La expropiación de tierras de ejidos y comunidades agrarias, por causa de utilidad pública y mediante indemnización, es una facultad del Estado prevista en el artículo 27, segundo párrafo y fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 93 a 97 de la Ley Agraria y los artículos pertinentes de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria.
Con base en esta atribución, desde 1933 a la fecha, el gobierno federal, estados y municipios han promovido diversas expropiaciones para concretar proyectos de prioridad nacional, como obras de infraestructura pública, regularización de la tenencia de la tierra, reservas territoriales y fomento al desarrollo urbano.
Sin embargo, las obligaciones de pago derivadas de los decretos expropiatorios no se han cumplido en su totalidad, vulnerando con ello el interés económico y el derecho de ejidos y comunidades a recibir la compensación pactada, y afectando el concepto de las expropiaciones como un mecanismo legal del Estado para la adquisición de tierras por motivos de interés público.
Entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, no han indemnizado más de 16 mil hectáreas, alguna de ellas expropiadas desde hace cerca de 40 años, ante la inconformidad y desesperación de ejidos que un día fueron dotados de esas tierras por la reforma agraria, pero que otro día, según el reclamo de su desencanto, les fueron arrebatadas por la burocracia con el pretexto de la utilidad pública.
Conforme al valor histórico de los avalúos efectuados hace un cuarto de siglo, el adeudo es de casi 500 millones de pesos que comprenden los 291 decretos de expropiación. En la actualidad, el adeudo a ejidos y comunidades es mayor porque el pago deberá considerar las variaciones del índice nacional de precios, de acuerdo a la jurisprudencia que sobre actualización por inflación determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Del adeudo pendiente, las cifras más significativas se generaron entre 1971 y 1976 y, en un segundo rango de antigüedad, durante el periodo 1989-2000. El gobierno federal es el mayor deudor de los núcleos agrarios con el 62 por ciento de los decretos los cuales, en miles de pesos, representan el 23 por ciento del adeudo total. Los gobiernos estatales tienen, a su vez, un poco más del 50 por ciento de la deuda histórica.
Por esa amarga experiencia, los núcleos de población hoy se resisten a entregar sus tierras ejidales y comunales, aunque se trate de proyectos de gran trascendencia social. Su descontento ha sido ignorado por quienes tienen la responsabilidad de cumplir con la ley. Pueblos enteros, la mayoría indígenas, con sus iglesias, panteones, su historia y su cultura, han quedado sepultados bajo las aguas de presas de gran magnitud ingenieril o técnica, pero cuyos proyectos carecieron de una sensibilidad social para quienes fueron reubicados en otros horizontes culturales, donde el olvido se apropió hasta de su historia. Ejidos que fueron expropiados para obras que no se realizaron y que buscan inútilmente revertir los decretos presidenciales; ejidatarios expulsados de sus tierras para dar paso a compañías mineras que contaminan sus manantiales con total impunidad, como sucede en Huizopa, mineral de Dolores Chihuahua, o en regiones enteras de comunidades indígenas que son declaradas por la Semarnat como zonas o reservas protegidas, pero que no les dan ninguna opción de vida que no sean la pobreza y el éxodo.
Son tantas las arbitrariedades en este sentido, que los pueblos buscan defenderse acudiendo a la resistencia social. La Parota en Guerrero o los aeropuertos que ya funcionan pero que deben las tierras donde fueron construidos, o la instalación de líneas de transmisión de energía eléctrica, telegrafía y telefonía, o la construcción de hospitales, o los emplazamientos de zonas industriales, son ejemplos que se multiplican a lo largo y ancho de nuestro país.
Por esas razones, presento este alegato político. Sobre todo, preocupada ante la posibilidad de que se concrete la iniciativa presidencial de desaparecer a la Secretaría de la Reforma Agraria, lo que implicaría que los afectados tengan que iniciar otra vez el agraviante papeleo de gestión, y agotar su vida en la frustración e impotencia que hoy los mantiene encadenados.
Tenemos que persuadir a las autoridades correspondientes a que cumplan y respeten el derecho constitucional de núcleos y comunidades agrarias al pago de sus indemnizaciones a un valor actualizado. Para ello es indispensable que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, entidad del gobierno federal responsable de dar seguimiento al pago de los montos de indemnización establecidos en decretos expropiatorios que afectan a ejidos y comunidades, cuente con los recursos para el efecto.
Por estas consideraciones, señor presidente, me permito someter a la consideración de nuestra asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que por conducto de la Junta de Coordinación Política se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, se contemple en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, de recursos etiquetados para cumplir con las obligaciones de pagos a favor de ejidos y comunidades, derivadas de decretos expropiatorios promovidos por la federación, entidades federativas y municipios.
Segundo. Que se solicite, con la urgencia que el caso amerita, al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal entregue a esta Soberanía la información detallada de los decretos pendientes de cubrir el pago de indemnizaciones a ejidos y comunidades agrarias.
Tercero. Que se exhorte al gobierno federal, gobiernos estatales y municipales a atender, en los términos de sus facultades, las obligaciones pendientes de pago a su cargo, derivadas de decretos expropiatorios que han afectado a ejidos y comunidades, conforme a los recursos aprobados por el honorable Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.
Diputada Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010
SE REASIGNEN RECURSOS A LOS PROGRAMAS DE MAYOR EFECTO EN LA PRODUCCIÓN
RURAL, SIN REDUCIR DE MANERA SENSIBLE LOS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS
DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL ÁREA RURAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN
JIMÉNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Ramón Jiménez López, diputado federal en la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo según las siguientes
Consideraciones
Ante los problemas estructurales que se viven en el país con los efectos de la crisis alimentaria y económica, que reportan un aumento en el número de pobres de 20 millones de personas, cuyos ingresos no les permite cubrir sus necesidades alimenticias, debido al abandono de las políticas de desarrollo e impulso en los sectores de la innovación y tecnificación en los procesos de producción, por tal motivo es importante darle un impulso significativo a su estructura productiva, sobre todo a la que nos puede ofrecer el sustento y aseguramos la tan anhelada la soberanía alimentaria.
El modelo económico que padecemos actualmente propicia que el mercado resuelva todos los problemas de asignación, lo que ha generado, ante la apertura de fronteras a las mercancías y la modificación al artículo 27 constitucional, la destrucción del campo mexicano y, por ende, la economía del medio rural, dejando sobrevivir a la agricultura de exportación y desapareciendo casi por completo la que producía bienes de consumo básico, convirtiéndose, de ésta manera, en una economía de autoconsumo, llevando con ello pobreza y marginación a las zonas rurales del país. Por tanto, era de suponerse que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 se privilegiará la inversión como factor detonante del crecimiento económico en el medio rural para generar empleos, ingresos y riqueza, pero esto no ha sido así.
Haciendo el comparativo representado en el cuadro 1A, anexado a esta propuesta, es claramente visible que existe una reasignación de recursos entre los programas de alto impacto directo e indirecto en la producción rural y los programas de asistencia social. No se pone en tela de juicio la necesidad de impulsar programas para la atención de la pobreza, sobre todo cuando el gobierno de derecha ha fallado en su combate pero, sin duda, lo único que provocará el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 es paliar y no resolver el problema de la pobreza en el medio rural con medidas asistencialistas, sin contribuir a la generación de riqueza a través de los programas de alto impacto en la producción que, además de producir alimentos, genera empleos de manera constante.
Obviamente, lo que pretende el gobierno federal mediante esta asignación presentada para 2010, es ahorrar dinero en capitalización del medio rural y pasar este recurso para el combate a la pobreza, lo que deja de manifiesto su incapacidad en el manejo de la política económica, pues genera más pobres cada año e intenta resolver el problema con programas focalizados como Oportunidades.
Más allá del debate acerca de los programas que combaten la pobreza, es importante recalcar que en tiempos de recesión lo ideal es impactar sobre el nivel de producción y empleo, pues para abatir la pobreza, es necesario generar riqueza y no sólo aumentar el nivel de escolaridad de los que accedan a los programas de asistencia social pues, a la larga, de todas maneras, sin haber hecho la inversión necesaria para refaccionar e incrementar el capital en la esfera productiva, estos beneficiarios difícilmente lograrán la oportunidad de tener el mayor nivel de bienestar que prometía el programa de asistencia social, puesto que se va a enfrentar a un cuello de botella en la esfera productiva que limitará su desarrollo, gracias a que los recursos utilizados para acrecentar la riqueza fueron disminuidos.
Los cuáles, en promedio, tienen una disminución de más de 16 por ciento, mientras que todos los relacionados con la asistencia social aumentan en 13 por ciento en términos reales, lo que, por tanto, deja desatendidos programas que capitalizan, eficientan y tecnifican al medio rural, destruyendo con ello esfuerzo productivo a cambio de paliar una pobreza creciente por la actual crisis económica y la incapacidad de rediseñar políticas sociales que vayan de la mano con incrementos en la productividad del medio rural. Por lo expuesto y de manera respetuosa se presenta el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que reasigne recursos en el proyecto del Programa Especial Concurrente de 2010 para incrementar los montos a los programas con mayor impacto en la producción rural y generación de empleos, que permitan garantizar la producción de alimentos para todos los mexicanos.
Salón de sesiones, a 8 de octubre de 2009.
Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO AL INGRESO OBJETIVO
Y A LA COMERCIALIZACIÓN, EN PARTICULAR DEL ALGODÓN, A CARGO
DEL DIPUTADO HÉCTOR FERNÁNDEZ AGUIRRE Y SUSCRITA POR INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y los diputados federales de Coahuila, Durango, Chihuahua y Sonora del Grupo Parlamentario del PRI, en voz del diputado Héctor Fernández Aguirre, someten a la consideración de esta honorable soberanía, punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se garanticen los recursos suficientes para el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización; en particular, la continuidad al apoyo de los productores de algodón del país, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Desde 2003, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, viene operando el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, el cual abarca 11 productos de cultivo estratégicos para el país. El algodón es uno de ellos. Este programa garantiza a los productores un ingreso mínimo en función de la variación de los precios en el mercado internacional, otorgando certidumbre ante la posible baja de éstos, mejora su competitividad en el mercado y con ello una mayor rentabilidad económica, impulsando la reconversión productiva, la integración de las cadenas agroalimentarias y el desarrollo regional.
Tanto Procampo, como Ingreso Objetivo, son operados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Aserca, un órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa. Juntos, Procampo y los programas que integran Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria representaron el 34 por ciento del presupuesto total de Sagarpa en 2008.
El algodón es una gran máquina generadora de empleos, ya que aparte de los empleos directos, una gran cantidad de hombres y mujeres trabajan indirectamente en este cultivo.
Entre los empleos indirectos están los que se generan en:
1. La venta y distribución de materiales utilizados en este cultivo, como semillas, agroquímicos, herramientas; 2. La fabricación de hilos, telas y prendas de vestir; 3. La venta y comercialización de semilla industrial y fibra; 4. En el uso de equipos de fumigación para el control de plagas; 5. La participación de instituciones como la Sagarpa, Conagua, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Módulos de Riego; 6. La venta de seguros para el cultivo, para los productores y trabajadores; 7. La participación de los bancos y oficinas de notarios, etc., etc., etc.
En la comarca lagunera de Coahuila y Durango, el cultivo del algodonero ha sido históricamente el más importante, ya que mantiene ocupados a más de 8 mil 500 productores que trabajan para mantener a sus familias durante un periodo de 10 meses. Lo anterior beneficia a más de 40 mil personas. Además, el número de jornales empleados en este cultivo considerando las 15 mil 500 hectáreas sembradas durante el ciclo agrícola 2008 fue de aproximadamente 1 millón 860 mil.
En este ciclo, debido al cierre de maquiladoras y a la deportación masiva de indocumentados por la escasez de empleos en el vecino país del norte, se incrementó la oferta de mano de obra en la recolección del algodón, la pizca manual llegó a representar el 40 por ciento de la recolección total, un aumento considerable respecto al anterior ciclo 2007, en el cual representó solamente el 20 por ciento en este renglón.
La riqueza generada por el cultivo del algodón para esta región es de más de mil millones de pesos. La mayoría de las comunidades rurales donde se siembra éste cultivo dependen económicamente del algodón. Más de 11 millones 116 mil 50 jornales fueron generados por el cultivo del algodón en el país durante el ciclo 2008-2009.
En el ciclo agrícola 2008, el precio del algodón alcanzó niveles de 90 centavos de dólar, sin embargo este precio duró solo un mes al derrumbarse el precio hasta 56 centavos de dólar, lo peor fue que el gobierno federal no había comprado la cobertura al mercado de valores NYSE, obligándose a pagar la diferencia a un costo mayor. Se hubiera evitado esto comprando las coberturas a tiempo.
En enero de 2009, el gobierno federal anuncia un aumento en el apoyo al Programa de Ingreso Objetivo de 27 por ciento hasta 51 por ciento para que puedan ser competitivos ante la presión de los costos de producción.
El único que bajó el monto fue el algodón, de 67.75 centavos de dólar incluyendo comercialización, en 2008, a 42.02 centavos de dólar, en enero de 2009. De acuerdo con la Sagarpa, el precio de 2008 era de 16 mil pesos por tonelada con un tipo de cambio en 11 pesos, cuando el valor de la divisa era 13.48; para enero de 2009 a 12 mil 600 pesos por tonelada, cuando el precio del mercado es de 14 mil 800 pesos por tonelada a un tipo de cambio de 13.6 pesos por dólar.
Se perdieron casi 8 meses tratando de que el gobierno federal restableciera el precio objetivo. Ahora se pretende que el productor decida cuando comprar las coberturas, a sabiendas de que la mayoría de estos no están capacitados para hacerlo, actualmente la mayoría de los productores ya compraron a precios que van de 60 a 63 centavos de dólar.
En el año 2009, se aprobaron 9 mil 502.2 millones de pesos para el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización. En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2010, sólo se contempla un monto de 4 mil 500 millones de pesos, es decir, 5 mil 2.20 millones de pesos menos, lo que representa una reducción del 52.6 por ciento.
Además de acuerdo con los futuros del mercado, la compra internacional de pacas de algodón va a bajar más por la presión de la crisis mundial. Asia sigue siendo el mayor productor de algodón y el primer proveedor de los Estados Unidos de Norteamérica. Si no se da un mayor apoyo a este producto, estamos seguros que tendremos un problema más en el campo con miles de familias condenadas al hambre.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados federales de Coahuila, Durango, Chihuahua y Sonora proponemos a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Artículo Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que se garanticen los recursos suficientes para el Programa de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización; en particular, al algodón de nuestro país. Para fomentar con ello, aumento de la rentabilidad, competitividad, generación de empleos y desarrollo regional.
Artículo Segundo. Se exhorta al presidente de la república para que sea Sagarpa la que a través de Aserca adquiera las coberturas del mercado de valores.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de octubre del año 2009.
Diputados: Rubén Ignacio
Moreira Valdez (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre
(rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Melchor Sánchez
de la Fuente (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González
(rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Miguel
Ángel Riquelme Solís (rúbrica), Tereso Medina Ramírez
(rúbrica), Hilda Flores Escalera (rúbrica), Rogelio Manuel
Díaz Brown Ramsburgh (rúbrica), Guillermo Márquez
Lizalde (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas, Héctor Agustín
Murguía Lardizábal (rúbrica), Graciela Ortiz González
(rúbrica), Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Adriana Terrazas
Porras (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica),
Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Maurilio Ochoa
Millán (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica),
Óscar García Barrón (rúbrica), Jorge Herrera
Caldera (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica),
Ricardo Armando Rebollo Mendoza (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL RESCATE Y LA CONSERVACIÓN DE
RÍOS Y BARRANCAS DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA
ARACELI VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
María Araceli Vázquez Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para que se consideren, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, recursos destinados al rescate y la conservación de ríos y barrancas del Distrito Federal, al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. En México se estima que existen 93.5 millones de hectáreas afectadas por algún proceso de degradación del suelo causada por actividades antropogénicas; lo que representa el 47 por ciento del territorio nacional. Si se tienen en cuenta los desiertos naturales, la cifra aumenta hasta 71 por ciento. Estos datos confirman que la degradación del suelo es una de las más importantes amenazas medioambientales de México y que, por tanto, es necesario que se desarrollen y dirijan acciones para revertir su deterioro.
Segundo. En el caso de la Ciudad de México, territorialmente está dividido por dos tipos de uso de suelo, el urbano que ocupa el 41 por ciento y el de conservación con el 59 por ciento. El de conservación ocupa gran parte del territorio de 9 delegaciones que son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Tercero. El Distrito Federal ha experimentado en los últimos años un crecimiento urbano desmedido, lo que ha tenido como consecuencia una serie de desequilibrios ecológicos y daños al ambiente que reducen la calidad de vida de sus habitantes, impactando en el suelo de conservación, ríos y barrancas.
Cuarto. Que este diagnóstico indica que el Distrito Federal se encuentra degradado en 61 por ciento de su territorio de la siguiente manera: 65 mil 606 hectáreas (ha) –44.21 por ciento– con degradación física principalmente con compactación del suelo debido al cubrimiento del concreto y asfalto; 7 mil 990 ha (5.38 por ciento) con degradación química principalmente por salinización y declinación de la fertilidad del suelo; 16 mil 419 ha (11.06 por ciento) con erosión hídrica y mil 116 ha (0.75 por ciento) con erosión eólica. Resultando un total de 91 mil 131 hectáreas con distintos grados de deterioro, lo que hace necesario la aplicación de medidas preventivas y correctivas, y fundamentalmente la asignación y aplicación de recursos públicos suficientes etiquetados anualmente por la honorable Cámara de Diputados.
Quinto. Que las barrancas del Distrito Federal representan elementos físicos importantes tanto para la regulación del clima como para la captación de aguas pluviales; su regulación dentro del sistema de planeación del desarrollo del Distrito Federal se da a partir de los programas de desarrollo urbano y del ordenamiento ecológico.
Sexto. Que el principal sistema de barrancas del Distrito Federal se encuentra en las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, una buena parte del territorio de estas demarcaciones está situado en el suelo de conservación; así, el 85 por ciento de la superficie de las barrancas se encuentra dentro del suelo de conservación y el 15 por ciento restante en suelo urbano.
Séptimo. La problemática general de las barrancas se circunscribe fundamentalmente a:
2. Descoordinación entre autoridades ambientales de los 3 ámbitos de gobierno.
3. Incertidumbre jurídica en el uso y tenencia de la tierra.
4. Indefinición de áreas ambientales de dominio público federal y del Distrito Federal.
5. Falta de información sobre el valor ambiental de las barrancas y, de los usos de suelo permitidos.
Noveno. Que la actual crisis del agua en el planeta y en nuestro país está llevando a que un gran número de personas vivan en la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad, a pesar de que el derecho al agua es un derecho humano en términos del artículo 4 de nuestra Constitución, donde se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Décimo. Que en octubre de 2008 se presentó un punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 se considerara un presupuesto adicional por 300 millones de pesos destinados a atender adecuadamente la recuperación de ríos y barrancas del Distrito Federal, en virtud que desde agosto del mismo año se llevan a cabo reuniones entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Distrito Federal, con la asistencia de diputados federales y locales, para ordenar los mecanismo de cooperación entre ambos gobiernos en materia de aguas.
Undécimo. Que durante la LX legislatura de la Cámara de Diputados se presentaron dos puntos de acuerdo relativos al tema de las barrancas, la liberación del presupuesto aprobado para recuperación y saneamiento de ríos y barrancas del Distrito Federal por parte de la Comisión Nacional del Agua y otro relativo a la aprobación de un monto adicional de 59 millones 540 mil 555.15 pesos para que el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, lleve a cabo el proyecto ejecutivo hidráulico de los programas de manejo para barrancas en el poniente del Distrito Federal, en la partida Fondo Metropolitano del Valle de México por parte de la Cámara de Diputados.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del h. Congreso de la Unión exhorta y solicita atenta y respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía que se integren las partidas presupuestales necesarias para la realización de dicho proyectos ejecutivos referidos en el considerando once, en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
Segundo. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa pero enérgica a la Comisión Nacional del Agua a entregar, de manera inmediata al Gobierno del Distrito Federal los recursos presupuestales por 100 millones de pesos que fueron aprobados en el anexo 29 bajo el Programa de Protección a Centros de Población para la recuperación de ríos y barrancas del Distrito Federal.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 8 de octubre de 2009.
Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL SECTOR TURÍSTICO, CON
EL PROPÓSITO DE HACERLO PRIORIDAD NACIONAL A EFECTO DE GENERAR INVERSIONES
Y EMPLEOS, Y COMBATIR LA POBREZA EN LAS ZONAS CON ATRACTIVO, A CARGO DE
LA DIPUTADA JANET GRACIELA GONZÁLEZ TOSTADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Janet Graciela González Tostado y los suscritos, diputadas y diputados federales del estado de puebla, integrantes de la LXI Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, fracción I, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo con la finalidad de hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza, en las zonas y regiones turísticas del país.
Antecedentes
La economía mexicana está sustentada en 3 pilares, principalmente: las remesas, la venta de petróleo y la derrama turística. Es sabido por todos cómo han bajado los ingresos de los 2 primeros sectores. Si el turismo nacional se ve afectado, se está poniendo en riesgo uno de los principales ejes que sostienen nuestra nación.
México cuenta con muchos lugares mágicos y productos culturales que pueden ser explotados turísticamente, para que nos visiten los europeos, los norteamericanos y no se diga el turismo nacional, a todos podemos encantarlos con nuestro México, un país donde el turismo se sustenta en sus espacios, en su gente y en su cultura. Pero esto se desperdicia porque no se conocen, no se cuidan, ni se respetan.
Necesitamos que la oferta turística nacional se dé a conocer por los medios de comunicación adecuados, principalmente por la televisión, requerimos fomentar la cultura de la hospitalidad en todos los mexicanos de todos los sectores económicos, creemos que la mejor difusión del turismo se da a través de lo que se ve.
En lugar de usar tantos espacios mediáticos informando sobre los éxitos personales del gobierno, es mejor difundir lo maravilloso de nuestros estados, no importa que no todos tengan playas, el turismo internacional no solo va a las playas, busca la flora y la fauna, va a los bosques, a las montañas, a las comunidades, busca conocer la cultura, las costumbres, las tradiciones, las reservas naturales invaluables, la cultura gastronómica que tanto identifica a nuestro país, y no podemos dejar de mencionar las maravillas arqueológicas prehispánicas, esto debemos aquilatarlo, preservarlo y difundirlo.
Ante la baja de las remesas, el turismo se convierte en 2009 en la segunda fuente de divisas del país, con una captación anual de 20 mil millones de dólares. Este sector tiene el presupuesto más bajo del gobierno federal con sólo cuatro mil millones de pesos en el 2009, el turismo es la tercera fuente de ingresos del país con casi 22 millones de visitantes extranjeros al año.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía elaboró la Cuenta Satélite del Turismo en México siguiendo una metodología propuesta por el Fondo Monetario Internacional, donde indica que de las 79 ramas de la actividad económica, 23 están vinculadas al turismo. Si hablamos del producto interno bruto nacional, durante el año 2008, el turismo contribuyó con el 8 por ciento.
El turismo es parte importante de la vida económica en México, ya que tenemos estados que no se han dado a conocer por falta de recursos, México puede salir adelante con el turismo, en sus diversas formas. En materia de generación de empleo, estamos perdiendo de vista que el turismo es la llave a la prosperidad y la esperanza de México
El número de turistas hospedados en hoteles crece alrededor de 2.5 por ciento, el número de vuelos podría crecer 5.6 por ciento y el de pasajeros en 7.2 por ciento, respecto al cierre del año pasado. Solamente Cozumel y Cancún, son los dos principales destinos turísticos del Caribe mexicano que captan al turismo estadounidense.
El sector productivo del país ve con buenos ojos un recorte en número y nómina gubernamental, pero parece ser que no existió una consulta con el sector turístico, pues algunos representantes de las inversiones en este ramo manifiestan que este sector no debe ser menospreciado al desaparecer la Secretaría de Turismo y que se considere este punto, pues representan 2 millones de empleos directos y más de 8 millones indirectos.
Los mexicanos a gritos piden empleo, no es posible cerrar más las fuentes de empleo para las familias, que pueden vivir con la llegada de más de 22 millones de turistas extranjeros.
Con motivo de los efectos de la Pandemia de gripe A (H1N1) en los seis primeros meses del año, el número de turistas extranjeros que visitaron el país cayó un 17 por ciento con respecto al mismo periodo del 2008. Asimismo, la llegada de pasajeros en cruceros descendió un 18,8 por ciento por efecto de la influenza A (H1N1).
En la primera mitad del año, los ingresos por turismo se situaron sólo en los 6.048 millones de dólares.
En el mes de junio, el descenso en el número de visitantes extranjeros fue del 12.1 por ciento, mientras que el gasto de los turistas en el país fue de 807 millones de dólares lo que se traduce en una caída del 28.9 por ciento, según datos del Banco de México. En mayo, cuando surgió el brote, los ingresos se recortaron hasta los 542 millones de dólares.
Pero qué sucede con la inadecuada información ante el mundo con el virus de la influenza, este virus que generó más desempleo, esta crisis debe manejarse con demasiado cuidado con especialistas en comunicación que midan el impacto público, no es posible que la información se difunda sin el debido cuidado causando graves problemas en la afluencia turística en nuestro país. Ya que lo que pasa en un estado o un municipio, no se extiende para todo un país, el Distrito Federal no es todo México, cuando en alguna playa llega un huracán no llega a todo el país de la misma manera.
Asimismo, se debe informar que cuando hay una epidemia se puede cercar ese lugar, pero no todo México; con el narcotráfico de igual manera, debemos procurar que la información nacional se dé con la debida reserva y no generalizando.
Ante el mundo se difunde que todo México tiene los mismos problemas y el turismo al oír y ver estas noticias, por mera precaución prefiere visitar otros destinos, ir a dejar su dinero a otro lado.
Esta Cámara debe luchar por la imagen internacional de nuestro país, porque nuestra imagen se construya positivamente y no se destruya gracias a la ligereza de la comunicación emitida.
Solicitamos más inversión en materia turística, difusión de todos los estados en medios de comunicación, cuidar la información para no deteriorar la imagen de México ante el mundo.
Derivado de lo expuesto, se propone a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
1. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar al sector turismo una partida presupuestal de cinco mil millones de pesos, cifra superior en 25 por ciento a lo destinado para el año 2009, con el propósito de hacer del turismo, una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza, en las zonas y regiones turísticas del país.
Palacio Legislativo, a 8 de octubre de 2009.
Diputados: Janet González
Tostado (rúbrica), Juan Carlos Lastiri Quirós (rúbrica),
Ardelio Vargas Fosado (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla,
José Óscar Aguilar González (rúbrica), Francisco
Ramos Montaño, José Alberto González Morales (rúbrica),
Fernando Morales Martínez, Blanca Estela Jiménez Hernández,
Juan Pablo Jiménez Concha, Leobardo Soto Martínez, María
Isabel Merlo Talavera (rúbrica), Alberto Jiménez Merino (rúbrica),
María del Carmen Izaguirre Franco (rúbrica), Julieta Octavia
Marín Torres (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NO DESAPARECER LA SECRETARÍA DE
TURISMO PORQUE ES PRIORITARIA PARA LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA
DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE FERNANDO FRANCO VARGAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Jorge Franco Vargas, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al presidente de la Mesa Directiva que formule un exhorto al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos para no desaparecer la Secretaría de Turismo, por ser prioritaria para la activación económica de nuestro país.
Consideraciones
El año 2009 ha representado ciertos retos para México, debido a la crisis mundial económica, a la caída en los ingresos por concepto de coberturas petroleras que se contrataron para este año, ante la depreciación del precio del crudo de exportación, la disminución de las remesas que envían nuestros paisanos y la baja de la afluencia turística.
De tal manera que para el 2010 se presentará como reto procurar la recuperación y dinamismo de la economía mexicana.
Hace unos días fue presentada por el Ejecutivo, la propuesta para definir el presupuesto de ingresos de nuestra nación, de la cual se desprende lo siguiente:
El presupuesto público contempla un impuesto de 2 por ciento al consumo, incrementar en 2 puntos el impuesto sobre la renta de manera temporal y aplicar un impuesto especial sobre producción y servicios de 4 por ciento para el sector de telecomunicaciones.
Tales Impuestos, más que ayudar, afectarán a las clases marginadas de nuestro país, como sucede en el estado de Oaxaca, donde la telefonía rural juega un papel importante para la comunicación entre nuestras regiones.
Quiero puntualizar la fracción parlamentaria oaxaqueña del PRI así como sus homólogos federales de todo el país no van a permitir impuestos a medicinas y alimentos.
Así también, como ha manifestado nuestra lideresa nacional, la prioridad del grupo parlamentario priista es impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.
Y en lo que se refiere al gobierno federal, éste pretende la desaparición de tres secretarías de Estado, como son la de la Función Pública, la de la Reforma Agraria y la de Turismo.
Este es un panorama general y a grandes rasgos de lo que pretende el Gobierno Federal.
Dicha propuesta es preocupante para todos, debido a que sólo están aumentando los impuestos de manera considerable y no sucede lo mismo con el ingreso per cápita de todos y cada uno de los mexicanos.
En lo que se refiere a las secretarías de Estado que se pretenden desaparecer, los mexicanos afirmamos que no es la mejor manera de establecer una verdadera política de austeridad.
Una verdadera política de austeridad deba pasar por la reducción del gasto corriente de todas las secretarías que forman el aparato gubernamental, pero sobre todos los sueldos de todos sus funcionarios, y de esta manera obligarlos a dar resultados en cada una de sus funciones.
Hay que mencionar lo que declaró el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que como consecuencia de la eliminación de esas tres dependencias, aproximadamente 10 mil personas quedarán desempleadas.
De tal forma que el propio gobierno federal estaría aportando un poco más al terrible desempleo por el que atraviesa el país.
El presente punto de acuerdo tiene como objetivo evitar que la Secretaría de Turismo sea absorbida por la de Economía, ya que de por sí es estratégica para el desarrollo económico del país.
Es claro que México se caracteriza por obtener grandes ingresos del ramo turístico, pero desgraciadamente no se ha encontrado la política adecuada y más viable para que aún con una crisis mundial sea visitado como en épocas anteriores y exista una gran derrama de recursos. Recordemos que el turismo es la actividad que más recursos genera para el país, por encima del petróleo y las remesas que envían nuestros paisanos.
Esto se debe a que los últimos titulares de la Secretaría de Turismo no han descifrado el código adecuado para la explotación del turismo en nuestro país.
Quiero recalcar que México es el cuarto país en número de ciudades declaradas por UNESCO como patrimonio mundial, sólo detrás de España, Italia y Alemania. La cuarta parte de las ciudades consideradas patrimonio mundial en el continente americano se encuentran en nuestro país.
De tal manera que Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas son ciudades que viven 100 por ciento del turismo nacional y extranjero, y que necesitan el apoyo directo de un organismo capaz e íntimamente ligado a ellos para la explotación de éste rubro económico, coordinado con las secretarías de turismo de los Estados de la República.
Mencionando el caso de Oaxaca, esta entidad se distingue por la enorme riqueza y variedad de sus recursos turísticos. Sus sitios históricos y zonas arqueológicas, destinos de playa y, en general, su riqueza cultural y artesanal son atractivos que motivan la afluencia de visitantes. Destaca el atractivo de nuestras playas, semejante a las ubicadas al Centro y Norte del Pacífico Mexicano o la zona maya. El turismo alternativo tiene áreas naturales protegidas y la mayor biodiversidad del mundo, montañas, ríos, presas y lagos inexplorados, además de sitios religiosos de gran atractivo.
Por ello, la mayor parte de los ingresos del Estado de Oaxaca se recaudan de la derrama económica del turismo.
Con el cierre de esta secretaría se estaría aumentando los índices de pobreza no solo del estado de Oaxaca sino de todo el país en los que el turismo es una actividad primaria de su economía.
Por lo anterior el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a no tomar como medida de austeridad la desaparición de algunas secretarías de Estado, y en especial la de Turismo, por ser prioritaria para la activación económica de nuestro país; pero proponiéndose la desaparición de las delegaciones federales, para reducir gastos.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos a no desaparecer la Secretaría de Turismo, por ser prioritaria para la activación económica de nuestro país; proponiéndose la desaparición de las delegaciones federales de la mencionada dependencia para reducir gastos.
Diputado Jorge Franco Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA
ENTREGA DE TOMA DE NOTA A LA DIRIGENCIA ELECTA DEL SINDICATO MEXICANO DE
ELECTRICISTAS, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable pleno proposición con punto de acuerdo relativa a la entrega de toma de nota a la dirigencia electa del Sindicato Mexicano de Electricistas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La libre asociación de trabajadoras para el estudio, la defensa y el mejoramiento de sus intereses es una garantía fundamental establecida en nuestra Constitución; al igual que el derecho a la libre asociación, no admite más limitaciones que las de tener un objeto lícito y conducirse por medio pacífico.
En este marco, los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho a coaligarse para defender sus intereses y no requieren permiso, supervisión ni limitación de autoridad administrativa alguna. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las autoridades laborales sólo ejercen una función de registro de las organizaciones y de sus cambios en sus comités y dirigencias. Pero, de ninguna forma, la Constitución ni las leyes le permiten a la autoridad sancionar el ejercicio de la voluntad de los agremiados ni la conducción de sus organizaciones.
2. En el caso de las elecciones para la Secretaría General del Sindicato Mexicano de Electricistas, realizadas entre abril y junio del presente año, la libre determinación de los sindicatos ha sido lamentablemente vulnerada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social.
Los sindicatos están obligados a notificar los cambios en su directiva, no a someter a arbitrio de la autoridad laboral sus decisiones; la autoridad solo está facultada para tomar nota de esta modificación.
Quienes participamos en este pleno no contamos con elementos para determinar o calificar las posibles irregularidades en los comicios citados y no tenemos atribuciones para emitir una resolución al respecto. Pero si debe quedarnos claro que la Ley Federal del Trabajo no faculta al secretario del ramo a detener un trámite administrativo sin que haya una resolución de los órganos jurisdiccionales facultados para ellos.
Si existen irregularidades o inconformidades con los resultados del proceso quien debe emitir una resolución es la Junta Federal de Colegiados en la materia. Hasta el momento, estos órganos no han emitido una resolución al respecto, por lo que es inconcebible que la autoridad laboral, que debiera ser la primera en respetar la ley, actúe irresponsablemente y afecte a una organización sindical, al dejarla sin representatividad. Con esto paraliza al sindicato para realizar gestiones laborales, manejar su patrimonio y representar los intereses de sus agremiados y agremiadas.
