Gaceta Parlamentaria, Cámara
de Diputados, número 2696-I, jueves 12 de febrero de 2009.
Comunicaciones
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De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito
Federal.
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Del Instituto Electoral del Distrito Federal.
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Del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Iniciativas
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Del Ejecutivo federal,
con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de las Leyes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
y del Seguro Social.
-
Del Ejecutivo federal,
con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley del Seguro Social.
Oficios
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De la Cámara de Senadores,
con el que remite iniciativa que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos
en Efectivo, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila, del
Grupo Parlamentario del PT.
-
De la Cámara de Senadores,
con el que remite iniciativa que abroga la Ley del Impuesto Empresarial
a Tasa Única, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila,
del Grupo Parlamentario del PT.
-
De la Cámara de Senadores,
con el que remite iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la
Leyes de los Impuestos al Valor Agregado, y sobre la Renta, presentada
por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del PVEM.
-
De la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud
de excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de
la Función Pública para que dictaminen la minuta con proyecto
de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila,
del Grupo Parlamentario del PT.
-
De la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud
de excitativa a la Comisión de Ciencia y Tecnología para
que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada
por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario
del PRD.
Comunicaciones
DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito
Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 178
aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña el próximo
14 de febrero, a las 10:00 horas, en el jardín de San Fernando,
situado en avenida Hidalgo y eje Guerrero, delegación Cuauhtémoc.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes los nombres
de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a
la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente
y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Licenciada María Guadalupe Lozada León
Coordinadora
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO
FEDERAL
México, DF, a 3 de febrero de 2009.
Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente de la LX Legislatura del Congreso de la Unión
Presente
Me refiero al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-2228,
por medio del cual informan a este instituto del punto de acuerdo por el
que se exhorta a los institutos electorales, con fundamento en el artículo
29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
a establecer las medidas necesarias que garanticen y favorezcan la participación,
la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas
con discapacidad en los procesos electorales que se desarrollen a partir
de 2009.
Al respecto, y en cumplimiento del acuerdo referido, me
permito informarle que este instituto, ajustado a sus principios rectores,
ha promovido la cultura cívica democrática entre los habitantes
de la Ciudad de México. Por lo anterior, a partir de 2000 se han
implantado diversas medidas que consideran la inclusión y la participación
de las personas con discapacidad, entre las que se encuentran el diseño
y desarrollo de materiales informativos y para la jornada electoral.
De acuerdo con el artículo 273, fracción
I, del Código Electoral del Distrito Federal, los lugares para la
ubicación de las casillas electorales deben ser de fácil
y libre acceso para los electores, entre los que se incluyan las personas
con discapacidad.
Los materiales realizados por este instituto son los siguientes:
1. Tríptico Recomendaciones para facilitar
la votación de personas con discapacidad. Proceso electoral
de 2000.
2. Cuadríptico Recomendaciones para facilitar
la votación de personas con necesidades especiales. Plebiscito
de 2002.
3. Cuadríptico Recomendaciones para facilitar
la votación de personas con necesidades especiales. Proceso
electoral de 2003.
4. Tríptico Recomendaciones para facilitar
la votación de personas con necesidades especiales. Proceso
electoral local de 2006.
5. Mascarilla braille con instructivo. Se desarrolló
en 2000 como un aditamento de apoyo para las personas con discapacidad
visual, a fin de que pudieran emitir su voto sin necesidad de asistencia
de otra persona por poder leer.
6. Cancel modular electoral. Su objetivo es facilitar
la emisión del voto en secreto a los ciudadanos, incluidos los que
presentan algún tipo de discapacidad motriz y los de la tercera
edad, debido a que se trata de un cancel más estable, más
bajo y más ancho, para mayor comodidad y seguridad de ciudadanos
en silla de ruedas.
7. Clip sujetaboletas. Se encuentra en la cubierta
del cancel. Su función es proporcionar sujeción a la boleta,
pensando en las personas con discapacidad motriz en las extremidades superiores.
8. Sello equis. Se trata de un sello con mango
ergonómico y multifuncional con elástico, para que personas
con falta total o parcial de extremidades superiores marquen la boleta
con una equis.
9. Embudo en las urnas y etiquetas braille. Se
usan como apoyo para las personas con discapacidad, ya que el pliegue a
manera de embudo permite dirigir la boleta hacia la ranura de introducción,
así como una etiqueta impresa en sistema braille con la leyenda
"Deposite aquí su boleta para la elección de…", y una flecha
de dirección para ubicar la ranura.
Los trabajos relativos al tema siguen avanzando, por lo que
para el proceso electoral de 2009 se considera realizar y, en su caso,
incorporar el siguiente material:
Materiales por realizar para 2009
1. Guía de casilla, proceso electoral local
2008-2009. Contiene recomendaciones para facilitar la votación
de personas con discapacidad o con necesidades especiales (embarazadas,
adultas mayores y analfabetas).
2. Tríptico Recomendaciones para facilitar
la votación de personas con discapacidad y con necesidades especiales
(para votación tradicional y con urna electrónica).
3. Cartel ¿Cómo voto este 5 de
julio? En él se indica que se dará prioridad a las personas
con discapacidad y con necesidades especiales.
4. Urna electrónica. El instituto, con respaldo
de instituciones de educación superior, desarrolló un modelo
que incorpora elementos de ayuda para personas con discapacidad visual
a través de controles manuales apoyados por el uso de audífonos.
Espero que la información proporcionada contribuya
a los fines que persigue su comisión, y seguir estrechando los lazos
de apoyo y colaboración entre ambas instituciones.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Sergio J. González Muñoz (rúbrica)
Secretario Ejecutivo
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA
México DF a 09 de febrero de 2009 .
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión
LX Legislatura
Presente
Distinguido diputado:
De conformidad, y en seguimiento a los acuerdos y conclusiones
expresadas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
derivadas del informe sobre el Programa Regional de Desarrollo Turístico
del Corredor Teotihuacan- Acolman- Otumba- San Martín- Axapusco-Nopaltepec,
y en particular al proyecto Resplandor Teotihuacano que elaboró
y remitió a esa soberanía la Comisión de Cultura de
la Cámara de Diputados, donde exhorta a este instituto a la remisión
del guión técnico-académico de la visita nocturna
a la zona arqueológica de Teotihuacan; cumplo en remitirle, en carpeta
anexa al presente, la propuesta del documento de referencia, que está
siendo revisada por la integrante del grupo técnico evaluador, doctora
Linda Manzanilla.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión
para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Alfonso de Maria y Campos Castelló
(rúbrica)
Director General
Iniciativas
DEL
EJECUTIVO FEDERAL, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, Y DEL SEGURO SOCIAL
México, DF., a 10 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Por instrucciones del presidente de la República
y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción
I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción
I de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, me permito remitir la iniciativa de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social,
documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto
de ese órgano legislativo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Ciudadano Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
La adquisición de un patrimonio inmobiliario es
no sólo una de las mejores formas de dar seguridad económica
a la familia sino una aspiración de todos los trabajadores para
tener una mejor y más estable calidad de vida. Por tal motivo, el
artículo 123, Apartado A, fracción XII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación
de los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas
e higiénicas, a través de las aportaciones que se hagan al
Fondo Nacional de la Vivienda.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) ha logrado importantes avances en los últimos
años que le han permitido convertirse en el principal impulsor de
la vivienda en México y ésta a su vez en uno de los pilares
para un crecimiento económico sano del país. A diferencia
de otras economías, este crecimiento en el sector vivienda se ha
alcanzado en un marco de orden y prudencia que ha permitido mantener la
integridad del instituto y el sistema financiero del país.
Sin embargo, el mismo desarrollo del instituto y la transición
demográfica que empieza a cobrar fuerza obligan a que se lleve a
cabo una reestructura del régimen financiero que le permita alcanzar
el objetivo para el que fue creado de una manera mas efectiva y eficiente
y que garantice un crecimiento saludable y sustentable de su actividad
en el corto, mediano y largo plazo.
En síntesis, el instituto requiere de reformas
para atender con mayor eficacia a los trabajadores de bajos ingresos, con
mayor eficiencia a toda su derechohabiencia y debido a que durante los
próximos años la·tasa de formación de hogares,
y los requerimientos de nuevas viviendas, se estabilizará al tiempo
que las recuperaciones de la cartera existente, la mayor eficiencia operativa
y otras fuentes de financiamiento se hacen menos necesarias las contribuciones
de seguridad social para impulsar las actividades del instituto.
La presente iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto
Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la
Ley del Seguro Social propone:
a) Que los trabajadores más jóvenes y
de menores ingresos puedan utilizar recursos adicionales, acumulados en
su subcuenta de retiro cesantía y vejez para complementar los que
se encuentran en la subcuenta de vivienda y así poder acceder a
los programas de vivienda del instituto que hasta ahora estaban fuera de
su alcance;
b) Que, en consistencia con el punto anterior, se redistribuyan
las cuotas que anteriormente tenían como destino exclusivo la vivienda,
para que el trabajador pueda hacer un uso más flexible y eficiente
de las mismas de acuerdo a las necesidades que enfrente en cada momento
de su ciclo de vida como lo son la adquisición de una vivienda,
enfrentar periodos de desempleo y gozar de una pensión al retiro;
c) Fortalecer las facultades del instituto en su función
cómo organismo fiscal autónomo para proteger con mayor eficacia
el patrimonio de los trabajadores, y
d) Poder contar con todos los instrumentos para un manejo
financiero prudente y eficiente consistente con la nueva estructura de
financiamiento, en la que las contribuciones de seguridad social forman
una proporción cada vez menor de los ingresos del instituto, que
tomará forma conforme se consolide la transición demográfica
en la población que atiende el instituto y, en consecuencia, se
estabilice el crecimiento de la cartera del instituto.
Antecedentes
En poco más de una década, la consolidación
macroeconómica y fiscal del país ha permitido el desarrollo
del mercado hipotecario –encabezado por el Instituto Nacional del Fondo
para la Vivienda de los Trabajadores Infonavit– mediante el cual millones
de mexicanos han tenido por primera vez la posibilidad de adquirir una
vivienda.
En estos últimos años, el Infonavit ha mejorado
su operación y crecido de tal forma que sus ingresos provienen principalmente
de una sana recuperación de su cartera, con lo cual se ha reducido
su dependencia en las contribuciones que hacen los patrones a favor de
los trabajadores. Asimismo, su exitosa colocación de certificados
de vivienda constituye una fuente de financiamiento alterna del instituto,
ya que los recursos provenientes de su colocación se reinvierten
en nuevos créditos que se otorgan a los trabajadores derechohabientes.
Gracias a tales acciones, el Infonavit ha podido financiar
un mayor número de créditos; tan sólo el año
pasado, a pesar del difícil entorno económico, otorgó
494 mil 73 préstamos, la cifra más alta en su historia y
que supera en 7.71 por ciento lo realizado en 2007, llegando así
en enero del presente año a la cifra histórica de 5 millones
de créditos desde su fundación en 1972.
En este orden de ideas, la redistribución de las
aportaciones a cargo del patrón entre el ahorro para la vivienda
y el ahorro para el retiro, que se propone en la iniciativa, acompañadas
de un mayor control por parte del trabajador, permitirán que el
instituto pueda también atender a trabajadores, principalmente jóvenes
y de menores ingresos que actualmente no pueden acceder a un crédito
para la vivienda.
En la medida que aseguremos la armoniosa integración
de los mecanismos de ahorro para el retiro y ahorro para la vivienda y
que se mejoren los esquemas de fiscalización y perfeccionen los
mecanismos de financiamiento del instituto, los trabajadores podrán
utilizar los recursos de forma más eficiente e incrementar los beneficios
que obtienen sin que se desincentive la inversión y la creación
de empleos.
Propuesta
La adquisición de una vivienda propia es casi siempre
la mayor inversión que realiza un trabajador y requiere de un gran
esfuerzo durante el transcurso de casi toda su vida laboral. En esencia,
es un instrumento que sirve para el mismo objetivo que el ahorro para el
retiro, al permitirle al trabajador acumular un patrimonio con el esfuerzo
realizado durante los periodos en los que goza de un ingreso propio.
