fondos suficientes para cubrirla.

De igual forma, la que dictamina considera adecuado incluir algunos conceptos en la definición de cuentas y activos financieros, con el propósito de aclarar que si bien algunos de ellos ya están contemplados en la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, es necesario hacer explícito que, entre otros, la subcuenta de aportaciones voluntarias forma parte de la definición de cuenta a que se refiere el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como considerar que los planes personales de retiro son activos financieros para efectos fiscales

En ese sentido, el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta quedaría como sigue:

El impuesto a que se refiere el primer párrafo de este artículo se podrá disminuir con el crédito fiscal a que se refiere el artículo 159 de esta ley."

En relación a la mecánica para el cálculo de los intereses reales devengados a favor de los contribuyentes a través de las instituciones que componen el sistema financiero, la que dictamina considera adecuada la propuesta del Ejecutivo federal; sin embargo, estima necesario precisar que en los saldos de las cuentas y de los activos financieros ya se encuentran incluidos los intereses devengados no cobrados por el contribuyente.

Asimismo, esta comisión considera necesario precisar que en el caso de nuevas inversiones, se entenderá como saldo inicial el monto del primer depósito en la cuenta o activo financiero, en lugar de tomar como saldo inicial el saldo final del mes inmediato anterior, toda vez que este último no existe.

En el caso de las comisiones, la que dictamina considera que sólo se deben disminuir del saldo final aquéllas provenientes de cuentas o activos financieros que generen intereses gravados para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Finalmente, se precisa que el tipo de cambio que se debe utilizar en el caso de operaciones realizadas con moneda extranjera, es aquél que se emplea para solventar obligaciones en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. Además, propone establecer que si no se publica dicho tipo de cambio, se deberá utilizar el último tipo de cambio publicado con anterioridad al segundo día hábil a aquel en que se calculen los saldos inicial y final, o bien, se efectúen depósitos, retiros o se cancelen, enajenen o traspasen las cuentas o activos financieros, según sea el caso.

Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora considera pertinente modificar lo previsto por el artículo 58-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta propuesto en la iniciativa que se dictamina, conforme a lo siguiente:

En tal sentido, el artículo 58-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedaría conforme a lo siguiente:

Lo anterior, independientemente de que la iniciativa del Ejecutivo federal plantea el pago del ISR por concepto de intereses percibidos como un pago definitivo, pues se considera que la información señalada en el párrafo que antecede permite preservar un control derivado de la presentación de dicha información, lo cual permitirá a la autoridad administrativa verificar el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes que perciban ingresos por concepto de intereses.

No obstante lo anterior, esta comisión dictaminadora considera necesario establecer como obligación para las autoridades fiscales, la de proveer las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información presentada.

Conforme a lo señalado anteriormente, se considera necesario modificar el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenido en la iniciativa que se dictamina, conforme a lo siguiente:

Conforme a lo anterior, el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedaría en los términos siguientes:

Lo anterior, toda vez que el impuesto se genera de forma individual, es decir, corresponde a cada accionista de la sociedad y no a la sociedad de inversión en su conjunto. Con esto, sólo las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión, pueden identificar a los accionistas de dichas sociedades y, en consecuencia, deben ser estas personas las que realicen la retención y el entero correspondiente del impuesto por los intereses a favor de los accionistas de las sociedades de inversión.

Por lo antes señalado, el artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedaría en los términos siguientes:

Asimismo, la que dictamina considera que se deben excluir del cálculo para determinar el monto de los intereses reales provenientes de sociedades de inversión a los residentes en el extranjero, estableciendo para estos últimos un procedimiento específico por los ingresos por intereses que perciban a través de sociedades de inversión, puesto que los intereses para los residentes en el extranjero deben gravarse cuando se perciban y en términos nominales. Por lo anterior, se considera adecuada la adición de un artículo 195-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En ese contexto, los artículos 103-A y 195-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedarían como sigue:

Adicionalmente, la que dictamina considera adecuado eliminar la obligación de las sociedades de inversión de informar a sus accionistas el monto de los ingresos que les correspondan por la ganancia obtenida en la enajenación de acciones, así como por la variación en la valuación de las mismas, estableciendo en el artículo 105 de la Ley en comento, que la obligación de presentar la información será para las personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión.

De igual forma, esta dictaminadora considera importante señalar que el último párrafo del artículo 104 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es únicamente aclaratorio, puesto que de acuerdo con dicho ordenamiento todo ingreso que se perciba tendrá el carácter de acumulable, salvo que la propia disposición señale lo contrario.

En ese sentido, el artículo 104 de referencia quedaría en los términos siguientes:

En este sentido, esta comisión dictaminadora estima conveniente que los intereses reales devengados provenientes de las subcuentas antes señaladas se realice conforme al procedimiento general establecido en el artículo 58-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenido en la iniciativa que se dictamina.

Adicionalmente, esta comisión considera necesario eliminar en el artículo 158 de referencia lo relativo a que son ingresos por intereses los que se obtengan por la cancelación de los seguros de vida, toda vez ello implicaría un doble gravamen, ya que los intereses reales positivos devengados del componente de ahorro de este tipo de seguros ya se encuentran gravados con el ISR.

De igual forma, esta dictaminadora estima que no se deben considerar como retiros, los recursos de la subcuenta de aportaciones voluntarias, así como de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, cuando éstos sirvan en su totalidad para pagar el ISR por los intereses reales positivos devengados a que se refiere el artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo antes mencionado, el artículo 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta previsto en la iniciativa que se dictamina, quedaría como sigue:

Asimismo, esta comisión considera que el crédito fiscal que obtengan los contribuyentes derivados de los intereses reales negativos devengados debe poder aplicarse no sólo contra las retenciones futuras del ISR por los intereses que perciban a través de la institución integrante del sistema financiero en la que se haya originado el citado crédito, sino que éste debe poder acreditarse con cualquier otra institución integrante del sistema financiero, en el caso de que el contribuyente cancele, enajene totalmente o traspase totalmente sus cuentas o activos financieros.

Lo anterior sólo podría realizarse cuando la institución que determine el crédito fiscal entregue constancia del monto del crédito pendiente de aplicar a la institución receptora de dicho crédito.

En este orden de ideas, el artículo 159 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedaría en los términos siguientes:

Lo anterior debido a que el impuesto se genera de forma individual, pudiéndose aplicar el crédito fiscal derivado de intereses reales negativos devengados en futuras declaraciones.

Cabe señalar que los contribuyentes personas físicas que obtienen intereses reales positivos devengados a través de dichas sociedades no tendrán problemas para obtener la información requerida para presentar su declaración mensual, toda vez que existe la obligación de que las sociedades que les paguen dichos intereses les informen el monto de los intereses reales positivos devengados mensualmente a su favor.

Toda vez que los contribuyentes no tienen certeza de que podrán efectivamente cobrar los intereses provenientes de créditos o títulos valor, esta dictaminadora considera conveniente establecer que en el caso de que se presente este supuesto, el contribuyente podrá considerar como crédito fiscal el monto del impuesto efectivamente pagado por los intereses reales positivos devengados provenientes de dichos créditos o títulos. Para tales efectos, se consideran como incobrables aquellos casos establecidos como tales en el artículo 31, fracción XVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En este sentido, se considera pertinente modificar el artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenido en documento que se analiza en los siguientes términos:

De esta forma, se plantea establecer que en el caso de intereses considerados como otros ingresos, se debe aplicar la mecánica que establece el artículo 58-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar el monto de los intereses reales devengados, los cuales se consideran ingresos en el caso de que sean positivos, por lo que deberán ser declarados mensualmente por parte del contribuyente, pagando el impuesto correspondiente. Asimismo, se estima pertinente establecer que el impuesto a cargo tendrá el carácter de pago definitivo del ISR.

De acuerdo con la mecánica que se propone, contra el impuesto mensual por los ingresos por intereses reales positivos devengados considerados como otros ingresos, los contribuyentes podrán aplicar un crédito fiscal en sus declaraciones futuras. Este crédito fiscal es el que se deriva de los intereses reales negativos devengados considerados como otros ingresos.

Asimismo, cabe señalar que los contribuyentes no tienen certeza de que efectivamente podrán cobrar los intereses provenientes de créditos o préstamos, por lo que esta dictaminadora estima conveniente establecer que en el caso de que se presente este supuesto, el contribuyente podrá considerar como crédito fiscal el monto del impuesto efectivamente pagado por los intereses reales positivos devengados provenientes de dichos créditos o préstamos. Para tales efectos, se consideran como incobrables aquellos casos establecidos como tales en el artículo 31, fracción XVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo tanto, esta comisión considera necesario modificar el artículo 168 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Derivado de lo anterior, también es necesario adecuar el artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer que la ganancia por la enajenación de acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de sociedades de inversión de renta variable se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 195-A que se considera necesario adicionar.

Asimismo, la que dictamina considera adecuado precisar que los ingresos percibidos por los residentes en el extranjero, distintos a intereses, provenientes de dichas sociedades de inversión, se deberán determinar conforme a lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

En este sentido, las adecuaciones antes mencionadas quedarían en los siguientes términos:

De igual manera y con fines aclaratorios, se estima pertinente mencionar en la referida disposición que la declaración informativa que se contiene en el artículo 59, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2011 deberá presentarse a más tardar el 15 de febrero de 2012.

En ese sentido, el artículo cuarto, fracción V de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedaría como sigue:

"Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta

3. Régimen de consolidación fiscal

Esta comisión dictaminadora coincide, en términos generales, con la reforma que se propone, pues de la misma forma en que se menciona en la exposición de motivos, se considera que el esquema actual del régimen de consolidación fiscal constituye un régimen opcional y de beneficio para los contribuyentes, con motivo del diferimiento en el pago del ISR, el cual amerita ser modificado para estar acorde con la realidad económica del país.

En este sentido, la que dictamina estima oportuno dividir el presente apartado de la siguiente manera:

a) Régimen opcional

Para esta comisión es claro que las personas morales se encuentran en libertad de tributar, para efectos del ISR, conforme al régimen general previsto en la ley, o bien, optar por alguno de los regímenes especiales, como lo es el de consolidación fiscal, atendiendo a intereses y características propias.

Así, las propias sociedades deciden, de manera voluntaria, dejar de tributar conforme al régimen general y, en consecuencia, presentar su solicitud para tributar conforme a las disposiciones relativas al régimen de consolidación fiscal.

Además, esta dictaminadora estima importante destacar que el régimen de consolidación fiscal reviste un carácter de doble opción, puesto que, como se mencionó, las empresas deciden tributar bajo el mismo de manera voluntaria y, de la misma manera, pueden dejar de consolidar sus resultados fiscales cuando así lo deseen, con excepción de los primeros cinco años a partir de aquel en que se empezó a ejercer la opción, durante los cuales deben forzosamente seguir tributando de forma consolidada.

En efecto, esta comisión concurre con la iniciativa que se dictamina, en el sentido de que existe una vigencia obligatoria de cinco años para tributar de manera consolidada, una vez que ha surtido efectos la autorización otorgada por el Servicio de Administración Tributaria y, posteriormente, una aceptación tácita de continuar tributando bajo el mismo régimen que, conforme al artículo 36-Bis del Código Fiscal de la Federación, será vigente por cada ejercicio en el cual no se presente una solicitud para dejar de enterar el ISR de manera consolidada, de tal manera que si el contribuyente en cuestión no manifiesta su voluntad de salir del régimen de consolidación fiscal para tributar conforme al régimen general de Ley, se entenderá que ha decidido continuar consolidando sus resultados fiscales, a menos que deje de cumplir con alguno de los requisitos para consolidar o se encuentre en algún supuesto de desconsolidación, contenidos en la parte relativa de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que implica que la permanencia en el régimen dependerá principalmente de la voluntad del grupo.

Incluso, el carácter opcional del régimen de consolidación fiscal ha sido confirmado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como se puede apreciar en la tesis de jurisprudencia número P./J. 96/2001, que se cita en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina.

Así, esta comisión considera que, sin lugar a dudas, el régimen de consolidación fiscal es un régimen especial y optativo de tributación a favor de las sociedades mercantiles, que prevé la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) Beneficio para los contribuyentes

Como se mencionó anteriormente, el régimen de consolidación fiscal constituye un beneficio para los contribuyentes que opten por tributar conforme a éste, donde se les beneficia con la posibilidad de amortizar pérdidas generadas por una empresa, contra las utilidades de otra u otras empresas del mismo grupo en el mismo ejercicio, así como con el libre flujo de dividendos entre sociedades del grupo pero, sobre todo, con el diferimiento en el pago del ISR a su cargo que, finalmente, es financiado por el Estado.

