La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, fundamentada en las potestades conferidas en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Antecedentes
1. El tema de las altas temperaturas globales ha dado espacio a un gran número de foros y eventos encaminados al análisis de los fenómenos meteorológicos mundiales, de los cuales se ha resuelto que los climas extremosos han golpeado a las grandes urbes, haciendo estragos en la salud pública.
2. En repetidas ocasiones, desde esta tribuna, he levantado la voz para argumentar que en Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, presentan las temperaturas más altas del país; a nivel mundial Mexicali es la ciudad habitada con las temperaturas más altas.
Si bien es cierto que gozamos con la tarifa más baja aplicada por la Comisión Federal de Electricidad, es cierto también que no es suficiente, y que los rangos de temperatura que actualmente cuenta esa comisión tienen una línea muy delgada entre una tarifa y otra; siendo que el diseño de la primera tarifa, denominada 1 A, el rango de máxima temperatura promedio mensual es hasta 25 grados centígrados; para la tarifa 1 B es de 28 grados; la 1 C aplica para aquellas regiones que cuentan con temperatura promedio de hasta 30 grados centígrados, la 1D hasta 31 grados centígrados; 1E para 32 grados centígrados y 1F para 33 grados centígrados o superior.
3. Que al paso del tiempo se ha demostrado que las temperaturas que se registran en Mexicali y San Luis Río Colorado han superado los umbrales de que se tiene registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al momento de aprobar las tarifas eléctricas.
Según datos de la Comisión Nacional del Agua, a través del Sistema Meteorológico Nacional, entre 2002 y 2005 el umbral de las temperaturas medias para San Luis Río Colorado, Sonora, en julio y agosto llega hasta 35.6 grados centígrados, y en total el promedio de estos meses calurosos alcanza una temperatura de 32 grados centígrados.
Para el caso particular de Mexicali, según datos del mismo Servicio Meteorológico Nacional, en julio de 2005 y 2006 se rebasaron las temperaturas promedio por encima de los 36 grados centígrados, lo cual quiere decir que el registro de las temperaturas más altas en estos meses oscilaron entre los 34 y 40 grados centígrados, con una temperatura promedio umbral de 34 grados centígrados. Lo cual faculta al municipio de Mexicali de solicitar una reestructuración de la tarifa 1F hacia una tarifa que contemple un subsidio mayor, en el entendido que ha rebasado lo que actualmente se tiene registrado; y en el mismo caso se encuentra San Luis Río Colorado, Sonora.
4. Que en nuestro marco legal los artículos 30 y31 de la Ley del Servicio Publico de la Energía Eléctrica, así como los artículos 47,48 y 51 del reglamento de la misma ley establece que la propuesta de las tarifas eléctricas las envía el suministrador a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de la Secretaría de Economía; en el mismo artículo se establece que la restructuración corresponderá a los casos en que sea necesaria la adición o supresión de alguna tarifas.
Es precisamente en este rubro que se sustenta la presente proporción que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la reestructuración, en el caso de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora; que han rebasado los umbrales de temperaturas promedio establecidas ante dicha secretaría.
En diversas ocasiones he subido a esta alta tribuna a exhortarles para que se instruya a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la reestructuración de las tarifas en estas zonas, cuando es necesaria la reestructuración global en el país.
No es posible que la variación tan marcada en las temperaturas registradas por las instancias encargadas y responsables de la medición nos den la razón respecto a las altísimas temperaturas que, para soportarse, obligan a un alto consumo de energía; y que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea tan insensible com para no prever esta situación.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Único. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía a que instruyan a la Comisión Federal de Electricidad a reestructurar las tarifas de San Luis Río Colorado, Sonora, y Mexicali, Baja California, ya que se rebasan los umbrales de temperatura máxima promedio y no existe una tarifa que dé cuenta de esas temperaturas.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 12 de marzo de 2009
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez
Angulo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL
Y DE PROPAGANDA POLÍTICA DEL PAN, MEDIANTE LAS CUALES PROMUEVEN
SUS LOGROS EN ABIERTA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS ELECTORALES Y DE LA
CIVILIDAD POLÍTICA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
La reforma al artículo 41 constitucional aprobada el 13 de noviembre de 2007 era una respuesta a las demandas expresadas por políticos y ciudadanos tras las elecciones de 2006. Una de las principales fue la relativa a la necesidad de una legislación más rigurosa respecto a la propaganda en los medios electrónicos de comunicación, en virtud de que durante la última campaña electoral la contratación de mensajes por parte de terceros para apoyar o atacar a alguno de los candidatos suscitó reclamos entre los afectados.
La regulación de la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales, contenida en el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, promueve la realización de campañas electorales basadas en la presentación de propuestas y en el acercamiento a los ciudadanos. Asimismo, establece reglas de civilidad para el contenido de los mensajes de los partidos políticos y sus candidatos. La regulación de este mandato queda establecida en el artículo 41, base III, apartado A, constitucional y en el artículo 49, párrafos 5 y 6 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La prohibición a los partidos políticos de contratar propaganda político electoral en radio y televisión para sí mismos se extiende a cualquier persona física o moral, incluyendo los candidatos, o precandidatos, a cargos de elección popular, dirigentes y afiliados a un partido político, así como los ciudadanos en general. Estas prohibiciones se hacen efectivas a través de un régimen de responsabilidades y sanciones que incluye a los partidos políticos, funcionarios públicos, ciudadanos, asociaciones religiosas, concesionarios o permisionarios de radio y televisión, y a cualquier persona física o moral que contravenga las nuevas reglas de difusión de propaganda político electoral. En este caso, se reguló a través del apartado A de la base III del artículo 41 de la Constitución y el artículo 49 en sus párrafos del 1 al 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Para atender las quejas y denuncias referentes a presuntas infracciones a las disposiciones de propaganda político-electoral en radio y televisión mediante el procedimiento sancionador correspondiente, el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene la facultad de ordenar la suspensión inmediata o el retiro de los mensajes contratados por los partidos, coaliciones, candidatos o cualquier persona física o moral que puedan afectar el desarrollo de la contienda electoral o la imagen de un partido. Esta atribución comprende los mensajes que denigren a las instituciones o que calumnien a las personas. Las nuevas facultades se establecen en los artículos 53, 118, párrafo 3; y 122, párrafo 1, incisos m) y n); así como en los artículos 341 al 378 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que regula todo el régimen sancionador.
¿Estamos frente a una ley que es letra muerta? Para cualquier observador externo al proceso electoral mexicano, y por supuesto para el ciudadano de a pie, el que vive y padece la crisis económica y política día con día, las campañas institucionales del gobierno federal, así como las que ha intensificado el Partido Acción Nacional, representan una abierta violación a las reglas electorales y a la mínima civilidad política.
No obstante que el Partido Acción Nacional aprobó la reforma electoral, ahora pretende reeditar la estrategia de las campañas sucias que le permitieron subir en las encuestas en la elección de 2006, y las campañas del miedo para conservar el poder que no ha sabido ejercer para beneficio de las mayorías. El dirigente de ese partido le pone el ejemplo y da la fórmula a sus legisladores, gobernadores y presidentes municipales para que inicien una campaña que denigre a los adversarios a través de internet y de la nota amarillista y la cobertura noticiosa del escándalo.
Por otro lado, el gobierno de Felipe Calderón incrementa los gastos en comunicación social precisamente en el año electoral. Ejercerá mil 791 millones de pesos para que los mexicanos se enteren y juzguen los resultados de su gobierno. Es una acción ofensiva para el pueblo de México, ya que en lugar de decirle a la gente lo que no ha hecho el gobierno, debería destinar esos fondos a proyectos claramente productivos. Sus propios partidarios se pregonan sobre el miedo a gobernar de los panistas.
Mientras el gobierno federal, encabezado por Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional, trabajan en equipo, en una acción concertada para aprovechar las lagunas de la ley y en un franco cinismo frente a la historia reciente y frente a la lacerante y lastimosa crisis económica y política que afecta a la mayoría de los mexicanos, las autoridades electorales y los legisladores miramos con complicidad esta inaceptable realidad.
El 27 de enero el IFE resolvió que el Partido Acción Nacional no viola el artículo 134 constitucional ni la normatividad electoral al promocionar los programas sociales federales como un logro propio. En días pasados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el sentido de las resoluciones del IFE. Una vez que se dieron ambos resultados, la estrategia panista ha inundado la televisión, la radio, los medios impresos y la publicidad en exteriores bajo el frívolo promocional de que es una acción responsable.
Pero la realidad no se oculta para todos, aunque sí para la élite panista que integra el Ejecutivo federal y la dirigencia nacional panista. Se han publicado encuestas que dicen que Felipe Calderón tiene un alto grado de aprobación ciudadana, pero la realidad no está solamente en las principales capitales del país, ni tampoco en los mexicanos que tienen teléfono. La otra parte de las encuestas indican que sí hay un gobierno fracasado y que le ha fallado a la mayoría de los mexicanos.
La inseguridad, la falta de empleo, la ineficacia gubernamental se combinan con la existencia de una clase gobernante que, según información publicada en 2005, mil 625 funcionarios federales ganaban más de la mitad de lo que ganaba el titular del Ejecutivo; y para 2009 la cifra de funcionarios con percepciones mayores subió a 2 mil 720; es decir, 67 por ciento más. Los panistas tienen miedo a gobernar pero mucha valentía para ganar bien.
Pero el Ejecutivo federal y el líder nacional panista no solamente tienen miedo a gobernar, le tienen miedo a las encuestas que, cada vez con más claridad, los colocan en un lejano segundo lugar. La Secretaría de Gobernación ha sido cuidadosa de publicar el acuerdo que establece los lineamientos en materia comunicación social para este año electoral; pero es insostenible que, teniendo derecho y obligación de rendir cuentas de su desempeño gubernamental, el Ejecutivo federal y su partido sustituyan propaganda política por resultados de gobierno. La mejor manera de rendir cuentas es que la mayoría de los mexicanos tenga empleo, seguridad, salud, educación, vivienda y servicios.
Los mexicanos ya no aguantan tantos abusos. La gente común y corriente no coincide con el desempeño gubernamental de Felipe Calderón ni con las campañas sucias de Germán Martínez. La mejor manera de medir el desempeño es en las urnas y en la percepción ciudadana que se conoce con el contacto diario. Necesitamos sensatez y honestidad como servidores públicos. Los panistas no entendieron el mensaje de que si no sirven que renuncien.
Por lo expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que detenga sus campañas de propaganda política que pretenden coaccionar la voluntad ciudadana, y que de manera ilegítima encubre en campañas institucionales que presentan como logros los programas sociales y de gobierno, pero que a la vista de la mayoría de los mexicanos reflejan un desempeño deshonesto de la acción de gobierno.
Segundo. Se exhorta a la dirigencia del Partido Acción Nacional a que sea congruente y respete las instituciones electorales; que se conduzca con civilidad política y no apueste a las campañas sucias, que es el peor método para conservar el poder.
Tercero. Se exhorta al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que hagan valer la ley en las resoluciones y sentencias que puedan afectar la civilidad del proceso electoral 2009.
Cuarto. Se exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores a que atiendan los pendientes de la reforma electoral y contribuyan institucionalmente a generar un clima de civilidad, y no de crispación, en el proceso electoral del presente año.
México, DF, a 12 de marzo de 2009.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS HACE UN RECONOCIMIENTO EXPRESO A TRAVÉS
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE A LA CIUDADANA LORENA OCHOA
REYES POR SU EXITOSA TRAYECTORIA DEPORTIVA, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO
FUENTES TÉLLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura, Octavio Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión de Juventud y Deporte, hace un reconocimiento expreso a la ciudadana Lorena Ochoa Reyes, con motivo de su exitosa trayectoria deportiva, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La golfista Lorena Ochoa Reyes es una ciudadana mexicana que se ha convertido en ícono para México a una edad muy temprana, toda vez que ha representado dignamente a nuestro país en cada uno de los torneos en los que ha participado.
Durante su carrera ha sido merecedora al Premio Nacional del Deporte en tres ocasiones; es ejemplo a seguir para la juventud; su constancia y dedicación son dignos de admiración.
Nació el 15 de noviembre de 1981 en Guadalajara, Jalisco; comenzó a jugar golf a la edad de 5 años, un año después gana su primer torneo estatal de golf. A la edad de siete años gana un campeonato nacional.
A los ocho años fue nombrada como la mejor junior posicionada en México y ganó el prestigiado Campeonato Junior mundial en San Diego, California, el primero de 5 consecutivos.
En 1990 y 1992 logró coronarse como campeona de "la copa Japón". Comienza a emprender la carrera profesional de golf cuando cursaba el segundo año en la Universidad de Arizona y llevaba dos años dentro del golf colegial.
Obtiene la carta de la Ladies Professional Golf Association (LPGA) tour en 10 eventos durante la gira Futures del 2002, con tres victorias y el puesto número 1 en la lista de premios.
Participó en 20 torneos, ganó 12 veces, terminó en segundo lugar 6 veces y nunca quedó fuera del top 10.
En la temporada 2001-2002, ganó los primeros 7 torneos del año y al final de la temporada tenía 8 victorias de 10 torneos jugados, terminando en segundo en los otros 2.
Mereció ser nombrada la mejor jugadora nacional (en EVA) en el 2001 y 2002; impuso el record individual de score para una novata con 71.33.
En su segundo año Lorena rompió su propio record por casi dos golpes por ronda con 70.13 de promedio. En el mismo año 2002 fue galardonada con el premio nacional del deporte.
Lo que ha conseguido Lorena Ochoa la ubica en el primer puesto de la lista en la historia de todos los atletas élite colegiales.
Se caracteriza por tener un carácter fuerte y es por esto que ha terminado pruebas como ecotlones, medios maratones y expediciones de montaña, por citar otros datos importantes, tenemos que a la edad de 12 años escala la tercera cima más alta de México, el Iztacíhuatl, y en 1999 completa tres días de un pentatlón ecológico Ecotlon –bicicleta de montaña, excursión, nado, rapel y kayak.
Desde su debut, Lorena Ochoa ha participado en 100 torneos como miembro de la LPGA, de los cuales, 32 ha terminado en los tres primeros lugares; mientras que en 56 ocasiones ha terminado dentro del top ten.
La jugadora tapatía acumula 11 títulos. A base de grandes actuaciones y constancia en su juego, Lorena se convirtió en 2007 en la número uno del ranking mundial, terminando con el reinado por varios años de Annika Sorenstam, de Suecia.
Lorena ganó ocho torneos ese año, incluyendo su primer Major, el abierto británico de golf, donde ganó la suma más alta obtenida por una golfista de la LPGA en una temporada.
Se requiere una gran personalidad para lograr grandes cosas, pero se necesita algo más para saber manejar la presión de representar el orgullo de un país entero.
Sus triunfos son resultado de dedicación, disciplina, esfuerzo, trabajo y de su conducta como joven. En ella tenemos un claro ejemplo para los jóvenes mexicanos, debemos estar seguros que su exitosa trayectoria va a estimular a muchos jóvenes para que practiquen el deporte.
Ella es una deportista que aporta significativamente a la niñez y juventud; con su ejemplo impulsa a México para consolidar un país más saludable, más sano, más deportivo y le imprime el espíritu de superación.
Por lo expuesto y fundamentado, y debido a que resulta necesario estimular a la juventud a que practique el deporte, someto a consideración de la honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su LX Legislatura, por conducto de la Comisión de Juventud y Deporte, hace un reconocimiento expreso a la ciudadana Lorena Ochoa Reyes, por su exitosa trayectoria deportiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.
Diputado Octavio Fuentes Téllez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LAS JUNTAS DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS Y DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A DESCONTAR 10 POR CIENTO
DE LA DIETA NETA TOTAL MENSUAL, INCLUIDOS LOS APOYOS PARA ACTIVIDADES LEGISLATIVAS,
DE DIPUTADOS Y DE SENADORES; Y 10 POR CIENTO DE LA PERCEPCIÓN NETA
TOTAL MENSUAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO DEL CONGRESO DE
LA UNIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Jacinto Gómez Pasillas, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59, 60, 171, 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante el Pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La agudización de la crisis económica y financiera mundial en el último año ha tenido fuertes repercusiones sobre la economía mexicana. Los síntomas de la desaceleración económica quedaron en evidencia durante el 2008 y ocasionaron efectos adversos, tales como el aumento del desempleo, la contracción de la actividad industrial, la disminución en el monto de las remesas y de la inversión extranjera directa, impactando éstas de manera negativa en las expectativas de vida de millones de mexicanas y mexicanos.
La recesión de la economía estadounidense se está reflejando en México, según un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la economía mexicana esta en plena desaceleración después de haber registrado un crecimiento real anual de 4.2 por ciento en 2006 y 3.2 por ciento en 2007, para el tercer trimestre de 2008 el crecimiento fue de sólo el 1.6 por ciento.
Tres de los grupos financieros globales que operan en el país, el canadiense Scotiabank, el español Santander y el estadunidense Citigroup, revisaron significativamente a la baja el pronóstico del producto interno bruto (PIB) de México para este año al situarlo entre menos 3 y menos 3.01 por ciento. Estas estimaciones marcarían la mayor contracción económica desde 1995 cuando el PIB registró una baja de 6.2 por ciento.
En este contexto, las expectativas de un mejor nivel de vida para los mexicanos quedan diferidas de manera indefinida, sobre todo ante la fuerte presión inflacionaria y cambiaria que enfrenta el país. Los datos son contundentes, el índice de precios reporta una inflación acumulada en 2008 de 6.53 por ciento, lo que representa más del doble de la estimación original de la Secretaría de Hacienda1 y la más alta desde 2001; y el tipo de cambio alcanza cifras por arriba de los 15 pesos por dólar, reportando una depreciación de más de 40 por ciento de agosto de 2008 a febrero de 2009.
El consumo interno está cayendo y a nivel desagregado la actividad económica sigue perdiendo ritmo, en el segundo semestre de 2008 cerraron 5 mil 200 empresas de varias ramas industriales, con las consecuencias negativas en el nivel de empleo, como referente, durante 2008 perdieron su trabajo poco más de 450 mil personas2 y se reporta una desocupación de más de 2 millones de personas en el país.
El ingreso de los trabajadores sigue en constante deterioro, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo,3 México es uno de los países de América Latina que no han superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años. Por lo que podemos afirmar que México presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios.
Esta situación de crisis será una constante durante el 2009, con un escenario de incertidumbre para el próximo año. El desempleo es ya uno de los fenómenos más graves que enfrenta nuestra economía, solamente entre noviembre y diciembre de 2008 se perdieron 400 mil empleos, entre trabajos permanentes y eventuales, lo que ya se considera el peor desplome de empleo formal en zonas urbanas en los últimos 14 años.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estima que es factible que la plantilla laboral del sector formal continúe a la baja y se pierdan 170 mil empleos más durante 2009. Por su parte las estadísticas de la Secretaría del Trabajo revelan que en noviembre y diciembre de 2008 y enero de este año, se han perdido 541 mil 404 puestos de trabajo, el peor escenario laboral desde la crisis de 1994.
Todos estos procesos juntos han provocado mayor polarización social, de tal manera que México es uno de los países con mayores niveles de desigualdad.
Ante la coyuntura originada por la crisis, es innegable que se requieren acciones conjuntas entre el Ejecutivo y el Legislativo, para impedir una recesión generalizada, así como establecer prioridades y reglas claras para ayudar a los más necesitados.
En este contexto, sin menoscabo de la dignidad y decoro que implica nuestra representación como legisladores y ante la necesidad de una expresión de solidaridad con los diferentes segmentos de la sociedad mexicana, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, pone a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a descontar un 10 por ciento del total de la dieta neta mensual de los legisladores federales, así como un 10 por ciento de los apoyos totales que reciben para actividades legislativas por concepto de asistencia legislativa y atención ciudadana y por último, la reducción del 10 por ciento en las percepciones mensuales totales de los servidores públicos de mando del Congreso de la Unión.
Segundo. Se exhorta a los órganos de gobierno de ambas Cámaras del Congreso de la Unión para que constituyan, en sus respectivos ámbitos, un fideicomiso público teniendo como capital inicial el equivalente al 10 por ciento de descuento del total por concepto de percepción mensual y de apoyos para actividades legislativas de los diputados, senadores y, el 10 por ciento de la percepción mensual total de los servidores públicos de mando del Congreso de la Unión.
Tercero. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la honorable Cámara de Diputados para que en el ámbito de sus atribuciones, se constituya como fiduciario y destine los bienes fideicomitidos en beneficio de los grupos denominados de alta marginación en el medio rural y urbano, para su aplicación a más tardar en mayo, mediante el procedimiento y para el proyecto que apruebe el Pleno de la Cámara.
Cuarto. El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2009 con una duración mínima de 3 años o hasta que con base en la prospectiva de los organismos financieros nacionales e internacionales se determine la reactivación de la economía mundial y nacional.
Notas
1. Criterios Generales de Política Económica
para 2009, SHCP.
2. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
INEGI.
3. Panorama Laboral de América Latina y el
Caribe, OIT.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 12 días del mes de marzo de 2009.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INAH A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE DETENER O IMPEDIR
OBRAS SIN AUTORIZACIÓN EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE MEZQUITIC
DE LA MAGDALENA, EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, A CARGO DE LA DIPUTADA
MARTHA ANGÉLICA ROMO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
La que suscribe, Martha Angélica Romo Jiménez, diputada federal en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La localidad de Mezquitic de La Magdalena está situada en el municipio de San Juan de los Lagos (en el estado de Jalisco), con una población aproximada de mil 51 habitantes, Mezquitic significa "dentro de los mezquites". Se desconoce la fecha exacta de su fundación, pero es anterior al establecimiento del convento de San Juan Bautista de Mezquititlán, que se efectuó en 1616. Dentro de esta localidad existe una zona arqueológica muy poco conocida y que se encuentra bajo la clave de registro número F13D491490Y de monumentos y zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero tal zona se encuentra sin el cuidado ni protección por parte de las autoridades encargadas de preservar tan valioso vestigio histórico.
El INAH descubrió, dentro de esta zona, obras sin la autorización necesaria, por tal motivo se le envió un oficio al ayuntamiento de San Juan de los Lagos con fecha 22 de agosto del año 2007, en donde lo exhorta, con base en los artículos 7o., 12 y 42 de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, a detener toda obra que no tenga permisos de construcción.
Artículo 7o. Las autoridades de los estados, territorios y municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo dichas autoridades cuando resuelvan construir o acondicionar edificios para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia exhiba los monumentos arqueológicos e históricos de esa región, podrán solicitarle el permiso correspondiente, siendo requisito el que estas construcciones tengan las seguridades y los dispositivos de control que fija el Reglamento.
Artículo 12. La autoridad municipal respectiva podrá actuar en casos urgentes en auxilio del instituto correspondiente para ordenar la suspensión provisional de las obras.
Artículo 42. Toda obra en zona y monumento, inclusive la colocación de anuncios, avisos, carteles, etcétera, únicamente podrán realizarse previa autorización otorgada por el instituto correspondiente...
Posteriormente con fecha 27 de agosto de 2007 se le hace llegar un oficio (al citado ayuntamiento) en alcance al similar donde se le hacen de su conocimiento más datos que el INAH proporciona sobre esta zona prehispánica. Los días 30 y 31 de agosto de 2007 se les gira un oficio en donde se les informa que personal del INAH-Jalisco llevaran a cabo una inspección de la zona para evaluar los posibles daños y anomalías. Por ultimo, con fecha 7 de septiembre 2007 el instituto solicita informe técnico del sitio arqueológico, carta digital y plano topográfico para ampliar el expediente y tener así mayores datos de esta zona.
Por todos estos argumentos expuestos, y preocupada porque aún no se han detenido las obras en esa zona, considero que es necesario que todos los actores involucrados en este asunto tomen las medidas necesarias con el fin de poder rescatar este patrimonio arqueológico, para poder darle vida a esta zona y rescatarla como atractivo turístico.
Por estas razones, la suscrita diputada, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Dde urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a que tome las medidas necesarias a fin de detener o impedir las obras no autorizadas en la zona arqueológica de Mezquitic y a su vez el INAH actúe de manera clara y decidida con las atribuciones que le otorga la ley, y proporcione un informe detallado de los avances de esta acción.
Segundo. Solicitarle firmemente al ayuntamiento de San Juan de los Lagos su valioso apoyo para la conservación en todo momento de este patrimonio histórico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de de 2009.
Diputada Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A CANCELAR EL PERMISO DE BANAMEX PARA OPERAR COMO
BANCO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA,
ALEIDA ALAVEZ RUIZ, RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES Y JOSÉ
ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
Los que suscriben, Mónica Fernández Balboa, Rafael Sánchez Cabrales, Aleida Alavez Ruiz y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, en uso de las facultades que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permiten presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por medio del cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cancelar el permiso de Banamex para operar como banco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Independientemente de la negociación a que se llegue y que permitiría que el gobierno de Estados Unidos se quedara con un porcentaje accionario del Citigroup, que oscilaría entre 25 y 40 por ciento de las acciones del gigante, las autoridades mexicanas deben cancelar el permiso de Banamex para operar como banco.
Lo anterior, en virtud de que el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito establece claramente que "no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad".
De esa manera, resulta obvio que al convertirse formalmente el gobierno estadounidense en uno de los principales accionistas del Citigroup, que es a su vez el dueño y principal accionista de Banamex, se estaría violando abiertamente el artículo referido, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaría obligada a cancelar la autorización que Banamex tiene para ejercer funciones de banca en México.
De hecho, la participación del gobierno estadounidense sería de una magnitud equivalente a la de una nacionalización parcial del grupo bancario, ya que no sólo tendría entre 25 y 40 por ciento del capital de Citigroup sino que también participaría en el proceso de toma de decisiones, ya que las acciones, independientemente del porcentaje con que participe el gobierno estadounidense, le darían el derecho a "voto en las asambleas".
Pese a que la inyección de recursos por el gobierno estadounidense hacia Citigroup se ha realizado a través de "obligaciones convertibles" por un monto de aproximadamente 45 mil millones de dólares, lo que representa en estos momentos una participación de 8 por ciento en el capital de este consorcio financiero, es un hecho indiscutible que en este momento el gobierno estadounidense ya tiene una participación en el "capital" de Citigroup y, por tanto, participa en el capital social de la filial mexicana (Banamex), por lo que no debe haber duda alguna de que se viola flagrantemente el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Eso, en teoría, obligaría a las autoridades mexicanas a "intervenir formalmente a Banamex" en tanto se opta por buscar "nuevos accionistas" que no tengan ningún impedimento de ley para operar Banamex; o bien, llevar a cabo una estatización formal del banco, en virtud de que ni el gobierno de Estados Unidos, ni la FED ni las autoridades supervisoras estadounidenses pueden, de acuerdo con lo establecido en las leyes mexicanas, participar en "el capital social de las instituciones de banca múltiple en México".
Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cancelar el permiso de Banamex para operar como banco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.
Diputados: Mónica Fernández Balboa
Rafael Elías Sánchez Cabrales, Aleida Alavez Ruiz, José
Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SHCP A VIGILAR A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ADUANAS EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LAS ADUANAS,
Y A FORTALECER LOS PROGRAMAS Y LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS
PEQUEÑOS EMPRESARIOS Y DEL MIGRANTE, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO
AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Alberto Amaro Corona, diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La globalización integra las economías del mundo, haciendo que el intercambio de bienes y servicios sea una de las formas de aumentar la riqueza por medio de un sano y vigoroso comercio internacional.
Las aduanas, en ese contexto, son infraestructura fundamental para el intercambio comercial con el resto del mundo, las cuales desempeñan un papel preponderante ya que, por su naturaleza, ejercen control y restringen los bienes transportados internacionalmente.
En el caso de México, pese a que hay múltiples ordenamientos en la materia, un plan de modernización aduanera, un plan estratégico aduanero bilateral y diversas autoridades que intervienen en la regulación del sistema aduanero, el esfuerzo ha sido poco, ya que se requiere una plataforma sólida para profundizar en la modernización de las aduanas y orientarlas como facilitadoras de la competitividad, del control y de la seguridad que contribuyan al aumento de los ingresos en el proceso de exportación y en el de importación, favoreciendo el combate del contrabando, la piratería, la corrupción y la no discriminación.
En el país, las aduanas, en lugar de funcionar como filtros para asegurar la vigilancia de los tratados, acuerdos y códigos vigentes, sirven como coladeras para desplazar todas la mercancías legales, las ilegales y las que no cumplen los estándares de calidad ni los códigos de comercio hacia los canales de distribución en la República Mexicana.
Hasta antes de la liberalización comercial que inició México al insertarse en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio –o GATT por sus siglas en inglés–, en 1986, el proteccionismo imperante fue un pretexto para el auge de la fayuca, esa mercancía pasada de contrabando desde Estados Unidos para ponerla a la mano de los consumidores que deseaban conocer las novedades electrónicas que se usaban allá.
Después de la liberalización comercial en una primera fase de desgravación arancelaria en 1986 y luego con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 con los acuerdos de una eliminación calendarizada de aranceles entre México, Estados Unidos y Canadá, la circulación de las mercancías experimentó un auge nunca antes visto, cifra que puede corroborarse en la cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de la balanza comercial de México a partir de 1994.
La caída de la muralla de aranceles y la aceleración comercial coinciden en el tiempo con el aumento de la corrupción en México, el auge incontenible de la economía informal, los incrementos del contrabando, el tráfico humano, la virulencia del narcotráfico y los cargamentos de armas.
La corrupción que se ha anidado en las aduanas nos lleva a la reflexión de que México no estaba preparado para una acelerada apertura de las fronteras sin contar primero con modernas garitas y un personal de calidad. La ausencia de códigos de ética, la falta de juramentos de lealtad y de asumir una responsabilidad que no permite flaquear ante los sobornos han hecho mella con el tiempo.
Todo lo negativo que le ha pasado al país coincide con la puesta en vigor del TLCAN. Es increíble, pero en 12 años México y los mexicanos somos totalmente diferentes, los males como el contrabando y el narcotráfico dominan en acuerdo con las bandas criminales, el tráfico de personas y de indocumentados pasan por los mismos canales por los que entran las mercancías legales, ilegales y las no declaradas. Nuestras prioridades incluso son distintas.
El área de estudios sociales de la Cámara de Diputados revela que, en el Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras-Textil-Vestido, "58 por ciento del mercado nacional de prendas de vestir es abastecido por canales ilegales (contrabando, robos y productos confeccionados en México sin el pago de impuestos). La producción nacional suministra 20 por ciento".
El contrabando incluye tanto el contrabando "bronco" (introducción de mercancías extranjeras en el país sin pasar por las aduanas) como el "documentado" (introducción de mercancías mediante falsa declaración de origen, subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta o mal uso de los programas Pitex, Maquila y Prosec, para evadir el pago de impuestos o las cuotas compensatorias correspondientes, entre otros).
En las aduanas, la corrupción es de tal magnitud, que personajes ligados a la delincuencia organizada son atendidos de manera especial por el dispendio de sobornos que ofrecen, no así los días miles de migrantes mexicanos, que son tratados de la peor forma.
Mientras que en las 48 aduanas del país ocurren abusos de diversos tipos y magnitudes, que incluyen discriminación y maltrato de miles de mexicanos que buscan hacer negocios transparentes y productivos e intentan comercializar sus mercancías para beneficio de la economía nacional, funcionarios de esos aforos fiscales se dedican a tratar como reyes a diversos personajes involucrados en la delincuencia organizada, debido a la enorme corrupción que hay en esos recintos, dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En las aduanas, dichos contrastes son más que evidentes: hay personajes que pueden enriquecerse con el chantaje monetario en complicidad con funcionarios aduanales y, por el contrario, cada día suceden miles de casos de migrantes mexicanos que son tratados de la peor forma por personal de aduanas. ¿Su delito? No tener enormes cantidades de dinero para sobornarlos.
Como muestra, un botón: como resultado de la consulta pública ¿Cómo te fue en tu visita a México?, realizada el 29 de septiembre de 2008 en varias ciudades de la frontera del país, se recabaron las principales inconformidades de los migrantes, las cuales fueron enviadas a las dependencias correspondientes (SHCP, y Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores).
Arturo Lavín, coordinador regional del programa Paisano, informó que entre las mayores quejas que se expusieron en esa deliberación destacan el trato discriminatorio que reciben los connacionales al pasar por las aduanas mexicanas. La segunda queja de importancia en el tema fue sobre los trámites para entregar algún presente de los migrantes a personas en México, "los cuales son demasiado complicados y tardados".
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó que en el periodo vacacional de diciembre de 2008 se recibieron 26 denuncias de migrantes por abuso en las aduanas al ingresar en México; en su mayoría por el "cobro" de una cuota de entre 100 y 150 dólares de manera ilegal. Aseguró que la corrupción en las aduanas llega a tal grado, que el propio Consejo de Seguridad Pública reconoció que por ellas ingresan ilegalmente las armas en el país. La mayoría de las quejas se recibieron porque los agentes aduanales exigieron a los migrantes una cuota de 100 dólares para no molestarlos, si viajaban en automóvil, y de 150 si lo hicieron en camioneta.
Compañeros legisladores: los casos de discriminación de migrantes, el maltrato de pequeños empresarios que exportan e importan sus productos y la obstaculización de negocios en favor de la economía nacional son las reales actividades de estos elefantes blancos llamados "aduanas". Es necesario hacer un mayor esfuerzo en la erradicación de prácticas de corrupción por el personal de las aduanas y de oficiales de policía, particularmente en su relación con paisanos que viajan a México desde Estados Unidos.
Mientras no se metan en orden esas oficinas gubernamentales ni se profesionalice, capacite y se haga más riguroso el proceso de reclutamiento y selección del personal administrativo y la supervisión de los oficiales fiscales al momento de su reclutamiento, seguirán actuando con impunidad, en perjuicio de miles de ciudadanos.
Por lo expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que en la Dirección General de Adunas se establezcan los criterios y lineamientos necesarios a fin de evitar que el personal administrativo y operativo que trabaja en las aduanas cometa actos de corrupción, de contrabando, de piratería, retención alevosa e injustificada de mercancía y discriminación contra pequeños empresarios que realizan actividades económicas permanentemente y de paisanos que regresan a México.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal a establecer en coordinación con las dependencias de seguridad pública estatal y, en su caso, municipales los criterios y lineamientos necesarios a fin de evitar que los oficiales de policía y auxiliares cometan actos de corrupción, de contrabando, de extorsión, de piratería y discriminación contra pequeños empresarios permanentemente y de paisanos que regresan a México.
México, DF, a 12 de marzo de 2009.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA DESIGNACIÓN DEL CIUDADANO JUAN FRANCISCO MOLINAR HORCASITAS
COMO SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO
AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo atendiendo a las siguientes
Consideraciones
El sector que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que ver con la seguridad nacional en sentido amplio. Se trata de toda la infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria; y de las telecomunicaciones que incluyen la radio, la televisión, los servicios de mensajería y las nuevas tecnologías de la información. Un sector que reclama profesionales con argumentos técnicos para innovar y modernizar con sentido social y de desarrollo.
El desempeño de Luis Téllez Kuenzler, a lo largo de dos años, está marcado por la corrupción y el servicio descarado a intereses privados y no públicos. Una de las mejores formas de ver la calidad de su trabajo y los intereses que protegió se pueden verificar en el sector de la aviación civil. El llamado caso Mouriño fue más un montaje mediático para fortalecer la figura política de Luis Téllez y que, al final, no logró convencer con la hipótesis del accidente. La información al respecto es basta, profunda y seria.
La decisión de Felipe Calderón de relevar a Luis Téllez obedece a una estrategia partidista de conservar la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y cerrar filas con el Partido Acción Nacional. Se trata de la unión descarada entre partido y gobierno, sin rubores ni rumores. En esa necesidad política encuadra muy bien la figura de Juan Molinar Horcasitas.
Juan Molinar Horcasitas fue un serio académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y luego del Colegio de México. Más tarde se vinculó al Partido Acción Nacional que lo hizo director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, y después Consejero Electoral de la institución. Su paso por esa institución central de la democracia mexicana está marcada por los intentos de derrocar al entonces consejero presidente y de formar bloques para entorpecer decisiones. Sus motivaciones eran claramente partidistas.
Una vez que dejó el IFE, Molinar Horcasitas llegó a la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación de la mano de su entonces amigo Santiago Creel; defenestrado de esa posición, se hizo diputado plurinominal del Partido Acción Nacional donde trabajó de cerca tanto de Carlos Medina Plascencia como del actual dirigente nacional, Germán Martínez Cázares. La alegría y el furor con que celebró el nombramiento de su ex colaborador, lo llevó a darle una amplia difusión en los medios de comunicación.
El líder nacional del PAN lo llevó a la titularidad del Instituto Mexicano del Seguro Social y ahora lo coloca en una posición estratégica para sus propósitos partidarios con los concesionarios de la radio y la televisión. En virtud de que no han guardado las formas de la civilidad política, el líder nacional del PAN se ufana del panismo y de la lealtad de Juan Molinar Horcacitas.
En virtud de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia con mayores recursos en empleo temporal y que, sobre todo, tendrá la última palabra en las faltas en las que incurran los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión, es claro que su activismo será estar sobre las decisiones de las autoridades electorales.
En días pasados se aprobaron reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, que buscaban armonizarla con las reformas al artículo 41 constitucional y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, el nuevo artículo 107 de la Ley de Radio y Televisión resultó inarmónico con el artículo 354, pues una vez que el Consejo General del IFE hace del conocimiento de la SCT sobre las infracciones graves y reiteradas, en su caso, de algún concesionario y permisionario, la propia SCT debe informar al propio Consejo General de las medidas que se hayan tomado. Esta última obligación no quedó establecida en la Ley de Radio y Televisión.
Esta situación es preocupante pues hasta el momento la autoridad electoral no ha mostrado la suficiente organización para cumplir el mandato del nuevo marco electoral que coloca al IFE como el administrador único de los tiempos del Estado en radio y televisión. La tarea de pautar y monitorear los 23.4 millones de espots en todo el tiempo electoral ha resultado más que una fortaleza, una debilidad para el IFE.
En este sentido, estamos ciertos de que el protagonismo de Juan Molinar Horcacitas se ve estimulado ante el evidente vacío legal y el poco eficaz papel de administrador de tiempos en radio y televisión por parte del IFE. Y por supuesto, concientes de que su nombramiento obedece a su militancia panista y a su lealtad a ese partido político.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcacitas, se conduzca con estricto apego a las obligaciones y responsabilidades que le señalan la ley aplicable al sector, y sea respetuoso de las competencias exclusivas del Instituto Federal Electoral en su relación con los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, por el bien de la democracia.
Segundo. Se exhorta al dirigente del Partido Acción Nacional a que respete las tareas de gobierno y no apele a la lealtad panista del nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcacitas, y lo obligue a invadir las competencias exclusivas del Instituto Federal Electoral en su relación con los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, en una demostración de imprudencia política por el necio afán de conservar el poder.
Tercero. Se exhorta al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que hagan valer la ley en las resoluciones y sentencias, que tengan que ver con infracciones reiteradas por parte de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, en materia electoral.
Cuarto. Se exhorta a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para vigilar el uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales durante el proceso electoral federal de 2009, para que contribuya a la vigilancia y seguimiento de las facultades que competen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de radio y televisión para que no invada las facultades exclusivas del Instituto Federal Electoral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
ESTA SOBERANÍA EXPRESA SU BENEPLÁCITO POR EL TRABAJO QUE
REALIZA EL CAUCUS HISPANO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, EL CUAL BUSCA MEJORAR LAS POLÍTICAS DE
MIGRACIÓN, EN BENEFICIO DE MEXICANOS RADICADOS EN DICHA NACIÓN,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ JACQUES Y MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
El pasado domingo 8 de marzo, en el marco de una gira por diversas comunidades de Estados Unidos de América, la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expuso en San Francisco, California, la necesidad de detener las redadas de migrantes que provocan la división de las familias. Señaló que no se puede considerar como parte del espíritu americano la separación de familias, sobre todo porque son parte esencial de lo que es hoy Estados Unidos.
Afirmó, también, que la seguridad en la frontera común es altamente prioritaria; y reconoció la necesidad de un programa comprensivo que dé lugar a la migración como creadora de riqueza.
Esta gira, denominada Unidad familiar, ha contado con la presencia de integrantes del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes, quienes esperan reunirse con el presidente Barack Obama para discutir las políticas de migración en ese país.
Por la relevancia de estas declaraciones y en el ánimo de contribuir desde nuestro ámbito de trabajo, consideramos importante que la Cámara de Diputados externe un mensaje de apoyo a la labor que realiza un conjunto de colegas legisladores de Estados Unidos, quienes han demostrado genuino interés por dar un giro a las políticas de migración en el principal destino de nuestros connacionales.
Por lo antes expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión externa su beneplácito por el trabajo que realiza el Caucus Hispano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, que busca mejorar sus políticas de migración, que beneficiarán a ciudadanos mexicanos que radican en esa nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.
Diputado José Jacques y Medina (rúbrica)