Los suscritos, diputados Héctor Velasco Monroy, Cruz López Aguilar, Alberto Jiménez Merino, Óscar García Barrón, Gerardo Sánchez García, Heriberto Ambrosio Cipriano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentan proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y al titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el diseño del Programa de Apoyo al Campo, Procampo, se consideren las estrategias que permitan otorgar asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios de dicho programa con el propósito de hacer mejor lo que hacen y aprovechar mejor lo que tienen.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás normatividad aplicable, someten a consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, en razón de los siguientes
Considerandos
La globalización es un proceso de integración entre países que permite establecer cadenas de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que generan las economías nacionales, lo anterior nos presenta un panorama con aristas de diversa índole, ventajas y desventajas.
Entre las ventajas que se pueden identificar se encuentran la posibilidad de acceder a un mercado mundial en el cual la demanda mantiene una línea de crecimiento constante, la cual puede ser aprovechada por naciones especializadas en la generación de productos provenientes de los tres sectores de la economía.
Entre las desventajas se pueden mencionar la falta de especialización y el aprovechamiento ineficiente de los avances tecnológicos aplicados a los procesos productivos, la ausencia de estos elementos es más notoria en sectores como el agrícola, en donde la tecnificación es un proceso que está inconcluso en México.
El modelo económico sustentado en el aprovechamiento de las ventajas comparativas no logró consolidarse durante el tiempo en el que se implantó en nuestro país, ello debido a que el proceso de apertura comercial de México se dio en un contexto en el que aún no se contaba con el sustento que permitiera la integración plena a la globalización.
En el año de 1994, fue instituido el Procampo, atreves del cual se otorgan apoyos económicos a los campesinos de acuerdo al número de hectáreas de su propiedad, los apoyos son otorgados en dos ciclos anuales, primavera-verano y otoño-invierno.
El principal objetivo de Procampo es compensar el ingreso de los productores durante el tiempo de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio.
Dicho programa es el segundo en importancia de acuerdo al monto presupuestal que recibe, en este rubro el Programa Oportunidades recibe más de 40 mil millones de pesos en tanto que Procampo tiene un monto de 16 mil millones de pesos.
Es importante mencionar que el 75 por ciento de los beneficiarios del Procampo tienen más de 55 años de edad con un promedio de escolaridad de 3.3 años, de igual forma el programa se creó sin considerar la asistencia técnica, ni la capacitación.
Si bien es cierto que Procampo se ha caracterizado por la tranquilidad y convivencia social que genera en sus beneficiarios no ha logrado promover el desarrollo integral de la población rural.
En este contexto, si consideramos que el nivel de escolaridad es bajo y los servicios técnicos se han reducido al pago del apoyo, se puede afirmar que no habrá avances mientras no se ayude a la gente a ayudarse.
La asistencia técnica representa el 31 por ciento de los nuevos conocimientos de una persona y generalmente no rebasa el 12 por ciento del costo total de un programa determinado. Para aprovechar 90 centavos y lograr un máximo impacto, siempre será necesario gastar 10 centavos en quien va a vigilar la aplicación del recurso y a orientar a la gente. Pueden obtenerse en forma ideal, como recursos adicionales, pero si no incluso del mismo monto asignado. La fórmula parece ser que de cada peso a fomento, se garantice un 10 por ciento para desarrollo de capacidades.
Si bien es cierto que debemos reconocer que el Procampo ha demostrado ser una herramienta eficiente, para la estabilidad social, también es importante reconocer que se pueden aprovechar las bondades que el propio programa otorga, haciendo un uso más eficiente de las redes que se han construido y del eslabonamiento productivo.
Con el objetivo de contar con un sector agropecuario competitivo que cuente con los elementos suficientes que le permitan hacer frente a la integración de los mercados del sector primario, aprovechando la estructura productiva nacional, es importante fortalecer este tipo de instrumentos de compensación.
En este sentido, la capacitación y la asistencia técnica dirigida al sector primario son dos componentes que permiten alcanzar la meta de lograr consolidar nuestro papel en el mercado internacional. Nuestro campo adolece por la falta de apoyos y de una política pública que le otorgue un mejor entorno que impulse su crecimiento.
La proposición que ahora presentamos, tiene el objetivo de otorgar capacitación y asistencia técnica a los productores agropecuarios través de Procampo lo que permitirá contar con un sector agropecuario mejor preparado frente a nuestros competidores internacionales. Por otra parte, la propuesta no pretende incidir en un presupuesto mayor para Procampo, ya que una parte de los recursos se destinará para cumplir con lo que se establece en el presente punto de acuerdo.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que:
2. Se identifiquen recursos hasta por el 10 por ciento del costo total del programa.
3, Se establezca un programa de asistencia y capacitación que al menos garantice contar con 5 asesores técnicos por cada municipio.
Diputados: Héctor Velasco Monroy (rúbrica),
Cruz López Aguilar, Alberto Jiménez Merino, Heriberto Ambrosio
Cipriano, Óscar García Barrón, Gerardo Sánchez
García.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE MICHOACÁN A CUMPLIR LAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL QUE IMPONEN LA OBLIGACIÓN
DE COORDINARSE CON LOS AYUNTAMIENTOS PARA IMPLANTAR PROGRAMAS DE DESARROLLO
SOCIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA JENY DE LOS REYES AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Jeny de los Reyes Aguilar, diputada federal integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, fracción II, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a tenor de las siguientes
Consideraciones
En un país como el nuestro, que ha vivido crisis recurrentes desde hace mas de 20 años, es de suma importancia atender las necesidades prioritarias de la población mediante la implementación de programas que permitan su acceso a los requerimientos básicos como los son una alimentación suficiente, educación, vivienda, etcétera.
No se pone en duda ni se cuestiona la necesidad de dichos programas, pero sí la forma en que los gobiernos federal y estatal los implementan en el estado de Michoacán.
En la ejecución de los programas de desarrollo social se ha dejado de lado a los municipios, que son la instancia más cercana a la gente, base de la organización política de nuestra nación, y que por dicha cercanía conocen de mejor manera la problemática específica de cada uno de ellos, las condiciones de vida de sus pobladores y sus necesidades reales.
La Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 3o. los principios a que debe sujetarse la política de desarrollo social, y que por tanto deben ser observados por las autoridades federales, estatales y municipales concurrentes en la materia.
Así pues, se violan los principios de solidaridad e integralidad toda vez que los gobiernos federal y estatal se abstienen de coordinar y articular con los ayuntamientos la ejecución de los programas de desarrollo social.
Se viola asimismo el principio de transparencia, toda vez que se mantienen en la opacidad los padrones de beneficiarios y de organizaciones que reciben recursos por parte de los dos ámbitos de gobierno.
Asimismo, se pasa por alto lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, el cual establece que los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, y sólo por excepción los ejecutarán directamente otras instancias.
Durante el pasado proceso electoral federal, quedó en evidencia el uso político electoral de los programas sociales por la federación y el gobierno estatal, realizando acciones encaminadas a identificar los recursos o bienes otorgados con el partido político del que provenía la autoridad de que se tratara.
Asimismo, se ha buscado canalizar recursos y bienes por conducto de organizaciones sociales afines en las que frecuentemente participan militantes e incluso ex candidatos de dichos partidos políticos. El sonado cementazo implementado por el gobierno estatal, y la distribución de recursos por medio de las delegaciones federales a organizaciones afines al partido en el gobierno federal son sólo ejemplos de lo anterior.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al ejecutivo federal a revisar y, en su caso, modifique las Reglas de Operación de los programas federales en materia de desarrollo social, a fin de que para su ejecución sea obligatoria la coordinación con las instancias municipales correspondientes.
Segundo. Se exhorta al gobierno de Michoacán a transparentar la entrega de bienes materiales y apoyos económicos objeto de los programas estatales en materia de desarrollo social, estableciendo en las reglas de operación correspondientes la obligación de ejecutar dichos programas en coordinación o por conducto de los ayuntamientos respectivos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputada Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBIERNO DE VERACRUZ A LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA FEMINICIDA DE LA ENTIDAD,
EN PARTICULAR LA DE LOS MUNICIPIOS DE ISLA Y RODRÍGUEZ CLARA, EN
CONCORDANCIA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS PARA ELLO EN LA LEY DE ACCESO
A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO, A CARGO DE LA DIPUTADA
ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada Alba Leonila Méndez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo destinado a exhortar al gobierno de Veracruz para llevar a cabo las medidas necesarias a fin de atender la problemática de violencia feminicida que vive la entidad, con base en las siguientes
Consideraciones
La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres que puede culminar en homicidio, y otras formas de muerte violenta contra ellas.
Hablar de violencia feminicida es hablar de la violación reiterada de los derechos humanos de las mujeres; es hablar de impunidad acompañada de sufrimiento y represión continua hacia la mujer, tanto por la sociedad como por el Estado, en el ámbito público y en el privado.
Esta violencia toma connotaciones particulares porque se forma por hechos que, si bien penados por la ley, parecen de aceptación y práctica común por una parte importante de la sociedad y de las instituciones que la norman.
En este tipo de violencia no sólo hay violencia social contra las mujeres sino, también, la que las instituciones ejercen sobre ellas, al no responder para garantizarles la vida, aun cuando ésta es una obligación del Estado. Eso lleva a que, una vez cometidos los delitos contra ellas, haya impunidad, y la impunidad es otro elemento de la violencia feminicida.
Es este sentido deseo exponer las siguientes consideraciones, pues la Cámara de Diputados, como una institución nacional que debe tener por elemental prioridad el respeto de los derechos humanos de las personas, debe dejar de ser cómplice parte de la violencia institucional que se ejerce contra muchas mujeres a diario en el país.
De 2007 a la fecha, en la zona que forman los municipios de Isla y Rodríguez Clara, Veracruz, han sido asesinadas nueve mujeres: Mireya, de 19 años; Rosa, de 79; Facunda, de 75; Bertha Yaneth, de 13; Paula, de 34; Pascuala, de 78; Yésica, de 19; Claudia, de 22; y Juana.
Sus familias, indignadas por el nulo esclarecimiento de los hechos y la impunidad que los acompaña, reclaman con razón justicia. Las pobladoras de estos municipios temen que el fenómeno se multiplique y muchas más mujeres mueran ante la inexistente protección de sus derechos humanos y la escasa importancia que las autoridades jurisdiccionales correspondientes dan a la atención de este grave problema social.
Constantemente nos congratulamos por la existencia de leyes que norman y establecen obligaciones tendentes a atender el problema de la violación de los derechos humanos de las mujeres. Aunque la aprobación y publicación de tales ordenamientos jurídicos sean un logro fundamental, debemos trabajar por hacer cumplir las medidas establecidas en ellos y hacer efectivo el derecho de las mujeres a llevar una vida libre de violencia.
Así pues, contamos desde febrero de 2007 con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios en el diseño y la aplicación de políticas públicas encaminadas a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Por otra parte, Veracruz, atendiendo a la armonización legislativa, cuenta ya desde febrero de 2008 con una ley al respecto, a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En ella se instituye la obligación para el gobierno del estado de atender los casos de violencia feminicida.
Así se señala en el artículo 38: "Cuando se presenten casos de violencia feminicida, los gobiernos estatal y municipal, por sí [...], dispondrán medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, detener la violencia en su contra y eliminar las situaciones de desigualdad en que se encuentran [...] para lo cual se deberán, entre otras acciones, implantar las acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida".
El artículo 41 menciona: "En caso de violencia feminicida, el gobierno del estado, conforme a los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, garantizará la reparación de daños".
De ahí que haya por ley la obligación clara, para el gobierno de Veracruz, de atender este grave problema social. Por ello hoy, rompiendo con la indiferencia institucional respecto a las muertes de muchas mujeres en Veracruz, pugnamos por exhortar a su gobierno a actuar en consecuencia y cumplir las obligaciones que al respecto tiene para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres veracruzanas en general, y en particular de los municipios de Isla y Rodríguez Clara.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Veracruz a llevar a cabo las medidas necesarias para atender la problemática de violencia feminicida de la entidad, en particular la de los municipios de Isla y Rodríguez Clara, en concordancia con las obligaciones establecidas para ello en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 18 de noviembre de 2009.
Diputada Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL DE SALUD A EXIMIR DEL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACIÓN
POR LA CONSULTA EXTERNA EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD MENTAL,
A CARGO DE LA DIPUTADA MARIANA IVETTE EZETA SALCEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PVEM
La que suscribe, diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en la siguiente
Exposición de Motivos
La magnitud de la carga de enfermedad y discapacidad atribuible a los trastornos mentales, es un fenómeno creciente y preocupante en el mundo. La Organización Mundial de la Salud, estima que existen 450 millones de personas que padecen algún tipo de enfermedad mental. En América Latina y el Caribe se calcula que las personas que sufren de estos padecimientos aumentarán de 114 millones en el año 1990 a 176 millones en 2010.
México no es la excepción, muchos son los connacionales que padecen enfermedades mentales, la Secretaría de Salud estima que existen alrededor de 15 millones de personas que sufren estos padecimientos. Personas que, además de ser excluidos y marginados por la sociedad, en muchos de los casos, no son oportunamente atendidos.
La organización civil "Voz Pro Salud Mental" estima que alrededor del 15 por ciento de la población de México padece algún trastorno mental, y solamente 2.5 por ciento de los pacientes se encuentran bajo supervisión médica. Nuestro país tiene 2.7 psiquiatras por cada 100 mil habitantes y destina el 0.85 por ciento de su presupuesto nacional en salud, para atender la salud mental.
Un estudio de la Organizaron Panamericana de la Salud, realizado recientemente en México señala que hasta un 80 por ciento de los pacientes diagnosticados con alguna enfermedad mental no habían recibido atención durante los 12 meses previos al diagnóstico. Porcentaje similar al que nuestro Secretario de Salud aludió durante la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, cuando comentó que el 75 por ciento de las personas que sufren desordenes mentales en el mundo en desarrollo no reciben tratamiento alguno como parte de la reforma psiquiátrica en nuestro país, el 19 de enero de 2004, se creó El Consejo Nacional de Salud Mental (CONSAME), organismo dependiente de la Secretaría de Salud Federal, cuya misión es la implementación del nuevo modelo de atención en salud mental denominado Miguel Hidalgo, mediante el cual se proporciona a los usuarios de todo el país, una atención de calidad, a través de acciones de promoción, prevención y rehabilitación en el campo de la salud mental. Lo que se traduce en una mejor calidad de vida del usuario y de la familia, así como su reintegración a la sociedad. Cabe hacer mención que, para la realización de este modelo, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales del país, aplican recursos financieros adicionales.
En México, las personas que no son derechohabientes de los servicios de salud proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social o bien por el ISSSTE, acuden para el tratamiento de sus padecimientos a los hospitales o unidades de atención sectorizados de la Secretarías de Salud federales y estatales, en donde pagan una cuota de recuperación por consulta externa.
Dichas cuotas de recuperación encuentran su fundamento legal en el artículo 36 de la Ley General de Salud, en el cual se señala que aquellas "que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud" deberán ajustarse a lo dispuesto a la legislación fiscal y a los convenios celebrados. El mencionado artículo a la letra establece:
Énfasis añadido
En refuerzo a lo anterior, es importante analizar el caso del Centro de Integración de Salud Mental (Cisame-DF), en el cual los pacientes que eran atendidos pagaban, hasta el año 2007, una cuota de recuperación de 10 pesos por consulta externa. Recaudándose al termino del año, por este concepto, 130 mil pesos.
Debido a la disminución en el número de pacientes, atribuible al costo originado por el pago de cuotas, sumado al gasto del pago de transporte, comida y en ocasiones estancia que tienen que sufragar los familiares que los acompañan, en el 2008, se tomó la decisión de eliminar las cuotas de recuperación. Como resultado de la medida, las consultas incrementaron a 50 mil 572, a diferencia de las 39 mil 177 del año 2007.
En México, únicamente en el Distrito Federal y en San Luís Potosí no se cobran cuotas de recuperación.
Consideraciones
1. Si bien las cuotas de recuperación están previstas en el artículo 36 de la Ley General de Salud, el mismo ordenamiento, al incluir "que en su caso se recauden", no establece el cobro de éstas como obligación para las dependencias del sector salud, tan es así, que el Distrito Federal y San Luis Potosí con la finalidad de incentivar a los pacientes con problemas mentales a acudir a sus tratamientos, optaron por eliminar el cobro de dichas cuotas.
2. Si bien es cierto que los montos obtenidos por el cobro de cuotas de recuperación aportan al erario público, también lo es que el no cobrarlas, no afecta las finanzas de las instituciones de salud.
3. El impacto de la eliminación del cobro de cuotas de recuperación en las consultas externas de los servicios de salud mental puede ser beneficiar las fianzas de los pacientes y sus familias.
En atención a lo anteriormente expuesto, la legisladora que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que adopte, junto con las Secretarías de Salud de las entidades federativas, un acuerdo en el seno del Consejo Nacional de Salud, para eximir del pago de cuotas de recuperación a las consultas externas en los servicios de atención de salud mental, en todo el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputada Mariana Ivette Ezeta Salcedo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE NOTICIAS
DEL ESTADO MEXICANO ANTE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN
Y CINEMATOGRAFÍA, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS
GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado federal del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de esta Cámara de Diputados, bajo las siguientes
Consideraciones
Que el artículo 1o. de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano establece que;
La Agencia de Noticias del Estado Mexicano contará con autonomía operativa y de decisión, en los términos de esta ley y de su estatuto orgánico.
2. Los recursos técnicos y materiales, tales como equipo de cómputo, parque vehicular, mobiliario, teléfonos e incluso los inmuebles de la agencia se encuentran en franco proceso de deterioro, en algunos casos irreversible, situación que entorpece e imposibilita en algunos casos, el desarrollo de los trabajos.
3. Se registran importantes subejercicios en la aplicación del presupuesto, así como erogaciones innecesarias de gasto corriente y en proyectos no prioritarios.
4. Otorgamiento de liquidaciones presumiblemente ilegales.
5. Bajos salarios de los trabajadores de base y del personal de honorarios.
6. Reducción de la presencia de corresponsales de Notimex en el mundo, al grado de cierre de las oficinas internacionales en Cuba y Francia, en Brasil, por ejemplo, no se cuenta con corresponsal.
7. No existe una línea editorial definida y consistente, lo cual ha propiciado un sesgo en la información de la agencia, contrario a sus obligaciones legales de imparcialidad.
Que es necesario que se cite a comparecer al director general de Notimex con la finalidad de que presente información detallada sobre su gestión, plan de negocios, política editorial, informe sobre el cumplimiento del código de ética, informe del defensor de la audiencia, crecimiento de la estructura orgánica, ejercicio presupuestal, relación laboral, o cualquier otro asunto relacionado con su desempeño.
Que como resultado del análisis de la información que se proporcione en la comparecencia que se propone, los diputados contaremos con mayores elementos de análisis para proponer que la Auditoría Superior de la Federación, elabore una auditoría de desempeño y de cumplimiento financiero a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la comparecencia del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que proporcione información relacionada con su gestión en el organismo descentralizado.
Transitorio
Único. Esta proposición entrará en vigor el día de su aprobación en la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A INSTRUIR AL TITULAR DE PEMEX
REFINACIÓN PARA QUE REVISE LOS CONTRATOS DE FRANQUICIA Y SUMINISTRO
ESTABLECIDOS CON LAS ESTACIONES DE SERVICIO DEL PAÍS, A FIN DE REALIZAR
UN DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO
EN LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DE GASOLINA Y DIESEL; Y A EMITIR
LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE QUE REGULE INTEGRALMENTE EL PROCESO, A
CARGO DE LA DIPUTADA OLIVIA GUILLÉN PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
La suscrita, diputada Olivia Guillén Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad contenida en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director de Petróleos Mexicanos para que instruya al titular de Pemex Refinación a revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, hacer un diagnóstico del funcionamiento de los sistemas de control volumétrico en todos los procesos de distribución de gasolina y diesel, y a impulsar y coadyuvar en la emisión de la normatividad correspondiente que regule el proceso de manera integral en toda la cadena productiva del petróleo, e informe sobre las propuestas que se están sugiriendo en el presente acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Las estaciones de servicio de gasolineras en México operan mediante la modalidad de franquicias. De acuerdo con su marco jurídico, la franquicia Pemex opera a través del otorgamiento de una sublicencia para uso de las marcas, nombres comerciales de Pemex, sus diseños, logotipos e imagen institucional y de franquicia unitaria, no exclusiva, al franquiciatario, sin derecho a subfranquiciar para operar una estación de servicio con la franquicia Pemex.
Se estipula que en la operación de la estación de servicio franquiciada, el franquiciatario deberá cumplir invariablemente las obligaciones pactadas en el contrato de franquicia. Asimismo, deberá acatar las instrucciones, lineamientos y directrices que se contienen en el manual de operación de la franquicia Pemex y todas aquellas que Pemex Refinación le comunique por conducto de la Gerencia de Ventas a Estaciones de Servicio.
En 1992 se contaba con 3 mil 164 estaciones de servicio y con el arranque de la franquicia Pemex creció a 8 mil 651, que equivale a 175 por ciento, la ausencia de planeación de la territorialidad ha propiciado el crecimiento distorsionado de gasolineras, sin considerar las necesidades del mercado.
Sin embargo en este momento existen múltiples formatos de contratos de franquicia y suministro con los que operan las 8 mil 651 estaciones de servicio del país, otorgando el franquiciante, que es Pemex Refinación, un trato diferenciado e inequitativo, ante la misma oferta al público consumidor.
Existen seis modalidades de contratos que regulan las relaciones entre las estaciones de servicios y Pemex Refinación, que son los siguientes:
Desde junio de 2006 dos nuevos contratos de franquicia y suministro para estaciones de servicio.
Desde junio de 2006 dos convenios modificatorios a los contratos de franquicia y suministro.
Además existe una clara falta de transparencia de Pemex Refinación en la distribución de combustibles a las estaciones de servicio, mediante auto-tanques o pipas de su propiedad o de terceros y el incumplimiento por parte de las Secretarías de Energía, y de Economía, para establecer normas oficiales mexicanas que brinden certeza volumétrica en la distribución de la gasolina y diesel.
Los sistemas de control volumétrico que exigen Pemex Refinación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las estaciones de servicio son deficientes e inexactos. Pensado como un sistema para combatir el mercado ilícito de los combustibles, el control ha fallado de acuerdo con informes de Pemex Refinación. Desde su creación en 2004, no se cuenta con un sistema de control volumétrico en las actividades de distribución de combustibles, sustantivas, como son:
Distribución A que distribuyen a estaciones de servicio.
Estaciones de autoconsumo.
El suministro a las principales zonas metropolitanas del país se lleva a cabo en pipas de Pemex que no son calibradas en términos de lo establecido por la norma oficial mexicana porque ésta no existe, es Pemex quien realiza la certificación sin ser autoridad, así la mayoría de las estaciones de servicio del país reclaman faltantes hasta de 400 litros por pipa de 20 mil litros.
Por otra parte, la facturación de gasolinas y diesel a las estaciones de servicio se realiza con el sistema de libre a bordo planta Pemex, a 50 o 70 kilómetros de distancia de la gasolinera y llegan menos litros a la gasolinera. Los reclamos por los faltantes no ha tenido resultado para que Pemex regrese un solo litro.
Durante años, el sector gasolinero ha solicitado a Pemex Refinación que facture con el sistema de libre a bordo la estación de servicio, expidiendo factura con el volumen registrado en el medidor de flujo, al momento de la descarga de los combustibles en los tanques de la gasolinera, sin obtener resultados de transparencia y equidad.
El porcentaje descuento o margen comercial, que corresponde a la contraprestación para la gasolinera, debió revisarse cada dos años como lo señalan los contratos de suministro. Sin embargo, Pemex Refinación no los ha revisado en los últimos 15 años, y los correspondientes a las nuevas estaciones de servicio llamadas "Cualli", ya tienen una revisión pendiente.
El contrato de suministro de combustibles que celebraron originalmente las estaciones de servicio en el periodo de 1992 al 2006 en gran porcentaje sigue vigente, en él se establece la obligación de revisar cada dos años el margen comercial. Así han trascurrido 15 años en los que Pemex Refinación no ha actualizado la cláusula séptima del contrato de suministro, relativa al descuento que reciben las estaciones de servicio.
Hasta la fecha, Pemex Refinación no ha revisado el margen comercial de los nuevos contratos de franquicia y suministro ni los convenios modificatorios.
Por otra parte los controles volumétricos son obsoletos desde hace cuatro años en las que han estado operando en las estaciones de servicio, por diversas causas ajenas a las estaciones de servicio, quienes han cumplido con la estalación de dichos controles y el envío de información cada cuatro horas, seis veces al día.
Los controles volumétricos han operado fuera de normatividad en metrología, no están certificados con norma oficial mexicana porque no existe. El sector gasolinero ha denunciado en múltiples ocasiones la ausencia de esta normatividad.
Sin la normatividad correspondiente los controles volumétricos instalados en las estaciones de servicio sólo sirven para funciones operativas y administrativas, no cumplen su cometido de control fiscal, debido a la incertidumbre en la precisión de volúmenes de combustible que se reciben de Pemex. Caso contrario es el despacho de los combustibles que opera con la tecnología de los nuevos dispensarios o bombas establecidas en la totalidad de estaciones de servicio del país, desde el año 2005 en que entró en vigor la norma que garantiza litro por litro.
La falta de controles en la cadena de suministro de combustibles comprende desde las refinerías hasta el reparto (TAR), distribuidores genéricos para ventas de mayoreo, distribuidores A, pipas o auto-tanques, estaciones de autoconsumo y las estaciones de servicio.
Los primeros carecen de un sistema integral de medición y control de operaciones de terminales (SIMCOT), en todas sus terminales de almacenamiento y reparto; el segundo, tercero y cuarto operan sin controles volumétricos; la ley los excluyó de la regulación de esta distribución de combustibles; en las estaciones de servicio, los controles volumétricos no funcionan adecuadamente y están fuera de la normatividad en la materia, básica para brindar seguridad jurídica a esta actividad económica que se realiza en el país.
De esta manera el mercado ilícito de combustibles se ve favorecido en la cadena de suministro por no contar con el control integral, agrupando a todos los que intervienen en este proceso de la comercialización de las gasolinas y el diesel en el país.
Para dimensionar la importancia que tiene la red de estaciones de servicio en el país es necesario considerar que actualmente operan en el país 8 mil 651 gasolineras, y que de acuerdo con los Indicadores Petroleros publicados el 23 de octubre de 2009 por Petróleos Mexicanos, el volumen de las ventas internas de gasolinas y diesel que se registran en las estaciones de servicio, es en promedio de 173 millones de litros diarios.
De gasolina Magna se venden diariamente 115 millones de litros, de gasolina Premium: 10 millones de litros y la venta de diesel por día es de 48 millones.
De cada 100 litros de combustibles vendidos en las gasolineras, 66 son de Magna, 6 de Premium y 28 de diesel.
La venta de gasolinas y diesel son del orden de mil 365 millones de pesos diarios. Esta cifra determina el parámetro para medir el mercado interno de petrolíferos en gasolineras que es de 498 mil millones de pesos anuales, equivalentes a 38 mil millones de dólares.
Las estaciones de servicio son la red más importante de recaudación de impuestos por la venta interna de petrolíferos y que aportan la parte más importante al presupuesto de ingresos de la nación.
El impuesto al valor agregado recaudado por las ventas de gasolinas y diesel, a través de las gasolineras es de 62 mil millones de pesos anuales.
El impuesto sobre producción y servicios (IEPS) que se recauda en las gasolineras es de orden de 21 mil 900 millones de pesos anuales, que se entregan a las Secretarías de Finanzas de todos los estados de la República Mexicana, vía declaración de impuesto mensual retenido y que han venido a fortalecer los ingresos impositivos de los estados.
Sólo estos dos impuestos retenidos en las estaciones de servicio, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre producción y servicio, representan 83 mil 950 millones de pesos anuales, que enteran a la federación y a los estados.
En las estaciones de servicio trabajan 300 mil mexicanos entre oficiales gasolineros, despachadores, oficinistas, técnicos. Son empresas que trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día. A diario ocurren en México 14 millones de cargas de combustibles.
México es el segundo lugar del mercado interno de combustibles de Latinoamérica después de Brasil, pero somos el primer lugar en tasas de crecimiento en el consumo de los combustibles.
Las gasolineras realizan una actividad sumamente importante en la economía del país y debe actualizarse su marco jurídico y modernizar la franquicia Pemex para fortalecer este importante eslabón en la cadena productiva del petróleo.
Es evidente que la economía del país requiere de una mejor administración de los recursos existentes y de que todos los involucrados en los procesos productivos asuman su responsabilidad para contribuir a salir de la crisis por la que pasa el país, por ello se propone que Pemex Refinación realice lo siguiente:
Actualizar y unificar los contratos con el que operan las estaciones de servicio.
Incrementar la rentabilidad de la franquicia con proyectos de nuevos negocios y el uso de nuevas tecnologías de servicio que beneficie al público consumidor.
Impulsar la transparencia en el manejo de los combustibles en todos sus procesos.
Establecer a la brevedad las normas oficiales mexicanas que garanticen la certeza volumétrica.
Establecer la facturación del sistema libre a bordo estación de servicio, conforme al registro del medidor de flujo instalado en las pipas o auto tanques de Pemex y de fleteros, en los momentos de descarga.
Que Pemex Refinación informe sobre el funcionamiento de los sistemas volumétricos, sus beneficios e inconsistencias.
Realizar una campaña de difusión de las nuevas disposiciones que beneficien al público consumidor.
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorte al director general de Petróleos Mexicanos para que instruya al titular de Pemex Refinación a revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, que hagan un diagnóstico del funcionamiento del sistema de control volumétrico en todos los procesos de distribución de gasolina y diesel, y a emitir la normatividad correspondiente que regule el proceso de manera integral, e informe sobre las propuestas que se están sugiriendo en el presente acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES, AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, AL SUBSECRETARIO DEL
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y A LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN
SOCIAL DEL PAÍS A IMPULSAR MAYORES ACCIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LOS NIÑOS QUE PERMANECEN JUNTO CON LAS MADRES EN LOS
CENTROS DE RECLUSIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS BELLO OTERO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El diputado Carlos Bello Otero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los gobiernos de los estados; a los responsables del sistema federal penitenciario y a las instituciones de asistencia e integración social, para que impulsen mayores acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los menores que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país.
Exposición de Motivos
La niñez mexicana tiene derecho a la prevención, protección, desarrollo y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar; con el objetivo primordial de asegurarles un desarrollo físico, mental, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.
Resulta una obligación, en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es prioridad tanto al interior de las familias como para el Estado, reconocer y aceptar la responsabilidad de proveer lo necesario para la supervivencia, protección y futuro desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Hoy reconocemos que para alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad, los niños mexicanos deben crecer en el seno de una familia, en un ambiente de calidez y comprensión, además de ser educados en un espíritu de tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
Sin embargo, todos estos principios y derechos de los niños se encuentran en riesgo y vulnerabilidad cuando su madre se encuentra purgando una condena por la comisión de un delito en algún centro de reclusión del país.
Algunas cifras nos revelan que en México existe una población aproximada de 227 mil 21 internos en 433 centros de reclusión –es importante señalar que dejaron de funcionar ocho centros en el país, según el tercer informe de labores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal–; sólo en 230 existen población femenina, lo que representa aproximadamente 5 por ciento del total. De los 433 penales, sólo 12 están destinados para albergar exclusivamente población femenina, los demás son anexos de los penales varoniles.
Debido a que actualmente no existen estadísticas que den cuenta de la población infantil que realmente habita en los centros penitenciarios del país; para junio de 2001 existían 6 mil 591 mujeres internas que, en promedio, tenían de tres hijos menores de edad; por lo que se estima que habría aproximadamente 19 mil 773 hijos de mujeres reclusas. Se estima que alrededor de 80 por ciento de la población femenina interna en los centros penitenciarios del país tiene hijos.
En estos centros y en los espacios habilitados para albergarlas o recluirlas se detectó que los problemas que más afectan a la población femenil son: el hacinamiento, la sobrepoblación, el deterioro, la violencia, la corrupción e irregularidades con la prestación de servicios, salud, alimentación, educación y recreación, entre otros.
Ante esta situación, y en el marco de la atención integral para la niñez, resulta necesario destacar que las condiciones en las que viven los niños no difieren de las del resto de la población interna, es decir, los centros penitenciarios no cuentan con las instalaciones, lugares o espacios propios y apropiados para ellos, sólo en algunos casos se reporta la existencia de algún centro de desarrollo infantil que da atención a niños en los niveles de educación maternal, inicial y preescolar.
En general, los establecimientos penitenciarios en México no cuentan con las instalaciones adecuadas, carecen del personal capacitado o especializado y de programas integrales de asistencia y promoción para el desarrollo infantil.
Finalmente, se considera:
Que entre otros derechos fundamentales, los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. de la Carta Magna establecen, respectivamente, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y educación, para que alcancen su desarrollo integral, y que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos; dentro de lo cual se comprenden a los niños que viven con sus madres en los centros de reclusión del país.
Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación general número 3, con fecha del 14 de febrero de 2002, dirigida a:
…los gobernadores de las entidades federativas, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y al secretario de Seguridad Pública federal, a efecto de que se tomen las medidas necesarias para que las mujeres reclusas reciban un trato respetuoso a su dignidad y a su condición femenina, atendiendo sus necesidades de salud, educación, trabajo productivo y remunerado, en locales totalmente separados de los que ocupan los varones, y que convivan con internas de su misma situación jurídica, sin ningún tipo de sometimiento entre ellas y con personal de custodia exclusivamente femenino; se creen instalaciones y programas de atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres o sus familias en los centros de reclusión del país, y para que las internas mantengan el contacto necesario con los hijos que viven en el exterior y, se establezcan programas de atención médica general y especializada a las mujeres en reclusión, así como a los hijos que las acompañan; sin olvidar que deben recibirla también los varones reclusos.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a los gobernadores de las entidades federales; al jefe del Gobierno del Distrito Federal; al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal; al titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Nacional y a las instituciones de asistencia e integración social a nivel nacional a que impulsen mayores acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los niños que permanecen junto con sus madres en los centros de reclusión del país y que se reconstituyan sus derechos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; que contempla los párrafos sexto y séptimo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de noviembre de 2009.
Diputado Carlos Bello Otero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A EXTENDER UN RECONOCIMIENTO
A LOS MEXICANOS GANADORES DEL PREMIO AMBIENTAL GOLDMAN, A CARGO DEL DIPUTADO
GUILLERMO CUEVA SADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El suscrito, diputado Guillermo Cueva Sada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Premio Goldman también llamado "premio Nobel Verde", es un reconocimiento instituido desde 1990 y representa el estímulo más importante para los defensores de la naturaleza y el medio ambiente.
El proceso de nominación refleja la importancia del reconocimiento, ya que las propuestas son enviadas por un grupo de instituciones ambientalistas reconocidas mundialmente y por un conjunto de 150 especialistas en materia de medio ambiente provenientes de más de 70 países. Se valoran aspectos como la justicia ambiental, los derechos indígenas, la protección de los recursos ambientales, biodiversidad y conservación, salud ambiental, manejo de tierras, entre otros.
Los ganadores del premio se caracterizan por sus esfuerzos sostenidos a favor del medio ambiente, con impacto regional o global. Son líderes reconocidos respectados en sus comunidades, cuya labor inspira a otros medioambientalistas y a la sociedad en su conjunto.
Desde 1990 cuatro mexicanos han sido galardonados con este importante premio, el último de ellos es Jesús León Santos, campesino indígena de la zona mixteca alta del estado de Oaxaca, que junto con otros comuneros del lugar utilizó técnicas agrícolas precolombinas que resultaron efectivas al convertir las tierras áridas en zonas arboladas y tierras de cultivo.
El trabajo comunitario no remunerado conocido como "tequio" constituyó el principal impulsor del trabajo de León Santos. A través de la creación del Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca, que juntó a cerca de 400 familias provenientes de 12 municipios con los que se articuló el programa de reforestación en la zona.
En 2003 la presea fue entregada al líder indígena tarahumara Isidro Baldenegro López, quien trajo a la atención nacional y mundial el grave deterioro de los bosques y montañas de la Sierra Madre Occidental y la sobrevivencia de la comunidad tarahumara.
En el año 2000 Rodolfo Montiel Flores recibió el premio por sus esfuerzos en la Sierra de Petlatlán, Guerrero.
Finalmente, en 1996, Edwing Bustillos lo hizo por su incansable trabajo en contra de la deforestación de los bosques de la Sierra Madre Occidental.
Al margen de las fechas en que se entregaron este tipo de premios, las razones y el trabajo por las que son reconocidos siguen hoy más que nunca vigentes. El tema del deterioro del ambiente, del cambio climático, la disminución de la diversidad biológica y el agotamiento de la capa de ozono derivan de no tomar medidas inmediatas y de fondo sobre el manejo de los recursos, en un inminente colapso de los niveles de producción y de consumo a medida de que no existan la misma cantidad de alimentos y de agua para atender a los miles de millones que habitan en nuestro mundo.
Por ello es necesario que esta soberanía extienda un amplio reconocimiento a los ganadores mexicanos del Premio Goldman al Medio Ambiente en la región de Norteamérica.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a emitir un acuerdo a efecto de la Cámara de Diputados extienda un reconocimiento a los cuatro mexicanos que han sido galardonados al Premio Ambiental Goldman al Medio Ambiente, por su invaluable labor a favor del medio ambiente y al desarrollo comunitario de nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de noviembre de 2009.
Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS A DISMINUIR VOLUNTARIAMENTE
EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y A ASUMIR EL COMPROMISO DE REFORMAR LA
CONSTITUCIÓN A FIN DE MODIFICAR EL CRITERIO PARA CALCULAR EL QUE
RECIBEN, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se someta a consideración de esta asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
La labor más importante de quien ostenta un cargo de elección popular es representar a los ciudadanos y a la sociedad, por lo tanto, hago mío los múltiples reclamos que me ha hecho llegar Alianza Cívica, AC, con respecto a la reducción del financiamiento público de los partidos políticos.
El financiamiento de partidos, abarca todos los ingresos de los partidos políticos, ya sean provenientes de la iniciativa privada y del presupuesto público. El financiamiento público a los partidos políticos salta a la luz, sobre todo en crisis económicas como la que atraviesa México en la actualidad. Resulta excesivo y desproporcionado el precepto constitucional que establece que el financiamiento público a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 75 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Resulta desproporcionado y excesivo, ya que una parte considerable de ese presupuesto, puede utilizarse para hacer frente a situaciones de mayor urgencia, como lo son el apoyo a la salud, educación, alimentación, entre otras.
El criterio para determinar el financiamiento público de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias no debe ser la multiplicación del número total de ciudadanos inscritos en el padrón el electoral por el 75 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. Consideramos que el criterio debe ser otro. El criterio que debe seguirse como base es el siguiente: en lugar de multiplicar el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, debe tomarse en cuenta el número total de los votos efectivos en la pasada elección, es decir, descontando los votos nulos.
La fracción 1 del artículo 41 constitucional establece que los partidos políticos son entidades de interés público. En la fracción II del citado artículo se dispone lo siguiente:
La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I. ...
…
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter especifico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
De lo anterior se desprende una clasificación del financiamiento público en cuanto a su fin, es decir, el financiamiento público se divide en tres tipos: el destinado al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. La Constitución precisa los alcances de cada tipo de financiamiento, así como su distribución. Como ya expusimos con anterioridad el financiamiento público, resulta excesivo y se aleja en demasía de la austeridad republicana que debe buscarse en el presente.
En teoría el apoyo público debería capacitar a los partidos a realizar mejor sus tareas, también en los períodos que se encuentran entre las campañas electorales, hecho que lamentablemente no ocurre. Por otra parte, existe la prueba empírica que en todas las democracias occidentales los partidos más grandes se benefician de manera desproporcionada de los financiamientos públicos, es decir, los partidos mayoritarios son los más beneficiados, mientras que los partidos minoritarios resultan perjudicados.
De la desproporción en los financiamientos públicos surgen varios problemas. Uno considerable es la "interpretación económica de la democracia, según la cual ésta se caracteriza por la existencia de un mercado político al lado del económico, y en el que se da, en relación entre electores y elegidos –que es propia de la democracia representativa–, un continuo intercambio de dos mercancías: el apoyo, en su forma de voto de parte de los electores, y diversos beneficios, patrimoniales o de status, de parte de los elegidos."1 Es decir, el principio democrático plasmado en la Constitución se mercantiliza, lo cual genera un círculo vicioso, ya que todo se vuelve un intercambio; sin el voto no hay apoyo de los elegidos y sin el apoyo de los elegidos se niega el voto, lo cual niega implícitamente que existe un deber del elector y del elegido más allá de los intercambios políticos. Los gobernados, pero sobre todo los gobernantes, deben regirse bajo la máxima kantiana "el deber por el deber", en vez de buscar el intercambio político desmedido.
Además del privilegio partidista, es decir, la protección, asegurada constitucional y políticamente de los partidos políticos, ya que tienen el monopolio en el registro de candidatos, lo cual ha motivado a que determinados casos lleguen a instancias internacionales, existe un financiamiento público desacorde con la realidad económica y social del país.
Es importante mencionar que los partidos políticos no se encontraban en la concepción originaria de la democracia. Sin embargo, en la actualidad "la formación y el constante crecimiento de los partidos los ha llevado a interponerse –por inercia, y no por la mala intención de uno u otro grupo ávido de poder– entre el cuerpo electoral y el parlamento y, más en general, entre el titular de la soberanía y aquellos que de hecho deberían ejercer la soberanía. Esto terminó por truncar la relación directa entre electores y elegidos, creando dos relaciones distintas: la primera entre los electores y el partido, la segunda entre el partido y los elegidos, lo que torna cada vez más volátil la relación originaria y característica del Estado representativo entre el que emite el mandato y el mandatario."2 Aunado a lo anterior, el financiamiento público desmedido causa perjuicio al derecho de los ciudadanos de participar en la democracia de manera más activa. Los partidos pierden contacto con su militancia y simpatizantes, y consecuentemente, los ciudadanos no participan en la deliberación de asuntos trascendentes.
No existe una fórmula de financiamiento público perfecto, sin embargo, es nuestro deber buscar la democratización constante del país, ya que así se dispone en la Constitución. Es nuestro deber buscar el bienestar del pueblo mexicano, consecuentemente, resulta necesario pugnar por la reducción voluntaria del financiamiento público a los partidos políticos.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación de los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los partidos políticos a reducir de manera voluntaria el financiamiento público.
Segundo. Se exhorta a los partidos políticos a asumir el compromiso de reformar la el artículo 41 constitucional con la finalidad de cambiar el criterio para calcular el financiamiento público de los partidos políticos, cambiando dicho criterio para que en lugar de multiplicar el número total de los ciudadanos inscritos en el padrón por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se tome en cuenta el número total de los votos recibidos por cada partido en la pasada elección.
Notas
1. Bobbio, Norberto. El Filósofo y la Política,
FCE, México, 1996, página 278.
2. Ídem. Página 291.
México, DF, a 18 de noviembre de 2009.
Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A REALIZAR OBRAS DE ENTUBAMIENTO DEL CAUCE DEL
RÍO ATEMAJAC, EN GUADALAJARA, JALISCO, Y DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CLARA GÓMEZ CARO, ARTURO
ZAMORA JIMÉNEZ Y JOSÉ TRINIDAD PADILLA LÓPEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Clara Gómez Caro y otros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de Jalisco en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Hay ríos en la ciudad que, mucho antes del crecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara, eran parte de la belleza natural de la región.
2. Actualmente, algunos se encuentran entubados o desahuciados por la contaminación de industrias y de habitantes que durante años han vertido en su corriente miles de litros cúbicos de líquido negro y sucio.
3. El río Atemajac es considerado propiedad de la nación, ya que es un afluente del río San Juan de Dios y éste, a su vez, del río Santiago y cumple las condiciones para ser considerado de propiedad nacional de acuerdo con los artículos 27, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3o., fracción XI y LVII, de la Ley de Aguas Nacionales.
4. Las aguas residuales que se descargan al río Atemajac son de tipo municipal, producto del sistema de alcantarillado de la zona metropolitana, y desembocan en el río Santiago, en el área de la barranca de Huentitán, contaminando el ecosistema natural, y la flora y la fauna silvestres.
5. Es común que un problema de contaminación como en el río Atemajac, que inicia en el parque Colomos, que continúa su trayecto por la calle Patria y hasta el cruce con la avenida Federalismo, sea ignorado por los habitantes de esta zona, de clase media alta, que no saben adónde van sus aguas negras ni el cauce del río, pues éste se encuentra entubado por su zona, mientras que a partir de la calle Federalismo, en la colonia Atemajac, hasta la central hidroeléctrica Valentín Gómez Farías, situada en Periférico Norte y avenida Imperio, el río se encuentra al aire libre.
6. La longitud del tramo sin entubar es de 2 mil 796.23 metros, de acuerdo con el Instituto nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y en algunos puntos el ancho del río alcanza 40 metros aproximadamente.
7. En algunas de las colonias más olvidadas de Guadalajara, como las de Villas Alcalde, Santa Elena Alcalde, Santa Elena, Autocinema, Santa Elena de la Cruz y División del Norte, hay una población afectada de 34 mil 968 habitantes de escasos recursos, de acuerdo con el Inegi, que padecen principalmente de enfermedades en la piel, de tipo respiratorio, dolor e irritación de garganta, dolor de cabeza, náuseas y conjuntivitis que les provoca vivir a orillas de esta corriente contaminada, además de la inseguridad constante en el puente de la avenida Patria, sobre el afluente, pues no hay una sola lámpara que dé resguardo nocturno a los transeúntes de un río pestilente y marchito al amparo del común conflicto limítrofe entre Guadalajara y Zapopan para atender problemas que son competencia de ambos, pero que terminan siendo responsabilidad de ninguno.
8. Para lograr la ciudad que queremos, resulta fundamental consolidar la concepción de que somos una sola ciudad metropolitana, integrada por municipios con intereses en común.
9. No permitamos que una delimitación territorial sea el justificante para evadir la solución de este problema.
10. Es necesario generar una solución estructural en la que prevalezca la responsabilidad en torno a la preservación de la salud de los pobladores, pues hasta el momento no se ha desarrollado un proyecto de seguridad sanitaria y pública que permita a los habitantes a lo largo del afluente del río Atemajac vivir dignamente y posicione a Guadalajara en los primeros planos de la sustentabilidad urbana.
11. En contraparte, hay un proyecto de rehabilitación de la avenida Patria, desarrollado de manera conjunta entre el gobierno de Jalisco y el ayuntamiento de Zapopan; todo esto, para mostrar una ciudad distinta ante los Juegos Panamericanos de 2011. Por lo pronto, la otra ciudad, la que no es tanto un escaparate sino un espacio habitacional, continúa olvidada.
Por lo expuesto, solicito, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Puntos de Acuerdo
Primero. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ingrese urgentemente en sus programas de atención la barranca de Huentitán, en Guadalajara, Jalisco, para salvaguardar la flora y la fauna de este ecosistema.
Segundo. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las dependencias federales y las estatales correspondientes realicen las obras de entubamiento del río Atemajac, con la finalidad de proteger a los habitantes del municipio de las aguas residuales expuestas al aire libre.
Tercero. Solicito que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las obras necesarias para que las aguas residuales del río Atemajac reciban el tratamiento necesario para que el ecosistema, los lagos, las lagunas, los ríos y el mar costero no resulten afectados por estas descargas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputados: Clara Gómez Caro, Arturo Zamora
Jiménez, José Trinidad Padilla López (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y A LAS LOCALES A FORTALECER O,
EN SU CASO, IMPLANTAR MECANISMOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN
EN LOS HOSPITALES, PARTICULARMENTE SOBRE LA SALIDA Y LA ENTREGA DE LOS
RECIÉN NACIDOS A LOS PADRES, PARA EVITAR LA SUSTRACCIÓN ILEGAL,
A CARGO DEL DIPUTADO AGUSTÍN CARLOS CASTILLA MARROQUÍN, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Agustín Castilla Marroquín, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por los que se exhorta a las autoridades federales y a las locales a implantar en los hospitales, albergues y centros educativos procedimientos de prevención, control y supervisión, a fin de prevenir y evitar la desaparición o sustracción ilegal de menores, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En días pasados, autoridades del Distrito Federal capturaron a una banda que se dedicaba al robo y a la venta de niños recién nacidos, en la cual engañaban a las madres informándoles que sus bebés habían fallecido, para posteriormente venderlos. Al mismo tiempo fueron detenidos un matrimonio y una mujer soltera que compraron a dos niñas, a quienes registraron de manera ilegal como sus hijos.
Consecuentemente, se informó que esta banda dedicada al tráfico de menores la integraban profesionales de la medicina y diversos trabajadores del Hospital Central de Oriente, situado en Venustiano Carranza, Distrito Federal. En virtud de lo anterior, las autoridades capitalinas señalaron que ya se realizan los trámites correspondientes para la extinción de dominio del hospital, derivado del probable delito de delincuencia organizada.
Tan lamentables acontecimientos no constituyen hechos aislados; por el contrario, se han presentado en otros nosocomios, como el ocurrido el 17 de junio de 2009, donde una trabajadora del Hospital General de México "robó" del área de ginecoobstetricia a una menor, o en Nuevo León, donde el pasado 16 de octubre una mujer se hizo pasar como embarazada para extraer a una menor del Hospital Metropolitano. Ambos casos fueron resueltos gracias a las cámaras de seguridad con que cuentan dichos hospitales.
Es necesario que las autoridades de salud federales y las locales establezcan medidas para prevenir y combatir el tráfico de menores, como podría ser la implantación de la identificación del tipo de sangre, las huellas dactilares y sus rasgos físicos, así como impulsar una cultura de la seguridad para evitar el robo de niños, la cual no debe ser una premisa sólo entre los padres, sino en los centros escolares, albergues, hospitales, y centros de maternidad públicos y privados, y entre las propias autoridades.
Resulta necesario que las clínicas y los hospitales del país revisen sus sistemas de seguridad, pues en realidad buena parte de la sustracción ilegal de menores se realiza escondiendo a los bebés en mochilas o paquetes y extrayéndolos sin ser detectados, precisamente por la falta de filtros de seguridad y control.
Esos acontecimientos se suman a la ola de desapariciones que han ocurrido en otros lugares donde se custodia a los menores, como los albergues. Basta citar los casos de Casitas del Sur, en el Distrito Federal; La Casita, en Cancún, Quintana Roo; y, más recientemente, el Centro de Adaptación e Integración Familiar en Monterrey, Nuevo León, de donde se sabe que hasta el momento han desaparecido al menos 22 menores.
Otro dato preocupante es que para 2010 habrá en el país más de 29 mil niños sin cuidados familiares ni institucionales, y de acuerdo con el Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social únicamente se tienen registrados a enero de este año a 10 mil 326 niños albergados, pero en 17 estados no se reporta información al respecto, como es el caso de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Oaxaca o Tlaxcala.
Todo lo anterior pone en evidencia la gran vulnerabilidad en que se encuentran los menores de edad en la República Mexicana y el gran riesgo de ser "robados" o de desaparecer.
En 2007, organizaciones especializadas en la búsqueda de infantes y México Unido contra la Delincuencia denunciaron que anualmente desaparecen en el país unos 45 mil niños, y que en el Distrito Federal y en los estados de México y de Jalisco el problema registra la mayor gravedad. De igual manera, señalan que en muchos de los casos los menores terminan en Estados Unidos o Canadá, donde se pagan hasta 50 mil dólares por niño.
La Unidad Especial para la Atención de Delitos de Tráfico de Menores de la Procuraduría General de la República reveló que entre 2005 y 2006 se reportó que cerca de 32 mil niños fueron robados o extraviados; sin embargo, esas cifras no se han actualizado. Tales datos contrastan con los de algunas organizaciones no gubernamentales, como la Fundación de Padres y Madres de Niños Perdidos, que estima que 500 mil menores han desaparecido en los últimos 5 años. La Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos recibe en promedio al mes 20 casos, de los cuales se logra recuperar a 4 o 5 menores en el mismo lapso; asimismo, reporta que de los asuntos que recibe, 50 por ciento corresponde a sustracción de menor por el padre o la madre sin el consentimiento de la pareja, 20 por ciento a robo de infante, y 30 por ciento a desaparición de menores, personas adultas y discapacitados.
La mayor parte de la desaparición de personas, según las estadísticas disponibles, corresponde a menores de entre 4 y 12 años de edad, mientras que en segundo lugar se encuentra el rango de 0 a 3 años de edad, y en tercero se encuentran menores de 13 años a mayores de apenas 18 años de edad, a quienes corresponde el 14 por ciento de las denuncias.
Si bien la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios procurarán implantar los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección de los derechos de la infancia basada en el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño y, al mismo tiempo, brindarles la protección y el socorro que requieran en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria, esto en la práctica ha quedado generalmente en sólo una buena intención, pues dista mucho de lo que sucede en la realidad.
Si bien coloquialmente se denomina este delito como "robo" de niños, en la legislación penal federal se tipifica de manera genérica como "privación ilegal de la libertad" o "secuestro", en tanto que en otras legislaciones, como el Código Penal del Distrito Federal, establecen los delitos de privación de la libertad personal, secuestro, retención de menores y sustracción de menores, por lo cual, según el ámbito de competencia y los actos realizados, se persigue alguno de estos delitos por el "robo" de un infante, siendo el caso que la autoridad ministerial debe determinar qué delito corresponde sancionar.
En tal virtud y ante la urgencia de proteger a la niñez del país, se hace necesaria la participación activa de esta soberanía a fin de que exhorte a las autoridades federales y a las locales a fortalecer los procedimientos de prevención, control y supervisión en hospitales, albergues y centros educativos para evitar o disminuir la sustracción ilegal de pequeños.
Por lo expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las autoridades federales y a las locales a fortalecer o, en su caso, implantar mecanismos de prevención, control y supervisión en los hospitales, particularmente en lo relativo a la salida y entrega de los recién nacidos a los padres, a fin de evitar la sustracción ilegal de infantes.
Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y a las locales a implantar procedimientos de prevención, control y supervisión en el ingreso y en la salida de menores de los albergues y centros educativos, a fin de evitar la sustracción o desaparición de menores de edad.
Tercero. Se exhorta al Congreso de la Unión y a los locales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a revisar en el ámbito de su competencia la normatividad relativa a la protección de los derechos de niños y adolescentes, y la que regula los establecimientos donde confluyen menores de edad, como es el caso, entre otros, de centros educativos, albergues y hospitales. De igual manera, se les exhorta a revisar y, en su caso, homologar los tipos penales relativos a la sustracción ilegal de menores, todo ello a fin de que se prevengan y combatan efectivamente estos delitos y se garantice de manera plena la seguridad de la niñez.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SCT Y A LA SEDESOL A CREAR UN FONDO
REGIONAL ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS
CAMINOS RURALES, A CARGO DEL DIPUTADO SOCORRO SOFÍO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado a la LXI Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que los temas centrales del sector social lo constituyen las comunicaciones y el transporte, formados por las infraestructuras carreteras, el transporte de bienes y personas y las telecomunicaciones.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 para infraestructura carretera considera recursos por 37 mil millones de pesos, mientras que este año se ejercieron 50 mil millones.
Sobre el Presupuesto para 2010, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) integró una propuesta que considera alrededor de 18 mil millones de pesos para el Programa de Construcción y Modernización, 10 mil 500 millones para el Programa de Conservación y 6 mil millones para el Programa de Caminos Rurales.
Que la red de caminos rurales del sistema carretero desempeña un papel fundamental en la comunicación e integración permanente de las comunidades a que sirve. Su estado físico se encuentra asociado al factor climático, que afecta directamente las condiciones de transitabilidad, por lo que es necesario continuar las acciones de modernización, reconstrucción y conservación constante, haciendo hincapié en la vulnerabilidad por riesgos de lluvia.
Que el camino rural se caracteriza por ser de un carril basado en terracerías revestidas no compactadas y obras de drenaje que permiten transitarlos en cualquier época del año; se encuentran a cargo del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de gran variedad de dependencias, organismos y empresas públicas y privadas.
Hay un fondo regional que se destina a la conservación y al mantenimiento de carreteras alimentadoras y caminos rurales. Sin embargo, los recursos que se destinan en mayor proporción son para las carreteras alimentadoras y no para los caminos rurales. Por tal motivo es fundamental la creación de un fondo regional que de manera especial atienda la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales, en virtud de que éstos representan 48 por ciento de la red carretera nacional; en cambio, los caminos alimentadores representan sólo 20 por ciento.
Lograr una distribución justa y equitativa de los beneficios del desarrollo económico y social requiere el fortalecimiento de las acciones orientadas a combatir la pobreza extrema y la creación de condiciones propicias para el aprovechamiento óptimo del potencial productivo de las regiones.
El estado, la SCT y la Secretaría de Desarrollo Social deben reafirmar su compromiso con quienes menos tienen, al desplegar una estrategia integral de combate de la pobreza y fortalecimiento del desarrollo regional, sustentada en los esfuerzos y las voluntades de los tres niveles de gobierno, la adecuada coordinación interinstitucional y la participación activa de la sociedad.
Es un imperativo de justicia social y de integración a la vida socioeconómica de la república crear un fondo especial para la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales, a fin de que sean transitables en todo tiempo porque, de no existir, quedarían aisladas comunidades situadas en lugares remotos o de difícil acceso; con ellos, en cambio, es posible hacerles llegar servicios como energía eléctrica, agua potable entubada, drenaje o correo. La tarea de mantener abiertos estos caminos es urgente porque las terracerías se deterioran con gran rapidez, ya que carecen de capa asfáltica a causa de las lluvias y aun del incipiente tráfico.
No se pueden excluir del modelo de desarrollo los pueblos de mayor marginación en el estado, los cuales requieren la construcción y modernización de caminos rurales.
La creación de un fondo regional especial para atender la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales será fundamental para atender las demandas de las comunidades y promover su desarrollo económico y social.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Desarrollo Social a crear un fondo regional especial para la conservación y el mantenimiento de los caminos rurales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputado Sofío Ramírez Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SEDESOL A ATENDER EL PROBLEMA DE
LOS NIÑOS JORNALEROS MIGRANTES, PROCURÁNDOLES LOS SERVICIOS
DE ALIMENTACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO
SOCORRO SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México existe una población numerosa de indígenas que aún conservan su cultura y lengua propias, sin embargo, se ven en la necesidad de aprender el español para poder relacionarse en términos de igualdad con el resto de la población. Este es el caso de los niños y niñas migrantes indígenas.
Uno de los sectores más vulnerables de México está formado por los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes que son ejemplo de los niños y niñas más marginados de la sociedad mexicana, ya que no siempre cuentan con acceso a servicios básicos, lo que provoca impactos negativos en su nutrición, salud, desarrollo, educación y perspectivas futuras.
La dinámica migratoria de jornaleros agrícolas es la incorporación de las mujeres y los niños a los movimientos migratorios y al trabajo laboral, como una forma de incrementar los precarios ingresos familiares.
Existe en México un mínimo de 405 mil 712 familias en permanente movimiento entre las zonas de origen y las zonas receptoras; están integradas por jóvenes con una edad promedio no mayor de 30 años; el 57 por ciento son hombres y el 43 por ciento son de mujeres, y el 40 por ciento de esta población son niños y niñas menores de 14 años.
Tanto en sus regiones de origen como en las zonas de destino, las familias jornaleras migrantes sufren la marginación y la extrema pobreza. En la mayoría de las zonas de atracción además de la explotación laboral enfrentan la discriminación; la falta de derechos y de prestaciones laborales, y en general las consecuencias de la miseria, lo que los ubica como uno de los sectores de la población nacional más vulnerable.
De acuerdo con el registro del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña por la temporada alta de migración, que comprende de septiembre de 2008 a enero de 2009, los 8 mil 177 indígenas que migraron como jornaleros se emplearon en las zonas agrícolas de los estados Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, provenientes de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecen que en México existen 3.6 millones de menores de cinco a 17 años que trabajan todos los días para ganarse la vida, y la tercera parte de esta cantidad corresponde al sexo femenino.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia define al trabajo infantil como la participación de los niños y niñas en cualquier actividad económica que no perjudique u obstaculice su salud, desarrollo o educación, sin embargo, en materia de trabajo y explotación infantil, estima que en México hay 3.3 millones de niños entre 6 y 14 años que trabajan en situaciones precarias para apoyar la economía de sus familias.
Las niñas y los niños jornaleros migrantes presentan altos índices de enfermedades, debido a diversos factores como los cambios constantes del clima y los efectos negativos del medio ambiente, la falta de defensas nutricionales, la exposición permanente a riesgos en el trabajo, el acceso limitado al agua potable, la inadecuada forma de aplicación que persiste en el uso de los plaguicidas de alta toxicidad que son utilizados en los cultivos agrícolas, la carencia de servicios básicos de salud que producen condiciones adversas y de alto riesgo.
La Secretaría de Educación Pública solamente atiende un 12.5 por ciento de la demanda educativa de la población infantil agrícola migrante y se estima que alrededor del 20 por ciento del rezago educativo nacional en primaria se concentra en este sector de la población.
Otro problema para la atención escolar del niño migrante es que existe un desfase entre los tiempos que rigen los ciclos agrícolas y el escolar convencional, lo que provoca la interrupción constante del proceso educativo que se manifiesta en repetición o deserción definitiva, por lo que se requiere un uso flexible del tiempo escolar.
Ante esta situación y en medio de una crisis económica que aún podría agravarse, es necesario el trabajo conjunto con los gobiernos de los estados, las autoridades locales y municipales, el sector privado y toda la sociedad; son fundamentales, pues hacen posible detonar la participación de todos en la promoción y la protección de los derechos de los niños jornaleros migrantes.
Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso la siguiente proposición
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Desarrollo Social a atender el problema de los niños jornaleros migrantes, procurándoles los servicios de alimentación, salud y educación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputado Sofío Ramírez Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE GUERRERO A CONSTRUIR UN
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES DE TLAPA
DE COMONFORT, DE LA MONTAÑA, A CARGO DEL DIPUTADO SOCORRO SOFÍO
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que la pobreza y la marginación son dos grandes problemas que enfrenta México y de manera particular el estado de Guerrero. Estos elementos determinan que la población que la padece no tenga oportunidad de acceder a una vida digna.
Que en el caso de las mujeres, la marginación y la pobreza les confieren características particulares y las limitan de manera significativa en la educación, el empleo y la salud. Las desigualdades de género toman también un matiz diferente cuando se considera el contexto geográfico y cultural.
Que la salud es una condición y un derecho lejano para millones de mujeres en México. Diariamente mueren casi 50 mujeres por cáncer cérvico-uterino; 10 más por cáncer de mama y mil 300 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto. En las regiones más marginadas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla, una mujer embarazada tiene más posibilidades de morir que en cualquier otro estado del país.
Que las mujeres mexicanas enfrentan graves peligros debido a la desatención del Estado, ya que no todos los hospitales del sector salud cuentan con infraestructura adecuada y moderna, personal especializado y medicamentos indispensables, para atender las enfermedades de la mujer.
Que las enfermedades que cobran la vida de las mujeres con más frecuencia son las cardiovasculares, diabetes e hipertensión, las cuales podrían haberse evitado a través de la prevención; también es importante poner atención en la salud reproductiva. La mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del niño pueden ser preventivos, detectados y tratados con éxito, sin embargo no hay infraestructura hospitalaria.
Que la falta de seguridad social para la mujer sigue siendo un problema importante en nuestro país, ya que cada vez son más mujeres que no tienen acceso a las instituciones de salud, lo cual las hace más vulnerables a padecer alguna enfermedad.
Quiero mencionar el caso de la ciudad de Tlapa, región de La Montaña del estado de Guerrero, donde sólo hay un hospital general que atiende entre 300 y 500 personas de 17 municipios.
Casi 96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y equipamientos básicos.
La Montaña tiene un hospital general en Tlapa con sólo tres ginecólogos, dos anestesistas y un pediatra contratados para cubrir un solo turno; además seis hospitales básicos comunitarios sin especialistas ni equipamientos básicos; y unas 166 unidades de salud, de las cuales más de la mitad no tiene ni siquiera un médico general, pues funcionan sólo con enfermeras y personal menos calificado.
Que en la entidad, la mortalidad materna es de las más elevadas en el mundo: En Guerrero, 281 mujeres indígenas mueren por cada 100 mil recién nacidos, mientras el promedio es de 151 en las mujeres indígenas en México y de 51 en las mujeres mexicanas.
Que la infraestructura hospitalaria en el estado de Guerrero es insuficiente para atender el número de mujeres que habitan ahí y que requieren urgentemente servicios médicos especializados.
Que la salud es esencial para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de las mujeres; la situación actual está marcada por los rezagos acumulados en cobertura y calidad, la desigualdad en los niveles de salud y distribución de recursos entre grupos sociales y regiones es exorbitante, por tal motivo es necesaria la construcción de un hospital de especialidades que atienda a las mujeres de Tlapa de Comonfort, de la región de La Montaña del estado de Guerrero.
Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Guerrero a construir un hospital de especialidades para la atención de las mujeres de la ciudad de Tlapa de Comonfort, de la región de La Montaña del estado de Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputado Sofío Ramírez Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE LOS EX TRABAJADORES MIGRANTES MEXICANOS
BRACEROS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ISABEL MERLO TALAVERA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
María Isabel Merlo Talavera, diputada federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre de los diputados federales del estado de Puebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como 34, numeral 1, incisos a), b) y c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La migración mexicana hacia Estados Unidos es de una prolongada tradición histórica, donde se conjugan la vecindad geográfica, las asimetrías económicas, las relaciones de los factores de la producción entre ambos países, y la creciente integración económica regional. Todos son parte de los elementos que estructuran la ecuación migratoria y hacen inevitable la generación de flujos de intercambio en ambas direcciones.
El programa Bracero, que surge el 4 de agosto de 1942, con marcadas desigualdades, es un importante logro para establecer un marco legal a estos movimientos migratorios. Los gobiernos de México y Estados Unidos firman un convenio para el reclutamiento y empleo de ciudadanos mexicanos, para cubrir las necesidades de mano de obra para los campos agrícolas y el mantenimiento de los ferrocarriles estadounidenses, se trataba de transferencia temporal del factor trabajo documentado, con base a convenios con caducidad previamente establecida.
En ese período muchos campesinos mexicanos dejaron de producir sus tierras y firmaron contratos que se les presentaban como la solución a sus problemas inmediatos. El convenio concluyo en 1964, sin embargo algunos trabajadores continuaron hasta 1967, siendo un movimiento singular en la historia de ambas naciones, sentando un precedente en las relaciones de integración económica.
Dicho convenio establecía la creación de un fondo de retención del diez por ciento del pago a los trabajadores, mismos que se depositaron vía Wells Fargo, transfiriéndose al Banco de México y éste, a su vez, a otras instituciones bancarias, para entregarlo al trabajador bracero a su regreso a México. Sin embargo, dichos recursos no fueron entregados a los interesados, quienes por falta de información dejaron de solicitarlos.
Quienes hemos tenido la necesidad y la fortaleza de emigrar a otras tierras, para encontrar un sitio dónde consolidar nuestro proyecto de vida, conocemos de los múltiples sacrificios y penalidades que hay que pasar, para establecerse en otro país. Todos estos esfuerzos esperan ser recompensados, al regreso a su patria al lograr mejorar la economía familiar.
Muchos tenemos la satisfacción de alcanzar nuestros objetivos, pero muchos otros aún están en espera de obtener al menos un beneficio, después de una vida de trabajo. Esta es la situación a la que se enfrentan los ex trabajadores migrantes, quienes muchos de ellos y sus familias, se encuentran en situación de marginación, sin recibir los beneficios de jubilación, salud ó de adultos mayores.
Un esfuerzo institucional, para atender esta problemática se inició en el año 2001, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, la cual continuó en las LIX y LX Legislaturas.
En 2003, se reunió, por primera vez, la Comisión de Investigación de los ex Braceros con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del Banco Nacional de Crédito Rural, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y representantes de las organizaciones de ex braceros, que acordaron levantar el padrón de ex braceros, definieron un esquema de asistencia médica, y en la firma del acuerdo participaron diputados de la LIX legislatura, representantes del gobierno federal, la banca de desarrollo, y por parte de los ex braceros firmaron representantes de la fundación de emigrantes de Puebla, de Fuerza de Migrantes sin Fronteras, del Comité de Indemnización de Trabajadores Agrícolas del Estado de Tabasco, la Organización de Trabajadores Latinos del Estado de Veracruz, y el Comité pro Braceros del Estado de Durango
La Cámara de diputados, en 2005, aprueba la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, ratificado días después por la colegisladora, siendo este instrumento el que ha permitido avanzar con el pago a los trabajadores braceros, pero que ha generado incertidumbre por la falta de un esquema formalizado de los requisitos que deben cumplirse. Estas contingencias han tenido que resolverse conforme se presentan, hasta establecer una normativa más completa.
Sin embargo, aún existe un enorme rezago en la entrega de los recursos, y si a esto adicionamos las condiciones que rodean a muchos de los ex trabajadores migrantes y a sus familias, que carecen de los mínimos satisfactores para una vida digna, es el momento de buscar una solución integral a la problemática que enfrentan día con día los ex braceros y sus familias y en su caso la conyugue y los hijos.
El reconocimiento a los derechos de los ex trabajadores migrantes mexicanos, braceros, es una tarea irrenunciable e inaplazable, por lo que la presente LXI legislatura debe dar continuidad a los esfuerzos ya realizados, en atención a los beneficios derivados del trabajo efectuado por nuestros connacionales durante su estadía en Estados Unidos de América.
Por lo anterior, se presenta los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Con fundamento en lo que establecen los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General y 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados la creación de una comisión especial de los ex trabajadores migrantes mexicanos braceros.
Segundo. La comisión tendrá por objeto ofrecer apoyo, información y orientación para que el ex trabajador migrante mexicano obtenga un beneficio integral de desarrollo, al incorporarlo a los programas sociales de vivienda, salud, educación, y asistencia a las actividades productivas, y dará un puntual seguimiento a las actividades del Fideicomiso que Administra los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros durante el Periodo de 1942 a 1964.
Tercero. La comisión especial de los ex trabajadores migrantes mexicanos braceros se integrará con la representación proporcional de cada fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, reflejando la equidad y proporcionalidad conforme a la integración de esta legislatura, la directiva de la comisión especial será propuesta por la Junta de Coordinación Política, dando aviso de ello a la Mesa Directiva para los efectos procedentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputados: María Isabel
Merlo Talavera, Juan Carlos Lastiri Quirós, Juan Pablo Jiménez
Concha, Julieta Marín Torres, Francisco Ramos Montaño, Ardelio
Vargas Fosado, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, José Óscar
Aguilar González, Janet González Tostado, José Alberto
González Morales, Blanca Estela Jiménez Hernández,
Leobardo Soto Martínez, Alberto Jiménez Merino, Fernando
Morales Martínez, María del Carmen Izaguirre Francos (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LAS DEPENDENCIAS
CORRESPONDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA DISEÑAR
PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PRECARIA SITUACIÓN
QUE ENFRENTAN LAS MUJERES DEL SECTOR RURAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARGARITA
LIBORIO ARRAZOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la normatividad aplicable, somete a consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Considerandos
En la actualidad las mujeres juegan un papel cada vez más relevante, su incorporación en ámbitos que se consideraban exclusivos para el género masculino se ha convertido en una constante, generando un impacto positivo en los niveles de producción de bienes y servicios.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, el género femenino aún enfrenta problemáticas propias de la idiosincrasia e ideología de la sociedad, asimismo, su participación todavía se considera marginal en algunos rubros de la economía.
En el caso particular de las mujeres en México, padecen las consecuencias de la diferenciación tan arraigada entre los géneros, el machismo continúa siendo uno de los obstáculos que dificulta el desarrollo pleno de las capacidades de las mujeres mexicanas.
La situación se complica todavía más para las mujeres que habitan en el medio rural, ya que no sólo deben enfrentar el machismo arraigado en demasía, sino que padecen los efectos negativos de la falta de oportunidades y apoyos para desarrollar actividades que les proporcione algún beneficio tangible.
Cabe mencionar que debido a la importancia que representan las mujeres en el medio rural, la Organización de las Naciones Unidas, en coordinación con otras instituciones internacionales, ha impulsado la propuesta de conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural, siendo designado el 14 de octubre para dicho fin.
En la actualidad, como consecuencia de la crisis alimentaria que padecemos y que, entre otras cosas, ocasiona una falta de ingresos, las mujeres rurales mexicanas ven incrementado su trabajo, lo que representa una limitante para fomentar su participación en la defensa de sus derechos.
Estudios de organizaciones internacionales, como la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (Redpar), en su documento Diagnóstico del impacto de la crisis alimentaria mundial en las mujeres indígenas y campesinas sostiene que el alza de precios de los granos básicos, la liberación del mercado y la dependencia alimentaria impide que las mujeres rurales puedan comercializar sus productos adecuadamente.
La clasificación, que considera a las mujeres como consumidoras y no como productoras, limita su participación en los programas de desarrollo rural, lo que genera condiciones de inequidad y desigualdad.
Según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México habitan más de 9.5 millones de personas indígenas, de las cuales 5 millones son mujeres. Poco más de la mitad de la población indígena vive en regiones rurales, la mayoría de ella en la región sur y sureste del territorio mexicano, donde se concentran los niveles de pobreza más altos.
El presupuesto que destina el gobierno federal para apoyar a las mujeres es insuficiente y no permite hacer frente a las problemáticas que tienen. Los recursos designados durante los últimos tres años son los siguientes:
Año 2009: 8 mil 981.6 millones de pesos designados para las mismas dependencia mencionadas.
En el anteproyecto de Presupuesto para el próximo año se propone un monto de 9 mil 333.7 millones de pesos, a ejercerse en 19 programas dirigidos a las mujeres.
En este sentido, la participación gubernamental juega un papel determinante, sin embargo, el Estado mexicano adolece de políticas públicas específicas que permitan a las mujeres rurales subsanar sus deficiencias en términos de calidad de vida.
La actual administración federal no considera a las mujeres rurales como sujetas de derechos en los programas sociales, tampoco les proporciona una forma fácil de acceder a la información disponible de los diferentes programas que ofrecen las instituciones gubernamentales y en las reglas de operación de los presupuestos etiquetados en su favor se da preferencia a las mujeres que se ubican en otros sectores de la economía.
Otro de los problemas que aqueja a las mujeres del medio rural tiene que ver con la propiedad de la tenencia de la tierra ya que, ante el incremento de las agroempresas y urbanizadores que demandan una mayor cantidad de tierra para sus proyectos, ellas no son consultadas para la venta de la propiedad.
Con fundamento en lo mencionado anteriormente, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente programas complementarios dirigidos a apoyar a las mujeres que habitan en el medio rural, con el objetivo de otorgarles mayores recursos y herramientas que les permitan incrementar su productividad, desarrollar proyectos productivos e instalar micros y pequeñas empresas sociales rurales, ello a fin de mejorar su calidad de vida y disminuir sus niveles de pobreza y marginación.
Segundo. Incrementar los recursos destinados a los programas de apoyo dirigidos a las mujeres rurales, procurando en todo momento incidir de manera positiva en el desarrollo pleno de las capacidades de dicho grupo social.
Tercero. El Instituto Nacional de las Mujeres diseñe e implemente programas integrales de atención al género femenino, ello con el objetivo de otorgarles apoyo psicológico, capacitación, fomento de proyectos productivos y actualización permanente en temas de interés.
Cuarto. Que el número de mujeres rurales beneficiarias de los programas federales aumente en la misma proporción en que lo hacen los recursos asignados. De igual forma, que las reglas de operación de los programas dirigidos a mujeres rurales cumplan con los principios de claridad, sencillez y especificidad, ello con el objetivo de procurar un acceso sencillo a las interesadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputada Margarita Liborio Arrazola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE JALISCO A AFECTO DE QUE, EN ACATO DE LOS DECRETOS
FEDERALES DE 1995 Y DE 1997, ASÍ COMO DE ACUERDOS DERIVADOS, TENGA
A BIEN ASIGNAR UN NUEVO SITIO EN EL RÍO VERDE PARA CONSTRUIR LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE PERMITA DOTAR DE AGUA A LA ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA Y CUMPLIR COMPROMISOS CON OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A
CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR CARO CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, integrante de la LXI Legislatura, conforme a los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta punto de acuerdo relativo a exhortar al titular del Poder Ejecutivo de Jalisco para que, en acato de los decretos federales de 1995 y de 1997, así como de acuerdos derivados, tenga a bien asignar un nuevo sitio en el río Verde para construir la infraestructura hidráulica para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y cumplir compromisos de dotación de agua con otros estados de la República.
Exposición de Motivos
El programa de abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara tiene un retraso de 14 años en la atención de la carencia de infraestructura hidrológica para garantizar servicio tan vital. En 1990 se iniciaron los estudios de la cuenca del río Verde que condujeron a una serie de determinaciones dirigidas a la construcción de una presa en Loma Larga II.
Mediante el decreto número 19956, de abril de 1995, se reservaron 504 millones de metros cúbicos de agua del río Verde apta para uso doméstico y servicio público, dejando 120 millones para León Guanajuato y 384 millones para la zona conurbada de Guadalajara.
Posteriormente, el decreto de noviembre de 1997 otorga 372 millones de metros cúbicos del río Verde para la zona conurbada de Guadalajara, con condicionantes, como no afectar ningún núcleo de población ni superficies agrícolas de gran rentabilidad.
Intereses económicos y políticos han obstaculizado esta obra y, artificiosamente, han promovido la construcción de presas rechazadas socialmente y de comprobadas deficiencias técnicas, como El Zapotillo y Arcediano.
La presa El Zapotillo, violentando los decretos presidenciales y acuerdos derivados, implica desaparecer las delegaciones de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, con sus terrenos de amplia rentabilidad. Los nuevos alcaldes electos de Cañadas de Obregón y Mexticacán, donde las citadas poblaciones se hallan, declararon comprometiéndose a no dar cambios de uso de suelo dentro de los próximos seis meses para esta presa, a fin de no desaparecer las poblaciones.
Además, el dictamen técnico resultó contrario para la construcción de una cortina de 80 metros de altura porque los cerros de donde se iban a sostener los diques no poseen la resistencia exigida por las normas técnicas, por lo cual se decidió desaparecer las citadas poblaciones e inundar tierras de gran rentabilidad con una cortina de 105 metros.
Por todo lo explicado se hace inviable el cumplimiento del acuerdo de coordinación derivado de los decretos de 2005 y la atención de los decretos en las salvedades referidas. A los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara urge la solución en la materia.
Por tal motivo, propongo ante este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Jalisco para que, en acato de los decretos federales de 1995 y de 1997, así como de acuerdos derivados, tenga a bien asignar un nuevo sitio en el río Verde para construir la infraestructura hidráulica para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y cumplir compromisos con otras entidades federativas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2009.
Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA ASF A PRACTICAR EN FORMA URGENTE LA AUDITORÍA A
LA OBRA PÚBLICA QUE SE LLEVA A CABO EN MATERIA DE SALUD EN EL HOSPITAL
GENERAL DE ZAPOPAN, JALISCO, A CARGO DE LA DIPUTADA CLARA GÓMEZ
CARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Clara Gómez Caro, miembro de la actual LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, acude ante esta la mas alta tribuna política de la nación a presentar propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
1. El municipio de Zapopan, Jalisco, responde actualmente a la obligación de proporcionar el derecho a la protección a la salud que le obliga el artículo 4 de la Constitución federal por vía del organismo público descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, conforme al decreto de fecha 30 de agosto de 2001, el cual se encuentra integrado por el Hospital General de Zapopan y las unidades de emergencia Cruz Verde Zapopan, de cuyo sistema, el hospital general se encuentra identificado como la columna vertebral del sistema de salud zapopano.
Dicho hospital fue inaugurado en 1948 por la señora Soledad Orozco, esposa del entonces presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho, y desde entonces ha prestado atención médica que ha ido subiendo en calidad y cantidad de ramas médicas, pasando por angiología, andrología, cirugía general, cirugía de urgencia, cirugía de corta estancia, laparoscopía, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica y reconstructiva, cirugía estética, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología, urología, cardiología, dermatología, endocrinología, gastroenterología, ginecoobstetricia, medicina interna, medicina física y rehabilitación, medicina preventiva, neurología, nutrición, odontología, clínica del dolor, banco de sangre, imagenología, laboratorio, rayos X y trabajo social.
A la lectura de los servicios que presta el Hospital General de Zapopan, se entiende que se trata de un hospital de suma importancia tanto para los habitantes de Zapopan como de la zona metropolitana, donde este municipio se encuentra inmerso.
2. Así pues y dada la importancia de este centro médico municipal zapopano, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se incluyó como dinero público federal "etiquetado" la cantidad estimada de 130 millones de pesos (http://www.zapopan.gob.mx/prensa/boletines/JUNIO%202009/bol_124.pdf y http://www.cnnexpansion.com/obras/2009/10/22/hospital-general-de-zapopan-a-ampliacion) para la reparación integral del Hospital General de Zapopan, que iría desde enero de este año, de tal manera que la terminación de la obra estaría considerada en el último trimestre de 2009, teniéndose conocimiento que el dinero público federal fue entregado por la federación al gobierno de Zapopan en tiempo y forma.
Sin embargo, los tiempo de presentación del proyecto general, proyecto ejecutivo, licitación, y demás trámites administrativos, antes que ser agilizados por la administración en funciones y que entrega el gobierno el 1 de enero de 2010, fue sentimiento general que se estaban atrasando, hasta que por boletín del mismo organismo Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, se indicó el 11 de junio de 2009 que se iniciaba la tan esperada obra (http://www.zapopan.gob.mx/prensa/boletines/JUNIO%202009/bol_124.pdf).
3. Como es sabido por todos los integrantes de esta honorable legislatura, en la jornada electoral del pasado 5 de julio, la votación no benefició al partido del actual alcalde, Juan Sánchez Aldana, ya que el triunfador fue el actual presidente municipal electo, Héctor Vielma Ordoñez, del Partido Revolucionario Institucional, cuyo interés en el estado de la administración que va a recibir a partir del 1 de enero de 2010 no ha sido imitado por la administración saliente, al tal grado que ha sido necesario solicitar, apoyado en la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco, para obligar al ayuntamiento de Zapopan a entregar copias específicas de datos para que la administración entrante pueda hacer un análisis propio y sin subjetividades de quien entrega una administración, lo que ha suscitado que se le requiera al alcalde electo que para contar con esa documentación deberá primero cubrir la cantidad de 400 mil pesos (www.milenio.com/node/284203) y hasta luego que entregue el recibo de pago, se le hará entrega de la documentación requerida, necesaria e indispensable para saber el estado actual y real de la administración zapopana saliente.
4. En ese contexto, la administración de Servicios de Salud Municipales de Zapopan también ha sido lenta y omisa en la información pública requerida, de tal manera que actualmente, no obstante que se le ha requerido en varias ocasiones por información sobre el avance de la obra en el Hospital General de Zapopan, debido, principalmente, a que a la vista se observa que este nosocomio se encuentra literalmente derribado, demolido, destruido, arrasado, desmantelado, aniquilado y derrumbado, sin que los trabajos avancen, de tal manera que es imposible que la obra sea terminada siquiera a finales de este año, de tal manera que la administración municipal y la que se haga cargo de Servicios de Salud Municipales de Zapopan heredará una obra sin terminar y sin saber dónde se encuentran los dineros públicos, quién los tiene, en qué estado se encuentran, qué ha pasado con los proyectos de obra, por qué se atrasaron y, sobre todo, no tendrá dónde atender a la población zapopana que, como toda la del país, sufre actualmente de la pandemia de influenza y la epidemia de dengue que ha asolado y seguirá asolando a todo el país y, para el caso que tratamos, a toda la zona metropolitana de Guadalajara dónde se encuentra inmerso el municipio de Zapopan.
5. En esas circunstancias, es necesario saber, antes de que la actual administración desaparezca y deje obras sin terminar que se convierten en problemas permanentes, saber el estado de dichas obras, dónde se encuentran los recursos, qué ha pasado con el desarrollo de las obras y frente a todos estos descréditos, críticas y silencio institucional del ayuntamiento de Zapopan y de la administración de Servicios de Salud Municipales de Zapopan, con qué recursos se va a contar para enfrentar las malas administraciones y malas decisiones tomadas por las actuales administraciones lo que nos lleva a temer por una situación catastrófica de tal manera que ni el organismo público descentralizado encargado de la salud en Zapopan, ni el mismo ayuntamiento, puedan enfrentar la problemática a partir del 1 de enero de 2010 por encontrar unos servicios de salud desarticulados, con una plantilla de personal sin ruta que, incluso, deja indefinida su función específica que es atender las necesidades de salud del municipio de Zapopan.
En ese sentido, actualmente se han presentado ya ante la honorable Comisión de Presupuesto de este órgano colegiado, presidido por el diputado Luis Videgaray Caso, así como en la honorable Comisión de Salud, presidida por el diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente, así como en la misma Secretaría de Salud federal, a fin que se incluya en el plan maestro de salud para Jalisco el proyecto general, el proyecto ejecutivo y demás requerimientos técnicos a fin de que sea reconstruido en algunas de sus partes, tomando como base un hospital en funciones, la unidad médica zona norte del municipio de Zapopan con un costo aproximado de 19 millones 232 mil 750 pesos y que sería de utilidad extrema para atender, en la coyuntura sanitaria en que nos encontramos, a la atención de personas absolutamente desamparadas y que no tienen opción de recuperación sanitaria al haber prácticamente desaparecido el Hospital General de Zapopan.
Es preciso señalar que el proyecto de la unidad médica zona norte del municipio de Zapopan se encuentra en la zona de Mesa Colorada y, de ser incluida la cantidad antes mencionada para los fines que se requieren, se encontraría funcionando, adscrito al Seguro Popular y con las especificaciones de uso técnico y sanitario exigidas por todos y cada uno de los reglamentos de salud municipal, estatal y federal.
En atención a las consideraciones antes mencionadas, pongo a consideración para ser aprobado los siguientes
Puntos de Acuerdo
Punto 1
b) En qué estado se encuentra el dinero público federal antes mencionado, esto es, tipo de inversión, tipos de intereses, corridas financieras, números de cuentas e instituciones que manejan el dinero público federal;
c) Si la obra contaba con todos los requisitos necesarios para llevarse a cabo (permisos municipales, estatales, federales, estudios de impacto ambiental, estudios de mecánica de suelos, autorizaciones especiales, etcétera).
d) Si las entregas por parte de quién detenta el dinero público federal, ya sea el mismo gobierno municipal de Zapopan o la institución que maneja el dinero público federal, a las empresas constructoras ha sido en tiempo y forma de tal manera que su retraso no alargue los tiempos de entrega de la obra completamente terminada.
e) Se lleve a cabo un seguimiento completo e integral del manejo del dinero público y los intereses que éstos pudieron haber devengado, así como que el desarrollo de entregas, partidas financieras, haya sido adecuado para evitar el atraso en la obra, concluyendo con los números de cuentas, instituciones bancarias, estado del dinero público federal y localización e identificación de acuerdo al estado actual del dinero público federal.
f) Y en general, la fiscalización de la cuenta pública derivada del dinero público federal entregado al ayuntamiento de Zapopan para la rehabilitación, remodelación o modernización del hospital general de Zapopan y que comprenda la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que el ayuntamiento de Zapopan o el organismo público descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan como entidades fiscalizadas deban aplicar conforme a la legislación vigente y que tengan como objeto evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el presupuesto, la ley de ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad
g) Audite el desarrollo de la obra, esto es, si la licitación fue en tiempo y forma; si la o las empresas constructoras ganadoras entregaron la documentación que la licitación exigía; si la licitación se llevó a cabo conforme a las normas federales, estatales y municipales correspondientes y si se han cumplido con los proyectos ejecutivos parciales, totales, integral y plan maestro de desarrollo de la obra.
Toda vez que por las circunstancias sanitarias en que nos encontramos, esto es que el resultado final del Presupuesto de Egresos de la Federación está por concluir y que, de no incluirse, ni las auditorías solicitadas ni el dinero público federal "etiquetado" para un hospital específico, es tal cual el dar opción a que por las necesidades imperiosas en materia de salud, así como por equívocas decisiones, pueden dar resultados catastróficos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento Para el Gobierno Interior de este cuerpo colegiado, respetuosamente le solicito se consulte a la asamblea si se considera este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución y, en su caso, se ponga a discusión y votación inmediata.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 18 de noviembre de 2009.
Diputada Clara Gómez Caro (rúbrica)