Esta soberanía debe pronunciarse sobre el tema y hacer un llamado para que el secretario del Trabajo y Previsión Social se conduzca conforme a derecho, y que las partes involucradas puedan resolver, por la vía del diálogo y en las instancias que la ley prevé, este diferendo. Incluso, si efectivamente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje corrobora la existencia de irregularidades, la ley prevé que se repongan los comicios, pero para eso debe haber un resolutivo fundado en derecho por las autoridades competentes.
3. En un medio sindical caracterizado por prácticas clientelares y corporativas, por la falta de transparencia y su dependencia del Estado mexicano, el Sindicato Mexicano de Electricistas es una de las pocas organizaciones que representan una práctica democrática e independiente del Estado.
Un estudio reciente demostró que el 90 por ciento de los contratos colectivos depositados en la Junta Local de Conciliación de Arbitraje del Distrito federal son simulaciones, contratos firmados con las empresas al margen de la voluntad de los trabajadores para proteger al patrón ante la posibilidad de que las trabajadoras y los trabajadores se organicen de manera auténtica y para evitar que intervengan en la gestión y negociaciones de sus condiciones de trabajo.
Ante esa realidad, la autoridad laboral ha sido omisa. El licenciado Javier Lozano Alarcón mide a las organizaciones según sean aliadas o contrarias al gobierno, rige su acción pública por sus preferencias y fobias personales, se convierte en el perseguidor de ciertas dirigencias pero consiente simulaciones y negocios como los citados contratos de protección.
Traigo a esta tribuna el caso de dirigentes como Ramón Gámez Ramírez, que en su momento llegó a manejar más de 2 mil contratos de protección involucrando a 350 mil trabajadores y trabajadoras y a empresas nacionales y multinacionales que se dedican a la presentación de servicios, laboratorios, importación y exportación, cines, supermercados, almacenes comerciales, petroquímica y construcción, además de las telecomunicaciones.
Recientemente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registró dos contratos colectivos de un sindicato afín a su organización para regir las relaciones de trabajo de dos call center. Ante eso, la autoridad laboral permite la impunidad de personajes de este tipo, pero carece de voluntad para respetar el derecho de los trabajadores a ejercer sus libertades democráticas y su autonomía sindical.
Con independencia de la existencia de irregularidades en el proceso citado, la intervención de las autoridades al negar la tomas de nota constituye un atropello a la Constitución y a las leyes. Es además un nefasto precedente de la intervención de las autoridades en la vida de las organizaciones sindicales; de quedar impune esta intervención, los sindicatos solo podrán operar con la anuencia de una autoridad externa, a la que trabajadores y trabajadoras tendrán que solicitar su venia para redactar estatutos y reglamentos, para elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario del Trabajo y Prevención Social, licenciado Javier Lozano Alarcón a entregar de manera inmediata, mientras no exista un resolutivo fundado en derecho por las autoridades competentes, la toma de nota a quien detenta la mayoría de los votos de dichos comicios para elegir secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y con ello se abstenga de intervenir en asuntos internos de esa organización, garantizando así la autonomía y libertad sindicales.
Segundo. Exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a resolver a la brevedad y en estricto seguimiento del derecho sobre la validez de los comicios internos del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Hernández Juárez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEP Y AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR A COLABORAR EN
LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS QUE VIVE LA UNIVERSIDAD ESTATAL, A
CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRÁN, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRI a la LXI Legislatura, representante del estado de Baja California Sur, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite formular ante este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Exposición de Motivos
Mientras los mejores sistemas educativos del mundo y en el país debaten sobre la necesidad de transformar a la educación en una educación de calidad y que esta sea el eje vertebral para el crecimiento de los países ante un mundo globalizado, en el estado, y en especial, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) se generan cada año conflictos que agudizan aun más el rezago en la educación superior de nuestra entidad federativa.
La Universidad Autónoma de Baja California Sur presenta graves problemas, como el déficit de 75 millones de pesos, recortes presupuestales del 10 por ciento federal y 20 por ciento estatal en el presente año, y adeudos por aportaciones y retenciones al fondo de jubilaciones.
Por tal motivo, el pasado mes de agosto el Sindicato Único de los Trabajadores Administrativos de la Universidad se declaró en huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo, manifestando malversaciones en el manejo del fondo de jubilaciones por parte de las autoridades universitarias, por más de 1.7 millones de pesos.
A ello se sumó, el 15 de septiembre del presente año, el Sindicato del Personal Académico de la Universidad, que manifestó públicamente su rechazo a la medida tomada por el gobierno federal de recortar el 10 por ciento del presupuesto a la institución, igual postura se asumió con la decisión del gobierno estatal de reducir su aportación en un 20 por ciento. Asimismo, exclaman que será un golpe duro contra los jóvenes, a la investigación, a la cultura y a los derechos laborales de los trabajadores.
Con este paro de labores se ven afectados más de 5 mil estudiantes de todo el estado, que ante dicha situación ha surgido un movimiento estudiantil de la casa de estudios se han organizado para exigir a los gobiernos estatal y federal una pronta solución a los conflictos.
El Movimiento Estudiantil pro UABCS surge ante las constantes huelgas que sufre la universidad, que pone en riesgo el desarrollo académico de los estudiantes. Ellos, han expresado que el movimiento no es otra cosa que una gran demanda de ya basta con tantas huelgas, consecuencia del mal manejo de los recursos públicos de la Universidad y los altos salarios de los directivos.
Ante esta situación la mayoría de los miembros del Consejo General Universitario se comprometieron en presentar una propuesta de programa emergente de reestructuración institucional, el cual contemplará ajustes en nómina de los sectores directivos, administrativos y académico que generen los recursos necesarios para enfrentar los compromisos de deuda que presenta dicha institución.
En el mismo sentido, en días pasados el depuesto rector universitario presentó al seno del consejo su propuesta de reestructuración institucional, que consistió en reducción de salarios a directivos, compactación de departamentos y ajustes a las compensaciones del personal administrativo con un ahorro total anual de 4 millones de pesos, recursos que se priorizarían para atender las necesidades de recursos del fondo de jubilaciones.
Sin embargo, cabe mencionar que durante poco más de 10 años se ha privilegiado a los vicios de corrupción y canonjías de grupos internos de la máxima casa de estudios confabulados con grupos de poder del estado, que no hacen otra cosa que cuidar sus intereses personales y de grupos, rechazando en todo momento programas de mejora y reestructuración que posesionen a la UABCS como una universidad de calidad y vanguardia.
Si la SEP y el gobierno del estado no solucionan de manera inmediata los conflictos sociales y financieros de la máxima casa de estudios se haría patente que la UABCS incumple con su labor de formar profesionistas, de cobijar las ilusiones de jóvenes sudcalifornianos, ya que se continuará abrazando a la corrupción, a los altos sueldos y salarios de los directivos, ampliando a la burocracia y seguir abanderando las casi permanentes huelgas y debacle del sistema educativo sudcaliforniano.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y al gobierno del estado para que solucionen de inmediato los conflictos históricos sociales y financieros de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Segundo. Que la Comisión de Educación y la Secretaria de Educación Pública, programen, previo auditorias, mayores recursos para los programas de mejora institucional y de inversión que permitan impulsar a la universidad sudcaliforniana a un sistema de educación superior de calidad y de vanguardia.
Palacio Legislativo, a 8 de octubre de 2009.
Diputada Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ALDF QUE SE CONDUZCA EN EL MARCO LEGAL Y RESPETE LOS PRINCIPIOS
DE EQUIDAD, PROPORCIONALIDAD, PLURALIDAD Y GOBERNABILIDAD EN LA DECISIÓN
QUE TOME AL INTEGRAR LOS COMITÉS Y LAS COMISIONES, A CARGO DE LA
DIPUTADA KENIA LÓPEZ RABADÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración, para su discusión y, en su caso, aprobación, con carácter de urgente y de obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se conduzca dentro del marco legal y respete los principios de equidad, proporcionalidad, pluralidad y gobernabilidad, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. El pasado primero de octubre del presente año, tras la sesión solemne con motivo de la toma de protestas de los jefes delegacionales electos, el presidente de la Mesa Directiva, tomando en cuenta el quórum de la sesión anterior, decidió iniciar la ordinaria para recibir la comparecencia del secretario de Gobierno y del procurador general de Justicia del Distrito Federal.
2. En virtud de la notable ausencia de los diputados, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, instruyó a la Secretaría para que diera cuenta con el número de diputados que registraron su asistencia, a efecto de verificar la existencia del quórum legal para iniciar la sesión ordinaria.
La Secretaría, una vez acatada la instrucción del presidente, le informó que había una asistencia de 63 diputados. No obstante, el diputado Sergio Israel Eguren Cornejo solicitó la rectificación del quórum legal.
3. Comprobada la asistencia de los diputados, se encontró que sólo había 26, decretando en consecuencia el presidente de la Mesa Directiva que se levantara la sesión.
4. Sin fundamento alguno, la Comisión de Gobierno acordó reiniciar la sesión levantada, dando lugar a la recepción de las comparecencias del secretario de Gobierno, y del procurador general de Justicia del Distrito Federal, a aprobar el nombramiento de los titulares de las unidades administrativas y la integración de las comisiones ordinarias.
Cabe señalar que, tras la decisión unilateral de la mayoría de integrar las comisiones, al Grupo Parlamentario de Acción Nacional no se le incluyó en las comisiones de Equidad y Género, Presupuesto y Cuenta Pública, Transporte y Vialidad, Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, y de vivienda, por citar algunos ejemplos.
Y no obstante que el artículo 18, fracción II, de la Ley Orgánica del órgano legislativo local dispone que los diputados pueden integrar hasta cinco comisiones, a los diputados de la mayoría se les nombró para formar parte de hasta en 7, y en el caso de los diputados de Acción Nacional, nunca se llegó a cinco.
Aunado a los antecedentes expuestos, fundan el presente punto de acuerdo los siguientes
Considerandos
Primero. Que el Pleno de la Asamblea Legislativa cuenta con una Mesa Directiva, cuyo presidente está encargado de dirigir las sesiones del pleno, abrir y clausurar las sesiones, prorrogarlas, declararlas en receso, en sesión permanente, o suspenderlas por causa justificada, como aconteció en la sesión del primero de octubre, por el diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, al constatar que sólo había 26 diputados presentes.
Segundo. Que la reunión que con posterioridad fue convocada por acuerdo de la Comisión de Gobierno se hizo fuera del marco legal, la aprobación de la integración de las comisiones de dictamen legislativo, que excluyó a los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de las de Equidad y Género, Presupuesto y Cuenta Pública, Transporte y Vialidad, Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, y de vivienda, es total y absolutamente ilegal.
Tercero. Que es derecho de los diputados elegir y ser electos para integrar las comisiones y comités, ese derecho fue violado por la mayoría en la Asamblea Legislativa. Peor aún, debiendo privilegiar la Asamblea la pluralidad en la integración de las comisiones, como dispone el artículo 5 del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea Legislativa, se privilegió, sí, pero que los diputados de la mayoría integraran más de cinco diputados, como ocurrió con los diputados Karen Quiroga Anguiano, Carlos Augusto Morales López, Beatriz Rojas Martínez, Erasto Ensástiga Santiago, Valentín Maldonado Salgado, quienes forman parte de 6 y 7 comisiones, cuando el límite es de 5, de conformidad con el artículo 18 fracción II de la Ley Orgánica de esta Asamblea.
Cuarto. Que contrariamente a su naturaleza, la Comisión de Gobierno inobservó los principios de pluralidad democrática y se negó, como órgano colegiado, a impulsar consensos y acuerdos.
Quinto. Que en la Asamblea coexisten legisladores que coinciden y discrepan, debaten y dialogan, proponen y se oponen, diputados que defienden ideologías distintas, pero capaces de ponerse de acuerdo o dirimir sus diferencias mediante los instrumentos parlamentaros de la persuasión inteligente y la emisión del voto, si bien es verdad que tras la votación prevalece la mayoría, pero también lo es que esta es más fuerte y constructiva si es capaz de incluir a las minorías, es de vital importancia que en la integración de comisiones se privilegie el diálogo y el consenso.
Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a respetar el marco jurídico que la rige y privilegiar los principios de equidad, proporcionalidad, pluralidad y gobernabilidad en la decisión que tome para la integración de los Comités y Comisiones permanentes o de dictamen legislativo.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.
Diputada Kenia López Rabadán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ACCESO DIGITAL A LOS MEXICANOS,
A CARGO DEL DIPUTADO RODRIGO PÉREZ-ALONSO GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM
Rodrigo Pérezalonso González, diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante el pleno de esta soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de este cuerpo colegiado la creación de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Gran parte del crecimiento de las economías más fuertes del planeta a lo largo del último siglo y del presente, fueron iniciadas por las innovaciones científicas y tecnológicas que se adoptaron y encauzaron a través de políticas públicas adecuadas y con una visión de largo plazo. En ese sentido, economías como las de Estados Unidos, Japón, Alemania y otros países desarrollados han sobresalido de coyunturas desfavorables a través de la adopción y fomento de la ciencia y las nuevas tecnologías, lo que los ha situado en las posiciones económicas de las que ahora gozan.
Por otra parte, existen también economías emergentes que supieron aprovechar estas innovaciones y diseñaron políticas de adopción y fomento de tecnologías innovadoras que redituaron con un crecimiento económico sostenido, estable y con una visión clara de los objetivos a lograrse. Tal es el caso de países como Israel, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, quienes hace sólo treinta y cinco años contaban con niveles de subdesarrollo similares a los que vive nuestro país. Estos países basaron su crecimiento económico en gran medida en la industria de las tecnologías de la información y ahora cuentan con algunos de los niveles más altos de penetración de estas tecnologías (p.e. banda ancha).
Estas experiencias internacionales nos muestran que los retos, a los que se han enfrentado para adoptar y diseñar políticas públicas de fomento a la ciencia y tecnología, son de largo plazo e implican el esperar al menos diez años para vislumbrar resultados favorables en su desarrollo económico e industrial. En ese tenor, en México es necesario que pasemos de un plano discursivo a un plano de diseño y ejecución de políticas institucionales que fomenten estas materias y, aún más, en tiempos de recesión económica.
América Latina y México han quedado rezagados en materia de ciencia y tecnología. Para muestra de ello, en América Latina, salvo Brasil, ningún país gasta en investigación y desarrollo científico y tecnológico una suma siquiera cercana al uno por ciento de su producto interno bruto (PIB). En México, a pesar de que existe el mandato legal de destinar a este rubro uno por ciento del PIB, la inversión en investigación científica y tecnológica apenas llega a la mitad de un punto porcentual.
Actualmente el mundo vive una revolución tecnológica como nunca antes vista. La información es ahora esencial y se obtiene por medio de innovaciones tecnológicas como las nuevas redes celulares y la banda ancha de alta velocidad (como la fibra óptica al hogar) en tiempo real y por medio de una amplia gama de dispositivos. En ese sentido, gran parte del avance científico de las últimas décadas significa que, los sectores de la población con acceso a ellas, son parte de una sociedad de la información.
Sin embargo, existen amplios sectores de la población con limitaciones en el acceso a las redes globales de información como Internet, toda vez que no cuentan con los medios adecuados para accesar la información o adoptar nuevas tecnologías, lo que ocasiona un nuevo tipo de segregación social y económica en el mundo: la Brecha Digital. Dada la rapidez con que se da la innovación tecnológica, es una realidad ineludible que se está profundizando la brecha entre los que tienen o no acceso a las tecnologías y al progreso social que trae consigo las innovaciones de éstas.
La ausencia de políticas públicas que promuevan el desarrollo, la inclusión y apropiación a las tecnologías de la información en la población y la gestión pública dificulta que un país alcance los niveles de bienestar social que exige el mundo globalizado, toda vez que se reduce la capacidad de beneficiarse de las economías de escala. Por ello, es necesario adoptar una agenda gubernamental que encauce las innovaciones en tecnologías de la información; es decir, una agenda digital de gobierno que beneficie el acceso digital, tal y como lo sugieren organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Reunión Trilateral de e-Gobierno de Norteamérica (North American e-Government Day) entre México, Estados Unidos y Canadá.
Al respecto, el gobierno federal reconoce la necesidad de adoptar una agenda para el acceso digital a las telecomunicaciones a través del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Éste plantea, entre otras cosas, que el acceso a las nuevas tecnologías debe ser considerado como un elemento esencial para lograr un verdadero desarrollo humano sustentable entre los mexicanos.
No obstante que existen esfuerzos de la administración pública federal por implantar programas que promocionen el uso de las tecnologías de la información como la política de Gobierno Digital dentro del Sistema Nacional e-México, actualmente estos esfuerzos son insuficientes. Para ello, contrario a lo que sucede actualmente, es necesario que estos esfuerzos funcionen bajo un esquema coordinado por parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo, que formen parte de una agenda nacional digital, buscando alcanzar una sociedad del conocimiento, y la conformación de un gobierno electrónico.
Lo anterior hace menester adecuar la legislación y crear instrumentos regulatorios e institucionales para impulsar el desarrollo del uso de tecnología de forma equitativa. En esta dinámica, la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura acordó la creación de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos, misma que presentó como su objetivo general en su plan de trabajo: "Lograr un gran acuerdo nacional para la construcción de una Agenda Digital de largo alcance, que fije los plazos y las metas a cumplir para aprovechar la renovación tecnológica. Y para ello establecer un diálogo para acercar a los principales actores involucrados y proponer las bases de lo que será el acuerdo nacional."
Como resultado de dicha Comisión se obtuvo la aprobación, por parte de la Cámara de Diputados, del proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que actualmente se analiza en el Senado de la República y que pretende la definición de una estrategia digital integral donde se crean instancias con atribuciones, que sin crear un impacto presupuestal, busquen promover el acceso y uso masivo de tecnologías de la información y comunicación.
Sin embargo, la atención de los asuntos relacionados con el acceso digital no sólo se circunscriben, a la expedición de una ley, la cual es un avance muy significativo en la creación de una agenda para el acceso digital, pero que requiere de un seguimiento puntual por parte del Poder Legislativo. La realidad es que la implantación de tecnología es un factor de carácter transversal que impacta en diversos ámbitos de la vida social y que por tanto se debe contemplar una regulación integral para garantizar el acceso a la información electrónica.
Un primer objetivo de la creación de la Comisión Especial que se propone en este punto de acuerdo sería llevar los temas de acceso digital bajo criterios de una agenda digital consensuada por los miembros de la Comisión. Al revisar los temas de los que son sujetos las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, se detecta que existen algunas iniciativas de ley relacionadas con los temas de acceso digital que se turnan a diversas comisiones bajo criterios que impiden llevar políticas homogéneas sobre el asunto. Por eso, aunque una comisión especial carece de facultades de dictaminación, se busca dar seguimiento a dichas iniciativas para dar opinión sobre su viabilidad y que se ajusten a una visión consensuada del tema.
Un segundo objetivo de crear la comisión es trabajar en los diversos temas relacionados con el acceso digital para así converger en una comisión especial, no obstante que se encuentren vinculados con los temas de los que son dictaminadoras algunas comisiones ordinarias existentes. Tal es el caso, por ejemplo, de comisiones como Seguridad Pública, en términos de tipificación y penalización de los diferentes delitos cometidos en medios electrónicos; Atención a Grupos Vulnerables respecto al acceso de personas con discapacidad y adultos mayores a la información pública electrónica gubernamental; Medio Ambiente fomente programas de manejo para los residuos de las industrias tecnológicas y promueva el desarrollo de tecnologías de la información sustentables; Salud en la prestación de servicios de especialidad a distancia a bajo costo; Participación Ciudadana con el impulso de las tecnologías para crear mecanismos más eficaces de interacción con la ciudadanía como parte de una e-democracia; Función Pública para mejorar las gestiones internas del gobierno; Educación para desarrollar nuevas capacidades laborales en términos de la alfabetización digital; Hacienda y Crédito Público para mejorar o crear nuevas formas de recaudación; Ciencia y Tecnología para vigilar el incremento de los recursos públicos en inversión de proyectos tecnologías de información y comunicación, entre otras.
Aunado a todo lo antes expuesto, cabe señalar que el pasado 15 de julio de 2009, los diputados integrantes de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos de la LX Legislatura, junto con representantes de la Asociación Mexicana del Internet (Amipci), de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones, AC (Anadic), Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, AC, Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática (Canieti), Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, AC (CUDI), y de la Red Mexicana de Investigación y Desarrollo en Computación firmaron un acuerdo para la promoción del acceso digital de los mexicanos en el que "se solicita a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, que en el momento de acordar la creación de las comisiones especiales que se desempeñarán durante el periodo 2009-2011, contemplen dentro de una de ellas la continuidad de los trabajos que en materia de acceso digital a los mexicanos y desarrollo de una sociedad de la información en el país se realizaron a lo largo de la LX Legislatura..."
El Poder Legislativo federal ha dado origen a un espacio de análisis y discusión de la materia de nuevas tecnologías y acceso digital en la LX Legislatura. Esto significó un avance, dentro de una serie de medidas necesarias, para lograr que nuestro país alcance el desarrollo que merece.
Con objeto de impedir que los avances que tuvo la LX Legislatura en esta materia se detengan, se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta LXI Legislatura y al pleno de este recinto, se considere el presente punto de acuerdo y se permita la permanencia de la Comisión Especial para la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, con base en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42 de la citada ley, la creación de la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos.
Segundo. Esta comisión tendrá por objeto analizar y discutir el marco normativo para perfeccionar la legislación existente en términos de acceso digital promoviendo el acceso efectivo de los mexicanos a las tecnologías de la información.
Tercero. Podrá solicitar la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.
Cuarto. La Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos estará integrada por veintidós diputados de todos los grupos parlamentarios que determine la Junta de Coordinación Política, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, contando para su dirección con un presidente y dos secretarías.
Quinto. La comisión especial estará vigente todo el tiempo que sea necesario para alcanzar su objetivo, el cual no podrá exceder el 30 de agosto de 2012.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 8 días del mes de octubre de 2009.
Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
UN ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DOF EL 4 DE SEPTIEMBRE
DE 2009, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta como asunto de obvia y urgente resolución proposición con punto de acuerdo para solicitar que la Secretaría General de la Cámara de Diputados realice un análisis constitucional y legal del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos publicado el día 4 de septiembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El día 4 de septiembre del año en curso, el titular del ejecutivo federal publicó el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. Desde nuestro punto de vista el Reglamento es contrario a la Constitución General de la República y a la propia Ley de Petróleos Mexicanos. Se trata de un reglamento que violenta las competencias del Congreso de la Unión previstas en la fracción X del artículo 73 de la Constitución, pues sólo a éste corresponde legislar en materia de hidrocarburos. El Reglamento en cuestión va más allá de la ley e infringe el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Constitución. Contradice los principios constitucionales previstos en los artículos 25, 27 y 28 que determinan la exclusividad de la Nación y del Estado vía el sector público en la explotación del petróleo e hidrocarburos. Y, además violenta el principio de reserva de ley en materia de adquisiciones y de responsabilidades, pues sólo a través de ley, se pueden normar esas actividades como lo disponen los artículos 113 y 134 de la Constitución. Las razones que a continuación se exponen son deudoras del análisis que el doctor Víctor Rodríguez Padilla realizó al respecto y, que el suscrito hace suyas:
1. El Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos clasifica las actividades petroleras. Al hacerlo restringe la exclusividad de la Nación en la materia y va más allá de la Constitución y de la ley que norma
El Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos establece en su artículo 2 fracción IX la definición siguiente:
– Que las distintas explotaciones de los hidrocarburos constituyen la industria petrolera (artículo 2).
– Que la industria petrolera comprende (artículo 3):
I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos refinados.
II. La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración, y
III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos, que a continuación se enumeran: 1. etano; 2. propano; 3. butanos; 4. pentanos; 5. hexano; 6. heptano; 7. materia prima para negro de humo; 8. naftas; y 9. metano, cuando provenga de carburos de hidrógeno, obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroquímicos.
– Que sólo la nación podrá llevar a cabo la exploración y la explotación del petróleo y las demás actividades citadas, las cuales se consideran estratégicas (artículo 4)
– Que el sector social y privado podrán llevar a cabo, previo permiso emitido por la autoridad competente, las actividades siguientes (artículo 4):
I. El transporte y el almacenamiento de gas, posteriores a las ventas de primera mano;
II. La distribución de gas;
III. La recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral; y,
IV. La elaboración de petroquímicos distintos a los básicos;
La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, no lo dice explícitamente, pero el sector público –Pemex en particular– también está facultado para realizar esas actividades. De hecho todas las actividades mencionadas en las fracciones anteriores están siendo realizadas por Pemex en la actualidad, excepto la distribución de gas.
Es claro que el reglamento traduce el ánimo de hacer una distinción entre lo público y lo privado, lo cual es contrario a la letra y espíritu de los artículos 27 párrafo sexto, 25 párrafo cuarto y 28 párrafo cuarto de la Constitución.
La "industria petrolera estatal", tendría en oposición algo a lo que podría denominarse "industria petrolera no pública" o "industria petrolera privada" constituida por las actividades en las que puede participar, mediante permisos, cualquier tipo de organismos, empresas públicas, privadas o mixtas.
En otras palabras, en la lógica del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos existe una "industria petrolera pública" reservada a la nación que comprende las actividades mencionadas en el artículo 2 y 3 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo. Su contraparte es una "industria petrolera no reservada a la nación" abierta a la participación de quién lo desee, provenga del sector social, privado o público, y comprende las actividades mencionadas en el artículo 4 de la ley reglamentaria.
El conjunto de actividades comprendidas en la "industria petrolera pública" y la "industria petrolera no reservada a la nación" constituyen lo que en la práctica internacional se conoce como industria petrolera e industria petroquímica.
Sin embargo, el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, establece que el petróleo y los demás hidrocarburos, sin limitaciones, constituyen un área estratégica que el Estado debe ejercer de manera exclusiva, sin participación de particulares ni del sector social.
En consecuencia el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos violenta arbitrariamente lo establecido por la Constitución en materia de petróleo e hidrocarburos.
2. El Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos cede al sector privado actividades reservadas a la nación por lo que va más allá de la Carta Magna
En el artículo 2, el Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos establece las definiciones siguientes:
XVII. Proyectos sustantivos: Conjunto de actividades e inversiones, incluyendo su diseño y planeación, necesarias para la realización de las actividades sustantivas de carácter productivo, orientadas a la creación y preservación de valor económico. Lo anterior, conforme a las disposiciones administrativas de contratación, y
– La petroquímica distinta de la petroquímica básica (abierta al sector privado) y
– Todas las demás actividades que deba realizar Pemex (abiertas al sector privado),
El sector privado podrá realizar ASCP, algunas por su cuenta y riesgo, en otras por cuenta de Pemex.
Los "proyectos sustantivos" es un conjunto de actividades y elementos variables cuyas dimensiones pueden llegar a ser incluso mayores que las del conjunto de ASCP, pues incluyen actividades fundamentales y de soporte que hacen posible realizar las primeras, incluyen el proceso de inversión, el diseño y la planeación.
Los "proyectos sustantivos" pueden ser grandes o pequeños. Se pueden limitar a una y sólo una de las ASCP, por ejemplo la exploración sísmica, la refinación o el transporte por ductos. Sin embargo, pueden comprender varios eslabones de la cadena de valor e incluso todo ellos, pues el Reglamento no establece limitaciones al respecto.
Así, un "proyecto sustantivo" generado por Pemex Exploración y Producción podría comprender la exploración geológica y sismológica en un área geográfica específica (denominado "bloque en la jerga petrolera); la perforación de pozos exploratorios; la evaluación de las reservas descubiertas; el desarrollo del o los yacimientos descubiertos; la extracción de los hidrocarburos, la separación y evacuación del sitio de producción y las ventas de primera mano a una refinería en México o en los mercados internacionales. El contrato podría incluir la planeación de la exploración y de la producción, dos actividades estratégicas desde un punto de vista técnico económico. Adviértase que Pemex sería en todo momento, pero hasta las ventas de primera mano, el propietario de los hidrocarburos y sus derivados. Sin embargo, la propiedad no asegura el control técnico, económico ni del recurso natural ni de la industria que hace posible su explotación.
En el caso de Pemex Refinación un proyecto sustantivo podría incluir la construcción, operación y mantenimiento de una refinería; el transporte y distribución de los productos refinados, incluyendo la operación y mantenimiento de ductos y tanques. Al igual que en el caso anterior, un contratista podría sustituir al organismos público.
Asociado a un proyecto sustantivo podría elaborarse un contrato integral, de tal manera que el papel de Pemex se limitaría a diseñar los grandes trazos del proyecto, otorgar el contrato y supervisar que se cumplan los objetivos, sin intervenir en la ejecución. Incluso la supervisión podría contratarse con un tercero.
En consecuencia, a través de "proyectos sustantivos" y contratos de amplio espectro un pequeño grupo de contratistas podrían suplantar a Pemex y sus organismos subsidiarios a lo largo de toda la cadena de valor, menos en la asignación de los contratos y la recepción del dinero generado por la venta de la producción. Y eso es contrario al espíritu de lo plasmado en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
3. El Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos permite remunerar a los contratistas mediante mecanismos, esquema o fórmulas que van más allá de lo permitido por la ley
El artículo 62 del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos establece lo siguiente:
Dichas remuneraciones deberán fijarse en términos claros a la firma del contrato y podrán establecerse en función del grado de cumplimiento de las metas o en función de indicadores explícitos y cuantificables, expresados en unidades de medida de uso común en la industria de hidrocarburos, los cuales podrán referirse a productividad, capacidad, reserva incorporada, recuperación de reservas, tiempos de ejecución, costos en los que se incurra o ahorro en éstos, obtención de economías y otros que redunden en una mayor utilidad para Petróleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios o que contribuyan a mejorar los resultados del proyecto.
…
El artículo 61 de la ley establece simplemente que las remuneraciones de los contratos
II. Serán establecidas a través de esquemas fijos o fórmulas predeterminadas con las que se obtenga un precio cierto, de conformidad con la legislación civil;
III. Podrán estipular revisiones necesarias por la incorporación de avances tecnológicos o la variación de precios de los insumos o equipos u otros que contribuyan a mejorar la eficiencia del proyecto;
IV. Deberán establecerse a la firma del contrato;
V. Incluirán penalizaciones en función del impacto negativo de las actividades del contratista en la sustentabilidad ambiental y por incumplimiento de indicadores de oportunidad, tiempo y calidad; y
VI. Podrán incluir compensaciones adicionales cuando el contratante obtenga economías por el menor tiempo de ejecución de las obras, se apropie o se beneficie de nuevas tecnologías suministrada por el contratista, o concurran otras circunstancias atribuibles al contratista que redunden en una mayor utilidad de Petróleos Mexicanos y en un mejor resultado de la obra o servicio, y siempre que no se comprometan porcentajes sobre el valor de las ventas o sobre la producción de hidrocarburos.
– Reserva incorporada
– Recuperación de reserva
En consecuencia el reglamento permite a Pemex a remunerar al contratista en función, directa o indirectamente, de las reservas y de la producción, dos características inherentes a las características del recurso natural, las cuales son resultado directo de la bondad de la naturaleza y no del contratista.
Remunerar al contratista con pagos indexados a las reservas o a la producción no significa otra cosa que hacer del contratista participante directo de la explotación del recurso natural, lo cual infringe la máxima ley del país, pues la Constitución reserva para la nación la explotación, el uso o el aprovechamiento del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
Remunerar al contratista con pagos indexados a las reservas o a la producción no significa otra cosa que hacer del contratista participante directo de las rentas económicas diferenciales inherentes, congénitas, inmanentes a los yacimientos. Se trata de la renta minera asociada al tamaño del yacimiento, de la renta de calidad asociada a las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos contenidos en el yacimiento; de las rentas de posición asociadas a la localización de yacimiento respecto a los centros de consumo. Dichas características son completamente ajenas a Pemex y a sus contratistas. El beneficiario de dichas rentas sólo puede ser el propietario del recurso, es decir, la nación.
No es válido el argumento de que la experiencia, la creatividad y la tecnología del contratista derivan en mayores y mejores reservas y en mayor capacidad y calidad de producción. En primer lugar porque se negaría la bondad geológica del país, en segundo lugar, porque la decisión de dónde buscar, dónde perforar, la capacidad de producción a instalar, el ritmo de producción y las reservas totales a extraer son decisiones estratégicas que le corresponden única y exclusivamente a Pemex y son indelegables. Un contrato donde se transfieran a compartan decisiones estratégicas con el contratistas sería nulos de pleno derecho de acuerdo a lo previsto en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. El problema es que el Reglamento prevé implícitamente ese tipo de contratos.
La Ley de Petróleos Mexicanos prevé penalizaciones y compensaciones en función de la oportunidad, el tiempo de ejecución y la calidad de los trabajos realizados por los contratistas. Sin embargo, el Reglamento de la Ley Petróleos Mexicanos, va más allá de la ley que reglamenta, cuando establece remuneraciones ligadas directamente a las propiedades físicas, químicas y económicas del recurso natural, los yacimientos y, los hidrocarburos.
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Proyecto de proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría General de la Cámara de Diputados un análisis sobre la constitucionalidad y legalidad del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos publicado en el Diario Oficial el 4 de septiembre de 2009
Único. La Secretaría General, por conducto del área de servicios legales de la Cámara de Diputados realizará en un plazo de cinco días hábiles el análisis constitucional y legal del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y, propondrá al Pleno de la Cámara de Diputados, por conducto de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de la Cámara, el resultado de su estudio, así como, en su caso, los recursos y/o acciones constitucionales y legales que procedan para impugnar la inconstitucionalidad o ilegalidad del Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, DF, a 8 de octubre de 2009.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SENADO DE LA REPÚBLICA A RECONSIDERAR LA PROPUESTA
DEL EJECUTIVO FEDERAL DE SUPRIMIR LA SECRETARÍA DE TURISMO, PUES
SE AFECTARÍA UNA ACTIVIDAD GENERADORA DE DIVISAS Y DE EMPLEOS, A
CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ARIZMENDI CAMPOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
CONVERGENCIA
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a reconsiderar la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo y, por el contrario, fomente el crecimiento y desarrollo de esta actividad y dé cumplimiento a los programas en la materia, en razón de que afectará a la tercera actividad generadora de divisas y empleos del país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 22 de septiembre, el Ejecutivo federal presentó ante el Senado de la República el decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que formaliza y da plazo para la desaparición de las Secretarías de Turismo, de Reforma Agraria, y de la Función Pública.
Si bien es cierto la Secretaría de Economía tiene entre de sus facultades la de fomentar el desarrollo de la economía nacional, así como el crecimiento del empleo, a través de los diversos tipos como el sector turístico, también lo es que este sector es hoy por hoy uno de los más representativos para la generación de empleos y del crecimiento económico.
La Secretaría de Turismo tiene a su cargo formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional, que para el presente gobierno hasta hace menos de cuatro meses era una prioridad para el desarrollo nacional y la generación de empleos, así como la reactivación económica. Tan es así que la visión del gobierno federal era que para el año 2030 México sería un país líder en la actividad turística, para ello la estrategia proponía:
2) Diversificación de los productos turísticos y el desarrollo de nuevos mercados.
3) El impulso a las empresas turísticas para ser más competitivas a nivel nacional como internacional.
4) Desarrollar el turismo con pleno respeto a los entornos naturales, culturales y sociales.
En cuanto a las inversiones generadas en el ramo, el sector turístico acumuló un nuevo récord histórico, al presentar entre enero de 2007 y junio de 2009 un ascenso acumulado de 9 mil 703.7 millones de dólares por inversión privada, lo que representó 106.5 por ciento más a lo registrado en el periodo de enero de 2001 a junio de 2003. Así, los recursos invertidos de enero de 2007 a junio de 2009 estuvieron compuestos por 36.8 por ciento de inversión extranjera y 63.2 por ciento de recursos aportados por inversionistas nacionales. Estos recursos se destinaron al desarrollo de 799 proyectos, de los cuales 73.7 por ciento fueron en destinos de playa, 15.5 por ciento se realizaron en la frontera norte y el 10.8 por ciento restante se ejecutaron en la región centro y en la zona maya.
La Ley General de Turismo, publicada el día 17 de junio del año en curso, establece que "los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional", es ello razón fundamental para exhortar al Senado de la República a analizar y valorar la propuesta del Poder Ejecutivo de suprimir la Secretaría de Turismo, en razón de que tal decisión afectará a la tercera fuente de ingresos y generadora de empleos del país.
Sin duda la actual crisis económica requiere del reajuste de los presupuestos de las dependencias del gobierno de México, pero no debe sustentarse en aquellas actividades que son el motor principal de la economía y el desarrollo nacional: el petróleo y los hidrocarburos, la minería, la agricultura y la ganadería, la educación, ciencia y tecnología, así como el sector turístico.
Por lo expuesto, se propone la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al Senado de la República a reconsiderar la propuesta del Ejecutivo federal de suprimir la Secretaría de Turismo y, por el contrario, fomente el crecimiento y desarrollo de esta actividad y dé cumplimiento a los programas en la materia, en razón de que afectará a la tercera actividad generadora de divisas y empleos del país.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.
Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE GANADERÍA, A CARGO DEL DIPUTADO
HERNÁN DE JESÚS ORANTES LÓPEZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como en el artículo 34, numeral 1, incisos a), b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado Hernán Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
No obstante, que durante los últimos años el sector agropecuario mexicano ha experimentado una gran crisis estructural y funcional, México ha sobresalido en la escena mundial con una extraordinaria calidad de sus ejemplares bovinos, que han podido exportarse a lugares tan lejanos como Tailandia, Colombia, Centroamérica y los propios Estados Unidos y Canadá; de igual forma es famosa mundialmente la miel producida por los apicultores mexicanos, sin denostar el trabajo de avicultores, porcicultores y en general por todos aquellos productores nacionales que han puesto su esfuerzo en el desarrollo de una ganadería emblemática de carácter internacional.
Hoy día, gran parte de la población de nuestro país se encuentra diseminada en las más de 200 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad y que representa, en una mayoría de ocasiones, la única fuente de ingresos para miles de familias mexicanas. A ello habría que agregarle la falta de apoyos tecnológicos lo cual ha sido una constante para los productores pecuarios; los programas del gobierno federal, pese a destinar considerables presupuestos, son dirigidos de manera deficiente, sin contar los trámites burocráticos desarrollados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los cuales son un verdadero tormento para aquellos que requieren programas de financiamiento productivo.
Asimismo, no existe un solo programa de verdadera transferencia de tecnología y mejoramiento genético, para desarrollar de acuerdo a la diversidad y ventajas comparativas de cada región, un programa encaminado a elevar la producción en aquellas actividades para las cuales la tierra tiene definida su vocación.
Una deficiente campaña sanitaria mantiene a raya a los productores pecuarios que se encuentran a merced de una certificación, supuestamente binacional, que ha sido impuesta al gobierno y que no se ha traducido en mejores estándares de salud de la ganadería; por el contrario, ha permitido florecer el lamentable cáncer de la corrupción en las oficinas públicas.
La falta de canales de comercialización es una triste realidad en nuestro campo; desde hace mas de 25 años no fluyen los recursos crediticios al sector, y los pocos que lo hacen a través de los programas de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, llegan con plazos de cumplimiento muy cortos y tasas elevadas que obstaculizan el crecimiento de empresas agroindustriales evitando asumirse como un eficiente canal de comercialización de productos.
México registra desde hace muchos años un déficit de producción de lácteos, motivada por la desmedida importación de leche en polvo, en muchas ocasiones de dudosa calidad, que ingresa al país a precios subsidiados por otras naciones altamente eficientes en producirla.
La producción de carne no es la excepción, a raíz de la globalización de la economía, considerables cantidades de carne son introducidas al país para ser comercializadas en las grandes tiendas y almacenes de autoservicio, desplazando la carne nacional de mejor calidad y precio. Los subsidios de los países con quienes tenemos tratados comerciales, no permiten una sana competencia en condiciones de igualdad.
EL Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola, un recurso federal destinado a brindar apoyos al sector, se ha quedado en un cúmulo de buenos deseos y está muy lejos de representar la solución de los ganaderos mexicanos, es el equivalente de una aspirina contra el cáncer.
A este panorama desalentador, se suma el impacto natural que representa la el gravísimo fenómeno de la sequía que ha cobrado ya la vida de miles de animales en el norte del país y ha dejado en la calle a miles de productores pecuarios.
Toda esta vorágine de circunstancias adversas, hacen pensar que el campo está destinado a desaparecer, sin embargo, estamos obligados a salvaguardar el más importante de sus activos, el productor mexicano, quien pese a toda adversidad, trabaja con esfuerzo y orgullo para hacer producir sus tierras, mantenerse a la vanguardia en los nuevos métodos de producción, continuar desarrollando, pese a la falta de apoyos oficiales y canales de comercialización, una actividad sustentable y de vanguardia que permita la producción de alimentos para el pueblo de México.
No basta recordar que se han destinado importantes presupuestos al sector agropecuario, es necesario que esa cantidad de recursos aterrice de manera ordenada en suelo nacional y se traduzca en una mayor producción, en verdaderos programas de transferencia de tecnología y mejoramiento genético, evitando, con ello, que la mayoría de los recursos públicos se pierdan en la obesa burocracia creada, pareciera ser, para obstaculizar el desarrollo del campo mexicano.
Esta LXI legislatura, debe velar por los intereses de la mayoría; y esa mayoría se encuentra en las zonas rurales del país.
Con base en lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, así como a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXI Legislatura, encargada de dar seguimiento a los trabajos que han quedado pendientes de resolver, así como de vigilar los recursos destinados en la materia. Asimismo, se propone de manera urgente la necesidad de continuar, con los trabajos que venía realizando la Comisión Especial de Ganadería en la anterior legislatura, de tal forma que se atiendan los asuntos del sector donde la prioridad es la de favorecer a los ganaderos mexicanos, así como proteger la sanidad y la seguridad alimentaria de nuestra población.
Segundo. Que la Junta de Coordinación Política integre y presente al pleno de esta soberanía la propuesta de integración plural de diputadas y diputados que habrán de integrar la Comisión Especial de Ganadería.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre del 2009.
Diputados: Hernán de Jesús Orantes
López, César Augusto Santiago Ramírez, Sami David
David, Roberto Albores Gleason, Sergio Lobato García (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL RESPONSABLE DE CONCILIAR Y DAR SEGUIMIENTO
A LOS PROBLEMAS LIMÍTROFES QUE SE GENEREN ENTRE LOS MUNICIPIOS,
A CARGO DEL DIPUTADO LUIS CARLOS MEILLÓN JOHNSTON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe la presente, diputado federal Luis Carlos Meillón Johnston perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 58, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se establezca una Comisión Especial responsable de conciliar y dar seguimiento a los problemas limítrofes que se generan entre los municipios, al tenor de los siguientes
Considerandos
La historia del federalismo en México es producto de nuestro ser, inspirado en los antecedentes de la Constitución de Cádiz, se plasma por primera vez en la Constitución de 1824, interrumpiéndose por las Constituciones centralistas de 1836 y 1843, y restaurándose el federalismo con el Acta de Reformas de 1847; posteriormente, en 1857 se reitera el federalismo, continuándose en la Constitución de 1917.
En este marco, el municipio se considera como uno de los cimientos del sistema federal, pues los municipios y las diputaciones provinciales, jugaron un papel muy importante, pues ambos abogaron por el establecimiento de una república de tipo federal.
Para Acción Nacional desde ese tiempo, el municipio es visualizado y considerado como la parte medular de la conformación del Estado mexicano.
Así, hablar del municipio es hablar de nuestros orígenes sociales y administrativos, es hablar de la base y conformación del sistema político mexicano.
Sin duda debe recordarse que el municipio mexicano es la célula básica o la primera instancia de gobierno de la organización política y sus lineamientos fundamentales se encuentran establecidos por el artículo 115 del pacto federal, los cuales se encuentran gobernados por una figura denominada ayuntamiento, que es el órgano encargado de representar los intereses de los ciudadanos y es el espacio donde se concentran los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de sus familias.
El municipio al ser el primer órgano de gobierno que le da sustento al pacto federal suscrito para la integración nacional, por estricta justicia, ha dejado de ser considerado como una simple demarcación territorial administrativa y es considerado y respetado ya, como una entidad política de gobierno.
Así las cosas, nuestro país actualmente cuenta con más de 2 mil 400 municipios, cuya división geopolítica se ha generado en razón de la riqueza cultural y social que impera en la República Mexicana.
Lo abigarrado y disperso de nuestra conformación nacional, ha generado desafortunadamente que en ocasiones, se susciten problemas en cuanto a la delimitación de los alcances territoriales de la célula del Estado mexicano, como lo es el municipio. Desafortunadamente existen situaciones a lo ancho y largo de todo el territorio nacional, en los que no se encuentran debidamente definidos los polígonos y las superficies, creándose espacios propicios para la ingobernabilidad.
De lo anterior, tenemos ejemplos muy claros en diversos estados de la República Mexicana, en los que se ha suscitado incluso una lucha fraticida entre los propios mexicanos
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial responsable de conciliar y dar seguimiento a los problemas limítrofes que se generen entre los municipios.
Segundo. El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.
Quinto. La comisión especial objeto de los presentes puntos de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la comisión especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.
Diputado Luis Carlos Meillón Johnston (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A INTEGRAR
EL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, A CARGO DE LA DIPUTADA MAGDALENA TORRES
ABARCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Obdulia Magdalena Torres Abarca, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, como en otros tantos países, persisten desigualdades económicas y sociales, entre las que destacan las de género, que ponen en desventaja a las mujeres respecto a los hombres. La desigualdad en el goce y ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres sigue siendo un saldo para la justicia social, el desarrollo y la democracia, ya que sus efectos se dejan sentir, por ejemplo, en la salud, educación, participación política y social, calidad del empleo, falta de acceso a la seguridad social y vivienda.
Esta desigualdad ha dado lugar a que las organizaciones de mujeres y las organizaciones internacionales hayan buscado y logrado acuerdos importantes, entre los que destacan la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer.
Nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales que obligan a las instituciones del Estado a incorporar diversas medidas legislativas, administrativas, judiciales y sociales destinadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos para la protección, ampliación y fomento de los derechos humanos de las mujeres. Además de estos instrumentos internacionales, el Estado mexicano tiene la obligación de lograr la igualdad de género por un efecto de nuestro derecho interno, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución federal.
La invisibilidad y la naturalización de la desigualdad de género explica el hecho de que en muchos casos las instituciones del Estado –tanto lo que hace al Poder Ejecutivo, como en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial– ignoren las diferencias de roles, funciones y necesidades entre mujeres y hombres.
En lo que respecta al Poder Legislativo, es importante recordar que la desigualdad de género se puede reproducir e incluso profundizarse mediante leyes que asimilan normas, costumbres y prácticas culturales discriminatorias, que son toleradas y aceptadas, hasta el punto de pasar desapercibidas.
Por ello es importante contar con un órgano encargado de brindar información científica, oportuna y útil a las legisladoras y los legisladores en materia de género. Para así poder visibilizar la problemática y contar con herramientas para enfrentar, y superar la inequidad en aras de lograr la igualdad entre mujeres y hombres.
Así, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de agosto de 2005, se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se incorpora en el ámbito de la Secretaría General de esta Cámara de Diputados y adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
El artículo tercero transitorio del mencionado decreto establece a la letra lo siguiente: "La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentará al pleno, para su aprobación, la integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y su reglamento, en el que se establecerán las reglas para la vigilancia de la operación y funcionamiento del centro, así como del nombramiento de su personal directivo y operativo".
Por ello, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, por acuerdo de fecha 10 de octubre de 2005, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados crea el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Y el 14 de diciembre de 2006 se emite el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los comités de los centros de estudios que funcionarán en la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, el cual fue aprobado por el pleno el 18 de diciembre de 2006 y publicado el 15 de enero de 2007 en la Gaceta Parlamentaria.
Los comités son los órganos rectores de los centros de estudios, que tienen por objeto formular directrices y pautas que contribuyen a orientar el trabajo de los centros de estudios y que, en coordinación con los órganos administrativos competentes, coadyuvan a vigilar el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades que tienen encomendadas.
Son atribuciones de los comités las siguientes:
b) Someter a consideración de la Conferencia las políticas, lineamientos y acuerdos para regir el trabajo científico y técnico de cada centro de estudios, a efecto de instrumentar lo previsto en el artículo 48, numeral 4, inciso d), de la Ley Orgánica.
c) Adoptar las medidas y decisiones relativas a la vinculación de los centros con instituciones afines, a propuesta de los directores generales.
d) Determinar las reglas para la articulación de los centros con las comisiones y comités.
e) Aprobar las bases de las convocatorias a los concursos de oposición que se emitan con la finalidad de reclutar personal de investigación de los centros de estudios, en términos de lo previsto en el artículo 144 del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.
g) Establecer los criterios para que el órgano administrativo competente elabore el manual de organización de los centros de estudios.
h) Participar en las reuniones de la Conferencia cuando se trate de asuntos relacionados con los centros.
i) Gestionar ante la Junta de Coordinación Política la asignación de recursos adicionales a los presupuestados, que contribuyan a la proyección y desarrollo de los centros.
j) Establecer coordinación con la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y los directores generales de los centros, a efecto de vigilar el cumplimiento eficiente de las responsabilidades, funciones y tareas que tienen asignadas.
Es por ello que solicito a la Junta de Coordinación Política, a efecto de maximizar el funcionamiento y los resultados del trabajo del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, presentar a la mayor brevedad posible la propuesta de integración del comité de dicho organismo mediante la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados a presentar ante esta soberanía, en uso de las atribuciones que le otorgan los artículos 34, párrafo 1, inciso b), y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta de integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Segundo. Para la integración del comité se solicita a la Junta de Coordinación Política que observe el principio de equidad y proponga cincuenta por ciento de integrantes mujeres y cincuenta por ciento de integrantes hombres.
Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que gire las instrucciones necesarias a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados a fin de que se dispongan de los recursos humanos y materiales requeridos para el adecuado funcionamiento del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Palacio Legislativo, a 7 de octubre de 2009.
Diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA ENLACE Y A LAS MEDIDAS
QUE EL GOBIERNO FEDERAL TOMARÁ PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hace unos días el secretario de Educación, Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, dio a conocer los resultados de la evaluación nacional del logro académico en centros educativos, comúnmente conocido por sus siglas ENLACE, el secretario Lujambio expresó que ésta es una prueba objetiva y estandarizada que mide los conocimientos y habilidades definidos en los planteles y programas oficiales de estudio de educación básica.
Precisó que este año, la prueba se aplicó a más de 13 millones de estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas del país, y que lo anterior era necesario para identificar lo que estamos haciendo bien y en qué áreas debemos hacer esfuerzos adicionales para mejorar.
De igual forma expresó que ENLACE era un gran ejercicio analítico, universal y censal para fortalecer la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas como un factor clave en la calidad de la educación en México y que, como desde 2006, este año difundían una vez más los resultados de ésta como parte de un ejercicio autocritico, de reflexión colectiva, al difundir los resultados de la prueba 2009.
Al respecto, considero que es necesario que el titular de la Secretaría de Educación Pública federal nos diga qué es lo que está haciendo bien porque los resultados no parecieran ser los que todos los mexicanos esperamos. Es necesario saber cuáles son las áreas que están fallando y cuáles son las que se deben apuntalar.
Necesitamos más respuestas, un mayor compromiso, saber las medidas que se tomarán al respecto.
ENLACE no fue diseñado, al menos eso es lo que expresan, para conocer quiénes salieron bien o qué escuela es la mejor del país, sus alcances tienen que ser mayores y para ello es necesario que el señor secretario de Educación venga aquí a este tribuna y, frente a la sociedad, nos diga qué está pasando, qué está fallando y cuáles son las medidas que se tomarán al respecto.
¿Cómo podemos aspirar como nación a desarrollarnos más y mejor, cómo podemos aspirar como nación a mejorar la calidad de vida de los mexicanos?, si precisamente uno de los componentes que miden la calidad de vida de las personas no satisface los estándares necesarios para que un ser humano pueda acceder a un mejor futuro.
Sin una educación de calidad, qué herramientas puede tener un niño en México para ser competitivo, para mejorar su situación familiar. Sin una educación de calidad cómo puede un joven incorporarse a la vida productiva del país.
Sin una educación de calidad cómo podemos hablar de equidad en las oportunidades, cómo podemos garantizarle a los mexicanos que vivan mejor.
Es claro que esta prueba debe traer como resultado la implementación de políticas públicas efectivas. Por consiguiente, ¿cuáles son las medidas que se han tomado y quién ha evaluado el cumplimiento de las medidas que desde 2006 se han venido adoptando?
La educación es el motor del desarrollo y la única manera para tener un desarrollo de calidad es tener una educación de calidad y al día de hoy no la tenemos.
Aunado a ello, considero que no solamente es necesario tomar medidas en función de esta prueba, una prueba adicional que el gobierno debe de realizar es la relativa a que si el Estado está cumpliendo con la sociedad y le está garantizando a los niños de México la infraestructura y las condiciones necesarias para que puedan desarrollar sus talentos en las aulas del país.
Las mejores economías del mundo son hoy lo que son, precisamente, por el impulso que le han dado a la educación, han visto en ésta una oportunidad para el progreso equitativo de los habitantes de sus naciones.
Este es un tema de Estado, es un tema que debe llamar a nuestras conciencias, que nos debe convocar a todos, sin distingo de colores y de siglas y precisamente la comparecencia del señor secretario de Educación, sobre todo en vísperas de la aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos, nos debe permitir asumir una posición responsable con el gobierno federal y con los mexicanos para que tomemos medidas y direccionemos conjuntamente acciones que nos permitan salir adelante y revertir los resultados que hace unos días se dieron a conocer en el país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente propongo a esta asamblea considerar este asunto como de urgente y obvia resolución y aprobar el presente
Punto de Acuerdo
Único. Se cita al titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal, para que comparezca ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y dé a conocer el análisis de los resultados de la evaluación nacional del logro académico en centros escolares, bajo las siglas ENLACE, así como las medidas que tomará la Secretaría de Educación Pública para mejorar la calidad de la educación básica en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.
Diputado Óscar Román Rosas González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INFONAVIT A INSTRUIR A LOS DESPACHOS EXTERNOS QUE HA CONTRATADO
A FIN DE QUE CESEN EL HOSTIGAMIENTO Y LAS AMENAZAS CONTRA LOS ACREDITADOS-TRABAJADORES
PARA EL COBRO DE CRÉDITOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS NORMA LETICIA
SALAZAR VÁZQUEZ Y JESÚS RAMÍREZ RANGEL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Norma Leticia Salazar Vázquez y Jesús Ramírez Rangel, diputados a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan ante esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a los despachos jurídicos externos contratados por éste para que cesen el hostigamiento y las amenazas hacia los acreditados-trabajadores para el cobro de los créditos otorgados por dicho instituto, conforme a las siguientes
Consideraciones
La creación del Infonavit es resultado de la evolución histórica que establece el derecho de los trabajadores a adquirir una vivienda digna que se remonta a los postulados básicos que recogiera el Constituyente de Querétaro en 1917 y que dieron sus frutos el 5 de febrero, cuando se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se aprobó por unanimidad el artículo 123, fracción XII, Apartado A, donde se estableció la obligación de los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, obligación que no se hizo efectiva sino hasta 1971, después de más de 53 años de lucha por ese derecho.
El 1 de mayo de 1971, las grandes centrales obreras demandaban ante el Ejecutivo federal buscar vías para resolver los principales problemas nacionales. Días después se integró la Comisión Nacional Tripartita a cuya quinta subcomisión se encomendó el estudio del problema de la vivienda. El resultado de los trabajos de los representantes de los tres sectores de esa subcomisión propuso reformas de la fracción XII del artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, así como la expedición de una ley para la creación de un organismo tripartito que sería el encargado de manejar los recursos del fondo nacional de la vivienda.
El Ejecutivo federal presentó las iniciativas de reformas de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo de 1970; para el 14 de febrero de 1972 se publicaron en el Diario Oficial estas reformas, propuestas por la Subcomisión de Vivienda; el 21 de abril, luego de ser aprobada, se promulgó la Ley del Infonavit, que establece que las aportaciones que el patrón haga en favor de sus trabajadores le dan derecho a obtener un crédito para vivienda o a la devolución periódica del fondo que se constituya, denominado "de ahorro". El 24 de abril se publicaron en el Diario Oficial las reformas de la Ley Federal del Trabajo. La asamblea constitutiva del Infonavit se celebró el 1 de mayo de ese año.
Las casas que otorga el Infonavit por medio de sus créditos pueden ser de alegría para miles de derechohabientes que han tenido que dar al instituto la cuota que les corresponde como trabajadores. Sin embargo, muchos de ellos no saben que en el largo plazo podrían verse envueltos en un grave problema.
El principal problema es que muchas de estas personas se vieron beneficiadas por el Infonavit con un crédito para adquirir vivienda, pero cuando han perdido su trabajo y no han podido regularizar sus pagos, reciben constantes amenazas y hostigamiento de despachos jurídicos externos de la dependencia.
Actualmente, cientos de familias temen que de un momento a otro les puedan instaurar un procedimiento judicial, ya que por la falta de trabajo y por las condiciones económicas actuales no sólo en el país sino en el mundo entero no van a poder hacer frente a su obligación de pago, lo que ha originado que los referidos despachos de cobranza pongan sellos en la vivienda con la leyenda de "embargada". Esa situación es irregular e ilegal, ya que violenta lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, que consagra el derecho a que nadie pueda ser privado de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.
Ello, a pesar que estos despachos únicamente deben limitar su función a la de cobranza o recuperación de cartera vencida; no tienen facultades más allá de esta acción. En este sentido, se vuelve inaplazable e impostergable concertar una reunión del Consejo Consultivo del Instituto que deberá sostener con esos despachos para que se revise el contenido de los requerimientos que envían a los domicilios y si es necesario modificar la redacción, así como modificar las acciones emprendidas al realizar la cobranza tales como llamadas telefónicas intimidatorias y amenazantes y la colocación de sellos ilegales.
Estos despachos jurídicos realizan la cobranza, algunos desorganizados, otros con cierto terrorismo y existen algunos que ni siquiera saben explicarle al derechohabiente cual es el problema.
Hay falta de coordinación de los despachos que realizan la cobranza, pues existen algunos donde ni siquiera saben donde se encuentra el expediente que contiene la información relativa al crédito del derechohabiente y por tanto no se puede pagar.
En diversos ejercicios se ha detectado que tras una larga espera y varios intentos, los asesores que responden en Infotel al teléfono 01 800 685 88 36, indican que determinada cuenta se encuentra en un despacho jurídico determinado, sin embargo, al comunicarse a dicho despacho se indica que el expediente no esta ahí sino en otro despacho. No obstante este calvario, a los pocos días estas personas le vuelven a requerir su pago al derechohabiente de los despachos jurídicos con los que ya se había acudido para la asesoría vía telefónica.
Otro problema es que algunos seudolíderes de diversos partidos políticos hace algunos años asignaron viviendas abandonadas del Infonavit, a cambio de recursos que les pidieron a las personas que requerían de esas casas, pero el problema actual es que están a punto de perderlas, ya que la dependencia no quiere hacer ninguna negociación para llegar a acuerdos para el pago de éstas.
Hay decretos presidenciales que otorgan beneficios a personas minusválidas, de edad avanzada y con otras características, que al cumplir con dichos requisitos su adeudo queda cancelado y les entregan escrituras; pero el problema es que en la mayoría de las entidades federativas no se dan a conocer estos apoyos directos.
En conclusión, los problemas más comunes que enfrentan los derechohabientes en relación con el pago de sus créditos son los siguientes:
• Manifiestan que hace años pseudolíderes asignaron viviendas abandonadas a cambio de dinero; ahora esas personas enfrentan problemas con la dependencia.
• No se dan a conocer los decretos presidenciales que benefician a personas con determinadas características, para cancelar sus créditos y entregarles las escrituras de sus casas.
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su carácter de órgano autónomo descentralizado del gobierno federal, a fin de que instruya a los despachos jurídicos externos contratados por éste, para que cese el hostigamiento y amenazas hacia los acreditados-trabajadores para el cobro de los créditos otorgados por dicho instituto.
Segundo. Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su carácter de órgano autónomo descentralizado del gobierno federal, a fin concertar una reunión del Consejo Consultivo del Instituto con los despachos jurídicos externos contratados por esté, para que se revise el contenido de los requerimientos que envían a los domicilios y si es necesario modificar la redacción, así como modificar las acciones emprendidas al realizar la cobranza tales como llamadas telefónicas intimidatorias y amenazantes y la colocación de sellos ilegales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.
Diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez,
Jesús Ramírez Rangel (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE COMPETITIVIDAD PARA UN CRECIMIENTO
CON EQUIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
México: una economía con potencial
El nuestro es un país que cuenta con potencial para ser líder en Latinoamérica y en el mundo, no sólo porque somos la undécima economía mundial por nuestro tamaño del PIB, por encima de España, Canadá y Australia sino, también, porque ocupamos el lugar 28 en el mundo en estabilidad macroeconómica y un PIB per cápita de 9 mil 980 dólares, que nos coloca en el grupo de economías en transición, igual que Rusia, Uruguay, Hungría o Chile por mencionar algunos ejemplos.
Existe además un bono demográfico para los siguientes 11 años, donde la tasa de dependencia de la población inactiva respecto a la activa será de 0.6 en 2020 (la menor en toda la historia moderna de México). Esto significa que la PEA se incrementa en promedio 1.7 por ciento anual, lo que equivale a 760 mil personas, que se añadirán en los siguientes 11 años, fuerza de trabajo que en condiciones de crecimiento económico permitiría generar suficiente ahorro interno como para detonar todas las inversiones necesarias para las generaciones posteriores.
Primer obstáculo para el desarrollo: la desigualdad en el ingreso
A pesar de este escenario ejemplar para nuestro país, tenemos una lacerante desigualdad en la distribución del ingreso similar a la de Zambia, Zimbabwe o Nigeria (comparando índices de Gini para 2006, en donde un número cercano a 1 indica mayor desigualdad: México 0.50, Zambia 0.53, Zimbabwe 0.50, Nigeria 0.51).
De 1992 a 2006, el índice de desigualdad en el ingreso de Gini no ha podido superar la barrera del 0.50 en tanto que Pakistán, India y Costa Rica tuvieron mejores distribuciones del ingreso en ese periodo: 0.31, 0.37 y 0.48, respectivamente (FAO, www.fao.org)
Para 2008, 10 por ciento de los hogares de más altos ingresos concentró 40 por ciento de la riqueza nacional en tanto que el 10 por ciento más pobre sólo poseía el 4 por ciento. Si comparamos a nuestro país con los miembros de la OCDE, para 2008, ocupamos el primer lugar en desigualdad del ingreso siendo ésta 1.5 veces mayor que el promedio de estos países. Ocupamos el segundo lugar en pobreza extrema de la niñez con 22.2 por ciento, sólo por debajo de Turquía, con 24 por ciento; y también ocupamos el primer lugar en pobreza de adultos mayores, con más de 30 por ciento.
Como se dijo, para 2008 el PIB per cápita fue de 9 mil 980 dólares (Banco Mundial: World development indicators); sin embargo, el primer decil de ingresos tiene un ingreso promedio anual de sólo mil dólares (OCDE, 2008).
En febrero de 2003, la Cepal publicó un estudio para 18 países de Latinoamérica, en el cual estimó que México requeriría 48 años para lograr reducir a la mitad la pobreza extrema de acuerdo con la Meta del Milenio, considerando tanto la tendencia de crecimiento como de reducción en la desigualdad de la década de 1990. Este dato conmina porque implica que toda una generación habrá perdido la capacidad de conocer el bienestar social arrastrando consigo a generaciones subsecuentes dado que la pobreza es un sistema que se reproduce, si no cambian las condiciones institucionales.
Segundo obstáculo: el estancamiento económico
Perder generaciones completas en el tren del desarrollo, obliga a revisar también el prolongado periodo de estancamiento económico que ha vivido nuestro país en las últimas dos décadas, el cual ha sido en promedio 1.2 por ciento anual en términos reales, mientras que China creció 7.7 por ciento, la región Asia-Pacífico 6 por ciento y Chile 4.5 por ciento (datos del Banco Mundial).
A partir de la década de 1990, cuando el mundo se globalizó y los mercados se integraron, los países que han aumentado su crecimiento económico han invertido en las causas y fuentes de la competitividad y, por otro lado, los países que han mejorado la distribución del ingreso en sus economías han invertido tiempo, recursos y voluntad política en generar un ambiente de competencia económica. Desafortunadamente, México ha dejado de lado ambos temas; por tanto, no hemos crecido ni mejorado en la distribución del ingreso.
Tercer obstáculo: pérdida de competitividad
En el tema de competitividad, de acuerdo con el último Informe de competitividad mundial 2009-2010, del Foro Económico Mundial en Suiza, México se mantuvo en el lugar 60 de 133 países, respecto al año 2008, no obstante hemos caído 10 posiciones desde 2001.
• Brasil se perfila como una potencia de Latinoamérica al haber escalado 8 posiciones en la competitividad global respecto a 2008. Ha reducido la distancia que los separa de China e India y acaba de superar a Rusia. Ocupa de las primeras posiciones en la consolidación de un mercado interno (9), el mercado financiero mejor desarrollado de la región (51), un sector empresarial sofisticado, diversificado y con potencial de innovación (32). Dicho sea de paso, Brasil acaba de obtener la sede de los Juegos Olímpicos para 2016, señal de su posicionamiento global.
Crecimiento con equidad
Por tanto, mejorar los ingresos en la población y su distribución equitativa no será factible si sólo nos enfocamos en políticas compensatorias directas al ingreso, sino que también se deben tomar acciones concretas para lograr
1. Mayor eficiencia, transparencia y credibilidad del marco institucional: que principalmente se refiere a la necesidad de generar un ambiente de competencia económica interna en el que la regulación sea lo suficientemente clara para incentivar la competencia de los sectores productivos y por otro lado, que los agentes reguladores tengan capacidad para aplicar las leyes cuando se violen estos incentivos de manera arbitraria. En México, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha estimado que el costo de la carga regulatoria es de 15 por ciento del PIB, las licencias y permisos para establecer negocios en México cuestan 159 por ciento del ingreso per capita mientras que en Estados Unidos el costo equivale a 17 por ciento (utilizando para esto el poder de paridad de compra). Para este año ocupamos el lugar 98 mundial en este rubro, por debajo de Brasil, Chile, Uruguay y Puerto Rico según datos del Foro Económico Mundial para 2009.
2. Mejor calidad de la educación básica, servicios de salud y capacitación para el trabajo: México tiene buena cobertura de estos servicios, pero la calidad de los estudiantes no les permite competir cuando se insertan al mercado laboral. Los mexicanos son menos productivos por sus limitaciones para resolver problemas, analizar datos, establecer argumentaciones, todos ellos síntomas de una educación que no promueve el análisis, el método y la investigación. Los datos son evidentes cada año en la prueba de conocimientos (PISA) que aplica la OCDE. La pérdida de competitividad en este sentido castiga los salarios reales de nuestros trabajadores.
3. El combate de monopolios públicos y privados: ocupamos mundialmente la posición 55, nuevamente debajo de Brasil, Chile o Puerto Rico y muy cerca de nosotros está Colombia o Barbados. Esto se debe principalmente a la prevalencia de monopolios públicos y privados que mantienen a los consumidores locales pagando elevados precios contra servicios de muy mala calidad. Estas son empresas que frenan la competitividad del país ya que al insertarse en un nicho, cualquier intento de un rival por mejorar la tecnología, reducir costos o ganar en calidad es inmediatamente anulado porque atenta contra sus rentas económicas. En este tema, los monopolios mexicanos prevalecen en sectores de mayor valor agregado como son energía, telecomunicaciones, radiodifusión, transportes por señalar algunos. Somos el país con el precio más alto en telefonía fija, lada e Internet de banda ancha de todos los países de la OCDE. Otro ejemplo es Brasil, país que privatizó la industria de telecomunicaciones 8 años después de México pero con un esquema más competitivo que ha reducido 130 por ciento sus costos a la fecha, en tanto que México sólo lo hizo en 82 por ciento (Banco Mundial).
En el momento de franca recesión económica, se corre el riesgo de desplazar la competitividad para un crecimiento con equidad en aras de superar la emergencia económica. Pero se ha dicho también que de mantener el curso actual de la economía costaría casi medio siglo para reducir tan sólo en 50 por ciento la pobreza extrema, situación que compromete el desarrollo de una generación completa y posiblemente de las que le siguen.
Por tanto, para lograr una rápida recuperación de la economía en forma sostenida, como para tener una mejor distribución del ingreso y nivel de vida, es necesario fomentar la competitividad de los sectores productivos y el capital humano, así como generar un ambiente regulatorio e institucional promotor de la competencia económica y la igualdad de oportunidades, ya que sólo así el mercado funcionará eficientemente en beneficio de todos los agentes y no de grupos, y sólo así México podrá repuntar en su liderazgo mundial en el mediano plazo beneficiándose con esto de las ventajas y ganancias de participar en un mercado global.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 44, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura acuerda crear la Comisión Especial de competitividad para un crecimiento con equidad y cuente para su desempeño con los recursos financieros, materiales, humanos necesarios y se solicita que el periodo de las funciones de esta comisión especial comprenda desde la aprobación hasta el término de la LXI Legislatura.
Segundo. La comisión estará encargada de dar solución a la agenda en materia de reformas institucionales, regulatorias y de política pública que promuevan e incidan en la competitividad y en la competencia económica de todos los sectores productivos y empresariales para lograr un crecimiento en el que además se otorguen las condiciones para que conforme a las actividades económicas se desarrollen se genere mejor distribución del ingreso.
Tercero. Se impulsará el acuerdo federal para que los estados y los municipios se integren a la dinámica en esta materia y facilitar que se adopten las medidas, a fin de que el avance sea homogéneo en el país e ir cerrando las disparidades interestatales.
Cuarto. En el marco de los trabajos de esta comisión, se realizarán los seminarios, foros y encuentros de debate necesarios para hacer del consenso público a través de la consultoría, academia, investigación y organizaciones de la sociedad civil, para que se consideren los diagnósticos ya elaborados y avanzar rápidamente en las iniciativas. Asimismo, se deberá rendir de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Quinto. La comisión estará formada por 20 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.
Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR MEDIANTE LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS
DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE LAS GARITAS INTERNACIONALES
UN INFORME ACERCA DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR,
ASÍ COMO DE LA DETECCIÓN DE ARMAS Y DEL CONTRABANDO DE MERCANCÍAS
EN BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes
Considerandos
1. Que los puertos fronterizos del país son de suma importancia, principalmente aquellos que colindan con Estados Unidos de América, tan sólo en lo que respecta a Baja California se cuentan seis puertos fronterizos: Tijuana-San Ysidro, Tijuana-Otay Mesa, Tecate, Mexicali-Calexico, Mexicali II y Algodones-Andrade, aumentando los cruces que se encuentran en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Sonora, etcétera, que abarcan la zona sur de Estados Unidos y que representan un ingreso importante para la economía de ambos países.
2. Que el Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave) analiza el tipo de vehículo, el número de matrícula y peso "supuestamente" en siete segundos; este sistema brinda mayor seguridad en los cruces fronterizos registrando cada uno de los vehículos que atraviesan por las diversas garitas en el país, dificultando el tráfico de armas y sustancias prohibidas; sin embargo, el tiempo para el que estaba diseñada la revisión es ampliamente excedido haciendo que el tránsito sea demasiado lento dejando pérdidas económicas sumamente valiosas.
3. Que si bien es necesario un programa que contenga mecanismos de revisión y reducción del ingreso de mercancías y armas al territorio nacional, es cierto también que la inoperancia del programa Siave se ha visto desfavorecida con las pérdidas económicas que las demoras están ocasionando.
Quienes pertenecemos a los sectores empresariales, tanto mexicanos como estadounidenses, estamos de acuerdo con la medida del gobierno federal que busca evitar el cruce de armas y dinero producto del narcotráfico, además del contrabando de mercancías; sin embargo, estamos ciertos en que se debe de aplicar este sistema cuando se tenga la capacidad de atender el aforo vehicular sin ocasionar retrasos.
En los últimos cuatro años las garitas de Tijuana han dejado de ser las más visitadas del mundo, se ha previsto que han decaído hasta en 22.4 por ciento, incluso actualmente se han perdido más de 70 mil empleos y el agravante de las demoras, en el cruce fronterizo, arroja como resultado la pérdida de alrededor de 4.5 millones de horas laborales tan sólo en la región de los estados de California y Baja California, a esto habría que sumarle las pérdidas de empleo, horas laborales traducidas obviamente en económicas.
5. A esta disminución de la afluencia a las garitas internacionales, no sólo de Baja California sino también de los demás estados fronterizos, se le debe sumar que el Sistema de Supervisión y Control Vehicular ha sido un factor clave que inhibe los cruces y que lleva consigo pérdidas de miles de millones de pesos.
Por otra parte, desde la implementación de este programa de supervisión, no sólo la economía se ve afectada, sino también las personas que diariamente deben cruzar por las garitas internacionales por cuestiones laborales, escolares o personales, tan sólo en la ciudad de Tijuana se calculan varias decenas de miles de personas que pierden de una a cuatro horas cada día tan sólo en los cruces fronterizos.
Sobra decir que la afluencia turística se inhibe retrayendo la economía que provenía de ese sector, obviamente con sistemas de revisiones extremas y tardadas, colocados sobre las garitas.
Quienes hemos padecido los estragos de espera en los cruces fronterizos alzamos la voz y proponemos desde esta representación la aplicación de nuevos y eficientes programas de colaboración binacional, como el ocurrido entre los años 2000 y 2001 implementado desde el municipio de Tijuana, un sistema de cruce fronterizo inteligente denominado "Sentri", utilizado en varias garitas de diferentes ciudades a lo largo de la franja fronteriza de nuestro país.
Estamos de acuerdo en la gran lucha que nuestro presidente Felipe Calderón ha implementado desde el gobierno federal, reconocemos que lo resultados de esa lucha frontal en contra del crimen organizado han alcanzado niveles históricos, sabemos que esa lucha conlleva costos económicos y sociales altos, sin embargo, nuestra función desde esta Cámara de Diputados es coadyuvar al Ejecutivo a través de la representación social que tenemos, traer los problemas que nos perjudican como nación y que tienen una importancia dentro de nuestra agenda legislativa.
Es necesario agilizar los proyectos que se tienen a corto, mediano y largo plazo entre los gobiernos de ambos países, debemos demostrar con acciones concretas desde los Poderes de la Unión la voluntad que tenemos para elevar las prioridades de las necesidades de regiones como Baja California.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las dependencias encargadas de la administración y la coordinación de las garitas internacionales, para que entregue a esta soberanía un informe detallado sobre los beneficios y logros alcanzados por del Sistema de Supervisión y Control Vehicular (Siave); así como en la detección de armas y contrabando de mercancías en la franja fronteriza comprendida en el estado de Baja California.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 8 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SRE QUE INICIE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN
DE MÉXICO A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL RECLUTAMIENTO,
LA UTILIZACIÓN, LA FINANCIACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO DE MERCENARIOS,
A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, Claudia Edith Anaya Mota, Samuel Herrera Chávez, Heladio Verver y Vargas Ramírez, Ramón Jiménez Fuentes y Gerardo Leyva Hernández, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie los procedimientos protocolarios para la adhesión de México a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, conforme a las siguientes
Consideraciones
El 4 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Lo anterior, en reconocimiento a la desestabilización y vejaciones que las actividades de estos grupos han creado en países como África, Asia y América Latina. Pese a existir los Convenios de Ginebra, instrumentos en los que se aborda de manera integral el derecho humanitario en los conflictos armados, no se había reconocido la ilegalidad de las actividades de los mercenarios, conforme al derecho internacional, por lo cual los países no contaban con una disposición expresa que les prohibiera el reclutamiento, utilización, financiación o entrenamiento de mercenarios, lo que resulta inconcebible dentro de un concierto que unifique a los Estados democráticos de derecho que buscan la salvaguarda de la integridad y dignidad de mujeres y hombres.
La convención referida busca obligar a los Estados parte a no recurrir a las prácticas mercenarias, al tiempo que establece la prohibición expresa de tales actividades, para lo cual, la convención establece la obligatoriedad de extraditar o procesar a los mercenarios que se encuentren en su territorio, independientemente de que el delito se hay cometido ahí o en otra parte.
México, en el proceso de su consolidación como un país democrático, ha establecido un vínculo indisoluble con el Estado de derecho y los derechos humanos, al grado de tener como condicionante misma de su existencia, el deber de adoptar mecanismos que combatan la corrupción y la violación de las garantías fundamentales; de lo contrario, no se puede calificar como un Estado democrático de derecho, ya que la corrupción atenta contra los derechos y libertades, o bien de los involucrados en estos actos, o de terceros, situación que no puede ser justificada, por atentar contra la esencia de las democracias, que es el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos.
Es decir, en un verdadero Estado democrático de derecho, debe prevalecer el respeto a las leyes; las cuales deben reconocer y garantizar las libertades públicas y los derechos fundamentales de los ciudadanos, donde el acceso de estos a los servicios se dé en igualdad de condiciones, mientras que en las dictaduras o Estados totalitarios, donde los intereses de los ciudadanos no son tomados en cuenta, es válido caracterizarla de corrupta.
La Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios consagra los principios internacionales referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados para prevenir, enjuiciar y castigar las conductas delictivas que vulneran los derechos humanos de las personas. En adición, dicha convención evidencia la preocupación de la comunidad internacional por el desarrollo de actividades ilícitas que efectúan los mercenarios, en detrimento del orden constitucional de los Estados.
Es por lo anterior que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que toda actividad que pretenda la renuncia de un Estado soberano respecto de las obligaciones que tiene con sus ciudadanos para garantizar su seguridad, propiciando la creación y funcionamiento de empresas de seguridad privada y compañías militares privadas, debe ser contemplada como una posible agresión a los derechos humanos y la abdicación del Estado, dejando en la indefensión total a aquellos ciudadanos que no pueden pagar por su seguridad. En este sentido, en el mes de noviembre pasado, el grupo de trabajo conformado por la ONU para el estudio de este fenómeno solicitó a México un informe respecto de la operación de compañías militares privadas en su territorio y, especialmente, respecto del entrenamiento que estas compañías pudieran estar brindando a las policías municipales, específicamente en el estado de Guanajuato, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó, a su vez, información al respecto.
En este contexto, debemos señalar que resulta urgente que México se adhiera a esta convención, tal como lo ofreció la señora Patricia Espinoza Cantellano el 29 de septiembre pasado, durante su comparecencia, ya que existen en nuestro país más de mil quinientas compañías de seguridad privada y no tenemos una certeza de cuántas de ellas brindan servicios paramilitares.
En este sentido, consideramos imperante la necesidad de que México se adicione a dicho instrumento internacional, a efecto de contribuir a la erradicación de actividades que tengan como consecuencia la violación de los derechos humanos de las personas, principalmente de su derecho a la vida. Pues, si bien es cierto, tradicionalmente se ha considerado que los derechos fundamentales sólo podían oponerse a los poderes públicos; las circunstancias históricas nos revelan que los Estados tienen la obligación de garantizarlos entre los particulares, por lo cual es necesario asumir que las conductas de los mercenarios violentan los derechos fundamentales de las personas, por lo que deben ser reguladas por el derecho, como es el caso de la presente convención.
Dada la ola violencia presente en el país, considero pertinente que México manifieste expresamente su adhesión a este instrumento; pues, sin duda, las disposiciones ahí contenidas contribuirán a regular y sancionar las conductas que desgraciadamente se han incrementado por las actividades de las organizaciones delictivas.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que inicie los procedimientos protocolarios para la adhesión del Estado mexicano a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios y remita a esta soberanía la respuesta a la solicitud de información requerida por el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, realizada al Estado mexicano en el mes de noviembre pasado.
Palacio Legislativo, a 8 de octubre de 2009.
Diputados: Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica),
Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ramón Jiménez
Fuentes (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica),
Heladio Verver y Vargas Ramírez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES A EXPEDIR UNA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR
LA TRATA DE PERSONAS, Y A ARMONIZAR SU MARCO JURÍDICO EN LA MATERIA,
A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA ESTHER PÉREZ CEBALLOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La que suscribe, Silvia Esther Pérez Ceballos, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La trata de personas es uno de los delitos más crueles que existen en la actualidad, desgraciadamente también es uno de los más redituables a nivel mundial sólo superado por el tráfico de drogas y armas.
Datos tomados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC), y su Informe Mundial sobre la Trata de Personas, documentan la presencia de este fenómeno criminal en 155 países del globo.
La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que el número mínimo de personas víctimas de explotación laboral y explotación sexual como consecuencia de la trata de personas es de 2.5 millones.
México está catalogado, de acuerdo con UNODC y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, como un país de origen, tránsito, y destino para la trata de personas, con los propósitos de explotación sexual y del trabajo forzado.
Sin duda, esta modalidad de esclavitud, donde las víctimas son principalmente mujeres, niñas y niños indefensos y vulnerables, obliga a actuar permanentemente con todas las herramientas del Estado para combatirla, sin pretextos ni cortapisas y sin ningún tipo de permisividad.
Quienes hoy tenemos la fortuna y a la vez la enorme responsabilidad de ser los representantes de la ciudadanía no debemos ser indiferentes, ni podemos estar conformes con lo que se ha avanzado en esta materia, pues esta deleznable conducta, propia de los tiempos de la barbarie es, por desgracia, una terrible realidad en nuestros días.
Nuestro país ha participado en diversas convenciones internacionales sobre la problemática de la trata de personas, donde se han suscrito instrumentos internacionales para proteger a las víctimas de este delito, además establecer las bases para la colaboración y vigilancia internacional de tan lesiva actividad delictiva.
Por ello México se ha comprometido en los siguientes instrumentos internacionales:
Protocolo que enmienda la Convención para la Supresión del Tráfico de Mujeres y Niños, concluida en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y la Convención para la Supresión del Trafico de Mujeres Mayores de Edad, concluida en Ginebra el 11 de octubre de 1933, con vigencia en nuestro país desde 12 de noviembre de 1947.
Acuerdo Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas, firmado en París el 18 de Mayo de 1904, enmendado por el Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York, el 4 de mayo de 1949; desde el 21 de agosto de 1956 es vigente en México.
Convenio Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas, firmado en París el 4 de mayo de 1910, enmendado por el Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York, el 4 de mayo de 1949; entrando en vigor en nuestro país el 21 de agosto de 1956.
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena y Protocolo Final; el 21 de mayo de 1956 entró en vigor en México.
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, entrando en vigor en México en fecha 25 de diciembre de 2003.
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional; ratificado por México el 4 de marzo de 2003 y entró en vigor en todo el territorio nacional el 28 de enero de 2004.
Sin embargo, no podemos decir que la tarea está completa, pues en cuanto a la legislación se refiere, aún falta un largo camino por transitar, especialmente en la legislación local.
El recién publicado Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, (realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, AC, CEIDAS) da cuenta que actualmente solo dos entidades federativas, el Distrito Federal y Chiapas, cuentan con una ley en tema de trata de personas.
Por otra parte, existen 11 entidades federativas que aún no tipifican en sus Códigos Penales este delito de conformidad con el Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Estas son: Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
En las entidades donde sí está tipificada la trata de personas, existe una gran diferencia entre lo que consideran "actividad", "medios comisivos" y los "fines". Asimismo existe una gran divergencia en las penalidades que considera cada Entidad para el delito de trata. De las 21 entidades federativas que tipifican el delito, 13 no incluyen los medios comisivos (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala).
El estudio también asegura que veinte entidades federativas han realizado reformas a sus códigos penales; pero no obstante, únicamente consideran el aspecto punitivo y excluyen las medidas de prevención, de protección y de asistencia a las víctimas.
Por estas razones y en concordancia con las conclusiones a las que llegan CNDH y CEIDAS en el citado Diagnóstico, resulta un imperativo llevar a cabo una homologación integral de los tipos penales en todas las legislaciones del país, a fin de evitar confusiones respecto a su alcance, punibilidad, medidas preventivas y medios comisivos del delito.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los Congresos locales a efecto de que expidan una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas o que armonicen su marco jurídico penal de acuerdo a Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.
Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD Y DEL TITULAR DE LA
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS,
A FIN DE QUE INFORMEN SOBRE LA SITUACIÓN PREVALECIENTE RESPECTO
AL REBROTE DEL VIRUS DE INFLUENZA A (H1N1), A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR
HUGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Héctor Hugo Hernández Rodríguez, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La salud pública es uno de los elementos esenciales para alcanzar el desarrollo social que hoy demanda el país. Lamentablemente, el Estado mexicano se ha visto rebasado por diversas circunstancias para poder establecer condiciones que garanticen a la población el ejercicio y disfrute pleno de este derecho fundamental.
Con gran consternación, en abril del presente año, los mexicanos padecimos una situación de emergencia sanitaria como consecuencia de la aparición de un nuevo virus, en un principio denominado "de influenza porcina", ahora virus de influenza A (H1N1).
De acuerdo con información reciente de la Secretaría de Salud, el virus ha causado la muerte de 193 mexicanos y se tienen 21 mil 857 casos confirmados de contagiados.
El último reporte sobre la situación de la epidemia, del pasado 31 de agosto, señala que en una semana, 14 personas más fallecieron y a 997 se confirmó la presencia del virus. Asimismo, detalla que de los 193 fallecidos, 49.7 por ciento correspondía al sexo femenino y 50.3 al masculino; 72 por ciento tenía entre 20 y 54 años de edad.
Las entidades que registran más casos hasta el momento son Chiapas, Yucatán, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Nuevo León.
En cuanto a la distribución de los casos confirmados, Chiapas registra 3 mil 438; Yucatán, 2 mil 952; Distrito Federal, 2 mil 481; Jalisco, mil 424; Veracruz, mil 165; Tamaulipas, mil 43; Tabasco, 991; y Nuevo León, 783.
No obstante la publicación de estas cifras, en un nuevo reporte la Secretaría de Salud señaló que a la fecha se tienen 22 mil 663 casos confirmados de personas que se contagiaron y 207 muertos.
En las dos últimas semanas se registró un incremento de 2 mil 651 casos confirmados en laboratorio y 29 decesos más, para dar un total de 22 mil 363 casos y 199 muertos, según reportes de la Secretaría de Salud.
En consecuencia, el registro más drástico se da entre el 31 de de agosto y el 3 de septiembre, cuando en 3 días hubo un alza de 506 casos y seis decesos más en el país, previamente al inicio de la época otoño-invierno, con un promedio de 168 casos al día.
Es evidente que las cifras anteriores nos deben alertar, ya que los casos se están multiplicando de forma que no había sido pronosticada y que habla de un rebrote anticipado; además, contrastan con las que dicha dependencia dio a conocer el 28 de agosto del presente año y que advertían supuestamente un comportamiento de la influenza en una fase estable, al registrarse entre 80 y 100 casos diarios.
La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que en México, del 3 de agosto al 3 de septiembre, los casos de influenza A (H1N1) aumentaron en 4 mil 947 cuando pasaron de 17 mil 416 a 22 mil 363 y el número de decesos aumentó en 53, al pasar de 146 a 199.
La Secretaría de Salud ha reconocido la existencia de errores en el manejo de pacientes durante la primera oleada de la epidemia. Esa situación se debe evitar, y que se repitan circunstancias que se registraron al principio de esta epidemia, y que agudizaron la situación, como el hecho de que pacientes que ingresaron en unidades médicas fueron contagiados por el A (H1N1), al ser incorporados con enfermos de este virus, poniendo en riesgo aún mayor su estado de salud.
En este contexto, la dependencia anunció un plan nacional complementario para enfrentar un rebrote del virus, frente a los pronósticos de que en invierno podría contagiarse por lo menos 1 millón de personas. Por ello, las medidas anunciadas consistieron en capacitar a los más de 200 mil médicos que hay en el país para que detecten y diagnostiquen oportunamente a los pacientes que presenten los síntomas del virus.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha informado que ante el inminente rebrote de la influenza A (H1N1), los gobiernos de México, de Estados Unidos y de Canadá acordaron fortalecer la vigilancia sanitaria en puntos fronterizos, y que las autoridades de salud desde un inicio se comprometieron a transparentar toda la información relacionada con el virus.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifiesta que frente al inminente rebrote del virus de la influenza A (H1N1), es propicio que esta soberanía haga comparecer con la mayor brevedad ante este pleno a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Cofepris, a fin de que la sociedad mexicana conozca con certeza las medidas que se han diseñado para preparar al sistema nacional de salud frente al rebrote de este virus, que ha puesto y que sigue poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los mexicanos.
La Cámara de Diputados no debe permanecer indiferente; por el contrario, debe asumir su papel republicano para mantenerse vigilante de las acciones de gobierno e implantar las que desde el ámbito parlamentario aseguren su cumplimiento, más aún cuando se trata de salvaguardar derechos fundamentales como el de la salud.
Para tal efecto, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados implantará con la mayor brevedad el formato conforme al que se desarrollará y desahogará dicha comparecencia.
Por lo expuesto, solicito respetuosamente que se someta a consideración del pleno de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Con absoluto respeto del principio de división y colaboración de los poderes, la Cámara de Diputados acuerda la comparecencia ante el pleno del ciudadano José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, con objeto de que informe detalladamente sobre las acciones que en el ámbito de su competencia ha emprendido en coordinación con los sistemas de salud de las entidades federativas para enfrentar el rebrote del virus de influenza A (H1N1), en el marco del plan nacional de respuesta complementaria.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a implantar en el ámbito de sus atribuciones las medidas necesarias que eviten y sancionen el abuso en el incremento de los precios de los productos desinfectantes o antibacteriales que demanda la prevención y control de este virus, como el alcohol en gel, tapabocas, pañuelos y guantes de látex.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.
Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SAGARPA, A LOS TITULARES DE LOS EJECUTIVOS LOCALES Y A
LOS CONSEJOS ESTATALES DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A RESPETAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
DESTINADOS AL DESARROLLO RURAL, A CARGO DEL DIPUTADO JUSTINO EUGENIO ARRIAGA
ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos locales respetar lo establecido en los artículos 9, 23, 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, referentes a la participación ciudadana en la distribución de recursos de la federación al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Acción Nacional inicia su actuar político como un partido eminentemente federalista y municipalista, además de ser un gran impulsor de la participación ciudadana. En Acción Nacional entendemos la necesidad de un sistema federal que armonice la autonomía de cada poder político con la unidad nacional y que sea capaz de generar condiciones de convivencia estable y funcional en el marco de la pluralidad. En nuestros principios de doctrina, el gobierno municipal se concibe como autónomo, responsable, permanentemente sujeto a la voluntad de los gobernados y a su vigilancia, y celosamente apartado de toda función o actividad que no sea la del municipio mismo.
Sólo en estas condiciones puede cumplir la administración del municipio sus fines propios y realizar con plenitud su sentido histórico. Sólo así pueden evitarse el vergonzoso desamparo y la ruina de nuestras poblaciones, el abandono de nuestra vida local en manos de caciques irresponsables, la falta completa o la prestación inadecuada y miserable de los servicios públicos más urgentes y, sobre todo, la degradación de la vida política nacional.
Para Acción Nacional, la actividad agroalimentaria en su conjunto es de vital importancia, pero más importante es aún la sociedad rural que depende directamente de ésta.
En el Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos de la importancia de este sector para el desarrollo del país; en este sentido, preocupados y ocupados por generar más acciones que detonen el desarrollo rural, asumimos con responsabilidad y seriedad nuestro papel como legisladores y apostamos por un sector rural organizado, competitivo pero, sobre todo, que fomente y fortalezca la participación ciudadana.
La ley de desarrollo rural sustentable expone que, con apego a los principios de federalización, se integrarán los consejos estatales y municipales, homologados al consejo mexicano en los municipios y en las entidades federativas. Éstos deben constituir una herramienta para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas.
El primer párrafo del artículo 25 de la citada ley es leído, acatado y respetado al pie de la letra por los titulares de los Ejecutivos locales de manera clara y contundente. Desafortunadamente en el mismo numeral, en los párrafos cuarto y quinto se estatuye que "la integración de los consejos estatales deberá ser representativa de la composición económica y social de la entidad; y que la organización y funcionamiento de los consejos estatales y municipales se regirán por los estatutos que al respecto se acuerden entre el gobierno federal y los de las entidades federativas"; esto definitivamente no se cumple: es simple y sencillamente letra muerta en todos los estados y municipios de nuestro país.
La omisión caprichosa de la ley y la distribución selectiva y antojadiza de los programas y recursos representan un retroceso para la sociedad rural; cumplir la normatividad, regular y acatar las responsabilidades que la ley indica, más que una obligación es un deber.
Por lo expuesto, y con base en los artículos 9, 23, 24 y 25 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, referentes a la participación ciudadana en la distribución de recursos de la federación, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los titulares de los Ejecutivos locales a efecto de que, con apego en el Capítulo III de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, específicamente en el artículo 24, se integren los consejos correspondientes de acuerdo a lo ordenado en la citada ley.
Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a los titulares de los Ejecutivos locales a cumplir con el convenio de federalización de recursos concurrentes con los estados para que cumplan y se sometan a los lineamientos que señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en los siguientes términos:
2. Que sean agentes de la sociedad rural en la definición de las prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos en los tres niveles de gobierno.
3. Que fortalezcan el ejercicio transparente de los recursos destinados a los programas concurrentes.
4. Que garanticen la atención efectiva a las necesidades y prioridades de este sector de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
Diputados: Justino Eugenio
Arriaga Rojas (rúbrica), José Antonio Arámbula López,
Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Mirna Lucrecia
Camacho Pedrero, Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Juan
Huerta Montero, Nallely del Carmen Márquez Zapata, Alba Leonila
Méndez Herrera (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Francisco
Javier Orduño Valdez, Juan de Jesús Pascualli Gómez,
Silvia Esther Pérez Ceballos, Ricardo Sánchez Gálvez,
Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), Sergio Tolento Hernández,
Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara,
Dora Évelyn Trigueras Durón (rúbrica), Gumercindo
Castellanos Flores (rúbrica), Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica),
Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Ramón
Merino Loo (rúbrica), Carlos Meillón Johnston (rúbrica),
Arturo Ramírez Bucio (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE MINERÍA Y PARA EL DESARROLLO
DE LAS REGIONES CON INDUSTRIA MINERA EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO
GERARDO LEYVA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Gerardo Leyva Hernández, miembro de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Cada año se extraen de las entrañas de la tierra del país más de cincuenta toneladas de oro, más de 300 mil toneladas de cobre, 400 mil toneladas de zinc y miles de toneladas de otros materiales mineros. Esto se traduce un producto interno bruto minero no petrolero superior a los 82 mil millones de pesos cada año.
Somos el segundo productor mundial de plata, uno de los principales productores de cobre y, en general, una potencia en materia minera a nivel internacional. Sin embargo, no tenemos una Comisión de Minería en la Cámara de Diputados.
La industria minera es compleja por las constantes y fuertes variaciones en los precios internacionales de los minerales. De tal manera que una misma empresa puede presentar algunos años altísimos márgenes de ganancia y otros tener números rojos que ponen en riesgo la continuidad de sus operaciones. Por lo tanto, los regímenes fiscales deben ser diseñados con sumo cuidado y responsabilidad.
Además la industria minera tiene una relación compleja con el entorno en el que se instala. Por un lado crea empleos e inversiones multimillonarias capaces de detonar la economía de una región, pero al mismo tiempo los habitantes de muchas comunidades mineras sienten que los beneficios no llegan a ellos.
La producción minera del país se concentra en unos cuantos estados: Sonora destaca en cobre, Zacatecas en plata, Chihuahua, Durango y Sonora en oro, Michoacán en fierro. Indudable importancia tiene la minería en estados como Coahuila, Colima, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí, entre otros.
En esta Legislatura varios compañeros nuestros han presentado interesantes iniciativas relacionadas con la actividad minera. El diputado Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde, ha abordado el importantísimo tema del impacto ambiental de la industria minera y el senador Francisco Arroyo Vieyra, del PRI, ha puesto sobre la mesa el tema de los derechos que debe pagar la industria minera.
A estos temas hay que sumar la preocupación sobre los conflictos laborales que enfrenta la industria minera del país. A partir de la tragedia de Pasta de Conchos se ha desatado una verdadera guerra entre el sindicato, el gobierno federal y algunas empresas estratégicas del sector.
La Cámara de Diputados debe asumir el reto que representa la industria minera mexicana. Son una enorme diversidad de temas que involucran a los empresarios del sector, a los trabajadores, al gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, pero por encima de todo, a las comunidades y regiones con industria minera.
La creación de una comisión especial para la minería y el desarrollo de las regiones con industria minera, permitiría a esta Cámara contar con un trabajo sistemático e institucional para abordar todos los problemas y realizar los cambios que son urgentes en el plano legislativo y político.
Es un deber del Poder Legislativo trabajar para que todas las regiones con industria minera se beneficien de la riqueza que se extrae de su suelo y no solamente que sufran las consecuencias laborales, ambientales y políticas que trae aparejadas.
El tema principal de la comisión sería la actividad minera pero con un enfoque al mismo tiempo nacional y local. Abordará tanto la temática fiscal como la laboral y la social. El objetivo es que al finalizar esta legislatura tengamos como resultado una relación más armónica entre la actividad minera y su entorno.
Se trata de una industria fundamental para el país, indispensable para muchos estados de la república y que debería ser importante, también, en esta Cámara.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para la minería y el desarrollo de las regiones con industria minera, de acuerdo con lo establecido con los artículos 39, 42 y 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Su objeto será el que se deriva de su denominación.
Tercero. La Junta de Coordinación Política establecerá el número de integrantes de la comisión y su proporcionalidad será de acuerdo con la integración de la Cámara.
Cuarto. La comisión durará hasta el final de la Legislatura, deberá presentar los informes a los que la obliga la normatividad interna de la Cámara y contará con los recursos y personal necesarios para su operación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009
Diputado Gerardo Leyva Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CONDENAN ACTOS DE ANTISEMITISMO, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO LEYVA
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Gerardo Leyva Hernández, integrante de la LXI Legislatura y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 12 de septiembre un grupo de vándalos, presuntamente neonazis, profanaron 58 tumbas del cementerio judío de la Tablada en Buenos Aires, Argentina, precisamente a cinco días del inicio del año nuevo judío.
La comunidad judía argentina y del mundo ha expresado su repudio a estos actos que atentan contra las leyes, pero también contra un lugar especialmente sagrado para los judíos del mundo.
En México es creciente la actividad de grupos de ideología neonazi que distribuyen información antisemita y de odio y división política desde una perspectiva ultraderechista que es contraria a lo que establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en su artículo 4 dice:
Sin embargo, se distribuyen de manera pública y abierta múltiples publicaciones en diversos negocios en la vía pública libros y revistas de abierto contenido antisemita y xenófobo, que incluyen títulos como:
El judaísmo desenmascarado a través del Zohar, de Federico Rivanera Carles, o El Judaísmo según la Biblia, de Julio Chaij.
Además cuentan con páginas de Internet en las que hacen apología de la discriminación, en abierta contradicción con lo que establecen las leyes.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su total repudio al ataque contra el cementerio judío La Tablada, en Argentina.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades competentes a aplicar de manera enérgica lo que establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en lo referente a actividades antisemitas en nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2009.
Diputado Gerardo Leyva Hernández (rúbrica)
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante usted la excitativa siguiente:
Antecedentes
1. El 2 de octubre de 2008, el diputado José Rosas Aispuro Torres presentó ante esta soberanía iniciativa de reforma a los artículos 32, 79, 80 y 81 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que se otorgara un tratamiento fiscal especial a las empresas de ejidos y comunidades que se dedican a la silvicultura.
2. En la exposición de motivos de esa iniciativa se expresaron, entre otras cuestiones, las siguientes:
B) Que las empresas de los ejidos y comunidades que se dedican responsablemente a la silvicultura contribuyen a elevar la calidad de vida de las comunidades y al crecimiento del empleo y de las oportunidades de desarrollo humano y regional del país.
C) Que actualmente operan en México más de mil empresas sociales encargadas del manejo y aprovechamiento de los bosques para la producción comercial de madera y otros productos no maderables.
D) Que la llamada silvicultura comunitaria, ha permitido a las comunidades apropiarse de los procesos de extracción, transformación y comercialización de los productos forestales procedentes de sus territorios y que los remanentes económicos que las empresas dedicadas a ella obtienen se apliquen a la realización de obras de beneficio social, como la introducción de energía eléctrica, redes de agua potable, drenaje, construcción y mantenimiento de caminos, construcción de edificios públicos, apoyos para el desarrollo de proyectos productivos, que contribuyen a paliar la marginación que sus comunidades padecen.
E) Que en la legislación fiscal, en 1990, específicamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, dejó de considerarse a las empresas forestales sociales como personas morales con fines no lucrativos, por lo que algunos de los contribuyentes exentos de todo impuesto directo o indirecto, como este tipo de empresas, las comunidades y ejidos y otros modelos agrarios de organización, no fueron considerados como personas morales no contribuyentes, dándoseles, desde entonces el mismo tratamiento que a las empresas del sector privado, las cuales sí persiguen un fin de lucro.
F) Que en 2002 entró en vigor la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, desconociendo el fin social de las empresas comunitarias, ubicándolas dentro del régimen simplificado y limitándolas únicamente a actividades primarias.
G) Que ello contradice los programas federales que buscan impulsar el desarrollo de los procesos productivos de las empresas comunales y ejidales y la propia ley general de desarrollo forestal sustentable.
H) Que ante la falta de claridad en el tratamiento fiscal que debe darse a las empresas constituidas en las comunidades y ejidos, así como ante la importancia que estas empresas tienen para las comunidades desde el punto de vista de ser generadoras de empleo en el campo, coadyuvantes en la conservación de los recursos naturales y suplir las funciones del estado, mediante la inversión de sus utilidades en la realización de obras de beneficio y desarrollo social, que son el mismo fin que tienen los impuestos, es necesario plantear se les reconozca expresamente en la ley su carácter de ser personas morales con fines no lucrativos, como acertadamente se les consideraba antes de 1990.
En razón de lo expuesto, y con fundamento además en el artículo 45 numeral 6, incisos c), e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados:
Único: Excite en lo conducente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para el efecto de que dictamine, conforme a la ley, la iniciativa descrita.
Palacio Legislativo, a 8 de octubre de 2009.
Diputado Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)