Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Carlos Alberto Torres Torres, diputado federal a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy que nos enfrentamos a un panorama económico mundial adverso debemos dirigir nuestros esfuerzos a proyectos que puedan aportar a México derrama económica y empleos bien remunerados.
Este es el caso de la industria fílmica, que incluye la realización de películas, programas de televisión, documentales, anuncios promocionales y otras producciones audiovisuales.
Esta industria representa una fuente de ingresos muy importante para cualquiera de las localidades que son seleccionadas para grabar, pues comúnmente traen consigo una considerable derrama económica acompañada de un efecto multiplicador en la economía del lugar, alrededor de la oferta de servicios que incluye hospedaje, alimentos, transporte, entre otros, sin contar el alto valor publicitario que eso tiene para la entidad donde se producen; y, por supuesto, la generación de empleos, que si bien son temporales, reciben una excelente remuneración.
Uno de los ejemplos por excelencia en nuestro país es lo ocurrido en 1996, cuando en los estudios de Baja California se filmó la película Titanic, una de las más costosas en la historia del cine mundial; según datos de la Secretaría de Turismo de Baja California, en esa ocasión dicha entidad gozó de una derrama económica de 130.2 millones de pesos, lo que representó un 4 por ciento de la economía turística estatal en ese año, colaborando con la creación de tres mil ciento dos empleos.
El ejemplo se repitió siete años después, cuando en 2002 el estado volvió a ser seleccionado para otra superproducción: Capitán de mar y tierra; según la estadística de la Comisión de Filmaciones del Estado de Baja California, en 180 días de rodaje se generaron 308 empleos, se obtuvieron 36 mil 500 cuartos/noche de hotel y se tuvo una derrama económica de 35 millones de dólares.
También se han presentado filmaciones en otras entidades, como sucedió en Veracruz, con Apocalypto, película de ficción que en la que se recreó parte de la civilización maya, en la que en 8 meses de grabaciones, provocó una derrama de 30 millones de dólares; o cuando se filmó en Morelos, Puebla y la ciudad de México la película En el punto de mira, en cuatro meses se obtuvieron 20 millones de dólares y se crearon 700 empleos.
Un estudio realizado por el Gobierno de Baja California nos indica el efecto multiplicador en la economía y, de cada millón de dólares invertido, puede ir de 3 a 7 veces la inversión realizada. Como ejemplo claro se establecen los más de 3.5 millones de dólares invertidos durante 2008 en la entidad, generando un efecto multiplicador en la economía de más de 11 millones de dólares; un valor publicitario que supera los 13 millones de dólares y la creación de más de mil empleos bien remunerados.
Si bien no podemos dejar pasar, junto al renovado interés de las autoridades cinematográficas mexicanas por impulsar el cine mexicano, la decidida participación del Congreso de la Unión y la colaboración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que en los últimos 6 años se ha logrado incrementar el número de películas mexicanas realizadas, pasando de 17 largometrajes producidos en 2003, a 57 en 2008.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Cinematografía, México recibe anualmente entre 3 y 5 producciones cinematográficas extranjeras importantes al año, cantidad insuficiente si consideramos la cercanía y la sociedad comercial con Estados Unidos, uno de los países productores de cine y televisión más importantes del mundo.
El crecimiento económico de un país está relacionado directamente con el capital humano, la fuerza laboral y, por ende, la capacidad productiva del mismo, lo cual a su vez se ve reflejado en el nivel de empleo, el nivel salarial y el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, resulta indispensable y necesario para cualquier país crear las condiciones propicias para el desarrollo de nuevas empresas y la atracción de inversión extranjera.
Y es que la situación del mercado internacional de la cinematografía ha cambiado en los últimos años, la situación de recesión económica en los Estados Unidos ha provocado que las grandes productoras de películas así como las grandes cadenas de televisión, busquen condiciones óptimas para realizar sus producciones al más bajo costo posible. Muchos estados de la Unión Americana así como otros países han desarrollado esquemas muy agresivos de estímulo para atraer esas producciones a sus localidades.
Estos países y estados han implementado una serie de incentivos fiscales y económicos, desregulaciones y simplificación de trámites que han permitido que producciones cinematográficas muy grandes e importantes los hayan elegido. De esta manera, la ciudad de Vancouver, Canadá, genera 1 Billón de dólares anuales por la producción extranjera cinematográfica que recibe; el estudio cinematográfico conocido como Ciudad de la Luz, de Alicante, España, y recientemente inaugurado en 2004, genera en promedio una derrama económica de 100 millones de euros al año por las filmaciones que ahí se realizan; y quizá el ejemplo más importante que no puedo dejar de mencionar es el caso de Nueva Zelanda, donde hasta hace más de 10 años, antes del Señor de los anillos, casi no se producía cine y hoy en día recibe anualmente más de 1 billón de dólares en producciones internacionales.
El común denominador de los ejemplos anteriores es la formulación de proyectos de desarrollo de la industria fílmica, bajo esquemas legales y reglas muy claras, inteligentemente diseñadas para ser atractivas a las producciones, pero pensadas para beneficiar considerablemente a su economía.
Así pues, debemos proponer un esquema económico más ambicioso que esté a la altura de la competencia por la inversión cinematográfica a nivel mundial.
De esta manera, en virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Con el objetivo primordial de atraer inversión y fomentar la producción de cintas cinematográficas y televisivas en nuestro país, se exhorta al poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a elaborar un estudio sobre la viabilidad y las repercusiones económicas de la implementación de un paquete de estímulos fiscales para las compañías cinematográficas y televisivas extranjeras que decidan realizar filmaciones en México, cumpliendo con la normatividad correspondiente y comprobando mediante los documentos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, los gastos de consumo correspondientes a la filmación.
Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, a desarrollar un programa empresarial que tenga por objeto fomentar y facilitar la puesta en marcha de estudios cinematográficos que faciliten la grabación de películas y series televisivas en distintos estados de nuestro país, teniendo como base la simplificación y desregulación de trámites generando el incentivo para la atracción de inversión y el crecimiento económico de nuestra nación.
Tercero: Se exhorta al poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a realizar una campaña de promoción al interior y al exterior de nuestro país, con el objetivo principal de difundir la existencia de centros fílmicos ubicados a lo largo del territorio nacional y fomentar la visita turística a éstos, en particular en los estados de Baja California, Durango, Veracruz y la Ciudad de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de Febrero de 2009.
Diputado Carlos Torres Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INICIAR MEDIANTE LA SHCP Y LA SCT LOS
TRABAJOS PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE CONSTRUIR UN PUERTO INTERIOR EN
EL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS SERGIO ALCÁNTARA
NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Jesús Alcántara Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, somete a consideración de la soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
Los procesos de desarrollo en el país no pueden desvincularse de los vertiginosos avances mundiales en materia de intercambios comerciales y producción industrial. Nuestro país, principalmente, ahora que atraviesa una crisis de amplia magnitud debe reforzar las tareas destinadas a la creación de áreas de producción industrial y de intercambio económico que alienten la inversión nacional y extranjera y que faciliten los procesos comerciales e industriales con otras naciones y con la misma plataforma interna.
El estado de México cuenta ya con un nivel de infraestructura tal en múltiples órdenes que hacen no sólo factible sino necesaria la construcción de un puerto industrial interno en la entidad, lo cual beneficiaría no sólo al estado sino al país entero y que aprovecharía la amplia experiencia mexiquense en desarrollos industriales.
La creación de infraestructura para el desarrollo en nuestro país ha representado un reto continuo. Así, promover proyectos que refuercen el camino hacia la modernidad implica priorizar inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva de todas las regiones de nuestra nación.
Desarrollar infraestructura y modernizar aquellas zonas con un potencial económico evidente, implica también la unión de esfuerzos e inversiones de la iniciativa privada y de gobierno. Teniendo como resultado la creación de más y mejores condiciones para asegurar un bienestar social para la mayoría de la población y un crecimiento económico sustentable implementando políticas públicas eficientes.
Explotar el potencial económico del estado de México representa crear y consolidar los actuales desarrollos en la entidad. La gama de proyectos para lograrlo es amplia, sin embargo, la creación de un puerto interior representa una opción viable para el desarrollo socioeconómico.
Consolidando la actual infraestructura de parques industriales, carreteras, aduana interior y posición estratégica, la construcción de un puerto interior en el estado de México (puerto interior mexiquense, PIM) unificaría en un solo centro logístico los diferentes elementos empresariales y gubernamentales que ya han hecho de la entidad, de acuerdo a datos del Inegi, la segunda entidad federativa con mas contribución al producto interno bruto (PIB) nominal de la República Mexicana en 2006.
Así pues, esta proposición presentará la opción para el desarrollo que un puerto interior en el estado de México simboliza. Para efectos prácticos, está divido en diferentes secciones que van desde la descripción de la terminología utilizada en un puerto interior, las condiciones de superficie necesarias (tomando en cuenta el ejemplo del puerto interior de Guanajuato) y el efecto socioeconómico esperado.
I. Aduana interior
Es una oficina o institución fiscal que registra el tráfico internacional de mercancías que se importan o exportan hacia y desde un país en concreto y cobra los impuestos correspondientes.
Para el caso particular del puerto interior mexiquense, la aduana interior de Toluca alternaría con la creada dentro del puerto, o se crearía una aduana específica dentro del PIM.
II. Recinto fiscalizado (almacén fiscal)
Conocido también como zona franca, es un régimen aduanero que permite hasta por dos años la introducción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas para su manejo directo con el respectivo pago de impuestos o cuotas compensatorias, entre otros beneficios.
III. Parque industrial
Agrupa industrias de distinta índole. Es una zona cuyas características benefician la actividad económica de las empresas ahí establecidas. Para el puerto interior mexiquense se aprovecharían los numerosos parques industriales de la zona de Toluca y Atlacomulco.
IV. Terminal ferroviaria
Es una terminal (comúnmente intermodal: agrupa distintos medios de transporte) que facilita la interconexión e intercambio de mercancías con el autotransporte, el aeropuerto y el ferrocarril, para así bajar costos de operación, mejorar tiempos de entrega e incrementar la seguridad de las mercancías transportadas.
V. Terminal aérea
Es una terminal que complementa los servicios de transporte terrestre e interconecta las mercancías desde un transporte aéreo a uno terrestre y viceversa. El PIM aprovecharía las instalaciones, la cercanía y beneficios del aeropuerto internacional de Toluca.
VI. Zona de servicios logísticos
Es una zona de servicios de soporte a la actividad económica del puerto interior. Tales servicios son hoteles, restaurantes, gasolineras, oficinas de agentes aduanales, bancos, paraderos, etcétera. Como ejemplo de este tipo de servicios, tenemos la zona aledaña al aeropuerto internacional de Toluca, que se está desarrollando al máximo para dar mejor servicio a la actividad del aeropuerto.
Superficie necesaria para desarrollar un puerto interior
Las condiciones de superficies varían de acuerdo al tráfico esperado de mercancías y empresas usuarias del puerto, sin embargo, el ejemplo del puerto interior de Guanajuato nos muestra una superficie superior a las mil hectáreas, de las cuales sólo el 50 por ciento se está utilizando en la primera fase. Para el PIM hay extensas zonas que pueden ser utilizadas para este fin.
Beneficios inmediatos del puerto interior mexiquense
Creación de empleos. Por ejemplo, referente al puerto interior de Guanajuato, sólo en el parque industrial Santa Fe, el cual está dentro del anterior, prevé crear 10 mil empleos directos y 10 mil empleos indirectos, de acuerdo a datos proporcionados por Guanajuato.
Otro de los beneficios del PIM es la modernización de la zona donde se desarrolle el proyecto, así como del área geográfica cercana.
Asimismo, se espera que la productividad de la zona y del estado de México puedan beneficiarse incrementando su capacidad. Al aumentar la operación comercial e industrial de la entidad se incrementaría su contribución al valor monetario y de producción de servicios (PIB) del país.
Por otro lado, el puerto interior mexiquense representaría un nuevo punto de interconexión entre los canales de transportación terrestre y la creación de nuevas vías ferroviarias que darían servicio a la entidad.
Finalmente, el PIM incrementaría la competitividad de las empresas establecidas en el estado de México, ya que abarataría considerablemente los costos dentro de su cadena de suministro y les permitiría reinvertir esos ahorros en mejorar sus procesos productivos.
Ubicación tentativa
El municipio de Acambay cuenta con una ubicación estratégica para interconectar el corredor industrial de Atlacomulco con las vías de comunicación terrestre, ya sean carreteras y ferrocarril de la Ciudad de México y de los estados aledaños. Su ubicación, interconectividad, existencia de mano de obra calificada, clima y características geográficas lo hacen ideal para construir el PIM.
Respecto a la mano de obra, la cercanía de Acambay con otras zonas del estado de México se muestra atractiva para movilizar personas de un lugar a otro en un tiempo relativamente corto.
Inversión realizada en otros puertos interiores
El único puerto con las características propuestas para el puerto interior mexiquense es el puerto interior de Guanajuato. Este último tiene una inversión de más de mil 500 millones de pesos distribuidos de la siguiente manera:
• Iniciativa privada: 35 millones de pesos aportados por Ferromex.
• Gobierno estatal: mil 342 millones de pesos invertidos vía la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato
El monto de las inversiones, así como la importancia de este puerto seco, le ha permitido al GPI establecer alianzas con otros puertos secos o interiores, particularmente el localizado en la Dallas, Texas.
Consideraciones
2. Es necesario también que ello se haga de manera responsable, aprovechando la experiencia de entidades que ya cuenten con las condiciones mínimas para la operación de un proyecto de esta naturaleza.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes que inicien cuanto antes los estudios presupuestales, técnicos, de factibilidad y cualquier otro necesario para la creación del puerto interior en el estado de México, en el municipio de Acambay, remitiendo los resultados a esta soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2009.
Diputado Jesús Alcántara Núñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER MEDIANTE LA STPS PLANES URGENTES
EN EL ESTADO DE MÉXICO PARA PROPICIAR LA INCLUSIÓN DE JÓVENES
EN LA OFERTA LABORAL Y PREVENIR EL DESEMPLEO ENTRE ÉSTOS, A CARGO
DEL DIPUTADO JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Jesús Alcántara Núñez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos; somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Estado de México tiene desempleado el 11 por ciento de la fuerza laboral con formación superior, con edades entre los 20 y 25 años. Son jóvenes que están esperando la oportunidad de insertarse en el mercado económicamente activo y que han terminado satisfactoriamente su preparación técnica o universitaria.
Un número importante de ellos son convocados al trabajo gracias a los planes que actualmente pone en marcha el gobierno estatal, pero la cantidad de jóvenes que no pueden acceder a un empleo formal en la entidad se incrementa cada vez más.
Sabemos que son tiempos de contracción económica, que no se cumplirá el compromiso de crecimiento que ofreció el entonces candidato Felipe Calderón; sabemos que la crisis afectará la creación de nuevas fuentes de trabajo y que contribuirá a la desaparición de muchas más; es por ello que solicito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal que diseñe planes de emergencia para que el estado de México no continúe con el avance de la tasa actual de desempleo, que registró un incremento de nueve puntos en sólo un trimestre, al pasar de 4.5 a 5.8 por ciento.
Los tiempos actuales demandan una mayor corresponsabilidad. El gobierno del estado de México ha lanzado varios proyectos con los que se pretende apoyar a los jóvenes recién egresados, a fin de facilitar su ingreso al espectro laboral; sin embargo, es necesario que el Ejecutivo federal, mediante la dependencia correspondiente, implemente acciones decididas, en la esfera de su competencia, para propiciar que no solamente los jóvenes profesionistas encuentren empleo, sino que también lo hagan aquellos que por cualquier razón han decidido no continuar sus estudios superiores.
En la medida en que apoyemos el desarrollo de los jóvenes mexicanos, estaremos apoyando al desarrollo de México.
En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que diseñe, a la brevedad, planes emergentes para el estado de México, a fin de propiciar la inclusión de jóvenes en la oferta laboral y prevenir el desempleo en ese sector.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2009.
Diputado Jesús Alcántara Núñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LIBERAR MEDIANTE LA SAGARPA LOS RECURSOS
CONSIDERADOS EN EL PEF DE 2009 PARA EL ESTADO DE MÉXICO, A FIN DE
REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL CAMPO,
A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Jesús Alcántara Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, fundada en los siguientes
Antecedentes
La crisis económica que estamos experimentando amenaza con llevarnos a un grado de postración tal que la recuperación será lenta y dolorosa, especialmente para los sectores marginados o que más necesitan de apoyos gubernamentales. El campo mexicano, desde hace más de una década, demandante urgente de recursos líquidos y de programas de sostén que lo ayuden a sobrevivir, es el sector que más necesita de nuestro apoyo.
No podemos permitir que el Ejecutivo federal pretenda establecer tiempos a modo para la liberación de los recursos que más demandan las zonas rurales mexicanas. Este es un año electoral, muy difícil, y se prevé más complicado aún por la crisis económica que ya está presente, cuyos efectos perniciosos ya estamos experimentando. No podemos quedarnos cruzados de brazos cuando nuestros campesinos demandan a gritos los recursos que les permitirán cruzar este primer semestre, ya no digamos estabilizarlos para que salven el año.
Es por ello que urgentemente solicito que se exhorte al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que libere inmediatamente todos los recursos destinados a programas del campo; que emita de inmediato todas las reglas de operación faltantes de los programas rurales, para que los beneficiarios puedan saber los requisitos; que flexibilice los mismos a fin de que más campesinos puedan acceder a ellos, y que aplique de inmediato los presupuestos destinados a su dependencia y a las delegaciones federales para que el dinero empiece a fluir.
Dejemos de lado por el momento la falta de visión con la que el gobierno federal diseñó el programa especial concurrente para este año. No hay una estrategia sólida para que el campo se consolide como el eje articulador del desarrollo nacional y sustento de la soberanía alimentaria de México. No hay planes claros para lograr la sustitución de importaciones, seguimos dependientes del exterior, aun en lo referente a granos básicos. Los subejercicios el año pasado fueron cosa común y corriente, y las excusas, lo mismo de siempre. También la discrecionalidad del titular de la agricultura para la aplicación de los recursos a las entidades federativas fue algo usual.
Ya nos ocuparemos en mi grupo parlamentario de ello. Por ahora, solicito urgentemente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que, de inmediato, dé inicio a la aplicación de los presupuestos para el campo. El riesgo de no hacerlo así está ya encima de nosotros, y él puede contribuir enormemente a disminuir un poco, sólo un poco, las grandes penurias y limitaciones que experimenta ahora el campo nacional.
En mérito a lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que libere en forma inmediata los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y en el Programa Especial Concurrente para el estado de México, a fin de reducir los efectos negativos de la crisis económica en el campo mexiquense.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 febrero de 2009.
Diputado Jesús Alcántara Núñez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CFE A INVESTIGAR LA LEGALIDAD DE LOS
PROCESOS INTERNOS Y LOS TRÁMITES QUE SE REQUIEREN A LOS USUARIOS
PARA CELEBRAR CONVENIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES DE MARÍA
MANUELL-GÓMEZ ANGULO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las potestades conferidas en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
En nuestro país, el suministro de energía se otorga a través de dos empresas del Estado mexicano o dependencias públicas, las cuales son Luz y Fuerza del Centro, así como la Comisión Federal de Electricidad.
Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Energía la organización y vigilancia de los órganos desconcentrados y descentralizados dependientes de la administración pública federal, como en el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); por ello, en su normatividad interna dicha comisión se debe regular por los procedimientos que dicha secretaría le enmarque, siempre cumpliendo con lo establecido en la ley que la regula.