Por ello, la que dictamina también coincide con la reforma que se propone, pues de la misma forma en que se menciona en la exposición de motivos de la iniciativa que se dictamina, se considera que el esquema actual del régimen de consolidación fiscal ha fomentado un efecto que no es el objetivo que persiguió el legislador al crear dicho sistema, al permitir a los contribuyentes el diferimiento del pago del ISR causado por largos periodos e, incluso, de manera indefinida.

En efecto, tal como lo establece la propia Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, es hasta que se enajenen acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo, se varíe la participación accionaria en una sociedad controlada, se desincorpore o se desconsolide el grupo, o bien, se pierda el derecho a disminuir la pérdida fiscal, entre otros supuestos, cuando se deberá enterar el ISR que se haya diferido con motivo de la consolidación, con lo cual se permite de manera indefinida el diferimiento en el pago del ISR causado por los contribuyentes.

Ahora bien, para esta comisión dictaminadora es importante destacar en este punto que el régimen de consolidación fiscal fue concebido como un sistema de incentivo para coadyuvar con la capacidad operativa y financiera de las empresas, siempre que no produjera un sacrificio fiscal para el Estado, o que, de producirse dicho sacrificio, éste consistiera en un simple diferimiento en el pago del ISR a cargo de los contribuyentes.

Tal situación se estableció en el decreto que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomenten el desarrollo industrial y turístico del país, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 1973 que, en su parte conducente, señala:

"Considerando

De igual forma, en el año de 2005, a fin de atenuar el efecto de las reformas practicadas al sistema de deducción del llamado costo de lo vendido en el ISR, que representaba un impacto económico adverso para los contribuyentes, se decidió permitir nuevamente la consolidación fiscal al 100 por ciento de la participación accionaria.

Tomando en cuenta ese contexto, la que dictamina coincide con la propuesta formulada por el Ejecutivo federal de beneficiar la disminución de las pérdidas generadas por una empresa, contra las utilidades de otra u otras empresas del mismo grupo, así como no gravar el flujo de dividendos entre las empresas que conforman el grupo, pero también concuerda en que es deseable acotar el plazo del diferimiento en el pago del tributo y señalar un periodo razonable que permita coadyuvar en la recuperación operativa y financiera de las empresas cuando efectúan inversiones productivas.

Más todavía, para esta comisión es clara la existencia de un impuesto diferido, ya que los contribuyentes tienen provisionado en sus estados financieros el monto que por concepto de ISR se encuentra pendiente de pago.

Las provisiones contables obedecen a que además de ser un gasto el impuesto diferido del ejercicio, la legislación vigente señala que deberá ser enterado cuando se actualice, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

Es por eso que, con la reforma propuesta por el Ejecutivo federal al régimen de consolidación fiscal, se busca acabar con el diferimiento excesivo del impuesto a pagar, determinando tiempos concretos de pago, sin generar cargas administrativas adicionales a los contribuyentes.

En tal sentido, esta comisión dictaminadora estima que, como lo propone la iniciativa que se dictamina, con el fin de evitar la utilización de esta figura para diferir el pago del ISR por un periodo indefinido, la sociedad controladora deberá enterar en forma actualizada el impuesto que, con motivo de la determinación del resultado fiscal consolidado, se hubiera diferido por un periodo mayor a cinco ejercicios, contados a partir de aquel en que se generó dicho impuesto. Con ello, se logra conciliar el régimen opcional y de estímulo que representa la consolidación fiscal, con la obligación de contribuir al gasto público prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto del saldo pendiente de pago del ISR al 31 de diciembre de 2009, no obstante que el Estado puede exigir el pago del impuesto diferido de inmediato, esta dictaminadora estima adecuado que el contribuyente pueda pagar el impuesto diferido, una vez transcurridos cinco ejercicios fiscales, favoreciendo su pago en cinco parcialidades, lo que se traduce en que en el año 2010 se pagaría el saldo del impuesto diferido al 31 de diciembre de 2004; el correspondiente a 2005 se pagaría a partir de 2011; el de 2006 a partir de 2012 y así sucesivamente en cada ejercicio fiscal. Debe resaltarse que respecto del 2004 el impuesto diferido corresponde al acumulado de ejercicios anteriores a dicho año, incluido 2004.

c) Garantía de irretroactividad

Ahora bien, derivado de las conclusiones alcanzadas en los diversos foros y discusiones llevadas a cabo por esta comisión dictaminadora, se considera necesario señalar que los cambios sustanciales propuestos en la iniciativa que se dictamina no vulneran la garantía de irretroactividad, prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a los contribuyentes que hubieren obtenido autorización para tributar de manera consolidada con anterioridad a que las modificaciones legales propuestas entraran en vigor, en atención a lo siguiente:

Esta comisión dictaminadora considera que con la reforma que se propone no se viola la garantía de irretroactividad referida, pues en ningún momento se vulneran derechos adquiridos por parte de los contribuyentes sujetos al régimen de consolidación fiscal, al contrario, con la reforma propuesta de la iniciativa sujeta a dictamen se confirma la naturaleza del régimen de consolidación como un régimen de diferimiento del ISR.

Esto es así, pues con la reforma propuesta no se modifican situaciones acontecidas con anterioridad a ésta, sino que, únicamente se establecen fechas y límites concretos para su pago.

Se trata pues, de una reforma que va dirigida a hacer exigible el pago de un impuesto, por lo que de ninguna forma se puede pensar en la modificación de algún derecho adquirido de los contribuyentes al respecto.

En este sentido, esta dictaminadora considera que, en todo caso, el supuesto derecho adquirido por un contribuyente sujeto al régimen de consolidación fiscal sería no enterar al fisco federal el ISR a su cargo que haya diferido con motivo de la consolidación, lo cual no encuentra sustento jurídico alguno, además de que resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, la que dictamina coincide con lo expresado en la exposición de motivos de la iniciativa sujeta a dictamen, en el sentido de que los contribuyentes no cuentan con derechos adquiridos sobre la forma de tributar año con año, pues ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el legislador tiene, reconocida constitucionalmente, la facultad de modificar la forma de tributar, tal y como se indica en el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 68/2004, que se cita en la iniciativa de referencia.

Finalmente, para esta comisión es importante destacar que, como se señaló, el régimen de consolidación fiscal reviste un carácter de doble opción, puesto que, en un inicio, las empresas deciden tributar bajo el mismo de manera voluntaria y, de la misma manera, pueden dejar de consolidar sus resultados fiscales cuando así lo deseen, con excepción de los primeros cinco años a partir de aquel en que se empezó a ejercer la opción, durante los cuales deben forzosamente seguir tributando de forma consolidada.

Así, con motivo de la solicitud presentada por la sociedad controladora para consolidar sus resultados fiscales, el grupo queda obligado a seguir tributando bajo ese mismo régimen por un periodo que, en ningún caso, podrá ser menor a cinco ejercicios. Una vez transcurrido ese periodo obligatorio, a menos que solicite dejar de tributar bajo el régimen de consolidación fiscal o deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en el capítulo relativo de la Ley del Impuesto sobre la Renta para consolidar sus resultados fiscales, existirá una aceptación tácita por parte de la sociedad controladora para seguir tributando de tal manera, incluso de conformidad con las disposiciones fiscales los contribuyentes podrán abandonar el régimen para tributar en el régimen general, aun estando dentro de su periodo obligatorio de 5 años, pero con la condición de que paguen los recargos correspondientes, confirmándose nuevamente el carácter de optativo del régimen de diferimiento.

Tal como se menciona en la iniciativa que se dictamina, este criterio fue sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1037/99.

Así, de la misma manera que lo hace la iniciativa que se dictamina, esta comisión considera que, al ser voluntaria la permanencia en el régimen especial que nos ocupa, una vez transcurrido el periodo obligatorio en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes no cuentan con derechos adquiridos respecto de las condiciones y requisitos para consolidar sus resultados fiscales, puesto que son ellos mismos quienes deciden permanecer en un régimen sobre el cual el legislador puede realizar modificaciones, contando con la total libertad de dejar de tributar de esta manera y hacerlo conforme al régimen general.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P./J. 95/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, misma que es del tenor literal siguiente:

En este sentido, para la que dictamina es claro que no existen derechos adquiridos por parte de los contribuyentes que se encuentren tributando bajo este régimen, más allá de los 5 ejercicios que resultan obligatorios, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

d) Garantías de proporcionalidad y equidad tributarias.

Por lo que respecta a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, esta comisión estima que las reformas propuestas en la iniciativa que se dictamina no vulneran lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que la misma únicamente está encaminada a definir periodos precisos de pago para evitar el excesivo diferimiento del impuesto.

Así, en términos del objetivo y mecánica de la reforma propuesta, en opinión de la que dictamina la reforma de referencia no incide en la capacidad contributiva de las empresas que se encuentran tributando bajo el régimen especial y de beneficio de consolidación fiscal, puesto que el cálculo del impuesto diferido ya fue realizado en su momento y su monto es conocido por los contribuyentes antes del momento de pago, siendo que sólo está pendiente el entero del tributo.

Con lo anterior, no se desconoce la modificación que se generará en el ISR que deberán enterar los contribuyentes que hayan optado por tributar en este régimen especial, a partir del ejercicio fiscal de 2010; sin embargo, no se debe pasar por alto que el ajuste en el monto del impuesto a enterar tiene su origen en la obligación de reconocer los efectos del régimen de consolidación fiscal que se proponen, y no del desconocimiento de su capacidad contributiva.

Tal situación ha sido reconocida por la Primera y Segunda Salas de nuestro más alto Tribunal, al dictar las tesis identificadas con los números 1a. CXCVI/2007 y 2a. CXLVI/2008.

Por lo que hace a la garantía de equidad tributaria, la que dictamina estima que la iniciativa del Ejecutivo federal busca unificar el esquema tributario, ya que si bien la consolidación es un régimen optativo de beneficio para aquellos contribuyentes que reúnen las características señaladas en la propia Ley, con su aplicación se distorsiona la realidad económica del contribuyente, pues con su aplicación, aquellos contribuyentes que pertenecen a un grupo de empresas pueden compensar las utilidades de unas contra las pérdidas de otras para disminuir la base gravable del grupo y con ello diferir el pago de impuestos, logrando a su vez un mayor flujo de efectivo; beneficios que no tienen los contribuyentes que no ejercen dicha opción.

Asimismo, se impone a esta dictaminadora dar un trato diferenciado a los contribuyentes que, al momento de que entre en vigor la reforma planteada, se encuentran dentro del periodo obligatorio de cinco años para tributar en este régimen, pues, tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis de jurisprudencia número P./J. 95/2001, los contribuyentes que se encuentren en el periodo obligatorio referido, sí cuentan con derechos adquiridos que no deben verse modificados con motivo de una reforma al régimen de consolidación fiscal.

e) Consideración adicional

Finalmente, esta comisión coincide con lo señalado en la iniciativa que se dictamina en el sentido de que las empresas que optaron por el régimen de consolidación fiscal debían informar como parte de los anexos del dictamen de estados financieros para efectos fiscales, las cantidades que por concepto del ISR diferido está pendiente de pago, obligación que surgió a partir del año 2004 y cuya constitucionalidad fue confirmada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1257/2005, cuya ejecutoria, en su parte conducente, menciona lo siguiente:

No obstante lo anterior y con motivo de las conclusiones alcanzadas en los diversos foros y sesiones de trabajo llevadas a cabo por esta comisión, se estima conveniente modificar la propuesta contenida en iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación.

Esta dictaminadora coincide con establecer un esquema de pago fraccionado, como el propuesto por el Ejecutivo federal, ya que ello coadyuva a los flujos de efectivo del grupo de consolidación para el entero del impuesto diferido. Sin embargo, se considera apropiado modificar la propuesta del Ejecutivo federal incluida en la iniciativa sujeta a dictamen, en lo que se refiere a los por cientos a enterar del impuesto diferido, que se establecen en las fracciones I y II del sexto párrafo del artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de que el pago inicial sea más accesible para las empresas y éstas cuenten con un horizonte de pagos que preserve el periodo para el pago del impuesto diferido de diez años. De esta manera, el esquema de pagos fraccionados quedaría, ejemplificadamente, de la forma siguiente:

Cabe señalar que esta mecánica de pagos no implica cancelar la consolidación fiscal y sus efectos positivos en la inversión y la generación de empleos, ya que aquellas empresas que conforman un grupo consolidado fiscalmente y recuperan sus pérdidas y reinvierten sus utilidades dentro de un periodo razonable, y sobre todo durante los primeros años de su operación, no se verán afectadas por este esquema de pago fraccionado.