Para obtener un crédito hipotecario se requiere
un esfuerzo inicial para acumular dinero suficiente para el enganche y
posteriormente se requiere un esfuerzo adicional para pagar la totalidad
del crédito, aunque dicho esfuerzo se ve compensado, total o parcialmente,
porque el trabajador ya no tiene necesidad de pagar la renta de una vivienda.
Al final de la vida del trabajador el patrimonio inmobiliario normalmente
perdura y puede ser heredado a los hijos.
El ahorro para el retiro implica periodos de ahorro y
disfrute distintos. Normalmente se requiere un esfuerzo constante, muchas
veces sin una recompensa tangible durante un periodo largo, que se ve recompensado
al terminar la vida laboral con un ingreso que le permite al trabajador
disfrutar de su retiro. Este mecanismo de ahorro no está diseñado
para heredar un patrimonio a los hijos mayores de edad.
Estas diferencias en los periodos de acumulación
y desacumulación de ahorro hacen que resulten complementarias, ambas
formas de ahorro para el trabajador. Para hacer un uso eficiente de dicha
complementariedad se requiere un uso flexible de los recursos, para que
sea el trabajador quien decida en qué momento requiere hacer un
mayor ahorro y en qué momento necesita utilizar los recursos acumulados,
ya sea para invertir o cubrir sus necesidades materiales.
La propuesta consiste en redistribuir las cuotas, incrementando
las de retiro, cesantía y vejez y disminuyendo las que son exclusivamente
para vivienda permitiéndole al trabajador un uso más flexible
e integral de sus recursos. El trabajador con la reforma propuesta gana
flexibilidad, seguridad y eficiencia en la inversión de los recursos.
El complemento necesario para lograr esta flexibilidad
consiste en permitir a los trabajadores de hasta treinta años de
edad, con un ingreso menor a tres salarios mínimos, complementar
los recursos que hasta ahora utilizaba para adquirir vivienda con el treinta
por ciento de los recursos de su subcuenta de retiro, cesantía y
vejez, que antes no podían usarse para este propósito.
Así, se propone reducir gradualmente las aportaciones
de vivienda del cinco al uno por ciento del salario y que una proporción
de las aportaciones, equivalente al excedente del 4 por ciento, de manera
paulatina, sean reasignadas a la subcuenta de retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez, como cuotas adicionales pensionarias.
Lo anterior, con la finalidad de incrementar las tasas
de reemplazo de las pensiones sin necesidad de incrementar la rigidez del
mercado laboral, de tal forma que los trabajadores tengan acceso a mayores
rendimientos, con la opción de destinar una parte de sus recursos
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez al enganche o amortización
de los créditos otorgados por el Infonavit.
La propuesta permitirá que el ahorro para el retiro
de los trabajadores se encuentre más diversificado y sin poner en
riesgo su pensión, incrementar los recursos disponibles para el
enganche de su vivienda a los trabajadores jóvenes y de bajos ingresos
que actualmente no pueden acceder a un crédito.
Otro de los puntos más importantes de las reformas
planteadas por la iniciativa, es el referente a los trabajadores que tenían
la opción de pensionarse bajo el régimen de la Ley del Seguro
Social de 1973, los cuales de acuerdo con las reformas de 1997, en específico
lo contenido en el artículo 8° transitorio establecía
la facultad al trabajador de recibir en un solo pago sus aportaciones de
vivienda acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997, abonando las subsecuentes
aportaciones al sistema de pensiones. Lo anterior fue declarado inconstitucional
por la Corte con base en que los recursos de la subcuenta de vivienda deben
de utilizarse exclusivamente para este fin.
La presente reforma atiende al criterio jurisprudencial
que declara inconstitucionales las disposiciones del artículo 8o.
transitorio de la Ley del Infonavit, así como a los elevados costos
judiciales que genera el no reformar en la ley las disposiciones que la
Corte ha declarado inconstitucionales. Al reformar la ley en este sentido,
se disminuyen los costos y erogaciones judiciales al instituto, permitiéndole
destinar mayores recursos en beneficio del trabajador.
En virtud de lo anterior, se establece un mecanismo que
permite a los trabajadores recuperar los recursos remanentes en su subcuenta
de vivienda al finalizar su vida laboral de forma expedita y consistente
con los fines de la seguridad social de acuerdo a la jurisprudencia establecida
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación
con el artículo octavo transitorio de la Ley del Infonavit. El esquema
de entrega de los recursos es a plazos de hasta setenta y dos meses con
el propósito de brindar una mayor protección a los trabajadores
acorde con los fines de la seguridad social.
Adicionalmente, la presente iniciativa tiene la finalidad
de adecuar la legislación en materia de vivienda a los requerimientos
actuales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
fortaleciéndolo como autoridad fiscal autónoma y en sus facultades
para contraer obligaciones y realizar operaciones de carácter financiero,
con la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, con la finalidad de dotar al instituto de
una mayor cobertura respecto del Fondo Nacional de Vivienda.
La reforma a la Ley del Infonavit planteada en la iniciativa
propone permitir que el instituto tenga la facultad de contraer obligaciones
de pasivos derivadas de financiamientos, constituir garantías, así
como celebrar operaciones financieras con fines de cobertura, con cargo
al Fondo Nacional de Vivienda.
Esto con la finalidad de que el instituto, cuente con
más opciones de financiamiento para otorgar créditos de vivienda
más sólidos y estables; previamente autorizados y aprobados
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Con la finalidad de fortalecer al Infonavit en su carácter
de autoridad fiscal autónoma, principalmente en cuanto a recaudación
y fiscalización, así como simplificar y hacer más
eficientes los procesos en materia de vivienda, se proponen diversas reformas
que doten al Infonavit de mayor autonomía, respecto de sus facultades
fiscales en materia de vivienda, así como para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de vivienda.
Dentro de las facultades de fiscalización del instituto
que se proponen se encuentran: la delegación de facultades; la certificación
de documentos en los que consten los actos y operaciones realizadas por
el Infonavit; se prevé la utilización de medios electrónicos
en las comunicaciones y notificaciones entre el Infonavit y los patrones;
establecer políticas de carácter general que otorguen facilidades
para el pago de aportaciones a cargo de los patrones en caso de situaciones
extraordinarias o de emergencia, sin que ello implique la condonación
de pagos; la determinación de los plazos de caducidad y prescripción
específicos en materia de aportaciones al Infonavit, así
como se establece que para efectos de descuentos no existirá un
límite superior salarial.
Con estas mejoras se logra tener un sistema de seguridad
social más eficiente en cuanto al uso y destino de los recursos
de los trabajadores, al tiempo que se incentiva el trabajo formal, con
beneficios más atractivos tanto para los trabajadores como para
los patrones.
Conclusiones
Con las modificaciones propuestas se redistribuyen las
aportaciones del patrón entre la subcuenta de vivienda y la subcuenta
de retiro, cesantía y vejez con lo cual se le permite al trabajador
tener inversiones más diversificadas y seguras. Se permite también
un acceso mayor al crédito para trabajadores jóvenes y que
tengan un ingreso menor a tres salarios mínimos que actualmente
no puede servir el instituto. Adicionalmente se hacen diversas modificaciones
para mejorar la capacidad de operar del instituto en materia financiera
y de fiscalización y se modifica el artículo octavo transitorio
para que los recursos de la subcuenta de vivienda se entreguen a los trabajadores
sin contratiempos.
Estas mejoras se logran mediante un uso más eficiente
de los recursos existentes en el sistema de seguridad social con lo cuál
se logra generar un mercado laboral más atractivo tanto para los
trabajadores cómo para los patrones, lo cual ayudará a contrarrestar
los efectos adversos a la creación de empleos provenientes de factores
externos en la presente coyuntura económica.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo
71, fracción I, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos tengo a bien presentar a la consideración
de esa soberanía la siguiente iniciativa de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social
Artículo Primero. Se reforman los artículos
5o., fracción II, 6o., fracción IX, segundo párrafo;
23, fracción I; 25, primer párrafo, numeral 2 del tercer
párrafo, así como cuarto, quinto y sexto párrafos;
29, fracción II, primer párrafo, fracción III, primer
párrafo, y fracción VI; 30, segundo párrafo, fracción
I, fracción III, fracción V, segundo párrafo, y fracción
X; 35 primer párrafo; 43, segundo párrafo; 43 Bis, cuarto,
sexto y séptimo párrafos, y 59; y se adicionan los
artículos 3o., con una nueva fracción IV, con lo que la actual
fracción IV pasa a ser V en lo sucesivo, y un último párrafo;
5 Bis; 16, con tres nuevas fracciones XXI, XXII y XXIII, pasando las actuales
XXI y XXII a ser en lo subsecuente las fracciones XXIV y XXV, respectivamente;
25, con un séptimo y octavo párrafos; 28 Bis; 29 con dos
nuevas fracciones IX y X, pasando la actual fracción IX a ser la
XI en lo subsecuente; 29 Bis; 30, fracción VI, con un segundo párrafo;
30 Bis; 30 Ter; 43 Ter; 59 Bis; 59 Ter; 59 Ouáter; 59 Ouintus; 59
Sextus; 66 bis y 71, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, para quedar como sigue:
Artículo 3o. …
I. a III. …
IV. Invetir en partes sociales o acciones de sociedades
o asociaciones afines al objeto a que se refieren las fracciones II y III
anteriores, y
V. Lo demás a que se refiere la fracción
XII, del Apartado A del artículo 123 constitucional y el Título
Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como
lo que esta ley establece.
El instituto podrá suscribir o llevar a cabo los
actos necesarios o convenientes para la consecución del objeto a
que se refiere este artículo.
Artículo 5o. …
I. …
II. Con las cantidades y comisiones que obtenga por los
servicios que preste, en términos de las reglas técnicas
y operativas que emita el instituto;
III. a V. …
…
Artículo 5o. Bis. El instituto podrá
celebrar operaciones de financiamiento, constituir garantías y celebrar
operaciones financieras derivadas con fines de cobertura, a su cargo o
con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda, en su carácter de administrador
de éste, conforme a lo establecido en los artículos 66 y
66 Bis de esta ley, según corresponda.
Artículo 16. …
I. a VIII. …
IX. …
A propuesta del director general, aprobar los castigos
derivados de los créditos y los quebrantos, las políticas
de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación
de servicios, y cualquiera otra que sea necesaria para el cumplimiento
de los objetivos del instituto;
X. a XX. …
XXI. Aprobar, a propuesta del director general,
el anteproyecto de reglamento sobre el ejercicio de las atribuciones del
instituto en su calidad de organismo fiscal autónomo, a fin de que
sea sometido a consideración del titular del Ejecutivo federal,
a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
XXII. Resolver las propuestas que haga el director
general sobre la creación, modificación o supresión
de las delegaciones regionales, su lugar de residencia y la circunscripción
territorial en que ejercerán sus facultades fiscales;
XXIII. Aprobar las políticas de carácter
general para el otorgamiento de facilidades para el pago de aportaciones
a cargo de los patrones, así como a los trabajadores con créditos
vencidos a favor del instituto, en el caso de situaciones extraordinarias
o de emergencia;
XXIV. Establecer los comités que estime
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y
XXV. Las demás que le señale la Asamblea
General o se desprendan de la presente ley.
Artículo 23. …
I. Representar legalmente al instituto con todas las
facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y
cobranzas, actos de administración y de dominio, y las especiales
que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos
del artículo 2554 del Código Civil Federal y sus correlativos
en los códigos civiles de los estados y el Distrito Federal. Estas
facultades las ejercerá en la forma en que acuerde el Consejo de
Administración.
El director general podrá delegar la representación,
incluyendo la facultad expresa para conciliar ante las Juntas de Conciliación
y Arbitraje, o para actuar en los juicios que se substancien ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los tribunales judiciales
federales, así como otorgar y revocar poderes generales o especiales.
…
II. a X. …
Artículo 25. La Comisión de Inconformidades
se integrará en forma tripartita con un miembro por cada representación,
designados por la Asamblea General y durarán en su cargo seis años.