Ya que, si bien es cierto que la CFE es un organismo público descentralizado y que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, se rige no sólo por su normatividad interna, sino también por las demás que le han conferido, como una comisión que se emana de un decreto presidencial, y quienes ahí laboran están sujetos a las mismas normas de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
Si bien es cierto que la facultad administrativa al interior de dicha dependencia federal compete de manera exclusiva a ella, cierto es también que existen abusos y errores en los que algunos malos funcionarios realizan y manchan el nombre de nuestras instituciones.
Por ello, quiero denunciar públicamente, desde esta tribuna, el abuso de que fui objeto por parte de la Comisión Federal de Electricidad, división Baja California, al acudir a sus instalaciones para negociar un adeudo que la que suscribe tenía con dicha comisión; sin embargo, los trámites internos de esa institución se enmarcan en lineamientos ajenos a los permitidos por la legalidad, que abarca a ese órgano desconcentrado, al tiempo que cualquier usuario necesite signar convenios de esta índole con ella, se les pide que firmen letras de pago también denominados pagarés en blanco, sin mediar cantidad escrita alguna así como la firma fehaciente de un aval de quien trate de solicitar dichos convenios.
Tengo la certeza de que el patrimonio de los mexicanos deberá ser resguardado, sin embargo, no se puede salvaguardar fuera de lo que enmarca la legislación de las instituciones, y mucho menos sujetar a los usuarios a la obligatoriedad de quienes son los encargados de suministrar la energía eléctrica.
Compañeras y compañeros: en reiteradas ocasiones he denunciado las irregularidades que en la Comisión Federal de Electricidad, división Baja California, día con día permanecen; sin embargo, a la fecha no hemos obtenido respuesta favorable alguna.
No podemos dejar que malos funcionarios manchen nuestras instituciones y laceren la imagen de la buena administración de nuestro presidente de la república; por ello, les exhorto a no cerrar los ojos frente a estas irregularidades y a denunciar públicamente las atrocidades que nos hacen pasar estos malos servidores públicos; yo les pregunto compañeras y compañeros: ¿si esto pasa con una legisladora federal, como es el caso particular; ¿qué le harán firmar y que trámites le harán pasar a los ciudadanos que no poseen cargos públicos alguno?
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad a revisar los lineamientos y requisitos para los trámites de convenios de pagos en la división Baja California de la zona norte de la CFE y se esclarezca la legalidad de los mismos a la brevedad posible.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 12 de febrero de 2009.
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez
Angulo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA SHCP Y DEL BANCO DE
MÉXICO A FIN DE QUE INFORMEN SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA DETENER
LA DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA NACIONAL Y ATENUAR LA CRISIS FINANCIERA,
A CARGO DEL DIPUTADO JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, Juan Nicasio Guerra Ochoa, diputado a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo que disponen los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público y al gobernador del Banco de México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que como parte de las medidas que el Banco de México ha tomado para hacer frente a la depreciación del peso frente al dólar, entre el 4 y el 6 de febrero de 2009 realizó ventas extraordinarias por un total de mil 60 millones de dólares, y subastó 400 millones de dólares conforme al mecanismo que inició en octubre del año pasado.
Que a la fecha no hay claridad respecto a qué instituciones bancarias o agentes económicos el Banco de México vendió de manera extraordinaria y directa los mil 60 millones de dólares de las reserva internacional de divisas.
Que esa medida se suma a las acciones que tomó el banco central en octubre pasado para hacer frente al ataque especulativo de que fue objeto la moneda nacional, lo que se ha reflejado en una reducción de las reservas internacionales, cuyo saldo es de 82 mil 85 millones de dólares, cifra inferior en 3 mil 356 millones de dólares al cierre de 2008.
Que estas medidas, sin embargo, no han impedido que la moneda mexicana continúe depreciándose: a la fecha, el dólar se sitúa en 14.42 pesos promedio.
Que en el pasado periodo de sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal un informe sobre la especulación cambiaria registrada en el país, así como el destino de las divisas subastadas por el Banco de México, y las medidas tomadas para atenuar la actual crisis financiera; y
Que ante la continuidad de las medidas tomadas por las autoridades financieras del país, y sus dudosos resultados, y sin que a la fecha haya una explicación convincente de ellas, este cuerpo legislativo debe ejercer sus facultades de control y llamar a comparecer a los responsables del ramo a fin de que informen sobre este importante asunto.
Por lo anterior, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda solicitar la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens; y del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, con objeto de que informen a esta soberanía sobre las medidas tomadas para detener la depreciación de la moneda nacional y atenuar la actual crisis financiera.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2009.
Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMSS A AMPLIAR EL CUADRO DE
MEDICAMENTOS Y LOS MATERIALES DISPONIBLES EN LAS UNIDADES MÉDICAS
PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS DERECHOHABIENTES, A
CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN BARAJAS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
El suscrito, Ramón Barajas López, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a eficientar la prestación de servicios médicos.
Consideraciones
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene como misión cuidar y fomentar de manera integral la salud de la población trabajadora pensionada, asegurada voluntariamente, y de sus familias, así como de la atendida en esquemas de solidaridad social. Misión que cumple a través de prestación de servicios preventivos y curativos médicos.
El IMSS tiene, de acuerdo con datos proporcionados por esa institución, 22 millones 359 mil 610 asegurados permanentes a nivel nacional y 21 millones 119 mil 273 beneficiarios. En el caso de la entidad de la que provengo, Sinaloa, se registran 627 mil 828 asegurados permanentes.
De enero a septiembre del presente año, de acuerdo con información de esa institución, ha proporcionado 86 millones 660 mil 847 consultas médicas (tres millones 161 443 consultas en Sinaloa).
Para el mismo periodo se han realizado 1 millón 80 mil 725 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 34 mil 593 se celebraron en Sinaloa. Y prestado 1 millón 477 mil hospitalizaciones, de las cuales sólo 388 mil 872 tenían carácter de programadas. En el caso de Sinaloa, el total de hospitalizaciones en ese periodo fue de 47 mil 743 (10 mil 747 estaban programadas).
El IMSS cuenta con mil 516 unidades de primer nivel. De éstas, mil 85 son unidades de medicina familiar y 431 son unidades auxiliares, con una antigüedad promedio de 28 años. En lo que se refiere a hospitales generales, se identifican 258 inmuebles, de los cuales 227 son para la atención de segundo nivel, con una antigüedad de 31 años
Aún cuando la importancia para un sector importante de la población de los servicios proporcionados por el IMSS no puede soslayarse ya que suele y puede ser su única opción y posibilidad de atención médica, la inversión en equipo médico ha decrecido de 2 mil 222 millones de pesos en 2005 a mil 122 millones para 2007, y ni mencionar que el cuadro de medicamentos es limitado, siendo inexistente aquél destinado a atender padecimientos graves como también lo es la carencia de material para atender lo mismo urgencias que exámenes y diagnósticos especializados, en particular el tratamiento y cirugías cardiovasculares.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 considera recursos por 292 mil 870 millones de pesos para esta institución, de los cuales, un monto relevante se dirige al pago de los servicios personales (110 mil 835 millones de pesos) mientras que para materiales y suministros se propone un monto de 30 mil 645 millones de pesos y bajo el rubro de atención curativa eficiente se destinan 104 mil 312 millones 435 mil 882 pesos.
Reiterando que para un sector importante de la población de nuestro país, lo mismo de ciudades que del medio rural, el IMSS constituye su única alternativa de acceso a servicios médicos, me permito presentar a ustedes el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de que, en aras del cumplimiento de su misión de ofrecer servicios médicos de calidad para la población derechohabiente del citado Instituto, amplíe el cuadro de medicamentos disponible en las unidades médicas, así como de los materiales que permitan una atención adecuada y pertinente en caso de urgencias, tratamientos y curaciones de los derechohabientes, en particular la de carácter cardiovascular.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2009.
Diputado Ramón Barajas López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A BRINDAR MEDIANTE LA SEGOB Y EL INSTITUTO
NACIONAL DE MIGRACIÓN MAYOR SEGURIDAD EN LAS RUTAS DE MIGRANTES
Y ELABORAR UNA BASE DE DATOS CON LOS NOMBRES DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS
QUE FALLECEN EN TERRITORIO NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO CHANONA
BURGUETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal Alejandro Chanona Burguete, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y al Instituto Nacional de Migración, a que brinde mayor seguridad en las rutas de migrantes y elabore una base de datos con los nombres de los centroamericanos que fallecen en territorio nacional, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México, como país de tránsito de migrantes, tiene grandes retos: uno de ellos es poder ofrecer a los centroamericanos que cruzan nuestro país hacia Estados Unidos lo que nosotros exigimos para nuestros migrantes mexicanos.
El camino que tienen que recorrer está lleno de peligros y riesgos para la vida de estas personas. Su condición de no contar con los papeles necesarios los hace aún más vulnerables ante grupos criminales que se dedican a asaltarlos.
Las autoridades mexicanas no se pueden quedar inermes ante tal situación. No podemos permitir que se sigan violentando los derechos más elementales de estas personas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les concede derechos por el simple hecho de estar en territorio nacional.
Como es de esperarse, las esposas, madres y demás familiares que dejaron atrás los migrantes en busca de algún ingreso que los saque de la miseria, se han quedado consternados debido a que no se sabe el paradero de su familiar o dónde está el cuerpo en caso de su posible fallecimiento.
Un grupo de mujeres salvadoreñas que llevan el nombre de "La Caravana de la Esperanza", se han dado a la tarea de localizar e identificar a los migrantes desaparecidos. Ellas salieron el 9 de febrero de este año para buscar a un total de 82 personas, tanto hombres como mujeres, que salieron hace algunos años con la intención de llegar a Estados Unidos.
El 10 de febrero se reunieron con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal Preventiva, el Instituto Nacional de Migración y las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, en el estado de Chiapas. Su petición principal fue que se elabore una base de datos de los centroamericanos enterrados en fosas comunes, para que se den las exhumaciones correspondientes.
La desesperación de estas mujeres es totalmente comprensible, ya que viven en total incertidumbre sobre el paradero de sus familiares, cuyo único crimen fue querer salir de la pobreza. En la reunión mencionada, celebrada en Tapachula, las mujeres pidieron especialmente que se aclare la muerte de 18 migrantes, de los cuales dos fueron lanzados del tren en Chiapas; dos, secuestrados y torturados en Matamoros, y el resto fallecieron en el desierto, en su intento por llegar a la frontera norte de México.
Las rutas para llegar a Estados Unidos se han ido deteriorando, a tal grado que –se menciona– hay lugares en nuestro país donde casi el 80 por ciento de los migrantes que pasan por ahí son asaltados, violados, extorsionados o secuestrados. Tal es el caso del camino conocido como La Arrocera, que se usa como alternativa al retén que va de Tapachula a Arriaga. Resulta aterrador conocer sobre los crímenes documentados en esa zona.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y al Instituto Nacional de Migración a realizar una base de datos de los centroamericanos enterrados en fosas comunes, para su identificación por parte de sus familiares.
Segundo: Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a realizar una investigación en el camino conocido como La Arrocera, con el fin de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2009.
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR POR LA SAGARPA UNA PARTIDA PRESUPUESTAL
EXTRAORDINARIA PARA REVERTIR LOS REZAGOS TÉCNICOS Y MATERIALES DE
LA PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL EN LOS PUERTOS, LAS COSTAS Y LAS
ZONAS PESQUERAS, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO CANTÚ GARZA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, Ricardo Cantú Garza, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a destinar una partida presupuestal extraordinaria de 400 millones de pesos para sufragar los rezagos técnicos y materiales de la producción pesquera artesanal, en todos y cada uno de los puertos, costas y zonas pesqueras de nuestro país; exhortar respetuosamente a los gobiernos estatales donde tengan actividad pesquera a aprobar y ejecutar, a la mayor brevedad posible, programas de apoyo a este sector; y exhortar al Ejecutivo ederal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir una declaratoria de reducción al precio del diesel hasta en un 50 por ciento de su precio total, congelándolo así por tiempo indefinido en pro del beneficio familiar, social y comercial en todo el país, en especial, de los trabajadores del sector pesquero y las familias dependientas de este, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Millones de mexicanos viven la etapa económica más difícil de sus vidas, pero desafortunadamente ésta se recrudece cada día más por la falta de oportunidades de progreso.
La falta de empleos, de espacios para emprender y desarrollar algún mecanismo de capacitación y autoempleo, de un subsidio directo para la gente más necesitada, en particular, para la mano de obra capacitada y experimentada, para las familias mexicanas, así como para las micro y medianas empresas, son un lastre para la subsistencia diaria en ellos.
Es el caso de los pescadores y empleados pesqueros de distintas partes de las costas mexicanas, quienes en su afán de ser escuchados por las autoridades para conseguir un apoyo directo sólo han conseguido promesas por atender sus demandas en el mejor de los casos o en definitiva la negativa, después de argumentar que el apoyo ya está siendo entregado al sector pesquero.
Puerto Peñasco y Guaymas, en Sonora; Mazatlán, en Sinaloa, son unos de los casos más sonados por los manifestantes pescadores, debido a que es esta la región más importante del golfo de California en la producción de camarón a nivel nacional.
A lo anterior, es pertinente agregar que Sinaloa es la entidad donde radican 45 de las 60 comunidades dedicadas a la pesca artesanal y que viven en condiciones de miseria y marginación; sin embargo, pese a lo provechoso de los productos del mar en estas regiones, el gobierno federal en muchas ocasiones prohíbe la pesca por uno u otro factor, no prestando mucha atención por ayudar a sus pobladores.
Del mismo modo, las protestas se han hecho notar en otras regiones del país como Tamaulipas, en especial las zonas de Matamoros, Tampico y Altamirano, así como en los estados de Yucatán, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Baja California Sur y Veracruz, por la gran desatención a este sector, pero, en particular, por que están siendo afectados por las constantes alzas en el precio del diesel y otros carburantes indispensables para el desarrollo de la actividad pesquera.
Las demandas son amplias, pero las más recurrentes son la falta de financiamiento para compra de embarcaciones pequeñas como pangas y barcazas, también para la adquisición de chinchorros, redes y atarrayas, cordeles, trampas y arboladuras, entre otros materiales.
Debemos aclarar que si bien el gobierno federal ha anunciado la entrega de ayuda económica ya presupuestada a este sector, la realidad es que estos recursos no llegan a manos de quienes trabajan en las embarcaciones, al contrario, se diluyen y muchas veces quedan en manos de grupos de pescadores que son los dueños y grandes empresarios del ramo de la pesca, que ya han sido beneficiados por otros programas federales en franco contubernio con las autoridades municipales.
A decir verdad, de poco más de 70 mil millones de pesos programados para el gasto para la Sagarpa, sólo se destinarán cerca de los 830 millones de pesos a las actividades de acuacultura y pesca subsidiados.
No está por demás advertir que, sin duda, quienes nuevamente resultarán beneficiados en su totalidad sean los grandes empresarios del ramo.
Debemos agregar que, pese a las condiciones de trabajo miserables y al pago de salarios raquíticos, la mayoría de los pescadores no cuentan con prestaciones económicas y apoyos contemplados por el gobierno federal y estatal.
Por si lo anterior fuera poco, se dan casos en los que son retirados sus permisos para pescar en puntos donde se está promoviendo el turismo, sin que se les ofrezcan alternativas de carácter productivo para seguir teniendo un ingreso económico.
De lo anterior debemos decir que los lugareños no están en desacuerdo por el desarrollo turístico, sin embargo, no son contemplados ni mucho menos incluidos en estos programas de desarrollo comercial.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera pertinente la aprobación de una partida presupuestal destinada a sufragar las rezagas técnicos y materiales de la producción pesquera artesanal en todos y cada uno de los puertos, costas y zonas pesqueras de nuestro país.
De esta manera, podremos garantizar que los recursos federales lleguen a todos los trabajadores y prestadores de mano de obra pesquera, para asegurar la permanencia en sus trabajos diarios y el sustento para sus familias.
Por otro lado, proponemos que la honorable asamblea exhorte al Ejecutivo federal a emitir una declaratoria de reducción al precio del diesel, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en pro del beneficio familiar, social y comercial en todo el país, en especial, de los trabajadores del sector pesquero y las familias dependientas de este.
Pero queremos señalar que no bastará con tan solo considerar un porcentaje en reducción al aumento que se da mes con mes a este combustible, mas bien se debe pensar en que si se quiere apoyar a la población más necesitada es necesario pensar en una disminución cuando menos del 50 por ciento del costo total y congelarlo para garantizar un consumo equitativo entre todos sus beneficiarios.
Estamos convencidos que de esta forma los pescadores y sus familias tendrán una alternativa más viable para dar la manutención, sin el menoscabo de sus actividades frente a los enormes monopolios de las armadoras y flotas pesqueras.
Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la honorable asamblea proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a destinar una partida presupuestal extraordinaria de 400 millones de pesos para sufragar los rezagas técnicos y materiales de la producción pesquera artesanal en todos y cada uno de los puertos, costas y zonas pesqueras de nuestro país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales donde tengan actividad pesquera a aprobar y ejecutar a la mayor brevedad posible programas de apoyo a este sector.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir una declaratoria de reducción al precio del diesel hasta en un 50 por ciento de su precio total, congelándolo así por tiempo indefinido en pro del beneficio familiar, social y comercial en todo el país, en especial, de los trabajadores del sector pesquero y las familias dependientas de este.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2009.
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CFE A REGULAR LOS COBROS EXCESIVOS
DE LUZ EN LOS MUNICIPIOS INDÍGENAS DE LA MONTAÑA, GUERRERO,
A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR AGUIRRE ALCAIDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, Víctor Aguirre Alcaide, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante el Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un organismo descentralizado de la administración pública federal que tiene como objeto la planeación del sistema eléctrico nacional. Entre sus funciones están las de generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, teniendo como obligación cumplir lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y demás ordenamientos aplicables.
La CFE comprendida en la zona de La Montaña, Guerrero, tiene la problemática de excesivos cobros que aparecen en los recibos de luz y que está sucediendo en todo el territorio mexicano, es una situación que perjudica a los ciudadanos económicamente, pues reciben estas cifras estratosféricas para realizar su pago en menos de 24 horas y por una cantidad que asciende a mil pesos o más y se presenta desde hace varios años.
En la región de La Montaña se encuentran algunos de los municipios más pobres del país y de Latinoamérica, además de ser propiamente zonas indígenas donde conviven mixtecos, nahuas y tlapanecos, que se dedican en su mayoría a la actividad agrícola de autoconsumo, con lo que obtienen escasos ingresos económicos, lo cual se traduce en la ausencia de aparatos eléctricos en la vivienda.
Es decir, de las viviendas que concentran los municipios más pobres de dicha región (41 mil 725), 38 por ciento dispone de algún bien material electrónico, como televisión, radio, refrigerador o lavadora; 60 por ciento no dispone de algún bien material electrónico; y 2 por ciento no especificó, según datos del INEGI a 2005. Entre los municipios que más sufren de dicho abuso de la CFE y que no cuentan con aparatos electrónicos se encuentran Acatepec, con 90.9 por ciento; Cochoapa el Grande, 91.3; Tlacoapa, 75.4; y Zapotitlán Tablas, con 79.8 por ciento. En las zonas indígenas, las viviendas están constituidas de uno a dos cuartos, lo que significa que el número de focos no asciende a más de 3 por vivienda.
Como legisladores, es nuestro deber coadyuvar al desarrollo de México, impulsando una economía sólida basada en la competitividad y que reduzca las asimetrías sociales persistentes.
La fracción II del artículo 4 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica señala que la venta de energía eléctrica corresponde a la CFE, con tarifas que aprueba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según cifras oficiales, el sistema eléctrico atiende a alrededor de 25 millones de usuarios, con un abastecimiento interno que se incrementa a niveles superiores al crecimiento del país.
Considerando los niveles de consumo actual, resulta indispensable reducir los elevados costos de la energía eléctrica doméstica, pues muchas veces sobrepasa la capacidad económica de los hogares más necesitados.
En cuanto a la fijación de las tarifas eléctricas, si bien es importante considerar el efecto creado por los continuos cambios climáticos en la república, también se deben tener en cuenta las zonas calificadas como de alta y muy alta marginación, en un intento por fortalecer el combate de la pobreza que tanto impulsa el Partido de la Revolución Democrática.
El cobro de las tarifas es desmedido en municipios indígenas como Tlapa, Xalpatláhuac, Atlamajalcingo del Monte y Malinaltepec, Guerrero, por mencionar algunos; tienen esta problemática desde hace varios años, y han tratado de solucionar con funcionarios de la CFE, pero hasta el momento no han tenido solución.
Los recibos de luz ascienden desde mil hasta 2 mil pesos, mas en sus casas sólo cuentan con dos o tres focos. Además, carecen de aparatos eléctricos, ya que son indígenas de muy bajos recursos.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a regular los cobros excesivos de luz que atañen a los municipios indígenas de La Montaña, en Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2009.
Diputado Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR ACCIONES INMEDIATAS PARA EVITAR
EL ALZA DEL DIESEL, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIZABETH MORALES GARCÍA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en los siguientes
Considerandos
La crisis económica mundial que afecta desde meses atrás y que se ha agudizando en los últimos días ha colocado a nuestro país en una situación históricamente delicada en el manejo de su economía. Esto representa un reto para los mexicanos, ante el que, como ya se ha dicho, las acciones que se implementen serán determinantes para encauzar el rumbo de nuestra nación.
Esta situación hace imperativa la suma de esfuerzos por parte de todos y cada uno de los sectores que componen nuestra sociedad, principalmente de los productivos y sociales, encabezados, en todo momento, por el gubernamental, que en conjunto tienen el reto de hacer frente y abatir la crisis económica que ya comenzó a surtir sus efectos entre la población.
Sin embargo, no debemos diluir la función que de manera particular tiene el gobierno federal, como responsable directo de la administración del Estado, el cual tiene a su cargo el compromiso de implantar todas las acciones necesarias y que le permitan hacer frente a las contingencias que se presentan.
Durante los últimos meses hemos sido testigos y parte de las consecuencias de uno de los grandes lastres para la nación, entre ellos el aumento sistemático en el precio de los combustibles, con efectos inmediatos y directos en toda la cadena productiva y la consecuente alteración en la estabilidad del sistema social.
Asimismo, hemos visto que el gobierno federal, en su afán de hacer frente a la situación, ha implantado una serie de acciones para hacer frente a la crisis que, lamentablemente, han sido insuficientes. Sin duda alguna, esto es muestra de voluntad del presidente de la república para hacer lo que está dentro de sus atribuciones, pero tristemente la reacción del gobierno federal ha sido lenta, tardía y sin la suficiente efectividad para contrarrestar la gravedad de los efectos de la situación.
Sectores que sustentan la actividad económica del país, como el transportista, el agrícola y el pesquero, no han sido parte en los beneficios que se esperarían de las políticas emergentes que ha desplegado el gobierno federal; así, dirigentes de distintos sectores han dicho que estas medidas no llegan siquiera a paliativo.
Las consecuencias han sido inevitables: el aumento en los costos de producción que invaden toda la cadena productiva, que se reflejan en la falta de financiamiento para los productores y en los altos costos del producto final que llega a manos de la población, y que en muchos casos comienza a hacerse inalcanzable para las clases menos favorecidas, son tan sólo algunas de éstas.
No han sido suficientes las recientes medidas implementadas para congelar el incremento en el precio de la gasolina, reducir en 10 por ciento el costo de la energía eléctrica y congelar en 75 por ciento el incremento del precio del diesel.
Por poner un ejemplo, al congelar los precios de las gasolinas tan sólo se benefició a los sectores medio y alto de la población que cuentan con automóvil para su traslado, dejando en el desamparo a las familias menos favorecidas.
Con el congelamiento del precio del diesel los beneficios serán para toda la población pero, sobre todo, para las personas de bajos recursos, ya que al transportarse por camión el 100 por ciento de los productos de la canasta básica, éstos tienen un incremento al llegar a manos de la población. El monto va de acuerdo con los costos de operación para el transporte, por lo que, si actualmente los precios del diesel representan el 30 por ciento de dichos gastos, en la medida que se incrementen los costos de operación, también aumentarán los precios de los productos finales, colocando en grave riesgo la economía de nuestra sociedad.
Para el caso del diesel, se dice que la reducción en 75 por ciento del incremento del precio representará un decremento de 10 mil millones de pesos en los ingresos públicos y que ha sido gracias a los esfuerzos de austeridad y ajustes al gasto administrativo del gobierno federal.
Al respecto, es importante conocer con detalle cuáles han sido esos esfuerzos de austeridad y dónde están las economías en el ejercicio fiscal de 2008. ¿Será que acaso no se pueden asumir los 3 mil millones de pesos, aproximadamente, que representan el 25 por ciento de lo que todavía incrementará el precio del diesel? El gobierno debe reconsiderar esta medida, tomando en cuenta el grave impacto que representa el aumento del diesel en perjuicio de la economía de la población.
Es trascendental reconocer que toda política pública debe focalizarse en los sectores más vulnerables, como lo son el agropecuario, el pesquero y los transportistas, sobre todo en tiempos de crisis; vergonzosamente, a la fecha no han recibido el apoyo necesario, orillándolos a alzar la voz por distintas vías.
La decisión del Ejecutivo federal de incrementar en 5 centavos mensuales el precio del diesel ha afectado y seguirá dañando no sólo, por mencionar algunas cifras, a más de 122 mil empresas de transporte de carga, que transportan más de 500 millones de toneladas de productos mexicanos, además incide en toda la cadena productiva y en toda la población, de toda edad y todo estrato social, pero daña más a las empobrecidas, que son hoy una amplia mayoría.
Durante 2008, el incremento anual del precio del diesel representó aproximadamente el 25 por ciento. Para 2009 se tiene estimado un incremento de más del 27 por ciento, en el cual el gobierno federal sólo intervendrá en el 20 por ciento y, el resto, 7 por ciento, se verá reflejado en los incrementos de los costos de operación del transporte y en los costos de la producción agrícola.
Además, dicho incremento del precio del diesel, que representará cerca del 7 por ciento, estará incentivando un incremento mayor a la inflación del estimado y en consecuencia se sumarán los efectos en la economía familiar y el empleo de la población más vulnerable.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a implantar acciones inmediatas que eviten el alza en el precio del diesel en un cien por ciento, con la finalidad de incentivar el sistema productivo nacional, para beneficio de la economía de las familias mexicanas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2009.
Diputados: Diputada Elizabeth Morales García
(rúbrica), María Dolores Lucía Ortega Tzitzihua, María
del Carmen Pinete Vargas, Adolfo Mota Hernández, Gerardo Lagunes
Gallina, Luis Ricardo Aldana Prieto, Roberto Badillo Martínez, Nemesio
Domínguez Domínguez, Daniel Pérez Valdés.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR Y AL CONGRESO DE OAXACA A REALIZAR LAS ACCIONES
CONDUCENTES A DEROGAR EL IMPUESTO POR REEMPLACAMIENTO VEHICULAR, A CARGO
DEL DIPUTADO JOSÉ FRANCISCO MELO VELÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Francisco Melo Velázquez, diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Ante la actual situación económica, se ha remarcado en distintos foros la necesidad de implantar con urgencia acciones inmediatas para enfrentar la crisis económica y contener en lo posible los efectos del ambiente recesivo mundial. Las propuestas, incluso las vertidas por ex mandatarios ponentes en el foro realizado por el Poder Legislativo, México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, reiteran la pertinencia de instaurar medidas ya aplicadas por diversos gobiernos en el mundo. De ellas destacan las siguientes:
• Reactivación del mercado interno, a través de la inversión pública en infraestructura, vivienda, salud y asistencia social.
• Protección de la economía familiar, mediante congelamiento de tarifas de los servicios públicos.
• Reducción de impuestos.
• Subsidios centrados en sectores de menores ingresos.
• Paquetes de estímulos para retener y fomentar
la inversión.
Enfrentamos un problema global, presenciamos el agotamiento de un sistema económico del que unos cuantos son beneficiarios mientras que la gran mayoría padece sus efectos. Por ello, hoy más que nunca estamos obligados a pensar globalmente y actuar de manera local. Sin embargo, justo en el ámbito de lo local hay autoridades que actúan en contrasentido. Así lo demuestran las acciones tomadas en Oaxaca, donde el gobierno se empeña en golpear aún más el bolsillo de los habitantes.
Segunda. El Congreso de Oaxaca aprobó el pasado 23 de diciembre las iniciativas en materia fiscal enviadas por el Ejecutivo local para el ejercicio de 2009. Con ellas, una mayoría legislativa impuso a los ciudadanos 17 nuevos impuestos; entre ellos, la onerosa contribución por concepto de reemplacamiento vehicular; medida impuesta por tercera ocasión a los oaxaqueños en tan sólo siete años y por segunda en la presente administración.
En 2001, los oaxaqueños con posibilidades de tener un automóvil fueron obligados a pagar 450 pesos por reemplacar su vehículo. De nueva cuenta en 2005, a un año de iniciada la accidentada administración actual, se les impuso un nuevo pago de 600 pesos. Finalmente, en 2009 la misma administración obliga a pagar más de 800 pesos por el mismo concepto. Es decir, el gobierno impone a los ciudadanos un pago que va de 11 a 22 veces el salario mínimo, en un estado donde 70 por ciento de los habitantes subsiste con un ingreso menor de dos salarios mínimos diarios. Es un impuesto que en tan sólo 7 años se ha incrementado en alrededor de 100 por ciento, mientras que el ingreso de los oaxaqueños no ha mejorado en lo más mínimo. La medida es a todas luces insensata y abusiva, tan autoritaria como primitiva, sólo posible en Oaxaca.
En apenas dos párrafos, el gobernador pretextó aplicar nuevamente esta medida en cumplimiento de una norma oficial emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que señala la utilidad de renovar las placas automovilísticas cada tres años a fin de actualizar el padrón vehicular. El argumento es a todas luces endeble, pues el padrón vehicular se actualiza cada año al pagar la tenencia vehicular. Lo cierto es que la norma de comunicaciones y transportes sólo indica las características y especificaciones de las placas, mas no es una disposición de carácter vinculatorio que obligue a estados libres y soberanos imponer a sus ciudadanos un nuevo golpe a su patrimonio.
Pero en Oaxaca, el gobierno del estado, antes que procurar el beneficio de los oaxaqueños, procura obtener recursos para sí mismo; antes de proteger la economía de las familias, protege los privilegios de su alta burocracia; antes de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos en época de crisis, se empeña en asegurar el bienestar de su partido, en pleno año electoral.
Tercera. En otras entidades, medidas como ésa han resultado fallidas, pues los propios gobiernos las han retirado, aunque no de manera fortuita. La acción de los ciudadanos organizados, manifestándose, evidenció lo injusto de las medidas.
Así ocurrió en Jalisco en 2007, donde el Ejecutivo local modificó la Ley de Ingresos y dio marcha atrás a la medida. Con mayor sensatez actuó el Congreso de Guanajuato, que propuso la gratuidad del reemplacamiento de 2008.
Cuarta. Así, pese a que en el mundo se proponen acciones contingentes para enfrentar la crisis actual, pese a la coincidencia en los diagnósticos y las propuestas, pese a los foros realizados en los que se proponen acciones y se prometen acuerdos, en Oaxaca se gobierna en contrasentido. Ante ello, la sociedad oaxaqueña se ha organizado y se manifiesta para que el Poder Legislativo local, así como el Ejecutivo, considere el decrecimiento económico que tendrán el país y la entidad; valoren el incremento de precios en alimentos, combustible y bienes y servicios de primera necesidad que, con el cobro de nuevos impuestos, traerá consigo un serio detrimento de la economía familiar. Los oaxaqueños hoy se han organizando para defender sus derechos, pues no se puede golpear aún más su economía. No se puede gobernar aislado de la realidad económica e indiferente a los justos reclamos ciudadanos.
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador y al Congreso de Oaxaca a realizar de inmediato, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones correspondientes a fin de derogar el cobro del impuesto por concepto de reemplacamiento vehicular a los habitantes del estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México,Distrito Federal, a 12 de febrero de 2009.
Diputado José Francisco Melo Velázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA ASF QUE REALICE UNA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
AL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, A CARGO DEL DIPUTADO
PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Pablo Trejo Pérez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en el país. Tiene como objetivo proteger los derechos de propiedad industrial y promover y difundir los beneficios que ésta ofrece para apoyar la actividad inventiva y comercial del país, impulsando la creación y el desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio de toda la sociedad.
Su misión es "estimular la creatividad en beneficio de la sociedad en su conjunto y proteger jurídicamente la propiedad industrial y los derechos de autor a través del Sistema Nacional de Propiedad Industrial, mediante el otorgamiento de derechos, como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales. Asimismo, emitir resoluciones sobre signos distintivos, como marcas, avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus autorizaciones de uso, además de las relativas licencias y transmisiones de derechos derivados de la protección legal de éstos. También, imponer sanciones por el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual y para declarar la nulidad, cancelación o caducidad de éstos.
"Difundir el conocimiento tecnológico mundial protegido por los derechos de propiedad industrial, mediante la promoción y diseminación de su acervo de información."
Sin embargo, el IMPI se ha prestado a intereses de las empresas Infra, SA de CV; y Praxair, SA de CV, para llevar a cabo formas de relación que van más allá de prácticas comerciales desleales, entre ellas, el hostigamiento comercial e incluso personal contra empresas competidoras de mucho menor tamaño.
Un ejemplo muy claro está en el trato que se dio a la empresa originalmente Casa López y Sucesores, SA de CV, con un hostigamiento que inició desde su separación de la red de distribuidores de Infra y ha consistido en violaciones y amenazas contra la libertad de comercio y actos de corrupción en la adquisición de bienes y servicios del sector público, con la participación de diversas autoridades, fundamentalmente del IMPI, las cuales, mediante acuerdos delegatorios de facultades de carácter inconstitucional, han ordenado indebidamente visitas, inspecciones y aseguramientos y han presumido infracciones de la ley, derivándose en multas confiscatorias del patrimonio.
Las mismas maniobras, violatorias de la ley, ejercidas contra Grupo López Franco, SA de CV, se extendieron a otros miembros de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gases Industriales, AC.
De la misma manera se vieron involucrados ejecutores de la tesorería municipal de Cuatlitlán Izcalli quienes, con personal del IMPI y de la propia empresa Infra, sujeta del litigio, violaron la suspensión otorgada por el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, irrumpiendo de forma violenta en las instalaciones de Grupo López Franco.
Es preocupante que las normas que rigen la sana y libre competencia empresarial en el país se estén violentando de manera tan flagrante. Sobre todo, preocupa que el estado de derecho en México no sea suficiente garantía para salvaguardar los derechos que la ley confiere a las personas físicas y a las morales del país.
Como representantes populares, tenemos la obligación de velar por el alto interés público que representan la legalidad y la imparcialidad que deben observar las autoridades, así como la estricta sujeción de sus facultades sin que se excedan de ellas o dejen de ejercerlas.
Por lo expuesto, y ante el inadecuado acuerdo delegatorio de facultades del IMPI, propongo la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo una auditoría de desempeño, en términos del artículo 79 constitucional y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que se presume un exceso en el uso de las atribuciones que legalmente le corresponden, incumpliendo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y, en su caso, proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2009.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE IMPLANTE MEDIANTE LA SAGARPA Y LA
CONAPESCA UN PLAN DE RESCATE DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA PLAGA DEL PEZ
PLECOS EN TABASCO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS SILBESTRE ÁLVAREZ
RAMÓN Y CARLOS ORSOE MORALES VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
Silbestre Álvarez Ramón y Carlos Orsoe Morales Vázquez, diputados federales por Tabasco y Chiapas, respectivamente, miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en el que se solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se implemente un plan urgente de rescate para los cuerpos de aguas que recorren Tabasco y demás zonas afectadas por la plaga del pez plecos, y un plan de apoyo para las víctimas de este problema.
Consideraciones
El sureste mexicano vive un problema que se ha convertido no sólo en una seria amenaza ambiental sino también social y económica para la región. La causa de esta grave situación se debe a que a lo largo de los últimos años, por desatención o descontrol, se permitió colonizar ríos, cuencas, lagos, presas y vertientes de esta zona del país con una plaga de peces llamados plecostomus o plecos, conocidos popularmente como pez diablo o limpiapeceras, originarios de la cuenca del Amazonas. Sudamérica.
El calificativo de pez diablo no sólo se debe a las diversas particularidades de su morfología y fisiología sino a su comportamiento y relación con el hábitat donde se desarrolla, que hace de estos peces actores un potencial invasivo pernicioso para su entorno.
Las causas que para que este pez haya inundado nuestros cuerpos de aguas epicontinentales son diversas; entre ellas, la más frecuente es el escape al medio silvestre desde las unidades de producción acuícola donde se cultivan y de las instalaciones que utilizan los importadores comerciales. Aunque también, según denuncias ciudadanas, su introducción por parte de la Comisión Federal de Electricidad como agentes de control biológico para mantener limpias las presas, o a través de la liberación por coleccionistas y aficionados de los acuarios.
Fue en 1995 cuando se detectaron por primera vez en México. Hoy se encuentran a lo largo y ancho de Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca y Michoacán, entre otras localidades del país.
La necesidad de atención urgente sobre esta plaga tiene que ver con tres ámbitos principales. Por un lado, ambiental: su presencia ocasiona una fuerte afectación al ecosistema, esto debido a que no tienen muchos depredadores. La poca movilidad de estos peces y su tamaño resultan atractivos para algunas aves, pero su reacción defensiva, que consiste en levantar sus fuertes espinas dorsales, termina matándolas. A estos peces se les ha responsabilizado de la muerte masiva de pelícanos en otras latitudes del mundo. Existen registros de que han lastimado manatíes, a los cuales ahuyentan con su comportamiento agresivo, incluso se ha llegado a registrar ataques contra seres humanos. Lo más preocupante de esto es que a otras especies, algunas de ellas endémicas, de diversas formas, entre las que destacan la ingestión incidental de sus huevos y la competencia por algas y detritus.
Además, es posible que sean portadores de enfermedades y parásitos. Por otra parte, sus hábitos alimenticios resultan en la resuspensión del sedimento, y en cambios en el tamaño y la distribución de las partículas en el fondo. Al desplazarse en grandes cardúmenes, cuando se alimentan dañan y arrancan la vegetación nativa, la cual a menudo es utilizada como fuente de alimento, sitio de anidación o refugio de otras especies endémicas. Generalmente las comunidades de algas cambian su composición, de algas verdes dominantes a comunidades de diatomeas, o de éstas a comunidades de algas verdiazules, tóxicas para varias especies de invertebrados y vertebrados.
Los plecos, al anidar cavan galerías de hasta metro y medio de profundidad, desplazando enormes cantidades de sedimento, toneladas en muchos casos, con lo que perturban la estabilidad de las riveras, aumentan su erosión e incrementan significativamente la turbidez, lo que afecta de manera importante la calidad del agua.
En el ámbito económico, un ejemplo de los estragos causados por estos peces es la devastación de la otrora más importante pesquería de agua dulce de México (incluso, alguna vez fue reportada como la más importante de Latinoamérica), la de tilapias y carpas en la presa de Infiernillo, que llegó a registrar producciones de cerca de 20 mil toneladas al año.
Las tilapias exóticas fueron la fuente más importante de recursos económicos, sobrepasando las ganancias de las actividades agrícolas en la región. Sin embargo, un manejo inadecuado, incluyendo la pesca de individuos juveniles antes de que alcanzaran su madurez reproductiva y la sobrepesca, así como la contaminación, condujeron al descenso gradual en la pesquería. Y un factor determinante que agravó esta situación económica es la presencia de los plecos.
En lo social, este impacto en la economía y en la principal fuente de ingresos de los pescadores de la región ha generado la ruina de muchas familias que han perdido el sustento familiar.
En la actualidad, entre 70 y 80 por ciento de la captura de tilapia se ha sustituido por, al menos, tres especies de plecos y algunos probables híbridos, lo que significa pérdidas por un monto aproximado de 8 millones de pesos al año, y un costo social importante al dejar desempleados o subempleados a centenares de familias que se dedican a la pesca.
Estos peces causan severos daños en las redes de pesca, al grado que los pescadores tienen que desecharlas; además, representan una amenaza para la salud, ya que lo que se pesca es abandonado en las orillas, descomponiéndose al aire libre. Otra de las implicaciones sociales que ha traído consigo el severo descenso de esta pesquería es la migración de jóvenes hacia los Estados Unidos.
Tabasco es la entidad que sirve como muestra de esta catástrofe. Se ha convertido en una de las principales entidades del país que padece las consecuencias de esta plaga. La gravedad de este asunto ha sido documentada, no sólo por los medios de comunicación locales, sino por instituciones académicas como las universidades estatales del sureste, y la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es urgente un plan que permita controlar a esta plaga que afecta el ecosistema, la economía y la vida de muchos mexicanos; sobre todo a quienes tienen como vía de sustento la pesca. Por ser un asunto que afecta a diversas entidades del país, es necesario que esta soberanía participe en la solución de este problema.
Por tal motivo, a nombres de las miles de personas afectadas, y por nuestro medio ambiente, pido que esta Cámara solicite al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, un plan urgente de control y rescate para combatir esta plaga de peces, conocidos como peces diablo. Además, generar un programa de apoyo para las familias pesqueras afectadas, para que puedan paliar este problema mientras se resuelve.
Por lo antes expuesto, propongo a esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicite al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, un plan urgente de control y rescate para combatir la plaga de peces, conocidos como peces diablo. Además, generar un programa de apoyo para las familias pesqueras, de tabasco y demás zonas afectadas, para que puedan paliar este problema mientras se resuelve.
Diputados: Silbestre Álvarez Ramón,
Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL INFONAVIT A CESAR EL HOSTIGAMIENTO CONTRA DERECHOHABIENTES
Y A REPLANTEAR OPCIONES DE PAGO QUE RESPETEN LOS DERECHOS DE SEGURIDAD
Y PREVISIÓN SOCIAL QUE RIGEN EN LA MATERIA, A CARGO DE LA DIPUTADA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores a cesar el hostigamiento extrajudicial contra sus derechohabientes y a replantear opciones que respeten los derechos de seguridad y previsión social que rigen en la materia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El párrafo quinto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Estado a dotar de vivienda digna y decorosa a la población. Es decir, nuestro máximo estatuto jurídico reconoce la vivienda como un derecho humano, al igual que el derecho a la educación, la salud y el trabajo, entre otros.
Sin embargo, desde que se estableció en nuestro país el modelo neoliberal como forma de gobierno, las políticas públicas y las leyes han perdido su orientación social y se han convertido en auspiciadoras y promotoras del mercantilismo. Este desmantelamiento del carácter social del Estado se ha agudizado y acelerado en los últimos años. Ahora, los derechos sociales de los mexicanos se miden con los instrumentos financieros que dictan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, conforme a los lineamientos del llamado "Consenso de Washington".
El andamiaje jurídico y administrativo actual ha provocado que las distintas instancias federales de vivienda sean meras intermediarias entre los acreditados y las entidades financieras. Este esquema busca favorecer la hegemonía del capital mediante el fortalecimiento de dichas empresas y de las desarrolladoras inmobiliarias a través de esquemas financieros de subsidio y crédito.
Esta política se impulsa desde la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), "…organismo descentralizado de la administración pública por conducto del cual el Ejecutivo federal ejerce las atribuciones de coordinación del sector vivienda…", según se establece en el glosario de sus reglas de operación.
El Conavi, solamente firma los convenios entre la Sociedad Hipotecaria Federal y las llamadas unidades ejecutoras de gasto, donde el subsidio se otorga directamente a la oferta abierta de mercado, es decir a las empresas, a través de la Sociedad Hipotecaria Federal.
Así se establece en el primer párrafo de la página 2 de las citadas reglas:
Pero este modelo sólo beneficia al sector empresarial y no a la población, ya que el rezago habitacional estimado al año 2006 es de 5.3 millones de viviendas, además de las nuevas necesidades derivadas del incremento demográfico, que están proyectadas en 6.7 millones para el periodo 2007-2012, es decir 12 millones de viviendas para el final del sexenio.
Por otro lado, distintas organizaciones han denunciado y documentado las irregularidades existentes en la administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Una de éstas es que bajo el argumento de que por sí solo es incapaz de administrar eficientemente los cientos de miles de créditos otorgados, la dependencia contrata a despachos particulares de cobranza a quienes "terceriza" aquellos empréstitos que, por caer en el desempleo, presentan algún problema de morosidad o de cartera vencida para que los regularicen por la vía administrativa o judicial, en el mejor de los casos, o desalojen a las familias, lo que sucede a diario, desafortunadamente. Por cada crédito regularizado o vivienda recuperada, el Infonavit los premia con comisiones económicas.
Sin embargo, estos despachos en la práctica actúan de manera discrecional. A pesar de que el Infonavit afirma contar con un código de ética que obligaría a los despachos a conducirse de acuerdo con la ley, estas empresas utilizan métodos intimidatorios y de persecución, violatorios de diversas normatividades, como llamar en la madrugada, presionar a menores de edad, insultar, dejar recados con familiares, amenazar con embargos sin que haya juicio civil de por medio; incluso, pegan en casa de los deudores órdenes de embargo u ofertas de venta, entre otros casos.
En varios municipios de Tabasco, específicamente en Teapa, estos despachos hostigan e intimidan a los deudores de manera ilegal y agresiva.
Además, los convenios judiciales promovidos por estos despachos obligan a los trabajadores a incrementar el monto de las mensualidades cuando pierden el empleo. Así, en lugar de continuar pagando el 25 por ciento de su último salario –integrado por el descuento vía nómina y las aportaciones patronales– tienen que cubrir el 35 por ciento, lo que invariablemente provoca que los trabajadores caigan en cartera vencida y enfrente un riesgo inminente de desalojo.
Por si todo ello fuera poco, en 2006 el Infonavit vendió casi 55 mil créditos –que representaban el 50 por ciento de su cartera vencida reservada– a las recuperadoras de deuda Capmark y Scrap II, que son firmas particulares con capital extranjero, con el fin de bursatilizar sus finanzas para ser calificado como financieramente sano. Este hecho es de por sí contrario a la prestación de un servicio público de previsión social que corresponde por ley otorgar a este instituto. Si a esto sumamos que los créditos fueron cedidos a estas empresas en promedio a 25 mil pesos, es decir un 10 por ciento del valor de saldo de cada empréstito y que dicha cesión se dio a través de subastas públicas amañadas e imparciales, el asunto resulta ser un escándalo nacional y un problema social que a diario crece en esta ciudad y en todo el país, ya que el trabajador que enfrenta esta situación deja de ser derechohabiente del Infonavit y si quiere seguir conservando su patrimonio es obligado a recomprar su propia vivienda a estos particulares en ocasiones hasta por 750 mil pesos.
Los despachos que tienen contratos con el Infonavit y las empresas que compraron los créditos trabajan en un verdadero paraíso de discrecionalidad e impunidad: por un lado gozan de la falta de controles públicos por tratarse de entes privados; y por otro, con base en la Ley del Infonavit, obligan que "el acreditado tiene que aceptar que, de no pagar tres mensualidades consecutivas o tres discontinuas en un año, el Instituto iniciará proceso de cancelación de crédito, con el consecuente riesgo de perder su patrimonio y todo lo que ha invertido en él"
Son decenas de despachos de cobranza en el país. El más grande es CPC, que se calcula administra más del mitad de los empréstitos. En el municipio de Teapa los que hacen este trabajo sucio son los despachos jurídicos Acser; Muñoz y Asociados; Igsa; licenciado Sergio Porta Jiménez; Luca Mendi; Angulo Flores.
Por otra parte, como se sabe la actual crisis financiera se inició en Estados Unidos en el sector inmobiliario, con el colapso de las dos principales empresas del ramo: Freddie Mac y Fannie Mae. Como han pronosticado incluso los propios funcionarios del Ejecutivo federal, los efectos de esta crisis se manifestarán con más severidad en los meses subsecuentes. Lo grave para México es que la Sociedad Hipotecaria Federal reproduce el mismo modelo financiero que llevó a la quiebra a estos gigantes inmobiliarios de Estados Unidos. Aunque lo ha ocultado; hay signos alarmantes en el Infonavit de un posible colapso si no se rediseñan sus políticas y se les devuelve su orientación social. Hay tres hechos que apuntan en ese sentido.