Es importante mencionar que el esquema de pagos constituye un instrumento antielusión para aquellas empresas que tributan de forma consolidada y que presentan un comportamiento anormal en cuanto a la generación y aplicación de pérdidas en el grupo, comportamiento que no es justificable desde el punto de vista de la rentabilidad económica de un proyecto de inversión.

Conforme a lo anteriormente señalado, la que dictamina considera conveniente modificar las fracciones I y II del sexto párrafo del artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el artículo cuarto, fracción VI, del Decreto que se dictamina, relativo a las disposiciones transitorias de la referida Ley, los cuales quedarían como sigue:

Ahora bien, debido a que la autoridad administrativa requiere contar con la información actualizada de los contribuyentes que decidan abandonar el régimen, se modifica la propuesta del Ejecutivo federal, a fin de confirmar la obligatoriedad de presentar un aviso y que en la Ley quede claramente señalada la información que deberán presentar los contribuyentes conjuntamente con el aviso, eliminando cualquier posibilidad de que la salida del régimen sea discrecional de la autoridad administrativa.

Asimismo, esta comisión estima que, a fin de dar un contenido estructurado a las normas jurídicas que plantea la iniciativa de reformas que se dictamina, las modificaciones al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, referentes a la obligación de presentar el aviso para desconsolidar se deberán contener solamente en el artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por lo anterior, se estima adecuado modificar el párrafo tercero y adicionar un cuarto párrafo al artículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y eliminar las reformas al artículo 71, párrafo décimo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenidos en la iniciativa que se dictamina, de la siguiente manera:

En tal sentido, se propone adicionar los artículos 68, con un quinto párrafo pasando el actual cuarto párrafo a ser sexto párrafo y 75 con un séptimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; conforme a lo siguiente:

Esta comisión considera que la sanción a que deberá hacerse acreedora la sociedad controladora en caso de que no cumpla con su obligación de enterar el impuesto diferido a que se refiere el artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenido en iniciativa que se dictamina, no deberá ser la desconsolidación del grupo, tal como lo propone el Ejecutivo federal.

Con motivo del carácter opcional y de beneficio que constituye la naturaleza del régimen de consolidación fiscal, se estima que establecer una sanción que conlleve la desconsolidación del grupo haría nugatorio ese carácter opcional y de beneficio referido, pues de manera involuntaria los contribuyentes sujetos a dicho régimen dejarían de serlo debido al incumplimiento en el pago del impuesto diferido.

Para darle congruencia al incumplimiento en el pago oportuno del impuesto diferido, se considera necesario modificar el último párrafo del referido artículo 70-A para pasar a ser el penúltimo párrafo y establecer que las sociedades controladoras se harán acreedoras al pago de recargos y las sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación en materia de omisión de contribuciones, y el Servicio de Administración Tributaria determinará el impuesto omitido que deberá pagar el contribuyente.

Finalmente, para esta comisión es importante aclarar en el último párrafo del citado artículo 70-A que los efectos que resulten de la desincorporación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se considerarán si los mismos ya fueron reconocidos en la determinación y pago del ISR a que se refiere el primer artículo citado, conforme a lo siguiente:

Así, para darle transparencia al pago del ISR diferido, se precisa que su determinación se hará en forma separada y autónoma de cualquier resultado o pérdida fiscal consolidada de la controladora.

Por lo manifestado anteriormente el texto del artículo 71-A y la fracción IX, primer y segundo párrafos, del artículo cuarto transitorio del decreto en mención, quedarían de la siguiente manera:

Adicionalmente, esta comisión dictaminadora estima razonable que dentro del ISR diferido se contemple a los dividendos contables, ya que como lo expone el Ejecutivo federal en su iniciativa, si bien se beneficiaban los flujos de efectivo por el pago o la distribución de dividendos o utilidades contables, también lo era que en virtud de ello se originaba un ISR pendiente de pago que se difería hasta que ocurriera la enajenación de la totalidad o parte de las acciones de las sociedad controlada que los pagó, disminuya la participación accionaria de la misma o la desincorporación de la sociedad controlada que los pagó o se desconsolidara el grupo.

Esta dictaminadora observa que las expectativas de recaudación que tiene contemplado el Ejecutivo federal para el 2010 y ejercicios posteriores no rebasan los 30 mil millones de pesos, por lo que incluir el ISR diferido de los citados dividendos reflejaría una recaudación muy superior a dicha estimación.

De esta forma, esta dictaminadora considera oportuno conceder el beneficio de no pagar el ISR diferido de los dividendos o utilidades en efectivo o en bienes, pagados o distribuidos con anterioridad al 1 de enero de 1999, que no provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta o de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, sino hasta que el grupo se desconsolide. De esta forma se favorecen los flujos de efectivo de los mismos.

En tal sentido, las modificaciones a la fracción VII, del artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedarían como sigue:

"Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Derivado de lo manifestado en el párrafo anterior, a fin de evitar interpretaciones inadecuadas en relación con las pérdidas anteriores a 1999, esta dictaminadora considera oportuno que en las disposiciones transitorias se precise que para la reversión de pérdidas a que se refiere el numeral 1, fracción VIII del artículo cuarto del Decreto cuya emisión se plantea, relativo a las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como de la fracción I del artículo 71-A de la referida Ley, se establezca que no se incorporaran las pérdidas ocurridas con anterioridad al 1 de enero de 1999.

Esta dictaminadora además considera necesario modificar el inciso b) numerales 3, segundo párrafo y 4, segundo párrafo, de la fracción VIII del artículo cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la iniciativa sujeta a dictamen, con el fin de corregir la inconsistencia que se deriva del cálculo de la utilidad por la comparación de las cuentas de utilidad fiscal neta de las controladas y de la controladora contra la consolidada, ya que de conformidad con dicho cálculo, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada deberá llevarse a cero. Esta disposición resulta inconsistente con el último párrafo del numeral 3, en el que se establece que a ese saldo nuevamente se le debe llevar a cero. Lo técnicamente correcto es llevar a cero la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada reinvertida, no la cuenta de de utilidad fiscal neta consolidada. En concordancia con esta modificación, también debe modificarse en el mismo sentido el numeral 4 en su segundo párrafo para que en lugar de llevar a cero la cuenta de utilidad neta consolidada reinvertida, sea la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada la que se lleve a cero.

En consecuencia, la fracción VIII, del artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedaría de la siguiente manera:

"Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Esta comisión considera adecuado establecer como obligación para la sociedad controladora llevar, por los ejercicios fiscales por los que se esté obligado a conservar la contabilidad, los registros relativos a: (i) el monto total del ISR diferido que se hubiera generado con motivo de la consolidación fiscal; (ii) el monto del ISR diferido enterado; (iii) el saldo del ISR diferido pendiente de enterar; (iv) la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada correspondiente al ISR diferido; (v) la cuenta de utilidad fiscal neta de las sociedades controladas y de la controladora correspondiente al impuesto diferido, y (vi) las pérdidas de las sociedades controladas y de la controladora correspondientes al impuesto diferido.

Asimismo, si bien se coincide con la propuesta planteada por el Ejecutivo federal respecto de la conveniencia de establecer como una medida de control la incorporación de la obligación de que en el dictamen fiscal de estados financieros correspondiente el contador público registrado revise y emita opinión respecto de la determinación del impuesto diferido; esta comisión dictaminadora considera necesario precisar que dicha opinión se realice de acuerdo con las pruebas selectivas que lleve a cabo en los términos previstos por el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, con lo cual se brinda mayor seguridad jurídica al contribuyente.

En tal sentido, se considera necesario modificar el contenido del artículo 65, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los siguientes términos:

En materia de dividendos o utilidades contables, esta comisión dictaminadora coincide con la reforma planteada por el Ejecutivo federal a fin de establecer el mecanismo para el pago del ISR diferido por los dividendos o utilidades contables en cada sexto ejercicio fiscal.

Los mecanismos consistirían en:

Para esta dictaminadora es atinado que el Ejecutivo federal haya elegido un sistema de inclusión de los dividendos o utilidades contables en el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta en vez de aplicar el mecanismo general del crédito contenido en el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que debido a la mecánica y sistema que destaca en el régimen de consolidación fiscal, el permitir la aplicación de créditos distorsionaría sus resultados y podrían originarse distorsiones.

Por lo anterior, para esta dictaminadora el pago del ISR diferido en el sexto ejercicio fiscal presenta una variante importante en el mecanismo general de acreditamiento del citado artículo 11, por lo que el Ejecutivo federal acertadamente reconoce que los dividendos o utilidades contables respecto de los cuales se haya pagado el ISR en el sexto ejercicio fiscal deberán integrarse en la determinación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, de esta forma los contribuyentes tienen la ventaja de darle efectos fiscales inmediatos sin que se deban diferir la aplicación del crédito hasta que se genere la utilidad fiscal que corresponda a los dividendos contables que se pagaron o distribuyeron.

No obstante lo anterior, esta dictaminadora estima conveniente que los dividendos o utilidades contables respecto de los cuales se haya pagado el ISR en el sexto ejercicio fiscal deben sumarse en la determinación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que se determine de conformidad con los artículos 69 y 88 de la Ley de referencia, y no que quede limitado al registro correspondiente, lo que dará como resultado natural que se integre al citado registro, debido a la mecánica establecida en dicha Ley.

Para esta dictaminadora es importante destacar que en ningún caso podrá aplicarse para las sociedades que consolidan fiscalmente, el crédito que se establece en el artículo 11 multicitado.

En virtud de lo anterior, se estima conveniente eliminar del quinto párrafo del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la referencia al registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada para que únicamente se refiere al saldo de dicha cuenta y quede en los siguientes términos:

Esta comisión dictaminadora coincide con el Ejecutivo federal respecto a la necesidad de homogeneizar el marco tributario actual en cuanto a las obligaciones que deben cumplir las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del ISR.

En tal sentido, se coincide con la reforma propuesta a fin de establecer como medidas aplicables a todas las donatarias autorizadas, las siguientes:

Esta dictaminadora considera necesario hacer una precisión al artículo 93, séptimo párrafo, a efecto de que en lugar de señalar como ingresos que no se consideran derivados de actividades distintas a los fines para los que las personas morales y fideicomisos con fines no lucrativos no fueron autorizados, a los obtenidos por arrendamiento, se refiera a ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Ello, en virtud de que este término es más preciso y la legislación fiscal en esta materia se refiere al uso o goce temporal de bienes inmuebles.

En tal sentido y a fin de lograr el objetivo propuesto por el Ejecutivo federal en la iniciativa que se dictamina, relativo a lograr una homogeneidad en el marco tributario aplicable a las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del ISR, esta comisión estima necesario precisar en los artículos 93, 95, 97 y 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que dichas disposiciones resultarán igualmente aplicables a aquellos fideicomisos autorizados para recibir donativos del ISR.

En tal virtud, el artículo 93 antes mencionado quedaría conforme a lo siguiente:

"Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta

En efecto, el segundo párrafo del citado artículo 95 no incorpora en la determinación del remanente distribuible ficto, entre otras, a las siguientes instituciones u organizaciones: partidos políticos; Federación, estados y municipios; sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro; sindicatos obreros; asociaciones patronales; cámaras de comercio e industria; colegios de profesionales y los organismos que los agrupen; organismos que agrupen las sociedades cooperativas; asociaciones o sociedades civiles, con carácter cultural; asociaciones de padres de familias constituidas y registradas y sociedades de gestión colectiva.

Por ende, dichas personas que se encuentran referidas en las fracciones I, II, III, IV, VIII, XII, XIV y XV del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, básicamente realizan actividades de interés público y social, de colaboración en el crecimiento socioeconómico y de fomento en el desarrollo de determinados sectores, así como circunscribir su actuación al estudio, mejoramiento, representación y defensa de sus propios intereses y actividades.

Bajo este orden de ideas, es necesario puntualizar que si bien todas las personas morales referidas en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta deben ser consideradas como personas morales con fines no lucrativos, también resulta necesario tomar en cuenta que ello no es óbice para que, partiendo de un análisis a los fines, objetivos y actividades de las mismas, concluya la necesidad de efectuar categorías de contribuyentes, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese contexto, los artículos 95, 97 y 101, de la Ley del Impuesto sobre la Renta quedarían de la manera siguiente:

Esta dictaminadora coincide con la reforma planteada por el Ejecutivo federal relativa a precisar que la exención por la enajenación de casa habitación sea aplicable siempre que durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no hubiera obtenido la exención referida y hasta por el límite que actualmente establece la ley de una cantidad que no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión.

Lo anterior, toda vez que se estima que el beneficio fiscal únicamente será aprovechado por aquellas personas que efectivamente enajenan su casa habitación, sin el ánimo de realizar continúas enajenaciones como parte de un negocio inmobiliario.

Asimismo, se estima que resulta adecuado prever como obligación de los fedatarios públicos informar al Servicio de Administración Tributaria de las enajenaciones de casa habitación que se protocolicen ante ellos, indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido, así como que el enajenante deba manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no ha enajenado durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación un inmueble que sea su casa habitación por la que hubiera gozado de la exención y que, además, el fedatario público ante quien se formalice la operación deba consultar al Servicio de Administración Tributaria, a través de la página de Internet de dicho órgano desconcentrado, si el contribuyente no ha obtenido el beneficio fiscal en el mencionado periodo.

6. Deducibilidad de intereses de créditos hipotecarios

Esta comisión dictaminadora coincide asimismo con la limitación de la deducibilidad de los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a casa habitación contratados por las personas físicas, a fin de que únicamente aplique tratándose de créditos contratados con los integrantes del sistema financiero destinados a la adquisición de la casa habitación del contribuyente y siempre que el monto total de los mismos no exceda de un millón quinientas mil unidades de inversión.

Asimismo, se estima que dicha medida no afectaría a la población en general, sino a las personas de altos ingresos que pudieran adquirir más de un inmueble.

7. Estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología

Considerando que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 prevé que en dicho año, el apoyo a los proyectos de investigación y desarrollo de tecnología se asigne conforme lo establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese mismo ejercicio fiscal, lo cual ha permitido a las empresas obtener directamente recursos presupuestales para financiar sus gastos e inversiones en este rubro, que de otra forma no los hubieran obtenido, pues el esquema del estímulo fiscal requiere que los beneficiarios generen utilidades, esta comisión dictaminadora coincide con la propuesta presentada por el Ejecutivo federal relativa a derogar el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y prever como disposición transitoria que los contribuyentes que fueron beneficiados con el estímulo fiscal en comento, podrán continuar acreditando el monto pendiente de aplicar del estímulo fiscal que les haya sido autorizado en ejercicios anteriores, conforme a las disposiciones aplicables hasta el 31 de diciembre de 2009.

No pasa desapercibido para esta comisión dictaminadora que hasta el ejercicio fiscal de 2008 el estímulo fiscal por gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología a que se refiere el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se venía otorgando de conformidad con los montos y requisitos que se establecían en la Ley de Ingresos de la Federación de cada año.

Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2009 el Congreso de la Unión aprobó que el apoyo a dichas inversiones se otorgara a través del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Las razones que se tomaron en cuenta para incentivar la investigación y desarrollo de tecnología por la vía presupuestal y no mediante el otorgamiento del estímulo fiscal aludido, fueron las siguientes:

Es importante precisar que con la derogación del citado artículo 219, no se pierde el beneficio de incentivo a los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, sino que simplemente se ha adoptado la vía presupuestal por ser más eficaz para asignar recursos directamente a los proyectos de investigación y desarrollo de tecnología.

Asimismo, se destaca que esta propuesta no implica la cancelación de los montos del estímulo fiscal autorizados en ejercicios anteriores que aún no han sido aplicados por los beneficiarios, ya que los contribuyentes podrán aplicar los acreditamientos conducentes hasta agotar el monto del estímulo conforme a las disposiciones aplicables.

8. Otras medidas

Se considera procedente por la que dictamina dar permanencia a la aplicación del mecanismo contenido en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 que establece la opción de que las entidades de financiamiento residentes en el extranjero en las que participe en su capital social el gobierno federal paguen el impuesto que se cause por enajenación de acciones o títulos valor a que se refiere el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la ganancia determinada en los términos del sexto párrafo de dicho artículo.

Lo anterior con la finalidad de fortalecer las actividades de financiamiento que realizan en México las referidas entidades, a través de la aportación de capital a las empresas mexicanas al permitir que en lugar de aplicar la tasa del 25 por ciento sobre el monto total de la operación y sin deducción alguna, se aplique una tasa del 28 por ciento únicamente sobre la ganancia obtenida por la enajenación de las acciones, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos para tales efectos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, se coincide con el Ejecutivo federal respecto a la necesidad de dar continuidad al tratamiento fiscal aplicable a los intereses pagados a bancos, mediante la inclusión de una disposición en la que se prorrogue para el ejercicio fiscal de 2010 el tratamiento aplicable para dichos bancos en el ejercicio fiscal de 2009.

9. Exención de retiros efectuados por situación de desempleo

De manera adicional a lo anterior, esta comisión dictaminadora considera necesario incluir como ingreso exento del ISR a los retiros que se realicen por concepto de desempleo que provengan de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez depositados en la cuenta individual abierta en términos de la Ley del Seguro Social.

Dicha exención se estima pertinente debido a que la crisis mundial actual ha afectado a cientos de empresas en nuestro país, las cuales se han visto obligadas a efectuar una disminución de su planta laboral, con lo cual miles de personas se encuentran desempleadas, por lo que la que dictamina estima conveniente que cuando éstas se encuentren en situación de desempleo y utilicen los recursos de su cuenta individual de retiro, dichos recursos no paguen gravamen alguno.

Ante tal situación, la que dictamina estima conveniente reformar el artículo 109, fracción XXIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de prever que los retiros que se efectúen de la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, por encontrarse el contribuyente en situación de desempleo, se encuentren exentos del pago del ISR.

La medida permitirá que el beneficio obtenido por los retiros efectuados de la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, por situación de desempleo se destinen de manera total a favor de la economía familiar, así la reforma que se plantea prevé lo siguiente:

Esta comisión dictaminadora considera pertinente establecer que los ingresos que se obtengan de planes personales de retiro, así como de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, se consideren ingresos acumulables para el contribuyente, cuando éste hubiese deducido las aportaciones a dichos vehículos de ahorro. En este caso, el ingreso acumulable corresponderá a las aportaciones actualizadas que se hubiesen efectuado.

Adicionalmente, la que dictamina estima que se debe establecer que no existen retiros en los planes personales de retiro o en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, cuando se realicen traspasos totales de dichos planes o subcuentas a otra institución financiera autorizada para la administración de estos vehículos de ahorro, así como establecer que la institución cedente deberá proporcionar constancia a la receptora, respecto del ISR, con el fin de evitar omisiones o información errónea por parte de la institución cedente.

Esta comisión dictaminadora además considera necesario establecer que no se perciben ingresos de los vehículos de ahorro antes citados, cuando se efectúen retiros para cubrir la totalidad del ISR por intereses reales positivos devengados.

Así, la reforma al artículo 167, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedaría en los siguientes términos:

Si bien, los recursos de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro se utilizan para la adquisición de una mejor pensión cuando el trabajador tenga derecho a disponer de las aportaciones obligatorias, es decir, sólo se recibirán cuando el trabajador llegue a la edad de 65 años o cuando se encuentre en los supuestos de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo remunerado; las aportaciones voluntarias se pueden retirar por lo menos una vez cada seis meses.

En consecuencia, difícilmente se justifica un régimen fiscal especial para las aportaciones voluntarias. Por lo que sólo las aportaciones complementarias de retiro, que efectivamente se constituyen como un ahorro de largo plazo, tendrían que ser deducibles para el trabajador.

Derivado de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera adecuado eliminar la deducción que las personas físicas realizan por sus aportaciones a la subcuenta de aportaciones voluntarias.

Asimismo, para facilitar la deducción y operatividad de los vehículos de ahorro para el retiro, se plantea establecer únicamente como monto de referencia máximo deducible el equivalente a cinco salarios mínimos elevados al año, eliminando con esto la referencia al porcentaje de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio.

Adicionalmente, se establece que no será deducible la proporción de las aportaciones mensuales a los planes personales de retiro o a la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, cuando dichos vehículos de ahorro inviertan en instrumentos financieros que se encuentren exentos para las personas físicas. En virtud de que no se puede otorgar una deducción a un ingreso exento, ya que se estaría dando una doble ventaja, puesto que por una parte se deducirían las aportaciones y, por la otra, los ingresos que se obtengan no se considerarían acumulables para el contribuyente.

En este sentido, se propone reformar el artículo 176, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Por lo anterior, se considera necesario incluir en las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta lo siguiente:

"Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Con la finalidad de dar mayor claridad y precisión al artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esta dictaminadora estima conveniente modificar tal precepto para considerar al Banco de México como parte del sistema financiero, toda vez que ese instituto central, en términos de la Ley que lo rige: i) realiza operaciones con los intermediarios que forman parte de dicho sistema, a efecto de promover el sano desarrollo del propio sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, y ii) con motivo de sus funciones, lleva a cabo operaciones, entre otros, con el gobierno federal, Estados Extranjeros, organismos descentralizados y fideicomisos públicos de fomento.

Con motivo de las operaciones referidas en el párrafo anterior, el banco central paga intereses por los cuales, en términos del artículo 58 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto que se causa no debe ser retenido, por lo que se propone modificar el artículo 8o., tercer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en los siguientes términos:

Los integrantes de la comisión dictaminadora concuerdan con la iniciativa objeto de dictamen en que el IDE es una contribución auxiliar en el control de la evasión fiscal, cuya finalidad primordial es crear un mecanismo que impulse el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del ISR y desaliente las medidas de evasión fiscal.

Asimismo, se coincide en que este impuesto impacta a quienes obtienen ingresos y no los declaran a las autoridades fiscales y que no afecta a los contribuyentes cumplidos, ya que éstos recuperan el IDE que les es retenido por las instituciones del sistema financiero, mediante su acreditamiento contra el ISR propio o el retenido a terceros, la compensación contra impuestos federales o, incluso, por medio de su devolución, lo cual evita que este impuesto represente una mayor carga fiscal para los contribuyentes cumplidos.

Por ello, considerando que el IDE ha permitido obtener recursos adicionales para financiar el gasto público, provenientes de grupos que no contribuyen de acuerdo con su real capacidad económica, sin afectar a los contribuyentes cumplidos, la comisión que dictamina está de acuerdo con el Ejecutivo federal en que es factible fortalecer el mecanismo de control que representa este impuesto y con ello incentivar la formalización de la economía.

1. Tasa y monto de los depósitos exentos

Esta comisión dictaminadora no tiene objeción en cuanto a la propuesta del Ejecutivo federal de reducir el umbral de 25 mil pesos a 15 mil pesos mensuales, por el cual estarán exentas del pago del IDE las personas físicas y morales por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas, hasta dicho monto; así como de incrementar del 2 al 3 por ciento la tasa de dicho impuesto.

Lo anterior, porque se considera que el pago de este impuesto es sólo un anticipo a cuenta de otros impuestos que efectúan las personas que realizan actividades económicas en el momento en el que tienen disponibilidad de recursos y, de ninguna manera, se trata de un impuesto que impacte a los contribuyentes regulares, de forma adicional a las cargas tributarias que ya tienen.

En efecto, se coincide con el Ejecutivo federal en el sentido de que para los contribuyentes cumplidos, ni la disminución en el monto de los depósitos exentos ni el incremento en la tasa representarán una carga tributaria adicional, ya que, de acuerdo con las disposiciones fiscales, estos contribuyentes al estar en una situación regular tienen la posibilidad de recuperar el impuesto pagado, ya sea por medio del acreditamiento contra el ISR, la compensación contra otros impuestos o bien, en todo caso, si no tuvieran impuestos a cargo contra los cuales puedan acreditar o compensar el IDE pagado, pueden solicitar al Fisco su devolución.

Debe mencionarse que tratándose de personas que realizan actividades económicas en el sector informal, al no estar en posibilidad de recuperar el IDE que paguen por los depósitos en efectivo que efectúen en sus cuentas, a través de los mecanismos antes mencionados, los pagos del impuesto se convierten en definitivos, con lo cual el fisco federal obtiene recursos de personas que de otra forma jamás contribuirían.

Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido a esta comisión que la propuesta de reducir el umbral de los depósitos en efectivo que estarían exentos del IDE, es una medida que fortalece la capacidad de control del impuesto, pues con ella se disminuyen las maniobras de elusión del pago del impuesto a través de diversificar los depósitos en efectivo mediante la apertura de cuentas en distintas instituciones de crédito para evitar exceder el límite de 25 mil pesos exentos en cada cuenta. En este sentido, al disminuir el monto exento se fortalece este impuesto de control para el sector informal de la economía, sin afectar a los contribuyentes cumplidos, pues estos pueden recuperar el impuesto pagado.

Por ello, esta comisión considera que en el caso de estas últimas personas, ambas propuestas del Ejecutivo federal son adecuadas, ya que al impactar de una manera más importante en su economía, constituyen un fuerte incentivo para que se integren a la economía formal.

