Honorable Asamblea:
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada para estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Antecedentes
1. Con fecha 13 de diciembre de 2007, el diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir con la mayor brevedad, con fundamento en la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para efectos de análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
I. La comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. El proponente menciona en la exposición de motivos que el artículo quinto transitorio de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que el Ejecutivo federal tendrá 120 días para expedir el reglamento conducente.
III. Que la citada ley refiere en el artículo quinto transitorio la expedición del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el cual debe ser publicado dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor de la ley en comento. En ningún momento hace referencia a la expedición de un reglamento.
IV. Que la Ley Federal de las Entidades Paraestatales menciona en el artículo 58, fracción VIII, lo siguiente:
I. a VII. (…)
VIII. Aprobar la estructura básica de la organización de la entidad paraestatal, y las modificaciones que procedan a la misma. Aprobar asimismo y, en su caso, el estatuto orgánico tratándose de organismos descentralizados;
IX. a XVII. (…)
V. De conformidad con lo que disponen los artículos 58 fracción VIII de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y el Quinto Transitorio de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Estatuto Orgánico del Inapam fue publicado el 6 de diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, cumpliendo en el tiempo establecido que la ley le mandataba.
Por lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta queda sin materia, por lo que somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Resolutivo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada el 13 de diciembre de 2007.
Conste.
Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Dado en la sala de juntas de la comisión, a 18 de febrero de 2009.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: Laura
Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; Marcela
Cuen Garibi (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes
(rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo
Elías Espinosa Abuxapqui, secretarios; Irene Aragón Castillo,
Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías
Cordero Alfonzo, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha
Margarita García Müller (rúbrica), Juana Leticia Herrera
Ale, María Esther Jiménez Ramos, Rubí Laura López
Silvia (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Diana Carolina
Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Jorge Quintero Bello, Mirna
Cecilia Rincón Vargas, José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica),
Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo
Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, ATINENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL A IMPLANTAR ACCIONES INMEDIATAS, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, PARA MODERNIZAR EL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO FEDERAL DE ARMAS
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, 2 fracción VII, y 3 del artículo 39; numerales 6, incisos e), f) y g) y 7, del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta a consideración de esta soberanía el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
En sesión celebrada el 17 de octubre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de la Defensa Nacional, para que en ejercicio de sus atribuciones legales, implante acciones inmediatas para modernizar el procedimiento del Registro Federal de Armas.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó en esa fecha el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional".
Valoración de la iniciativa
En su exposición de motivos, el texto de la iniciativa establece que:
• El trámite administrativo se vuelve engorroso y demasiado lento no sólo en la etapa de asignación de los recursos, sino también en la etapa de su ejercicio.
• Las disposiciones generales establecidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, son obsoletas y no permiten hacer una entrega pronta a las autoridades locales para que éstas, a su vez, cumplan cabalmente con su función de dotar de seguridad a la población.
• La seguridad pública en los estados y en los municipios se encuentra en crisis, ante el embate de la delincuencia organizada y la superioridad de su armamento.
• La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, debe revisar y modernizar sus procesos de control y registro de armas a nivel nacional, descentralizar o delegar funciones y responsabilidades, no concentrar todo el trámite en una sola Dirección General o reestructurar ésta, ya que desde hace varios años ha sido rebasada operativamente.
• Nadie puede negar la trascendencia que tiene para un país, un buen proceso de control y registro de armamento.
La seguridad pública implica la protección de las personas, sus bienes y derechos por parte del Estado, por lo tanto, deber y servicio son actitudes que en los miembros de éste, implican intrínsecamente conocimientos e integridad.
Las personas, tienen derecho a una existencia segura, y el Estado tiene la obligación de tutelar esta demanda. Así, son los cuerpos policíacos el primer, básico y cotidiano contacto del ciudadano con el Estado, y es por ello lo delicado del tema, ya que cuando la inseguridad transforma para mal, el orden social, se esta a un paso de tornar de manera negativa el orden político democrático.
No obstante lo anterior, la inseguridad pública es un problema multifactorial, por lo que la seguridad en la práctica, y más allá de un concepto, requiere necesariamente de una ordenada coordinación, en la que participe la sociedad en general, y así las garantías individuales tuteladas por la ley suprema tengan plena vigencia.
Una garantía para el ciudadano la representa, también, el que aquélla persona que se encuentre armada por las calles, sea alguien en pleno goce de sus facultades mentales, con un alto sentido de responsabilidad, y con un objetivo perfectamente bien definido, siendo el más importante, entre otros, por supuesto, el de proteger a la población. En este último caso, desde luego, nos estamos refiriendo a los policías.
Es por ello que, el registro, control y enajenación de armas de fuego, es un asunto que requiere de un estricto y necesario procedimiento, además de que la competencia para proveer este servicio debe recaer en la entidad más limpia y confiable con que cuente el Estado mexicano, dado lo delicado de la materia.
En referencia a este punto, en la encuesta de opinión sobre la percepción ciudadana de la seguridad en México, realizada en enero de 2008 por "México Unido contra la Delincuencia, AC" y "Consulta Mitofsky", de ocho dependencias de gobierno, la consulta estableció que las más corruptas son: La PFP, la policía municipal, y la policía estatal, en ese orden; y la menos corrupta el Ejército.
En este sentido, el Ejército Mexicano retribuye a esta confianza ciudadana con su trabajo, a favor de la seguridad de los mexicanos, y a pesar de las amenazas que reciban sus miembros, por parte de la delincuencia organizada.
Así las cosas la Secretaría de la Defensa Nacional ha implantado el siguiente procedimiento para que una entidad de seguridad pública se haga de armamento:
2. La Sección de Comercialización de la Dirección del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, recibe la solicitud.
3. La misma sección pide opinión a la Sección de Licencias, del estatus de la licencia, sobre cuantas armas y elementos operativos tiene incluidos en la licencia oficial colectiva de que se trate.
4. Obtenida la información la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, DGRFACE, solicita a la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones, dependiente de la Dirección General de Industria Militar, la cotización del material solicitado por los Cuerpos de Seguridad Pública de los Estados.
5. La Dirección de Comercialización de Armas y Municiones (DCAM), remite a la Dirección del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, el cuadro de materiales susceptibles de ser comercializados, relacionando marcas, modelos, calibres y costos.
6. Recibida la información se elabora la relación para ser enviada a la Sección Cuarta del Estado Mayor de la Defensa Nacional, EMDN, para consenso y autorización o negación; en caso positivo, ordena a la Dirección General de Industria Militar le cotice al gobierno el material propuesto.
7. Con la autorización de la Sección Cuarta del EMDN la DCAM remite la cotización a los gobiernos estatales, señalando que la contestación y aprobación por parte del interesado debe hacerse por escrito en un plazo no mayor a 30 días, indicando la cantidad, tipo y características de las armas, municiones y equipo que desea adquirir en definitiva, aceptando costos y condiciones de entrega asentados en la cotización; y finalmente espera que estos realicen el pago correspondiente para solicitar a la DGRFACE el permiso extraordinario de la adquisición de armamento y municiones.
A propósito del procedimiento asentado, es oportuno mencionar que durante la última visita que esta Comisión de Defensa Nacional realizó a la correspondiente Secretaría del Ejecutivo federal de fecha 10 de octubre de 2008, en donde fue recibida por su titular, general Guillermo Galván Galván, a pregunta expresa de los asistentes respecto a la agilización en la entrega de armamento a los ayuntamientos y entidades federativas, el señor secretario respondió que cuando se han cumplido los requisitos, una vez depositado el importe económico correspondiente, y si el armamento solicitado es del que se fabrica en la propia dependencia, no se tarda más de 15 días en entregar el armamento.
La organización y el orden son dos elementos intrínsecos al Ejército Mexicano sin lugar a dudas. Este órgano legislativo ha sido fehaciente testigo de ello en las varias visitas a los diferentes establecimientos militares durante el transcurso de esta LX Legislatura. El Estado Mayor es el órgano que despliega los elementos mencionados en su más eficiente expresión; (incluso cabe recordar que empresas privadas han copiado este modelo para sus fines particulares, por supuesto cambiando la expresión Estado Mayor, por la de staff, en algunos casos), y al tener presencia en el proceso de compra de armamento por entidades de seguridad pública, garantiza la agilidad en su desarrollo.
Una vez que las corporaciones policiacas o de procuración de justicia adquieren armamento, la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones realiza la entrega a través de la Zona Militar correspondiente.
En cuanto a la descentralización de funciones, la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos con apoyo de los mandos territoriales, descentraliza la ejecución de sus funciones de control y registro del armamento y municiones, manteniendo actualizado el Registro Federal de Armas de la propia Dirección General. Anualmente se realizan dos revistas físicas de manera semestral para verificar que el armamento amparado en las licencias oficiales colectivas, sea empleado conforme a lo autorizado.
En este sentido, las armas que proporciona la Sedena a los cuerpos de seguridad pública, son entregadas con un sobre del rayado de cada una de ellas, por lo que la identificación de éstas es plena en caso de ser necesario.
Los procedimientos respectivos se realizan a través de personal militar con aptitudes, especialización y capacidad profesional, así como experiencia para la realización de este tipo de responsabilidad.
Por las consideraciones anteriores, derivadas del estudio de la proposición con punto de acuerdo de referencia, se presenta la siguiente
Conclusión
Única. El procedimiento vigente de entrega de armamento y equipo para las corporaciones policiales del ámbito estatal y municipal a que se refiere el punto de acuerdo que se dictamina, una vez cubiertos los requisitos que la ley prevé, y que haciende a quince días como máximo, (si es que el armamento que se solicitó es fabricado por la Sedena), atiende a los procedimientos de control y cuidados necesarios para el otorgamiento del armamento.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Defensa Nacional
Acuerda
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de la Defensa Nacional, para que en ejercicio de sus atribuciones legales, implante acciones inmediatas para modernizar el procedimiento del Registro Federal de Armas.
Remítase se al archivo como un asunto totalmente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2009.
La Comisión de Defensa Nacional
Diputados: Jorge Justiniano
González Betancourt (rúbrica), presidente; Jesús Arredondo
Velázquez, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica),
Alma Lilia Luna Munguía, Roberto Badillo Martínez, secretarios;
Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores
Domínguez (rúbrica), Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica),
José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Nelly Asunción
Hurtado Pérez (rúbrica), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo,
Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez
(rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), César
Flores Maldonado (rúbrica), Javier González Garza, David
Sánchez Camacho (rúbrica), José Alfonso Suárez
del Real y Aguilera (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez
(rúbrica), Israel Beltrán Montes, Octavio Fuentes Téllez
(rúbrica), Andrés Carballo Bustamante, Pedro Montalvo Gómez,
Carlos Rojas Gutiérrez, Carlos Ernesto Zataráin González,
Antonio Xavier López Adame, Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA QUE, CON LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL 29 DE ABRIL DE 2008, SE SUME A LOS ACTOS CONMEMORATIVOS POR EL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL MAESTRO RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se turnó la proposición con punto de acuerdo enunciada en el encabezado de este documento, a través del Presidente de la Cámara de Diputados.
La comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:
Antecedentes
En el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 28 de febrero de 2008 se publicó la proposición con punto de acuerdo por la que solicita a esta soberanía se sume a los actos conmemorativos por el centenario del natalicio del maestro Rafael Preciado Hernández realizando una sesión solemne el 29 de abril de 2008, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quién solicitó que la proposición se atendiera de urgente resolución.
La proposición fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 2455-II, el jueves 28 de febrero de 2008.
El 24 de abril de 2008 se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 2492-I el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que turne a las comisiones correspondientes todas las iniciativas de ley de decreto y las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día que no alcancen a ser desahogadas durante el segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio.
El jueves 15 de mayo de 2008 se publicó en la Gaceta Parlamentaria, número 2505-I una comunicación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por la que se daba cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el que se determinó dar el trámite correspondiente a las iniciativas de ley o de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 30 de abril de 2008 así como el listado de los asuntos referidos, entre los cuales figura con el número 86, la proposición con punto de acuerdo a cargo del diputado Lemus Muñoz Ledo, y fue turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Contenido de la proposición
La propuesta pretende llevar a cabo un homenaje en memoria del maestro Rafael Preciado Hernández, a cien años de su natalicio, efectuando una sesión solemne el martes 29 de abril del presente año.
El diputado Lemus Muñoz Ledo funda su proposición en la reconocida trayectoria profesional y en las aportaciones teóricas, académicas e ideológicas del maestro Preciado en el ámbito parlamentario y educativo de nuestro país.
Así, el autor enfatiza, respecto al desarrollo profesional del maestro, que fue un destacado jurista en la Universidad de Guadalajara, catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Escuela Libre de Derecho y de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En el ámbito político, Rafael Preciado Hernández contribuyó a la fundación del Partido Acción Nacional, organización en la que ocupó diversos cargos y le permitió ser diputado federal en la XLVII Legislatura (1967-1970), donde destacó por su férrea defensa de la autonomía universitaria entre junio y octubre de 1968. En su discurso del 20 de septiembre expuso sus argumentos a favor de la Universidad Nacional Autónoma de México; exigió la libertad de la cátedra universitaria e hizo hincapié en la liberación del campus universitario por parte del Ejército.
Como parte de sus aportaciones teóricas e ideológicas se encuentran diversos libros y ensayos publicados a lo largo de su vida, entre los que se encuentran Lecciones de filosofía del derecho, Discursos parlamentarios (1967), Ensayos filosófico-jurídicos y políticos (1977), La autonomía universitaria y su rango constitucional (1980) y Tesis de Marx sobre el derecho (1995), entre otros.
Consideraciones
La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la proposición arriba señalada, de conformidad con lo que establece el artículo 70, así como la fracción I, del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen a la propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La proposición con punto de acuerdo que se analiza en este dictamen cumple los requisitos formales que la práctica parlamentaria ha habituado, porque se formuló por escrito y se inscribió por quien está facultado para iniciar el proceso legislativo.
La propuesta del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo se inscribió en tiempo y forma ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, incluso solicitó el trámite de urgente resolución.
La proposición fue incluida en el orden del día por la Mesa Directiva en la sesión del 28 de febrero de 2008. Sin embargo, debido a la cantidad de asuntos por tratar en la sesión de ese día, el punto de acuerdo no llegó a presentarse el 28 de febrero, pero tampoco en las sesiones posteriores.
La prioridad que en las sesiones ordinarias se da al desahogo a los dictámenes de las comisiones, la presentación de iniciativas y los temas de coyuntura, así como el cúmulo de proposiciones con punto de acuerdo presentados en cada sesión por los legisladores y la falta de nuevas reglas que permitan el desahogo ágil de la agenda, impidieron que esta proposición, como muchas otras, fueran atendidas en el momento adecuado.
En tal sentido, la proposición que aquí se analiza fue recibida en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias el 21 de mayo de 2008, por lo que evidentemente perdió vigencia y oportunidad de ser considerada para aprobarse, sin ánimo de desdeñar los argumentos expuestos por el proponente.
Por lo expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente
Acuerdo de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se desecha proposición con punto de acuerdo
Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía se sume a los eventos conmemorativos por el centenario del natalicio del maestro Rafael Preciado Hernández realizando una sesión solemne el 29 de abril de 2008.
Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas parlamentarias, en febrero de dos mil nueve.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Diputados: Jorge Mario Lescieur
Talavera (rúbrica), presidente; María Elena Álvarez
Bernal (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios;
Elías Cárdenas Márquez, Jorge Luis de la Garza Treviño
(rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy, Rutilio Escandón
Cadenas, Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano
Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica),
Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica),
Antonio Xavier López Adame, Víctor Samuel Palma César
(rúbrica), Marta Rocío Partida Guzmán, Ana Elisa Pérez
Bolaños (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats
(rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez
(rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CONCERNIENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL BLOQUEO ECONÓMICO, COMERCIAL Y FINANCIERO IMPUESTO POR ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A LA REPÚBLICA DE CUBA
Honorable Asamblea:
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a honorable asamblea el siguiente dictamen.
Antecedentes
1. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Gobierno de los Estados Unidos de América para que cese de manera inmediata e incondicional el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la República de Cuba durante casi 50 años.
2. A raíz de la devastación sufrida por el paso de los huracanes Ike y Gustav, exhorta al Ejecutivo federal y a todo el pueblo mexicano a redoblar sus acciones de solidaridad con el hermano pueblo de Cuba.
II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
Consideraciones
• Entre las medidas estadounidenses destacan la ley Torricelli, lanzada en 1992, y la Helms-Burton, de 1996. La primera de estas limitaba la transferencia de divisas por familias exiliadas y establecía sanciones contra embarcaciones y empresas de terceros Estados que tuviesen vínculos comerciales con la isla; por su parte la segunda ley endurece las sanciones a terceros por su relación con Cuba, además establece un plan de sustitución de su régimen político y otorga a tribunales estadounidenses la facultad de juzgar asuntos relacionados a propiedades dentro de la isla.
• En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha presentado anualmente y desde 1992 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, proyectos de resolución que condenan y piden el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
• El bloqueo económico quebranta la libertad de comercio y navegación, al tiempo que restringe los intereses legítimos de entidades o personas bajo la jurisdicción de las leyes con que se implementa. Asimismo, las consecuencias de esta medida representan afectaciones severas para los habitantes de la República de Cuba, quienes enfrentan dificultades para recibir remesas de sus familiares en el exilio, realizar transacciones, recibir créditos y apoyos provenientes de entidades financieras internacionales, atraer inversión extranjera a su país e intercambiar bienes y servicios con entidades extranjeras, entre otras.
Cabe mencionar que desde la primera iniciativa, presentada por la representación de la República de Cuba ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 y hasta la última de ellas, sometida a votación el pasado 29 de octubre de 2008, México se manifestó a favor de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América contra la República de Cuba.
El resultado de la votación ocurrida el 29 de octubre de 2008 en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas arrojó un total de 185 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos de América contra la República de Cuba.1
De esta forma México promueve el uso de las vías multilaterales para solucionar los conflictos en el ámbito internacional y condena la utilización de mecanismos de coerción como el que constituye un bloqueo económico, comercial y financiero.
Por otra parte, tres huracanes han azotado recientemente a Cuba: Gustav (30 de agosto de 2008), Ike (8 de septiembre de 2008) y Paloma (7 de noviembre de 2008), lo que ha afectado a 14 provincias además de La Habana, y dañado el 70 por ciento de las cosechas.
De acuerdo al comunicado oficial del gobierno cubano, los daños materiales derivados de dichos huracanes ascendieron a diez mil millones de dólares, dejando a 200 mil personas sin hogar, 55 mil 700 hectáreas de cultivo perdidas y 4, 355 toneladas de alimento dañadas.
En consecuencia, las presiones a las finanzas de los cubanos se han visto incrementadas de manera considerable, por lo que además del cese al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América, Cuba requiere de la solidaridad internacional para hacer frente a la difícil coyuntura.
De acuerdo con el Comunicado Conjunto 256 de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, el 11 de octubre de 2008 se envió en el buque Papaloapan de la Armada de México ayuda inicial a Cuba y Haití, consistente en 87.1 toneladas de carga de medicamentos, alimentos y equipo, de las cuales 50 toneladas de alimentos y material para reconstrucción fueron descargadas en La Habana. Sin embargo esta ayuda no puede ser un acto único ni último, pues constituye a penas un esfuerzo inicial para apoyar al pueblo cubano.
Sin embargo, en sesión ordinaria celebrada el martes 17 de febrero de 2009, el pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobó en votación económica, "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se pronuncia a favor de levantar el bloqueo económico a la República de Cuba y de prestarle ayuda para que enfrente los desastres naturales que ha sufrido". Dicho acuerdo fue rubricado por el diputado Javier González Garza, Presidente de la Junta y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; el diputado Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; la diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; la diputada Silvia Luna Rodríguez, coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; y la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata; y se aprobó en los siguientes términos:
Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia una vez más por el cese definitivo del bloqueo económico impuesto sobre la República de Cuba y exhorta al gobierno de Estados Unidos de América a dar cabal cumplimiento a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas en ese sentido y a los principios comerciales suscritos por él mismo en la Organización Mundial de Comercio y permitir el libre tránsito de mercancías, de remesas económicas y de personas.
Segundo. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que, en el marco de su representación protocolaria, haga del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos el presente punto de acuerdo para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ratifique la posición de la Cámara de Diputados en favor de la suspensión del bloqueo económico que se impone a la República de Cuba.
Tercero. Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que, en el mismo sentido del resolutivo anterior, comunique el presente punto de acuerdo a la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, a los parlamentos de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales parlamentarias.
Por lo expuesto, esta comisión somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo sobre el ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra del pueblo de Cuba, presentada por el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Trabajo, el 11 de diciembre de 2008.
Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.
Nota
1. Consulte "For or seventeenth consecutive year, general
assembly overwhelmingly calls for end to United States economic, trade
embargo against Cuba" [en línea]. Disponible en
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ga10772.doc.htm
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 18 de febrero de 2009.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza
Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos
Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Cuauhtémoc
Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica),
Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro
Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica),
secretarios; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Alliet Mariana
Bautista Bravo, César Camacho Quiroz, María Elena Álvarez
Bernal, Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica),
Felipe Díaz Garibay, Édgar Mauricio Duck Núñez
(rúbrica), María Dolores González Sánchez,
José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez
(rúbrica), Jesús Sesma Suárez, José Murat,
José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel
Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar,
Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica
Rojas Hernández (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught
Ramírez (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica),
Artemio Torres Gómez, Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, ACERCA DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A PROHIBIR LA VENTA DE BEBIDAS ENERGÉTICAS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a prohibir la venta de bebidas energéticas, presentada por el diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo a los siguientes:
I. Antecedentes
El 7 de octubre de 2008 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a prohibir la venta de bebidas energéticas, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
El punto de acuerdo que se estudia contiene un solo resolutivo:
Comprendiendo la preocupación del proponente por prevenir el abuso en el consumo de bebidas energéticas, los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta. Las principales consideraciones para dictaminar la proposición que se estudia son:
• Las bebidas energéticas se encuentran ampliamente difundidas en el mercado latinoamericano, por su gran aceptación entre la juventud.
• Estas bebidas incrementan la resistencia física, ayudan a reaccionar de forma más rápida y aceleran el metabolismo, lo que las hace muy efectivas en días de ardua actividad física o mental, o para situaciones de atención extrema.
• Las primeras bebidas energéticas contenían 8 onzas de cafeína, pero las nuevas marcas triplican esa cantidad. Otros componentes activos son taurina, vitaminas y azúcares.
• Se sabe que el consumo frecuente de estas bebidas provoca taquicardia, arritmia cardiaca, sobrestimulación del sistema nervioso, irritabilidad, temblores, dolor de cabeza, hiperactividad e insomnio.
• El abuso en el consumo o su combinación con alcohol y drogas ha generado casos de desmayos, adicción, atención hospitalaria e incluso muerte de algunos consumidores.
• Las etiquetas de estos productos recomiendan un consumo moderado, incluso restringido en personas hipertensas, diabéticas o susceptibles a los componentes.
• Como ejemplo de acciones contra las bebidas energéticas, Pachuca, Hidalgo, ha prohibido su venta a menores de edad, así como la mezcla con bebidas alcohólicas.
2. La restricción en la venta de bebidas energéticas ha sido motivo de preocupación de varios legisladores. Como primer antecedente del punto de acuerdo que se estudia, citamos el siguiente:
"Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar, a través de las Secretarías de Salud y de Economía, las normas oficiales mexicanas relativas a la venta de bebidas energéticas". Presentada el 26 de abril de 2007 por la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Las Comisiones Unidas de Economía, y de Salud dictaminaron este punto de acuerdo en sentido positivo, bajo las siguientes consideraciones:
• El acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio, suscrito por nuestro país, trata de garantizar que los reglamentos técnicos y las normas, así como los procedimientos de prueba y certificación, no creen obstáculos innecesarios al comercio. Restringir el mercado de bebidas energéticas generaría un obstáculo innecesario al comercio, contraviniendo lo establecido por el acuerdo citado.
• La información al público consumidor respecto a las bebidas energéticas no es, de ninguna manera, reservada, e igual que las bebidas alcohólicas, el abuso en su consumo es bajo estricta responsabilidad del consumidor.
• La Secretaría de Salud ha analizado el caso y dio a conocer, mediante un artículo público titulado bebidas energéticas1, lo siguiente "ante la creciente incorporación de productos nuevos al mercado, se vuelve indispensable contar con una norma oficial mexicana que establezca las disposiciones y especificaciones que deben cumplir los productos denominados bebidas funcionales y energéticas".
• Desde 2002 se ha pretendido generar la norma respectiva, sin que al momento se haya concretado.
El resolutivo dictaminado en sentido favorable dice:
Único. Se insta al Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y las Secretarías de Economía y Salud, emitan la norma correspondiente de bebidas energéticas.
3. Otro antecedente importante del punto de acuerdo que se estudia es:
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría Federal del Consumidor a prohibir la venta de bebidas energéticas. Presentada el 4 de octubre de 2007 por el diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Las Comisiones Unidas de Economía, y de Salud dictaminaron este punto de acuerdo en sentido negativo, bajo las siguientes consideraciones:
• La evidencia científica indica que las bebidas energéticas son consideradas de bajo riesgo sanitario, cuando son consumidas por adultos sanos en las dosis recomendadas por el fabricante.
• La cafeína es una sustancia energética natural, presente en más de 60 especies de plantas, y en forma comercial se agrega a varias bebidas como café, té, chocolate y refrescos de cola. La susceptibilidad a esta sustancia es variable de persona a persona.
• La taurina también se encuentra naturalmente en varios alimentos. Ningún estudio ha demostrado que produzca toxicidad ni efectos secundarios, incluso en dosis altas (18 gramos diarios), mientras que las bebidas energéticas contienen hasta 1 gramo por cada 250 mililitros.
• El 6 de abril de 2006 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las reformas al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, y al Reglamento Sanitario de Productos y Servicios, con la finalidad de controlar la venta y consumo responsable de las bebidas energéticas.
• Los contenidos y etiquetado de las bebidas energéticas serán regulados por la NOM-218-SSA1-2002, cuyo proyecto puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación, del 22 de agosto de 2003.
4. Derivado del estudio de los antecedentes y de las consideraciones contenidas en la exposición de motivos del punto de acuerdo que se estudia, esta comisión dictaminadora concluye:
La Secretaría de Salud ha brindado atención al caso de bebidas energéticas, de manera que recientemente ha reformado los reglamentos pertinentes, y se encuentra en proceso de emisión de la NOM-218-SSA1-2002. Esta soberanía ya expidió el exhorto para acelerar la publicación de dicha norma.
Los fundamentos vertidos en la exposición de motivos y en los antecedentes no son suficientes para prohibir la venta de bebidas energéticas en el territorio nacional.
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a prohibir la venta de bebidas energéticas, presentada por el diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 7 de octubre de 2008.
Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.
Nota
1. Revista Red sanitaria www.cofepris.gob.mx/RevistaRED/portada2007septiembre/num11_art_3.htm
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano, Adriana
Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal
(rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia
Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica),
Beatriz Manrique Guevara, Efraín Arizmendi Uribe, Maricela Contreras
Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica),
Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa
Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel
Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García
Reyes (rúbrica),Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica),
Tomás Gloria Requena, María Mercedes Maciel Ortiz, Lorena
Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García,
Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero
Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria
Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, REFERENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE SALUD A ATENDER GRATUITAMENTE A LOS ADICTOS AL JUEGO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada, para estudio, análisis y posterior dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a atender gratuitamente a los adictos al juego, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los integrantes de esta dictaminadora, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 3; 43, 44 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de los miembros de la honorable asamblea el presente dictamen, que se realiza con base en la siguiente
Metodología
La comisión desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida proposición y de los trabajos previos de esta comisión.
En el capítulo "Contenido" se exponen los motivos y el alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
En el capítulo "Consideraciones", la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo de ésta.
I. Antecedentes
Con fecha 11 de diciembre de 2008, del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Salud a atender gratuitamente a los adictos al juego.
Con esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
El diputado proponente califica a la ludopatía como una enfermedad padecida por cerca de dos millones de mexicanos y que no ha sido debidamente atendida. Enfatiza la gravedad de la ludopatía en las consecuencias que genera, entre las que señala el alcoholismo, la drogadicción, insomnios, problemas cardiovasculares, migraña, pérdida del apetito, debilidad, dolores musculares, profunda depresión, comer y fumar en exceso o, incluso, intentos de suicidio, además de poder asociarse con conductas delictivas o un endeudamiento progresivo.
Derivado de su compromiso con la sociedad, el diputado se propone apoyar a quienes han caído en tal exceso y lo hace mediante una propuesta en la que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Salud a dar atención gratuita a quienes presenten el padecimiento y que la misma secretaría establezca una campaña de difusión y prevención sobre las drásticas consecuencias de la adicción al juego.
III. Consideraciones
1. La ludopatía, así como otro grupo de adicciones comportamentales, han sido un tema ampliamente discutido por académicos especialistas en salud mental recientemente.
Por un lado, se considera que, al no haber una sustancia adictiva pero si una pérdida de control sobre determinada actividad, en este caso, el juego, se puede considerar a este último hecho como una adicción. Sin embargo existen también voces –de igual rango y peso académico– que consideran a este tipo de adicciones un neologismo para replantear actitudes que desde siempre han existido. Incluso ésta y otras "adicciones comportamentales" se clasifican en el DSM-IV, en el capítulo de "Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados".
2. En cualquier caso, son dos aspectos los que preocupan a esta dictaminadora. Por un lado la atención y por otro la prevención. Respecto a la atención a los ludópatas, podemos calificar como improcedente un exhorto para brindarles atención gratuita, porque estaríamos discriminando a otros más, como los adictos a Internet, a las compras, al sexo, por citar sólo algunas adicciones comportamentales, pero los más grave es que se daría preferencia a los ludópatas por sobre otro tipo de pacientes con desórdenes mentales, sin que se establezca el porqué de dicha preferencia.
3. Estaríamos además requiriendo un esfuerzo financiero, cuando éste no ha sido previsto en el ejercicio presupuestal próximo anterior. Podemos además afirmar que, tanto en las dependencias federales como en las estatales, se presentan exenciones no de manera generalizada, sino estudio caso por caso, mediante el trabajo social, a aquellos pacientes mentales o de cualquier enfermedad que se encuentran imposibilitados para pagar. El hecho de que no exista una condonación específica para pacientes ludópatas no significa que no lo haya para aquellos que presentan los trastornos asociados que cita el promovente en su exposición de motivos (pacientes con drogadicción, alcoholismo, etcétera).
4. De igual forma, compartimos la necesidad de prevención y actitud proactiva por parte de las autoridades, sin embargo, tal como lo deja ver el diputado que propone, la ludopatía supone una serie de desordenes cotidianos, no sólo sanitarios, sino además económicos.
Su complejidad deriva del hecho de que no existe sustancia adictiva para lo que se busca calificar como adicción, ello implica que una campaña de difusión no es un paso primero ni definitorio en la prevención, sino ulterior a un esfuerzo de dependencias públicas muy diversas.
No es sobre un grupo objetivo estereotipado sobre el que se debe inducir la comunicación o persuasión preventiva, sino sobre todo un sistema. No se trata de personas enfermas sino de sistemas que generan esa conducta.
El juego y sus consecuencias son una consecuencia antropológica muy arraigada que en otros tiempos incluso no sólo han generado intentos de suicidio, sino violencia de facto en bares o centros nocturnos, de ahí que en nuestro país algunos se encuentren restringidos por ordenamientos federales, estatales y hasta municipales. La prevención debe considerar a todo el sistema que permite a la ludopatía, incluyendo a los centros de juego –sean físicos o desarrollados a través de Internet– lo que supondría por citar sólo alguna dependencia a la Procuraduría Federal del Consumidor.
Aunado a lo anterior, al tratarse de jóvenes, como lo cita el diputado, resulta indispensable la participación de autoridades educativas y, por supuesto, de la propia autoridad sanitaria. Consideramos que el exhorto que propone el diputado para condonar pagos y establecer una campaña de difusión, desafortunadamente no corresponde a la imprecisión y complejidad del padecimiento que se pretende prevenir.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud se la LX Legislatura, con las atribuciones otorgadas en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a consideración el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a atender gratuitamente a los adictos al juego, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 11 de diciembre de 2008.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano, Adriana
Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal
(rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia
Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica),
Beatriz Manrique Guevara, Efraín Arizmendi Uribe, Maricela Contreras
Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica),
Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa
Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel
Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García
Reyes (rúbrica),Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica),
Tomás Gloria Requena, María Mercedes Maciel Ortiz, Lorena
Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García,
Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero
Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria
Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE TURISMO, ATINENTE A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE TURISMO DE ESTA SOBERANÍA QUE INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS OPERACIONES REALIZADAS POR JOHN MCCARTHY SANDLAND DURANTE Y TRAS SU EJERCICIO COMO DIRECTOR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Víctor Manuel Lizarra Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a este órgano legislativo de esta soberanía que integre una subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante y después de su ejercicio como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, que se realiza de acuerdo con lo siguiente:
Del proceso legislativo
Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2008 el diputado Víctor Manuel Lizarra Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía, para que se integrara una subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante y después de su ejercicio como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el Oficio. No. DGPL 60-II-5-2336, acordó que se turnará la propuesta citada a la Comisión Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.
Contenido de la proposición
b. Asimismo, el proponente menciona que durante su cargo en el Fonatur, éste vendió más de 15 millones de metros cuadrados de zonas costeras a precios irrisorios, terrenos que fueron arrebatados en su mayoría a ejidatarios, de igual forma comenta que actualmente John McCarthy, ex titular del organismo, se encuentra prófugo de la justicia por comerciar ilegalmente terrenos en Cancún y Baja California Sur.
c. El diputado Lizárraga Peraza refiere a que diversas organizaciones ambientalistas en México y en el extranjero señalan que dicha comercialización de terrenos para la construcción de proyectos turísticos se hizo "a costa de la destrucción de ecosistemas regionales y la extorsión a ejidatarios, que terminan siendo expulsados de sus parcelas".
d. De igual forma, el legislador hace referencia a que existe el conocimiento de que los predios e inmuebles que fueron comercializados a precios inferiores a su valor comercial a través de procesos de licitación poco transparentes. Además, muchos de los proyectos turísticos no son rentables ni mejoran la condición de vida de la región, sólo favorecen a la iniciativa privada.
e. Finalmente, el legislador señala que las acciones que McCarthy llevó a cabo durante su cargo necesitan una investigación, ya que siendo funcionario público participó "...en actividades privadas que favorecieron a empresas inmobiliarias de Estados Unidos y España, en la adquisición de mil 500 hectáreas de El Rincón, en la zona de los Cabos, Baja California Sur".
II. Así el Fonatur tiene como objetivo el desarrollo turístico; en seguimiento de las leyes, debe fomentar y procurar la conservación de los ecosistemas nacionales. Sin embargo, este elemento no ha sido considerado por todas las Direcciones del Fonatur. El caso concreto que hoy nos ocupa es el de la administración de John McCarthy Sandland, durante el sexenio de Vicente Fox, se presentaron diversas irregularidades, como fue la venta de los lotes 4 A-1, 4 A-3 y 4 A-4, correspondiente a la playa Coral, a la empresa Bay View Grand, el caso de playa mirador en 2004 de la zona hotelera de Cancún. En dicho caso, McCarthy debió notificar al cabildo del ayuntamiento de Benito Juárez. El informe sobre estos predios sostiene que se vendieron a 300 pesos el metro cuadrado.
III. Se abrió la averiguación previa AP/PGR/QROO/CAN/441/2006, donde McCarthy Sandland por los posibles delitos de fraude procesal, tráfico de influencias y extravío de documentos oficiales; presentada por el empresario Francisco Alfaro, quien mediante la resolución 612/2006, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, comprobó que los terrenos que había venido el ex director del fondo eran de su propiedad.
IV. La denuncia originó que se presentara una orden de aprehensión contra el ex titular de la dependencia por la venta de 255 hectáreas para el proyecto Cabo de Cortés, Baja California Sur, los terrenos se encontraban bajo litigio y no podían ser vendidos y aún así se llevó a cabo la operación para desarrollar un complejo turístico con un campo de golf y zona residencial. Así pues, se plantea fraude en venta de terrenos en Cancún y en Los Cabos, dos de los destinos más perjudicados durante su administración.
V. En el caso de los predios de Los Cabos, fueron vendidos a un precio de 71 pesos por metro cuadrado por parte del Fonatur en la administración de McCarthy. Este hecho se llevó a cabo, a pesar de que el organismo tenía conocimiento sobre el litigio que se tenía por esas tierras con Francisco Alberto Alfaro, quien denunció y demostró la nulidad de las escrituras de los predios antes mencionados. Esta acción originó que el caso fuera entregado en primera instancia a la Procuraduría de Justicia, posteriormente a la PGR y llegara hasta el Poder Judicial de Quintana Roo.
VI. En esa revisión se encontraron diversas irregularidades, principalmente relacionadas en la venta de terrenos. De acuerdo a fuentes oficiales de la oficina del Fonatur, los proyectos que llamaron la atención del departamento jurídico a nivel central fueron los siguientes: Río Nizuc, Puerto Cancún, Grand Island, Playa Mirador, Villas Tacul, Atlántica o Atrium y La Herradura, todos ellos en la zona hotelera.
VII. De todos estos proyectos, dos ya fueron auditados: Grand Island y Playa Mirador. Con respecto al primero el Fonatur decidió devolver 40 millones de pesos por el concepto de pago de excedente en cambio de uso de suelo que no estaba permitido dentro de la zona. Acciones que se están realizando en la actual dirección, a fin de deslindarse por completo de las irregularidades realizadas en la administración de John McCarthy para convertir a Cancún en una zona inmobiliaria donde es probable que existan acuerdos preestablecidos con los desarrolladores para la venta de terrenos, de los cuales no existen registros oficiales.
VIII. De acuerdo con la investigación realizada, la revisión de la administración de John McCarthy aún no concluye y se pueda proceder legalmente. Mientras tanto, la Procuraduría General de la República tiene conocimiento de los hechos para que actúe conforme lo establece la ley.
IX. Además del delito por venta de terrenos en propiedad ajena, por parte McCarthy, la investigación arrojó que desde un principio la zona donde se pretendía construir Grand Island tenía una unidad de gestión ambiental, UGA, considerada de alto riesgo, por lo cual no era una zona apta para una densidad tan alta como la que el proyecto planteaba.
X. Asimismo, el informe sostiene que para poder cobrar el excedente la administración de Ricardo Alvarado Guerrero a nivel local y John McCarthy a nivel nacional, el Fondo entró en negociación directa con la delegación estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para interceder y obtener los permisos federales.
XI. Con este movimiento se cuadró la negociación a pesar de que era ilegal construir dentro de un área vulnerable. La investigación del departamento jurídico presume que pudieron existir recursos que ingresaron de esa operación y no fueron reportados.
XII. Con esta venta se comenzó el desarrollar del proyecto Riviera Cancún, que contemplaba un campo de golf y áreas turísticas. Incluso la primera piedra del complejo la colocó el ex presidente, Vicente Fox Quesada, el 28 de octubre del 2004.
XIII. El proyecto de la Rivera Cancún, sufrió el primer descalabro, en la tercera etapa de Cancún fue a partir de la salida del grupo Golf & Resorts, el cual se deslindó ante cualquier eventualidad tras conocer en detalle el litigio. Con la pérdida de inversionistas, el entonces director nacional convenció al hotelero yucateco José Chapur para que fuera él quien retomara la inversión.
XIV. La que dictamina es consciente de los hechos anteriormente mencionados, los cuales, están siendo investigados por una Subcomisión Investigadora en el Senado de la República, por ello considera inviable el establecer otra subcomisión en la Cámara de Diputados para investigar el mismo caso, además que considera de que por las características de esta investigación, la comisión no cuenta con el factor humano especializado para realizar este tipo de investigación.
Punto de Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Turismo de esta soberanía que integre una Subcomisión encargada de investigar las operaciones realizadas por John McCarthy Sandland durante y después de su ejercicio como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
La Comisión de Turismo
Diputados: Octavio Martínez
Vargas (rúbrica), Francisco Dávila García (rúbrica),
Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Martha Angélica
Romo Jiménez (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica),
Rosa Elva Soriano Sánchez, José Luis Varela Lagunas (rúbrica),
Armando García Méndez (rúbrica), Ana María
Ramírez Cerda (rúbrica), Armando Enríquez Flores,
Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Carlos Eduardo Felton González
(rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica en contra), Francisco
Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Joel Guerrero Juárez,
Benjamín Hernández Silva (rúbrica), Juana Leticia
Herrera Ale, Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Sonia
Leslie del Villar Sosa, María Soledad López Torres (rúbrica),
Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho,
Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica), José Ascención
Orihuela Bárcenas, Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica),
Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Adriana
Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), Sara Shej
Guzmán (rúbrica), Vieyra Olivares Adriana Rebeca, Lorenzo
Daniel Ludlow Kuri (rúbrica).