Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de febrero de 2009.
Diputado Javier González Garza
Presidente de la Junta de Coordinación Política
Por medio del presente doy cumplimiento a las disposiciones señaladas en los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales, y le informo que, como miembro de la Comisión de Hacienda y con motivo de la reforma fiscal que mereció la aprobación de la Cámara de Diputados, se realizo del 25 al 30 de marzo de 2007 una visita autorizada a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, Francia.
Tal actividad estuvo centrada en temas de carácter económicos y hacendarios.
La OCDE es un organismo intergubernamental, de membresía limitada, orientado a identificar y proponer mejores prácticas derivadas de la comparación continua entre sus miembros. El organismo cuenta con 30 miembros, y uno de ellos es México.
Por eso se busca intercambiar experiencias de otros países que permitan a México un panorama diferente de posibilidades para implantar leyes y políticas públicas que apuntalen el crecimiento y el fortalecimiento de la economía, a través de sus estructuras, insumos y tecnologías que le garanticen climas de competitividad.
Entre los temas relevantes tratados en las reuniones y en las conferencias efectuadas por los expertos de la OCDE se encuentran los siguientes:
Se hizo notar la necesidad de lograr la correcta adecuación del marco regulatorio que se refiere a la política tributaria y fiscal del país. Un momento de análisis muy importante fue la conexión de los ingresos y el gasto público, con referencia a la necesidad de reforzar el sistema de evaluación de desempeño, y el establecimiento de indicadores que satisfagan las necesidades reales ligadas al interés público, como el abatimiento de la pobreza, el refuerzo de la educación o el cuidado del ambiente.
Se habló también de la problemática que presentaba la economía del país, por la decreciente producción de las plataformas de Petróleos Mexicanos, por lo que se planteó la necesidad de reformar el régimen fiscal de la paraestatal para ampliar sus márgenes de operación.
En materia hacendaria, los temas fueron el análisis de gravámenes como el IVA, el ISR y algunos de carácter ecológico, analizándose su capacidad de ingreso, así como la importancia de reforzar su administración y reducir la elusión y la evasión.
Otro tema fue el desarrollo regional y la necesidad de impulsar políticas públicas destinadas a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, la profesionalización de su actividad regional y la rendición de cuentas en este ámbito, a fin de incrementar el aprovechamiento de los ingresos de los gobiernos locales y de los municipales.
En la clausura de los trabajos de la visita, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) la presentación de un informe en sesión de la comisión.
Por ello, envío anexos a este documento los trabajos realizados por el centro de estudios y la versión estenográfica de la sesión e la Comisión de Hacienda del 17 de abril de 2007, donde se presentó el informe del CEFP.*
Sin otro particular al respecto, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.
Nota
* Anexos
Atentamente
Diputado Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica)
DEL DIPUTADO MOISÉS ALCALDE
VIRGEN, CORRESPONDIENTE AL ENCUENTRO ENTRE LEGISLADORES Y EXPERTOS DE LA
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS,
SOBRE POLÍTICA FISCAL Y GASTO PÚBLICO, QUE SE CELEBRÓ
DEL DOMINGO 25 AL JUEVES 29 DE MARZO DE 2007 EN PARÍS, FRANCIA
Presentación
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en su carácter de órgano de apoyo técnico, institucional y no partidista, y en cumplimiento de su función de aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, los grupos parlamentarios y los diputados en materia de finanzas públicas, pone a disposición el presente documento en el que se resumen los documentos y presentaciones realizadas por expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la LX Legislatura en su visita a la sede de esta organización.
Países miembros de la OCDE
Resumen
La OCDE ha señalado que México –como país emergente– se encuentra inmerso en un proceso de interrelación global que requiere un fortalecimiento de su economía, a través de sus estructuras, insumos y tecnología que le permitan condiciones más favorables para enfrentar la competitividad. En este contexto, el marco de las finanzas públicas requiere hacerse más eficiente y como medidas de largo plazo los mecanismos para asegurar su sustentabilidad.
De acuerdo a su opinión, México ha logrado progresos en su reforma estructural para abrir la economía, mejorar el funcionamiento de los mercados de productos y el fortalecimiento del sector financiero; sin embargo, los niveles de vida están muy rezagados en relación con el promedio de la OCDE y el crecimiento potencial del PIB es demasiado lento para reducir el diferencial de ingreso, aduciendo de forma relevante el bajo nivel y lento crecimiento de la productividad laboral, en gran parte ligada a los problemas que enfrenta el sistema educativo en donde las asignaciones de gasto público inclusive, requieren establecer otros mecanismos de sanciones y recompensas y la delegación de mayores responsabilidades a las escuelas.
También señalan que la excesiva reglamentación de mercado de productos, la protección estricta del trabajo formal, la deficiencia del estado de derecho y la ineficacia de los procesos judiciales limitan la inversión privada y la competitividad, en donde recomiendan suprimir los obstáculos a la inversión privada en el sector eléctrico, así como mejorar la competencia en la industria de comunicaciones y en el sector industrial en general.
La calidad del insumo laboral y mejor dotación de capital físico, implicaría de esta manera combinar insumos con una tecnología más avanzada, si bien se destacan, las reformas de los últimos años en materia de privatización, apertura y reformas al sector financiero.
Se reconoce la necesidad de que algunos de los caminos hacia el desarrollo tengan que trazarse y ser financiados por el sector público. Ante ello, se requiere un marco fiscal estable y predecible por los diferentes niveles de gobierno, en tanto el existente, carece de un enfoque de mediano plazo que permita que los excedentes fundamentalmente provenientes del petróleo se ahorren y se destinen para el pago de deuda o para financiar inversiones adicionales; se coincide en que los ingresos son bajos con relación al PIB y que una tercera parte están asociados a los recursos provenientes del petróleo, sujetos a inventarios finitos y a la volatilidad de precios internacionales ya que al sujetar estos recursos a gastos recurrentes no permiten una sostenibilidad de los compromisos futuros.
La administración pública mexicana se ha transformado en los últimos años, existiendo una tendencia clara para atender los asuntos propios de la administración central con respecto a las actividades sociales y productivas. Estos cambios se han reflejado en la modernización de la administración pública, la cual se ha ciudadanizado a partir de la creación de organismos autónomos y han aparecido órganos para mejorar la competencia y la regulación de los sectores económicos y su desempeño se ha orientado a resultados, como una característica nueva que se conjuga con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
En este sentido, se reconoce la necesidad de transitar hacia una administración pública más flexible a su interior, privilegiando una mayor importancia a mecanismos de supervisión y control ex post, lo que permitiría nuevas capacidades innovadoras para la gestión pública, en contraparte al exceso de normatividad, controles y esquemas que hacen rígida la administración.
Al respecto, se identificaron tres áreas de riesgo y sus respectivos retos, la primera asociada a las adquisiciones o compras del sector público que alcanzan a representar hasta el 15 por ciento del producto interno bruto en donde se requiere establecer marcos de reglamentación, permitiendo profundizar el control social directo sobre estos procesos como son los concursos públicos o las grandes compras y el uso de nuevas tecnologías, como Compra-Net, que se puso de ejemplo para el caso mexicano. Cabe señalar que en Irlanda existen comisiones de investigación sobre las grandes compras que realiza el gobierno y existen comisiones especiales relacionadas con la revisión de normas en general aplicables para el sector público. Una segunda área corresponde a los conflictos de intereses ocasionados por el clientelismo y como es que los intereses privados Influyen en las decisiones a través del mal uso de la información, de lo que se requiere una legislación especial para disminuir estas desviaciones, señalándose que sólo cinco miembros de la OCDE cuentan con este marco regulatorio. De la misma forma, una tercera área relacionada con el asunto del cabildeo que es necesario regular a fin de hacer más transparente los acuerdos de intereses.
Un aspecto importante está asociado con la definición del grado de autonomía de los organismos fiscalizadores, que se desprende que es muy importante que se defina el alcance de la fiscalización concomitante o ex post y a quien debe de rendir cuentas el órgano fiscalizador.
Un punto central en este proceso de anticorrupción es la revisión del servicio civil de carrera, en donde debe diferenciarse la profesionalización o el camino piramidal en la ocupación de los cargos públicos, a fin de evitar burocratización o vicio de esquemas que deben de ayudar a resolver los problemas de eficiencia del sector público.
Sobre la política tributaria existe un privilegio por dos supuestos, el IVA y el ISR, con matices diferentes en cada país pero con observaciones que de acuerdo a la OCDE permiten prever recaudaciones potencialmente mayores, eliminación de distorsiones, mejoras en la equidad, aumento de la competitividad Y eficiencia en la administración tributaria. Aún así, se alertan también sobre aspectos que es importante considerar casuísticamente.
En el caso del IVA, se señala que en los diferentes países se cuenta con más de una tasa de este impuesto, y que es importante revisar cuáles artículos deben quedar gravados con tasa cero o exentos; en este sentido es mejor considerar canastas básicas que hacer una diferenciación como sería el caso de alimentos entre industrializados y no industrializados, lo que implicaría una mayor complejidad para la clasificación y administración por parte del contribuyente y para la fiscalización por parte de la autoridad. En algunas experiencias se ha considerado manejar un umbral bajo el cual no se grave el impuesto, es decir, hasta determinado nivel de ingresos el impuesto no se causaría, si bien, habría que tener cuidado en este renglón el cual estaría asociado al incumplimiento.
En materia del ISR se requiere ampliar la base impositiva, reducir la distancia entre impuestos nominales y reales, es decir, poner límites a las subvenciones y reducciones; en materia de consolidación, sería conveniente homologarse con algún esquema de otros países; el flat tax es un esquema generalmente asociado a las personas físicas con menor número de deducciones y estableciendo tasas únicas.
En materia de otros impuestos, se recomienda fortalecer el cobro de los impuestos a la propiedad (predial) el cual es muy potencial y sería muy importante –de acuerdo con algunos expertos– unificar métodos de evaluación para el cobro a través de creación de organismos para la evaluación de inmuebles donde participen diferentes estados y cuyos alcances podrían ir hasta normar la regularización de catastros o la recomendación de estructuras tarifarias.
Existen impuestos al patrimonio como el caso de España o el caso de Francia, en este último caso, esta imposición se encuentra limitada al no considerar aspectos de la vida profesional o empresarial, lo que aporta poco en recaudación, pero mucho en información.
Se recomienda un impuesto a la herencia y se mencionó que en otros países existen impuestos sobre las transacciones financieras.
En cuanto a los impuestos ecológicos, se señaló que esto es una alternativa para crear conciencia y asignar recursos específicos para ayudar en la materia, lo que requiere un esfuerzo por detectar y calcular el gravamen.
Otras experiencias indican que los impuestos al capital pueden obedecer a sistemas duales, por un lado la utilidad y por otra parte a los dividendos, que los impuestos laborales tiene una connotación progresiva y que es preferible que los adeudas fiscales estén circunscritas a exenciones en lugar de estímulos; que es mejor bajar las tasas a deducir las inversiones y que existen combinaciones para proponer tasas únicas hasta cierto nivel de ingresos y una tasa al capital, como es el caso de Dinamarca.
La reforma tributaria tiene que combinar criterios de eficiencia, neutralidad, equidad horizontal, equidad vertical, incentivos fiscales y costos congruentes de recaudación.
La administración tributaria requiere a su vez separar procesos como el cobro de impuestos y el control de aduanas, como sucede en la generalidad de los países; las auditorías impositivas son muy importantes para determinar problemas generales asociados a la elusión y la evasión fiscal. Es importante poner énfasis en las deudas impositivas, en cuanto a la recuperación de los adeudas fiscales; asimismo, utilizar mecanismos de cobro preferentemente por tipo de contribuyentes, como en México a las grandes empresas; además del uso de nuevas tecnologías en la administración tributaria.
La OCDE señala que se revisen nuevas formas de asignación de recursos en tanto que los impuestos en su mayor parte se establecen en el nivel federal y si bien, un porcentaje considerable del gasto lo realizan los estados y municipios, a menudo las dotaciones históricas no son compatibles con las necesidades persistentes.
Hay diferencias norte-sur en procesos de concentración (megalópolis) y dispersión de poblacional lo que no ayuda a hacer más eficiente el gasto público.
En este ámbito, reviste una gran importancia el énfasis de la OCDE por un nuevo enfoque del desarrollo regional, tomando como base soluciones con direccionamiento horizontal a nivel federal, direccionamiento vertical entre gobiernos y direccionamiento para mejorar la cooperación horizontal a nivel local, en el cual es importante el fortalecimiento de la estrategia de microregiones implantada en México.
Por una parte, el modelo de transferencias de recursos entre regiones ricas a pobres ha fracasado, como lo demuestran los casos de la Unión Europea, en específico el caso de Italia, por lo que se aduce considerar los programas líderes en Europa, especialmente de Alemania y España y los acuerdos de crecimiento local, en el caso de Suecia. Se trata de acuerdos contractuales entre los diferentes gobiernos que obedecen a regiones, objetivos y controles específicos, lo que apoya no sólo la estrategia de fortalecimiento económico nacional, sino también la selección de regiones potenciales donde se conjugan esfuerzos de diferentes, entes públicos y de éstos con el sector privado.
Si bien no hay un modelo alternativo en materia de transferencias que puede erigirse como una solución universal, es importante destacar las ventajas competitivas de algunas regiones con estrategias de apoyo a nivel sectorial, además de políticas de información sobre tecnologías y nuevos mercados y sobre todo el fortalecimiento de la coordinación entre niveles de gobierno. Estos contratos pueden ser revisables con cierta periodicidad con presupuestos asignables y sujetos a evaluación por los diversos agentes.
El desarrollo regional es un proceso económico amplio donde el sector público puede participar en materia de fomento, regulaciones, o directamente a través del financiamiento, por lo que los acuerdos institucionales deben de ser coherentes, comprensibles y delimitados para cada uno de los participantes, en esto es muy importante las fuentes de financiamiento privado y público y la capacidad de cada nivel subnacional para cumplir con los compromisos. También se requiere que exista una entidad que fiscalice la política regional en conjunto, y aun más, que debe de existir una entidad, en nuestro caso federal, responsable de la política de desarrollo regional, en el caso mexicano, a través de una comisión intersecretarial común a las siete secretarías que actualmente desempeñan programas sectorialmente separados.
El desarrollo regional como compromiso de gobierno involucra el fortalecimiento en los ámbitos locales, la eficiencia de los servicios públicos y el acceso a los mismos, por lo que es importante revisar los esquemas fiscales locales para crear incentivos que fortalezcan la recaudación.
Crecimiento económico
De acuerdo con la OCDE, a pesar de que México ha logrado importantes reformas estructurales, como es el caso del proceso de apertura comercial, el mejoramiento del funcionamiento de los mercados de productos y el fortalecimiento del sistema financiero; ello no se ha reflejado en un mayor crecimiento económico considerando el potencial que tiene la economía mexicana.
A pesar de que en los últimos años el desempeño económico de México ha mejorado, la productividad ha sido baja y la pobreza ha aumentado. Comparativamente, el producto interno bruto (PIB) per cápita de México se encuentra por debajo del de la mayoría de los países miembros de la OCDE. Los bajos niveles observados en los últimos años se ha debido, de acuerdo con la organización al bajo nivel de productividad laboral explicado, en parte, por el rezago educativo que prevalece en el país.
La OCDE señala que la reforma más urgente es la fiscal, toda vez que la recaudación impositiva de México con relación al PIB es la más baja de los países miembros de esta organización y si se excluyen los ingresos petroleros, es de las más bajas del mundo. Mientras México siga recaudando sólo el 12.0 por ciento de su PIB en impuestos (sin petróleo) no podrá invertir lo suficiente en materia social ni en infraestructura, elementos indispensables para impulsar el crecimiento competitivo; asimismo, a pesar de que el potencial de crecimiento del país es de entre 3.5 y 4.0 por ciento, es bajo para hacer frente a los rezagos que todavía enfrenta y para superar las condiciones de pobreza. En este sentido, la OCDE apunta que México tiene la capacidad para crecer a tasas anuales de 7.0 u 8.0 por ciento de manera sostenida, como en China, India y Corea, siempre y cuando se apliquen políticas públicas de calidad.
De acuerdo con la OCDE, para elevar el producto potencial de México se requiere de las siguientes condiciones:
Administración pública y presupuesto
Los beneficios de su utilización son un mayor énfasis en los resultados; mejora en la planeación y administración del gasto público, en particular cuando se emplea en un horizonte de mediano plazo; disposición de mayor información sobre las prioridades y metas gubernamentales, así cómo de la interrelación entre programas y metas, señalando los programas que funcionan y los que no; aumento en la transparencia y, en ciertos contextos, se emplean para tomar decisiones presupuestales sustentadas.
Los retos que enfrenta el desarrollo de los indicadores de desempeño, consisten en su integración en el proceso presupuestario en forma sistemática; la medición de insumos y resultados; mejora de su calidad, credibilidad, relevancia y puntualidad; eliminar los incentivos perversos; desarrollo de las capacidades de las dependencias encargadas de las finanzas y el gasto público; vencer la resistencia al cambio de los servidores públicos; y convencer a los políticos de emplearlos para la toma de decisiones.
La OCDE recomienda desarrollar y mejorar el uso de los indicadores de desempeño en el proceso presupuestario, teniendo presente que no existe el mejor modelo, depende del contexto en que se aplican, debe existir un marco común de planeación y emisión de reportes, los indicadores deben integrarse dentro del presupuesto; no deben estimularse sistemas que vinculen directamente resultados con asignación de recursos. Finalmente el desarrollo de indicadores de desempeño significativos y que permitan el rendimiento de cuentas, se basan en información confiable y constantemente actualizada sobre insumos y resultados.
Las evaluaciones oportunas y completas de los indicadores se deben de llevar a cabo en forma independiente y asesoradas por expertos externos. Los enfoques de reforma deben adaptarse a las circunstancias; deben establecerse incentivos para motivar a los servidores públicos y a los políticos a cambiar su conducta.
Experiencias en el uso de la evaluación del desempeño en los procesos presupuestales
Aunque la mayor parte (75 por ciento) de los países miembros de la OCDE no presenta información relativa a la evaluación del desempeño en su documentación presupuestal, en el largo plazo esta tendencia se invertirá, toda vez que el 40 por ciento de los países asegura que incluirán un sistema de presupuesto basado en resultados durante los próximos 10 años. Al mismo tiempo, el 35 por ciento de los países de esta organización asegura haber incluido iniciativas en este sentido.
En algunos países como Canadá, Dinamarca y Suecia existen modalidades informales de evaluación del presupuesto por resultados pero no se han formalizado.
El uso del sistema de evaluación del desempeño en el proceso presupuestal contribuye a la negociación entre el ministro de Finanzas y los ministros ejecutores del gasto, así como también entre éstos y sus dependencias.
En Nueva Zelanda y Reino Unido no sólo se presenta información pormenorizada del desempeño, sino que también se vincula estrechamente a la determinación de subsidios para el fondeo de los programas de ayuda social.
Esto ha servido como parámetro para distinguir entre países que han vinculado a los propósitos de la rendición de cuentas la información del desempeño y el peso que ésta tiene para determinar políticas públicas y aquellos políticos que no requieren de más información que la financiera para determinar el fondeo de sus programas.
Esta información sirve como criterio para:
De esta manera, la información de la evaluación del desempeño sirve para determinar cursos de acción y definir programas de revisión mediante los cuales se puede corregir atinadamente el impacto del presupuesto y los resultados negociados.
Los retos en cuanto a la evaluación de desempeño son:
En los países miembros de la OCDE el 90 por ciento de los ingresos proviene de tres fuentes: impuesto al ingreso, impuesto sobre bienes y servicios y aportaciones a la seguridad social. En contraste los países de la Unión Europea recurren más a las contribuciones a la seguridad social.
Las diferencias entre países se deben en parte a los cambios en las estructuras económicas; es decir, a los ciclos de negocios y tasas de inflación.
Impuesto al ingreso
Tratándose del impuesto al ingreso, en ciertos países la mayor fuente de ingresos proviene de las empresas y en otros de las personas; además, existen diferencias entre países entorno al otorgamiento de privilegios fiscales haciendo la base tributaria más delgada.
Conceptos básicos para gravar el ingreso personal: principales opciones para los gobiernos.
Pueden decidir sobre tres tipos de sistemas impositivos al ingreso de la persona:
Impuesto global sobre el ingreso. Utilizando tarifas progresivas se acumulan todos los ingresos percibidos aplicando la misma tasa sin importar la fuente o el tipo de ingreso y el valor de las reducciones fiscales aumenta con el ingreso.
Impuesto dual al ingreso. Consiste en combinar una tasa constante sobre el ingreso neto con el ingreso bruto del trabajo. Es decir, el ingreso laboral se grava a tasas mayores que el ingreso de capital. El valor de las reducciones fiscales es independiente del nivel de ingresos.
Impuesto constante al ingreso. Se grava el ingreso global neto a una sola tasa impositiva. Esto implica que el ingreso salarial y de capital se gravan a la misma tasa y el valor de las reducciones fiscales es independiente del nivel de ingresos.
En la práctica ningún país de la OCDE ha puesto en marcha la totalidad de estos tres sistemas impositivos. Es decir, todos los países de la organización presentan casos y tratamientos específicos para ciertos tipos de ingresos, lo que implica que los sistemas implantados sean "semiglobales", "semiduales" o "semiconstantes".
Cabe señalar que la característica principal del sistema del impuesto dual al ingreso consiste en combinar una tasa impositiva progresiva sobre el ingreso laboral, con un impuesto fijo sobre el ingreso corporativo y de capital con una base tributaria amplia y una tasa baja.
Sin embargo ningún país ha impuesto un sistema dual puro en el que todo el ingreso de capital se grava a una tasa constante y el ingreso salarial sea gravado a tasas progresivas.
Entre los principales elementos que debe buscar una reforma destacan los siguientes:
Simplificación
Muchos países coinciden que la reforma tributaria debe observar la simplificación. Los sistemas de tasas constantes utilizan a su favor la reducción de costos de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, además de que es más fácil de fiscalizar por las autoridades en comparación con los sistemas integrales y los duales.
Sin embargo, por definición existen complicaciones en los sistemas fiscales a partir de la integración de la base gravable; es decir, al considerar las deducciones de los ingresos sus características y definiciones.
Una vez definida la base, la determinación del impuesto ya sea mediante una tasa única o a través de una tarifa progresiva, no es más complicada una que otra; en otras palabras, la simplificación radica en la determinación de la base gravable y no en si es una tasa única o tarifa progresiva.
Es de mencionar que es posible contar con una tasa única para todo tipo de ingreso personal y empresarial que contribuya a reducir los problemas de movilización del ingreso entre el sector personal y el corporativo, con lo que se reduce la complejidad.
Eficiencia
Las distorsiones tributarias en los sistemas impositivos como distintos niveles de tasas, exenciones o privilegios son el principal resultado de los costos en la recaudación, por tanto la ampliación de las bases tiende a ser más eficaz en términos de la recaudación.
Equidad
Los impuestos al ingreso con tasa única o constante estimulan la equidad horizontal. Los sistemas integrales con tarifas progresivas son más eficaces para lograr la equidad vertical.
Por tanto, la decisión de utilizar una tasa única o progresiva está en la medida de cómo alcanzar un equilibrio entre la equidad horizontal y vertical.
Asimismo, la equidad se puede analizar a través de la base gravable pues para la distribución del ingreso algunos países aplican beneficios o exenciones a los bajos ingresos, tratándose de los altos ingresos existen bonificaciones o beneficios como es al ahorro, gastos educativos Y de salud o donativos, entre otros.
Mejoramiento de la competitividad de los impuestos empresariales
Las tasas impositivas empresariales se han reducido en muchos países incluso en algunos considerablemente; asimismo, las bases tributarias han sido ampliadas o se han eliminado regímenes especiales.
La integración de los sistemas del impuesto corporativo y personal al ingreso con tasas impositivas altas ha generado inquietudes con respecto a la doble tributación. Por lo que en la práctica se observan tasas diferenciadas.
Modificaciones a la operación de las administraciones tributarias
La línea entre la política tributaria y la administración tributaria muchas veces es poco clara, por lo que en los esfuerzos de reforma tributaria es de considerar cambios en la administración tributaria.
Es decir, las reformas tributarias en los países miembros de la OCDE han venid acompañadas con cambios en los acuerdos entre instituciones para la administración tributaria.
En once países, el cobro y cumplimiento de las obligaciones de las aportaciones sociales están a cargo del mismo organismo tributario, mientras que en 17 países han sido confiadas a otro organismo.
Retos para los diseñadores de reformas tributarias
Por principio la reforma tributaria es un proceso continuo; es decir, los sistemas tributarios deben adaptarse continuamente a cambios en la economía, el entorno social y la tecnología.
En el entorno social, las presiones sobre el gasto público se observa en el envejecimiento de la población lo que impondrá demandas crecientes en las pensiones y salud.
Por el lado del ingreso los gobiernos para recaudar y hacer frente a las presiones sociales deberán:
Impuesto al Valor Agregado
El documento sobre el impuesto al valor agregado (IVA) presentado por la OCDE busca describir de manera general las tendencias mas recientes en el mundo de este tipo de impuesto, además de mostrar un contexto general que sirvió de base para el debate del "Dialogo Fiscal Internacional".
En la actualidad 140 países contemplan dentro de sus sistemas tributarios la aplicación de impuestos al consumo, particularmente el IVA. Para los países de la OCDE este impuesto representa el 6.9 por ciento del PIB y el 18.9 por ciento del total de recaudación por concepto de impuestos. Para México representa el 3.7 por ciento del PIB y el 20.2 por ciento de su recaudación total.
En los países que contemplan exenciones al pago de este impuesto, éstas se concentran en: educación, salud, caridad y los servicios financieros. Las naciones que registran la aplicación de tasa cero son Reino Unido e Irlanda, Y lo hacen en alimentos, libros y periódicos. En el caso de México se aplica esta tasa sobre una mayor cantidad de bienes.
Según información de la OCDE, la experiencia indica que el IVA ha resultado ser adecuado para los países en desarrollo, ya que ha favorecido la recaudación de una manera mas eficiente puesto que requiere una menor infraestructura administrativa.
Lo anterior resulta más evidente ya que de acuerdo a análisis empíricos e\ comercio internacional, una mejor educación y la experiencia recaudatoria, contribuyen a mejorar la recaudación de este impuesto.
Algunas de las principales conclusiones tomadas en esta conferencia se resumen a continuación:
La recaudación del IVA debe regirse por un principio de equidad.
La tasa cero debe aplicarse únicamente a las exportaciones y las exenciones utilizarse cuando se considera que es esencial reducir la carga tributaria sobre un bien o servicio determinado.
Un régimen con exenciones genera distorsiones y dificulta su administración.
La creciente importancia del comercio internacional de servicios y del comercio electrónico, presenta nuevos desafíos para el diseño tributario internacional.
A efecto de garantizar la aplicación eficaz del IVA deben fortalecerse la autofiscalización así como programas eficaces de auditoria.
La ausencia de un "umbral" adecuado dificulta la identificación del rango a partir del cual se establece la obligación contributiva, lo que produce un número mayor de evasores.
El que los contribuyentes tengan que cumplir mensualmente la obligación de pagar les añade costos innecesarios tanto a ellos como al SAT.
Entre las principales reformas al régimen se propone:
• Reducir el régimen de tasa cero.
• Revisar las exenciones para algunos bienes.
• Revisar el régimen de la tasa fronteriza.
• Introducir el registro de umbrales de recaudación.
• Cambios mayores como parte de una reforma fiscal amplia.
Actualmente, el IVA es el procedimiento de recaudación de impuesto al consumo más generalizado en el mundo, a raíz de la exitosa adopción del impuesto sobre bienes y servicios (equivalente al IVA) en Australia, todos los países de la OCDE (excepto Estado Unidos), operan sistemas de IVA.
Existe una diversidad considerable en al estructura de los sistemas del IVA vigentes. Por ejemplo, la tasa general de IVA es más alta en Europa occidental y en las economías en transición que en otros partes del mundo y más baja en Asia. Asimismo, Europa occidental tiene los sistemas de IVA más complejos en término del número de tasas.
Petróleo
Es evidente la creciente dependencia fiscal de México en los ingresos petroleros. Esta dependencia se ha acentuado en los últimos años al pasar de 29 por ciento a cerca de 40 por ciento, en detrimento del sistema tributario normal. Esta situación es preocupante debido a que los ingresos provienen de una fuente altamente volátil, que en el largo plazo es insostenible y que genera un gran nivel de vulnerabilidad.
En la actualidad, Pemex presenta plataformas de producción decrecientes debido a la baja restitución de reservas, por tal motivo, se deben buscar otras fuentes de ingresos recurrentes, así como fortalecer las actuales.
Para tal efecto, es importante la creación de fondos de estabilización, o en su defecto, transparentar el manejo Y establecer con claridad la aplicación de los recursos provenientes de los ya existentes, a fin de garantizar la estabilidad de las finanzas públicas ante cualquier contingencia.
Adicionalmente, resulta necesario revisar el régimen fiscal que se aplica a la paraestatal, con la finalidad de permitirle ampliar sus márgenes de operación, así como tomar sus propias decisiones de inversión.
Para ello, es necesario dotar de autonomía financiera y de gestión a Pemex, que le permitan realizar las inversiones que el sector requiere para ser competitivo Y lograr una mayor eficiencia, equiparable a las de sus similares en otros países.
La influencia de los regímenes tributarios sobre las decisiones de IED
De acuerdo con la OCDE, uno de los objetivos que busca el proyecto denominado Tributación e Inversión Extranjera Directa (IEO), es proporcionar el análisis de estudios empíricos sobre la influencia de los impuestos en la IEO, a efecto de comprender mejor qué factores explican las variaciones en las estimaciones de la sensibilidad de la IEO a las políticas públicas (elasticidades tributarias).
Con la finalidad de orientar la formulación de política tributaria con relación a la IEO, los analistas de política normalmente recurren a uno o más modelos o marcos de referencia económicos como medio para analizar posibles canales de influencia. Entre estos marcos destacan los siguientes: el marco OLI; el marco de política de la OCDE; el marco neoclásico de inversión y los nuevos modelos de geografía económica.
El marco OLI (Ownership, Location, Intemalisation)
De acuerdo con este marco, las decisiones de IEO involucran la evaluación de condiciones de propiedad, ubicación e internalización, por lo que puede esperar una IEO horizontal en lugar de exportaciones u otorgamiento de licencias. IEO horizontal involucra la copia de actividades de producción en el extranjero.
Las ventajas de propiedad, como patentes, experiencia y marcas registradas, son aquellas que le confieran a una transnacional respecto a las utilidades que no tienen acceso las empresas locales en mercados extranjeros.
Las ventajas de ubicación, como costos bajos en el ámbito local, laboral o de energía, así como cargas tributarias, hacen que la IEO, al impulsar la producción local, sea más rentable que la actividad exportadora.
Las ventajas de internacionalización, hacen que una actividad comercial de forma directa, mediante la IEO, sea más rentable que otorgar una licencia a otras empresas de mercados extranjeros para que tengan el derecho de utilizar activos que les confieran una ventaja de propiedad, por ejemplo, al salvaguardar capital generado por el conocimiento.
El marco de política de la OCDE
Este marco se apoya en el documento Policy Framework for Invesment elaborado por la OCDE en 2005, que dentro del capítulo relativo a la tributación busca la identificación de temas claves que permitan determinar los pro y los contra de los incentivos fiscales para las empresas, así como las políticas tributarias alternativas y opciones de diseño para atraer IEO.
En este contexto, de acuerdo con este marco, al establecer la carga tributaria para la inversión entrante, es importante que los diseñadores de políticas evalúen si el país receptor ofrece oportunidades atractivas de riesgo y rendimientos, tomando en cuenta las condiciones de referencia (como en el ámbito de la estabilidad política, monetaria y fiscal; la protección legal y la gobernabilidad pública), las características del mercado (tamaño, disponibilidad y costo de la mano de obra, la energía, las condiciones de la infraestructura) y el predominio de las utilidades específicas a la ubicación.
El atractivo de un país receptor depende de las condiciones de referencia del éste y de las características de su mercado, que a su vez dependen, en parte de los niveles pasados y actuales de gasto público en programas de renglones de importancia crucial para inversionistas (como educación y desarrollo de infraestructura).
Marco neoclásico de inversión
Es uno de los modelos más utilizados por los economistas dedicados a las finanzas para analizar el impacto de la tributación sobre la IEO. El principal atractivo de este marco es la incorporación de parámetros tributarios obligatorios que establecen la carga tributaria oficial para los rendimientos sobre inversiones y el tratamiento fiscal de los costos de capital.
En especial, las tasas marginales basadas en parámetros y las promedio efectivas pueden analizarse para determinar el cambio porcentual que se generaría en estas medidas de carga tributaria a raíz de un ajuste único o en paquete de políticas de impuestos corporativos. Al combinarse con estimaciones empíricas de la sensibilidad de la IEO a estas tasas impositivas efectivas, el marco se presta para estimar los efectos de largo plazo de la reforma de los impuestos a las empresas sobre la IEO.
Nuevos modelos de geografía económica
Este modelo surgió en años recientes y desafía las predicciones y consideraciones centrales de la teoría neoclásica. Descansa en el modelo de centro-periferia (CP), que hace énfasis en el papel de las fuerzas de concentración empresarial (economías de aglomeración), esto es, las economías que se autorrefuerzan como resultado de la concentración de la actividad empresarial.
Una de las ideas clave de este modelo radica en que un mercado de gran tamaño y su demanda están determinados por el número de consumidores y su ingreso disponible que, a su vez, depende del nivel de inversión. De esta manera, cuando un país recibe inversiones se genera un círculo virtuoso, a partir del cual se generan más empleos, se incrementan el ingreso disponible, la demanda de productos y el tamaño del mercado que, a su vez, atraerá más inversiones.
En suma, de acuerdo con la OCDE, el análisis referente a la manera en que impacta la tributación a la IEO es crucial para tener una mejor evaluación sobre como enfrentar las presiones competitivas y evitar la salida o la poca entrada de IEO.
En este sentido, la mayoría de los estudios analizados por la OCDE deja ver una relación negativa entre los regimenes tributarios y la IEO, aunque con una amplia variabilidad en las estimaciones. Esto significa que la elasticidad tributaria de la IEO variará y dependerá de acuerdo con las condiciones, políticas y tipo de industria existentes en el país receptor, además del periodo analizado, entre otros factores.
Sin embargo, el análisis de la literatura concluye que la proporción de IEO relativa a la inversión real (en planta, propiedades y equipo) es más sensible a los impuestos que otros componentes de la IEO, además de que este tipo de inversión es cada vez más sensible a la tributación en el tiempo.
Desarrollo regional y descentralización
Arreglos institucionales y financiamiento local en países miembros de la OCDE
Federalismo Fiscal y Competencia Institucional
Los servicios públicos locales son elementos indispensables para el desarrollo social y económico sostenido Y se requiere de la participación de los distintos órdenes de gobierno.
México ocupa el lugar 15 de 17 países en términos de la participación de los gobiernos locales en el ingreso y el gasto totales.
Eficiencia del gasto público federal descentralizado
La eficiencia ha mejorado mediante nuevos arreglos de financiamiento y la definición de reglas presupuestales entre gobierno federal y locales. Se ha optimizado la competencia y las reglas del mercado:
Gobernabilidad de la política de desarrollo regional
La política de desarrollo regional (PDG) es responsabilidad compartida y con frecuencia emplea mecanismos contractuales para la coordinación de las necesidades de los distintos órdenes de gobierno. Un arreglo contractual es cualquier reorganización de potestades, además de la Constitución, los derechos y deberes de los gobiernos:
Los contratos modifican positivamente la administración y las potestades entre los órdenes de gobierno.
Los contratos son herramientas de dialogo que definen responsabilidades y generan una curva de aprendizaje en la administración tributaria a cualquier nivel.
Los contratos y sus comisiones bilaterales o trilaterales deben ceñirse a la transparencia y deben ser verificables en la medida de lo posible.
Reto 2: Fortalecer las haciendas públicas locales mediante las siguientes políticas básicas:
1. Financiando a todos los órdenes de gobierno,
priorizando políticas de gasto multianuales.
2. Co-financiando el desarrollo regional a través
de fondos estructurales (anticíclicos), considerando los ingresos
propios de los estados y municipios).
3. Creando más incentivos para incrementar los
ingresos propios de los gobiernos locales y municipales.
Reto 3. Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales:
1. Fuerza laboral profesional, mediante un Servicio Público
de Carrera Local (SPCL) y extendiendo reformas exitosas (similares a las
federales) en los gobiernos locales.
2. Monitoreo y evaluación, construyendo capacidades
específicas de rendición de cuentas en las localidades y
extendiendo la evaluación de mecanismos de coordinación.
3. Difusión de las buenas prácticas, mediante
la creación de Agencias de Desarrollo Regional (ADR) estableciendo
un foro permanente.
4. Rendición de cuentas fortaleciendo dicha capacidad
entre los gobiernos locales.
• Pero lograr dicha reforma no es tan simple como parece, ya que hay varios aspectos a considerar:
• La política regional puede ser un poderoso complemento de la Reforma Fiscal para fortalecer la dinámica conductiva de un alto crecimiento, para reducir las disparidades regionales e incrementar la competitividad:
Administración Tributaria
Evolución de los órganos tributarios administrativos
La estructura organizacional de un órgano tributario puede tener implicaciones significativas para la eficiencia operativa general y la eficacia en el cumplimiento de su mandato principal.
En los últimos 10 años se ha observado una evolución importante de las estructuras organizacionales de los órganos de administración tributaría.
El modelo organizacional más antiguo empleado por los administradores tributarios se basó, principalmente, en el criterio de "tipo impuesto", es decir, departamentos separados multifuncionales para cada impuesto que, en general, eran autosuficientes e independientes el uno del otro. Aunque este modelo cumplió sus propósitos tenía varios defectos entre los que destacan:
Una tendencia más reciente en algunos países de la OCDE ha consistido en organizar las operaciones principalmente alrededor de "segmentos de contribuyentes" (como grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, asalariados, etcétera). Este modelo fue adoptado por Estados Unidos como parte de la ley de reestructuración de 1998.
Todos estos cambios en la administración tributaria reconocen que la mejoria del cumplimiento fiscal debe ser parte integral de la estrategia de reforma de cualquier país.
Las administraciones tributarias de nuestros días enfrentan grandes retos tales como:
México enfrenta algunos retos adicionales:
1) El bajo cumplimiento, incluso en el sector formal.
2) La existencia de un considerable sector informal.
3) Las estimaciones de niveles de incumplimiento indican
una merma de recaudación equivalente a casi la mitad de la base
tributaria oficial.
4) El número de personas registradas ante el SAT
equivale a menos de 20 por ciento de la fuerza laboral.
5) Las actividades de auditoria son todavía limitadas
en su escala.
6) Otro reto es el considerable nivel de deudas tributarias
sin pago, muy alto en comparación con la mayoría de los países
de la OCDE.
En toda la OCDE, las administraciones tributarias apoyadas por sus gobiernos han respondido de diversas maneras, aunque existen coincidencias con respecto a la reforma de la administración tributaria:
b) Fortalecimiento del marco organizacional, mediante la creación d un solo cuerpo recaudatorio que cobre impuestos directos e indirectos.
c) La mejora en el manejo de riesgos y la gestión de las auditorias.
d) El fortalecimiento del marco legislativo, de manera que cuenten con las facultades adecuadas para cumplir con sus funciones de vigilancia del cumplimiento y la recaudación, además de la imposición de sanciones adecuadas por pleitos tributarios.
e) Intensificar el uso de tecnología moderna para la prestación de servicios a los contribuyentes, llenado electrónico de declaraciones y recepción de pagos por este mismo medio.
f) Intensificar los esfuerzos para aumentar la competencia del personal.
Acuerdos institucionales y organizacionales
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) de México, que es un organismo semiautónomo, organizado por funciones, presenta dos particularidades, a diferencia de la tendencia en países de la OCDE, por un lado, ejerce, además de las funciones de recaudación, funciones en materia de control aduanal y por otro lado, no recauda contribuciones de seguridad social. Ello incide en una menor eficiencia. Al integrar este pago de contribuciones fines de eficiencia, al permitir que los patrones puedan pagar impuestos en un solo proceso, y al hacer más eficiente el uso de recursos de gobierno, con el mismo personal, y la mayor detección del no cumplimiento. Varios países de la OCDE y otros registran sistemas integrados.
En materia de costos de administración, comparado con otros países, el SAT tiene poco personal para las operaciones de recaudación de impuestos y aduanales. Por ejemplo, la razón de funcionarios respecto a la fuerza laboral en México es de 1/1900, mientras que en España es de 1/764 y en Turquía de 1/621.
De igual manera, la cobertura de las auditorias es relativamente pequeña, al igual que la recuperación y la productividad que pudieran generar éstas.
Hay un enorme rezago en el no cobro de impuestos en México. Se estima que en 2004 las deudas superaron el 34 por ciento de la recaudación, que es el segundo nivel más alto de los países de la OCDE.
Esta problemática está ligada a plataformas tecnológicas insuficientes para apoyar la recaudación, a un potencial importante para reforzar la administración tributaria ya las pocas iniciativas para reducir la evasión y elusión.
Respecto a la administración de impuestos personales, la OCDE muestra que la recaudación de las contribuciones de seguridad social en México es mejor que la de impuestos personales, aunque se colectan de manera separada. Asimismo, señala que menos del 20 por ciento de la PEA está registrada en el SAT.
De igual manera, de acuerdo con la organización, el actual sistema del IVA en México complica severamente su administración, por lo que su complejidad incentiva el incumplimiento tributario. Aunado a lo anterior, los pagos mensuales del IVA elevan innecesariamente los costos administrativos.
En este sentido, la OCDE señala que algunas investigaciones en México estiman que la evasión fiscal del IVA puede superar el 45 por ciento de la base de contribuyentes, cifra superior al 24.8 por ciento registrado en Argentina, al 13.9 por ciento en Chile y el 14.5 por ciento en el Reino Unido. Asimismo, el 70 por ciento del gasto en consumo personal en México elude el pago del IVA.
Orientaciones para la reforma de la administración tributaria
La OCDE propone un solo órgano con una autonomía adecuada para recaudar la mayor parte de los impuestos. Entre sus principales puntos destacan:
Uso de técnicas de administración de riesgos para identificar las mayores áreas de riesgo.
Uso óptimo de moderna tecnología en todos los aspectos de la administración tributaria, incluyendo el entendimiento del comportamiento de los contribuyentes.
DEL DIPUTADO ANTONIO SOTO SÁNCHEZ,
RELATIVO A LA VISITA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO A LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICOS CON SEDE EN PARÍS, FRANCIA, QUE SE
EFECTUÓ DEL DOMINGO 25 AL JUEVES 29 DE MARZO DE 2007
La visita tuvo el propósito de conocer las experiencias de otros países en reformas fiscales, para actualizarnos en temas hacendarios.
Primero se analizaron y compararon las tasas de crecimiento económico en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la relación de éste con las recaudaciones impositivas.
Después, se llevó a cabo un análisis de la política tributaria de México, basada en tres ingresos: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y petróleo.
Posteriormente se abordaron los aspectos de las haciendas públicas locales y su impacto en el desarrollo regional; asimismo, se presentaron los beneficios y retos que enfrentan los indicadores de evaluación de desempeño en el proceso presupuestario de un país.
En la última parte se analizó la importancia de la estructura organizacional de un órgano tributario en el contexto de una reforma fiscal.
A continuación detallaremos las exposiciones que ofrecidas a los legisladores mexicanos.
Fundamentalmente la primera parte de las conferencias, a cargo de la OCDE, se centraron en el sistema y el financiamiento de la economía mexicana. En general, fueron muy precisos en reorientar su información sobre la apertura de la economía, el enfriamiento de los mercados y el fortalecimiento del sector financiero como logros de la propia política económica del país en los últimos años.
A esto adicionaron algunas preocupaciones relevantes, como limitantes para retomar la inversión privada, la necesidad disminuir la excesiva reglamentación del mercado de productos, visualizar dentro de la reforma laboral la protección estricta del trabajo formal. Denotaron, también, deficiencias del estado de derecho y, sobre todo, la ineficiencia de muchos procesos judiciales muy vinculados a aspectos tributarios; que además.
Explicaron un estudio comparativo que señala que, tomando una tendencia de crecimiento del producto interno bruto per cápita en México de 1980 a la fecha, prácticamente se ha mantenido estable. Sin embargo, comparado con otros países, donde el extremo es Corea, observamos que un crecimiento impresionante, que en un lapso de 24 o 25 años llega hasta un 400 por ciento adicional.
Esto es inherente al fortalecimiento de las políticas económicas, y al enfoque en el incremento de la productividad laboral; que además debe ir de la mano con políticas educativas sólidas.
Impulsar y mejorar la inversión privada es otra prioridad. Requiere un marco jurídico regulatorio, y otras reformas estructurales que han sido promovidas y aconsejadas por la OCDE. La aplicación de tecnologías más avanzadas que requiere de mayor inversión, investigación y desarrollo, la modernización del sistema fiscal y el aumento de la recaudación impositiva como premisas básicas para el crecimiento económico aunado, digamos, a las políticas de financiamiento del desarrollo y a las políticas fiscales y monetarias, en su conjunto, pudieran conformar un marco de impulso a la inversión y el crecimiento del país y el empleo.
En un segundo apartado, ellos no dejaron de visualizar que la nueva tutela del estado ante un gobierno reducido, pero ante una ampliación de la economía pública a través del mercado, estuviera amparado por una administración pública mucho más flexible; es decir, que dejara atrás la complejidad normativa que existe en todos los procesos de gestión y que se fueran privilegiando aquellos mecanismos de supervisión y control.
En otras palabras, querría decir que la autonomía de gestión de cada una de las agencias es muy importante para facilitar los procesos de mejora regulatoria y no tener normas generalizadas que obstaculicen bajo la premisa de que son reglas universales, el quehacer administrativo diario. Parte de ello, digamos, está conectado con las necesidades de adecuación de los marcos regulatorios que tienen que ver con la política tributaria, la política fiscal.
Recordemos nada más, que están pendientes las adecuaciones a la Ley de Planeación y quedó coja la programación y la relación entre planeación y presupuestación. Ellos identificaron tres áreas de riesgo para el país, producto de una observancia que tienen en otros países, desde luego. Esas tres áreas de riesgo se pueden resumir ahí; lo primero es fiscalizar las adquisiciones o compras del sector público que alcanzan a representar hasta el 15 por ciento del producto interno bruto. Es decir, a pesar de los esfuerzos del gobierno, es necesario hacer más competitivo entre los proveedores la adquisición o compra del sector público, disminuir los marcos regulatorios y permitir una mayor eficiencia y transparencia de los mismos.
Un segundo aspecto importante, detonaron sobre los conflictos de intereses ocasionados por el clientelismo; y un tercer aspecto el cabildeo; es decir, una necesidad de regular y hacer más transparente los acuerdos de intereses. Asimismo, de acuerdo con la OCDE, la eliminación de distorsiones tiene incidencia en la equidad y competitividad de deficiencia de la propia administración tributaria.
Como último, mencionaron la conexión de los ingresos con el gasto público, y señalaron que, si bien todo este sistema de evaluación del desempeño, que es la propuesta inicial metodológica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene algunos años implementándose, no ha tenido resultados apropiados.
De hecho, los esfuerzos en todos los países, han sido sistemáticos pero no han tenido los resultados deseados. Hay que poner énfasis en los indicadores, no sólo del desempeño sino también de los impactos; es decir, de aquellas incidencias de la gestión y del gasto público, sobre todo en lo que tiene que ver con el abatimiento de problemáticas muy ligadas al interés público que por definición defiende el Poder Legislativo; abatir la pobreza, la contaminación ambiental, etcétera.
Este es un tema muy conectado con los órganos de la Cámara de Diputados, que tienen que ver con el gasto público de manera específica.
De ahí pasaron a los aspectos generales de la política hacendaria, en especial la parte recaudatoria, la tributaria, de ahí al tema del petróleo, ellos simplemente señalaron lo que ya es conocido, la dependencia cada vez más importante del petróleo con respecto a los recursos de financiamiento del gasto público. Ahí señalaron que Petróleos Mexicanos presenta plataformas de producción decrecientes debido a la baja restitución de reservas, por tal motivo se deben buscar otras fuentes de ingresos recurrentes, así como fortalecer las actuales; es necesario revisar al régimen fiscal que se aplica a Petróleos Mexicanos con la finalidad de ampliar sus márgenes de operación, así como tomar sus propias decisiones de inversión.
Hablaron de revisar el fondo de estabilidad para determinar bajas ante el precio del barril del petróleo. Dotar de autonomía financiera y de gestión a la paraestatal que le permita realizar las inversiones que el sector requiere para ser competitivo y lograr una mayor eficiencia, equiparable a la de sus competidores en otros países.
En cuanto al impuesto al valor agregado, hubo diversos pronunciamientos que pueden dar alguna luz sobre los lineamientos de políticas a corto y mediano plazo para reformar el impuesto. En principio, dijeron que el impuesto al valor agregado se ha convertido en un aporte significativo para la recaudación tributaria total en muchos países de la OCDE, esto por la facilidad de su cobro.
Actualmente el impuesto al valor agregado es el mecanismo de recaudación de impuesto al consumo más generalizado en el mundo. A raíz de la exitosa reducción del impuesto sobre bienes y servicios, equivalente al impuesto al valor agregado en Australia, todos los países de la OCDE, excepto Estados Unidos, operan sistemas de impuesto al valor agregado. Los intervalos de tasas generales van desde 5 por ciento en Japón, hasta 25 por ciento en Dinamarca, Hungría, Noruega y Suecia.
De hecho, parecería ser que no hay ningún caso, cuando menos en los países seleccionados para el análisis, en donde haya una tasa única de impuesto al valor agregado.
En 140 países se contempla dentro de sus sistemas tributarios la aplicación de impuestos al consumo, particularmente el impuesto al valor agregado. Este impuesto para los países de la OCDE representa 6.9 por ciento del producto interno bruto, y 18.9 por ciento del total de la recaudación. Para México representa 3.7 por ciento del producto interno bruto y 22 por ciento de su recaudación total.
Las exenciones al pago de este impuesto en algunos países son, en educación, salud, caridad y servicios financieros; y las naciones con tasa cero en alimentos, libros y periódicos, son fundamentalmente detectadas en Reino Unido e Irlanda.
México aplica la tasa cero sobre una gran cantidad de bienes. Según información de la OCDE, la experiencia indica que el impuesto al valor agregado ha resultado ser adecuado para los países en desarrollo, ya que ha favorecido la recaudación de una manera más eficiente puesto que requiere una menor infraestructura administrativa.
Por otro lado, la OCDE manifiesta que la complejidad del impuesto al valor agregado genera cargas administrativas y reduce el cumplimiento de los contribuyentes. Esto es una apreciación general. La eliminación de las exenciones y las tasa cero, traería consigo impuestos adicionales o sustanciales y reducirían el alcance de la evasión fiscal.
En su caso, es importante revisar cuáles artículos deben quedar gravados con tasa cero o exentos. En otra opción, es mejor considerar canastas básicas que hacer una diferenciación de productos, por ejemplo, entre alimentos procesados y no procesados.
En algunos países se ha considerado manejar un umbral de ingreso bajo, el cual no paga el impuesto al valor agregado; es decir, hasta cierto nivel de ingresos los causantes no pagarían; con la recomendación, desde luego, de que esto podría contribuir a la evasión.
Elegir un impuesto al valor agregado con tasa única o con tasas múltiples dependerá principalmente de la capacidad administrativa de cada país. La recaudación del impuesto al valor agregado debe regirse por un principio de equidad. La tasa cero debe aplicarse únicamente a las exportaciones y las exenciones utilizarse cuando se considera que es esencial reducir la carga tributaria sobre un bien o servicio determinado.
La creciente importancia del comercio internacional de servicios y del electrónico presenta nuevos desafíos para el diseño tributario internacional. A fin de garantizar la aplicación eficaz del impuesto al valor agregado debe fortalecerse la autofiscalización, así como programas eficaces de auditoría.
Un diseño eficiente del sistema de recaudación del impuesto al valor agregado puede complicar su administración. La complejidad en el cálculo de la base impositiva produce escasa recaudación. La ausencia de un umbral adecuado dificulta la identificación del rango a partir del cual se establece la obligación contributiva, lo que produce un número mayor de evasores.
Que los contribuyentes tengan que cumplir mensualmente la obligación de pagar, añade costos innecesarios tanto a ellos, como al Servicio de Administración Tributaria. En materia del impuesto sobre la renta, señalan que en ciertos países la mayor fuente de ingresos proviene de las empresas, y en otros de las personas; además existen diferencias entre países respecto al otorgamiento de privilegios fiscales, que hace la base tributaria más delgada.
Hay tres tipos de sistemas impositivos. Un impuesto global sobre el ingreso, con tarifas progresivas; un impuesto dual al ingreso, donde hay una constante sobre el ingreso neto de las empresas y una tasa al ingreso bruto del trabajo.
Además de esas dos, hay una tercera, un impuesto constante al ingreso. Se grava el ingreso global neto a una sola tasa impositiva. Esto implica que el ingreso salarial y el de capital se graban a la misma tasa; pero en conclusión, dicen ellos, no hay sistemas puros en ningún país.
Cualquiera de estos sistemas se puede catalogar como semiglobales, semiduales o semiconstantes. En otras palabras empieza a ser casuística la lección y contextual en un momento y en un tiempo determinado. Sin embargo, da opciones para hacer la taxación.
En lo referente al impuesto sobre la renta se requiere ampliar la base impositiva, reducir la distancia entre impuestos nominales y reales; es decir, poner límites a las subvenciones y reducciones; y en materia de consolidación, sería conveniente homologarse con algún esquema de otro país.
Refiriéndose a otros impuestos señalaron el impuesto al patrimonio, que existe en España y Francia, donde, en éste último caso, se encuentra limitada la imposición al no considerar aspectos de la vida profesional o empresarial, lo que aporta poco en recaudación, pero mucho en información. Esto significa, por ejemplo, gravar conjuntamente el predial con la tenencia, más otro tipo de bienes personales. Se recomienda un impuesto a la tenencia, mientras que en otros países existen impuestos sobre las transacciones financieras.
En materia de impuestos ecológicos señalaron que son una alternativa para crear conciencia y asignar recursos específicos para ayudar en la materia, lo que requiere un esfuerzo por detectar y calcular el gravamen.
En impuestos a la propiedad, en específico al caso mexicano, predial, se recomienda fortalecer el cobro de los impuestos a la propiedad o al predial. Unificar métodos de evaluación para el cobro a través de la creación de organismos para la evaluación de inmuebles, que podrían ser regionales y ayudar también a la regularización de los catastros.
En materia de administración tributaria, señalaron que el Servicio de Administración Tributaria ejerce funciones aduanales, que no es recomendable, no recauda contribuciones a la seguridad social, los costos de administración del Servicio de Administración Tributaria están relacionados con el número de operaciones de recaudación y los aduanales; cuando en México la razón de funcionarios respecto a la fuerza laboral es 1 a 900; mientras que en países como España es de 1 a 764, y en turquí de 1 a 1900; lo que denota un enorme rezago mexicano en el cobro de impuestos.
Se estima que en 2004 las deudas superaron el 34 por ciento de la recaudación, el segundo nivel más alto de los países de la OCDE. Ligado esto a plataformas tecnológicas insuficientes para apoyar la recaudación, a un potencial importante para reforzar la administración tributaria y a las pocas iniciativas para reducir la evasión y elusión.
En 11 países, el cobro e incumplimiento de las obligaciones de las aportaciones sociales están a cargo del mismo organismo tributario; mientras que en 17 han sido confiadas a otro organismo.
Entre sus principales puntos destacan: uso apropiado de niveles, requisitos y acuerdos para la determinación de obligaciones simplificadas para pequeños contribuyentes, uso de técnicas de administración de riesgos para identificar mayores áreas de riesgo y un uso optimo de tecnología en todos los aspectos de la administración tributaria.
México, en este renglón, enfrenta retos en el bajo cumplimiento, incluso en el sector formal; existe un considerable sector informal, estimaciones de niveles de incumplimiento, número de personas registradas ante el Servicio de Administración Tributaria equivale a menos del 20 por ciento de la fuerza laboral; actividades de auditoría limitadas en su escala; y un considerable nivel de deudas tributarias sin pago, muy alto en comparación con la mayoría de los países de OCDE.
Ellos hablaron de cómo departamentalización la auditoría fiscal; y se refirieron a tres modelos: primero, por tipo de impuesto; es decir, hay un grupo de personas que auditan el impuesto al valor agregado, otros de renta, etcétera; pero ahí una problemática: duplicación inherente de funciones, inconveniencia para los contribuyentes con diversas actividades tributarías, implicaciones complicadas en el manejo del cumplimiento, propensión al trato desigual de los contribuyentes entre un impuesto y otro, y subutilización del personal. Otra forma es una departamentalización con base a funciones, pero ellos recomiendan con más énfasis los segmentos de contribuyentes. Ese es un esquema que podría combinarse con otros, en todo caso.
Todos estos cambios en la administración tributaría reconocen que la mejoría del cumplimiento fiscal debe ser parte integral de la estrategia de reforma de cualquier país; y por último, mencionaron un nuevo enfoque en materia de desarrollo regional; señalaron la importancia de establecer una mejor combinación, tanto desde el punto de vista vertical, como direccional; de mejor manera la cooperación horizontal a nivel local. En otras palabras, apuntalaron la necesidad de que no haya tantos programas dispersos que, en última instancia, dejen de potencializar las regiones. En este sentido, se requieren nuevos esfuerzos más allá del ingreso que provocarían nuevos mecanismos contractuales sobre los cuales establecer una seria de acuerdos que pudieran revisarse en el tiempo, independientemente de la forma de repartición de los recursos a través de fórmulas que han sido un fracaso en Europa. Señalaron con más precisión el caso de Italia, donde se focaliza en regiones potenciales y se coadyuva entre los gobiernos subnacionales y el nacional, pero para ello se requeriría finanzas sólidas a nivel local y una capacidad de administración tributaria efectiva.
En este sentido, la responsabilidad regional sería apuntalada por una reforma fiscal que vinculara las tres vertientes, horizontal, vertical y de potenciamiento específico del desarrollo.
El reto sería desarrollar una mejor coherencia institucional creando una comisión intersecretarial para el desarrollo regional que atienda los ámbitos nacionales. Esto permitiría coordinar mejor los esfuerzos de todos los niveles de gobierno y fortalecer las haciendas públicas locales mediante las siguientes políticas básicas: financiando a todos los órdenes de gobierno, priorizando políticas de gasto multianuales, cofinanciando el desarrollo regional a través de fondos estructurales anticíclicos y considerar ingresos propios de estados y municipios para financiar toda esta política, creando más incentivos para incrementar los ingresos propios de los gobiernos locales y municipales.
Un último reto es fortalecer las capacidades de los gobiernos locales; se avocaría a contar con una fuerza laboral profesional, ahí recomiendan el servicio civil de carrera, el monitoreo y evaluación, la difusión de buenas prácticas y la rendición de cuentas, fundamentalmente.
Atentamente
Diputado Antonio Soto Sánchez (rúbrica)
DEL DIPUTADO LORENZO DANIEL LUDLOW
KURI, RESPECTO AL ENCUENTRO ENTRE LEGISLADORES Y EXPERTOS DE LA OCDE SOBRE
POLÍTICA FISCAL Y GASTO PÚBLICO, REALIZADO DEL DOMINGO 25
AL JUEVES 29 DE MARZO DE 2007 EN PARÍS, FRANCIA
La experiencia adquirida en la visita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París, Francia, fue muy favorable para todos los que pudimos asistir en esa ocasión, pues pudimos comparar en materia tributaria las condiciones del país con el resto de los miembros de la OCDE.
Fuimos recibidos y atendidos extraordinariamente por el embajador de México ante la OCDE, Agustín García-López Loaeza, quien nos acompaño todos los días que estuvimos ahí trabajando.
Las reuniones se llevaron a cabo a partir de las 9:00 y hasta las 17:00 horas del 26 al 29 de marzo de 2007. Los ponentes fueron personas con un extraordinario currículo y, sobre todo, conocedoras de la materia. Además, tuvimos la oportunidad de que el doctor José Ángel Gurría pudiera también compartir con nosotros su conocimiento en la materia y emitimos sus observaciones respecto a la situación fiscal de México y lo que deberíamos hacer.
Al estar en ese momento en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analizando las propuestas para sacar la reforma hacendaria, el panorama se nos abrió mucho y sirvió para que en diversos aspectos pudiéramos homologar criterios los diputados de los distintos partidos políticos ahí representados.
En primer término, pudimos ver la deficiencia en materia recaudatoria que tenemos en el país comparado con muchos otros; la urgente necesidad de ir dependiendo cada vez menos de los ingresos petroleros para soportar el gasto público. Coincidimos en la necesidad de cobrar impuestos a las empresas más fuertes y ricas del país, que ahí es donde la SHCP debe centrar la mayoría de sus estrategias recaudatorias.
También nos demostraron que el subsidio a los alimentos y a las medicinas que tenemos en el país beneficia más a las personas de mayores ingresos que a los de más bajos ingresos, donde suponemos que es los que estamos ayudando. Nos sugerían que el impuesto al consumo es más equitativo y donde todo mundo paga; en resumen, que se cobrara el IVA a todo y luego poner un subsidio muy centrado en esos estratos sociales y que realmente beneficiáramos a los que se debería. Aunque allá la mayoría de los diputados estaba de acuerdo, aquí, por razones sobre todo políticas y electoreras, muchos cambiaron de opinión y ya no se llevó a cabo. También nos sugirieron recortar todo o lo más posible los regímenes especiales que tenemos en materia fiscal, que todos debemos pagar impuestos, sin excepción. Y que si habría que dar algún subsidio, éste debería ser temporal y muy centrado en el sector que se requiera.
Asimismo, fuimos recibidos por el ministro de Economía, las Finanzas y la Industria de Francia, Jean Francois Copë, quien nos platicó sobre el aspecto tributario galo, los impuestos que tienen y sus tasas. El IVA allá es 4 puntos más alto que en México. En esa reunión estuvo con nosotros el embajador de México en Francia.
Atentamente
Diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica)
DEL DIPUTADO DAVID MENDOZA ARELLANO,
RELATIVO A SU PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL PROMOVIENDO
UN SECTOR PÚBLICO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE: GOBIERNOS LOCALES
Y POLÍTICAS PÚBLICAS POR LA SUSTENTABILIDAD, REALIZADO
DEL MIÉRCOLES 6 AL VIERNES 8 DE JUNIO DE 2007 EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, se realizó del 6 al 8 de junio de 2007 el congreso internacional Promoviendo un sector público energéticamente eficiente: gobiernos locales y políticas públicas por la sustentabilidad, impulsado por la organización ICLEI,* el ayuntamiento de Chihuahua, la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Lawrence Berkeley Nacional Laboratory.
A dicho acontecimiento fui invitado por el contador público Juan Blanco Zaldívar, presidente municipal de Chihuahua, y el maestro en ingeniería Edgar Villaseñor Franco, director ejecutivo de ICLEI México, para representar a la Comisión de Energía.
El objetivo central de congreso fue la capacitación de funcionarios de gobiernos locales (ayuntamientos) en las actividades del programa Promoviendo un Sector Público Energéticamente Eficiente.
Se presentó la metodología que se debe seguir para implementar una política de compras de productos energéticamente eficientes. Para tal fin se previó compartir experiencias de varias ciudades del país que ya se encontraban trabajando en este programa.
Asimismo, se hizo el lanzamiento oficial de la oficina de ICLEI en México y se tomó la protesta de su junta directiva.
Mi participación en el congreso fue el 7 de junio, en la sesión 3 del programa del congreso, compartiendo la mesa temática sobre eficiencia energética y energías renovables con el doctor Juan Mata, director general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, el ingeniero Pablo Realpozo, director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica; y el ingeniero Arturo Pedraza de Watergy/Alliance to Save Energy.
Se adjunta al presente el texto de la ponencia leída en esa ocasión, en la cual se señala cuáles debería ser las líneas de acción de una política energéticamente eficiente.
Atentamente
Diputado David Mendoza Arellano (rúbrica)
* ICLEI es una asociación internacional de gobiernos locales y de organizaciones nacionales y regionales de gobiernos locales que han hecho un compromiso por el desarrollo sustentable. Fue fundada en 1990 como el Consejo Internacional para Iniciativas Ambientales Locales. El consejo se estableció cuando más de 200 gobiernos locales de 43 países convinieron en la conferencia inaugural, el Congreso Mundial de Gobiernos Locales para un Futuro Sustentable, en la ONU, en Nueva York.
Energías Renovables en México
Presentación del diputado federal del PRD David Mendoza Arellano, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, durante el congreso internacional Promoviendo un sector público energéticamente eficiente: gobiernos locales y políticas públicas por la sustentabilidad
Los estudios prospectivos muestran que las reservas mundiales de hidrocarburos empezarán su declive alrededor del año 2037; sin embargo, algunos países como Estados Unidos, China y México probablemente serán de las naciones más afectadas por sus bajas reservas energéticas y sus altos índices de consumo per cápita; si bien países como México tienen reservas probables para los próximos 20 años, no los exime de enfrentar problemas económicos y sociales de manera inmediata, debido a la dependencia presupuestal del gobierno federal de la venta de petróleo en los mercados internacionales, ingreso que está sujeto a la especulación y manejo de los precios internacionales del crudo por los monopolios y conflictos geopolíticos.
El posible declive de los hidrocarburos tendrá repercusiones negativas en las actividades económicas, industriales, agropecuarias, ecológicas y sociales, ya que para seguir realizando las mismas actividades se incrementarán los costos y gastos indirectos –cantidades que deberán pagar los consumidores finales–, situación que agravará las disputas políticas y sociales en el país.
Las contingencias económicas previstas afectarán los planes de gobierno, propiciada por las abruptas variaciones del precio de los hidrocarburos en la medida que sigamos siendo una economía petrolizada; de esta forma el crecimiento nacional se verá mermado y los niveles de vida de la población descenderán dramáticamente.
En un escenario nada promisorio para México, con alta dependencia de los recursos fósiles, se debe hacer énfasis en el desarrollo de fuentes alternas de energía complementarias del petróleo, que permitan subsanar gradualmente el déficit energético nacional, sustentado en el óptimo aprovechamiento de las energías renovables disponibles en el país; esto se debe hacer no sólo por el declive de los hidrocarburos, sino también por los drásticos cambios ambientales que sufre el planeta y el aumento de los gases de efecto invernadero, que ponen riesgo la salud de los seres vivos presentes y futuros.
Para enfrentar el problema de ritmo sobre el consumo de energía, se requiere una cultura del ahorro bajo una etapa de transición de gas, diesel y gasolina hacia la sustentabilidad energética con una visión de política nacional de nuevas formas de utilizar energía para soportar la etapa de transición con una planeación estratégica, con visión amplia y de largo plazo que plantee soluciones integrales con líneas de acción claramente definidas por orden de gobierno, actores políticos, instituciones gubernamentales y sociedad en general.
Las autoridades responsables de la política energética nacional deben elaborar un plan nacional de energía renovable con la rectoría de la Secretaría de Energía, bajo un comité de notables, que involucre a varios sectores, como a la Comisión Nacional de Ahorro de Energía, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, quien se haría cargo de la explotación y exploración de las energías renovables a fin de realizar acciones integrales claramente definidas y factibles de evaluar en el corto y mediano plazos, lo que permitirá desarrollar sus propias alternativas energéticas mediante los recursos materiales y humanos que se encuentran dentro del país y aquellos que se puedan desarrollar a futuro.
Debido a que el proceso de formación de recursos humanos y materiales es generacional, aproximadamente de 25 años, se debe integrar un equipo multidisciplinario e interinstitucional que planeé una transición energética viable y sustentable para nuestro país.
Para garantizar un futuro sustentable en México se deberán utilizar energías renovables, como la solar, mareomotriz, eólica, geotérmica, biomasa y celdas de combustible, que disminuya gradualmente el uso de los combustibles fósiles, debido a que necesariamente se agotarán.
Resulta conveniente que dicho plan nacional se implemente paulatinamente, de forma que gradualmente se comiencen a canalizar recursos y apoyos de diversos tipos para su aplicación. Al respecto se debe estudiar la posibilidad de realizar diversos estudios coordinados con industrias u organizaciones gubernamentales extranjeras, de forma tal que con la ayuda de diversos esfuerzos coordinados, se garantice la sustentabilidad nacional en todos los aspectos.
Una política energética eficiente deberá contener las siguientes líneas de acción
Energía Renovable. Es aquella cuya fuente de obtención se renueva constantemente, poniéndose a nuestra disposición de forma periódica frente a las energías no renovables, que no se regeneran o que tienen unos periodos de renovación muy largos.
2. La Secretaría de Energía elaborará y coordinará la ejecución de un programa para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, que deberá establecer objetivos y metas específicas, así como definir las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlas.
Dicho programa deberá además, entre otros, incluir el inventario actualizado de las fuentes renovables de energía en el país y observar los compromisos internacionales de México en materia de aprovechamiento de éstas y el cambio climático, cuyo cumplimiento esté relacionado con la ley.
3. La Secretaría de Energía promoverá la participación social en la planeación, aplicación y evaluación del programa, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables. Dicho programa será informado al Congreso.
4. Para cumplir las metas establecidas en el programa para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, la Secretaría de Energía constituirá y coordinará un fideicomiso para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, que operará en los términos de las reglas que para tal efecto se publiquen.
Con el fin de utilizar los recursos de forma eficiente, se procurará que los incentivos que otorgue dicho fideicomiso a proyectos de aprovechamiento de fuentes renovables de energía estén orientados al desempeño y que su asignación se realice por medio de licitaciones conforme a las normas aplicables.
Con base en las estrategias del programa para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, la participación de la Secretaría de Energía, considerando la opinión de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad, y, en su caso, de las autoridades competentes, corresponde a la Comisión Reguladora de Energía.
5. Expedir las normas, directivas, metodologías, modelos de contrato y demás disposiciones jurídicas de carácter administrativo para la generación de electricidad a partir de fuentes renovables de energía.
6. Las Secretarías de Economía, y de Energía establecerán políticas y medidas para fomentar la fabricación nacional de equipos y componentes para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y la conversión eficiente de energía; asimismo, definirán los porcentajes mínimos de integración nacional para cada tecnología.
7. La Secretaría de Energía elaborará una metodología para evaluar las posibles ventajas económicas que representaría la estabilidad de precios en el largo plazo sobre las tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, y una vez elaborada, la secretaría enterará de los resultados a la Cámara de Diputados.
8. El fondo verde incentivará la generación de electricidad en conexión con las redes del sistema eléctrico nacional por parte de los suministradores o de los generadores que producen electricidad exclusivamente para su venta a los suministradores.
9. El fondo de tecnologías emergentes apoyará el desarrollo de tecnologías específicas de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, para generar electricidad en conexión con redes eléctricas que tengan costos más elevados que las tecnologías más competitivas, pero cuyo fomento se justifique con fines de diversidad energética, desarrollo industrial y competitividad.
10. Dentro del fideicomiso para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía se constituirá un fondo de investigación y desarrollo tecnológico de las energías renovables que establecerá la Secretaría de Energía apoyándose en las instituciones del sector energético.
Dicho fondo dará prioridad a las tecnologías cuya aplicación en el contexto de México tenga mejores perspectivas a futuro y que redunden en beneficio del desarrollo industrial nacional.
11. El fondo se aplicará a la evaluación de los potenciales nacionales de las fuentes renovables de energía, así como a tecnologías para la generación de electricidad en conexión con las redes del sistema eléctrico nacional, la generación de electricidad en sitios aislados, la producción de biocombustibles, el aprovechamiento térmico de la energía solar o geotérmica, el bombeo con energía eólica, el bombeo por bombas de ariete hidráulico o el desarrollo de tecnologías para el uso eficiente y sustentable de la biomasa en actividades domésticas y productivas, entre otros.
12. Los incentivos del fondo de electrificación rural se destinarán a proyectos que a partir de fuentes renovables de energía suministren energía eléctrica a comunidades aisladas y de bajo recursos que no cuenten con servicio de luz. Estos proyectos pueden estar aislados o en conexión con las redes eléctricas.
13. El fondo de biocombustibles otorgará incentivos a la comercialización de biocombustibles con el fin de cubrir –en su caso– la diferencia que a juicio de la Secretaría de Energía exista entre sus costos de producción y sus precios de venta.
14. El fondo general de energías renovables apoyará el desarrollo de las aplicaciones de las fuentes renovables de energía distintas a la generación y la producción de biocombustibles, tales como el calentamiento solar de agua y la utilización sustentable de la biomasa para cocción de alimentos, entre otros.
15. El fondo de investigación y desarrollo tecnológico de las energías renovables se aplicará a la evaluación de los potenciales nacionales de las fuentes renovables de energía, así como a tecnologías para la generación de electricidad en conexión con las redes sistema eléctrico nacional, la generación de energía eléctrica en sitios aislados, la producción de biocombustibles, el aprovechamiento térmico de la energía solar o geotérmica, el bombeo con energía eólica, el bombeo mediante ariete hidráulico o el desarrollo de tecnología para el uso eficiente y sustentable de la biomasa en actividades domésticas y productivas.
Lo mencionado anteriormente indica que México no debe esperar pasivamente a que otros países desarrollen la tecnología para luego importarla, por cuanto el periodo internacional de escasez de capital puede durar muchos años, debido a la magnitud de las inversiones involucradas y, por tanto, es altamente probable que México no tenga los medios para realizar la transición con éxito, a menos que emprenda acciones con el tiempo suficiente para realizar las inversiones necesarias.
Por su atención, gracias.
Atentamente
Diputado David Mendoza Arellano (rúbrica)
DEL DIPUTADO RICARDO CANTÚ
GARZA, CONCERNIENTE A LA DECIMOQUINTA REUNIÓN DEL COMITÉ
EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS, QUE SE
LLEVÓ A CABO DEL VIERNES 22 AL LUNES 25 DE JUNIO DE 2007 EN LOS
ÁNGELES, CALIFORNIA
Migración, comercio y desarrollo
La Conferencia Parlamentaria de las Américas (Copa) celebró su decimoquinta reunión del Comité Ejecutivo denominada Migración, comercio y desarrollo, en Los Ángeles, California, del viernes 22 al lunes 25 de junio de 2007.
La reunión fue presidida por el senador Carlos Jiménez Madas, presidente de la Copa, copresidida por la diputada Caritina Sáenz Vargas, secretaria ejecutiva de la Copa, y por el asambleísta por Nueva York, vicepresidente de la Región de América del Norte de la Confederación y anfitrión de la reunión, Félix Ortiz.
El encuentro fue auspiciado por el Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales de Estados Unidos de América, con el respaldo de Nueva York. Contó con la participación de 82 parlamentarios de 15 países del continente americano como Argentina, Brasil, Colombia, Canadá (Quebec), Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Haití. Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. También se contó con la participación del presidente del Parlamento Latinoamericano, senador Jorge Pizarro y delegados de los Parlamentos Centroamericano y Andino, así como de los Congresos locales mexicanos del estado de México, Tabasco, Zacatecas, Jalisco, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Entre las personalidades que participaron como ponentes estuvieron el senador por México, Carlos Jiménez Macías, presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas; el senador por la República de Chile, Jorge Pizarro, presidente del Parlamento Latinoamericano; la senadora por California, Sheyla Khuel; la señora Kay Buck, directora ejecutiva de la Coalición para Abolir la Esclavitud y la Trata de Personas; la señora Patricia Lucila González Rodríguez, procuradora de Justicia de Chihuahua; la señora Ángela Zambrano, presidenta de la Alianza de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; el doctor Alejandro Estivill Castro, director general para América del Norte de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México; y la señora Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles.
En la agenda de trabajo de la reunión destacaron las siguientes actividades:
Conferencias magistrales sobre migración y, de forma conjunta, se presentaron posicionamientos generales de los países.
Encuentro con el señor Antonio Villaraigosa, alcalde de Los Ángeles, en el Consulado General de México en Los Ángeles.
Conferencia sobre migración y trata de personas realizado de manera conjunta por la Red de Mujeres Parlamentarias y la Confederación Parlamentaria de las Américas.
Encuentro con líderes de comunidades migrantes en el Consulado General de México en Los Ángeles.
2. El senador Carlos Jiménez Modas, presidente de Copa, presentó el informe de actividades correspondiente a mayo de 2006 a la fecha de la celebración de la reunión. Habló de su participación en diversos foros como representante de la Copa, dando a conocer los objetivos y la misión de la confederación en los diferentes organismos internacionales en los que ha invitado.
3. Se consolidó la propuesta de revisar los estatutos de la Copa para presentar reformas y adecuaciones a los objetivos y la visión de la confederación, en el marco de la octava asamblea general que se celebrará en Cancún, México, en 2008.
4. Se creó la Comisión de Trabajo para la posible fusión de Copa y la Federación Internacional de Productores Agropecuarios; que se integraría por los parlamentarios:
• Senador Carlos Jiménez Madas (Cámara de
Senadores de México).
• Senadora Edda Acuña (Cámara de Senadores
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina).
• Diputada Caritina SáenzVargas (Congreso del
Estado de México).
• Diputado Francisco Paes Landim (Cámara de Diputados
de Brasil).
• Diputado Jacques Chagnon (Asamblea Nacional de Québec).
• Senador Carlos Baraibar (Cámara de Senadores
de la República Oriental del Uruguay).
• Jean Pierre Charbonneau (Asamblea Nacional de Québec).
Asesoras:
• Diputada María José Maninha, ex presidenta
de Copa (Brasil).
• Maestra Laura Pavón Jaramillo, ex presidenta
de Copa (México).
5. Se alcanzaron acuerdos en las seis comisiones de Copa en temas de interés parlamentario, como: migración, derechos humanos, equidad y género, superación de la pobreza, desarrollo y comercio, salud, educación, democracia, seguridad y medio ambiente.
6. La diputada Aparecida Gama, presidenta de la asamblea general, presentó su informe de actividades. Comentó que el 22 de junio, en reunión de trabajo, se ratificaron las nuevas representantes del Comité Ejecutivo de la Red; se aprobaron las prioridades de trabajo para el periodo 2006-2007 y se presentaron los avances de trabajo para la creación del banco documental sobre la trata de personas, que lleva como título: Traficas-La trata de personas en las Américas.
7. La diputada Alliet Bautista Bravo, vicepresidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, invitó a los presentes a participar en el Foro de mujeres parlamentarias en acción, cuyo objetivo es dar a conocer el papel de la mujer en la vida pública y la necesidad de impulsar el respeto a sus derechos humanos y sociales.
8. La diputada Caritina Sáenz Vargas, secretaria ejecutiva de Copa, presentó la propuesta para la celebración de los diez años de creación de la confederación, a celebrarse en el marco de la VIII asamblea general, en Cancún, México, en el 2008. Entre las actividades propuestas están: un concurso de ensayo La integración americana a diez años de Copa, con el respaldo de tres secretarías continentales en los idiomas oficiales y publicación de los doce ensayos ganadores en una edición especial; un seminario sobre integración económica, social y política de América; una edición conmemorativa de los avances de la democracia continental a través de las misiones de observación electoral que ha organizado Copa, la compilación de resolutivos emanados de las asambleas generales, de las comisiones temáticas y de la Red de Mujeres Parlamentarias durante esta década.
9. El encuentro con las comunidades migrantes con el alcalde Antonio Villaraigosa permitió conocer la posición de los congresos de América en cuanto al tema migratorio.
10. El diputado Jacques Francois Roux, presidente de la Comisión de Democracia y Paz, presentó los informes de las misiones de observación electoral en Brasil y Nicaragua, y manifestó su interés en realizar lo mismo en Guatemala, cubriendo las próximas elecciones presidenciales de septiembre de 2007.
Senadores:
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
• Diputado Martín Olavarrieta, Partido Revolucionario
Institucional.
DE LA DIPUTADA NELLY ASUNCIÓN
HURTADO PÉREZ, CONCERNIENTE A LA GIRA DE TRABAJO, REALIZADA DEL
LUNES 25 AL VIERNES 29 DE JUNIO DE 2007, POR ESPAÑA, FRANCIA Y HOLANDA
Objetivo de la gira
Conocer sobre las acciones en materia de equidad y género y para el adelanto de las mujeres que están aplicando los gobiernos y órganos legislativos de España, Francia y Holanda.
Antecedentes
I. Con fecha 1 de junio del año en curso, las integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género hicimos llegar al diputado Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación Política, solicitud para realizar una gira de trabajo por Europa del lunes 25 al viernes 29 de junio, y que abarca España, Francia y Holanda.
II. En sesión de la Junta de Coordinación Política de fecha 7 de junio de 2007, fue aprobada dicha solicitud.
III. Con fecha 11 de junio, se solicitó el apoyo de la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de realizar las vinculaciones necesarias con las representaciones diplomáticas de nuestro país en España, Francia y Holanda, y llevar la coordinación necesaria para la gira de trabajo autorizada.
Una vez autorizada la gira de trabajo y realizadas las gestiones con la Secretaría de Relaciones Exteriores para llevar a cabo la agenda programada en los países europeos, las integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género que realizaron el desahogo de los trabajos de la gira fueron las siguientes diputadas: Maricela Contreras Julián, presidenta; Mirna Cecilia Rincón Vargas, Nelly Asunción Hurtado Pérez, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Guadalupe Flores Salazar, Martha Angélica Tagle Martínez, secretarias.
Agenda de trabajo
• 25 de junio, España
b) Acudimos al Consejo de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid para entablar una entrevista con la consejera Paloma Adrados y la jefa de gabinete Eva Pavón, donde se nos informó de los trabajos que realizan en dos grandes rubros.
i. Promoción de la igualdad de género
De igual forma, se destacó que la Comunidad de Madrid ha dado cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia laboral, ya que se ha abatido el desempleo femenino y se avanza en la incorporación de la perspectiva de género en la materia.
Por otra parte, se nos informó que cuentan con un sistema de casas de acogida, las cuales brindan una serie de servicios para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Se tiene un estimado de que 50 por ciento de las mujeres que se reciben son inmigrantes, además de que la mayoría de los casos de feminicidios se presenta en este sector de la población.
Resaltaron las funcionarias españolas la importancia de las medidas precautorias para las víctimas de violencia de género, manifestando que la legislación de ese país cuenta con órdenes de protección que impiden que los agresores se acerquen a las víctimas. En ese tenor, a un año y medio de la entrada en vigor de la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia en ese país europeo, se han girado cuatro mil órdenes de protección con la finalidad de garantizar un entorno seguro para las mujeres. Además, cuentan con un programa de detección de proximidad, que consiste en el uso de un brazalete para los hombres generadores de violencia y un dispositivo para las mujeres; al momento en que se observa que existe cercanía entre el agresor y la víctima, se reporta a la policía de inmediato.
• 26 de junio, Francia
Agregó que se pretende lograr la paridad de género en los espacios de toma de decisiones, es decir, lograr que 50 por ciento de los espacios del secretariado de la UNESCO sean ocupados por mujeres.
A su vez, nos mencionó que uno de los temas básicos de la UNESCO es la incorporación de la perspectiva de género en los programas de gobierno. En este rubro, destacó que se impulsan programas pilotos de igualdad de género, buscando incorporar algunos indicadores como la calidad de la educación, el contenido pedagógico, el método de enseñanza y formación de maestras; además, expuso que hay proyectos de prevención de la violencia en el medio escolar que abarca lo que sucede en el salón, en el patio, en el camino y en el trayecto de la casa a la escuela. En este sentido, se da una gran importancia a la formación de maestros y sensibilización del personal docente.
Finalmente nos mencionó que han diseñado un programa de educación de ciencia para mujeres denominado Iniciación a la Ciencia.
El tema de la igualdad de género, según el secretario adjunto, ha tomado importancia dentro de la OCDE y se ha planteado como una prioridad para los tres próximos años para impulsarlo en los países miembros a través de tres estrategias generales.
ii. Fomentar entre la población la importancia del papel y necesidades de las mujeres, a efecto de que se impulsen políticas para su beneficio se analicen los impuestos que afectan a las mujeres y a los hombres; y
iii. Abordar como desafío y oportunidad el valor de la equidad de género, explicando la importancia de la incorporación de la mujer en la economía.
b) Sostuvimos una reunión con la señora Joëlle Voisin, jefa del servicio de los Derechos de las Mujeres y de la Igualdad del Ministerio del Trabajo, y de las relaciones sociales y de la solidaridad de Francia, donde se nos informó que, para cumplir con las tareas encomendadas, el ministerio cuenta con un total de 180 delegados en Francia.
La instancia a su cargo impulsa programas en los cuatro ejes siguientes:
ii. Igualdad profesional.
iii. respeto a los derechos humanos.
iv. Acceso de las mujeres a la vida política.
En el ámbito político hay 18 por ciento de mujeres en la Cámara baja de ese país y 17 por ciento en el Senado; 11 por ciento de representación femenina en el gobierno y 33 por ciento en las municipalidades. En el ámbito económico aumentó a 65 por ciento el empleo para mujeres de 25 años y 5 por ciento en los consejos de administración; 45 por ciento de las mujeres forma parte de la población económicamente activa, además se ha conformado la Conferencia Nacional Salarial para abordar el tema del acceso a mejores empleos bien pagados, freno a la deserción laboral con apoyo a la maternidad, guarderías y tiempos mixtos o parciales.
De igual forma, entró en vigor la Ley de Igualdad Profesional que obliga a las empresas a incorporar a mujeres y sanciona a las empresas que no negocian la igualdad salarial; también se certifica a las empresas que se comprometen con la igualdad profesional.
En materia de acceso a los derechos humanos y la dignidad, la Unión Europea desde el Consejo de Barcelona estableció que el 33 por ciento de los niños de 0 a 3 años deben tener acceso a la guardería y de 3 a 6 años se debe lograr la cobertura de 90 por ciento a este servicios; a este sistema se le denomina Panel de Apoyo a Padres, el cual consiste en dar estatus profesional y certificación a las asistentes maternales.
Se han establecido también programas de prevención de la violencia familiar, entre los que destaca el instaurado en 2006 por el Ministerio de las Mujeres, denominado Plan Global contra la Violencia, el cual considera varios ejes, como visibilización , acompañamiento a las víctimas y retorno a su ámbito cotidiano. En dicho programa se da atención a las víctimas. Con 600 casas de acogida en toda Francia, se promueve asignación de vivienda social, atención a la salud, seguimiento al ciclo de violencia, seguro de desempleo y atención a los hijos de las mujeres, además de que se imponen medidas precautorias para proteger a las víctimas Un elemento importante de este plan consiste en la elaboración de un censo y diagnóstico de la violencia con los indicadores de violencia física, emocional, económica y muerte violenta.
c) Acudimos después a una visita con la señora De la Tour, secretaria general del Observatorio de la Paridad entre las Mujeres y los Hombres, el cual funciona desde 1995 y supervisa las políticas públicas impulsadas por las diferentes instancias, además de que hace informes sobre los adelantos y retrocesos en materia de paridad entre hombres y mujeres, que presenta al gobierno, a la Unión Europea y a las instancias internacionales.
La secretaria general nos explicó que las leyes nacionales y los tratados internacionales son base y sustento de su trabajo; refirió que la creación del observatorio respondió a una fuerte presión de la sociedad civil y del a opinión pública, para lo cual se contó con la firme labor de dos diputadas que cabildearon en el Parlamento y con los candidatos presidenciales en su momento.
Mencionó además que el observatorio tiene prestigio y reconocimiento en Francia, lo que le da visibilidad y contundencia a sus opiniones. De igual forma, centraliza la información sobre la situación de las mujeres en los diferentes ámbitos públicos y las acciones que se impulsan para lograr la paridad entre hombres y mujeres en el país; también tiene a su cargo la elaboración de una base de datos de las diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, educativo y político.
b) Nos trasladamos al Parlamento en La Haya, donde tuvimos una reunión de trabajo con la legisladora Kathleen Ferrier, quien nos explicó que los países bajos han realizado una serie de acciones para lograr la emancipación de la mujer, basándose en la cuarta Conferencia para las Naciones Unidas, a través de un plan a mediano y corto plazos, tanto a nivel laboral como familiar, donde se consideran los principios de identidad étnica, edad, estado civil, invalidez y orientación sexual, con la finalidad de crear una existencia independiente en la que mujeres y hombres puedan disfrutar iguales derechos, oportunidades y libertades. Se nos dijo que la responsabilidad de dicho plan recae en el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo con extensión a otros ministerios.
De igual forma promueve y monitorea el cumplimiento de la legislación en materia de equidad de género, la cual de manera general considera una compensación para las mujeres en caso de perjuicio, protección en el área educativa, en materia de vivienda, en el ámbito económico, en los aspectos de salud y culturales, así como en materia de contratación y despido de individuos, ajustes de beneficios o condiciones laborales (discriminación por razones de género o estado civil y declaración de invalidez).
Dicha comisión investiga y decide si ha existido alguna violación a las disposiciones legales. Aunque el acatamiento de su opinión no es obligatorio, en la práctica regularmente es aceptado. Tiene también la facultad de dirigirse a la corte cuando se infringe alguna disposición en la materia y actúa como mediadora entre las partes. Se nos explicó que existe un número considerable de peticiones de la corte para conocer la opinión antes de emitir algún dictamen.
d) Finalmente, en Holanda nos trasladamos a e-Quality (centro de información para la emancipación) y fuimos recibidas por la señora Joan Ferrier, quien destacó que esa institución es subsidiada por el Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo de los Países Bajos, pero que mantiene una independencia operativa. Sus objetivos son apoyar a la mujer en una sociedad multicultural y analizar, desde la perspectiva de género, la creación de políticas públicas; además, proporcionar asesoría e información a los legisladores en el rubro de emancipación, y realizar trabajos y propuestas en diferentes áreas como empleo, migración, políticas de integración, trato igual, política de emancipación y educación.
El centro ha desarrollado experiencia en diversos temas; su análisis se caracteriza por incorporar las siguientes visiones:
ii Regulaciones y tratados internacionales y europeos, con la finalidad de diseñar la estrategia para incorporar sus preceptos en las leyes neerlandesas y conocer cuáles son sus implicaciones en las políticas públicas; y
iii. Revisar que no se reproduzcan estereotipos en políticas públicas y leyes; en caso de existir, conocer cuáles pueden ser las consecuencias de éstos en las leyes y políticas públicas.
29 de junio, Madrid
Las temáticas abordadas en las entrevistas de la visita a España, Francia y Holanda, en términos generales, fueron las siguientes:
En ese sentido, la información que se nos proporcionó fue una herramienta de gran valía para los trabajos legislativos que tenemos encomendados, ya que constituye un referente indispensable en el proceso de revisión y análisis de la legislación mexicana frente al avance de la equidad de género en nuestro país y los retos para incorporar la perspectiva de género en el quehacer legislativo, así como impulsarla en el diseño y aplicación de las políticas públicas.
La mesa directiva de la Comisión de Equidad y Género
Diputadas: Maricela Contreras
Julián, presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez,
Mirna Cecilia Rincón Vargas, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Bertha
Yolanda Rodríguez Ramírez, Martha Angélica Tagle Martínez,
secretarias (rúbricas).
DEL DIPUTADO RICARDO CANTÚ
GARZA, CONCERNIENTE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA NOVENA REUNIÓN
INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-CUBA, QUE TUVO VERIFICATIVO DEL JUEVES
5 AL SÁBADO 7 DE JULIO DE 2007 EN LA HABANA, CUBA
El diputado Ricardo Cantú Garza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el acuerdo que establece los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales de los integrantes de la Cámara de Diputados, presenta informe de actividades realizadas en la novena Reunión Interparlamentaria México-Cuba, que tuvo verificativo en La Habana, Cuba, del jueves 5 al sábado 7 de julio de 2007.
Luego de que en 1996 iniciaron las reuniones entre ambos parlamentos, el interés común, la relación profunda de identidad entre las naciones y la empatía de los integrantes de los Congresos mexicano y cubano, lograron prevalecer sobre políticas torpes, dirigentes extraviados e intereses errados, fortaleciendo los profundos lazos históricos de amistad existentes entre pueblos hermanos.
Las reuniones interparlamentarias siempre son una especie de laboratorios donde se promueven intercambios virtuosos en ámbitos comunes. Así, la interacción mexicano-cubana siempre ha creado sinergias en materia política, social, económica, comercial, financiera, educativa y científico-técnica, en beneficio de nuestros pueblos, históricamente unidos por nuestras culturas y nuestros sentimientos.1
Es bien sabido que México y Cuba establecieron relaciones diplomáticas el 20 de mayo de 1902 y, salvando el desafortunado incidente producido por la mixtura derivada de la falta de sensibilidad política y simple educación, han porfiado en la construcción de una cultura de mutuo beneficio.
Durante las guerras de independencia, los cubanos tuvieron en México un hogar y en el pueblo mexicano un amigo. En México vivió dos años José Martí, aquí se casó y enriqueció su visión revolucionaria y su visión sobre América. Martí amó siempre a México.
México inició su revolución en 1910, cuando inició la lucha para liberarse de gobiernos corruptos, ya iniciado el siglo XX. Muchos desterrados o refugiados cubanos llegaron a tierras mexicanas. Así llegó a México José Antonio Mella, quien fue asesinado en enero de 1929 en la Ciudad de México por órdenes del entonces presidente de Cuba, general Machado. En la segunda mitad del siglo XX se refugiaron en México Fidel Castro y los combatientes del cuartel Moncada. En México se organizaron y partieron para liberar la patria de Martí. En México encontraron solidaridad y apoyo de múltiples mexicanos. Muestra de ello, Antonio del Conde, quien apoyó en la compra del yate Granma, con el cual pudieron llegar a Cuba.
Cuando en Estados Unidos de América intentaron aislar a Cuba para destruir la Revolución Cubana y lograron la expulsión de la Organización de los Estados Americanos, México fue el único país –y podemos decirlo con orgullo– de América Latina y del Caribe que no rompió relaciones con Cuba y se opuso enérgicamente a las agresiones contra la república aislada.2
Con tales prolegómenos enuncio el estrecho vínculo y la tradición centenaria de las relaciones diplomáticas y el intercambio parlamentario entre países hermanos con las coincidencias excepcionales que tienen México y Cuba. En razón de ello y de la importancia de rescatar los lazos que habían sido tensionados, la visita a la isla de Cuba revestía una connotación inusual.
En la delegación de la Cámara de Diputados de México participaron el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón, y los señores Javier González Garza y Héctor Larios, entre otros coordinadores de grupos parlamentarios, al igual que el suscrito. Por parte de la delegación cubana hubo una nutrida y valiosa concurrencia que mucho contribuyó para elevar el nivel del discurso.
Hablar de que en las sesiones de trabajo se lograron fructíferos intercambios de opiniones y abordaron multitud de temas de interés es tautológico: A eso fuimos.
Por su peso específico y el indudable desarrollo que la sociedad cubana ha logrado en materias de salud, educación y protección civil, fue de gran interés para nuestra delegación propiciar la evolución conjunta de planes y programas futuros. De igual forma, como relatan en su informe los coordinadores que aludo supra, se abordaron temas como la colaboración en desastres naturales, cooperación científica y tecnológica, y otros de mayor complejidad pero inevitables, ante la dinámica de movimientos migratorios y en cuestión de derechos humanos.
Ahora bien, retornando el eficaz trabajo de compilación y análisis de los centros de estudio de la Cámara de Diputados –tan frecuentemente devaluados– traigo a debate una síntesis de las temáticas y líneas de acción emanadas de la reunión, elaborado por el Centro de Documentación, Información y Análisis, la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, y la Subdirección de Política Exterior.
Resumo acuerdos, propósitos y avances de la Novena Reunión Interparlamentaria México-Cuba3
Relaciones internacionales
Intención de contribuir para profundizar sus relaciones en base al respeto mutuo y ejercicio de soberanía bajo principios de autodeterminación.
Instrumentación de un secretariado pro tempore para dar seguimiento a los acuerdos y compromisos derivados de cada reunión interparlamentaria para la publicación y difusión de declaraciones conjuntas, elaboración de informes periódicos y elaboración de temario de la siguiente reunión.
Reconocimiento a las representaciones diplomáticas por el apoyo al acto.
Determinación a trabajar conjuntamente al interior de las comisiones de la Eurolat para presentar posición coordinada en la primera reunión ordinaria, sobre todo para ampliar lugares correspondientes a América Latina.
Decisión de trabajo conjunto para integrar en un solo organismo, con mayor capacidad de velar por los intereses de la región, a la Confederación Parlamentaria de las Américas, el Foro Parlamentario de las Américas y al Grupo Latinoamericano y del Caribe.
Expresión de simpatías de que México aspire a la vicepresidencia del Grupo Latinoamericano y del Caribe.
Invitación de la delegación mexicana a la décima reunión en el territorio mexicano en 2008.
Coincidencia en incrementar los intercambios económicos y comerciales.
Estimación conveniente el promover e incentivar la cooperación para el desarrollo en materia económico y comercial.
Acuerdo para pugnar por la concertación de esta posición en los foros de la Organización de las Naciones Unidas.
Compromiso para que este tema se convierta en un asunto prioritario en la cooperación técnica y científica.
Acuerdo para presentar en conjunto frente al Parlamento Latinoamericano la propuesta para trabajar junto con la Comisión de Educación una ley marco para la homologación de títulos concedidos.
Coincidencia sobre la importancia del examen del fenómeno con una visión integral.
Condena al tráfico ilegal de personas.
Exhortación a las autoridades de ambos países para mayor colaboración en el combate de la actividad delictiva.
Los parlamentarios hacemos posible el cumplimiento de la voluntad de una nación a través de tres papeles claves (aunque el primero se subsume en los siguientes): representación, legislación y fiscalización.
Estoy cierto de que nuestra función requiere abrirnos a experiencias y visiones de otras culturas, pues será en la fiscalización de los otros poderes donde alcanzaremos a cumplir con el mandato que nos fue discernido.
Notas
1. Diputada Diana Martínez Piti, vicepresidenta
del Grupo de Amistad Cuba-México, citada por Gabriel Santos Villarreal
en memoria de la décima Reunión Interparlamentaria México-Cuba,
8 y 9 de diciembre de 2008, Centro de Documentación, Información
y Análisis, Dirección de Servicios de Investigación
y Análisis, Subdirección de Política Exterior, Cámara
de Diputados, LX Legislatura, México.
2. Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, vicepresidenta
de la Mesa Directiva del Senado de la República, citada por Gabriel
Santos Villarreal en memoria de la décima Reunión Interparlamentaria
México-Cuba, obra citada página 12.
3. Arámbula Reyes, Alma, Reuniones Interpartamentarias
México-Cuba, Centro de Documentación, Información
y Análisis, Dirección de Servicios de Investigación
y Análisis, Subdirección de Política Exterior, Cámara
de Diputados, LX Legislatura, noviembre de 2007, México.
Atentamente
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
DEL DIPUTADO ÁNGEL HUMBERTO
GARCÍA REYES, ATINENTE A SU PARTICIPACIÓN EN LA INAUGURACIÓN
DE LA SEMANA BINACIONAL DE SALUD Y EN EL FORO BINACIONAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS SOBRE MIGRACIÓN Y SALUD, QUE SE VERIFICÓ
DEL SÁBADO 13 AL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2007 EN LOS ÁNGELES,
CALIFORNIA
La Semana Binacional de Salud se ha convertido en una de las mayores movilizaciones de esfuerzos de América para mejorar la salud y el bienestar de los migrantes más vulnerables de origen latinoamericano que viven en Estados Unidos de América y en Canadá.
Este es un encuentro anual, que consiste en una serie de actividades de promoción y educación de la salud, que incluye talleres informativos, asignación de servicios y a programas de seguro médico, así como exámenes básicos de detección gratuitos.
El objetivo es convocar a actores clave, de los países participantes, a dialogar sobre los retos de salud de la población migrante y explorar oportunidades de colaboración.
En Los Ángeles, California más de 700 representantes de organizaciones sociales, del gobierno federal, estatal y municipal acudieron a la inauguración así como al Foro de políticas públicas sobre migración y salud.
En ésta edición se contó con las representaciones internacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Montserrat y Puerto Rico, así como de universidades públicas y privadas.
Por otra parte, durante el Foro de políticas públicas sobre migración y salud se contó con la participación de académicos expertos, los cuales compartieron experiencias y propusieron nuevos temas que actualmente padecen los migrantes. Se llevaron a cabo en 118 ciudades de 14 estados exámenes médicos
Los temas abordados fueron: salud global y migración, enfermedades crónicas y emergentes en poblaciones móviles, salud ocupacional y riesgos laborales, acceso a los servicios de salud, capacitación de la fuerza laboral y la salud de poblaciones especialmente vulnerables, incluyendo a personas con discapacidades y trabajadores agrícolas. Así como acerca del tema del VIH-sida.
Estos encuentros internacionales dieron inició en 2001 y en la actualidad se desarrolla en 231 ciudades de diferentes países, donde se organizan actividades como ferias de salud, campañas de vacunación, conferencias sobre salud preventiva y seminarios académicos, entre otros.
Es un programa que consiste en un conjunto de acciones que se desarrollan durante la segunda semana de octubre de cada año, orientadas a promover el acceso a servicios de salud para los migrantes en Estados Unidos de América y Canadá, con apoyo de la red consular mexicana, la Universidad de California e instituciones de salud locales en América del norte.
Teniendo como objetivo principal brindar servicios médicos gratuitos a la comunidad migrante, a través del esfuerzo compartido con agencias públicas y privadas y del apoyo de organizaciones comunitarias. Basando sus actividades en la Iniciativa de salud México-California, que fue creada para este propósito.
Según las estadísticas, 55 por ciento del total de los migrantes mexicanos carecen de seguro médico en Estados Unidos.
Este programa es una herramienta muy importante para los migrantes mexicanos y sus familias ya que cuentan con información oportuna sobre la promoción de su salud y la prevención de enfermedades teniendo acceso en sus comunidades a servicios de salud con calidad para lograr el pleno desarrollo de sus potencialidades físicas, mentales y sociales.
De los temas más importantes durante esta semana sanitaria fue el referente al VIH-sida, en el mundo hay aproximadamente 30 millones 800 mil adultos de edades comprendidas entre 15 y 49 años que han adquirido VIH. En el nivel de los niños, la cifra de infectados alcanza 2 millones 100 mil.
Sólo en 2007, enfermedades asociadas al sida provocaron la muerte de 1 millón y medio de personas en África subsahariana, en tanto en África del norte y Medio Oriente se registraron 25 mil muertos.
Ese año Europa oriental y Asia central registraron 55 mil fallecimientos por consecuencia del sida; Asia Oriental contabilizó 32 mil muertes y Asia suroriental, 270 mil.
Por su parte, América del norte agregó a su lista 21 mil fallecidos en 2007. En tanto, el Caribe sumó 11 mil y América Latina, 58 mil.
Hay más de 200 mil hispanos residentes en Estados Unidos con VIH, lo que supone un 19 por ciento de las nuevas infecciones con esta enfermedad en ese país.
Uno de los temas de trabajo fue sobre el descubrimiento de que los anticuerpos que generan con las vacunas no protegen a los modelos en monos, lo cual tiene implicaciones para la vacuna que se prevé aplicar en seres humanos.
Otros temas controvertido fueron si los seropositivos que se encuentran en tratamiento médico y reportan niveles indetectables del virus pueden tener relaciones sexuales sin protección y sin riesgo de transmitir la infección. La efectividad de los medicamentos, su asociación con daños colaterales a los pacientes y la resistencia en aumento a los antirretrovirales.
Se conocerán los resultados, aún insuficientes, de ensayos clínicos sobre microbicidas y vacunas, así como de la posibilidad de que la circuncisión en hombres reduzca el riesgo de contagio del VIH.
Próximamente se abordará la importancia de incrementar la inversión para investigaciones, compra de medicamentos y disponibilidad de infraestructura básica.
Atentamente
Diputado Ángel Humberto García Reyes
DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO BELLO,
SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA SÉPTIMA SEMANA BINACIONAL DE
SALUD Y EN EL FORO BINACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN
SALUD Y MIGRACIÓN, REALIZADOS DEL DOMINGO 14 AL MARTES 16 DE
OCTUBRE DE 2007 EN LOS ÁNGELES, CALIFORNIA
Antecedentes
Hace siete años el gobierno de México, a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Salud, en colaboración con la Iniciativa de Salud de las Américas (un programa de la Universidad de California) instituyó la Semana Binacional de Salud (SBS), en la cual también participa la Comisión México-Estados Unidos de Salud Fronteriza.
La SBS, compuesta por una serie de actividades de promoción y educación para la salud, se ha convertido en uno de los mayores esfuerzos de movilización comunitaria de las Américas para mejorar la salud y el bienestar de la población migrante.
La SBS incluye, como parte fundamental, el Foro binacional de políticas públicas en salud y migración, al cual acudieron más de 400 participantes el año pasado, cuando tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, del 13 al 15 de octubre. Tan sólo la delegación de Estados Unidos estuvo integrada por 134 agencias federales, estatales y municipales, 22 universidades, así como numerosas organizaciones comunitarias y fundaciones privadas de 19 estados y del Distrito de Columbia.
Este año, el inicio de la SBS se realizó en Los Ángeles, California, del 14-16 de octubre de 2007. El comité organizador refleja la gran diversidad y dinamismo que ha alcanzado con la importante colaboración de la oficina del gobernador y la Legislatura de California, la mesa de supervisores, el alcalde y el Concilio de la Ciudad de Los Ángeles, así como las representaciones de los gobiernos de México, de Guatemala, de El Salvador y de Colombia, en colaboración con la Universidad de California y la fundación California Endowment, entre otros.
El programa consta de una recepción de bienvenida, una ceremonia inaugural y el Foro binacional de políticas públicas en salud y migración. Este espacio proporciona a los participantes la oportunidad de intercambiar ideas y perspectivas acerca de los retos que enfrenta la salud de las poblaciones transnacionales así como las posibles estrategias de colaboración en materia de políticas públicas.
Los temas que se abordaron fueron: salud global, investigación en salud y migración, enfermedades crónicas e infecciosas, salud ocupacional y la salud de personas vulnerables. Se contó con la participación de representantes de organizaciones públicas y privadas de los países participantes, incluyendo funcionarios, académicos, investigadores, estudiantes, líderes comunitarios y agencias de medios, entre otros.
Este programa es un medio muy importante para los migrantes mexicanos y sus familias ya que cuentan con información oportuna sobre la promoción de su salud y la prevención de enfermedades teniendo acceso en sus comunidades a servicios de salud.
Programa
Domingo 14 de octubre de 2007
10:00-17:00. Feria de Salud, organizada por miembros del Comité Coordinador, organizaciones comunitarias y el Consejo de Federaciones de Mexicanos en el Exterior (plaza México).
18:30-21:30. Recepción de bienvenida en Pico House (placita Olvera).
Lunes 15 de octubre de 2007
9:00-10:00. Ceremonia inaugural (Los Ángeles, City
Hall).
10:00-10:30. Conferencia de prensa con autoridades locales
y funcionarios de los países participantes.
0:30-12:30. Sesión plenaria.
12:30-14:00. Comida inaugural (patio del California Endowment).
14:00-18:00. Sesiones de trabajo (edificio del California
Endowment).
Cada una de las sesiones tendrá lugar de manera simultánea en diferentes salones. Las sesiones incluyen, entre otros, los siguientes temas:
• Enfermedades infecciosas (VIH/sida).
• Enfermedades crónico-degenerativas (diabetes,
hipertensión, obesidad).
• Grupos vulnerables: derechos humanos y salud (personas
con discapacidad, ancianos, grupos indígenas).
• Cobertura binacional en salud (seguro de médico
binacional).
• Acceso a la salud: determinantes y servicios.
• Salud y seguridad en el trabajo (trabajadores agrícolas).
• Salud mental.
• Salud oral.
• Mejores prácticas y formación de recursos
humanos (capacitación cultural y lingüística; personal
de salud: médicos, enfermeras promotores, administradores de servicios,
estudiantes; uso de la tecnología).
• Inversión social en salud (colaboración
binacional en filantropía).
• Salud global.
Martes 16 de octubre de 2007
9:00-11:00. Plenaria y conclusiones del foro (Consulado General de México en Los Ángeles). Incluye presentación de los resultados de cada una de las sesiones de trabajo.
Opción B: 11:00-14:00. Continúan las reuniones de los grupos de trabajo en la sede del Consulado de México en Los Ángeles.
DE LA DIPUTADA ARELY MADRID TOVILLA,
EN NOMBRE DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL, RELATIVO AL FORO DE CONSULTA
RESPONSABILIDAD
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REALIZADO EL JUEVES 12 Y EL VIERNES
13 DE JUNIO DE 2008 EN HERMOSILLO, SONORA
Funciones de la comisión
Como establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 39, 40 y sucesivos, la Comisión Jurisdiccional es un órgano constituido por el Pleno, con tareas específicas, integrada por un mínimo de 12 y un máximo de 16 diputados. Entre ellos se nombra la Sección Instructora, encargada de las funciones a que se refiere la ley Reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mesa directiva
Diputados: Arely Madrid Tovilla, presidenta; Edgar Mauricio Duck Núñez, Francisco Javier Santos Arreola, secretarios.
Integrantes
Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Juan Enrique Barrios Rodríguez, Felipe Borrego Estrada, Daniel Chávez García, Arturo Flores Grande, Violeta del Pilar Lagunes Viveros, Javier Hernández Manzanares, Javier Espejel Lazcano, Ramón Almonte Borja, Gloria Lavara Mejía, Manuel Cárdenas Fonseca. Elías Cárdenas Márquez (baja)
Por acuerdo de esta comisión se llevó acabo el foro Responsabilidades de los servidores públicos se realizó el 12 y el 13 de junio de 2008, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el salón Continental del hotel Gándara, en Hermosillo, Sonora.
Temas
Diagnóstico y propuestas para un nuevo Título IV de la Constitución, en materia de responsabilidad política y responsabilidad penal.
Propuestas para una nueva Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Se difundió en el Centro del Gobierno del estado de Sonora, en el Congreso en la Universidad Autónoma de Sonora y en el Colegio de Sonora.
Palabras de bienvenida, por la diputada federal Arely Madrid Tovilla, presidenta de la Comisión Jurisdiccional
La sociedad exige combatir la impunidad y la corrupción; para satisfacer esa necesidad, se requiere revisar y actualizar de forma integral el marco jurídico constitucional y su ley reglamentaria respecto de las responsabilidades de los servidores públicos, toda vez que en este rubro es donde con mayor recurrencia se presentan actos que hacen a la ciudadanía perder la credibilidad.
En un régimen democrático, la eficacia de la ley se traduce en la capacidad de la sociedad para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes, haciendo valer los procedimientos institucionales que para tal fin se establecen en nuestra Constitución y en las Leyes Secundarías.
En consecuencia, el propósito fundamental de este foro de consulta aquí en Hermosillo, Sonora, es obtener propuestas que impulsen y sustenten las reformas necesarias al marco jurídico constitucional y reglamentario, para lograr su actualización y eficacia, de acuerdo con la realidad y circunstancias de la sociedad, a efecto de fortalecer las instituciones y contar con instrumentos legales necesarios para la substanciación de los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia.
A partir de lo anterior, los integrantes de la Comisión Jurisdiccional consideramos que los trabajos de ésta deben responder a los objetivos planteados por los Grupos Parlamentarios representados en este órgano de gobierno; en ese sentido, habremos de discutir y analizar en el foro lo siguiente:
Diagnóstico y propuestas para un nuevo Título IV de la Constitución, en materia de responsabilidad política y responsabilidad penal.
Propuestas para una nueva Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Con esta visión la Comisión Jurisdiccional podrá proyectar una reforma constitucional y reglamentaria sobre esta materia, que permita hacer eficiente la responsabilidad jurisdiccional del Poder Legislativo federal.
Doctor Luis Ponce de León Armenta, rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado
¿Cuánta impunidad hay en el servicio público? Qué deficiente es la relación entre gobernantes y gobernados. Los gobernados no tenemos instrumentos prácticos sencillos que nos permitan, en un momento dado, denunciar corrupción, violaciones a la ley y que finalmente tengamos un fin adecuado.
Si ustedes revisan ambas leyes, van a ver que las sanciones son tremendamente leves para la lesión que causan esos servidores al erario público; para las lesiones que causa a la credibilidad de la sociedad sobre los servidores públicos.
Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para darle un tratamiento definitivo a este gravísimo problema? ¿Por qué el tratamiento tan suave al servicio público?
Nosotros estamos proponiendo un cambio sustancial; una reforma constitucional al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cambie radicalmente el tratamiento que hasta ahora se hace a las irresponsabilidades de los servidores públicos, a la corrupción de los servidores públicos, porque ya ocupamos un lugar muy lamentable en el mundo en cuanto a países que padece como un cáncer la corrupción y la impunidad desde luego.
En ese orden de ideas, este cambio sustancial sería en el sentido de crear, de una vez por todas, un tribunal especializado, de justicia del servicio público, que se enmarque dentro del Poder Judicial.
Creo que las funciones del Estado deben de estar perfectamente delimitadas. Las hemos alterado, y con esto hemos, definitivamente, desvirtuado el tratamiento que debe darse a cada situación, en este caso a las responsabilidades de los servidores públicos.
¿Por qué no llevar a los tribunales y a través de un órgano de jurisdicción especializado a los servidores públicos, sea del nivel que sea? Porque si entramos al contexto de la responsabilidad administrativa sabemos que hay servidores públicos que han incurrido en gran responsabilidad, pero que por sus relaciones con el Ejecutivo no son, desafortunadamente, castigados; y sabemos que en el contexto del juicio político, los grupos políticos, los partidos políticos juegan un papel negativo en cuanto a la objetividad del tratamiento que debe darse a una lesión a la sociedad cuando se ha incurrido en las responsabilidades marcadas por la propia ley.
Entonces nosotros proponemos esa reforma de una vez por todas del Título Cuarto, "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", que generaría un código de responsabilidades de los servidores públicos.
Doctor Juan Poom Medina, investigador del Colegio de Sonora
En el presente trabajo se utiliza el modelo agente-principal para hacer un análisis exploratorio de las responsabilidades de los servidores públicos tanto a nivel federal como en los niveles locales. La pregunta que guía el presente ensayo se presenta de la siguiente manera: ¿ante quién son responsables los funcionarios públicos? O, dicho de otro modo, ¿a quién le rinden cuentas? Para esto se hace una breve descripción de lo que es el modelo agente-principal y después se realiza un breve análisis de dicha relación a partir de la legislación federal en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
La perspectiva principal-agente como instrumento (marco) de análisis político.
La relación entre ciudadanos y gobernantes electos o funcionarios públicos ha sido una preocupación central en la investigación de los institucionalistas sobre representación y rendición de cuentas (Munck, 2004: 328-329). Para intentar explicar esta relación, el nuevo institucionalismo de la elección racional ha retomado de la economía, el marco analítico del modelo principal-agente que explica el proceso de delegación y la rendición de cuentas (Peter: 2003: 82; Ugalde, 2002: 19).
La característica fundamental de este modelo en el ámbito político define al electorado como el principal y a los gobernantes electos o funcionarios públicos como los agentes. Przeworski y Stokes (1999 cap. 1,4; 2001) señalan que además de destacar las ventajas en términos de la información que tienen los gobernantes o funcionarios electos en comparación con los votantes, este análisis presenta las limitaciones inherentes del voto como un medio para controlar y responsabilizar a los gobernantes electos.
El asunto central de la relación principal-agente es que en distintos contextos el agente (gobernantes o funcionarios públicos) tiene incentivos para desviarse del mandato del principal y actuar en beneficio propio debido a circunstancias que derivan del acto de delegar. En este caso las diferencias de intereses y preferencias que se perciben entre el principal y el agente resaltan en esta compleja relación.
También, el contexto y las circunstancias generan que el agente tenga más información que su principal. En esta relación, el agente ejecuta las acciones y, por su misma situación, cuenta con toda la información sobre las características de sus actos.
Así, como resultado de cualquier relación entre un principal y un agente existen condiciones para que el agente cuente con todos los incentivos para desviarse del mandato original y actuar en beneficio propio. Sin embargo, frente a ese comportamiento algunos mecanismos permiten reducir el oportunismo de los agentes frente a sus principales.
En otros términos, el modelo agente-principal en su forma básica, parte de un supuesto de carácter contractual entre dos sujetos. Uno de los cuales, el "principal", mandata la realización de determinados actos, que por alguna razón se le dificulta realizar, a otro sujeto llamada "agente", el cual deberá cumplir con el encargo en la forma más apegada posible a la voluntad del principal (Ugalde 2002, 35).
Entre las principales razones que dan origen al mandato se encuentran la dificultad para tomar decisiones, la falta de información del principal sobre diversos temas y el nivel de especialización que requiere la actividad a realizar. En esta relación, pueden existir un sin números de contratiempos y circunstancias para que el agente realice su labor, por lo cual con frecuencia deberá asumir la responsabilidad de realizar acciones con el fin de lograr su propósito. En determinado momento el principal puede llamar a cuentas al agente, para conocer el estado de su gestión y saber si esta se encuentra apegada a su voluntad.
Existe también una nivel distinto de responsabilidad, el establecido con niveles medios y bajos de la burocracia, los cuales son responsables ante el secretario del ramo y la cadena de mando que de él se deriva, así se configura una larga y algunas veces complicada cadena de agentes y principales. Donde los ciudadanos son el principal último.
Desde esta perspectiva queda claro que en situaciones donde el principal es capaz de ofrecer incentivos a sus agentes (en algunos países es la reelección) existen altas probabilidades de que el agente reporte detalladamente al principal sus actos y principalmente sus resultados.
Las responsabilidades de los servidores públicos
Para realizar el análisis de la relación agente y principal tomaremos como ejemplo las responsabilidades de los servidores públicos establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), las cuales son procesadas a través del juicio político y la declaratoria de procedencia.
La LFRSP establece las responsabilidades a las que están sujetos los servidores públicos señalados en el artículo 110 y 111 constitucional, es decir a funcionarios públicos que podríamos denominar de "primer nivel", por ejemplo, senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretarios de despacho, el procurador general de la República entre otros, los cuales, bajo la perspectiva del modelo agente-principal, son vistos en su calidad de agentes, dado que tienen responsabilidades que asumir y por las cuales darán cuenta a través del juicio político o de la declaratoria de procedencia en caso de acusación de carácter penal a los ciudadanos que los acusen.
La posibilidad de juicio político se actualiza cuando alguno de los servidores públicos mencionados realiza u omite acciones que redunden en perjuicio de su buen despacho o del interés público, que de acuerdo con el artículo 7 de dicha ley consiste en:
VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.
La Cámara de Diputados, es quien en definitiva formulará la acusación ante la Cámara de Senadores. Es decir, le corresponde sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, siendo el órgano instructor y de acusación, mientras que la Cámara de Senadores funge como Jurado de Sentencia.
En este contexto la pregunta inicial ¿Ante quién rinden cuentas los servidores públicos? cobra relevancia, ya que evidentemente existen dos principales, la Cámara de Diputados y el ciudadano que interpone una demanda. Al respecto solo haremos unas consideraciones que se centran en la dificultad del ciudadano para cobrar una mayor importancia como principal frente a los servidores públicos.
Una primera dificultad consiste en la falta de información, que se traduce en desconocimiento y comprensión de las causales, estas suelen ser tan generales y sujetas a interpretación que pueden escapar al entendimiento del ciudadano común. De la misma forma se puede considerar que resulta complicado identificar a quienes pueden ser sometidos a juicio político; el procedimiento a seguir, así como la obligación de aportar las pruebas.
Otra dificultad consiste en el requerimiento de recursos para llevar adelante una acusación, esto significa, contar con recursos económicos y técnicos para poder solventar una acusación. Quizá debido a estos motivos, en repetidas ocasiones, estos instrumentos jurídicos pueden carecer de eficacia, o bien, llegan a manos de solo unos cuantos que poseen la información y recursos suficientes para atender los requerimientos de legales previstos en la LFRSP, lo cual puede tener el efecto perverso de utilizarse únicamente para venganzas políticas y no para propiciar un sistema de rendición de cuentas que mejore el sistema democrático.
Conclusiones
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos requiere una profunda revisión en la cual se plantee una nueva relación entre ciudadanos y funcionarios, donde el mecanismo de trabajo se presente a una mayor aceptación de que la información pública debe fluir sin mayores restricciones. En el presente trabajo se describieron las características básicas del modelo agente-principal como un instrumento analítico que permite estudiar los problemas de las responsabilidades de los servidores públicos en México. La idea central del documento es que el actual marco normativo que se vincula a las responsabilidades de los servidores es rebasado por la práctica de los funcionarios públicos y la poca información que tienen los ciudadanos para entender la ley y utilizarla para mejorar y presionar a los funcionarios públicos.
Para ello, la primera necesidad es conceptuar el significado de lo que protege, que es el fuero constitucional. Fuero constitucional era, y es, el derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la federación para que, antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal. En las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 1982, se le cambió el nombre a este paso, por "Declaración de procedencia", aunque la institución subsiste.
En esa época, se consideraba altos funcionarios de la federación el presidente de la república, los secretarios del despacho, el procurador general de la República, los magistrados de la Suprema Corte, los senadores, los diputados, tanto federales como locales y los gobernadores de los estados. Ahora gozan de esta inmunidad procesal, también los jefes de departamentos administrativos, el procurador general de justicia del Distrito Federal, jueces y magistrados de los poderes judiciales, federal y locales, y los directores generales, o sus equivalentes, de las entidades del sector paraestatal.
El procedimiento que se seguía ante la Cámara de Diputados para que ésta autorizara el mencionado proceso penal ordinario se llamaba "desafuero", pues con él se privaba al alto funcionario de su fuero constitucional. Ahora se llama de declaración de procedencia. Ese procedimiento es muy parecido al del juicio político de responsabilidad, en su primera instancia, por lo cual es frecuente que se confundan.
Por tratarse de una garantía política constitucional, inevitablemente tenemos que analizar los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Carta Magna, que son la base del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, reglamentado por la correspondiente ley de responsabilidades.
Artículo 108. Define la figura de servidor público, atendiendo a su relación laboral contractual.
De acuerdo con este texto, el presidente de la república, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Este artículo, como en general el referido título, permaneció casi sin variación durante sesenta y cinco años, habiéndose reformado por el constituyente permanente a través del decreto publicado en 1982, mismo que en esencia se encuentra vigente.
La primera característica de dichas reformas es la denominación del título cuarto; en efecto, en lugar de referirse a las responsabilidades de los "funcionarios públicos", ahora se aluda a las responsabilidades de los "servidores públicos", a efecto de establecer, conforme lo declara la exposición de motivos, la naturaleza de servicio a la sociedad, que es inherente a los empleos, cargos o comisiones que se ejercen en los órganos administrativos del Estado.
Sin duda, la nueva denominación (de servidores, en lugar de funcionarios) busca contribuir no sólo a desterrar la prepotencia, negligencia y desdén con que se conducen diversos servidores públicos, al amparo de una pésima interpretación del poder que les otorga el cargo. Sobre todo, introduce un concepto, característico de lo que hoy llamamos Buen Gobierno, para formar una conciencia cívica sobre la función de servicio y la conveniencia de exigirles el estricto cumplimiento de sus obligaciones, así como el correspondiente respeto a los derechos e intereses de los gobernados, en beneficio de la plenitud de nuestro Estado de derecho.
Coincidimos plenamente con este espíritu. Precisamente se ha llamado la atención sobre el déficit en el cumplimiento del Estado de derecho que caracteriza a los países de América Latina, en dos sentidos: en el del abismo entre los derechos y responsabilidades escritos, con la práctica real y, del otro lado, en la galopante presencia de la impunidad. Ambas limitan la formación de mejores actitudes cívicas entre gobernados y gobernantes e incluso entre los propios ciudadanos, que viven sus relaciones interpersonales en medio de la desconfianza.
Formamos parte de democracias jóvenes. En 1950 sólo el 30 por ciento de los países eran gobernados por regímenes surgidos de las elecciones. En el año 2000 por ciento, la cifra subió a 60 por ciento, pero el 40 por ciento continua bajo la opresión del autoritarismo.
A pesar del acceso a la democracia, existe una preocupante falta de confianza ciudadana. El Latinobarómetro, que aplica 20 mil encuestas de opinión en 19 países, encuentra que el 60 por ciento de las personas no cree en la democracia como forma de mejorar la condición social. Incluso 1 de cada 4 aceptaría vivir en un sistema autoritario si ello le garantiza un mejor nivel de vida. Una de las razones es la debilidad del Estado de derecho y la impunidad. Este es el contexto del origen y justificación de la exigencia de responsabilidad política y de otros géneros, a los servidores públicos.
Como la aplicación de sanciones penales es competencia de la autoridad judicial, la naturaleza de las sanciones del juicio político es exclusivamente política, ya que de lo contrario se violaría el precepto de non bis in idem o de que a nadie se le puede sancionar dos veces por el mismo acto.
Aunque la doctrina del siglo pasado haya estado en desacuerdo con el término "juicio", el procedimiento jurisdiccional justifica el uso, ya que si bien se trata de un procedimiento especializado, este debe seguir las garantías que todo inculpado goza en un procedimiento penal. Si bien se ha argumentado que no se debe denominar juicio porque no se aplica ninguna sanción o castigo al infractor, sino que solo constituye un correctivo para remover al funcionario, la doctrina americana ha considerado que realmente se trata de un procedimiento mediante el cual sí se puede aplicar una sanción de esencia política y no penal, pero que constituye finalmente un castigo para el funcionario, ya que se logra removerlo del cargo y, en ocasiones inhabilitarlo.
En nuestro caso, a diferencia del texto constitucional anterior, que se refería a la responsabilidad de los llamados "altos funcionarios", atendiendo el principio de igualdad ante la ley, se establece la responsabilidad, a escala constitucional, de todos los servidores públicos, independientemente de su jerarquía, rango, origen o lugar de empleo, cargo o comisión.
A diferencia del texto anterior de este artículo en que se preveía en forma confusa la responsabilidad de ciertos "funcionarios" de la Federación tanto por los delitos comunes como por "los delitos, faltas u omisiones" que cometieran durante el tiempo de su encargo, el vigente, con mejor técnica, establece que los servidores públicos "serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones". Precisamente, en los preceptos subsecuentes de la Constitución se regulan las clases existentes de responsabilidad, penal, administrativa, civil y derivada de juicio político.
Por cuanto a las responsabilidades de carácter federal de servidores públicos locales, el texto constitucional no considera expresamente sujetos de responsabilidades federales a los presidentes municipales, ni a las demás autoridades de los ayuntamientos. Sin embargo, hay que recordar que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala como sujetos a la misma, además de los mencionados en el artículo 108 constitucional.
A "todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales", con lo cual pudieran quedar comprendidos en ella no sólo dichas autoridades municipales sino infinidad de personas, incluso particulares, al aludir genéricamente a "personas", por lo que podrían quedar incluidos, por ejemplo, cualquier retenedor de algún impuesto federal. Es claro que esto último resulta inconveniente, por lo que es necesario precisar tal definición.
En el segundo párrafo del artículo 108 se establece que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por la Cámara de Diputados por traición a la patria y delitos graves del orden común, debiendo resolver la Cámara de Senadores con base en la legislación penal aplicable.
De este modo, a pesar de que la doctrina ha insistido sobre la necesidad de que se defina lo que debe entenderse por "delitos graves del orden común" e incluso, ha propuesto soluciones, persiste esta laguna.
Por ejemplo, conforme a la Constitución de 1824 el presidente podía ser responsable durante su periodo por los delitos de traición contra la independencia nacional o la forma establecida de gobierno y por cohecho o soborno, así como por actos dirigidos a impedir que se hagan las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que éstos tomen posesión del cargo o a que ejerzan las facultades que se les atribuyen.
La doctrina ha sostenido que los "delitos graves" son aquellos en los que el indiciado o, en su caso, el procesado no obtiene el derecho del artículo 20 constitucional; o aquellos cuya sanción consiste en la pena de muerte según el artículo 22 constitucional; o aquellos que sean determinados como tales por la propia Constitución o una ley secundaria; o bien que es atribución del Congreso de la Unión el proceder casuísticamente para calificar la gravedad, atendido a las circunstancias del caso concreto y al delito cometido.
Por cuanto al artículo 109, su fracción I, establece la procedencia del juicio político para aquellos servidores de "alta jerarquía" (aunque no utiliza esta expresión) señalados en el artículo 110, "cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho", correspondiendo a la ley reglamentaria del título cuarto establecer las causales respectivas. El segundo párrafo de esta fracción proscribe la procedencia del juicio político por la mera expresión de ideas.
Es necesario advertir que se acuerdo con nuestro sistema jurídico se utiliza la expresión "responsabilidad política" como aquella que puede atribuirse a un servidor público de alta jerarquía como consecuencia de un juicio político seguido por presuntas infracciones graves de carácter político, con independencia de que las mismas configuren o no algún delito sancionado en la legislación penal común.
Las infracciones de carácter político, pues, se refieren a aquellos actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Las causales del juicio político se caracterizan por su vaguedad, cuya tipificación depende en buena medida de los criterios imperantes entre los miembros de las cámaras. De este modo, el juicio político se presenta como un instrumento para remover a los servidores públicos (de alta jerarquía) previstos en el artículo 110 constitucional (ya sea por incompetencia, negligencia, arbitrariedad, deshonestidad, entre otros), pero sin entregar a un órgano político como necesariamente es el Congreso, la facultad para privarlo del patrimonio, de la libertad o de la vida, función esta última que exige la imparcialidad de un juez en sentido estricto, para evitar los excesos de la pasión política.
El juicio político se inspira en el impeachment británico, pues ya bastaba un voto de censura para eliminar a los miembros del gabinete sin necesidad de una condena penal del Parlamento, en tanto que en épocas más lejanas ese procedimiento correspondía a una verdadera jurisdicción ordinaria, ya que el Parlamento se consideraba competente, incluso, para resolver sobre presuntos delitos y sanciones penales.
El sistema americano, a diferencia del europeo, no puede aplicar además de las sanciones políticas las penales que puedan corresponder. Fue expuesto por Alexander Hamilton en El federalista número 65. Para Hamilton, la finalidad del juicio político es la separación del servidor indigno del cargo público y no la sanción penal o patrimonial de un acto indebido. Aunque después del juicio político puedan proceder esas otras sanciones, Hamilton destacó la importancia de separar la responsabilidad política de los demás tipos de responsabilidad debido a que el daño ocasionado por un funcionario inflige a la comunidad política, esta debe ser resarcida mediante la remoción del funcionario después de un procedimiento seguido ante un órgano político.
La fracción II del artículo 109 se refiere a la responsabilidad penal de los servidores públicos por la comisión de delitos, la cual debe perseguirse y sancionarse en los términos de la legislación penal común, ya sea federal o local, sin distinciones, fueros o privilegios, acorde a lo dispuesto en el artículo 13 constitucional.
Con relación actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos –reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución– tales supuestos se presentan, por ejemplo, en los siguientes casos:
El propio artículo 110 y la ley regulan el procedimiento que también sigue siendo, básicamente, el mismo: En él se concede acción popular para que cualquier ciudadano, bajo su responsabilidad y con elementos probatorios suficientes, pueda presentar denuncia contra alguno de los sujetos del juicio, la cual tendrá que ratificar a los tres días naturales siguientes. El procedimiento es biinstancial, seguido primero ante la Cámara de Diputados, considerada como órgano de acusación y, posteriormente, ante el Senado como jurado de sentencia.
La Cámara de Diputados conduce la fase de instrucción del procedimiento a partir de la ratificación de la denuncia, en su caso. Posteriormente se formará una comisión o sección instructora integrada por cuatro diputados que notificara al servidor público denunciado, para que en un plazo de siete días presente su defensa.
La comisión instructora abrirá un periodo para desahogo de pruebas de treinta días naturales prorrogables. La fase de instrucción, permite la presentación de alegatos en un plazo de doce días naturales que sigan al periodo probatorio. Al término, la comisión instructora formulará sus conclusiones sobre la base de un análisis claro y metódico.
La ley comete un error al prever que dentro de las conclusiones condenatorias pueda establecerse la sanción política que debe imponerse, ya que esta facultad debe competer al Senado u órgano de sentencia. La fase de instrucción debiera circunscribirse a confirmar los hechos denunciados, a concretar la causal o causales de responsabilidad política alegadas y a concluir si existen o no elementos para la continuación del procedimiento ante el Senado.
Sin embargo, la extensa fase de instrucción no termina allí, ya que una vez entregadas las conclusiones de la comisión a los secretarios de la Cámara, éstos dictan un plazo de tres días naturales para que tanto el denunciante como el servidor público puedan hacer uso de la palabra ante la asamblea legislativa y así expresar lo que a su derecho convenga. Se reconoce el derecho de réplica.
La formalidad y frecuencia de los argumentos de denunciantes y servidores es de tal extensión debido a que si al terminar la fase de instrucción la Cámara decide erigirse en órgano de acusación, el servidor público quedará separado de su encargo mientras se decida finalmente sobre su responsabilidad política, por lo que las consecuencias de la acusación son de tal manera graves (la separación del servidor en su cargo), que merece el procedimiento ser abundante en oportunidades para los denunciantes y sujetos del juicio político, en esta primera fase ante la Cámara de Diputados.
Al erigirse la Cámara de Diputados en órgano acusatorio, ésta designará otra comisión de tres diputados para que sostengan la acusación ante el Senado. En este aspecto, la ley no es congruente con sus disposiciones, ya que si existe una comisión o sección instructora que instrumentó toda esta fase, no se entiende por qué no atribuirle concretamente a dicha comisión la presentación del caso ante el Senado.
Por otro lado, el Senado designará una comisión o sección de enjuiciamiento que emplazará tanto a la comisión de la Cámara de Diputados como al acusado, para que se presenten alegatos en un plazo de cinco días naturales. Transcurrido el plazo, la comisión de enjuiciamiento elaborará conclusiones donde se propondrá la sanción correspondiente. Estas conclusiones deberán estar debidamente fundadas y motivadas.
Entregadas las conclusiones al Senado, este se erigirá en jurado de sentencia dentro de las veinticuatro horas siguientes. Con tal carácter, el Senado llevará a cabo una audiencia final en la cual se darán a conocer las conclusiones de la comisión de enjuiciamiento, se oirá a la comisión de la Cámara de Diputados y al acusado y a su defensor y, para concluir, sin la presencia de estos últimos, se procederá a discutir y a votar las conclusiones presentadas para llegar a un fallo definitivo.
En el caso de los servidores públicos de los Estados, sujetos a juicio político, la sesión de jurado de sentencia se celebrará dentro de los tres días naturales.
La sentencia que se diste en estos casos tendrá efectos declarativos, y será la legislatura del Estado la que actúe en consecuencia para la imposición efectiva de la sanción política decretada.
En términos generales, podemos considerar que el procedimiento del juicio político resulta extenso en el número de audiencias, alegatos, y replicas. Al procedimiento le falta subsanar lagunas tales como citación de testigos, características de la acusación, valoración del efecto declarativo en caso de servidores locales, procedencia del amparo por violaciones al procedimiento y otros supuestos que se han planteado en otras ocasiones.
El artículo 111 nos permite precisar la otra figura, la declaración de procedencia, por medio de la cual se puede proceder penalmente contra los mismos funcionarios sujetos del juicio Político.
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Conclusiones
De lo anterior, podemos desprender que:
2. Los tipos causales son muy ambiguos en el caso del juicio político, en tanto que en la declaración de procedencia son más precisos, por su carácter de delitos administrativos o penales.
3. La experiencia histórica demuestra que se aplica más la declaración de procedencia, ya que en la mayoría de los casos las acusaciones tienen como sustento razones vinculadas a delitos cometidos supuestamente en el desempeño del puesto. Rara vez se alude a causas absolutamente políticas. Por lo tanto en el juicio político
• Se observa que es más sencilla la operación de la declaración de procedencia, especialmente porque solo participa una de las cámaras.
• En ambos casos se advierte falta de simplicidad y la necesidad de fortalecer su contenido técnico, para reducir el costo y la incertidumbre políticas, fortaleciendo su carácter de instrumento eficaz para la transparencia y el combate a la impunidad.
• Se obtiene también evidencia de que su diseño provoca confusión al no estar diferenciados claramente.
• La experiencia demuestra la necesidad de un esquema que fortalezca su contenido técnico, su imparcialidad, su especialización y que sirva más al fortalecimiento del Estado de derecho.
A partir de las reflexiones anteriores se sugieren algunos cambios específicos, para el análisis más a fondo:
Es conveniente fortalecer a la sección instructora, tanto como responsable de todo el proceso, por parte de la Cámara de Diputados, así como en la posible ampliación del número de sus integrantes.
Dada la dualidad entre el juicio político y la declaración de procedencia, analizar disminuir el número de sujetos del juicio político, para dejarlo en los más altos funcionarios, quienes podrían cometer actos de naturaleza estrictamente política.
Disminuir también los sujetos de la declaración de procedencia, eliminando a quienes debieran ser sujetos de una acción inmediata de la justicia por delitos administrativos y penales, como es el caso de los directores de los fideicomisos, ya que por esa figura están protegidos miles de servidores públicos. Este planteamiento supone mayor independencia del Ministerio Público, su autonomía.
Es necesario precisar explícitamente cuales son los delitos graves.
Para incrementar la certeza jurídica y el sustento técnico, examinar la creación de un comité técnico en el que participe el legislativo, la autoridad judicial y juristas reconocidos, a fin de apoyar a la sección instructora.
Vincular la revisión del juicio Político y la Declaración de Procedencia, con un proyecto integral que involucre la transparencia y la rendición de cuentas, en leyes como las de responsabilidades, la de fiscalización superior, la ley Orgánica del Congreso, entre otras.
La democracia alcanza su mayor estadio, cuando el Estado de derecho garantiza la rectitud y la transparencia de los gobernantes. Gracias
Diputado Federal Jaime Espejel Lazcano, integrante
de la Comisión Jurisdiccional
Necesidad de reformular el juicio político
y declaración de procedencia
Norberto Bobbio
Me pareció importante señalar la cita de Norberto Bobbio debido a que, en este tema que nos toca abordar de juicio político y declaración de procedencia, encontramos una parte técnica por cuanto hace al desahogo del procedimiento y una parte eminente política llevada a cabo por los actores que enfrentan una responsabilidad política.
En este sentido, nos toca a los legisladores desempeñar la función de jueces. Sin embargo, antes de entrar al tema de inconsistencias y propuestas de ambos procedimientos, es imprescindible manifestar que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos es una característica elemental de todo Estado de derecho y consecuentemente, el establecimiento de un régimen dentro del orden constitucional, a tal grado que para el doctor Ignacio Burgoa Orihuela éste régimen sería el cuarto elemento para la democracia. Ahora bien, la dinámica de nuestro sistema jurídico debido a los cambios en el escenario electoral, han permitido avances a favor de la democracia y la transparencia siendo la actuación de los servidores públicos cuestionada por los ciudadanos y en consecuencia, la exigencia de su probable responsabilidad política son premisas que no se escapan de estos cambios que está sufriendo nuestro país.
La responsabilidad política, pone en la mesa de debate un sinnúmero de dudas que se desprenden de la misma Constitución y de la ley reglamentaria que debe armonizarse y por ello, la importancia de este foro de consulta Responsabilidades de los servidores públicos.
Recordemos que el origen de juicio político se remonta a Inglaterra, en donde se utilizaba para controlar los excesos del rey o reina en turno, de la misma manera, el pensamiento de los constituyentes norteamericanos fue aplicar el juicio político (impeachment) al presidente de Estados Unidos, así como a los secretarios de estado. Desde sus orígenes, quedó claro que el juicio político era un instrumento de control en manos de los congresos; así había operado en el parlamento inglés desde su consolidación en el siglo XIV.
Para Manuel González Oropeza, el juicio político es el único instrumento que posee el Poder Legislativo para hacer prevalecer la Constitución contra actos que la contravienen.
No obstante, el juicio político, como su nombre lo indica, cuenta con un procedimiento jurisdiccional para fincar la responsabilidad política sobre un servidor público que ha infringido la Constitución. Pero se trata de un juez político, que juzga de manera exclusiva las faltas de orden político.1
Cabría cuestionarnos sobre la naturaleza del juicio político ya que si bien cuenta con las etapas de un juicio, su desahogo depende de un órgano político, por ello su carácter jurisdiccional que en realidad si somos un poco técnicos en tendríamos que decir: ¿No debe ser un juez el que juzgue al servidor público quien mostró una conducta indigna a su investidura? Pero otra lectura del término jurisdiccional es que comprende el espacio físico en donde debe ser juzgado el servidor público por pertenecer a este ámbito.
De cualquier modo, esta discusión de determinar si es un juicio meramente jurídico o político, queda fuera del debate si impera la ética de quienes somos legisladores a juzgar a aquellos que han traicionado en su deber público a nuestra ley fundamental o abusado de la confianza pública depositada en nosotros.
Algunos autores consideran que es un procedimiento político y no jurisdiccional, para el autor Marcial Saldaña, el juicio político
De cualquier modo, esta discusión de determinar si es un juicio meramente jurídico o político, queda fuera del debate si impera la ética de quienes somos legisladores a juzgar a aquellos que han traicionado en su deber público a nuestra ley fundamental o abusado de la confianza pública depositada en nosotros.
Algunos autores consideran que es un procedimiento político y no jurisdiccional, para el autor Marcial Saldaña, el juicio político "es un procedimiento especial, que le ha sido conferido a un órgano del Estado eminentemente político, como lo es el Congreso de la Unión, para proteger los derechos e intereses sustanciales de los integrantes de la comunidad política, para mantener la armonía social, para frenar los abusos desmedidos del poder, para evitar la impunidad institucionalizada, para impedir la ruptura del Estado de derecho, para salvaguardar la existencia misma del Estado como la forma suprema de organización social".2
Del mismo modo, el maestro Elisur Arteaga considera que el juicio de responsabilidad del que conoce la cámara de senadores en su actuación de gran jurado, es un acto eminentemente político. No busca la justicia ni castigar con vista a enmendar. No es imparcial ni está exento de prejuicios. No busca la verdad, no siempre se castigará al culpable y absolverá al inocente. Ante todo es un instrumento de poder, tiende a hacer llevaderas las relaciones de sometimiento y obediencia. Responde a una moral: la del dominio. En casos extremos, cuando la clase política se encuentra en peligro [...]3
Jacinto Pallares señala que este juicio es político porque son políticas las cuestiones que habrán de decidirse, ya que, de ser el caso, la pena que se impondrá "no es otra que la muerte política".4
Armagnague señala que "un detentador de un poder tiene que dar cuenta a un detentador de otro Poder el Legislativo sobre el cumplimiento de la función que le ha sido asignada".5
El juicio es de carácter especial, no judicial, dado que sólo procede respecto de cierto tipo de servidores públicos y se constituye en un mecanismo extraordinario por los actos materia del mismo, por la jerarquía de aquellos cuya conducta se cuestiona, por los órganos competentes para conocer y decidir, y por el carácter de las resoluciones que en él se dictan.
Pretender convertir un juicio en un asunto de confianza y opinión –como sostuvieron los constituyentes de 1857– implicaría aceptar que se deja un instrumento muy importante en manos de grupos políticos que en cualquier momento podrían romper el equilibrio que el texto constitucional establece entre los tres poderes, como acertadamente apunta Raúl F. Cárdenas.
Hay que recordar que la integración del juicio político a la Constitución en 1982 tuvo un destinatario: el ex senador Jorge Díaz Serrano, a quien en 1983 el presidente Miguel de la Madrid y la mayoría priista en el Congreso de la Unión desaforaron para procesarlo por corrupción durante su gestión como director de Pemex. Desde entonces ningún otro juicio político ha prosperado, a pesar de que a la Cámara han llegado centenares de demandas contra funcionarios y ex funcionarios.
El constituyente permanente mexicano, mediante reforma constitucional del 28 de diciembre de 1982, estableció en el Título Cuarto de nuestra Carta Magna lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, una clara distinción entre los diversos tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos, clasificándolas en: penales, administrativas, civiles y políticas, señalando en cada tipo de responsabilidad procedimientos diferentes.
Su tramitación para cada caso es el siguiente:
2. Respecto de las responsabilidades administrativas, que se refieren a la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, que pueden ser sancionadas con la suspensión, destitución, inhabilitación, así como en sanciones económicas;
3. Con relación a las cuestiones de carácter civil, éstas no requieren de ningún procedimiento extraordinario, pues los servidores públicos responden a ellas, como cualquier particular y finalmente;
4. La responsabilidad política, que tiene señalado un procedimiento especial, consistente en el juicio político.
Tres días después de la reforma de 1982, se publicó su ley reglamentaria en donde se estableció, en el artículo 2o., que sólo era aplicable a los servidores públicos mencionados en los párrafos primero y tercero del artículo 108 de la Constitución –que no mencionaron al presidente–. Esto se debe a que Venustiano Carranza eliminó desde su proyecto de reformas constitucionales la referencia al presidente como sujeto de responsabilidad por violación a la Constitución y las leyes federales, pues consideró que dicha responsabilidad política sometía al Poder ejecutivo a la discrecionalidad del Congreso.
Coincido en aquellas características que el autor Elisur Artega Nava señala para el procedimiento de juicio político:
2. Es sumarísimo, pues no se admiten excepciones dilatorias ni puede haber incidentes de previo y especial pronunciamiento, además de indicar que el juicio político deberá substanciarse antes de un año y no existe recurso alguno en contra de la resolución que, en su caso, emita el Senado,
3. Es restringido, toda vez que se instaura en contra de un determinado número de servidores públicos, la procedencia del mismo se refiere a tipos delictivos especiales, el procedimiento deriva en dos tipos de sanción, únicamente pueden acusar un número restringido de personas y la competencia del juzgador es limitada;
4. Es un proceso mixto, toda vez que es escrito y oral, en virtud de las documentales que se allegan en el juicio y oral porque se desarrolla durante la sesión del órgano legislativo, y
5. Es un acto de oportunidad política, el cual no puede pasar por alto las garantías procesales que deben observarse en el desarrollo del procedimiento.
El artículo el 110 constitucional ha sido reformado innumerables veces para adicionar cada vez a más servidores públicos a efecto de sujetarlos a un control político por parte del Congreso de la Unión, aunque esta inclusión no garantiza que pueda iniciarse el juicio político porque los hechos nos han indicado que de acuerdo a los vaivenes en las esferas de la elite política se determina su procedencia, pese a que cualquier ciudadano pueda presentar la demanda del juicio.
Por lo que hace a los gobernadores de los estados como sujetos a juicio político, resulta importante cuestionar sobre la declaratoria que emitirá, en su caso el Congreso si determina la procedencia del juicio político contra un gobernador, pues cabe aclarar que los estados cuentan con autonomía constitucional para legislar en materia de responsabilidades, pero además supongamos que la mayoría del congreso local determina que no ha lugar a proceder, tendríamos entonces dos resoluciones contrarias, cuál tendría que acatarse. Basta mencionar, que hay criterio de la Corte que nos manifiesta que los gobernadores son sujetos a juicio político en términos de la Constitución.
Por lo que hace a las causas del juicio político se dispone que se impondrán las sanciones indicadas en el artículo 110 constitucional a los servidores públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Esto Implica primero, entender el significado de dichos intereses y en segundo lugar, determinar si la conducta del servidor público trasgredió esta esfera.
Varios autores han hecho énfasis en la vaguedad del término "intereses públicos fundamentales", definirlos o tratar de acotar sus alcances representa una tarea compleja, porque al ser conceptos tan difusos se prestan a diversas interpretaciones, según quien los define. En el Diccionario jurídico mexicano se les delimita como el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado […] pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 7o., se limita a enlistar una serie de conductas perjudiciales para dicho interés y el correcto ejercicio de la función pública que están también sujetos a interpretación. No obstante, aun tratándose de responsabilidades de naturaleza política, el artículo citado intentó cumplir con el principio jurídico de que no puede haber delito si no hay ley que lo señale: nulla poena sine lege. Se requiere, pues, que la conducta política que se castiga esté señalada en una ley.
Con todo, son vagos los términos del artículo 7o. citado, sobre las conductas consideradas atentatorias contra los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, el autor, José de Jesús Orozco Henríquez ha considerado que dichas conductas carecen de precisión y objetividad tan peculiar en el derecho penal y su tipificación se sujeta a los criterios imperantes entre los miembros de la Cámara, por lo que subsiste el riesgo de que el juicio pueda, por tanto, utilizarse por un poder como instrumento de control político sobre los otros poderes de la Unión […]
Resulta obvio que cualquier violación a la Constitución o a las leyes federales por un alto empleado, es una infracción que causa trastornos en el funcionamiento normal de las instituciones, precisamente porque lo normal jurídicamente es el cumplimiento de la ley. En consecuencia, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades, a cualquiera de los empleados mencionados en el artículo 110, que lleve a cabo un acto que infrinja la Constitución o alguna ley federal, debe sujetársele a juicio político para destituirlo de su cargo e inhabilitarlo para ejercer cualquier otro, comprobando que haya habido infracción.
En algunos casos puede ser discutible si un acto de un alto empleado infringe la Constitución o las leyes federales, que sea el punto determinante para someterlo a juicio político. Pero no puede ponerse en duda la infracción a la constitución o a las leyes que se da cuando la dicha infracción es declarada precisamente por el órgano que tiene a su cargo declarar la verdad legal, es decir, un juez.
De esto resulta que en todos los casos en que los altos empleados actuales que menciona el artículo 110 de la Constitución han violado la misma, debiera declarase en sentencia firme por el órgano judicial competente y esos funcionarios sujetarse a juicio político, sin embargo, en la práctica todo se determina por un órgano político, los senadores se convierten en jurado de sentencia.
En cuanto a las resoluciones de las Cámaras, el sexto y último párrafo del artículo 110 constitucional menciona que son inatacables, lo que se traduce en que el derecho no reconoce la existencia de recurso alguno, de ahí que el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, expresa que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana y discrecionalmente.
La razón de esta causal de improcedencia del juicio de amparo la explica el jurista Don Antonio Robles Serrano diciendo: "Es obvio que si las autoridades a que se refiere cuentan con facultades, que les son conferidas por la Constitución para resolver soberana y discrecionalmente, no es factible invalidar sus actos mediante el juicio de amparo, ya que, de prosperar éste, se acabaría con tales soberanía y discrecionalidad."6
En esta tesitura, Carlos Morales Paulín, en su libro Justicia Constitucional, cita al maestro Jesús Orozco Enríquez, que al respecto señala: "cabe advertir, sin embargo –como lo ha puesto de relieve la doctrina y la propia jurisprudencia de la Suprema Corte desde el siglo pasado–, la procedencia del juicio de amparo es posible en caso de que no se satisfagan los presupuestos constitucionales",7 y agrega como ejemplo que podría darse el amparo si se violenta la garantía de audiencia.
Ante esto, tenemos que la facultad discrecional con la cuenta la Sección Instructora para admitir y desechar pruebas que a su juicio sean improcedentes, o bien para realizar un "procedimiento" y concluir con la resolución que traduzca que la conducta o hecho esta legalmente comprobada; que se acredite la responsabilidad y la sanción que consideren, es en definitiva contraria al principio de certeza y seguridad jurídica. Cabe preguntarnos, con qué carácter los integrantes de la Sección Instructora admiten, desechan y desahogan las pruebas así como analizan los alegatos del demandado y el demandante.
Es necesario entonces revisar las disposiciones reglamentarias del juicio que no vulneren los derechos fundamentales del servidor público con reglas claras que eviten un sinnúmero de interpretaciones. Garantizar los derechos humanos del funcionario y respetar el debido proceso legal son condiciones necesarias para una reforma fundada en el estado de derecho.
Declaración de procedencia
Una vez que se he abordado de manera breve el juicio político, la declaración de procedencia es otro de los instrumentos con los que cuenta la Cámara de Diputados con características similares al primero, para poner a disposición de las autoridades competentes al servidor público –que cuenta con fuero– si ha cometido un delito.
De acuerdo al párrafo séptimo del artículo 111 constitucional, el efecto de la declaración de procedencia será separar de su encargo al servidor público en tanto esté sujeto a proceso penal. Una persona está sujeta a proceso penal hasta el momento en que el juez dicta el auto de formal prisión. Sin embargo, el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos determina que si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión. Ante tales disposiciones cuál norma debemos acatar. En el procedimiento de desafuero de René Bejarano, se aplicó el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y no el artículo 111 de la Constitución.
Desde nuestro punto de vista una correcta interpretación debería privilegiar a la norma constitucional sobre la legal.
Respecto a las decisiones de las Cámaras que serán inatacables –que ya apuntamos anteriormente– ha descrito Eduardo Andrade que en el Pemexgate los legisladores sujetos al procedimiento de desafuero recurrieron en distintas ocasiones al juicio de amparo respecto a decisiones no definitivas de la Cámara de Diputados, decisiones de la sección instructora. El poder judicial mantuvo criterios contradictorios pero se ha inclinado por la improcedencia del juicio de amparo sobre cualquier acto o determinación en los supuestos del procedimiento de desafuero.
Jaime Cárdenas opina al respecto que la sección instructora o cualquier órgano de la Cámara de Diputados, incluyendo a su pleno, puede tomar decisiones aberrantes o antijurídicas y no habría medio de defensa alguno, lo que contraviene los derechos humanos de los sujetos a estos procedimientos.
El tema de la declaración de procedencia tiene que ver con retirar el fuero constitucional, pero existe en México la convicción generalizada que el fuero es una forma de protección a la función ejercida. Así lo sostiene Burgoa cuando afirma que la finalidad del fuero no estriba en proteger a la persona del funcionario sino en mantener un equilibrio entre los poderes del Estado para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno. La misma idea la refrenda Tena Ramírez cuando manifiesta que el fuero constitucional no tiene por objeto instituir un privilegio a favor de un funcionario, lo que sería contrario a la igualdad del régimen democrático, sino proteger la función de los amagos del poder o de la fuerza. Juristas como Sánchez Bringas, Quiroz Acosta y Andrade, coinciden en que la protección de la función pública es lo que justifica el fuero de los altos servidores públicos de la federación.
Ahora bien, cuando se dice que la finalidad del desafuero a la luz de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos según su artículo 25 es "…establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
Así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita", se contrapone con el artículo 111 párrafo segundo de la Constitución, debido a que dispone que la resolución de la Cámara "no prejuzga los fundamentos de la imputación". Acaso no son contradictorias estas normas.
En el derecho comparado ha quedado claro que la inmunidad tiene como propósito evitar que a un determinado servidor público se le persiga con una base penal falsa o manipulada por razones o fines políticos. Como dice García Morillo: "…el carácter de protección política que subyace en la inmunidad no va ligado al delito cometido, sino a la persecución penal instada. La inmunidad no protege a quienes cometen delitos por motivaciones políticas… sino que protege frente a quienes, por móviles políticos, urden una acusación penal… la determinación de la pertinencia de conceder el suplicatorio no va, por eso, ligada al acto por el que se persigue al parlamentario, sino a la persecución misma: es en ésta, y no en el delito, donde hay que detectar la motivación política…"
Lo anterior significa que el carácter político de la institución de fuero y de la declaración de procedencia debe buscarse no en el hecho penalmente perseguido, sino en la persecución en sí, pues sólo el carácter político de la persecución justificará, con independencia de los hechos, la aplicación de la inmunidad.
En este tenor de ideas, el fuero debe prevalecer pero no como un escudo a la impunidad sino como protección para los servidores públicos de imputaciones falsas.
Conclusiones
La figura del juicio político en México, ha sido un reflejo del desarrollo del sistema político. En la medida de que existía un partido hegemónico y luego mayoritario, la decisión de enjuiciar políticamente a un servidor público no era posible toda vez que los órganos que intervienen en el proceso (Cámara de Diputados como instancia acusadora y Cámara de Senadores como jurado de sentencia) estaban controlados por el partido oficial, de tal manera que no era posible que hubiese condiciones para sancionar a los servidores del mismo partido, aun cuando hubiese causales suficientes y debidamente fundadas para su procedencia.
La descripción de los actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, permite que casi cualquier acto u omisión justifique un juicio político y la destitución de los altos empleados. Cualquier partido, cualquier alianza de partidos que cuente con la mayoría suficiente en la Cámaras, puede eliminar del panorama político a sus opositores, destituyéndolos e inhabilitándolos para ocupar cualquier otro cargo.
Ambos procedimientos, tanto el juicio político como la declaración de procedencia, deben simplificarse y la norma secundaria ajustarse a la Constitución. Necesitamos una revisión integral.
Notas
1. González Oropeza, Manuel, "Juicio político
como medio de protección de la Constitución mexicana", en
Ferrer-Mac-Gregor, Eduardo (coordinador). Derecho procesal constitucional,
cuarta edición, tomo II, México, Editorial Porrúa,
2003, página 1319.
2. Rodríguez Saldaña, Marcial. "El juicio
político. Particularidades del caso Tabasco", en Ferrer-Mac-Gregor,
Eduardo (coordinador). Derecho procesal constitucional, cuarta edición,
tomo II, México, Editorial Porrúa, 2003, página 1337.
3. Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional,
México, Editorial Oxford, 1999, páginas 956 y 957.
4. Salgado Ledesma, Eréndira, op. cit.,
página 5.
5. Ibídem.
6. Morales Paulín, Carlos A. Justicia constitucional,
editorial Porrúa, México, 2002, p. 133.
7. Ibídem.
Es para mi un honor estar en representación del Poder Legislativo de Sonora, en este foro plural, donde se intenta proponer ideas sobre este tema de suma importancia.
Es significativo, pues cualquier régimen que se jacte que es democrático debe de asumir el control, pero, además, la responsabilidad de los servidores públicos, eso es lo que nos exige la ciudadanía cada vez más participativa.
Los regimenes no democráticos encuentran en opacidad e impunidad herramientas donde los funcionarios pueden actuar de manera libre e impune y este es el gran reto para el poder legislativo, no dejar la ley ahí simplemente como ornato, sino también irla actualizando a nuestra vida diaria.
Este es el gran reto, modificar, modernizar o crear los preceptos que sean necesarios a fin de crear las reglas claras para exigir la Responsabilidad de los servidores públicos, ya que cuando estas son ineficaces, le damos cabida a muchas maneras de corromperse.
Es necesario revisar no sólo las reglas sino también los procedimientos en materia de responsabilidad y la efectividad de las mismas, que es otro punto importante para poder confeccionar las reglas de estas materias debemos velar por unificar los criterios, homogenizar los preceptos constitucionales a fin de que los servidores públicos se responsabilicen totalmente de los actos y omisiones que ejecuten en el ejercicio del cargo.
Otro punto es hacer del proceso ágil, dinámico y salvaguardar todos los derechos fundamentales del debido proceso, como son, el derecho de audiencia, el derecho de igualdad, entre otros; es por ello que estamos aquí y venimos con mucho entusiasmo para participar y lograr la transparencia y eficacia en el servicio público, la sociedad no los exige y estamos nosotros aquí atentos para este proceso.
Otro punto que se me hace importante es que el fuero sea para salvaguarda la función y no para proteger la comisión de un delito, estos son algunos de los puntos que a mí, como presidente de la Comisión de Gobernación y como representante en este foro, se me hacen relevantes; es importante tomar en cuenta todas las regiones, todos los estados para este proceso de consulta.
Muchísimas gracias y sean bienvenidos.
Entrega de reconocimientos
Los diputados federales Arely Madrid Tovilla y Edgar Mauricio Duck Núñez entregaron reconocimientos a las personas que asistieron al foro.
Al término del foro felicitaron al presídium por haber realizado dicho acto en Hermosillo, Sonora.
La mesa directiva de la comisión
Diputados: Arely Madrid Tovilla (rúbrica),
Presidenta; Edgar Mauricio Duck Núñez, Francisco Javier Santos
Arreola, secretarios.
DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
GUTIÉRREZ AGUILAR, DE ACTIVIDADES DURANTE LA NOVENA REUNIÓN
DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, CELEBRADA EL VIERNES 18 Y EL SÁBADO
19 DE JULIO DE 2008 EN PANAMÁ, PANAMÁ
Los temas abordados durante esta reunión fueron salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe. Dicho tema ocupa posiciones de vanguardia en el camino que se está construyendo para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, así como el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva.
Uno de los aspectos que se consideraron para fortalecer el ámbito de salud sexual fueron:
Se ha aumentado el control de los embarazos y la atención institucional de éstos.
Persisten diferencias en salud sexual y reproductiva a favor de las zonas con mayor nivel de desarrollo en relación con las más rezagadas.
Se ha implantado más información y acceso a los métodos de planificación familiar, así como a los servicios de conserjería en las zonas urbanas, no así en las rurales.
Se han realizado esfuerzos crecientes para que las mujeres que deban enfrentar un aborto dentro del contexto legal de cada país cuenten con procedimientos y servicios seguros.
Velar en lo que es de competencia parlamentaria por una justa asignación presupuestaria que permita el pleno desarrollo de los planes y programas de salud sexual y reproductiva.
Desarrollar propuestas legislativas que favorezcan la equidad en la distribución de recursos para un mayor bienestar de la población en general y de la mujer en particular.
Diseñar legislación específica que elimine toda forma de discriminación contra la mujer.
Legislar para impulsar las investigaciones en el campo de la sexualidad y la reproducción.
Legislar para fortalecer la información, educación, capacitación y participación en materia de salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta la inducción de programas de educación sexual en las escuelas.
Incentivar los vínculos y la interacción entre los grupos parlamentarios supranacionales.
Control del tabaquismo
Adicción que surge a partir del consumo de cigarros manufacturados, reconocida como una de las causas más importantes en muertes prematuras prevenibles entre los adultos mayores de treinta y cinco años y, por ende, en uno de los problemas de salud prioritaria a nivel mundial.
En consideración el consumo de cigarros entre los adultos y los jóvenes en América Latina se ha convertido en el factor de causalidad más importante en relación con una creciente morbilidad, mortalidad y discapacidad, todas ellas relacionadas con las enfermedades no transmisibles, como el enfisema, cáncer pulmonar, así como diversos problemas cardiovasculares, como la isquemia del miocardio, los accidentes cerebrovasculares y la hipertensión, agregando otros tipos de cáncer y serios problemas en el embarazo, como son bajo peso al nacer y afecciones respiratorias.
Según estadísticas, se calcula que mueren anualmente, por causas relacionadas con el consumo del tabaco, cerca de 670 mil personas en la región de las Américas, de las cuales 135 mil pertenecen a los países de América Latina, cifra que se incrementará a cerca de 500 mil muertes en el año 2020 si no se toman medidas preventivas, de control, protección y asistencia.
Se estima que aproximadamente el 30 por ciento de la población adulta de la región de las Américas es fumadora habitual de cigarros, con un consumo per cápita promedio de mil 500 cigarros al año, y que este nivel de exposición al humo afecta a millones de fumadores y mucho mas, fumadores pasivos, que son forzados a inhalar el humo del tabaco en los más diversos ambientes.
Atentamente
Diputado Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar
(rúbrica)
DE LA DIPUTADA OMEHEIRA LÓPEZ
REYNA, CONCERNIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL DE ADOPCIÓN, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DOMINGO
5 Y LUNES 6 DE OCTUBRE DE 2008 EN MAZATLÁN, SINALOA
Con base en la inquietud de revisar y proponer ideas que agilicen la adopción de niños en México, se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa, el primer Encuentro nacional de adopción, en el que participaron diversos funcionarios públicos federales, coordinado por la senadora María Serrano Serrano.
En el encuentro, que se llevó a cabo en el hotel El Cid, se tocaron temas como la situación actual de la adopción; problemáticas jurídicas, sociales y psicológicas; la cultura de la adopción para niños mayores y con capacidades diferentes; y los procedimientos de adopción en otros países, considerando que actualmente más de la mitad de las adopciones de niños que se hacen en el país son a través de vías ilegales a causa de la serie de trámites y trabas que las parejas de padres tienen que sortear. "Adoptar a un menor no debe ser complicado. Actualmente se deben superar trámites administrativos que parecen interminables", comentó la coordinadora general durante la inauguración.
Distinguieron con su asistencia diferentes funcionarios como la presidenta del DIF nacional, María Cecilia Landerreche Gómez Morín; senadores de la República, magistrados y el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado realizó el 5 y el 6 de octubre el primer Encuentro nacional de adopción, que inauguró la presidenta del Sistema Nacional del DIF, Margarita Zavala.
Especialistas y legisladores analizaron diversas propuestas para agilizar el trámite de adopción que, actualmente, es de un año y medio hasta dos años, con la finalidad de hacerlo más efectivo y seguro, ya que en muchos casos desmotiva a los padres adoptantes, quienes abandonan el proceso.
El presidente de la comisión comentó que en México existen 29 mil niñas, niños y adolescentes que viven en casas-hogar, aunque miles más están en condiciones de desamparo.
Por ello, con el encuentro se pretendió fortalecer la cultura de la adopción en la sociedad, además de analizar el marco legal de este trámite en México, compartiendo las experiencias de los procedimientos de otros países. En todo el país existe una gran diversidad de procesos y establecimientos jurídicos, pero se carece de una ley específica, además de que existe gran inseguridad en los procesos de adopción en 47.7 por ciento de los centros de adopción.
El objetivo de dicho encuentro radicó principalmente en motivar la tarea de analizar el problema, para visualizar la problemática de la adopción y que se puedan proponer soluciones legislativas que agilicen el proceso.
De acuerdo al Consejo Nocional de Población, para 2010, en México habrá más de 29 mil niños sin cuidados familiares, lo cual tendrá un impacto en las instituciones dedicadas a su atención. Por ello, resulta indispensable situar el tema de la adopción en la agenda nacional, como una estrategia vital para atender el derecho de una familia a niños que por diversas circunstancias no tienen padres.
En este sentido, con el propósito de unificar esfuerzos y criterios en el ámbito legal y cultural, encaminados a mejorar los procesos de adopción en cada una de los entidades del país, en Mazatlán se realizó el encuentro en el que participó Laura Barrera Fortoul, director general del DIF Estado de México. El acto fue inaugurado por Margarita Zavala Gómez del Campo, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
En el contexto de esta reunión, el DIF Estado de México se destaca a nivel nacional, no sólo por sus reformas legales en la materia, sino por la conjunción de esfuerzos en la construcción de una cultura de la adopción en la entidad y la reducción sustantiva del proceso, todo ello a través del Consejo Mexiquense de Adopciones, con lo que el organismo asistencial estatal ha logrado incrementar el número de niñas y de niños integrados al amor de una familia, fortaleciendo los esfuerzos en la materia.
En este primer encuentro, cuyo lema fue "El amor no nace de la genética, sino de lo convivencia, el cariño y la responsabilidad", se expusieron conferencias magistrales como "La situación de la adopción en México y las políticas públicas en la materia", "La adopción, problemática jurídica, social y psicológica", así como "La cultura de la adopción para niños mayores y con capacidades diferentes". También se efectuaron los paneles "Los procedimientos de adopción en otros países" y "Visión constitucional y aplicación de acuerdos internacionales en materia de adopción".
En el encuentro participaron autoridades, especialistas y académicos de la Universidad de Valencia de Sinaloa; del Sistema Nacional DIF; de Vida y Familia, A C; del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; del American Academy of Adoption Attorneys; de Pro Adopción, AC, de Venezuela; y de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la asistencia de los sistemas DIF de otras entidades.
Atentamente
Diputada Omeheira López Reyna (rúbrica)
DE LA DIPUTADA OMEHEIRA LÓPEZ
REYNA, CONCERNIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO UNIVERSITARIO
SOBRE TRATA DE PERSONAS, QUE SE LLEVÓ A CABO EL JUEVES 30 DE
OCTUBRE DE 2008 EN ACAPULCO, GUERRERO
El foro permitió generar un conjunto de observaciones y propuestas en torno a este crimen que, aun cuando es un tema que genera indignación en todo el mundo, preocupa que continúe siendo un delito con una rápida expansión, no sólo en el número de víctimas, sino sobre todo en cuanto a su presencia y crecimiento en distintos países.
El acto se enfocó principalmente en llevar un mensaje específico a los jóvenes universitarios para la prevención, debido a que las víctimas de la trata de personas, aunque asumen el valor de denunciar a los tratantes y éstos llegan a ser capturados por las policías, el número de personas sentenciadas a causa de este crimen sigue siendo muy bajo.
Se hizo un atento llamado a la población estudiantil sobre la prevención de "enganchamiento" en los centros de reunión, dándoles estadísticas precisas, ya que esa localidad, por ser un lugar turístico, hace más factible dicha práctica.
Los participantes tuvieron en común hacer llegar a las autoridades judiciales de todos los países, capacitar a los jueces y a todo el sistema de procuración e impartición de justicia, a fin de reducir la impunidad existente en torno a la trata de personas, pues, en el fondo, el hecho de que haya tan pocas sentencias en contra de los tratantes constituye un mensaje a los criminales de que la trata, además de ser un crimen de altas ganancias, también resulta de bajo riesgo en el caso de quien lo perpetra, a pesar de las profundas y terribles implicaciones para sus víctimas.
Se informó que existen instituciones dedicadas a la ayuda a víctimas, que tienen la capacidad no sólo social sino psicológica, donde se intenta reintegrarlas a sus ambientes cotidianos con el mayor grado de protección posible, además de los familiares quienes son victimas indirectas.
Dentro de este foro se propuso una sensibilización de avanzar rápidamente en la capacitación de policías, Ministerios Públicos y jueces, para la identificación de posibles víctimas y ofrecerles un trato digno y humanitario.
Se concluyo que nuestro país falta mucho camino por recorrer en este tema de trata de personas, la protección de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión y la dignidad humana, sin embargo la participación social es fundamental en la prevención del delito y la voluntad de erradicar esta moderna forma de esclavitud, no sólo de nuestro país sino de la humanidad.
Diputada Omeheira López Reyna (rúbrica)
DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
GUTIÉRREZ AGUILAR, DE ACTIVIDADES DURANTE LA DÉCIMA REUNIÓN
DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, REALIZADA EL JUEVES 20 Y EL VIERNES 21
DE NOVIEMBRE DE 2008 EN MONTEVIDEO, REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
Los temas abordados en la décima reunión del Parlamento Latinoamericano fueron el papel de las mujeres en las crisis alimentarias.
La exposición abordo los tópicos sobre:
c) Contribución de las mujeres a la soberanía
alimentaria.
d) Limitaciones al ejercicio de roles.
e) Qué deberían realizar los países
desarrollados.
f) Propuestas tales como acceso a educación de calidad a lo largo de toda la vida-financiamiento de la educación, propiedad de la tierra, no privatización de recursos naturales, acceso al crédito, apoyo a prácticas alternativas, políticas sociales en función de la diversidad y sistema económico global justo. Se puntualizó particularmente en la exposición la necesidad de revisar el concepto de "alimento" atado a la lógica de mercado.
Se abordaron los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, ya que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son uno de los ejes de construcción de ciudadanía y profundización de la convivencia democrática.
De igual manera, los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, así como datos sobre VIH-sida y embarazo adolescente.
Se mencionó la importancia de reconocer y otorgar educación sexual a los niños desde la etapa de jardín y en cada etapa de la vida, pero no sólo en el sistema educativo sino también con el involucramiento de los padres, de igual forma a la relevancia de que la educación sexual sea laica y científica, la necesidad de abordar los aspectos culturales así como la relevancia de la educación de los padres, particularmente en los sectores de bajo nivel.
Otro tema fue "la falta de oportunidades laborales para los jóvenes que padecen VIH-sida". Se habló sobre la importancia de considerar los aspectos culturales en el análisis y combate contra el sida, ya que no se suelen tomar como elementos sustantivos en las estrategias que se llevan a cabo; se sostiene particularmente la necesidad de iniciar la educación sexual a temprana edad y alejada de todo estigma, pero sobre todo que se aborden los aspectos biológicos, éticos, sociales, afectivos, culturales, de género, así como de la identidad sexual.
Las cifras proporcionadas por el coordinador general de la UNESCO para el VIH y el sida; Mark Richmond, indican que sólo un 20 por ciento de las mujeres adolecentes y un 33 por ciento de los hombres adolecentes de entre 15 y 24 años de edad conocen correctamente las formas de prevenir la transmisión del virus. Tale cifras resultan alarmantes si consideramos que "del total de los 33 millones de personas que viven en el mundo con VIH hoy día, 5 millones y medio son jóvenes. Ese dato para América Latina representa 50 mil jóvenes de edades de 15 a 24 años que viven con VIH.
Una de las demandas sociales más recurrentes en los países de nuestra región es la exigencia de mayores oportunidades laborales para los jóvenes que padecen VIH-sida, ya que existe una discriminación hacia ellos; mínimos apoyos y oportunidades para ingresar al mercado laboral; falta de interés del gobierno para abordar los problemas del mercado laboral. Especialmente mejorar las condiciones de acceso a todas las áreas para los jóvenes que padecen VIH-sida.
Es claro que la juventud es una etapa de la vida humana que ha adquirido una especial importancia en los tiempos contemporáneos; sin embargo, la actualidad nos demuestra que existe una discriminación hacia los jóvenes por el simple hecho de serlo.
Los adultos, no debemos olvidar que nosotros algún día fuimos jóvenes, y que también luchamos por el respeto de nuestros derechos y decisiones, en aras de ejercer libremente nuestras ideas.
Los apoyos y oportunidades que tienen los jóvenes hoy día para integrarse al mercado laboral al término de sus estudios profesionales son mínimas; las acciones realizadas por los gobiernos federal y locales para revertir esta situación han sido insuficientes, lo que es preocupante, ya que –como es bien sabido– en la actualidad los jóvenes en el mundo no sólo son mayoría en cantidad respecto al resto de la población, sino que representan la oportunidad de crecimiento y desarrollo de cualquier nación.
Es notorio que la discriminación hacia los jóvenes en el área laboral está al orden del día; un ejemplo muy claro se vive en la mayoría de los estados de la República Mexicana, donde durante el reclutamiento y selección de personal las empresas rechazan a las personas que presentan tatuajes en alguna parte del cuerpo, por muy mínimo que sea.
Otra forma de discriminación es la realización de exámenes de sangre para diagnosticar VIH-sida. Asimismo, se sostiene la necesidad de crear oportunidades laborales para que la delincuencia organizada no se transforme en un mercado de trabajo para los jóvenes que carecen del empleo.
También es motivo de alarma la generación de empleos para los jóvenes profesionistas en México, así como en el mundo, ya que es escasa. Es notorio cómo los gobiernos no han podido generar los mecanismos que incentiven a las empresas para que absorban la demanda laboral de los egresados de las diversas universidades.
Se reconoce la oferta de empleos que no son de calidad y que no satisfacen las demandas de los jóvenes profesionistas de licenciatura, lo cual sólo aporta un creciente desempleo.
Debido a lo anterior, podemos concluir que el problema de falta de oportunidad laboral que enfrentan hoy día miles de jóvenes en el mundo debe ser un tema fundamental que los gobiernos deben afrontar de manera inmediata, es necesario elaborar y desarrollar programas y políticas públicas encaminadas a incentivar el empleo y, en particular, la contratación de jóvenes egresados.
Resulta indispensable abordar el tema de la educación sexual desde el punto de vista objetivo y científico, que permita plantear estrategias alejadas de la demagogia, el racismo y la discriminación, lo cual permitirá abatir la violación de los derechos de los jóvenes que padecen esas enfermedades.
Atentamente
Diputado Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar
(rúbrica)
DE LA DIPUTADA ANA YURIXI LEYVA
PIÑÓN, CONCERNIENTE A LA NOVENA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
DEL PARLATINO, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 3 Y EL JUEVES 4 DE DICIEMBRE
DE 2008 EN LA CIUDAD DE PANAMÁ
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Diputado Javier González Garza
Presidente de la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados
Presente
Sirva este medio para enviarle un atento y cordial saludo, al tiempo que me permito presentar a usted el informe sobre mi participación en la novena reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), celebrada el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre de 2008 en la ciudad de Panamá.
Sin más por el momento, me despido reiterándole las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica)
Novena reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlatino
Ciudad de Panamá, Panamá, 3 y 4 de diciembre de 2008
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlatino sesionó en la ciudad de Panamá el 3 y el 4 de diciembre de 2008.
En la reunión estuvieron presentes los siguientes parlamentarios e invitados especiales:
Parlamentarios
Diputado Francisco Javier Murillo Flores, México.
Senador Javier Castellón Fonseca, México.
Diputado Salvador Arredondo Ibarra, México.
Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, México.
Diputada Susana Richa de Torrijos, segunda vicepresidenta
de la comisión, presidenta de la reunión, Panamá.
Diputado Mario Morel Pintos, Paraguay.
Diputado Rodrigo Goñi, Uruguay.
Diputado Pablo Álvarez, Uruguay.
Diputada Doreen Ibarra (Parlamento Cultural del Mercosur,
Parcum, presidenta), Uruguay.
Diputado José Mahía (Parcum), Uruguay.
Diputado Washington Abdala (Parcum), Uruguay.
Diputado Álvaro Alonso (Parcum), Uruguay.
Diputado Vidal Cisneros, Venezuela.
Profesora Luzmila Sánchez Cosío, Confederación
de Educadores Americanos, Panamá.
Señora Margarita Grimaldi, secretaria técnica
del Parcum, Uruguay.
Camilla Croso, Campaña Latinoamericana por el Derecho
a la Educación, Brasil.
Alfredo H. Costa-Filho, Grupo Brasileño de Apoyo
al Parlatino del Congreso Nacional, Brasil.
Débora Ramos Torres, Instituto Internacional de Educación Superior de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Venezuela.
Juan Árraga, secretario Grupo Uruguayo, Uruguay.
Pablo Serrano, secretario técnico, México.
Punto 2: Presentación del Parcum.
Punto 3: Informe sobre la Red de Parlamentarios
por una Educación para Todos y Todas (Parlared).
Punto 4: Panel "La no discriminación en
la educación". Debate y resoluciones.
Punto 5: Proyecto de integración cultural
a través de la radio y la televisión.
Punto 6: Asuntos varios e intervenciones de invitados
especiales.
Respecto a cada uno de los puntos del orden del día se llegó a las siguientes conclusiones y acuerdos:
El Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina se encuentra en proceso de actualización y revisión. Se están haciendo gestiones para realizar seminarios-taller sobre el plan, en los países miembros del Parlatino, para directores de unidades educativas, con énfasis, pero no de forma excluyente, en las que pertenecen a la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO.
Está en proceso de asignación a la Coordinación Técnica del Parlatino de un profesional que se encargará de estas gestiones y de su seguimiento.
La ejecución y divulgación del plan están estrechamente relacionadas con la Parlared.
El proyecto La factibilidad Cultural en la Planificación del Desarrollo también se encuentra en proceso de revisión y actualización. Se está programando la realización de un seminario de capacitación de capacitadores, en 2009 en La Habana, ciudad sede de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, con apoyo de Virtual Educa.
Se recordó mi intervención en la anterior reunión de la comisión, en Santiago de Chile, en julio de este año, en la que informé que en 2003, por iniciativa del senador mexicano Marco Adame Castillo se impulsó en el Senado mexicano una reforma legislativa orientada a incorporar en la Ley de Planeación nacional la realización obligatoria de estudios de factibilidad cultural.
En esa Cámara, la reforma fue aprobada por unanimidad. En la actualidad, el proyecto se encuentra en la Comisión de Gobernación de la Cámara, a la cual a principios de julio de 2008 se solicitó que gestionase una respuesta urgente, a través de la respectiva nota excitativa.
Con ese antecedente, se solicitó a los legisladores mexicanos presentes sus buenos oficios para que se apruebe tal reforma legislativa, con lo cual México sería el primer país en tener en su ley la obligatoriedad de realizar la evaluación cultural de planes, programas y proyectos.
La Conferencia Interparlamentaria sobre Actividades Legislativas Relacionadas con el Uso de TIC Aplicadas a la Educación se realizará en la ciudad de Panamá, el 4 y el 5 de junio, con apoyo de Virtual Educa. Está en proceso de revisión el perfil del proyecto originalmente preparado, pero se ratifica que los temas centrales –sin perjuicio de que en el futuro se puedan incluir otros si la directiva de la comisión lo aprueba y de común acuerdo con Virtual Educa– son la armonización legislativa como elemento esencial de la integración; las TIC aplicadas en la educación en América Latina: presentación por países; y análisis de las materias en las cuales se impulsará prioritariamente la armonización legislativa respecto a la aplicación de las TIC a la educación.
Sobre el Foro Cultural Latinoamericano (2010), se informó que el coordinador, señor Roberto Malta, no pudo concurrir a la reunión debido a que en la misma fecha se realiza una asamblea relacionada con la organización de ese importante encuentro.
El señor Malta informó que el ministro de Cultura de Brasil, señor Marcelo Dantas, ha comprometido el apoyo de ese portafolio a la iniciativa. También se ha involucrado la Red Latinoamericana de Promotores Culturales, con cuya presidenta, doctora Pilar Ramos, se analiza la incorporación de los 24 núcleos de la red en la organización del foro. Finalmente se informó que se organizan actos preparatorios del foro y que en marzo de 2009 se iniciará una amplia divulgación, cuyos detalles, en especial la página de Internet que tendrá, serán oportunamente comunicados a la comisión.
Se infirmó que en Montevideo, en abril de 2009, se realizará una reunión para tratar el tema de la cultura como factor de inclusión social, a la que está invitada la comisión.
Se hizo referencia en concreto a algunas de las realizaciones del Parcum, con énfasis en las actividades docentes realizadas en Argentina, en especial las maestrías en gestión cultural, así como a los reconocimientos que ha hecho el Parcum a personas y agentes que se han destacado por su aporte a la cultura. Se mencionó que se ha logrado un importante conocimiento y comprensión del panorama cultural de la región, sumamente amplio y complejo, y que se ha identificado con claridad el importante papel de la cultura en la generación de empleo y de ingresos y, en general, en el combate de la pobreza y la promoción del desarrollo.
Además, habló de un proceso que está en estudio, referente a la reforma del sitio web. El doctor Astorga comunicó que el secretario general de Virtual Educa, señor José María Antón, llegaría a Panamá para tener una reunión tripartita Parlatino-Virtual Educa-UNESCO, a fin de analizar un posible apoyo técnico de Virtual Educa para la ejecución de los proyectos a cuyos perfiles acaba de referirse.
Finalmente, insistió en la necesidad de que los Parlamentos nacionales nombren los puntos focales de la red.
También se señaló la necesidad de tener claro el concepto de derecho, el cual ha sido afectando negativamente por la retórica y el reduccionismo. Señala que debido a que Latinoamérica es la región más inicua del mundo, probablemente allí es donde también se presentan los mayores problemas de discriminación. Se exhortó a los presentes a realizar en los casos en que sea necesario las acciones conducentes a la ratificación de los compromisos existentes, en especial la convención de la UNESCO de 1960 sobre la no discriminación en la esfera de la educación.
Se concluyó con la mención del papel de la educación en el problema de la discriminación y sobre el papel del medio legislativo en ese importante asunto.
El proyecto constará de una oficina equipada con aparatos de última generación para el almacenaje y la edición de material audiovisual, operada inicialmente por un especialista en la materia. La dirección del proyecto será responsabilidad de un comité interinstitucional, presidido por el Parlatino, y la administración estará a cargo de la sede permanente de Parlamento Latinoamericano, donde funcionará la oficina del proyecto.
- Undécima reunión, en Buenos Aires, Argentina, el 2 y el 3 de noviembre de 2009, en el marco del décimo encuentro internacional Virtual Educa Buenos Aires 2009.
Finalmente, se aprobaron como acuerdos y resoluciones de la comisión los siguientes:
b) Comprometerse en la ratificación de los instrumentos internacionales relacionados en general con la educación, la ciencia y la cultura.
c) Nombrar los puntos focales de cada Parlamento, para la Parlared.
d) Identificar nuevos temas para la agenda de la comisión y establecer los mecanismos operativos necesarios para llevarlos adelante, principalmente diferenciándolos por áreas: educación, cultura, ciencia, tecnología y comunicación.
DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS ESPINOSA
PIÑA, SOBRE LA DECIMOSÉPTIMA REUNIÓN ANUAL DEL FORO
PARLAMENTARIO DE ASIA Y DEL PACÍFICO, CELEBRADA DEL DOMINGO 11 AL
JUEVES 15 DE ENERO DE 2009 EN VIENTIANE, LAOS
En representación de de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a solicitud del diputado César Duarte Jáquez, participé en la decimoséptima reunión anual del Foro Parlamentario de Asia y del Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés), celebrada en la República de Laos del 11 al 15 de enero de 2009.
Por la Cámara de Diputados, asistieron José Luis Espinosa Piña, María Eugenia Campos Galván, Lourdes Quiñones Canales, Carlos Armando Reyes López y Érick López Barriga.
El APPF fue creado formalmente en Tokio en 1993, donde 59 parlamentarios de 15 naciones aprobaron el acta de fundación de la organización, la Declaración de Tokio.
El APPF busca brindar oportunidades para que los parlamentarios de la región Asia-Pacífico identifiquen y discutan asuntos de interés y preocupación comunes, desde un contexto global, y profundicen en su comprensión de los asuntos de política, intereses y experiencias de los países de la región; examinen los asuntos políticos, sociales y culturales resultantes del crecimiento e integración económicas; alienten y promuevan la cooperación regional a todos los niveles sobre materias de interés común a la región; y desempeñen las funciones de parlamentarios nacionales para promover en sus países un sentido de cohesión, comprensión y cooperación regional.
Entre los principios rectores del APPF se encuentran el compromiso de un diálogo franco y constructivo; el respeto igualitario para los puntos de vista de todos los participantes y el reconocimiento total de las funciones desempeñadas por los gobiernos, las comunidades de negocios, las organizaciones laborales, los institutos de investigación y otros actores.
El APPF promueve mayor identificación y cooperación regional, con hincapié particular en: la cooperación para el mayor avance de la paz, la libertad, la democracia, y la prosperidad, la cooperación abierta y no exclusiva para la expansión del libre comercio y la inversión, el desarrollo sostenible y las sanas prácticas ambientales, e impulsa los asuntos relacionados con la paz y seguridad regionales.
Los Estados miembros son Australia, Camboya, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Ecuador, Estados Federados de Micronesia, Estados Unidos, Fiji, Filipinas, Indonesia, Islas Marshall, Japón, Laos, Malasia, México, Mongolia, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
En la decimoséptima reunión anual del APPF, celebrada en Laos, participaron más de 240 delegados, en representación de 23 países. En el discurso de apertura, el presidente de la Asamblea Nacional de Laos, Thongsing Thammavong, calificó el encuentro como un símbolo de amistad y cooperación entre las naciones de la región y subrayó la necesidad de impulsar la colaboración, el intercambio de experiencias y la eficiente ayuda mutua en aras del desarrollo socioeconómico de cada país, en contribución activa a la paz, prosperidad y la reducción de distancia del desarrollo en la región.
Asimismo, exhortó a los delegados a brindar activos aportes y encontrar medidas comunes para superar los desafíos que se enfrenta el mundo, con vistas a fortalecer la colaboración y el progreso en el área y el planeta.
Desde el inicio quedó de manifiesto que las naciones están desplegando esfuerzos a fin de promover la cooperación para el desarrollo y de mantener paz. Al mismo tiempo, la comunidad internacional también está haciendo frente a muchos desafíos, como la crisis financiera, el cambio climático, las catástrofes naturales y la escasez de productos alimenticios en varios países, así como los problemas energéticos, que influyeron negativamente en el desarrollo de todos los países.
La delegación mexicana fue una de las más participativas, dado que los temas ahí discutidos son de gran interés, por ser éstos competencia de nuestro país (excepto en los asuntos de carácter regional).
Las 16 importantes resoluciones a que llegaron los parlamentarios de los Estados miembros en la decimoséptima reunión anual del APPF fueron las siguientes:
1. Superación de la crisis financiera y global
La resolución estuvo patrocinada por México, Japón y Rusia. Se dejó de manifiesto que la crisis financiera del mundo de hoy es uno de los desafíos económicos más serios a que la comunidad del mundo ha hecho frente, donde queda expresada la preocupación por el efecto de la crisis financiera internacional y, particularmente, los desafíos que plantea la estabilidad financiera y al desarrollo económico en los países de Asia-Pacífico.
Asimismo, se afirmó que las causas principales de la crisis económica son los desequilibrios del mercado financiero y las políticas económicas instauradas por algunos países, donde los participantes del mercado buscaron producciones más altas sin un aprecio adecuado de los riesgos y no pudieron ejercer en su momento las medidas apropiadas.
Se expresó la confianza firme en que los países de Asia-Pacífico, con su desarrollo humano y potencial tecnológico, lograrán convertirse en impulsores del desarrollo económico del mundo sostenible en el futuro.
2. Avanzar en las negociaciones de la Ronda de Doha
En la resolución quedaron expresadas las siguientes consideraciones: la preocupación por la falta de voluntad para avanzar en las negociaciones de la Ronda de Doha acordadas en julio de 2008 en Ginebra, así como solicitar a los países en vías de desarrollo que pidan reducciones en impuestos en materia de la seguridad alimentaria, seguridad de la subsistencia y del desarrollo rural; que los países más avanzados asuman su responsabilidad y tomen decisiones adecuadas a su nivel de desarrollo y competitividad sectorial; fomentar que los países en vías de desarrollo puedan establecer políticas para mejorar la productividad y el desarrollo de la agricultura y que los miembros de la OMC trabajen con las premisas de colaboración colectiva y establecer una base sólida para la conclusión de las negociaciones de la Ronda de Doha.
3. Promover el turismo sustentable
Se estableció en esta resolución que el turismo es una industria imprescindible que tiene una significación económica, social y ambiental global, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde una porción grande de la economía depende del turismo y de las industrias turísticas. Por ello se propone que haya una mejor planeación para el turismo y hacer lo necesario en acciones hacia la mejora de servicios sociales turísticos, así como mantener la cooperación entre el gobierno, el sector privado y las comunidades locales hacia una acción más participativa respecto al desarrollo de la industria y a la conservación cultural de los recursos y para promover el desarrollo de los proyectos turísticos de la infraestructura y fijar un mecanismo que impulse la cooperación en la promoción del desarrollo de turismo sostenible, particularmente los países menos desarrollados, con el intercambio de información y experiencia, coordinación de las políticas del turismo y programas en áreas de comercialización, entrenamiento, investigación e información y difusión.
4. Seguridad energética
La resolución en seguridad energética deja claro que es un asunto fundamental en el desarrollo económico de naciones de todo el mundo la prosperidad futura y la competitividad total de la región. Los países miembros están convencidos de la necesidad de desarrollar una amplia gama de la investigación sobre combustibles biológicos alternativos de los recursos energéticos, como la energía hidráulica, la solar y la eólica, la biomasa o la energía geotérmica; por ello es importante promover el uso eficiente de la energía y asegurar la seguridad energética en economías de Asia y del Pacífico.
Se acordó que se apoyen los esfuerzos hechos por los gobiernos de los Estados miembros del APPF para promover la cooperación en programas de energía para todos los países en la región Asia-Pacífico y de diseñar los programas de desarrollo sostenibles de energía, reforzar el intercambio público de políticas, distribución de mejores prácticas y la inversión común con el desarrollo y el uso de las tecnologías avanzadas que ayudarán a enfrentar los desafíos del calentamiento del planeta y reducir emisiones de contaminantes.
5. Seguridad alimentaria
Con esta resolución se debe tener presente que, según la FAO, la seguridad alimentaria existe "cuando toda la gente tiene siempre acceso a alimento suficiente, seguro y nutritivo para resolver su necesidades". El reconocimiento de la importancia de la seguridad alimentaria ha comenzado a ser discutido como asunto crítico en países miembros del APPF. Por ello se pronunciaron por liberalizar el comercio agrícola y quitar las barreras comerciales y todas las formas de proteccionismo, incluidos los subsidios, que afectan el comercio agrícola internacional. De igual forma, se exhorta a los gobiernos a mejorar el estándar de vida de los campesinos en países en vías de desarrollo, así como a los miembros del APPF para que sus gobiernos puedan tomar medidas apropiadas para hacer frente al cambio de clima y a los desastres naturales que afectan la seguridad alimentaria.
6. Situación económica mundial
Esta resolución señala las consecuencias de la crisis financiera internacional y de sus repercusiones en la economía mundial, particularmente sus efectos nocivos sobre los países en vías de desarrollo. Se hace un llamado a gobiernos y a organizaciones intergubernamentales para garantizar la educación básica para todos los ciudadanos, sin importar la situación económica de cada país, que impulse a los Parlamentos nacionales a asegurar la puesta en práctica de las leyes para que las autoridades reguladoras nacionales puedan prevenir la inestabilidad de los mercados financieros y que los miembros del APPF encuentren mecanismos para que ante los gobiernos de países desarrollados busquen soluciones a los problemas económicos
7. Incrementar el nivel de flujo comercial y capital en el área Asia-Pacífico
El resolutivo hace un llamado a actuar de manera rápida ante la situación económica global, tomando todas las medidas económicas y financieras necesarias para resolver la crisis e impulsar todas las estrategias que permitan reducir índices de pobreza en las comunidades locales a través de una gama de medidas, incluyendo iniciativas ambientales, responsabilidad social corporativa, gerencia de la innovación, sociedades público-privadas e integración económica regional, buscando siempre el incremento del flujo comercial y de capital entre los países miembros.
8. Seguridad política en la región Asia-Pacífico
Resolución que expresa y fortalece la declaración para luchar contra el terrorismo internacional y otros nuevos desafíos, como la proliferación de armas de destrucción total, una amenaza directa para nuestro concepto de sociedades libres, pacíficas y prósperas. Por ello se pronunciaron por la cooperación para asegurarse de que el flujo de gente, mercancías, servicios y las inversiones siguen siendo seguras y abiertas, libres de atentados terroristas, y que las economías y los mercados funcionan adecuadamente.
9. Desarme nuclear en la península de Corea
La resolución hace un llamado a restaurar la paz y la estabilidad de la península de Corea, ya que forma parte de la seguridad en el mundo, de ahí la importancia de efectuar acuerdos y negociaciones.
10. Reforzar la paz y la seguridad en el sudeste asiático
Esta resolución impulsa la consolidación de la paz y la seguridad en el sudeste asiático, con la voluntad de los gobiernos y la población para vivir en paz y prosperidad en la comunidad de la asociación de naciones, lo que implica fortalecer los diálogos basados en la confianza mutua, intereses y la comprensión para solucionar los conflictos políticos que pueden presentarse en la región.
11. Procesos de pacificación del Medio Oriente
La resolución exhorta a lograr el proceso de paz de Medio Oriente que permita el entendimiento entre Israel y Palestina.
12. Uso de municiones de racimo
Esta resolución condena el uso de las municiones de racimo, dadas las consecuencias terribles para los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico que el uso de las municiones de racimo tiene para la gente de todo el mundo.
13. Terrorismo
La resolución expresa el reproche de los países miembros contra las amenazas a la paz y seguridad internacionales por los actos terroristas, por lo que se llama a todos los estados para acceder y aplicar todas las convenciones y protocolos del contraterrorismo que mandata Naciones Unidas; por ello la importancia de acuerdos bilaterales y multilaterales de prevenir, de combatir y de responder a los actos de terrorismo.
14. Cambio climático y ambiente
Esta resolución es de las más importantes, ya que se reconoce que el cambio de clima y los problemas ambientales son globales y potencialmente representan el desafío más severo para toda la humanidad, por lo que se hace un serio llamado a que los gobiernos adopten medidas suficientes para la reducción de emisiones y continuar acciones y compromisos importantes en favor del planeta y de la humanidad.
15. Cuotas de género en los Parlamentos
Resolución que permite la acción de políticas integradas para la promoción de la igualdad de género en el proceso de desarrollo y en las actividades que den participación significativa y genuina de mujeres, de ahí la importancia de que países miembros del APPF puedan adoptar la legislación apropiada que promueva equidad de género, incluida la participación de más mujeres en el Parlamento.
16. Combatir la corrupción
La resolución propone enfrentar decisivamente el problema de la corrupción, instaurando con ello estrategias, como impulsar en los Parlamentos y en los gobiernos de los Estados de Asia-Pacífico esfuerzos colectivos para combatir la corrupción y redes ilícitas, siempre con compromisos de gobiernos transparentes y responsables.
Comentarios finales
El suscrito participó en la construcción de las resoluciones siguientes: promoción del turismo sustentable, seguridad energética y situación económica mundial.
La participación y el intercambio de puntos de vista y experiencias en temas comunes son de atención necesaria e impostergable entre los países de la región Asia-Pacífico, ya que en la agenda de todos se expresan los resolutivos mencionados. De ahí la importancia de la participación, las reflexiones, las propuestas y, sobre todo, el compromiso que todos seamos capaces de asumir.
Atentamente
Diputado José Luis Espinosa Piña (rúbrica)
DEL DIPUTADO ITZCÓATL TONATIUH
BRAVO PADILLA, CONCERNIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL CONSEJO DE RECTORES DEL CONSORCIO DE UNIVERSIDADES MEXICANAS,
REALIZADA EL VIERNES 16 DE ENERO DE 2009, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO
1. Introducción
El documento integra la información correspondiente al trabajo realizado por el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, en su participación en la primera sesión ordinaria del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex), celebrada el viernes 16 de enero de 2009, en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Jalisco.
2. Antecedentes
Mediante oficio número RGS/I/396/2008, de fecha 7 de enero de 2009, se realizó invitación al diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla para participar en la sesión de referencia.
3. Objetivo general de la sesión
Intercambiar impresiones sobre la situación actual de la educación superior del país.
4. Participantes
Se contó con la participaron del cirujano dentista Luis Gil Borja, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas; el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior; el licenciado Miguel Ángel Martínez Espinosa, secretario de Educación de Jalisco; el doctor en química Rafael López Castañares, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; el doctor Marco Cortés Guardado, rector de la Universidad de Guadalajara; el doctor Javier de la Garza Aguilar, coordinador general de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior; y el doctor Javier Orozco Alvarado, rector del Centro Universitario de la Costa Sur de Puerto Vallarta.
5. Desarrollo de la reunión
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla participó como miembro de presídium y escuchó los planteamientos de los integrantes del Cumex sobre la manera de contribuir en la construcción de un espacio de calidad de la educación superior del país. Asimismo, dirigió un mensaje en donde enfatizó la necesidad de consolidar al Cumex como un referente obligado para las reformas hacia la mejora de la calidad en la educación superior en su conjunto.
Así, la reunión se desarrolló conforme el siguiente orden del día:
DEL DIPUTADO JUAN MANUEL PARÁS
GONZÁLEZ, RELATIVO A SU PARTICIPACIÓN EN LA DECIMOCTAVA REUNIÓN
DE LA CONFERENCIA PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS, REALIZADA DEL JUEVES
22 AL LUNES 26 DE ENERO DE 2009 EN LA CIUDAD DE CALAFATE, PROVINCIA DE
SANTA CRUZ, ARGENTINA
Palacio Legislativo de San Lázaro, a febrero de 2009.
Diputado Javier González Garza
Presidente de la Junta de Coordinación Política
Presente
Anteponiendo un cordial saludo le hago llegar el informe de mi participación en la decimoctava reunión de la Conferencia Parlamentaria de las Américas (Copa), la cual tuvo lugar en la ciudad de Calafate, provincia de Santa Cruz, Argentina, del 22 al 26 de enero de 2009.
En dicha reunión tuve la oportunidad de ser delegado representante, participé en cada uno de los debates y reuniones llevados a cabo.
A la reunión asistieron legisladores de las cinco regiones de la Copa: Norte América, América Central, el Caribe, Región Andina, Cono Sur.
Siendo los países participantes los siguientes: Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Haití, Jamaica, Surinam, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.
Los legisladores que tuvimos la fortuna de representar al Congreso mexicano fuimos diputado Martín Malagón Ríos (representante del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos ante la Copa), senador Eduardo Nava Bolaños (representante de la secretaria ejecutiva de la Copa, diputada Cristina Sáenz Vargas), senador Tomás Torres Mercado (delegado permanente de la Copa), diputado Eduardo Ortiz Hernández (presidente de la Comisión de Economía, Comercio, Trabajo, Competitividad y Bloques Comerciales), diputado Pascual Bellizia Rosique (vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable), diputado Humberto Zazueta (delegado permanente de la Copa), diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes (delegada permanente de la Copa), diputado Juan Manuel Parás González.
En el programa establecido para la Reunión se analizaron los siguientes temas:
Conferencia II. Fusión cultural y respeto a los pueblos originarios, por el licenciado Roberto Guetti, de Buenos Aires, Argentina.
Conferencia III. Crisis económica, por el doctor Alejandro Otero, de Buenos Aires, Argentina.
Conferencia IV. Derechos humanos en América, niñez y migración, por el licenciado Gabriel Lerner, de Córdoba, Argentina.
Conferencia V. Violencia contra la Mujer, por la senadora María Perceval, de la provincia de Mendoza, Argentina.
A continuación me permitiré realizar una reseña de lo dicho en cada una de las conferencias.
Conferencia I. Integración estratégica de las Américas
Conferencia de la Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública, a cargo de la Coordinación Nacional de URSA.
El objetivo de esta conferencia fue establecer la importancia del proceso de planificación y consenso, desarrollado en el marco de la iniciativa URSA, por los 12 países sudamericanos para la identificación de los proyectos de infraestructura necesarios para la integración estratégica de la región.
En este tema tan importante, el senador Eduardo Nava Bolaños tuvo una intervención destacada, mencionando que la desaceleración económica ha tenido un importante impacto en América Latina, por lo que ha sido necesario enfrentar los problemas globales con soluciones globales, puesto que en todos los países latinoamericanos y del Caribe se tienen historia, valores y tradiciones comunes.
Destacó que juntos podemos hacer frente no sólo a los problemas económicos, sino también a los relativos a la crisis alimentaria, entre otros. Por ende, es necesario reconocer nuestra interdependencia.
Conferencia II. Fusión cultural y respeto a los pueblos originarios
Se debatió sobre los procesos históricos que han vivido los pueblos originarios en América, los cuales han pasado de ser sujetos de exterminio a la incorporación como trabajadores calificados, hasta la integración entre regiones.
Se manifestó que con la ruptura de la hegemonía de una cultura superior a la que deben incorporarse integrarse y fusionarse las demás, la relación debe establecerse desde el respeto a la diversidad, a través de intercambios que permitan configurar nuevamente las estructuras y prácticas políticas y sociales que son causa de discriminación y subestimación. Se debe buscar una auténtica política intercultural, basada ante todo en el respeto a la diversidad cultural y étnica de los continentes.
Conferencia III. Crisis económica y repercusiones en América
Se planteó el tema desde una perspectiva reciente de la economía política, así los como orígenes y aspectos que son causas de largo plazo e inmediatas; así como el rol de Estados Unidos de América, semejanzas y diferencias con la crisis de 1929. También se discutió sobre el papel del Estado en la crisis.
Se señaló que es importante mencionar que no sólo la crisis hipotecaria ha sido la causante de este desajuste económico global, sino que además existieron otras razones tales como los costos que Estados Unidos de América deben enfrentar con motivo de sus intervenciones militares en Oriente; así como su deuda externa, su sociedad endeudada a través de diversos créditos, un fuerte déficit comercial y un dólar sobrevaluado.
Se mencionó que el impacto mundial y en las diferentes regiones no es menos grave, destacándose que no sólo afecta el desarrollo económico, sino que también paraliza muchas propuestas de crecimiento en la mayoría de los países del orbe.
Se recalcó que es urgente buscar soluciones conjuntas, y no con una visión aislada.
Sobre su efecto en América, se mencionó que los mercados financieros cayeron significativamente el 14 de agosto de 2007.
La reserva federal de Estados Unidos de América adoptó un programa para fortalecer su economía, y a pesar de ello el dólar se fue a valores históricamente mínimos. Como consecuencia de ello los mercados latinoamericanos se desplomaron y las principales acciones perdieron importantes valores porcentuales.
Según la Cepal, se considera que América Latina podría ser afectada por la crisis y los recientes éxitos macroeconómicos tendrán obstáculos para su buen rendimiento.
Se señaló que, no obstante a los esfuerzos internacionales y sus respectivos efectos, en nuestra región las sociedades y países parecen aún atados a la herencia de lo que prevaleció en el pasado siglo, lo que conlleva a prácticas arcaicas ante la sociedad y en la función pública.
Se mocionó que los dirigentes deben impulsar con mayor ahínco la aplicación de soluciones a través de diagnósticos que puedan profundizar la integración económica regional y fortalecer los mecanismos de cooperación continental y regional como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre otros.
Por último, se destacó que los legisladores podemos contribuir revisando las legislaciones con el fin de lograr mecanismos viables que promuevan el desarrollo, atraigan inversión y aseguren lo mayor posible a las economías, afrontando la crisis desde una perspectiva de unidad, integración y cooperación mutua.
Conferencia IV. Derechos humanos en América, niñez y migración
Los niños, niñas y adolescentes ven afectadas sustancialmente sus vidas cuando se ven involucrados en los cambios culturales, en las desigualdades establecidas por la sociedad misma, las cuales han dado una dimensión diferente a lo que hoy en día parece ser un proceso indetenible e insostenible por todas las naciones, lo migración.
Así también, las amenazas de toda índole de que son objeto demandan de una respuesta a través de acciones y soluciones urgentes, que conlleven entre sí, la cooperación internacional y que reparen pero sobre todo prevengan sus efectos.
Dentro del programa de la reunión, se llevó a cabo el informe de la presidencia sobre las actividades realizadas a la fecha. Destacaron las giras a Cuba, Canadá y Costa Rica. Se señaló que en estos países se tuvo un encuentro con el equipo del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), donde se intercambiaron puntos de vista de acuerdo al proceso de fusión FIPA-Copa.
Sobre estas reuniones se mencionó que un senador del FIPA, de Chile, sugirió que la Copa tuviera mayor protagonismo en el proceso de fusión de ambos organismos y se acordó que se analizaría el tema.
Por otra parte, la presidenta de la Red de Mujeres, señalo que la convocatoria a la reunión de Mujeres Parlamentarias de todo el Continente, será en Venezuela del 13 al 15 del próximo mayo.
Por su parte, el asambleísta Féliz Ortiz, expuso el plan para América del Norte y destacó la importancia de futuras reuniones regionales de América del Norte para temas tales como Democracia y Migración; y sugirió que se llevara a cabo en Nueva York la reunión del Comité Ejecutivo de la Copa en 2010.
Además se trató el tema de los observadores permanentes, el cual fue ampliamente discutido y analizado. Para ello el senador Nava preparó un documento que establecía un mecanismo de orden en el debate.
En este documento se menciona que en la reunión, llevada a cabo en Los Ángeles del 22 al 25 de junio de 2007, el Comité Ejecutivo de la Copa aprobó el resolutivo por el Pleno de la Asamblea del Comité Ejecutivo para admitir nuevos congresos o parlamentos locales o regionales, federales y federados de otras latitudes del mundo en calidad de miembros invitados como observadores permanentes en la Confederación Parlamentaria de las Américas.
Por lo que, al existir tal acuerdo, mencionó, es importante que se incluya el tema de los observadores permanentes en los documentos básicos de la Copa y que a la par se creará un apartado sobre los derechos y obligaciones, así como las consideraciones para la inclusión de dichos observadores en la Copa.
Señalo que en la octava asamblea general de la Copa, derivado del acuerdo de Los Ángeles, diversos legisladores de los países miembros del Comité Ejecutivo presentaron las propuestas de solicitud de inclusión de miembros como observadores de congresos de otras regiones y países del mundo, destacándose los siguientes: Parlamento de Japón, Yuen legislativo de la República de China (Taiwán), Parlamento de Australia, Congreso Nacional de Singapur, Parlamento Vasco, Duma Rusa, Corte Legislativa de España, Cámaras Legislativas de Francia, entre otros.
Asimismo, se propusieron en este documento los parámetros para ser considerados observadores permanentes de la Copa, así también, se proporcionó un estudio de factibilidad sobre la incorporación de los congresos que han solicitado su adhesión, señalándose que después del análisis de cada una de las propuestas se puede considerar que las cumplen con prácticamente todos los requisitos y que aquellas que aún no lo hacen, se les solicitará que los completen con la mayor brevedad, acordándose por consenso lo planteado.
Es de señalarse que a partir de la decimoctava reunión de Comité Ejecutivo, la Asamblea Popular de China es el primer miembro observador permanente de la Copa.
Acuerdos destacados
Se consintió la realización del Seminario sobre competitividad e implicaciones para América de la crisis económica mundial. El diputado Ortiz expuso los intereses del acuerdo, y convino con el senador Milton Rodríguez, de Colombia, la posibilidad de que ese país pueda ser sede de los trabajos de este encuentro en abril de 2009.
Fueron aprobados los logros de las comisiones durante la Asamblea General de la Copa realizada en México.
Fue aprobada, la creación de segundas vicepresidencias en cada comisión, y se recibieron propuestas para su integración.
Se acordó la sede de la ciudad de Salta, Argentina, para la novena asamblea general de la Copa, por realizarse del 22 al 27 de agosto de 2009.
Asuntos generales
Se abordó el tema de Haití, que está viviendo ocupaciones por parte de la ONU, por lo que se acordó que se conforme una delegación de la Copa para que asista y verifique qué tipo de operaciones realizan las fuerzas en dicho territorio.
Se aprobó la postura de la Copa ante el conflicto en Oriente Medio y el rechazo a las muertes de civiles.
Jamaica pidió la sede del Comité Ejecutivo para 2010 y quedó aprobado que en enero de ese año se realizará en ese país la reunión.
Se confirmo que la décima asamblea general se realizará en Argentina, en Buenos Aires, o en Mar de la Plata, y la ciudad de Quebec albergará la asamblea general de 2011.
Por último, se confirmó la delegación permanente de la Copa ante la Unión Interparlamentaria Mundial.
En los cambios al Comité Ejecutivo, el senador Eduardo Nava Bolaños asume como vicepresidente para América del Norte y el diputado Pascual Bellizia Rosique como vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Fin de los trabajos.
Atentamente
Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica)
DEL DIPUTADO SALVADOR ARREDONDO
IBARRA, RELATIVO A LA OCTAVA REUNIÓN DEL FORO SOCIAL MUNDIAL, EFECTUADA
DEL MARTES 27 DE ENERO AL DOMINGO 1 DE FEBRERO DE 2009 EN BELÉM
DO PARÁ, BRASIL
Antecedentes
El Foro Social Mundial (FSM) es un espacio abierto de reunión plural, diverso, no gubernamental ni partidista, que estimula de forma descentralizada el debate, la reflexión, la formulación de propuestas, el intercambio de experiencias, la relación entre organizaciones y movimientos comprometidos en acciones concretas, en los planos local e internacional, para construir otro mundo más solidario, democrático y justo.
Las tres primeras reuniones del FSM y la quinta tuvieron lugar en Porto Alegre, Río Grande do Sul (Brasil), en 2001, 2002, 2003 y 2005. En 2004 fue celebrada por primera vez fuera de Brasil, en India. En 2006, siempre en expansión, el FSM ha ocurrido de forma descentralizada en países de tres continentes: Mali (África), Pakistán (Asia) y Venezuela (América). En 2007 volvió a suceder de manera descentralizada en Kenya (África).
El FSM ha tornado evidente la capacidad de movilización que la sociedad civil puede adquirir cuando se organiza a partir de nuevas formas de acción política, caracterizadas por la valorización de la diversidad y de la corresponsabilidad.
El éxito de la primera edición se tradujo en la creación del Consejo Internacional que, en su reunión de fundación, en 2001, aprobó una carta de principios para garantizar el mantenimiento del FSM como espacio y proceso permanente de búsqueda y construcción de alternativas al neoliberalismo. Los foros sociales se hacen locales, regionales, nacionales y temáticos en todo el mundo, sobre la base de la carta de principios. El 26 de enero de 2008, para conmemorar este proceso, se declaró en todo el mundo el Día de Acción y Movilización Global.
Para 2009, el FSM se realizó del 27 de enero al 1 de febrero en Belém do Para, Brasil, al cual tuve el honor de asistir por acuerdo de la Junta de Coordinación Política e invitación del Parlamento Latinoamericano, como integrante de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Comunicación. De conformidad con el acuerdo de fecha 21 de abril de 2006 de la Junta de Coordinación Política, rindo el siguiente informe:
Hechos
Debido a la premura de la toma de decisión y a la ocupación de vuelos y hoteles sobre la asistencia al FSM, pude llegar a Belém do Pará el 29 de enero de 2009, por la noche.
El 30 de enero acudí a la sede del FSM para registrar mi inscripción y participación en las ponencias y asistir a las que me fuera posible, debido a la gran cantidad de éstas. La primera ponencia a que asistí fue "La verdad universal como principio de pacificación en el planeta Tierra", propuesta por la Fundación Educativa y Cultural Amazona Viva, impartida en la Universidad Federal do Pará.
De las 12:00 a las 15:00 horas asistí a la ponencia "Presentación del Ejecutivo Nacional de los Estudiantes de Educación", a cargo del Ejecutivo Nacional de Estudiantes de Educación Física, en las instalaciones de la Universidad Federal do Pará.
A las 15:30 horas acudí a la ponencia "La lucha de las mujeres por una América independiente y solidaria", propuesta por la oficina regional de la Federación Democrática Internacional de la Mujer, en la Universidad Federal do Pará. Terminó a las 18:30 horas aproximadamente.
El 31 de enero, a las 8:30 horas, fui a la ponencia "Aguas en el Amazonas, políticas públicas y control social en los manantiales en Bolonia y Aguas Negras, en Belém-Pa.", presentada por la asociación Articulación con Segmentos Sociales y Políticos de Control Social en Defensa de los Recursos Hidráulicos, que culminó a las 11:30 horas, en las instalaciones de la Universidad Federal do Pará.
De las 12:00 a las 15:00 horas asistí a la ponencia "Educación ambiental, movilidad urbana y comunicación libre", propuesta por el Núcleo de Agenda Ambiental de la Ampliación Decanatos, de la Universidad de Brasil, en la Universidad Federal do Pará.
A las 15:30 horas se inició la ponencia "La crisis económica mundial y el nuevo orden financiero internacional", con la participación de la Sociedad Brasileña de Economía y Política y el Instituto de Desenvolvimiento Económico Social. La ponencia se impartió en la Universidad Federal do Pará.
El domingo 1 de marzo se clausuró el foro, el cual se postuló como el espacio del que podría surgir una solución alternativa a las crisis económica, energética, ambiental y global que vive el mundo, aunque algunos de sus participantes cuestionaron la efectividad del foro para alcanzar esos objetivos.
Algunos de los temas predominantes fueron la problemática amazónica y la búsqueda de salidas a la crisis. Es importante resaltar la participación por primera vez de cinco presidentes sudamericanos: Luis Ignacio Lula da Silva (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Hugo Chávez (Venezuela) y Fernando Lugo (Paraguay). Los mandatarios asistentes al encuentro en Brasil denunciaron la responsabilidad del neoliberalismo por la crisis mundial.
El brasileño Cándido Grzybowsky, en nombre del Consejo Internacional del FSM, declaró que el encuentro en Belém se convirtió en un hito en la historia del propio foro y del proceso de la ciudadanía global.
Al foro acudieron, según algunas estimaciones, aproximadamente 133 mil asistentes de 142 países, entre miembros del movimiento social y participantes individuales, y contó con 5 mil 808 entidades inscritas.
Para 2009 se anunciaron diversas movilizaciones, concentradas sobre todo en marzo y abril, que deberán llevar la voz del altermundialismo ante diversas reuniones de líderes mundiales.
También se propuso la creación de un organismo mundial para regular el sistema financiero, una demanda de mayor control de la banca y sus transacciones financieras.
Los organizadores anunciaron que en 2010 el FSM no tendrá lugar en una sola ciudad, sino que habrá un día de movilización global, ya que a partir de ahora la idea de contraponer el FSM al Foro Económico Mundial de Davós no tendrá sentido, por lo que la jornada deberá ser a finales de abril o mayo, no en enero.
El formato del foro no prevé una declaración final única, por lo que sería importante proponer o sugerir un nuevo formato en el cual se puedan formular conclusiones que permitan establecer logros y alcances.
Atentamente
Diputado Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica)
DE LOS DIPUTADOS FERNEL GÁLVEZ
RODRÍGUEZ, JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, ELÍAS
CÁRDENAS MÁRQUEZ Y ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ,
SOBRE SU PARTICIPACIÓN COMO OBSERVADORES PERMANENTES DEL PARLAMENTO
CENTROAMERICANO, EN GUATEMALA, GUATEMALA EL JUEVES 29 Y EL VIERNES 30 DE
NERO DE 2009
Atendiendo al acuerdo que establece los lineamientos para la autorización de viajes internacionales de los integrantes de la LX Legislatura, nos permitimos presentar el informe de las actividades realizadas por los diputados observadores permanentes ante el Parlamento Centroamericano, del 29 al 30 de enero de 2009 en la Ciudad de Guatemala.
Durante los días señalados nos reunimos en las instalaciones del Parlamento Centroamericano, en Ciudad de Guatemala. La delegación estuvo integrada por:
Diputados: Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia; José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa; Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Iniciaron las sesiones de asamblea plenaria. Después de la lectura de la agenda general se tomó lista y se contaron 115 presentes, lo que establece quórum reglamentario, siendo las 9:30 horas.
Acto seguido, el diputado Carlos Romberto propuso que el diputado Ciro Alexis Zepeda fuera incluido para su juramento.
Protocolo
Dando continuidad a lo programado se dio apertura a la sesión, que inició con un minuto de silencio en memoria de la señora Hilda Gargano de Guiraud, madre del diputado Hugo Guiraud Gargano, fallecida en Santiago, provincia de Veraguas, República de Panamá, el martes 13 de enero; y de las víctimas del terremoto que flageló la República de Costa Rica el 8 de enero del presente año.
Puntos especiales
Informe de la presidencia
Otorgamiento de la orden y condecoración Parlamento Centroamericano, Francisco Morazán, en el grado de Gran Cruz, al señor Samuel Lewis Navarro, primer vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá (jueves 29 de enero, 10:00 horas).
Periodo de incidencias
Aprobación del presupuesto del Parlamento Centroamericano para el periodo 2009.
Cortesía de sala
Cortesía de sala para el señor Adán Ríos, quien expondrá los avances científicos en el tratamiento del VIH Sida, tuberculosis y enfermedades infectocontagiosas (jueves 29, 11:00 horas).
Trabajo legislativo
Siguiendo el orden del día se presentaron:
Tres iniciativas:
Para brindar apoyo solidario al pueblo panameño en momentos en que confrontan pérdidas humanas y de infraestructura, a causa de desastres naturales; presentada por el diputado Camilo Brenes y otras firmas.
Apoyo a la iniciativa de la Corte Centroamericana de Justicia y el Consejo Centroamericano, para la creación de los sistemas de justicia penal juvenil, en el marco del estado de derecho en la región Centroamericana y República Dominicana; presentada por la presidenta Gloria Guadalupe Oquelí y otras firmas
A la iniciativa AP/850-201/2008, la familia y la paternidad responsable, retos para la sociedad centroamericana y dominicana, emitido por la Comisión de Paz, Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Grupos Étnicos.
A la iniciativa AP/852-201/2008, para exhortar a todos los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, a que ratifiquen la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; emitido por la Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos Laborales y Gremiales.
A la iniciativa AP/853-201/2008, con motivo de la celebración del Día Mundial sin Tabaco; emitido por la Comisión de Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos Laborales y Gremiales.
A la iniciativa AP/858-203/2008, sobre el grave problema mundial del cambio climático y efecto invernadero; emitido por la comisión de Asuntos Agropecuarios, Pesca, Medio Ambiente y Recursos Naturales con opinión de las Comisiones de Turismo; y de Salud, Seguridad Social, Población y Asuntos Laborales y Gremiales.
A la iniciativa AP/859-20312008; de felicitación al presidente de la República de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, por la disposición de declarar la inclusión de estudio de espíritu de la integración regional, en el pensum de estudios en Guatemala; emitido por la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología.
De actividades desarrolladas por las bancadas nacionales (presentación por escrito).
Diputados: Fernel Gálvez Rodríguez
(rúbrica), José Alejandro Aguilar López, Elías
Cárdenas Márquez (rúbrica), Elsa de Guadalupe Conde
Rodríguez (rúbrica)
DE LOS DIPUTADOS JESÚS MANUEL
PATRÓN MONTALVO, FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ, GUSTAVO
ILDEFONSO MENDÍVIL AMPARÁN E IRINEO MENDOZA MENDOZA, RESPECTO
DE LA REUNIÓN REGIONAL SOBRE EL PEF DE 2009 EN MATERIA DE AGUA REALIZADA
EL MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2008 EN EL DISTRITO DE RIEGO RÍO
COLORADO, SAN FELIPE, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
En mi carácter de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y en nombre de los diputados Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, Francisco Javier Paredes Rodríguez e Irineo Mendoza Mendoza, me permito enviar el presente informe, correspondiente a la reunión celebrada el 20 de febrero del presente año en el distrito de riego Río Colorado, S de RL de IP de CV, situado en el kilómetro 1.5 de la carretera a San Felipe, Mexicali, Baja California.
Las actividades del orden del día se iniciaron a partir de las 11:00 horas.
Se contó con la presencia distinguida del ingeniero Luis López Moctezuma, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en representación del gobernador constitucional de Baja California, licenciado Guadalupe Osuna Millán; del maestro en ciencias Jorge Vale Sánchez, secretario de Promoción y Desarrollo Económico, representante del gobernador de Baja California Sur, ingeniero Narciso Agúndez Montaño; así como de los diputados Federales por Baja California Francisco Rueda Gómez y Dolores de María Manuell-Gómez Angulo.
Además se contó con la presencia del licenciado Ismael Grijalva Palomino, director general del Organismo de Cuenca de la Península de Baja California; del ingeniero Homobomo Perea Pérez, subdirector de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); del ingeniero Efraín Muñoz Martín, director general de la Comisión Estatal del Agua del gobierno de Baja California; el ingeniero Jorge Luis Estrada Quiles, secretario administrativo de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR), con la representación personal del médico veterinario zootecnista Mario Gallegos Acosta, presidente de esa agrupación; los diputados locales de la XIX Legislatura de Baja California Humberto López Barraza, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería y Carlos Alonso Angulo Rentaría, vocal de ésta; los representantes de las organizaciones campesinas ingeniero Benjamín Castillo Valdez, de la Confederación Nacional Campesina, y Víctor terrazas, de la Federación Estatal de Propietarios Rurales.
Asistieron también el ingeniero Israel Camacho Gastélum, subsecretario de Fomento Agropecuario, en representación del ingeniero Antonio Rodríguez Hernández, secretario de esa dependencia; así como funcionarios de la Sagarpa, de la Financiera Rural, de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura y del Fideicomiso de Riesgo Compartido.
Los anfitriones de la reunión fueron Rigoberto Montoya Barraza, presidente del consejo de administración del distrito de riego Río Colorado, S de RL de IP de CV; el ingeniero Joel Estrada Reyes, tesorero; Óscar Romo Ramos, secretario; además de los presidentes, secretarios y tesoreros de los consejos directivos de los 22 módulos de riego que integran la sociedad, destacando la presencia de más de 250 usuarios de los diferentes módulos de los valles de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.
De acuerdo con lo establecido en el orden del día, hicieron uso de la palabra los representantes de los gobernadores de ambos estados, el presidente anfitrión del distrito de riego, los diputados federales Francisco Javier Paredes, Francisco Rueda Gómez, Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, Irineo Mendoza Mendoza, además del ingeniero Jorge Luis Estrada Quiles, secretario de la ANUR.
En mi participación describí con puntual precisión la decidida y consensada actuación de 500 diputados que conforman la honorable Cámara de Diputados para la aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, enfatizando desde luego los alcances del presupuesto en materia de agua en el ámbito nacional, particularizando en el presupuesto asignado al estado de Baja California, describiendo en ambos casos las cifras autorizadas en cada rubro y demostrando a los asistentes los avances y logros obtenidos en esta comisión bajo mi presidencia.
En el desarrollo del evento el tesorero, ingeniero Joel Estrada Reyes, tesorero de la empresa de usuarios, al tomar la palabra se dirigió al público, a efecto de hacer merecidos reconocimientos a los mandatarios estatales de ambos estados, así como a los diputados Irineo Mendoza Mendoza, Gustavo Mendívil Amparán, Francisco Javier Paredes, Ramón Covarrubias, al ingeniero Miguel Martínez Valenzuela, secretario técnico de la comisión, y finalmente se realizó la clausura del evento a las 14:30 horas, en la cual se destacó el apoyo que esta comisión ha brindado a los usuarios del agua del estado de Baja California, en especial a los usuarios hidráulicos.
Después de la clausura tuve el gusto de dar inicio al curso Capacitación de integración de fincas a 6 módulos de riego, con lo cual se dieron por concluidas las actividades programadas y coordinadas por los ingeniero Miguel Martínez Valenzuela, secretario técnico de esta Comisión de Recursos Hidráulicos y del ingeniero Eduardo Hernández Quiñones, asesor técnico distrito de riego Río Colorado, S de RL de IP de CV.
Por otro lado, como corolario del evento, éste fue debidamente cubierto por dos compañeros del Canal del Congreso en toda su magnitud, independientemente de otras tomas que se hicieron en lugares estratégicos de la ciudad, además de filmar zonas importantes del distrito de riego Río Colorado, S de RL de IP de CV.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Por la Comisión de Recursos Hidráulicos
Diputados: Jesús Manuel Patrón Montalvo
(rúbrica), presidente; Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán,
Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), secretarios; Francisco Javier
Paredes Rodríguez (rúbrica), integrante.
DE LA COMISIÓN DE RECURSOS
HIDRÁULICOS Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, RELATIVO A LA
GIRA DE TRABAJO POR NAYARIT, QUE SE LLEVÓ A CABO EL MIÉRCOLES
25 DE FEBRERO DE 2009
Con éxito se llevó a cabo la gira de trabajo programada para el 25 de febrero de 2009 en Nayarit, que comprendió Tepic, Santiago Ixcuintla y Bahía de Banderas, en donde se verificó el avance físico y financiero del ejercicio 2008 del estado en materia de agua, así como la instalación del Consejo de Cuenca Costa-Pacífico-Centro-Occidente.
Presidieron esta importante gira de trabajo el licenciado Ney Manuel González Sánchez, gobernador de Nayarit; el diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos; el ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua; el ingeniero Armando Garda Jiménez, secretario de Desarrollo Rural del estado; el licenciado Héctor González Curiel, director general de la Comisión Estatal del Agua; Roberto Sandoval Castañeda, presidente municipal de Tepic; Sergio González Garda, presidente municipal de Santiago Ixcuintla; Héctor Paniagua Salazar, presidente municipal de Bahía de Banderas; así como el licenciado Francisco Javier Bravo Carvajal, presidente municipal de Puerto Vallarta.
En punto de las 10:00 horas se llevó a cabo en Tepic el análisis sobre las inversiones ejercidas, aplicadas y por desarrollar del programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento a zonas urbanas, así como de agua potable y saneamiento de zonas rurales; donde se aclaró que no había ningún problema para ejercer los recursos programados.
Posteriormente, a las 14:00 horas, en el municipio de Santiago Ixcuintla, se evaluó el programa de infraestructura hidroagrícola en presencia de los productores usuarios del agua, integrantes de los módulos de riego del estado, entre los que se evidenció un ejercicio faltante de 33 por ciento del total programado para ejercerse, así como la necesidad de que la Comisión Nacional del Agua canalice recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, la cantidad de 35 millones de pesos para reparar los márgenes de canales afectados por el desbordamiento del río Santiago, ocasionado por las lluvias en agosto y septiembre de 2008.
Por otro lado, y en punto de las 6 de la tarde, se llevó a cabo en Bahía de Banderas, la instalación del Consejo de Cuenca Costa-Pacífico-Centra-Occidente, que comprende Michoacán, Calima, Jalisco y Nayarit.
Sin otro particular, esperando reciban de conformidad el presente documento, quedo a sus órdenes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Atentamente
Diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica)
Presidente