2. La cancelación de la emisión de los certificados de vivienda en el mercado de valores; y
3. El rescate gubernamental a las tres empresas inmobiliarias más grandes del país.
Por lo expuesto y fundado someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cesar el hostigamiento extrajudicial contra sus derechohabientes y a replantear opciones administrativas y legales que respeten los derechos de seguridad y previsión social que rigen en la materia, incluyendo los créditos cedidos, mediante las acciones siguientes:
B. Suspensión definitiva a los desalojos forzosos que se producen a diario en todo el territorio nacional;
C. Suspensión de los contratos a los despachos de cobranza que violan distintas normatividades y los derechos humanos al ejercer hostigamiento extrajudicial contra los acreditados y sus familias y al obligarlos a firmar convenios de reestructuración viciados de origen; y
D. Ofrecer a los acreditados la opción de readquirir sus viviendas bajo las mismas condiciones en que les fueron vendidas a las recuperadoras de deuda; es decir al 10 por ciento del valor de saldo.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
Los suscritos, diputados federales María del Pilar Ortega Martínez, Cruz Pérez Cuéllar y Luis Gustavo Parra Noriega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, proponen a esta presidencia que formule excitativa a la Comisión de Gobernación del Senado de la República, a efecto de que se dictamine la minuta turnada el 11 de diciembre de 2007.
Antecedentes
II. En fecha 11 de diciembre del 2007, dicho dictamen fue turnado a la Comisión de Gobernación del Senado de la República para su dictamen, que a la fecha no ha sido presentado por lo que ahora acudo ante esta soberanía y expreso las siguientes
Primera. La libertad de expresión representa en nuestro país un derecho fundamental, erigido como un pilar de la convivencia civilizada. Salvaguardar el derecho de los mexicanos a expresar y publicar sus ideas sin ser afectado por cualquier tipo de inquisición o censura debe ser una prioridad del Estado mexicano. Desde el México independiente se ha construido esa garantía individual consagrada por la Carta Magna, al mismo tiempo que se han consolidado las instituciones que la hacen posible; sin embargo, en diversos momentos de nuestra historia se ha pretendido vulnerar esta garantía individual por quienes han ejercido el poder político.
Segunda. Los acusados por los llamados delitos de imprenta eran juzgados como criminales de la peor peligrosidad, incluso los impresores y papeleros, calificados de cómplices, a pesar de tener sólo un papel incidental en la elaboración y distribución de escritos considerados como subversivos, si se trataba de textos críticos al poder o a la norma imperante. La plena reintegración de la libertad de expresión en la Constitución de 1917 puede considerarse como uno de los mayores triunfos que pudo alcanzar el pueblo mexicano en su evolución política.
Tercera. Cuando nos referimos a la libertad de expresión y derecho a la información en nuestro país, tendemos a creer que son temas que solo competen a los periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, el ejercicio de ambos derechos por parte de la ciudadanía es esencial para la democracia.
Cuarta. En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios; En estos tiempos de globalización, los medios de comunicación masiva son espacios de participación ciudadana, donde todas las personas tienen la posibilidad de expresar su mensaje a la comunidad, donde se expresan todas las voces. Son tiempos donde el derecho a ser y pensar diferente se vuelve un imperativo de la democracia.
Quinta. Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único. En términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Cámara de Senadores para que con la mayor brevedad conmine a la Comisión de Gobernación a formular el dictamen correspondiente a la iniciativa señalada.
Dado en el salón de sesiones, a 12 de febrero de 2009.
Diputados: María del Pilar Ortega Martínez,
Cruz Pérez Cuéllar, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbricas)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ISRAEL BELTRÁN
MONTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El diputado Israel Beltrán Montes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva formular una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presente el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Antecedentes
El 27 de noviembre de 2008, presenté ante esta Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Consideraciones
La iniciativa de referencia tiene por objeto fortalecer las atribuciones del Banco de México, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en materia de regulación y control de los créditos, préstamos y financiamiento al público que prestan las entidades financieras y comerciales a sus clientes, y para este efecto propone modificaciones a diversos artículos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Me permito aclarar a esta soberanía, al igual que a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a quien va dirigida esta excitativa, que la iniciativa antes citada no se encuentra en contradicción o conflicto con la minuta del Senado con proyecto de decreto sobre la iniciativa por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ley de Instituciones de Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y la Ley para Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, misma que se encuentra en proceso de dictamen en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Por el contrario, el proyecto presentado propone medidas complementarias que vienen a fortalecer a las autoridades bancarias e institutos de protección de los servicios de usuarios financieros y del consumidor, para garantizar y salvaguardar de manera más eficiente al público en general, y en particular a los usuarios de tarjetas de crédito de bancos y comercios. Con ello se pondrán adoptar las medidas adecuadas y urgentes para afrontar y resolver, o al menos atenuar en buena medida, los graves efectos que está provocando la crisis financiera.
Consecuentemente, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, se sirva dar trámite a la siguiente:
Excitativa
Único. Sea turnada esta excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presente el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 12 febrero de 2009.
Diputado Israel Beltrán Montes (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A SOLICITUD
DE LA DIPUTADA BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Beatriz Manrique Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule una excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que presenten el dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos económicos, sociales y ambientales.
Antecedentes
1. En sesión de Pleno celebrada el 24 de abril de 2008, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Convergencia, Alternativa y Nueva Alianza presentaron iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Con esta misma fecha, por mandato de la Mesa Directiva, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para la elaboración del dictamen correspondiente.
3. El 20 de mayo de 2008, la Mesa Directiva modificó el turno de la citada iniciativa, ampliándolo a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que procedieran a realizar el análisis y dictamen correspondiente.
Consideraciones
Con objeto de establecer los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la reforma del Estado mexicano, se promulgo la Ley para la Reforma del Estado.
En el marco de esta ley, se creó la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión como órgano rector de la conducción del proceso de la reforma del Estado en México, la cual se integraba por los Presidentes de la Mesa Directiva de las Cámaras de Senadores y de Diputados, los coordinadores de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras y las presidencias de las Comisiones de Reforma del Estado de las dos Cámaras. Del mismo modo, también participaron representantes del Poder Ejecutivo federal, las presidencias de los partidos políticos nacionales, así como el Poder Judicial, exclusivamente en cuanto al tema de la reforma del Poder Judicial.
Uno de los grandes temas que se abordaron en el seno de esta comisión fue el relativo a las garantías sociales. Cada uno de los temas que se negociaron siguió el siguiente proceso:
Las reformas contenidas en la citada iniciativa resultan de gran relevancia para el sistema jurídico ambiental que impera en nuestro país, ya que se concentra una gama de propuestas e incluso iniciativas de reforma que han presentado diversos grupos parlamentarios a lo largo de casi dos legislaturas. El proceso del cual emanó esta iniciativa nos haría suponer que, so aprobación y discusión al interior de las comisiones dictaminadoras de esta Cámara, no tendría gran problema, ya que existe un acuerdo entre los grupos parlamentarios promoventes previo a su presentación.
Hoy día, ha pasado casi un año de que la iniciativa fue presentada y aún no contamos con dictamen alguno de las comisiones responsables, lo que obra en perjuicio del tema que se pretende regular y del proceso del cual emanó, razón por la cual insto a la Mesa Directiva se sirva dar trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Con fundamento en los artículos 21, fracción XVI ,87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formula excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dentro de este periodo ordinario de sesiones presenten dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por diversos grupos parlamentarios el 24 de abril de 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 12 de febrero de 2009.
Diputada Beatriz Manrique Guevara (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO RICARDO CANTÚ GARZA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento solicitud de excitativa, bajo las siguientes
Consideraciones
El 27 de febrero de 2007, nuestro grupo parlamentario sometió a la consideración de esta honorable asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El propósito de la iniciativa en comento es que las recomendaciones que emitan los organismos defensores de los derechos humanos tengan carácter vinculatorio y sirvan como denuncia penal, para que a partir de ellas el Ministerio Público que corresponda inicie la averiguación previa y consigne a los responsables ante el juez competente.
En esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con la facultad que le confiere el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está conociendo el informe presentado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en relación con las violaciones a las garantías individuales perpetradas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Policía Estatal del Estado de México, y la municipal de Texcoco, en perjuicio de habitantes de San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Desafortunadamente los resultados de la investigación de violaciones a las garantías individuales, no producen efectos vinculantes para ninguna autoridad.
En consecuencia, aunque se constate la realización de conductas que se traduzcan en violación de garantías individuales, no habrá responsables.
Una situación de este tipo sólo incrementa los niveles de impunidad en los que actúa la autoridad, violando sistemáticamente el orden jurídico que se comprometieron a respetar y las garantías individuales de los gobernados.
Con el propósito de contribuir a eliminar la impunidad en la que actúa la autoridad, presentamos a este pleno nuestra iniciativa de reformas al artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las recomendaciones que emitan los organismos defensores de derechos humanos tengan plenos efectos vinculantes, y que a la autoridad que no las acate se le finque responsabilidad penal.
Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en la facultad que le otorga el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito excite a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados para que se dictamine nuestra iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2009.
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA ANA ELISA PÉREZ BOLAÑOS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Ana Elisa Pérez Bolaños, diputada federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 14 de septiembre de 2006, en sesión plenaria, el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, para adicionar una fracción segunda, reformar los incisos a) y b) de la fracción III y adicionar tres párrafos al final de ésta fracción; 99, para adicionarle un último párrafo, y 116, para adicionarle un inciso j) y uno k) a la fracción IV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto limitar los tiempos de campañas, establecer facultades y principios para regular precampañas, reducir el financiamiento público a los partidos y obligar a que se reintegren los bienes adquiridos con éste en caso de disolución o pérdida del registro, dar más atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establecer la obligación de devolver los bienes y derechos adquiridos por los partidos políticos en caso de pérdida del registro, establecer el primer domingo de julio para la realización de los comicios locales en toda la república, así como la obligación de las legislaciones locales de incorporar límites a campañas, regulación de precampañas y otorgar facultades amplias de fiscalización a organismos electorales; la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Puntos Constitucionales debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se haya recibido. Han pasado 28 meses desde que se turnó la iniciativa mencionada y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.
Considerandos
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41, para adicionar una fracción segunda, reformar los incisos a) y b) de la fracción III y adicionarle tres párrafos al final de esta fracción; 99, para adicionarle un último párrafo, y 116, para adicionarle un inciso j) y uno k) a la fracción IV; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le fue turnada el 14 de septiembre de 2006.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2009.
Diputada Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica)