El que suscribe la presente, diputado federal Enrique Torres Delgado perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 71 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se establezca la Comisión Especial en materia de Protección Civil.
Consideraciones
No sólo nuestro país, sino el mundo entero, se encuentra en una etapa de rebrote de la influenza denominada como AH1N1. Todos los días, llegan a nuestros ojos y oídos noticias sobre lo letal que es este virus, sino se trata adecuadamente.
A inicios del mes de junio del año en curso, en la etapa álgida del primer brote de la influenza AH1N1, se presentaron cerca de 60001 casos confirmados en la República Mexicana, con un total de 108 defunciones. Lo anterior, obligó no sólo a las autoridades sino a los sectores económico y social, y en general a la población, a participar en forma conjunta, en acciones que impidieran que esta enfermedad, se siguiera propagando y generando daños al normal desarrollo de las actividades, así como principalmente, a la sociedad en particular.
Lo anterior demuestra lo expuesto que estamos todos, ante la presencia de calamidades, que de manera natural o artificial, se transmiten entre la sociedad.
Pero no es la única adversidad que puede azotar a nuestro país, téngase presente que por su ubicación y conformación geográfica, se haya sujeto a eventos naturales con elevados riesgos de convertirse en desastres que afectan a la población, dichos riesgos pueden provenir de:
• Erupciones de volcanes activos como el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, el Volcán de Fuego de Colima y el Tacaná, entre otros.
• Ciclones, huracanes, tormentas y depresiones tropicales originados en los dos oceános, que además de daño directo por vientos y marejadas producen precipitaciones extraordinarias, avenidas torrenciales, desbordamientos, deslaves e inundaciones.
• Sequías frecuentes y recurrentes en la zona árida y el semidesierto que cubren más de la mitad del país, y cíclicas o excepcionales en casi todo el territorio.
• Incendios en la temporada de secas, riesgo que se agrava después de meteoros excepcionales que derriban vegetación.
Pero no únicamente los desastres se pueden originar por la presencia de fenómenos naturales, ya que también los riesgos asociados a fenómenos producidos por la acción del hombre, pueden repercutir de manera importante, en la seguridad de la sociedad y de sus miembros.
Así tenemos el impacto en la sociedad de fenómenos de origen sanitario, mismos que se registran la mayoría de las veces, en las zonas pobres del país, presentándose bajo la modalidad de enfermedades gastrointestinales y bronquiales. De igual manera, en las metrópolis más densamente pobladas, se han presentado problemas relacionados con la contaminación ambiental.
Merecen atención especial, los riesgos que se pueden generar con motivo del avance tecnológico, así como aquellos que se originan por la generación y manejo de energía. De igual manera, la producción, almacenamiento, transporte y utilización de productos químicos, así como el manejo de sus residuos y tratamientos, ante la presencia de instalaciones obsoletas y la ignorancia de su manejo, pueden acarrear la pérdida de vidas humanas y causar un gran daño al medio ambiente.
Todo lo anterior, justifica la participación del Estado en materia de protección civil, toda vez que una de sus obligaciones principales, es la protección de la vida y los bienes de las personas.
Es en este sentido, el ejercicio de la función pública de la protección civil por parte del Estado, no es nueva, ya que desde la época prehispánica y en la colonial, se llevaban a cabo obras de carácter hidráulico, para evitar daños a la población, debido a la acción de los agentes destructivos.
Después del movimiento revolucionario de 1910, la organización de la administración pública se hizo más compleja y especializada, como respuesta de las necesidades cambiantes de una sociedad cuya transformación social nunca fue tan acelerada como en este periodo, por lo que las funciones sobre protección civil, se incrementaron y conformaron un amplio capítulo de antecedentes inmediatos respecto de esta función.
A raíz de los desastrosos efectos del terremoto de 1985, cuyos efectos devastadores se hicieron sentir principalmente en la Ciudad de México, se creó el Comité de Prevención de Seguridad Civil, para que en el marco del sistema nacional de planeación democrática, auxiliara a la comisión nacional de reconstrucción como órgano encargado de estudiar y proponer todas las acciones relativas a la seguridad, participación y coordinación de la acción ciudadana en caso de desastre.
Debe tenerse presente que históricamente, las atribuciones en materia de protección civil se hallaban dispersas en varias disposiciones y dependencias, y se modificaban sin ninguna orientación o finalidad, por lo que el 6 de mayo de 1986, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
El Sinaproc es concebido como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección de la población contra los peligros y riesgos que se presentan cuando se registra un desastre.
Tiene como objetivo el proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.
El Sinaproc se apoya en una estructura institucional, que en distintos niveles de operación define responsabilidades claras para todos los participantes y cuenta como soporte con la infraestructura básica de estas mismas instituciones.
El marco institucional del sistema está integrado por las dependencias y entidades de la administración pública, por los organismos de coordinación entre la federación, los estados y municipios y por la representación de los grupos sociales y privados que participan en las actividades de protección civil, los cuales conforman tres estructuras estrechamente relacionadas; la primera de la administración pública con funciones efectivas, la segunda de los consejos con funciones consultivas y de coordinación, y la tercera de participación de los grupos voluntarios.
El 30 de septiembre de 1997, el pleno de la Cámara de Diputados acordó la creación de la Comisión Especial de Protección Civil, misma que se instaló formalmente el 8 de octubre del propio año, con el objetivo central de coadyuvar al fomento de una cultura de protección civil, que permita a la población mitigar los efectos de los desastres, mediante la creación o actualización de leyes y reglamentos que enmarquen y encaucen las acciones nacionales en la materia.
Esta comisión, presentó a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, una iniciativa para adicionar una fracción XXIX-I al artículo 73 de nuestra Carta Magna, que faculta al Congreso de la Unión a fin de que legisle en la materia, misma que, agotado el proceso legal correspondiente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de junio de 1999, otorgándole plena vigencia.
Lo anterior, permitió la elaboración de la Ley General de Protección Civil, la cual establece las bases de coordinación, que encauzarán las acciones conjuntas de la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, tanto en acciones de carácter preventivo, como durante el auxilio en desastres, y la recuperación posterior.
De igual manera, fija los alcances, términos de operación y responsabilidades, de las estructuras consultivas del sistema nacional de protección civil, como el consejo nacional, y sus órganos operativos.
Convoca la integración de los grupos altruistas, voluntarios, vecinales y no gubernamentales, estableciendo con claridad las reglas de su accionar, y fomentando la participación activa y comprometida de la sociedad.
Sienta las bases de elaboración, alcances y contenidos del Programa Nacional de Protección Civil; y elimina la discrecionalidad, en aspectos como la declaratoria de desastre, las acciones de respuesta, o las medidas de seguridad que necesariamente deberán instrumentarse en ocasión de esos fenómenos, acotando la responsabilidad del servidor público competente en la toma de decisiones.
Desafortunadamente, la existencia de la Comisión Especial, no tuvo la permanencia requerida, derivado de la natural conclusión e inicio de la siguiente Legislatura; no obstante, que los propios miembros de dicha Comisión, presentaron una iniciativa para su inclusión como comisión ordinaria.
Es en tal sentido, que se retoma la propuesta de crear una Comisión Especial responsable del tema de la protección civil en nuestro país, encontrando su fundamento, en el hecho comprobado de que los desastres son eventos singulares, con características y procesos de gestación, evolución y resolución muy particulares, que, conjuntados con expresiones actuales de la dinámica de los grupos sociales, imprimen a las medidas legislativas y políticas públicas, una vertiginosa evolución, que requiere propuestas y soluciones cada vez más imaginativas, a fin de que las respuestas sean ágiles y eficaces, y protejan a fondo a la población ante eventos que la lesionen o afecten.
Es decir, nuestro país requiere de medidas legislativas, políticas, programas y acciones de largo plazo, que, con un carácter pragmático e integral, pero al propio tiempo flexible, vayan adecuándose a las necesidades y realidades cambiantes que esta problemática reviste, incluyendo en los mismos, el marco jurídico que los sustente, les otorgue fortaleza y les garantice permanencia.
Asimismo, nuestro país ha suscrito diversos convenios internacionales, a efecto de intercambiar y compartir los conocimientos y experiencias necesarios para prepararse adecuadamente, especialmente en lo que se refiere a la creación de marcos jurídicos idóneos.
De igual manera, se han concebido instrumentos financieros que bajo la figura de fideicomisos, manejan cientos de millones de pesos a efecto de prevenir, mitigar y reconstruir los efectos generados por la presencia de diversos fenómenos naturales.
Por lo anteriormente expuesto, frente a la necesidad de que exista un órgano al interior de la Cámara de Diputados, que se aboque a dar continuidad al perfeccionamiento y adecuación del marco jurídico en materia de protección civil, así como también cumpla con las funciones de información y de control evaluatorio de los órganos responsables de la administración pública federal.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial en materia de Protección Civil.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será la revisión y actualización constante del marco jurídico en materia de protección civil, el control evaluatorio de la materia por parte de las autoridades competentes, de conformidad con el marco jurídico aplicable, así como todas aquellas que sean necesarias para fortalecer las acciones de prevención y recuperación tratándose de desastres generados por la presencia de fenómenos naturales y humanos.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.
Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.
Nota:
1. Información tomada del folleto El mensajero
de la salud, publicado por la Secretaría de Salud, cuyo acceso digital
se encuentra en la siguiente dirección electrónica http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/influenza/mat/mensajero_de_la_salud_11_junio.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Enrique Torres Delgado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ESTABILIDAD Y EL
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA AGAVE-MEZCAL, SUSCRITA POR DIPUTADOS
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales Ramón Jiménez Fuentes, Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, Samuel Herrera Chávez, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 300 millones de pesos para el fortalecimiento de la cadena productiva agave mezcal, en acciones dirigidas a la construcción de módulos agroindustriales; el fortalecimiento, la modernización y la terminación de las fábricas de mezcal existentes; la certificación de fábricas, promoción y comercialización del mezcal y para el otorgamiento de créditos a bajas tasas de interés a los productores de mezcal, subsidios a los energéticos, entre otras acciones que se consideren para lograr la estabilidad de esta cadena productiva, bajo las siguientes
Consideraciones
De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana el Mezcal, es una bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves, previamente hidrolizadas o cocidas, y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido, para el caso del mezcal tipo II, con hasta 20 por ciento de otros azúcares en la preparación de dichos mostos. El mezcal es un líquido de olor y sabor sui géneris de acuerdo a su tipo, incoloro o ligeramente amarillo cuando es reposado o añejado en recipientes de madera de roble blanco o encino, o cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo.
En el país se producen 335 mil toneladas de agave mezcalero al año, producción correspondiente a la llamada zona de denominación de origen mezcal que comprende los estados de Zacatecas (90 mil toneladas), Oaxaca (100 mil toneladas), Guerrero (50 mil toneladas), San Luis Potosí (45 mil toneladas), Durango (25 mil toneladas), Tamaulipas (35 mil toneladas) y San Felipe Guanajuato (20 mil toneladas); donde a su vez se registran alrededor de 30 mil productores, con 50 mil hectáreas establecidas y 170 mil en poblaciones naturales, generando 5 mil 270 empleos permanentes al año e ingresos por el orden de los mil 700 millones de pesos; además de contar con 625 fábricas.
Actualmente, las condiciones socioeconómicas de los productores primarios y productores de Mezcal incorporadas a la citada zona tienen un común denominador, son poblaciones de alta y muy alta marginalidad.
La mayoría de los productores carecen de tecnología moderna, por lo que obtienen su producto de manera artesanal, mediante procesos poco eficientes. La elaboración de mezcal está muy dispersa, en la práctica, varios fabricantes de mezcal abastecen envasadoras. En nuestro país, existen 80 envasadoras que manejan 130 marcas de mezcal, las cuales embotellan alrededor de 8 millones de litros anuales.
Los costos de producción de agave son altos, ya que en un ciclo completo de 8 años varían entre 40 mil y 250 mil pesos la hectárea, esto de acuerdo a la región de que se trate, más el paquete tecnológico que se aplique y el tipo de agave. La producción por hectárea puede ser cercana a las 135 toneladas de materia prima. Los costos a granel también varían en función del tamaño de la fábrica y del grado de tecnificación de la misma, en promedio es de 35 pesos por litro. Los rendimientos tienen que ver con la riqueza de azúcares del agave y del aprovechamiento de estos en los procesos de cocimiento, fermentación y destilación.
Por ello en octubre de 2004, se creo el Comercam, organismo de certificación acreditado por la Dirección General de Normas, de la Secretaría de Economía para evaluar la conformidad de la NOM-070- Bebidas Alcohólicas Mezcal Especificaciones; la misma exige el certificado vigente en el envasado y etiquetado para la comercialización. Lo anterior incluye un censo de los predios plantados de agave mezcal y un esquema de prueba de laboratorio y la vigilancia en todo el proceso de producción, de lo contrario el producto no podrá comercializarse ni salir del país. El mezcal tiene un reconocimiento y aprecio por parte de los consumidores europeos, asiáticos y estadounidenses, por lo que esta certificación garantiza la calidad y origen del producto, para su comercialización en el mercado nacional e internacional.
Actualmente en nuestro país la cadena productiva agave mezcal ha tenido dificultades, los productores atraviesan por serios problemas de comercialización de su materia prima, ya que los precios se han desplomado hasta en menos de un peso por kilogramo, cuando en años anteriores llego a pagarse a 10 y 12 pesos por kilogramo.
En estados como Zacatecas que cuenta con plantaciones cultivadas, una gran cantidad del agave no tiene salida de comercialización, ni se industrializa por la falta de infraestructura para éstos propósitos, por lo que el esfuerzo y la inversión de los productores por 8 años corren el riesgo de perderse y de que se abandone esta actividad, al echarse a perder sus piñas.
También consideramos necesaria la modificación de la norma NOM-070- Bebidas Alcohólicas Mezcal Especificaciones para que se permita que el Mezcal tipo II, al igual que el tequila se elabore con 51 por ciento de azúcares de agave y el 49 por ciento restante con otros azúcares, lo cual permita que el mezcal diversifique su presencia en otros estratos de consumidores y en otros mercados tanto nacional como internacional, lo que a su vez derivará en la generación de divisas, la creación de fuentes de empleo e ingreso, y en el desarrollo y consolidación del sistema producto maguey-mezcal.
Aunque cabe mencionar que la cadena productiva del agave mezcal se ha visto apoyada, de 2004 a 2009, destinándosele 500 millones de pesos, lo aprobado no ha sido suficiente para resolver la problemática actual que enfrenta. Es por ello que presentamos este exhorto para que le sean destinados mayores recursos a esta cadena productiva, principalmente para apoyar la instalación de nuevos módulos agroindustriales; el fortalecimiento, la modernización y la terminación de las fábricas de mezcal existentes; para la certificación de fábricas, promoción y comercialización del mezcal y para el otorgamiento de créditos a los productores de mezcal, entre otras acciones que se consideren para lograr la estabilidad de esta cadena productiva.
Por lo anteriormente mencionado, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se destinen y etiqueten 350 millones de pesos para el fortalecimiento de la cadena productiva agave mezcal, en acciones dirigidas a la construcción de módulos agroindustriales; el fortalecimiento, la modernización y la terminación de las fábricas de mezcal existentes; la certificación de fábricas, promoción y comercialización del mezcal y para el otorgamiento de créditos a bajas tasas de interés a los productores de mezcal, subsidios a los energéticos, entre otras acciones que se consideren para lograr la estabilidad de esta cadena productiva.
Dado en el salón de sesiones de la honorable de Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE SE CANCELE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO
16101037-063-08, RELATIVA AL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PRESA EL ZAPOTILLO, EN EL RÍO VERDE, DE JALISCO; Y, CONSECUENTEMENTE,
DE QUE SE DETENGA EL INICIO DE SU EDIFICACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo a fin de cancelar la licitación pública internacional número 16101037-063-08, relativa al diseño y construcción de la presa El Zapotillo, en río Verde, y por consecuencia cancelar el inicio de la construcción de dicha presa, atento a las siguientes
Consideraciones
Los gobiernos panistas, tanto el federal como los estatales, están empeñados en agraviar a la población tapatía. En una acción atentatoria a la libertad de la ciudadanía jalisciense, hoy se confabulan los Poderes Ejecutivos federal y estatales para realizar una trapacería en contra de los pobladores de las comunidades de Temacapulín, de Acasico y de Palmarejo, municipios de Cañadas de Obregón y Meaticacán, pertenecientes a los altos de Jalisco, a quienes pretenden despojar de sus propiedades, casas y patrimonio consistente en tierras en las que tradicionalmente realizan cultivos, pues serían inundadas al construir la presa El Zapotillo.
Los intimidan diciéndoles que si no venden a precios ridículos las propiedades serán expropiadas.
La construcción y operación de la infraestructura hidráulica en río Verde, en El Zapotillo y Arcediano, este último situado en río Santiago, 800 metros abajo de la confluencia con río Verde, tiene por objeto proporcionar agua potable a León, Guanajuato, y a algunas poblaciones de Jalisco, sin afectar la dotación para Guadalajara.
Debe mencionarse que la primera opción para la construcción de la presa eran San Nicolás y San Gaspar, también sobre río Verde, pero sus pobladores se negaron contundentemente, por lo que el entonces gobernador Ramírez Acuña los apoyó para que no se edificara en ese lugar y así se realizó el cambio.
Al fundamentar el cambio de lugar, Ramírez Acuña invocó dos condiciones: que no se afectara ningún núcleo de población y que no se perjudicaran superficies agrícolas. También citó que en las poblaciones de referencia se han causado molestias basadas en el arraigo y tradiciones de sus habitantes, ya que su fundación se llevó a cabo en la época precortesiana, en el siglo XIII.
En esta maquinación intervienen el gobierno de Jalisco que, supuestamente, debería ser garante de los derechos civiles y humanos de los ciudadanos jaliscienses; el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sus diversas dependencias, de la Secretaría de Gobernación y, de paso, sino intervenimos, de esta honorable Cámara de Diputados y de las constructoras La Peninsular Compañía Constructora y Grupo Hermes, del grupo de Carlos Hank Rhon y la empresa de nacionalidad española FFC Construcción.
Desde luego, todo el entramado de la operación pasa por los pasillos de la tecnocracia, donde no puede estar ajena la ficha técnica de la obra para explicar y, sobre todo, justificar la citada obra.
De esta manera se menciona que la Conagua garantiza por 30 años el suministro de agua potable; que se benefician 14 municipios de los altos de Jalisco, con 316 mil habitantes, 1 millón 95 mil pobladores de León y 950 mil ciudadanos de la zona conurbada de Guadalajara; los habitantes afectados por la inundación de las tierras son 480 de Temacapulín, 185 de Palmarejo y 365 de Acasico; la superficie afectada es de 4 mil 500 hectáreas, el área de embalse es de 3 mil 800 hectáreas; el almacenamiento es de 911 mil metros cúbicos y la inversión presupuestada es de 7 mil 765 millones de pesos.
En esta ficha técnica se hace mención a números que no incluyen, por supuesto, al tema central del problema que es el de la vida de los ciudadanos, cuyos derechos humanos se verán afectados. Son tratados como se acostumbra por la burocracia, como un número más, sin profundizar en el tema toral que es el de su supervivencia y calidad de vida.
De manera sucinta, la historia se remonta al 22 de mayo de 1997, época en que Zedillo era titular del Poder Ejecutivo y se firmó un acuerdo de coordinación formalizado por Jalisco y Guanajuato, para lograr el aprovechamiento integral de las aguas superficiales de río Verde.
El 1 de agosto de 2007 se acordó elevar la altura de la cortina de la presa de 80 a 105 metros, para eficientar la regulación de las aguas de río Verde; posteriormente se firmó, sin consultar a los pobladores de Temacapulín, un acuerdo para incrementar la altura de la cortina de 105 a 125 metros, lo que en los hechos significa la sentencia para desaparecer a esa comunidad.
Adicionalmente, debe mencionarse que los habitantes de los poblados que se pretende afectar, por su negativa a desalojar sus comunidades, han recibido toda clase de hostigamientos, amenazas, vejaciones y humillaciones por parte de los funcionarios locales y federales encargados del asunto en comento, invocando, como ya se ha dicho, la expropiación de las propiedades.
En contra de la construcción de la presa, se han presentado varios amparos y un amparo colectivo en contra de la reubicación de los pobladores. El expediente ya se presentó ante la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México, y los pobladores buscan ser oídos en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre el mismo tema, la Procuraduría de Derechos Humanos de Jalisco documentó violaciones al proceso para llevar a cabo estudios y la licitación en sí misma. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco prepara una recomendación que se presentará en diciembre de este año por amenazas y hostigamiento a los pobladores de Temacapulín. Cabe decir que existe el compromiso de las dos instituciones para apoyar a los habitantes de los municipios que se pretende desalojar, entre otras cosas, porque no se respetaron las medidas cautelares emitidas. A estas posiciones se suma el Instituto Mexicano de Derecho Comunitario
Los habitantes de las comunidades han enviado sendos oficios acompañados por listas que contienen nombres y direcciones de ellos, dirigidos al secretario de Gobernación, Francisco Fernando Gómez Mont, y al presidente de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados sin que hayan merecido respuesta de ninguna especie.
Además, en los últimos días se ha expuesto la inconformidad de dos de las constructoras, con el resultado de la licitación para la construcción de la obra pública, a la que acudieron 7 empresas, 2 de las cuales fueron declaradas ganadoras y 2, como ya se ha dicho, se inconformaron con el fallo emitido por la Conagua.
La convocatoria se abrió el 20 de noviembre de 2008, y el 14 de septiembre de este año se dio a conocer el fallo, en el que se menciona que 4 empresas presentaron incumplimientos de los requisitos especificados en las bases de la licitación y 2 presentaron objeciones porque las empresas ganadoras presentaron un presupuesto de 2 mil 194 millones de pesos, en tanto Cota, Vice e Infrocsa lo hicieron con la cifra de mil 572 millones de pesos, e ICA por mil 952 millones de pesos. En números redondos, la obra se adjudicó con una diferencia en contra del erario del 40 por ciento.
Más aún, no se cuenta con la actualización de la manifestación de impacto ambiental y permisos para cambio de uso de suelo, que deberían emitir las comunidades afectadas y la Secretaría de Medio Ambiental y Recursos Naturales.
Tanto ICA como Cota, Vice e Infrocsa han presentado sendas denuncias ante la Secretaría de la Gestión Pública de Jalisco, entre otras cosas, porque no se cuenta con el derecho de vía y los permisos de uso de suelo correspondientes que los ayuntamientos debieran emitir.
Tampoco aparece en el proceso de investigación y estudio de la ubicación de la presa la opinión que debe ser relevante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en este tema de hídricos, con lo que se abunda en nuestra percepción de que los estudios han sido insuficientes para llevar a cabo una obra de esta envergadura.
En contraposición y a pesar de los argumentos esgrimidos, los gobernadores de los estados de Jalisco y Guanajuato, apoyan la construcción de la presa.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que, de lo expuesto, resultan evidentes anomalías, en general, que contiene todo el proceso de investigaciones, estudios, licitación y adjudicación de la obra pública, por lo que se hace indispensable cancelar la licitación y, consecuentemente, cancelar también el inicio de la construcción de la presa El Zapotillo.
Las anomalías residen principalmente en el área de estudios para situar el sitio en que habrá de construirse la presa y, básicamente, la afectación de los pobladores de las comunidades aludidas con anterioridad.
No es asunto menor que la falta de estudios atañe los derechos humanos de los habitantes y el impacto al medio ambiente.
Atento a las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones al director general de la Comisión Nacional del Agua y demás dependencias que se vinculan con ella a efecto de que cancele la licitación pública internacional número 16101037-063-08 para el diseño y construcción de la presa El Zapotillo, en río Verde, la cual se planea construir en los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica, Jalisco, por evidentes anomalías en el proceso de ésta relativas a la ubicación de la obra y la reubicación del sitio que ocuparán los pobladores de los municipios a los que se pretende afectar.
Consecuentemente, el inicio de la construcción también debe cancelarse hasta nueva licitación y adjudicación respectiva.
Segundo. Esta soberanía exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones al director general de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que emita nueva convocatoria de licitación pública internacional para el diseño y construcción de la presa El Zapotillo, en río Verde, a construirse en los municipios de Cañadas de Obregón y Yahualica, Jalisco.
Tercero. Que la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turne a las Comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos, de Pesca, de Recursos Hidráulicos, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales este asunto para el estudio correspondiente, e informe del resultado de éstos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS
DE LA ESTRUCTURA Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL Y DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, A CARGO
DEL DIPUTADO JAIME ARTURO VÁZQUEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
El suscrito, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, en nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento a los cambios en la estructura y evaluación del desempeño de la administración pública federal, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Segunda. Por su parte, el artículo 42 del ordenamiento legal que se invoca dispone que el pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiéndose indicar en el acuerdo que las establezca el objetivo, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado y cumplido su objetivo se extinguirán.
Tercera. En términos de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara nombrará las comisiones especiales que crea convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.
Antecedentes
1. La situación económica en México es preocupante y su deterioro se ha profundizado, no sólo por la crisis del sistema financiero internacional, sino también por los grandes problemas internos e insuficiencia de recursos que vulneran permanentemente el funcionamiento de la administración pública federal, distorsionando y profundizando la debilidad de nuestras finanzas públicas, situación compleja y dinámica que repercute en el pobre desempeño de nuestra economía.
2. Esta situación impacta directamente en el funcionamiento de los mercados, de tal manera que los índices de competitividad que nuestra economía reporta en los estudios elaborados tanto a nivel nacional como internacional, colocan a nuestra economía con una pérdida creciente de competitividad.1
El Foro Económico Mundial destaca que "la pérdida de competitividad de nuestro país es consecuencia de los mayores problemas para hacer negocios en el país derivados de la ineficiente burocracia del gobierno, la corrupción, el inadecuado suministro de infraestructura, las regulaciones laborales, los impuestos, la falta de acceso al financiamiento, así como la criminalidad".
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado advirtió que "en México la pérdida de competitividad es constante, persiste como uno de los inhibidores del crecimiento económico y como factor en contra para participar en los mercados internacionales, por lo que el hecho de que el país esté considerado como una de las diez economías más grandes del mundo no significa que haya logrado importantes mejoras".2
Ante este tipo de diagnósticos y análisis debemos asumir una respuesta consistente desde el legislativo reconociendo que tenemos serios problemas estructurales que se ven reflejados en los siguientes temas y problemas a resolver: subejercicios presupuestales por parte de los ejecutores del gasto; bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto; mercados ineficientes; presencia de monopolios e incapacidad para regularlos; crecimiento desmedido del gasto corriente; crecimiento de los índices de corrupción; presión regulatoria; grandes dificultades para la apertura de empresas; poco apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; falta de crédito; altas tasas de interés; débil competencia en los mercados financieros y de servicios; falta de protección a los derechos de propiedad; inseguridad jurídica.
3. Este diagnóstico se ve reflejado en el funcionamiento ineficiente de nuestro mercado interno, al reportar bajos niveles de crecimiento, empleo, ingreso y bienestar, resultado de instituciones y organismos regulatorios ineficientes que se traducen en corrupción, creciente presión fiscal, bajo nivel de ahorro, bajos niveles de inversión, caída de los ingresos fiscales, desempleo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios e incertidumbre creciente.
Consecuencia, entre otras, de estas circunstancias hemos sufrido en los últimos años una disminución de los recursos federales y estatales que nos ha llevado, por un lado, a instrumentar un plan de austeridad presupuestal que a la fecha suma 85 mil millones de pesos y, por otro, un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 que profundiza este esquema al proponer un presupuesto austero y restrictivo que no ayuda a dinamizar la economía, la inversión, el empleo y el ingreso.
El proyecto de Presupuesto para 2010 incluye como propuesta importante y eje estratégico de operación de la administración pública federal un plan que profundiza la austeridad al proponer la desaparición de tres secretarias de Estado: de la Función Pública, de la Reforma Agraria, y de Turismo. Suponiendo que sólo con austeridad y disminución de gasto corriente se solucionarán los problemas estructurales que presenta la administración pública federal.
4. Ante esta situación es necesario reconocer que el funcionamiento de la economía es, en gran medida, el resultado del buen funcionamiento de la estructura institucional que la acompaña. Sin una administración pública federal eficiente nuestra economía seguirá presentando serios problemas en su funcionamiento.
5. Algunos académicos presentan como una condición necesaria para tener una administración pública eficiente un erario central fuerte. El economista estadounidense Douglas North estableció una idea fundamental sobre el funcionamiento del Estado al plantear que "es una organización (…) que se extiende sobre un área geográfica cuyos límites vienen determinados por el poder de recaudación".3A esta tesis habría que agregar que es necesaria también una administración pública eficiente, no sólo para recaudar más, sino para que la economía funcione.
En México hemos tenido recursos en abundancia derivados, entre otros, de la renta petrolera en diferentes momentos de nuestra historia y la administración pública no sólo no mejora, sino que sólo crece con grandes ineficiencias e inclusive impide el buen funcionamiento de los mercados.
Ejemplo límite de esto es el crecimiento del gasto corriente en los últimos años que no se ve reflejado en instituciones eficientes ni en una mejora regulatoria que apoye el buen funcionamiento del mercado interno ni el crecimiento económico.
Un Estado sin recursos es débil e ineficiente pero también hay Estados con muchos recursos que presentan altos niveles de ineficiencia, dispendio y corrupción.
La relación entre fortaleza económica y estabilidad política debe ser resultado de una administración pública eficaz y eficiente.
6. Creemos al igual que el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que desaparecer dependencias del gobierno no será una solución consistente, porque sólo se enfrenta un problema coyuntural.4El reto real es modernizar el aparato de la administración pública a través de una reingeniería organizacional; es decir, una reforma integral, incremental y continua que responda a una dinámica social y económica que cambia constantemente.
El objetivo no es minimizar el tamaño del gobierno con el argumento de ahorrar recursos como consecuencia de la instrumentación de una política de austeridad presupuestal.5Se debe partir de la premisa de que la función hace al órgano, pero con una visión de Estado. Lo central es que el Estado cumpla efectivamente con sus funciones y para ello se requiere voluntad política y más para evaluar el desempeño de la administración pública federal con el fin de tomar decisiones consistentes con visión de Estado.
7. El Ejecutivo propone el proyecto de presupuesto federal, el Legislativo lo modifica, autoriza y vigila. Pero hemos avanzado muy poco en la evaluación del desempeño del gasto y mucho menos en la evaluación del desempeño de la administración pública federal, especialmente en el análisis de cómo ésta contribuye al desarrollo del país.
Por todo lo expuesto, y con fundamento en lo que establecen los artículos 93 constitucional; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que constituya la comisión especial para dar seguimiento a los cambios en la estructura y evaluación del desempeño de la administración pública federal. El objetivo será el que se deriva de su denominación.
Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual legislatura o cuando se haya cumplido su objetivo. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Tercero. La comisión se integrará atendiendo a los principios de proporcionalidad y pluralidad de la honorable Cámara de Diputados.
Notas
1. Reporte de Competitividad de México 2009, documenta
que México bajó ocho lugares, al pasar del lugar 52 (2007-2008)
al lugar 60 (2008-2009) entre 134 países. El Foro Económico
Mundial (WEF). Junio de 2009. El informe que presenta el WEF está
dividido en tres subtemas y uno de ellos son los requerimientos básicos
que lo ubican en el lugar 60; destaca que las instituciones no tienen una
amplia fortaleza, ya que de llevan el ranking al sitio 97; sin embargo,
factores como la macroestabilidad económica reposicionan al país
en el lugar 48. En cuanto a temas de educación y comercio, el reporte
sitúa a México en el lugar 55, donde resalta la particular
importancia del tamaño de mercado que representa, que de hecho le
da el lugar 11 de la lista, pero la poca eficiencia del mercado laboral
arrastran el indicador hasta el lugar 110. Además, en cuanto a la
innovación y los factores de sofisticación, el país
se fue hasta el lugar 70 de los 134 que se consideraron para el reporte.
2. Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP). Abril de 2009.
3. North, DC. Structure and change in economic history.
New York WW. Northon 1981.
4. José Castelazo, presidente del INAP. 7 de septiembre
de 2009.
5. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público estima que con la desaparición de la Secretaría
de la Reforma Agraria se ahorrarían recursos por 4 mil millones
de pesos; con la de Turismo, 3 mil millones; y de la Función Pública,
1.3 mil millones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2010
SE REALICEN LAS REASIGNACIONES FINANCIERAS NECESARIAS, PARTICULARMENTE
EN EL CAPÍTULO 1000 DEL FONDO DE APORTACIONES A LOS SERVICIOS DE
SALUD, A FIN DE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD CUENTE CON RECURSOS QUE
LE PERMITAN CONCLUIR LA REGULARIZACIÓN INTEGRAL EN SALARIO Y PRESTACIONES
DE LOS TRABAJADORES DE SU ADSCRIPCIÓN QUE LABORAN EN CONDICIONES
PRECARIAS, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA AYALA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
Durante las últimas dos décadas, debido al crecimiento y empobrecimiento poblacional, la globalización de los riesgos sanitarios, y a lo que se ha denominado "transición epidemiológica", la demanda de servicios de salud por parte de la población sin seguridad social formal, ha venido creciendo de manera gradual en todo el país sin que las condiciones materiales y particularmente humana, que son indispensables para el otorgamiento de la atención, aumentaran al ritmo de la demanda.
Para enfrentar tal situación, y en el marco de la descentralización de los servicios de salud, de manera muy particular, los gobiernos de las entidades federativas, responsables de ofrecer de manera directa los servicios de atención médica a la población abierta, que actualmente se calcula en alrededor de 50 millones de personas, vieron crecer el personal de salud de manera irregular, al margen de las leyes laborales y de seguridad social.
La aparición de nuevos programas de salud, como el Sistema de Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo es el denominado seguro popular, que tiene como propósito financiar determinados servicios de salud que se otorgan de manera garantizada a la población sin seguridad social formal, agudizaron la contratación de personal en condiciones precarias, sobretodo médico y de enfermería a tal grado que en 2007 el número de trabajadores irregulares se calculaba en alrededor de 100 mil, representando un pasivo laboral estimado en más de 20 mil millones de pesos al año.
Debido a la magnitud y aristas jurídicas, políticas, sociales y financieras del problema, la representación laboral de los trabajadores al servicio del Estado y de los trabajadores de la Secretaría de Salud, conjuntamente con autoridades hacendarias y sanitarias en todo el país, se dieron a la tarea de sentar las bases de una resolución gradual que al tiempo de garantizar la permanencia del otorgamiento de los servicios reconociera los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral y a la seguridad social, situación que se facilitó en una importante etapa del proceso en razón de la aprobación de la Ley del ISSSTE publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de marzo del 2007.
En nuestros días, sin embargo, la situación irregular laboral de la Secretaría de Salud en todo el país, no ha sido resuelta debido a que, por un lado, existe un universo calculado de 30 mil trabajadores que aún no han recibido la garantía de estabilidad y de seguridad social que por ley les corresponde, mientras que por otra parte, a los 70 mil trabajadores involucrados durante los últimos dos años en el proceso de regularización, no les han sido otorgados, como también jurídicamente les corresponde, las prestaciones a las que tienen derecho, bajo la suprema constitucional de que a trabajo igual salario igual, por ser trabajadores de esa dependencia y que se encuentran contenidas en las condiciones generales de trabajo aplicables.
Con motivo del tercer Informe del Gobierno de la República y de la presentación del proyecto de paquete económico para el año de 2010, se ha venido difundiendo información sobre diversos logros de la administración pública federal, en este caso particular del sector salud, señalando, de manera enfática el crecimiento de la inversión en materia del seguro popular y la realización de obras de construcción y mantenimiento en más de mil 300 unidades de atención, lo que sin duda resultan ser elementos necesarios para ofrecer más y mejores servicios de salud a los mexicanos.
Sin embargo, debe quedar perfectamente claro que la existencia por si sola de unidades de atención o de recursos financieros, no resultan ser garantía de una mayor y mejor cobertura médica si la aplicación oportuna de esos recursos no tiene como destino la solución de las necesidades del sector, la cual resulta ser, indiscutiblemente, el rezago de personal de salud que existe en nuestro país desde hace muchos años, así como las graves irregularidades laborales que existen en el sector.
El personal de salud representa el recurso más valioso de la atención, puesto que en sus manos se encuentran los conocimientos especializados, la autoridad sanitaria, la preparación experimentada y la obligación laboral para darle vida y cauce a los programas de salud. Nada se puede mover sin la participación, intervención y decisión de los médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores sociales, laboratoristas, dentistas y demás personal médico y administrativo, porque constituyen el alma de clínicas y hospitales y conforman la institucionalidad del sector.
México tiene un atraso grave en personal de salud, no sólo con relación a los índices que son sugeridos por los organismos internacionales especializados en el número de médicos, enfermeras y personal diverso que es necesario por cada determinado número de habitantes y de acuerdo a nuestros perfiles de morbi-mortalidad, sino también con relación a los índices que tienen los países con los que tenemos mayores relaciones o con las naciones más desarrolladas.
Por eso, resulta incuestionable que el derecho a la protección a la salud que consagra para todo mexicano nuestra Constitución Política y el propósito de que en el año de 2010 todos los habitantes tengan garantizado su acceso a la atención médica, será imposible de lograr si no se cuenta con el número suficiente de médicos, enfermeras, paramédicos y personal de apoyo necesario para atender un universo de alrededor de 50 millones de personas que no cuenta con seguridad social formal, que además están requiriendo crecientemente de servicios salud especializados.
El aumento de las unidades de atención no ha sido igual al crecimiento de la plantilla y hoy, lamentablemente, existen muchas instalaciones médicas que no son utilizadas o que son subutilizadas por la falta de personal, lo que además de una delicada anomalía administrativa, resulta ser, sobretodo, un engaño para la gente, que llega a creer que por la construcción de una nueva instalación de salud tendrá asegurada una atención oportuna y de calidad.
Por otra parte, el rezago de trabajadores de la salud, se ha venido encubriendo con la contratación de personal contraviniendo todas las leyes laborales, lo que ha venido generando un pasivo laboral que puede llegar a comprometer las finanzas públicas y colapsar el sistema público de salud, si no se resuelve esta condición irregular, injusta y absurda.
De la misma forma, pero con la igual trascedencia, resulta preciso atender el atraso salarial de todos los trabajadores de la salud del país y la falta de incentivos que sean proporcionales a su dedicación, productividad y superación profesional, que han venido siendo demostrados una y otra vez no sólo cuando se presentan emergencias sanitarias como la acontecida con la influenza humana, sino de manera cotidiana, cuando se trata de enfrentar los graves problemas de salud de nuestra población y que revisten también características de pandemia como la diabetes y todas sus nefastas consecuencias, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiacas y vasculares, los cánceres, las adicciones y los accidentes y la violencia.
Insistimos, una vez más, en la necesidad de que la inversión en salud, vía recursos presupuestales, sea creciente, ya que es el único camino viable para atender los problemas y rezagos que existen en el sector, pero que también, su ejercicio sea integral, considerando todos los aspectos involucrados para el otorgamiento de servicios de salud, particularmente lo que corresponde a los recursos humanos, que resultan ser, el factor insustituible y más importante de la atención médica de las personas.
A pesar del escenario económico adverso que vive nuestro país, en el que algunas voces plantean absurdamente recetas equivocadas completamente rebasadas que pretenden constreñir aún más el gasto público social, hoy existen condiciones suficientes para impulsar mayores inversiones en el sector salud que nos permitan realizar acciones preventivas para enfrentar riesgos sanitarios locales y mundiales conocidos por la generalidad y poniendo al día los delicados rezagos, particularmente en recursos humanos, que existen, evitando con todo ello, el gasto de recursos extraordinarios enormes por no haber hecho nada a tiempo, generando los ahorros correspondientes en el mediano y largo plazo, pero sobretodo, garantizando que nuestro país y los mexicanos de mañana sigan contando con instituciones de salud sólidas y eficaces.
En razón de lo anteriormente fundamentado y argumentado, solicito el envío de la siguiente propuesta legislativa a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados, para que en el ejercicio de sus atribuciones, y una vez que se encuentren debidamente integradas, en el marco de la discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio del próximo año:
Punto de Acuerdo
Único. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados realicen las reasignaciones financieras necesarias al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010, particularmente en el capítulo 1000 del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, a fin de que la Secretaría de Salud cuente con los recursos necesarios que le permitan concluir con el proceso de regularización de manera integral en cuanto a salario y prestaciones de los trabajadores que laboran en condiciones precarias en la mencionada dependencia en todo el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ACCESO DIGITAL A LOS MEXICANOS
Y DE ORIENTACIÓN Y UNIFORMIDAD LEGISLATIVA EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS
GUTIÉRREZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe la presente, diputado federal Tomás Gutiérrez Ramírez perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este pleno, una proposición con punto de acuerdo por la que se solicita se cree la Comisión Especial para la promoción del acceso digital a los mexicanos y de orientación y uniformidad legislativa, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.
Consideraciones
La transformación de México en una sociedad de la información e innovación tecnológica es un asunto de alta prioridad nacional. Como Estado, nuestro país tiene que establecer las políticas que le permitan hacia el exterior superar la brecha digital1 que lo separa de los países desarrollados que controlan la mayor parte de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), así como los contenidos que circulan por la red. Hacia el interior, el Estado mexicano debe promover en conjunto con la sociedad, una serie de acciones y políticas que permitan cerrar la brecha digital que hoy existe entre grupos socioeconómicos, entre regiones, entre géneros y entre grupos de edad, así como también, modernizar nuestra industria, la economía y la legislación.
Existen al menos tres hechos que vinculan el conocimiento con el desempeño económico y el desarrollo: 1) la globalización, que se manifiesta en el flujo de bienes, servicios y en menor medida personas; 2) el mayor peso de los servicios, industrias y exportaciones de alta tecnología en la generación de alta riqueza, y 3) el uso cada vez más extendido de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las actividades productivas2.
A medida que el acceso a las TIC se ha ampliado, estas tecnologías han ayudado a elevar la productividad, han multiplicado el acceso a bienes y servicios e incluso han contribuido a ampliar las oportunidades de desarrollo para personas y comunidades en condiciones de pobreza y marginación. Pero el acceso por sí solo no es suficiente, la existencia de un ambiente económico favorable, un marco jurídico que brinde certeza y seguridad jurídica, y las habilidades de la población para hacer uso de las TIC, entre otros aspectos, son indispensables para aprovechar el potencial que ofrecen.
Por ejemplo, la telefonía fija sigue siendo una tecnología fundamental para las comunicaciones en nuestro país. No obstante, la telefonía móvil ha tenido un crecimiento acelerado en años recientes, en 2005, mientras 45 personas de cada 100 eran usuarios de telefonía móvil a nivel nacional, sólo existían 17 líneas fijas por cada 100 habitantes. Distrito Federal, Nuevo León, Baja California y Baja California Sur son las entidades con mayor densidad de telefonía fija en el país en 2005. Por otro lado, la diferencia entre la entidad federativa con mayor densidad de telefonía fija, el Distrito Federal (39.9 líneas por cada 100 habitantes) y la entidad con el nivel más bajo, Chiapas (5.1 líneas por cada 100 habitantes) es casi 8 veces.3
En lo que se refiere a la telefonía móvil, en todas las entidades federativas la penetración de este tipo de tecnología (usuarios por cada 100 habitantes) es mayor que la densidad de telefonía fija (líneas por cada 100 habitantes). Destaca Quintana Roo, donde existen casi 128 usuarios de telefonía móvil por cada 100 habitantes,4 el nivel más alto de todas las entidades del país y donde la penetración de telefonía móvil es casi 7 veces superior que en Chiapas (18.8 usuarios por cada 100 habitantes).
Ahora bien, respecto al uso de computadoras en México tenemos que ha aumentado de forma creciente en años recientes: mientras que en el año 2001 había 14.8 millones de usuarios de computadoras, en 2006 se contabilizaron 28.6 millones de usuarios. Pero el ritmo de crecimiento anual en el número de usuarios ha ido disminuyendo: el aumento en los usuarios de computadoras entre 2001 y 2002 fue de 34.9% y cuatro años después, de 2005 a 2006, fue de solo 7.7%5
Si bien, la telefonía móvil y las computadoras constituyen tecnologías digitales cuyo uso se ha extendido entre la población y en las entidades económicas, la evolución reciente de Internet como medio de comunicación, adquisición de información y conocimientos, y acceso a productos y servicios, ha influido crecientemente en las preferencias y gustos de las personas, sus formas de vinculación y aprendizaje. Internet se ha consolido como un medio de gran potencial que, combinado de manera efectiva con otros elementos, puede ayudar al crecimiento de las economías y al progreso de la sociedad.6
Al respecto el Reporte de Competitividad Global 2008-2009 del Foro Económico Mundial señala que de 134 países México ocupa el lugar 63 en usuarios con acceso a Internet, el 55 con personas que cuentan con computadora personal, el 76 donde las escuelas cuentan con acceso a Internet, el 56 en cuanto a suscriptores a Internet de banda ancha, el 67 en capacidad de innovación tecnológica, el 79 en cuanto a la calidad de los institutos de investigación científica, el 84 respecto a la colaboración en investigación que existe entre universidades e industria y el 104 en adquisición de productos de tecnología avanzada.7
Lo anterior, nos lleva a considerar que si bien se está trabajando en tecnologías de la información y comunicaciones, el nivel con el que contamos actualmente no es el indicado para mejorar las expectativas de los mexicanos. En este sentido, se considera que el cambio tecnológico no debe ser fuente de más desigualdades, por el contrario, debe ser visto como una herramienta que permita darle viabilidad a nuestras aspiraciones de mayor igualdad social. Esto supone un desafío en materia de infraestructura en telecomunicaciones; competencia en el sector; contenidos accesibles y útiles; educación, cultura, el perfeccionamiento del marco jurídico y seguir avanzando hacia el gobierno electrónico. Desafío que ha de enfrentarse desde todos elementos del Estado, para llevar a cabo el avance tecnológico, la desaparición de la brecha digital y el acceso a la sociedad de la información y a condiciones de vida más igualitarias para todos nosotros.
En este marco, debe destacarse la estrategia implementada a partir del sexenio de Vicente Fox, con la creación en diciembre de 2005 de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, la cual tiene el propósito de apoyar las diversas iniciativas, proyectos y procesos gubernamentales en materia del gobierno electrónico.
Así, con respecto del también llamado Gobierno Digital, éste tiene como objeto aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el fin de agilizar los trámites que realizan los ciudadanos, coadyuvar a transparentar la función pública, elevar la calidad de los servicios gubernamentales y, en su caso, detectar con oportunidad prácticas de corrupción al interior de las instituciones públicas.
Así, el Gobierno Digital, conocido como e-Gobierno, es un componente del Sistema Nacional e-México, que promueve el uso intensivo de sistemas digitales, en especial de Internet, como la herramienta principal de trabajo de las unidades que conforman la APF, a través de siete líneas de acción, como son: Instalación y aprovechamiento de infraestructura tecnológica gubernamental8, uso intensivo de redes de intranet gubernamental e Internet, para mantener integrada la actividad del sector público en todas las dependencias y entidades de la APF, e imprimir mayor precisión y oportunidad a la gestión de los servidores públicos.
Mejora y rediseño de procesos con tecnologías de información, para desarrollar, actualizar y consolidar los sistemas informáticos en las distintas áreas de la APF, así como para facilitar la actualización informática de los procesos que operan las tareas adjetivas y sustantivas de las instituciones públicas.
Mayor cobertura de los servicios y trámites electrónicos (e-Servicios) del gobierno federal, para ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de acceder a éstos a través de medios electrónicos con seguridad y rapidez.
Consolidación del Portal Ciudadano del Gobierno Federal, el cual se ha convertido en el eslabón para la creación de cadenas de valor y en un medio eficiente para la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Con este portal la ciudadanía puede consultar a través de Internet toda la información sobre productos, servicios y trámites de la APF; el portal representa a su vez un vínculo de comunicación e interacción entre el gobierno y la ciudadanía, las empresas del sector privado y entre las distintas instancias gubernamentales.
Ampliación de mecanismos como e-Democracia y participación ciudadana, para continuar aplicando y desarrollando esquemas tecnológicos de planeación, participación y atención a la población, así como espacios en línea que identifiquen y recojan los planteamientos, problemas, necesidades y propuestas de la ciudadanía, facilitando su seguimiento mediante sistemas de administración de las relaciones con ciudadanos.
Promoción de políticas de información, comunicaciones y organización para el Gobierno Digital, dirigidas a conformar una red organizacional para la definición de planes rectores y políticas internas en materia de tecnologías de la información, que sean congruentes con las metas de innovación gubernamental, y coordinar las tareas para el desarrollo y consolidación de las acciones del Gobierno Digital en México.
Asimismo, debe destacarse la implementación de la firma electrónica en la realización de diversos trámites ante dependencias y organismos públicos, como el Sistema de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública y el Banco de México.
No debe dejar de mencionarse, las recientes reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero del año en curso, con la finalidad de crear una base de datos de usuarios de telefonía móvil.
También es de destacar las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta y al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el mes de octubre del año 2007, con la finalidad de extender el uso de la firma electrónica para la realización de diversos trámites; así como las reformas a las Leyes Federal del Procedimiento Administrativo y Orgánica del Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo, con la finalidad de incorporar los llamados juicios en línea, publicadas el día 12 de marzo del año 2009.
Por otra parte, se han presentado ante el Congreso de la Unión, y se encuentran pendientes de dictaminación, diversas iniciativas que proponen la creación de leyes o reformas legales, en las que se incluye en su articulado, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para el reconocimiento de determinada situación jurídica.
Entre dichas propuestas, se tienen las referentes a la tipificación de los llamados delitos informáticos; la creación de leyes anti-spam, y en materia de protección de datos personales y de fomento de los videojuegos.
Ahora bien, si de la lectura de esta lista de temas complejos que constituyen reformas aprobadas o iniciativas de ley, es difícil precisar su alcance y contenido, eso es sólo una muestra de lo difícil que puede ser para las autoridades aplicarlas y lo inseguro que puede ser para los gobernados pretender conocer el alcance y consecuencias jurídicas.
En los países donde ya se han creado leyes relacionadas con el entorno digital, la técnica legislativa es ordenada (Estados Unidos de América, España, Corea, Canadá, Francia, Holanda, entre otros). En dichas jurisdicciones es común encontrar una serie de leyes separadas entre sí, de manera que cada una regula en forma concisa, sólida y clara una materia normalmente bien delimitada.
La creación de dichas normas ha estado acompañada de la participación no sólo de peritos conocedores de la materia sustantiva, sino también de expertos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.
Lo anterior, pone de manifiesto la importancia de que esta Cámara de Diputados cuente con un órgano que participe activamente en todas aquellas normas que contemplen para su eficacia, el empleo de las tecnologías de la información y comunicaciones.
Dicha Comisión deberá abonar en la generación de un orden jurídico coherente, técnicamente viable y uniforme en materia de entorno digital en nuestro país, que no sólo importe y adopte preceptos jurídicos tomados de sistemas legales extranjeros, sino que con seriedad y responsabilidad se adecuen a nuestra realidad nacional, mediante una técnica legislativa mesurada, y que como ingrediente adicional, armonice con las leyes del entorno internacional.
Por lo anterior, tenemos entonces que se requiere establecer desde el Congreso de la Unión, las medidas necesarias para disminuir la brecha digital, así como las acciones que brinden coherencia y orientación a todas aquellas reformas legales que involucren el empleo de tecnologías de la información.
En efecto, el Congreso de la Unión, debe ser no sólo un actor en la conformación de una agenda digital de largo alcance, sino promotor permanente de la inclusión digital como factor esencial del desarrollo humano de los mexicanos. La voluntad política y la transformación de un marco jurídico apropiado son las tareas que se deben emprender a la brevedad por los legisladores de todos los grupos parlamentarios para, desarrollar la agenda digital a largo plazo que requiere el país.
Pero se reitera, que no sólo se requiere impulsar y dar seguimiento oportuno a las acciones legislativas y de política pública requeridas para disminuir la brecha digital, sino que también es necesario que este órgano del Poder Legislativo federal, cuente con un órgano integrado por conocedores de la materia de las tecnologías de la información y de comunicaciones, que de manera transversal y coordinada, opine y participe en todas aquellas reformas legales que consideren el uso de estas tecnologías en la reforma o perfeccionamiento del marco jurídico federal. Lo anterior, con independencia de los temas sustantivos de la competencia de las comisiones ordinarias.
Es en este contexto, que se considera que la Cámara de Diputados deberá realizar los trabajos necesarios ya mencionados, a través de la creación de una Comisión Especial denominada "Para el Acceso Digital a los Mexicanos y de Orientación y Uniformidad legislativa, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones"
Mención y reconocimiento particular merece la creación en la LX legislatura, de la Comisión Especial para el Acceso Digital a los Mexicanos, que en forma destacada llevó a cabo diversos foros y reuniones con especialistas en la materia, autoridades, sectores involucrados y la sociedad en general, eventos de los que rindió fruto la iniciativa de Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información aprobada por este órgano del Poder Legislativo federal, y que está en proceso de aprobación en el Senado de la República.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para el Acceso Digital a los Mexicanos y de Orientación y Uniformidad Legislativa, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados.
Segundo. Someta a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la creación de la Comisión Especial para el Acceso Digital a los Mexicanos y de Orientación y Uniformidad Legislativa, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Tercero. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación.
Cuarto. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
Quinto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.
Sexto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Séptimo. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.
Notas:
1. Arturo Serrano y Evelio Martínez en su libro
La Brecha Digital: Mitos y Realidades. México, Editorial UABC, 2003,
definen la brecha digital como "la separación que existe entre las
personas (comunidades, estados países) que utilizan las tecnologías
de la información y comunicación como una parte rutinaria
de su vida diaria y aquéllas que no tienen acceso a las mismas y
que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas".
2. Fundación Este País. "México
ante el reto de la economía del conocimiento". México 2008,
p. 32
3. Idem.
4. Existen usuarios que son propietarios de más
de una línea de telefonía móvil.
5. Ibid, p. 33
6. Idem.
7. Disponible en http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index.html
8. Se refiere a una red de tecnología de información
y comunicaciones sustentada en el establecimiento de lo más avanzado
en hardware, software, sistemas, redes, conectividad a internet, bases
de datos, infraestructura para capacitación en línea. (e-Learning)
y recursos humanos especializados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Tomás Gutiérrez Ramírez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A ATENDER
A LOS PUEBLOS Y A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, A CARGO DEL DIPUTADO
FILEMÓN NAVARRO AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El diputado Federal Filemón Navarro Aguilar, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Debido a la crisis económica que estamos viviendo tanto a nivel mundial como nacional, aunada a la caída de las remesas de nuestros conciudadanos y la aceleración del desempleo. Ante ello, tenemos una gran tarea como legislador indígena, sobre todo, porque sabemos que los más afectados de esta situación económica son nuestras hermanas y hermanos indígenas del país que viven en situaciones de alta y muy alta marginación.
En este contexto, el Ejecutivo federal ha mandado a este Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico para el 2010.
Incluso, el Ejecutivo federal se atrevió a enviar una iniciativa de de ley que establece la contribución para el combate a la pobreza, en donde pretende cobrarnos el 2 por ciento de impuestos a los más pobres, a fin de implementar políticas sociales que beneficie a este sector.
Sin embargo, esto no es cierto. Sí revisamos la propuesta que mandó el Ejecutivo federal a este recinto sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) nos podemos dar cuenta que a la institución encargada de atender a los pueblos y comunidades indígenas se le ha reducido el presupuesto. Esto quiere decir que a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, se le quiere designar un monto de 7 mil 340.7 millones de pesos para el año 2010, es decir, 468.5 millones de pesos menos que en el año 2009. En términos porcentuales este monto representa el 0.23 por ciento del total de la propuesta del PEF 2010.
Ahora, si hacemos el ejercicio sobre la propuesta del PEF para el 2010, encontramos que el presupuesto para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas descritos en el anexo 7 representa el 1.40 por ciento del total del Presupuesto.
Sin lugar a dudas, este presupuesto para la atención de los indígenas es vejatorio. Es por eso que como legislador indígena propongo un presupuesto digno para nuestras hermanas y hermanos indígenas.
Recordemos que en nuestro país existen más de 19 millones de personas en pobreza alimentaria, mexicanos que no cuentan con los ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas como la alimentación (Instituto Nacional de Estadística y Geografía- Comisión Económica para América Latina y el Caribe). De los cuales, la gran mayoría de nuestros hermanos y hermanas indígenas se ubican en esta problemática.
También hay que reconocer que ha habido avances favorables en la implementación de políticas públicas en materia indígena, sin embargo, estas políticas han sido y siguen siendo de corte afirmativo que buscan la valoración cultural y la redistribución económica para dignificar, actuar con equidad y mejorar niveles de vida de los indígenas. Y a pesar de los pocos avances que se han obtenido, las condiciones de los indígenas siguen siendo de pobreza, discriminación, exclusión, analfabetismo, falta de oportunidades básicas y dificultades de acceso al bienestar y a los servicios.
Es un gran problema que se tiene que resolver de inmediato. No es posible que hoy día los indígenas sean identificados por tener un perfil con bajos niveles de ingreso y por situaciones generalizadas de marginación. Sin temor a equivocarme, la ciudadanía correlaciona el ser indígena con el ser pobre, y con toda razón. Por ejemplo, el 3.4 por ciento de las viviendas a nivel nacional carecen de electricidad, mientras que en las viviendas indígenas se triplica al 9.9 por ciento.
En cuanto a la población analfabeta indígena de 15 años o más se ha alcanzado el 21.6 por ciento, en tanto que a nivel nacional es de 6.3 por ciento. Asimismo, el 28.2 por ciento de las mujeres indígenas no tiene instrucción, en cambio, en los hombres indígenas esto representa el 17.3 por ciento (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006). Estas estadísticas nos llevan a pensar en una política de indigenización de la pobreza.
Ante esta situación es de vital importancia coadyuvar a combatir el rezago de la pobreza del grupo más vulnerable. Sí, compañeras y compañeros legisladores debemos implementar acciones que permitan combatir eficazmente la desigualdad que por tanto tiempo se ha ido acumulando. Ya es tiempo de apoyarlos y cobijarlos ante esta situación de crisis económica de nuestro país.
Es urgente y necesario que el Ejecutivo federal implemente acciones a corto y mediano plazo, a fin de subsanar las carencias y necesidades básicas de los 12 millones de indígenas que habitan nuestro país.
Compañeras y compañeros legisladores, también hay que reconocer y concebir a la corresponsabilidad como principio de nuestras acciones, las cuales las asumimos bajo este principio. Por tanto, creemos y confiamos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta pública etiquetara al Ejecutivo federal y que este atenderá con mucha responsabilidad está situación que le exhortamos.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a etiquetar, en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, recursos en un 10 por ciento del total del monto propuesto para el PEF de 2010, a fin de atender a los pueblos y comunidades indígenas del país.
Segundo. Se exhorta a las instituciones de la administración pública del gobierno federal a implementar y ejecutar las acciones necesarias para atender a los pueblos y comunidades indígenas del país.
Diputado Filemón Navarro Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A RESPETAR LAS GARANTÍAS
DE LEGALIDAD Y AUDIENCIA, Y LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES DE LOS TRABAJADORES
MAGISTERIALES DE VALLE DE CHALCO DESPLAZADOS DE SUS FUNCIONES DESDE EL
16 DE AGOSTO DE 2009, ASÍ COMO LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL
DE QUIENES MANTIENEN HUELGA DE HAMBRE FRENTE A LA CASA DE GOBIERNO, A CARGO
DE LA DIPUTADA TERESA GUADALUPE REYES SAHAGÚN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
El principio de autoridad y el ejercicio del poder sólo pueden ser efectivos y contener genuina validez cuando se ajustan a la legalidad y promueven la justicia, la estabilidad, el equilibrio y el bienestar social. Por ende, es necesario que los gobernantes sean sensibles ante los legítimos reclamos de la población, pues en caso de no hacerlo se correría el riesgo de reforzar el viejo modelo –anacrónico y despótico– que pugna por hacer de ésta una república sin ciudadanos, un falso paraíso de frívolas simulaciones y omisiones, incapaz de resolver conflictos, pero necesario para mantener inmaculadas las banales aspiraciones de posteridad y poder perpetuo.
En momentos de dificultad, los gobernantes deben actuar con especial sentido del valor, con sensibilidad política y con una amplia vocación democrática, cualidades que la patria reclama en estos tiempos adversos, en los que reinan la desesperanza y la desconfianza de la población hacia su gobierno. Es menester, por supuesto, que todas estas necesarias características se respalden en el imperio de la ley, pues sólo de esa forma es posible concebir un modelo auténtico de estado democrático de derecho.
La situación que se vive hoy en Toluca, México, requiere la intervención de la clase de políticos valiosos como los que se describen, toda vez que las omisiones de los gobiernos que "no oyen y no ven" no son compatibles con una nación colmada de necesidades que aspira a salir adelante en sus anhelos de progreso.
El 16 de agosto pasado inició el ciclo escolar 2009-2010, con una desagradable injusticia: trabajadores magisteriales de Valle de Chalco, México, todos ellos reconocidos ante la ley como servidores públicos de la educación, fueron injustamente desplazados y desalojados de sus centros de trabajo. Pese a los esfuerzos para resolver con el diálogo y la razón esta situación injusta, la autoridad ha desoído en numerosas ocasiones sus reclamos, situación que motivó la movilización social de este grupo de profesores.
Después de algunos intentos por establecer comunicación y mesas de solución del conflicto, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, designó a Luis Manuel Miranda, secretario de Gobierno, y Ernesto Monroy, subsecretario de Educación Básica de la entidad, para atender las demandas de los inconformes. En tres ocasiones, dichos funcionarios se comprometieron a escuchar a los profesores desplazados, en las que cancelaron las sesiones pese a que había el acuerdo político para desactivar el problema.
Desde el lunes 28 de septiembre de 2009, los trabajadores desplazados y otros maestros solidarios mantienen un plantón en la capital mexiquense. Sin obtener repuestas de las autoridades, sin que éstas abrieran siquiera la menor posibilidad de diálogo, 10 de los manifestantes, en una acción desesperada, optaron por declararse en huelga de hambre el pasado 30 de septiembre: Fidelino López Morán, Nancy Ortega Olays, Silvia González González, José Luis Aguilar Bahena, Esperanza Galindo Morales, Carlos Gómez Rosas, Marco Antonio Polo Gómez, Elizabeth Nava Villanueva, Lourdes Joaquín Bernabé y Benito Hernández Téllez. Ni esta acción extrema ha posibilitado que sean escuchadas sus voces y peticiones por las autoridades del estado de México. Al día de hoy, tres de los huelguistas han optado por levantar la protesta, en virtud de que presentan graves problemas de salud, después de varios días de inanición y permanente desdén de los gobernantes.
La nación requiere sensibilidad de sus servidores públicos. Los gobernantes no pueden aspirar a nada si no son capaces siquiera de cumplir la elemental tarea de escuchar a los ciudadanos, de brindar la posibilidad de la audiencia y de garantizar la legalidad en la resolución de conflictos sociales, no sólo por cuestiones de ética o de compromiso social, lo que por sí mismo debería ser suficiente causa, sino por una obligación constitucional, ineludible, fundamental e inexcusable. De lo contrario, se pone en riesgo no sólo el motivo de ser del estado democrático y de derecho a que la población mayoritariamente aspira, sino los derechos laborales y humanos e, incluso, la vida misma de este grupo de profesores de educación básica.
Por las razones expuestas, y con fundamento en lo que disponen los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, proponemos a esta soberanía, para que sean considerados de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador constitucional del estado de México, licenciado Enrique Peña Nieto, en su calidad de jefe del Ejecutivo local, a respetar las garantías de legalidad y audiencia, el respeto de los derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores magisteriales del Valle de Chalco desplazados de sus funciones desde el 16 de agosto de 2009, así como la integridad física y moral de quienes se sostienen en huelga de hambre frente a la casa de gobierno.
Segundo. Establecer de inmediato mesas de negociación tendentes a reactivar el diálogo y resolver este conflicto, en las que intervengan funcionarios de la administración pública estatal facultados para atender estos asuntos, de forma definitiva e inmediata.
México, Distrito Federal, a 6 de octubre de 2009.
Diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CAFÉ, A CARGO DEL DIPUTADO
HERIBERTO AMBROSIO CIPRIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo siguiente:
Consideraciones
Conforme a datos del padrón nacional cafetalero, el café se cultiva en doce estados (Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luís Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro y Tabasco) y en 398 municipios de nuestro país, y en su cadena productiva participan alrededor de 4 millones de mexicanos.
No obstante, las características comunes a todas las zonas de cultivo de este producto de la tierra son la incomunicación, la falta de infraestructura básica, la pulverización de la tierra y la pobreza de los productores, en su mayoría indígenas.
Asimismo, como reporta el Sistema Producto Café, el método de producción predominante en México es de baja tecnificación y de intensidad en el uso de mano de obra. A ello obedece que el principal costo de producción sea el pago de jornales.
A estos factores adversos se une nuestra baja competitividad frente a otros países productores, en donde se presentan aumentos en la producción, derivados de la introducción de la mecanización en los procesos de siembra, recolección y beneficio; ampliación de zonas para el cultivo, bajos costos de mano de obra, asistencia técnica oficial y aperturas de crédito.
Ello provoca que nuestros productores y, en general, la industria que gira sobre la producción del café tengan grandes vulnerabilidades, pese a que últimamente nuestras exportaciones hayan crecido y que los precios del café se hayan mantenido al alza.
Ante las debilidades descritas, de productores, jornaleros, benefactores, comercializadores, vendedores y transformadores, se hace indispensable adoptar medidas de protección para quienes participan en las etapas que van desde la siembra hasta el consumo del café y de fomento a esta agroindustria.
Tales medidas básicamente podrían consistir en la promoción social y administrativa del producto; en la actualización de la legislación reguladora; en la programación y presupuestación que permita mejorar fondos públicos destinados al sector; en la diplomacia parlamentaria que fomente vínculos de cooperación con parlamentos de otros países productores, en actividades tendientes a desarrollar la cafeticultura; entre otros aspectos.
Buena parte de estas actividades y políticas ha correspondido realizarlas a esta Cámara de Diputados.
En anteriores legislaturas, los diputados, principalmente de los estados productores, han trabajado en la construcción de iniciativas relacionadas con el desarrollo sustentable de la cadena productiva cafetalera y gestionado recursos presupuestales, fundamentalmente para el sector social de producción de este insumo.
Por ello, es importante, consecuentemente, que esta LXI Legislatura dé continuidad a esos esfuerzos, puesto que la actividad del sector cafetalero de México persiste y requiere de desarrollo y crecimiento, con el respaldo de esta soberanía.
Para atender este segmento de la función legislativa es, entonces, conveniente reconstituir la Comisión Especial del Café, que ya ha venido operando desde hace ocho años, de los cuales los dos primeros actuó como grupo de trabajo y los seis siguientes como comisión especial.
En razón a ello, con fundamento en los artículos 34 y 42 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitando la intervención que por ley corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, someto con el apoyo de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI de Oaxaca, a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial del Café, cuyo objeto será interactuar con los productores, comercializadores e industriales del café y con las instituciones públicas, privadas y sociales que incidan en el sector y ser un factor de apoyo en la definición e instrumentación de las medidas necesarias para el desarrollo de la cafeticultura mexicana.
Segundo. La comisión estará integrada por el número de miembros que la junta de coordinación política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que estos últimos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva, que se conformará por un presidente y tres secretarios.
Tercero. La Comisión Especial del Café tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo relativo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2012.
Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS,
A CARGO DE LA DIPUTADA ROSI OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada Rosi Orozco integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica y 58 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Según lo señalado en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Castigar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños se entiende por "trata de personas" la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos
La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas señala que comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de dieciocho años de edad, o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo no se requerirá acreditación de los medios comisivos.
Ambos conceptos definen un acto que denigra totalmente la condición humana, la trata de personas es el tercer negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y el de armas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que este delito genera ganancias de 9 mil 500 millones de dólares aproximadamente al año (Méndez, 2007).
Es además una nueva modalidad de esclavitud y una forma extrema de violencia contra las mujeres y la niñez, en la que el responsable no es únicamente el agresor, sino también, el mercado y la sociedad misma al permitir o tolerar estos delitos
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que actualmente miles de mujeres y niñas, en todo el mundo son víctimas de la trata de personas y del tráfico de migrantes. Y en este momento señoras y señores diputados estas mujeres pueden estar huyendo de su país de origen debido a diversas razones y requieren protección internacional y protección legislativa, y es ahí donde nuestra labor es sumamente importante.
México, es un país de origen, tránsito y recepción de migrantes, situación que ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes mexicanos, quienes son las principales víctimas de la trata de personas, los cuales son utilizados principalmente, con fines de explotación sexual y laboral (Inmujeres, 2006).
Atendiendo al Informe del Departamento de Estado Norteamericano sobre Trata de Personas del 2007, un número importante de mujeres, niñas y niños mexicanos son objeto de tráfico interno para ser explotados sexualmente, siendo extraídos con engaños de regiones urbanas pobres hacia zonas urbanas fronterizas y turísticas mediante ofertas falsas de empleo.
Este delito tiene formas y mecanismos diversos, así como finalidades diferentes, pero que al final confluyen en la brutal explotación y el uso de las personas, –de los seres humanos, de las mujeres, hombres y menores de edad que pueden ser cualquiera de nosotras y nosotros o nuestras hijas e hijos– para propósitos ilícitos, además de ser a todas luces una violación inminente a los derechos humanos y una manifestación más de las inequidades de género, al ser las mujeres y las niñas las víctimas del mismo en la mayoría de los casos.
El problema de la trata de personas es también un problema transnacional y un problema que afecta a toda la nación, de ahí la importancia que desde los tres poderes se hagan esfuerzos sin límite por prevenir, sancionar, legislar y atender el problema de la trata de personas.
Las cadenas de la trata de mujeres y niñas fluyen desde los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados, evidenciando la existencia de una demanda de mujeres y niñas para realizar ocupaciones o empleos en condiciones de esclavitud y violencia.
En nuestro país este delito ha encontrado una especie de trampolín para la migración del sur del continente hacia Norteamérica, –se ha acentuado en las últimas décadas–, y tiene que ver, principalmente, con la pobreza, la falta de empleos suficientes, la ubicación geoestratégica de nuestro país, las inequidades entre los géneros entre otros; situación que debemos tener en cuenta, mucho más ahora que la crisis económica mundial está dejando sin empleo y sumidos en la pobreza a muchos más seres humanos.
Hoy en día es fundamental realizar un análisis de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, incentivar la participación de la sociedad civil, así como la formación y capacitación de servidores públicos que le den una verdadera funcionalidad al marco jurídico; así como la elaboración mecanismos de protección para víctimas de este delito mediante el establecimiento de albergues que garanticen un efectivo trato y asesoría a las víctimas de este delito.
La trata de personas, generalmente, ocurre a partir de tres fases, la de enganche, la de traslado y la de explotación de la víctima.
Estas tres fases son llevadas a cabo por redes de tratantes, es decir, la delincuencia organizada, definida por la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado como "un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material".
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (Inmujeres, 2006:24), señala que prácticamente cualquier persona puede ser víctima de la trata. Sin embargo, las mujeres, las niñas y los niños son más vulnerables, en especial en lo que respecta a la explotación sexual y la servidumbre.
Este delito ha sido abordado en varios instrumentos internacionales ante los cuales México se ha comprometido al ser celebrados por el presidente de la República y aprobados por el Senado, y que de conformidad con el artículo 133 constitucional, son ley Suprema de la Unión, entre los que se encuentran:
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN).
Otro punto importante es que en el año 2006 el COCEDAW instó a nuestro país a estudiar el fenómeno de la trata, incluidos su alcance, causas, consecuencias y fines, y a recopilar información sistemática con miras a formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización, así como a emprender acciones para la rehabilitación de las víctimas y su reintegración en la sociedad, además, de recomendar campañas nacionales de concientización para prevenir a las mujeres y las niñas sobre los riesgos y consecuencias de la trata y ha demandado también la capacitación de funcionarias y funcionarios de migración, policías y guardias de vías terrestres, fronteras y costas sobre las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas, y las distintas formas de explotación.
Entre estas formas de explotación se encuentran, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la misma y la extracción de órganos.
Los principales elementos o mecanismos utilizados en el delito de trata son el reclutamiento realizado a través de ofertas de trabajo falsas, el secuestro de la persona que será utilizada para el delito de trata, o la todavía existente compra y venta de personas para trata.
Otro de los mecanismos que se utilizan en el delito de trata es el transporte físico de las personas víctimas de trata mediante la coerción física o psicológica y/o el engaño implicado en la oferta, con el fin de explotarla sexualmente o explotar su trabajo, y es necesario señalar que en todo este proceso se observa la ausencia de consentimiento informado.
Como causas –que no justificantes– de la comisión de la trata de personas encontramos en los países de origen de las víctimas de este delito, fenómenos como la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, las crisis políticas y humanitarias y la marginación, subordinación y la discriminación que sufren las mujeres y la infancia y en el caso de los países de destino de las víctimas de trata de personas se observa una alta demanda de mano de obra barata y una gran demanda de mujeres y niñas para la industria del sexo.
Este delito tan deleznable, representa como ya señalaba, un negocio atractivo para los traficantes y la delincuencia organizada, debido a que, entre otras causas; existen pocos riesgos para los delincuentes de trata, pues no todos los países cuentan con una ley que sancione este delito, no se brinda la capacitación necesaria a los perseguidores e impartidores de justicia sobre el tema y como reconocerlo y juzgarlo, no existe una cultura de protección integral a la víctima de este delito y muy al contrario en muchos casos, es juzgada como migrante irregular y representa un negocio en el cual en muy pocas ocasiones se sufre una pérdida económica, ya que la inversión real corresponde al reclutamiento de seres humanos.
Pero lo más grave de todo esto y lo que nos debe de preocupar como Poder Legislativo, son las consecuencias de este delito sobre los seres humanos, sobre las y los mexicanos. Entre estas consecuencias, podemos señalar la violación de los derechos humanos, tanto por los perpetradores del delito como por las autoridades judiciales y de migración, la exposición permanente a la violencia en todas sus modalidades, la exposición permanente de las víctimas a contagios de enfermedades de transmisión sexual y sobre todo y ante todo el riesgo inherente y permanente que sufren las víctimas de trata de perder la vida.
Todas estas mujeres y hombres víctimas de este flagelo, que se sienten atrapadas y sin una salida segura, que trabajan en un sector informal, generalmente ilícito o encubierto, que residen ilegalmente en el país a donde fueron llevadas, que tienen conocimiento limitado de sus derechos y opciones legales, que sufren restricción a su libertad personal, que están de paso, que han sido cambiadas de una ciudad a otra o de un establecimiento a otro, que probablemente han experimentado abuso físico, sexual o psicológico y amenazas de abuso contra ellas o su familia, que están a la merced de la violencia, multas o castigos por parte de empleadores o tratantes, que no tienen una situación legal en el país donde se encuentran, que les han quitado sus documentos y les preocupa una posible deportación, que mienten sobre su edad, sobre todo si son menores, que están atrapadas en situaciones de esclavitud por deuda u otras obligaciones relacionadas con el crimen organizado –funcionarios gubernamentales corruptos, miembros de la policía o militares–, que enfrentan discriminación étnica, social o de género y que tienen reacciones de auto-protección o presentan síntomas de trauma o estrés reflejados en una percepción distorsionada del tiempo o el espacio, pérdida de memoria de cierto eventos, comportamiento arriesgado o subestimación del riesgo, todas estas personas, merecen que este Poder Legislativo tome muy en serio este grave problema mundial y que afecta de manera diaria la vida de miles de mexicanas y mexicanos.
Por todo lo anterior resulta de relevante que desde este Poder Legislativo se realice una revisión de la congruencia y armonización de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas a la luz de lo que señalan los principales instrumentos internacionales en la materia señalados anteriormente. Así como hacer una revisión detenida de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su correlación con otras leyes federales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de garantizar su adecuada armonización a fin de crear políticas públicas que den respuesta idónea y que incidan en el mercado, en los mecanismos, en la protección y atención a las víctimas de trata; establecer la concurrencia entre las distintas entidades federativas y lograr la expedición de una legislación fuerte y sólida homologada en todo el país y por último es importante tener presentes las recomendaciones emitidas a nuestro país por parte de las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de la infancia, así como de los comités de seguimiento de las convenciones en la materia. Es por todas estas tareas pendientes que acudo ante ustedes, mujeres y hombres comprometidos con sus electores, con su país y con este tema, a solicitarles su voto a favor para crear esta comisión especial, a partir de la cual este Poder legislativo pueda enfrentar los compromisos internacionales en la materia y apoyemos a través de las reformas necesarias en el tema a la lucha contra este grave delito.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados.
Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.
Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a seis de octubre de 2009.
Diputada Rosi Orozco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DICTAR A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
DE SALUD LA NORMA OFICIAL MEXICANA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
INTEGRAL DE SALUD Y ENFERMEDADES MENTALES, A CARGO DEL DIPUTADO HELADIO
GERARDO VERVER Y VARGAS RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pobreza y los problemas asociados a ésta, como la violencia, la exclusión social y la inseguridad constante, están relacionados con la aparición de trastornos mentales como el aumento del estrés, la depresión, los suicidios y los actos delictuosos entre otros.1
La población mexicana se ve afectada por la crisis económica, la migración humana, la violencia, la inseguridad social, el desempleo, la discriminación, la pobreza, el cambio climático, etcétera.
En los hechos, hemos sido testigos de acontecimientos violentos y fatales ligados directamente a una precaria salud mental de algunas personas de la comunidad. Para dar ejemplo tenemos el secuestro del vuelo 576 proveniente de Cancún con destino a la Ciudad de México por parte de un predicador y cantante boliviano de una secta religiosa cristiana, quien amenazó con detonar una bomba si no se entrevistaba con Felipe Calderón para confiarle el advenimiento de un gran terremoto.
En este caso la emergencia puso en peligro la vida de más de cien personas cautivas en un avión en manos de un individuo cuyo desorden psicológico ocasionó que las autoridades movilizaran a todo un aparato de seguridad, terminando en una situación de caos que afectó las operaciones aéreas del país para terminar con el caos y resolver la terrible confusión.
El hecho más reciente es el ocurrido el pasado viernes 18 de septiembre del presente año, en el que un hombre con estudios de veterinaria, aparentemente trastornado, privó de la vida a dos personas e hirió a nueve más tras desencadenar una balacera al interior de una estación del Metro Balderas del Distrito Federal.
Según testigos de los hechos, el hombre gritaba: "esto es en nombre de Dios, porque el gobierno nos tiene muriendo de hambre". Por otro lado, según testimonio de su familia, este individuo trabajó como migrante en Estados Unidos, y se le observaba preocupado por el medio ambiente, las reservas alimenticias y desde chico afectado por "problemas nerviosos".
En el caso de la estación del Metro Balderas sabemos que antes de iniciar los asesinatos, realizó "pintas" alusivas a la pobreza patrimonial, la pobreza alimentaria y el hambre que está viviendo México.
Estos casos evidencian desequilibrios mentales que permitieron justificar actos delictivos justificándolos con discursos radicales ligados directamente con situaciones de crisis económica y problemas del medio ambiente.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental debe ser considerada como una prioridad global, pues los desórdenes mentales afectan a cerca del 12 por ciento de la población mundial, aproximadamente 450 millones o una de cada cuatro personas en el mundo sufre una enfermedad mental.2 Es preciso cambiar las políticas públicas, pues solo entonces podremos prestar servicios esenciales de salud mental a los hombres y mujeres que los necesitan.
Resulta paradójico señalar que con una intervención adecuada de servicios de salud se puede prevenir, detectar y tratar de forma oportuna este tipo de actos que ponen en riesgo la vida e integridad de comunidades, familias y personas mediante la implementación de modelos integrados de atención a la salud mental.
La Ley General de Salud señala como materia de salubridad general la salud mental y preceptúa como carácter prioritario la prevención de las enfermedades mentales basándose en los métodos de prevención y control.3
En México carecemos de un modelo de atención integrada en el que se incluyan un trabajo organizado por los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, donde se contemple: la búsqueda de factores de riesgo con el fin de fomentar el desarrollo de habilidades para la vida esto en especial en la población menor de dieciocho años, tamizajes para evaluar la salud mental por grupos de edad que permitan detectar los problemas más frecuentes según la edad y dar atención psicológica o médica, cuyo alcance permitirá evitar el avance de los desórdenes, las muertes prematuras y un mejor nivel de vida de las personas, organizar los servicios de salud mental que existen actualmente e invertir recursos a la salud mental puede generar enormes beneficios en términos de reducción de la discapacidad y la prevención de muertes prematuras asociadas con esos trastornos. La prevención es la clave para mejorar la calidad de vida de las personas.
Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al Ejecutivo federal a emitir, por conducto de la Secretaría de Salud, una norma oficial mexicana de prevención y atención integral de salud y enfermedades mentales.
Segundo. Dicha norma oficial deberá contener un modelo que contemple: la identificación de factores de riesgo y según resultado, el desarrollo de habilidades para la vida, en especial en los menores de 18 años y muy especialmente en los niños menores de 5 años.
Tercero. Que el modelo de atención integrada de salud mental, contemple tamizajes por grupos de edad, para ser aplicados a la población por los servicios de salud de los tres niveles de gobierno a todo usuario que acuda a atención, como a la población abierta y aquellas personas que resulten con la posibilidad de tener algún trastorno mental, sean canalizados y atendidos por los servicios de salud y los servicios de psicología ya existentes.
Cuarto. Que el modelo de atención integrada de salud mental incluya un instrumento de medición para evaluar la mejora en la calidad de los servicios y el bienestar de la población.
Notas
1. Información proporcionada por la doctora Margaret
Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud,
el 9 de octubre del 2008, en el marco del Día Internacional de la
Salud Mental. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr37/es/index.html
2. Federación Mundial de Salud Mental, Día
Mundial de la Salud Mental 2008. "Convirtiendo la salud mental en una prioridad
global-mejorando los servicios a través de la reivindicación
y la acción ciudadana". http://www.wfmh.org/PDF/Spanish%20WMHDay%202008.pdf
3. Ley General de Salud, artículos 3o., fracción
VIII, y 72.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre del 2009.
Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR ZONA DE DESASTRE DIVERSOS MUNICIPIOS
DE HIDALGO POR LAS INTENSAS LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS Y
A SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES,
A CARGO DEL DIPUTADO CANEK VÁZQUEZ GÓNGORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante el pasado mes de septiembre del presente, intensas lluvias afectaron a la región del estado de Hidalgo en los municipios de Tenango de Doria, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Huejutla, Calnali, Tepehuacán, Molango, Metztitlán, Juárez Hidalgo, Tlanchinol, San Felipe, Huazalingo, Atlapexco y Nicolás Flores. Estas fuertes lluvias, que aún imperan en la región, ocasionaron sensibles daños en materia de vivienda, cultivos y caminos, lacerando la calidad de vida en la zona.
Las lluvias ocurridas del 23 al 27 de septiembre se prolongaron durante 70 horas continuas alcanzando los 161 metros cúbicos por segundo, dejando sin comunicación a cinco comunidades y más de cuarenta con caminos y acceso parcialmente abiertos.
Los daños causados por las lluvias en carreteras ascienden a más de 800 millones de pesos. Los daños más significativos a la red carretera se presentaron en el municipio de Huehutla, donde se derrumbaron alrededor de 60 mil metros cúbicos y se abrió una grieta de 100 metros de longitud y 20 metros de profundidad.
En la sierra del estado se presentaron decenas de derrumbes, siendo el más importante el que afecta a las comunidades de Otlamalacatla y Polintotla en Tianguistengo, donde el paso está bloqueado por un derrumbe de 6 mil 500 metros cúbicos.
Afortunadamente, una sociedad alerta con cultura de la prevención fue vital para no tener, esta vez, vidas humanas que lamentar. Sin embargo, el deterioro económico a causa de este desastre es sumamente considerable.
Se necesita de un mes y medio de trabajos, aproximadamente, para restablecer los caminos y comunidades afectados.
Compañeras y compañeros diputados: el estado no puede esperar a que la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación decidan qué municipios se verán beneficiados por el apoyo del Fondo de Desastres Naturales.
Es por ello que apelo a su solidaridad para que consideren urgente tomar medidas extraordinarias ante este desastre natural en la región del estado de Hidalgo.
La misión principal debe ser atender a la población damnificada con rapidez y oportunidad con los suficientes recursos humanos y materiales.
Por lo expuesto, someto a discusión y aprobación por el pleno de esta honorable asamblea, como de urgente y obvia resolución, el presente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que ordene la declaratoria de zona de desastre a los municipios de Tenango de Doria, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Huejutla, Calnali, Tepehuacán, Molango, Metztitlán, Juárez Hidalgo, Tlanchinol, San Felipe, Huazalingo, Atlapexco y Nicolás Flores.
Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que mandate a la Secretaría de Gobernación que libere los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el mismo efecto, con la finalidad de atender las necesidades del estado de Hidalgo
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Canek Váquez Gongora (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO, A CARGO
DEL DIPUTADO ÓSCAR MARTÍN ARCE PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El que suscribe la presente, diputado federal Óscar Martín Arce Paniagua perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 60, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Junta de Coordinación Política se constituya la Comisión Especial para la reforma del Estado.
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 como norma suprema, da fundamento y vida al sistema jurídico mexicano que nos rige en la actualidad. Sin embargo, los cambios sociales y políticos acontecidos en las últimas décadas, obligan a que las normas jurídicas, así como las instituciones públicas, se modifiquen y adapten al momento histórico que se vive.
A la serie de transformaciones que se proponen para modernizar al Estado mexicano y actualizar nuestro sistema jurídico, partiendo de reformas de índole constitucional, se le ha denominado, la reforma del Estado.
La unidad de instituciones políticas es un hecho que se manifiesta históricamente, como una necesidad imprescindible de considerar a las formas políticas desde un punto de vista unitario de acuerdo con los fines.1 La unidad en un estado democrático, sólo se puede entender bajo un marco jurídico, que dote de certeza y seguridad a los ciudadanos y que legitimen los actos del poder público.
La llamada "reforma del Estado" es un proceso de carácter complejo que, al menos en el caso de México, ha pasado por varias etapas, involucrando en su delineación y en los debates que ha suscitado tanto a instituciones nacionales (sindicatos, poderes públicos, académicos, etc.) como internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, etc.)2
La trascendencia de la dinámica reformadora del Estado, vincula a todas las esferas públicas, pues se debe generar un impacto positivo no sólo a las instituciones, sino a la esfera jurídica, social y cultural de cada mexicano.
En 1977 la estructura estatal mexicana experimentó una serie de reformas que constituyen un antecedente importante para la transición democrática del país. Gracias a ello se aceptó el derecho a la información, la constitucionalización de los partidos políticos, se establecieron los mecanismos de representación proporcional y se crearon las comisiones legislativas de investigación.3
Desde entonces, se han introducido nuevas instituciones, figuras jurídicas y políticas y reformado las ya existentes como parte del proceso modernizador del Estado. Se trata de una evolución dialéctica, que se encuentra inacabada y con nuevos retos, que permitan, no sólo la consecución de sus fines, sino también su posibilidad y probabilidad en un corto y mediano plazo, pues en ello se encuentran diversas soluciones a los graves problemas que sufre México en la actualidad.
No debe olvidarse, que en los últimos 10 años, se instrumentaron reformas que permitieron contar con reglas más claras y equitativas para el procedimiento electoral, así como la posibilidad de elegir a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Distrito Federal.4 Lo anterior implicó que en el año 2000, México consolidara la transición de un partido político dominante a un sistema democrático donde la alternancia simbolizó el triunfo de una generación que luchó por sus derechos civiles y políticos.
Con el reconocimiento de los logros obtenidos, es una obligación de la LXI Legislatura, trabajar en la concreción de los retos presentes y en la construcción institucional y jurídica del Estado que deseamos en el futuro. Es imperativo generar en esta Cámara de Diputados, los medios idóneos para trabajar en la reforma del Estado, de forma plural, coordinada y con el mayor consenso que requiere una tarea de tal magnitud.
El 13 de abril de 2007, se publicó la Ley para la Reforma del Estado, la cual estableció la metodología para el trabajo, negociación y la formación de consensos que se tradujeron en acuerdos de reformas, así como un plazo determinado para alcanzarlos. En esa misma ley, se pactó una agenda legislativa como base de los trabajos de la reforma del Estado, con seis grandes temas torales; régimen de Estado y gobierno, democracia y sistema electoral, federalismo, Poder Judicial, reforma hacendaria y garantías sociales.
Para tal efecto, se la creó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado en México (CENCA), en donde las distintas fuerzas parlamentarias lograron coincidencias en diversos proyectos que pueden dar forma a las iniciativas de ley que se necesitan materializar en la materia. Debemos resaltar que se tratan de propuestas, que deben ser analizadas, discutidas y consensuadas bajo los procedimientos del derecho parlamentario. Hay mucho trabajo pendiente, que corresponde directamente al Congreso de la Unión y en lo particular a la Cámara de Diputados, como representantes del pueblo, ejecutar aquí y ahora.
En el año 2000, la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados creó por primera vez la Comisión Especial para la Reforma del Estado; posteriormente, la LIX y LX Legislaturas reinstalaron dicha Comisión, en tanto que el Senado de la República desde el 2006 cuenta con una Comisión ordinaria para la Reforma del Estado.
La Comisión Especial en la Cámara de Diputados participó en todas las etapas previstas en la Ley para la Reforma del Estado, desde la elaboración de la consulta pública, hasta el proceso de construcción de acuerdos, redacción de los proyectos y la presentación de iniciativas.
Dicha labor debe tener continuidad y se debe dar seguimiento a lo instrumentado en la pasada Legislatura y los pendientes legislativos de la CENCA, así como generar nuevas opciones que enriquezcan y perfeccionen la reforma del Estado.
El Partido Acción Nacional quiere transformar al Estado mexicano para que responda a las aspiraciones de los mexicanos, no inaugurarlo ni volver a luchas históricas ya superadas. Pretendemos impulsar el perfeccionamiento de nuestro régimen de gobierno, incorporar valores a las propuestas, como el respeto a la dignidad de la persona, la libertad con responsabilidad, la igualdad de oportunidades, la subsidiariedad, la solidaridad, la justicia y el bien común. Centrar a la persona humana en el centro de sus propuestas a fin de que la reforma del Estado sirva para que las instituciones contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y a la eliminación de la miseria y la pobreza, a que haya más seguridad, y a que se generen más empleos. De esta manera, la reforma del Estado permitirá acercar el México legal al México real.
Nuestro sistema político debe responder a las exigencias que impone un federalismo plural y vigoroso; debe garantizar el acceso universal a la justicia pronta e imparcial, y debe fortalecer el régimen de libertades y derechos de los mexicanos.
A través de la reforma del Estado, buscamos consolidar plenamente nuestra democracia y hacerla socialmente eficaz, de tal manera que pueda traducirse en un desarrollo humano sustentable y en mayor bienestar social.
En congruencia con lo mencionado, en el Tercer Informe de Gobierno, el presidente Calderón convocó a todos los sectores para alcanzar un cambio profundo en México, para ello refirió diez puntos esenciales para impulsar la transformación de México.
El décimo punto refiere la necesidad de "Emprender una reforma política de fondo que incluye a la electoral en donde se dejaron algunos pendientes. El objetivo es plantearnos si el actual sistema político permite procesar los conflictos. Pasar del sufragio efectivo a la democracia efectiva. Un sistema político que haga de manera correcta la corresponsabilidad entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno".
La Cámara de Diputados, considera y apoya al presidente Calderón en este esfuerzo y debe asumir su responsabilidad política en dicha transformación, haciendo uso pleno de sus facultades legislativas que el Estado le mandata.
En virtud de lo anterior, consideramos indispensable la reinstalación en esta LXI Legislatura de una Comisión Especial para la reforma del Estado, que permita la construcción de consensos que garanticen una progresión hacia un mejor esquema de organización y funcionamiento de los poderes públicos, que respondan a una sociedad más informada y responsable, ante los retos globales que hoy se nos presentan.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la constitución de la Comisión Especial para la reforma del Estado, y una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados.
Segundo. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.
Cuarto. El objeto de esta Comisión Especial es contar con un espacio parlamentario en la Cámara de Diputados, que permita construir acuerdos, unificar criterios y eficientar los procesos que accedan a la modernización y fortalecimiento del Estado mexicano, con base en los principios de derecho y democráticos de la nación mexicana, coadyuvando a una visión global de las diferentes iniciativas y puntos de acuerdo en torno a la reforma del Estado que se generen, estudien y dictaminen en esta Legislatura.
Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial, será el mes de agosto de 2012, sin perjuicio de que al cumplir el objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada.
Notas:
1. Serra Rojas Andrés, "Teoría del Estado,
Ed. Porrúa, México, 2006.
2. Carbonell, Miguel, "Elementos de derecho constitucional",
Ed. Fontamara, México 2006.
3. Carpizo, Jorge, "La reforma del Estado en 2007 y 2008"
en Cuestiones Constitucionales, Num. 19, julio- diciembre, México,
IIJ UNAM, 2008, p. 21
4. Ibidem, p. 24.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a seis de octubre de 2009.
Diputado Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESISTIRSE DE PRESENTAR ANTE EL LEGISLATIVO
FEDERAL LA "INICIATIVA LOZANO DE REFORMAS DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO",
O EQUIVALENTE; Y A INICIAR AL EFECTO UN AMPLIO PROCESO DE DISCUSIÓN,
ESPECIALMENTE ENTRE LA CLASE TRABAJADORA, QUE CONLLEVE LA TUTELA DE LOS
DERECHOS HISTÓRICOS DE ÉSTA, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO
SERRANO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
La historia del derecho laboral en el país nos muestra que tanto la Ley Federal del Trabajo de 1931 como la vigente de 1970 fueron producto de un amplio proceso de discusión en el que intervinieron los factores de la producción y especialistas de primer nivel. Esto derivó de la perspectiva democrática que debe privar en las relaciones de trabajo, como de la propia naturaleza de esta rama del derecho, nodal para el bienestar de la población y la paz social.
El artículo 123 constitucional nació de un proceso más profundo, una revolución social que culminó en un constituyente donde nació el derecho social a nivel constitucional y, concretamente, el derecho laboral.
Frente a una posible reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) hay diversas posiciones de parte de los trabajadores, desde aquellos que consideran que no se debe reformar sino cumplir puntualmente hasta los que apoyan su reforma bajo diversas perspectivas de solución. Sin embargo, todos coinciden en que es condenable la pretensión de imponer la contrarreforma Lozano cuya última versión fue presentada por el secretario del Trabajo en el foro México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer?, celebrado el 9 de febrero de 2009, en donde se dio a conocer el documento Hacia una reforma laboral para la productividad y la previsión social.
Basta ver el título del documento de cita para deducir que la propuesta Lozano de reformas integrales a la LFT que contiene es absolutamente propatronal y desmanteladora de los derechos de los trabajadores. Primero se habla de "productividad" y sólo después, de manera vaga, de "previsión social".
Ahora bien, haciendo un análisis comparativo entre este último documento y la propuesta previa de reformas a la LFT, filtrada en abril de 2008, y sobre la que el secretario del Trabajo también aceptó su autoría, tenemos un panorama gris; ya que el documento de febrero de 2009 ahonda la contrarreforma a niveles inconcebibles, inaceptables de manera absoluta.
Son de destacar las siguientes agresiones adicionales a los derechos de los trabajadores:
b) Se consagra el arbitraje obligatorio de las huelgas, el sueño dorado de la patronal (artículos 469, 937 y 937 Bis).
c) Dando alas a la precariedad laboral total se consagra de manera expresa el pago por hora (artículo 83 LFT).
d) Se flexibiliza aún más la subcontratación: se suprimen los controles de la STPS y del patrón beneficiario sobre el subcontratista, igualmente desaparece la responsabilidad solidaria de ambos patrones en materia de riesgos de trabajo (artículo 15-A).
e) Las labores conexas y complementarias, que ya han sido criticadas por la flexibilización que representan, ahora se establecen como "un deber" para el trabajador, como una obligación. Lo que abre el camino para que la negativa del trabajador a desempeñar éstas sea causa de despido justificado (artículo 56).
f) Se establece a los sindicatos como asociaciones de interés público. Es decir, que ante todo los sindicatos se constituyen en interés del Estado, el cual, por tanto, puede actuar sobre tales sindicatos en provecho de la "sociedad": para evitar un mal público, satisfacer una necesidad colectiva o alcanzar un beneficio común. Esto es la muerte para la autonomía e independencia sindicales (artículo 356).
g) Se somete la huelga a precalificación, en general a requisitos que la hacen imposible (artículo 920).
h) Se suprime la pena de prisión para los subcontratistas fraudulentos (artículo 1004-C, antes 1004-D).
i) Por citar algunas. Insisto, estas afectaciones son adicionales a las que ya venían en el documento filtrado de abril de 2008.
Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que desista de presentar ante el Legislativo federal la conocida como "iniciativa Lozano de reformas a la Ley Federal del Trabajo" o equivalente; y, contrariamente, inicie al efecto un amplio, democrático y efectivo proceso de discusión con la participación de los factores de la producción, que busque como esencia la tutela de los derechos históricos de la clase trabajadora. La equidad y la paz social así lo exigen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2009.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EDUCACIÓN
INDÍGENA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
INDÍGENA, A CARGO DEL DIPUTADO SOCORRO SOFÍO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que la lucha de los pueblos indígenas ha sido escrita a través del tiempo como una historia de despojos y agravios. Una lucha de resistencia por sobrevivir a las adversidades de explotación, marginación y pobreza. Que la voz indígena no ha sido escuchada y sigue clamando justicia social para vivir con dignidad y oportunidades.
Que el artículo segundo de nuestra Constitución Política refiere la necesidad de "garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva, la educación media superior y superior, el establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles educativos".
Que la Asamblea General de la ONU, aprobó el 13 de septiembre del 2007, la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento internacional que debe armonizarse con nuestro marco jurídico en materia de educación indígena, porque menciona que los niños indígenas tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.
Que en México existen 62 pueblos indígenas, con sus respectivas variantes lingüísticas, cuyos asentamientos se concentran particularmente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Nuestro Estado mexicano es uno de los países con mayor diversidad cultural del mundo y un amplio patrimonio lingüístico.
Que los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de marginación y pobreza, en una situación de desigualdad, olvido y racismo. Prevalece la desnutrición, la mortalidad materna e infantil, el rezago educativo, la inequidad de género y la migración.
Que es tiempo de impulsar una verdadera educación indígena intercultural que respete y que aproveche la sabiduría de nuestros pueblos en todos los campos del conocimiento. Una educación que facilite el acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología. Una educación que mejore nuestras perspectivas de desarrollo y eleve la calidad de nuestras vidas. Una educación que respete la rica diversidad cultural y reivindique como parte de la identidad nacional la lengua y los usos y costumbres propios de nuestros pueblos indígenas. Una educación contra la explotación, contra la dominación cultural, contra la discriminación racial, una educación que revalore nuestra cultura y afirme nuestra identidad étnica, que nos permita admirar la incansable fortaleza y la gran riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas. Una educación indígena que ofrezca un servicio de calidad, que cuente con infraestructura adecuada, con programas de apoyo para útiles escolares, con programas de apoyo para transporte, que coadyuve a la profesionalización docente y a la dotación de materiales didácticos.
Es prioritario que en estos momentos de crisis apoyemos a nuestros hermanos indígenas, que nos comprometamos a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 los recursos necesarios para educación indígena. No escatimemos esfuerzos en el proceso de negociación para garantizar la igualdad de oportunidades a los aproximadamente 3 millones de alumnos de educación indígena de todos los niveles educativos.
Frente a esta realidad, es necesario una revisión y un replanteamiento de las políticas públicas en materia de presupuesto para la educación indígena.
Como un referente, es importante mencionar que en materia de educación indígena, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se destinaron 163 millones de pesos; para 2007, 175 millones de pesos; y para 2008 se logró un presupuesto histórico de 443 millones de pesos. Sin embargo, de manera muy lamentable, para 2009 se redujo considerablemente 48 por ciento, con un monto aprobado de 261 millones de pesos. En esa escala de reducciones, para 2010 el Ejecutivo federal ha propuesto en el proyecto de Presupuesto de Egresos un monto de 213 millones de pesos, que representa una disminución de 229 millones de pesos con relación a 2008.
Es importante mencionar que estos recortes presupuestales han provocado la falta de oportunidades para el desarrollo integral de niños y niñas de nuestros pueblos indígenas.
Devolvamos a los pueblos indígenas lo que les ha sido negado a través de los años: la educación como parte de su desarrollo humano y consolidación de sus libertades.
Por lo expuesto y con una alta identidad hacia nuestras raíces, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al pleno de este Congreso, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos a efecto de que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 se asignen mayores recursos a la Dirección General de Educación Indígena, equivalente a lo que le fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 por 443 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Sofío Ramírez Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
A EXCITAR A LA COMISIÓN DE LÍMITES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
PARA QUE PRESENTE EL DICTAMEN RELATIVO AL PROBLEMA TERRITORIAL ENTRE JALISCO
Y COLIMA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS GUSTAVO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Y PEDRO PERALTA RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben, diputados Gustavo González Hernández y Pedro Peralta Rivas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica, y 58 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 45 que "Los estados de la federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos".
II. Sin embargo, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo del gobierno federal, realizaron algún trabajo que permitiera determinar si existían dificultades entre los estados en relación a su extensión y límites, para efecto de realizar un levantamiento cartográfico que resultara en el mapa oficial donde se identifiquen con precisión sus fronteras.
III. Esta situación es latente en el estado de Jalisco, al menos en lo que respecta a sus límites con el estado vecino de Colima, situación que no fue atendida a cabalidad, hasta que el gobernador Alberto Cárdenas Jiménez creó una comisión de investigación que culminó con las documentales suficientes para plantear una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue registrada bajo los números 1/98 y 3/98. Así, las dificultades de límites se presentan en 3 puntos que suman 400 kilómetros cuadrados en la zona del Volcán de Colima, en la zona del río Marabosco entre los municipios de Cuatitlan, Jalisco y Minatitlan, Colima, y en la zona costera de la isla Navidad entre los municipios de Cihuatlan, Jal. y Manzanillo, Col.
IV. Posteriormente, después de 8 años de ventilarse la controversia, fue publicada el 8 de diciembre de 2005, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma que quita las facultades a la SCJN y las transfiere al Senado de la Republica, por lo que fue turnado el expediente para su resolución la cual aún no se produce.
V. Esta dilación ha traído enfrentamientos entre autoridades municipales y estatales y una gran incertidumbre e inseguridad a la población. Uno de los últimos episodios se presentó el pasado 30 de julio de 2009, cuando elementos de seguridad publica provenientes del estado de Colima establecieron retenes en la comunidad de Las Pesadas, la cual está habitada por cerca de 70 nahuas de la región.
VI. Es por eso que los diputados que firmamos la presente iniciativa consideramos que debe darse celeridad a la resolución de la controversia, haciendo énfasis en que el problema no debe verse desde una óptica donde un estado gana y un estado pierde, pues todos somos parte de la gran nación mexicana. La óptica que debe prevalecer es la humanista, donde las personas que habitan las zonas en conflicto son seres humanos que tienen el derecho a saber con certeza quién es su autoridad y poder desarrollarse en un ambiente de seguridad.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de lo establecido en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos nos permitimos someter a su consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para que en los términos de los dispuesto por el artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; excite a la Comisión de Límites de las Entidades Federativas de esa Cámara a fin de que, a la brevedad posible, presente el dictamen relativo al problema territorial entre los estados de Jalisco y Colima.
Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Gustavo González Hernández (rúbrica)
Diputado Pedro Peralta Rivas
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS QUE PERMITAN ATENDER LA PROBLEMÁTICA
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE
VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE UN ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO
PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DESTINADA A LOS HABITANTES ESTABLECIDOS
EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN CUAJIMALPA DE MORELOS, ÁLVARO OBREGÓN,
LA MAGDALENA CONTRERAS Y TLALPAN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ARACELI
VÁZQUEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
María Araceli Vázquez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a etiquetar una partida de mil millones de pesos, en el marco de sus atribuciones, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, con la finalidad de atender la problemática de vivienda en alto riesgo a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, mediante un esquema de financiamiento público de construcción de vivienda para los habitantes de zonas de alto riesgo hidrometeorológico y geológico, principalmente en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlalpan, así como para las familias ocupantes de viviendas con alto riesgo estructural en las delegaciones centrales tales como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez , al tenor de los siguientes
Considerandos
Primero. Los motivos que orillan a la suscrita a presentar ante esta soberanía dicha proposición, se contextualizan en el respeto a los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. La problemática se circunscribe en la protección al medio ambiente, en el derecho a la vivienda, en la protección de la vida y el patrimonio de los habitantes de la ciudad y en la facultad de esta Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos. La tragedia más reciente ocurrió el 14 de septiembre del año en curso, derivado de las fuertes lluvias se dio un deslave y derrumbe en la delegación Magdalena Contreras que cobro la vida de 3 integrantes de una familia; esto ocasionó que se evacuara a 20 familias como medida preventiva. Aquí cabe hacernos la pregunta, ¿a dónde va a parar esa gente que no tiene donde vivir? ¿Qué están haciendo las autoridades para ayudar a estos ciudadanos que no tienen la manera de adquirir una vivienda digna y decorosa?
Segundo. En consecuencia, el soporte constitucional y legal de dichos temas se fundamenta en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que regula la preservación y restauración del equilibrio ecológico, y la protección al ambiente en el territorio nacional, entendido este equilibrio como la relación de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
Tercero. La Ley General de Asentamientos Humanos dispone que un asentamiento humano es el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran y donde dicho ordenamiento tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural.
Cuarto. La Ley General de Protección Civil, establece principios de política pública en prevención y mitigación de desastres, así como lo referido a los fenómenos peligrosos tales como son los hidrometeorológicos y geológicos, así como los lineamientos que deben regir las declaratorias de desastre y emergencias.
Quinto. La Ley de Vivienda establece orientaciones respecto de la prevención de desastres y protección física de la población como parte de la vivienda digna y decorosa, además la misma normatividad prevé financiamientos, créditos y ahorro.
Sexto. La federación, en sus 3 niveles de gobierno, promoverá acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, que propicien la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, mismo que comprenderán entre otras: la construcción y mejoramiento de vivienda de interés social y popular; el financiamiento, construcción y operación de proyectos de infraestructura, equipamiento y la prestación de servicios públicos urbanos y, la preservación del ambiente en los centros de población. El artículo 4 constitucional consagra el derecho a la vivienda al afirmar que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
Séptimo. Para el goce de este derecho, existen autoridades encargadas del rubro, tales como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, la Comisión Nacional de Vivienda, el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Sociedad Hipotecaria Federal, entre otras.
Octavo. Dichas acciones coordinadas por las autoridades ambientales, de vivienda y de protección civil, tienen como propósito prevenir desastres naturales que impliquen la vida de seres humano. Así, la protección civil viene siendo el conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. Su política es la prevención.
Noveno. La problemática que se plantea en la presente proposición se circunscribe en la protección al medio ambiente, el derecho a la vivienda de las personas que viven en situaciones de riesgo por habitar en zonas como barrancas, laderas, etcétera.
Décimo. Datos del gobierno federal permiten robustecer la propuesta: el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación informó que en los últimos 20 años el número de desastres, superiores a 75, han causando alrededor de 7 mil muertes y decenas de miles de damnificados. El número de víctimas fatales durante los últimos 20 años, asciende a algo más de 10 mil personas, alrededor de 500 anuales, en promedio. Los daños directos calculados alcanzan los 9.6 mil millones de dólares.
Undécimo. En el caso del Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión, la ocupación habitacional de casi 13 mil 500 kilómetros cuadrados de suelos arcillosos o porosos, laderas, barrancas y macizos con pendientes muy pronunciadas y las intensas precipitaciones pluviales que han observando un incremento de más del 30 por ciento en el nivel de milímetros de agua que caen en la capital son causas centrales del alto grado de vulnerabilidad en las que viven miles de familias en la Ciudad de México.
Duodécimo. Dichos riesgos pueden clasificarse en tres tipos, hidrometeorológicos, que comprenden los asentamientos ubicados en zonas de laderas, barrancas, con peligros de deslaves, principalmente en las delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa; los estructurales, que comprenden las vecindades que por su antigüedad y falta de mantenimiento están en riesgo inminente de derrumbarse, ubicados principalmente en las delegaciones centrales, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y los geológicos, que abarcan los asentamientos ubicados en zonas donde el suelo tiene importantes fallas como grietas y cavernas, principalmente en la delegación Iztapalapa.
Decimotercero. El Instituto de Vivienda del Distrito Federal tiene detectados 115 sitios de alto riesgo en 8 delegaciones, es decir 8 mil 40 viviendas en alto riesgo que requieren atención prioritaria, aunque el universo de atención asciende a 16 mil 708 familias y 370 inmuebles expropiados por alto riesgo estructural, los cuales se dividieron para su atención en prioridad 1 (estructuras dañadas al 100 por ciento), prioridad 2 (estructuras dañadas un 40 por ciento) y prioridad 3 (vivienda precaria)
Decimocuarto. Los inmuebles prioridad 1, que suman 185 y comprenden 3,699 viviendas, son los que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal atenderá durante este año y el próximo. La mayor parte de ellos ya fueron desalojados a través de un apoyo de renta que otorgó el Instituto de Vivienda.
Decimoquinto. Para que el instituto pueda atender a las familias ubicadas en zonas de riesgo o en vecindades de alto riesgo con prioridad 1, requiere recursos por mil millones de pesos para el año fiscal 2010
Decimosexto. En la Ciudad de México cerca de 150 mil familias que habitan en asentamientos irregulares, carecen de servicios públicos básicos, agua potable, drenaje, energía eléctrica y pavimentación, todo ello origina que quienes habitan ahí, subsistan en condiciones de alta marginalidad y constante riesgo para sus vidas. Se estima que en el Distrito Federal se forman 80 mil nuevas familias cada año, con recursos limitados, toda vez que el 75 por ciento de la población obtiene ingresos por debajo de los 8 salarios mínimos.
Decimoséptimo. En su primer Informe del año 2007, la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal da cuenta de algunos desastres que han cobrado vidas humanas:
En la delegación Álvaro Obregón, en la colonia Belén de la Flores, ocurrió un deslave, el 12 de septiembre de 2007, que provocó la muerte de un joven de 15 años.
El 12 de septiembre de 2007 se recibió el reporte de un deslizamiento de talud en la esquina de las calles Azucena y Alhelí; asentamiento irregular cuya primera observación era la presencia de casas construidas en forma precaria y algunas con materiales improvisados.
Decimonoveno. La Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal informó que existen 600 asentamiento irregulares en riesgo, que se ubican principalmente en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan. No debemos perder de vista la importancia que reviste la intervención y colaboración de los 3 órdenes de gobierno en la atención de dicha problemática.
Vigésimo. Los asentamientos humanos son el producto de una inercia política y administrativa de muchos años, compuesta de ignorancia e irresponsabilidad; por ello resulta imprescindible también hacer efectivos los instrumentos tanto ambientales como de desarrollo urbano, para impedir que este tipo de asentamientos sigan proliferando en la periferia de la ciudad y en su lugar se fomenten esquemas de adquisición de vivienda digna y con financiamientos accesibles a la población de menores recursos.
Vigésimo primero. Por ello es elemental evitar los asentamientos humanos en las áreas de mayor vulnerabilidad, de riesgo y de conservación ecológica; preservar las zonas de recarga de acuíferos, donde coexistan ecosistemas naturales, flora y fauna silvestre, tierras de producción y usos agropecuarios; y orientar el crecimiento hacia las zonas aptas, dando oportunidades y esquemas de financiamiento público a las personas que viven en zonas de alto riesgo para la adquisición de vivienda, a través del apoyo, intervención y colaboración del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2009, en su artículo 8, aprueba recursos por un monto de 2 mil 387 millones 894 mil 387.00.
Vigésimo segundo. Por su parte la Cámara de Diputados, en el rubro relativo a la vivienda, consideró en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 recursos por 150 millones de pesos en el Ramo 06, Hacienda y Crédito Público, bajo el "programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda". Asimismo, en el Ramo 20, Desarrollo Social, bajo el "programa de ahorro y subsidio para la vivienda Tu Casa", autorizó recursos por 627.8 millones de pesos. En este último programa se realizaron ampliaciones a desarrollo social en el anexo 22 por un monto de 25 millones de pesos adicionales a dicho programa.
Es importante destacar que el mismo decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, anexo 12, relativo al ramo 23 el Fondo de Desastres Naturales tiene recursos asignados por 150 millones de pesos, donde las reglas de operación prevén recursos para reconstrucción de vivienda.
Vigésimo tercero. Mediante la celebración de convenios es como se ha podido ayudar a estas personas, ejemplo de ello es la reubicación que llevo a cabo la delegación Álvaro Obregón, donde producto de un deslave en un asentamiento irregular, se realizó un operativo de protección civil y de reubicación de familias. Hoy sabemos que esto es posible, gracias a la intervención de la administración delegacional de Álvaro Obregón y del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que está construyendo casi 400 viviendas en 4 predios desincorporados del Gobierno del Distrito Federal al Instituto. Estos proyectos requerirán de una inversión de 120 millones de pesos aproximadamente.
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Esta soberanía popular solicita y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de sus atribuciones etiquete una partida presupuestal de mil millones de peso, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, para atender la problemática de vivienda en alto riesgo a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal mediante un esquema de financiamiento público para la construcción de vivienda para los habitantes de zonas de alto riesgo hidrometeorológico y geológico, principalmente en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tlalpan, así como para las familias ocupantes de viviendas con alto riesgo estructural en las delegaciones centrales tales como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Benito Juárez.
Segundo. Que en el marco del estudio, discusión, análisis y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, esta soberanía popular exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que inviten al director general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, licenciado José Antonio Levah Lacouture a presentar un diagnóstico de la situación de los asentamientos y viviendas de alto riesgo, así como su programa de alto riesgo estructural, a efecto de coadyuvar y fortalecer mediante dicho diagnostico, la viabilidad presupuestaria de dicha propuesta.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2009.
Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR CUENTA Y SEGUIMIENTO INTEGRAL
A LA PROBLEMÁTICA QUE AQUEJA A LA CUENCA DEL RÍO LERMA-CHAPALA-SANTIAGO
Y EVALUAR LAS PROPUESTAS Y LOS ACUERDOS DADOS POR LOS ACTORES INVOLUCRADOS
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, Y ASÍ COADYUVAR A ENCONTRAR SOLUCIONES
CONCRETAS A TAN GRAVE CRISIS AMBIENTAL, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, integrantes de la coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 34, incisos a) y b), y 42 de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía y de la Junta de Coordinación Política la siguiente proposición con Punto por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que se forme una comisión especial para dar cuenta y seguimiento integral a la problemática existente que aqueja a la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago, y realizar una evaluación de las propuestas y acuerdos dados por los distintos actores involucrados en los últimos años, y así coadyuvar a encontrar soluciones concretas a esta grave crisis ambiental, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 27 constitucional establece las facultades de la nación para regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación con el objetivo de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural urbana.
En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de la tierra, agua y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, planear y regular la función, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
De acuerdo con lo señalado en los artículos 4 y 9 de la Ley de Aguas Nacionales y 14 del reglamento de esta, le compete el ejercicio de las funciones en materia de administración de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes y consecuentemente el de la autoridad en la materia. Respetando y dando la importancia que requieren los preceptos antes señalados, es que la comisión especial de la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago deberá trabajar respetando y coadyuvando estos ejes de dirección.
La cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago está asentada en la parte central del occidente de México, es precisamente por su situación geográfica en la parte baja del occidente del país que es una de las más importantes. Abarca 54 mil 300 kilómetros cuadrados, esto es 3 por ciento del territorio nacional comprende cinco importantes estados de la república; México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, a lo largo y ancho de ésta se asientan uno de cada diez mexicanos: la cuenca es la fuente de agua para más de 16 millones de habitantes en ella y más de dos millones para cada una de la ciudades de Guadalajara y México, abastecida a través de sistemas de ríos; el río Lerma junto con el Cutzamala forman la cuenca más importante para el Distrito Federal. En total estamos hablando alrededor de 20 millones de habitantes que se ven beneficiados de alguna manera por este sistema.
El suministro de agua a las poblaciones y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos ha sido soporte del desarrollo socioeconómico de esta región; la producción industrial y agrícola per cápita, por ejemplo, es superior a la media nacional con más de 6 mil 400 industrias de diversos giros, en la cuenca se genera poco más de la tercera parte de la producción industrial nacional. De igual forma 20 por ciento de comercio nacional se concentra en esta región, una de cada ocho hectáreas de riego y también una de cada ocho hectáreas dedicadas a la agricultura de temporal.
Durante los últimos años los conflictos por el agua se han agudizado debido a las sequías, lo que ha reducido los caudales y la disponibilidad de agua. El calentamiento global es otro factor importante que ha contribuido para ir secando las aguas superficiales y, por otro lado, la desmedida sobre explotación de los diversos asentamientos geográficos.
Si a toda esta problemática le sumamos la más grave de todas, la gran cantidad de contaminantes que se vierten a lo largo y ancho de este gran sistema acuífero, producto de ese crecimiento demográfico, desmedido y desproporcionado, que sin duda lleva consigo efectos colaterales, sólo por mencionar algunos, esta cuenca recibe grandes cantidades de descarga de aguas negras residuales, descargas de las diferentes industrias, de calzado, porcícola, metalúrgica y agrícolas, entre otras.
Se está generando un grave círculo vicioso, por una parte el vertedero de toda clase de contaminantes sólidos y líquidos; por otro lado, el consumo de esta misma agua para uso humano, recordemos que estamos hablando de 20 millones de personas en promedio y por todo esto es que hay que darle la atención que se merece esta problemática.
Se han generado diversas propuestas, iniciativas, acuerdos, proyectos, programas y diferentes convenios en torno a esta grave crisis ambiental. Cabe resaltar tres de los más importantes:
a) Acuerdo de denominación, ubicación y disponibilidad de las cuencas que componen la zona hidrológica río Lerma-Chapala (Semarnat, 15 de octubre de 2003).
b) Acuerdo de coordinación para la recuperación y sustentabilidad de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago (Semarnat, 22 de marzo de 2004).
c) Convenio de la coordinación y concertación para llevar a cabo el programa sobre la disponibilidad, distribución y usos de las aguas superficiales de la propiedad nacional del área geográfica Lerma-Chapala-Santiago (Consejo de cuenca, 14 de diciembre de 2004).
Estos entre otros no menos importantes que se han generado en esta área, a pesar de todos los esfuerzos de los diversos actores que se encuentran involucrados directa o indirectamente, la cuenca Lerma-Chapala sigue siendo una de las más contaminadas del mundo.
Son ya a la fecha una gran cantidad de estudios realizados de toda índole en esta zona: químicos, biológicos, físicos, geográficos, topográficos de impacto ambiental, sociológicos y de salud pública, en este último mencionamos uno de los más importantes se realizó en colaboración con la Universidad de Guadalajara y la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Jalisco, el objetivo principal fue obtener un diagnóstico general de la grave situación que prevalece en términos de contaminación en la mencionada cuenca.
El estudio realizado arrojó en todos los casos de muestreo una significativa cantidad de contaminantes por metales pesados como cromo, plomo, cobalto, arsénico, cobre, magnesio y mercurio, entre otros. Cabe destacar que el muestreo se realizó en distintos sitios de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Toda esta serie de estudios coinciden de manera puntual y general que en dicha cuenca, se está generando una alerta roja, en otras palabras un serio problema ecológico que debe ser considerado ya como un asunto de seguridad nacional.
Conclusiones
Reflexionando sobre la compleja crisis del vital líquido a nivel mundial, es innegable que en un periodo no muy lejano estaremos lamentando lo que se debió haber hecho en torno al trabajo social, político y de concientización para generar la verdadera y necesaria voluntad política e institucional, y así lograr los cambios y las acciones que se requieren.
Alguien dijo: hay hombres tan pobres que lo único que tienen es dinero.
Requerimos una comisión especial con un alto sentido ambientalista y negociadora que concientice a la gran cantidad de intereses particulares, sobre los que debe prevalecer el interés supremo, que es el de la nación y, por consecuencia, el de estos mismos aunque parezca lo contrario.
Esta comisión debe ser un órgano evaluador y coordinador de las voluntades y los programas de los distintos actores involucrados.
A los diputados de la coordinación de Jalisco del Grupo Parlamentario del PRI nos interesa de forma primordial la solución de esta grave crisis de carácter ecológico y ambiental que se ha generado y ha crecido desproporcionalmente sin que a la fecha se logren visualizar soluciones que hayan marcado un cambio palpable y evidente a la problemática que vive la gran cantidad de las comunidades que ven afectadas en torno a esta situación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se forme la comisión especial para dar cuenta y seguimiento integral a la problemática existente que aqueja a la cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago para realizar la evaluación de las propuestas y acuerdos dados por los distintos actores involucrados en los últimos años y, así, coadyuvar a encontrar soluciones concretas a esta grave crisis ambiental.
Diputados: Arturo Zamora Jiménez
(rúbrica), Olivia Guillén Padilla (rúbrica),Jorge
Humberto López Portillo (rúbrica), Jorge Arana Arana, José
Trinidad Padilla López (rúbrica), Clara Gómez Caro
(rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Joel González
Díaz (rúbrica), Ana Estela Durán Rico (rúbrica),
David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano,
María Esther de Jesús Scherman Leaño.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE SUME AL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE
LA CONAVI Y DEL INFONAVIT POR HABER OBTENIDO EL PREMIO ESTRELLA INTERNACIONAL
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO PERALTA RIVAS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Pedro Peralta Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de realizar un justo reconocimiento público a la Conavi y al Infonavit por el premio recibido de parte de la organización Alliance to Save Energy por considerar que sus programas promueven la adopción de ecotecnologías, favoreciendo con ello el uso eficiente de la energía.
Consideraciones
Primero. La eficiencia energética es una de las principales estrategias para disminuir considerablemente las emisiones de gases tóxicos como el dióxido de carbono (CO2) enviadas a la atmósfera, siendo éste uno de los principales causantes del cambio climático, fenómeno que se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad actualmente. El uso racional de la energía representa una alternativa, sino es que la mejor, para reducir en el corto plazo las emisiones de gases que causan el calentamiento global. En nuestro país podemos ahorrar grandes cantidades de energía tomando las medidas conducentes tanto en la industria, como en oficinas y en las viviendas, siendo estas últimas un sector fundamental ya que representan más del 80 por ciento del total de usuarios de energía, principalmente energía eléctrica y al consumo de gas.
Segundo. El gobierno federal ha hecho de la vivienda sustentable una prioridad para apostar por el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente a favor de las generaciones futuras. De igual modo, los desarrolladores de vivienda están cada vez más convencidos de la necesidad de adoptar sistemas que optimicen el uso de aguas recicladas o de lluvia, al igual que métodos alternativos para la obtención de energía y el calentamiento del agua, como los basados en celdas fotovoltaicas. También se consideran aspectos como la orientación, ventilación, aislamiento térmico y acústico, así como el sombreado adecuado.
La política de apoyos federales para fortalecer el ahorro y la capacidad de compra de las familias ha representado un instrumento de gran valor para favorecer la construcción de nuevos desarrollos habitacionales con criterios de sustentabilidad e iniciar un proceso de corrección paulatina de los patrones cualitativos del crecimiento del parque de vivienda en el país.
Tercero. El Infonavit a través del programa Hipoteca Verde, permite que los derechohabientes puedan acceder a un crédito mayor para adquirir una vivienda con características ecológicas. Los criterios ecológicos para estas viviendas incluyen mecanismos como calentadores solares y ahorradores de agua. El otorgamiento de Hipotecas Verdes se lleva a cabo en todo el país pero se ha puesto mayor atención en las entidades de climas más extremos ya que existe la posibilidad de tener considerables ahorros de energía eléctrica en los lugares cálidos y de gas en las zonas frías. Por ejemplo, en el norte del país se impulsa que en entidades como Baja California y Sonora se aplique un aislamiento térmico a la construcción para permitir un menor uso del aire acondicionado y con ello se obtiene un ahorro en el consumo de energía eléctrica.
Las ventajas de este concepto son simples como lo afirma el director general del Infonavit Víctor Manuel Borrás Setién: "Prestar un poco más para que se puedan adquirir este tipo de dispositivos que van a generar un ahorro a futuro". Además, las viviendas que incorporan criterios de sustentabilidad ambiental, pese a lo que se cree, tienen un costo ligeramente mayor que la vivienda tradicional. No todo es alta tecnología, celdas fotovoltaicas y doble vidrio. La arquitectura bioclimática, que implica simplemente que la orientación de la vivienda sea la adecuada, o que se designe correctamente dónde se colocan las ventanas pueden evitar la colocación de aire acondicionado, lográndose un importante ahorro de energía.
Cuarto. El pasado 23 de septiembre, la organización estadounidense Alianza para el Ahorro de Energía Alliance to Save Energy entregó en la ciudad de Nueva York el Premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética al presidente Felipe Calderón por promover un manejo eficiente de la energía en el sector vivienda y de esta manera mitigar los efectos del cambio climático a través de los programas Hipoteca Verde y Ésta es Tu Casa, operados por el Infonavit y la Conavi, respectivamente.
Este hecho no debe pasar desapercibido, los programas federales del gobierno mexicano fueron seleccionados como ganadores entre 500 candidatos de todo el mundo. Se consideró que Hipoteca Verde promueve que las viviendas que se ofertan a los trabajadores derechohabientes, privilegien el uso de ecotecnologías para el ahorro de energía y agua como calentadores solares, aislantes térmicos en techos y muros, lámparas compactas fluorescentes, llaves ahorradoras y regaderas con obturador, dependiendo de la región bioclimática en la que se ubica la vivienda.
En el presente año, Infonavit ha financiado más de 66 mil viviendas con criterios de sustentabilidad a nivel nacional; en el 73% de los casos, es decir, más de 48 mil operaciones, el préstamo se complementó con el subsidio del gobierno federal.
Por su parte, con el programa Esta es tu Casa de la Conavi el gobierno del presidente Felipe Calderón impulsa la adopción de criterios de sustentabilidad ambiental en la construcción de vivienda, dado que, a partir de 2009, el subsidio está condicionado a que la vivienda se encuentre equipada con ecotecnologías. Este programa brinda apoyo a quienes ganan menos de 6 mil 600 pesos mensuales con un subsidio hasta de 54 mil 975 pesos para comprar una casa, un lote con servicios, construir o mejorar su vivienda.
Quinto. Así, resulta necesario reconocer los esfuerzos del gobierno federal para promover que los nuevos desarrollos habitacionales incorporen ecotecnologías para el uso eficiente de la energía, que colocan a México a la vanguardia en materia de desarrollo sustentable. Asimismo, es importante destacar que en otros países la reconversión del parque habitacional con características verdes ha iniciado en la parte alta de la pirámide de ingresos, mientras que en nuestro país las viviendas más económicas son las que cuentan con ecotecnologías, con lo cual además se contribuye al cuidado del medio ambiente y significan una mejora en el gasto familiar porque al adquirir este tipo de casas obtienen ahorros mensuales que oscilan entre 280 y 400 pesos, derivados de un menor consumo de luz, agua y gas.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se suma al reconocimiento internacional a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) por haber obtenido el Premio Estrella Internacional de Eficiencia Energética otorgado por la Alliance to Save Energy, por considerar que los programas Esta es tu Casa e Hipoteca Verde representan un esfuerzo que coloca a nuestro país a la vanguardia en el uso de ecotecnologías en las viviendas, contribuyendo de esta forma, al uso racional de la energía y a la sustentabilidad ambiental de nuestro entorno.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 6 días del mes de octubre de 2009.
Diputado Pedro Peralta Rivas (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS FUERZAS POLÍTICAS REPRESENTADAS EN LA CÁMARA
DE DIPUTADOS A OTORGAR MAYORES RECURSOS PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES,
A CARGO DEL DIPUTADO SAMUEL HERRERA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Uno de los programas que ha generado un mayor beneficio a diversas regiones y comunidades de México es el Programa 3x1 para Migrantes, que busca apoyar los proyectos de infraestructura con impacto social promovidos por los mexicanos que viven en el exterior.
El Programa 3x1 ha estimulado la participación de los tres órdenes de gobierno con la de clubes y federaciones de migrantes. De esta forma, por cada peso que aportan los migrantes para obras de beneficio social en las comunidades o regiones de nuestro país, los gobiernos federal, estatal y municipal ponen 3 pesos; por eso se denomina 3x1.
La población objetivo la constituyen las personas que habitan en las comunidades de origen u otras localidades que presentan condiciones de pobreza, rezago o marginación. El Programa ha financiado acciones en materia de saneamiento ambiental y conservación de los recursos naturales, educación, salud y deporte, agua potable, drenaje y electrificación, comunicaciones, caminos y carreteras, cultura, mejoramiento urbano, proyectos productivos comunitarios y proyectos productivos para la generación de ingreso y empleo entre la población objetivo del programa.
De particular importancia para el desarrollo del Programa 3x1 durante los próximos años es la crisis financiera que sacude Estados Unidos. Es prácticamente un hecho que dicha distorsión económica tendrá un impacto adverso para los migrantes mexicanos que viven en aquel país, sobre todo a los que tienen empleos más precarios e informales.
Actualmente se observa una baja sensible en las remesas que se envían a México, lo cual ya está teniendo un impacto importante sobre las comunidades de origen de los migrantes. El Banco de México ha reportado que las remesas decrecieron de 26 mil 76 millones en 2007 a 25 mil 145 millones en 2008, después de años de crecimiento. Debido a que el 2.8 por ciento del producto interno bruto mexicano depende de las remesas, esta baja seguramente tendrá un impacto en la economía global del país y sus posibilidades de crecimiento en 2009. Así, la contribución económica que llevan a cabo nuestros migrantes a través de las remesas ha caído en los últimos meses en un 19 por ciento.
Además, es muy probable que ésta baja en remesas tenga un impacto aún más notable en las comunidades con una larga trayectoria de migración cuyas familias dependen en mayor grado de ellas como fuente estable de ingresos, como es el caso de Zacatecas.
Así, la crisis económica podría convertirse en un dique para la continuación de este importante programa y, por consiguiente, para la consolidación de proyectos productivos y de beneficio social que ya se encuentran en marcha. Es sabido que muchos mexicanos radicados en Estados Unidos han perdido sus empleos debido a una caída en diversos sectores de la economía estadounidense, como el de la construcción.
La crisis ha repercutido también sobre los liderazgos migrantes en Estados Unidos ya que la organización social se ha debilitado debido a que los connacionales han concentrado prioritariamente su atención en necesidades inmediatas, particulares y familiares. Además los recursos en las organizaciones a nivel comunitario se han reducido. Las más afectadas son aquellas que dependen de recursos estatales y que han tenido que eliminar programas, personal y, por lo tanto, su capacidad de operación, a pesar de tener una demanda creciente de servicios.
En el mismo sentido, las políticas migratorias puestas en marcha por la administración del ex presidente George W. Bush y continuadas con al actual administración del presidente Barack Obama contribuyeron a romper el esquema migratorio circular y, por ende, a profundizar un proceso de expatriación y a dificultar el ejercicio de una ciudadanía binacional.
En el Grupo Parlamentario del PRD vemos con preocupación que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, presentado por el Ejecutivo federal en días pasados a la Cámara de Diputados, los recursos para el Programa 3x1 para Migrantes son los mismos que los aprobados el año pasado, y si tomamos en cuenta la inflación observamos que en realidad existe un decremento en términos reales de las contribuciones económicas para este importante programa.
El gobierno federal parece que no se da cuenta de la gravedad que la crisis económica está teniendo para con las comunidades expulsoras de migrantes.
Adicionalmente, en el caso particular de Zacatecas, lugar que se ha caracterizado por llevar a cabo una política abierta de apoyo y estímulo a la organización comunitaria de los migrantes que retornan, se aprecia un decremento de más del 200 por ciento, a pasar de los casi 27 millones de pesos aprobados para el presente ejercicio fiscal, a menos de 10 millones para el 2010.
En el mismo sentido, en otro de los estados gobernados por nuestro partido, como Michoacán y Guerrero, también se aprecia una reducción significativa de los montos asignados para este programa. Confiamos en que no se trata de una administración de los recursos con tintes políticos.
Así, pensamos que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de recomponer el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo federal y fortalecer el Programa 3x1 con el fin de recompensar el esfuerzo que siguen haciendo nuestros migrantes al destinar parte importante de sus ingresos a favor del desarrollo de comunidades y regiones en México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el Programa 3x1 para Migrantes, duplicando los recursos solicitados por el Ejecutivo federal en el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2009.
Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A APROBAR RECURSOS PARA ESTABLECER UN SISTEMA NACIONAL DE EXTENSIONISMO
RURAL, CON 13 MIL 500 ASESORES TÉCNICOS QUE ATIENDAN MUNICIPIOS,
SISTEMAS PRODUCTO, Y CADENAS PRODUCTIVAS Y EJIDOS, Y APOYEN A LOS ACTORES
PRODUCTIVOS A EFECTO DE HACER MEJOR LO QUE HACEN Y APROVECHAR MEJOR LO
QUE TIENEN, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
El extensionismo rural consiste en difundir y transferir innovaciones productivas y tecnológicas a los productores, que eleven el capital humano de los agentes económicos rurales por medio de la capacitación.
Es socializar el conocimiento, incluido el de los productores, que lo han acumulado a lo largo de muchos años de trabajo.
De acuerdo con datos recabados por Jaime Arturo del Río Monges, en el texto Extensionismo en Agronegocios, el extensionismo agrícola ha sido una práctica milenaria. Por ejemplo, cerca del año 800 antes de nuestra era, el ministro responsable de la agricultura durante la dinastía Zhou en China, organizó la capacitación de los campesinos en relación con la rotación de cultivos.
El surgimiento de los servicios modernos de extensión agrícola se dio tras la severa hambruna producida en Irlanda entre 1845-51 ocasionada por plagas que afectaron el cultivo de la papa. Como respuesta, el gobierno británico organizó grupos de instructores prácticos para que viajaran a las áreas rurales con la finalidad de enseñarles a los campesinos cómo producir cultivos alternativos.
En México, el extensionismo rural fue pieza fundamental de los proyectos productivos del país y base del éxito, en otros tiempos de los productores del campo en el país, que sustentaron la seguridad alimentaria y autonomía en este rubro.
Las políticas públicas cambiaron y con los años el extensionismo dejó de existir en los presupuestos nacionales, con lo que se perdió la asesoría técnica directa a los productores.
Con esto, también se perdió buena parte de la garantía de éxito en el campo, pues no sirve de mucho otorgar créditos, si no se cuenta con la asesoría que lleve a la producción exitosa, que garantizaba el extensionismo rural en el país.
Hoy, ha sido reconocido por este gobierno federal, la necesidad de restablecer el extensionismo. Así lo consigna la opinión del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto, quien el 6 de agosto de 2008 recibió la visita de directivos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México, encabezados por su presidente Ernesto Guajardo Maldonado, a quienes comentó que coincide con la importancia de restablecer el servicio de extensionismo agrícola en el país. Opinión que fortalece aún más nuestra propuesta.
De muy poco han servido los apoyos otorgados a los productores, si no hay quien vigile su adecuada aplicación y, más importante aún, si no hay quien oriente técnicamente y promueva el aprendizaje.
Asimismo, en los resolutivos del Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina, del pasado 27 de agosto de 2009, se determinó impulsar una agenda legislativa que, entre otros puntos, considerara acciones y reformas para garantizar la seguridad alimentaria, renegociar el Tratado de Libre Comercio, reducir el asistencialismo para fortalecer el apoyo a la autoproducción, reformar las instituciones y leyes del sector agropecuario y restablecer el sistema nacional de extensionismo rural, al que me refiero en esta ocasión.
Consideraciones
La experiencia dice que la capacitación y asistencia técnica para los productores del campo garantiza la eficiente utilización de los apoyos que se otorgan al agro y son factores indispensables para su éxito.
Se estima, según datos de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA-Banco de México, que la asistencia técnica representa 31 por ciento del éxito de los proyectos productivos y es el punto de partida, para impulsar las actividades económicas en las diferentes regiones y microrregiones. El crédito sólo influye en 17 por ciento.
En esta consideración es indispensable recuperar el extensionismo, pues extender el conocimiento a los demás, representa un tercio del éxito en la producción, lo que depende de los conocimientos que juntos, técnicos y productores, pueden ir teniendo.
El extensionismo rural debe impulsar acciones de capacitación que permitan el reentrenamiento y la reconversión de los conocimientos y habilidades de los diversos grupos de población, en especial los dedicados a actividades agropecuarias, acuícolas y forestales.
Debe promover la identificación y organización de los actos productivos; impulsar acciones que garanticen la alimentación de las familias; identificar y atender los principales sistemas productivos; identificar y desarrollar cadenas productivas y fortalecer el cuidado y fomento de recursos naturales.
El sistema nacional de extensionismo rural, propuesto en este documento, encuentra además su justificación plena en el espíritu de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que "considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución…"
En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a aprobar dentro de los programas para el campo, recursos para establecer un Sistema Nacional de Extensionismo Rural, con 7 mil quinientos asesores técnicos que atiendan municipios, sistemas producto y cadenas productivas; de manera especial se considere contar con 6 mil asesores técnicos que atiendan a los 32 mil núcleos agrarios del país, ejidos y comunidades agrarias. La finalidad es atender el desarrollo de capacidades de los actores productivos del campo para hacer mejor lo que hacen y aprovechar al máximo lo que tienen cuidando los recursos naturales.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de la Reforma Agraria para que se establezca el Sistema Nacional de Extensionismo Rural, aquí enmarcado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE VERACRUZ RESPECTO A LA TASA DE INCIDENCIA DEL
DENGUE CLÁSICO Y HEMORRÁGICO EN LA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO
LEANDRO RAFAEL GARCÍA BRINGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Leandro Rafael García Bringas, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, las enfermedades transmitidas por vectores (ETV), se han convertido en un importante problema de salud pública en México.1 Entre las ETV en México, la más importante es el dengue. Las altas tasas de morbilidad y mortalidad de esta enfermedad, pueden llegar a paralizar las actividades económicas de ciudades enteras y poner a prueba cualquier sistema de salud.
En el continente americano resulta preocupante el considerable incremento de los caso de dengue en su modalidad hemorrágica, así como la gran capacidad de adaptación climatológica y al ámbito humano por parte del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, lo que le permite mantenerse ligado al entorno domiciliario de las personas.
El principal reto en México, con respecto a esta enfermedad, es tener la capacidad para anticipar acciones tendientes a la prevención y el control en todo el país, pero de manera más intensa en los estados que constituyen zonas endémicas de la enfermedad; solamente de esa manera se logrará evitar la aparición de brotes y, en su caso, atenderlos oportunamente para evitar su dispersión.
El control y eliminación de criaderos, el uso de mosquiteros en puertas y ventanas, el uso de insecticidas domésticos, la implementación oportuna, secuencial, sincronizada y de cobertura completa de los programas locales de control y las acciones antivectoriales que incluyan la participación de la comunidad, son fundamentales para propiciar el control efectivo del dengue.
El dengue es una enfermedad infecciosa aguda producida por alguno de los cuatro serotipos de flavivirus dengue, que se transmite a través del piquete de un mosquito (Aedes aegypti) infectado. El dengue es endémico de las áreas tropicales y subtropicales donde además existe la presencia del mosquito vector. La infección puede generar desde un cuadro asintomático, pasar por fiebre indiferenciada, fiebre por dengue clásico hasta el dengue hemorrágico y síndrome de choque por dengue.
En México como en otras partes del mundo, la presencia del dengue está condicionada a la existencia del vector, quien habita en áreas bien determinadas. Los estados de la república que tienen menor riesgo a tener dengue son: Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y el DF. Los estados con mayor riesgo para la enfermedad son: Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.2
Hasta 2007, nuestro país ocupaba el tercer lugar en América, en casos de dengue, con 48,456 casos que se presentaron durante ese año, tan sólo detrás de Brasil, y Venezuela.3
En México, para el periodo 2001-2007 se observó una tendencia anual ascendente, en la que estados como Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Sonora han contribuido a mantener una presencia de casos, cada vez mayor, alcanzando para 2007 las cifras más altas en lo que va de la década, tanto de dengue clásico, como hemorrágico.4 Quintana Roo y Veracruz fueron las entidades federativas con las tasas más altas durante ese año, 297.3 y 165.5 respectivamente.
Desde el 2008 a la fecha, Veracruz ocupa el primer lugar en número de casos con 2,581, de los cuales 1,330 son de fiebre por dengue y 1,251 de fiebre hemorrágica por dengue.
En lo que se refiere a los casos de fiebre por dengue, los municipios con mayor incidencia son Minatitlán con 345 casos, Coatzacoalcos con 194, Cosoloacaque con 140 y Agua Dulce con 86, que en su conjunto representan el 57.5 por ciento del total de caso de este tipo.
Con respecto a los caso de fiebre hemorrágica por dengue los municipios con mayor incidencia son Minatitlán con 250 casos, Coatzacoalcos con 211, Agua Dulce con 105 y Cosoloacaque con 83, que en su conjunto representan el 52 por ciento del total de casos de este tipo.
Ante la evidencia, es manifiesta la incapacidad del Gobierno de Veracruz para controlar y disminuir el brote de dengue dado el incremento permanente de las tasas de incidencia. Los resultados obran de manera lesiva contra el derecho a la protección de la salud consagrado en el párrafo tercero del artículo 4º constitucional para toda persona, y constituyen un evidente riesgo contra la seguridad de los veracruzanos y de los visitantes de esa entidad federativa.
Por lo aquí expuesto, me permito someter a su apreciable consideración, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Veracruz, licenciado Fidel Herrera Beltrán, a que en el ámbito de su competencia y en el marco de lo que establece el marco jurídico sanitario, instrumente las acciones necesarias para que en esa entidad federativa se disminuya objetivamente la tasa de incidencia del dengue clásico y del hemorrágico.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita al secretario de Salud del estado de Veracruz a que remita a esta soberanía un informe detallado acerca de las medidas concretas que el gobierno del estado realiza para prevenir y controlar el dengue.
Notas:
1. Programa de Acción Específico, Dengue,
2007-2012, SSA, Subsecretaría de Prevención y Promoción
de la Salud. http://www.spps.salud.gob.mx/descargas/programas/dengue_nov08.pdf
2. Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(Cenave) http://www.cenave.gob.mx/Dengue/default.asp
3. Programa de acción específico. Loc.
Cit.
4. Ibidem
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Leandro Rafael García Bringas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE INSTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLANTAR UNA CAMPAÑA
NACIONAL EN LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN MASIVA, EN PARTICULAR EN LOS
HOSPITALES PÚBLICOS Y EN LOS PRIVADOS, SOBRE LA GRATUIDAD Y LA FACULTAD
EXCLUSIVA DE LA DEPENDENCIA FEDERAL PARA ADQUIRIR Y APLICAR LA VACUNA CONTRA
LA INFLUENZA AH1N1, A FIN DE EVITAR QUE LA POBLACIÓN SEA OBJETO
DE ENGAÑOS O FRAUDES POR LA VENTA DE VACUNAS FALSAS; Y A LA PROFECO,
A VIGILAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS Y GIROS COMERCIALES NO INCURRAN EN PRÁCTICAS
DOLOSAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARY TELMA GUAJARDO VILLARREAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para instar a la Secretaría de Salud a que implante una campaña en los medios masivos de información y en los hospitales públicos y privados sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para la adquisición y aplicación de la vacuna contra la influenza A H1N1, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsa contra el nuevo virus pandémico, y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que vigile que los establecimientos y giros comerciales farmacéuticos no incurran en esas prácticas dolosas al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 21 de septiembre del presente, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que el país estaba en alerta intermedia debido al incremento de casos de gripe causados por influenza A H1N1. También informó que la vacuna contra este virus únicamente sería distribuida por el sector público y de manera gratuita. Para no dejar lugar a dudas, precisó que el sector privado de salud "no tendrá acceso a la compra de esta vacuna, ya que es un compromiso de los laboratorios europeos con los que México acordó su adquisición".*
Asimismo, ratificó que el gobierno federal adquiriría 30 millones de dosis para combatir el virus en esta segunda etapa pandémica, para lo cual aseguró se disponían de 500 millones de pesos para la adquisición de la vacuna a los laboratorios europeos. También recordó que las dosis se aplicarán a los grupos que la Secretaría de Salud federal determinara en virtud del riesgo, como es el personal médico y militar, entre otros.
Un día después, el martes 22, el secretario Córdova Villalobos admitió en los medios masivos de información que personas sin escrúpulos estaban vendiendo u ofertando a la población la adquisición de vacunas contra la influenza, por lo que hizo un llamado para no caer en este engaño. Explicó que las vacunas ciertamente podían ser contra la influenza, pero eran de una cepa de hace más de 30 años o bien eran contra la influenza estacional, pero en ninguno de los casos servían para atacar el nuevo virus A H1N1.
El secretario de Salud insistió que la dependencia a su cargo era la única facultada para la adquisición y aplicación de las dosis, las cuales, aclaró, llegarían al país a partir de noviembre y serían distribuidas y administradas por las instituciones públicas de salud a los grupos que la Secretaría de Salud determinara en virtud del riesgo; en primer lugar, al personal médico.
Pero el ofrecimiento o la venta de las falsas vacunas ha comenzado a inundar diversos espacios publicitarios con anuncios como los siguientes: "¡Ya tenemos la vacuna contra la influenza!; adquiérala aquí" o "Protégete contra la influenza; apártala con 100 pesos"; en otros casos, simplemente se proporcionan los números telefónicos para adquirirla.
En el interior del país, este tipo de acciones fraudulentas también comienzan a generalizarse, como ocurrió en Michoacán, cuyo gobierno lanzó una alerta para prevenir a la población de no adquirir las falsas o inservibles vacunas con la influenza pandémica.
El asunto no sólo implica un fraude económico a las personas que cayeran en el garlito de adquirir las supuestas vacunas. Lo peor es que estarían poniendo en riesgo su salud y su vida, porque de nada les servirían para combatir el nuevo virus pandémico.
Es por ello que estamos proponiendo instar a la Secretaría de Salud a que implante una campaña a nivel nacional de información para prevenir a la población de que no adquiriera vacunas que oferten personas, médicos en lo particular, establecimientos del ramo farmacéutico o cualquier otro giro comercial, aclarando que la Secretaría de Salud es la única facultada para su adquisición y aplicación de manera gratuita.
Asimismo, proponemos que la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus facultades, que vigile que los establecimientos o giros comerciales farmacéuticos no incurran en esa práctica dolosa y, si es el caso, que aplique la normatividad conducente.
De esta manera, como dice la publicidad oficial, es mejor prevenir que lamentar.
Por lo fundado y motivado, me permito someter ante el pleno de esta honorable soberanía la proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. El pleno de la Cámara de Diputados insta a la Secretaría de Salud a que implante una campaña nacional a través de los medios masivos de información, en particular en hospitales públicos y privados, sobre la gratuidad y la facultad exclusiva de la dependencia federal para la aplicación de la vacuna contra la influenza A H1N1, a fin de evitar que la población sea objeto de engaños o fraudes por la venta de vacunas falsas contra el nuevo virus pandémico, que estén ofertando farmacéuticos, consultorios médicos, laboratorios, distribuidores y anunciantes de productos de salud.
Segundo. También insta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que vigile que los establecimientos o giros comerciales farmacéuticos no incurran en la práctica dolosa y fraudulenta de la venta de falsas vacunas y, si fuera el caso, que aplique la normatividad conducente en la materia.
Nota
* Declaración del secretario de Salud, José
Ángel Córdova, publicada en el periódico La Jornada
en línea, del 22 de septiembre de 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 octubre de 2009.
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL IMPULSO Y LA GENERACIÓN
DE FUENTES ALTERNATIVAS DE BIOENERGÍA, A CARGO DEL DIPUTADO ÓSCAR
AGUILAR GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Óscar Aguilar González, diputado federal a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, existen 20 millones de hectáreas que se encuentran en condiciones de ser utilizadas para la generación de biocombustible, a través de la siembra de sorgo, Jatropha curcas, la remolacha, la higuerilla y palma africana.
En diversos estudios internacionales se ha demostrado que el cultivo de la jatropha tiene la ventaja de reconstituir suelos, lo cual representa una solución viable ante el cambio climático que experimenta nuestro planeta.
La jatropha es una planta con gran potencial ya que:
• Produce cosechas con facilidad.
• Tiene manejo y tratos culturales simples.
• Genera empleos fijos en el campo.
• Produce aceite combustible que sustituye al caro diesel
mineral.
• Es un abono rico en nitrógeno, fósforo
y potasio. Además sirve como sustrato.
• Esta planta descompuesta en biodigestores produce gas
que puede generar calor y energía eléctrica.
• Se inicia la primer cosecha luego de 120 días
de plantada.
• Es muy resistente a las plagas.
• Tiene un crecimiento rápido y vigoroso.
• Produce más en tierras fértiles.
• Es una fuente óptima de ingresos para pequeños
propietarios rurales.
• Su aceite puede ser utilizado también como repelente
de insectos en otros cultivos.
• Puede ser plantada en áreas donde la agricultura
mecanizada es inviable.
• No necesita de máquinas para su cultivo.
• Produce en promedio 5 mil kilogramos de semillas, mil
650 litros de aceite y 3 mil 200 kilogramos de torta por hectárea.
• El gas metano generado por su torta es combustible para
motores que generan energía eléctrica.
• Puede ser plantado por los productores sin afectar
sus otras actividades.
• Su albumen contiene almidón y puede producir
alcohol.
En consecuencia, es importante resaltar que el impulso de esta agroindustria no pone en riesgo la producción alimentaria del país, al contrario lo que se busca es el fomento de zonas abandonadas que se encuentran en aptitud de ser ocupadas por cultivos que sean redituables para sus propietarios.
2. El ordenamiento jurídico que regula estas acciones es la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual establece las bases para
2.2. Desarrollar la producción, comercialización y uso eficiente de los Bioenergéticos para contribuir a la reactivación del sector rural, la generación de empleo y una mejor calidad de vida para la población; en particular las de alta y muy alta marginalidad;
2.3. Promover, en términos de la Ley de Planeación, el desarrollo regional y el de las comunidades rurales menos favorecidas;
2.4. Procurar la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y gases de efecto de invernadero;
2.5. Coordinar acciones entre los gobiernos federal, estatales, distrito federal y municipales, así como la concurrencia con los sectores social y privado, para el desarrollo de los bioenergéticos.
4. En este sentido se debe exigir a la Comisión Intersecretarial para el Fomento de los Biocombustibles, que realice las acciones pertinentes para cumplir con su objeto, que es establecer, atender, coordinar, dar seguimiento y fomentar los proyectos que tengan como propósito impulsar la producción, introducción y promoción de los bioenergéticos, con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permitan garantizar el apoyo al campo mexicano, diversificando los ingresos de los productores mediante el aprovechamiento de la biomasa, con acciones que formarán parte de la nueva transición energética.
5. En este tenor, el Programa de Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el Programa de Introducción de Bioenergéticos, que cuenta con la responsabilidad de la Secretaría de Energía, tienen como propósito la ejecución de acciones en materia de promoción de los bioenergéticos mediante la cuantificación en las reducciones de dióxido de carbono que estos generan, por medio de bonos que respaldan organismos multilaterales, y contenidos en los Tratados en que México sea parte, tales como el Protocolo de Kioto.
6. Es menester señalar que México cuenta con una agenda de responsabilidades ante la Organización de las Naciones Unidas, denominado Compromisos del Milenio, entre los que se encuentra la disminución de emisiones de dióxido de carbono.
7. En términos del artículo 14 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, los programas, proyectos y demás acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en esta ley y en razón de su competencia, corresponde ejecutar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
8. Asimismo, es responsabilidad de esta Representación Popular velar por el desarrollo del sector productivo de nuestro país, en particular del campo mexicano, siendo la promoción de esta agroindustria un punto estratégico para el presente y futuro, sobre todo en comunidades rurales con bajos índices de desarrollo y que están en espera de opciones para subsanar sus carencias.
Compañeros legisladores: estoy convencido de la viabilidad del presente proyecto, sin duda, a través de la generación de bioenergía no sólo beneficiamos el sector económico sino también al ambiental.
No olvidemos que los compromisos para combatir la pobreza son prioritarios en un país que enfrenta a una crisis económica, climática y social.
Con base en lo anterior y como resultado de un análisis responsable sobre la propuesta que presenta un servidor, acudo a esta, la máxima tribuna de la nación, a someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, que consideren la ampliación al Presupuesto de Egresos para el 2010 destinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el impulso de los objetivos señalados por la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos de mil 100 a 5 mil millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Óscar Aguilar González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS OPERACIONES QUE EL CONSORCIO EXTRANJERO SEMPRA ENERGY REALIZA EN
MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ NARRO CÉSPEDES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal José Narro Céspedes de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sempra Energy fue fundada en 1998 en la ciudad de San Diego, Estados Unidos. Sus filiales Sempra Generation, Sempra LNG, Sempra Pipelines and Storage, San Diego Gas and Electric y Southern California Gas, Company no están reguladas por la California Public Utilities Commission (Comisión Reguladora de los Servicios Públicos del Estado de California).
En 2001, la empresa Enron simuló una escasez de gas en el estado de California, desviando perversamente los envíos de gas natural que venían desde el estado de Texas, a los estados de Oregon y Washington provocando que los precios de electricidad al público consumidor se elevaron artificiosamente de seis dólares el millar de pies cúbicos de gas natural a más de sesenta dólares en seis meses.
Dicha "crisis" se hizo provocando apagones del abastecimiento de electricidad de forma aviesa, causa por la cual dimitió el gobernador Gray Davis en el año 2003 y que centenas de miles de usuarios de la electricidad en el sur de California denunciaran públicamente el fraude, logrando un fallo a su favor para que las empresas productoras de electricidad privadas, les tuvieran que regresar más de 800 millones de dólares a dichos consumidores.
En ese contexto Sempra Energy adquiere San Diego Gas and Electric la cual se había declarado en bancarrota, al tener que afrontar todas denuncias, por ello no le fue posible instalar nuevas plantas generadoras de energía eléctrica en el sur de California, ni ninguna autorización para que pudiese construir en las costas del océano Pacífico, ni en California, ni en Oregon, ni en el estado de Washington, una estación de carga y descarga de gas natural licuado, no sólo por su desprestigio sino porque las regulaciones de seguridad nacional, y las de control ambiental, se lo impidieron tácita y contundentemente.
Sin embargo, Donald E. Felsinger, director ejecutivo y presidente de la Junta de Directores de Sempra Energy, encontró como suele decir un "santuario regulatorio", que le permitió introducir gas y electricidad en el mercado del sur de California, situando sus peligrosas y altamente contaminantes instalaciones en un lugar sin restricciones de ninguna especie, pagando un costo muy bajo: México.
Gracias a las gestiones del gobernador Eugenio Elorduy, quien ante el entonces presidente Vicente Fox y luego de una intensa campaña publicitaria en los medios logró que Sempra Energy obtuviera los permisos de las autoridades mexicanas para construir, tanto una planta generadora de electricidad en el valle de Mexicali, como la estación de descarga marítima de gas licuado, para someterlo a un proceso de regasificación y enviarlo al mercado energético del sur de California, sin tener que enfrentar la inamovible e insobornable legislación norteamericana, que le prohibió tal actividad.
Para lograr su objetivo, Elorduy se apoderó de la empresa GNL de Mexicali, S de RL, de CV, a través de su hija Érika, e inmediatamente se asoció con Sempra Energy, de Energía Costa Azul, S de RL, de CV. Posteriormente, estas dos empresas se fusionaron, para operar la estación de descarga y regaseadora, en la costa "turística" del municipio de Ensenada.
Así, en una evidente relación de complicidad entre las autoridades federales y estatales del anterior sexenio y algunas del actual como la CFE, transformaron a Baja California en un campo experimental, para establecer empresas mercantiles al margen de la legislación bajo el disfraz de integración económica. Se cedió territorio y activos, permitiendo la interferencia extranjera en asuntos nacionales y la utilizaron de la fuerza del Estado para privilegiar al consorcio de Sempra Energy y Shell, como la principal usufructuaria de los negocios del gas natural licuado, para el mercado del sur de California.
El 30 de enero del 2003 el pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió autorizar la concentración entre Sempra Energy México, SA de CV, y Distribuidora de Gas Natural de Mexicali, S de RL de CV, en la cual la principal socia es Érika Elorduy Blackaller, hija del ex gobernador de Baja California Eugenio Elorduy, según consta en la partida 5152907 inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mexicali, el 7 de agosto del mismo año, le entregaron el título de permiso número G/140/ALM/2003 para almacenamiento de gas natural a la empresa Energía Costa Azul S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.
Una vez consolidada la fusión entre la empresa Sempra Energy y la empresa de la hija del ex gobernador, se consolidó la instalación de la planta de almacenamiento de gas natural de Sempra Energy en enero del 2006 y respaldados en una supuesta operación de compra-venta realizada entre la señora Elodia Gómez Castañón y Sempra Energy, los cuerpos policíacos de Baja California, desalojaron del terreno a su legítimo propietario el ciudadano Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, el cual fue acusado de despojo de su propio terreno, no obstante que la señora Gómez Castañón había fallecido un año y medio antes de realizada dicha operación.
Expertos juristas, han coincidido que de haberse conocido todas y cada una de las pruebas, que en este momento se están conociendo, el Ministerio Público hubiera impedido la entrega en propiedad del terreno a Sempra Energy. La urgencia se debió a la necesidad que tenía y tiene Sempra Energy, para cumplir con los requerimientos normativos en materia de medio ambiente, que las leyes mexicanas exigen en una obra de esta naturaleza, como es la zona de amortiguamiento para evitar posibles contingencias, desgracias humanas en caso de desastres, y posibles explosiones, las cuales son un peligro constante en este tipo de instalaciones.
Este entramado fue llevado a cabo por Francisco Javier Molina Robles, ex compañero de Elorduy en el Tecnológico de Monterrey, que fungió como apoderado legal de la empresa propiedad de Érika Elorduy, y por el secretario general del gobierno de Elorduy, el señor Bernardo Martínez, actualmente empleado de Sempra Energy e incluso se elaboró una estrategia para mentir, manipular y ocultar información desde Estados Unidos con servicios policíacos para espiar e investigar a instituciones mexicanas y a ciudadanos, a jueces, secretarios de juzgados, magistrados, y autoridades estatales, y particularmente al dueño del predio. Como prueba acompañamos este texto con los informes de espionaje y copia de los cheques expedidos por la empresa Sempra Energy para el pago de dichos servicios, así como copias que documentan lo aquí expuesto.
No obstante lo antipatriótico, sucio y deleznable de los hechos antes narrados, de la corrupción desenfrenada y del tráfico de influencias, todavía falta por explicar el evento que en mayor medida exhibe la ambición voraz y connivencia repugnante del gobierno de Baja California, bajo la titularidad de Eugenio Elorduy Walther. La obra más magnificente, la más publicitada, y la que a su vez explica el grado de indecencia de un gobernante como Elorduy, es lo que se conoció como Corredor 2000, que fue una vía carretera de cuatro carriles que se construyó con recursos públicos federales y estatales, con el avieso propósito de cruzar tres municipios y cientos de predios de particulares y ejidales, tanto en el corredor turístico de Ensenada, como por la orilla este del poblado o cabecera municipal de Playas de Rosarito, y por una parte del fundo legal del municipio de Tijuana, cuyo único y perverso propósito fue el de llevar en medio (soterradamente), el ducto de gas de la planta de Sempra Energy, desde la estación de descarga hasta el territorio de Estados Unidos de América, que hace en línea recta una distancia de 63 kilómetros, pero por la vía paralela a la carretera mencionada, es posible que supere los 80 kilómetros.
Dicha obra pública, nadie se la solicitó a Elorduy cuando era candidato y menos ofreció construirla. Por la prensa nos enteramos que costaría inicialmente 650 millones de pesos, poco tiempo después informaron que había aumentado a 850 millones, luego, cuando ya habían erogado más de mil 200 millones de pesos, dijeron que estaban a un 15 por ciento de terminarla. Sin haberla concluido, se informó que se elevaron los costos a muy cerca de los 2 mil millones de pesos, posteriormente, cuando la inauguró el presidente Fox Quezada, se aceptó que había costado 2 mil 400 millones de pesos, casi cuatro veces más de lo programado inicialmente.
Lo anteriormente expuesto, es una abierta violación a la soberanía nacional, al Poder Judicial de Baja California y una afrenta al pueblo de México. Queremos fundamentar esta denuncia, motivados en los preceptos del texto constitucional, tal como corresponde a la conducción de una sana política, ante el pleno de esta elevada tribuna de la nación, subrayando lo ordenado en el párrafo sexto del artículo 27, que a la letra transcribo: "Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines."
En virtud de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se forme una comisión plural y paritaria para investigar las causas y los efectos de las políticas federales y estatales del sexenio pasado que permitieron convertir a Baja California en el abastecedor de energía y gas natural, del sur de Estados Unidos de América.
Segundo. Con fundamento en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, y con base en los principios de libre concurrencia establecidos en el artículo 28 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Competencia Económica se revise la operación de Sempra Energy, en Ensenada.
Tercero. Se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en caso de existir la aprobación de la Manifestación del Impacto Ambiental, las bases, los criterios y documentos, sobre los cuales se otorgaron y obtuvieron las aprobaciones para la operación de la empresa citada, sobre todo en lo referente a las declaratorias oficiales de que se trata de zonas para el uso del suelo exclusivo, con vocación turística.
Cuarto. Solicitamos se hagan llegar a esta soberanía, copias de las acciones de espionajes y los cheques pagados por Sempra Energy, para que por los conductos oficiales, se establezcan las acciones legales correspondientes, contra dicha empresa que ha violado la soberanía nacional, y de las cuales se informe a esta Legislatura.
Quinto. Se exhorta al gobierno del estado de Baja California, para que conforme a la ley, acate las disposiciones judiciales en la materia al predio mencionado en este texto, y se restituya de inmediato, conforme a derecho, a su legítimo propietario, el señor Ramón Eugenio Sánchez Ritchie, e informe a esta soberanía de las diligencias que al respecto lleven a cabo.
Sexto. Exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que publique el monto de los recursos federales asignados al gobierno de Baja California, en mencionada administración, asignados a la obra denominada Corredor 2000.
Séptimo. Hacer llegar –por los canales conducentes– la presente denuncia para efecto de que produzca una nota a su homóloga la Secretaría de Estado, del Gobierno de Estados Unidos de América, en la que se denuncia que la empresa Sempra Energy presuntamente cometió violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, para que el Congreso de Estados Unidos de América, investigue lo conducente desde el ámbito de su propia soberanía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México DF, a 6 de octubre de 2009.
Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE DESTINE AL MENOS CINCO POR CIENTO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PARA CREAR UN PLAN NACIONAL
PILOTO DE AUTOPRODUCCIÓN ALIMENTARIO, CON OBJETO DE QUE LAS FAMILIAS
BENEFICIADAS PUEDAN GENERAR ALIMENTOS Y CREAR AGRONEGOCIOS, A CARGO DEL
DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO JIMÉNEZ MERINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El que suscribe, diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, a 12 años de haberse creado, otorga apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso, y recibió un presupuesto de alrededor de 40 mil millones de pesos en el ejercicio fiscal para 2009.
Contó con un padrón inicial correspondiente al ejercicio fiscal para 2009 de 5 millones 49 mil 206 familias beneficiadas, en 92 mil 689 comunidades de los 2 mil 445 municipios del país; 99 por ciento de estas comunidades son rurales.
Sus apoyos se otorgan en tres rubros, desarrollo social, educación pública y salud, y se dividen en ocho modalidades que contemplan recursos para mujeres, madres de familia, ingreso familiar y una mejor alimentación; becas; ahorro para estudiantes; apoyo para útiles escolares; paquete de servicios médicos; complementos alimenticios, y apoyos para adultos mayores.
Hoy, el Ejecutivo federal en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 ha propuesto un incremento a Oportunidades de más de 27 mil millones de pesos, al pasar de 40 mil 549 millones 20 mil pesos en el ejercicio 2009, a un total de 67 mil 820 millones 500 mil pesos para el próximo año.
No obstante los montos aplicados, la pobreza y la desnutrición aumentan.
Basta ver las cifras de pobreza, que de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de 2006 a 2008 la pobreza alimentaria aumentó en 5.1 millones, 2.8 de los cuales corresponden a zonas rurales, alcanzando la cifra de 19.5 millones de mexicanos, hombres y mujeres angustiados por lo más elemental, su provisión diaria de alimentos.
En cuanto a la pobreza en materia de capacidades, las cifras pasaron de 21.7 millones a 26.8, colocando a estos mexicanos en la mayor de las desventajas. En términos llanos se les cierra la posibilidad de la incorporación al desarrollo nacional.
En el ámbito de la pobreza patrimonial la afectación pasó de 44.6 millones a 50.6. Casi la mitad de la población nacional se ubica en condiciones precarias.
Estas cifras se agravarán más, debido a que el sistema educativo nacional no incluye en sus contenidos a la microeconomía; las necesidades básicas de las familias más pobres no se abordan en la escuela.
Oportunidades es un gran apoyo; ayuda a las familias, da tranquilidad, y mantiene la paz social, pero no desarrolla a las personas. El asistencialismo limita las capacidades. Cuando las familias ya no reciben el apoyo, no saben qué hacer. Esto obliga a que los presupuestos se vayan incrementando aceleradamente. Va a llegar el momento en que, aunque los gobiernos quisieran, no van a poder con la carga.
A este programa le está haciendo falta un segundo piso, una segunda etapa en la que las familias puedan hacer su propio desarrollo, especialmente en lo que corresponde a acceder a los alimentos, a través de programas de autoproducción, como huertos familiares tecnificados y la crianza de especies de animales menores.
Consideraciones
Las políticas públicas en nuestro país deben comenzar a transitar del simple asistencialismo a la inversión en programas de producción y autoproducción, que permita a las familias generar alimentos e ingresos.
No basta con dar pescado, sino que hay que enseñar a pescar; si se da el pescado, se comerá un día, si se enseña a pescar, se comerá siempre.
Más aún, en los momentos de crisis que vive nuestro país, es necesario generar alternativas para la seguridad alimentaria, y la autoproducción en huertos tecnificados y la crianza de especies de animales menores son sin duda –así lo hemos comprobado en el estado de Puebla– la opción más viable.
Que según nuestros datos, la familia puede ahorrar un promedio de 8 mil pesos por año produciendo sus propios alimentos, cantidad que de otra forma tendrían que erogar y que no siempre disponen de ella, especialmente uno de cada 4 mexicanos; aproximadamente 25 millones de personas.
Que la producción de alimentos en pequeños espacios tecnificados, tanto en zonas rurales, como urbanas tiene como ventajas; proveer al menos una parte de los alimentos que necesitan, al menos una parte de las necesidades básicas.
Es una gran terapia ocupacional tan necesaria en tiempos de desanimo, depresión y desesperanza.
Representa ahorros indispensables para la economía de las familias y abre expectativas de desarrollo para las personas, fortalece su autoestima y motivación; y les permite emprender pequeños agronegocios.
Experiencias desarrolladas por Esperanza del Mañana, AC, en la región de Cuetzalan; indígenas de San Juan Tepulco, Acajete, apoyados por la Fundación Jenkins; productores de conejo de Tepantitla, Zoquitlán; mujeres productoras de hortalizas de Chignahuapan, Ixtacamaxtitlán, Xayacatlán de Bravo, Tianguismanalco y Acatlán de Osorio han demostrado la viabilidad de autoproducir para comer y vender los excedentes.
El plan piloto nacional de autoproducción, propuesto en este documento, encuentra además su justificación plena en el espíritu de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que "considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el Artículo 26 de la Constitución…"
Se encuadra y fortalece también en la Ley General de Desarrollo Social, que en su artículo 1, establece que su interés es:
VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales;
VII. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada en la materia;
VIII. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social…"
Puntos de Acuerdo
Primero. Que las Secretarías de Desarrollo Social, Sedesol, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Sistema DIF Nacional establezcan un plazo no mayor a 12 años para resolver el problema de la pobreza en que se encuentran 5.3 millones de familias atendidas por el Programa Oportunidades.
Segundo. Que se revisen las experiencias exitosas de autoproducción alimentaria y desarrollo de proyectos productivos que se puedan adoptar, adaptándose a los municipios, regiones y estados del país.
Tercero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se destine al menos 5 por ciento de los recursos otorgados al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para la creación de un plan piloto nacional de autoproducción alimentario para 5 por ciento de las familias del programa y se promueva en forma multianual con 9 por ciento durante 10 años y 5 por ciento en el año 12. Para que las familias beneficiadas puedan generar alimentos y crear agronegocios.
Cuarto. Establecer un ambicioso programa de capacitación y asesoría técnica sobre economía familiar que permita reconocer, identificar y aprovechar los recursos existentes, las opciones alimenticias, las mejoras productivas en patios, parcelas ó las posibilidades para generar alimentos e ingresos en el medio rural y urbano.
Quinto. Que la Sedesol y Sagarpa unifiquen criterios y establezcan un solo mecanismo de atención a la pobreza, tomando como eje principal el Programa Oportunidades y el Programa Especial de Seguridad Alimentaria apoyado por la FAO.
Sexto. Que la Secretaría de Educación Pública revise los contenidos relativos a la economía familiar, combate a la pobreza y desarrollo sustentable en el sistema educativo nacional, que actualmente no existe.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL
Y EXHAUSTIVO A LAS ACCIONES QUE HAN EMPRENDIDO LAS AUTORIDADES COMPETENTES
CON RELACIÓN A LOS FEMINICIDIOS REGISTRADOS EN MÉXICO, A
CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
La que suscribe, Leticia Quezada Contreras, diputada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a los diputados integrantes de la XLI Legislatura a crear una comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. A partir de 1993, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se dio cuenta de una serie de homicidios, cometidos contra mujeres, niñas y mujeres jóvenes. Desde entonces, hace ya 16 años, han sido privadas de la vida en esa ciudad 430 mujeres. Tan sólo en 2008 se registraron 17 muertas y 30 desaparecidas. Aunado a esto, nos encontramos con que durante la primera década se reportaron 4 mil mujeres desaparecidas, según informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2. Los anteriores son datos reservados, pues hay otros más alarmantes, proporcionados por organizaciones de la sociedad civil, que afirman que de 1999 a 2008 más de 10 mil mujeres y niñas han sido asesinadas en México.
Es lamentable que estos hechos no hayan cesado en Chihuahua; peor aún es que se siguen presentando en el resto del territorio nacional, donde en la actualidad se encuentra registro de feminicidios y desaparición de mujeres, principalmente en Guanajuato, Sonora, Coahuila, Veracruz, Nayarit, Chiapas, estado de México y el Distrito Federal.
Considerando
I. Que el Estado no ha dado garantías a las mujeres ni creado condiciones que aseguren su integridad física y sus vidas en ningún ámbito del quehacer diario, como es su entorno social, familiar, laboral, escolar o en los espacios de recreación o tránsito. Lo anterior, ya que las autoridades encargadas de la seguridad pública, procuración y administración de justicia no han realizado ni realizan de forma eficaz las funciones que tienen encomendadas.
II. Que es necesario que desde este órgano legislativo exijamos que los crímenes sean esclarecidos por las autoridades correspondientes, ya que a lo largo del tiempo han demostrado silencio, omisión, negligencia y colusión al prevenir, investigar, sancionar y trabajar por erradicar estos delitos.
III. Que en 1993 se presentaron los primeros casos de muertes de mujeres en Chihuahua, y hasta 2003, una década después, el gobierno federal no tomó algunas medidas, al nombrar a Guadalupe Morfín Otero como comisionada para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, por parte de la Secretaría de Gobernación, y la designación por la Procuraduría General de la República de María López Urbina como fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Juárez e impulsar una campaña nacional sobre equidad y seguridad integral para las mujeres. Sin embargo, estas acciones han dado ínfimos resultados.
IV. Que es imperiosa la necesidad de que esta legislatura cuente con una comisión especial que dé seguimiento puntual a este gravísimo problema, que asecha desde hace 16 años a las mujeres, que viven con un Estado que no les garantiza seguridad, y que las familias que han perdido o que viven con la ausencia de una de sus integrantes logren por fin la impartición de justicia, al concluirse las investigaciones que lleven a la detención y al encarcelamiento de los criminales.
Como antecedentes de la creación de la comisión especial que hoy se plantea, contamos con las comisiones especiales creadas por la LVII y LIX Legislaturas, las cuales fueron la comisión especial para el seguimiento de las investigaciones de los homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua; y la comisión especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada, respectivamente, las cuales aportaron elementos importantes para que este tema, que lacera a la sociedad mexicana, no pase de largo y deje de ser uno de los más grandes pendientes que tienen las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia en el país.
V. Que el Estado mexicano ha incumplido los compromisos internacionales firmados en materia de promoción y defensa de los derechos humanos, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer. Es necesario que desde la Cámara de Diputados exhortemos y trabajemos porque éstos sean cumplidos a cabalidad, logrando de esta forma un lugar seguro para las mujeres y las niñas, donde salir a la calle no signifique peligro alguno.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los diputados integrantes de la XLI Legislatura a crear una comisión especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2009.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA ELABORAR
UN PROYECTO DE CREACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA
Y DESARROLLO RURAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ NARRO CÉSPEDES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal José Narro Céspedes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por medio del cual se promueve la creación de la Secretaría de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
La propuesta planteada por la Presidencia de la República en el sentido de desaparecer a la Secretaría de la Reforma Agraria del organigrama de la administración pública federal, constituye una propuesta completamente errónea. Se trata de una decisión tomada en evidencia sobre las rodillas que refleja la incapacidad gubernamental de generar estrategias inteligentes y apropiadas para sortear exitosamente la crisis económica nacional.
Lo grave es que ello revela un supino desconocimiento de lo que en materia agraria está sucediendo en este momento en el campo mexicano, hecho que resulta alarmante dado que se trata de una propuesta emanada de quien tiene la responsabilidad constitucional de planear y dirigir el desarrollo del país.
No obstante, en el Congreso de la Unión algunas voces han respaldado y elogiado la medida sin antes reflexionar un ápice en torno a sus posibles implicaciones. Es más, no falta quien cree que con ello se le hace un bien a la patria y al campesinado mexicano.
Y ¿saben por qué?
Porque durante las últimas administraciones presidenciales se nos ha vendido la idea, totalmente falsa e insostenible, de que la cuestión agraria nacional está resuelta, idea que aprovechando la pereza mental que campea socialmente en este país, ha venido echando raíces en el imaginario colectivo. Nada más apartado de la realidad.
El campo mexicano es, hoy por hoy, uno de los principales escenarios donde se debate el futuro del país. Más allá de atavismos agraristas trasnochados, se debe reconocer que en el sector rural se vive una transformación que a pasos agigantados viene modificando el mosaico nacional de la propiedad del suelo sin que –dadas las circunstancias actuales– se pueda predecir a ciencia cierta en qué vaya a desembocar.
Lo malo de los procesos agrarios de carácter estructural es que por lo regular no se ven. Estos transcurren de manera ininterrumpida y silenciosa, corriendo como una película muda en el telón de fondo, y no es sino hasta que sus efectos se manifiestan ruidosamente en los indicadores sociales y en la estabilidad política cuando nos damos cuenta de lo trascendentales que son para la paz pública y la gobernabilidad del país.
La reforma de 1992 al artículo 27 constitucional no fue una medida epidérmica. A la par de la cancelación del reparto agrario detonó procesos territoriales de gran envergadura que por su naturaleza estructural mostrarán a largo plazo sus efectos. Suprimir en este momento la Secretaría de la Reforma Agraria equivale a dejar al capricho del viento la nave en que viajamos todos esperando que un milagro o el azar nos lleven a buen puerto.
Los argumentos que nos llevan a sostener que la desaparición de la SRA constituiría un monumental desacierto son los siguientes:
Primero. La SRA ejecuta exclusivamente funciones que le son asignadas por la Constitución y por la Ley Agraria (las cuales se reflejan en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), que para ser suprimidas obligarían a modificar previamente dichos ordenamientos. Ello significa que podría cambiarse al órgano que las cumple, mas no desaparecer las funciones.
El artículo tercero transitorio del artículo 27 de la Carta Magna concerniente al desahogo de los asuntos en materia de ampliación, dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, establece que la SRA continuará desahogando los expedientes en trámite de conformidad con la legislación derogada en 1992 (la Ley Federal de Reforma Agraria).
Dichos expedientes no sólo deben ser puestos en estado de resolución y remitidos a los tribunales agrarios por la SRA, sino que además ésta debe permanecer a disposición de aquéllos para efectos de la eventual realización de trabajos técnicos que en su carácter de autoridad responsable debe reponer, función que se debe cumplir hasta en tanto no se desahogue el último expediente de tierras.
Esto es, existen funciones de carácter constitucional que tienen qué ver con la garantía social de la entrega de la tierra, que –hasta en tanto el rezago agrario no se abata totalmente– deberán seguir siendo cumplidas por la dependencia responsable.
Las funciones sustantivas que le son asignadas a la SRA por la Ley Agraria y sus reglamentos, concretamente son:
• La investigación de concentraciones de tierras por parte de las Sociedades Agrarias (artículo 132).
• El registro nacional de la propiedad ejidal y comunal y de figuras asociativas (artículo 148).
• El deslinde, declaratoria y enajenación de terrenos nacionales (artículos 160/161).
• La regulación de las colonias agrícolas y ganaderas.
En consecuencia, si actualmente la SRA se limita a hacer lo que las mencionadas normas le obligan –y ello tendría que seguir haciéndose siendo o no tal dependencia una secretaría–, no se ve por ningún lado en dónde se encuentra la reducción del gasto presupuestal que supuestamente su desaparición acarrearía, ya que dichas funciones tendrían que seguir efectuándose por algún otro ente de la administración pública federal y por el mismo personal que hoy lo realiza aun cuando su expresión se haya reducida al mínimo.
Segundo. El Estado mexicano todavía tiene una deuda pendiente con las comunidades agrarias, especialmente, con las de origen indígena. Dicha deuda se traduce en la obligación del gobierno de reivindicar los derechos territoriales de los pueblos indios, saneando la situación jurídica de la totalidad de las comunidades que existen en el país, tanto las de hecho como las de derecho, cuyas condiciones de vida no han mejorado pese al transcurso de los años.
Existe un alto número de conflictos de carácter jurídico-político que aqueja a las comunidades agrarias cuya resolución no se encuentra en los textos positivos del derecho mexicano sino en las normas consuetudinarias de nuestras etnias. Dichos conflictos quedaron fuera de la política de focos rojos y amarillos simplemente por falta de sensibilidad de los funcionarios, cuyas concepciones difieren del pensamiento occidental tradicional.
En tanto no se resuelva hasta el último problema legal que afecte los terrenos propiedad de las comunidades agrarias, el gobierno mexicano tiene el impedimento moral de cancelar el único conducto por medio del cual se ha avanzado en esa dirección. Se trata de una deuda ancestral que debe saldarse en aras de la dignificación de nuestra cultura y del reconocimiento del derecho primigenio de los pueblos indios sobre el territorio nacional.
Tan sólo voy a mencionar tres casos: la comunidad de Juchitán, Oaxaca, que abarca una superficie de 35 mil hectáreas; la comunidad de Santiago Tlacotepec, Guerrero, asentada en 285 mil hectáreas; y la comunidad de Ostula, en Michoacán, con 14 mil hectáreas, cuyos problemas son altamente conflictivos.
A diferencia de los ejidos, los cuales ya fueron beneficiados con un intenso programa de regularización a través del Procede, las comunidades no han podido ser regularizadas pese a que su número es 10 veces menor al de aquéllos. Si bien se han emprendido tímidamente algunas acciones por conducto del programa denominado Procecom, éste se reduce a medir las poligonales y delimitar los linderos exteriores sin regularizar los derechos individuales.
El Estado mexicano no puede retirarse de la palestra agraria sin cumplir su compromiso para con las comunidades, se trata de un deber irrenunciable constitucionalizado –desde 1917– que le impide abdicar de tal obligación. En ese sentido, mientras los problemas de las comunidades y pueblos indios no se resuelvan, el gobierno federal se encuentra moralmente obligado a mantener una estructura administrativa con esa función. Desde esta perspectiva, por ética, la SRA no debe desaparecer.
Tercero. Es claro que la función de la SRA no ha sido comprendida. Todo indica que la mayor parte de la gente la ve como una dependencia meramente tramitadora de acciones de creación de ejidos y restitución de tierras a las comunidades, visión que bajo la lógica de la terminación del reparto agrario justifica la desaparición de dicha secretaría.
Sin embargo, más allá de la función técnica desempeñada en el proceso de reparto de la tierra, la SRA ha cumplido un importante papel de carácter político-jurídico que le ha permitido fungir como efectivo garante de la gobernabilidad en el sector rural y exitoso canalizador de las disputas por las vías legales. Esta tarea no es simbólica ni puede ser llevada a cabo por un ente improvisado que carezca de la experiencia y de la preparación para ello. Ahí radica una de nuestras fortalezas.
La SRA tiene tras de sí una larga trayectoria administrativa cuyo antecedente directo se remonta a casi ya 100 años, en cuyo transcurso ha evolucionado conforme a las circunstancias. Como se sabe, en 1915 nació como Comisión Nacional Agraria; luego, en 1934, se convirtió en Departamento Agrario; que en 1958 se transformó en Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización; para, finalmente desde 1971, adquirir el rango de Secretaría bajo la denominación de Reforma Agraria.
Si bien se puso fin al reparto agrario, el problema de la tierra y del campesinado mexicano subsiste. Por un lado siguen presentes agudos conflictos de viejo cuño cuya resolución es competencia directa de dicha secretaría; y, por el otro, a la luz de las reformas de 1992 a la legislación agraria, afloró un nuevo tipo de controversias que hace imperativa la implementación de políticas públicas acordes a la nueva realidad.
En ese marco, la SRA no sólo no debe desaparecer sino que además debe ser reforzada y modernizada con la finalidad de que responda eficientemente a las necesidades de la realidad actual, las del siglo XXI, tal como ha venido ocurriendo desde su aparición. No cometamos la imperdonable pifia de clausurar la mejor válvula de escape que la creciente irritación campesina ha encontrado hasta ahora.
Cuarto. Hasta 1992 el mercado de tierras rústicas en nuestro país rondaba apenas los 74 millones de hectáreas. Con la reforma al artículo 27 constitucional se liberó el estatuto jurídico de la propiedad ejidal y comunal de suerte las 103 millones de hectáreas de propiedad social que había en ese momento en el país se incorporaron al comercio, con lo cual el mercado de tierras pasó de 74 a 177 millones de hectáreas.
Dicho de otro modo, las reformas de 1992 desamortizaron la tierra ejidal y comunal poniendo fin al estancamiento jurídico que las caracterizaba. Este hecho no solamente elevó en un 150 por ciento el tamaño del mercado de tierras, sino que también aceleró el proceso de transferencia de la propiedad. Debiendo aclarar que para que la tierra circule no es necesario que ésta se enajene, también puede hacerlo por vía de la transmisión de su uso y usufructo.
Efectivamente, las reformas constitucionales de 1992 no hicieron sino continuar lo empezado por los liberales de la Reforma a mediados del siglo XIX con la Ley de Desamortización de Bienes de las Corporaciones Civiles y Eclesiásticas (o Ley Lerdo), de modo que nos encontramos inmersos en un proceso en el que la tierra está cambiando intensa y rápidamente de manos.
Si con la desamortización detonada por la Ley Lerdo la falta de mecanismos reguladores del mercado y de una legislación que combatiera el acaparamiento de tierras propició el agrandamiento de los latifundios y la multiplicación de las haciendas, habiendo sido la causa de un estallido social, no debemos permitir que la desamortización percutida por la que podemos llamar "Ley Salinas" desemboque en graves conflictos sociales.
En tanto la estructura de la tenencia de la tierra se encuentre en un movimiento tan intenso como el registrado actualmente, es necesario que el Estado incida en el proceso de transferencia y conversión de la propiedad a fin de evitar desequilibrios y depredaciones que pongan en riesgo la estabilidad política del país. De ahí la importancia de que el gobierno intervenga en el proceso operando como regulador de los mercados y compensador de los desbalances, tarea que nadie puede realizar mejor que la SRA.
Quinto. La situación jurídica de la mayor parte de la República Mexicana en términos del ordenamiento de la propiedad resulta desastrosa. Si se considera que abajo del municipio y de la comunidad, la propiedad constituye la célula básica de la planeación del desarrollo rural, es claro que estamos ante una situación que en nada ayuda al progreso del país.
El desenvolvimiento agrario de la nación debe alinearse a los planes y programas de desarrollo rural. El comportamiento de los mercados y el perfil que vaya a asumir la estructura agraria en los próximos años debe responder a las directrices que los grandes objetivos nacionales les señalen. Dejar las cosas a la inercia de los acontecimientos no sólo pondría en entredicho el logro de las metas trazadas por los planes de gobierno sino que además atentaría contra la búsqueda de la justa distribución de la riqueza y pondría en riesgo la tranquilidad del campo.
En la tesitura del desarrollo sustentado en la nueva ruralidad frente a la cual se arrostran nuevos desafíos, es conveniente solventar nuestras debilidades y bregar en la dirección que nos permita sacar ventaja de las mismas.
Qué mejor oportunidad para la revisión de la ingeniería administrativa del gobierno federal, que estos momentos de imperativo ahorro de recursos. Sin embargo, ello debe hacerse con sentido estratégico y respetando el rumbo que marcan las leyes (en este caso, la Ley Agraria y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable), no con el obtuso criterio de recortar lo que parezca más fácil.
Si la SRA efectúa funciones que tienen que seguirse realizando, en lugar de fragmentarla y repartir el cumplimiento de aquéllas entre diversas secretarías, en particular la Sagarpa y la Sedesol, parece muchísimo más sensato, quitar a éstas las funciones que no corresponden estrictamente a su sector y transferirlas a la SRA, con lo cual, si no se aligera el gasto sí se logra mucha mayor eficiencia operativa, pues, por un lado se fortalece la conducción del desarrollo agrario y, por el otro, se aligera a dichas dependencias de la carga operativa que representa el desarrollo de tales funciones.
Por añadidura se imprimiría a la administración pública federal una conformación más acorde con el enfoque territorial del desarrollo rural, dado que su estructura le ayudaría a maniobrar en orden a los nuevos requerimientos, implementando políticas públicas agrarias de amplio espectro que le permitirían cubrir desde los procesos agrarios estructurales mencionados hasta los procesos colaterales como: la feminización de las actividades rurales, el envejecimiento de los propietarios, la emigración de la población rural, la extrema pulverización de los predios, la proliferación de los asentamientos humanos irregulares, etcétera.
En su calidad de ente pensante del gobierno mexicano, el Congreso de la Unión tiene la indelegable obligación de tomar medidas preventivas tendentes a normar y orientar el comportamiento del campo desde la perspectiva del desarrollo agrario, a proteger a la propiedad rústica, a combatir a la pobreza y a impulsar la justa distribución de la riqueza.
En este momento en que la crisis económica impele a buscar salidas inteligentes para amortiguar sus efectos en las finanzas públicas, conmino a todos ustedes a acomunar intereses en beneficio de la nación y a tratar de sacar ventaja de nuestras escasas fortalezas, para lo cual propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Que esta soberanía, por conducto de su Presidencia, instruya a las Comisiones de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural para que elaboren el proyecto de creación de la Secretaríade la Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se integraría con las áreas que actualmente la conforman y en la cual se sectorizaría la Subsecretaría de Desarrollo Rural y algunas otras funciones a cargo de la Sagarpa (como el Registro Nacional Agropecuario), así como la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y algunos programas sociales operados por la Sedesol.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México DF, a 6 de octubre de 2009.
Diputado José Narro Céspedes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE
2010 SE CONSIDEREN RECURSOS DESTINADOS A CREAR UN FONDO DE ATENCIÓN
Y MITIGACIÓN DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS PARA LA CIUDAD
DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA LETICIA QUEZADA CONTRERAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a esta honorable Cámara de Diputados para crear un fondo de atención de desastres naturales para el Distrito Federal, que permita atender y mitigar los riesgos que existen en la ciudad para el próximo ejercicio fiscal de 2010, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. De acuerdo a las características topográficas existentes, al sur de la Ciudad de México se presentan 74 barrancas distribuidas en ocho delegaciones (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco), de las cuales la mayoría se concentran en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.
2. Que es una realidad que en las barrancas, cauces de ríos, laderas inestables y asentamientos irregulares, existen, según un censo llevado a cabo por la Secretaría de Protección Civil, 150 mil familias en las delegaciones La Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón que viven en un alto grado de marginalidad y que están expuestas a situaciones de riesgo e inseguridad a las que se enfrentan día a día.
3. Que es evidente que el Gobierno del Distrito Federal lleva a cabo acciones para prevenir y atender no sólo los riesgos hidrometeorológicos sino todos a los que está expuesta una ciudad como esta.
4. Sin embargo, es fundamental que la administración pública del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Protección Civil, de Obras y Servicios, y los órganos políticos administrativos, intensifiquen las acciones realizadas, a fin de atender urgentemente los daños que la actual temporada de lluvias ha causado en el Distrito Federal, con la finalidad de proteger a la población que habita las barrancas, cauces de ríos y laderas inestables.
5. Por tal motivo, se propone la creación de un fondo que permita obras de mitigación, equipamiento y mecánica de suelo, que deberá ascender a 200 millones de pesos que deberán ser etiquetados para que en los diversos ámbitos de competencia las instancias involucradas puedan proteger las vidas, bienes y entorno.
6. Es necesario establecer este tipo de fondo debido a la imposibilidad de acudir al Fonden (Fondo Nacional de Desastres Naturales), que se encuentra limitado a los desastres naturales y no es aplicable en casos en que urge la prevención y la mitigación.
7. Por otra parte, el Fondo de Apoyo Económico que establece el artículo 94 de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal únicamente establece el cumplimiento de programas y de objetivos del sistema de protección civil.
Por lo anterior, es evidente que ninguno de los dos fondos son aplicables para el caso concreto, aunado a la imperiosa necesidad de atender especialmente por el Gobierno del Distrito Federal los riesgos hidrometeorológicos que afectan a las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.
Como sabemos, el pasado 15 de septiembre del año en curso ocurrió un deslave en la calle Ojo de Agua, paraje Ixtlahualtongo en la Delegación La Magdalena Contreras, que trajo consigo el fallecimiento de tres personas y una veintena de familias damnificadas, es por ello que se hace impostergable tomar decisiones que protejan la vida de las personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a esta Cámara de Diputados para que asigne un fondo de atención y mitigación de riesgos hidrometeorológicos para la Ciudad de México, que ascenderá a 200 millones de pesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2009.
Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica)
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del partido revolucionario institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 fracción XVI, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante usted la excitativa siguiente
Antecedentes
1. El 13 de abril de 2004, presenté ante esta soberanía iniciativa de reforma a los artículos 51, 56, 59, 60, 62, 63 y 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de suprimir del texto fundamental la institución de la suplencia de diputados federales y senadores.
2. En la exposición de motivos de esa iniciativa expresé entre otras cuestiones, las siguientes:
b) Que la teoría constitucional de nuestros días no sigue esta tesis, puesto que en la actualidad, es unánimemente admitido que el diputado representa a toda la nación y no aisladamente a sus distritos.
c) Que en el caso de los senadores ocurre lo mismo, toda vez que el establecimiento de la representación proporcional puso en entredicho que estos actúen como representantes de los estados.
d) Que, por tanto, hoy en día, la suplencia ha perdido su sustento original y su razón de ser.
e) Que en la mayoría de los países, sobre todo los desarrollados, no la consideran en sus constituciones o en sus leyes electorales y parlamentarias.
f) Que en México, la suplencia no existe para los Poderes Ejecutivo y Judicial. El presidente de la república, los secretarios de despacho, los ministros y magistrados, no tienen suplente. Cuando estos faltan ni se paralizan las instituciones, ni se detiene la marcha del país. Simplemente se les sustituye bajo procedimientos previamente establecidos.
g) Que la suplencia, en los últimos años, ha sido pervertida por la práctica política, ya que esta provoca:
• Que se limite la participación democrática de la población en la designación de sus representantes, ya que al darse vacantes en el Congreso está imposibilitada para votar nuevamente por el sustituto y decidir si ratifica o revoca el mandato al partido postulante.
• Que se confunda al elector en el caso de coaliciones, en las que es común se postule a un propietario y a un suplente de partidos distintos y, en varios casos, con ideologías diametralmente opuestas, sólo para cubrir cuotas de poder.
• Que, contra la corriente que propugna por la profesionalización del Congreso, que lleva implícita la permanencia en el cargo, se de una movilidad innecesaria de sus integrantes.
• Que dé lugar a pactos antidemocráticos, como el de que propietario y suplente –con o sin el aval de su partido– se repartan el ejercicio del cargo, conforme a tiempos oficiosamente preestablecidos.
• Que, en demérito de la ciudadanía, los partidos oculten con un candidato popularmente aceptado sus intenciones de impulsar al ejercicio real del cargo a un suplente desconocido o sin trayectoria política, que por si mismo no ganaría la elección, pero que pudiera resultar afín a intereses cupulares o coyunturales.
• Que los partidos desvirtúen el cumplimiento de las cuotas de género establecidas en la ley, postulando a mujeres como suplentes, las que sólo por un golpe de fortuna pueden ser propietarias, o en el extremo, que las postule como propietarias para luego sustituirlas por suplentes varones.
3. Dicha iniciativa fue turnada el mismo día de su presentación a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, sin que hasta ahora haya sido dictaminada, lo cual constituye una omisión que contraviene la normatividad aplicable.
Único. Excite en lo conducente a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para el efecto de que dictamine, conforme a la ley, la iniciativa descrita.
Palacio Legislativo, a 6 de octubre de 2009.
Diputado Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE DESARROLLO SOCIAL, A SOLICITUD DEL DIPUTADO FRANCISCO RAMOS MONTAÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Francisco Ramos Montaño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva que, en el uso de las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social, a efecto de que presenten el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 3, 17, 39, 43, 44, 45, 46 y 50 de la Ley General de Desarrollo Social, para descentralizar los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, presentada en la LX Legislatura el 28 de noviembre de 2006 por el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Antecedentes
1. Con fecha 28 de noviembre de 2006, en la LX Legislatura, el diputado federal Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 3o., 17, 39, 43, 44, 45, 46 y 50 de la Ley General de Desarrollo Social, respecto a descentralizar los programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.
2. Con la misma fecha, 28 de noviembre de 2006, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el turno de la iniciativa a las Comisiones de Gobernación, y de Desarrollo Social.
Consideraciones
1. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo oficial encargado de la mediación de la pobreza en el país, publicó en el mes de julio del 2009, que entre los años 2006 y 2008 el número de pobres aumentó en 5.9 millones de personas, cifra que equivale a 50.6 millones de mexicanos, que representan el 47.4 por ciento del total de la población del país, sin un ingreso suficiente que les permitiera atender sus necesidades básicas y elementales de alimentación, educación, salud, vivienda y vestido.
2. Sin duda, este difícil y complejo escenario en el país, abre la oportunidad para revisar y mejorar los programas y las políticas públicas sociales. Para ello, se requiere tratar el tema de la pobreza en México con serenidad y con todos los actores políticos y sociales del país. Además, de considerase dentro de nuestras agendas legislativas de la LXI Legislatura, como un asunto de la mayor relevancia.
3. En este sentido, la iniciativa del proponente, dispone "transferir las funciones operativas que hoy son responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, a los estados y a través de éstos a sus municipios, quienes serán los ejecutores de los programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos. La propuesta de de descentralizar los programas que hoy están a cargo del gobierno federal fortalecerán a la vez su función rectora en la política de desarrollo social y, en particular, en la superación de la pobreza extrema".
4. El legislador, en la exposición de motivos de la iniciativa, destaca que la descentralización de las políticas públicas y de las competencias y recursos –cito textualmente– debe considerar:
2. La distribución equitativa de la recaudación federal participable.
3. La reforma al rubro de Aportaciones Federales (Ramo 33) para consolidar la descentralización de los servicios de educación y salud.
4. La ampliación sustantiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, incluyendo la participación de los municipios.
5. La inclusión del Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el rubro de Aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal o al Ramo de Participaciones Federales.
6. La incorporación del Programa de Infraestructura para los Pueblos y Comunidades Indígenas al rubro de Aportaciones Federales (Ramo 33).
7. La descentralización de los programas sociales y productivos incluyendo el correspondiente al gasto federalizado, que hoy en día están bajo la responsabilidad de las dependencias federales y de sus delegaciones en los estados.
8. Que la descentralización sea uno de los principios rectores de la política de desarrollo social.
9. Que la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en la que participan los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social de los estados o sus equivalentes, asuman un papel más activo en la conducción de los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
6. Compañeras y compañeros diputados: sin duda, la iniciativa es de gran relevancia. Reitero que los retos de marginación, desigualdad y pobreza en México deben ser temas de interés prioritario en la agenda legislativa de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.
Por lo expuesto y fundado, solicito respetuosamente al Presidente de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión
Único. Que, en los términos por lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y turne el presente documento a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Desarrollo Social, a efecto de que presenten el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Desarrollo Social, presentada en la LX Legislatura por el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de noviembre de 2006.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de octubre de 2009.
Diputado Francisco Ramos Montaño (rúbrica)
La suscrita, diputada al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este pleno el siguiente posicionamiento en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al igual que este honorable Congreso y los Congreso estatales de las 31 entidades, cuenta con una Mesa Directiva, cuyo Presidente está encargado de dirigir las sesiones del Pleno, abrir y clausurar las sesiones, prorrogarlas, declararlas en receso, en sesión permanente, o suspenderlas por causa justificada, como aconteció en la sesión del primero de octubre.
En virtud de la notable ausencia de legisladores en la sesión en comento, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, instruyó a la Secretaría a verificar la existencia del quórum legal para iniciar la sesión ordinaria y sólo había presentes 26 diputados por lo cual se decretó se levantara la sesión.
Sin fundamento alguno, la Comisión de Gobierno acordó reiniciar la sesión levantada, dando lugar a la recepción de las comparecencias del secretario de Gobierno, y del procurador general de Justicia del Distrito Federal, aprobar el nombramiento de los titulares de las unidades administrativas y la integración de las comisiones ordinarias.
Y no obstante que el artículo 18, fracción II, de la Ley Orgánica del órgano legislativo local dispone que los diputados pueden integrar hasta cinco comisiones, a los diputados del Partido de la Revolución Democrática se les nombró para formar parte de hasta 7, y en el caso de los diputados de Acción Nacional, nunca se llegó a 5 comisiones.
Ante tal decisión unilateral de la mayoría de integrar las comisiones, al Grupo Parlamentario de Acción Nacional no se le incluyó en las Comisiones de Equidad y Género, Presupuesto y Cuenta Pública, Transporte y Vialidad, Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, y de Vivienda, por citar algunos ejemplos, lo cual es total y absolutamente ilegal pues contradice los propios reglamentos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Sin duda, el derecho de los diputados a elegir y ser electos para integrar las comisiones y comités, fue violado por la mayoría de ese órgano de gobierno y se vulneró la pluralidad en la integración de las comisiones, como lo dispone el artículo 5 del Reglamento Interior de Comisiones de la Asamblea Legislativa.
Se privilegió, sí, pero que los diputados de la mayoría integraran más de cinco comisiones, como ocurrió con los diputados Karen Quiroga Anguiano, Carlos Augusto Morales López, Beatriz Rojas Martínez, Erasto Ensástiga Santiago, Valentín Maldonado Salgado, quienes forman parte de 6 y 7 comisiones, cuando el límite es de 5, de conformidad con el artículo 18, fracción II, de la Ley Orgánica de la Asamblea.
Contrariamente a su naturaleza, la Comisión de Gobierno inobservó los principios de pluralidad democrática y se negó, como órgano colegiado, a impulsar consensos y acuerdos.
En la Asamblea Legislativa coexisten legisladores que coinciden y discrepan, debaten y dialogan, proponen y se oponen, diputados que defienden ideologías distintas, pero capaces de ponerse de acuerdo o dirimir sus diferencias mediante los instrumentos parlamentarios de la persuasión inteligente y la emisión del voto, si bien es verdad que tras la votación prevalece la mayoría, pero también lo es que esta es más fuerte y constructiva si es capaz de incluir a las minorías, es de vital importancia que en la integración de comisiones se privilegie el diálogo y el consenso.
Por, ello, ante tales violaciones al marco normativo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, este honorable Congreso de la Unión exhorta a ese órgano de gobierno a respetar el marco jurídico que la rige y respete los principios de equidad, proporcionalidad, pluralidad y gobernabilidad en la decisión que tome para la integración de los comités y comisiones permanentes o de dictamen legislativo.
Diputada Kenia López Rabadán (rúbrica)