Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 21 de enero de 2009.
Diputada Martha Hilda González Calderón
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por instrucciones del Ejecutivo del estado, y con las facultades que me confiere el artículo 44, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y 11, del Reglamento Interno de este Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, en atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1784, del expediente número 3989, respecto a los puntos de acuerdo primero y segundo, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito adjuntar al presente, copias simples del oficio número SSPC/CESPMS/SE/DJ/0010/2009, suscrito por el secretario ejecutivo del Consejo de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado, en el que informa las acciones que se realizan en los 16 Centros Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados en el Estado.
Asimismo, se reitera que para el estado de Chiapas, una de las necesidades apremiantes, plasmadas en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, es la reestructuración de la administración y operación de los Centros Estatales Preventivos y para la Reinserción Social de Sentenciados, para habilitar la ejecución de medidas que combatan la corrupción, autogobierno y extorsiones al interior de los mismos.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica)
Consejero Jurídico del Gobernador
Tuxtla, Gutiérrez Chiapas; enero 12 de 2009.
Licenciado Octavio Castellanos Mijares
Consejero Jurídico del Gobernador
Presente
Distinguido licenciado Castellanos:
En atención a su oficio número CJ/400.3/1941/2008, mediante el cual solicita se informe que en materia de ejecución de penas, implanten las acciones necesarias para realizar el bloqueo de las llamadas de teléfonos celulares y otros medios de comunicación no permitidos desde los Centros de Readaptación federales y estatales, respectivamente, así como revisar de manera periódica las instalaciones de los internos y fortalecer las medidas para evitar el ingreso de artículos y sustancias prohibidas a los mismos; al respecto permito informar a usted que:
De igual forma, incrementar los recursos para el desarrollo de programas para la reinserción social, que cumplan eficazmente con su misión, con una nueva forma de servicio, basado en el estricto respecto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, para brindarles una estancia digna y segura mientras dure su reclusión.
Esta Secretaría Ejecutiva, tiene como objetivo fortalecer e implantar la infraestructura y la tecnología de punta para salvaguardar la seguridad y el orden al interior de los 16 Centros Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados.
Para alcanzar dicho objetivo se adquirirán sistemas inhibidores de telefonía celular y troncalizada, así como detectores de narcóticos, explosivos y metales, en el anteproyecto del Fideicomiso Fondo de Seguridad 2009, para implantar en los centros que aún no cuentan con dichos equipos. Asimismo, este tipo de tecnología ya se encuentra instalada en algunos centros penitenciarios, como se refiere en las hojas que se anexan a la presente.
Asimismo, en el ejercicio 2008, se implantarán 50 operativos de cateo y cacheo en los diferentes centros penitenciarios del estado, donde se aseguraron diversos objetos y sustancias prohibidas, por lo que en el presente ejercicio 2009, estas acciones se fortalecerán para prevenir y combatir la comisión de delitos al interior de los CERSS y brindar seguridad tanto a la población penitenciara, como al personal que labora en los mismos.
Atentamente
Licenciado Juan Jesús Mora Mora (rúbrica)
Secretario Ejecutivo
DEL CONGRESO DE JALISCO
Guadalajara, Jalisco, a 13 de enero de 2009.
Diputada Martha Hilda González Calderón
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por instrucciones del gobernador del estado y del secretario general de Gobierno, en atención al oficio número D.G.P.L.60-II-4-1784, de fecha 31 de agosto de 2008, recibido en esta secretaría el 11 de diciembre de 2008, por el cual requiere al gobernador de Jalisco que emita información y apoyo sobre las medidas adoptadas con relación al bloqueo de las llamadas de teléfonos celulares y otros medios de comunicación no permitidos desde los centros de readaptación social federales y estatales, e ingreso de artículos y sustancias prohibidas, remito a usted copia del oficio número SSP/06/2009, de fecha 5 de enero de 2009, signado por el maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social en Jalisco.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo, reiterándoles mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado Martín García Topete (rúbrica)
Subsecretario de Asuntos Jurídicos
Guadalajara, Jalisco, a 5 de enero de 2009.
Licenciado Fernando Antonio Guzmán Pérez
Peláez
Secretario General de Gobierno de Jalisco
Presente
Por medio de este ocurso me complace saludarlo y, a su vez, me dirijo a usted en atención a su similar número DEJ/245/2008, de fecha 15 de diciembre del año en curso, mediante el cual envía copia simple del oficio número D.G.P.L.60-II-4-1784, enviado por integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quienes solicitan que se les informe acerca de las medidas adoptadas con relación al bloqueo de las llamadas de teléfono celular y otros medios de comunicación no permitidos desde los centros de readaptación social federales y estatales, e ingreso de artículos y sustancias prohibidas.
Al respecto, hago de su conocimiento las acciones que se están llevando a cabo por parte de esta secretaría a mi cargo relacionadas con lo mencionado en el párrafo que antecede.
La firma de un convenio de colaboración con la empresa Teléfonos de México, SA de CV, (Telmex) y el gobierno de Jalisco, con el objetivo de la implantación de mensajes de advertencia de procedencia de las llamadas generadas en las casetas de telefonía pública propiedad de Telmex desde los centros penitenciarios del estado, así como en las cárceles municipales cabecera de partido judicial donde no existen centros de integración de justicia regional. Este convenio fue firmado desde el 5 de junio de 2007 y se realizo por tiempo indefinido.
Se efectúan revisiones corporales a través de cacheo de personas en la aduana, esto siempre conforme a derecho y con respeto absoluto hacia las visitas y personal penitenciario. De igual manera se verifica que todos los objetos, sustancias o alimentos que se introducen estén permitidos dentro de los reglamentos de cualquiera de los centros.
Asimismo se registran todos y cada uno de los vehículos que ingresan a las visitas; de la misma forma se revisan los dormitorios y estancias de los reclusorios; se supervisa al azar al personal operativo penitenciario y por las noches se llevan a cabo rondines al interior de cada uno de los centros.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de
Velasco (rúbrica)
Secretario de Seguridad Pública, Prevención
y Readaptación Social del Gobierno de Jalisco
DEL CONGRESO DE SONORA
Hermosillo, Sonora, a 20 de enero de 2009.
Diputadas
Martha Hilda González Calderón
Margarita Arenas Guzmán
Presente
Por instrucciones del licenciado Francisco Figueroa Souquet, secretario ejecutivo de Seguridad Pública del estado de Sonora, me refiero a su oficio número D.G.P.L. 60-11-2-1789, expediente 4388, en los siguientes términos:
En Sonora sólo pueden ingresar a la Policía Estatal de Seguridad Pública los egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública del estado, quienes previamente cursan la carrera de técnico en policía estatal, que tiene reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación y Cultura del estado y de la Academia Nacional de Seguridad Pública.
Antes de causar alta como cadetes del instituto, los aspirantes son sometidos a una batería de evaluaciones que comprende los siguientes aspectos: médica completa, toxicológica, de personalidad, psicológica de confianza, honestidad y valores; conocimientos generales, situación patrimonial y encuesta de entorno social.
El curso tiene una duración de 11 meses y, en su desarrollo, se repite el mismo esquema de evaluación. Además, al tramitar su ingreso a la corporación son sometidos a las mismas evaluaciones de control de confianza.
Consideramos que una evaluación adicional que representa mayor rigor y que se debe sumar a las ya especificadas en este escrito, es la poligráfica, tanto para ingresar a un instituto o academia de formación, como para causar alta en una corporación y permanecer en ella.
Es importante legislar en relación a la obligación que deben tener los integrantes de las corporaciones policiales, de someterse expresamente a la evaluación poligráfica.
Con un respetuoso saludo, me suscribo a sus respetables órdenes.
Atentamente
Maestro Rafael Ramírez Leyva (rúbrica)
Director general
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Tenemos el honor de remitir a ustedes los asuntos que fueron reservados por esta Comisión Permanente, para conocimiento de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales aparecen listados en el inventario que se anexa.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 1 de febrero de 2009.
Diputado José Rubén Escajeda Jiménez
(rúbrica)
Secretario
Senador Ramiro Hernández García (rúbrica)
Secretario
Inventario de asuntos que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, remite a la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
En trámite
Expediente
2. 507 Proposición con punto de acuerdo para exhortar
al Ejecutivo federal, instrumente un plan emergente encaminado a bajar
las tarifas del diesel, presentado por la diputada Lilia Guadalupe Merodio
Reza y suscrita por Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
Turno: Hacienda y Crédito Público.
3. 512 Proposición con punto de acuerdo para exhortar
al titular del Ejecutivo federal, decrete una disminución en la
tarifa del diesel marino en respuesta a la demanda de los pescadores del
país.
Turno: Hacienda y Crédito Público.
4. 564 Proposición con punto de acuerdo para que
la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo federal, para que retire
al Ejército de las actividades en materia de seguridad pública
y combate a la delincuencia organizada e implemente una nueva estrategia
en la materia, presentada por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva,
del Grupo Parlamentario Convergencia.
Turno: Gobernación.
5.- 570 Proposición con Punto de Acuerdo por el
que la Comisión Permanente cita a comparecer a los titulares de
la Sagarpa y de la Conapesca, relativo al movimiento Cero Pesca 2009, presentada
por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán y suscrita por el diputado
Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.
Turno: Pesca.
6. 580 Proposición con punto de acuerdo para exhortar
al Ejecutivo federal, a abstenerse en actos públicos de proselitismo
religioso y transparentar en la organización del Encuentro Mundial
de las Familias 2009, si es que, se utilizaron recursos públicos,
suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de
la Revolución Democrática, de Convergencia y de Alternativa.
Turno: Unidas de Gobernación y de la Función
Pública.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Tenemos el honor de remitir a ustedes el informe de las actividades realizadas por la honorable Comisión Permanente durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura, con el que se dio cuenta en la sesión celebrada en esta fecha.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: De enterado; insértese en el Diario de los Debates y remítase a las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores.
Diputado José Rubén Jiménez (rúbrica)
Secretario
Senador Ramiro Hernández García (rúbrica)
Secretario
México, DF, a 28 de enero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio número BL/CC009/2009 de la Comisión de Cultura, por el que remite informe sobre el Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacan-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco- Nopaltepec y el particular el proyecto Resplandor Teotihuacano.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: Remítase a la Cámara de Diputados.
Diputada Marcela Cuen Garibi (rúbrica)
Secretaria
Diputado Ramiro Hernández Galicia (rúbrica)
Secretario
"Antes de finalizar, queremos insistir
en la necesidad de que la arqueología
alcance ya el nivel científico que le pertenece,
y que no se convierta en un medio para
restauraciones de monumentos para el turismo…"
Eduardo Matos Moctezuma.
Con fundamento en el numeral 6, inciso g), del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados nos permitimos presentar a consideración de la Comisión Permanente y de la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo el informe relativo al Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacan-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec y, en particular, con relación al proyecto Resplandor Teotihuacano, bajo las siguientes
Consideraciones
Zona arqueológica de Teotihuacán
La cultura teotihuacana tuvo un esplendor de 600 años, que abarcan los siglos I al VIII. En ese periodo se desarrolla la vertiente de la que abrevarán las culturas del altiplano, particularmente los mexicas.
Según el doctor Miguel León Portilla,1 la ciudad de Teotihuacan fue en su tiempo una de las mayores urbes en el mundo. Abarcaba 22 kilómetros cuadrados y su población alcanzaba los 70 mil habitantes; esto explica el porqué se considera una de las más grandes obras culturales de la humanidad, además de los sistemas de conocimientos logrados por la civilización mesoamericana, como son la escritura y el conteo de los días en un calendario de gran precisión. La zona arqueológica de Teotihuacán es una de las zonas más estudiadas y conocidas por especialistas mexicanos y más allá de nuestras fronteras. Las diferentes referencias de Teotihuacán permiten constatar que por casi 750 años no hubo ciudad en Mesoamérica que compitiera con las dimensiones, fama y poder de Teotihuacán.
Testimonios
Los testimonios de los cronistas de la época colonial como Fray Gerónimo de Mendieta, el padre Motolinía, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Juan de Torquemada, Francisco Xavier Clavijero y Francisco del Paso y Troncoso, entre otros, dieron cuenta de la existencia de las grandes pirámides y de lo que llamaban montículos; sin embargo, es Fray Juan de Torquemada quien ofreció el siguiente testimonio:
Lo que sabré afirmar en esto, es que estos indios de la Nueva España tenían dos templos de grandísima altura y grandeza, edificados a 6 leguas de esta ciudad, junto a San Juan Teotihuacán, los cuales estaban apartados de poblado y lo están ahora, aunque no en mucha distancia. Alrededor de ellos hay otros asientos que pasan de más de 2 mil, por lo cual se llama aquel lugar Teotihuacán, que quiere decir "Lugar de Dioses".2
Fray Bernardino de Sahagún recibió por sus informantes la referencia del gran centro ceremonial Teotihuacán, cuya ubicación se identificaba junto al pueblo que se llama San Juan Teotihuacán.
Expediciones a Teotihuacán
Los viajeros y expedicionarios daban cuenta del asombro ante Teotihuacán; según el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, Teotihuacán es uno de los sitios más estudiados arqueológicamente, y sus primeras expediciones datan del siglo XVII, cuando Gemelli Carreri llega a Teotihuacán en la expedición comandada por Pedro de Alva; sin embargo, es hasta el siglo XIX en que se multiplicaron las crónicas y las expediciones: Alexander von Humboldt ofreció su testimonio en sitios de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, en que publicó las investigaciones y cálculos que el científico mexicano Juan José de Oteiza y Vértiz hiciera en 1803, de la altura y medidas de la base piramidal y secciones de las pirámides de Teotihuacan.3
Sin embargo, es hasta el año de 1864, con la expedición de la comisión científica de Pachuca, que estudiosos como Gamio consideraron el inicio del estudio formal de las ruinas de la zona arqueológica. En el año 1877, Don Gumersindo publicó en los anales del Museo Nacional el resultado de sus investigaciones. Unos años después, en 1885, el explorador francés Desiré Charnay ofreció en su obra Les anciennes villes du noveau monde una descripción de Teotihuacán, y los hallazgos realizados después de las excavaciones que realizó en el lado occidental de la Calzada de los Muertos y en el panteón del pueblo de San Juan Teotihuacán.
Son altamente consideradas las aportaciones del profesor William H. Holmes publicadas en 1897, con un método cercano a los procedimientos de la arqueología científica.
A partir de su nombramiento como inspector de monumentos arqueológicos en 1884, el señor Leopoldo Batres inició las expediciones por cuenta del gobierno; posteriormente, entre 1905 y 1910 realizaría las obras de reconstrucción con la escalinata solicitada por el presidente Díaz, así como una línea de tren que pasaba al pie de las pirámides.
Es para las celebraciones de las fiestas del Centenario que se inauguraron las obras la zona arqueológica, que se reconstruyó con afectaciones a por lo menos 7 metros del basamento original y la destrucción de algunos murales de los cuales no se registraron ni las imágenes.
Sin duda, las investigaciones de Manuel Gamio arrojaron nueva luz, no sólo de la riqueza e importancia de Teotihuacán en el conocimiento científico del México prehispánico. Gamio no sólo emprendió la primera investigación científica basada en la geología, particularmente en la estratigrafía, que son excavaciones que se realizan con objeto de precisar la sucesión y formación de las diversas capas que constituyen el subsuelo, así como el análisis de los restos animales y vegetales, de la misma manera que los vestigios materiales. Pero Gamio no se contentó con inaugurar la arqueología científica en México, integró a su estudio disciplinas como la etnología y la antropología cultural de las poblaciones del valle de Teotihuacán.
En el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia comenzó importantes trabajos como el proyecto de Teotihuacán, en septiembre de 1962, cuyos trabajos finalizaron en septiembre de 1964, dejando a la vista la gran plaza de la Pirámide del Sol y el complejo Palacio de Quetzal-Mariposa la Calle de los Muertos y la plaza de la Pirámide de la Luna. Se construyó también una carretera para facilitar la comunicación con la zona arqueológica.
Desde entonces, los trabajos de investigadores como los de William Sanders, Laurette Sejourné, Eduardo Matos Moctezuma y Jacques Soustelle han dado luz a numerosos aspectos de la cultura teotihuacana: cosmogonía, poesía, cerámica, murales, rituales, ceremonias, astrología, etcétera.
Recientemente, en 2003 se dieron a conocer los resultados de las investigaciones bajo la Pirámide de la Luna, coordinada por el arqueólogo Rubén Cabrera en colaboración con el japonés Saburo Sugiyama. Posteriormente, en 2006 se dieron a conocer los nexos e influencia de la cultura teotihuacana en la cultura maya, así como el carácter central de la jerarquía militar de una cultura que se había concebido como sacerdotal.
Precedentes históricos en el resguardo del patrimonio cultural mexicano
La protección del patrimonio cultural y su expresión en la identidad nacional consistió en uno de los imperativos de la nación mexicana. Por tal motivo, uno de los primeros decretos emitidos por el presidente Guadalupe Victoria en 1825 fue para crear la institución del Museo Mexicano, en cuyo acervo se encontraban la Piedra de Sol (popularmente conocida como Calendario Azteca y más correctamente identificada como Piedra de Sacrificios), las piezas arqueológicas procedentes de la Isla de Sacrificios, la Coatlicue y los monolitos entregados por Diego de la Rosa. Basta considerar que este museo es la simiente del Museo Nacional de Antropología e Historia, en el cual, hasta entrado el siglo XX, se concentraban las colecciones arqueológicas y de historia natural, como lo documentó Alfonso L. Herrera en los catálogos de las colecciones del Museo Nacional.
Por otro lado, en 1911 se iniciaron las actividades formales de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas, que tuvo la dirección de investigadores como Eduard Seler, Franz Boas y Manuel Gamio. Esta institución legó un conjunto de innovaciones metodológicas y técnicas para realizar excavaciones; se destacaron por su importancia las de Cuicuilco, obra realizada en su mayor parte sobre una extensión cubierta de lava; el palacio de Sayil en Yucatán; la zona de Teopanzolco o lugar del Templo Viejo, Morelos; y el templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán.
Posteriormente, en 1913, el gobierno federal expidió un reglamento que facultaba al Museo Nacional para inspeccionar los monumentos arqueológicos, por lo que las labores académicas de arqueología, etnografía e historia se trasladaron a la Escuela de Altos Estudios. Esta institución fue fundada por Justo Sierra en 1910, mismo año en el que, con una nueva organización, la Universidad de México abrió sus puertas de nueva cuenta.
A propuesta del doctor Manuel Gamio, en 1917, como parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento, se funda la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, misma que el año siguiente se convirtió en la Dirección de Antropología.
La Dirección de Antropología se reubicará en 1921 en la Secretaría de Educación Pública, de reciente creación. Pero es hasta 1930 en que podemos considerar que surge la política pos revolucionaria de protección al patrimonio cultural, al expedirse la primera ley que otorgaba facultades a la Dirección de Arqueología para la inspección general de monumentos. Por este motivo es que se establece el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos.
En consecuencia, el presidente Lázaro Cárdenas presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de ley con el propósito de transformar el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos, de la Dirección de Arqueología de la Secretaría de Educación Pública, en un instituto, que al tener patrimonio y personalidad jurídica propias, contaría con recursos superiores a los que el gobierno federal podría suministrarle; recibiría aportaciones de las autoridades estatales y municipales y de particulares. Este es el paso decisivo para la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Es importante destacar, como uno de los acontecimientos más importantes para la vida cultural de México en el siglo XX, la creación de las instituciones culturales federales. A partir de entonces, se han desarrollado las políticas de educación, formación de públicos, programa cultural y resguardo patrimonial. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se fundó el 31 de diciembre de 1946, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia el 3 de febrero de 1939, día en que también se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Marco normativo vigente
El patrimonio cultural se encuentra protegido por el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, principio del que se deriva la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento, así como la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH) y su reglamento, que se encuentra en proceso de revisión.
Es importante documentar que la derivación de algunos principios en materia de política cultural guardan una historia vinculada a la configuración del horizonte de los bienes de la nación, pero en lo que respecta a la protección de nuestro patrimonio cultural, las políticas de patrimonio, resguardo e investigación se concentraron en un primer momento en el patrimonio arqueológico, el cual ha tenido una importancia sustancial en la legislación cultural y en la construcción, tanto del imaginario social como de las instituciones culturales. Las historia jurídica de la protección de patrimonio arqueológico se remonta a la Ley Orgánica de Secretarías de Estado, del 23 de febrero de 1861; la del 26 de marzo de 1894; el decreto del 3 de julio de 1896 y la ley del 11 de mayo de 1897, que se refieren, por vez primera, a la propiedad de ruinas y monumentos arqueológicos; la ley del diciembre de 1902, que declaró las ruinas arqueológicas como bienes de dominio público, y la ley del 30 de enero de 1930 que legisla en el mismo sentido.
Las diferentes leyes que preceden a la Ley Federal sobre Monumentos son significativas para armar el complejo conjunto que han definido las políticas de patrimonio, resguardo e investigación de las culturas que componen la pluralidad de nuestra civilización. El 19 de enero de 1934 se promulga la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, que tiene el carácter de ley federal y dispone, expresamente en sus artículos 2 y 4 el dominio de la nación de los bienes arqueológicos:
…la presente ley tendrá aplicación federal en sus preceptos relativos a monumentos arqueológicos".
Turismo cultural
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 identifica las políticas a favor del desarrollo humano sustentable, éstas se definen como parte de las políticas públicas en materia de desarrollo económico, y derivado de dicho desarrollo humano sustentable, se establecen las políticas en materia de turismo. Es en esta propuesta de gobierno para el desarrollo económico que se define la prioridad que tendrá el turismo a favor de la evolución económica de las comunidades y como un factor de crecimiento social.
"Hoy tenemos la oportunidad histórica de impulsar el desarrollo humano sustentable como motor de la transformación de México en el largo plazo y, al mismo tiempo, como un instrumento para que los mexicanos mejoren sus condiciones de vida".
Por su parte, las políticas en materia de turismo se articulan en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, del cual destacamos los siguientes puntos:
La política turística considerará programas de desarrollo de una amplia gama de servicios turísticos, incluyendo turismo de naturaleza, turismo rural y turismo de aventura, con la participación de las secretarías y organismos del gobierno federal que apoyan proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas. En este proceso se deberá hacer converger programas como el financiamiento y capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas.
2. Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral. Orientar los esfuerzos de la política turística y de las actividades de las entidades públicas del gobierno federal que incidan directa o indirectamente en el desarrollo del turismo hacia la competitividad nacional e internacional de las empresas, productos y atractivos turísticos del país, en un marco de sustentabilidad económica y social en coordinación con el sector privado.
3. Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la satisfacción y seguridad del turista. Así como de promoción en los mercados y segmentos turísticos de mayor rentabilidad, fortaleciendo los de información, asistencia y seguridad al turista.
4. Actualizar y fortalecer el marco normativo del sector turismo. Promover, junto con el Poder Legislativo, las comunidades y las empresas del sector, la actualización del marco legal para el desarrollo sustentable del sector e impulsar normas que garanticen la prestación de servicios turísticos competitivos.
Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Teotihuacán-Otumba-Acolman-San Martín-Axapusco-Nopaltepec
Según se desprende del convenio firmado el 22 de mayo de 2007 por autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el gobierno del estado de México y el Fonatur, publicado el 16 de enero de 2008 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.
El espíritu del legislador ha considerado desde 2003 la ampliación de horario en zonas como Teotihuacán. Prueba de ello es la aprobación de la Ley de Derechos que, en 2008, precisó y clasificó los servicios y las zonas arqueológicos como a continuación se indica:
Ley de Derechos de 2008
Por otra parte, en la Ley de Derechos de 2008, vigente a la fecha, en el artículo 288 se considera:
Áreas tipo AAA: $45.00
y después del horario normal de operación: $150.00
Áreas tipo AAA:
Zona arqueológica de Palenque (con museo); museo y zona arqueológica de Templo Mayor; Museo Nacional de Antropología; Museo Nacional de Historia; zona arqueológica de Teotihuacán (con museos); zona arqueológica de Monte Albán (con museo); Museo de las Culturas de Oaxaca; zona arqueológica de Tulum; zona arqueológica de Cobá; zona arqueológica de Tajín (con museo); zona arqueológica de Chichén Itzá (con museo); zona arqueológica Uxmal (con museo); y zona arqueológica de Xochicalco (con museo);
Observaciones
Los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Cultura asumimos el compromiso para la revisión de la legalidad de los programas de instalación de la iluminación del proyecto Resplandor Teotihuacano, así como las autorizaciones correspondientes, como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 109.
Problemas y propuestas que se desprenden de las investigaciones
2. Nos manifestamos en favor de los programas de turismo cultural, pero consideramos que deben establecerse medios de adecuación, amortiguamiento, planes de manejo e impacto urbano. Por otra parte, todo programa debe hacerse con arreglo de lo previsto en el marco jurídico, particularmente el artículo 73, fracción XXV, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Creación de los Institutos Federales INAH e INBAL, y sus reglamentos, además de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, particularmente por lo que respecta a proyectos de inversión y sus correspondientes estudios de costo-beneficio, así como la sujeción –congruente con el compromiso del Estado mexicano– con las convenciones internacionales.
3. Ratificamos el sentido del exhorto que emitió la Comisión Permanente, el 22 de diciembre de 2008, sobre el punto de acuerdo presentado por el diputado Ramón Valdés, así como por el punto de acuerdo inscrito el pasado 12 de enero por el diputado José Alfonso Suárez del Real, a través del cual expresa la necesidad de formar una mesa de análisis sobre el proyecto de desarrollo turístico, y se proceda de acuerdo con la ley con las sanciones correspondientes.
4. A partir de la suspensión de las obras de instalación, y una vez realizado el estudio del nivel de afectación de los monumentos arqueológicos, se proceda a realizar un proyecto de restauración, realizado por especialistas del INAH, en los tiempos que consideren necesarios para garantizar la integridad de los monumentos y con los medios que consideren indispensables. La supervisión del desmantelamiento de las lámparas y sus implementos y la restauración será realizada exclusivamente por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En caso de documentar deterioro, afectación o destrucción, se procederá en consecuencia por lo establecido en los artículos 38, 39, 40, 41 y 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
5. Previamente a la decisión de instalar un espectáculo de luz y sonido, deberá darse a conocer el guión académico, que representa el contenido cultural y la propuesta académica que fortalezca el conocimiento y genere un sentimiento de orgullo colectivo hacia la civilización teotihuacana.
6. Estamos convencidos de que el proyecto de luz y sonido tendrá que reorientarse, y que en aras del proceso de reversión deberá garantizarse el correcto retiro de todo el material descartado y que la compañía que lleve a cabo la propuesta de diseño y la instalación deberá demostrar su probidad y experiencia en la materia. Por ello es deseable valorar la pertinencia de transparentar los procesos de licitación y contratación.
7. Detectamos la falta de publicación de las obras de instalación de luz y sonido en la página del INAH, como señalan los artículos 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
8. Respecto a las autorizaciones que otorgó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es necesario hacer varias observaciones:
a) Como esta comisión no cuenta con el proyecto inscrito ante el INAH ni con las actas de la sesión del Consejo de Arqueología, se solicitó su envío a este colegiado.
b) Solicitamos respetuosamente a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a las del gobierno del estado de México que sometan sus proyectos a la normatividad establecida en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su Reglamento, ya que es claro que el Consejo de Arqueología es un órgano colegiado que emite su opinión, pero la autorización debe emitirse por el titular el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
c) Por otro lado, la firma de los convenios correspondientes no suple la obligatoriedad de someterse al marco jurídico vigente, particularmente a lo que en cada caso establezca la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
9. Expresamos nuestra preocupación de encontrarnos ante la posible recurrencia de problemas del desempeño de las funciones sustantivas de la institución.
Por ello exhortamos a la institución a cumplir las recomendaciones planteadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el desempeño del INAH en 2006:
Previamente a la realización de las obras, se cuente con los estudios, proyectos, planos, especificaciones de construcción, normas de calidad, programas de ejecución y suministros y se implanten los manuales de procedimientos que permitan determinar con precisión las obligaciones y responsabilidades de los participantes en el desarrollo de los proyectos, en cumplimiento de los artículos 21, fracción X, 24 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
10. Reconocemos la importancia del Corredor Turístico como medio de reactivación económica de la región, así como sus consecuencias en la elaboración de un gran proyecto de desarrollo urbano que evite a toda costa el estrangulamiento paulatino que está sufriendo la zona arqueológica de Teotihuacán, y que, de no cuidarse, los efectos de los proyectos "promotores de desarrollo" tendrán consecuencias negativas contra la zona arqueológica y los pobladores de la región.
Registramos, a sólo unos meses de haberse anunciado el proyecto del corredor turístico, que ya se ha presentado especulación inmobiliaria en predios de las zona de protección A, B y C; por no mencionar que en los planes de susceptibilidad en ejidos se cambiaría irremediablemente la configuración de la región, sin haberse alcanzado los fines en beneficio de las comunidades de la zona.
Por tal motivo, consideramos que el antecedente de sometimiento al estado de derecho por medio del respeto al marco jurídico vigente, es la condición que permitirá, lograr que el proyecto mencionado represente la vía para garantizar un desarrollo integral, equitativo y democrático, en vinculación y respeto de nuestro extraordinario patrimonio cultural.
11. En cuanto al turismo cultural, proponemos a esta soberanía la organización de un foro nacional sobre turismo cultural y resguardo del patrimonio cultural.
I. Tras el análisis documental, y de los diversos argumentos y posturas emitidas, tanto en la visita efectuada a la zona arqueológica, como en las reuniones sostenidas en el Palacio Legislativo de San Lázaro con representantes de investigadores, arqueólogos, restauradores y arquitectos, trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como con representantes del gobierno del estado de México, en relación con el Programa Regional de Desarrollo del Corredor Turístico Teotihuacán-Acolman-Otumba-San Martín-Axapusco-Nopaltepec, los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Cultura consideramos que existen elementos sustantivos que, articulados bajo los principios rectores de protección patrimonial, inclusión social y transparencia fortalecerán los objetivos fundamentales de la propuesta; lo anterior sustenta que al respecto resolvamos lo siguiente:
B) Estamos a favor de un proyecto solidario y democrático que garantice un desarrollo integral equitativo de todos los sectores sociales de la región, que beneficie fundamentalmente la economía popular de las comunidades aledañas a este extraordinario ejemplo de nuestro patrimonio cultural.
C) Estamos a favor de un proyecto con un sólido contenido educativo, que reubique la grandeza y el esplendor de la civilización teotihuacana en el ánimo y el corazón de quienes visiten esta zona, y que garantice el acceso a todas las clases sociales a esta manifestación cultural.
D) Estamos a favor de un proyecto transparente, conforme a derecho, participativo, que genere certidumbre y confianza social y, por tanto, propicie sólidas condiciones de su apropiación por parte de la colectividad.
E) Estamos a favor de un proyecto que rescate el espíritu y los principios fundacionales de protección y vinculación del patrimonio arqueológico e histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que potencie el amor y el consecuente rigor académico de los funcionarios depositarios de este resguardo patrimonial.
1. Protección del patrimonio cultural
Exigimos a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia que cumplan cabalmente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a este tipo de proyecto.
Proponemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia que elabore un programa obligatorio de introducción y capacitación básica a cualquier trabajador externo a la institución contratado para desempeñar cualquier función laboral temporal en cualquier zona arqueológica. Este curso de introducción deberá resaltar los valores y la importancia del patrimonio cultural de que se trate.
Exigimos al Instituto Nacional de Antropología e Historia la ejecución, y en su caso la estricta supervisión de los trabajos arriba señalados.
Para efectos de la restauración, consideramos como obligación ineludible del INAH la formación de un equipo interdisciplinario que elabore y ejecute un programa de restauración, el cual deberá contemplar el tiempo necesario y los recursos suficientes para realizar las obras correspondientes, otorgando absoluta prioridad a recuperar en la medida de lo posible la integridad de los monumentos arqueológicos, por lo menos del e en que se encontraban, antes de las ejecución de las obras del montaje del proyecto Resplandor Teotihuacano.
Solicitamos a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia que nos entreguen copia del argumento, libreto y guión autorizados por la institución, así como del proyecto ejecutivo, de la autorización emitida por la Dirección General del Instituto y de las bitácoras de obra.
Proponemos que, en caso de que se haya cumplido lo previsto en el marco jurídico vigente, se garantice la integridad del patrimonio arqueológico de la zona de Teotihuacán a través de los mecanismos técnico-administrativos previstos para tal fin, por lo que se propone valorar la pertinencia de iniciar los procesos a que haya lugar, inclusive el de licitación, a fin de que la empresa que desarrolle o instale el proyecto de iluminación de la zona acredite experiencia en montaje y diseño en inmuebles arqueológicos, de importancia semejante a la zona arqueológica de Teotihuacán, y que integre en el proyecto los últimos adelantos tecnológicos en la materia.
Exigimos evitar a toda costa la especulación inmobiliaria, así como un irracional e irrefrenable proceso de cambio de uso de suelo, a efecto de garantizar uno de los objetivos primordiales del proyecto, consistente en garantizar la preservación de las áreas de protección y amortiguamiento de la zona arqueológica de Teotihuacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
La mesa directiva de la Comisión de Cultura
Diputados: Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), Presidente; Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), María de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez, Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), secretarios.
(Remitida a la Cámara de Diputados. Enero 28 de
2009.)
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
LX Legislatura
Presente
Me permito anexar al presente el informe de resultados de la operación del Sistema de Protección Social en Salud, mismo que contiene el informe de previsión presupuestal, correspondiente al ejercicio de 2008.
El informe en comento se presenta en cabal sujeción a lo que establecen los artículo 77 Bis, 18 y 77 Bis 31 de la Ley General de Salud, y el diverso 140 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de protección social en salud.
Se anexa en forma impresa y en dispositivo magnético.
Le reitero la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente
Daniel Karam Toumeh (rúbrica)
Comisionado
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL QUE REMITE INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2008
México, DF, a 30 de enero de 2009.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión
Presente
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH); 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008; 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2008. Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107 de la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de diciembre de 2008. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2007.
Para dar cumplimiento al artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito se adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica)
Secretario de Hacienda y Crédito Público
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS HANIN FRANGIE BELTRÁN, PATRICIA SILVYA LONG WHITEHOUSE, MARIO LORENZO GUTIÉRREZ OCAMPO, DANIEL ARTURO JAIME AYALA, DAVID HEDILBERTO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JOSEFINA IDALIA MOSQUEDA TORRES Y ELIGIO LÓPEZ DE LA CRUZ PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EN SUS CONSULADOS EN NOGALES, SONORA, Y NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS; E INFORMA QUE CIUDADANOS MEXICANOS HAN DEJADO DE PRESTAR SERVICIOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 3 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante el oficio número DAN-00025, el licenciado Alejandro Estivill Castro, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Josefina Idalia Mosqueda Torres.
Puesto: Asistente en la Oficina de Seguridad.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América
en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: Eligio López de la Cruz.
Puesto: Asistente en la Oficina de Seguridad.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América
en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: Patricia Sylvia Long Whitehouse.
Puesto: Asistente de programas.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América
en México.
Nombre: Hanin Frangie Beltrán.
Puesto: Delegada comercial adjunta.
Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.
Nombre: Mario Lorenzo Gutiérrez Ocampo.
Puesto: Visas clerk.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América
en México.
Nombre: Daniel Arturo Jaime Ayala.
Puesto: Investigador.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América
en Nogales, Sonora.
Al mismo tiempo, se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Adriana Carrillo Casas.
Puesto: Especialista en sistemas comerciales.
Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.
Nombre: Vania Jocelyn Salgado Hernández.
Puesto: Asistente de la Unidad de Relaciones con el Congreso.
Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.
Nombre: María Concepción Amador Mariscal.
Puesto: Asistente de inmigración.
Lugar de trabajo: Embajada de Canadá en México.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS BÁRBARA SELENE CORCHADO RIVERA Y ALBERT DAMAN AGRAZ PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EN SU CONSULADO EN GUADALAJARA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE; E INFORMA QUE CIUDADANOS MEXICANOS HAN DEJADO DE PRESTAR SERVICIOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS
México, DF, a 3 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DAN-00214, el licenciado Alejandro Estivill Castro, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Bárbara Selene Corchado Rivera.
Puesto: Asistente de viajes en la Sección de Asuntos
Antinarcóticos.
Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América
en México.
Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Patricia Pacheco Sánchez.
Puesto: Asistente administrativo.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América
en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LA CIUDADANA GIANCARLA CALIA CERRILLO PUEDA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE INDIA EN MÉXICO
México, DF, a 3 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número DEP-0089/09, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CINCO CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
México, DF, a 3 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1786, signado por los diputados César Horacio Duarte Jáquez y José Manuel del Río Virgen, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 315-A-00159, suscrito por Nicolás Kubli, director general de Programación y Presupuesto "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los recursos para estimular a los gobiernos municipales para atender la seguridad pública.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 13 de enero de 2009.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Hago referencia a su oficio número SEL/300/5212/08, de fecha 4 de diciembre de 2008, por medio del cual hace del conocimiento del doctor Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados en su sesión celebrada el pasado 2 de diciembre, el cual establece que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta el titular del Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al de la Secretaría de Seguridad Pública para que, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se destinen recursos adicionales etiquetados, derivados de los subejercicios que se tienen a la fecha, para estimular a los gobiernos municipales, en especial aquellos que invierten recursos propios y presentan proyectos innovadores de combate a la inseguridad y a la delincuencia organizada que les permitan atender de manera inmediata el rubro de la seguridad pública.
Al respecto, y con base en lo establecido en el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito comunicar a usted que, con base en la información que obra en el módulo del estado del ejercicio del portal aplicativo de la SHCP, al mes de noviembre de 2008 la Secretaría de Seguridad Pública no presenta subejercicios.
Finalmente, me permito comunicar a usted que aún no se conocen las cifras de cierre para el ejercicio fiscal 2008; una vez conocidas las definitivas y con base en la normatividad aplicable, esta secretaría estará en condiciones de analizar la posibilidad de canalizar el subejercicio que resulte, en su caso, a los gobiernos municipales para destinarlos al combate a la inseguridad y a la delincuencia organizada.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Nicolás Kubli (rúbrica)
Director General de Programación y Presupuesto
"A"
México, DF, a 3 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L.90-II-6-2829, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Jacinto Gómez Pasillas, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 4.- 003, suscrito por el ingeniero Humberto Treviño Landois, subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la importación de vehículos al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 22 de enero de 2009.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio número SEL/300/5279/08, donde hace del conocimiento de esta secretaría, lo relativo al punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2008, el cual cita:
Por otro lado, en lo que respecta a las medidas de carácter ambiental, me permito señalarle que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales será la dependencia del Ejecutivo federal responsable de emitir las determinaciones consecuentes.
Sin otro particular, le reitero mi consideración y aprecio.
Atentamente
Ingeniero Humberto Treviño Landois (rúbrica)
Subsecretario de Transporte
México, DF, a 3 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1685, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Manuel Portilla Diéguez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 4.1.3155, suscrito por el piloto aviador Mauro Rafael Gómez Peralta Damirón, director general de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la instalación de un sistema de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto General Lucio Blanco, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Me refiero a su oficio número SEL/300/3629/08, enviado a esta secretaría con el fin de obtener una respuesta sobre el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 2 de septiembre del año en curso, que a la letra dice:
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares instale en los aeropuertos Quetzalcóatl, de Nuevo Laredo, y General Servando Canales, de Matamoros, ambos del estado de Tamaulipas, sistemas de aterrizaje por instrumentos."
Asimismo, se ha solicitado a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con fundamento en el artículo 30 Reglamento de la Ley de Aeropuertos, que considere dicha inversión, con el fin de mejorar las operaciones en los aeropuertos de Nuevo Laredo y Matamoros, ya que, por su carácter de internacional y posición geográficamente estratégica en el norte del país, los coloca dentro de un rango fundamental para las operaciones aéreas en la frontera con Estados Unidos de América.
En tal virtud, y a fin de contribuir con los acuerdos generados para fortalecer el sistema de transporte del país, esta dirección general a mi cargo mantendrá estrecha comunicación con los involucrados para mejorar las condiciones de operación de los aeropuertos en cuestión.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Piloto Aviador Mauro Rafael Gómez Peralta Damirón
(rúbrica)
Director General de Aeronáutica Civil
México, DF, a 3 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-1868, signado por los diputados César Duarte Jáquez y Margarita Arenas Guzmán, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGDC/037/09, suscrito por el maestro Leopoldo Felipe Rodríguez Gutiérrez, director general de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la atención de las personas zurdas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 21 de enero de 2009.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Presente
En relación a su oficio número SEL/300/3625/08, relativo al punto de acuerdo por el que exhortan a los secretarios de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social a realizar acciones de investigación implantando actividades de atención a las personas zurdas dentro de sus ámbitos de competencia, así como al director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de que dentro de los censos que realiza implante acciones para conocer el número y condiciones de las personas zurdas que hay en el país, le comento lo siguiente:
La reforma integral de la educación básica que viene desarrollando e implantando la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Básica señala que "el reto de atender con calidad educativa a las poblaciones vulnerables parte de un principio irrenunciable de equidad. Debemos aceptar que las necesidades de estas poblaciones son diferentes a las que tienen las poblaciones favorecidas. La equidad en educación no significa igualar los servicios que ofrecen, significa lograr la misma calidad de resultados en poblaciones diferentes".
El sistema educativo nacional promueve que las niñas y los niños reconozcan la pluralidad como una característica de su país y del mundo, y que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como un aspecto cotidiano de la vida. En particular creemos que los alumnos pueden desarrollar todas sus potencialidades en la escuela con la intervención adecuada de los docentes ya que estos deben actuar como agentes fundamentales en el proceso de atención educativa y brindar alternativas de trabajo o apoyos específicos de acuerdo con la diversidad de la población escolar que asiste a los espacios escolares, incluidos los alumnos zurdos.
De acuerdo con lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que desde hace unos años la Subsecretaría de Educación Básica ha venido impulsando políticas educativas encaminadas a generar en todas las escuelas condiciones básicas para la integración educativa de los alumnos que por alguna razón no han podido incorporarse al sistema educativo nacional.
Como respuesta ante esta demanda social, el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa es el responsable de coordinar la operación y funcionamiento de los servicios de educación especial que brindan asesoría y acompañamiento a las escuelas de educación básica para ofrecer una respuesta educativa pertinente y adecuada a los alumnos que lo requieran. Su principal propósito es incidir en la eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos en el sistema educativo nacional.
En este marco de referencia, reconocemos ampliamente la diferencia que prevalece entre los alumnos y al mismo tiempo la necesidad de seguir fortaleciendo a las escuelas con apoyos técnicos, curriculares, materiales y de infraestructura necesarios para posibilitar el desarrollo de sus capacidades y potencialidades.
Derivado de estos principios se ha enfatizado en otorgar a niños, a niñas y a jóvenes que presenten necesidades educativas especiales los apoyos específicos que requieren. Estas necesidades pueden estar asociadas a la presencia de una discapacidad, aptitudes sobresalientes u a otras condiciones, incluido el contexto social, familiar y escolar.
Por otra parte, se reconoce ampliamente la diferencia que se percibe en los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos, los estilos de enseñanza de los profesores, los niveles de competencia curricular, entre otros.
Es por ello que durante el proceso de detección y evaluación de los alumnos el personal docente de educación regular y educación especial pueden conocer a profundidad las características, necesidades, habilidades, fortalezas y dificultades que presentan los alumnos y las alumnas. De ahí la necesidad de evaluar de manera más específica y puntual algunas áreas del desarrollo. La importancia de esta evaluación radica en poder identificar las necesidades educativas especiales que pueden presentar y determinar los apoyos educativos que la escuela deberá implantar para dar respuesta a sus requerimientos específicos.
Finalmente, no omito comentarle que estamos en la mejor disposición de continuar intercambiando ideas relacionadas con este tema, o realizar acciones encaminadas a trabajar a favor de la educación.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Maestro Leopoldo Felipe Rodríguez Gutiérrez
(rúbrica)
Director General
México, DF, a 3 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-2667 signado por los diputados César Duarte Jáquez y María del Carmen Pinete Vargas, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-A- 0043 suscrito por el licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa, jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la crisis económica.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente.
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 19 de enero de 2009.
Licenciado Cuahutémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría
de Gobernación
Presente
Me refiero a su oficio número SEL/300/5404/08 de fecha 12 de diciembre de 2008, dirigido al doctor Agustín Carstens Carsterns, secretario de Hacienda y Crédito Público, relativo al punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual en su artículo único se "exhorta al titular del ejecutivo federal a revisar la política económica, tomando en cuenta el drástico cambio en el entorno internacional, y a incrementar el programa de emergencia con el fin de vigorizar al aparato productivo y de mitigar el impacto de la crisis global en las clases populares en México, condiciones necesarias para retomar el camino del crecimiento y del empleo".
Sobre el particular, le comento que el pasado miércoles 7 de enero de 2009 el gobierno federal anunció el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, cuyos objetivos son proteger la economía de las familias mexicanas, defender el empleo y promover la competitividad de nuestra economía en un entorno de incertidumbre proveniente del exterior. Dicho acuerdo se integra con 25 acciones agrupadas en cinco ejes, entre las cuales destacan:
2) Apoyo a la economía familiar. Se congelan los precios de las gasolinas; se reduce en un diez por ciento, a partir del mes de enero el precio del gas LP manteniéndolo en ese nivel durante el resto del año; y se apoyarán a las familias de escasos recursos para que puedan reducir su gasto en energía eléctrica.
3) Apoyo a la competitividad y a las Pymes, a través de la reducción de las tarifas eléctricas industriales; así mismo se permitirá a un mayor número de empresas que puedan optar por una tarifa de cargos fijos, entre otros.
4) Inversión en infraestructura para la competitividad y para el empleo. Se implantará el Programa de Infraestructura más grande de los últimos tiempos con el fin de impulsar el crecimiento de la economía, aumentar la competitividad del país y generar más empleos para los mexicanos.
5) Promoción del gasto público transparente, para lo cual se evitarán los subejercicios (la meta es que en el primer trimestre de 2009 el gasto público sea 51 por ciento mayor al realizado en 2008), además de publicar todas las reglas de operación de los programas previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Licenciado Juan Manuel Pérez Porrúa (rúbrica)
Jefe de la Unidad de Política de Ingresos
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO APROBADO POR LA COMISIÓN PERMANENTE
México, DF, a 3 de febrero de 2009.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Presentes
En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-2405 signado por los diputados César Duarte Jáquez y Jesús Garibay García, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, original del similar número DEP-0172/09 suscrito por Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los migrantes en proceso de deportación de Estados Unidos de América.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 27 de enero de 2009.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradecemos de antemano su valiosa intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Lo anterior, en respuesta al punto de acuerdo presentado en la sesión del 14 de enero de 2009 y turnado a la Segunda Comisión de Trabajo, relativo al rechazo a la medida del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América de denegar el derecho a un defensor de oficio a los migrantes que se encuentren en proceso de deportación:
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que tome las acciones pertinentes para proteger y mantener informados a los mexicanos radicados en Estados de Unidos de América, sobre las posibles repercusiones de la entrada en vigor de las medidas aplicadas por el Departamento de Justicia.
Atentamente.
Betina C. Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General de Coordinación Política
de la Secretaría de Relaciones Exteriores
México, DF, a 27 de enero de 2009.
Diputado César Duarte Jáquez
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente
Honorable Congreso de la Unión
Presente
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo presentado el 14 de enero de 2009, y turnado a la Segunda Comisión de Trabajo, relativo al rechazo a la medida del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América de denegar el derecho a un defensor de oficio a los migrantes que se encuentren en proceso de deportación:
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que tome las acciones pertinentes para proteger y mantener informados a los mexicanos radicados en los Estados de Unidos de América, sobre las posibles repercusiones de la entrada en vigor de las medidas aplicadas por el Departamento de Justicia.
Sin embargo, la medida en comento sí tiene un efecto negativo para la comunidad mexicana residente en EUA, pues no permite interponer un recurso en contra de la deportación cuando se cometan errores por parte de los abogados privados en perjuicio de sus clientes.
La posibilidad de interponer dicho recurso contra la deportación por errores de los abogados fue un criterio adoptado hace 15 años por el Poder Ejecutivo estadounidense que se produjo gracias a la interpretación de la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que se refiere a la garantía del debido proceso legal. Esta disposición garantiza que cualquier acción por parte del gobierno que afecte a un individuo debe respetar ciertos principios para que sea una acción justa y apegada a derecho; uno de dichos principios es que la persona tiene derecho a una defensa eficaz cuando exista un procedimiento en su contra.
El Departamento de Justicia decidió revocar dicho criterio, basándose en una jurisprudencia reciente de la Corte Suprema en EUA que establece que el derecho a apelar por errores cometidos por abogados sólo es procedente cuando los abogados son proporcionados por el Estado, luego entonces, toda vez que en los procesos de deportación no se proporcionan abogados de oficio, no es posible el recurso de apelación según este nuevo criterio del Departamento de Justicia.
Asimismo, el punto de acuerdo podría exhortar al nuevo gobierno de Estados Unidos de América para que revoque de manera inmediata la medida en comento y se regrese a interpretaciones anteriores que otorgan y garantizan el debido proceso legal en los procedimientos de deportación de nuestros connacionales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.
Atentamente
Betina C. Chávez Soriano (rúbrica)
Directora General de Coordinación Política
de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Chihuahua, Chihuahua, a 15 de diciembre de 2008.
Diputado César Horacio Duarte Jáquez
Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión
Para su conocimiento y efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 295/08 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua, formula ante el honorable Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto, a fin de adicionar un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Diputado Jorge Neaves Chacón (rúbrica)
Presidente del honorable Congreso de Chihuahua
La Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua, reunida en su primer período ordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional
Acuerda
Artículo único. Presentar ante el honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual se propone adicionar un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 10 Bis. Los prestadores de servicios dedicados a las operaciones prendarias tienen la obligación de requerir a los pignorantes, la documentación que acredite la propiedad de los bienes sujetos al contrato de prenda, cuando por cualquier circunstancia puedan dudar del origen de la obtención de dichos bienes. En caso de que los pignorantes no puedan acreditar la propiedad por causa justificada, los prestadores de este servicio deberán levantar un acta detallada con la identificación del pignorante, domicilio, descripción de los bienes, motivo por el cual no es posible acreditar la propiedad de los mismos, así como su soporte fotográfico, a efecto de que la autoridad competente pueda utilizar dichos datos en el cruce de información para el seguimiento dentro de la investigación delictiva.
Asimismo, los consumidores que tengan conocimiento de la ilegal procedencia de algún bien presentado por un tercero para el avalúo o comercio prendario, deberán informarlo a los encargados de los centros de empeño.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, a 15 de diciembre de 2008.
Diputados: Jorge Neaves Chacón, presidente; José
Luis Cisneros Carlos, Irma Patricia Alamillo Calvillo, secretarios, (rúbricas)
Honorable Congreso del Estado
Presente
A la Comisión Segunda de Gobernación le fue turnada para su estudio y dictamen iniciativa con carácter de decreto presentada por el diputado Antonio Andréu Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual presenta al honorable Congreso de la Unión una reforma, mediante la adición de un articulo a la Ley Federal de Protección al Consumidor. El estudio y dictamen fue realizado al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. En sesión ordinaria de la Comisión Permanente del 2 de septiembre de 2008 el diputado citado en el proemio del presente presentó iniciativa que fue turnada el 9 de septiembre del mismo año a la comisión que ahora dictamina.
Dicha iniciativa se sustenta en los siguientes antecedentes:
II. Los mexicanos estamos enfrentando el padecimiento de una acelerada descomposición de los más elementales valores humanos y sus derechos inherentes, circunstancias que nos es fácil percibir gracias al inagotable trabajo que realizan los medios de comunicación.
Ahora bien, esperar que los gobiernos solucionen los problemas que aquejan a la sociedad de manera unilateral no es en la actualidad una opción viable. No podemos negar que es un hecho probado que nuestras corporaciones de seguridad pública y de administración de justicia han sido vulneradas y superadas por el crecimiento inusitado del fenómeno de la delincuencia. Y tenemos que reiterar, y que quede claro, que a la delincuencia y sus consecuencias las consideraremos siempre como un fenómeno transitorio.
Debo destacar que el origen que dio pie a la elaboración de la presente iniciativa es la lucha en contra de la criminalidad, en todas sus facetas, pero particularmente aquella relacionada con el empeño de bienes, bajo la figura jurídica de la prenda, los cuales puedan estar relacionados con algún delito.
Es importante recordar que este tipo de conductas o hechos delictivos tuvo como consecuencia la implementación de estrategias específicas, tal como la firma del convenio de colaboración entre el Nacional Monte de Piedad y la Procuraduría General de Justicia del estado a principios de este mes, donde nació la inquietud de revisar nuestro marco jurídico para dar mayores elementos para consolidar la procuración de justicia.
No olvidemos que este hecho en particular, refiriéndonos al relacionado con el Nacional Monte de Piedad, sólo ha sido detonante para ampliar la propuesta que ahora se presenta, ya que servirá no sólo para prevenir el tráfico de bienes provenientes de un ilícito, sino también incidencias de conductas que pueden derivar en infracciones de mayor magnitud.
En tales condiciones, hemos advertido la posibilidad de realizar una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a efecto de hacer efectiva la garantía dispuesta en las fracciones IV y V, ambas del artículo 1 de la ley en cita; que advierten, dentro de sus principios básicos, la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales individuales o colectivos, mediante acceso a los órganos gubernamentales que promuevan, entre otras, la protección jurídica y económica de los consumidores.
Pues bien, el artículo 10 establece:
Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente por escrito o por vía electrónica, por el consumidor. "
Por otra parte, debemos destacar que es de suma valía la participación de la sociedad en la implementación de este programa permanente de investigación preventiva. Es aquí donde se invierte la función protectora y la imagen paternalista del Estado frente a sus gobernados, para ubicar a los ciudadanos como procuradores de la estabilidad y seguridad de las instituciones públicas.
Por tal motivo, es necesario que a los ciudadanos se les imponga la obligación de dar a conocer, tanto de los encargados de los centros de empeño como de la autoridad competente, por los medios más efectivos que se tenga acceso, la información que les conste y que pueda ser determinante para suponer que bienes presentados para avalúo o comercio prendario pueden o no haber sido obtenidos mediante la comisión de un ilícito.
La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales realiza el estudio de la presente iniciativa en base a las siguientes
Consideraciones
I. Esta comisión es competente para conocer y resolver sobre la presente iniciativa, de conformidad con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
II. Una sociedad es más libre si, y sólo si, se sabe y se siente segura. Pero la seguridad no sólo está vinculada con el objetivo esencial de que una comunidad determinada ejerza sus libertades y derechos, sino especialmente con el hecho de que, sobre esa base, esté en condiciones de trabajar, invertir, convivir, compartir y producir prosperidad, bienestar general y calidad de vida familiar.
Por ello es que la seguridad pública es el más importante detonador de tranquilidad y paz social.
La seguridad pública, sin duda alguna, constituye el reclamo social que más apremia respuestas claras y permanentes. Enfrentar con decisión el reto de alcanzar los niveles de seguridad que los ciudadanos demandan como un derecho humano compartido, exige la estricta aplicación de la ley, la capacidad y honradez de las instituciones y los servidores públicos y la participación de la sociedad, como elementos torales en las decisiones y acciones de gobierno en esta materia.
III. Prevenir significa, en términos sencillos, anticiparse a la consumación de los delitos y a las conductas antisociales.
Por ello es tarea prioritaria de los diversos órdenes de gobierno hacer de la seguridad pública un eje fundamental, dirigido a lograr un nuevo estilo de vida en nuestra sociedad, en donde la prevención surja como conducta colectiva y no como reacción al delito.
Este modelo de seguridad privilegia el uso de la legislación y la actividad gubernamental inclinada a la prevención, por lo que el objetivo es anticiparse a la realización de delitos y evitar que se vuelvan a cometer.
En base a lo anterior, podemos concluir que la seguridad pública indiscutiblemente está identificada como un sector prioritario cuya evolución e integración a los diversos procesos sociales encamina de manera fundamental la construcción de un futuro más próspero.
IV. El logro de este objetivo fundamental es de tal manera prioritario que es muy poco plausible si las autoridades no diseñan y ponen en marcha programas de seguridad fuertemente arraigados en la comunidad, en un marco de participación ciudadana amplio y decidido.
En tal virtud, se pone énfasis en la necesidad de emprender un esfuerzo sin precedente en materia de prevención del delito; por lo que se deben desarrollar políticas y acciones adecuadas que lo permitan.
Se deben combatir las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollar programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto de la legalidad.
Es necesario subrayar que la política de prevención, por su naturaleza, requiere la coordinación de esfuerzos de todos los órdenes de gobierno, para garantizar su eficacia y la de la propia seguridad pública. Y requiere, sobre todo, la colaboración ciudadana responsable para impedir el delito y reducir la impunidad.
V. La Ley Federal de Protección al Consumidor tiene como objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, como lo consagra el articulo 10. Asimismo, dentro del mismo artículo, las fracciones IV y V como principios básicos, la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales individuales o colectivos, mediante acceso a los órganos gubernamentales que promuevan, entre otras, la protección jurídica y económica de los consumidores.
El artículo 10 del ya citado ordenamiento jurídico estipula:
Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor."
VI. La ausencia de esta facultad expresa es lo que orilló a los legisladores a presentar esta iniciativa, con la única finalidad de evitar que los delincuentes que acudan a las instituciones de servicios de prestamos prendarios a depositar, bajo el contrato de prenda, bienes que son productos de la comisión de algunos delitos, postura con la cual los integrantes de esta comisión legislativa, que ahora dictamina, coincidimos plenamente.
En Chihuahua hemos dado pasos adelante, hemos ido a la vanguardia en muchos temas, sobretodo en la reforma penal integral, la cual permite que marquemos un línea entre el antes y después de la justicia penal en el estado; de ahí la importancia de continuar trabajando con una visión de futuro, por lo cual el 6 de agosto del presente año se firmó un convenio de colaboración entre la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Nacional Monte de Piedad, como una iniciativa que regule el ejercicio y la actividad de las casas de empeño en el estado, para establecer los parámetros dentro de los cuales deben actuar las casas de empeño, y un evitar así los excesos y abusos que se cometen en personas que acuden, bajo la necesidad económica, a buscar una solución inmediata a su problema.
Es de suma importancia convocar e involucrar a la sociedad civil para que sea protagonista y artífice de las soluciones integrales, porque el problema de la inseguridad y la criminalidad es un problema de la sociedad, que debe ser parte activa en la prevención del delito. Sólo con la colaboración de la comunidad en general y con las instituciones de la sociedad se podrá avanzar en la lucha contra el crimen, en beneficio de la profesionalización y eficiencia en la investigación de diversos delitos.
Por lo expuesto anteriormente, la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, con fundamento en los dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política de Chihuahua, y los artículos 100 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someten a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen con carácter de
Iniciativa de Decreto
Artículo único. Se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 10 Bis. Los prestadores de servicios dedicados a las operaciones prendarias, tienen la obligación de requerir a los pignorantes la documentación que acredite la propiedad de los bienes sujetos al contrato de prenda, cuando por cualquier circunstancia puedan dudar del origen de la obtención de dichos bienes. En caso de que los pignorantes no puedan acreditar la propiedad por causa justificada, los prestadores de este servicio deberán levantar un acta detallada con la identificación del pignorante, domicilio, descripción de los bienes, motivo por el cual no es posible acreditar la propiedad de los mismos, así como su soporte fotográfico, a efecto de que la autoridad competente pueda utilizar dichos datos en el cruce de información para el seguimiento dentro de la investigación delictiva.
Asimismo, los consumidores que tengan conocimiento respecto a la ilegal procedencia de algún bien presentado por un tercero para el avalúo o comercio prendario, deberán informarlo a los encargados de los centros de empeño.
Transitorio
Primero. La presente reforma entrará en vigor a partir de los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El titular del Ejecutivo federal, por conducto de la Procuraduría Federal del Consumidor, implementará una campaña de difusión y concientización ciudadana durante los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma.
Económico. Aprobado que sea, túrnese a la secretaría para los efectos legales que correspondan.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, a 10 de diciembre de 2008.
Por la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales
Diputados: Fernando Álvarez Monge (rúbrica),
presidente; Héctor Arcelus Pérez (rúbrica), secretario;
Arturo Zubía Fernández (rúbrica), vocal.