Por cada miembro propietario se designará un suplente. Esta comisión
sesionará por lo menos una vez al mes.
…
…
1. …
2. Contar con conocimientos y experiencia en materia laboral,
administrativa, judicial, fiscal o de seguridad social, mínima de
cinco años.
3. …
4. …
La comisión conocerá, substanciará y
resolverá las inconformidades que promuevan ante el instituto los
patrones, trabajadores o sus causahabientes y beneficiarios; en los términos
de la normativa correspondiente y con sujeción a los criterios que
sobre el particular establezca la Comisión de Vigilancia.
El recurso de inconformidad procede ante cualquier acto
del instituto que lesione derechos de trabajadores, sus beneficiarios o
de los patrones, una vez agotadas las instancias previas ante las áreas
competentes del propio instituto.
La comisión estará facultada para allegarse
toda la información que considere necesaria para la mejor resolución
de las inconformidades o peticiones. En todo momento deberá facilitar
y simplificar los trámites para el acceso a una resolución
definitiva a los planteamientos hechos por los recurrentes y podrá
turnar los asuntos que reciba a otras áreas, cuando a su juicio
no se hubieren agotado o quedaren pendientes instancias previas de áreas
competentes del instituto.
Además de lo anterior, la comisión deberá
interactuar con todas las áreas y órganos del instituto en
busca de la mejora continua; podrá emitir recomendaciones al director
general sobre la solución a problemas recurrentes de tipo general,
e informará periódicamente a la sociedad sobre sus objetivos
y logros.
La comisión conocerá de las controversias
que se susciten sobre el valor de las prestaciones que las empresas estuvieren
otorgando a los trabajadores, en materia de habitación, para decidir
si son inferiores, iguales o superiores al porcentaje consignado en el
artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo y poder determinar las
aportaciones que deban enterar al instituto o si quedan exentas de tal
aportación. Una vez tramitadas las controversias en los términos
de la normatividad respectiva, la comisión presentará un
dictamen sobre las mismas a la Comisión de Vigilancia, que resolverá
lo que a su juicio proceda.
Artículo 28 Bis. El director general y las
demás personas facultadas conforme al Estatuto Orgánico del
instituto, podrán certificar documentos en los que consten los actos
y operaciones realizadas por el mismo.
Artículo 29. …
I. …
…
…
II. Determinar el monto de las aportaciones del uno por
ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el
pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del
instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales
de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro para el retiro,
en los términos de la presente ley y sus reglamentos. En lo que
corresponde a la integración y cálculo de la base y límite
superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido
en la Ley del Seguro Social.
…
…
…
…
III. Hacer los descuentos a sus trabajadores en
sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de
la Ley Federal del Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir
préstamos otorgados por el instituto, así como enterar el
importe de dichos descuentos en las entidades receptoras que actúen
por cuenta y orden del instituto, en la forma y términos que establece
esta ley y sus disposiciones reglamentarias. La integración y cálculo
de la base salarial para efectos de los descuentos será la contenida
en la fracción II del presente artículo. Sin perjuicio de
lo dispuesto en los citados artículos, para efectos de los descuentos
no será aplicable ningún límite superior salarial.
…
IV. a V. …
VI. Atender los requerimientos
de pago e información que les formule el instituto a través
de cualquier medio, incluyendo los electrónicos, que el instituto
ponga a su alcance, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
correspondientes;
VII. a VIII. …
IX. Pagar las multas que les imponga el instituto
por la falta de pago oportuno de las aportaciones u omisión en efectuar
y pagar los respectivos descuentos, que se destinen al pago de abonos para
cubrir préstamos otorgados por el instituto, en su caso, junto con
el crédito fiscal que se les hubiera determinado, así como
las que les sean impuestas con motivo de las demás infracciones
a esta ley y sus disposiciones reglamentarias.
El patrón no estará obligado al pago de
las multas cuando la obligación que dio origen a las mismas haya
sido cumplida en forma espontánea, en términos de lo dispuesto
en el Código Fiscal de la Federación.
X. Cubrir los gastos ordinarios y extraordinarios
que se generen con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo
de ejecución para el cobro de los importes omitidos al instituto,
los cuales deberán calcularse en términos de lo dispuesto
en el Código Fiscal de la Federación;
XI. Las demás previstas en la ley y sus
reglamentos.
…
…
Artículo 29 Bis. La obligación de pagar
las aportaciones será por cada uno de los patrones con quienes el
trabajador mantenga relación laboral, teniendo como topes del salario
base de aportación los mínimos y máximos que se establecen
en la presente ley y sus reglamentos.
Artículo 30. …
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en su carácter de organismo fiscal autónomo,
está facultado, en los términos del Código Fiscal
de la Federación en lo que no se oponga a lo establecido en la presente
ley, para:
I. Determinar, en caso de incumplimiento, el importe
de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, así
como calcular su actualización y recargos que se generen, señalar
las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida
y requerir su pago. Para este fin podrá ordenar y practicar, con
el personal que al efecto designe, visitas domiciliarias, auditorías
e inspecciones a los patrones, requiriéndoles la exhibición
de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones
que en materia habitacional les impone esta ley.
Las facultades del instituto para comprobar el cumplimiento
de las disposiciones de esta ley, así como para determinar las aportaciones
omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco años
no sujeto a interrupción contado a partir del día siguiente
a aquel en que se debió haber efectuado el pago correspondiente,
en el caso de que el trabajador ya se encuentre inscrito ante el instituto.
El plazo anterior será de diez años cuando
el patrón no haya inscrito al o a los trabajadores ante el instituto.
Los plazos señalados con anterioridad sólo
se suspenderán durante el tiempo en que se ejerzan las facultades
de comprobación; cuando se interponga algún recurso administrativo
o se inicie algún juicio, o cuando no se pueda iniciar o continuar
el ejercicio de facultades de comprobación porque el patrón
haya cambiado de domicilio sin presentar el aviso correspondiente.
La prescripción de los créditos fiscales
correspondientes se sujetará a lo dispuesto en el Código
Fiscal de la Federación;
II. …
III. Realizar el cobro a través del procedimiento
administrativo de ejecución en términos del Código
Fiscal de la Federación, de los créditos fiscales determinados
por concepto de aportaciones patronales,.., de los descuentos omitidos
y de sus accesorios, una vez vencido el plazo de 15 días siguientes
a la fecha en que surta efectos su notificación;
IV. …
V. …
El instituto sancionará aquellos casos en que el
incumplimiento de las obligaciones que esta ley establece, origine la omisión
total o parcial en el pago de las aportaciones y el entero de los descuentos,
en los términos del Código Fiscal de la Federación.
…
VI. …
Para efectos del párrafo anterior, el instituto
podrá acreditar la relación de trabajo mediante:
a) Contrato individual de trabajo;
b) Aviso de inscripción, baja o modificación
salarial del trabajador;
c) Recibos de pago de sueldos o salarios, de nomina, o
listas de raya;
d) Los comprobantes de pago de aportaciones o amortizaciones
efectuados por el patrón a favor del trabajador;
e) Constancias de días laborados;
f) Estado de cuenta emitido por el instituto en el que
se encuentran registradas las aportaciones o amortizaciones cubiertas por
el patrón a favor del trabajador, debidamente certificado por la
autoridad competente;
g) Actas levantadas por el instituto en el ejercicio de
sus facultades de comprobación, en las que, con base en los elementos
que consten en las mismas y en términos de lo dispuesto en esta
fracción, se acredite la relación laboral;
h) Actas de inspección o verificación levantadas
por las autoridades administrativas o jurisdiccionales federales o locales;
i) Sentencias, laudos o cualquier otra resolución
emitida por autoridad jurisdiccional;
j) Cualquier otra información que tenga o llegue
a tener el instituto derivada de la información obtenida por medios
magnéticos, digitales, de microfilmación o de cualquier naturaleza.
La información así exhibida surtirá los mismos efectos
legales y tendrá igual valor probatorio al de los documentos originales
que la contengan y que hubiera sido presentada por el patrón;
k) Documentación o información emitida por
el propio patrón, que obre en poder del instituto o de otras autoridades
fiscales o laborales;
l) Actas notariales en las que se hagan constar hechos
relacionados con alguno de los supuestos anteriores, y
m) Cualquier otra documentación o información
prevista en las disposiciones legales aplicables.
VII a IX. …
X. Conocer y resolver las solicitudes de devolución
de cantidades pagadas indebidamente o en exceso, de conformidad a lo previsto
en las disposiciones legales y reglamentarias.
La devolución de las cantidades que hayan sido
cubiertas indebidamente o en exceso, se efectuará actualizada de
conformidad con el Código Fiscal de la Federación y sin el
pago de intereses siempre que se pague dentro del plazo establecido en
el artículo 22 del mismo ordenamiento. La solicitud de devolución
deberá presentarse por el patrón o su representante legal,
dentro de un plazo máximo de cinco años contados a partir
de la fecha de pago.
No procederá la devolución cuando con las
cantidades pagadas indebidamente o en exceso se hubiera liquidado el crédito
de vivienda otorgado al trabajador y se haya liberado la hipoteca constituida
sobre el mismo, o bien, cuando el trabajador haya efectuado el retiro de
los fondos de la subcuenta de vivienda o dichos fondos hayan sido destinados
para el pago de su pensión, siempre y cuando el error en el pago
haya sido imputable al patrón. El excedente, si lo hubiera, será
regresado al patrón, y
XI. …
Artículo 30 Bis. Los créditos fiscales
que tenga derecho a recibir el instituto se cobrarán preferentemente,
aún en los casos de concurso u otros procedimientos del orden judicial
o administrativo, en los que se controvierta la prelación de créditos.
Esta preferencia no aplicará tratándose
de adeudos por alimentos, salarios y sueldos devengados en el último
año o de indemnizaciones a los trabajadores.
Artículo 30 Ter. Los patrones podrán
presentar solicitudes o promociones al instituto, por escrito o a través
de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.
El Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos
al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establecerá
los requisitos para efectuar las promociones por medios electrónicos.
En materia de promociones y notificaciones a través
de medios electrónicos, serán aplicables las disposiciones
del Código Fiscal de la Federación, en lo que no se opongan
a la presente ley.
Artículo 35. El pago de las aportaciones
y descuentos señalados en el artículo 29 será por
mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete
del mes inmediato siguiente a través de los formularios electrónicos
o impresos que determine el instituto.
...
Artículo 43. ...
Las aportaciones, así como los descuentos para
cubrir los créditos otorgados por el instituto y por entidades financieras,
que reciban las entidades receptoras autorizadas conforme a esta ley, serán
inembargables y deberán ser transferidas a la cuenta que el Banco
de México le lleve al instituto, en los términos y conforme
a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dichos recursos deberán invertirse,
en tanto se aplican a los fines señalados en el artículo
anterior, en valores a cargo del gobierno federal e instrumentos de la
banca de desarrollo.
…
…
Artículo 43 Bis. …
…
…
El instituto podrá otorgar créditos a los
trabajadores derechohabientes en cofinanciamiento con entidades financieras
o con otros institutos de Seguridad Social, en cuyo caso, el trabajador
también podrá otorgar la garantía a que se refiere
el párrafo inmediato anterior. Dicha garantía se constituirá
sobre el saldo que la subcuenta de vivienda·registre al momento
del otorgamiento del crédito. Las aportaciones que se efectúen
a la subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del crédito
se aplicarán a cubrir el saldo insoluto del crédito que haya
otorgado el instituto.
…
En el caso de que el trabajador obtenga crédito
de alguna entidad financiera o de otros institutos de Seguridad Social,
y el instituto no pueda otorgar crédito en términos de lo
dispuesto en el párrafo inmediato anterior, el trabajador tendrá
derecho a que durante la vigencia de dicho crédito, las subsecuentes
aportaciones patronales a su favor se apliquen a reducir el saldo insoluto
a cargo del propio trabajador y a favor de la entidad financiera de que
se trate.
Previo convenio con la entidad financiera o con el instituto
de seguridad social participante, el instituto podrá incluir en
el porcentaje de descuento que el patrón efectúe al salario
del trabajador acreditado, el importe que corresponda a los créditos
otorgados en los términos del presente artículo.
Artículo 43 Ter. Los trabajadores que coticen
en otros institutos de seguridad social y que por iniciar una relación
laboral queden inscritos al instituto, podrán transferir los recursos
de su subcuenta del Fondo de la Vivienda a la que tengan con el instituto.
Asimismo, los trabajadores que estén inscritos en el instituto y
que comiencen una relación laboral que los sujete al régimen
legal de otros institutos de Seguridad Social podrán transferir
a éstos los recursos de su subcuenta del Fondo de la Vivienda. Para
llevar a cabo lo anterior, el instituto se coordinará con el instituto
de que se trate, pudiendo emitir reglas de operación para tal efecto.
Los trabajadores que obtengan un crédito de vivienda
bajo el régimen de otros institutos de seguridad social o del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tengan recursos
acumulados por concepto de vivienda en su cuenta individual conforme al
régimen de los mismos, podrán solicitar que se acumulen para
aplicarse como pago inicial de su crédito y que las aportaciones
sucesivas a cualquiera de los institutos sean destinadas a reducir el saldo
insoluto a cargo del propio trabajador.
En el caso que los trabajadores se encuentren amortizando
un crédito de vivienda otorgado por el instituto o por algún
instituto de seguridad social, y que por establecer una nueva relación
laboral cambien de régimen de seguridad social, deberán de
seguir utilizando sus aportaciones de vivienda para el pago del crédito
correspondiente.
El instituto podrá celebrar convenios con las instituciones
de seguridad social, para determinar el procedimiento para la transferencia
de las aportaciones de vivienda.
Artículo 59. Los trabajadores sujetos a
una relación laboral vigente tendrán en todo tiempo el derecho
a realizar aportaciones voluntarias a su cuenta individual, ya sea por
conducto de su patrón al efectuarse el pago de las aportaciones,
o por sí mismos. Las aportaciones se depositarán a la subcuenta
de aportaciones voluntarias.
Quien deje de estar sujeto a una relación laboral
y por quien el patrón o los patrones respectivos hayan hecho aportaciones,
por un periodo mínimo de dos años, tiene derecho a optar
por la continuación de sus derechos y obligaciones con el instituto.
El Consejo de Administración establecerá
mediante disposiciones de carácter general que deberán ser
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, entre otros aspectos,
la forma en que se solicitará la continuación en el régimen,
la base para los futuros depósitos, el número de bimestres
pagados mientras se hubiera mantenido la o las relaciones laborales, el
tiempo mínimo de aportación voluntaria y tasa de interés
a pagar.
La continuación voluntaria a que se refiere el
párrafo anterior, termina:
a) Por la existencia de una nueva relación laboral;
b) Por la declaración expresa al instituto, firmada
por el trabajador, y
c) Porque el trabajador deje de constituir los depósitos
durante un periodo de 6 meses.
En caso de terminación de la continuación voluntaria,
el trabajador podrá efectuar el retiro de los depósitos realizados
bajo la misma.
Previo consentimiento del trabajador, el importe de las
aportaciones o depósitos voluntarios a que se refiere este artículo,
podrá ser transferido a la subcuenta de vivienda, a fin de que sea
aplicado para el otorgamiento de un crédito a su favor, en los términos
de la presente ley.
Asimismo, los trabajadores por sí mismos o por
conducto de sus patrones, podrán realizar depósitos extraordinarios
destinados específicamente a los programas de vivienda que apruebe
el Consejo de Administración.
Artículo 59 Bis. Con arreglo a lo señalado
en el presente artículo y en lo establecido en las disposiciones
reglamentarias de esta ley, de manera opcional podrán inscribirse
al régimen del instituto los patrones y trabajadores de las administraciones
públicas de las entidades federativas y municipios, cuyo régimen
de seguridad social en materia de vivienda no se encuentre previsto en
las propias leyes que los rijan.
Para tal efecto, las entidades federativas y municipios
que así lo deseen deberán celebrar con el instituto los convenios
de coordinación respectivos.
En las disposiciones de carácter general que al
efecto expida el instituto se establecerá la vigencia de las obligaciones
y derechos de los patrones y trabajadores, así como las modalidades
y requisitos que deberán reunirse para acceder opcional mente al
régimen de vivienda administrado por el instituto.
Artículo 59 Ter. Para el pago de las aportaciones
a que se refiere el artículo anterior, los patrones y trabajadores
utilizarán los medios que al efecto autorice el instituto, los cuales
podrán ser impresos, electrónicos, magnéticos, ópticos,
digitales o de cualquier otro medio tecnológico. Estas aportaciones
se acreditarán en la subcuenta de aportaciones del patrón
y de los trabajadores beneficiarios, identificadas con el número
de registro patronal y el número de seguridad social que el instituto
le asigne a uno y otro.
Artículo 59 Quater. Cuando el patrón
o el trabajador que pretenda incorporarse al régimen opcional no
cuenten con su número de registro patronal o número de seguridad
social, respectivamente, deberá obtenerlo previamente en el propio
instituto.
Artículo 59 Quintus. Las aportaciones cubiertas
de manera opcional por los patrones y trabajadores podrán ser destinadas
por el trabajador beneficiario a la adquisición, reparación
o ampliación de su vivienda o, en su caso, para incrementar el monto
constitutivo con que se cubriría su pensión.
Artículo 59 Sextus. Los recursos provenientes
de aportaciones cubiertas opcionalmente, generarán intereses a la
misma tasa que se pague a las subcuentas de vivienda en los términos
del artículo 39 de esta ley; asimismo, podrán acumularse
a la que le constituya el patrón, cuando el trabajador inicie o
reinicie una relación laboral.
Artículo 66 Bis. El instituto, en su carácter
de administrador del Fondo Nacional de la Vivienda, podrá contraer
obligaciones de pasivo derivadas de financiamientos, constituir garantías,
así como celebrar operaciones financieras derivadas con fines de
cobertura, ninguna de las cuales constituirá deuda pública
en términos de la Ley General de Deuda Pública, siempre que:
I. La fuente de pago y garantía sean exclusivamente
los recursos que provengan de las recuperaciones de los créditos
otorgados por el instituto conforme al artículo 42, fracciones I
y II, de esta ley, con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda, así
como los derechos de dichos créditos que al efecto determine el
instituto en los instrumentos jurídicos correspondientes;
II. Cuenten con la aprobación previa del Consejo
de Administración del instituto, la cual será otorgada de
acuerdo con el plan de financiamiento anual del instituto, a que se refiere
el artículo 10, fracción I, de la presente ley;
III. Al momento de presentar la solicitud de aprobación
a que se refiere el artículo 66, fracción 1, de esta ley,
el saldo principal de los financiamientos existentes, sumado al principal
del financiamiento a contratarse, no exceda el cincuenta por ciento del
patrimonio del Fondo Nacional de la Vivienda, registrado en los estados
financieros del instituto al cierre del ejercicio fiscal anterior, y
IV. El monto global de los financiamientos no ponga en
riesgo la viabilidad financiera del Fondo Nacional de la Vivienda y sean
acordes con la capacidad de recuperación y pago de los activos a
que se refiere la fracción I de este artículo, a la fecha
de la solicitud de aprobación a que se refiere el artículo
66, fracción I, de esta ley.
En términos del artículo 66, fracción
I, de esta ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
deberá aprobar previamente cada uno de los financiamientos que el
instituto pretenda contraer en términos de este artículo.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
podrá negar la aprobación cuando considere que pueda perjudicarse
la estabilidad de los mercados financieros; incrementar el costo de financiamiento
del sector público, o bien afectar adversamente las fuentes de financiamiento
del mismo.
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público otorgue la aprobación a que se refiere el artículo
66, fracción I, de esta ley, el instituto deberá documentar
y acreditar lo dispuesto en las fracciones anteriores.
Las obligaciones contraídas conforme a este artículo
no generarán obligación alguna, directa ni contingente, contra
el crédito del gobierno federal ni contra las aportaciones que,
en su caso, realice.
Artículo 71. El instituto deberá
llevar a cabo acciones de cobranza mediante las cuales se busque que los
trabajadores conserven su patrimonio, ofreciéndoles todas las alternativas
para que cubran su crédito de vivienda. Esta cobranza tendrá
como principal objetivo preservar e incrementar el ahorro de los trabajadores,
depositado en la subcuenta de vivienda.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo
octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 6 de enero de 1997, para quedar como sigue:
Octavo. Los trabajadores que se beneficien bajo
el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio
de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos
de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición
los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las
aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos
que se hubieran generado.
Las subsecuentes aportaciones serán entregadas
en un solo pago cuando su monto sea menor a 5 mil UDI. En caso contrario,
serán entregadas en mensualidades, cuyo monto mínimo será
equivalente a 400 UDI, y se pagarán hasta en 72 exhibiciones.
El Ejecutivo federal dispondrá las medidas necesarias
para atender, en todo momento, las solicitudes que se presenten por los
trabajadores o sus beneficiarios.
Artículo Tercero. Se reforma el artículo
168, fracción III, y se adicionan los artículos 168
con una fracción II Bis, 178 Bis y 178 Ter, de la Ley del Seguro
Social, para quedar como sigue:
Artículo 168. …
I. a II. …
II Bis. En los ramos de cesantía en edad
avanzada y vejez, a los patrones les corresponde cubrir la cuota adicional
pensionaria del cuatro por ciento del salario base de cotización
del trabajador, los cuales se deberán registrar por separado en
la cuenta individual del trabajador;
III. En los ramos de cesantía en edad avanzada
y vejez la contribución del Estado será igual al siete punto
ciento cuarenta y tres por ciento de las cuotas patronales de estos ramos
previstas en la fracción II anterior, y
IV. …
…
Artículo 178 Bis. El trabajador asegurado tiene
derecho a que los recursos acumulados y las subsecuentes aportaciones por
concepto de la cuota pensionaria a que se refiere el artículo 168,
fracción II Bis, se utilicen para el enganche para la adquisición
de vivienda o la amortización de los créditos a que se refiere
el artículo 3o., fracción II, de la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, otorgados por dicho
instituto.
Artículo 178 Ter. Además de disponer
de la cuota pensionaria en los términos de lo dispuesto por el artículo
anterior, el trabajador podrá adicionalmente disponer de hasta un
30 por ciento del saldo acumulado por concepto de las cuotas y aportaciones
destinadas a la subcuenta de retiro, cesantía y vejez a que se refiere
el artículo 168, fracciones I, II, III y IV, de esta ley, y utilizarlo
para el enganche para la adquisición de vivienda o amortización
de créditos a que se refiere el artículo 3o., fracción
II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, otorgados por dicho instituto, siempre que:
I. Su salario sea de hasta tres veces el salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal, y
II. Tenga 30 años de edad como máximo.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, con excepción de lo previsto en los transitorios
segundo, tercero y cuarto siguientes.
Segundo. La reforma al artículo octavo transitorio
del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6
de enero de 1997, entrará en vigor en un plazo de seis meses contado
a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Dentro del plazo anterior, el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores deberá publicar en el Diario
Oficial de la Federación, el acuerdo mediante el cual haga del conocimiento
que se han desarrollado los procedimientos operativos necesarios para la
aplicación de dicho precepto, así como también que
se han expedido y publicado las disposiciones de carácter general
relativas a los mismos.
Tercero. Los patrones cubrirán la cuota
pensionaria adicional a que se refiere el artículo 168, fracción
II Bis, de la Ley del Seguro Social, a partir del 1o. de enero de 2011,
conforme a los porcentajes siguientes:
Año
Porcentaje de salario
básico de cotización
2011
1%
2012
1.5%
2013
2%
2014
2.5%
2015
3%
2016
3.5%
2017 en adelante
4%
Cuarto. La aportación establecida en el artículo
29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, será del cinco por ciento del salario
base de cotización del trabajador hasta el año 2010. Para
los años posteriores, disminuirá gradualmente conforme a
los porcentajes siguientes:
Año
Porcentaje de salario
básico de cotización
2011
4%
2012
3.5%
2013
3%
2014
2.5%
2015
2%
2016
1.5%
2017 en adelante
1%
Las referencias que se realicen en otras leyes a las aportaciones
del cinco por ciento al Fondo Nacional de la Vivienda, se tendrán
por modificadas según el año y conforme el porcentaje establecido
en la tabla anterior.
