Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En días pasados el vocero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante una conferencia de prensa, dio a conocer a la opinión pública anomalías en el Servicio Postal Mexicano, las cuales se presentaron durante el periodo en que la licenciada Purificación Carpinteyro fungía como subsecretaría de dicha institución.
Lo anterior es una ambigüedad que demuestra la incapacidad de la actual administración federal, ya que no es posible que mediante un comunicado se haga una autodenuncia de los malos manejos de que es objeto una institución pública, como es el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
En la denuncia realizada por el vocero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se menciona que durante la gestión como subsecretaria de Purificación Carpinteyro se incrementó el monto del déficit autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, que fue de 390 millones de pesos, monto que al final del año fue de mil 994 millones de pesos, una diferencia de más de mil 600 millones de pesos.
Lo denunciado deja ver que se realizaron una serie de acciones que se pueden considerar antiéticas y con total falta de responsabilidad en el ejercicio público, entre las que podemos mencionar:
Duplicación del salario de miles de empleados a través de una Bolsa de Alto Desempeño que administra los bonos de productividad;
Pago de favores recibidos mediante la contratación en 2008 de Manuel Patricio Estévez Nenninger (esposo de la ex candidata presidencial, Cecilia Soto) como gerente estatal de Sonora;
Autorización de gastos innecesarios como el famoso "toilettes del Palacio Postal" cuyo costo ascendió a más de 121 millones de pesos;
Patrocinio de una cena baile en yate a invitados al Worl mail & express Americas que se realizó en febrero de 2008, costo cargado al erario público;
Espionaje a través de la red de teléfonos rojos, mediante los cuales se comunican los funcionarios de primer nivel y el Ejecutivo federal.
Como Congreso, tenemos la obligación de velar por los intereses de la sociedad mexicana, así como de cada uno de los grupos que la integran, es por ello que éste tipo de situaciones deben ser aclararlas a fin de dar certidumbre a los mexicanos.
Este caso de Servicio Postal Mexicano es sólo un ejemplo de lo que ocurre al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ante lo cual es conveniente hacernos varios cuestionamientos: ¿cuántos casos más relacionados con el manejo discrecional de los recursos públicos existen en dicha institución? ¿Quiénes son los funcionarios públicos que, valiéndose de su posición, realizan actos de corrupción, tráfico de influencias o trabajan al margen de lo que la normatividad les permite?
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, en el ámbito de sus atribuciones, a que:
2. Se realice una investigación exhaustiva y detallada respecto al desempeño en la administración pública federal de la ex subsecretaría Purificación Carpinteyro, a fin de esclarecer las anomalías que pudieron presentarse durante su cargo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Diputado Jesús Ramírez Stabros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
A DAR A CONOCER A LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS LOS RESULTADOS
DEL VIII CENSO AGROPECUARIO 2007, A CARGO DEL DIPUTADO SANTIAGO GUSTAVO
PEDRO CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
En 2005 el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, doctor Gilberto Calvillo Vives, sostuvo que ese año no se haría ningún censo, y que probablemente para el año siguiente, a pesar de ser finales de sexenio, el Inegi trataría de llevar a cabo el VIII Censo Nacional Agrícola Ganadero, siempre y cuando el Congreso les autorizara el presupuesto que demanda dicha investigación, que es de mil 514 millones de pesos, pues en ese año sólo habían sido autorizados 819 millones de pesos para el levantamiento del censo.
En diciembre de 2006, La LX Legislatura, ante la falta de información actual sobre la situación del campo mexicano, aprueba en el PEF de 2007 un presupuesto de mil 600 millones de pesos para la realización del censo.
En el segundo semestre de 2007, a partir del presupuesto asignado por la honorable Cámara de Diputados, se inició el levantamiento del censo, el cual terminaría el 6 de julio de ese año.
El 13 de febrero de 2008, el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Carlos Navarro López, convocó a los integrantes de dicha comisión a una reunión con el doctor Gilberto Calvillo Vives, para conocer los resultados del VIII Censo Nacional Agropecuario. En dicha reunión, el titular del Inegi se comprometió a entregar los resultados preliminares en diciembre de 2008.
A pesar de dicho compromiso, no se han entregado los resultados del censo, situación preocupante pues la información que se genere dará elementos sobre la situación actual del campo mexicano en momentos de la crisis alimentaria y financiera.
En tal virtud someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a cumplir el compromiso de entregar con la mayor brevedad los resultados del VIII Censo Agropecuario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.
Diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SEMARNAT A LLEVAR A CABO LAS GESTIONES CONDUCENTES A DECRETAR
ÁREA NATURAL PROTEGIDA EL HUMEDAL LA LAGUNITA DE EL NARANJO, DE
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, E INSCRIBIRLO EN LA LISTA DE SITIOS RAMSAR,
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS LUCÍA SUSANA MENDOZA MORALES Y HÉCTOR
MANUEL RAMOS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Lucía Susana Mendoza Morales y Héctor Manuel Ramos Covarrubias, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentan proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Lagunita de El Naranjo es un pequeño humedal dulceacuícola situado inmediatamente al sur de Ensenada, Baja California (en las coordenadas 31º 48. 57.4. N, 116º 36. 22.1. O, altitud 21 metros sobre el nivel del mar), apenas separada de la playa por una barrera natural de dunas. Su nivel de agua es bastante fluctuante y dependiente de la precipitación pluvial. En el centro de esta lagunita destaca la vegetación de tipo emergente dominada por juncos (Scirpus califurnicus). La fauna consta de aves acuáticas, principalmente pato friso (Anas platyrhynchos), zambullidor pico grueso (Podylimbus podiceps) –anidante–, pato de collar, cerceta canela, pato cabeza roja (Aythya americana), pato tepalcate (anidante), gallareta americana (anidante) y candelero americano (anidante).
De acuerdo con el estudio Composición espacial y temporal de la avifauna de humedales pequeños costeros y hábitat adyacente en el noroeste de Baja California –publicado en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (volumen 3, número 003, año 2005)–, 17 especies registradas en los sitios considerados pequeños humedales están catalogadas en algún estatus de conservación de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001 (Semarnat, 2002).
Uno de los posibles efectos para el componente aviar, si todos los pequeños humedales costeros de esta región desaparecieran, sería que las especies en tránsito (principalmente aves acuáticas) no dispusieran de sitios de paso para el abastecimiento y la recuperación energética necesaria durante su migración, así como también el declive poblacional de especies dependientes del hábitat de humedales, principalmente los de carácter endémico.
De acuerdo con estudios realizados en el sitio, sobre una superficie de 203 mil 155 metros cuadrados, se presenta una "fuerte presión urbana" de Ensenada, y hay al menos 10 especies de aves que anidan en este pequeño humedal. Los estudios refieren que la zona de dunas y La Lagunita son hábitat de una amplia riqueza faunística, dada principalmente por especies de aves como el pato rojizo (Oxiuro jamaicensis) y las gaviotas (Laeas sp.), así como ratón común (Mus musculatus), ardilla terrestre (Spermophilus spillisoma), conejo (Sylvilagus audiboni), odonatos (caballitos), ranas e insectos diversos.
El 21 de noviembre de 2001, el cabildo de Ensenada aprobó un acuerdo que declara zona de reserva ecológica La Lagunita de El Naranjo.
El 7 de marzo de 2002, el ayuntamiento aprobó por unanimidad complementar y ratificar la declaratoria, dando a la zona de reserva una extensión de 317 mil 757.92 metros cuadrados. La disposición se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 22 de marzo de 2002.
La presente declaratoria condiciona el goce de derecho de propiedad, el de posesión o de cualquier otro derecho derivado de la tenencia de la tierra y predios comprendidos en ella a ser utilizados de forma tal, que no presente obstáculos al uso de preservación ecológica con actividad recreativa pasiva a que están destinados.
Declara además "que vigilarán y controlarán la observancia y el cumplimiento de la declaratoria, con la participación del ayuntamiento de Ensenada y en el manejo y administración del lugar, el gobierno del estado y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio".
Como muchos de los humedales mexicanos, La Lagunita es un sitio de gran relevancia para la reproducción y anidación de diversas especies de aves acuáticas, en su mayoría migratorias.
Pese a todas las características mencionadas, La Lagunita de El Naranjo se encuentra amenazada por problemas de contaminación, como la descarga de aguas de desecho de una planta empacadora cercana, y la especulación de uso de suelo con proyectos inmobiliarios y turísticos.
El Convenio de Ramsar, o Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, fue firmado en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975.
Ese acuerdo internacional es el único de los modernos convenios en materia de ambiente que se centra en un ecosistema específico, los humedales, y aunque en origen su principal objetivo estaba centrado en la conservación y el uso racional con relación a las aves acuáticas, actualmente reconoce la importancia de estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos (refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales).
Sin duda, y por su amplio valor ecológico, la inscripción como sitio Ramsar de La Lagunita de El Naranjo permitirá conservar esta reserva ecológica, además de mantener sus procesos ecosistémicos.
Cítese el artículo 27, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
Honorable asamblea: al amparo de los datos y las reflexiones que se han expuesto, presentamos con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a llevar a cabo las gestiones conducentes a fin de que el humedal La Lagunita de El Naranjo, en Ensenada, Baja California, sea decretado área natural protegida e inscrito en la lista de sitios Ramsar.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Diputados: Lucía Susana Mendoza Morales,
Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS DE ORIGEN VASCO QUE FUERON PROCESADOS
Y EXTRADITADOS POR MÉXICO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JESÚS
HUMBERTO ZAZUETA AGUILAR Y JOSÉ JACQUES Y MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
2. No obstante, en 1995 el Reino de España y México firmaron un protocolo que modificó el Tratado de Extradición entre ambos países, vigente desde 1978. De esta manera, uno de los pilares principales de la política exterior de nuestro país, el derecho de asilo político, comenzó a ser modificado a fin de respaldar políticamente al Estado español en su lucha contra el independentismo vasco.
3. Al día de hoy, México ha expulsado de su territorio a, cuando menos, 27 ciudadanos vascos (diecinueve durante la administración de Ernesto Zedillo; siete en la de Vicente Fox y uno en la de Felipe Calderón) y ha extraditado a siete (uno con Zedillo y seis con Fox).
4. Uno de los modos de operar de las diversas administraciones mexicanas ha consistido en detener a estas personas y, sin mediar petición de extradición por parte del Estado español, entregarlas a las autoridades de aquella nación. En la gran mayoría de estos casos no se comunicó a ninguno de los expulsados las razones de esa irregular medida. Este modo de proceder se ha repetido con otras personas deportadas o expulsadas desde México.
5. Los ciudadanos de origen vasco expulsados manifestaron también, a través de diversos testimonios, haber sido objeto de tortura e incomunicación por parte de la policía española una vez deportados de nuestro país. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México consideró vulnerados, en su momento, los derechos humanos de estas personas.
6. Diversos analistas han señalado que "se utilizaron los ciudadanos vascos como moneda de cambio, en un marco de globalización económica, dejando al margen los distintos tratados internacionales firmados por México y España relativos a la defensa de los derechos humanos".
7. Más recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha corroborado, de alguna manera, lo que diversas organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles de México y España denunciaron en su momento. Durante su 94 periodo de sesiones, el consejo analizó diversos asuntos relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
8. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas para estos asuntos, Martin Scheinin, visitó España del 7 al 14 de mayo de 2008, invitado por el gobierno de aquella nación, con el propósito de examinar diversas cuestiones clave y evaluar si las medidas antiterroristas puestas en marcha por el Reino de España afectan los derechos humanos de sus ciudadanos.
9. El informe emitido por el relator especial, publicado el 16 de diciembre de 2008, reveló que "ciertas definiciones jurídicas de los delitos de terrorismo no respetan plenamente el principio de legalidad". Adicionalmente, el relator examinó a detalle el uso de la detención, en régimen de incomunicación, observando diversas preocupaciones por las alegaciones de tortura y otros malos tratos hechas por diversos sospechosos de terrorismo que fueron mantenidos bajo esa modalidad. Finalmente, el relator especial recomendó ciertas actuaciones para que las medidas antiterroristas sean plenamente compatibles con las normas internacionales de derechos humanos.
10. De esta manera, el consejo consideró que se debe suprimir el régimen de incomunicación al que son sometidos los detenidos, que se reconozca su derecho a elegir libremente a un abogado de confianza que pueda estar presente en los interrogatorios, así como que se instalen medios audiovisuales para grabar los interrogatorios.
11. Nosotros sostenemos que el Estado mexicano debe hacer valer los derechos humanos, civiles y políticos, allí donde puedan ser vulnerados, y pugnar por que los abusos a las libertades fundamentales de los personas sean castigados.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus competencias en materia de política exterior, solicite al gobierno del Reino de España el cumplimiento de las recomendaciones derivadas del Informe del relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, específicamente en lo que se refiere a la misión a España.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Diputados: Jesús Humberto Zazueta Aguilar
(rúbrica), José Jacques y Medina.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ADOPTAR MEDIDAS PARA QUE LA SHCP OTORGUE
UN SUBSIDIO DIRECTO DE 10 POR CIENTO A LA TARIFA DE COBERTURA QUE LOS DISTRIBUIDORES
DE GAS NATURAL CONTRATARON CON PEMEX, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE SERRANO
ESCOBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Enrique Serrano Escobar, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
México paga el gas natural al doble del precio de lo que está en el mercado de Estados Unidos y es actualmente el más caro del mundo, con un precio de 9 dólares por millón de BTU, que se incrementará en el verano a 9.50, en tanto que el precio de referencia en el mercado del sur de Texas está en 4.56 dólares y para el verano se espera un precio similar.
La diferencia entre el precio del mercado y la cobertura es pagada por los consumidores domésticos, industriales y comerciales que tienen un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) con la que contrataron una cobertura de largo plazo.
La cobertura se contrató a 9 dólares por millón de BTU con un precio de la moneda estadunidense de 11 pesos; actualmente, el dólar está en 14 pesos y el costo para el consumidor nacional se incrementó 27 por ciento, tan sólo por el aumento en el tipo de cambio.
Las coberturas de gas natural se adquirieron con Pemex en agosto del 2008, con el fin de poder enfrentar la volatilidad en el mercado petrolero; sin embargo, en el último trimestre del año pasado el precio de los hidrocarburos se fue a la baja de manera importante.
Debido a lo anterior se hace necesario replantear los términos de la cobertura, porque en este momento los consumidores pagan el doble de lo que marca el mercado de referencia.
Esta demanda se inscribe en el contexto de la congelación de precios de gasolinas y gas LP y la baja en las tarifas eléctricas que decretó recientemente el gobierno federal, adicional a la reducción en el ritmo de aumento al precio del diesel.
Para los distribuidores de gas natural la competencia entre este negocio y el del gas LP está marcadamente distorsionado, debido al trato desigual que se da a los consumidores de gas natural respecto a los que adquieren gas LP.
Lo anterior se explica debido a que, pese a lo establecido en la regulación, el precio del gas LP está controlado y se determina mediante decretos, mientras que el precio del gas natural se define en función del costo de oportunidad en los mercados internacionales; incentivando así el consumo de gas LP en detrimento del de gas natural.
En la temporada de invierno, el consumo de gas doméstico se incrementa sustancialmente, y en algunas zonas del norte de la República aumenta un 300 por ciento, trasladando el pago de la factura no sólo a las empresas distribuidoras sino a los consumidores.
Entre 30 y 40 por ciento de la industria nacional utiliza el gas natural como insumo básico para la producción. Y éste, a su vez, representa entre 35 y 40 por ciento de sus costos de producción.
A la fecha más de 1 millón 850 mil hogares y más de mil 500 vehículos de transporte público de pasajeros usan gas natural, lo que se traduce en más de 10 millones de mexicanos usuarios del gas natural.
Ahora bien, las distribuidoras de gas natural y a sugerencia de la Comisión Reguladora de Energía contrataron la cobertura citada en caso de una baja del precio del energético en un rango de 14 a 9 dólares por millón de BTU.
Sin embargo, en la vorágine de los precios internacionales de los energéticos, la caída fue más fuerte, ya que se colocó en 3.9 dólares por millón de BTU.
Lo anterior, aunado al hecho de que el precio internacional del gas natural ha caído, de septiembre del año pasado a la fecha, aproximadamente 30 por ciento y el peso se ha devaluado más de 40 por ciento respecto al dólar.
Ante la apremiante situación que hoy vive la industria, además de los problemas financieros que se presentan derivado de la crisis económica que hoy aqueja a todos los sectores, resulta indispensable implementar acciones inmediatas que les permitan a las industrias afrontar los embates de la crisis económica y seguir operando.
Por todo lo expuesto, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución:
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a adoptar, en cumplimiento del compromiso que dice que tiene para proteger, el empleo y crear condiciones para una economía próspera y competitiva, las medidas conducentes a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue 10 por ciento de subsidio directo a la tarifa de cobertura que los distribuidores de gas natural contrataron con Petróleos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA PGR A INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE
PARA DETERMINAR LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS POR LUIS MANUEL
ENRIQUE TÉLLEZ KUENZLER E INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS, A CARGO DEL
DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Luis Varela Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, diputado federal a la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno la siguiente denuncia, por la que se solicita respetuosamente a esta honorable asamblea que actúe como órgano instructor y de acusación para sustanciar el procedimiento relativo al juicio político de Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo federal, por los hechos públicamente conocidos y aceptados por el citado ciudadano; junto con la proposición con punto de acuerdo para que se emita exhorto a la Procuraduría General de la República a fin de que integre la averiguación previa correspondiente, para determinar la probable comisión de delitos cometidos por Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, así como por los involucrados en los hechos, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Recientemente se han hecho del conocimiento público diversos actos de Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler en el ejercicio de sus funciones como secretario de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo federal, que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, mismos que se encuentran previstos en la fracción I del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dichos actos constan en diversas grabaciones de conversaciones telefónicas, sostenidas con varias personas, actuando en su carácter de secretario de Comunicaciones y Transportes, y respecto a las responsabilidades oficiales que le competen. Para lo que pido, dada la difusión pública de tales grabaciones, en versión escrita y audio original, así como por ser la materia de la averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/18/2009, que se consideren como íntegramente insertas a esta denuncia y proposición con punto de acuerdo, según ha quedado dicho.
La veracidad de dichas grabaciones ha sido aceptada por el Téllez Kuenzler. A esto se suma que el representante legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Sánchez Henkel, presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia por el delito de intercepción y divulgación de comunicaciones privadas del secretario Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler.
Posteriormente, el mencionado, Gerardo Sánchez Henkel, informó a los medios de comunicación: "como es del dominio público, el viernes 13 de febrero fueron divulgadas comunicaciones privadas sostenidas por el secretario de Comunicaciones y Transportes en el legal desempeño de su cargo. Dichas comunicaciones fueron ilegalmente intervenidas y divulgadas".
Esto es: el querellante no niega la veracidad de las grabaciones que hoy son del conocimiento público, sino la legalidad de su realización, obtención y divulgación, ni niega que tales grabaciones contienen conversaciones del multicitado, actuando como secretario de Comunicaciones y Transportes.
A más de lo anterior, la Procuraduría General de la República ha informado que dio inicio a la averiguación previa por la difusión e intervención ilícitas de comunicaciones privadas del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, informando públicamente que el número de protocolo de dicha indagatoria es PGR/UEIDCSPCAJ/18/2009, radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra la Administración de la Justicia.
El mencionado, representante legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ratificó la denuncia o querella, señalando como una probable responsable a la ex sub secretaria del ramo, Purificación Carpinteyro Calderón.
Señalo desde ahora a esta soberanía, que esta denuncia y proposición con punto de acuerdo, no se refiere a la grabación de otra conversación de Téllez Kuenzler, también aceptada por él como verídica, en la que señala ilícitos cometidos por Carlos Salinas de Gortari siendo presidente de la República, porque el propio Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler ha declarado en conferencia de prensa que sus dichos, contenidos en esa grabación, carecen de fundamento, y porque la conversación en la que hizo tales afirmaciones, la sostuvo cuando no tenía el carácter de funcionario público, todo según él mismo; por lo que, para no distraer el tiempo de esta asamblea, se soslaya la existencia de tal grabación y las confusas explicaciones del actor.
La materia de esta denuncia, son conversaciones que, independientemente de su origen y habiendo sido aceptadas por el señalado como verdaderas, permiten conocer actos de indudable falta ética en el desempeño de sus responsabilidades como secretario de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo federal, y que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho.
Destaca que estas conversaciones se refieren a la pública confrontación entre la secretaría y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), respecto a las tarifas de interconexión que involucran a distintas compañías de servicio telefónico, y a la aparente violación, por parte de la secretaría, de una suspensión provisional obtenida por Telcel, confrontación enconada por el informe que se rindió al señalado Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, de que los funcionarios de la Cofetel pretendían informar o informaron a un juez que sí habían notificado de la suspensión a la secretaría.
Las maniobras sin ética del servicio público que manifiestan las conversaciones hoy conocidas del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se dan en medio de la disputa entre dos dependencias oficiales por decidir tarifas que afectan directamente a la población y al desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, y aún con la tarea pendiente de definir el destino de este sector, que representa enormes ingresos a sus participantes y al erario, y sin poder dirimir aún las diferencias entre empresas dominantes y dominadas.
En este marco, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler ordenó que se dieran instrucciones a otros funcionarios públicos como emitidas por el titular del Poder Ejecutivo federal, que cuenta con facultades que superan las que corresponden a un secretario de despacho. En las grabaciones el señalado, dice:
"Que usen el nombre del presidente… si el presidente después decide que no y me quiere sacar… pero que usen su nombre… yo asumo la responsabilidad… pero que (César) use su nombre (el del presidente de la República) con Héctor Osuna" (refiriéndose a Héctor Guillermo Osuna Jaime, presidente de la Cofetel).
En otra parte de estas grabaciones, dice el señalado: "…que le digan que yo le mando decir a Miguel (en referencia a Miguel Alessio Robles, entonces sub secretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación), que sí puede usar el nombre del presidente. Que yo asumo la responsabilidad. Que le digan que es una instrucción del presidente".
De las conversaciones de Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler se desprende que en ocasiones afirma cosas sin fundamento, que usurpa la personalidad jurídica del presidente de la República, ordena en su nombre sin su conocimiento e intenta manipular actos de otros funcionarios ostentando la autoridad presidencial.
No es un digno representante del servicio público quien actúa de esta manera y usurpa la autoridad del titular del Poder Ejecutivo federal, mintiendo para conseguir objetivos que son discutiblemente oficiales, apartado de la estricta legalidad a que deben estar sujetos los funcionarios públicos en general, y los secretarios de despacho muy destacadamente.
La altísima responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el impacto de sus acciones en toda la ciudadanía, y el desarrollo económico y social del país, exigen que su titular sea confiable, de actuar ético y palabra firme.
Los actos aquí descritos, son probablemente constitutivos de delito y son faltas señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No puede esta asamblea permitir que se pasen por alto y que se denuncie la posible ilegalidad de la obtención de las pruebas para dar impunidad a este funcionario, que merece la plena pérdida de confianza de esta soberanía, más aún tomando en cuenta que no ha merecido ninguna censura de parte de su superior jerárquico, el presidente de la República.
No abonemos la esta Cámara de Diputados el clima de cinismo oficial, ni el descrédito creciente de nuestras instituciones, a cargo de quienes han demostrado no merecer tan altas responsabilidades.
Punto de Acuerdo
Por lo dispuesto en los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta asamblea:
Primero. Que se cite a audiencia al inculpado, Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, para que alegue lo que a su interés convenga en este asunto, a comparecer ante el Pleno de la asamblea, y a rendir informe detallado de los asuntos que involucra la acusación.
Segundo. Que esta Cámara de Diputados, actuando como órgano instructor y de acusación, sustancie el procedimiento de juicio político para la destitución del cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes, de Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler.
Tercero. Que se remita a la Cámara de Senadores el fallo de esta asamblea para que actúe como jurado de sentencia.
De lo anterior, e independientemente, también se presenta ante esta asamblea el siguiente:
Cuarto. Que se exhorte a la Procuraduría General de la República a que integre la averiguación previa correspondiente para determinar la probable comisión de delitos cometidos por Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, así como por los involucrados en los hechos aquí señalados y por los contenidos en la averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/18/2009, radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra la Administración de la Justicia; y, también, por todos los del conocimiento público y contenidos en las informaciones de los medios de comunicación, respecto de esta denuncia.
Dado en el Palacio Legislativo, a 26 de febrero de 2009
Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO
PARA QUE INFORME RESPECTO A LA CANTIDAD DE DÓLARES VENDIDOS A INSTITUCIONES
DE CRÉDITO EN APOYO DE LA DIVISA NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO
RICARDO CANTÚ GARZA Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PT
Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para solicitar la comparecencia del gobernador del Banco de México (Banxico, Guillermo Ortiz Martínez, a fin de que informe detalladamente acerca de las operaciones relativas a las ventas de dólares al sistema financiero mexicano, con el supuesto propósito de estabilizar la paridad peso-dólar, sin que se apegue al contenido de la circular 47/2008, emitida por el propio banco, el 8 de octubre de 2008, mediante el procedimiento de subastas, al tenor de las siguientes consideraciones:
Al estipularse en el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que "el Estado tendrá un banco central que... su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional..." Y en el párrafo séptimo de ese mismo artículo que "el banco central, en los términos... regulará los cambios, así como la...", el Constituyente le está asignando la función de regulador de las actividades económicas de nuestro país.
A partir de septiembre de 2008, fecha en que por fin las autoridades hacendarias de nuestro país reconocieron que la crisis estadounidense se tornó recesión y que tendría impacto en la economía mexicana, se inició un supuesto control de la situación cambiaria, que a la fecha no ha tenido los resultados para los que se implantó.
Esa presunción tuvo como eje la venta de dólares a las instituciones de crédito, con base en el esquema de las subastas que la Ley del Banco de México prevé. Actualmente el Banxico ofrece a las instituciones de crédito la divisa verde de acuerdo con dos esquemas: uno, sin acudir al procedimiento señalado en la circular 47/2008 del 8 de octubre del año pasado, que es el de las subastas; y dos, según el sistema de subastas que establece la circular citada.
En efecto, la Ley del Banco de México, en los artículos 7 y 8, pero sobre todo en el 14, menciona que "las operaciones que el Banco de México realice con las instituciones de crédito se efectuarán mediante subasta o de conformidad con disposiciones de carácter general que expida el propio Banco".
Mientras que el fortalecimiento del peso mexicano se realice por la vía de las subastas de dólares, se puede pensar que existe transparencia en ese procedimiento. Las dudas salen a la luz cuando las ventas de la divisa estadounidense no son sometidas al escrutinio público, cuando los ciudadanos mexicanos no se enteran de a quiénes se les venden, a qué tipo de cambio y qué monto total de divisas de las reservas son utilizadas en esta venta directa.
Habida cuenta de que desde el 4 de febrero del presente año se ha acudido a un procedimiento no ortodoxo y sí cuestionable, con el que se ha vendido equis cantidad de dólares, resulta indispensable que el Banxico informe a esta soberanía, de manera cabal y puntual, cuál es el detalle de las ventas realizadas, señalando los montos, nombres de los adquirentes y a qué paridad, mediante la comparecencia del gobernador del organismo mencionado.
Compañeras y compañeros diputados: a mayor abundamiento, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo señala que la Ley del Banco de México, en sus artículos 18, 19 y 20 determinan cómo se constituyen las reservas de activos internacionales, definiendo lo que se debe entender como tales. De cualesquier manera, indicamos que dichas reservas son propiedad del Estado mexicano y, por tanto, pertenecen a todos los mexicanos; no son propiedad del gobierno, cualquiera que sea su color o signo. Máxime que uno de los orígenes de las reservas lo representan las exportaciones de la mezcla del crudo mexicano.
En esas circunstancias, nadie puede disponer de las reservas constituidas en el Banco Central si no es con el conocimiento total y puntual de los mexicanos.
En vista de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión cita al gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, a comparecer ante el Pleno de esta soberanía, a fin de que rinda un informe detallado acerca de la cantidad de dólares que se ha vendido a instituciones de crédito, en apoyo de la divisa mexicana, con expresión de montos, tipo de cambio y nombres de los compradores.
Dicha información deberá contener las ventas efectuadas en el sistema de subastas autorizado por la circular número 47/2008, expedida por el Banco de México el 8 de octubre de 2009, y las que se han realizado a últimas fechas directamente por el Banco de México, sin ajustarse a la citada circular.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
Leticia Díaz de León Torres, diputada de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad conferidas en los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente le solicita que excite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para que presente el dictamen relativo a la iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, presentada por la suscrita en sesión ordinaria de la Cámara celebrada con fecha 30 de octubre de 2007, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El martes 30 de octubre de 2007 presenté la iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación. Dicha iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2373-I, fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. A un año y cuatro meses de su presentación, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos no ha emitido el dictamen correspondiente.
Consideraciones
La iniciativa plantea establecer en la Ley General de Educación que las autoridades educativas procurarán instaurar escuelas de tiempo completo de educación básica que impulsen y favorezcan el desarrollo de competencias definidas en los planes y programas de estudio.
Este modelo representa un beneficio para los educandos, el profesorado, la autoridad educativa y, especialmente, para las madres y los padres de familia. Su aplicación es necesaria para ofrecer mayor cobertura en tiempo y calidad escolar, toda vez que se brindan servicios educativos durante ocho horas.
La escuela de tiempo completo presenta múltiples ventajas, en virtud de que al mismo tiempo que permite proteger a los menores de influencias que en ocasiones resultan dañinas y aprovechar mejor su tiempo, propicia que los niños, además de recibir una educación con calidad, tengan un aprovechamiento escolar mayor y puedan disfrutar de la lectura, el arte y otras actividades, entre ellas las deportivas. Se trata de impulsar un modelo pedagógico que permita recuperar actividades de educación física, más la posibilidad de usar aulas de medios, dominio de la computación, orientación a la investigación y al arte.
Uno de los objetivos que persigue este modelo es ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, tanto las dedicadas al estudio de los contenidos establecidos en el currículo como otras asociadas al fortalecimiento de las competencias sociales, el aprendizaje de una lengua extranjera, uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como el mejoramiento del trabajo colegiado entre el personal docente de las escuelas.
Aunado a ello, ofrece una opción educativa para los hijos de las familias uniparentales o de madres trabajadoras que requieren de este apoyo institucional, que amplía su tiempo de estancia en el centro educativo y diversifica las experiencias formativas en las que participan cotidianamente.
Por ello se pretende que la Secretaría de Educación Pública no sólo impulse la implantación de estas escuelas como un programa, sino que ello deba ser una acción permanente que derive de las atribuciones que establece la ley y que el esfuerzo de la acción pública encuentre sustento normativo en el marco jurídico de México, de manera que su aplicación sea de forma permanente y no esté sujeta a los vaivenes de quien esté al frente en la administración central.
El Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo, cuyos objetivos responden a la exigencia de brindar una mejor y más completa formación educativa y cultural a los estudiantes, constituye una de las políticas públicas en materia de educación en la actual administración que debe verse sustentada necesariamente en la norma jurídica en la materia, para garantizar su implantación, consolidación, permanencia y desarrollo en favor de la niñez mexicana.
Por lo expuesto, presento a usted la siguiente solicitud de
Excitativa
Único. Que en uso de la facultad conferida en los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se sirva a formular excitativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, a efecto de que presente con la mayor brevedad el dictamen relativo a la iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Diputada Leticia Díaz de León Torres (rúbrica
A LA COMISIÓN DE RÉGIMEN,
REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO
ARIEL CASTILLO NÁJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Ariel Castillo Nájera, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que dictamine la iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 26 de abril de 2007, en sesión plenaria presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 y se adiciona un párrafo segundo al numeral 1 del mismo artículo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en que se haya recibido. Han pasado 22 meses desde que se turnó la iniciativa mencionada y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 y se adiciona un párrafo segundo al numeral 1 del mismo artículo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que le fue turnada el 26 de abril de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Diputado Ariel Castillo Nájera (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE SALUD,
A SOLICITUD DEL DIPUTADO ARIEL CASTILLO NÁJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
Ariel Castillo Nájera, diputado federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento de lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Salud para que dictaminen la iniciativa que adiciona un artículo 464 Bis-1 a la Ley General de Salud, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 26 de abril de 2007, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 464 Bis-1 a la Ley General de Salud, que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud.
Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud debió emitir el dictamen de la iniciativa en un tiempo de 5 días, siguientes al de la fecha en la que se haya recibido. Han pasado 22 meses desde que se turnó la iniciativa y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.
La omisión legislativa en la presentación del dictamen imposibilita una adición a la Ley General de Salud para evitar la presencia del Helicobacter pylori en el agua que consumimos, la cual, al consumirse y estar contaminada, nos genera una serie de enfermedades como son gastritis, úlceras gastroduodenales y hasta cáncer de estómago.
Considerandos
Con fundamento de lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Salud para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 464 Bis-1 a la Ley General de Salud, que le fue turnada el 26 de abril de 2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Diputado Ariel Castillo Nájera (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO
ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Irma Piñeyro Arias, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar un programa de estímulos fiscales para promover el desarrollo de regiones y actividades determinadas en beneficio de las empresas forestales, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 16 de octubre de 2008, en sesión plenaria presenté la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar un programa de estímulos fiscales para promover el desarrollo de regiones y actividades determinadas en beneficio de las empresas forestales, la que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Hacienda y Crédito Público debió emitir el dictamen de la citada proposición en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se haya recibido. Han pasado 15 meses desde que se turnó la proposición mencionada y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.
El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos impide que las empresas forestales sean beneficiadas con estímulos fiscales con el propósito de promover el desarrollo de regiones y actividades determinadas, a través de la disminución de tasas impositivas, y de exenciones fiscales parciales o totales.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que dictamine la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar un programa de estímulos fiscales para promover el desarrollo de regiones y actividades determinadas en beneficio de las empresas forestales, que le fue turnada el 16 de octubre de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE RADIO,
TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, Y DE GOBERNACIÓN, A SOLICITUD
DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA
ALIANZA
Irma Piñeyro Arias, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación para que dictaminen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21-B de la Ley Federal de Radio y Televisión, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 12 de diciembre de 2007, en sesión plenaria presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21-B de la Ley Federal de Radio y Televisión, con el propósito de establecer el derecho de adquirir, operar y administrar medios de comunicación a los pueblos y las comunidades indígenas para que participen, con todo derecho y reconocimiento jurídico, en espacios similares o equivalentes a los que se conceden a los municipios que obtienen permisos de estaciones oficiales, la que la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación.
Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación debieron emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en que se haya recibido. Han pasado 49 meses desde que se turnó la iniciativa mencionada y las comisiones obligadas no han emitido el dictamen correspondiente.
El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos priva de su derecho constitucional a los pueblos y a las comunidades indígenas para adquirir, operar y administrar medios de comunicación.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a las Comisiones de Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Gobernación para que dictaminen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 21-B de la Ley Federal de Radio y Televisión, que les fue turnada el 12 de diciembre de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES,
A SOLICITUD DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE NUEVA ALIANZA
Irma Piñeyro Arias, diputada Federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e); 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva excite a la Comisión de Comunicaciones para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3, y el artículo 60 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El 11 de octubre de 2007, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3 y el artículo 60 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones, misma que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Comunicaciones.
Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de máximo cinco días después de la fecha en la que se haya recibido. Han pasado 51 meses desde que se turnó la iniciativa mencionada y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.
El incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, impide regular el cobro de servicios de telefonía celular por redondeo, porque basta que el usuario haga la llamada para que la empresa cobre el minuto completo, lo cual resulta injusto para la economía del usuario.
En este escenario, se calcula que los 61 millones de usuarios están pagando 30 segundos de tiempo no utilizado; es decir, pagan en promedio 2.85 pesos más, ya que el minuto tiene un costo aproximado de 5.70 pesos. Esto implica que cada cliente pague por las cinco llamadas 14.25 pesos al día, por un servicio que no recibió. Pese a lo anterior, la falta de regulación del denominado redondeo en materia de telefonía móvil implica que 61 millones de usuarios proporcionan a las empresas de telefonía celular, al día, 869 millones de pesos, y al año aproximadamente 317 mil millones de pesos de ganancias extraordinarias.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados:
Único. Que formule excitativa a la Comisión de Comunicaciones para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3, y el artículo 60 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que le fue turnada el 11 de octubre de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2009.
Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)