Adicionalmente, debe mencionarse que la reducción mencionada no tiene efectos negativos en aquellas personas que obtengan ingresos exentos para efectos del ISR y que depositaran la totalidad de dichos ingresos en efectivo en las instituciones de crédito, toda vez que el límite de los 15,000.00 pesos que se proponen exentar en el IDE está por encima de los ingresos mensuales exentos por salarios o por pensiones o jubilaciones que se perciban en un mes.

También se coincide con lo señalado en la iniciativa, respecto de que si bien los contribuyentes cumplidos podrían ver afectado en el corto plazo su flujo de efectivo, las medidas comentadas les permitirán competir en condiciones más equitativas con las personas que continúen operando en el sector informal, para quienes este gravamen sí es un impuesto definitivo.

Cabe precisar, que de acuerdo con la información proporcionada en la iniciativa, se estima que, en conjunto, estas medidas permitirán obtener 2 mil 565 millones de pesos de recaudación adicional neta, es decir, después de las recuperaciones que efectúen los contribuyentes mediante acreditamientos, compensaciones o devoluciones.

2. Exención para depósitos para pagar adeudos

En relación con la propuesta contenida en la iniciativa propuesta por el Ejecutivo federal para que la exención por los depósitos en efectivo que se realicen en cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero, hasta por el monto adeudado a dichas instituciones, no aplique tratándose de las personas morales ni de las personas físicas que realizan actividades empresariales y profesionales, esta dictaminadora la considera adecuada en virtud de que se trata de contribuyentes que no se verán afectados porque de conformidad con las diversas leyes fiscales se encuentran obligados a presentar pagos provisionales o definitivos mensuales de impuestos contra los cuales pueden acreditar o compensar el IDE de manera inmediata.

Esta comisión apoya la modificación de referencia habida cuenta de que se ha identificado el riesgo de que algunas instituciones de crédito abran líneas de crédito revolvente para que las empresas las utilicen en el manejo de su caja, de forma tal que los ingresos en efectivo que perciben en forma semanal por su actividad empresarial, se destinen a saldar esas cuentas, con lo que se eludiría el pago de este impuesto y, además, operarían con efectivo, sin hacer visible su actividad para efectos del ISR y del impuesto empresarial a tasa única.

De la misma forma, la comisión que suscribe está de acuerdo en que, a efecto de verificar la correcta aplicación de la exención en comento, se establezca la obligación de las personas físicas interesadas en obtenerla de proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate su clave de inscripción en el RFC, a efecto de que dicha institución verifique con el Servicio de Administración Tributaria que esas personas físicas se encuentran en el supuesto de exención.

Asimismo, esta comisión considera adecuado que la reforma en cuestión entre en vigor a partir del 1 de julio de 2010, a fin de permitir que tanto los contribuyentes como las instituciones del sistema financiero puedan aplicarla adecuadamente.

Ahora bien, tomando en cuenta que hoy día existen personas físicas que tienen cuentas propias abiertas con motivo de los créditos que hayan sido otorgados por las instituciones del sistema financiero en las cuales realizan depósitos para tal fin, se estima conveniente prever, por cuestiones de control, que en el caso de los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2009 tengan abiertas cuentas con motivo de los créditos que les hayan sido otorgados, para que puedan continuar aplicando la exención que se comenta, deberán proporcionar a la institución del sistema financiero de que se trate, su clave de inscripción en el RFC, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2010, para que dicha institución verifique con el Servicio de Administración Tributaria si a dichas personas les aplica o no la mencionada exención.

Asimismo, se estima conveniente que en caso de que el contribuyente no proporcione la información mencionada se considere que son contribuyentes que tributan en los términos del Título IV, Capítulo II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por lo tanto, no les sea aplicable la exención en comento.

3. Procedimiento para el cobro del IDE pendiente de recaudar

Los integrantes de esta comisión dictaminadora consideran procedente la propuesta del Ejecutivo federal relativa a modificar el procedimiento que deben seguir las autoridades fiscales cuando derivado de la información anual que deben proporcionar las instituciones del sistema financiero respecto del impuesto recaudado y del pendiente de recaudar, se comprueba que existe un saldo a pagar por el contribuyente por concepto del IDE, en virtud de que se estima que las adecuaciones propuestas otorgan mayor seguridad jurídica y respetan la garantía de audiencia de los contribuyentes, al tiempo que se evitan impugnaciones y agilizan e incrementan la recaudación por este concepto.

En ese sentido, esta comisión dictaminadora está de acuerdo en que cuando exista un saldo de IDE pendiente de recaudar las autoridades fiscales primero notifiquen al contribuyente dicha circunstancia, otorgándole un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos dicha notificación, para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presente los documentos y constancias que desvirtúen la existencia del saldo a cargo.

Adicionalmente, también se coincide con el Ejecutivo federal respecto de que si el plazo antes mencionado transcurre sin que el contribuyente logre desvirtuar la existencia del saldo a cargo o no haya ejercido el referido derecho, las autoridades procedan a la determinación del crédito fiscal correspondiente, así como al posterior requerimiento de pago y cobro del mismo, más la actualización y recargos correspondientes desde que la cantidad no pudo ser recaudada y hasta que sea pagada.

Cabe mencionar, que estas adecuaciones son consistentes con lo que hoy día establece el Código Fiscal de la Federación en procedimientos similares que dan como resultado la determinación de créditos fiscales, por lo que la comisión que suscribe el presente dictamen las considera adecuadas.

4. Conceptos de persona moral y sistema financiero

Esta comisión dictaminadora está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo federal de adecuar los conceptos de "persona moral" y "sistema financiero" contenidos en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, en los términos planteados por el Ejecutivo federal, toda vez que se coincide en que con las reformas en materia de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y otras entidades de ahorro y crédito popular, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009, resulta innecesario aludir en forma particular a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, siendo suficiente referir al ordenamiento legal que las contempla.

Asimismo, esta comisión está de acuerdo en que se incluya a las Sociedades Financieras Comunitarias y a los Organismos de Integración Financiera Rural, como sujetos recaudadores del IDE, ya que con ello se da un trato equitativo entre éstas y las Sociedades Financieras Populares, habida cuenta de que todas ellas están reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y pueden realizar básicamente las mismas operaciones.

De igual forma, por cuestiones de equidad para efectos del IDE, se coincide en la necesidad de regular, mediante disposición transitoria, a las sociedades en proceso de obtener autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

C. Impuesto al valor agregado

1. Intereses

Esta comisión dictaminadora coincide con el Ejecutivo federal en que es conveniente exentar del IVA los servicios por los que deriven intereses por créditos otorgados a personas físicas que realicen actividades empresariales, presten servicios personales independientes u otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles, y sean para la adquisición de bienes de inversión para el desarrollo de dichas actividades o se trate de créditos refaccionarios, de habilitación o avío, y que se aplique dicha exención sólo a quienes se encuentren registrados para efectos fiscales, por lo que se está de acuerdo en establecer como requisito adicional que estén inscritas ante el RFC.

Asimismo, la que dictamina coincide en que es necesario establecer que no es aplicable dicha exención tratándose de quienes tributan en el régimen de pequeños contribuyentes, ya que aun cuando éstos realizan actividades empresariales cubren el impuesto a su cargo mediante una cuota fija a través de la cual se reconoce esta exención.

2. Comprobantes fiscales

En materia de comprobantes fiscales, el Ejecutivo federal propone reformar el párrafo tercero de la fracción III del artículo 32 de dicho ordenamiento, con el fin de adecuarlo conforme al nuevo esquema de comprobantes fiscales que se plantea incorporar al Código Fiscal de la Federación. Dicha reforma se propone que entre en vigor a partir del 1 de julio de 2010.

Ahora bien, en el presente dictamen, esta comisión considera conveniente modificar lo señalado en la fracción I del artículo décimo del proyecto de Decreto contenido en la propuesta presentada por el Ejecutivo, relativo a las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, para dar un mayor periodo de maduración a la reforma que establece el nuevo esquema de comprobantes fiscales digitales, estableciendo como fecha de entrada en vigor de las disposiciones señaladas en dicha fracción el 1 de enero de 2011.

Por lo anterior, y toda vez que la reforma al artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado citado anteriormente, se propuso en concordancia con el esquema de comprobantes fiscales, esta dictaminadora considera necesario modificar lo señalado en la fracción I del artículo octavo del Decreto cuya emisión se plantea, relativo a la disposición transitoria de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el fin de modificar la fecha de entrada en vigor de la reforma propuesta al tercer párrafo de la fracción III del artículo 32 del citado ordenamiento, en los términos siguientes:

Por otra parte, considerando que el conjunto de medidas propuesto por el Ejecutivo federal en materia de imposición indirecta no ha sido avalado por esta comisión en su totalidad, al no estar aprobada la iniciativa de Ley de la Contribución para el Combate a la Pobreza, y reconociendo la necesidad que nuestro país tiene de contar con recursos públicos para poder atender los programas para el combate a la pobreza y demás gasto público, tal y como se manifiesta ampliamente en las exposiciones de motivos de las iniciativas que integran el paquete económico para 2010 que el Ejecutivo federal remitió a este Congreso, la que dictamina estima necesario efectuar reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, consistentes en incrementar la tasa general del 15 por ciento al 16 por ciento y la tasa aplicable en la región fronteriza del 10 por ciento al 11 por ciento.

Ello es así, ya que una premisa para alcanzar un crecimiento económico sostenido que se traduzca en mayores beneficios para la sociedad requiere mantener la solidez de las finanzas públicas y conservar la estabilidad de las principales variables macroeconómicas.

Bajo ese contexto, es menester destacar que con base en los resultados de recaudación observados durante 2008, la captación por concepto de IVA en el ejercicio anterior se ubicó en un monto equivalente a 3.78 por ciento del PIB, cifra que a la fecha representa el máximo nivel alcanzado por dicho gravamen desde su introducción en 1980; además de que contribuyó con el 38 por ciento de los ingresos tributarios del país, constituyéndose en la segunda fuente más importante en la generación de recursos de origen tributario, después del ISR.

No obstante lo anterior, durante los primeros ocho meses de 2009 la recaudación de este gravamen presentó una disminución sensible. Al mes de agosto la captación de IVA fue 19.5 por ciento inferior en términos reales respecto del monto observado en el mismo periodo de 2008; además, el nivel de recaudación total es 19.1 por ciento inferior a la meta presupuestada para el mes de agosto del presente ejercicio fiscal.

Algunos factores coyunturales que han contribuido al bajo desempeño del rendimiento recaudatorio de este impuesto son la menor actividad económica registrada en el país a consecuencia del impacto de la crisis financiera internacional que se propagó al resto de la economía y las medidas adoptadas para atender la contingencia sanitaria ocurrida a finales de abril de 2009.

Aunado a lo anterior, se debe considerar la inminente disminución de los ingresos provenientes del petróleo en los próximos años, debido a la reducción en la plataforma de extracción y exportación del mismo, así como a la volatilidad de su precio internacional, situación que generará fuertes presiones sobre los ingresos públicos.

Ahora bien, esta comisión considera que con el objeto de evitar un escenario económico desalentador durante el 2010 es necesario ajustar las tasas del IVA a efecto de ampliar el potencial recaudatorio de esta base tributaria y lograr la solidez de las finanzas públicas, de forma tal que se garantice el financiamiento de los requerimientos de gasto social y de infraestructura para el desarrollo nacional.

En ese sentido, la que dictamina propone incrementar en un punto porcentual la tasa general del IVA que se aplica en el interior del país; de esta forma, la tasa pasaría del 15 al 16 por ciento. De igual manera, se plantea incrementar en un punto porcentual la tasa que se aplica en la región fronteriza para ubicarse en 11 por ciento en lugar de la tasa del 10 por ciento vigente, siendo menester aclarar que aun y cuando se tiene conocimiento de que ningún país del mundo aplica una tasa preferencial para sus regiones fronterizas, se considera necesario mantenerla para preservar la competitividad entre los contribuyentes que residen en la citada región fronteriza y los comerciantes de los países vecinos, establecidos en las zonas cercanas a las líneas divisorias internacionales del norte y del sur del país.

Ahora bien, es importante destacar que el régimen de tasa cero y de exención previstos en la Ley de la materia no son objeto de modificación alguna, con lo cual se asegura que el 41 por ciento del consumo total no se vea impactado con el incremento de tasas propuesto.

Bajo esa tesitura, esta comisión considera adecuada la tasa general del IVA del 16 por ciento si se compara con el nivel que prevalece en el contexto internacional. Prácticamente todos los países que tienen IVA su tasa general actual es superior al 15 por ciento1. Por su parte, los países de América Latina con un desarrollo económico comparable al de México, aplican tasas mayores al 15 por ciento, tales como Uruguay (23 por ciento), Argentina (21 por ciento), Brasil (20.5 por ciento), Chile (19 por ciento), Perú (17 por ciento) y Colombia (16 por ciento).

Asimismo, en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuya tasa promedio vigente del IVA es del 19.3 por ciento, se ha incrementado la tasa general de este impuesto en 52 por ciento, en promedio, desde el año de su introducción hasta el año más reciente del que se dispone información. En este grupo de países existen algunos que han incrementado su tasa general en casi 100 por ciento o más, como es el caso de Alemania, Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo.

Se estima que el impacto recaudatorio del incremento de tasas será de 29 mil 796 millones de pesos como ingresos adicionales en el ejercicio de 2010, los cuales evitarán un debilitamiento de las finanzas públicas.

Por lo anterior es necesario realizar ajustes a diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con el objeto de modificar las tasas mencionadas y adecuar las referencias a las tasas que se modifican y a los factores que deben aplicarse para identificar el IVA cuando se recupera el adeudo de documentos pendientes de cobro.

Por lo anterior, se propone reformar los artículos 1o., segundo párrafo; 1o.-C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo; 2o., primero, segundo y tercer párrafos; 2o.-A, fracción I, último párrafo, y 5o., último párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los términos siguientes:

Artículo 2o.-A. …

I. ...

Se aplicará la tasa del 15 16 por ciento o del 10 11 por ciento, según corresponda, a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

…

Artículo 5o. …

Cuando el impuesto al valor agregado en la importación se hubiera pagado a la tasa de 10 11 por ciento, dicho impuesto será acreditable en los términos de este artículo siempre que los bienes o servicios importados sean utilizados o enajenados en la región fronteriza."

Por otra parte, es de destacar que las operaciones celebradas en 2009, que se paguen en el 2010, quedarían afectas a una nueva tasa, por lo que a efecto de mantener en lo posible las condiciones que dieron lugar a las mismas, se propone agregar una fracción III al artículo octavo del Decreto cuya emisión se plantea, relativo a las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. No obstante lo anterior, esta dictaminadora considera que es factible que, con la finalidad de sustraerse al pago del incremento de la tasa que se propone en el presente dictamen, las empresas que sean partes relacionadas lleven a cabo operaciones simuladas de entrega de bienes durante 2009. Por ello, la que dictamina considera necesario especificar que cuando dichas operaciones las realice un contribuyente con una empresa que sea parte relacionada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no le será aplicable la regla en comento, habida cuenta de que no se trata de una operación con un tercero independiente que es el propósito de la norma en estudio. De acuerdo con lo anterior, la disposición de mérito quedaría de la siguiente forma:

"Disposición Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

1. Mecánica para la actualización de cantidades

Esta dictaminadora coincide con el Ejecutivo federal en la necesidad de modificar el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, tanto por lo que hace al periodo como a los meses cuyos INPC se toman en cuenta para actualizar las cantidades que se establecen en dicho ordenamiento, en virtud de que, como actualmente se encuentra establecida la mecánica para actualizar dichas cantidades, se deja de considerar un mes de actualización, por lo que técnicamente resulta adecuado realizar el ajuste correspondiente.

Esta comisión también considera acertado dejar debidamente aclarado que las cantidades actualizadas conforme a dicho procedimiento entrarán en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio en que la inflación haya superado el 10 por ciento. Igualmente se estima adecuado que se establezca, como una medida de seguridad jurídica en la mecánica de actualización, que tratándose de cantidades que se incluyan en el Código Fiscal de la Federación con posterioridad a la entrada en vigor de esta propuesta, para llevar a cabo la actualización de las mismas, cuando así proceda, se utilizará el INPC correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en que hayan entrado en vigor dichas cantidades.

Esta dictaminadora está de acuerdo con las demás modificaciones que, en materia de actualización, se proponen en la iniciativa en estudio, consistentes en lo siguiente:

Esta comisión dictaminadora una vez analizada la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal en materia de domicilio fiscal, considera que por el momento resulta inconveniente modificar el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación a efecto de considerar que en el caso de las personas morales, su domicilio fiscal también puede ser constituido por el domicilio de sus representantes. Ello, en virtud de que si bien la naturaleza jurídica de las personas morales requiere para su actuación de un ente diverso de las personas que las crean y todos los actos que realizan entonces las personas morales los hacen por conducto de personas físicas, el actuar imputable a estas últimas en esta relación debe constreñirse al de la representación legal de la persona moral, sin que ello conlleve a una obligación adicional para las personas físicas que no se encuentra convenida ni regulada en términos legales.

Asimismo, se difiere de la propuesta enviada por el Ejecutivo federal en el sentido de reformar el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, a fin de dejar sin efectos el aviso de cambio de domicilio del contribuyente cuando no sea localizado físicamente en el nuevo domicilio manifestado, o bien, sea inexistente dicho domicilio, situación que se considera deberá analizarse en un futuro como parte de un paquete integral que pudiere ser visto con una nueva óptica a la luz de los avances que en materia de informática se presentan día a día, sobre todo si se parte del supuesto de que actualmente la autoridad ya puede realizar incluso notificaciones electrónicas a los contribuyentes, sin necesidad de ubicarse físicamente en un inmueble. En ese sentido, de trascender el desarrollo informático y adecuarse tanto las disposiciones civiles, como las correlativas de otras materias, además de las fiscales correspondientes, se podría tener un espectro que permita llevar a cabo este tipo de actos sin todas las formalidades que las disposiciones vigentes exigen a la fecha.

Por otra parte, esta comisión considera que actualmente tampoco resulta adecuado adicionar una fracción VII al artículo 46-A del Código Tributario, a efecto de incorporar el supuesto legal que permita a la autoridad fiscal suspender el plazo para la terminación de una visita domiciliaria cuando el contribuyente presente un aviso de cambio de domicilio. Ello, en virtud de que si bien este tratamiento puede ser utilizado por los contribuyentes para tratar de obstaculizar el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, es de observar que ésta tiene en todo momento la posibilidad de asegurar la contabilidad del contribuyente, con lo cual se proveerá de los elementos necesarios para concluir su visita con la información suficiente y, en todo caso, la continuación de la visita se llevaría a cabo por la propia autoridad, aunque en diferente sede.

Finalmente, en torno a las propuestas relacionadas con el domicilio de los contribuyentes contenidas en la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, esta dictaminadora difiere de la propuesta que versa sobre la ampliación a diez años de la caducidad de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, cuando el contribuyente presente más de dos avisos de cambio de domicilio en un mismo ejercicio. Lo anterior resulta de especial relevancia si se considera, entre otros factores, que un gran sector de contribuyentes adquiere en arrendamiento los inmuebles a través de los cuales presta sus servicios o realiza sus actividades empresariales y, en la posición que actualmente se encuentra su economía, en más de un caso el cambio de domicilio obedece a causas ajenas a su voluntad, como lo es el incremento en las rentas o zonas de riesgo para el desarrollo de sus actividades y no necesariamente a un acto tendiente a evadir la acción de la autoridad, en tal virtud se considera que no deberá modificarse el texto del segundo párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.

3. Medidas relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación

Esta comisión dictaminadora coincide con la propuesta del Ejecutivo federal relativa a dejar sin efectos las declaraciones complementarias una vez iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, cuando éstas tengan alguna repercusión en el ejercicio que se está revisando.

Cabe señalar que de conformidad con la disposición vigente del Código Fiscal de la Federación se pueden modificar las declaraciones normales hasta en tres ocasiones, siempre que no se hayan iniciado las facultades de comprobación, sin embargo no se especifica si estas modificaciones se refieren a la presentación de declaraciones complementarias de ejercicios anteriores al revisado, o bien, del ejercicio sujeto a revisión ni el efecto que tales declaraciones tengan en el ejercicio revisado.

Ahora bien, por lo que respecta a la propuesta para que los visitadores puedan entender la diligencia de la entrega de la orden de visita domiciliaria con la persona que se encuentre en el lugar donde deba practicarse cuando no estuviere el visitado o su representante legal en dicho lugar, esta comisión considera que no resulta conveniente modificar en ese sentido el texto de la fracción II del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación considerando que la tendencia de la política tributaria actualmente pretende crear una relación directa entre los contribuyentes y las autoridades en el ejercicio de las facultades de estas últimas que conlleve a que, desde el principio, se tenga un vínculo que genere información fluida entre las partes y que, así mismo, contribuya al desahogo de este tipo de facultades brindando al contribuyente la confianza de que la actuación de las autoridades se lleva a cabo en todo momento ante los individuos representantes de la persona moral que tienen la capacidad y facultades suficientes para recibir la información que se deba notificar en cada acto a fin de contribuir a la toma de decisiones que, por parte de la persona moral, deba efectuarse.

Asimismo, congruente con el comentario anterior, se considera que tampoco deberá modificarse el contenido de la fracción VI del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que la autoridad esté en posibilidad de proceder al cierre del acta final de visita, sin que para ello medie un citatorio previo para el contribuyente o su representante legal, situación que, además de revestir de ilegalidad los actos de la autoridad, podría también generar abusos por parte de quienes realizan actos de fiscalización al entenderlos con cualquier tercero que no necesariamente tenga relación con el contribuyente, lo cual resulta relevante considerando que se trata del último acto que se efectúa en la visita domiciliaria antes de la emisión de la resolución correspondiente.

4. Procedimiento para el cálculo de las unidades de inversión

Esta comisión dictaminadora coincide con el Ejecutivo federal en la necesidad de adicionar un artículo 20-Ter al Código Fiscal de la Federación, dentro del cual se prevea el procedimiento a través del cual el Banco de México calcula el valor diario de las unidades de inversión, en virtud de que con ello se da cumplimiento al principio de legalidad tributaria.

No obstante lo anterior, esta dictaminadora considera adecuado precisar la propuesta del Ejecutivo federal a fin de dar mayor exactitud y claridad al cálculo para la obtención de dicha unidad, máxime que el procedimiento para determinar el valor de las unidades de inversión no sólo es indispensable para efectos fiscales, sino que dicho procedimiento también es utilizado para denominar diversas obligaciones de pago, de ahí que sea fundamental que el procedimiento previsto en el referido artículo 20-Ter sea exacto en cuanto a su método de determinación y que no deje lugar a dudas respecto del procedimiento correspondiente, lo cual otorgará mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

En virtud de lo anterior, el artículo 20-Ter que se adicionaría al Código Fiscal de la Federación quedaría de la siguiente manera:

Por lo anterior, el artículo tercero del Decreto cuya emisión se plantea, relativo a las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación quedaría en los términos siguientes:

Por lo anterior, se plantea incorporar un artículo décimo primero al Decreto cuya emisión se plantea, en los términos siguientes:

Esta comisión coincide en términos generales con la propuesta presentada por el Titular del Ejecutivo federal consistente en fortalecer y eficientar los esquemas de comprobación fiscal actuales, procurando con ello obtener los diversos beneficios señalados en la misma, principalmente la disminución de la evasión fiscal, al evitar la falsificación y comercialización indebida de comprobantes fiscales en papel.

Esta comisión considera correcto poder utilizar de forma simultánea los tres esquemas de comprobación propuestos: i) los comprobantes fiscales digitales a través de Internet, ii) los comprobantes en papel que tengan adherido un dispositivo de seguridad y iii) los estados de cuenta como tercer medio de comprobación sin documentos adicionales para su validez, ampliando la utilización de este último para las entidades financieras, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y/o por las personas morales autorizadas para emitir tarjetas de crédito, de débito o de servicio o monederos electrónicos.

Como se ha señalado, con la utilización de los tres esquemas de comprobación se brindará un control de las operaciones efectuadas por los contribuyentes reduciendo para estos últimos los costos de facturación en papel, impulsando la utilización de nuevas herramientas tecnológicas, como el Internet, así como el beneficio del resguardo de la información y documentación en caso de que se presente alguna contingencia.

Asimismo, se beneficiarán los contribuyentes por tener una disminución en sus costos administrativos, al no necesitar de espacios adicionales para almacenar archivos o personal para su manejo y custodia, se impactará favorablemente en la conservación del medio ambiente derivado de la disminución en el uso de papel y se tendrá la facilidad de salvaguardar la información y documentación electrónica ante cualquier contingencia, al ser conservada por el Servicio de Administración Tributaria en sus bases de datos.

Comprobante fiscal digital a través de Internet

Esta comisión dictaminadora está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo federal, de reformar el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación a efecto de establecer un esquema de comprobación fiscal digital con validación a través de Internet, pues como se observa en materia de derecho comparado, actualmente la comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, al igual que la Organización Mundial de Comercio contempla la regulación del comercio electrónico internacional, de donde se observa que la mayoría de los países ya reconocen en su legislación, al menos como un instrumento optativo, la emisión de comprobantes fiscales digitales, como en el caso especifico, lo es la República Federativa de Brasil el cual contiene un sistema de emisión de comprobantes fiscales electrónicos que ha estado implementando gradualmente y en la actualidad ya se encuentra totalmente implementado para los grandes contribuyentes (tamaño de empresa y los principales sectores económicos).

De manera general, esta comisión coincide con el nuevo esquema de comprobación fiscal digital a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, en los términos expuestos en la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal; sin embargo, se propone que, para garantizar el óptimo funcionamiento y finalidad perseguida en la propuesta de reforma, se incorpore la figura de proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales, los cuales podrán efectuar la validación, asignación de folios e incorporación del sello a que se refiere la fracción IV del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación que se propone, permitiendo a los contribuyentes elegir la opción que consideren conveniente para emitir sus comprobantes fiscales digitales en tiempo y forma.

Por lo cual, se considera necesario reformar el primer párrafo de la fracción IV del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación propuesto, para modificar la referencia de que el comprobante se tenga que enviar para validación a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, por la referencia de que se envíe a validación a través de los mecanismos digitales que para tal efecto se determinen mediante reglas de carácter general.

Asimismo, esta dictaminadora considera adecuado adicionar un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación para establecer que el Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales para que efectúen la validación, asignación de folios, e incorporación del sello digital.

En ese orden de ideas, la que dictamina también considera necesario adicionar un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación propuesto, para establecer que para la obtención de la autorización de proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por parte del Servicio de Administración Tributaria, éstos deberán cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de carácter general que para ese efecto emita dicho órgano desconcentrado.

Además, esta comisión considera oportuno establecer en un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo en comento que el Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las autorizaciones emitidas a los proveedores antes mencionados en cualquier momento, cuando incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación o en las disposiciones de carácter general que para el efecto llegue a emitir el citado órgano desconcentrado.

Finalmente, se plantea incorporar los párrafos segundo a quinto a la fracción IV del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de establecer que el Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar la información necesaria a los proveedores autorizados para efecto de poder llevar a cabo lo previsto en el párrafo segundo de dicha fracción.

Por otra parte, esta comisión considera conveniente eliminar del texto propuesto del segundo párrafo de la fracción V del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, la obligación contenida en la parte final consistente en que el registro del comprobante fiscal digital en la contabilidad del contribuyente tenga que ser simultáneo al momento de recibir dicho comprobante, lo anterior, para permitir que los contribuyentes que opten por la validación de sus comprobantes a través de un proveedor autorizado lo puedan registrar en términos de lo previsto por la fracción II del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, esto es, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se realizaron las actividades respectivas.

En consecuencia el texto propuesto para las fracciones IV y V del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, quedaría de la siguiente manera:

De la misma forma, la que dictamina considera adecuada la reforma presentada por el Ejecutivo de establecer una multa a la infracción citada en el párrafo anterior, para lo cual se aceptan las reformas a la actual fracción X de los artículos 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación, respectivamente.
 

Comprobante fiscal en papel con dispositivo de seguridad

Esta comisión considera apropiada la propuesta presentada por el Ejecutivo federal, en el sentido de reformar el esquema de comprobantes fiscales en papel, pretendiendo que los comprobantes ahora sean de libre impresión con la adición de un dispositivo de seguridad para otorgarle autenticidad y validez, dispositivo de seguridad que emitirá un proveedor autorizado por el Servicio de Administración Tributaria, en virtud de que se tiene conocimiento de que el actual esquema de comprobantes impresos es el de mayor número de falsificaciones y con el cual se acreditan una gran mayoría de operaciones inexistentes.

Por lo anterior, esta comisión considera adecuado que dicho esquema pueda ser utilizado en operaciones de hasta por un importe de dos mil pesos, lo cual garantizará que con un comprobante en papel no se realicen deducciones o acreditamientos millonarios, evitando deducciones improcedentes, así como acreditamientos indebidos y en consecuencia habrá menos devoluciones improcedentes por supuestos saldos a favor, originadas con la reproducción de comprobantes fiscales emitidos en papel, toda vez que la autoridad fiscal podrá rastrear con mayor facilidad los folios asignados y el dispositivo de seguridad que le hubiera enajenado un proveedor autorizado.

En esa virtud, esta comisión también coincide y comparte la propuesta de ajustar la parte conducente del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación para establecer como requisito que los comprobantes en papel deben tener adherido un dispositivo de seguridad que tendrá que ser adquirido con un proveedor autorizado, mismo que debe cumplir con los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general.

En ese sentido, se acepta la propuesta de que si los dispositivos de seguridad no se utilizan en un plazo de dos años, se deberán destruir e informar de dicha situación al Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior, para que se tenga un control sobre el número folios asignados a los contribuyentes.

Por otra parte, se comparte la iniciativa de que tanto los contribuyentes, como los proveedores de dispositivos de seguridad tengan la obligación de informar a la autoridad fiscal el detalle de la utilización de los folios autorizados, de acuerdo con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, para con ello cumplir el objetivo de la reforma propuesta de tener un control sobre las operaciones realizadas por los contribuyentes.

Finalmente, se comparte el criterio de establecer como infracción con su sanción correspondiente, la omisión de proporcionar a la autoridad fiscal la información que corresponda a los comprobantes emitidos con dispositivo de seguridad, así como para el caso en que el proveedor de los dispositivos de seguridad no proporcione a la autoridad fiscal la información referente a los dispositivos de seguridad emitidos, de igual forma el hecho de que el contribuyente no destruya o avise sobre la destrucción de los dispositivos de seguridad.

En materia de infracciones relacionadas con la expedición de estados de cuenta, esta comisión dictaminadora considera necesario ajustar la fracción X del artículo 84-A del Código Fiscal de la Federación de la iniciativa sujeta a dictamen, toda vez que el permitir a las autoridades fiscales el acceso a las bases de datos de las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sería considerado como una atribución relacionada directamente con las facultades de comprobación de dichas autoridades; por ello, es necesario modificar la propuesta enviada por el Ejecutivo federal a fin de establecer que sólo se impondrá sanción cuando las personas morales no proporcionen la información a que se refiere el artículo 32-E del ordenamiento en cuestión.

En consecuencia el texto propuesto quedaría de la siguiente manera:

En consecuencia los textos propuestos quedarían de la siguiente manera:

Esta comisión dictaminadora propone derogar el quinto párrafo del artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación, toda vez que de la redacción del citado párrafo se desprende que se contrapone con la reforma que se persigue consistente en que los estados de cuenta sirvan como comprobante fiscal cuando tengan todos los requisitos señalados en el artículo 29-A del citado Código Tributario, entre otros, el referente a la traslación de impuestos.

Secreto fiscal

Se considera conveniente la propuesta del Ejecutivo federal en el sentido de que como parte del nuevo esquema de comprobación fiscal se establezca la obligación para los contribuyentes que deduzcan o acrediten un comprobante fiscal de verificar su autenticidad en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y de que no opere el secreto fiscal en estos casos.

Por otra parte, a efecto de regular la forma en que las autoridades fiscales deberán proporcionar la información que les solicite la Cámara de Diputados, se propone incorporar un último párrafo fracción al artículo décimo del Decreto cuya emisión se plantea, en los siguientes términos:

Finalmente, esta comisión concuerda, en términos generales, con la propuesta enviada por el Ejecutivo de modificar el artículo 113, fracción III del Código en comento, con la finalidad de adecuar el tipo penal para quienes falsifiquen, tengan en su poder, reproduzcan, etc. dispositivos de seguridad, o bien, para quienes falsifiquen, ostenten como propia, guarden o almacenen información de los contribuyentes contenida en los comprobantes fiscales digitales; sin embargo, no concuerda con la adición al artículo 113-A por ser suficiente la referida reforma.

Transitorios

Esta dictaminadora considera conveniente modificar lo señalado en la fracción I del Artículo Décimo de la propuesta presentada por el Ejecutivo en cuanto a las Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación, a efecto de dar un mayor periodo de maduración a la reforma que establece el nuevo esquema de comprobantes fiscales digitales, estableciendo como fecha de entrada en vigor de las disposiciones señaladas en dicha fracción el 1 de enero de 2011.

Adicionalmente, se considera procedente incluir como propuesta de disposición transitoria que los comprobantes fiscales impresos por terceros autorizados vigentes, y que reúnan los requisitos del Código de referencia, puedan seguir siendo utilizados hasta agotar su vigencia.

Por otra parte, a efecto de dar seguridad jurídica a los contribuyentes respecto de la forma en la cual van a comprobar sus erogaciones, esta comisión dictaminadora considera adecuado adicionar una fracción III que señale que a través de reglas de carácter general, las autoridades fiscales puedan establecer facilidades administrativas en materia de comprobación fiscal a efecto de que los contribuyentes se encuentren en posibilidad de comprobar las operaciones que realicen en términos de las disposiciones fiscales aplicables hasta antes de la entrada en vigor de la citada fracción en tanto se encuentren en posibilidad de cumplir con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

En consecuencia el texto propuesto quedaría de la siguiente manera:

Concepto de entidad financiera

Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide con la propuesta del Ejecutivo federal, relativa a adicionar un artículo con el objeto de señalar lo que debe entenderse como entidad financiera; para actualizar y hacer extensiva la referencia que se hace en el Código Fiscal de la Federación a las instituciones de crédito, así como contemplar a las instituciones de seguros que ofrecen seguros de vida, administradoras de fondos para el retiro, uniones de crédito, casas de bolsa, sociedades financieras populares, sociedades de inversión de renta variable, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión. Asimismo, se considera pertinente la propuesta de establecer que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar en los términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán cumplir con todas las obligaciones aplicables a las entidades financieras anteriormente señaladas conforme a la naturaleza de su objeto.

Es de destacar que las entidades relacionadas con el ahorro y crédito son entidades reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los términos de la Ley citada en el párrafo anterior, por lo que se estima que resulta congruente que el objetivo de la reforma sea incorporar a éstas en el concepto de entidades financieras.

La que dictamina considera que, por lo anterior, la disposición que se propone no vulnera garantías ya que la legislación vigente permite el apoyo de las instituciones de crédito para vigilar el cumplimiento de determinadas disposiciones fiscales y con la reforma únicamente se amplía dicho supuesto a las demás entidades financieras, relacionadas con el ahorro y crédito.

Responsabilidad solidaria de los socios o accionistas

Esta comisión dictaminadora no coincide con la propuesta del Ejecutivo federal, relativa a delinear la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas respecto de las contribuciones causadas con motivo de las actividades realizadas por la sociedad en el tiempo en que tenían tal condición, en la cual se eliminaban las condicionantes que limitan dicha responsabilidad y se aclaraba el procedimiento para determinar la participación o proporción en que dichos socios o accionistas responderán respecto de las contribuciones causadas cuando los bienes de la sociedad no son suficientes para garantizar el crédito fiscal, por lo anterior esta dictaminadora suprime del Proyecto de Decreto los textos propuestos por el Ejecutivo relacionados con el artículo 26, fracción X del Código Fiscal de la Federación.

Facultades de comprobación

Esta comisión dictaminadora está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo federal, en el sentido de que con el objeto de ampliar las atribuciones de la autoridad fiscal a fin de que, además de obtener información relacionada con los contribuyentes a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también ésta pueda obtenerse de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o bien, directamente de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, según corresponda. Asimismo, tratándose de actos de fiscalización, se estima adecuado establecer la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda solicitar directamente a las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo la información contenida en el estado de cuenta del contribuyente para efectos de comprobación.

De igual forma, se está de acuerdo con la propuesta de establecer la infracción y sanción para los casos en que las referidas entidades y sociedades no cumplan con el requerimiento de información correspondiente.

Aseguramiento precautorio de los bienes o negociación

Se coincide con la propuesta del Ejecutivo federal en lo concerniente a facilitar la determinación y cobro de los créditos fiscales en aquellos casos en los que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales e imposibiliten con ello que estas últimas tengan acceso a la contabilidad del contribuyente.

No pasa desapercibido para esta comisión que la propuesta del Ejecutivo federal se enmarca dentro de los limites que para tal efecto establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las medidas en materia de cateo y de visita domiciliaria son dos procedimientos distintos que incluso se sujetan a reglas particulares en términos del referido artículo 14 constitucional y si bien es cierto que la visita domiciliaria debe ajustarse a las reglas del cateo, se debe tener en cuenta que la principal distinción es que ésta puede ser realizada por la autoridad administrativa para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, sin que sea necesario que exista mandamiento judicial.

En ese sentido, se coincide con el Ejecutivo federal en la conveniencia de especificar el alcance del uso de la fuerza pública como medida de apremio, estableciendo que la misma consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades ingresen al domicilio fiscal o al lugar que utilicen para el desempeño de las actividades de los contribuyentes y de esta manera estar en posibilidad de iniciar el acto de fiscalización o continuarlo; así como brindar la seguridad necesaria a los visitadores durante esta diligencia.

En este sentido, se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las medidas de apremio resultan procedentes al buscar hacer efectivo el imperio de las autoridades judiciales para que se obedezcan sus determinaciones, de lo anterior se deduce que, al aplicarlas, las autoridades fiscales no violentan las garantías de legalidad en contra de los particulares, en virtud de existir un interés público que se pretende tutelar a través de las mismas, que en este caso es el cumplimiento de las obligaciones fiscales ante la oposición u obstaculización del inicio o desarrollo de la revisión, situación que es acorde con la tesis emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada con número de registro 282254, bajo el rubro "APREMIO, MEDIDAS DE", así como con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada con número de registro 345295, cuyo rubro dice "MEDIDAS DE APREMIO".

Por otra parte, se propone reformar el artículo 40 del Código Tributario, para establecer la forma en que las autoridades fiscales podrán hacer uso de las medidas de apremio con el propósito de que los contribuyentes tengan conocimiento adecuado de dichas medidas, así como para precisar el texto de dicho precepto.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 40 del Código Fiscal Federal quedaría en los siguientes términos:

Esta comisión coincide con el Ejecutivo federal respecto a que los medios de control y vigilancia que existen en la actualidad son insuficientes para desmotivar el incumplimiento reiterado en la presentación de declaraciones de contribuciones, aún y cuando para tales efectos hayan mediado diversos requerimientos por parte de las autoridades fiscales, inclusive se hayan realizado otras acciones como lo son la imposición de multas o el aseguramiento precautorio, y en que esto influye de manera negativa en la recaudación de ingresos federales, haciendo imperante la necesidad de crear mecanismos de control y vigilancia que doten a las autoridades fiscales de facultades más efectivas para que los contribuyentes den cumplimiento a sus obligaciones fiscales en materia de presentación de declaraciones, previo al ejercicio de las facultades de fiscalización.

La que dictamina está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo federal en el establecimiento de un procedimiento que sirva para desincentivar el incumplimiento reiterado por parte de los contribuyentes en lo relativo a la falta de presentación de sus declaraciones. No obstante se considera pertinente adecuar la propuesta en estudio, para efectos de que sea a partir del tercer requerimiento de presentación de declaraciones que se incumpla, en que las autoridades fiscales puedan cobrar a los contribuyentes o responsables solidarios omisos, una cantidad igual al monto mayor que se hubiera determinado a cargo, en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución respectiva, precisándose que deberá otorgarse al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento.

Lo anterior a efecto de desmotivar el incumplimiento del contribuyente mediante el cobro de una cantidad relevante y, asimismo, para establecer una base objetiva que permita motivar correcta y suficientemente la razón por la cual se escoge una declaración en específico para determinar el monto de la contribución a cobrar, ya que, para este caso, será el monto mayor declarado a cargo de entre las seis últimas declaraciones presentadas por el contribuyente.

En este tenor se coincide con el Ejecutivo federal en que el procedimiento mencionado anteriormente sea aplicable también en el caso de incumplimiento en la presentación de declaraciones relacionadas con el entero de contribuciones que tengan el carácter de pago definitivo, como es el caso del IVA, eliminando las referencias que se hacen en el procedimiento legal vigente a los pagos provisionales o del ejercicio, a fin de no limitarlo sólo a cierto tipo de declaraciones.

Igualmente, esta comisión considera apropiada la propuesta del Ejecutivo federal en el sentido de precisar que la cantidad determinada por las autoridades fiscales derivada del incumplimiento reiterado de los contribuyentes o responsables solidarios requeridos, tendrá el carácter de crédito fiscal que será susceptible de hacerse efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquel en que se haya notificado el adeudo correspondiente, eliminando el supuesto de la falta de presentación de declaraciones de los casos en los que se otorga al deudor del crédito fiscal la posibilidad de realizar el pago y quedar liberado de la sanción correspondiente, toda vez que ahora se tratará de una obligación derivada de un crédito fiscal determinado a partir del reiterado incumplimiento, por parte del contribuyente, de sus obligaciones fiscales.

De igual forma, la que dictamina coincide con la propuesta de que el recurso de revocación proceda en contra del citado procedimiento y en el mismo se puedan hacer valer también agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal.

Asimismo, esta comisión está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo federal respecto de que los contribuyentes incumplidos que presenten las declaraciones de pago de sus contribuciones no queden liberados del pago del crédito fiscal determinado por el incumplimiento en la presentación de declaraciones, a menos de que presente su declaración antes de que dicho crédito sea notificado, ya que en caso contrario la autoridad podrá hacer efectivo su cobro mediante el procedimiento administrativo de ejecución, a partir del tercer día siguiente a aquel en que se haya notificado el adeudo.

Se coincide con el Ejecutivo federal de que en el supuesto de que el importe que se deba pagar con la declaración que se omitió presentar sea menor al determinado por las autoridades fiscales se permita recuperar la cantidad pagada mediante su compensación en declaraciones subsecuentes, con el fin de que los contribuyentes no sufran un impacto o perjuicio económico.

Esta comisión dictaminadora está de acuerdo con la iniciativa en estudio en el sentido de que, a consecuencia de lo anterior, se incorporen los casos en que el crédito fiscal derive del incumplimiento en la presentación de declaraciones, como supuesto de excepción para cumplir con la obligación de efectuar el pago o garantía del crédito fiscal hasta en un plazo de 45 días a partir de aquel en que surta efectos la notificación del crédito.

De igual forma, se coincide con la propuesta para adicionar infracciones y, en congruencia con esta medida, establecer las sanciones correspondientes.

En consecuencia el texto propuesto quedaría de la siguiente manera:

Esta comisión no coincide con la propuesta de eliminar el contenido del párrafo séptimo del artículo 144, en el cual se establece como supuesto para no exigir garantía adicional, aquellos casos en los que en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee, pues se considera que en estos casos queda en la autoridad fiscal la carga de la prueba para demostrar que el contribuyente no cuenta con bienes suficientes para garantizar el crédito fiscal o que los bienes embargados son insuficientes para cubrirlo, y se otorga la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución sin que se haya resguardado debidamente el interés del fisco federal demeritándose, a la postre, la posibilidad del cobro de dicho crédito.

Por otra parte, se está de acuerdo con la propuesta de que el aseguramiento precautorio pueda practicarse hasta por un monto igual a la cantidad que por concepto de adeudos fiscales presuntos haya determinado la autoridad, con lo que no necesariamente será asegurada la totalidad de los bienes del contribuyente.

Esta comisión considera adecuado que lo señalado en el párrafo precedente se realice previo establecimiento de mecanismos para que en los casos en que el contribuyente considere que se aseguraron bienes en exceso, y compruebe su dicho, se liberen de manera expedita los bienes embargados en demasía.

En este tenor se considera pertinente la precisión que en materia de embargo precautorio propone el Ejecutivo federal, considerando que aunque el mismo funcione como una medida que permite a las autoridades fiscales realizar las acciones pertinentes para el cobro de los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes, éste no se debe efectuar ni los bienes inmovilizar sin que antes haya una determinación presuntiva y sin que se impida u obstaculice la operación del contribuyente, por lo que esta dictaminadora estima conveniente que los bienes que sean asegurados por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación puedan quedar en poder del propio contribuyente, quien fungirá como depositario de los mismos conforme a la regulación que al respecto prevé el Código Fiscal de la Federación.

Esta dictaminadora está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo de incorporar como bienes susceptibles de ser embargados los seguros de vida con componente de ahorro o inversión o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera, lo anterior es así ya que son bienes que se encuentran a nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y que forman parte de su patrimonio, sin embargo, esta dictaminadora estima pertinente adecuar la propuesta del Ejecutivo con el fin de señalar que no entrarán dentro de esta categoría los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la Ley que la rige.

En consecuencia el texto propuesto quedaría de la siguiente manera:

La que dictamina considera que con lo anterior se estaría dando certeza jurídica a los contribuyentes y en congruencia se está también de acuerdo en cuanto a precisar el momento en el que los fondos de las cuentas aseguradas podrán ser transferidos al fisco federal, estableciendo para ello que las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo cuentan con un plazo de tres días para informar a la autoridad fiscal sobre la transferencia efectuada una vez que los créditos fiscales hayan quedado firmes.

Sin embargo, esta comisión reitera que se considera necesario precisar que no podrán ser susceptibles de inmovilización los depósitos que una persona tenga en una cuenta individual de ahorro para el retiro, hasta por el monto que de manera obligatoria tenga que aportar en los términos señalados en la Ley de la materia y en este tenor se modifica la propuesta de la iniciativa eliminando de este artículo el supuesto de que los créditos fiscales que estuvieran firmes fueran transferidos a la Tesorería de la Federación, y por lo tanto, también quedan eliminadas las correspondientes obligaciones a las entidades financieras y a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de realizar la transferencia de dichos fondos.

De igual forma la que dictamina considera conveniente modificar la propuesta del Ejecutivo con el propósito de que en el artículo 156-Bis, particularmente, se precisen los supuestos en que procede la inmovilización de los fondos respecto de lo cual se comparte con la propuesta que se dictamina que la inmovilización puede efectuarse tanto para garantizar el pago de los créditos determinados, pero sugiere puntualizar que la misma sólo procederá en la medida en que la garantía que hubiera ofrecido el contribuyente no sea suficiente para cubrir la totalidad del crédito.

Asimismo, se comparte el criterio de que en este mismo artículo se especifique el conducto a partir del cual procederá a notificarse el oficio en que se instruya a las entidades financieras y demás obligados que tengan a su cargo el depósito de tales recursos, la inmovilización de los mismos y de que, en caso de que no existan recursos suficientes para hacer frente a la garantía del crédito fiscal, se efectúe la búsqueda de fondos en otras cuentas de la entidad depositaria, a fin de que se inmovilicen los que tuviera el contribuyente hasta lograrse alcanzar garantizar el monto del crédito fiscal, dándose el aviso correspondiente a la autoridad fiscal dentro del plazo señalado en ese artículo y esta última proceda legalmente a notificarlo al contribuyente deudor.

Por último, se concuerda con la propuesta objeto de este Dictamen en que es imperativo establecer que una ulterior transferencia de recursos derivada de la inmovilización a que se ha hecho mención, sólo proceda en tratándose de créditos fiscales firmes y hasta por el importe necesario para cubrir dicho crédito y sus accesorios, considerando entonces que, en tanto esto no suceda, el contribuyente titular de las cuentas embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de entre las dispuestas para esos efectos a través del artículo 141 del Código Tributario, misma que deberá proponer a la autoridad a fin de que esta dictamine su procedencia en los términos a los que se hace mención en el último párrafo referido en el Dictamen de mérito.

Conforme a lo anterior, esta dictaminadora estima pertinente, a fin de detallar y complementar la propuesta del Ejecutivo, adicionar un artículo 156-Ter con el fin establecer el procedimiento mediante el cual, tratándose de créditos fiscales firmes, los fondos inmovilizados podrán ser transferidos a la Tesorería de la Federación.

En consecuencia el texto propuesto quedaría de la siguiente manera:

Esta dictaminadora considera conveniente que el análisis de los temas que propone el Ejecutivo federal en este apartado se realice en un momento posterior, dentro de las reformas legales que se deberán realizar para instrumentar el nuevo sistema de justicia penal, derivado de la reforma constitucional en materia penal federal de 2008.

8. Facultades de comprobación en materia aduanera y en materia de sistemas y registros electrónicos

Esta dictaminadora está de acuerdo en que las autoridades fiscales y aduaneras a través de un procedimiento ágil como lo es el que se establece en el artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, derivado de la modificación al artículo 42, fracción V del citado ordenamiento, puedan comprobar, según se trate, el cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera derivadas de autorizaciones o concesiones y de cualquier padrón o registro establecido en las disposiciones aplicables a dicha materia, o verificar que la operación de los sistemas y registros electrónicos se realice conforme lo establecen las disposiciones fiscales, tal y como hoy en día lo hacen las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales, en virtud de que ello redundará en una mayor eficiencia de dichas autoridades en el ejercicio de sus facultades de fiscalización y en un debido cumplimiento de esas obligaciones por parte de los contribuyentes.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que es de aprobarse y pone a consideración del Pleno el siguiente: