Gaceta Parlamentaria, Cámara
de Diputados, número 2728-II, martes 31 de marzo de 2009.
Iniciativas
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De decreto, para ordenar por
bloques históricos el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San
Lázaro, a cargo de la diputada María Nieves Noriega Blanco
Vigil, del Grupo Parlamentario del PAN
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Que expide la Ley para el Consumo
Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente, suscrita por diputados del Grupo
Parlamentario del PVEM
-
Que adiciona el artículo
cuarto transitorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo
del diputado Santiago López Becerra, del Grupo Parlamentario del
PRD
-
Que reforma los artículos
73, 76 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, suscrita por los diputados José Jesús Reyna García
y Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del PRI
-
Que reforma el artículo
18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada
Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
-
Que reforma el artículo
44 y adiciona uno transitorio a la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita
por los diputados José Luis Murillo Torres y Gustavo Ramírez
Villarreal, del Grupo Parlamentario del PAN
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Que reforma los artículos
1o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y 10, 11 y
113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados José
Jesús Reyna García y Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario
del PRI
-
Que reforma el artículo
18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Alberto García González,
del Grupo Parlamentario del PAN
-
Que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo
del diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario
del PAN
-
Que reforma los artículos
36 y 59 de la Ley Aduanera, suscrita por las diputadas Yadhira Yvette Tamayo
Herrera, Leticia Díaz de León Torres y Ma. de los Ángeles
Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN
Iniciativas
DE DECRETO,
PARA ORDENAR POR BLOQUES HISTÓRICOS EL MURO DE HONOR DEL PALACIO
LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA NIEVES
NORIEGA BLANCO VIGIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a esta soberanía
una iniciativa con proyecto de decreto para ordenar por bloques históricos
el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, conforme
a la siguiente
Exposición de Motivos
Desde los inicios de nuestro país como nación
independiente, los actores políticos buscaron cimentar las bases
para la formación de una identidad nacional. Se buscó forjar
una nación con personalidad jurídica propia e identidad social,
un gobierno representativo y federal, con división de poderes y
con garantías individuales.
El Muro de Honor tuvo su origen el 19 de julio de 1823,
cuando, al consumarse la Independencia, en el Salón de Cortes, hoy
Salón Parlamentario de Palacio Nacional, el Congreso Mexicano aprobó
el decreto: "Declaración en honor de los primeros héroes
libertadores de la nación y los que los siguieron...", e instruyó
para inscribir sus nombres con letras de oro en dicho salón. Es
así como fueron colocados, para honrar y premiar los servicios
prestados a la patria durante los once años de la Guerra de
Independencia, los primeros 13 nombres: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende,
Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano
Matamoros, Leonardo Bravo, Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José
Mariano Jiménez, Javier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales.
A lo largo de 185 años las distintas legislaturas
han plasmado 74 inscripciones en letras de oro con los nombres de héroes
e instituciones, frases y hechos históricos, con el deseo de que
sean reconocidos y que permanezcan en la memoria de la nación.
Esta variedad inscrita en el Muro de Honor a lo largo
de tantos años precisa un ordenamiento histórico que contemple
una visión cronológica y didáctica, que pueda ser
apreciada por los propios legisladores, los visitantes al recinto y el
público en general.
Actualmente, en el Palacio Legislativo el Muro de Honor
está formado por una superficie de cantera colocada en el extremo
superior de la pared frontal, en la que se encuentra la célebre
frase del presidente Benito Juárez: "Entre los individuos como entre
las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".
Bajo esta frase se encuentran las siguientes inscripciones,
en un primer bloque horizontal: Heroico Colegio Militar, A los Constituyentes
de 1917, A los Defensores de Veracruz de 1914, y Heroica Escuela Naval
Militar.
En un segundo bloque horizontal, los nombres de Antonia
Nava, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Mariana R. del Toro
de Lazarín y Carmen Serdán.
Más abajo se encuentran cinco bloques verticales
de cantera, colocados justo detrás de la tribuna de la Cámara,
desde donde la Mesa Directiva preside las sesiones; de estos bloques el
central es más ancho y está precedido por los nombres de
Cuauhtémoc, último emperador azteca, y del tlatoani texcocano
Nezahualcóyotl, así como por otra frase célebre, esta
vez, del insurgente Vicente Guerrero: "La Patria es primero".
En este bloque central se encuentran dos enormes banderas
nacionales, una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda, que
en el centro se enlazan con un moño tricolor colocado justo bajo
la representación escultórica en cantera del Escudo Nacional.
En cada uno de los cuatro bloques verticales localizados
a los costados se encuentran inscritos, los nombres de personajes ilustres
de nuestra historia, y de instituciones, sin una secuencia histórica.
De izquierda a derecha y de arriba abajo, el primer bloque
contiene los siguientes nombres: Miguel Hidalgo, Mariano Abasolo, José
Mariano Jiménez, Ignacio López Rayón, Miguel Barragán,
Servando Teresa de Mier, Juan Álvarez, Santos Degollado, Ignacio
de la Llave, José María Arteaga, Universidad Nacional Autónoma
de México, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, Lázaro
Cárdenas del Río, A los Heroicos Defensores de Cuautla en
1812.
En el segundo bloque están: Juan Aldama, Miguel
Bravo, Pedro Moreno, Nicolás Bravo, Miguel Ramos Arizpe, Valentín
Gómez Farías, Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, A los
Defensores de Puebla de Zaragoza en 1862 y 1863, Instituto Politécnico
Nacional, Ricardo Flores Magón, Aquiles Serdán, Francisco
Villa, Isidro Fabela, Genaro Estrada, Justo Sierra Méndez, Alfonso
García Robles.
En el tercer bloque se encuentran: Ignacio Allende, Leonardo
Bravo, Francisco Xavier Mina, Guadalupe Victoria, Víctor Rosales,
A los Constituyentes de 1854, A los Niños Héroes de Chapultepec,
Margarita Maza de Juárez, Mariano Escobedo, A los Vencedores de
Querétaro en 1867, Defensores de la Patria de 1846-1848, Batallón
de San Patricio, Belisario Domínguez, Emiliano Zapata, Francisco
J. Múgica, Vicente Lombardo Toledano.
En el cuarto bloque están José María
Morelos, Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana, Andrés Quintana
Roo, Vicente Guerrero, A los Constituyentes de Apatzingán, Pedro
Sáinz de Baranda, Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, Francisco Zarco,
Ignacio Manuel Altamirano, Venustiano Carranza, Felipe Carrillo Puerto,
A los Legisladores Mártires de 1913 y Sor Juana Inés de la
Cruz.
Esta distribución carece, como podemos ver, de
un orden lógico, histórico, cronológico o didáctico.
No contiene un discurso integrado y claro en cada uno de los bloques en
los que se encuentra dividido y esto provoca confusión y sobre todo
carece de un mensaje preciso de lo que se quiere transmitir.
El muro con los nombres de héroes nacionales, instituciones
y personajes reconocidos por sus méritos en favor de la patria,
merece un ordenamiento, con una visión cronológica y didáctica
que distinga eventos históricos según su importancia.
Compañeras y compañeros legisladores, es
por ello que vengo a proponer un nuevo orden para el muro de honor de este
recinto parlamentario, con el que se dará un mensaje claro en cuanto
a la importancia de las diversas formas de acción en favor de la
patria que ha reconocido esta soberanía, que incluye desde personajes
anteriores a la formación del país como un Estado libre e
independiente hasta los más recientes. Asimismo se resaltará
la labor de los constituyentes y de las instituciones en diversas épocas.
Con base en los argumentos expuestos, someto a la consideración
de esta soberanía el siguiente:
Proyecto de Decreto
Único. Ordénese el Muro de Honor
del Palacio Legislativo de San Lázaro por bloques temáticos
e históricos, con base en la siguiente propuesta:
1. Que en la parte superior se conserve al apotegma
de Benito Juárez, entrecomillado y haciendo mención al autor.
2. Que en el primer renglón se coloquen las menciones
a los Constituyentes de diversas épocas, dando así mayor
peso al quehacer de esta soberanía, y en el siguiente renglón
sean colocadas las instituciones militares y académicas.
3. Que en el bloque central, donde se encuentran el escudo
y las banderas, se conserve la frase de Vicente Guerrero "La Patria es
primero", entrecomillada y con el nombre del autor, y que se coloquen debajo
de ella las menciones de grupos de defensores y mártires de la patria.
4. Que en los cuatro bloques laterales se coloquen por
orden cronológico todos los nombres de los personajes incluidos
hasta la fecha en este Muro de Honor, con una lectura de arriba hacia abajo,
iniciando por el bloque de izquierda a derecha.
5. Que se unifique la estructura de las frases, con o
sin el principio "A los".
6. Que se modifique el nombre de Francisco Javier Mina,
en virtud de que se ha demostrado que el nombre correcto era Xavier Mina.
7. Que se incluya el nombre de Leandro Valle, ya que se
emitió el decreto correspondiente para su inscripción en
el Muro de Honor el 29 de febrero de 1988.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha,
el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que
debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo
único de este decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
31 de marzo de 2009.
Diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco
Vigil
QUE EXPIDE LA LEY PARA EL CONSUMO
SUSTENTABLE DE BOLSAS DE USO FRECUENTE, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM
Francisco Elizondo Garrido, Luis Alejandro Rodríguez,
Manuel Salvador Salgado Amador y Diego Cobo Terrazas, integrantes de la
LX Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presentan ante el Pleno de la honorable asamblea iniciativa con proyecto
de decreto, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las bolsas de polietileno, conocidas como "bolsas de plástico",
aparecieron en la década de 1970, y de inmediato se convirtieron
en el instrumento más utilizado por millones de personas para cargar
lo que compran.
Las bolsas de plástico que frecuentemente utilizamos
en los centros comerciales se fabrican a partir de combustibles fósiles,
los cuales pueden tardar hasta 400 años en degradarse y, además,
al descomponerse desprenden sustancias tóxicas al ambiente y a la
salud humana.
En el país, el consumo de bolsas plásticas
en las tiendas departamentales y de servicios se ha incrementado exponencialmente,
originando un problema ambiental grave causado por el inadecuado tratamiento
y gestión de las bolsas de polietileno como residuos sólidos
urbanos.
La contaminación blanca constituye una de las principales
causas de contaminación por disposición final de residuos
sólidos. De hecho, las bolsas de plástico, en especial las
de polietileno, una vez terminada su vida útil terminan en ríos
y cuerpos de agua; o bien, quedan dispuestas en tiraderos a cielo abierto,
donde frecuentemente son quemadas. En consecuencia, durante ese proceso
liberan miles de sustancias tóxicas, conocidas como dioxinas
y furanos.
Diversos materiales nos permiten fabricar bolsas de uso
frecuente, como el almidón –material compostable, reciclable y reutilizable–
y la papa –material bioplástico, biodegradable y desintegrante–,
que al degradarse no genera materiales tóxicos. Otra opción
son las elaboradas a partir de biopolímeros con base de maíz
o remolacha.
Las ventajas de este tipo de bolsas estriban en que ahorran
recursos fósiles en su producción y evitan que, transcurridos
90 días, 90 por ciento del dióxido de carbono se desprenda.
En México se estima que por cada 4 mil 250 millones de bolsas que
se producen, hay una emisión de 58 mil 500 toneladas de bióxido
de carbono que se van a la atmósfera.
Empresas socialmente responsables, líderes en el
sector servicios de supermercado, han promovido el compromiso activo con
el ambiente, en especial con la reducción de gases con efecto invernadero
a través de la introducción de bolsas reutilizables que,
estiman las iniciativas, logran que se reduzcan 6 mil 392 toneladas de
gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
El consumo per cápita de bolsas de plástico
en el país tuvo un incremento de 100 por ciento en los últimos
años, pues todo lo que adquirimos se envuelve en ese material, que
tarda hasta 100 años en degradarse.
La comunidad internacional también se ha preocupado
por el volumen que representan las bolsas de plástico como residuo
sólido. Por ello ha impulsado instrumentos para desincentivar su
uso. Incluso, en países como China esta prohibido su uso. Algunos
ejemplos en la comunidad internacional son los siguientes:
Australia. Las prohíbe en algunas comunidades.
Bangladesh. Prohíbe el uso, la venta y la
fabricación.
Sanciona con 10 euros a quien utilice una bolsa de plástico.
Sanciona con 10 años de cárcel a quien
las fabrique.
Canadá. Prohíbe repartir o vender
bolsas plásticas de un único uso en las tiendas en Winnipeg,
so pena de multa por mil dólares canadienses.
Se impuso un impuesto de tres centavos canadienses para
cada bolsa de plástico que los vendedores repartiesen.
China. Prohíbe la producción de bolsas
ultrafinas.
Prohíbe el uso de bolsas en los supermercados.
Estados Unidos. Las prohíbe en San Francisco.
España. Se ha propuesto que para 2010 estén
prohibidas.
Francia. Como parte de su evaluación de
la propuesta de ley sobre la orientación agrícola, se integró
una enmienda que prohíbe la venta o la distribución de bolsas
y envases plásticos no biodegradable a partir del 1 de enero de
2010.
Israel, Taiwán y Singapur. Evalúan
la posibilidad de prohibir su uso.
Kenya. Pretende prohibir bolsas de plástico
ligeras y gravar las más gruesas.
Sudáfrica. Estableció un impuesto.
Reino Unido. El gobierno y más de 20 cadenas
de tiendas y supermercados llegaron a un acuerdo para reducir en 25 por
ciento el efecto ambiental de las bolsas plásticas para finales
de 2008, mediante incentivos para minimizar su uso entre los clientes.
Cada mexicano tiene un consumo per cápita anual de
20 kilogramos de plástico, en 2000 el consumo era de apenas 10.
De tal forma, el país es uno de los principales consumidores, que
enfrenta una desorganización y descontrol del volumen de producción,
entrega y circulación de estos bienes, particularmente por la diversidad
de sitios donde se proveen bolsas, desde mercados, tianguis o tiendas de
autoservicio hasta papelerías y tlapalerías.
Consideramos indispensable establecer responsabilidades
que permitan desincentivar el uso de bolsas de polietileno, ya que de cada
10 que se utilizan 9 son de plástico, y en consecuencia se estima
que consumimos más de 20 millones de bolsas al día.
Por todo lo anterior, considerando que las opciones para
que las empresas en general, productoras, vendedoras o comercializadoras
de bolsas plásticas transite a la producción, venta y enajenación
de bolsas más compatibles con el ambiente, deben contar con incentivos,
igual que los establecimientos que hacen uso de ellas como residuo, proponemos
la Ley para el Consumo Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente, como un
instrumento de política ambiental viable para todos los sectores
involucrados.
En la iniciativa no se establecen prohibiciones o limitaciones
de ningún tipo para el sector servicios, ya que consideramos que
es más útil que gravar con el cobro de impuestos la participación
conjunta de los sectores público y privado en el esquema de responsabilidad
compartida.
El Partido Verde fija un régimen de transición
para que los establecimientos usen bolsas biodegradables o reutilizables
y propone algunas medidas para reducir su uso y fomentar su reemplazo por
otras más respetuosas del ambiente y, al mismo tiempo, inhibe su
utilización en los consumidores.
Por lo expuesto, los que suscriben, Francisco Elizondo
Garrido y Luis Alejandro Rodríguez, diputados a la LX Legislatura
del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto
en los artículos 1o. y 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto,
séptimo y octavo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas
aplicables, someten a consideración de esta asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se expide la Ley para el Consumo
Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente
Artículo Único. Se expide la Ley
para el Consumo Sustentable de Bolsas de Uso Frecuente, para quedar como
sigue:
Artículo 1o. Se declaran de orden público
e interés general las disposiciones de esta ley, que se refieren
a la protección del ambiente en materia de prevención y gestión
integral de residuos de polietileno y plásticos en el territorio
nacional.
La presente tiene por objeto garantizar el derecho de
toda persona al ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable
a través de la prevención en la generación de residuos,
su valorización y disposición final.
Artículo 2o. Se prohíbe en todo el
territorio nacional la enajenación a título gratuito de bolsas
de polietileno y de cualquier otro material plástico convencional
por el que se elaboren bolsas plásticas, utilizadas y entregadas
por supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general para
transporte de productos o mercaderías, siempre que tengan por finalidad
un solo uso.
Se prohíbe la enajenación de bolsas de polietileno
y de cualquier otro material plástico convencional por el que se
elaboren bolsas plásticas, utilizadas y entregadas por supermercados,
autoservicios, almacenes y comercios en general que no cuenten con algún
mensaje o leyenda alusiva a concienciar al individuo sobre la adecuada
disposición de residuos o referencia sobre su efecto en el ambiente.
Artículo 3o. Los titulares de los establecimientos
comprendidos en la presente ley deberán proceder al reemplazo progresivo
de las bolsas plásticas a partir de 2009 por materiales que permitan
su reutilización, sean degradables o biodegradables por el ambiente
en un breve periodo.
Artículo 4o. Lo establecido en esta ley
lo será sin perjuicio de las disposiciones referentes en las Leyes
Generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Artículo 5o. Toda persona, física
o moral, que venda o entregue por cualquier título bolsas de plástico
deberán progresivamente reemplazar por materiales degradables, biodegradables
o que permitan su reutilización, considerando en ello los materiales
que resulten compatibles con la minimización del daño y deterioro
ambiental.
Artículo 6o. Toda persona física
o moral que fabrique o produzca bolsas destinadas a los fines citados en
el artículo segundo deberán adecuar su tecnología
para abastecer a los establecimientos que conforme a los artículos
primero y segundo se encuentren en el ámbito subjetivo de aplicación
de la presente ley.
Artículo 7o. La presente ley no será
aplicable cuando por cuestiones de asepsia, higiene o salud las bolsas
de polietileno y cualquier otro material plástico convencional deban
ser utilizadas para contener bienes que por su naturaleza o propiedades
no resulte factible la utilización de un sustituto degradable o
biodegradable en términos compatibles con la minimización
de su efecto.
Artículo 8o. Se establece el fondo de apoyos
para la sustitución tecnológica de bolsas, el cual se formará
de los recursos que al efecto disponga el Ejecutivo federal como parte
de la estrategia para el control de residuos y el combate del cambio climático,
cuyo monto no podrá ser inferior a las previsiones de cualquiera
de los programas de apoyo destinados en el Fondo Pyme.
Artículo 9o. Se establece una estrategia
para el control de estos residuos a cargo de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, la cual tendrá por objeto establecer
mecanismos para el reemplazo, desarrollo e implantación de sustitución
de los materiales citados en los artículos 2o. y 3o.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
expedirá los requisitos de elegibilidad para ser beneficiarios del
fondo de apoyos para la sustitución tecnológica de bolsas,
el cual financiará las opciones para el futuro de sustitución
y reemplazo de bolsas de plástico por materiales degradables o biodegradables.
En ningún caso podrán establecerse como
beneficiarios del fondo citado en el artículo precedente las personas,
físicas o morales, que no cuenten con un sistema de depósito
reembolso de bolsas plásticas.
Artículo 10. Corresponderá a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaría
de Economía, establecer los plazos y las condiciones para la efectiva
aplicación de la presente ley, los que nunca excederán de
tres años a partir de su promulgación, teniendo en cuenta
a tales efectos los sectores público y privado, las cámaras
empresariales y las empresas del sector.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
conforme al principio de responsabilidad compartida, se coordinará
con las otras dependencias y entidades de la administración pública
federal para realizar en conjunto:
1. Campañas de difusión y concienciación
sobre el uso racional del material no degradable o no biodegradable, para
el envase y la contención de los productos comercializados en dichos
establecimientos.
2. Invitar a otras empresas relacionadas con la comercialización
de productos a adecuarse a las exigencias de la presente ley.
3. Informar y capacitar a los destinatarios de esta ley
sobre las opciones que pueden sustituir los plásticos por materiales
biodegradable, asistiéndolas de forma gratuita e inmediata ante
sus requerimientos.
Artículo 11. La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales podrá recomendar a la de Economía
tomar medidas para que en los lugares donde se comercialicen o distribuyan
por cualquier título bolsas plásticas se informe a los consumidores
sobre las disposiciones a que se refiere la presente ley.
La Secretaría de Economía, a través
de la Procuraduría Federal del Consumidor, determinará la
calidad que deberán ofrecer las bolsas plásticas para los
consumidores de los establecimientos mercantiles. A tales efectos, se expedirán
normas oficiales mexicanas adecuadas para cada uso.
Artículo 12. La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales definirá y fijará los criterios
para determinar la degradabilidad o biodegradabilidad de los productos
sujetos a certificación en términos que resulten compatibles
con esta ley y, en lo general, contará con facultades de fiscalización
respecto a su cumplimiento.
La violación de las normas contenidas en la presente
ley o en su reglamentación constituye infracciones administrativas
graves, por lo que no se dispensarán la aplicación de sanciones
a los infractores.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. Se fija como plazo máximo a la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar
la adecuación a la presente reforma, y presentar el respectivo reglamento,
el de dos años.
Tercero. Se interpretan supletoriamente las Leyes
Generales del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y
General de Salud, en las definiciones a que aludan los enunciados de la
presente ley.
Cuarto. Se fija como plazo calendario para la sustitución
progresiva de bolsas plásticas por opciones con mayor capacidad
de biodegradación o degradación al ambiente el periodo 2009-2015,
para concluir en su mayor parte la sustitución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, a 31 de marzo de 2009.
Diputados: Francisco Elizondo Garrido, Luis Alejandro
Rodríguez, Manuel Salvador Salgado Amador, Diego Cobo Terrazas (rúbrica).
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, A CARGO
DEL DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ BECERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos
71, fracción II; 73, fracción XIV; 78, fracción III,
y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
la consideración del H. Congreso de la Unión la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo cuarto
transitorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de
la siguiente
Exposición de Motivos
Con base en el diccionario de la Real Academia Española;
Pirotecnia: Es la técnica de la fabricación y utilización
de materiales explosivos o fuegos artificiales; Arte de preparar explosivos
y fuegos artificiales. Actividad que consta en la fabricación de
dispositivos explosivos que generan flamas y chispas de colores al entrar
en combustión. Estos dispositivos son conocidos como fuegos artificiales
y son empleados en exhibiciones y festejos. Etimológicamente, "pirotecnia"
tiene sus raíces en las palabras griegas piros, fuego, y
techne, arte o técnica, y significa "el arte que trata de
todo género de invenciones de fuego".
Desde sus orígenes la pirotecnia se divide en dos:
la militar y la civil, aunque los mismos artificios que se empleaban para
los menesteres de la guerra servían para animar las fiestas y regocijos
de la paz.
En nuestro país la práctica de la pirotecnia
está muy arraigada a nuestra cultural y por ello es muy socorrida
en las festividades nacionales, religiosas, deportivas, etcétera.
Por otra parte, en México corresponde a la Secretaría
de la Defensa Nacional, por medio de las atribuciones concedidas por la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, reglamentar la fabricación,
almacenamiento, compra, venta y uso de estos artículos por su naturaleza.
En lo concerniente al ramo de la pirotecnia civil con fines recreativos
exclusivamente consideró deberían de reglamentarse de diferente
forma a las usadas para fines bélicos ya que estas son creadas con
fines exclusivamente recreativos y por personas ajenas y con una instrucción
diferente a las militares.
En nuestro país, la actividad de la pirotecnia
es una fuente de empleo muy grande, dándole trabajo a miles de artesanos
que viven de la elaboración y comercialización de estos artefactos.
La situación económica internacional y de nuestro país
exige un mayor apoyo a este sector para evitar que desaparezca, por lo
que considero de gran importancia reglamentar de una manera diferente a
las implementadas hasta el momento por la Ley Federal de Armas de Fuego,
esto con el fin de que sea más eficiente y expedito su control en
el ámbito civil y, al mismo tiempo, ofrezca mayor facilidad a los
artesanos pirotécnicos para poder llevar a cabo su trabajo bajo
mejores condiciones de seguridad en un ambiente pleno de legalidad.
Es por todo lo anterior, que someto a la consideración
del H. Congreso de la Unión, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto
Artículo Primero. Se adiciona un artículo
cuarto transitorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para
quedar como sigue:
Artículo Cuarto. Las disposiciones contenidas
en este ordenamiento no serán aplicables para el desarrollo de la
actividad artesanal de la pirotecnia, la cual contemplará el manejo,
almacenamiento, elaboración, compra, venta y uso de los artefactos
y productos.
Artículos Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Secretaría de
la Defensa Nacional dispondrá de treinta días naturales para
expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con el manejo, almacenamiento,
elaboración, compra, venta y uso de los artefactos y productos pirotécnicos
con fines artesanales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo
de 2009.
Diputado Santiago López Becerra (rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
73, 76 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ JESÚS REYNA GARCÍA
Y MAURICIO ORTIZ PROAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, José Jesús Reyna García
y Mauricio Ortiz Proal, diputados federales a la LX Legislatura del Congreso
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía
la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el
artículo 133 constitucional, en materia de jerarquía de los
tratados internacionales, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente existe la tendencia a otorgar un valor jerárquico
importante a los tratados internacionales entre los ordenamientos jurídicos
nacionales y, sobre todo, a tratados de derechos humanos.
Incluso, algunos países han llegado a otorgar la
misma jerarquía que la Constitución a tratados de derechos
humanos. Tal es el caso de la Constitución de la República
Argentina, la cual otorga en el artículo 75 (atribuciones del Congreso),
párrafo 22, el mismo rango que la Constitución a diversos
tratados internacionales. El artículo expresa lo siguiente:
Artículo 75. Corresponde al Congreso:
…
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás
naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con
la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior
a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención
sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia,
tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno
de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios
de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán
ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara
para gozar de jerarquía constitucional.1
La doctrina distingue cuatro tipos de jerarquización
de las normas internacionales: a) supranacional, por ejemplo, la Constitución
de Guatemala, en materia de derechos humanos, da jerarquía superior
a dichos tratados por sobre la Constitución misma; b) constitucional,
por ejemplo, la Constitución de Argentina confiere a diversos tratados
la jerarquía constitucional, con el señalamiento de que dichos
tratados no derogan artículo alguno de la primera parte de su Constitución,
etcétera; c) supralegal, por ejemplo, la Constitución de
Costa Rica confiere superioridad jerárquica a los tratados por sobre
las leyes nacionales (pero debajo de la Constitución); y d) legal,
como es el caso de Estados Unidos, así como las Constituciones influidas
por ella. Esta última implica que los tratados y las leyes tienen
la misma jerarquía frente al derecho interno.
La Constitución de Guatemala establece que "el
principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia
sobre el derecho interno" (artículo 46).2
La Constitución de Costa Rica establece en el artículo
7o.: "Los tratados públicos, los convenios internacionales y los
concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán
desde su promulgación o desde el día que ellos designen,
autoridad superior a las leyes".3
La Constitución de Estados Unidos indica: "Esta
Constitución, y las leyes de Estados Unidos que se expidan con arreglo
a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad
de Estados Unidos serán la suprema ley del país, y los jueces
de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier
cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes
de cualquier Estado" (artículo seis, párrafo 2).4
La interpretación que se ha hecho del artículo es que los
tratados tienen el mismo rango que las leyes de Estados Unidos.
Esta última interpretación primó
en México hasta 1999, año en que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación cambió su criterio: "Los tratados internacionales
se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de la ley fundamental
y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación
del artículo 133 constitucional deriva de que estos compromisos
internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen
a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se
explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República
para suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado
y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad
de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga
a sus autoridades".5
En 2007, la corte reafirmó esta tesis: "Los tratados
internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución
federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la
medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo
dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de
derecho internacional consuetudinario pacta sunt servanda, contrae
libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden
ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento
supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional".6
Es decir, la corte, al interpretar el artículo
133 constitucional, ha dado un valor jerárquico importante a los
tratados internacionales, lo cual reafirma la tendencia internacional que
hemos anotado.
El iusinternacionalista Manuel Becerra ha expresado: "Lo
más saludable sería reformar el artículo 133 de la
Constitución para terminar con interpretaciones tortuosas y establecer
claramente los alcances de los tratados en el orden jurídico interno.
Si México está decidido a una internacionalización,
no hay razón para no remozar, adecuar dicho artículo 133
a las condiciones actuales del mundo. ¿Cuál debería
ser la dirección de la reforma? En principio, los tratados deberían
ser aprobados por el Congreso; eso sería sano y fortalecería
la democracia. Además, con eso se daría pie a considerar
que los tratados prevalecen frente a la legislación interna, después
de la Constitución".7
Ese autor apunta a lo que podríamos llamar "refuerzo
de la democracia". Es decir, si los tratados internacionales son derecho
vigente para todo el país y además tienen un rango superior
a las leyes nacionales, saludable sería que fueran aprobados por
el Congreso en su conjunto.
Loreta Ortiz señala: "La jerarquía que debería
corresponder a los tratados en la pirámide jurídica que establece
nuestro artículo 133 constitucional sería la ubicación
de los tratados en materia de derechos humanos al mismo nivel de la Constitución"
y "los tratados sobre otras materias deberían ubicarse jerárquicamente
en un estrato inferior a la Constitución".8
En suma, esta iniciativa propone a) facultar al Congreso
General para aprobar los tratados; b) dar a los tratados un rango infraconstitucional
y supralegal; y c) dar rango constitucional a los tratados que versen sobre
derechos humanos.
Por lo expuesto, nos permitimos someter a consideración
de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 73,
mediante adición de una fracción; se reforma el artículo
76, mediante derogación del segundo párrafo de la fracción
I; y se adiciona un párrafo al artículo 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 73. El Congreso tiene facultad
I. a XXIX-N. …
XXX. Aprobar los tratados internacionales y convenciones
diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como
su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar,
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre ellos.
XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias,
con objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras
concedidas en esta Constitución a los Poderes de la Unión.
Artículo 76. Son facultades
exclusivas del Senado
I. Analizar la política exterior desarrollada
por el Ejecutivo federal con base en los informes anuales que el presidente
de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan
al Congreso.
Derogado
II. a XII. …
Artículo 133. Esta Constitución,
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
tratados que estén de acuerdo con ella, celebrados y que se celebren
por el presidente de la República, con aprobación del Senado,
serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada
estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados,
a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones
o leyes de los estados.
Los tratados tienen jerarquía superior a las
leyes. Los tratados que versen sobre derechos humanos tendrán el
mismo rango que esta Constitución.
Transitorio
Único. El presente
decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. Véase http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_nacional.pdf
[Consulta: marzo de 2009].
2. Véase http://www.oas.org/Juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf
[Consulta: marzo de 2009].
3. Véase http://www.tramites.go.cr/manual/espanol/legislacion/ConstitucionPolitica.pdf
[Consulta: marzo de 2009].
4. Véase, http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html
[Consulta: marzo de 2009]
5. SCJN, novena época, instancia: pleno, fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, noviembre de
1999, página 46, tesis P. LXXVII/99, tesis aislada, "Tratados internacionales.
Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en
un segundo plano respecto de la Constitución federal", en http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=192867&cPalPrm=TRATADOS,&cFrPrm=
[Consulta: marzo de 2009].
6. SCJN, novena época, instancia: pleno, fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, abril de 2007,
página 6, tesis P. IX/2007, tesis aislada, "Tratados internacionales.
Son parte integrante de la ley suprema de la unión y se ubican jerárquicamente
por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación
del artículo 133 constitucional", en http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=172650&cPalPrm=TRATADOS,&cFrPrm=
[Consulta: marzo de 2009].
7. Becerra Ramírez, Manuel. Derecho internacional
público, McGrawHill, México, 1997, página 11.
8. Ortiz Ahlf, Loreta, Derecho internacional público,
tercera edición, Oxford, México, 2004, página
74.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de
marzo de 2009.
Diputados: José Jesús Reyna García,
Mauricio Ortiz Proal (rúbricas).
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
18 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, A CARGO DE LA DIPUTADA
SILVIA LUNA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Silvia Luna Rodríguez, diputada de la LX Legislatura
del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Nueva
Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción
II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos,
y en los correlativos 55, fracción II, 56 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
solicita se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo
segundo del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El desempeño de nuestra economía en las
últimas décadas, con un crecimiento promedio cercano al 2
por ciento, ha tenido un efecto negativo sobre los salarios que en estos
años han perdido gran parte de su poder adquisitivo.
En el contexto actual, el Banco de México reporta
que la inflación acumulada en 2008 llegó a 6.53 por ciento,
más del doble de la cifra proyectada en los criterios generales
de política económica para este mismo año, con la
perspectiva de un incremento para el presente año superior al proyectado,
fenómenos que se suman al bajo crecimiento para 2008 y crecimiento
negativo esperado para 2009 cercano al -4 por ciento o mayor.
Con estos indicadores, es evidente que el poder adquisitivo
de los trabajadores sufre un deterioro permanente. De acuerdo a la Organización
Internacional del Trabajo,1
México es uno de los países de América Latina que
no han superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años.
Por lo que podemos afirmar que nuestro país presenta una tasa de
crecimiento negativo de los salarios.
Esta preocupante situación seguirá presente
durante 2009, con el agravante del alto desempleo que se espera como producto
de la recesión de nuestra economía. Según el Inegi,
la tasa de desempleo se sitúa en estos momentos por arriba del 4
por ciento de la población económicamente activa, y se estima
que en 2009 se perderán alrededor de 500 mil empleos.
Adicionalmente a estos preocupantes procesos económicos
que afectan negativamente el ingreso de los trabajadores, en octubre de
2008 el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro
para el Retiro, Moisés Schwartz Rosental, informó, al comparecer
en la Cámara de Diputados, lo siguiente: Los recursos invertidos
en las sociedades de inversión de las administradoras de fondos
para el retiro (Siefore) han tenido una minusvalía de 53 mil millones
de pesos.2
Tal declaración es absolutamente grave, ya que
atenta directamente contra el bienestar presente y futuro de los trabajadores.
Sólo recordemos que con esta situación se afecta negativamente
a 38.9 millones de cuentas.3
Adicionalmente, en un reporte generado por el Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas se afirma que las comisiones por
el manejo de las cuentas se han incrementado en 200 por ciento, a pesar
de que las ganancias reportadas superan los 14 mil millones de pesos.
Como se puede ver, los trabajadores que cuentan con una
administradora de fondos para el retiro (Afore) perdieron en 2008 por partida
doble: primero, derivado de las turbulencias financieras, sus ahorros tuvieron
una merma de más de 100 mil millones de pesos; y segundo, porque
las administradoras aumentaron las comisiones 200 por ciento en promedio.
El escenario se deteriora rápidamente y obliga
al legislador a tomar medidas urgentes que posibiliten la eliminación
total de las comisiones que cobran las Afore.
En este contexto, el Estado mexicano está obligado
a compensar, proteger y, sobre todo, detener el deterioro del ahorro de
los trabajadores y crear expectativas económicas que den estabilidad
en el ingreso, mejorando el perfil de distribución de la renta hacia
un esquema más equitativo y favorable a los trabajadores.
Nuestras instituciones deben procurar el bienestar de
nuestra población. Un buen gobierno es, entre otras cosas, el que
tiene la capacidad de dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad.4
Por lo anterior, y esperando una respuesta pronta y positiva,
propongo la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo
18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro
Artículo Único. Se modifica el segundo
párrafo del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro para quedar en los siguientes términos:
Artículo 18. ...
Las administradoras deberán eliminar del cobro
de comisiones a las aportaciones voluntarias y efectuar todas las gestiones
que sean necesarias para la obtención de una adecuada rentabilidad
y seguridad en las inversiones de las sociedades de inversión que
administren. En cumplimiento de sus funciones, atenderán exclusivamente
al interés de los trabajadores y asegurarán que todas las
operaciones que efectúen para la inversión de los recursos
de dichos trabajadores se realicen con ese objetivo.
Transitorio
Único. El decreto entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Notas
1. Panorama laboral de América Latina y el
Caribe, OIT.
2. Excélsior, 30 de octubre de 2008, página
1.
3. El Financiero, 16 de octubre de 2008, página
5.
4. Kaufman, Kraay y Zordo (2000), La gobernabilidad
es fundamental: del análisis a la acción. Finanzas y
Desarrollo, FMI, página 10.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
31 de marzo de 2009.
Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
44 Y ADICIONA UNO TRANSITORIO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, SUSCRITA
POR LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS MURILLO TORRES Y GUSTAVO RAMÍREZ
VILLARREAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, José Luis Murillo Torres y Gustavo
Ramírez Villarreal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, diputados federales a la LX Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les otorga
lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II,
y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración
de ésta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo
44, se reforma éste en su último párrafo y se agrega
un transitorio a la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos dispone, en su artículo 21:
…La seguridad pública es una función a
cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios,
que comprende la prevención de los delitos; la investigación
y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción
de las infracciones administrativas, en los términos de la ley,
en las respectivas competencias que esta Constitución señala.
La actuación de las instituciones de seguridad pública se
regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán
de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público
y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:...
…
Asimismo, en su artículo 73, fracción
XXIII, dispone:
Articulo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de
coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los
estados y los municipios, así como para establecer y organizar a
las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad
con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.
En la actualidad, uno de los problemas que más están
afectando a nuestra sociedad es el de la inseguridad, que se percibe hasta
en los rincones más alejados de nuestro territorio nacional. Este
fenómeno lesiona la integridad física y moral, además
del patrimonio de las personas, altera el estado de derecho, promueve la
corrupción entre quienes integran las instituciones públicas,
desalienta la inversión y debilita la base competitiva del sector
productivo nacional y, por tanto, disminuye el potencial de crecimiento
económico de nuestro país.
La seguridad pública es un bien que debe ser provisto
por el Estado mexicano, con la finalidad de cumplir con la función
esencial de proteger a las personas y a sus bienes, permitiendo así
el desarrollo del país.
Pensar en un eficiente sistema público de seguridad
no solamente asegura la integridad física de las personas, sino
que brinda y da protección a sus bienes e inversiones, también
contribuye a la cimentación de un estado de derecho cuyos beneficios
se traducen en un ambiente propicio para que los individuos y las empresas
desarrollen sus actividades productivas en nuestro territorio.
El objetivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
ha sido el de fortalecer la coordinación de los tres órdenes
de gobierno y hacia el interior del las propias dependencias del gobierno
federal. No hay duda de que hay avances en el fortalecimiento de las instituciones
policiales y de la propia coordinación, sin embargo, la sola apreciación
de los hechos, de los que cotidianamente dan cuenta los medios de comunicación
nos muestran que el saldo general es francamente negativo.
Para nadie es desconocido el notable incremento de los
hechos violentos en diversas entidades del país, mismos que nos
obligan a establecer como prioridad el revisar todos los aspectos normativos
relacionados con la función del Estado de brindar seguridad pública,
para establecer una verdadera política pública en esta materia.
Los recursos económicos destinados a ese fin,
así como los requisitos de distribución, también deben
ser analizados y modificados, ya que los esquemas vigentes de asignación
a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal, sobre todo para los municipios,
no han dado los resultados esperados, lo anterior en virtud de que las
transferencias de éstos recursos a los Municipios es trasladada
a la decisión final de las entidades federativas, que pueden o no
hacerlas, en mayor o menor medida, sin responder a un mandato expreso de
la Ley de Coordinación Fiscal.
Por tanto, es necesario proponer nuevos esquemas que
permitan destinar los recursos a los rubros que se han identificado como
los que más impacto positivo tendrían en su aplicación
en pro de la seguridad pública.
En este sentido, debemos tomar en cuenta algunos antecedentes
históricos para poder entender la situación actual que guarda
la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
En la década de los setenta se sentaron las bases
para crear un sistema nacional de coordinación fiscal, que proporcionara
una clara normatividad que permitiera armonizar el sistema tributario,
buscando eliminar en lo posible la concurrencia impositiva y tratando de
consolidar las finanzas de los distintos niveles de gobierno. Asimismo,
en 1980 se gesta una importante reforma fiscal que cambia por completo
el esquema tributario vigente hasta ese momento, sustituyendo el impuesto
federal sobre ingresos mercantiles por el impuesto al valor agregado; asimismo,
se crea la Ley de Coordinación Fiscal, que da formalidad y norma
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que nació hace
25 años, y da paso al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se convirtió
en el principal instrumento regulador de las relaciones fiscales intergubernamentales,
buscando acciones que mejoren la equidad y simplicidad del sistema tributario
y tratando de dar mayor fortaleza a las finanzas estatales y municipales.
En sus orígenes, el sistema se centró en la distribución
de ingresos fiscales; sin embargo, hoy en día se ha manifestado
en una ampliación de las relaciones intergubernamentales hacia los
ámbitos de gasto y deuda pública, lo que hace evidente la
importancia y trascendencia del Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal y su funcionamiento.
El Sistema de Coordinación Fiscal vigente se distingue
por dos elementos sustanciales: la concentración de las más
amplias fuentes impositivas en el orden federal, y la normatividad que
establece la Ley de Coordinación Fiscal; para que funcione
el sistema fiscal, pese al sacrificio económico que significó
para los gobiernos locales perder la mayoría de sus contribuciones,
la Ley de Coordinación Fiscal estableció el sistema de
participaciones federales y a través de este sistema el gobierno
federal participa a las entidades de la recaudación de contribuciones
federales; con su creación se logró consolidar la coherencia,
unidad y complementariedad al sistema tributario nacional.
Fue a finales de 1997 cuando se dio un paso trascendental
para el proceso de descentralización del gasto público federal,
con motivo de la reforma y adición del Capítulo V a la Ley
de Coordinación Fiscal, que se tradujo en la creación de
la figura de "aportaciones federales para entidades federativas y municipios",
incorporándolo al Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 1998.
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal fue, como ya se mencionó,
incorporado al Presupuesto de Egresos de la Federación en 1998 y
entró en vigor a partir de 1999. En el FASP se concentraron los
recursos que el Gobierno Federal Transfiere a los Estados y Municipios
para su ejercicio en acciones en materia de seguridad pública.
La Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos
25, fracción VII, 44 y 45 establece la existencia y destino del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal, el cual se constituye con cargo a recursos federales,
mismos que son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de
la Federación (Ramo General 33).
Conforme al artículo 44 de la Ley de Coordinación
Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal, se entregarán a las entidades
federativas por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y se distribuirán de
acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, a propuesta de "la secretaría", utilizando para
la distribución de los recursos los siguientes criterios: el número
de habitantes de los estados y del Distrito Federal, el índice de
ocupación penitenciaria; la tasa de crecimiento anual de indiciados
y sentenciados, así como el avance de aplicación del Programa
Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización,
equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura,
de acuerdo con el precepto legal antes citado.
De lo anterior mencionado en los preceptos citados,
en ningún momento se desprende la obligatoriedad de las entidades
federativas de asignar un porcentaje de éste Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública hacia los Municipios; por lo que se hace
indispensable modificar el actual esquema de distribución de los
recursos públicos que se destinan para atender la seguridad pública
en el Presupuesto de Egresos de la Federación; esto es, adicionando
y reformando el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal,
con la finalidad de que sea lo más explícita respecto a la
obligación de las entidades federativas para asignar y distribuir
recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a los
Municipios.
Al dejar bien establecido en la ley éste criterio,
se estaría estimulando el ejercicio responsable y proactivo que
en materia de seguridad pública tienen los municipios.
Como ya se citó, la finalidad del Sistema Nacional
de Seguridad Pública ha sido fortalecer la coordinación de
los tres órdenes de gobierno y hacia el interior de las propias
dependencias del gobierno federal. Por lo que en éste tenor considero
necesario modificar la normatividad relativa a la asignación de
los recursos económicos destinados a brindar seguridad pública,
y definir los criterios de distribución de éstos, hacia los
municipios.
Por otra parte y con la finalidad de evitar la duplicación
en la entrega de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Municipal, se propone un transitorio en el sentido de la aplicación
de los recursos, buscando con esto que los municipios no utilicen los recursos
derivados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, en
aquellos casos donde los rubros se repitan con los del Programa de Subsidio
para la Seguridad Pública Municipal, lo que aplicaría para
los municipios que hubieren sido beneficiados con dicho programa
En atención a lo expuesto, con fundamento en el
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, Fracción II, del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de
Diputados el siguiente proyecto de
Decreto
Primero. Se adiciona un párrafo cuarto al
artículo 44, se reforma el último párrafo del mismo
artículo y se agrega un transitorio a la Ley de Coordinación
Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 44.- El Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá
con cargo a recursos Federales, que serán determinados anualmente
en el presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría
de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración
de dicho fondo.
…
…
Los municipios recibirán de las entidades federativas,
dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, el 20 por ciento de
los recursos que hayan sido asignados a éstas, por medio del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal; siendo los Consejos Locales de Seguridad Pública quienes
deberán aprobar los criterios conforme a los cuales se asignará
a los municipios éste fondo en el marco del Programa Estatal de
Seguridad Pública. Los municipios destinaran dichos recursos exclusivamente
al reclutamiento, selección, evaluación y depuración
de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública,
al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los policías
preventivos o de custodia de los centros de reclusión, al establecimiento
y operación de la Red Nacional de Telecomunicaciones e Informática
para la Seguridad Pública y el servicio telefónico nacional
de emergencia, a la construcción, mejoramiento o ampliación
de las instalaciones para las tareas exclusivas de seguridad pública,
de los centros de reclusión; así como de las instalaciones
de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación;
al seguimiento y evaluación de los programas señalados; asimismo,
los municipios deberán aportar los recursos suficientes para sumar
cuando menos el 20 por ciento del total de una bolsa en la que los recursos
federales transferidos representarán el restante 80 por ciento,
siendo que el citado 20 por ciento se destinará a los rubros arriba
citados.
…
Los estados, municipios y el Distrito Federal reportarán
trimestralmente a la Secretaría de Seguridad Pública federal
el ejercicio de los recursos del fondo y el avance en el cumplimiento de
las metas, así como las modificaciones realizadas a los convenios
de colaboración y sus anexos técnicos en la materia; en este
último caso deberán incluirse los acuerdos del respectivo
Consejo Estatal de Seguridad Pública o el acuerdo correspondiente
del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como la justificación
sobre las adecuaciones a las asignaciones previamente establecidas.
Transitorios
Primero. Los municipios no podrán utilizar
los recursos derivados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y el Distrito Federal en aquellos casos donde los rubros
de destino de gasto se repitan con los del Programa de Subsidio para la
Seguridad Pública Municipal, tal es el caso de la profesionalización,
equipamiento e infraestructura.
Segundo. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a
31 de Marzo del 2009
Diputados: José Luis Murillo Torres, Gustavo
Ramírez Villarreal (rúbricas)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
1o. DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, Y 10, 11 Y
113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ
JESÚS REYNA GARCÍA Y MAURICIO ORTIZ PROAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los suscritos, José Jesús Reyna García
y Mauricio Ortiz Proal, diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida
en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someten a consideración del Pleno de esta honorable Cámara
de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica
el artículo 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única,
y los artículos 10, 11 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Estamos inmersos en un entorno de competencia global,
dentro de un planeta que parece achicarse debido a los adelantos tecnológicos
que acortaron tiempos y reducen las distancias entre regiones de producción
y consumo. La globalización ha llevado no solamente a las empresas,
sino además a los gobiernos a buscar atraer y retener inversión,
creación de bienes y servicios y, por ende, empleos.
En este contexto de inexorable apertura económica
donde, tanto las personas, como las empresas y los gobiernos deben competir
eficazmente para no quedarse rezagados se enmarca la iniciativa de ley
en materia de tasas impositivas.
Los impuestos – quiérase o no – son hoy un arma
para competir o aniquilar las ventajas competitivas en la producción
de servicios: pueden ser palanca de desarrollo o contribuir a desaparecer
empresas y, con ello, empleos.
La cercanía entre países y regiones derivada
de la globalización induce a una elasticidad cruzada entre tasas
impositivas de países que compiten por atraer inversión,
planta productiva y empleo.
De acuerdo a un estudio elaborado por el Instituto Panamericano
de Alta Dirección de Empresas, a través de su área
de Entorno Económico, la carga del sistema tributario de México
a impuestos corporativos ha sido el factor determinante para disparar la
evasión y la elusión. Recordemos que hace apenas siete años
la carga para la empresa era superior a 45 por ciento entre ISR, PTU y
otros impuestos, muy por encima de la mayoría de los países
del mundo, más aún de los países con los que México
compite directamente.1
Sin duda, la globalización ha agudizado la necesidad
de competir a través de tasas impositivas,2
dentro de la extendida clasificación de países, por rangos
de impuestos –países entre el 12 y el 19 por ciento, países
entre el 20 y el 29 por ciento y países entre el 30 y 39 por ciento,
a México le corresponde competir con aquellos que pagan tasas entre
el 12 y el 19 por ciento.
La iniciativa busca modificar una parte de nuestro actual
sistema tributario para hacernos más competitivos como país.
Implica simplificación, ampliación indirecta de la base gravable,
contribuciones equitativas que no inhiban sino que fomenten la formación
de capital y la inversión. La disminución en tasas no implica
necesariamente menor recaudación, ello debido a la indirecta ampliación
de la base gravable y a la menor evasión y elusión, así
como a la atenuación de los efectos adversos de la crisis mundial.
La tendencia mundial de países con aceptables índices
de crecimiento es a la creación de pocos impuestos que pese a ser
menos en número alcancen un gran nivel recaudatorio. Ampliar la
base gravable a través de sistemas de recaudación y administración
menos costosos tanto para los contribuyentes como para hacienda.
Son varios los casos de países en que las contribuciones
de tasas bajas y ocasionalmente únicas, con una amplia base de recaudación
—sin exenciones, ni tratos diferenciados— han permitido fortalecer su recaudación
tributaria total.
La problemática actual del sistema de contribuciones
sigue siendo similar a la que existía en 2007 –previa a la presentación
del CETU que acabó por transformarse en IETU– toda vez que éste
ha sido la propia Secretaría de Hacienda, quien reconoció
que el estimado de captación fiscal ha sido 28.57 por ciento menor
al estimado.3
Y el ministro Ortiz Mayagoitia reconoció más de 38 mil casos
entre personas morales y físicas que se ampararon contra el Impuesto
Empresarial a Tasa Única.
En nuestra opinión, parte del problema ha sido
que se incursionó en un intento de impuesto de tasa única,
sin terminar de modificar los criterios para que los beneficios propios
de este tipo de sistemas aparecieran.
La experiencia histórica en México, confirmada
por la experiencia mundial en la materia, nos advierte que las tasas altas
de impuestos inhiben aún más el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, crean incentivos para mayor elusión y evasión
fiscales, desalientan la actividad productiva y, a la postre, en lugar
de producir mayor recaudación dejan como saldo una caída
en los ingresos tributarios, una mayor expansión de la informalidad
y el ya mencionado deterioro del tejido social y en la relación
entre el Estado y los ciudadanos.
Además, tasas más altas de impuesto son
incompatibles con las exigencias de la competitividad y la productividad
que impone la globalización económica y recaerían
especialmente sobre los contribuyentes cautivos.
En síntesis, además de ser ineficaz e inaceptable
políticamente el alto grado y poco extendido pago de impuestos a
personas físicas y empresas cautivas, ellas están haciendo
retroceder la competitividad del sistema tributario. Todo esfuerzo es pequeño
para dotar a México de un sistema competitivo en el escenario mundial,
apto para atraer y retener inversiones productivas y generadoras de empleos.
De ahí que hoy optemos por el llamado tasa única, que realmente
lo sea.
A favor de los impuestos de tasa única se encuentran
la simplificación de las contribuciones, que reduce los costos administrativos
del sistema fiscal y promueve el cumplimiento de las obligaciones fiscales
por parte de los contribuyentes. La fácil y rápida identificación
respecto a las obligaciones fiscales, reduciendo los costos asociados a
su cumplimiento y control, tanto para los contribuyentes como para las
autoridades, el trato fiscal semejante para contribuyentes que estén
en iguales condiciones económicas y que tenga la virtud de gravar
más a quien tenga mayor capacidad contributiva, así como
el hecho de promover tasas impositivas comparables a las que prevalecen
en los países que compiten con el nuestro en el mercado de capitales
y en los mercados de exportación de bienes. Los instrumentos tributarios
que se prefieren en este contexto de competitividad global son aquellos
que no castiguen, sino que promuevan la inversión, el empleo y no
distorsionen el costo del capital.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
según señala la propia Ley del Impuesto Empresarial a Tasa
Única 4
prevé realizar un estudio que muestre un diagnóstico integral
sobre la conveniencia de derogar los Títulos II y IV, Capítulos
II y III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; la iniciativa contribuye
a dar cumplimiento a esta previsión, toda vez que la situación
económica de crisis demanda acciones fuertes y concretas que tiendan
aún más a acelerar la actividad económica. La tasa
del ISR, con tendencia a desaparecer, estaría siendo disminuida,
a fin de que se dé un periodo de transición y no hacerlo
de manera abrupta.
De conformidad con lo expuesto, nos permitimos someter
a consideración de este honorable Pleno la siguiente
Iniciativa que reforma el artículo 1 de la Ley
del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los artículos 10,
11 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Primero. Se reforma el último párrafo
del artículo primero de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única
para quedar como sigue:
Artículo 1. …
I. …
II. ...
III. ...
…
El impuesto empresarial a tasa única se calcula
aplicando la tasa de 15 por ciento a la cantidad que resulte de disminuir
de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades a que se
refiere este artículo, las deducciones autorizadas en esta ley.
Segundo. Se reforman los artículos 10, primer
párrafo, y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar
como sigue:
Artículo 10. Las personas morales deberán
calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido
en el ejercicio la tasa de 21 por ciento.
Artículo 11. Las personas morales que distribuyan
dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que
corresponda a éstos, aplicando la tasa establecida en el artículo
10 de esta ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos
se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar
en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto
que se debe adicionar a los dividendos y utilidades, éstos se deberán
multiplicar por el factor de 1.2658 y al resultado se le aplicará
la tasa establecida en el citado artículo 10 de esta ley.
…
Artículo 113. Quienes hagan pagos por los
conceptos a que se refiere este capítulo están obligados
a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter
de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará
retención a las personas que en el mes únicamente perciban
un salario mínimo general correspondiente al área geográfica
del contribuyente.
La retención se calculará aplicando a la
totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente
Tarifa
...
Transitorios
Artículo Primero. El decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Notas
1 Cifra que sale al sumar los impuestos entonces vigentes,
incluidos el ISR, el PTU, entre otros.
2 Clausing, KA (2007). Corporate Tax Revenues in OECD
Countries, International Tax and Public Finance, 14:115-133.
3 Datos dados a conocer por el subsecretario de Hacienda;
José Antonio Meade declaró en entrevista en el programa Fórmula
Financiera del 21 de enero de 2009
4 Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, Artículo
Décimo Noveno. Estudio sobre la derogación de los títulos
II y IV, Capítulos II y III de la LISR
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
31 de marzo de 2009.
Diputados: José Jesús Reyna García,
Mauricio Ortiz Proal (rúbricas).
QUE REFORMA EL ARTÍCULO
18 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García
González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos presenta ante esta soberanía, iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de acuerdo con la siguiente
Exposición de Motivos
El 30 de diciembre de 2002 se publicó la Ley para
el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.
Ese ordenamiento tiene por objeto promover el desarrollo
económico nacional a través del fomento a la creación
de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y el apoyo para
su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Este esfuerzo
legislativo, consolida a nivel de ley todos los apoyos al sector empresarial
y asegura su aplicación de largo plazo.
En esta ley se contempla la figura del Consejo Nacional
para la Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, que tiene como finalidad ser la instancia que materialice los
programas, instrumentos y acciones encaminados para apoyar a las Mipymes.
Este consejo actualmente lo integran 31 personas que representan
a los sectores involucrados en los apoyos al sector empresarial del país.
Incluye diversas secretarías de Estado, la banca de desarrollo,
a los secretarios de Desarrollo Económico de las entidades federativas,
a los presidentes de las confederaciones de las cámaras empresariales
nacionales y de los estados más importantes, asimismo a los representantes
del sector obrero, y a otras personas invitadas que inciden en el cumplimiento
de los objetivos de la ley.
Sin embargo, el consejo no ha venido funcionado de una
manera rápida y eficiente, en virtud del número de integrantes
con los que cuenta; es difícil juntarse y ponerse de acuerdo. Por
lo que se propone que el número de integrantes sea menor, de 12
personas, pero sin limitar la participación de los demás
sectores y organismos que podrían auxiliar en las tareas propias
del consejo y de la ley.
Así las cosas, se plantea que el consejo cuente
con los siguientes miembros permanentes por parte del gobierno federal;
el secretario de Economía, que lo presidirá, el secretario
de Hacienda, el secretario de Educación, el secretario del Trabajo
y el subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, y por la banca
de desarrollo los directores de Nacional Financiera y del Banco de Comercio
Exterior.
En cuanto al sector privado se prevé que los presidentes
de la Confederación de Cámaras Industriales; de la Confederación
Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo; de la Cámara
Nacional de la Industria de Transformación, y la Confederación
Patronal de la República Mexicana sigan siendo los invitados permanentes.
Y por parte de los secretarios de Desarrollo Económico de los estados
continuarían teniendo representación pero a través
de su presidente o de la persona que se designe para tal efecto.
Asimismo, se espera que el consejo pueda invitar a otros
representantes del sector público y de los demás sectores
que coadyuven en los apoyos y programas para el fortalecimiento de las
Mipymes, por lo que no se estaría limitando la participación
de ningún sector, gremio o comunidad; al contrario, se está
abriendo la puerta para que cuando hayan propuestas o cambios en las diferentes
actividades productivas o comerciales del país, los personas o sectores
puedan acudir ante el consejo a presentar sus comentarios o ideas al respecto.
Así pues, estamos seguro que con este cambio el
Consejo Nacional para la Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa trabajará más rápido y ágilmente
en beneficio de las empresas del país.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del honorable Congreso
de la Unión la siguiente iniciativa:
Decreto por el que se reforma el artículo 18
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa
Artículo Único. Se reforma el artículo
18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 18. El consejo estará conformado
por 12 integrantes:
I. El secretario de Economía, quien lo
presidirá;
II. El secretario de Hacienda y Crédito
Público;
III. El secretario de Educación Pública;
IV. El secretario del Trabajo y Previsión
Social;
V. El subsecretario para la Pequeña y Mediana
Empresa de la Secretaría de Economía;
VI. El director general de Nacional Financiera,
SNC;
VII. El director general del Banco Nacional de
Comercio Exterior, SNC;
VIII. Un representante de los secretarios de Desarrollo
Económico o su equivalente en el Distrito Federal y en las Entidades
Federativas;
IX. El presidente de la Confederación Nacional
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos;
X. El presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo;
XI. El presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana;
XII. El presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación;
El consejo podrá invitar a participar en las
sesiones, con voz pero sin voto, a representantes del sector público,
del sector privado, social y del conocimiento, miembros de los consejos
estatales y demás especialistas que incidan y coadyuven en el cumplimiento
de los objetivos de esta ley.
Por cada uno de los miembros propietarios se deberá
nombrar un suplente, en el caso de las dependencias y entidades de la administración
pública federal, deberá tener al menos el nivel de director
general o su equivalente.
En las ausencias del presidente del consejo, el subsecretario
para la pequeña y mediana empresa asumirá dichas funciones.
Artículo Único. El presente decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
los 31 de marzo de 2009.
Diputado Carlos Alberto García González
(rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, A CARGO
DEL DIPUTADO CHRISTIAN MARTÍN LUJANO NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
El suscrito, diputado de la LX Legislatura de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Christian Martín
Lujano Nicolás, en uso de las facultades que le confieren los artículos,
71 fracción II y 73 fracciones XXIX-E y XXX de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 56 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración de la Cámara de Diputados la presente
iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El presente decreto de reformas y adiciones tiene como
tema central la protección a los derechos de los consumidores, toda
vez que de acuerdo con la ley marco de la materia la protección
a sus derechos es un asunto de orden público e interés social,
por tratarse de derechos irrenunciables dentro del marco de la equidad,
la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores
y consumidores.
Para la presente propuesta se han tomado en consideración
los principios básicos que rigen las relaciones entre los consumidores
y proveedores, y se recalca que la protección a la vida, la salud
y la seguridad del consumidor contra riesgos provocados por productos y
servicios peligros o nocivos es una de las prioridades en la agenda social
y económica de nuestro grupo parlamentario.
Asimismo, es menester dejar claro que los productos y
servicios que se comercializan en el país deben contar con información
adecuada y clara sobre sus características, composición,
calidad y precio, pues de lo contrario se dejaría en claro estado
de indefensión y se pondría en alto riesgo a los consumidores.
Debemos garantizar que los consumidores estén protegidos plenamente
frente a la publicidad engañosa y abusiva, así como frente
a los métodos comerciales basados en la manipulación y el
engaño.
Creemos que la efectiva prevención y reparación
de los daños patrimoniales y morales, individuales y colectivos,
son una prioridad en el marco jurídico de protección a los
consumidores, por lo que la presente propuesta toma en consideración
este y otros principios básicos para fundamentarla.
Luego de haber dejado claro todo lo anterior, se procede
a explicar el problema central que motiva la presente iniciativa.
En la actualidad la publicidad en los medios masivos de
comunicación hace muy sencillo que los proveedores difundan y promuevan
sus bienes y servicios entre los consumidores, dirigiendo sus esfuerzos
publicitarios hacia el nicho de mercado prioritario que deseen, toda vez
que pueden elegir canales de televisión, horarios y duración
de su publicidad, en función de sus objetivos de venta y sus estrategias
de mercadeo.
Sin embargo, este proceso resultado de la conjunción
armónica entre ventas y mercadotecnia, no siempre tiene por objeto
ofrecer los mejores bienes y servicios hacia los consumidores, sino todo
lo contrario; esto es, posicionar productos que no son ni útiles
ni benéficos para los consumidores, pero que su comercialización
genera grandes utilidades y por lo tanto, se les promociona a través
de publicidad engañosa y abusiva que se escuda en la actual redacción
de la legislación marco, para poder manipular la mente del consumidor
sin incurrir en faltas o violaciones a la ley de la materia.
Claro ejemplo de este problema son los llamados "infomerciales"
que son una mezcla sincrética entre publicidad, drama, teatro, mercadotecnia
y producción televisiva. Elaboraremos un poco más sobre este
punto.
Mediante la compra de espacios televisivos de larga duración,
en contraste con el anuncio publicitario promedio que dura sólo
unos cuantos segundos, que por veinte, treinta o cuarenta minutos, presentan
todo un programa de televisión para promocionar un producto o servicio,
que generalmente tiene propiedades o cualidades milagrosas.
Dichos "informerciales" combinan la opinión de
supuestos "expertos" que opinan sobre las maravillas que puede generar
el producto (expertos que nunca se sabe a ciencia cierta si son especialistas
imparciales o expertos remunerados por el proveedor para que emitan una
opinión favorable sin bases); más los testimonios de supuestos
"clientes satisfechos" que hablan sobre el beneficio recibido desde que
consumen o utilizan el producto o servicio anunciado (sin que pueda constatarse
fehacientemente si ese testimonio es verídico y verificable o simplemente
una mera coincidencia o acontecimiento fortuito que no puede ser demostrado);
junto con gráficos y animaciones que exageran notoriamente los beneficios
de los productos en cuestión, generalmente dramatizando sus beneficios
pero cuidando mucho el lenguaje con frases como:
-"…el producto es formidable y maravilloso y en la mayoría
de los casos funciona".
-"…el producto es increíble, a mí si me
funcionó, yo creo que a ti también te funcionaría".
Sin que pueda verificarse ni el testimonio, ni la afirmación
y con el claro dolo de parte del proveedor porque está cuidadosamente
diciendo que el producto no siempre funciona, no siempre resulta y que
quizá el cliente podría no obtener los resultados deseados,
pero lo hace con tal cuidado que el consumidor se ve engañado e
inducido mediáticamente a efectuar la compra.
Por lo anterior, se propone hacer las modificaciones legales
que a continuación se detallan, porque no es justo ni admisible
que los proveedores aprovechen su posición de mercado y la magia
de la televisión para manipular a los consumidores explotando muchas
veces su inexperiencia o ignorancia sobre los temas relativos al producto
o servicio de que se trata.
Como legisladores tenemos la obligación de atender
las necesidades de la gente y en este caso, la obligación moral
y política de proteger a los consumidores de los abusos del poder
económico, pues no es posible que el consumidor quede atrapado entre
las esferas de competencia del derecho civil y el derecho administrativo
(del consumidor) sin la adecuada protección a sus derechos.
Se trata de un problema de publicidad que resulta en un
vicio del consentimiento de los actos jurídicos que combina según
el caso, el error, el dolo, la mala fe y la lesión.
Por lo tanto y reconociendo que el derecho civil tutela
parcialmente los derechos de los consumidores, esta reforma pretende adecuar
el marco del derecho público para atender de forma prioritaria a
los consumidores desde el ámbito de protección de las normas
de orden público e interés social.
En concreto, las presentes adiciones y reformas consisten
en lo siguiente:
En primer lugar y toda vez que la Procuraduría
Federal del Consumidor (la procuraduría), órgano descentralizado
de la administración pública federal encargado de aplicar
la ley marco, tiene entre sus atribuciones la posibilidad de aplicar medidas
precautorias sobre la esfera jurídica de los proveedores y sus bienes
y servicios comercializados, cuando se afecte o pueda afectar la vida,
la salud, la seguridad o la economía de los consumidores, se propone
modificar la redacción actual del artículo 25 Bis de la Ley
Federal de Protección al Consumidor para establecer un procedimiento
especial para la aplicación de las medidas precautorias.
A saber, con la redacción actual del referido numeral,
las medidas precautorias deben ser siempre aplicadas mediante un procedimiento
que podría ser considerado como lento y obsoleto, después
de transcurrido un plazo para desahogar la garantía de audiencia
de los proveedores que en la propia ley se establecen, dejando en estado
de riesgo e indefensión temporal a una colectividad de consumidores,
toda vez que si se considera que los anuncios en televisión del
tipo de los ya mencionados "infomerciales" llegan a millones de potenciales
consumidores, esperar que se desahoguen los procedimientos que la ley actualmente
contempla para la aplicación de medidas precautorias, para el momento
en el que la medida se llevara a cabo, el daño patrimonial y moral
que los consumidores podrían sufrir derivado de la lenta reacción
de la procuraduría, podría resultar casi irreversible.
Por lo tanto la propuesta que en la presente iniciativa
se presenta, está orientada a crear una hipótesis normativa
que regule los llamados "casos de urgencia" y por lo tanto, un procedimiento
ejecutivo y expedito para la aplicación de medidas precautorias
y sanciones que permita a la Procuraduría reaccionar de inmediato,
dejando a salvo los derechos del proveedor para defenderse y manifestar
lo que a su derecho convenga en una audiencia a posteriori.
Si bien es cierto que este tipo de propuestas lesiona
aparentemente la garantía de audiencia de los proveedores, también
es cierto que se está considerando en todo momento lo establecido
en el artículo 14 constitucional relativo a las formalidades esenciales
del procedimiento, por lo que el procedimiento para "casos de urgencia
"que se propone en la presente iniciativa otorga este beneficio para los
proveedores, pero en un momento procesal diferente, pues la propuesta pone
como interés superior la protección del consumidor y la prevención
de riesgos, sobre el interés comercial de los proveedores, sin caer
en una inconstitucionalidad ni en una lesión a los intereses ni
de una ni de otra parte.
Por lo tanto, al artículo 25 Bis se le cambia la
redacción de su segundo párrafo para dejar claro que el procedimiento
que actualmente se tiene para la aplicación de las medidas precautorias,
es para los casos normales, como una regla general, pero dejando ver que
existe un caso excepcional para los llamados "casos de urgencia".
Asimismo, en la redacción del propio artículo
se establece en un propuesto último párrafo, la definición
de lo que debe entenderse por "casos de urgencia", los cuales serán
según la propuesta aquéllos en los que haya la presunción
de que podrían estarse cometiendo violaciones de las consideradas
como graves por la ley marco, además de que esto hubiere sido hecho
del conocimiento de la procuraduría por quejas de los consumidores
y no por verificaciones ordinarias elaboradas por funcionarios de la procuraduría,
toda vez que se comprende que por cuestiones presupuestales y de estructura
la procuraduría no está en condiciones de verificar todos
y cada unos de los productos y servicios que están a la venta en
el mercado, por lo que se presume que cuando un consumidor de queja de
alguna conducta de lo que podría resultar en una violación
grave a la ley de referencia, se aplicaría un procedimiento especial
para dilucidar rápidamente el asunto y resolver a favor de la justicia
y la equidad entre proveedores y consumidores, evitando daños y
perjuicios que pudieran resultar irreparables para los consumidores.
De ésta manera y en congruencia con la modificación
anterior, se adiciona el artículo 92 de la Ley Federal de Protección
al Consumidor, para que dentro de las hipótesis normativas para
devolver las cantidades pagadas a los consumidores proceda en los casos
en los que los productos que fueron adquiridos, hubieran sido adquiridos
mediante los efectos de publicidad en medios masivos de comunicación,
atribuyéndoles cualidades, propiedades, beneficios o características
milagrosas que no se cumplieron al momento de utilizar el producto de referencia.
Para tales efectos se propone la adición de la fracción II
Bis.
En este sentido, se propone modificar la redacción
tanto para el artículo 98 Ter como para el artículo 123 para
establecer que ambos son reglas generales que contienen procedimientos,
pero dejando en claro que cabe el supuesto hipotético normativo
que ya se mencionó de los "casos de urgencia", pues en dichos casos,
seguiría mediando la propuesta de referencia del procedimiento ejecutivo
y expedito para proteger al consumidor.
También y en congruencia con las propuestas de
modificaciones anteriores, se propone se adicionar el artículo 128
Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que dentro
de las hipótesis de las llamadas violaciones graves a la ley, se
encuentre el caso de publicidad engañosa y abusiva, lo que también
conlleva a modificar la redacción actual del artículo 32
adicionando un segundo párrafo que incluya como parte de la publicidad
engañosa, el uso de testimoniales que no sean verificables y que
únicamente sean empleadas para manipular la mente del consumidor
e impulsarlo a comprar o adquirir bienes y servicios que normalmente no
hubieran comprado, de no ser por los supuestos testimoniales de propiedades
o cualidades milagrosas de los productos y servicios ofertados.
Además, a la parte final del artículo 32
se le agregó una frase que es congruente con la modificación
al artículo 128 Ter, estableciendo que los engaños publicitarios
constituyen violaciones graves a la ley marco de protección al consumidor.
Ahora bien, para que pueda aplicarse el llamado procedimiento
para casos de urgencia, se modificó la redacción del artículo
128 Quater anunciando que cabe la aplicación del procedimiento propuesto,
que aparece regulado en el propuesto nuevo artículo 123 Bis de la
Ley Federal de Protección al Consumidor.
Como ya se mencionó la propuesta de crear un procedimiento
expedito y ejecutivo para los "casos de urgencia", retoma el procedimiento
ordinario regulado por la actual ley, pero le invierte el orden de sus
fases, quedando primero la aplicación de la sanción o medida
precautoria y después la audiencia para que el proveedor se defienda
exhibiendo las pruebas y medios que requiera para acreditar sus intereses
y causas. Asimismo, el procedimiento propuesto permite que la procuraduría
pueda levantar la sanción o la medida precautoria con posterioridad,
si el proveedor acredita la legalidad de su proceder.
Por lo tanto y de conformidad con las manifestaciones
y explicaciones vertidas en la presente exposición de motivos, se
propone el presente decreto que adiciona y modifica diversas disposiciones
de la Ley Federal de Protección al Consumidor en los siguientes
términos:
Decreto
Artículo Primero. Se reforman los artículos
25 Bis, 32, 92, 98 Ter, 123, 128 Ter y 128 Quarter de la Ley Federal de
Protección al Consumidor; modificando la redacción del segundo
párrafo del artículo 25 Bis y adicionándole un último
párrafo al mismo numeral; insertando un segundo párrafo a
la redacción actual del artículo 32, recorriendo sus demás
párrafos y adicionándole un último párrafo
al mismo numeral; insertando una fracción II Bis al primer párrafo
del artículo 92; modificando la redacción del párrafo
único del artículo 98 Ter; modificando la redacción
del párrafo único de artículo 123; insertando una
fracción I Bis al párrafo único del artículo
128 Ter, y adicionando un último párrafo al artículo
128 Quarter, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor,
para quedar como sigue:
Artículo 25 Bis. La procuraduría
podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte
o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de
una colectividad de consumidores:
I. Inmovilización de envases, bienes,
productos y transportes;
II. El aseguramiento de bienes o productos en términos
de lo dispuesto en el artículo 98 Ter de esta ley;
III. Suspensión de la comercialización
de bienes, productos o servicios;
IV. Colocación de sellos de advertencia,
y
V. Ordenar la suspensión de información
o publicidad a que se refiere el artículo 35 de esta ley.
Salvo en los casos de urgencia, las medidas precautorias
se dictarán conforme a los criterios que al efecto expida la procuraduría
y dentro del procedimiento correspondiente en términos de lo dispuesto
en el artículo 57 y demás relativos de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización; así como cuando se advierta
que se afecta o se puede afectar la economía de una colectividad
de consumidores en los casos a que se refiere el artículo 128 Ter
o cuando se violen disposiciones de esta ley por diversas conductas o prácticas
comerciales abusivas, tales como: el incumplimiento de precios o tarifas
exhibidos; el condicionamiento de la venta de bienes o de servicios; el
incumplimiento de ofertas y promociones; por conductas discriminatorias
y por publicidad o información engañosa. En el caso de la
medida precautoria a que se refiere la fracción IV de este precepto,
previo a la colocación del sello respectivo, la procuraduría
aplicará la medida a que se refiere el artículo 25, fracción
I, de esta ley. Tales medidas se levantarán una vez que se acredite
el cese de las causas que hubieren originado su aplicación. En su
caso, la procuraduría hará del conocimiento de otras autoridades
competentes la aplicación de la o las medidas a que se refiere este
precepto.
Se consideran casos de urgencia, aquéllos en los
que las presuntas violaciones a esta ley sean de las consideradas como
graves y que medien quejas de los consumidores sobre éstas. En estos
casos, la procuraduría podrá aplicar estas medidas precautorias
de inmediato y sin mayor trámite o dilación para evitar mayores
daños y perjuicios a los consumidores, dejando a salvo los derechos
de quienes resulten afectados por esta media, para realizar las aclaraciones
pertinentes de conformidad con los procedimientos establecidos en la presente
ley.
Artículo 32. La información o publicidad
relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier
medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos,
diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen
y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión
por engañosas o abusivas.
Asimismo, los testimonios o narraciones que se difundan
para promover características, cualidades, propiedades o beneficios
de los bienes, productos o servicios, deberán ser también
comprobables y no inducir al error ni a la confusión por engañosas
o abusivas.
Para los efectos de esta ley, se entiende por información
o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características
o información relacionadas con algún bien, producto o servicio
que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por
la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa
en que se presenta.
La información o publicidad que compare productos
o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser
engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo
anterior. La Procuraduría podrá emitir lineamientos para
la verificación de dicha información o publicidad a fin de
evitar que se induzca a error o confusión al consumidor.
Las violaciones al presente artículo constituyen
violaciones graves a la presente ley.
Artículo 92. Los consumidores tendrán
derecho, a su elección, a la reposición del producto o a
la devolución de la cantidad pagada, contra la entrega del producto
adquirido, y en todo caso, a una bonificación o compensación,
en los siguientes casos:
I. Cuando el contenido neto de un producto o
la cantidad entregada sea menor a la indicada en el envase, recipiente,
empaque o cuando se utilicen instrumentos de medición que no cumplan
con las disposiciones aplicables, considerados los límites de tolerancia
permitidos por la normatividad;
II. Si el bien no corresponde a la calidad, marca,
o especificaciones y demás elementos sustanciales bajo los cuales
se haya ofrecido o no cumple con las normas oficiales mexicanas;
II Bis. Cuando el producto adquirido, fue anunciado
en medios masivos de comunicación, atribuyéndole cualidades,
propiedades, beneficios o características que no se cumplieron en
los términos y condiciones en lo que fueron difundidos,
III. Si el bien reparado no queda en estado adecuado
para su uso o destino, dentro del plazo de garantía, y
IV. En los demás casos previstos por esta
ley.
En los casos de aparatos, unidades y bienes que por sus características
ameriten conocimientos técnicos, se estará al juicio de peritos
o a la verificación en laboratorios debidamente acreditados.
Si con motivo de la verificación la procuraduría
detecta el incumplimiento de alguno de los supuestos previstos por este
precepto, podrá ordenar que se informe a los consumidores sobre
las irregularidades detectadas para el efecto de que puedan exigir al proveedor
la bonificación o compensación que corresponda, en los términos
del artículo 98 Bis.
Artículo 98 Ter. Salvo en los casos de
urgencia que se regulan en la presente ley, la procuraduría
podrá ordenar el aseguramiento de bienes o productos que se comercialicen
fuera de establecimiento comercial cuando no cumplan con las disposiciones
aplicables, conforme al procedimiento que al efecto se establezca y que
se publique en el Diario Oficial de la Federación, y lo hará
del conocimiento de las autoridades competentes a fin de que adopten las
medidas que procedan.
Artículo 123. Salvo en los casos de urgencia
que se regulan en la presente ley, para determinar el incumplimiento
de esta ley y en su caso para la imposición de las sanciones a que
se refiere la misma, la Procuraduría notificará al presunto
infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un
término de diez días hábiles para que rinda pruebas
y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no rendirlas,
la Procuraduría resolverá conforme a los elementos de convicción
de que disponga.
Cuando la procuraduría detecte violaciones a normas
oficiales mexicanas e inicie el procedimiento a que se refiere este precepto
en contra de un proveedor por la comercialización de bienes o productos
que no cumplan con dichas normas, notificará también al fabricante,
productor o importador de tales bienes o productos el inicio del procedimiento
previsto en este artículo. La procuraduría determinará
las sanciones que procedan una vez concluidos los procedimientos en cuestión.
La procuraduría admitirá las pruebas que
estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo podrá
solicitar del presunto infractor o de terceros las demás pruebas
que estime necesarias.
Concluido el desahogo de las pruebas, la procuraduría
notificará al presunto infractor para que presente sus alegatos
dentro de los dos días hábiles siguientes.
La procuraduría resolverá dentro de los
quince días hábiles siguientes.
Artículo 128 Ter. Se considerarán
casos particularmente graves:
I. Aquellos en que de seguir operando el proveedor,
se pudieran afectar los derechos e intereses de un grupo de consumidores;
I Bis. Las violaciones en materia de publicidad
a que se refiere el artículo 32 de la presente ley;
II. Cuando la infracción de que se trate
pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de un grupo de
consumidores;
III. Aquellas infracciones que se cometan en relación
con bienes, productos o servicios que por la temporada o las circunstancias
especiales del mercado afecten los derechos de un grupo de consumidores;
IV. Aquellas conductas que se cometan aprovechando
la escasez, lejanía o dificultad en el abastecimiento de un bien
o en la prestación de un servicio;
V. Cuando se trate de productos básicos
de consumo generalizado, como alimentos, gas natural o licuado de petróleo,
gasolina o productos sujetos a precio máximo o a precios o tarifas
establecidos o registrados por la Secretaría o por cualquiera otra
autoridad competente, y
VI. La reincidencia en la comisión de infracciones
a los artículos señalados en el artículo 128 de esta
ley.
Artículo 128 Quater. Se sancionará con
la prohibición de comercialización de bienes o productos,
cuando habiendo sido suspendida ésta, se determine que no es posible
su acondicionamiento, reproceso, reparación o sustitución,
o bien cuando su comercialización no pueda realizarse conforme a
las disposiciones de esta ley.
En el caso de lo dispuesto en el párrafo anterior,
la procuraduría podrá ordenar la destrucción de los
bienes o productos que correspondan.
Tratándose de servicios, la prohibición
de comercialización procederá cuando habiendo sido suspendida,
no se garantice que su prestación pueda realizarse conforme a las
disposiciones de esta ley.
Para la ejecución de las disposiciones contenidas
en el presente artículo, podrá aplicarse también el
procedimiento para casos de urgencia que se regula en la presente
ley en los términos establecidos.
Artículo Segundo. Se crea e inserta un artículo
123 Bis en la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedad
como sigue:
Artículo 123 Bis. En los casos de urgencia
a que se refiere la presente ley la imposición de las sanciones
y medidas precautorias a las que se refiere la misma, la procuraduría
podrá ejecutar las medias correspondientes e imponer las sanciones
que resulten necesarias por el caso de urgencia, sin observar el
procedimiento del artículo anterior; en lugar de ello se sustanciará
un procedimiento especial por medio del cual después de ejecutada
la medida en cuestión, se le otorgará un término de
diez días hábiles para que rinda pruebas y manifieste por
escrito lo que a su derecho convenga. Entonces la procuraduría procederá
a determinar si se revocan o modifican las sanciones y medidas que hubieran
sido aplicadas, teniendo en cuenta en todos los casos el interés
superior de los consumidores y la gravedad y la reincidencia de las violaciones
a la presente ley, siguiendo las reglas para admisión, desahogo
de pruebas y resolución que establece el artículo previo.
Transitorio
Artículo único. El presente decreto
de reformas y adiciones, entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
los 31 días del mes de marzo de 2009.
Diputado Christian Martín Lujano Nicolás
(rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
36 Y 59 DE LA LEY ADUANERA, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS YADHIRA YVETTE TAMAYO
HERRERA, LETICIA DÍAZ DE LEÓN TORRES Y MA. DE LOS ÁNGELES
JIMÉNEZ DEL CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscritas, diputadas federales de la LX Legislatura
del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Partido Acción
Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71,
fracción II; 135, y demás relativos aplicables de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Aduanera, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En virtud de que se crea el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, con la finalidad de establecer objetivos nacionales, estrategias
y prioridades que son base para los programas sectoriales, especiales,
institucionales y regionales que fortalecen los mecanismos y estrategias
del desarrollo económico de nuestro país, debemos destacar
que los tratados de libre comercio celebrados primordialmente con la unión
Europea, han sido un instrumento básico para el crecimiento del
sector comercial, y un factor importante para la creación de más
y mejores empleos.
Ahora bien, toda vez que la Secretaría de Economía,
con apoyo de la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones,
en el 2007 identificaron los principales problemas que afectaban a las
empresas exportadoras respecto a las operaciones aduaneras, es importante
señalar que México día a día ha buscado ser
uno de los países más competitivos y equitativos, con la
finalidad de fortalecer las relaciones económicas, comerciales y
empresariales con otros países de la Unión Europa, mediante
el incremento de la competitividad y la capacidad exportadora de las pequeñas
y medianas empresas mexicanas y europeas, a través de las acciones
puntuales en materia de asistencia técnica, capacitación
y transformación de tecnología.
De ahí que los recursos de infraestructura tecnológica,
implementados por la Secretaría de Economía, mediante sus
programas informáticos, permitan agilizar los trámites administrativos,
así como optimizar los recursos y la simplificación de operaciones,
impulsando el mantenimiento y almacenamiento de información de páginas
electrónicas y alojamiento de servidores de alto rendimiento con
el objeto de brindar un mejor servicio en operaciones de comercio exterior;
por ello, es necesario hacer las reformas a la Ley Aduanera, respecto a
la exhibición de documentos en los trámites aduaneros.
En ese sentido, es importante someter a consideración
de este congreso la presente iniciativa, que pretende hacer modificaciones
a la Ley Aduanera, con la finalidad, de salvaguardar los intereses de quienes
se dedican o pretendan incursionar en el ámbito comercial, evitando
así enfrentarse a trámites burocráticos, que no contravengan
las normas aplicables a la importación, en virtud de que estas fueron
creadas para regular y responder a las expectativas de los importadores
mexicanos.
Aunado a lo anterior, toda vez que el pasado 31 de marzo
de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto
por el que se considera conveniente otorgar a los usuarios del comercio
exterior agilidad y simplificación en sus operaciones, para el aprovechamiento
de los mecanismos previstos por los tratados comerciales, es importante
destacar que el objetivo primordial es eliminar la barrera burocrática
e impulsar a los importadores con menor capacidad administrativa para que
dispongan de procedimientos simplificados que constituyan una herramienta
fundamental que facilite la administración y operación en
los procesos aduaneros y de comercio exterior.
En esa tesitura y en apoyo a la propuesta presentada por
el Ejecutivo federal respecto al Programa Especial de Mejora de la Gestión
en la Administración Pública Federal, que tiene el propósito
de brindar a los ciudadanos trámites más ágiles y
menos engorrosos, es importante esta reforma a la Ley Aduanera; en virtud
de que, si bien a la entrada en vigor del decreto por el que se otorgan
facilidades administrativas en materia aduanera y de comercio exterior
se ha reducido un número considerable de trámites aduanales,
también lo es que al no hacerse las modificaciones respectivas al
articulado de esta ley, se deja en total estado de indefensión al
importador que es requerido de documentación innecesaria y al enfrentamiento
de un conflicto burocrático.
En virtud de lo anterior, es indispensable poner a consideración
de esta soberanía la siguiente iniciativa con
Proyecto de Decreto
Artículo único. Se reforma el último
párrafo del artículo 59 y se adicionan un segundo párrafo
del inciso d) de la fracción I del artículo 36, y un párrafo
segundo al artículo 59 de la Ley Aduanera.
Artículo 36.
I. . . .
a) a c). ...
d). ...
No será exigible al agente apoderado aduanal
la presentación del certificado de origen de las mercancías
para efectos de la aplicación de las cuotas compensatorias a que
se refiere el párrafo anterior. Sin embargo, el importador deberá
contar con dicho documento, para los efectos de quedar exento del pago
a que se refiere el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior.
e) a g). ...
II. ...
Artículo 59. ...
I. a III. ...
IV. ...
Únicamente deberán inscribirse al padrón
de importadores de sectores específicos, cuando se trate de la importación
de mercancías que puedan representar un riesgo en materia de salud
pública y seguridad nacional, bajo las mismas características
del párrafo anterior.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable
a las importaciones efectuadas por pasajeros, por empresas de mensajería
y paquetería y por vía postal, cuando se efectúe el
despacho de las mismas conforme al procedimiento simplificado que se establece
en el artículo 88 de esta ley.
Transitorios
Primero. La siguiente reforma entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo
de 2009.
Diputadas: Yadhira Yvette Tamayo Herrera, Leticia
Díaz de León Torres, Ma. de los Ángeles Jiménez
del Castillo (rúbricas)