• De la Comisión de Desarrollo Social, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para el desarrollo integral y sustentable de la sierra nororiental de Puebla

• De la Comisión de Desarrollo Social, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para el desarrollo integral y sustentable de la sierra norte de Puebla

• De la Comisión de Desarrollo Social, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla

• De la Comisión de Desarrollo Social, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para el desarrollo regional sustentable de la sierra Negra y el valle Tehuacán de Puebla

• De la Comisión de Desarrollo Social, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo al Programa Integral de Alimentación en Hidalgo

• De la Comisión de Desarrollo Social, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a implantar de manera urgente los apoyos comprometidos con los damnificados por el huracán Dean, del municipio de Tulancingo, Hidalgo

• De la Comisión de Desarrollo Social, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al secretario federal de Desarrollo Social a implantar programas de apoyo que atiendan a las personas discapacitadas del país

• De las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se firme un acuerdo entre Petróleos Mexicanos y el gobierno de Veracruz y municipios que cuentan con instalaciones de la paraestatal, para su desarrollo económico, social y ambiental

• De las Comisiones de Energía, y de Recursos Hidráulicos, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se propone citar a comparecer a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua

• De la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a Cofepris a realizar las investigaciones y pruebas respecto a las llamadas bebidas energéticas y remita a la autoridad competente sus conclusiones, para que prohíba su comercialización

• De la Comisión de Seguridad Social, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social a permitir la apertura del turno vespertino en el servicio de estomatología y la creación de una sala de expulsión en la unidad de medicina familiar número 18, situada en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas

• De la Comisión de Seguridad Social, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar al Consejo Técnico del IMSS que prorrogue la atención médica, de los trabajadores y de sus familias, 22 semanas adicionales al plazo de conservación de derechos, establecido en la Ley del Seguro Social

• De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al director general del IMSS a tomar las medidas necesarias a fin de que en el centro médico La Raza y en todo el instituto se ponga fin a todo tipo de conductas discriminatorias en contra de las trabajadoras, en particular contra de las médicas residentes de la especialidad maxilofacial, en pleno respeto de sus derechos humanos, incluidos los laborales

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Social presenta a consideración de esta honorable asamblea proyecto de dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

El 8 de abril de 2008, los diputados Alberto Amador Leal y Wenceslao Herrera Coyac presentaron al Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para el desarrollo integral y sustentable de la sierra nororiental de Puebla, que fue turnada en esa fecha por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen.

Contenido del punto de acuerdo

Se exhorta a los gobiernos federal y de Puebla a incluir en el ejercicio de los programas propios y los concurrentes las siguientes obras y programas prioritarios:

Que la Comisión de Desarrollo Social, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social de los gobiernos federal y del estado y de los 28 municipios de la región, realice el Foro para el desarrollo integral y sustentable de la sierra nororiental de Puebla, a más tardar en la segunda quincena de mayo, con sede en los municipios de Teziutlán y Zacapoaxtla, Puebla.

Consideraciones

Que el planteamiento que hacen los promoventes lo motivan en el supuesto hecho de que la propuesta de declaratoria de las zonas de atención prioritaria, de acuerdo con lo que establece el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, no se ha realizado por el Ejecutivo federal.

Que la declaratoria de las zonas de atención prioritaria hecha por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para el año fiscal de 2008 fue publicada el jueves 13 de diciembre de 2007, en los términos legales, en el Diario Oficial de la Federación.

Que en la declaratoria referida quedaron incorporados mil 251 municipios cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Que de los mil 251 municipios que integran las zonas de atención prioritaria, 150 corresponden a Puebla, y de éstos fueron incorporados 24 de los 28 que integran la región de la sierra nororiental poblana.

Que, de conformidad con el artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social, la declaratoria de las zonas de atención prioritaria tiene como propósito

Respecto al segundo supuesto del punto de acuerdo, éste carece de metodología para la realización del foro que se plantea. Además, no se establecen objetivos ni metas; no hay una propuesta de programa ni, mucho menos, una temática por desarrollar; no se específica a quién está dirigido el encuentro propuesto; no se proporciona un presupuesto de los gastos que el acto generaría, ni se indica quién los cubriría; y no específica quién llevaría la organización general del acto, entre otros.

De los análisis que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social han llevado a cabo se concluye que el punto de acuerdo planteado por los promoventes no es de aprobarse, en virtud de que ha quedado sin materia.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo presentada por los diputados Alberto Amador Leal y Wenceslao Herrera Coyac para que se haga un exhorto a los gobiernos federal y de Puebla a incluir en el ejercicio de los programas propios y concurrentes obras y programas prioritarios, y para que la Comisión de Desarrollo Social, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social de los gobiernos federal y del estado y de los 28 municipios de la región, realice el Foro para el desarrollo integral y sustentable de la región sierra nororiental de Puebla, a más tardar en la segunda quincena de mayo, con sede en los municipios de Teziutlán y Zacapoaxtla, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Raúl García Vivián, Martín Óscar González Morán, Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge Quintero Bello, Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).
 
 
 

SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Social presenta a consideración de esta honorable asamblea proyecto de dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

El 11 de abril de 2007, los diputados María Esther Jiménez Ramos, Alberto Amador Leal y Wenceslao Herrera Coyac presentaron al Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para el desarrollo integral y sustentable de la sierra norte de Puebla.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la proposición referida a la Comisión de Desarrollo Social a efecto de realizar los estudios y la elaboración del dictamen correspondiente:

Contenido del punto de acuerdo

Exhortar a los gobiernos federal y de Puebla a incluir en el ejercicio de los programas propios y los concurrentes una serie de obras y programas prioritarios en Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlan, Aquixtla, Camocuautla, Chiconcuautla, Chignahuapan, Coatepec, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Olintla, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlaxco, Tlapacoya, Venustiano Carranaza, Xicotepe, Zacatlán, Zihuateutla y Zongolica.

Los programas se refieren a promoción y crecimiento económico y del empleo; ampliación de la oferta educativa; garantizar salud para toda la población; preservar el ambiente, los recursos naturales y el ordenamiento urbano; y vivienda.

Los diputados proponentes plantearon que la Comisión de Desarrollo Social, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social de los gobiernos federal, del estado y de los 35 municipios de la región, realice el Foro para el desarrollo integral y sustentable de la sierra norte de Puebla, a más tardar en la segunda quincena de mayo, con sede en Zacatlán y Huauchinango, Puebla.

Consideraciones

El punto de acuerdo presentado se finca en la omisión que tuvo el Ejecutivo federal, en 2007, para publicar las zonas de atención prioritaria que refiere el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

De conformidad con el artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social, la declaratoria de las zonas de atención prioritaria tiene como propósito

Con relación al segundo punto de la propuesta, en la que los diputados promoventes solicitan que la Comisión de Desarrollo Social, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social de los gobiernos federal, del estado y de los 35 municipios de la región, realice el Foro para el desarrollo integral y sustentables de la sierra norte de Puebla, a más tardar en la segunda quincena de mayo, con sede en Zacatlán y Huauchinango, Puebla, se desprenden las siguientes observaciones:

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo presentada por los diputados María Esther Jiménez Ramos, Alberto Amador Leal y Wenceslao Herrera Coyac para el desarrollo integral y sustentable de la sierra norte de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Raúl García Vivián, Martín Óscar González Morán, Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge Quintero Bello, Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Desarrollo Social presenta a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de dictamen conforme a los siguientes

Antecedentes

El 26 de abril de 2007, el diputado Alberto Amador Leal presentó al Pleno de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla, que fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de desarrollo Social para su estudio y dictamen.

Con fecha 23 de mayo de 2007 la Comisión de Desarrollo Social recibió el punto de acuerdo ya referido.

Contenido del punto de acuerdo

Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2007 las obras prioritarias siguientes correspondientes al programa Hábitat.

Consideraciones

El punto de acuerdo fue presentado ante el Pleno de esta soberanía, por su autor, el 26 de abril de 2007, y entregado para su estudio a la Comisión de Desarrollo Social el 23 de mayo del mismo año.

El Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba anualmente; el correspondiente al año fiscal 2007 fue aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 22 de diciembre de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de ese mismo año.

El punto de acuerdo resulta improcedente en razón de que fue presentado cuatro meses después de haberse aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2007.

De los análisis que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Social han llevado a cabo, concluye que el Punto de Acuerdo planteado por el diputado Alberto Amador Leal ha quedado sin materia.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Alberto Amador Leal para el desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Raúl García Vivián, Martín Óscar González Morán, Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge Quintero Bello, Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE LA SIERRA NEGRA Y EL VALLE TEHUACÁN DE PUEBLA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la Comisión de Desarrollo Social presenta a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de dictamen conforme a los siguientes

Antecedentes

El miércoles 30 de abril de 2008, el diputado Alberto Amador Leal presentó al Pleno de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para el desarrollo regional sustentable de la Sierra Negra y valle de Tehuacán de Puebla, que fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Desarrollo Social para su estudio y dictamen.

Con fecha 21 de mayo de 2008, la Comisión de Desarrollo Social recibió el Punto de Acuerdo ya referido.

Contenido del punto de acuerdo

Que la Comisión de Desarrollo Social, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social de los gobiernos federal y del estado y de los 42 municipios de la región, realice el Foro para el desarrollo integral y sustentable de la región Sierra Negra-valle de Tehuacán de Puebla, a más tardar en la primera quincena de junio del presente año, con sede en los municipios de Ajalpan y Tehuacán, Puebla.

En el marco del Sistema de Planeación se promueva la ejecución de programas para el desarrollo, integral e incluyente de las regiones prioritarias.

Se dé cumplimiento al artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

Consideraciones

La propuesta que ha presentado el diputado Alberto Amador Leal, presenta algunas inconsistencias como es el hecho de señalar en su exposición de motivos que la propuesta de declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria no se ha realizado por parte del Ejecutivo federal; más adelante señala "En el decreto de la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para 2008, del Diario Oficial del jueves 13 de diciembre de 2007, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social hace la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para 2008, con un total de mil 251 municipios cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social; dichos municipios. De esta clasificación se consideran 150 de Puebla, de los cuales 29 municipios están dentro de la región de Tehuacán".

La Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria, para el ejercicio de 2008, fue publicada en el en Diario Oficial de la Federación el día 13 de diciembre de 2007, dándose cumplimiento en tiempo y forma a lo establecido por el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

De conformidad con el artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social, la declaratoria de las zonas de atención prioritaria tiene como propósito:

De los análisis que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social han llevado a cabo, concluye que el punto de acuerdo planteado por el diputado Alberto Amador Leal, no es de aprobarse.

Por las consideraciones anteriormente expuestas la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Alberto Amador Leal para que la Comisión de Desarrollo Social, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social de los gobiernos federal y del estado y de los 42 municipios de la región, realice el Foro para el Desarrollo Integral y Sustentable de la Región Sierra Negra-valle de Tehuacán de Puebla, a más tardar en la primera quincena de junio del presente año, con sede en los municipios de Ajalpan y Tehuacán, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Raúl García Vivián, Martín Óscar González Morán, Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge Quintero Bello, Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROGRAMA INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN EN HIDALGO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Desarrollo Social presenta a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

El trece de diciembre del año dos mil siete, el diputado federal por el estado de Hidalgo Lorenzo Daniel Ludlow Kuri presentó al Pleno de esta Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo de Hidalgo en relación con el Programa Integral de Alimentación en la entidad, misma que fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Desarrollo Social para su estudio y dictamen.

Con fecha cuatro de enero de año dos mil ocho, la Comisión de Desarrollo Social recibió el punto de acuerdo referido.

Objeto del punto de acuerdo

El punto de acuerdo tiene por objeto que se exhorte al titular de Ejecutivo del estado de Hidalgo para que conteste los cuestionamientos relacionados con el manejo del Programa Integral de Alimentación, que el referido plan se suspenda hasta que termine el proceso electoral del 2007-2008, y que se sancione, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los funcionarios que violentaron la Ley de Adquisiciones local. Asimismo, que el programa se presupueste para el siguiente ejercicio y se lleve a cabo a través de los sistemas DIF municipales.

Contenido

El punto de acuerdo contiene seis propuestas, cuyo contenido es:

Primero. Las proposiciones con punto de acuerdo son propuestas que los legisladores ponen a consideración del Pleno y que no constituyen iniciativas de ley, sino pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo particular, para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

Segundo. Exhortar significa inducir a alguien a que haga o deje de hacer alguna cosa. El exhorto en el ámbito legislativo es un medio para expresar una postura respecto de las acciones de otra autoridad. Por este medio se le pide que realice alguna acción, modifique sus actos o deje de realizarlos.

Tercero. Se recurre al exhorto por no tener la facultad de ordenar a la autoridad destinataria de éste a que realice determinada acción o actúe en algún sentido. Sin embargo, no obstante que el exhorto no tiene fuerza vinculante y, por ende, obligatoriedad, la autoridad que emite el exhorto debe ceñirse a su propia competencia en su pedimento.

Cuarto. Si bien el Poder Legislativo federal es también foro para la expresión de inconformidades políticas, recurriendo al exhorto como medio para sugerir soluciones, en ningún momento éste puede revestir carácter de mandato, pues, de ser así, se desvirtuaría su naturaleza y alcances.

La publicidad de las diversas etapas del procedimiento para proponer un punto de acuerdo propicia que con su sola promoción se logre parte de los efectos políticos esperados. No obstante, es necesario tener presente que cualquier pretensión de obligatoriedad de un exhorto desvirtuaría su naturaleza y pondría en riesgo de actuar fuera de su esfera de competencia a quien lo emite.

Quinto. Al tratarse de un exhorto de la Cámara de Diputados a un gobierno de algún estado debe ceñirse a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos,¹ que por tratarse de una esfera de gobierno con plena autonomía en cuanto a su régimen interno, el exhorto resulta improcedente si busca imponer cierta conducta o exigir acciones concretas como respuesta. El exhorto, no obstante su carencia de obligatoriedad, no exime de observar el pleno respeto a la soberanía de los Estados y a la competencia de sus órganos de gobierno.

Sexto. Debido al contenido y tenor de las preguntas que se formulan con la pretensión de que sean respondidas por el titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo, no corresponde a la Cámara de Diputados demandarlas porque son ajenas a sus facultades, ya que el destinatario es una autoridad con pleno goce de soberanía en lo que toca a su régimen interior conforme al pacto federal expresado en la Constitución General de la República.

De acuerdo con Tena Ramírez,² "facultades expresamente conferidas a los poderes federales y facultades limitadas de los mismos poderes, son expresiones equivalentes. En efecto, los poderes federales no son sino representantes con facultades de que enumeradamente están dotados; cualquier ejercicio de facultades no conferidas es un exceso en la comisión e implica un acto nulo; por lo tanto, el límite de las facultades está donde termina su expresa enumeración". A mayor abundamiento, se trata de facultades conferidas explícitamente.

Séptimo. Aunque se trate de la entidad de fiscalización superior de la federación de la Cámara de Diputados, según lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 79 de la Constitución General, ésta "…fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero."

Octavo. De ahí que el tema de los cuestionamientos y las respuestas que se exigen hace necesario que sean planteadas por los causes formales competentes, esto es, ante las autoridades del Estado de Hidalgo. Debido a que la Cámara de Diputados no es una segunda instancia para estos propósitos.

Noveno. Para ello el estado dispone de la legislación que regula los actos de autoridad materia del punto de acuerdo y las obligaciones inherentes a la transparencia que debe privar en la función de gobierno (Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, además de otras relativas de carácter local); además, cuenta con los órganos administrativos responsables de ejercer las funciones y cumplir con las obligaciones a que se refieren dichos ordenamientos.

Décimo. A todos los contenidos de los diversos que forman parte del punto de acuerdo sometido a la aprobación de la Cámara de Diputados, les son aplicables los razonamientos expuestos en las consideraciones precedentes.

Undécimo. Por otra parte, la motivación principal para proponer el exhorto era la proximidad de las elecciones en el estado. Al haber transcurrido éstas en 2008, se considera que tanto por la falta de competencia de esta honorable Cámara de Diputados en la materia como por la temporalidad a que responde su motivación, el exhorto propuesto sería por principio improcedente, porque carecería de toda eficacia.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la Proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri para que la Cámara de Diputados emita un exhorto al titular del Ejecutivo de Hidalgo en relación con el Programa Integral de Alimentación en el estado.

Notas
1. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.
2. Tena Ramírez Felipe, Derecho constitucional mexicano, Editorial Porrúa, México, 1973, página 123.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Raúl García Vivián, Martín Óscar González Morán, Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge Quintero Bello, Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A IMPLANTAR DE MANERA URGENTE LOS APOYOS COMPROMETIDOS CON LOS DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN DEAN, DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO, HIDALGO

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea proyecto de dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 13 de diciembre de 2007, la diputada María Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social a implantar de manera urgente los apoyos comprometidos para los damnificados por el huracán Dean, del municipio de Tulancingo, Hidalgo.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Social, que fue entregada el 11 de enero de 2008, para análisis y dictamen correspondiente.

Contenido del punto de acuerdo

Derivado del fenómeno meteorológico que sufrió en septiembre de 2007 el estado de Hidalgo, la diputada María Oralia Vega Ortiz presentó punto de acuerdo para

La diputada María Oralia Vega Ortiz hace un reconocimiento expreso en su propuesta en el sentido de que las afectaciones generadas por el huracán Dean, en estado de Hidalgo, llevaron al gobierno estatal, municipal y federal a tomar acciones urgentes para solucionar en el corto y mediano plazos los problemas más graves que ponen en riesgo a la población, tanto en factores de salud como el de proporcionar ayuda económica y con materiales para levantar las construcciones deterioradas o derribadas.

Que en el recorrido realizado por la licenciada Beatriz Zavala Peniche, en ese entonces secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, conjuntamente con el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Osorio Chong, por el municipio de Tulancingo, se comprometió a mejorar las condiciones adversas de la población y ofreció otorgar un apoyo en especie de 5 mil pesos por familia afectada.

Que el punto de acuerdo presentado por la proponente es incongruente, pues por un lado solicita al delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo que informe a la Cámara de Diputados de los criterios que tomó en cuenta para otorgar el apoyo de 5 mil pesos para cada familia y quiénes fueron los beneficiarios y, por otro lado, solicita exhortar a la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Beatriz Zavala Peniche, a dar cumplimiento de manera urgente y oportuna al ofrecimiento comprometido con las familias afectadas del municipio de Tulancingo, Hidalgo, y se otorgue el apoyo de 5 mil pesos por familia afectada.

Actualmente la situaciones que generó el fenómeno meteorológico del huracán Dean en el estado de Hidalgo ya han sido superadas, debido a las medidas de reconstrucción que en ese estado realizaron tanto el gobierno federal como el estatal y el municipal.

Que el punto de acuerdo presentado por la diputada María Oralia Vega Ortiz ha quedado sin efectos debido a la superación de la contingencia ya descrita anteriormente.

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56,60 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la secretaria de Desarrollo Social, licenciada Beatriz Zavala Peniche, a implantar de manera urgente los apoyos comprometidos con los damnificados por el huracán Dean, del municipio de Tulancingo, Hidalgo, que presentó la diputada María Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Raúl García Vivián, Martín Óscar González Morán, Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge Quintero Bello, Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL SECRETARIO FEDERAL DE DESARROLLO SOCIAL A IMPLANTAR PROGRAMAS DE APOYO QUE ATIENDAN A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS DEL PAÍS

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60 y 88, y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, el presente proyecto de dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 11 de diciembre de 2008, la diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario federal de Desarrollo Social, a que implemente programas de apoyo que atiendan a las personas discapacitadas de México.

Consideraciones

La propuesta de la diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza, establece que uno de los principios básicos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; de ahí que en su artículo 1 se establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

Adicionalmente, expresa que, de conformidad con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 2.2 millones de personas con algún tipo de discapacidad física o mental, o con un problema de salud de largo plazo, que les impide realizar con plenitud algunas actividades que llevarían a cabo en condiciones normales, lo que representa el 2.3 por ciento de la población total del país.

Con base en estas y otras consideraciones, fundamenta su propuesta para que se implementen programas de atención y ayuda social para este sector de la población mexicana, que debido a las discapacidades es subestimado de distintas formas, y obligado a enfrentar situaciones adversas como las barreras urbanísticas y arquitectónicas del país; lo que propicia marginación en el ámbito laboral, así como falta de acceso y uso de espacios educativos regulares. La discriminación laboral de la cual son victimas las personas con discapacidad tiene consecuencias en el ámbito personal y social. La forma más habitual de discriminación laboral consiste en negarles por completo la posibilidad de trabajar o desarrollar sus capacidades; se les suele asignar tareas mal remuneradas, de baja categoría y que no requieren muchas aptitudes.

De las anteriores consideraciones, podemos observar que carecen de relación con los programas sociales implementados por la Secretaría de Desarrollo Social; sin embargo, de ahí deriva que se requiere un exhorto al secretario de Desarrollo Social para que implemente programas de apoyo que atiendan a las personas discapacitadas, toda vez que entre, las facultades de la secretaría, se encuentran las concernientes a proveer protección social (reconocimiento de grupos en vulnerabilidad extrema, previsión social y protección contra riesgos individuales y colectivos) y generar oportunidades de ingreso (desarrollo local, acceso a créditos y generación de empleo).

Por otra parte, debemos tomar en consideración lo ya establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, por lo que hace a prevenir y eliminar la discriminación, pues así lo prescribe en el artículo 1. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 2 menciona que "corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país; y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos"

El artículo 3 establece que "cada una de las autoridades y de los órganos públicos federales adoptará las medidas a su alcance, tanto por separado como coordinadamente, para que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las leyes y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Para mayor claridad, tenemos el artículo 9, en el que se establece "queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades"

Es importante destacar que, adicionalmente, se cuenta con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es un órgano del Estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El consejo es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la constitución.

Es necesario señalar también la existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.

Para concluir, es pertinente asentar que al profundizar en la revisión de los programas implementados por la Secretaría de Desarrollo Social, se llega a la conclusión de que carecen de elementos que pudieran llegar a ser discriminatorios, por lo que esta comisión llega al siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que implemente, a la brevedad, programas de apoyo que atiendan a las personas discapacitadas; presentada por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 11 de diciembre de 2008.

La Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), presidente; Rubí Laura López Silva (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), secretarios; Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), José Luis Contreras Coeto (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Raúl García Vivián, Martín Óscar González Morán, Sergio Hernández Hernández (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos, Marcos Matías Alonso (rúbrica), Nabor Ochoa López, Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Jorge Quintero Bello, Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica).
 
 
 

DE LAS COMISIONES DE ENERGÍA, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE FIRME UN ACUERDO ENTRE PETRÓLEOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE VERACRUZ Y MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON INSTALACIONES DE LA PARAESTATAL, PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondientes a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En la sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2007, fue presentada la proposición con punto de acuerdo, a fin de que se realice un acuerdo Pemex-gobierno del estado de Veracruz y municipios que cuentan con instalaciones de la paraestatal, para su desarrollo económico, social y ambiental, suscrita por el diputado Robinsón Uscanga Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Segundo. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales".

II. Contenido y objeto de la proposición

Expone el diputado Robinsón Uscanga Cruz las siguientes consideraciones que apoyan su proposición:

Existen diversos proyectos en materia energética en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuya inversión garantice el desarrollo del país.

Por las consideraciones antes citadas, el diputado Robinsón Uscanga Cruz estima indispensable construir un acuerdo que refleje la agenda de trabajo entre Pemex, el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los municipios que cuentan con instalaciones de la paraestatal. Dicho acuerdo, señala, debe incluir de manera expresa los siguientes puntos:

III. Consideraciones

Primera. Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el diputado proponente sobre la innegable necesidad de hacer coincidir las actividades industriales de Petróleos Mexicanos con el desarrollo del país. El estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por albergar en su territorio la actividad petrolera merece especial atención con el fin de que esa actividad extractiva apoye la realización de otros sectores productivos y no sean perjudicados por su presencia y operación.

Segunda. De acuerdo con las anteriores premisas, el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Petróleos Mexicanos firmaron el 24 de agosto de 2007 el "acuerdo marco para una relación institucional y productiva Veracruz de Ignacio de la Llave-Petróleos Mexicanos".

El acuerdo parte de considerar la importancia que tiene la industria petrolera en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la necesidad de que esta industria sea detonador y soporte de proyectos que atiendan el interés nacional y las necesidades de las entidades federativas en donde se realicen sus actividades.

El acuerdo marco tiene como antecedente un anterior firmado por las mismas partes en abril de 2005 y, como aquel, comparte la visión del crecimiento de la actividad petrolera a la par que el desarrollo económico y social del estado firmante del acuerdo.

Derivados del acuerdo marco de 2005, se suscribieron acuerdos de colaboración en los que se incorporaron programas, obras y acciones en materia de seguridad industrial, protección civil, protección ambiental y restauración ecológica; así como obras, programas y acciones de beneficio social, y fomento a la inversión y el empleo, todo ello con el fin de que se levante una nueva, constructiva y sólida relación de Petróleos Mexicanos con la sociedad veracruzana.

En este último caso, se determinaron el tipo y monto de las acciones que en cada materia se han llevado a cabo, ya sea directamente por los organismos subsidiarios de la paraestatal o a través del otorgamiento de apoyos de carácter social destinados al beneficio de las comunidades con mayor presencia de la industria petrolera.

Los firmantes del acuerdo marco consideraron que los esquemas de coordinación plasmados en el acuerdo de 2005 fueron "…rebasados por la dinámica poblacional y por la magnitud de las expresiones sociales inherentes a la operación de la industria petrolera, lo cual provocó el incremento de las necesidades de infraestructura, equipamiento urbano y rural y servicios públicos, particularmente en los municipios con mayor presencia petrolera".

Petróleos Mexicanos y el gobierno estatal han concluido en la necesidad de renovar y fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación, por lo que se requiere plantear nuevos términos que permitan combinar el crecimiento y expansión de la industria petrolera, con las expectativas de desarrollo sustentable de la sociedad veracruzana. Como resultado, con fecha 24 de agosto del año 2007 se firmó el acuerdo marco para una Relación Institucional y Productiva Veracruz de Ignacio de la Llave-Petróleos Mexicanos.

Tercera. Existe coincidencia entre los objetivos del "acuerdo marco para una relación institucional y productiva Veracruz de la Llave-Petróleos Mexicanos" y las motivaciones del punto de acuerdo que aquí se dictamina y que se expusieron en el apartado II, Contenido y objeto de la proposición como se muestra a continuación.

Señala la cláusula Primera del Acuerdo que el objeto es "…establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre Pemex y el Gobierno del Estado, tendentes a constituir una relación institucional y productiva entre las partes, fortaleciendo sus vínculos y, conjuntamente, coadyuvar al desarrollo integral del estado, principalmente en los municipios con mayor presencia de la industria petrolera, que permitan generar las condiciones más favorables para el desarrollo de las actividades petroleras".

Por otra parte, la cláusula Segunda establece que, con el fin de dar cumplimiento al objeto establecido en la cláusula primera, Pemex y el gobierno del estado se comprometen a formular un programa general para instrumentar acciones a corto, mediano y largo plazos, con los ejes estratégicos siguientes:

Así, por ejemplo, en materia de seguridad, se establece que Petróleos Mexicanos establecerá mecanismos ágiles de prevención de accidentes en instalaciones petroleras y respuesta a las eventualidades que pudieran originarse por la operación de Pemex; la promoción de la cultura de la prevención con las comunidades aledañas a zonas petroleras; el fomento a la cultura de respeto integral a los derechos de vía y áreas de seguridad o reserva que se requiere para la operación de la industria petrolera nacional de las comunidades aledañas; avanzar en la intercomunicación a fin de facilitar el flujo de información entre las partes, sobre los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en territorio veracruzano para minimizar los efectos sociales desfavorables. En contraparte, se establecen acciones que habrá de desarrollar el gobierno del estado.

En materia de desarrollo de proyectos de infraestructura, Pemex y el gobierno del estado se comprometen a promover el desarrollo económico del estado mediante una alianza estratégica que incluya a los gobiernos de los municipios con mayor presencia de la industria petrolera, y analizar la ejecución de proyectos específicos de infraestructura vinculados con la industria petrolera y necesarios para el desarrollo del estado.

En materia de protección ambiental y restauración ecológica, se plasma el compromiso de elaborar un programa de protección ambiental y restauración ecológica que considere acciones para atender posibles incidentes petroleros con afectación al medio ambiente, instrumentar medidas preventivas contra la contaminación y para el cumplimiento de normas oficiales en la materia.

En relación con el desarrollo social, el gobierno estatal se ha comprometido a realizar las acciones, programas, obras y proyectos de forma concurrente con Pemex y, con las autoridades municipales beneficiadas, para potenciar los apoyos que se otorguen, así como para verificar su correcta aplicación.

Para ello, Petróleos Mexicanos, previo cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables y sujeto a la disponibilidad presupuestal y las autorizaciones de su consejo de administración, podrá coadyuvar en la realización de programas, proyectos, obras y acciones de beneficio comunitario, como infraestructura carretera, equipamiento urbano y rural, así como impulsar proyectos productivos, programas de servicios públicos, de educación, cultura y salud, mediante el otorgamiento de donativos en dinero y donaciones.

En cuanto al desarrollo del proyecto Aceite Terciario del Golfo, Petróleos Mexicanos instrumentará, para futuras operaciones, el programa Pemex, Mejor Vecino, que incluirá elementos como la definición, regularización y vigilancia del respeto a los derechos de vía, la reubicación de la población que pudiera ser afectada, la realización los actos jurídicos necesarios para el uso de terrenos ejidales, obras de asistencia social, la promoción del empleo entre la población donde se realice el proyecto Aceite Terciario del Golfo.

En cuanto la atención de reclamaciones derivadas por la actividad petrolera, se ha convenido establecer mecanismos de coordinación que permitan atender la problemática social y ambiental relacionada con la industria petrolera y resolver las reclamaciones derivadas de esa actividad.

En los puntos que habría de incluir en un posible acuerdo, el diputado Robinsón Uscanga Cruz menciona la necesidad de [asignar] recursos para resarcir pasivos ambientales y atender saneamientos en ríos y suelo. El Acuerdo ya lo considera: en su cláusula Quinta se establece que para coadyuvar al cumplimiento de las acciones contenidas en el Acuerdo, las partes realizarán de manera conjunta las gestiones necesarias para la obtención de recursos ante las instancias correspondientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y, en particular el gobierno del estado promoverá la búsqueda de recursos complementarios.

En cuanto a la petición de incluir recursos para el desarrollo social e infraestructura que hace el diputado Robinsón Uscanga Cruz, hay que señalar que Petróleos Mexicanos ya los destina en las entidades federativas donde se desarrolla la actividad petrolera de manera importante mediante la aplicación de donativos y donaciones que canaliza la paraestatal, normalmente por conducto de municipios y con propósitos de desarrollo social, amén de que el acuerdo marco ya ha considerado el punto.

En cuanto la inclusión en el acuerdo que propone el diputado Robinsón Uscanga Cruz respecto "La reactivación de pozos cerrados y de explotación marginal bajo un esquema que permita al gobierno del estado y municipios participar y obtener ingresos para el desarrollo social", es importante señalar lo siguiente:

La posible reactivación de estos proyectos requiere de estudios previos por parte de la paraestatal y de los cuales debe ponderarse su viabilidad. Por otra parte, la participación en la explotación de los recursos petroleros está debidamente definida en el marco jurídico que rige a la industria petrolera.

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo establecen que corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional -incluida la plataforma continental- en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que componen el aceite mineral crudo, lo acompañan o se derivan de él y que sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera.

Así mismo, Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios dispone que el Estado realizará las actividades que le corresponden en exclusiva en las áreas estratégicas del petróleo, demás hidrocarburos y petroquímica básica, por conducto de Petróleos Mexicanos y de los organismos descentralizados subsidiarios.

Por otra parte, el Capítulo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos establece las normas que definen el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Esto es, ahí se encuentran las disposiciones de la forma en que se han de distribuir los recursos obtenidos por la explotación petrolera y, en algunos casos disposiciones específicas del destino de los mismos.

De los párrafos anteriores se concluye que la solicitud de que se diseñe un esquema mediante el cual algún gobierno estatal o municipal participe directamente en el producto de la explotación petrolera es definitivamente improcedente.

Cuarta. En lo que se refiere al numeral 6 planteado para ser incluido en el acuerdo propuesto, relativo al "pago de [impuesto] predial a municipios por concepto de instalaciones y traslado de dominio y otros impuestos como lo es el impuesto sobre nóminas", debe señalarse que en el artículo 115 constitucional, numeral IV, inciso c), segundo párrafo, se establece lo siguiente:

Quinta. Por otra parte, en relación con la materia ambiental, Petróleos Mexicanos ha dado a conocer acciones específicas que ha llevado a cabo para remediar daños causados por diversos accidentes ocurridos en la entidad.

El 4 de septiembre de 2007 la Comisión de Energía recibió copia de la respuesta de Petróleos Mexicanos al acuerdo de la Cámara de Diputados aprobado el 9 de noviembre de 2006, por el que exhortó al gobierno federal y a Petróleos Mexicanos a dar mantenimiento a sus instalaciones en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y a liquidar sus compromisos ambientales con el estado.

En su comunicado de respuesta al acuerdo del 9 de noviembre de 2006, Petróleos Mexicanos expone las diversas acciones que ha realizado con motivo de diversos accidentes ocurridos en el estado.

Sexta. En suma, las consideraciones anteriormente expuestas muestran que el acuerdo marco para una relación institucional y productiva Veracruz de Ignacio de la Llave-Petróleos Mexicanos plantea objetivos y contenidos que concuerdan por entero con la proposición que aquí se dictamina y que acuerdos emanados de la propia Cámara de Diputados han propiciado la respuesta de Petróleos Mexicanos a preocupaciones que manifiesta el diputado Robinsón Uscanga Cruz en la proposición en cuestión.

Por lo expuesto y razonado, las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales someten a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se firme un acuerdo entre Petróleos Mexicanos y el gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los municipios que cuentan con instalaciones de la paraestatal, para su desarrollo económico, social y ambiental, presentada por el diputado Robinsón Uscanga Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 17 de octubre de 2007.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2009.

La Comisión de Energía

Diputados: David Maldonado González (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre, Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), José Ascensión Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica en contra), Salvador Arredondo Ibarra, Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Ivette Tamayo Herrera (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow, David Mendoza Arellano, Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Mónica Fernández Balboa, Pedro Landero López, Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Arturo Martínez Rocha, Mariano González Zarur (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal, Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), José Antonio Díaz García, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García, Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz.
 
 
 

DE LAS COMISIONES DE ENERGÍA, Y DE RECURSOS HIDRÁULICOS, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE CITAR A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Energía, y de Recursos Hidráulicos ponen a consideración de los miembros de esta asamblea el presente dictamen sobre proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En la sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2007, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que plantea citar a comparecer a los directores generales de las Comisiones Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub; y Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, para que informen sobre las acciones emprendidas en el marco del Programa Integral contra Inundaciones, con motivo de las altas precipitaciones registradas en la cuenca del río Grijalva, y de las que se están llevando a cabo para contener los efectos de la inundación que enfrenta Tabasco.

2. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dictar el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones de Energía, y de Recursos Hidráulicos".

Contenido de la proposición

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal expone en las consideraciones de la proposición lo siguiente:

Primera. Los diputados de las Comisiones Unidas de Energía, y de Recursos Hidráulicos están de acuerdo con las apreciaciones expresadas por el diputado proponente, dada la relevancia del asunto abordado en la proposición que se dictamina, tanto en lo concerniente a la magnitud de los daños como a la respuesta que las autoridades competentes deben dar para impedir que la incidencia de fenómenos naturales derive en desastres.

Segunda. En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 19 de diciembre de 2007, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la misma proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los directores generales de la CFE y de la Conagua para que informen detalladamente sobre las acciones que se emprendieron en el marco del Programa Integral contra Inundaciones, con motivo de las altas precipitaciones registradas en la cuenca del Río Grijalva. La proposición fue turnada a la Primera Comisión para ser dictaminada.

Dicha proposición fue dictaminada por la Primera Comisión de la Comisión Permanente y aprobado el acuerdo correspondiente el 9 de enero de 2008, por lo que se procedió a invitar a los directores generales de la Conagua y de la CFE a reunirse en el Palacio Legislativo el 24 del mismo mes.

En tal fecha se reunieron con los integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente y otros legisladores invitados los directores de la Conagua y de la CFE, ingenieros José Luis Luege Tamargo y Alfredo Elías Ayub.

La reunión, presidida por la diputada Aleida Alavez Ruiz, se desarrolló conforme a lo que dispusieron los integrantes de la Primera Comisión mediante acuerdo, al que se dio lectura y que señalaba el siguiente procedimiento:

Tercera. Por lo que hace al segundo punto propuesto por el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal:

Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara, que en ejercicio de sus atribuciones se implante un programa especial de revisión y auditoría que garantice el uso y la aplicación eficientes de todos los recursos financieros que las dependencias federales han destinado para iniciar la reconstrucción de Tabasco, incluidos los del Fondo de Desastres Naturales.

Estas dictaminadoras consideran que el punto transcrito no se encuentra soportado en cuanto a su motivación y alcance en las consideraciones vertidas por el diputado Mayans Canabal en la exposición de motivos de la proposición.

Lo anterior es así toda vez que no se establecen argumentos que motiven la creación de un programa especial de revisión y de auditoría con las finalidades pretendidas.

Asimismo, el proponente no menciona en la exposición de motivos a qué dependencias federales en particular se refiere como las que destinan los recursos financieros referidos.

Por otra parte, el 21 de febrero de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación del Fondo para la Reconstrucción Económica y Social de Tabasco y Chiapas;* ello, en relación con la creación de dicho fondo a través del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

En dichas reglas se prevé en el artículo primero lo siguiente:

Primero. Las presentes Reglas de Operación tienen por objeto establecer los criterios y mecanismos que permitan garantizar la flexibilidad y disponibilidad de los recursos que requiere la atención de la emergencia y reconstrucción económica y social de Tabasco y Chiapas, atendiendo a los principios de eficacia, transparencia, honradez y oportunidad.

Asimismo, se establece la sección "De la Información, Control y Rendición de Cuentas":

Décimo Tercero. Las dependencias y entidades, así como los estados de Tabasco y Chiapas, deberán contar con registros específicos y actualizados de los montos aplicados de los apoyos y las aportaciones por obra y acción. La documentación comprobatoria original de los recursos que hayan ejercido se presentará por el órgano hacendario o unidad ejecutara de los estados de Tabasco y Chiapas, respectivamente, por los municipios u organismos públicos, según corresponda, cuando ésta sea requerida por la secretaría, la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación, conforme a sus atribuciones y las demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la Función Pública, realicen la contraloría o su equivalente en los estados de Tabasco y Chiapas.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

Décimo Cuarto. Los Estados de Tabasco y Chiapas deberán sujetarse a lo establecido en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 y demás disposiciones federales aplicables en materia de evaluación y entrega de información relativa al ejercicio, destino y resultados, respecto a los apoyos y aportaciones.

La aplicación de los recursos que sean ministrados y ejercidos por los estados de Tabasco y Chiapas conforme a las presentes reglas deberá ser informada trimestralmente, a través del sistema electrónico para reportar la información sobre la aplicación, ejercicio, destino, resultados y evaluación de los recursos presupuestarios federales, en los términos y plazos establecidos en los lineamientos correspondientes y de acuerdo con la guía técnica que la secretaría emita.

Asimismo, deberán incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al respectivo Congreso local, la información relativa al ejercicio, destino y resultados obtenidos a través de los apoyos y las aportaciones. Esta obligación será atendida también por los municipios u organismos públicos locales, de conformidad con las disposiciones locales aplicables.

Los estados de Tabasco y Chiapas y los municipios deberán publicar la información correspondiente a los proyectos y acciones financiados con los apoyos y las aportaciones, incluyendo los avances físicos y financieros, en sus órganos oficiales de difusión y su página de Internet, así como en otros medios asequibles para el ciudadano.

De lo anterior se observa que se trata de normar el Fondo para la Reconstrucción Económica y Social de Tabasco y Chiapas, sujetándolo a las disposiciones vigentes en la materia.

Por otra parte, es importante señalar que un conjunto de normas regula el uso y la aplicación eficientes y transparentes de los recursos por las entidades federales y las locales.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la fiscalización superior se ejerce de forma posterior a la gestión financiera.

Asimismo, las visitas y auditorías durante el ejercicio fiscal en curso sólo se realizan respecto de los procesos reportados como concluidos en el informe de avance de gestión financiera. En caso contrario, sólo se podrán realizar visitas y auditorías a partir de que la Comisión de Vigilancia le haga entrega de la Cuenta Pública –artículo 19 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

En consecuencia, los integrantes de estas dictaminadoras desechan el segundo punto planteado en la proposición que se dictamina.

Por lo expuesto y razonado en las consideraciones del presente dictamen, las Comisiones Unidas de Energía, y de Recursos Hidráulicos emiten los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se propone citar a comparecer a los directores generales de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, y de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, y la implantación de un programa especial de revisión y auditoría que garantice la aplicación eficiente de los recursos financieros que las dependencias federales han destinado para la reconstrucción de Tabasco, presentada por el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 13 de diciembre de 2007.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Nota
*Su vigencia, de acuerdo con el artículo transitorio único, es a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y abarcará el ejercicio fiscal de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2009.

La Comisión de Recursos Hidráulicos

Diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), presidente; Antonio Medellín Varela (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Lourdes Alonso Flores, Cuitláhuac Condado Escamilla, José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), secretarios; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Modesto Brito González, Aurora Cervantes Rodríguez, Diego Cobo Terrazas, Felipe González Ruiz, David Lara Compeán (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), José Inés Palafox Núñez, Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés, Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).

La Comisión de Energía

Diputados: David Maldonado González (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra, Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow, David Mendoza Arellano, Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Mónica Fernández Balboa, Pedro Landero López, Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Arturo Martínez Rocha, Mariano González Zarur (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal, Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A COFEPRIS A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES Y PRUEBAS RESPECTO A LAS LLAMADAS BEBIDAS ENERGÉTICAS Y REMITA A LA AUTORIDAD COMPETENTE SUS CONCLUSIONES, PARA QUE PROHÍBA SU COMERCIALIZACIÓN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a realizar investigaciones y pruebas respecto a las "bebidas energéticas" y a remitir a la autoridad competente las conclusiones para que prohíba su comercialización, presentada por el diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente metodología:

I. Antecedentes

Con fecha 7 de octubre de 2008 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a prohibir la venta de las bebidas energéticas, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. La proposición fue turnada a la Comisión de Salud, para estudio, y fue dictaminada en sentido negativo por el pleno de la comisión el 3 de febrero de 2009.

Con fecha 11 de diciembre de 2008 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cofepris a realizar investigaciones y pruebas respecto a las bebidas energéticas y a remitir a la autoridad competente las conclusiones para que prohíba su comercialización, a cargo del mismo proponente, diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó esta última proposición a la Comisión de Salud, para realizar el estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

El punto de acuerdo que se estudia contiene un solo resolutivo:

Comprendiendo la preocupación del proponente por prevenir el abuso en el consumo de bebidas energéticas, los integrantes de la comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta. Las principales consideraciones para dictaminar la proposición que se estudia son las siguientes:

La Secretaría de Salud ha brindado atención al caso de bebidas energéticas, de manera que la Cofepris ha realizado los estudios pertinentes y recientemente se reformaron los reglamentos respectivos. Asimismo, se encuentra en proceso de emisión de la NOM-218-SSA1-2002. Esta soberanía ya expidió el exhorto para acelerar la publicación de dicha norma.

Por las consideraciones anteriores, la comisión dictaminadora concluye que el objeto de la proposición que se estudia ha sido cubierto. Los fundamentos de la proposición no son suficientes para prohibir la venta de bebidas energéticas en el territorio nacional.

Por lo expuesto, la comisión dictaminadora pone a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a realizar investigaciones y pruebas respecto a las "bebidas energéticas" y a remitir a la autoridad competente las conclusiones para que se prohíba su comercialización, presentada por el diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 11 de diciembre de 2008.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Leticia Díaz de León Torres, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Daniel Gurrión Matías, María Mercedes Maciel Ortiz, Holly Matus Toledo (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A PERMITIR LA APERTURA DEL TURNO VESPERTINO EN EL SERVICIO DE ESTOMATOLOGÍA Y LA CREACIÓN DE UNA SALA DE EXPULSIÓN EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 18, SITUADA EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS

De la Comisión de Seguridad Social, atinente a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS para que permita la apertura del turno vespertino de los servicios de estomatología y expulsión en la Unidad de Medicina Familiar número 18, situada en Comitán de Domínguez, Chiapas

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que se permita la apertura del turno vespertino en el servicio de estomatología, así como la creación de una sala de expulsión en la Unidad de Medicina Familiar número 18, situada en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, presentada por el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

La comisión, con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, se avocó al análisis de la proposición con punto de acuerdo mencionada en el párrafo anterior, y somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente dictamen.

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 11 de diciembre de 2008, el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Instituto Mexicano del Seguro Social a que permita la apertura del turno vespertino en el servicio de estomatología, así como la creación de una sala de expulsión en la Unidad de Medicina Familiar número 18, ubicada en Comitán de Domínguez, Chiapas.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar dicha proposición a la Comisión de Seguridad Social.

Exposición de motivos y contenido de la proposición con punto de acuerdo

Refiere quien promueve la proposición con punto de acuerdo, que el municipio de Comitán de Domínguez, es uno de los principales de Chiapas y cuenta con diversos centros de producción y comercio, por lo que el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social es importante.

Sin embargo, señala que la Unidad de Medicina Familiar número 18, que está ubicada en el municipio mencionado, no cuenta con un servicio de estomatología en el turno vespertino, y que tampoco cuenta con una sala de expulsión que permita atender adecuadamente a las pacientes con parto en evolución.

También manifiesta que la ausencia del primero de los servicios, el de estomatología, en el turno vespertino trae como consecuencia que quienes tienen que recurrir a consulta dental lo hagan dentro del turno matutino, lo cual ocasiona inasistencias a su trabajo ordinario, que se podrían evitar con la apertura de un turno vespertino en el que podrían ser atendidos los trabajadores asegurados, sin necesidad de ausentarse de sus labores diarias, evitando las consecuencias que esta ausencia tiene en la productividad de su centro de trabajo.

Por último, refiere que la Unidad de Medicina Familiar número 18, a la que hace alusión en su proposición con punto de acuerdo, requiere de rehabilitación, por lo que también solicita que el IMSS a nivel central, elabore un plan estratégico, que de realizarse habrá de repercutir en la salud de los afiliados al IMSS que allí son atendido.

Consideraciones de la Comisión de Seguridad Social

La Ley del Seguro Social establece, en su artículo 2 que la "seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado".

Igualmente establece, en sus artículos 4 y 5, que "el Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de ella, y que su organización y administración están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo".

El Instituto Mexicano del Seguro Social atiende, a la fecha, a un poco menos de la mitad de la población del país; a finales del año 2008, el IMSS tenía registrados alrededor de 14 millones de asegurados, entre trabajadores permanentes y eventuales.

Por otra parte, los recursos de que el IMSS dispone anualmente para cumplir con sus obligaciones legales para con los trabajadores afiliados y sus familiares derechohabientes, están señalados con toda precisión en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal, sin que, para el ejercicio fiscal de 2009, esté contemplada la inversión de recursos para construcción o ampliación de unidades médicas, ni para la creación de nuevos turnos o servicios, en la Unidad de Medicina Familiar número 18, ubicada en el municipio de referencia.

La comisión que dictamina toma igualmente en consideración para este dictamen, que la discusión y aprobación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que exhortar al IMSS a destinar recursos para fines específicos relacionados con la atención médica que tiene que proporcionar ese Instituto, resulta en un contrasentido, ya que el órgano encargado de fijar en monto y lugar el destino de esos recursos, resultaría ser precisamente el exhortante.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, para el efecto de distribuir los recursos que puede utilizar para realizar obra pública, se basa en indicadores precisos de necesidades, que tiene bien establecidos, y que fundamentalmente toman en consideración la población a beneficiarse y los servicios a proporcionar, como lo ha establecido anteriormente la Comisión que dictamina en relación a otras proposiciones con punto de acuerdo que solicitan se amplíen servicios o se construyan unidades del IMSS.

Además de lo anteriormente señalado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó, el pasado 13 de noviembre, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 y en el están incluidos los recursos que el Instituto Mexicano del Seguro Social habrá de utilizar para el propósito de mejoramiento de la calidad de los servicios, la mejora en el abasto de medicamentos y las obras a desarrollarse durante el presente año.

Conclusiones

Con fundamento en las consideraciones anteriormente expresadas, esta comisión concluye que, sin dejar de reconocer y apreciar la intención de mejoría en los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social en Comitán de Domínguez, Chiapas, que se contienen en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, ésta no es de aprobarse, independientemente de lo cual, la comisión se dirigirá en forma oficial a la Dirección General del IMSS, con la solicitud de que, dentro de las posibilidades presupuestales y de conformidad con los indicadores que norman las ampliaciones de turno de los servicios que presta, se analice la propuesta hecha por el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo.

Por lo expuesto, la Comisión de Seguridad Social somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social permita la apertura del turno vespertino del servicio de estomatología y a la creación de una sala de expulsión en la Unidad de Medicina Familiar número 18, en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, presentada por el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 11 de diciembre de 2008.

Segundo. Descárguese este asunto de la relación de pendientes de concluir su trámite legislativo y archívese como totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Social, a 5 de febrero de 2009.

La Comisión de Seguridad Social

Diputados: Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez, Joel Ayala Almeida, Lorena Martínez Rodríguez, Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja, José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Rafael Ramos Becerril, Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en abstención), Samuel Aguilar Solís, Sara Shej Guzmán (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR AL CONSEJO TÉCNICO DEL IMSS QUE PRORROGUE LA ATENCIÓN MÉDICA, DE LOS TRABAJADORES Y DE SUS FAMILIAS, 22 SEMANAS ADICIONALES AL PLAZO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS, ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social fue turnada, para análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a solicitar al Consejo Técnico del IMSS se prorrogue la atención médica a favor de los trabajadores y sus familias por 22 semanas adicionales al plazo de conservación de derechos, previsto en el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 11 de diciembre de 2008.

La Comisión de Seguridad Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 11 de diciembre de 2008, el diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a solicitar al Consejo Técnico del IMSS se prorrogue la atención médica a favor de los trabajadores y sus familias por 22 semanas adicionales al plazo de conservación de derechos, previsto en el artículo 109 de la Ley del Seguro Social.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Seguridad Social.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El promovente señala que en el marco de la crisis económica actual, de dimensiones y temporalidad inconmensurables, la atención de los que menos tienen es sinónimo de paz social. Al efecto, el Estado debe comenzar haciendo uso de los medios ya consagrados legalmente, sin menoscabo de impulsar los cambios jurídicos que la situación reclame.

Puntualiza que el actual resquebrajamiento de la estructura económica traerá mayores índices de desempleo, que sólo en septiembre de 2008, llegó ya a una tasa de 4.25 por ciento de la población económicamente activa, conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Después del esparcimiento, la familia desempleada sacrifica, en ese orden, la atención médica, cuya satisfacción no sólo atiende a una garantía individual, sino a uno de los problemas sociales esenciales. Por lo que todas las medidas que se tomen para hacer realidad el derecho a la salud resultan indispensables.

Agrega que, conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, al ser dado de baja un trabajador, si éste hubiera cotizado 8 semanas de manera previa e interrumpida, conservará por otras 8 semanas posteriores el derecho a la asistencia médica, de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.

Sin embargo, en el propio artículo 109 se señala que este periodo se podrá ampliar cuando existan "condiciones económicas y laborales del país que así lo requieran", tal y como las que actualmente existen en México, y que se irán agravando: crecimiento económico a la baja, mayor índice de desempleo, empleo precario, bajos salarios, mayores dificultades para volver a emplearse. Todo agravado por el regreso de 2 a 3 millones de migrantes, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y aceptadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El promovente comenta que la ampliación del plazo de conservación de derechos, en el seguro de enfermedades y maternidad, no es ninguna novedad, sino que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social lo aplicó de manera repetida de los años setenta a los noventa del siglo pasado. El acuerdo 55, del 12 de enero de 1983; el 10/87, del 7 de enero de 1987; el 6/90, del 10 de enero de 1990, entre otros; los cuales se fundamentaban en "los beneficios sociales que se lograron con acuerdos anteriores equivalentes; considerando la actual situación económica por la que atraviesa el país y sus posibles efectos en el empleo".

Finaliza argumentando que las prórrogas aludidas fueron comprensivas de un total de 18 semanas, adicionales al plazo legal de conservación de derechos y sólo con acceso a los servicios médicos, es decir, sin el otorgamiento de prestación alguna en dinero. En el caso del presente punto de acuerdo, las semanas adicionales se otorgarían igualmente sólo en materia de atención médica, pero se ampliarían a 22 dada la gravedad y prolongación, en el tiempo que se espera, de la actual recesión, que a pasos agigantados está entrando ya a una depresión económica.

La comisión, una vez analizada la proposición de referencia, somete ante este honorable Pleno el dictamen con base en las siguientes

Consideraciones

Con lo anterior, las personas que pierdan su fuente de empleo antes del 30 de junio podrán tener servicios médicos durante 24 semanas (aproximadamente 6 meses) sin costo; para acceder al beneficio citado en el punto primero de este acuerdo, el asegurado deberá tener reconocidas un mínimo de 8 semanas de cotización al instituto, inmediatas e ininterrumpidas a la fecha de su baja en el régimen obligatorio del Seguro Social.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Seguridad Social somete a consideración de este honorable Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a solicitar al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social la ampliación por 22 semanas adicionales al periodo de conservación de derechos, presentada por el diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 11 de diciembre de 2008.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión de Seguridad Social, a 8 de marzo de 2009.

La Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Sara Shej Guzmán (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Agustín Leura González, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez, Enrique Rodríguez Uresti, Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Rafael Ramos Becerril, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Lorena Martínez Rodríguez, Ana María Ramírez Cerda, Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE EXHORTE AL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE QUE EN EL CENTRO MÉDICO LA RAZA Y EN TODO EL INSTITUTO SE PONGA FIN A TODO TIPO DE CONDUCTAS DISCRIMINATORIAS EN CONTRA DE LAS TRABAJADORAS, EN PARTICULAR CONTRA DE LAS MÉDICAS RESIDENTES DE LA ESPECIALIDAD MAXILOFACIAL, EN PLENO RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS, INCLUIDOS LOS LABORALES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Se exhorte al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que tome las medidas necesarias con la finalidad de que en el Centro Médico Nacional La Raza y en todo el instituto, se ponga fin a todo tipo de conductas discriminatorias en contra de las trabajadoras, en particular en contra de las médicas residentes de la especialidad maxilofacial, en pleno respeto de sus derechos humanos, incluidos los laborales, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX legislatura, presentado el 30 de abril del 2008.

Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo listada en el proemio de este dictamen fue presentada en la fecha y por el diputado que se mencionan anteriormente y publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 28 de febrero de 2008. Turnada para su dictamen mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1448, dirigido al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social por la Mesa Directiva de la LX Legislatura.

La proposición citada fue turnada a esta comisión, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

1. Manifiesta el legislador en la proposición que se dictamina que la discriminación es un atentado contra la libertad, la igualdad y la justicia, que impide el desarrollo y la felicidad del individuo y por ende de la comunidad.

El legislador proponente considera, que la preservación de la dignidad del ser humano es fundamental para su salud física, mental y social; para la consecución de su plenitud y señala que el Estado está interesado en prevenir, reparar y sancionar las conductas que discriminan, marginan, al implicar, en mayor o menor medida, la destrucción de lo más valiosos de una nación: los seres humanos que la integran.

Agrega que este cáncer ha llegado a tales extremos que se tuvo que crear en el Distrito Federal un tipo penal para ponerle freno, medida a la que deben sumarse, con mayor énfasis, todas las demás acciones de índole educativo, de justicia social y político indispensables, hasta que llegue el momento en que cada persona valga por sus propias características y por sus méritos, a cuyo respeto y desarrollo todos debemos contribuir; sólo así formaremos un país más humano y fuerte.

Considera el proponente que la discriminación divide y que la democracia une, por lo que entonces se deben agradecer y valorar las diferencias con que la naturaleza y la sociedad nos enriquece.

Continúa señalando el legislador que con objeto de atacar estas conductas discriminatorias y, como una ley reglamentaria del artículo primero constitucional, se promulgó el 11 de junio de 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, creándose para su aplicación el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. En la práctica y en seguimiento del estado de derecho, otras instituciones convergen con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en la defensa de estos derechos humanos fundamentales.

De acuerdo con lo anterior señala el proponente que la discriminación toma dimensiones de mayor gravedad, cuando se lleva a cabo en una institución como el IMSS, cuyo perfil debe ser esencialmente humano, distribuidor de igualdad, justicia social y legalidad.

Señala que contrariando lo anterior, médicos de la especialidad de cirugía maxilofacial del Centro Médico Nacional La Raza han estado ejerciendo una discriminación sistemática en contra de todas las médicas que participan en la selección para ser residentes, por su sola calidad de mujeres, con el objeto de obstaculizarles su ascenso laboral, lo cual, considera el legislador, no sólo es inconstitucional y criminal, sino indignante.

Agrega que pese a las amenazas de que han sido objeto, tres doctoras: Ana María del Villar Robles (matrícula 10049142), Lizbeth Soto Olmos (matricula 99374354) y Carolina Barrera Herrera (matrícula 10952314), han denunciado ante esta representación popular la condenable conducta desarrollada por estos médicos.

Finalmente señala que, se concluye que en el Centro Médico Nacional La Raza, existe una política sistemática para discriminar y hostigar laboralmente a las doctoras, por su sola calidad de mujeres. Es inadmisible que en estos tiempos y en una institución como el IMSS exista este tipo de misoginia, aberrante e inconstitucional.

2. La comisión dictaminadora luego de revisar el análisis del autor de la propuesta, valoró los planteamientos del proponente e investigó los planteamientos de la contraparte.

De las investigaciones la dictaminadora se entera que, en efecto, las doctoras interesadas, fueron dadas de baja como residentes de la especialidad.

Que la baja académica fue girada por la Comisión Mixta de Becas y por el director doctor José Arturo Gayosso Rivera, de la UMAE del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza.

Que la baja fue notificada mediante oficio número 3619.01.26.0200/058, de fecha 18 de enero de 2008.

Que los motivos de la baja académica fue resultado del bajo rendimiento académico de las doctoras sustentantes de los exámenes para ingresar a la especialidad de maxilofacial, ya que las calificaciones de las quejosas son reprobatorias del curso propedéutico.

Que los resultados de exámenes universitarios que sustentan bajas calificaciones o reprobatorias también son elementos para la institución aludida.

Que la unidad médica mencionada realizó la evaluación académica correspondiente siendo ésta también reprobatoria.

Que la baja laboral se notificó mediante los oficios: 36.51.99.4100/4216 de fecha 26 de diciembre de 2007, 36.51.99.4100/4214 y 36.51.99.4100/4215 del jueves 3 de enero de 2008, girados por la oficina de Investigaciones Laborales del IMSS.

Que el 28 de febrero de 2008, el Coordinador de Políticas de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor Javier Dávila y la titular de la División de Relaciones Públicas perteneciente a la Unidad de Vinculación, la licenciada Patricia Puente se reunieron con las doctoras Villar Robles y Barrera Herrera a fin de escuchar su planteamiento y buscar una solución a sus demandas.

Que en dicha reunión, la doctora Barrera Herrera solicitó la revisión del último examen que realizó a fin de reevaluar la calificación obtenida. Insistió en que el resto de sus compañeros "habrían recibido una base de datos que contenían los reactivos de dicho examen".

Se solicitó un informe detallado al doctor Luis Vázquez Camacho, coordinador de Educación en Salud. En él se destaca la visita de supervisión al Servicio de Cirugía Maxilofacial con sede en la UMAE, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, por parte del doctor Faustino Félix Espinoza colaborador del doctor Vázquez Camacho y del doctor Armando Arroyo Palomares, coordinador de Asuntos Técnicos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante la cual se reunieron con los 15 médicos residentes del curso incluyendo del nivel R1 al nivel R4.

De dicha reunión se desprende que se desahogaron pruebas de descargo contra las acusaciones hechas por las quejosas a cargo de todos los médicos residentes, quienes manifiestan contra versiones a las denuncias de las quejosas que fueron dadas de baja.

Respecto al tema de hostigamiento y discriminación, ambas doctoras hicieron referencia, al trato despótico y misógino que denota una "tradición no escrita" que se presenta regularmente en la mayoría de los cursos de especialidades medicas con rígida disciplina, sin dejar de lado que en ocasiones pudiera ser poco ortodoxa.

Esta dictaminadora también obtuvo elementos probatorios que demuestran que durante varias generaciones han egresado del Servicio de Cirugía doctoras del curso de posgrado sin que antes se haya reportado algún trato de misoginia.

Uno de los principios generales del derecho es que "quien acusa" tiene la obligación de probar y de las denuncias hechas por las quejosas resulta inexistente prueba alguna que permita acreditar la existencia de la acción ilegal.

Por lo que la dictaminadora expone los siguientes

Resultandos

Que ninguna de las dos interesadas aprobaron los exámenes, tercero parcial del jueves 15 de noviembre de 2007 y el extraordinario, que se les aplicó el miércoles 3 de diciembre de 2007; por lo que no aprobaron el primer año de la especialidad en cirugía maxilofacial.

Que en los artículos 353, incisos b), d), fracción VI y g) de la Ley Federal del Trabajo, así como 27, 29, inciso d) y 34 del Reglamento de Médicos Residentes en Período de Adiestramiento en una Especialidad, este último contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social consignan que los médicos en período de adiestramiento, para continuar con su residencia, deben someterse y aprobar los exámenes periódicos y finales de evaluación de conocimientos y destreza adquiridos y, en caso de no acreditarlos, se prevé la rescisión de la relación de trabajo, con excepción de los médicos que tengan plaza de base definitiva en el IMSS, en cuyo caso se incorporarán a laborar en su plaza.

Se evidencia que entre los alumnos del curso 2007 de la especialidad de cirugía maxilofacial en el Centro México Nacional La Raza, hubo una diferencia de un alumno del sexo masculino más, en relación con el número de alumnas, ya que el grupo se integró en total con 11 hombres y 10 mujeres; y que, respecto de las guardias a cargo de los médicos residentes, dos médicos del sexo masculino efectuaron más guardias que las interesadas. Es por lo anterior, que no fue posible acreditar discriminación por razón de sexo o de género por parte de los directivos de la residencia en la especialidad de cirugía maxilofacial, ni violaciones a sus derechos humanos.

En mérito de lo expuesto, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social concluyó improcedente dictaminar el punto de acuerdo en sentido positivo, ya que no se probaron las acusaciones hechas por las quejosas y, después de la investigación, si se acreditaron elementos de descargo que dejan sin materia el planteamiento del proponente. Por lo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha el punto de acuerdo para que se exhorte al director general del IMSS, para que tome las medidas necesarias a fin de que en el Centro Médico Nacional La Raza y en todo el instituto se ponga fin a todo tipo de conductas discriminatorias en contra de las trabajadoras, en particular en contra de las médicas residentes de la especialidad maxilofacial, en pleno respeto de sus derechos humanos, incluidos los laborales, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX legislatura, presentado el 30 de abril del 2008, descárguese y archívese como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2009.

Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), presidente; Juan Manuel Sandoval Murguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil, Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), secretarios; Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto, Francisco Antonio Fraile García, Miguel Gutiérrez Aguilar (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez, Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes, Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Sonia Noelia Ibarra Franquez (rúbrica en abstención), Rosario Ignacia Ortiz Magallón, José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros.