Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2691-I, jueves 19 de febrero de 2009.

Comunicaciones Proposiciones de acuerdo Oficios Minutas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Diputados Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 69 aniversario del Día de la Bandera, el próximo 24 de febrero, a las 10:00 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tíber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Licenciada María Guadalupe Lazada León
Coordinadora
 
 
 

DEL GOBIERNO DE GUANAJUATO

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Congreso de la Unión

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional de Guanajuato, y en atención al atento oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1784, expedido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el cual solicita información sobre las medidas adoptadas en el estado para realizar el bloqueo de las llamadas de teléfonos celulares y otros medios de comunicación no permitidos, desde los centros de readaptación social, me permito expresarle lo siguiente:

Ante el alarmante incremento a nivel nacional de los delitos de extorsión, y al ser uno de los principales instrumentos de este delito los teléfonos celulares, con el propósito de proteger a la ciudadanía guanajuatense de este tipo de ilícitos, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato ha impulsado acciones específicas de carácter preventivo para acotar, restringir y nulificar el radio de acción de los delincuentes, ello con el fin de evitar las extorsiones desde los Centros de Readaptación Social.

Así, en la actualidad, todos los teléfonos públicos instalados en los 10 centros penitenciarios de nuestra entidad cuentan con un sistema de alerta, el cual emite un mensaje al ciudadano indicando que la llamada por recibir está siendo realizada desde un centro de reclusión, quedando a elección de éste aceptar o no la llamada, ya que para aceptarla tendrá que presionar una tecla de su teléfono.

Aunado a lo anterior y para prevenir extorsiones a través de teléfonos celulares, cuya introducción pudiera realizarse de manera ilegal puesto que están prohibidos todo tipo de instrumentos de comunicación por el Reglamento Interior de los Ceresos, como medida de seguridad se realizan sistemáticamente operativos de revisión, los cuales consisten en requisas a las instalaciones de los centros (celdas de reclusos, oficinas administrativas, áreas comunes tales como talleres, salones de clases, comedores, entre otras), así como a la población general (artículos personales como ropa, zapatos, jabones, papel sanitario), todo ello enfocado, además de a la inhibición de la introducción de los referidos artículos, al decomiso de teléfonos celulares y diversos objetos o sustancias prohibidas por el reglamento interior. En este sentido, a la fecha se tiene un registro de 2 mil 567 revisiones, situación que nos ha permitido prevenir la comisión de conductas delictuosas, como las apuntadas, desde el interior de los penales.

Además, el pasado 5 de agosto de 2008 la Secretaría de Seguridad Pública emitió la circular 50, por la cual se instruyó a los directores de los centros de readaptación social a combatir la extorsión y demás conductas ilícitas cometidas a través de los teléfonos celulares desde el interior de los reclusorios, todo ello en aras de reforzar las acciones mencionadas. Asimismo, se hace uso de sistemas de circuito cerrado, cámaras de vigilancia, monitoreo y supervisión por el personal de custodia para una vigilancia integral durante las 24 horas del día.

Finalmente, cabe hacer mención que ninguno de los diez Ceresos del estado cuenta con dispositivos o sistemas inhibidores de señal telefónica móvil, esto en razón a que los análisis realizados por la Secretaría de Seguridad del Estado demuestran que el costo-beneficio es magro. Es así, que lo costoso de los mencionados dispositivos y lo complejo de su mantenimiento generaría una inflación innecesaria al presupuesto y por consiguiente una carga extraordinaria para la sociedad, siendo que a la fecha, gracias a los sistemas de seguridad implementados, no se tienen registradas extorsiones realizadas desde Centros de Readaptación Social ubicados en el estado de Guanajuato.

No obstante, tenga usted la certeza que de considerarlo necesario y en el caso de que los sistemas de seguridad hasta ahora instituidos en los centros de reclusión sean insuficientes para prevenir este tipo de ilícitos, no se escatimará en la búsqueda de nuevas alternativas, habida cuenta que la seguridad de nuestros ciudadanos es una premisa fundamental que orienta la visión de esta administración.

Sin otro en particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Guanajuato, Guanajuato, a 4 de febrero de 2009.

Licenciado José Gerardo Mosqueda Martínez (rúbrica)
Secretario de Gobierno
 
 
 

DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

México, DF, a 6 de febrero de 2009.

Comisión Permanente
Mesa Directiva, LX Legislatura
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente
Presente

Me refiero al oficio número D.G.P.L60-II-2-2192, de fecha 28 de enero de 2009, por el que comunican a esta dirección general, para los efectos a que haya lugar, los puntos de acuerdo que se transcriben a continuación, los cuales fueron aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada en esa misma fecha.

Primero. La Comisión Permanente solicita a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública que informen a esta soberanía sobre los avances, el cumplimiento y la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. Segundo. Se solicita al director de Banobras, Alonso Pascual García Tamés, que informe a esta soberanía sobre el monto y destino de los recursos ejercidos en los proyectos del Fondo Nacional de Infraestructura.

Sobre el particular, en atención a la solicitud de esa soberanía, se acompaña al presente una relación en la que se señalan los apoyos autorizados para estudios y proyectos de infraestructura a partir del 12 de mayo de 2008, fecha de instalación y primera sesión del Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura, y hasta la fecha.

Cabe señalar que, conforme a lo establecido en el contrato de fideicomiso de administración y fuente de pago número 1936, denominado "Fondo Nacional de Infraestructura", así como en las reglas de operación del Fondo Nacional de Infraestructura, los apoyos mencionados en dicha relación se agrupan en razón de su destino y monto, y corresponden a lo siguiente:

Proyectos: 25 mil 142.72
Estudios: 1 mil 48.09
Operación y mantenimiento: 8 mil 705.97
Total: 34 mil 896.78 Nota: Cantidades en millones de pesos.

El desglose de la información se encuentra agrupada de dos maneras distintas. En la primera (anexo 1) se muestran los apoyos por fecha, de acuerdo a las autorizaciones otorgadas por el comité técnico o por el Subcomité de Evaluación y Financiamiento, según corresponda, agrupados por uso y destino (proyectos, estudios y operación y mantenimiento de los activos del Fondo Nacional de Infraestructura); en la segunda (anexo 2) se agrupan los apoyos del fondo por sector.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Actuario Alonso P. García Tamés (rúbrica)
Director General


 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2009.

Diputado Cesar Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Me refiero a su atento oficio SEL/300/247/09 del 9 de febrero, con el que envía al secretario de Gobernación el dictamen con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar un programa emergente para revertir el deterioro de la carretera transístmica en Oaxaca, y promover su aprovechamiento integral.

Al respecto, por instrucciones del secretario del ramo le comunico que el citado tramo (límites de los estados de Veracruz y Oaxaca) fue atendido en 2008 entre el kilómetro 243+000 y el kilómetro 256+000; y del kilómetro 269+000 al kilómetro 284+000, con una inversión total de 39.2 millones de pesos, trabajos con los que dichos tramos quedaron en buenas condiciones (véase el croquis anexo). Actualmente se está modernizando el tramo del kilómetro 140+000 al kilómetro 150+000 y se está atendiendo con trabajos de conservación el tramo del kilómetro 228+000 al kilómetro 243+000, con lo que el estado físico de ambos será bueno a finales del presente ejercicio.

Para este año se habían contemplado trabajos de conservación periódica en los 10 kilómetros comprendidos entre los kilómetro 150+000 y el 160+000, los que debieron ser diferidos ante la reducción del monto de recursos para conservación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

Así, de los 162 kilómetros de longitud de la carretera en Oaxaca, quedarían por atender 39 kilómetros (del kilómetro 160+000 al kilómetro 180+000; del kilómetro 186+000 al kilómetro 192+000 y del kilómetro 256+000 al kilómetro 269+000), los que se programarían en 2010, de haber suficiencia presupuestal. Con ello, la totalidad de la carretera transístmica en Oaxaca quedaría en condiciones buenas y satisfactorias.

Por último, respetuosamente le informo que la programación y presupuestación anual de la conservación de la red carretera federal libre de peaje se apoya en la aplicación de modelos modernos de gestión vial como herramienta para la planeación de las actividades que se llevan a cabo como parte del programa.

Atentamente
Ingeniero Óscar de Burn Richkarday (rúbrica)
Subsecretario de Infraestructura
 
 
 

DEL DIPUTADO JUAN DARÍO ARREOLA CALDERÓN

Palacio Legislativo, a 18 de febrero de 2009.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente

Sirva el presente para enviarle un afectuoso saludo, y solicitarle de la manera más atenta quede sin efecto la licencia para separarme de mis funciones legislativas, que me fue concedida por el Congreso de la Unión, en sesión ordinaria del martes 17 de febrero de este año.

La anterior petición la hago llegar, dado que han desaparecido las circunstancias de carácter personal y político que me obligaron a solicitar dicha licencia.

Sin otro particular me reitero a sus respetables órdenes.

Atentamente
Juan Darío Arreola Calderón (rúbrica)
Diputado federal
 
 
 

DEL DIPUTADO ALBERTO LÓPEZ ROJAS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2009.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente

Me dirijo a usted, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 65, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el numeral 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos y aplicables, solicito que tenga a bien someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados que se me conceda licencia para separarme del cargo de diputado federal de la LX Legislatura, por tiempo indefinido, a partir del próximo 22 de febrero del presente año, reservándome el derecho de revocar dicha licencia en el momento y por las causas que a mis intereses convengan.

Aprovecho para agradecer a usted y a todos mis compañeros legisladores las atenciones recibidas durante esta memorable legislatura.

Atentamente
Diputado Alberto López Rojas (rúbrica)
 
 
 

DEL DIPUTADO FRANCISCO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

México, DF, a 17 de febrero de 2009.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Presente

Por este conducto, y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia por el periodo del domingo 22 de febrero al domingo 15 de marzo del año en curso, para separarme de mi cargo como diputado federal.

Lo hago de su conocimiento a efecto de que se realicen todos los trámites conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Francisco Martínez Martínez (rúbrica)
Diputado federal
 
 
 

DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO SAAVEDRA CORONEL

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura
Presente

Señor diputado Presidente:

En atención a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi cargo como diputado federal, a partir del 25 de febrero del año en curso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Diputado José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica)
 
 
 

DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTRERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2009.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva
Presente

Por este conducto me permito solicitarle atentamente que gire sus apreciables instrucciones a efecto de que sea devuelto a este órgano legislativo el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, aprobado por mayoría por parte de la comisión y enviado a la Mesa Directiva el 12 de septiembre de 2008.

Se trata de un dictamen en sentido positivo que comprende siete iniciativas, todas relacionadas con la citada ley, al que es preciso hacer adecuaciones con objeto de satisfacer las diversas demandas y expectativas respecto a ese documento, de todos los grupos parlamentarios.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

Diputado Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica)
Presidente
 
 







Proposiciones de acuerdo
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE CREA E INTEGRA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE VIGILAR EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DE 2009

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

II. Que en fecha 11 de diciembre de 2008 la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo para crear una Comisión Especial plural encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral federal de 2009;

III. Que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política es el órgano facultado para proponer la integración de comisiones;

IV. Que de conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica, el Pleno de la Cámara de Diputados puede acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estime necesario para hacerse cargo de un asunto específico;

V. Que existen antecedentes en la Cámara de Diputados en materia de creación y funcionamiento de este tipo de comisiones especiales, orientadas a vigilar el adecuado uso de recurso públicos durante las campañas electorales, tanto en ámbito local como en el federal, en ejercicio de las atribuciones de control con que este órgano legislativo cuenta;

VI. Que en las Legislaturas LVII y LVIII, la Cámara de Diputados aprobó la constitución de sendas comisiones especiales encargadas de vigilar que no se desviaran recursos públicos en los procesos federales electorales de los años 2000 y 2003 respectivamente;

VII. Que el 5 de julio de 2009 se llevará a cabo la elección de 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y cuyo proceso electoral ya ha iniciado; y

VIII. Que dada de la importancia del proceso electoral en marcha, se consideró oportuno por las diversas fuerzas políticas representadas en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que, a través de una Comisión Especial, se vigile el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales durante el proceso electoral de 2009, en que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, y cuya elección tendrá lugar el próximo 5 de julio.

 Expuesto lo anterior la Junta de Coordinación Política resuelve someter al Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda constituir una Comisión Especial que tendrá como objeto vigilar el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales durante el proceso electoral federal de 2009.

Segundo. Los objetivos específicos de la Comisión Especial serán:

a) Fomentar entre la sociedad y las instituciones públicas la cultura de la denuncia y prevención de delitos electorales;

b) Vigilar que los candidatos a cargos de elección popular, los partidos políticos, los funcionarios públicos, así como las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal no empleen recursos públicos, ya sean financieros, materiales o humanos para apoyar a algún candidato o partido político, así como actos o eventos de índole proselitista.

 Tercero. Las facultades de la Comisión Especial serán: 1) Informar a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación masiva y demás órganos pertinentes, sobre la existencia, el objetivo y los alcances de esta comisión.

2) Disponer de los medios pertinentes para recibir, analizar y, en su caso, canalizar las denuncias ciudadanas respecto al uso indebido de los recursos públicos en el proceso electoral federal.

3) Realizar visitas a cualquier entidad federativa y municipio en los cuales, de acuerdo con la información recibida y analizada acerca de la comisión de un delito se presuma infracción o desvío de recursos en materia electoral, dando prioridad a las cabeceras distritales según la división realizada por el Instituto Federal Electoral.

4) Solicitar la información que considere pertinente a los servidores públicos, a los partidos políticos y a cualquier otro sujeto o ente de derecho público o privado cuyas actividades o información sean de utilidad para corroborar la legitimidad, equidad y legalidad del proceso electoral federal, así como para ayudar en la vigilancia del empleo de los recursos públicos en el proceso electoral.

5) Trabajar en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a fin de realizar reuniones y visitas, así como de canalizar a dicha fiscalía las denuncias ciudadanas que se reciban relacionadas con el probable uso indebido de recursos públicos en el proceso electoral federal.

6) Denunciar, cuando haya flagrancia o pruebas fehacientes de un hecho, a los servidores públicos que incurran en uso indebido de recursos, bienes muebles o inmuebles, materiales, personales o documentación que haya propiciado una práctica electoral desleal o no equitativa.

7) Denunciar a los servidores públicos que, en uso de su encargo, empleo o comisión, destinen apoyos, inscripciones, recursos o materiales provenientes de programas de desarrollo social para beneficiar a un partido o candidato electoral, y

8) Las demás que sean acordadas por la mayoría de los integrantes de la comisión.

 Cuarto. Dicha comisión estará integrada por 12 diputados, distribuidos de la siguiente manera: Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 3
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 2
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 2

Grupo Parlamentario de Convergencia 1
Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México 1
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 1
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza 1
Grupo Parlamentario de Alternativa 1

 La comisión deberá instalarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la aprobación del presente Acuerdo. La Mesa Directiva e integrantes serán designados por la Junta de Coordinación Política.

Quinto. La Comisión Especial deberá aprobar un plan de trabajo que garantice el cumplimiento de su objeto en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de su instalación.

Sexto. La Comisión Especial contará con los recursos necesarios indispensables para el desarrollo de sus trabajos, por lo que dichos requerimientos deberán turnarse al Comité de Administración para su atención.

Séptimo. La Comisión Especial podrá, mediante acuerdo aprobado por la mayoría de sus integrantes, informar a la Junta de Coordinación Política sobre algún asunto relevante que requiera ser atendido de manera extraordinaria.

Octavo. La Comisión Especial deberá presentar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por conducto de la Junta de Coordinación Política, un informe final detallado sobre los resultados de su gestión a más tardar el 31 de julio de 2009, fecha en que quedará extinta.

Noveno. Comuníquese.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de febrero de 2009.

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica p.a.)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa
 
 

Palacio Legislativo, México, DF, a 18 de febrero de 2009.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos comunicarle los nombres de los diputados que integran de la Comisión Especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral federal de 2009:

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa
 
 


DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIA EN RELACIÓN CON EL COMBATE FRONTAL DEL ESTADO MEXICANO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la defensa del estado de derecho, así como de las instituciones políticas y democráticas.

Segundo. La Cámara de Diputados condena los actos de violencia suscitados en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el 17 de febrero del presente año.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a los tres niveles de gobierno a realizar un esfuerzo de coordinación de las fuerzas del orden público en la lucha frontal contra la delincuencia, para frenar la ola de criminalidad que azota en diversas zonas del país, con especial atención en regiones como la comarca lagunera de Coahuila y Durango, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, salvaguardando los derechos de los ciudadanos y brindando la protección a la ciudadanía, así como a los puentes fronterizos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2009.

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Socialdemócrata
 
 


DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIA POR EL ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE LA MEXICANA ELISA LOYO GUTIÉRREZ, COMETIDO A FINALES DE DICIEMBRE DE 2008 EN MANILA, FILIPINAS

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia del objeto del presente, que formula a este órgano de gobierno el diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exige al gobierno de Filipinas el esclarecimiento del homicidio perpetrado contra la mexicana Elisa Loyo Gutiérrez, en Manila, a finales de diciembre de 2008, y manifiesta su apoyo irrestricto a la tarea de nuestra cancillería en este asunto.

Segundo. Esta soberanía exhorta al Parlamento Canadiense para actuar juntos en el esclarecimiento de los hechos.

Tercero. Asimismo, que de no haber resultados aceptables y creíbles en un plazo perentorio, la Cámara de Diputados valorará, en coordinación con la cancillería, el despliegue de acciones adicionales y contundentes que ayuden en el pleno esclarecimiento del caso.

Cuarto. Que la Comisión de Relaciones Exteriores dé seguimiento puntual al contenido de este acuerdo y mantenga informada a esta soberanía.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 18 de febrero de 2009.

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina
 
 


DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO AL PROYECTO DE REFORMAS DE LA NORMA PARA REGULAR LA TRANSFERENCIA Y EL CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Considerando

I. Que de conformidad con el artículo 77, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados tiene la facultad de dictar resoluciones relativas a su régimen interior.

II. Que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene entre sus atribuciones asignar los recursos humanos, materiales y financieros de la Cámara de Diputados.

III. Que en la revisión de la Cuenta Pública 2006 practicada a este órgano legislativo por la Auditoría Superior de la Federación, se hace referencia a la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, destacando la forma de comprobación y la reserva de la información del ejercicio de los recursos y de los informes de las auditorías que al respecto realiza la Contraloría Interna.

IV. Que el citado órgano interno de control presentó a la consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos un proyecto de modificaciones a la norma en cuestión.

V. Que la Junta de Coordinación Política al haber tenido conocimiento del proyecto de modificaciones a la norma referida, estima que ésta debe adecuarse para quedar en los siguientes términos:

 Acuerdo

Primero. Se reforman los artículos 15 y 16, y se adiciona con un capítulo V denominado "De la Rendición de Cuentas", comprendiendo los artículos 21, 22 y 23 de la Norma para Regular la Transferencia y Control de los Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, para quedar como siguen:

Artículo 15. Cada grupo parlamentario establecerá un sistema de contabilidad y control basado en el clasificador por objeto del gasto que apruebe la Junta de Coordinación Política o el Comité de Administración, así como en procedimientos internos de comprobación de gastos, similares a los aplicados por la administración general de la Cámara.

Cada grupo parlamentario deberá implantar las disposiciones que garanticen la adecuada y transparente administración de las subvenciones que reciban.

Artículo 16. Con el propósito de mejorar los controles internos y transparentar la aplicación de los recursos asignados a los grupos parlamentarios, la Contraloría Interna de la Cámara revisará semestralmente a cada grupo la contabilidad de los ingresos recibidos por concepto de subvenciones y los gastos realizados, los analizará e informará de manera directa al coordinador del grupo, los resultados preliminares de cada revisión, con el propósito de que, en el término de cuarenta y cinco días naturales, el coordinador presente la información y documentación que aclare y solvente las observaciones.

Agotado el plazo anterior, la Contraloría Interna dispondrá de hasta tres días para presentar a la Junta de Coordinación Política, los resultados finales de su revisión, sin alusiones específicas por grupo, con las observaciones que no hayan sido aclaradas o solventadas.

Capítulo V
De la Rendición de Cuentas

Artículo 21. Los grupos parlamentarios presentarán, a través de su respectivo coordinador, un informe a la Junta de Coordinación Política por el cual darán a conocer el uso y destino de las subvenciones que les sean entregadas por la Cámara, utilizando para tal efecto el formato que como anexo forma parte de esta norma.

Artículo 22. El informe será cuatrimestral conforme al año calendario, y será presentado dentro de los treinta días siguientes al cierre del cuatrimestre.

Segundo. Sométase a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados las reformas y adiciones señaladas en el artículo que precede.

Transitorio

Único. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2009.

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa


 
 


DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, QUE ESTABLECE OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA PARA LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU ADSCRIPCIÓN

Considerando

I. Que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados tiene la facultad de dictar resoluciones relativas a su régimen interior.

II. Que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene entre sus atribuciones asignar los recursos humanos, materiales y financieros de la Cámara de Diputados.

III. Que es propósito de este órgano de gobierno impulsar las medidas que aseguren de manera estricta el correcto y escrupuloso ejercicio del gasto, aplicando los criterios de racionalidad, austeridad y transparencia de los recursos que son asignados a la Cámara de Diputados.

IV. Que asimismo, y como parte de las acciones para promover que la rendición de cuentas en la aplicación de los propios recursos se ajuste a los propósitos de certeza indispensables en su revisión, es preciso emitir lineamientos específicos de la índole que se indica.

V. Que de conformidad con las consideraciones expuestas, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente

 Acuerdo

Primero. Los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados observarán los criterios de racionalidad, austeridad y transparencia en la ejecución del gasto que realicen.

Segundo. La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad de la Cámara de Diputados presentará a la Junta de Coordinación Política un informe cuatrimestral del gasto realizado por los órganos de gobierno y sus unidades administrativas adscritas.

Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por órganos de gobierno los que con tal carácter se definen en el artículo 2o., fracción II, de la norma para el presupuesto, contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como el Comité de Administración.

Tercero. La Junta de Coordinación Política instruirá la publicación de los informes a que se refiere el artículo anterior en la Gaceta Parlamentaria y en la página electrónica de la Cámara de Diputados.

Cuarto. Con el propósito de mejorar los controles internos y transparentar la aplicación de los recursos de la Cámara de Diputados, la Contraloría Interna revisará semestralmente los gastos ejercidos por los órganos de gobierno y sus unidades adscritas e informará a la Junta de Coordinación Política sobre los resultados de cada revisión.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2009.

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Alejandro Chanona Burguete
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Ricardo Cantú Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputada Silvia Luna Rodríguez (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata
 
 






Oficios
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON EL QUE REMITE EL INFORME POR ENTIDAD FEDERATIVA, CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2008, DE LOS RECURSOS DEVUELTOS A LOS MUNICIPIOS Y A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

México, DF, a 16 de febrero de 2009.

Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Presente

Con relación al Programa de Devolución de Derechos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, anexo al presente para su conocimiento el informe por entidad federativa correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2008 de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa.

Atentamente
Ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte (rúbrica)
Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua


 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE EL CIUDADANO MARIO JESÚS RIESTRA VENEGAS PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ EN LA CIUDAD DE PUEBLA, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN EL ESTADO DE PUEBLA

México, DF, a 12 de febrero de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número PRO-01278, el embajador Francisco del Río, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Mario Jesús Riestra Venegas, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Panamá en la ciudad de Puebla, con circunscripción consular en Puebla.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al Congreso de la Unión con la que el interesado solicita dicho permiso, y del certificado de vecindad, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República de Panamá en México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 
 

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, SEIS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE

México, DF, a 10 de febrero de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-2-2141, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Marcela Cuen Garibi, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 349-A-VI- 031 suscrito por Pedro Luna Tovar, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al incremento en los precios de los combustibles y las tarifas eléctricas.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace legislativo
 
 

México, DF, a 6 de febrero de 2009.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Hago referencia a su oficio número SEL/300/298/09 de fecha 15 de enero de 2009, mediante el que remite el oficio número DGPL 60-II-2-2141 del 14 de enero de 2009, de los diputados César Duarte Jáquez y Marcela Cuen Garibi, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el cual se comunica el punto de acuerdo donde se exhorta al Ejecutivo federal para que se instruya a esta secretaría a revisar el incremento en los precios del diesel, los combustibles y las tarifas eléctricas. Asimismo considere su política de empleo y ejerza de manera eficiente y eficaz el gasto público. Al respecto le comento lo siguiente.

La política para determinar los precios y tarifas de los bienes y servicios que producen y comercializan los organismos y empresas del sector público, tiene como objetivo reflejar los costos de proveerlos. Con ello se busca fomentar la eficiencia productiva de los organismos, y lograr que los usuarios reciban una señal de precios adecuada para la toma de decisiones productivas y de consumo.

Por lo que se refiere a las tarifas eléctricas para usuarios industriales, comerciales y domésticos de alto consumo, se ajustan mensualmente de acuerdo a las variaciones en los precios de los combustibles utilizados en la generación de energía eléctrica y la variación de 7 índices de precios al productor; a través de la fórmula de ajuste automático.

Es importante destacar que sólo durante 2008, los precios de los insumos tuvieron los siguientes incrementos:

                                                Variación en 2008

Gas natural                     32 por ciento
Combustóleo                  81 por ciento
Carbón importado        313 por ciento
Carbón Nacional            15 por ciento
Diesel industrial               19 por ciento
Término de inflación        14 por ciento Considera la ponderación de 7 INPP del sector secundario.

Fuente: CFE.

Dichos incrementos, derivados del aumento sostenido en el precio del crudo y sus derivados, durante el año pasado, se reflejaron en mayores costos de suministro de energía eléctrica; por lo que, en 2008, las tarifas eléctricas se ajustaron a la alza.

No obstante lo anterior, ante la adversidad del entorno económico, con el fin de apoyar la competitividad de las empresas y establecer medidas anticíclicas, en los meses de enero, marzo y noviembre de 2008, y enero 2009, se implantaron las siguientes medidas de política tarifaria:

Enero 2008

1. Reducción de 5 por ciento a todos los cargos de las tarifas comerciales 2, 3 y 7 (baja tensión).

2. Reducción de 5 por ciento a todos los cargos de la tarifa ordinaria O-M (media tensión).

3. Reducción de 30 por ciento a los cargos de energía consumida del periodo de punta para los usuarios de las tarifas horarias H-M y H-MC (media tensión).

4. Reducción de 30 por ciento a los cargos de energía consumida del periodo de punta para los usuarios de las tarifas horarias H-S, H-SL, H-T y H-TL (alta tensión).

5. Homologación de los cargos tarifarios de las regiones central, noroeste, norte, peninsular y sur con los de la región noreste para los usuarios de las tarifas horarias H-S, H-SL, H-T y H-TL (alta tensión), a fin de compactar la señal regional.

6. Reducción de 50 por ciento en el cargo por demanda y 30 por ciento en el cargo por energía para los consumos incrementales en el periodo de punta respecto al mismo periodo del año anterior.

 Marzo 2008

Para dar cumplimiento con el numeral 9 del Programa de apoyo a la economía, 10 acciones para promover la actividad económica, la inversión y el empleo, anunciado por el presidente de la República, se instrumentaron las siguientes medidas contracíclicas en tarifas eléctricas para incentivar el incremento en la producción y en la competitividad del sector:

1. Reducción de 20 por ciento a los cargos de energía consumida del periodo de punta para los usuarios de las tarifas horarias H-M y H-MC (media tensión).

2. Reducción de 20 por ciento a los cargos de energía consumida del periodo de punta para los usuarios de las tarifas horarias H-S, H-SL, H-T y H-TL (alta tensión).

3. Reducción de 10 por ciento a todos los cargos dejas tarifas comerciales 2, 3 y 7 (baja tensión).

 Noviembre 2008

Para atenuar el impacto de las variaciones en los precios de los insumos utilizados en el suministro de energía eléctrica, el gobierno federal consideró conveniente ampliar las opciones tarifarias para aplicar un esquema de tarifas de uso general con cargos fijos para los usuarios industriales de alta tensión. Por lo que se estableció a partir de noviembre de 2008 un esquema de tarifas con cargos fijos por 12 meses, eliminando el efecto de la volatilidad en los precios de los combustibles y las variaciones inflacionarias sobre los ajustes tarifarios y permitiendo a los usuarios industriales de alta tensión una mejor planeación.

Para noviembre, los usuarios que optaron por dicho esquema tuvieron una reducción de aproximadamente 17 por ciento y para diciembre una reducción de 20 por ciento, respecto al mes previo.

Enero 2009

En atención a lo anunciado por el presidente de la República el 7 de enero de 2009, en el marco del Acuerdo nacional en favor de la economía familiar y el empleo, en materia de tarifas eléctricas se aplicó, a partir del enero, lo siguiente:

• Se modificó la fórmula de ajuste automático para reflejar de manera inmediata las variaciones en los precios de los combustibles en las tarifas comerciales e industriales con reducciones en este mes de aproximadamente 20 por ciento, 17 por ciento y 9 por ciento para los usuarios de alta, media y baja tensión, respectivamente.

• Se amplió la opción de una tarifa con cargos fijos por 12 meses a los usuarios industriales de media tensión, con el fin de dar certidumbre en los niveles de precios por periodos de un año.

 Por todo lo anterior, se considera que con las medidas de política tarifaria implantadas en el sector eléctrico se ha cumplido en apoyar a la planta productiva del país.

Atentamente
Pedro Luna Tovar (rúbrica)
Director General Adjunto Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 
 

México, DF, a 9 de febrero de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-2129, signado por el diputado César Duarte Jáquez y el senador Jesús Garibay García, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número BOO.00.R08.8.1-0059, suscrito por el ingeniero Oscar Gutiérrez Santana, director general del organismo de cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo original que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la dotación de agua para el ciclo correspondiente a 2009, en beneficio de organizaciones y productores campesinos de la región lagunera.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

Torreón, Coahuila, a 29 de enero de 2009.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

En relación con su atento oficio número SEL/300/5497/08, de fecha 23 de diciembre de 2008, mediante el cual transmite al secretario de Medio Ambiente y Recurso Naturales el punto de acuerdo del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 22 de diciembre próximo pasado, que se transcribe a continuación:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, previo análisis técnico, a la Comisión Nacional del Agua que autorice la dotación de 350 millones de metros cúbicos a los mil 50 metros (sic) cúbicos aprobados por resolución presidencial para el ciclo correspondiente a 2009, teniendo así un total de mil 400 millones de metros cúbicos. En beneficio de organizaciones y productores campesinos de la región lagunera. Al respecto, resultado del análisis llevado a cabo por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), adjunto me permito enviarle el oficio número BOO.-87, de fecha 15 de enero de 2009, mediante el cual el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) da contestación del mismo punto de acuerdo al senador Luis Alberto Villarreal García, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Por último, cabe mencionar que en este documento de contestación, la Comisión Nacional del Agua le comunica al senador Villarreal García la mejor disposición para realizar una reunión de trabajo, a la brevedad posible, con el senador Ramiro Hernández García y los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Javier Guerrero García, promotores del punto de acuerdo, para presentarles el análisis de riegos 2008-2009 del D.R.017.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Ingeniero Oscar Gutiérrez Santana (rúbrica)
Director General del Organismo de Cuenca
 
 

México, DF, a 15 de enero de 2009.

Senador Luis Alberto Villarreal García
Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión de la Comisión Permanente el 22 de diciembre de 2008, que se transcribe a continuación:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, previo análisis técnico, a la Comisión Nacional del Agua que autorice la dotación de 350 millones de metros cúbicos adicionales a los mil 50 metros (sic) cúbicos aprobados por resolución presidencial para el ciclo correspondiente a 2009, teniendo así un total de mil 400 millones de metros cúbicos, en beneficio de organizaciones y productores campesinos de la región lagunera. Al respecto, me permito informarle que el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) de la Comisión Nacional del Agua es quien autoriza los volúmenes de agua a extraer de las 137 presas que abastecen a los distritos de riego, en función del volumen de agua almacenado al inicio del año agrícola y de una probabilidad de ocurrencia de las aportaciones a las presas del 98 por ciento, correspondiente a un año seco. Este cuerpo colegiado está integrado por diferentes áreas de la Conagua; dependencias del gobierno federal, como la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entre otras; e instituciones de enseñanza e investigación como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El 1 de octubre de 2008 inicio del año agrícola. Las presas del río Nazas, El Palmito (Lázaro Cárdenas) y Las Tórtolas (Francisco Zarco) tenían almacenados 3,386.9 y 343.7 millones de metros cúbicos respectivamente.

El CTOOH tomó el acuerdo de extraer del sistema de presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco 1,050 millones de metros cúbicos para el año agrícola 2008-2009, considerando los decretos presidenciales de 1963 y de 1988, así como las reglas de extracción vigentes para el sistema de presas en comento.

Este volumen de agua autorizado fue dado a conocer al comité hidráulico del distrito de riego 017, región lagunera, Coahuila y Durango, por la Dirección General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, solicitando la elaboración del plan de riegos del año agrícola 2008-2009. El comité hidráulico aprobó el plan de riegos en la reunión del 17 de diciembre de 2008. Le recuerdo que el comité hidráulico está integrado por los 17 presidentes de las asociaciones civiles de usuarios (módulos) que tienen concesionados el agua y la infraestructura para prestar el servicio de riego a sus asociados. Este comité es presidido por el ingeniero en jefe del distrito de riego, quien sólo tiene voto de calidad.

El punto de acuerdo de la Comisión Permanente fue remitido al CTOOH por la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola (SGIH) para discusión en su reunión del 13 de enero de 2009.

Para que el CTOOH tuviera más elementos, la SGIH le envió el análisis del plan de riegos 2008-2009, que se anexa al presente para su conocimiento.

La Conagua cuenta con datos de escurrimientos del río Nazas desde 1929. Los escurrimientos anuales del río Nazas son muy variables, lo que hace que el coeficiente de variación sea muy grande e igual a 0.62. Las sequías hidrológicas en el río Nazas son muy recurrentes. En 78 años se han presentado 19 sequías hidrológicas, 1 extraordinaria y 2 severas, con 5 o más años de duración.

En los años agrícolas 1989-1990 y 1992-1993 se tuvieron aportaciones del río Conchos a las presas El Palmito y Las Tórtolas mayores a la media aritmética de 1,317.6 millones de metros cúbicos.

A partir del año agrícola 1993-1994 inició una sequía hidrológica en el río Nazas que fue interrumpida en el año agrícola 1995-1996. Pero a partir del año agrícola 1996-1997 se inició la sequía extraordinaria que terminó en 2003-2004.

En los años agrícolas en que se tuvieron aportaciones a las presas mayores que la media aritmética se hicieron extracciones superiores a las 1,050 millones de metros cúbicos, contraviniendo los decretos de 1963 y 1988. Por ejemplo, en el año agrícola 1991-1992 se extrajeron 1,753 millones de metros cúbicos. Esta política de extracción, aunada a la sequía extraordinaria que inició en 1996-1997, ocasionó que el 1 de octubre de 2001 se tuvieran almacenados en las dos presas tan sólo 622 millones de metros cúbicos, autorizando el CTOOH una extracción de 309 millones de metros cúbicos para ese año agrícola.

La Conagua propuso reglas de extracción de agua del sistema de presas El Palmito-Las Tórtolas, en función de la suma de los volúmenes de agua almacenados al 1 de octubre de cada año. Si este volumen de agua almacenado es mayor o igual a 2,640.0 millones de metros cúbicos, el volumen de agua autorizado a extraer es de 1,050 millones de metros cúbicos. Estas reglas fueron obtenidas con ayuda de un modelo matemático de simulación del funcionamiento de los vasos de almacenamiento de ambas presas.

Tomando en cuenta los almacenamientos que se tenían el 1 de diciembre de 2008 y que eran 3,127.3 millones de metros cúbicos en El Palmito y 344.8 millones de metros cúbicos en la Francisco Zarco, se hizo una simulación del funcionamiento de los 2 vasos, considerando la extracción autorizada de 1,050 millones de metros cúbicos en el año agrícola 2008-2009 y aportaciones correspondientes a un año seco, encontrándose que para los años agrícolas 2009-2010 y 2010-2011 se autorizarían 880 y 717 millones de metros cúbicos, respectivamente. Si se autorizan los 360 millones de metros cúbicos adicionales solicitados en el punto de acuerdo y si el año 2008-2009 fuera seco, se autorizaría para el próximo año agrícola 530 millones de metros cúbicos.

Finalmente, en el análisis se presenta una simulación en donde se considera el almacenamiento que tenían las presas el 1 de diciembre de 2008, que en el año agrícola 2008-2009 se extraen los 1,050 millones de metros cúbicos autorizados y que se presentan los escurrimientos observados a partir del año 1993-1994. Los resultados de la simulación muestran que en el peor año, aplicando las reglas de extracción propuestas por la Conagua, se extrajeron 417 millones de metros cúbicos, volumen superior a los 309 millones de metros cúbicos extraído en el año agrícola 2001-2002.

El CTOOH tomó el acuerdo 4550, en su reunión 874 del 13 de enero de 2009, que a la letra dice lo siguiente:

Contestar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que no es conveniente aprobar 350 millones de metros cúbicos de la presa Lázaro Cárdenas, Durango, adicionales a los 1,050 millones de metros cúbicos asignados para el ciclo agrícola 2008-2009, a fin de respetar los decretos presidenciales y propiciar un uso racional del recurso, así como proponer presentarles, en su caso, los análisis técnicos realizados que fundamentan lo anterior. Senador Villarreal García, la Comisión Nacional del Agua está en la mejor disposición para llevar a cabo una reunión de trabajo, a la brevedad posible, con el senador Ramiro Hernández García y los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Javier Guerrero García, promotores del punto de acuerdo, o con quien usted considere conveniente, para presentarles el análisis del plan de riegos 2008-2009 del distrito de riego 017, región lagunera, Coahuila y Durango.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Ingeniero José Luis Luege Tamargo (rúbrica)
Director General
 
 

México, DF, a 11 de febrero de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-2185, signado por el diputado César Duarte Jáquez y el senador Ramiro Hernández García, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 170/ UCVPS/ DGAVS/ 113/ 2009, suscrito por el doctor Lucio Galileo Lastra Marín, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 5 de febrero de 2009.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero al punto de acuerdo presentado por el diputado Alberto Amaro Corona (PRD) el 22 de diciembre de 2008, mediante el cual se exhorta a diversas dependencias y a la Secretaría de Salud a revisar las condiciones del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales.

Al respecto, me permito acompañar los comentarios emitidos por el licenciado Francisco Hernández Aguilar, director general de Relaciones Internacionales respecto al punto de acuerdo de referencia.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente
Doctor Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica)
Director General Adjunto
 
 

México, DF, a 3 de febrero de 2009.

Para: Doctor Lucio Galileo Lastra Marín
Director General Adjunto de Vinculación Social

De: Licenciado Francisco Hernández Aguilar
Director General de Relaciones Internacionales

Asunto: Desahogo de información sobre el punto de acuerdo del 22 de diciembre de 2008 aprobado el 8 de enero de 2009 por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión relativo al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.

 Se recibió en esta oficina el oficio 170/ UCVPS/ DGAVS/ 74/ 2009 de la dirección general adjunta, a su digno cargo, con copia del oficio SEL/300/243/09 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, donde se adjunta el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión mediante oficio DGPL60-II-3-2185, que a la letra dice: "Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a revisar, a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión social, y de Salud, las condiciones del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales; tomando en consideración las propuestas de modificación descritas en el cuerpo del presente documento para mejorar las condiciones laborales y humanas de los trabajadores agrícolas mexicanos". En este sentido, es necesario señalar en principio que la participación de la Secretaría de Salud en el Programa de Trabajadores Temporales México-Canadá (PTAT) se ubica en dos áreas específicas. Una es la realización y llenado del informe médico del trabajador candidato para viajar al Canadá y la otra es mediante la repatriación de connacionales enfermos. De tal forma, esta secretaría está limitada jurídicamente a brindar servicios médicos que infieren de manera directa sólo con las condiciones humanas de los trabajadores mexicanos.

1. Realización y llenado del informe médico del candidato a trabajador temporal del PTAT

Desde 1994 el gobierno del Canadá solicitó la realización de un informe médico para cada uno de los candidatos a trabajador agrícola. En este sentido, desde 1994 la Secretaría de Salud coadyuva en la realización de dicho informe a través de clínicas del sector salud.

Paulatinamente, y con el objetivo de beneficiar a los trabajadores agrícolas, la Secretaría de Salud desconcentró los centros de salud donde se realiza dicho informe y en la actualidad se práctica en los estados de Puebla, México, Oaxaca, Jalisco, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y el Distrito Federal, lo que forma un total de quince clínicas del sector salud.

Así, se generan los siguientes beneficios a los trabajadores:

1. Ahorro en tiempo y dinero para el trabajador que se desplaza,
2. Disminución en la deserción de candidatos,

3. Incremento en el número de reclutados,
4. Reducción en los casos de repatriación por enfermedad,

5. Otorgamiento de atención médica necesaria cerca de su localidad, y
6. Mejora en la calidad de los exámenes médicos.

 2. Repatriación de connacionales enfermos graves

Dentro del Programa de Salud del Migrante 2007-2012, la Secretaría de Salud contempló la repatriación de connacionales enfermos graves. Este apartado del programa se lleva a cabo en coordinación con los consulados mexicanos en el exterior y tiene como objetivo brindar la atención médica de emergencias de manera inmediata a aquellos connacionales que así lo requieran.

Durante 2008 se atendieron efectivamente a cinco connacionales que fueron repatriados desde Canadá, precisamente como trabajadores del PTAT. Todos ellos fueron atendidos por el sector salud en México.

Este programa tiene un carácter de permanente y seguirá vigente para brindar la atención médica necesaria a los mexicanos que así lo requieran.

Sin más por el momento, quedo de usted y le envío un cordial saludo.

Atentamente
Licenciado Francisco Hernández Aguilar (rúbrica)
Director General de Relaciones Internacionales
 
 

México, DF, a 10 de febrero de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta del oficio número DGPL 60-II-5-2357, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Marcela Cuen Garibi, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 400/042/08, suscrito por Ana Teresa Aranda Orozco, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al Día Internacional del Migrante.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 26 de enero de 2009.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación

Me refiero a su oficio número SEL/300/230/09 relativo al punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el pasado 7 de enero del año en curso, por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de los gobiernos estatales y municipales del Distrito Federal, por conducto de las dependencias competentes a que impulsen la conmemoración y celebración del Día Internacional del Migrante establecido el 18 de diciembre. Respecto del punto "Primero", le informo que con motivo de la celebración del Día Internacional del Migrante, el pasado 18 de diciembre el Instituto Nacional de Migración a través de la Coordinación Nacional del Programa Paisano, llevó un evento en honor a los migrantes que cada temporada vacacional visitan a sus familiares en México.

Dicho evento tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue presidido por el secretario de Gobernación, el licenciado Fernando Gómez Mont Urueta; la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, la licenciada Ana Teresa Aranda; la comisionada del Instituto Nacional de Migración, la licenciada Cecilia Romero Castillo; la licenciada Elizabeth Yáñez Robles, subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, el ingeniero Juan José Bravo Moisés, administrador general de Aduanas del Servicio de Atención Tributaria, SHCP, el licenciado Héctor Velázquez Corona, director general del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y la maestra Itzel Ortiz Zaragoza, coordinadora nacional del Programa Paisano.

Además, también estuvieron presentes funcionarios públicos de diferentes dependencias involucradas en el trato, servicio y protección a los paisanos como la Secretaría de la Función Pública, Banjército, la Administración General de Aduanas, la Secretaría de Seguridad Pública, con la intención de recibir un mensaje para continuar trabajando de forma coordinada y humana en beneficio de los connacionales, evitando cualquier tipo de extorsión y abuso por parte de funcionarios públicos.

El secretario de Gobernación asumió el reto de otorgar un trato digno a todos y cada uno de los ciudadanos extranjeros que no tengan en regla su documentación migratoria y por eso se fortalecieron los servicios migratorios de atención, recepción y repatriación. Por su parte la comisionada del Instituto Nacional de Migración informó que el operativo de invierno Paisano 2008, inició el pasado 24 de octubre y concluyó el 9 de enero del presente año donde han recibido a más de un millón de connacionales, agregó que se han registrado un total de 158 quejas y atendido 51 mil 500 llamadas de solicitud de servicios.

También es importante señalar que estamos trabajando para impulsar la participación con otras dependencias con la finalidad de seguir brindando seguridad y respeto a los derechos humanos de todo aquel que ingrese a territorio mexicano.

Teniendo en cuenta que trabajando en coordinación con los tres niveles de gobierno podremos lograr todas las expectativas planteadas, sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Ana Teresa Aranda Orozco (rúbrica)
Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos
 
 

México, DF, a 11 de febrero de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En respuesta del oficio número DGPL 60-II-2-2156, signado por los diputados César Duarte Jáquez y José Rubén Escajeda Jiménez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 345 09, suscrito por Miguel Messmacher Linartas, titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la implantación de políticas públicas que fortalezcan a las familias mexicanas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 5 de febrero de 2009.

Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero al oficio número SEL/300/440/09, en el que comunica al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens, el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 21 de enero del año en curso, que se transcribe a continuación:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a implantar en la administración pública federal políticas públicas que tiendan a fortalecer a las familias mexicanas en su organización y desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, aprovechando las reflexiones y conclusiones que se den en ocasión del Encuentro mundial de las familias, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Al respecto, le comento que la administración del presidente Calderón estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) el desarrollo humano sustentable como su principio rector, que asume que el propósito del desarrollo consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad, y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras. Con ello se propone asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades fundamentales, como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección de sus derechos humanos. Significa también que las oportunidades para las generaciones actuales y las futuras puedan ampliarse, y que el desarrollo de hoy no comprometa el de las siguientes generaciones.

Adicionalmente, en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 (Pronafide) se estableció como objetivo final propiciar mayor desarrollo para todos los mexicanos. Este programa establece los objetivos y las estrategias para garantizar la disponibilidad de recursos fiscales y financieros para el desarrollo, así como para crear el entorno idóneo para que cada familia y cada persona disfruten, gracias a un competitivo sistema financiero, de los resultados de su trabajo, de su ahorro y de su inversión. Así, el Pronafide complementa el cuadro de herramientas necesarias para cumplir el PND, al sumarse al conjunto de programas sectoriales y especiales. Todos y cada uno de estos elementos persiguen en última instancia el objetivo de hacer realidad el desarrollo pleno de los mexicanos, mediante un futuro más próspero y con mayores oportunidades para todos.

Los objetivos y las estrategias definidos en el PND y en el Pronafide son coherentes con lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente por lo que se refiere a que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, a un ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar, a disfrutar de vivienda digna y decorosa y a que los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Es conveniente destacar que el 30 de abril de 2008 inició su operación el Programa de Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritaria, que se orienta a mejorar la alimentación y nutrición de los hogares en las localidades más dispersas del país que no están siendo atendidos por otros programas alimentarios del gobierno federal. El programa busca también fortalecer el capital social de estos hogares y acercarlos a los programas sociales y servicios públicos de modo que sean parte integral y activa del desarrollo de sus comunidades, de sus municipios, de su estado y de México. Para 2008 se previó otorgar apoyos monetarios a 200 mil hogares, complemento nutricional a 133 mil 636 niños y a 13 mil 652 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Finalmente, le comento que en 2008 dentro del gasto en desarrollo social, que representa 55.6 por ciento del gasto programable total, los gastos en las funciones de urbanización, vivienda regional y desarrollo regional, asistencia social, agua potable y alcantarillado, seguridad social y educación fueron de 20.3, 14.6, 13.0, 6.2 y 5.4 por ciento, en cada caso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Miguel Messmacher Linartas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública
 
 

México, DF, a 10 de febrero de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En alcance a mi oficio SEL/ 300/ 643/09, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 110.01.01.-3050/09, suscrito por el licenciado Wolfgang Rodolfo González Muñoz, coordinador general jurídico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales complementa la respuesta al punto de acuerdo relativo a las reglas de operación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
 
 

México, DF, a 26 de enero de 2009.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Por instrucciones del ciudadano secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, y en relación con su oficio número SEL/ 300/ 535/08, por el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su sesión celebrada el pasado 2 de diciembre de 2008, en el cual ese órgano legislativo exhorta al titular del Poder Ejecutivo a ajustarse a lo que establece el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de diciembre de 2008, las reglas de operación.

Le informo, que las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2008 y en el portal de Internet de esta dependencia, en la dirección electrónica

http://www.sagarpa.gob.mx/ Asimismo, anexo al presente se remite un disco compacto con el archivo de las mencionadas reglas de operación, tal como se publicaron el órgano informativo señalado.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Licenciado Wolfgang Rodolfo González Muñoz (rúbrica)
Coordinador General Jurídico
 
 


DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE IMPULSO A LA ECONOMÍA PRODUCTIVA, PRESENTADA POR EL SENADOR PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

México, DF, a 17 de febrero de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Pablo Gómez Álvarez, en nombre de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Impulso a la Economía Productiva.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, la que se anexa.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Impulso a la Economía Productiva

Quienes suscriben, senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 25, 28, 70, 71, fracción II, 73, fracciones XXIX-I y XXIX-E, y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa:

Exposición de Motivos

La recesión que vive gran parte del mundo comprueba cómo las crisis recurrentes son una característica del sistema imperante. En los pasados meses, los apotegmas del neoliberalismo han sucumbido ante la magnitud y profundidad de una de las mayores crisis económicas.

La recesión ha obligado a las naciones desarrolladas a responder con audaces políticas de intervención estatal para a) el rescate y control de intermediarios financieros como medio para mantener el otorgamiento de crédito; b) la ampliación del déficit público para financiar inversión productiva y social; c) la implantación de programas para atender el costo social del desempleo; y d) un relajamiento de las políticas monetarias para incentivar la inversión y el consumo.

En el conjunto de esas políticas fiscales y monetarias se observa el intento de las autoridades gubernamentales de enfrentar el fenómeno del desempleo y la depresión mediante la intervención directa del Estado.

México no quedó aislado de la recesión, aunque hacia el interior poco se ha hecho para enfrentarla. Una muestra es lo que se observa en el mercado cambiario, donde la incertidumbre ha permitido a los especuladores presionar hacia una mayor devaluación del tipo de cambio. Lo mismo sucede en el resto de la economía, donde las empresas han comenzado a contraer la inversión, mientras que la banca comercial ha optado por restringir el crédito. Todo esto, aunado a la incapacidad del gobierno federal, que gasta poco y regula mal, está provocando que la caída del producto interno bruto (PIB), el consumo y el empleo vaya más allá de una repercusión mecánica de la recesión en Estados Unidos.

Las consecuencias de la recesión se viven dramáticamente en cada familia mexicana que sufre en la vida cotidiana el desempleo, la inflación y los bajos salarios. Y frente a ese escenario, el gobierno demora con recelo el reconocimiento de las proporciones y los efectos de la crisis sobre la economía.

Incluso, el Ejecutivo profesa que con las 25 acciones gubernamentales anunciadas en enero podrá mitigar la caída de la producción y el consumo, tesis que es confirmada oficialmente por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que afirman una expectativa de decrecimiento ubicada entre -0.6 y -1.7 por ciento para el cierre de 2009, mientras que diversos especialistas prevén que en los próximos meses veremos una caída del producto mayor de -2 por ciento y, por lo menos, medio millón más de personas desempleadas.

Desde hace años, las reformas estructurales neoliberales han privilegiado la defensa de un modelo de competencia que, en la realidad, obstruye el acceso a la senda del crecimiento sostenido con justicia social, beneficiando sólo a unas cuantas empresas que atentan contra el bienestar de la población, amasando con inusitada rapidez fortunas inmorales.

La actual crisis pone de manifiesto las fortalezas y capacidades de cada uno de los países latinoamericanos para enfrentar la recesión. De acuerdo con las estimaciones de crecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el caribe (Cepal) para 2009, Perú tiene una expectativa de 5 por ciento; Bolivia, Venezuela, Cuba, Uruguay y Panamá, de 3 a 4.5 por ciento; y Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Brasil, de 2 por ciento. México, en cambio, tiene una expectativa de sólo entre -0.6 y -1.7 por ciento, lo que nos coloca nuevamente en el último lugar de crecimiento en la región de Latinoamérica y el Caribe.

La caída de las expectativas de crecimiento mundial, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se han reducido de 1 a 0.5 por ciento para 2009, y la confirmación de una tasa negativa de crecimiento para Estados Unidos, aunada a la caída de la inversión extranjera directa y las remesas familiares hacia México, eliminan toda posibilidad de que los factores externos continúen como motor del crecimiento nacional. Se precisa entonces del fortalecimiento del mercado interno como nueva palanca del anhelado crecimiento económico.

Sin embargo, 20 años de aplicación de políticas neoliberales, que recortaron el gasto y la inversión pública en la economía y que abandonaron las políticas de desarrollo de la industria nacional, llevaron a la devastación de las cadenas industriales mexicanas, a la dependencia del orden de 80 por ciento en insumos importados y al virtual desmantelamiento de las industrias petrolera y eléctrica, así como al abandono del campo y otras actividades estratégicas, provocando la emigración de 12 millones de connacionales al mercado de trabajo exterior. En la misma línea neoliberal, se privatizó el sistema de pensiones de los trabajadores mexicanos, con fatídicos resultados para la masa de ahorro laboral, y se ha insistido en una política salarial que sólo ha derivado en pérdidas del poder adquisitivo de los salarios.

El saldo final de estos años neoliberales es un Estado minimizado en sus capacidades de intervención y sumamente débil frente a los poderes fácticos del mercado. Y si agregamos a estos problemas estructurales que para 2009 se ha previsto una contracción de la inversión del sector privado, así como la elevación del costo del financiamiento, la posibilidad de que el motor de crecimiento sea endógeno es inviable con la estrategia actual del gobierno federal, en la que se inscribe, incluso, el magro plan de acciones anticrisis.

Esperar que Estados Unidos y el resto de las economías desarrolladas reactiven su consumo no es una opción para la población mexicana. Ante ese escenario, el Estado tiene que aplicar políticas activas, entre las que deben destacar un programa nacional de inversiones públicas productivas, un fortalecimiento efectivo de los salarios, una firme política de regulación estatal que controle el poder de los monopolios y una política social que contenga los efectos de la crisis.

Es urgente una redefinición sustancial del papel del gasto público en la economía nacional para compensar la contracción de la inversión privada, aplicando un audaz programa de inversiones productivas que fomente la inversión privada y social, dirigidas a la reactivación del crecimiento económico nacional, como vía para garantizar el desarrollo económico, el empleo formal y una más justa distribución del ingreso, de conformidad con lo proclamado en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin necesidad de abandonar el resguardo de la estabilidad macroeconómica, el Estado debe y puede redefinir el gasto público en función de los criterios fundamentales de potencialidad, eficiencia y oportunidad, según las siguientes líneas estratégicas de ejercicio: el desarrollo de infraestructura estratégica para la integración del mercado nacional; la creación de unidades productivas del sector paraestatal, la ampliación y el fortalecimiento de proyectos hidráulicos estratégicos; la producción, el almacenamiento y la distribución de granos básicos a escala nacional; el desarrollo de cadenas productivas nacionales para impulsar la reindustrialización del país; la construcción de escuelas y su equipamiento; y la disminución de las disparidades del desarrollo regional en el país.

El Ejecutivo ha emitido una convocatoria para construir un pacto con los empresarios, los sindicatos y otros entes sociales frente a la recesión, pero no envía señales claras con medidas contundentes que dejen apreciar un verdadero compromiso con el cambio en la política económica. La carencia de esas medidas convierte en demagogia la acción gubernamental y ello sólo habrá de profundizar el efecto social de la crisis, con el riesgo de mayor descomposición del tejido social ocasionado por la desesperación ante la ausencia de ingreso familiar.

La actual coyuntura reclama del Estado mexicano reasumir su función de rector de la economía. La crisis apremia al poder político para que, a través de un nuevo esquema de financiación del crecimiento y el desarrollo, provea a la nación de lo que el mercado no ha podido: el progreso económico, y la disminución de la desigualdad social y de la pobreza extrema, en el marco del desarrollo de las libertades ciudadanas y la democracia.

Frente a este escenario de recesión de la economía y de omisiones del Ejecutivo, el Poder Legislativo se encuentra obligado a convocar, mediante decretos, a los sectores de la sociedad para redefinir una estrategia que restituya las capacidades del Estado para sobreponerse a los obstáculos al crecimiento impuestos por una inercia económica venida del exterior, pero también contra una serie de inercias internas en la política económica impulsora del florecimiento de una red de intereses que ha desarticulado los instrumentos fiscales, monetarios, regulatorios y de financiamiento que constitucionalmente deberían permitir al Estado la eficiente rectoría sobre el desarrollo nacional.

En este momento, la prioridad de las fuerzas políticas presentes en el Congreso debe ser emitir disposiciones que permitan el cambio y otorguen al Ejecutivo federal instrumentos de política fiscal y de regulación para contener el efecto negativo de la crisis económica y, con ello, mitigar el alto costo social que significa la recesión, así como para reactivar con premura el crecimiento de la economía nacional.

En el momento en que la magnitud de la crisis internacional ha obligado a la Cepal y al FMI a convocar el esfuerzo internacional para elevar el gasto fiscal en 2 por ciento del PIB mundial y a recomendar el fortalecimiento de las políticas fiscal y monetaria para reactivar la demanda agregada y el crédito bancario, la presente iniciativa propone el objetivo de redefinir el papel del gasto público como un instrumento de reactivación del mercado interno, a través del financiamiento de proyectos de infraestructura federal y de las entidades, dirigidos a integrar el mercado interno; a impulsar la reindustrialización nacional a través del fortalecimiento de la demanda de bienes, servicios e insumos nacionales; a conservar y ampliar la infraestructura urbana; a abatir los desequilibrios regionales; y a ofrecer la posibilidad de generar empleos.

La propuesta se dirige también a dotar al Estado de potestades para la corrección de las disfunciones de la banca, con objeto de garantizar el crédito productivo, y para la eliminación de las distorsiones del mercado que atentan contra la estabilidad de precios y el abasto de bienes socialmente necesarios para la población.

La presente iniciativa de Ley de Impulso a la Economía Productiva busca ser una respuesta alejada de la retórica y, sobre todo, de la conducta de medidas aisladas que no constituyen en su conjunto cambio alguno en la política económica. Así, la iniciativa busca la creación del fondo federal de inversiones productivas, constituido por economías presupuestales, recursos no previstos, subejercicios, algunos fondos ya existentes en el Presupuesto de Egresos de la Federación y otras disposiciones y, especialmente, hasta con tres puntos porcentuales del PIB, procedentes de financiamiento, que significan, estos últimos, cerca de 400 mil millones de pesos por año. Con esta masa anual de recursos de inversión se podrían crear centenares de miles de empleos directos e indirectos, toda vez que en sí misma detonaría la actividad de diversas ramas de la industria.

Si, al mismo tiempo, el Ejecutivo reduce el gasto corriente y, en términos de la presente iniciativa, lo destina al fortalecimiento del nuevo fondo, el monto de los recursos podría multiplicarse y, por tanto, incrementar el alcance de la ley que ahora se presenta como proyecto. En efecto, esta iniciativa propone que todos los ahorros, subejercicios y excedentes de ingresos sean directamente canalizados al nuevo fondo federal de inversiones productivas.

Con suficiente decisión podrían canalizarse, a través del nuevo fondo, recursos superiores a 500 mil millones de pesos anuales durante los próximos dos años; es decir, unos 34 mil 500 millones de dólares.

La iniciativa plantea también la administración del fondo directamente desde la Presidencia de la República, pues la burocratización del gobierno no garantiza un manejo directo y de conjunto de tan importantes recursos. Así también, se plantea la formulación de un programa rector para la reactivación económica nacional, el cual formaría parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, con aprobación de la Cámara de Diputados, y en el que figurarían los proyectos de inversión. Se autoriza también que los recursos del fondo puedan ser destinados a proyectos de las entidades federativas y no sólo a los del gobierno federal debido, además, a la escasez de estos últimos.

Para el año actual, el gobierno federal podría proveer al fondo con recursos que de ninguna otra manera se aplicarían a la economía productiva y lo mismo se podría repetir en 2010, último año de vigencia de la ley. Se trata entonces de una gran iniciativa económica en favor del empleo y contra la recesión cuyos resultados podrían medirse y evaluarse dos años después de entrada en vigor, a efecto de que el Congreso analice la experiencia y decida la continuidad o modificación del nuevo rumbo emprendido.

Es necesario aclarar que el fondo no comprende los actuales presupuestos de inversión del sector paraestatal, de tal manera que los cálculos aquí incluidos son adicionales a lo que ya está autorizado para Pemex, la CFE, etcétera.

Todo lo anterior estaría acompañado de elementos efectivos de fiscalización y de control político de parte del Congreso que aseguren que el viraje de la política de gasto-financiamiento para el impulso de las actividades productivas no devenga viejas y nuevas formas de corrupción.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del Congreso la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley de Impulso a la Economía Productiva

Artículo Único. Se crea la Ley de Impulso a la Economía Productiva, para quedar como sigue:

Ley de Impulso a la Economía Productiva

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto el impulso y el apoyo de la inversión pública productiva de la federación y de las entidades federativas, así como, en forma indirecta, la inversión privada y la social, dirigidas a la reactivación del crecimiento de la economía como vía para garantizar el desarrollo económico y social, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se crea el Fondo Federal de Inversiones Productivas.

Artículo 3. Las inversiones productivas del Estado a que se destinan los recursos del fondo son las dirigidas a la construcción, a la rehabilitación, al mantenimiento y al desarrollo de infraestructura económica, obra hidráulica, y desarrollo urbano, rural y social, así como a la producción industrial, los servicios y la comercialización, todo ello del sector público, para el cumplimiento del objeto de la presente ley.

Capítulo Segundo
Los Recursos y la Administración del Fondo

Artículo 4. El fondo se integra con los recursos públicos federales considerados en las siguientes disposiciones:

I. Los recursos destinados a programas presupuestarios con proyectos de inversión para obra pública en infraestructura, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación a cargo de la administración pública federal centralizada.

II. Los recursos asignados por la Cámara de Diputados adicionales a los contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y aprobados con posterioridad a éste.

III. Los fondos federales contenidos en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los artículos respectivos de la Ley Federal de Derechos:

1. Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;

2. Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros;

3. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

4. Los recursos equivalentes a 10 por ciento de ingresos excedentes, que se destinan a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

IV. El subejercicio de gasto de la administración pública federal centralizada, consolidado al año.

V. Los ingresos excedentes consolidados al año de la administración pública federal centralizada y demás recaudación no prevista en la Ley de Ingresos.

VI. Los remanentes del costo financiero del sector público en relación con pagos autorizados o provocados por devaluaciones cambiarias.

VII. Los ahorros presupuestarios y las economías consolidados de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal centralizada, de los Poderes Judicial y Legislativo, y de los órganos constitucionales autónomos.

VIII. Los recursos obtenidos de financiamiento de la administración pública centralizada.

IX. Las utilidades netas del Banco de México en favor del gobierno federal.

 Artículo 5. No forman parte del fondo los recursos presupuestales ordinarios de inversión pública en salud, educación, defensa, marina y seguridad pública.

Artículo 6. La administración del fondo está a cargo de la Oficina de Presupuesto de la Presidencia de la República, órgano cuyo titular es designado y removido directamente por el presidente de la República.

El gasto corriente que requiere la operación de la Oficina de Presupuesto es cubierto con la asignación presupuestal de la propia Presidencia de la República.

Artículo 7. Por ningún concepto pueden aplicarse recursos del fondo a gasto corriente.

Artículo 8. Los programas y proyectos de inversión cubiertos con recursos del fondo privilegian la incorporación creciente de bienes y servicios generados por la pequeña y la mediana industrias nacionales, cuya participación en aquéllos no es menor de 35 por ciento de la totalidad de los recursos invertidos.

Artículo 9. El Ejecutivo federal realiza las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el pleno cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, siempre que no sean mayores que lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informa trimestralmente a la Cámara de Diputados.

Artículo 10. Las inversiones a cargo del fondo son ejecutadas por el gobierno federal o por los gobiernos de las entidades federativas sobre proyectos propios de éstas, de conformidad con la presente ley y con las reglas de carácter general emitidas por el Ejecutivo federal.

Capítulo Tercero
Autorización de Financiamiento Extraordinario

Artículo 11. Se autoriza al Ejecutivo federal para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, en moneda nacional, en adición de lo autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación, hasta por un monto neto anual equivalente a tres puntos porcentuales del producto interno bruto del año anterior calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 12. Los créditos obtenidos conforme al artículo anterior se destinan exclusivamente al fondo.

Artículo 13. El financiamiento neto en moneda extranjera con cargo al gobierno federal (administración pública centralizada) procedente de la banca comercial y de organismos multilaterales o gobiernos extranjeros forma parte del fondo.

Capítulo Cuarto
Programa Rector para la Reactivación Económica Nacional

Artículo 14. Las asignaciones de recursos del fondo se realizan mediante el Programa Rector para la Reactivación Económica Nacional, diseñado por la Oficina de Presupuesto y presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados como parte del proyecto anual de egresos.

En el diseño del programa rector participan los gobiernos de las entidades federativas según norma de carácter general emitida por el Poder Ejecutivo federal.

Artículo 15. Los objetivos específicos del programa rector son

I. El desarrollo de infraestructura estratégica para el fomento de la producción, el comercio, los servicios y la integración del mercado nacional;

II. Las inversiones en unidades productivas, comerciales y de servicios de la administración pública paraestatal;

III. La ampliación y el mejoramiento de sistemas hidráulicos;

IV. La producción, el almacenamiento y la distribución de granos básicos;

V. El desarrollo de cadenas productivas nacionales para impulsar la reindustrialización del país;

VI. La disminución de las disparidades del desarrollo regional; y

VII. La construcción de edificios para servicios educativos y de salud, así como su equipamiento.

 La Oficina de Presupuesto evaluará la asignación de recursos del fondo para financiar proyectos de inversión ya iniciados en las entidades federativas que se ajusten al Programa Rector de Reactivación Económica.

Artículo 16. El Ejecutivo federal presenta la propuesta de Programa Rector para la Reactivación Económica a la Cámara de Diputados como parte del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Capítulo Quinto
Del Control y la Vigilancia

Artículo 17. El control y la evaluación del ejercicio de los recursos del fondo son responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Artículo 18. La Secretaría de la Función Pública, a través de un programa permanente de evaluación y fiscalización de los avances en los programas de inversión que eroguen recursos del fondo, verifica los resultados y los avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y las metas y de su impacto social, así como el debido ejercicio del gasto por los ejecutores según los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y en observancia de la normatividad aplicable.

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, los ejecutores de gasto remiten mensualmente a la Oficina de Presupuesto, y ésta a la Secretaría de la Función Pública, la información a que se refiere la fracción I del artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de la Función Pública denuncia a la autoridad ministerial competente o a la Auditoría Superior de la Federación, para su investigación, hechos en que puedan suponerse irregularidades en la ejecución de los recursos del fondo.

Artículo 19. La Auditoría Superior de la Federación desarrolla un programa de fiscalización permanente de la ejecución de los programas y proyectos de inversión que eroguen recursos del fondo, conforme a sus facultades.

La Auditoría Superior de la Federación fiscaliza, denuncia mediante, las erogaciones del fondo durante el ejercicio presupuestal.

Artículo 20. Sin perjuicio de las facultades de control y evaluación establecidas en el presente capítulo, el funcionamiento del fondo es objeto del control legislativo que ejercen las Cámaras del Congreso de la Unión a través de la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Evaluación de Resultados del Fondo Federal de Inversiones Productivas, integrada por seis senadores y nueve diputados, presidida por un diputado.

La comisión bicamaral da seguimiento a las actividades de administración del fondo y puede solicitar a la Oficina de Presupuesto informes generales y específicos, los cuales deben ser efectivamente proporcionados sin que haya a estos efectos datos reservados.

Capítulo Sexto
Medidas Económicas

Artículo 21. El Ejecutivo federal establece programas dirigidos a mitigar las consecuencias sociales negativas de la crisis económica. Para tales efectos, el Ejecutivo federal puede imponer medidas especiales de regulación dirigidas a atender las disfunciones del mercado, particularmente para

I. El control de precios y la garantía del abasto de bienes socialmente necesarios;

II. El control de comisiones de las administradoras de fondos para el retiro, señalando los máximos, y otras medidas de garantía al capital pensionario del trabajador;

III. La implantación de mecanismos de moratoria de pagos de cartera vencida y su renegociación de mediano y largo plazos, a tasas sujetas al control del Estado; y

IV. La implantación de programas de atención del desempleo, prioritariamente en zonas de mayor pobreza, dirigido al apoyo de jefes de familia en situación de desempleo.

 Del ejercicio de las anteriores facultades, el Ejecutivo dará cuenta de inmediato al Congreso.

Artículo 22. El Banco de México establece control de comisiones y tasas de interés bancarias, pasivas y activas, señalando los máximos y mínimos respectivos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y mantendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010.

Segundo. En tanto se encuentre en vigor la presente ley, se suspende la vigencia de las disposiciones jurídicas, legales o administrativas que se le opongan.

Tercero. El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara de Diputados el proyecto de Programa Rector de Reactivación Económica correspondiente al año en curso dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. Una vez aprobado, dicho programa se considerará parte integrante del Presupuesto de Egresos de la Federación del mismo año.

Senadores: Pablo Gómez Álvarez, Tomás Torres Mercado, Salomón Jara Cruz, Rubén Fernando Velázquez López, Claudia Sofía Corichi García, Rosalinda López Hernández, Graco Ramírez Garrido Abreu, Arturo Núñez Jiménez, Carlos Navarrete Ruiz, Josefina Cota Cota, Francisco Javier Castellón Fonseca, José Luis Máximo García Zalvidea, Lázaro Mazón Alonso, María Rojo e Incháustegui, René Arce Islas, Jesús Garibay García, Silvano Aureoles Conejo, Arturo Herviz Reyes (rúbricas).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minutas

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

México, DF, a 17 de febrero de 2009.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión

Artículo Único. Se reforma el artículo 79-A; se adicionan una fracción VIII al artículo 7-A, un artículo 12-A, un artículo 59-Bis, para pasar el actual 59-Bis a ser el 59-Ter, una fracción III al artículo 64 y un artículo 107 a la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 7-A. …

I. a V. ...

VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

VII. El Código Federal de Procedimientos Civiles, y

VIII. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exclusivamente en materia electoral.

 Artículo 12-A. El Instituto Federal Electoral tendrá las siguientes facultades: I. Ser la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto por la Base III, del artículo 41 de la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

II. En la esfera de su competencia, requerir a permisionarios y concesionarios de radio y de televisión la difusión de los programas y mensajes que deberán difundir en el tiempo que corresponda al Estado, conforme a las pautas de transmisión aprobadas por los, órganos competentes del instituto;

III. Hacer entrega a permisionarios y concesionarios de radio y de televisión del material que deberán transmitir, conforme a las pautas a que se refiere la fracción anterior;

IV. Atender las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinar e imponer, en el ámbito de su competencia, las sanciones que deban aplicarse ‘a los concesionarios o permisionarios;

V. Las demás que en materia de radio y televisión le otorga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 Artículo 59-Bis. Con motivo de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, del tiempo total que conforme al artículo anterior y a otras leyes corresponde al Estado, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

Tratándose de los procesos electorales locales que tengan lugar en periodos distintos o cuyas jornadas comiciales no coincidan con la federal, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición, de igual manera, cuarenta y ocho minutos diarios en todas las estaciones y canales de cobertura local en la entidad de que se trate.

Con motivo de los procesos electorales las autoridades electorales distintas al Instituto Federal Electoral, tanto federales como locales, deberán solicitar a. este último el tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines. El Instituto Federal Electoral resolverá lo conducente.

Fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad. Ese tiempo será utilizado conforme a lo establecido por el inciso g) de la Base III del artículo 41 de la Constitución y lo que determine el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 59-Ter. La programación general dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión deberá:

I. Propiciar el desarrollo armónico de la niñez.

II. Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana.

III. Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional.

IV. Promover el interés científico, artístico y social de los niños.

V. Proporcionar diversión y coadyuvar al proceso formativo de la infancia.

 Los programas infantiles que se transmitan en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

La programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta ley.

Artículo 64. No se podrán transmitir:

I. y II. …

III. Programas, mensajes o cualquier otro material que contravenga lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 Artículo 79-A. Los permisionarios y concesionarios de radio y de televisión tendrán las siguientes obligaciones en materia electoral: I. Atender las determinaciones que el Instituto Federal Electoral adopte en materia de radio y televisión, dentro del ámbito de su competencia conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

II. Suspender, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, toda propaganda gubernamental, conforme a lo dispuesto por el párrafo 2, artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

III. Poner a disposición del Instituto Federal Electoral el tiempo que le corresponda administrar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59-A de la presente ley;

IV. Transmitir íntegramente y en los horarios señalados en las pautas correspondientes, los mensajes y programas que ordene el Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el código de la materia y en las disposiciones administrativas aplicables, sin alterar las pautas ni exigir requisitos técnicos adicionales a los aprobados por el Instituto;

V. Suspender de manera inmediata, por orden del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la transmisión de propaganda política o electoral que dicho consejo considere violatoria al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a lo dispuesto por el artículo 370, numeral 2 de dicho ordenamiento;

VI. Abstenerse de comercializar, de manera directa o a través de terceros, tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

VII. Proporcionar al Instituto Federal Electoral la información que les solicite, dentro del ámbito de sus atribuciones conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 Artículo 107. En caso de que el Instituto Federal Electoral considere que se han cometido infracciones graves y sistemáticas en los términos que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para los concesionarios y permisionarios; su consejo general, habiendo escuchado al concesionario o permisionario, dará cuenta a la autoridad competente, para los efectos correspondientes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 17 de febrero de 2009.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica)
Secretario
 
 


CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO Y UN ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO AL DECRETO QUE DECLARA REFORMADO EL PÁRRAFO CUARTO Y ADICIONADOS LOS PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, Y SE RECORREN EN SU ORDEN LOS ÚLTIMOS DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE DE 2005

México, DF., a 17 de febrero de 2009.

Secretarios de la Honorable
Cámara de Diputados
Presentes

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio, y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorren en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005.

Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
 

Minuta
Proyecto de Decreto

Que adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio, y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declaran reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005.

Artículo único. Se adicionan un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero transitorio al decreto por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero. ...

Segundo. ...

La federación contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir las leyes y establecer las instituciones y los órganos que se requieran en el orden federal para la implementación del sistema de justicia integral para adolescentes.

Tercero. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entren en vigor las leyes y se implementen las instituciones y los órganos a que se refiere el transitorio anterior se concluirán conforme a la legislación con que se iniciaron. Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución en el momento en que inicie la operación del nuevo sistema se remitirán a la autoridad que resulte competente para que continúe en el conocimiento de éstos hasta su conclusión.

 Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 17 de febrero de 2009.

Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente

Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica)
Secretario