Quinto. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, dentro del plazo de un año contado a partir
de la entrada en vigor del presente decreto, deberá ajustar los
mecanismos de administración, los sistemas informáticos y
los formatos de sus bases de datos; los sistemas de recaudación
y entero de cuotas y aportaciones y los procedimientos de dispersión
e intercambio de información.
Sexto. La incorporación voluntaria al Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a que se refiere
el artículo 59 Bis, entrará en vigor hasta que se expida
el reglamento respectivo.
Séptimo. La periodicidad del pago de las
aportaciones y los descuentos a que se refiere el artículo 35 de
la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
continuará siendo de forma bimestral hasta que el instituto haga
la publicación de los formularios electrónicos o impresos
diseñados para el pago mensual.
Octavo. Las erogaciones que se requieran durante
el ejercicio fiscal 2009 para dar cumplimiento a lo previsto en el presente
decreto, se cubrirán con cargo a los ahorros que, entre otros, se
generen en los términos del artículo 16 del decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Noveno. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al presente decreto.
Reitero a usted la seguridad de mi consideración
más distinguida.
Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil
nueve.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON PROYECTO
DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL
México, DF, a 10 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Por instrucciones del presidente de República y
en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción
I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, me permito remitir iniciativa de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, documento que el Ejecutivo
federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
El Ejecutivo federal a mi cargo, al suscribir el Acuerdo
Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, asumió
el compromiso de ampliar la capacidad de retiro de ahorro en caso de desempleo,
a fin de brindar un apoyo adicional para los mexicanos que se vean privados
de su fuente de ingresos. La iniciativa de reformas a la Ley del Seguro
Social tiene como propósito dar cumplimiento a dicho compromiso
y poner en marcha las modificaciones legales necesarias para lograr este
objetivo.
El objeto de la seguridad social es garantizar el derecho
a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios
de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual
y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que,
en el largo plazo, permitirá dotar al trabajador de un patrimonio
que pueda utilizar para darle sustento y protección en el momento
de su retiro.
En este contexto, las reformas propuestas en la iniciativa
lograrán, por un lado, fortalecer el beneficio en caso de desempleo
y, por el otro, incrementar los recursos de las cuentas individuales de
los trabajadores de menores ingresos. De esta manera, los recursos depositados
por el trabajador, su patrón y el gobierno en su cuenta individual
se podrán usar de forma más eficiente para proveerle protección
suficiente durante periodos de desempleo involuntario y reencausar los
recursos aportados por el gobierno federal a mejorar las pensiones de los
trabajadores de menores ingresos.
Antecedentes
Hoy día, los trabajadores, los patrones y el gobierno
federal realizan importantes contribuciones económicas a las cuentas
individuales de los trabajadores para ayudar a construir un patrimonio
destinado a su pensión. Sin embargo, se debe cuidar que dicho esquema
de contribuciones resulte atractivo para el trabajador, de lo contrario
se desincentiva el empleo y se le orilla hacia la informalidad.
Un peso de contribuciones obligatorias que no se utiliza
de forma eficiente provoca un doble perjuicio: el desperdicio de éste
en detrimento del bienestar del trabajador y la introducción de
un incentivo perverso en el mercado laboral que destruye fuentes de trabajo.
Por esta razón es una imperiosa necesidad que los recursos de la
seguridad social pertenecientes a cada trabajador se utilicen cada vez
de forma más eficiente y efectiva.
Existen diversas situaciones que a través de la
vida del trabajador pueden interrumpir, de manera temporal, la constitución
de su patrimonio, originando adicionalmente la necesidad de disponer de
los recursos mínimos necesarios para su subsistencia.
En este sentido, la experiencia internacional indica que
si simplemente se provee un ingreso al trabajador financiado en su totalidad
con recursos públicos se introducen incentivos contraproducentes
en el mercado laboral que, en el mediano y largo plazos, tienden a incrementar
el nivel de desempleo y perjudicar a la generalidad de los trabajadores.
Existen al menos dos elementos del esquema de seguridad
social vigente que pueden mejorarse en beneficio del trabajador sin incrementar
los costos de manera sustancial, fortaleciendo así los incentivos
para la creación de empleos formales y bien remunerados.
Primero. No existe protección suficiente
para hacer frente a periodos de desempleo. El sistema de ahorro para el
retiro vigente considera la posibilidad de que el trabajador haga retiros
parciales durante estas contingencias; sin embargo, cuando se estableció
el sistema y el ahorro acumulado era aún muy pequeño, se
fijaron parámetros que limitaron los montos que podía retirar
el trabajador para preservar la integridad del sistema. Estos parámetros
provocan que la protección contra el desempleo resulte hoy insuficiente.
Segundo. La cuota social que el gobierno federal
deposita en las cuentas individuales tiene como fin fomentar el empleo
y proteger a los trabajadores de menores ingresos, pero actualmente se
canaliza también a los trabajadores de mayores ingresos. Si se reduce
o se elimina la cuota social para aquellos trabajadores que no la necesitan,
habrá más recursos disponibles para los trabajadores para
quienes fue concebida originalmente.
Por lo anterior, el Ejecutivo federal somete a consideración
de la soberanía diversas reformas a la Ley del Seguro Social que
facilitarán el acceso a los recursos de su cuenta individual a aquellos
trabajadores que se encuentren en situación de desempleo en forma
temporal, así como aumentar el monto del que podrán disponer,
buscando el equilibrio necesario entre este nuevo beneficio y la pensión
que por ley les corresponde.
Propuestas
Incremento de los beneficios por desempleo
Existen tres motivos principales por los cuales un trabajador
puede estar imposibilitado de percibir un ingreso. Los dos más graves
son la vejez y la incapacidad física. El sistema de ahorro para
el retiro y las pensiones de la seguridad social están diseñados
para proveer al trabajador bajo estas circunstancias. El tercer motivo
es el desempleo involuntario. Debido a que el desempleo tiene diversas
causas, la experiencia internacional indica que si simplemente se provee
un ingreso al trabajador financiado en su totalidad con recursos públicos,
se introducen incentivos contraproducentes en el mercado laboral que en
el mediano y largo plazos tienden a incrementar el nivel de desempleo y
perjudicar al conjunto de los trabajadores.
El sistema de ahorro para el retiro ya considera un mecanismo
de ayuda para enfrentar un periodo de desempleo. Sin embargo, la protección
que ofrece es limitada porque los parámetros que se establecieron
originalmente fueron conservadores para evitar cualquier vulnerabilidad
al patrimonio del trabajador en los inicios del sistema.
La propuesta de la iniciativa es permitirle al trabajador
que se encuentra desempleado, i) hacer uso de un monto mayor de los recursos
que se encuentran acumulados en su cuenta individual y ii) ampliar el beneficio
a trabajadores que hoy no tienen derecho a ejercerlo.
1) Aumento de lo recursos utilizables por desempleo
El esquema vigente permite al trabajador que tenga por
lo menos cinco años de haber abierto su cuenta individual, retirar
la cantidad que resulte menor entre i) setenta y cinco días de su
salario base de cotización de las últimas 250 semanas y ii)
el diez por ciento del saldo de su subcuenta de retiro, cesantía
en edad avanzada y vejez.
La propuesta eleva el primer límite a noventa días
de salario base de cotización y el segundo a once punto cinco por
ciento del saldo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada
y vejez, con lo cual los trabajadores que se encuentren en el supuesto
de recibir noventa días de cotización podrán recibir
un ingreso equivalente al cincuenta por ciento de su salario durante un
periodo de hasta seis meses, lo cual es semejante a las prestaciones estándar
por causa de desempleo a nivel internacional.
Así, por ejemplo, en el esquema vigente un trabajador
con más de 9 años de antigüedad y un ingreso de 12 salarios
mínimos puede alcanzar un beneficio por desempleo de 47 mil 310
pesos. Bajo los términos de la iniciativa, su beneficio se incrementaría
un veinte por ciento, alcanzando 56 mil 772 pesos.
Se propone permitir a los trabajadores con al menos tres
años desde la apertura de su cuenta, que tengan por lo menos 12
bimestres de cotización, retirar hasta 30 días de su último
salario con un límite máximo de diez salarios mínimos
mensuales.
Esto significa que 1.8 millones de trabajadores que tienen
entre 3 y 5 años de haber abierto su cuenta individual tendrían
derecho a recibir beneficios en caso de quedar desempleados, que serán
equivalentes a un mes de su último salario cotizado. De esta manera
se incrementaría el número de trabajadores elegibles para
recibir beneficios por desempleo de 29 a 30.8 millones.
Así, por ejemplo, un trabajador que gana tres salarios
mínimos recibiría en total 4 mil 932 pesos para paliar su
pérdida de ingreso durante el periodo que tarde en colocarse de
nuevo.
En adición, los trabajadores que tengan más
de cinco años con su cuenta individual abierta y cumplan el requisito
de 12 bimestres de cotización podrán elegir recibir como
ayuda de desempleo la cantidad que sea mayor entre 30 días de su
último salario o la que corresponda a los demás trabajadores
con su antigüedad.
En el corto plazo, la propuesta permite a los trabajadores
que enfrenten periodos de desempleo mantener su nivel de consumo, dando
un impulso a la demanda. A mediano plazo, la propuesta incrementa los incentivos
a participar en el sector formal creando un beneficio tangible de su cuenta
individual ligado a su salario base de cotización, lo que también
desincentiva la subdeclaración del sueldo de los trabajadores al
hacer que éstos sean los más interesados en que su patrón
pague sus cuotas del seguro social con el sueldo real que perciben, pues
de esto dependerá el monto de su retiro por desempleo. Cabe mencionar
que el efecto que los retiros por desempleo tengan en el monto con el que
un trabajador contará al final de su vida laboral se puede ver compensado
en gran medida por las medidas que a continuación se proponen en
relación a la cuota social que el gobierno federal deposita en las
cuentas individuales de los trabajadores.
Cuota social más progresiva
En la Ley del Seguro Social se establece que el gobierno
federal aportará mensualmente, por concepto de cuota social del
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, una cantidad
equivalente a 5.5 por ciento del salario mínimo general para el
Distrito Federal del 1 de julio de 1997, fecha en que entró en vigor
dicha ley, por cada día de salario cotizado, la que se depositará
en la cuenta individual de cada trabajador. Actualmente el importe de la
cuota social representa un gasto total anual aproximado de 14.5 mil millones
de pesos.
La cuota social añade un componente progresivo
al sistema ya que tiene un mayor peso en la tasa de reemplazo de los trabajadores
de bajos ingresos y un menor peso en los trabajadores de mayor nivel salarial.
Por tanto, es un instrumento de política social para apoyar a los
más necesitados, al tiempo que da incentivos a todos los trabajadores
a pertenecer al sector formal.
A efecto de focalizar los recursos del gobierno federal
donde hay un mayor beneficio para la sociedad en su conjunto, se propone
redistribuir la cuota social hacia los trabajadores con menores ingresos.
Esta propuesta fortalece simultáneamente los dos objetivos de la
cuota social porque se protege con mayores recursos a los trabajadores
de bajos ingresos y también se concentran el apoyo en aquellos trabajadores
que son más susceptibles de pasar al sector informal.
Con la propuesta se incrementaría el monto que
recibe cada trabajador que gana hasta un salario mínimo en veinte
por ciento, se incrementa en quince por ciento la cuota social para los
trabajadores que ganan ,entre uno y cuatro salarios mínimos, diez
por ciento para aquellos que ganan entre cuatro y siete salarios mínimos
y cinco por ciento para los restantes que ganan hasta diez salarios mínimos,
permaneciendo sin cambio la cuota vigente para los trabajadores que ganan
de diez a quince salarios mínimos, con lo cual se beneficiará
con la cuota social al 94.1 por ciento de los trabajadores inscritos en
el seguro social, los cuales constituyen más de 15 millones de trabajadores,
reforzándose así su carácter solidario al otorgarla
y mejorarla, a los trabajadores de menores ingresos.
Cabe mencionar que el incremento de la cuota social mejorará
la tasa de reemplazo de las pensiones de los trabajadores con ingresos
menores a diez salarios mínimos, llegando a representar para los
trabajadores que ganan un salario mínimo, por ejemplo, el 52.1 por
ciento de los recursos destinados a su cuenta individual.
Con esta medida, se orientan los recursos públicos
a quienes más los necesitan, los trabajadores de menos ingresos,
ya que los recursos se redistribuirán hacia estos trabajadores,
como ya se mencionó, incrementándose la cuota social que
se aporta por el gobierno federal a sus cuentas individuales.
Cabe mencionar que esta redistribución de la cuota
social hacia los trabajadores que ganan hasta quince salarios mínimos
es adicional a las cuotas y aportaciones tripartitas que los patrones,
trabajadores y el gobierno federal enteran actualmente.
Por su parte, los trabajadores con ingresos mayores a
quince salarios mínimos, son por lo general personal más
capacitado y calificado que tiene acceso a otras prestaciones, como planes
privados de pensiones establecidos por sus patrones y constituyen el grupo
de la población con la capacidad económica necesaria para
ahorrar y prever por su retiro. Así, la experiencia nos indica que
para muchos de estos trabajadores, la pensión que reciben derivada
de la Ley del Seguro Social constituye sólo una parte menor de los
ingresos que reciben a su retiro, por lo que la redistribución de
la cuota social hacia los trabajadores con menores ingresos no afectará
la tasa de reemplazo de las pensiones del sector de altos ingresos.
Asimismo, cabe mencionar que con la propuesta presentada
en esta iniciativa en ningún caso se afectan los recursos acumulados,
ni se le da ningún tipo de efecto retroactivo.
La medida planteada a la soberanía reafirma el
objeto de la cuota social como un elemento de redistribución del
ingreso que acrecienta el ahorro de los trabajadores de menores ingresos,
basado en el principio de solidaridad social consagrado por la Ley del
Seguro Social, permitiendo que las tasas de reemplazo de los trabajadores
de menores ingresos aumenten hasta en un once por ciento al finalizar su
vida laboral.
Cabe destacar que en el caso de los trabajadores que ganan
entre uno y tres salarios mínimos, esta aportación tendría
por efecto que un mayor número de trabajadores, al final de su vida
laboral, puedan acceder a pensiones mayores á la mínima establecida
en la ley vigente.
Incremento de la aportación del gobierno federal
por concepto de cuota social
Adicionalmente a la redistribución de la cuota
social para hacerla más progresiva, cabe destacar que el monto de
recursos que el gobierno federal destina para cubrirla se incrementará
casi en un cinco por ciento, aumentándose las cuotas destinadas
al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez por primera
vez desde 1997 en que entró en vigor la Ley del Seguro Social.
Con esta propuesta, el gobierno federal fortalecerá
su aportación a la seguridad social de los que menos tienen y se
ofrece a los trabajadores que por causa de desempleo llegarán a
perder semanas de cotización, una aportación más alta
de recursos a su cuenta individual que coadyuvará a compensar los
recursos que retiren como ayuda por desempleo.
Los incrementos que observarán la mayoría
de los trabajadores por concepto de cuota social son sustanciales y tienen
un importante impacto sobre el saldo final acumulado en la cuenta individual
por los trabajadores, particularmente aquellos de bajos ingresos. Por ejemplo,
un trabajador con un ingreso de un salario mínimo observará
un incremento de la cuota social que le corresponde de veinte por ciento.
Este cambio representa un incremento esperado de casi diez por ciento en
el saldo final que acumulará en su cuenta individual, equivalente
a veinte mil pesos. Este monto es superior al monto que con la reforma
podría retirar mediante la nueva regla propuesta que le permite
retirar treinta días de salario, que son poco mas de mil seiscientos
pesos, y cuatro veces superior al monto del retiro máximo equivalente
a noventa días de salario mínimo que representan poco menos
de cinco mil pesos.
Un trabajador típico, con ingresos equivalentes
a tres salarios mínimos, observaría un incremento por concepto
de cuota social equivalente a quince por ciento. Este aumento implica que
sus contribuciones totales subirán aproximadamente tres punto cinco
por ciento y que el efecto favorable en su saldo final sería de
aproximadamente quince mil pesos. Este monto es equivalente al retiro máximo
por desempleo que puede llevar a cabo el trabajador por noventa días
de su último salario y tres veces superior al retiro por desempleo
que puede llevar a cabo bajo la nueva regla propuesta por aproximadamente
cinco mil pesos y que representa treinta días de su salario.
Por su parte, un trabajador con ingresos mayores, equivalentes
a diez salarios mínimos, observaría con la propuesta un aumento
en el monto de la cuota social que recibe de cinco por ciento, que representa
un incremento del uno por ciento en sus aportaciones totales. Con este
incremento, el saldo acumulado en su cuenta individual al final de la vida
laboral sería de cinco mil pesos. Dicho trabajador acumularía
únicamente por concepto de cuota social, con independencia de las
demás contribuciones que haga él mismo, su patrón
y el gobierno, un saldo de poco más de cien mil pesos, que representa
el doble del retiro máximo que puede realizar bajo el nuevo esquema
de beneficios por desempleo, equivalente a noventa días de su último
salario.
Conclusiones
Con las modificaciones propuestas se cumplen los objetivos
planteados.
Primero. Se brinda protección suficiente
al trabajador que enfrenta periodos de desempleo involuntario sin perjudicar
la creación de empleos. Los trabajadores recibirán ayuda
en los momentos de mayor necesidad y gozarán de tranquilidad durante
los periodos en los que gozan de un empleo al saber que las principales
contingencias laborales que enfrentan están atendidas.
Segundo. Se focalizan los recursos que aporta el
gobierno directamente a los trabajadores para que sean los trabajadores
de menores ingresos los que se beneficien más. Se eliminan la cuota
social para trabajadores que ganan más de quince salarios mínimos
y se aumenta para el ochenta y nueve punto dos por ciento de los trabajadores
activos que ganan menos de diez salarios mínimos. Como consecuencia
se podrá aumentar hasta veinte por ciento la cuota social para trabajadores
que tienen un ingreso menor a un salario mínimo y con ello aumenta
su tasa de reemplazo hasta en diez por ciento.
Con estos elementos se hace más atractivo el esquema
de seguridad social para los trabajadores que ya están activos.
Estas mejoras se logran mediante un uso más eficiente
de los recursos existentes en el sistema de seguridad social, con lo cuál
se logra generar un mercado laboral más atractivo tanto para los
trabajadores como para los patrones, lo que ayudará a contrarrestar
los efectos adversos a la creación de empleos provenientes de factores
externos en la presente coyuntura económica.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el
artículo 71, fracción I, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la soberanía,
por el digno conducto de usted, la iniciativa de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley del Seguro Social
Artículo Único. Se reforman los artículos
139, segundo párrafo, 165, primer párrafo, 168, fracción
IV, y último párrafo, y 191, fracción II, de la Ley
del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 139. …
Los pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada
y vejez recibirán, incluidas en la pensión que adquieran,
las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales que se establecen
en esta sección, las cuales se financiarán con los recursos
de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Artículo 165. El asegurado tiene derecho
a retirar, como ayuda para gastos de matrimonio, una cantidad equivalente
a treinta días de salario mínimo general que rija en el Distrito
Federal, proveniente de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía
en edad avanzada y vejez, conforme a los siguientes requisitos:
I. a III. …
…
Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que
se refiere el artículo anterior serán
I. a III. …
IV. Una cantidad por cada día de salario
cotizado que aporte mensualmente el gobierno federal por concepto de cuota
social para los trabajadores que ganen hasta quince veces el salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, que se depositará en la
cuenta individual de cada trabajador asegurado conforme a la tabla siguiente:
Los valores mencionados del importe de la cuota social
se actualizarán trimestralmente de conformidad con el índice
nacional de precios al consumidor en marzo, junio, septiembre y diciembre
de cada año.
Estas cuotas y aportaciones al destinarse al otorgamiento
de pensiones y demás beneficios establecidos en esta ley se entenderán
destinadas al gasto público en materia de seguridad social.
Artículo 191. …
I. …
II. Retirar parcialmente como beneficio por desempleo
los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada
y vejez a partir del cuadragésimo sexto día natural contado
desde el día en que quedó desempleado en los siguientes términos:
a) Si su cuenta individual tiene al menos tres años
de haber sido abierta y tiene un mínimo de doce bimestres de cotización
al Instituto acreditados en dicha cuenta, podrá retirar en una exhibición
la cantidad que resulte al equivalente a treinta días de su último
salario base de cotización, con un límite de diez veces el
salario mínimo mensual general que rija en el Distrito Federal;
o
b) Si su cuenta individual tiene cinco años o más
de haber sido abierta, podrá retirar la cantidad que resulte menor
entre noventa días de su propio salario base de cotización
de las últimas doscientas cincuenta semanas o las que tuviere, o
el once punto cinco por ciento del saldo de la subcuenta de retiro, cesantía
en edad avanzada y vejez.
Las cantidades a que se refiere este inciso se entregarán
en un máximo de seis mensualidades conforme a las reglas de carácter
general que al efecto expida la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro. En caso de que el trabajador se reincorpore a laborar
durante el plazo de entrega de los recursos, las mensualidades posteriores
a su reincorporación se suspenderán.
El trabajador que cumpla con los requisitos de antigüedad
de la cuenta y tiempo de cotización a que se refiere el primer párrafo
de este inciso podrá optar, en todo caso, por el beneficio señalado
en el inciso a).
El derecho consignado en esta fracción sólo
podrán ejercerlo los trabajadores que acrediten con los estados
de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco
años inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud de retiro
de recursos.
Transitorio
Primero. El decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, con excepción de lo dispuesto por el artículo
168, fracción IV, de la Ley del Seguro Social que se reforma, el
cual entrará en vigor a partir del bimestre de cotización
siguiente a su publicación.
Segundo. Los bimestres y semanas de cotización
de los trabajadores anteriores a la fecha de entrada en vigor del decreto,
así como la antigüedad de su cuenta individual, deberán
ser reconocidos para efecto del cálculo de los plazos a que se refiere
el artículo 191, fracción II, de la Ley del Seguro Social
que se reforma.
Tercero. Las erogaciones que se requieran durante
el ejercicio fiscal de 2009, para dar cumplimiento a lo previsto en el
presente decreto, se cubrirán con cargo a los ahorros que, entre
otros, se generen en los términos del artículo 16 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
de 2009.
Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que
se opongan al decreto.
Reitero a usted la seguridad de mi consideración
más distinguida.
Ciudad de México, a 9 de febrero de 2009.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica)
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Oficios
DE LA
CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA QUE ABROGA LA
LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO, PRESENTADA POR EL
SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
México, DF, a 10 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada
en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto
que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara
a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo
El suscrito, senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura del
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere
la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
elevada consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de
decreto que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo,
fundamentada en la siguiente
Exposición de Motivos
El 1 de julio de 2008 entró en vigor en toda la
República Mexicana el impuesto a los depósitos en efectivo,
mejor conocido como "IDE", el cual tiene la misión de gravar con
un porcentaje de 2 por ciento todos los depósitos en efectivo que
se hagan en las cuentas individuales de las instituciones del sistema financiero.
Dicho impuesto tiene como objeto regular el comercio informal,
que se ha considerado siempre que se encuentra exento de los impuestos
normales al ingreso, por lo que se trata de incorporar de alguna forma
a estas personas al régimen de contribuyentes del país.
Este impuesto afecta a quienes reciben ingresos por ventas
al público en general, y tiene un efecto negativo en el flujo de
efectivo, dependiendo de cada caso.
Es una realidad que la falta de flujo de efectivo es un
problema serio para todo el pueblo de México, por lo que este impuesto
a los depósitos en efectivo se convierte en un golpe más
al bolsillo de los mexicanos, ya que no disponen de contadores para hacer
los acreditamientos correspondientes con el impuesto sobre la renta, y
por ello ven mermada su capacidad adquisitiva, no sólo por la inflación
y los descuentos vía nómina, sino que también padecen
este 2 por ciento a los depósitos en efectivo que realicen mensualmente
mayores de 25 mil pesos.
La crisis que enfrenta el país, como todo el mundo,
afecta de forma muy alarmante a los mexicanos. No podemos dejar advertir
esta situación, y por ello el Congreso y el gobierno deberíamos
asumir decisiones trascendentales para incentivar la reactivación
de la economía nacional, para que más pronto que tarde se
refleje en los bolsillos de todos los mexicanos.
Derivado de lo anterior presento esta iniciativa para
Abrogar la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, ya que
parece una medida que podría ayudar a paliar la situación
que enfrenta el pueblo de México.
El pretexto de siempre sobre la falta de recursos para
el gobierno federal y la poca recaudación no debe ser motivos para
no abrogar esta legislación, ya que se podría ahorrar una
cantidad importante; de hecho, mucho mayor que lo recaudado por esta vía,
si se reducen los salarios de los altos funcionarios de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos,
por lo que lo correcto sería apretarnos el cinturón todos,
como lo hace todo el país, y quitar este impuesto.
Por todo lo anterior someto a consideración de
este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos
en Efectivo
Único. Se abroga la Ley del Impuesto a los
Depósitos en Efectivo, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 1 de octubre de 2007.
Transitorio
Único. Se derogan todas las disposiciones que tienen
relación con la ley que se abroga.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
a 10 de febrero de 2009.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
DE LA CÁMARA DE SENADORES,
CON EL QUE REMITE INICIATIVA QUE ABROGA LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL
A TASA ÚNICA, PRESENTADA POR EL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
México, DF, a 10 de febrero de 2009.
Secretarios de la Honorable
Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada
en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto
que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Taza Única.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara
a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley
del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
El suscrito, senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura del
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere
la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la
elevada consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de
decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única
(IETU), fundamentada en la siguiente
Exposición de Motivos
El primero de enero de 2008 entró en vigor en toda
la República Mexicana el impuesto empresarial a tasa única
(IETU), el cobro de este impuesto, así como los imparables incrementos
a la gasolina, el diesel y la electricidad han estrangulado a la micro,
pequeña y mediana empresa.
Se ha comenzado con reajustes de personal, y se prevén
varios cierres de industrias. Es evidente que con la implementación
del IETU han surgido efectos negativos para las pequeñas y medianas
empresas, que se ven tan sólo limitadas y, en los peores casos,
van a la quiebra por falta de utilidades. Ya incluso la Confederación
Patronal de la República Mexicana ha planteado la desaparición
de este impuesto, para que se le dé un poco de oxígeno a
las empresas, y el Consejo Coordinador Empresarial ha resaltado el problema
de los flujos de efectivo de las empresas por el cobro de este gravamen.
El IETU es un impuesto injusto porque grava el flujo de
efectivo de las empresas, sin tomar en cuenta si una empresa tuvo ganancias
o pérdidas en el periodo correspondiente, y los intereses derivados
de los financiamientos de estas empresas no son deducibles.
Esta no deducibilidad de los intereses hace más
caro el crédito para los empresarios, e inhibe la actividad económica.
Este impuesto representa, de igual manera, una carga administrativa
excesiva para los empresarios, sobre todos para los pequeños y medianos,
que tienen que preparar mensualmente una declaración de impuestos
similar a la que se prepara en forma anual por concepto de impuesto sobre
la renta.
El pequeño y mediano empresario está, de
esta manera, más enfocado en el cumplimiento de trámites
y obligaciones fiscales complejas, para las que requiere contratar despachos
contables externos, que en dedicarse a las actividades productivas.
En esta época de crisis el poco flujo de efectivo
con que cuentan las empresas, que insistimos no es en sí mismo utilidad,
tienen que destinarlo a cubrir ese impuesto en lugar de enfocarlo a su
operación cotidiana, y se ven estranguladas en sus operaciones y
actividades productivas.
Las pérdidas por cuestiones cambiarias que han
sufrido las empresas, y que no son deducibles ante el IETU, son una más
de las razones para abrogar este impuesto que busca ser complementario
del impuesto sobre la renta, pero que no la ha sido.
Es necesario reactivar la economía, e invertir
el gasto corriente en un sector productivo, de esta forma no sólo
se verá beneficiado el sector industrial, sino que también
se estimulará la generación de empleos, y con ello se impulsaran
las exportaciones y la inversión extranjera.
La principal propuesta para paliar el efecto de abrogar
este impuesto, es aplicar una austeridad presupuestal, que en esencia es
la mejor vía para un plan anti crisis, reducción de viajes,
celulares, comidas, reducir los gastos para compra y renta de vehículos.
Imponer límites a los salarios de los altos funcionarios del servicio
público, de los tres poderes de la Unión.
Un ejemplo claro de ello es que Barack Obama, el nuevo
presidente de Estados Unidos de América, ha impuesto en su país
límites a los salarios de los directivos cuyas empresas reciban
ayuda del plan de rescate, así como también la congelación
de los salarios de los funcionarios de alto nivel del gobierno federal
que encabeza.
Este impuesto no ha generado el nivel de ingreso que se
esperaba, y debería abrogarse; por ello someto a consideración
de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial
a Tasa Única
Único. Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial
a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 1 de octubre de 2007, y entró en vigor el 1 de enero de 2008.
Transitorio
Único. Se derogan todas las disposiciones
que tienen relación con la ley que se abroga.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República,
a 10 de febrero de 2009.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
DE LA CÁMARA DE SENADORES,
CON EL QUE REMITE INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEYES DE LOS IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO, Y SOBRE LA RENTA, PRESENTADA
POR EL SENADOR JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
México, DF, a 10 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada
en esta fecha, el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre
la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara
a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Recinto del Senado de la República, a 10 de febrero
de 2009.
Secretarios de la Mesa Directiva
Cámara de Senadores del Honorable Congreso
de la Unión
Presente
Los suscritos, senadores de la República de la
LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II,
y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
55, fracción II, 56, y demás relativos del Reglamento Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración
de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
mediante el cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto a estímulos
fiscales en materia ambiental, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las preocupaciones actuales de los gobiernos, ya
sea por iniciativa propia o por exigencias de la realidad internacional,
ha sido la incorporación del desarrollo sustentable y la preservación
ecológica en sus planes nacionales a través de instrumentos
fiscales, entre ellos los estímulos fiscales al medio ambiente.
Desde 1992, nuestro país ha tratado de integrar
la perspectiva del cuidado medioambiental al sistema político y
económico, tratando de generar conductas en los empresarios y consumidores
que resulten menos dañinas al ambiente. Aunque incipientes, estas
medidas se han reflejado en los estímulos fiscales para las empresas
con tecnología amigable, ambientalmente hablando, y comienzan a
fijar la orientación de México respecto de las estrategias
ambientales que prevalecen en el mundo.
Sin embargo, la creciente acumulación de pasivos
ambientales, como consecuencia de las actividades nocivas que nuestro estilo
de vida, y el progreso industrial y tecnológico, que se ha generado
a lo largo de las últimas décadas, han deteriorado nuestra
calidad de vida actual y compromete severamente el desarrollo de las generaciones
futuras, la disponibilidad de recursos y la supervivencia del patrimonio
natural de la nación, como lo es por ejemplo el petróleo.
Uno de los mecanismos utilizados, en mayor proporción
en países desarrollados, para mejorar la situación ambiental,
son los instrumentos económicos. Particularmente en nuestro país
los artículos 21 y 22 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, define que para la ejecución
de su política ambiental, el Estado dispone de instrumentos diversos,
entre ellos los económicos, que define a su vez como mecanismos
normativos y administrativos de carácter fiscal, financieros o de
mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos
ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas
a realizar acciones que favorezcan el ambiente.
Así, es necesario que el país lleve a cabo
la utilización de dichos instrumentos, ante la inminente necesidad
de rescatar el entorno natural.
En tal contexto, la presente iniciativa busca reformar
la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
con la finalidad de crear incentivos a la producción y consumo de
productos reciclados. Lo anterior se sustenta bajo el hecho de que México
enfrenta una serie importante de problemas relacionados con la generación,
el manejo y la capacidad física de disposición de los residuos
sólidos. En todos los centros urbanos del país se producen
cantidades de desechos sólidos superiores a las que pueden ser administradas
adecuadamente. Esta situación empeorará a menos que se tomen
medidas inmediatas para administrar y disponer de manera más eficiente
los residuos terminales que queden.
En poco menos de 40 años, la generación
de desechos sólidos por persona en México se multiplicó
nueve veces. Cambió el tipo de desperdicio de materiales orgánicos
a inorgánicos, como los envases plásticos. Las grandes concentraciones
humanas están ahora en centros urbanos, pero esa dinámica
poblacional no ha estado acompañada por una política integral
y de largo plazo para procesar o reciclar los desechos.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social
la generación nacional de basura alcanza 84 mil 200 toneladas diarias.
Pero de ese volumen, apenas 83 por ciento es recolectado, esto es, 69 mil
886 toneladas. El resto queda disperso. Del total generado, sólo
49 por ciento, es decir, 41 mil 258 toneladas son depositadas en sitios
controlados y el resto se dispone a cielo abierto.
La simple enumeración de las cifras crea la idea
de que reciclar desechos sólidos en México debería
ser gran negocio, además de una necesidad ambiental. Pero la información
correspondiente no es tan abundante como la basura.
La industria del reciclaje en México sigue siendo,
en la práctica, un terreno en el que se mueven organizaciones de
pepenadores, dirigidas casi en la sombra por unas cuantas personas; actividad
en la que las cuentas son tan opacas como una bolsa de basura y la regulación
gubernamental es mínima, la tecnología escasa y la planeación
muy limitada.
Un caso que ilustra la situación está tan
cerca como la botella de agua natural o de refresco que reposa sobre un
escritorio. Según cifras oficiales, cada año se producen
en el país 9 mil millones de botellas de plástico pet (polietileno
tereftalato). La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
calcula que unas 900 millones contaminan los bosques y ríos al ser
tiradas por quienes van de día de campo.
En años recientes, la dependencia firmó
un convenio con la Confederación de Cámaras Industriales
para recoger botellas, lo que requirió 50 millones de pesos para
instalar 17 plantas recolectoras.
Debemos generar mecanismos que permitan que la basura
deje de ser un mercado subterráneo y sea incorporado al mercado
formal para su reciclamiento, pues hasta ahora el manejo de la basura por
parte de los pepenadores y la falta de instrumentos fiscales que estimulen
el mercado del reciclado, ha dejado al margen la posibilidad de generar
mayores empresas de reciclamiento.
Es por ello, que para activar un desarrollo sustentable
en las condiciones de mercado, tanto por el lado del consumidor, como por
el lado del productor, se propone primeramente una tasa del 0 por ciento
en IVA a la enajenación de productos cuya composición esté
integrada en por lo menos un 80 por ciento a partir de materiales reciclables.
Con ello se propone incentivar la reutilización de cualquier tipo
de material a fin de disminuir el impacto tan grande que existe por la
degradación de nuestro ambiente y en la generación desmedida
de desechos sólidos.
Esta propuesta nos parece coherente, toda vez que desde
nuestra perspectiva, dentro de la tasa cero que impone la ley del IVA,
actualmente se encuentran privilegiados ciertos productos, que si bien
tienen un cierto beneficio para algunos sectores, como lo son los plaguicidas,
no implican un medida generalizada que brinde un beneficio con alcances
globales como lo es el cuidado del medio ambiente.
El calentamiento global exige por parte nuestra, medidas
contundentes que contribuyan a disminuir su impacto, pero sobre todo lograr
mitigarlo.
Por otra parte, tiene sentido esta iniciativa desde el
punto de vista de que es posible que parte de los materiales reutilizados
hayan pagado con anterioridad el impuesto al valor agregado, de manera
que su reuso no debería generar una doble tributación.
Por lo que toca al impuesto sobre la renta, proponemos
la adición de un último párrafo al artículo
29, con la finalidad de que las personas morales obtengan un beneficio
adicional del 5 por ciento sobre el valor de los gastos y costos a deducir,
siempre que los mismos sean producto de la enajenación de bienes
cuya composición esté integrada en más de un 80 por
ciento a partir de materiales reciclados.
Esta propuesta busca privilegiar, por parte de las empresas,
la compra de materias primas y productos de origen reciclado, contribuyendo
así a la disminución de residuos sólidos en el país.
Adicionalmente, es de destacar que pese a lo que se podría
suponer, no son los productos reciclados necesariamente los más
baratos en el mercado. Tal es el caso de las hojas blancas, que es uno
de las principales materias primas de las empresas, quienes tienen como
principal objetivo la minimización de costos y no la protección
del ambiente.
De manera que esta enmienda pretende brindar un estímulo
que logre contraponer la protección al ambiente, vía un beneficio
en costos, al consumismo desmedido por la simple maximización de
ganancias.
Es posible alcanzar un México sustentable. Busquemos
mecanismos que contribuyan a ello, pues el futuro de esta generación
lo requiere.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su
consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto de adiciones a la Ley del Impuesto del Valor
Agregado y a la Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo Primero. Se adiciona un inciso
j) a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Ley del Impuesto del Valor Agregado
Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará
aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta
ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
I. La enajenación de:
a) a h) ...
j) Los productos cuya composición esté integrada
en por lo menos un 80 por ciento de materiales reciclables.
...
II. a IV. ...
Artículo Segundo. Se adiciona un último
párrafo al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
para quedar como sigue:
Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo 29. Los contribuyentes podrán
efectuar las deducciones siguientes:
I. a XI. ...
...
Tratándose de las deducciones dispuestas en las
fracciones II y III, los contribuyentes podrán obtener un 5 por
ciento adicional sobre el valor de los gastos y costos a deducir, siempre
que éstos sean producto de la enajenación de bienes cuya
composición esté integrada en más de un 80 por ciento
a partir de materiales reciclados.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Senadores: Jorge Legorreta Ordorica, coordinador
(rúbrica); Francisco Agundis Arias, Ludivina Menchaca Castellanos
(rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Manuel Velásco
Coello (rúbrica), Javier Orozco Gómez (rúbrica).
DE LA CÁMARA DE SENADORES,
CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE DICTAMINEN
LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL SENADOR RICARDO MONREAL
ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
México, DF, a 10 de febrero de 2009.
Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada
en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo, presentó solicitud de excitativa a comisiones,
en relación con la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona
los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidencia acordó remitir la documentación
a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Excitativa a la Cámara de Diputados, a solicitud
del senador Ricardo Monreal Avila, coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.
Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz,
Presidente de la Mesa Directiva
Senado de la República
LX Legislatura.
Presente
El suscrito, senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República,
solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 22, numeral 2; 66, numeral 1, inciso c); 67, numeral
1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como el artículo 21, fracción
XVI, y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General, se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y Función Pública de la Cámara de
Diputados, para que presenten el dictamen a la minuta con proyecto de decreto
que reforma y adiciona los artículos 75,115, 123 y 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos del artículo
72 constitucional, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara
de Senadores el 9 de noviembre de 2006, el senador Pablo Gómez Álvarez,
a nombre de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución
Democrática, de Convergencia y del Trabajo, en ejercicio de la facultad
consagrada en la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó iniciativa
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores, acordó el trámite a las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda,
para su estudio y análisis correspondiente.
3. En sesión celebrada en la Comisión Permanente
el 24 de enero de 2007, el Ejecutivo federal, en ejercicio de la facultad
consagrada en la fracción I del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó iniciativa
que reforma los artículos 73, fracción XI; y 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. En la misma sesión, la Presidencia de la Comisión
Permanente acordó el trámite a la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Senadores, para su estudio y análisis
correspondiente.
5. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara
de Senadores el 27 de febrero de 2007, por acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, aprobado por el Pleno, se modificó el turno de
la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, para turnarla además
a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
6. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y
de Estudios Legislativos, Segunda, celebraron diversas reuniones, con el
objeto de analizar las propuestas para estar en condiciones de elaborar
un proyecto de dictamen, discutirlo y, en su caso, aprobar las propuestas
contenidas en las iniciativas referidas.
7. Esta iniciativa, conocida como Ley de Salarios Máximos,
fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y
de Estudios Legislativos, Segunda, y aprobada por unanimidad en el pleno
del Senado de la República el pasado 13 de marzo de 2007, con algunas
modificaciones que no alteraron su esencia, turnándose a la Cámara
de Diputados para los efectos constitucionales procedentes.
8. El pasado 15 de marzo de 2007, el Presidente de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó de la recepción
en la Cámara de Diputados de minuta enviada por el Senado de la
República con proyecto de decreto, que reforma los artículos
75, 115, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
9. En ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados turnó la minuta con proyecto de decreto a las Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública
de la colegisladora.
Consideraciones
Primero. La iniciativa presentada por el senador
Pablo Gómez Álvarez plantea atinadamente regular las percepciones
de los servidores públicos y establecer topes máximos a los
mismos. Las percepciones de algunos altos funcionarios de la federación,
como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
o los consejeros del Instituto Federal Electoral pueden tildarse, sin exagerar,
como francamente ofensivas ante la pobreza de nuestro pueblo.
Además de fijar estos topes máximos a los
salarios se debe disminuir el gasto corriente del gobierno y de los demás
poderes, así como ajustar a la baja de la partida 1509 para reducir
a la mitad los sueldos de senadores y diputados, del presidente, hasta
los secretarios, jueces, magistrados, ministros de la corte, consejeros
del Instituto Federal Electoral y magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la federación.
Es fundamental poner un límite a los salarios máximos
de los servidores públicos en nuestra carta magna, más aún
ante la crisis económica en que estamos inmersos.
Consideramos moralmente insostenible que en tanto las
remuneraciones de los altos funcionarios tienen una tendencia permanentemente
a la alza, los trabajadores ven cada reducido su poder adquisitivo, y muchos
de ellos han ido a engrosar las filas del desempleo en términos
alarmantes.
Segundo. Esta reforma constitucional ya aprobada
en el Senado de la República propone fijar un sueldo neto máximo
para todos los servidores públicos del país, incluidos los
funcionarios de organismos, empresas e instituciones de cualquier género,
estableciendo como el sueldo más alto el correspondiente al presidente
de la República.
Se establece así en nuestro máximo ordenamiento
jurídico un tope máximo a las percepciones de los servidores
públicos de la federación, estados y municipios.
Tercero. La aprobación de esta reforma constitucional
no sólo implica un asunto de elemental ética política
y solidaridad con la población que enfrenta una grave crisis económica
que le afecta drásticamente en su nivel de vida, sino que significa
un ahorro significativo de recursos que pueden canalizarse a programas
y acciones que ayuden a mitigar los efectos de esta crisis económica.
Sin embargo, en nuestra colegisladora la minuta remitida
por este Senado de la República ha sido congelada por ya casi dos
años, queda así de manifiesto las resistencias y los intereses
creados de algunos compañeros legisladores que han actuado en forma
condescendiente con el gobierno federal y algunos servidores públicos
beneficiados por la falta de regulación en la materia.
Por lo anteriormente expuesto, y habiéndose cumplido
con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
el diputado abajo firmante, en uso de las atribuciones que le confiere
la ley, se permite solicitarle al ciudadano presidente, la propuesta de
la siguiente:
Excitativa
Única. Se turne la presente a la Cámara
de Diputados, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función
Pública de la Cámara de Diputados, a que presenten a la brevedad,
durante este primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio
de la LX Legislatura, el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto
de decreto que reforma y adiciona los artículos 75, 115, 123 y 127
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para los efectos del artículo 72 constitucional, aprobada en el
Senado de la República el 13 de marzo de 2007; y, en caso de que
las comisiones no presenten dicho dictamen durante el presente periodo
ordinario, se proponga un cambio de turno a otra comisión, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara
de Senadores, a 10 de febrero de 2008.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
DE LA CÁMARA DE SENADORES,
CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA PARA QUE DICTAMINE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
PRESENTADA POR EL SENADOR FRANCISCO JAVIER CASTELLÓN FONSECA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
México, DF, a 10 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada
en esta fecha, el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
presentó solicitud de excitativa a comisiones en relación
con el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley de Ciencia y Tecnología.
La Presidencia acordó remitir la documentación
a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
Atentamente
Senador José González Morfín (rúbrica)
Vicepresidente
Senador Gustavo Madero Muñoz
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República
LX Legislatura
Presente
El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca,
senador de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
en uso de la facultad que confieren los artículos 66, numeral 1,
inciso c), y 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 21, fracción XVI,
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, respetuosamente
le solicita que excite a la Comisión de Ciencia y Tecnología
de la Cámara de Diputados para que presente el dictamen relativo
a la iniciativa que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada
por el diputado Eduardo de la Torre Jaramillo, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional (PAN), en nombre propio y de diversos
legisladores, en sesión de la Comisión Permanente del 14
de mayo de 2008, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Con fecha 14 de mayo de 2008, el diputado
Eduardo de la Torre Jaramillo, del Grupo Parlamentario del PAN, en nombre
propio y de diversos legisladores de diferentes grupos parlamentarios,
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Segunda. En la misma fecha, la Mesa Directiva de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó
dicha iniciativa a la Comisión de Ciencia y Tecnología de
la Cámara de Diputados, para estudio y dictaminen.
Tercera. La ciencia y la tecnología son
motores inequívocos de desarrollo que han de ser cuidados y renovados
para que su progreso y aplicación en la sociedad sea efectiva. La
innovación tiene una clara orientación hacia el desarrollo
de un potencial económico.
Cuarta. México, para alcanzar mayores y
mejores niveles de competitividad, necesita promover desde la ley mecanismos
eficaces para fomentar la innovación, quizá la herramienta
más efectiva para conquistar nuevos mercados. Los sistemas de innovación
persiguen como fin la generación de nuevos o mejorados productos,
procesos y servicios, procedimientos y métodos de dirección,
nuevos conceptos y elaboraciones teóricas relacionadas con la esfera
social, entre otras. Todo ello, amparado por un grupo de acciones que van
desde la generación y acumulación de conocimientos hasta
la producción de bienes y servicios con su posterior comercialización,
abarcando las investigaciones básicas y aplicadas, así como
los trabajos de desarrollo tecnológico y la protección legal
de los resultados.
Quinta. La reactivación económica
y el desarrollo del país en el contexto mundial actual nos ofrecen
la pauta para revalorar cómo los procesos de gestión de la
innovación tecnológica permiten crear capacidades productivas
y, sobre todo, tecnológicas en el marco empresarial y nacional.
Sexta. El marco jurídico mexicano presenta
un grave problema, pues carece de un tratamiento sistemático de
la innovación, lo que impide dar respuesta a las necesidades de
los agentes involucrados en este proceso. Si bien la actual Ley de Ciencia
y Tecnología se refiere en diversos artículos a la innovación
tecnológica, no la define ni determina con precisión quiénes
son los actores facultados para establecer políticas en la materia
ni los instrumentos para hacerlo.
Séptima. Es imperativo aprobar las reformas
propuestas para modificar la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de
fortalecer los programas en materia de innovación; promover de manera
más eficaz los vínculos entre las instituciones de educación
superior y los centros públicos de investigación con los
sectores productivos y de servicios; establecer un sistema de incentivos
para la participación de los académicos en programas productivos,
así como mejorar las políticas públicas en materia
de propiedad intelectual y normalización.
Por lo expuesto, presento a usted la siguiente solicitud
de
Excitativa
Único. Que, en uso de la facultad que le
confieren los artículos 66, numeral 1, inciso c), y 67, inciso g),
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
así como 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General, se sirva formular excitativa a la Comisión
de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados a efecto
de que presente con la mayor brevedad el dictamen relativo a la iniciativa
que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el diputado. Eduardo
de la Torre Jaramillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, en nombre propio y de diversos legisladores, en sesión
de la Comisión Permanente del 14 de mayo de 2008.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión, a 10 de febrero de 2009.
Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica)