• De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 163 y noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

• De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federales de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y de Procedimiento Contencioso Administrativo

• De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley de Extradición Internacional

• De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte

• De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Archivos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 12 de diciembre de 2007, los diputados Miguel Ángel Monraz Ibarra, Omar Antonio Borboa Becerra y Mario Eduardo Moreno Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

2. Con fecha 6 de noviembre de 2008, el diputado Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

3. La Mesa Directiva, mediante los oficios D.G.P.L. 60-II-4-983 y D.G.P.L. 60-II-1-1887, de 12 de diciembre de 2007 y 6 de noviembre de 2008, respectivamente, acordó se turnaran tales iniciativas a la Comisión de Justicia.

Contenido de las iniciativas

En ambas iniciativas se destaca que el 1 de enero de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, mediante el cual se modificó el régimen de días de descanso obligatorio, para incluir en él los denominados "fines de semana largos", como una medida para fomentar la convivencia familiar y el turismo nacional.

La entrada en vigor de esta reforma generó discrepancias entre las disposiciones previstas en dicho ordenamiento y las contenidas en las leyes que prevén los días que se consideran inhábiles para la sustanciación de los procedimientos judiciales, como la de amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por su parte, el artículo 23 de la Ley de Amparo dispone que para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, son hábiles todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1 de enero, el 5 de febrero, el 1 y el 5 de mayo, el 14 y el 16 de septiembre, el 12 de octubre y el 20 de noviembre.

El artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone que los órganos del Poder Judicial de la Federación considerarán inhábiles los días 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, refiriendo que durante ellos no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley.

Finalmente, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala que los días inhábiles serán los sábados, los domingos, el 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 5 de mayo, 1 y 16 de septiembre, 20 de noviembre, 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda el cambio de titular del Poder Ejecutivo federal, y 25 de diciembre.

Explican los diputados proponentes que existe discrepancia respecto a los días que deben considerarse inhábiles para la promoción, substanciación y resolución de los procedimientos que se tramitan ante los tribunales federales, puesto que los ordenamientos a los que nos referimos califican como tales a diferentes días.

Se explica además, a manera de ejemplo, que actualmente los órganos del Poder Judicial de la federación, durante el mes de mayo, suspenden el cómputo de los plazos procesales y sus actividades: el primer lunes de dicho mes, por disposición de la Ley Federal del Trabajo, el 1 de mayo por disposición tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como de la Ley de Amparo, y finalmente el 5 de mayo por disposición de este último ordenamiento. Esta situación se traduce irremediablemente en demoras en la promoción, sustanciación y resolución de los procedimientos que se tramitan ante los tribunales federales, puesto que como se mencionó anteriormente, durante estos días se suspenden las actuaciones judiciales.

En atención a lo anteriormente expuesto, las iniciativas en estudio tienen por objeto armonizar los artículos 23 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que sean considerados inhábiles para el cómputo de los plazos procesales y para las actividades en los tribunales federales, solamente los días que la Ley Federal del Trabajo considera de descanso obligatorio.

Las iniciativas proponen suprimir de este calendario el día 14 de septiembre, así como los días 5 de mayo y 12 de octubre, toda vez que si bien en ellos se conmemoran acontecimientos históricos relevantes (la batalla de Puebla y el descubrimiento de América) éstos no han sido considerados como días de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente, la iniciativa marcada con el numeral 1 propone además la modificación del artículo noveno transitorio del decreto que abrogó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 5 de enero de 1988, y sus reformas, y que promulgó una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del 27 de mayo de 1995, pues señala que a partir de la entrada en vigor de la ley, los días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo serán los que refiere el artículo 160 de esta ley, siendo incorrecta la remisión, pues debe ser el artículo 163.

Consideraciones

Primera. Esta comisión estima pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, 22 de agosto de 1996 y 11 de junio de 1999, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la federación.

En términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículos 94; párrafos primero y octavo del artículo 100, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones.

Como bien refieren los diputados, el artículo 23, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, son hábiles todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1 de enero, el 5 de febrero, el 1 y 5 de mayo, el 14 y 16 de septiembre, el 12 de octubre y el 20 de noviembre.

Por su parte, el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación previene que en los órganos del Poder Judicial de la Federación se consideran como días inhábiles los sábados y domingos, el 1º de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley.

Y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala que los días inhábiles serán los sábados, los domingos, el 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 1 y 16 de septiembre, 20 de noviembre, 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda el cambio de titular del Poder Ejecutivo federal, y 25 de diciembre.

Además, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual es supletorio de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo, dispone que para la práctica de las actuaciones judiciales son días hábiles todos los del año, excepto los domingos y los que la ley declare festivos.

Segunda. El 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en vigor a partir del día siguiente, en el que se establecen como días de descanso obligatorio el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo (que como excepción a la regla general, por la conmemoración en ese año del Bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, entraría en vigor a partir de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio del decreto), el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años con motivo del cambio de titular del Poder Ejecutivo federal, el 25 de diciembre, y el que determinen las leyes federales y locales electorales, en caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral.

Asimismo, dentro del artículo 273 del Acuerdo General 48/1998, que regula la organización y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, se dispone que se considerarán días inhábiles, además de los previstos en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los contemplados en el artículo 23 de la Ley de Amparo y los demás que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Por otra parte, es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace distingo entre los días inhábiles para el cómputo de los plazos procesales; y los días de descanso para los funcionarios del Poder Judicial.

Es decir, los primeros son los previstos en la Ley de Amparo, pues es la que regula el proceso, y los segundos son los considerados tanto en la Ley Federal del Trabajo, por ser la que deja a salvo los derechos de todos los trabajadores y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que es la que regula la organización del propio Poder Judicial, inclusive en diversas tesis del Pleno de la Suprema Corte se establece que para que no exista confusión entre los días que serán inhábiles, se deberán aplicar los que señala la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ahora bien, con independencia de los motivos y los fines que determinaron la reforma del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y del ámbito de su aplicación, es posible que se propicie una confusión, por lo que es conveniente y oportuno que, en beneficio de la seguridad jurídica de los justiciables y del servicio que debe brindárseles en el Consejo de la Judicatura Federal, órganos auxiliares, así como órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la federación, y con base en la interpretación y aplicación armónica de los preceptos mencionados, se estima pertinente determinar con toda precisión los días que deben considerarse como inhábiles.

Es por eso, que esta comisión estima oportunas las propuestas en cuanto a unificar los días que se considerarán inhábiles y establecer en la Ley de Amparo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dicha precisión.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la Ley de Amparo contempla el día 14 de septiembre como día inhábil, y en las iniciativas en estudio se no se prevé su inclusión, esta Comisión estima que debe conservarse, pues el mencionado es el día en que se conmemora la instauración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido tesis jurisprudenciales en cuanto a la observancia del artículo noveno transitorio decreto que promulgó la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y dada la obligación del Poder Legislativo de hacer armónico el sistema legal de nuestro país, se propone la modificación a la disposición transitoria citada.

Finalmente, esta comisión considera que ambas propuestas persiguen el mismo fin, pero no son coincidentes en cuanto a la redacción del mismo, por lo que se propone se especifiquen en las leyes en cita los días precisos y tomando además la consideración del día 14 de septiembre en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Justicia somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 163 y Noveno Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 23. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 14 y 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo federal; el 25 de diciembre y los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

…

…

…

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación, para quedar como sigue:

Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 14 y 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo federal; el 25 de diciembre y los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Artículo Tercero. Se reforma el Artículo Noveno Transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, para quedar como sigue:

Artículos Transitorios

Primero. a Octavo. …

Noveno. A partir de la entrada en vigor de esta ley, los días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo serán los que señala el artículo 163 de esta ley.

Décimo. a Décimo Quinto. …

Artículo Cuarto. Se reforma el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 28. …

En los plazos fijados en días no se contarán los inhábiles, salvo disposición en contrario. No se considerarán días hábiles los sábados, los domingos, el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo federal; el 25 de diciembre y los que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral, así como los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular de la Dependencia respectiva, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

…

…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero, Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES FEDERALES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, Y DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el 15 de agosto de 2007, los senadores Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y José Eduardo Calzada Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 18, 19, 23, 24 y 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y 50-A y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el 15 de agosto de 2007 y el 12 de febrero de 2008, mediante oficios números CP2R1AE.1975, CP2R1AE.1975.a y DGPL-2P2A.3821, acordó que se turnara dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos y de Hacienda y Crédito Público, las cuales, previo análisis y estudio, presentaron el dictamen correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en sesión de fecha 28 de abril de 2008.

Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 29 de abril de 2008 se dio cuenta con el oficio número DGPL-2P2A.5542, de fecha 28 de abril de 2008, mediante el cual la Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Cuarto. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1587, acordó que se turnara a la Comisión de Justicia dicha minuta, la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones:

Análisis de la minuta

Primero. En la minuta proyecto de decreto la Cámara de Senadores propone reformar los artículos 18, primer párrafo, 19, 23, 24 y 25, segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, así como adicionar un artículo 50-A y un inciso d) a la fracción V del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de garantizar el derecho de los gobernados a ser indemnizados por cualquier actividad irregular del Estado, que esté prevista en los ordenamientos legales aplicables.

Segundo. En el dictamen elaborado por el Senado se expresa que, si bien es cierto que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, vigente a partir del 1º de enero de 2005, tiene como objetivo proteger el patrimonio de los individuos respecto de la actividad administrativa irregular del Estado, también lo es que el ordenamiento legal adjetivo para hacer exigible ese derecho lo constituye la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que es la que establece, en el artículo 14, fracción VIII, la facultad de dicho tribunal para conocer juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación.

Asimismo, el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que, en caso de que la resolución recaída al recurso de reclamación instaurado por el particular niegue la indemnización o no satisfaga el interés del reclamante, éste podrá impugnarla nuevamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pero ahora en vía jurisdiccional, lo cual ocasiona que el mismo Tribunal conozca dos veces y por dos vías diferentes el mismo asunto, lo que conlleva una excesiva carga de trabajo ante la doble función jurisdiccional que en esta materia realiza el referido Tribunal.

Y concluyen señalando que es adecuado reformar los artículos 18 y 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para establecer que primero el particular deberá presentar el recurso de reclamación ante la autoridad presuntamente responsable, organismo constitucional autónomo o ante la propia Secretaría de la Función Pública, y posteriormente el particular tendrá la opción de interponer recurso de revisión ante el órgano superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución, o de acudir directamente al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por otra parte, el dictamen del Senado señala que estiman procedente las diversas modificaciones a los artículos 19, 23 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, toda vez que obedecen al planteamiento toral planteados en la iniciativa, ya que dichas adecuaciones a los artículos señalados son para que el particular interponga, en primer término, el recurso de reclamación ante el ente público federal o la Secretaría de la Función Pública, y en caso de que la resolución no le satisfaga el interés del reclamante, se podrá acudir en juicio contencioso administrativo conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por último, las comisiones unidas dictaminadoras del Senado estiman procedente las adiciones propuestas a los artículos 50-A y 52, con un inciso d), fracción V, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo anterior, en virtud de que esa ley no regula la forma en que se emitirán las sentencias relacionadas el procedimiento que establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por lo que se estiman adecuadas las adiciones a los artículos 50-A para establecer los elementos que deben contener las sentencia que emita el Tribunal en los juicios relacionados con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, así como la adición el artículo 52, con un inciso d), fracción V, para prever expresamente la hipótesis de sentencias que recaigan a asuntos de responsabilidad patrimonial, fijando o negando indemnizaciones.

Consideraciones

Primera. Esta dictaminadora coincide plenamente con lo expuesto en la minuta emitida por el Senado de la República, toda vez que no debe perderse de vista que es una obligación del Estado indemnizar a los particulares, con motivo de la actuación administrativa irregular de éste, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el diverso 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que señalan en la parte conducente lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Segunda. El procedimiento para la indemnización que señala la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se establece a partir de su artículo 18 hasta el 26, disponiendo que la parte interesada podrá presentar su reclamación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que deberán señalar en la demanda, en su caso, el servidor o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considere irregular.

Igualmente señala que el procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, además de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, en la vía jurisdiccional; y que las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante podrán impugnarse directamente por la vía jurisdiccional ante dicho Tribunal, es decir a través del juicio contencioso administrativo.

Al respecto, es necesario señalar que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de dos instancias, lo que resulta ser una incongruencia, ya que por una parte resuelven la reclamación inicial del particular, y por otra resuelven el juicio promovido en contra de la resolución recaída a dicha reclamación inicial, es decir, resuelve en sede administrativa y en sede jurisdiccional la misma controversia, jugando, como señala la minuta un doble papel, no obstante que en la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se reconoce el establecimiento de un procedimiento administrativo ante las dependencias, entidades presuntamente responsables, y otra procedimiento por la vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que se considera adecuada la modificación en estudio.

En ese sentido, es procedente la reforma a los artículos 18 y 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para establecer en primer término que el particular deberá presentar su reclamación ante la autoridad presuntamente responsable, organismo constitucional autónomo y, en caso de no obtener una resolución favorable a sus intereses, el particular podrá optar por interponer el recurso de revisión que contempla la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ante el órgano superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución, o bien, acudir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa a promover el juicio contencioso administrativo.

Con lo anterior se logra homologar la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado con el resto de los ordenamientos administrativos, en el sentido de otorgar a la autoridad la posibilidad de modificar su propio actuar, es decir, podrá a través de la indemnización constitucionalmente establecida resarcir al particular por su actividad administrativa irregular. Igualmente se homologa la citada ley, en el sentido de otorgar al gobernado la posibilidad de recurrir los actos administrativos de manera optativa mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, mediante el juicio contencioso administrativo, comúnmente conocido como juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por otra parte, respecto a la modificación de los artículos 19, 23 y 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, esta Comisión dictaminadora las considera procedentes, ya que son las adecuaciones correspondientes que hacen sentido para que el particular realice su reclamación ante el ente público federal, y en caso de que la resolución no le satisfaga su interés, podrá recurrir tal determinación a través del recurso de revisión en sede administrativa o bien acudir en juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Cabe aclarar que la reclamación a que se refiere el dictamen de la colegisladora no es propiamente un recurso, como éste señala, sino simplemente es el medio a través del cual el particular formula su petición de indemnización, la cual deberá efectuarse en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en caso de no obtener una resolución favorable, recurrirla mediante la revisión o el juicio de nulidad antes citados.

En el caso del artículo,19, se modifica en virtud de que el mismo remite al Código Fiscal de la Federación, ya que éste regulaba el juicio contencioso administrativo, juicio que fue derogado de dicho código y en la actualidad es regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo cual, es procedente la modificación.

Respecto de la reforma al artículo 23, es procedente en virtud de que se modifica para quitarle la competencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa respecto de la reclamación y, a su vez, se circunscribe como autoridades emisoras de la resolución a la reclamación de indemnización a los entes públicos federales, estableciéndose los requisitos que dicha resolución debe contener, que posteriormente podrá ser, en su caso, controvertida en recurso de revisión ante el órgano superior jerárquico o mediante juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, según opte el particular.

Igualmente, la modificación al artículo 25 es procedente, toda vez que, como señala la minuta en estudio, obedece al cambio propuesto para que el particular tenga la obligación de presentar su reclamación en vía administrativa, esto es, ante la autoridad presuntamente responsable, organismo constitucional autónomo; en ese sentido, el cómputo del plazo de la prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento en la etapa administrativa, y no en la fase jurisdiccional como actualmente establece el segundo párrafo del actual artículo 25.

Tercero. Por lo que hace a las adiciones propuestas a los artículos 50-A y 52, con un inciso d), fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se consideran adecuadas, toda vez que con ellas se regulará la forma en que se deberán emitir las sentencias relacionadas el procedimiento de reclamación que establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; en ese sentido, toda resolución deberá contener un silogismo jurídico que permita identificar el monto de la indemnización y el nexo causal entre la actividad administrativa y la lesión producida, para que el gobernado tenga certeza jurídica.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia aprueba en sus términos la minuta analizada para los efectos del inciso A del artículo 72 constitucional, y somete a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Artículo Primero. Se reforman los artículos 18, primer párrafo, 19, 23, 24 y 25, segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 18. La parte interesada deberá presentar su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

...

...

Artículo 19. El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, además de lo dispuesto en esta ley, a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la vía jurisdiccional.

Artículo 23. Las resoluciones que dicte el ente público federal con motivo de las reclamaciones que prevé la presente ley, deberán contener como elementos mínimos los siguientes: el relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida y la valoración del daño o perjuicio causado, así como el monto en dinero o en especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación. Igualmente en los casos de concurrencia previstos en el Capítulo IV de esta ley, en dicha resolución se deberán razonar los criterios de imputación y la graduación correspondiente para su aplicación a cada caso en particular.

Artículo 24. Las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso de revisión en vía administrativa, o bien, directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 25. ...

Los plazos de prescripción previstos en este artículo, se interrumpirán al iniciarse el procedimiento de reclamación, a través de los cuales se impugne la legalidad de los actos administrativos que probablemente produjeron los daños o perjuicios.

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 50-A y un inciso d) a la fracción V del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 50-A. Las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de las demandas que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, deberán contener como elementos mínimos los siguientes:

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los casos de reclamación presentados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se encuentren en trámite en los términos de la ley que se modifica deberán resolverse de manera definitiva por el mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero, Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS CÓDIGOS PENAL FEDERAL, Y FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de la honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 25 de abril de 2007, las diputadas Laura Angélica Rojas Hernández, Liliana Carbajal Méndez y Esmeralda Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante el oficio número D.G.P.L. 60-II-5-748, acordó que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública.

Segundo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 22 de abril de 2008, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley de Extradición Internacional y de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante el oficio número D.G.P.L 60-II-4-1342, acordó que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública.

Contenido de las iniciativas

1. Iniciativa de fecha 25 de abril de 2007

De la exposición de motivos de la iniciativa presentada por las diputadas Laura Angélica Rojas Hernández, Liliana Carbajal Méndez y Esmeralda Cárdenas Sánchez se advierte la siguiente propuesta:

Primera. Adicionar el Capítulo II-Bis al Título Octavo del Libro Segundo, así como el artículo 202 Ter al Código Penal Federal, para crear un tipo penal que sancione penalmente a quien realice práctica sexual con personas menores de 18 años de edad o quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo, mediante el pago de dinero, la entrega de una cosa o cualquier otro beneficio, sancionando la llamada "prostitución infantil".

Segunda. Adicionar el artículo 278 Bis al Código Penal Federal a fin de sancionar penalmente a todo el que gestione para que una persona que ejerza la patria potestad o la tutela sobre un menor de 18 años de edad o quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, preste su consentimiento para la adopción del menor o incapaz, sin que se cumplan las disposiciones legales o los tratados internacionales de que México sea parte, así como sancionar a quien consienta dar en adopción y a quien acepte la adopción en los términos mencionados.

Tercera. Reformar los artículos 366 Ter y 366 Quáter del Código Penal Federal, relativos al tráfico de menores, para ampliar la tutela a los menores de 18 años, y ya no sólo a los menores de 16 años, así como para extender la protección a las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo, por considerar que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad similar a la de los menores de edad. Asimismo, se incorpora al tutor como posible sujeto activo del delito de tráfico de menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. Lo anterior, con la finalidad de subsanar una omisión en la reforma del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007, donde se menciona el delito de tráfico de menores o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, sin haber modificado el tipo penal de tráfico de menores considerado en los artículos 366 Ter y 366 Quáter.

Cuarta. Reformar los numerales 13) y 23) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para incluir, respectivamente, el tipo penal prostitución de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, y extender la protección a las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho en el delito de tráfico de menores.

Quinta. Reformar la fracción V del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para incluir el tipo penal prostitución de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo.

2. Iniciativa de fecha 22 de abril de 2008

A. Propuestas sobre el Código Penal Federal

Primera. Se propone perfeccionar el contenido y alcance del artículo 202 del código sustantivo, relativo al delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo.

Segunda. Se propone perfeccionar el contenido y alcance del tipo penal previsto en el artículo 202 Bis, que pasaría a ser el artículo 202 Ter en el Código Penal Federal, eliminando del tipo penal la medida relativa al tratamiento psiquiátrico especializado.

Tercera. Se propone crear un nuevo artículo 202 Bis, en el que se tipifique el delito de pornografía infantil equiparada, consistente en que a quien incurra en cualquiera de de las conductas consideradas en el artículo 202, cuando los actos sexuales o de exhibicionismo corporal, reales o simulados, sean realizados a) por una persona mayor de edad que aparece como un menor de edad adoptando un comportamiento sexualmente explícito; o b) a través de audio o imágenes realistas que representen a un menor de edad adoptando un comportamiento sexualmente explícito, sean éstos creados, adaptados o modificados por medios manuales, mecánicos, electrónicos o sucedáneos.

B. Propuestas relativas al Código Federal de Procedimientos Penales

Primera. Se propone reformar el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales a fin de esclarecer el concepto de flagrancia, determinando con precisión los alcances de las facultades constitucionalmente establecidas y reguladas en el marco operativo mediante la ley secundaria adjetiva penal.

Segunda. Se propone establecer una regulación en general de la prueba electrónica en los artículos 206 y 278 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, en la que se podrá abarcar la materia probatoria respecto al delito que no ocupa, a fin de contar con una regulación específica atendiendo a la naturaleza del propio delito y que implica páginas de Internet, correos electrónicos y conversaciones tipo chat, entre otros medios, que en determinado momento sólo pueden ser recabados de manera electrónica.

Tercera. Otra propuesta importante que se retoma por virtud de la presente iniciativa ha sido una serie de propuestas del Convenio de Cibercriminalidad, emitido por el Consejo de Europa al 1 de julio de 2003, del cual si bien México aún no forma parte, puede llegar a serlo, toda vez que a pesar de no ser miembro del Consejo de Europa, México participó en la elaboración del convenio como país no miembro, siendo el caso que el propio convenio prevé la posibilidad de que países que hubieren colaborado en su elaboración, aun y cuando no sean miembros, puedan sumársele, como en este caso nuestro país.

Tomando en cuenta lo expresado en relación con el Convenio de Cibercriminalidad, concretamente en el artículo 25.3. del Título Tercero del convenio, se propone reformar el Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de permitir, en materia de solicitud de colaboración entre autoridades, formular una demanda de colaboración, a través de un medio de comunicación rápido, como el fax o el correo electrónico (agregándose la expresión "cualquier otra tecnología", a fin de atender a los avances de la ciencia), procurando que esos medios ofrezcan condiciones suficientes de seguridad y de autenticidad (encriptándose si fuera necesario) y con confirmación posterior de ésta si el Estado requerido lo exigiera. La reforma repercute en los artículos 50, 58 y 60 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Cuarta. Se propone reformar los artículos 208 y 278 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales con el objeto de adicionar como medio de prueba, la información generada por medios informáticos, telemáticos, electrónicos, ópticos o producto de cualquier otra tecnología y de señalar las reglas para establecer cuando harán prueba.

C. Propuesta sobre la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Única. Incluir en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada el delito de pornografía infantil, para que éste sea investigado bajo las reglas del régimen de excepción.

D. Propuesta acerca de la Ley de Extradición Internacional

Única. Se propone adicionar un último párrafo del artículo 6, a fin de garantizar que los delitos previstos en las fracciones V y VI de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sean incorporados en los tratados de extradición celebrados por el Estado mexicano.

E. Propuesta relativa a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Única. Se propone reformar el artículo 41, a fin de establecer como un criterio de registro de la base nacional de datos sobre personas probables responsables de delitos, indiciadas, procesadas o sentenciadas, el género de los delitos, en el cual deberá de preverse los delitos relativos al libre desarrollo de la personalidad.

Consideraciones

Las comisiones dictaminadoras, después de realizar un estudio sistemático de las iniciativas presentadas, advierten lo siguiente:

A. Código Penal Federal

Artículo 202. Las comisiones unidas consideran oportuna la propuesta de las iniciantes en incluir como uno de los fines u objetos de la pornografía infantil el verbo "grabar", así como hacer uniforme y congruente la redacción de las conductas y fines consistente en "actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales", previstas en el párrafo primero y segundo.

Artículo 202 Bis. Se coincide con la promovente en la necesidad de regular este tipo de prácticas denominadas pseudo pornografía, al tenor de las siguientes consideraciones:

La pornografía infantil produce en los niños y niñas una sobreestimulación sexual, ya que no están física ni emocionalmente en capacidad de recibir estímulos eróticos que exceden su desarrollo psicosexual y social. Este hecho hace que se interfiera el desarrollo normal y saludable no solo de la sexualidad sino también de la personalidad de niños y niñas. La pornografía en sentido amplio significa una reducción de la sexualidad a la ejecución de actos mecánicos desligados del sentido de trascendencia afectiva y comunicativa entre personas; en consecuencia, el estar expuestos a material pornográfico lleva a que los niños y niñas tengan un aprendizaje distorsionado de la sexualidad. En los casos en que la pornografía a que están expuestos involucra niños y niñas, éstos son inducidos a ver como natural la actividad sexual entre niños, niñas y adultos y, en ocasiones, entre personas adultas y niños o niñas de la misma familia. Esto puede contribuir a aumentar la predisposición o riesgo frente al abuso sexual o al establecimiento de relaciones sexuales precoces; inclusive, en algunos casos, podría llegar a facilitar la incorporación de formas de violencia sexual.

Cuanto más temprana sea la edad en que se inicie la exposición al material pornográfico, mayor efecto tendrá en la persona. Por otra parte, la mayoría de estos niños y niñas expuestos a material pornográfico por Internet, son más vulnerables al exponerlos a redes de producción de material pornográfico o en redes de trata de personas u otras formas de explotación sexual comercial.

Hay varias formas de utilización de pornografía infantil:

Resulta procedente la regulación de dicha actividad como delito equiparado, toda vez que, al comparar ambas conductas, se consideran igualmente graves y asimiladas entre sí; en donde si bien, esta nueva conducta delictiva presenta diferencias con relación a la construcción típica del tipo penal básico, sancionando incluso aquellas conductas en donde propiamente hablando no existe un menor de edad determinado plenamente, al sancionar los actos sexuales o de exhibicionismo corporal, reales o simulados, que sean realizados a través de imágenes realistas que representen un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito, se estima que en todo caso, ambas conductas se asimilan en cuanto al bien jurídico a tutelar, en virtud de que este delito impacta de manera concomitante en el libre desarrollo de la personalidad de los menores de edad.

Sin embargo es necesario señalar que por técnica legislativa se recorrió el artículo que contempla esta conducta, para establecerse la misma en el artículo 202 Ter con la finalidad de guardar congruencia con la estructura normativa del citado ordenamiento legal.

Por otro lado, las proponentes sugieren incluir al tipo penal previsto en el artículo 202 Bis actual un elemento subjetivo "a sabiendas" a efecto de dar mayor seguridad jurídica al imputado y no se proceda en su contra cuando culposamente almacenen, compren o arrienden material pornográfico sin fines de comercialización o distribución.

Las comisiones consideran innecesario agregar dicho elemento, toda vez que al hacer el análisis del dolo, en su elemento cognitivo, el juzgador tendrá que analizar si el sujeto tenía conocimiento de los elementos del tipo penal, es decir, de que almacenaba, compraba o arrendaba material pornográfico, por lo que agregar este elemento sería realizar el mismo análisis, pero ahora dentro de la figura del cuerpo del delito.

También se propone actualizar toda vez que hace una remisión a los párrafos anteriores y dicho artículo no cuenta con más párrafos, por lo que la remisión quedará a los artículos 202 y 202 Ter.

Por último, el actual artículo 202 Bis prevé como sanción la aplicación de un tratamiento psiquiátrico especializado. Estas comisiones coinciden con las promoventes y consideran conveniente que se omita dicha disposición y que se deje al arbitrio del juzgador la necesidad de la aplicación o no de dicha medida.

Artículo 202 Ter. Por lo que respecta a adicionar un artículo 202 Ter al Código Penal Federal, no se considera pertinente la creación del tipo penal de prostitución infantil, en los términos señalados por las iniciantes, toda vez que la propuesta condiciona la configuración del delito, al pago de dinero, entrega de una cosa o cualquier beneficio, sin embargo, estas comisiones unidas consideran que exista o no un pago o beneficio de todos modos se lesiona el bien jurídico tutelado –libre desarrollo de la personalidad–, por lo que estas comisiones consideran se debe omitir como elemento del tipo la contraprestación correspondiente.

Por otro lado, tampoco se considera conveniente crear un tipo abierto, por lo que se propone que el mencionado tipo penal se configure, siempre y cuando la persona menor de dieciocho años de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo sea una víctima de explotación sexual infantil, es decir, resulta necesario sancionar a los consumidores de la trata de personas.

Las comisiones unidas consideran conveniente señalar que las penas serán con independencia de las aplicables por otros delitos que se acumulen.

Por técnica legislativa y con la finalidad de guardar congruencia con la estructura normativa del citado ordenamiento legal, se adicionará un artículo 202 Quáter.

Artículo 278 Bis. Como sabemos, los niños ocupan un lugar preponderante dentro de la familia, puesto que son un grupo que necesita del cuidado y protección especial dado su estado de individuo en desarrollo, su vulnerabilidad y su inmadurez física, intelectual y emocional, de ahí que los actuales instrumentos Internacionales e instituciones jurídicas que tienen por objeto su protección, deben responder al imperativo de atender al interés superior de los menores.

La institución jurídica de la adopción es una clara muestra del interés de las autoridades por alcanzar dicho fin, ya que mediante ella, se establece un nuevo estado civil, el cual se continúa en forma permanente, conforme a la reglamentación jurídica establecida, y que permite a una niña o niño a convertirse en términos legales, en hija o hijo de sus padres adoptivos, distintos de los biológicos, con los derechos y obligaciones inherentes a dicha condición.

Se coincide con la legisladora en que para cumplir con sus obligaciones Internacionales, el Estado mexicano debe actualizar y adecuar sus disposiciones normativas a las obligaciones contraídas en la ratificación de los instrumentos internacionales, por lo cual resulta oportuno sancionar a las personas que gestionen, consientan o acepten la adopción de un menor de edad en contravención de las disposiciones legales nacionales, así como de los instrumentos internacionales que sobre la adopción han sido ratificados por nuestro país, y por tanto, en este momento, se estima conveniente constreñir la presente propuesta al menor de edad.

Lo anterior, sin duda, contribuye al perfeccionamiento de las disposiciones jurídicas que prevén mecanismos de protección del menor, así como también amplían el marco normativo que protege sus derechos, en este caso, su derecho a vivir en familia y evitando que se encuentren en un estado permanente de desamparo a través de la institución jurídica de la adopción.

Por lo anterior, se propone que el tipo penal propuesto quede de la siguiente manera:

Artículo 278 Bis. Al que gestione para que una persona que ejerza la patria potestad sobre un menor de dieciocho años de edad, preste su consentimiento para la adopción del menor, sin que se cumplan las disposiciones legales o los tratados Internacionales de los que México sea parte, se le impondrán de uno a seis años de prisión y de quinientos a mil días multa.

La misma pena se aplicará a quien consienta dar en adopción y a quien acepte la adopción hecha en los términos antes indicados.

Artículos 366 Ter y 366 Quáter. Resulta de la mayor pertinencia la ampliación de la tutela a los menores de dieciocho años, así como extender la protección tratándose del delito de tráfico de menores, a las personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo, ya que además de completar el tipo penal, se subsana una omisión a la reforma al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, citada, donde se hace mención al delito de tráfico de menores o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho.

Se considera procedente incorpora al tutor como posible sujeto activo del tráfico de menores de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, de acuerdo a la reforma propuesta por la diputada al artículo 366 Ter, por considerar que el objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienes incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos, considerando que el tutor es la persona encargada de un menor de de un incapaz.

El tráfico de menores es un delito que atenta principalmente contra el Estado y que implica el cruce de fronteras, de ahí que se considere siempre ilegal. Su principal finalidad consiste en la transportación del menor hacia otro país, a cambio de una contraprestación, de ahí que no se considere procedente el incremento de la penalidad mínima y de la multa, consideradas en el artículo 366 Ter del Código Penal Federal, toda vez que en este caso se trata sólo de sancionar el traslado con el propósito de obtener un beneficio económico.

B. Código Federal de Procedimientos Penales

Artículos 50, 58 y 60 del Código Federal de Procedimientos Penales. Estas dictaminadoras coinciden con la propuesta planteada por la promovente, ya que, si bien México aún no es parte del Convenio de Cibercriminalidad, emitido por el Consejo de Europa al 1 de julio de 2003, no se debe descartar la posibilidad de ello, debido a la participación de nuestro país en la elaboración del convenio, el cual prevé la posibilidad de que aquellos países que colaboraron en la creación del citado instrumento, aun cuando no son miembros de la Unión Europea, pueden sumársele.

El Convenio de Cibercriminalidad sirve como marco referencial válido para el perfeccionamiento de nuestra legislación, en virtud de que proporciona herramientas y lineamientos claros con el objeto de prevenir los actos que atentan contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, de las redes y de los datos, así como el uso delictivo de tales sistemas, redes y datos, asegurando la incriminación de esos comportamientos. En dicho sentido, consagra la penalización de la falsedad informática, la estafa informática, las infracciones vinculadas a atentados al a propiedad intelectual y a derechos afines.

El artículo 25.3 del Título Tercero del convenio establece dentro de los principios generales relativos a la colaboración, la posibilidad de que los estados firmantes, en caso de emergencia, puedan formular una demanda de colaboración, a través de un medio de comunicación rápido, como el fax o el correo electrónico, procurando que esos medios ofrezcan las condiciones suficientes de seguridad y de autenticidad (encriptándose si fuera necesario) y con confirmación posterior de la misma si el Estado requerido lo exigiera, pudiendo el estado requerido responder por cualquiera de los medios rápidos de comunicación indicados.

En ese sentido, se considera pertinente reformar el Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de permitir, en materia de solicitud de colaboración entre autoridades, la formulación de una demanda de colaboración, en función del contenido del artículo 25.3. del Convenio de Cibercriminalidad, lo cual se reflejará en los artículos 50, 58 y 60 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Respecto al artículo 58 del citado ordenamiento, se coincide con el planteamiento de la promovente, toda vez que, al establecerse la colaboración entre autoridades, establecida en la propuesta de artículo 50 de la promovente, resulta innecesario e inoperante el mantener la actual redacción del artículo 58, basta con señalar que los exhortos dirigidos a tribunales extranjeros serán remitidos de la misma forma en la que se realiza entre los tribunales nacionales, toda vez que se entiende que este procedimiento se lleva acabo de manera similar, si no es que igual en otros países, en función de los convenios y tratados internacionales de los que México es actualmente parte, no dejando de observar que únicamente se tramitan vía exhorto las diligencias de trámite procesal como: notificaciones, citaciones, emplazamientos, no los actos que impliquen ejecución coactiva, los cuales deberán homologarse directamente por el interesado ante la autoridad extranjera competente, teniendo como efecto y consecuencia lógica la derogación del artículo 60 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 193. Por lo que hace al tema de la flagrancia, el cual debe ser congruente con la descripción que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, estas Comisiones Unidas consideran conveniente omitirlo por ser un tema que se contempla en un diverso paquete de reformas.

Artículo 194. Las comisiones unidas coinciden en reformar el artículo 194 del código adjetivo, en la fracción I, inciso 23), e incluir en el tráfico de menores de edad a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho previsto en el artículo 366 Ter.

Las comisiones unidas no coinciden en incluir como delito grave a la prostitución de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo previsto en el artículo 202 Quáter.

Es posible advertir que medidas tales como el incremento en las penas o la pérdida de beneficios procesales como el derecho a la libertad provisional bajo caución (al aumentar el catálogo de delitos graves), no han logrado reducir en forma significativa los índices delictivos.

Por lo que se considera que antes de avanzar en el endurecimiento de las penas y en la restricción de beneficios procesales, es necesario evaluar en forma responsable las diversas reformas realizadas en materia penal, pero también las políticas criminológicas aplicadas y la actuación de las autoridades que intervienen en la procuración y administración de justicia.

Artículos 206 y 278 Bis. La informática y las telecomunicaciones no son la excepción en cuanto a la configuración de los delitos objeto de la Iniciativa planteada por la promovente, de hecho, el mismo nacimiento de este tipo de tecnología, como red global de comunicaciones ha fomentado de manera exponencial tanto las virtudes como los lados obscuros de la misma, observando en la actualidad la adaptación de los medios, lo que permite el avance de la criminalidad aún sobre los bienes jurídicos en formato electrónico, generando la cibercriminalidad, no teniendo en la actualidad en el citado ordenamiento forma de regular este fenómeno en función a poder tomar como medio probatorio la información generada en este rubro.

De hecho, los delitos llevados acabo mediante la utilización de medios tecnológicos, no se remite simplemente al ingreso no autorizado a sistemas informáticos ajenos, sino que toca cuestiones aún más complejas como los son los las que son materia de la Iniciativa de la promovente: pornografía infantil, trata de personas, comercio sexual.

Analizando esta dictaminadora el problema a fondo, se puede observar que las mayores ventajas que mantiene a estas fechas la utilización de medios tecnológicos en general, sobre otras formas de crimen son dos:

Incluso, el propio Código Civil Federal ya señala respecto de la prueba electrónica, lo siguiente:

Incluso, en derecho comparado, por ejemplo España, reconoce como medios probatorios, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los siguientes:

C. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo 2o. Las comisiones unidas no coinciden con las promoventes de incluir dentro del catálogo de delitos establecidos en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada el delito de prostitución infantil, pues dichas conductas no se llevan a cabo en los términos del concepto constitucional de delincuencia organizada:

Artículo 16 constitucional, párrafo octavo: "Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia".

La delincuencia organizada es un régimen de excepción, por lo que no se justifica que dichas conductas deban ser investigadas por dicho régimen, ya que los consumidores de la prostitución no lo realizan en grupos organizados de tres o más personas.

D. Ley de Extradición Internacional

Artículo 6o. Las comisiones unidas coinciden adicionar un último párrafo del artículo 6, a fin de garantizar que los delitos previstos por las fracciones V y VI de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sean incorporados en los tratados de extradición celebrados por el Estado mexicano. Sin embargo, las dictaminadoras considera justificado que este no se limite únicamente a las fracciones señaladas sino a todas las referentes a la delincuencia organizada.

E. Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 41. Las comisiones unidas consideran conveniente omitir esta propuesta por ser un tema que se contempla en un diverso paquete de reformas.

Continuando el análisis de las iniciativas objeto del presente proyecto de dictamen, en sesión plenaria de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, celebrada en fecha 5 de febrero de 2009, con la intención de enriquecer las reformas, los diputados Armando Barreiro Pérez y Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuestas de modificación de los textos de los artículos 202 Quáter y 278 Bis del Código Penal Federal, así como las relativas a los artículos 58 y 60 del Código Federal de Procedimientos Penales.

En el caso de las propuestas de los artículos 202 Quáter, éstas tienen por objeto perfeccionar el tipo penal propuesto, sustituyendo el concepto de "práctica sexual" por "actos sexuales" atendiendo a que este concepto se encuentra ya contenido en el Código Penal Federal.

Asimismo, se propone incrementar el término máximo de la penalidad para quedar de seis a dieciséis años, toda vez que en el caso del tipo penal que se crea, se requiere como condición que los actos sexuales se realicen en virtud de la trata de personas, regulada en la ley de la materia. Implica, por tanto, el conocimiento de actos tendientes a facilitar el abuso de menores de edad, víctimas de la trata de personas, aspecto que debe tomarse en cuenta para la imposición de una penalidad mayor.

Se toma en cuenta que la gravedad de la conducta tipificada, así como el bien jurídico que se pretende tutelar a partir de la creación del tipo penal descrito, relacionado con la trata de personas, justifican la posibilidad de que el juzgador pueda aplicar una penalidad mayor.

Asimismo, para el establecimiento de la pena en este nuevo tipo penal, se toma en cuenta el principio de proporcionalidad de las penas, a partir del cual la sanción debe ser proporcional a la importancia social del hecho. De este modo, el derecho penal debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según el grado de afectación al bien jurídico.

En el marco de lo anterior, se revisaron las penalidades establecidas en el artículo 203 del Código Penal Federal, aplicable en caso de turismo sexual, de 7 a 12 años de prisión; así como la aplicable en caso de violación, considerada en el artículo 181 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, de 8 a 20 años de prisión.

Por otra parte, si bien es cierto que para la aplicación de la pena, se debe tomar en cuenta el principio de especialidad contenido en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6o. del Código Penal Federal, se considera necesario establecer una penalidad ejemplar o bien inhibitoria de la conducta delictiva en el tipo penal que se propone crear, en aras de fortalecer el marco jurídico de protección de los menores de edad.

De acuerdo con el principio de especialidad, se debe aplicar la ley penal estrictamente aplicable al caso concreto. Es decir, cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general.

En el caso de la propuesta 278 Bis, se propone incorporar el concepto "simular" en el supuesto de quien preste su consentimiento para la adopción del menor edad o incapaz.

Por otra parte, se propone una nueva redacción en el segundo párrafo del artículo 278 Bis, con objeto de mayor claridad y precisión al tipo penal propuesto.

A partir de lo anterior, con en el mejor ánimo de enriquecer las propuestas formuladas por las diputadas iniciantes, dotar de mayor precisión y alcance a los tipos penales propuestos, para avanzar en la estructuración de un marco jurídico de protección de los menores, se sugieren respetuosamente las siguientes modificaciones:

Se tiene presente la importancia de mantener y fortalecer, en todo momento, las relaciones diplomáticas y de respeto entre los países.

Por lo expuesto, las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública someten a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Extradición Internacional

Artículo Primero. Se reforman los artículos 202, párrafos primero y segundo, 202 Bis, 366 Ter y 366 Quáter; y se adicionan los artículos 202 Ter, 202 Quáter y 278 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de grabarlos, videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de computo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.

A quien fije, imprima, grabe, videograbe, fotografíe, filme o describa actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.

…

Artículo 202 Bis. A quien almacene, compre, arriende, el material a que se refieren los artículos 202 y 202 Ter, sin fines de comercialización o distribución se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado.

Artículo 202 Ter. Se equipara al delito de pornografía de menores de dieciocho años de edad y se sancionará con pena de tres a ocho años de prisión y de trescientos y de mil días multa a quien incurra en cualquiera de las conductas consideradas en el artículo 202, cuando los actos sexuales o de exhibicionismo corporal, reales o simulados, a que hace referencia dicho artículo, sean realizados:

Esta sanción se acumulará con independencia de las aplicables por otros delitos.

Artículo 278 Bis. Al que gestione para que una persona que ejerza la patria potestad sobre un menor de dieciocho años de edad, preste su consentimiento para simular una adopción del menor de edad o incapaz, sin que se cumplan las disposiciones legales o los tratados Internacionales de los que México sea parte, se le impondrán de uno a seis años de prisión y de quinientos a mil días multa.

La misma pena se aplicará a quienes simulen la adopción, en los términos antes indicados.

Artículo 366 Ter. Comete el delito de tráfico de menores o de incapaces, quien traslade a un menor de dieciocho años de edad o a quien no tiene capacidad para comprender el significado del hecho, o lo entregue a un tercero, de manera ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por el traslado o la entrega.

…

Artículo 50. En casos urgentes, notificado que fuere de ello previamente el Ministerio Público y quien corresponda conforme a la ley, podrá resolverse que se haga uso de un medio de comunicación rápido como el fax, el correo electrónico, o cualquier otra tecnología, procurando que esos medios ofrezcan las condiciones suficientes de seguridad y de autenticidad y con confirmación posterior en caso de ser necesario, expresándose con toda claridad las diligencias que han de practicarse, la parte que las solicitó, el nombre del inculpado, si fuere posible, el delito de que se trata y el fundamento de la providencia.

El cumplimiento de los exhortos o requisitorias urgentes se hará de manera inmediata. En caso de no ser así, se podrá promover una queja ante el superior jerárquico del tribunal requerido.

Artículo 194. …

Artículo 278 Bis. La información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, informáticos, telemáticos, ópticos o de cualquier otra tecnología, hace prueba siempre que se acredite:

Artículo 6. …

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2009.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Patricia Castillo Romero, Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Luis Gerardo Serrato Castell, David Mendoza Arellano, secretarios; Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez, Gregorio Barradas Miravete, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade, Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, José Luis Murillo Torres (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, José de Jesús Solano Muñoz, Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).
 
 

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado el viernes 5 de diciembre de 2008 para su estudio y dictamen el expediente número 4984, que contiene la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Mediante la mencionada minuta se plantea la reforma y adición de diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte con la finalidad de complementar este cuerpo normativo en materia de igualdad en el deporte, integrando a las políticas nacionales de la materia la consideración de trato igualitario tanto a deportistas convencionales como a deportistas con discapacidad.

Así, se propone el reconocimiento y la aplicación del principio de igualdad entre las personas convencionales y las que tienen alguna discapacidad, en los planes y programas establecidos para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte a cargo de los organismos del deporte reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Como una atribución de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se plantea incluir expresamente y de manera específica el impulso de políticas para el desarrollo de la cultura física y el deporte destinadas a personas con discapacidad, estableciéndose además como uno de los fines del federalismo que se deberá considerar en la coordinación interinstitucional.

La minuta en estudio contempla además una adición a la ley en revisión, mediante la cual se obligaría a la Conade a aplicar el principio de igualdad, mediante la gestión y el establecimiento de los mecanismos necesarios para que los deportistas con discapacidad gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el gobierno federal a los deportistas convencionales.

Asimismo, se prevé una adición para que el Fondo de Alto Rendimiento destine apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades para participar en los juegos paralímpicos.

Finalmente, se propone incluir en el Comité Técnico del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento al Comité Paralímpico Mexicano, con la intención de que sea parte en la toma de decisiones para la autorización de los programas de apoyo, además de los representantes del gobierno federal, del Comité Olímpico Mexicano, AC, de la Confederación Deportiva Mexicana, AC, y de los particulares que aporten recursos al fondo.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la minuta de referencia, llevando a cabo para tal efecto reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de ésta, hasta alcanzar el dictamen que se presenta bajo las siguientes

Consideraciones

El Estado mexicano cuenta con un sistema jurídico que se caracteriza por contar con instituciones garantes de los derechos humanos, cuyo reconocimiento viene a partir de su ley fundamental.

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra y reconoce el principio de igualdad, prohibiendo de manera expresa en su párrafo tercero toda discriminación, en los siguientes términos: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

Los doctrinarios del derecho constitucional, a pesar de que definen la expresión "derechos humanos" de distinta manera, coinciden en la idea de fondo, sosteniendo que se trata de aquellas facultades que necesita el ser humano para su permanencia y desarrollo natural, sin las cuales no puede vivir como ser humano, ya que le son inherentes por su naturaleza y deben ser reconocidas y garantizadas por el Estado para preservar la especie humana.

Respecto al término "garantías individuales", coinciden en que se trata de instrumentos de carácter social, político y jurídico a través de los cuales el Estado va a proteger y asegurar al gobernado el disfrute de los derechos consagrados en la ley fundamental.

De acuerdo con la estructura del sistema jurídico mexicano, reconocida expresamente por la Constitución en su artículo 133, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por la doctrina del Derecho, la ley suprema es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo ésta la que reconoce los derechos fundamentales que habrán de garantizarse a través del conjunto de disposiciones legales y reglamentarias así como las acciones de carácter social y político implantadas por el gobierno para tal efecto.

El Poder Legislativo, consciente de los vacíos legales, ha venido trabajando durante las últimas décadas para complementar el sistema jurídico a fin de hacer efectivas las garantías de los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna, así como eliminar todo tipo de discriminación. Para tal efecto se han creado y reformado leyes en distintas materias, que hoy en día, si bien no se puede hablar de una labor terminada, cuentan con instrumentos legales a la vanguardia para prevenir y sancionar la privación de derechos fundamentales.

Lamentablemente, la legislación vigente en materia deportiva no se caracteriza por concebir en su cuerpo normativo el principio de igualdad y no discriminación consagrado en nuestra ley suprema, lo que hace indispensable una reforma a la ley para actualizarla y armonizarla con la Constitución Federal.

El trato desigual que durante años han padecido los deportistas mexicanos que presentan alguna discapacidad, respecto de los deportistas convencionales, tanto por los vacíos de la ley como por las omisiones del gobierno, ha sido una constante que no sólo ha impedido, sino además ha disminuido el desarrollo de la cultura física y el deporte entre la población, particularmente de las personas con discapacidad en general, y en particular de los deportistas en esta condición.

De acuerdo con lo anterior, las modificaciones legales a la Ley General de Cultura Física y Deporte aprobadas por el Senado de la República constituyen, sin lugar a dudas, un avance trascendental en el respeto a los derechos humanos que viene a actualizar, enriquecer y armonizar la ley; de manera particular viene a darle vigencia al principio de igualdad entre los deportistas.

En efecto, con la propuesta se establecen los derechos mínimos a los que tendrán acceso por igual los deportistas convencionales y discapacitados en los planes y programas establecidos para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la cultura física y el deporte a cargo de los organismos del deporte; se otorga atribución a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para que impulse políticas para el desarrollo de la cultura física y el deporte destinadas a personas con discapacidad, estableciéndose además, como uno de los fines del federalismo, que se deberá considerar en la coordinación interinstitucional; se obliga a la Conade a gestionar y establecer los mecanismos necesarios para que los deportistas con discapacidad gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el gobierno federal a los deportistas convencionales y se incluye la obligación para que el Fondo de Alto Rendimiento destine apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades de participar en los juegos paralímpicos y, asumimos, en las competencias previas del ciclo olímpico y su equivalente del deporte adaptado.

La Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Diputados reconoce las aportaciones del Senado de la República mediante la reforma propuesta y se suma a ella, ya que sin lugar a dudas traerá efectos inmediatos a favor de los deportistas mexicanos.

No obstante, es de considerarse que para contar con una legislación de vanguardia que responda a las necesidades de la población mexicana en materia deportiva, apegada al respeto de los derechos fundamentales de los deportistas, se hace necesaria una revisión integral de la ley en estudio, lo cual se asume como el reto inmediato del Congreso de la Unión.

Asimismo, esta comisión considera que si bien es plausible la propuesta para incluir en el Comité Técnico del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento al Comité Paralímpico Mexicano, con la intención de que sea parte en la toma de decisiones para la autorización de los programas de apoyo, debe ir aparejada de un tratamiento más amplio en la ley, pues el Comité Paralímpico Mexicano no tiene un reconocimiento en el cuerpo de la ley rectora del deporte en estudio, por lo que, de aprobarse la propuesta en sus términos, quedaría incompleta la reforma, constituyendo un obstáculo para cumplir la intención del legislador.

En cuanto a la forma en la que se presenta la propuesta, ésta tiene algunas deficiencias ortográficas y de técnica legislativa, por lo que este órgano legislativo estima necesario ajustar la redacción y técnica para expresar con claridad la intención del legislador y armonizarla con la técnica legislativa inserta en la ley vigente.

Por otro lado, en cuanto a los textos de las fracciones II, IV y XV del artículo 18 de la ley en estudio vigente retomados por la minuta en las fracciones III, V y XVI, es oportuno destacar lo siguiente:

Sobre la fracción III; transcrita en la minuta del Senado de la República, la cual faculta a la Junta Directiva para "aprobar los programas y presupuesto de la Conade así como sus modificaciones en los términos de la legislación aplicable. En lo tocante al presupuesto y a los programas financieros, con excepción de aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, bastará con la aprobación de la Junta Directiva"; esta redacción incorpora un texto similar al de la fracción II del artículo 18 de la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, que entró en vigor el 25 de febrero de 2003 y que es congruente con la fracción II, del artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, ley vigente desde el 15 de mayo de 1986, en términos de la cual los órganos de gobierno de las entidades paraestatales se encuentran facultados para: "Aprobar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable. En lo tocante a los presupuestos y a los programas financieros, con excepción de aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos anual de la federación o del Departamento del Distrito Federal, bastará con la aprobación del órgano de gobierno respectivo".

Sobre el particular, debe atenderse a lo siguiente:

El 1 de abril de 2006 entró en vigor la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), ley reglamentaria de los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

En términos del artículo 57 de la LFPRH, los ejecutores de gasto deben sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias en los términos que señala el mismo ordenamiento.

En ese sentido, la LFPRH establece en su artículo 59 que las entidades, entre ellas los organismos descentralizados, requieren la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar las siguientes adecuaciones presupuestarias externas:

Atendiendo a lo anterior, a fin de evitar la invasión en la esfera de competencia de las citadas dependencias se considera indispensable modificar la redacción transcrita en la minuta para quedar de la siguiente manera:

Sobre el particular, debe considerarse lo siguiente:

En términos del artículo 110 de la LFPRH, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades.

Por otra parte, el artículo 111 de la LFPRH señala que la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, verifican periódicamente, al menos cada bimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia economía, eficacia, y la calidad en la administración pública federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes.

Adicionalmente, el ordenamiento de referencia establece en el artículo 110 diversos requisitos a los que deben sujetarse las instancias públicas a cargo de la evaluación del desempeño, entre los cuales destacan: I) efectuarán las evaluaciones por si mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables; II) todas las evaluaciones se harán públicas; III) se establece la información mínima que deben contener las evaluaciones; IV) las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo; entre otros.

En ese sentido, a fin de evitar invadir la esfera de competencia de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, y de sujetar la evaluación de los programas de la Conade a la legislación aplicable, se considera conveniente modificar la redacción de la fracción de referencia para quedar de la siguiente forma:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único. Se reforman los artículos 12, fracción III; 18, actuales fracciones II, IV y XV; 105, párrafo primero y se adicionan los artículos 18, con una nueva fracción II, recorriéndose las actuales fracciones II a XXXIII, a ser las fracciones III a XXXIV; 36, con una nueva fracción V, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 99, con un cuarto párrafo y 100, con una nueva fracción IX, pasando la actual a ser X de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 12. …

…

…

La Conade gestionará y establecerá los mecanismos necesarios para que los deportistas con discapacidad, sin discriminación alguna, gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorgue el Gobierno Federal a los deportistas convencionales.

Artículo 100. …

…

…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de marzo de dos mil nueve.

La Comisión de Juventud y Deporte

Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos, Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra, secretarios; Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Alma Xóchitl Cardona Benavidez, Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Fidel Antuña Batista (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Emilio Ulloa Pérez, Rafael García Villicaña (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Carlos Alberto Navarro Sugich, Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica),
 
 

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE ARCHIVOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fueron turnadas, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, las iniciativas con proyecto de decreto que expiden la Ley Federal de Archivos.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73, fracción X, y a la luz de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de las iniciativas de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

A) Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Archivos y reforma el artículo 27, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por el diputado César Camacho Quiroz

Destaca la exposición de motivos que "la importancia de custodiar, organizar y conservar el peculio documental de la nación, amerita la construcción de una normatividad superior a la que actualmente rige en nuestro país en materia de archivos, por lo que toda acción institucional que garantice su debida administración y difusión debe ser considerada de interés público".

Por tanto, continúa la exposición de motivos, las doctrinas archivísticas han evolucionado para otorgar a los documentos valores testimoniales de tipo cultural, científico, histórico y político. En el ámbito mundial, los organismos internacionales han expuesto la necesidad de adoptar medidas para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia ilícita de bienes culturales. En México, el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ha expuesto en sus informes enviados al Poder Legislativo federal, la problemática que día a día enfrenta, relacionada con las inexistencias documentales esgrimidas por las dependencias y entidades, ya sea por la dificultad de localizar los documentos, o bien, porque fueron destruidos.

La protección al patrimonio cultural y el acceso que tenga a él los usuarios para su consulta permanente requiere, a juicio del iniciador, un ordenamiento moderna y eficaz que regule la adecuada administración, creación, organización, registro, gestión, conservación, custodia, reivindicación y difusión de los archivos públicos e inclusive de los privados que sean de interés público.

El iniciador hace referencia a las reformas constitucionales que se realizaron en materia de acceso a la información. Tal garantía contenida en el artículo 6o. de la norma fundamental hace necesario que se emitan ordenamientos que permitan a los ciudadanos el acceso a la información en posesión del Estado, a través de la organización, localización y conservación de los documentos de índole administrativa o con valor histórico.

Si bien se han logrado avances importantes en materia de acceso a la información, el proponente destaca que legislar en materia de archivos parte del hecho de que nuestro país ha contado con una deficiente organización de archivos, careciendo de estándares para su conservación. De acuerdo con la exposición de motivos, la ausencia de una regulación federal en materia de archivos ha propiciado la pérdida, destrucción y opacidad de información relevante. Por ello, "la relevancia de la expedición de una Ley Federal de Archivos, además de colmar una laguna jurídica, radica esencialmente en la necesidad de evitar que el patrimonio documental se mutile, censure, manipule, destruya, extraiga o falsifique, con el propósito de garantizar la perdurabilidad de una parte muy importante del patrimonio de la nación".

Al contar con una Ley Federal de Archivos, el proponente estima que se deben modificar programas, proyectos y acciones gubernamentales en la materia que evitarán pérdidas y manipulaciones indebidas del acervo documental y se promoverá la implantación y desarrollo de prácticas, técnicas y políticas que homogenicen y modernicen la tutela del caudal histórico, político, científico, tecnológico, económico y cultural de los mexicanos. Para lograr lo anterior, se considera el papel fundamental que debe realizar el Archivo General de la Nación, "institución secular de prestigio acreditado".

En este sentido, se propone la expedición de la Ley Federal de Archivos a partir de cuatro ejes fundamentales que expone el iniciador: 1) El alcance de un conjunto de disposiciones mínimas a todos los órganos del Estado para lograr la correcta organización y conservación de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos o con autonomía legal, los tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal; 2) La política en materia de archivos que establecen los principios rectores en materia de archivos, en los cuales se vislumbran las aspiraciones genuinas de la ejecución de una política de Estado integral en materia archivística; 3) Las autoridades que, en materia de archivos, son responsables de la aplicación efectiva de la norma, robusteciendo el Archivo General de la Nación, como organismo descentralizado, no sectorizado, que asumirá la rectoría de la materia de archivos. Establecerá los lineamientos y políticas generales para la organización, conservación y administración de los archivos de trámite y concentración de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de los históricos que contienen la memoria documental de dichas dependencias y entidades. De acuerdo con el iniciador, el Archivo General de la Nación tendrá autonomía de gestión y personalidad jurídica propia para ser un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado. Su nueva estructura jurídica permitirá abatir el rezago en la generación de inventarios documentales y restauración de documentos y prever las condiciones para la recepción y la descripción de aquellos que habrán de valorar y conservar, en ese sentido, el manejo, conservación y cuidado de los archivos administrativos e históricos de la administración pública federal deberá regirse por la Ley Federal de Archivos y los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación; 4) Establecer la vigilancia, responsabilidades y sanciones en materia de archivos, con el propósito de dotar a las autoridades, de los mecanismos necesarios para hacer efectiva la norma propuesta.

Toda vez que uno de los ejes de la Ley Federal de Archivos propuesta es otorgar autonomía al Archivo General de la Nación, se considera la reforma del artículo 27, fracción XIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que el mencionado órgano deje de formar parte de la estructura orgánica de la Secretaría de Gobernación.

B) Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Archivos presentada por los diputados Carlos Madrazo Limón y Ruth Zavaleta Salgado

Señalan los iniciadores la serie de antecedentes históricos en nuestro país relativos a la organización de los documentos y archivos de importancia pública y privada. En el México independiente, hacia 1823, la Junta Superior Gubernativa, a propuesta de Lucas Alamán, expidió un decreto por el que se creó el Archivo General y Público de la Nación, cuya evolución, hacia 1856, permitió que tal archivo general concentrara los datos estadísticos sobre el valor de la propiedad, la producción agrícola y los comportamientos demográficos y sociales de la población.

Fue con la expedición de la Ley de las Secretarías de Estado, en la presidencia de Venustiano Carranza, cuando el Archivo General y Público de la Nación pasó a formar parte de la Secretaría de Gobernación. Afirman los proponentes que "poco después, al aprobarse el reglamento del 21 de septiembre de 1920, tomó su actual denominación", es decir el de Archivo General de la Nación, siendo sus atribuciones las del depósito de documentos históricos, la concentración de leyes y decretos, la publicación de obras sobre el tema y la expedición de copias certificadas de títulos originales de las propiedades comunales.

Hacia 1946, se emitió un nuevo ordenamiento para el Archivo General de la Nación, dándole atribuciones para conceder permisos para la exportación de libros y documentos, además de conservar la facultad para concentrar los archivos federales. Afirman los iniciadores que el Reglamento del Archivo General de la Nación, publicado el 13 de abril de 1946 en el Diario Oficial de la Federación "sigue vigente a pesar que ha sido rebasado por la realidad archivística de la administración pública federal y que no se corresponde cabalmente con la estructura funcional ni con todo el marco jurídico que rige al AGN".

La necesidad de modernización de la archivística del país ha dado lugar a la creación de distintos organismos que han procurado dotar a tal disciplina de elementos actuales que permitan la organización adecuada y eficiente de los archivos públicos. Destacan, de acuerdo con la exposición de motivos, el Comité Técnico Consultivo de las Unidades de Correspondencia y Archivo con el propósito de coadyuvar al mejoramiento de los servicios de correspondencia y archivo de las entidades públicas; el Sistema Nacional de Archivos, con funciones de regulación, supervisión y evaluación, coordinación general, apoyo técnico global e investigación y capacitación sobre archivonomía; la designación del Archivo General de la Nación, el 14 de julio de 1980, como la entidad central y de consulta del Ejecutivo federal, que contaría con un Comité Asesor, la cual manejaría los archivos administrativos e históricos de la administración pública federal y que tendría a cargo la emisión de "las normas, políticas y lineamientos generales conforme a los cuales se fijen las relaciones operativas internas y externas entre las unidades que ejerzan las funciones de correspondencia y archivos administrativos e históricos de la administración pública federal".

También se facultó a esta institución para "vigilar y evaluar el cumplimiento de las normas expedidas para regular el manejo, transferencia, conservación o eliminación de los documentos que integran los archivos con motivo de la gestión administrativa". En 1988, el Archivo General de la Nación inició la creación de la sección dedicada a los archivos presidenciales y fue en 1998 cuando, al ser abrogado el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, no se hizo alusión al Comité Asesor que aún funge como órgano consultivo del Archivo General de la Nación.

La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 11 de junio de 2002 en el Diario Oficial de la Federación y los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del 27 de enero del 2004 fueron los ordenamientos que dieron nuevas consideraciones sobre la organización, conservación y acceso a los archivos de la administración pública federal. A juicio de los proponentes, los últimos veinticinco años han sido testigos de un "notorio proceso de transformación de los archivos públicos, al que se ha sumado el incremento de los archivos privados, universitarios y eclesiásticos, sin perder de vista los factores externos, merced a que el AGN promueve las normas, los estándares y las mejores prácticas internacionales avaladas por el Consejo Internacional de Archivos (International Council of Archives) y la Organización Internacional para Estandarización (International Organization for Standardization)".

Lo anterior es motivo para que los proponentes consideren que la iniciativa que se dictamina sea un ordenamiento que estimule la "estandarización de las políticas de administración de archivos y el establecimiento de procedimientos que aseguran una apropiada atención y protección de los mismos. Se logra así, que la evidencia e información contenida se pueda recuperar de una manera eficiente, con base en prácticas y procedimientos homogéneos", lo que permitirá replantear el papel realizado por los repositorios, "no sólo como guardianes del patrimonio documental de nuestra nación y centros de información y cultura, sino también, como fuente de defensa de los derechos humanos y centros de consulta inagotables, desde la perspectiva de nuestro momento histórico".

De acuerdo con la exposición de motivos, los elementos para la evaluación de la iniciativa obedecen a la responsabilidad impostergable del Poder Legislativo para regular los archivos en posesión de los órganos inmediatos y mediatos de la Federación, en virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 6o. para crear instrumentos legales que garanticen el derecho de acceso a la información; la iniciativa de los diputados Madrazo Limón y Zavaleta Salgado quiere ser armónica y complementaria con las disposiciones existentes en el orden jurídico nacional en materia de conservación, protección, custodia y difusión de archivos y documentos de relevancia, particularmente de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Por otro lado, la iniciativa quiere dotar al Archivo General de la Nación de certeza jurídica y permanencia para convertirlo, "con pleno respeto a los demás poderes federales y órdenes de gobierno, en el eje sobre el cual debe girar la política de Estado en materia de conservación y difusión de archivos".

Por lo anterior expuesto, se propone expedir la Ley Federal de Archivos, la cual se compone de tres títulos que se describen a continuación y de acuerdo a la exposición de motivos:

El Título Primero, sobre "Disposiciones Generales" que precisan los objetivos generales y específicos de la ley, la regulación del concepto de patrimonio documental de la nación y el respeto a la soberanía y competencia de los distintos órdenes de gobierno, federales, estatales y municipales, para que establezcan sus propios criterios y procedimientos institucionales, relativos a la administración de sus archivos.

El Título Segundo, "De la Organización de los Archivos", busca armonizar la administración de documentos con las nuevas corrientes y sistemas impuestos por la realidad; señala los documentos en posesión de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal para determinar que formarán parte de un sistema de archivos; establece las bases del Archivo General de la Nación para desarrollar, evaluar y aprobar las herramientas informáticas de gestión y control archivístico, aplicadas por las dependencias y entidades en la organización y conservación de sus archivos; el área coordinadora de archivos de las dependencias del Ejecutivo federal y la creación de las medidas necesarias para la conservación y administración los documentos electrónicos generados o recibidos en diversos medios por las dependencias y entidades productoras de los documentos.

Finalmente, el Título Segundo desarrolla la autorización de salida y enajenación de documentos públicos y libros que por su naturaleza no son fácilmente sustituibles y que deberá abonar a la conservación de la memoria histórica para evitar el comercio ilegal de piezas de los archivos públicos.

El Título Tercero, sobre los aspectos institucionales, reconoce al Archivo General de la Nación como el eje rector del Poder Ejecutivo federal para la administración de los archivos, considerando que su actual organización administrativa de la institución es la más adecuada para desarrollar sus actividades, conservando su naturaleza de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; la iniciativa propone la creación del consejo asesor, independiente de los órganos de gobierno y administración del Archivo General de la Nación, como un grupo plural integrado por los representantes de los archivos de la administración pública centralizada del Ejecutivo federal y por académicos especialistas; se destaca al Registro Nacional de Archivos como un instrumento catastral del Archivo General de la Nación dedicado a registrar, difundir y certificar la existencia de los archivos federales, estatales y municipales y, de manera potestativa, de los repositorios privados declarados de interés público.

Finalmente, la iniciativa busca formalizar al Sistema Nacional de Archivos como el mecanismo de colaboración permanente entre los archivos públicos y privados, basado en el respeto a la autonomía de sus integrantes y en apego a su marco jurídico.

Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

A) En lo general

Decreto que expide la Ley Federal de Archivos

Único. Se expide la Ley Federal de Archivos para quedar como sigue:

Ley Federal de Archivos

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. El objeto de esta ley es regular la administración de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal, así como establecer los mecanismos de colaboración entre la federación, las entidades federativas y los municipios para la conservación del patrimonio documental de la nación, y fomentar el resguardo, difusión y acceso de archivos privados de especial relevancia histórica, social, técnica, científica o cultural.

Artículo 2. Para efectos de la presente ley y su ámbito de aplicación se entenderá por:

Son principios de esta ley:

Artículo 5. La presente ley es de observancia obligatoria para los servidores públicos federales.

Artículo 6. El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; los organismos constitucionales autónomos o con autonomía legal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general los órganos, criterios y procedimientos institucionales relativos a la administración de sus respectivos archivos, de acuerdo con los principios y reglas establecidos en la presente ley.

Título Segundo
De la Organización de los Archivos

Capítulo I
Administración de los Archivos

Artículo 7. El propósito de la administración de archivos es asegurar que los documentos, sin importar su soporte o formato, sirvan para el cumplimiento y sustento de las atribuciones o funciones institucionales, el trámite y gestión de asuntos, la transparencia de acciones, la rendición de cuentas y el acceso a la información, además de ser fuente para la investigación histórica.

Artículo 8. Todo documento en posesión de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal formará parte de un sistema de archivos. Dicho sistema incluirá al menos:

Artículo 9. El Archivo General de la Nación, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, emitirá los lineamientos para el uso de sistemas automatizados de gestión y control de archivos en formatos físico y digital para coadyuvar en la organización y conservación de archivos de las dependencias y entidades. En su caso, desarrollará un sistema específico para la Administración Pública que permita la creación, mantenimiento y preservación de los archivos digitales, asegurando la autenticidad de sus documentos y que permita proteger su confidencialidad y se mantengan a través del tiempo.

Asimismo los sujetos obligados realizarán programas de respaldo y migración de los documentos electrónicos, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y propiciarán la utilización de herramientas informáticas que permitan la adecuada administración de archivos electrónicos.

Artículo 10. El Archivo General de la Nación, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, establecerá las bases para el desarrollo de herramientas informáticas de gestión y control para coadyuvar en la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades. Los plazos para su adopción serán determinados en cada caso por el Archivo General de la Nación en consulta con su consejo asesor.

Cuando las dependencias y entidades hayan desarrollado o adquirido herramientas informáticas de gestión y control para la organización y conservación de archivos distintas a las que establece el párrafo anterior, éstas deberán ser adecuadas a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación en esta materia.

Artículo 11. Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal contarán con un área coordinadora de archivos encargada de aplicar las normas, criterios y lineamientos archivísticos determinados en el marco de esta ley y demás disposiciones reglamentarias o administrativas, a efecto de lograr homogeneidad entre todas las unidades administrativas en la materia.

Artículo 12. Las áreas coordinadoras de archivos con voz y voto en el Comité de información determinaran la manera de administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los archivos de la dependencia o entidad con base en los lineamientos y criterios definidos por el Archivo General de la Nación.

Artículo 13. En cada dependencia o entidad existirán los archivos de trámite y concentración que determinen y el histórico de considerarse necesario.

Artículo 14. Las dependencias y entidades desarrollarán y establecerán las políticas, lineamientos y procesos conducentes al control de sus archivos digitales con el propósito de:

Capítulo II
De los Usuarios, Autorización de Salida y Enajenación de Documentos

Artículo 16. Los usuarios tienen el derecho de consultar los documentos de archivo, ya sean administrativos o históricos, así como los privados de interés científico, tecnológico, cultural, o histórico conforme a lo establecido por esta ley y demás ordenamientos aplicables.

Los usuarios deberán contribuir a la conservación y buen estado de los documentos consultados.

Cualquier mal uso, perjuicio material o sustracción de documentos realizada por los usuarios, será sancionada de conformidad con la legislación aplicable

Artículo 17. No podrán salir del país documentos que hayan pertenecido o pertenezcan a los archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios y casas curiales, así como documentos originales relacionados con la historia de México y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles, sin la autorización previa del Archivo General de la Nación.

Artículo 18. En los casos de enajenación por venta de un acervo o documento declarado patrimonio documental de la Nación, y en general cuando se trate de documentos acordes con lo previsto en el artículo 36, fracciones II y III de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el Ejecutivo federal, a través del Archivo General de la Nación, gozará del derecho del tanto en los términos que establezca el reglamento respectivo.

Artículo 19. Cuando los archivos o documentos de interés público y en poder de los particulares se encuentren en peligro de destrucción, desaparición, deterioro o pérdida, podrán ser objeto de expropiación por causa de utilidad pública mediante indemnización, ateniéndose a la legislación en la materia.

Título Tercero
De los aspectos institucionales

Capítulo I
Archivo General de la Nación

Artículo 20. El Archivo General de la Nación es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, fuente de acceso público, rector de la archivística nacional y entidad central y de consulta del Ejecutivo federal en el manejo de los archivos administrativos e históricos de las dependencias y entidades.

El Archivo General de la Nación contará con un consejo asesor para el mejor desarrollo de las atribuciones asignadas sobre las mejores prácticas en las diversas materias afines.

El consejo asesor estará integrado por representantes de los archivos de las dependencias de la Administración Pública Centralizada del Ejecutivo federal, así como por académicos y expertos destacados de las disciplinas vinculadas con sus funciones, de acuerdo con los lineamientos que sobre la materia expida el Archivo General de la Nación.

Artículo 21. El Archivo General de la Nación tendrá las siguientes atribuciones:

Capítulo II
Registro Nacional de Archivos

Artículo 23. El Registro Nacional de Archivos es un instrumento catastral del Archivo General de la Nación para registrar y difundir el patrimonio de la memoria documental del país en el ámbito federal y, de manera potestativa, de los archivos de los demás ámbitos, público y privado, mediante el acopio de los datos sobre los acervos y la infraestructura de los archivos, así como sobre los documentos declarados patrimonio documental de la Nación. Podrán certificarse en el registro:

Los particulares propietarios de documentos o archivos declarados como patrimonio documental de la Nación inscritos en el Registro Nacional de Archivos, informarán sobre cualquier cambio que afecte los documentos o acervos, sea en su estado físico o patrimonial.

Artículo 25. Los archivos privados que por solicitud de sus propietarios se inscriban en el Registro Nacional de Archivos, contarán con asistencia técnica por parte del Archivo General de la Nación y se estimulará su organización, conservación, difusión y consulta.

Capítulo III
Sistema Nacional de Archivos

Artículo 26. El Sistema Nacional de Archivos es un mecanismo de colaboración, coordinación y articulación permanente entre los archivos públicos, los privados y del sector social, presidido por el Archivo General de la Nación para promover el marco jurídico, técnico y normativo de los archivos del país y garantizar la preservación, conservación, organización, descripción, y uso adecuado y difusión del patrimonio documental de la Nación, con base en las mejores prácticas internacionales. El Sistema Nacional de Archivos se conducirá de conformidad con las disposiciones previstas en el reglamento.

Artículo 27. Para fines de colaboración y con pleno respeto a su condición de independencia, autonomía, soberanía y a su marco jurídico propio, podrán incorporarse al Sistema Nacional de Archivos:

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Archivo General de la Nación, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, expedirá los lineamientos para el desarrollo de herramientas informáticas de gestión y control de archivos para coadyuvar en la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo federal, en los siguientes 180 días hábiles posteriores a la publicación de la presente ley.

Tercero. El Archivo General de la Nación expedirá los lineamientos para la estructura y funcionamiento del consejo asesor en los siguientes 180 días hábiles posteriores al inicio de vigencia de la presente ley.

Cuarto. El Ejecutivo federal, con la participación del Archivo General de la Nación, expedirá el Reglamento de esta ley dentro del año siguiente a su entrada en vigor.

Quinto. El Archivo General de la Nación pondrá en su portal electrónico las disposiciones y requisitos para incorporar y actualizar los datos en el Registro Nacional de Archivos a más tardar en 180 días hábiles posteriores a la publicación de la presente ley.

Sexto. Los sujetos obligados al cumplimiento de esta ley, deberán establecer los órganos y aplicar los principios de la misma, en un plazo máximo de un año contado a partir de su entrada en vigor.

Séptimo. No se derogan los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, expedidos el 20 de febrero del 2004.

Octavo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que contravengan la presente ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de 2009.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Antonio Xavier López, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte, Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).