El pasado 2008 fue un año del que mucho se esperó, hablando deportivamente, no sólo por la realización a nivel internacional de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en Beijín, China y de la expectación creada por nuestros representantes nacionales en dicha justa.
Además de la actuación de quienes nos representaron competitivamente, también de quienes administran y dirigen nuestro deporte nacional, se esperaba más.
Al finalizar dichas eventos, diversas fueron las voces que se expresaron a favor o en contra de los resultados alcanzados por nuestros atletas, hay quienes lanzaron campanas al vuelo señalando que fue una de las mejores actuaciones de nuestro país al haber conquistado sólo 2 preseas áureas y una de bronce en los olímpicos, además de 10 de oro, 3 de plata y 7 de bronce en los Paralímpicos.
Valdría la pena cuestionarnos si ¿Son éstas, las verdaderas expectativas deportivas de nuestro país? ¿Fue poco o mucho el dinero que se invirtió? ¿Fue correcto el uso de los recursos que se asignaron? ¿Además de la inversión para Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en que más se gasto el presupuesto asignado?
Lo anterior en referencia a los resultados obtenidos por las delegaciones mexicanas que nos representaron en Beijín, para los cuales se otorgó a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte un monto extra a ejercer en 2008.
El criticado desempeño de nuestros atletas participantes en dichos eventos y las constantes declaraciones por parte de ellos, así como las diferentes quejas y denuncias presentadas sobre la falta de apoyo económico para su preparación, pusieron en duda y a luz pública la mala aplicación de los recursos destinados al deporte nacional.
Con la finalidad de esclarecer estos hechos se solicitó formalmente la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; no obstante creemos conveniente que formal y legalmente se haga un estudio detallado del fin y destino de los recursos otorgados al deporte nacional en el Presupuesto de Egresos de la Federación durante 2008.
Es por ello y conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, nos permitimos solicitar a la Auditoría Superior de la Federación se realice auditoria sobre los recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Confederación Deportiva Mexicana y el Comité Olímpico Mexicano el año pasado.
Por otra parte, pero en el mismo tema, para este 2009, año no olímpico pero si de procesos electorales federales, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se le ha asignado un presupuesto de 3 mil 546 millones de pesos, es decir, se ha destinado un incremento superior aproximado a los 2 mil millones de pesos.
Unido a lo anterior, es de resaltar que en el rubro destinado al desarrollo de infraestructura en municipios el monto a ejercer en el presente año será de 640.5 millones de pesos; asimismo en cuanto a los recursos que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte destinará solo al estado de Jalisco en virtud de los Juegos Panamericanos del 2111, aunque en diferentes rubros, la suma es por un total de 1 mil 650 millones de pesos.
No obstante y que durante la presentación de la estrategia nacional en materia de cultura física y deporte, se habló de la creación de un sistema nacional de evaluación y rendición de cuentas del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; paralelamente convendría solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, que lleve a cabo las acciones necesarias con la única finalidad de supervisar y transparentar el correcto manejo de los recursos asignados, para el presente ejercicio fiscal, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Independientemente de lo anterior y en un año en el que políticamente lo más conveniente para el justo y buen desempeño de los procesos electorales, deberá ser precisamente el uso adecuado y transparente de los recursos públicos; por lo que el establecimiento de mecanismos de participación de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, en su calidad de integrantes del Ejecutivo federal, den certeza a la ciudadanía de que los fondos públicos se utilicen exclusivamente en los planes y programas formalmente establecidos, garantizando así el correcto uso y destino de los recursos federales.
Lo anterior dará certeza a la población nacional y nos permitirá certificar que dichos recursos públicos, sean materiales o humanos, no se utilicen para apoyar campañas de candidatos o partidos políticos durante los próximos procesos electorales federales, estatales y municipales, durante su organización, soporte o ejecución.
Dentro de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados se encuentran dos tareas fundamentales que se están relacionadas entre si. En primera instancia se encuentra la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se plasman las erogaciones que hará el Estado mexicano y en particular, por el caso que nos ocupa, la administración pública del país.
Los recursos públicos que son establecidos en el decreto de Presupuesto, se destinan a las diversas áreas y tareas que tienen encomendadas las dependencias o entidades de la administración. Para consolidar esta labor legislativa la propia Constitución le otorga a la Cámara de Diputados la facultad denominada revisión de la Cuenta Pública, la que tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
En la revisión de la Cuenta Pública, la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación tiene amplias facultades para verificar tanto las cantidades erogadas como la exactitud y justificación del presupuesto ejercido, por lo que todas las autoridades involucradas están en la obligación de suministrar los datos y la información requerida, aun tratándose de organismos descentralizados, como es el caso de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Si bien es cierto, que el ejercicio fiscal de 2009 está en marcha, y que su revisión vendrá con posterioridad de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales; también lo es, que la histórica cantidad otorgada a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, más de 3 mil 500 millones de pesos, hace necesario una vigilancia estricta de los recursos, sobre todo, considerando que nos encontramos en un año electoral, donde la equidad y la transparencia en los programas y acciones de gobierno, no deben poner en duda o bajo sospecha las contiendas electorales.
Por tal motivo, se hace necesario que la Comisión Legislativa de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, se encargue desde este momento de llevar a cabo un monitoreo pormenorizado de los gastos que se realicen con el presupuesto público asignado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. No se debe de perder de vista, que una de las facultades inherentes a todo Congreso es precisamente el control de las acciones del gobierno, a fin de cumplir cabalmente con los pesos y contrapesos entre los poderes públicos.
Es por lo anterior y con la finalidad de coadyuvar en el ejercicio correcto de los recursos públicos, así como en el crecimiento y desarrollo de la actividad física y deportiva de nuestro país, que sometemos a consideración de ésta honorable asamblea dicte el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados solicite a la Auditoría Superior de la Federación, realizar auditoria sobre los recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Confederación Deportiva Mexicana y el Comité Olímpico Mexicano, durante el ejercicio fiscal de 2008.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la honorable Cámara de Diputados, a que lleve a cabo las acciones necesarias con el fin de supervisar y transparentar el manejo de los recursos asignados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para el ejercicio fiscal de 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2009.
Senador Javier Orozco Gómez, diputado Manuel Portilla
Diéguez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LOS TITULARES DE LA SCT, DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO,
Y DEL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS A LLEVAR A CABO
LAS GESTIONES DE DONACIÓN SOBRE LOS INMUEBLES QUE OCUPAN DIVERSAS
ESTACIONES DE YUCATÁN, A CARGO DEL DIPUTADO FIDEL ANTUÑA
BATISTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Fidel Antuña Batista, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su carácter de coordinadora del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y a este último a que lleven a cabo las gestiones de donación de los inmuebles que ocupan las estaciones de ferrocarril Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul, Maxcanú, Valladolid, Tekantó y Tizimín Nuevo; así como las Bases Tixkokob, Quintana Roo y el anden Cacalchén, en favor de los ayuntamientos Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul Maxcanú, Valladolid, Tekantó, Tizimín, Tixkokob, Quintana Roo y Cacalchén, respectivamente, con base en las siguientes
Consideraciones
Los ferrocarriles en México han significado un medio de transporte con tecnología compleja, de apoyo y base del comercio de los sectores agrícola, manufacturero, y otros, así como generador de la libre competencia al interior y exterior de la región. Con este medio de transporte se coadyuvó a innovar formas de organización laboral y social, derivándose un nuevo territorio urbano que ha originado mayores recursos y posibilidades de desarrollo social, económico y cultural, tendente al mejoramiento de la calidad de vida de ser social.
El sistema de transporte de ferrocarriles fue la coyuntura entre lo conservador y la modernidad que dio identidad a México, manifestándose esto en las estaciones de ferrocarril, donde se observa la convergencia cultural y artística entre pasado y presente en cuanto sus formas, estilos y dimensiones.
Igualmente fue la funcionalidad de los ferrocarriles pues basada en su entorno social y económico, representó su más grande importancia toda vez que siendo pequeñas o grandes infraestructuras propiciaron con su arquitectura e instalaciones doquiera el lugar en que fueron ubicadas, la conformación de sus principales funciones: ser un sistema impulsor de la industrialización, intercomunicación y ampliación de los mercados regionales, de una manera segura y confiable, ofreciendo viajes regulares entre regiones contiguas, transportación de productos y amplia seguridad en el inmueble, así como costos bajos y moderados. Además las estaciones ferroviarias representaron edificios que comprendían desde plataformas modestas y austeras, hasta amplias explanadas con andenes, patios, bodegas y talleres, que ofrecieron una vasta gama de servicios: reloj con hora exacta, fondas, salas de espera de primera y segunda clases, oficinas bien organizadas (directivas, técnicas y operativas, entre ellas de telégrafo y correo, entre otros), así como recursos humanos, materiales y de obra pública para un correcto sistema de señalamiento acústico y visual.
Esto accedió a que las relaciones sociales y laborales que se establecieron en las estaciones de ferrocarril transformaran el comportamiento e identidad de la sociedad. Ejemplo de ello se encuentra la entidad federativa de Yucatán, cuya industria henequenera como principal actividad económica, llegó a utilizar al ferrocarril por más de 50 años como medio de distribución, favoreciendo la intercomunicación de las haciendas, transporte de su producción así como el desarrollo del puerto Progreso que constituye la salida más importante de la península al extranjero y al interior de México, siendo el enclave económico más importante de la península en términos de aportación al producto nacional y del tamaño de su aparato productivo y distributivo; sin embargo ante la exigüidad de algunas actividades como la minera, se proveyó un escenario de desinterés entre empresarios extranjeros para invertir en el establecimiento de los ferrocarriles, lo que accedió a modernizar los sistemas de transporte y comunicación.
En este tenor y derivado de otras causales, escenario similar se expandió en todo el territorio nacional, por lo que el gobierno federal para los años 70 y 80 decidió reestructurar el sistema ferroviario con la participación de la inversión privada, ya que eran insuficientes los recursos públicos con los que contaba para su conservación, así como cubrir las demandas de la población por un servicio más eficiente, de menor costo y tiempo de entrega. Lo anterior conllevó a fusionar los sistemas ferroviarios existentes dando origen a la instauración de un nuevo ente público descentralizado llamado Ferrocarriles Nacionales de México; este organismo ante el desarrollo y sofisticación de nuevos medios de comunicación y transporte cursó por una notable disminución de funciones y servicios, menguando los recursos para su sostenimiento, dando por resultado su extinción y liquidación en los años 90.
El escenario anterior aunado a las condiciones económicas y sociales del país, propiciaron que los inmuebles destinados a las estaciones de ferrocarril, hoy en día se encuentren en constante amenaza por el deterioro natural, desmantelamientos, venta o administración inadecuada de sus infraestructuras, saqueos, suspensión de servicios, asentamientos humanos y comerciales irregulares, entre otros; por lo que considerando que las estaciones de ferrocarril conforman un elemento enriquecedor del patrimonio histórico y cultural, de identidad y simbolismo de México, así como posibles impulsoras de una economía alterna, se hace necesario que éstas puedan ser readaptadas, ampliadas o renovadas con el fin de dar a sus localidades un objeto funcional, operativo de progreso económico, cultural y social.
Luego entonces, considerando que:
2. La línea de ferrocarril Mérida-Tizimín de Yucatán, en la cual se encuentran las estaciones ferroviarias de Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul, Tizimín y Tizimín Nuevo, representó una importante vía hacia del desarrollo de las localidades, tanto mercantil como social dada su ubicación geográfica; así como impulsor de ensanches suburbanos cuyo crecimiento económico y social floreció con sus ramales orientados a los ayuntamientos Maxcanú, Valladolid, Tekantó, Tixkokob, Quintana Roo y Cacalchén.
Por tanto, reconocer que estos inmuebles forman parte de la innovación, reactivación y consolidación de una economía local y nacional globalizada, además de ser un patrimonio, hace necesario disponerlas a sus respectivos ayuntamientos, municipios o gobiernos estatales con la finalidad de optimizar su custodia, vigilancia, aprovechamiento social, administración y cuidado.
Ahora bien, de conformidad con el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
…
VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la república, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.
…"
I. …
…
IV. Llevará a cabo la regularización y tramitará la desincorporación de los activos remanentes, inclusive las casas habitación que han estado en posesión legítima de jubilados y pensionados de la empresa o sus sucesores para que, en su caso, se realice la donación correspondiente a entidades federativas, municipios, pensionados y jubilados, instituciones públicas o privadas y asociaciones que no persigan fines de lucro, a fin de que sean utilizados para beneficio social, incluida la de asentamientos humanos con la intervención de las autoridades competentes, o bien, se proceda a su reversión al gobierno federal, o a su enajenación, sujetándose a lo previsto por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Asentamientos Humanos.
…;
I. …
…
X. Donación a favor de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, o de sus respectivas entidades paraestatales, a fin de que utilicen los inmuebles en servicios públicos locales, fines educativos o de asistencia social; para obtener fondos a efecto de aplicarlos en el financiamiento, amortización o construcción de obras públicas, o para promover acciones de interés general o de beneficio colectivo;
Por lo que éstas serán objeto de ser fiscalizados por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 29 de la Ley General de Bienes Nacionales.
I. …
…
XV. Vigilar el uso y aprovechamiento de los inmuebles donados por la federación y, en caso procedente, ejercer el derecho de reversión sobre los bienes donados;
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de coordinadora del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y a este último lleven a cabo las gestiones de donación de los inmuebles que ocupan las estaciones de ferrocarril Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul, Maxcanú, Valladolid, Tekantó y Tizimín Nuevo; así como las bases Tixkokob, Quintana Roo y el anden Cacalchén, en favor de los ayuntamientos Tunkás, Dzitás, Espita, Calotmul Maxcanú, Valladolid, Tekantó, Tizimín, Tixkokob, Quintana Roo y Cacalchén, todos ellos de Yucatán.
Segundo. Comuníquese el presente punto de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al organismo descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, para su resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 28 de enero de 2009.
Diputado Fidel Antuña Batista (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
AL EJECUTIVO FEDERAL QUE EJERZA TANTO LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS EN EL
PROCAMPO Y EN EL PROGAN COMO LOS DESTINADOS AL SUBSIDIO DEL DIESEL AGROPECUARIO
Y MARINO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CÉSAR
DUARTE JÁQUEZ Y JOSÉ RUBÉN ESCAJEDA JIMÉNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La crisis financiera global que actualmente estamos padeciendo, aunada a la problemática de la escasez de alimentos básicos que se presentó desde el año 2008, así como el incremento en el precio de algunos energéticos, hacen necesario implementar mecanismos de compensación que permitan disminuir los efectos negativos que se presentan en México, los cuales se resienten de manera más significativa en los sectores sociales que menos tienen.
Con el objetivo de subsanar dicha dificultad, es imperativo que el gobierno federal diseñe y aplique medidas que coadyuven a superar la crisis que enfrentamos, para ello es fundamental que se proporcionen apoyos en cuantía suficiente hacia sectores de la economía que generan un alto impacto en el aparato productivo nacional, como es el caso del sector primario.
Las medidas que se apliquen deben tener como principal objetivo lograr la reactivación del mercado interno, ya que ello permitirá que la oferta y la demanda puedan lograr un nuevo punto de equilibrio en el que los costos de producción se ubiquen por debajo del precio de los productos.
En este sentido es importante señalar que el sector agropecuario nacional desempeña un papel determinante en el proceso de recuperación económica, ya que no sólo es proveedor de alimentos, sino además es generador de insumos que son utilizados en la industria.
En este momento en que la crisis se agudiza de manera importante es prioritario procurar un uso más eficiente de los recursos, asimismo, es fundamental contar con un adecuado manejo de los programas a cargo del gobierno federal, vigilando y certificando que la distribución de los apoyos se realice de manera objetiva y transparente, ya que es la única forma en que podemos erradicar la pobreza y con ello contribuir a detener el acelerado desmantelamiento del campo mexicano.
En lo que respecta al sector primario, contamos con programas públicos que proporcionan apoyos económicos a los agricultores, el ejemplo más representativo de ello es el Procampo.
Cabe mencionar que dicho programa cuenta con un padrón cercano a los 3 millones de beneficiarios, en términos de cantidad de tierra cultivable, asimismo, cuenta con un registro de más de 14 millones de hectáreas, de las cuales el 27 por ciento del total se ubican en el norte del país.
Pese a los beneficios que trae consigo este programa, debemos reconocer que no es suficiente para solventar los efectos de la crisis, sin embargo, si su ejecución es adecuada, puede ser un paliativo importante ante las diversas problemáticas que sufren muchos de quienes trabajan la tierra. En razón de ello, solicitamos que la implementación del mismo se realice de manera eficiente, y que dadas las circunstancias económico-financieras que enfrenta el campo mexicano, se realice una adecuación al calendario de aplicación de los recursos, permitiendo que los más de mil 821 millones de pesos que se aprobaron para el presente año, se ejerzan de manera inmediata.
El panorama de corto plazo que enfrenta el campo mexicano es adverso, por lo que se requiere de acciones inmediatas que reactiven a dicho sector, lo cual sólo es posible hacerlo mediante la inyección de recursos en cuantía suficiente y en un periodo de tiempo que no vaya más allá del mes de marzo de 2009, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que la crisis interna se agudice y que las consecuencias que pueda traer consigo repercutan en los millones de familias que tienen en la actividad agrícola su medio de subsistencia.
Otro de los planes estratégicos en el apoyo al sector primario es el Programa Ganadero (Progan), el cual tiene como principal objetivo apoyar a los productores del país, quienes requieren de recursos inmediatos que les permitan solventar sus gastos de producción. Es importante señalar, que la Cámara de Diputados aprobó en este rubro un presupuesto de 4 mil 200 millones de pesos.
Derivado de lo anterior, es preciso destacar que un elemento fundamental en el desarrollo del campo, es la capacidad de generación de empleo en el sector agrícola, considerando que tiene la cualidad de producir empleos directos e indirectos, siendo el autoempleo el principal detonante de las actividades que se desarrollan en el campo. La posibilidad de contar con un empleo en el sector primario permite a los campesinos contar con una mayor certidumbre en sus ingresos, reflejándose de manera inmediata en una mejoría sustancial en la calidad de vida de las familias dependientes de esta actividad.
Asimismo, no debemos dejar al margen la utilización de insumos energéticos que permiten la realización de las actividades en el agro mexicano, como es el caso del diesel, el cual ha presentado incrementos importantes en su precio, complicando el desarrollo del sector e incrementando los costos operativos del mismo, por lo que resulta imperativo contar con un mecanismo que permita bajar el precio de dicho combustible, ya que de no hacerla se corre el riesgo de caer en una escala inflacionaria debido a que el incremento en el costo de producción será trasladado al precio final del producto, el cual es pagado por el consumidor final.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a través del titular de la Secretaría de Agricultura, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación
2. De igual forma, a aplicar el monto asignado al programa especial concurrente en el rubro de competitividad y los apoyos al diesel agropecuario y marino en el mismo periodo de tiempo mencionado en el punto anterior, en aras de fomentar la producción del sector agrícola mexicano.
Diputados: José Rubén Escajeda Jiménez,
César Duarte Jáquez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INCREMENTAR LOS
RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA EL FONDO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE
DESASTRES Y A DESTINARLOS URGENTEMENTE A PREVENIR DAÑOS A LA POBLACIÓN
QUE HABITA EN LOCALIDADES DE ALTO RIESGO, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Gerardo Villanueva Albarrán, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta asamblea la presente proposición con
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a incrementar los recursos destinados a la prevención de desastres.
La mañana del 22 de enero pasado, dos personas fallecieron como consecuencia del desgajamiento de un cerro en la colonia Palmitas, en la delegación Iztapalapa.
El 13 de octubre pasado, señalamos que era fundamental asignar recursos federales para mitigar riesgos en el Distrito Federal.
Por eso respaldamos la propuesta que presentó el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, para que la Cámara de Diputados asignara 3 mil 94 millones de pesos para trabajos constructivos encaminados a mitigar riesgos y evitar el colapso de inmuebles dañados.
Dichos recursos estarían destinados a la rehabilitación o reconstrucción total de 14 mil 639 viviendas con daño estructural, hidrometereológico o geológico detectadas por la Secretaría de Protección Civil, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, las delegaciones y el Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
Específicamente, se solicitaron 2 mil 474 millones de pesos para 8 mil 391 viviendas con daño estructural concentradas en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez; 369 millones de pesos para 2 mil 648 viviendas con daño hidrometeorológico que afecta fundamentalmente a las delegaciones Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Cuajimalpa, y 251 millones de pesos para 3 mil 600 viviendas con daño geológico concentrado en viviendas de Iztapalapa y Tláhuac.
Sin embargo, este requerimiento no fue atendido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Lejos de ello, dispuso –y la Cámara de Diputados así lo aprobó– la ridícula suma de 300 millones de pesos para el Fondo Nacional de Prevención de Desastres (Fopreden). Es decir, apenas el 0.01 por ciento del Presupuesto federal, que asciende a más de 3 billones de pesos.
La Ley General de Protección Civil dispone que es obligación del Sistema Nacional de Protección Civil, coordinado por la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, garantizar "la prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno ante situaciones de desastre".
No estamos cumpliendo con la prevención y el gobierno federal se encuentra absolutamente pasivo en este aspecto. Por eso, independientemente de las obligaciones que el propio gobierno de la ciudad tiene en materia de protección civil, creemos que el riesgo de que más gente perezca, justifica la asignación de mayores recursos federales.
Además, el Gobierno del Distrito Federal ha mostrado preocupación creando una secretaría dedicada a esta función, determinando hasta los inmuebles específicos en alto riesgo y los trabajos que requieren, y destinando este año 400 millones de pesos –100 más que lo que el gobierno federal está destinando a todo el país– orientados hacia la atención de vivienda en riesgo, construcción de muros de contención, relleno de minas y taludes, y la adquisición de equipo de rescate y emergencias.
En total, el Gobierno del Distrito Federal tiene presupuestados este año mil 53 millones 417 mil 986 pesos a la protección civil, es decir, el 0.1 por ciento del total del presupuesto de la ciudad, que asciende a 122 mil 628 millones 589 mil 139 pesos.
Por lo anterior, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación a incrementar los recursos presupuestados al Fondo Nacional de Prevención de Desastres y destinarlos urgentemente a prevenir daños a la población que habita localidades con alto riesgo.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2009.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE SE SOLIDARIZA CON LOS PERIODISTAS ANA LILIA
PÉREZ Y MIGUEL BADILLO, Y SE MANIFIESTA POR EL RESPETO IRRESTRICTO
DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DEL
DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y se manifiesta por el respeto irrestricto a la libertad de expresión; además exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que resuelva la queja presentada relacionada con los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, respecto al acoso del que son objeto en el ejercicio de su profesión, y a la Procuraduría General de la República para que integre debidamente la averiguación previa correspondiente por la denuncia de las amenazas que han recibido dichos periodistas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Parte fundamental de los elementos de un estado de derecho es el respeto a los derechos humanos. En nuestro país todo individuo tiene tuteladas una serie de garantías y libertades contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse más que en los casos que la misma constitución establece.
Las características generales del estado de derecho han sido el imperio de la ley, la ley como expresión de la voluntad general; la separación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; la legalidad del gobierno, su regulación por la ley y el control judicial, y el respeto a los derechos y libertades fundamentales, garantía jurídico-formal.
En una sociedad democrática, los ciudadanos deben tener a su alcance los canales de expresión de sus coincidencias y sus diferencias, que les permitan la discusión aceptando su sometimiento a la ley y a las instituciones que ellos mismos han avalado. Son esas mismas instituciones las que deben garantizar el respeto de sus libertades.
Una de las más representativas libertades de los sistemas democráticos es precisamente el derecho del individuo a exponer sus pensamientos y opiniones por medio de la palabra, por escrito o cualquier otro medio de reproducción sin autorizaciones previas o censura de la autoridad, y sin más limitación que la que la ley establece. Esos límites son los derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así como el respeto al orden público.
Lo anterior viene al caso porque recientemente hemos visto con profunda preocupación que una de las manifestaciones de esta libertad, la libertad de expresión, tutelada en el artículo 7o. de la Constitución, se ha visto vulnerada en la persona de dos periodistas Miguel Badillo, director y Ana Lilia Pérez, reportera, ambos de la revista Contralínea.
¿Cuál es el delito que han cometido para verse perseguidos y acosados? Ninguno. El verdadero motivo parecer ser un mal entendido sentimiento de revancha y, por qué no decirlo con todas sus letras, parece ser un acto de autoritarismo que con el uso faccioso de las instituciones vulnera el estado de derecho para castigar a quien, en ejercicio de un derecho, informó a sus lectores en febrero de 2008 que Juan Camilo Mouriño Terrazo, como funcionario público realizaba negocios privados, beneficiando a compañías de su familia.
Miguel Badillo hace unos días fue detenido por unas horas como consecuencia de las denuncias que ha realizado en su trabajo. La periodista Ana Lilia Pérez, por su parte, investigó y divulgó asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel. Hoy se encuentra oculta, como medida de seguridad ante las amenazas de muerte que ha recibido y para evitar su detención, derivada de una denuncia por daño moral interpuesto por empresarios gaseros, por una orden de aprehensión que un juez de Guadalajara giró en su contra, por un supuesto desacato de un requerimiento judicial del cual nunca tuvo conocimiento.
La revista publicó que Jesús Alfonso Zaragoza López, socio mayoritario y presidente del Consejo de Administración del poderoso consorcio Zeta Gas, integrado por 80 empresas, había comentado que en el sexenio de Fox "el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, lo recibió en sus oficinas para ayudarle en sus negocios y a cambio, él lo apoyó económicamente para su campaña a la Presidencia de la República".
La periodista realizó una serie de revelaciones que incomodaron al empresario Jesús Alfonso Zaragoza López, pese a existir grabación de ellas. Así, la reportera señaló que dicho empresario le reveló:
Cómo el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, le ayudó a instalar su planta de gas de Manzanillo, la cual le renta a Pemex Gas para almacenar el gas que luego le vende a él mismo, y a su vez él distribuye a millones de consumidores.
Cómo soborna alcaldes y autoridades locales y federales para que le permitan instalar sus plantas de gas en zonas prohibidas, aun en contra de las protestas ciudadanas, como lo hizo en el pueblo de Campos, según documentó entre los pobladores.
Los mismos reporteros han denunciado públicamente una serie de irregularidades en el juicio:
El empresario no aportó una sola prueba que sostuviera sus acusaciones.
Los reporteros aportaron, además de las grabaciones, cientos de documentos que respaldaban las investigaciones periodísticas publicadas, incluidos los que el denunciante les proporcionó, algunos de ellos emitidos por Calderón Hinojosa.
Durante el juicio solicitaron los testimonios de los funcionarios que, según dijo Zaragoza, le han facilitado sus negocios: Felipe Calderón Hinojosa y algunos directivos de Pemex; sin embargo, los jueces se abstuvieron de citarlos.
Al denunciante se le permitió entrar al juzgado con guardaespaldas armados, y a Ana Lilia Pérez no se le permitió declarar; el juez la declaró confesa.
Durante el juicio los abogados del empresario amenazaron a Miguel Badillo y a Ana Lilia Pérez de que los desaparecerían y que acabarían con la revista Contralínea.
En Convergencia nos resulta sorprendente y aberrante que una profesionista en comunicación viva esa terrible realidad por el sólo hecho de realizar su trabajo. Desde febrero de 2008 el acoso de los contratistas de Pemex en su contra se recrudeció, cuando investigó y publicó en Contralínea los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño en su dualidad de funcionario público y empresario privado y cuando le entregó los contratos a Andrés Manuel López Obrador, se desataron las amenazas directas de funcionarios públicos.
Desde entonces ha recibido llamadas telefónicas amenazándola de muerte. Su domicilio está constantemente vigilado, ha padecido seguimientos y ha sido fotografiada.
Todo lo anterior, fue debidamente denunciado desde 2008 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Fiscalía Especializadas en Delitos en Contra Periodistas, de la Procuraduría General de la República. Hasta la fecha no ha habido respuesta.
Compañeros legisladores
¿Hasta cuándo vamos a permitir que la sola expresión de nuestras ideas y el ejercicio de una profesión de paso al acoso y las amenazas?
¿Por qué debemos tolerar que el cumplimiento de un deber periodístico, que permitió investigar, descubrir y divulgar actos de corrupción en Pemex, en los que se encuentran involucrados empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel, orille a sus autores a vivir en la zozobra y, peor aun, a una periodista la obligue a vivir escondida, temiendo por su seguridad?
¿Vamos a permitir que nuestro estado de derecho se siga desquebrajando por actos del poder que vulneran las garantías individuales de los gobernados?
¿La persecución es el costo que se tiene que pagar por investigar y publicar los negocios en Pemex de empresarios vinculados al extinto Juan Camilo Mouriño y con quien hoy ostenta el cargo de titular del Ejecutivo Federal?
¿Qué tipo de justicia existe en nuestro país que resuelve que no se tiene derecho a publicar las entrevistas que concedió un empresario, entre otras razones, porque los hechos narrados tuvieron lugar en lugares distintos, la frontera norte, y la reportera radica en el Distrito Federal?
Ana Lilia Pérez es contundente cuando afirma "No maté, no robé, no violente ley alguna. Mi única arma es la palabra, y con ella, hice lo único que sé hacer, periodismo, honrosa profesión de la que me sostengo con un salario ganado decorosamente, sin pretensiones de enriquecimiento, como me han ofrecido los empresarios y funcionarios a quienes he investigado".
Por tales motivos, consideramos extremadamente grave que se presenten este tipo de hechos, pues lo que está de por medio es la defensa de la libertad de expresión y del derecho ciudadano de estar informado.
En efecto, la sociedad mexicana tiene derecho a saber lo que ocurre en Pemex, empresa propiedad de todos los mexicanos. Desde hace algunos años hemos visto recrudecida esta persecución contra los editores y reporteros que, en el caso que se comenta, en el plano judicial contempla siete demandas, seis de ellas involucran a Miguel Badillo y en una a Jorge Meléndez Preciado, integrante del grupo María Cristina.
Convergencia se suma al apoyo que medios de comunicación y organizaciones han manifestado a los periodistas Miguel Badillo y a Ana Lilia Pérez y valoramos el férreo compromiso de Miguel Badillo con su profesión cuando expresa "no vamos a abandonar nuestras investigaciones periodísticas, vamos a continuar tope donde tope". Tal señalamiento merece del apoyo de todos los que vemos en la libertad el mayor de los derechos y el mejor de los caudales del pensamiento.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, y se manifiesta por el respeto irrestricto a la libertad de expresión, tutelada en el artículo 7o. Constitucional.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que resuelva la queja presentada respecto a los periodistas Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, relativa al acoso del que son objeto en el ejercicio de su profesión.
Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República para que integre debidamente la averiguación previa correspondiente por la denuncia existente por las amenazas que han recibido dichos periodistas.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 28 de enero de 2009
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS A DEROGAR DE LOS RESPECTIVOS CÓDIGOS
PENALES LAS AGRAVANTES Y LAS ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD DE LOS HOMICIDIOS
Y DE LAS LESIONES CAUSADOS POR LA INFIDELIDAD CONYUGAL, A CARGO DE LA DIPUTADA
BLANCA LUNA BECERRIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Blanca Luna Becerril, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, fracción I, y 127 del la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 171 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presento ante el Pleno de esta honorable Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 2003, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en conjunto con diversos actores del gobierno, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, elaboraron el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, en el que se señalaron los principales obstáculos estructurales que impedían lograr una plena vigencia de los derechos humanos en el país.
El diagnóstico analizó las situaciones particulares de ciertos grupos y sectores de la sociedad, incluyendo un capítulo sobre los derechos humanos de las mujeres, el cual fue actualizado en 2006.
En este capítulo, además de identificarse los problemas y las causas estructurales de la violencia y discriminación que viven las mujeres mexicanas en diferentes ámbitos, se reconoció la urgente necesidad de reformas legislativas y acciones administrativas para mejorar la situación de los derechos humanos de las mujeres en México, formulándose para ello una serie de recomendaciones y propuestas.
En este sentido, el diagnóstico y la actualización del capítulo sobre los derechos humanos de las mujeres recomendaron la "derogación de las agravantes, atenuantes o eximentes que responden a consideraciones morales y protegen el honor, así como las disposiciones que perdonan o sancionan con penas más bajas ciertas conductas que se consideran irrefrenables por ser propias de la naturaleza humana1".1
A pesar de las recomendaciones, en la actualidad, en algunas entidades federativas todavía se encuentran en los códigos penales respectivos los llamados "homicidios por infidelidad conyugal", mismos que son señalados en el derecho internacional como homicidios en razón de honor. "En 14 legislaciones estatales estos delitos son considerados con una penalidad inferior a la que generalmente tiene el homicidio, la cual va de 8 a 20 años de prisión en los códigos estatales. Es decir, la legislación en algunos estados castiga al homicidio por infidelidad conyugal con una pena menor a la que corresponde a la privación de la vida de otro -sin más-, lo cual no es congruente con las recomendaciones en la materia".2
Cuadro.* Homicidio por infidelidad conyugal (razón de honor).
Al que sorprendiendo a su cónyuge (algunos códigos mencionan a la concubina) en un acto carnal o próximo a su consumación mate.
Baja California
De 3 a 8 años
Baja California Sur De 4 a 10
años
Campeche
De 3 días a 3 años
Chiapas
De 2 a 8 años
Chihuahua
De 2 a 5 años / de 10 a 30 años
Durango
De 6 meses a 10 años
Jalisco
De 8 a 12 años
Michoacán
De 3 días a 5 años
Nayarit
De 3 a 6 años
Quintana Roo
De 2 a 8 años
San Luis Potosí
De 4 a 10 años
Tamaulipas
De 3 días a 3 años
Yucatán
De 2 a 5 años
Zacatecas
De 3 a 6 años
Esta situación se repite para el tipo penal de lesiones por infidelidad conyugal. "El estado de emoción violenta", se argumenta, al igual que en el homicidio, para considerar las circunstancias que llevan a una persona a cometer un delito, por lo que la sanción al mismo debe atender a tales circunstancias. Así, en atención a las motivaciones que llevan al agresor a un estado de emoción violenta, la penalidad estipulada por este delito en los diferentes códigos penales se ve reducida al compararlas con la correspondiente a lesiones.3 En la actualidad, ocho códigos penales locales consideran las lesiones por infidelidad conyugal, con penalidad menores.
Cuadro.* Lesiones por infidelidad conyugal (razón de honor)
Al que en un estado de emoción violenta, por la sorpresa de encontrar a su cónyuge en el acto adulterino o en uno próximo a su consumación, prive de la vida o lesione a uno o ambos.
Baja California
Se reduce hasta la mitad del mínimo y el máximo.
Baja California
Sur Se reduce hasta la mitad
Campeche
De 3 días a 3 años
Chiapas
Hasta dos terceras partes de la sanción
Jalisco
Se aplican cinco sextos del mínimo y máximo
Michoacán
De 3 días a 5 años
San Luis Potosí
Se reduce hasta la mitad del mínimo y el máximo
Tamaulipas
De 3 días a 3 años
I. Existe riña, cuando se presenta una contienda de obra, una agresión física entre dos o más personas con el propósito de causarse daño recíprocamente.
II. Existe imputabilidad disminuida por emoción violenta, cuando el sujeto activo sorprenda a su cónyuge, concubina o concubinario, o al corruptor de su ascendiente, descendiente o hermanos que estén bajo su potestad o custodia en el acto sexual o en uno próximo a su consumación, siempre que el sujeto activo no haya tolerado o contribuido a la realización de tales actos.
III. Existe imputabilidad disminuida por emoción violenta, cuando en virtud de las circunstancias que desencadenaron el delito, se atenúa en forma considerable y transitoria la imputabilidad del agente.
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a las legislaturas locales a derogar en sus códigos penales las agravantes y atenuantes de responsabilidad en los homicidios y lesiones causados por infidelidad conyugal, por considerarse discriminatorios de conformidad con las recomendaciones en materia de derechos humanos de las mujeres.
Notas
1. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. Diagnóstico sobre la situación
de los derechos humanos en México, capítulo 5: derechos
humanos de las mujeres, México 2003, pp. 146.
2. Patricia Olamendi Torres. Delitos contra las mujeres.
Análisis de clasificación mexicana de delitos. Unifem, México
2007, pp. 24.
3. Ibídem, pp. 27.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 28 días del mes de enero de 2009.
Diputada Blanca Luna Becerril (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE SALUDA LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE
DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, BARAK OBAMA, DE ORDENAR EL CIERRE
DE LA PRISIÓN DE GUANTÁNAMO, A CARGO DEL SENADOR LUIS ALBERTO
VILLARREAL GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Luis Alberto Villarreal García, senador de la República por el estado de Guanajuato, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honoroble Congreso de la Unión saluda la decisión del presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, de ordenar el cierre de la prisión de Guantanamo, Cuba, así como otras prisiones clandestinas que mantenía la Agencia Central de Inteligencia de dicho país fuera de su jurisdicción. Dichos actos refrendan el compromiso del presidente Obama con el respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional.
Punto Resolutivo
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, saluda la decisión del presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, de ordenar el cierre de la prisión de Guantánamo, Cuba, así como otras prisiones clandestinas que mantenía la Agencia Central de Inteligencia de ese país fuera de su jurisdicción. Dichos actos refrendan el compromiso del presidente Obama con el respeto a los derechos humanos y el derecho humanitario internacional.
Dado en el salón de plenos de la honorable Comisión Permanente, a 28 de enero de 2009.
Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
SOLICITAR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA QUE PROPICIE UNA REUNIÓN DE LAS COMISIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEFENSA NACIONAL, ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE,
RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE CON SUS HOMÓLOGAS
DEL SENADO ESTADOUNIDENSE A EFECTO DE IMPULSAR UNA ESTRATEGIA BILATERAL
Y MECANISMOS LEGALES PARA EL COMBATE DEL TRÁFICO DE ARMAS, SUSCRITA
POR LOS SENADORES RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA Y FERNANDO CASTRO
TRENTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, Ramiro Hernández García y Fernando Castro Trento, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las armas que se decomisan en México provienen en su gran mayoría de Estados Unidos, donde las leyes permiten la compra y la venta de armamento de cualquier tipo.
Un reporte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense (citado en la revista Nexos) señala que 2 mil armas atraviesan cada día los puestos fronterizos del norte del país, lo que genera un mercado de unos 30 mil millones de dólares al año.
De acuerdo con la misma cita, en los primeros 2 años del gobierno de Felipe Calderón, 1 millón 460 mil armas habrían ingresado clandestinamente en territorio nacional. En entrevista para el periódico El País, el procurador Eduardo Medina Mora (23 de noviembre de 2008) declaró que, en el mismo lapso, sólo 27 mil de esas armas habrían sido aseguradas por las autoridades.
La misma Embajada de Estados Unidos en México, a través de un comunicado, ha manifestado su preocupación por el tráfico de armas que ha contribuido a la violencia en México. Al respecto, ha reiterado el compromiso de Washington de trabajar con el gobierno de México para combatir este ilícito.
Incluso, representantes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del Departamento de Justicia del gobierno estadounidense se han reunido con funcionarios mexicanos a fin de buscar reducir el flujo de armas que ingresan en México provenientes de Estados Unidos.
La misma Procuraduría General de la República cuenta con informes claros de que la mayoría de las armas decomisadas al crimen organizado ingresa en México por la frontera norte. Reconoce que las aduanas no constituyen un filtro seguro para detener el tráfico indiscriminado de toda clase de armamento, lo que manifiesta el alto grado de corrupción, impunidad y complicidad de las autoridades que administran las fronteras, y que son una amenaza para la seguridad de los mexicanos.
En la línea fronteriza con Estados Unidos hay 12 mil 706 tiendas donde las armas pueden ser compradas de manera legal: armerías, supermercados, tiendas deportivas y de empeño.
Colindamos con el mayor mercado de armas del mundo. Si a esto se suma una frontera de 3 mil 152 kilómetros en la que sólo hay 19 puntos de paso formales, puede entenderse por qué el tráfico de pertrechos es, junto con el de drogas y de personas, nuestro problema mayor.
El problema no es que se vendan armas sino que sin mayor control se expende armamento de grueso calibre.
Aunque desde 1995 el gobierno mexicano estableció el grupo CG-Armas, un mecanismo de intercambio de información que incluye a la PGR y a seis secretarías de Estado (Relaciones Exteriores, Sedena, Semar, Hacienda, Gobernación y Seguridad Pública federal), el tráfico es imparable.
Se han firmado acuerdos con las autoridades estadounidenses, consistentes en el rastreo de las armas confiscadas, a fin de determinar su origen, ruta y destino final. Asimismo, los dos gobiernos se comprometieron a dar seguimiento, ya que coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información para mejorar las técnicas de identificación, detección e intercepción de todo tipo de armamento. Todo ello, sin resultados concretos.
Las armas más decomisadas son la AK47, que puede adquirirse en la frontera en 600 dólares, y la AR-15, cuyo precio ronda mil dólares. En los aseguramientos, sin embargo, aparecen con frecuencia lanzacohetes y fusiles Barrett. Estos últimos son imposibles de adquirir por menos de 8 mil dólares.
Hay también un convenio suscrito por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens, y el encargado de la seguridad nacional de Estados Unidos, Michael Chertoff, donde ambos gobiernos pusieron en marcha un programa de coordinación aduanera que busca combatir con mayor eficiencia el contrabando de mercancía y el tráfico ilegal de armas.
El gobierno de México, en el marco de las buenas relaciones bilaterales, requiere un compromiso de Estados Unidos para el intercambio de información sobre el registro de vendedores y de compradores de armas. El tráfico de armas es un factor que permite la operación de la delincuencia organizada, particularmente del narcotráfico en el país, pero para Estados Unidos representa una ventana abierta para el terrorismo.
En varias ocasiones, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores han solicitado a sus contrapartes estadounidenses incrementar las medidas de vigilancia para prevenir el comercio negro de armamento. Esto, sin buenos resultados.
De igual manera, en la última reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, realizada en Austin, Texas, se abordó el tráfico de armas, junto con el fenómeno de la inmigración y el narcotráfico, temas fundamentales en la relación bilateral.
El Senado de la República debe contribuir a diseñar una estrategia bilateral para el combate del tráfico ilegal de armas. Se requieren mecanismos de la diplomacia parlamentaria. De ahí nuestra propuesta para que la Junta de Coordinación Política propicie un encuentro entre las Comisiones de Seguridad Pública y su homóloga del Senado de Estados Unidos. Todo ello, en un marco de igualdad y corresponsabilidad.
El tema se ha convertido en un asunto de seguridad nacional para ambos países, toda vez que entre el equipo asegurado hay armas de alta tecnología, con poder de destrucción, con capacidad de fuego y de nueva generación. De ahí la importancia de que el Senado de la República tome cartas en el asunto y en el marco de sus competencias legales.
Es preciso señalar la pertinencia de analizar los retos comunes mediante la celebración de una reunión de dichas comisiones parlamentarias. Resulta indispensable la búsqueda de soluciones de problemas compartidos que incluya la participación plural de ambos Congresos y compartir los retos comunes sobre el tráfico de armas en la región.
Por lo expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Para que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República propicie una reunión de trabajo de las Comisiones de Seguridad Pública y Defensa Nacional, Asuntos Fronterizos Norte y Relaciones Exteriores, América del Norte, con sus homólogas del Senado de Estados Unidos, a fin de impulsar una estrategia bilateral y mecanismos legales para el combate del tráfico de armas.
Segundo. A través de los canales institucionales establecidos por la diplomacia parlamentaria, se haga del conocimiento del Senado de Estados Unidos el contenido de este punto de acuerdo.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2009.
Senadores: Ramiro Hernández García
(rúbrica), Fernando Jorge Castro Trenti.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A PROPONER AL GOBIERNO
DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA UNA MESA DE NEGOCIACIONES RELATIVAS
A LOS TEMAS MIGRATORIO Y DE SEGURIDAD FRONTERIZA, A CARGO DEL SENADOR RUBÉN
FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, EN NOMBRE PROPIO Y DEL SENADOR
JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y del senador José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 67, numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente, con carácter de urgente, la siguiente: Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a proponer al gobierno de los Estados Unidos de América, una mesa de negociaciones con relación a los temas migratorio y de seguridad fronteriza.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal –a través de la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza Castellano– a iniciar las gestiones necesarias para establecer con el gobierno de los Estados Unidos de América, una mesa bilateral de diálogo, negociaciones y acuerdos, con relación a los retos comunes en materia de migración y seguridad fronteriza.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2009.
Senadores: Rubén Fernando Velázquez
López (rúbrica), José Luis García Zalvidea.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTE A LA FISCALÍA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS A INVESTIGAR
LOS AGRAVIOS INFLIGIDOS EL 16 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO AL PERIODISTA
MIGUEL AGUSTÍN BADILLO CRUZ, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELÍAS
CÁRDENAS MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita que se exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, de conformidad con el acuerdo A/031/06 del procurador general de la República publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2006, se sirva investigar y perseguir el delito o delitos cometidos en agravio del periodista Miguel Agustín Badillo Cruz, también conocido como Miguel Badillo Cruz el viernes 16 de enero de 2009, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos textualmente dice en su artículo 6o. que "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que se ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado".
Esta garantía se violentó flagrantemente, cuando el periodista Miguel Agustín Badillo Cruz también conocido como Miguel Badillo Cruz, director de las revistas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna, negocios y finanzas, quien también es autor de la columna Oficio de papel, fue bajado de su automóvil y detenido por los ocupantes de dos patrullas de la Policía Bancaria e Industrial, (una de ellas identificada con el número económico A14-08), en las inmediaciones de su domicilio, sito al sur de la Ciudad de México.
2. Los ocupantes de dichas patrullas le informaron al periodista que la orden de aprehensión se derivaba del expediente 749/2008, radicado en el juzgado 38 Civil del Distrito Federal. Con posterioridad el abogado defensor de nombre Horacio Gómez Mendieta se percató que en dicho juzgado no obraba el expediente y tampoco existía ninguna orden de aprehensión o detención. La orden había sido emitida en el juzgado 49 de lo Civil, expediente 1528/2008 en cumplimiento de un exhorto del juzgado Décimo Tercero de lo Civil del primer partido judicial con residencia en Guadalajara, Jalisco.
El expediente se inició en contra de la revista Contralínea, conjuntamente con los periodistas Miguel Agustín Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza y un tercero de nombre Abraham Rodríguez Ortega, promovido por Multigas, SA de CV, que es una de las 80 empresas, propiedad del Grupo Zeta Gas.
El señor Badillo Cruz, cuando las dos patrullas se enfilaban hacia Cuernavaca, Morelos, con llamadas telefónicas hechas en su celular, les desvió el itinerario y mucho después fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, conocido como el Torito, con domicilio en la avenida Aquiles Serdán s/n, esquina con Lago Gascasónica, colonia Huichapan, delegación Miguel Hidalgo y a pesar de que había sido detenido a las 9:30 horas fue ingresado a las 12:30 horas del día de los hechos.
A mayor abundamiento, Badillo Cruz ni Pérez Mendoza fueron notificados para que comparecieran ante ningún juzgado del ramo civil de Guadalajara o del Distrito Federal. Lo anterior abona el hecho de que la privación de la libertad fue ilegal y agravada por la intervención de las patrullas de la Policía Bancaria e Industrial.
3. Badillo Cruz recobró su libertad, vía amparo, interpuesto en el juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil a las 20:00 horas del día de los hechos.
Por todo lo anterior presento ante esta honorable asamblea las siguientes
Consideraciones
1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea 217 (iii) del 10 de diciembre de 1948 de las Naciones Unidas, considera que, el menosprecio de los derechos humanos, origina actos de barbarie que ultrajan la conciencia humana, pues la aspiración más elevada del hombre es el advenimiento de un mundo en que los seres humanos disfruten de la libertad de palabra.
Agrega (artículo 18) que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia; de opinión y de expresión; a investigar y recibir informaciones; a difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión (artículo 20). Es decisiva la declaración cuando establece que las personas, en el ejercicio de sus derechos, y disfrute de sus libertades solamente estarán sujetas a las limitaciones establecidas por la ley para satisfacer los derechos y libertades de los demás (artículo 29).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, también reconoce que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones (artículo 19). Tendrá la persona libertad de expresión que comprende buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin fronteras ya sea en forma oral, por escrito, de manera impresa o artística. Sólo tendrá por límite la ley.
Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo IV, dice que "toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio".
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, artículo 13, numeral 3, va más allá, al prohibir que se restringa por medios indirectos el derecho de expresión, tales como el abuso en los controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o aparatos que se usen en la difusión de informaciones o por cualesquiera otros medios que se encaminen a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Por último, el acuerdo A/031/06 en su segundo considerando, dice que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte.
Pero es más específica cuando en su acuerdo segundo, textualmente dice que "la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.
Como observamos tanto las declaraciones como los tratados internacionales de los que México forma parte y el acuerdo al que nos venimos refiriendo, en el caso que nos ocupa, es letra muerta, ya que Miguel Agustín Badillo Cruz , también conocido Miguel Badillo Cruz , no solamente no le notificaron el supuesto medio de apremio, sino que fue detenido arbitrariamente por las patrullas de la Policía Bancaria e Industrial , por lo que a la multicitada fiscalía, le corresponde investigar y castigar a la o las personas que delinquieron en agravio del periodista.
En mérito de los expuesto y con fundamento en los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta, con las consideraciones necesarias, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de conformidad con el acuerdo A/031/06 del procurador general de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2006, se sirva investigar y perseguir el delito o delitos que se cometieron en agravio del periodista Miguel Agustín Badillo Cruz, también conocido como Miguel Badillo Cruz, el viernes 16 de enero de 2009.
Se solicita también del Pleno de la honorable Comisión Permanente que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite por obvias razones, de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2009.
Diputado Elías Cárdenas Márquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL SUBSECRETARIO DEL SISTEMA
PENITENCIARIO FEDERAL Y AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL A LLEVAR A CABO LAS GESTIONES CONDUCENTES A REFORMAR EL REGLAMENTO
DE LA COLONIA PENAL FEDERAL ISLAS MARÍAS, A CARGO DEL DIPUTADO FIDEL
ANTUÑA BATISTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Fidel Antuña Batista, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lleven a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, las gestiones necesarias para reformar el reglamento de la colonia penal federal Islas Marías, así como el convenio de colaboración para otorgar los servicios de salud a los internos, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Como antecedentes en materia penitenciaria, tenemos que los centros de reclusión operados por el gobierno federal mexicano iniciaron con la instauración de la colonia penal federal Islas Marías en 1905, cuyo objeto fue remediar la sobrepoblación de la cárcel de San Juan de Ulúa y llevar a cabo la primera clasificación e internamiento de presos.
Durante muchos años este establecimiento de reclusión sirvió para contener presos calificados de alta peligrosidad para la sociedad mexicana, lo anterior asociado a su ubicación geográfica, accedió a conceptualizarlo como un lugar de aislamiento donde como muchos otros centros penitenciarios, estaba relacionado al sufrimiento y constante violación de los derechos humanos de los reclusos. Esto dio lugar a que el gobierno federal señalara en la Constitución de 1917 lineamientos más claros para la operación del sistema penitenciario, ordenando la completa separación entre procesados y condenados.
Tal situación coadyuvó a reorganizar el funcionamiento de la colonia penal federal de Islas Marías, con la expedición de su reglamento interior el 10 de marzo de 1920; asimismo, por las condiciones de este penal en aquella época, el continuo incremento de su población interna, y a fin de atender sus características jurídicas y comunitarias, el 30 de diciembre de 1939 se expide el Estatuto de las Islas Marías, donde se estableció que este penal operaría bajo la supervisión y vigilancia de la federación, tal como señalan los artículos 1 y 2 de dicho ordenamiento.
En este tenor, y con la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 23 de febrero de 1965, el gobierno federal inició una reorganización del trabajo en los reclusorios, diversificando funciones en materia de readaptación social, teniendo entre sus principales vertientes la ejecución de sanciones de reos sentenciados, el tratamiento de menores y el gobierno de la colonia penal federal de Islas Marías.
No obstante, a fin de observar lo establecido en el artículo 18 constitucional, en diciembre de 1970, con la aprobación de la iniciativa de Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, promovida por el Poder Ejecutivo (basada en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos), se advirtió como premisa el respeto a las garantías individuales a que los internos tienen derecho, y se procedió a regular el tratamiento de readaptación social del interno, en base al trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.
En este sentido, la colonia penal federal cambia su condición para albergar, brindar atención y un tratamiento de readaptación social, a aquellos internos que resultaban ser de baja peligrosidad y criminalidad. Esto permitió que el gobierno federal impulsara tres líneas de operación dentro de la procuración de la seguridad pública:
2. La readaptación de adultos delincuentes y menores infractores.
3. La reincorporación social de los presos.
A razón de lo expuesto, y debido a la sofisticación de la delincuencia y del crimen organizado, en los noventa el gobierno federal estableció metas sustantivas en materia de prevención y readaptación social que coadyuvaron a constituir un moderno Sistema Nacional Penitenciario que accedió a reformar el Reglamento de la Colonia Penal Federal de Islas Marías el 17 de septiembre de 1991, el cual atendía la organización, funciones, administración y gobierno de ese establecimiento, de acuerdo a las características delictivas, jurídicas, físicas y psicológicas de la población interna que albergaba en ese entonces. Se fortaleció con la entrada en vigor de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados en 1992. De ahí que hasta el presente siglo el penal es considerado un sitio que ofrece, por su estructura y condiciones socio-ambientales, oportunidades objetivas para la readaptación social del interno.
Segunda. El 27 de noviembre de 2000, se publicó el decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de reserva de la biosfera, el archipiélago conocido como Islas Marías, en virtud de que este territorio representa un relicto de la biota del trópico seco mexicano que ha permanecido aislado del continente por más de ocho millones de años, y que actualmente funciona como un rico reservorio de especies de fauna silvestre endémicas a México. En este instrumento se establece, en sus artículos sexto y séptimo, que no se autorizarán nuevos centros de urbanización ni de población en dicho archipiélago, a excepción de los considerados por programas y proyectos de la colonia penal federal, y en su caso se ubicaran en la Isla María Madre, lugar donde se encuentra este penal federal, previa su viabilidad en respeto y apego a los lineamientos de conservación de la biosfera.
Ante tal situación, el gobierno federal evaluó la posibilidad de desaparecer la colonia penal federal de Islas Marías procediendo a trasladar internos a sus centros de reclusión de origen, a algunos les fue otorgado el beneficio de libertad anticipada y minoritariamente algunos extinguieron su pena privativa de libertad, situación que puede corroborarse con la disminución de su población, que llegó a situarse en el 2004 en un 65 por ciento (649 internos).
No obstante, derivado de un estudio integral de las condiciones de la colonia penal federal en relación con el impacto que ésta tiene respecto a la demanda de servicios innovadores en materia de prevención del delito y de readaptación social; lo dispuesto en los artículos decimosegundo y decimotercero del decreto señalado, tocante a la zonificación de áreas en este territorio; y, hacer frente al alto índice demográfico de la población interna a nivel nacional, todo ello favorecido con la decisión del gobierno federal de integrar en un solo órgano de gobierno (hoy Secretaría de Seguridad Pública) las funciones que en materia de seguridad pública se tenían asignadas a una gran cantidad de instituciones, transfiriéndose así la responsabilidad penitenciaria de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública; en el año 2004 se da a conocer la decisión de "retomar el proyecto de colonia penal federal", con lo que se inician trabajos de dignificación de áreas y recepción de los nuevos internos.
Tercera. Como se ha podido observar, dadas las profundas transformaciones del país y en particular en materia penitenciaria, el gobierno federal ha implementado acciones para responder al fenómeno de la delincuencia y el crimen organizado, fortaleciendo y consolidando un sistema penitenciario que responda a la demanda de una seguridad pública nacional. A pesar de ello, y por la complejidad e interdependencia de los factores que inciden en este fenómeno y su diversificación, se ha hecho necesario estudiar el tema con un enfoque pluridisciplinario para salvaguardar un estado de derecho donde se observe el respeto absoluto de los derechos humanos y la dignidad de toda persona, por lo que se han llevado a cabo reformas en su normatividad, infraestructura y estructura orgánica. Como ejemplo tenemos el reciente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, celebrado el 25 de agosto de 2008, en el que se reconoció la necesidad de que los tres poderes de la unión, en los tres órdenes de gobierno, debían participar conjunta y coordinadamente en una estrategia nacional en materia de seguridad pública, a efecto de advertir políticas integrales de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis legislativo, entre otros.
Es así que, ante el análisis del marco jurídico de la colonia penal federal de Islas Marías, se advierte que su reglamentación se encuentra exigua, toda vez que ante la modernización normativa del sistema penitenciario se ha observado:
b. Que de conformidad con los artículos 1, 3, fracción III, y 36, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, siendo esta dependencia la encargada de preservar la libertad, el orden y la paz públicos, tiene entre sus diversas responsabilidades desarrollar la política de seguridad pública y administrar el sistema penitenciario federal, contando para tales efectos con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
c. Que conforme al artículo 13, fracciones I, II y III del mismo ordenamiento, le corresponde a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal proponer políticas, estrategias y programas que garanticen el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario; supervisar y evaluar la operación del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; y verificar el cumplimiento de los programas de readaptación social de sentenciados, de acuerdo a la ley de la materia y a los ordenamientos correspondientes.
d. Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 5, fracción II, y 6 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, este órgano desconcentrado cuenta con la Coordinación General de Centros Federales como unidad administrativa para la organización y funcionamiento de los penales federales.
e. Que concordante con el diverso 8, fracciones II y IX, del reglamento antes citado, el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, deberá someter a la consideración del secretario de Seguridad Pública la expedición, modificación o actualización de los reglamentos que sean necesarios para el ejercicio de las atribuciones inherentes a este órgano desconcentrado.
f. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 10, fracción II, 12, fracciones II, III, X y XXIII del mismo reglamento, la Coordinación General de Centros Federales estará en facultad para proponer a su inmediato superior la celebración de contratos y convenios relativos al ejercicio de sus funciones.
g. Que con fundamento en el artículo 17, inciso B, fracciones I, III, VI, VII, XI, XIII y XVIII de dicho reglamento, el titular de la colonia penal federal, en el ámbito de su competencia, deberá, entre otras facultades, establecer lineamientos a las actividades de la colonia penal para propiciar un aprovechamiento racional de los recursos naturales; identificar los casos en que sea necesaria la celebración de convenios con los gobiernos estatales, dependencias e instituciones públicas y privadas, para mantener el orden y la seguridad, la prestación de servicios y el desarrollo de la comunidad; y, vigilar el respeto absoluto a las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de los internos.
h. Que de acuerdo con los artículos 3, fracción XV, y 6, fracción V, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se señala que el sistema penitenciario está conformado por el conjunto de los centros y colonia federales, cambiando la denominación de la colonia penal federal de Islas Marías por colonia penal federal "Islas Marías".
i. Que conforme al artículo quinto transitorio de este último ordenamiento, se establece que en la colonia penal federal de Islas Marías se continuará aplicando sus propios ordenamientos.
II. Observar un enfoque innovador de la organización laboral y productiva, en respuesta a la categoría de área natural protegida que ocupa ese centro penitenciario, reorientado a la conformación de una comunidad productiva, autosuficiente, que permita dar cumplimiento al mandato constitucional en materia de readaptación social, enfocado a la educación, capacitación y conservación de la ecología.
En este tenor, atendiendo los principios de respeto a las garantías individuales de los internos dictados en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14, 25.1 y 74.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 1 y 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y con el fin de observar las disposiciones contenidas en los artículos 4, 6, 8, fracciones I, II, XIV y XX; 10, fracciones I y IX; 12, fracciones I, III y X; 17, inciso B, fracciones I, VI y XVIII del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se hace ineludible actualizar el convenio de colaboración que la colonia penal federal "Islas Marías" tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Lo anterior en virtud de que el entorno de este centro penitenciario refiere una población varonil y femenil, desde niños hasta adultos mayores; que las características de la población interna han cambiado física y fisiológicamente, distinguiéndose entre los principales rasgos la edad, oscilante en su mayoría de entre 31 y 40 años, seguida por los 41 a 50 años, periodos donde hay mayor incidencia en enfermedades agudas (gripas, salmonellas, infecciones cutáneas, etcétera), crónico-degenerativas (hipertensión arterial sistémica, insuficiencia venosa profunda, diabetes mellitus, cardiopatías, epilepsias, asma, artritis reumatoide y diferentes tipos de cáncer, entre otras) e inclusive infectocontagiosas (sífilis, tuberculosis, procesos neumónicos, neisseria meningitidis (altamente peligrosa y mortal en los menores de edad)), las cuales requieren de atención especializada e inclusive de intervención quirúrgica y que en consecuencia hacen de este entorno un medio sensible en materia de salud.
Quinta. Que para efecto de que el manejo clínico–médico de los internos sea el más adecuado, a fin de resguardar su integridad física y mental y coadyuvar a que respondan favorablemente al tratamiento técnico instaurado para desarrollar sus capacidades biopsicosociales y que por las condiciones geográficas, climatológicas, de infraestructura sanitaria y de salud (edificio de salud facultado hasta un cierto segundo nivel de atención médica), en casos extraordinarios se ha hecho necesario implementar acciones médicas y de custodia emergentes para trasladar al interno a centros penitenciarios estatales con el objeto de recibir atención oportuna en instituciones de salud de segundo nivel.
Y que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 5 y 9 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, se establece que se respetarán las garantías individuales de los internos teniendo acceso a los servicios de salud, según corresponda; y que acorde a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Colonia Penal Federal de Islas Marías, es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la autoridad responsable de la prestación de los servicios de salud y del desarrollo de la comunidad.
Es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública y el IMSS, en el ámbito de competencia, realicen accidentes tendientes a complementar y/o fortalecer la infraestructura técnica, tecnológica, operativa y profesional que permita dotar de los servicios de salud a la población interna, en un segundo nivel suficiente, acorde a las características y condiciones espaciales de la colonia penal.
Sexta. Se entenderá por primer y segundo nivel de atención médica lo señalado en los numerales 4.1.20 y 4.1.21 de la norma oficial mexicana NOM-173-SSA1-1992.
Séptima. Que en 1973, bajo el concepto de solidaridad social, el IMSS empezó a organizar, establecer y otorgar atención médica, farmacéutica y hospitalaria a la población marginada rural, suburbana y urbana; cuyo financiamiento estaba a cargo de la federación. Que en 1979, el gobierno federal decidió ampliar la prestación de servicios de salud a campesinos marginados, firmando un convenio entre la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) lo que condujo al IMSS a establecer y operar un plan de solidaridad social por cooperación comunitaria denominado Programa IMSS-Coplamar, en el cual los costos de inversión y de operación correspondieron al gobierno federal, a Coplamar la obtención de los recursos y al IMSS la administración y contabilización de los fondos, así como el otorgamiento de los servicios de salud; lo que significó un cambio histórico en la descentralización de los servicios de salud; de tal forma que la hoy Secretaría de Salud se convirtió básicamente en un actor vigilante de la normatividad, supervisor y evaluador del IMSS. Esto dio oportunidad a que dicho instituto de salud se hiciera cargo de la total responsabilidad del programa IMSS-Coplamar, por lo que el gobierno federal decidió integrar a la colonia penal federal "Islas Marías" a los beneficios de este programa, pues reconoció en ella a una población marginal, dadas sus características jurídicas, socioeconómicas y de localización geográfica.
Octava. Que el programa IMSS-Coplamar, a partir de 1990 cambia su denominación por IMSS-Solidaridad como consecuencia de la gran importancia de sus recursos y cobertura en servicios de salud a todo el territorio nacional. Pero derivado de las acciones implementadas en 1997 por la federación, relativas a la creación del Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) cuyo objeto fue afrontar importantes rezagos del medio rural en materia de salud, educación y principalmente desnutrición, con el objeto de mejorar la economía e integridad familiar, asintió el cambio de denominación por Programa IMSS-Oportunidades.
Novena. Que los pasados 1 y 2 de septiembre de 2008, la licenciada Carolina Gómez Vinales, titular de la Unidad IMSS-Oportunidades en Sinaloa, jurisdicción a la que compete dicho programa en las Islas Marías, realizó una gira de trabajo para evaluar los servicios del hospital rural de Islas Marías, de la cual resultó llevar a cabo la construcción del Centro de Atención Rural al Adolescente y el Módulo de Salud Ginecológica, con el fin de impulsar el desarrollo saludable de la juventud que habita en Islas Marías, y combatir enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer de mama y cérvico-uterino en la población femenina.
Décima. Que por la complejidad que representa el factor salud en una persona privada de su libertad (por sus antecedentes de vida delictiva) y que las actuales condiciones de accesibilidad a los servicios de salud en un territorio apartado del continente son insuficientes a pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, es evidente adecuar un instrumento de colaboración que permita ofrecer a los internos de Islas Marías los servicios de salud de manera integral, preventiva, curativa, de rehabilitación y de vigilancia epidemiológica; impulsar el desarrollo técnico y humano del personal para garantizar la cobertura, calidad, efectividad y eficiencia de la prestación de esos servicios; además de promover la acción comunitaria (actividades de desarrollo social y urbano contemplada en el Programa IMSS- Oportunidades) bajo una cultura de respeto al medio ambiente y confidencialidad conforme a lo establecido en los artículos 13, 14, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 45 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y numerales 5.6 y 5.11 de la norma oficial mexicana NOM-168-SSA1-1998.
Situación que alude a las autoridades competentes de la seguridad pública y del Instituto Mexicano del Seguro Social para coordinar acciones tendientes a renovar el convenio de colaboración para formalizar la prestación de servicios de salud de la población interna de la colonia penal federal "Islas Marías", conforme a los avances profesionales, técnicos, tecnológicos y operativos que se enmarcan en un segundo nivel de atención médica y en el Programa IMSS-Oportunidades.
Decimoprimera. Ante los argumentos expuestos, es imperioso consolidar un sistema penitenciario federal eficiente y homogéneo en su normatividad, que acceda a conjuntar acciones orientadas a uniformar los criterios reglamentarios de la colonia penal federal "Islas Marías" que garanticen en todo momento la seguridad e integridad física y mental de los internos, fortalecer las metas y objetivos de la readaptación social de éstos y disponer de un instrumento actual en materias de salud y de desarrollo social de esta comunidad.
Por lo anterior, me permito someter a la consideración del alto cuerpo colegiado de esta Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que lleven a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, las gestiones necesarias para reformar el Reglamento de la Colonia Penal Federal "Islas Marías"; así como, a realizar las gestiones normativas necesarias para mejorar y dar prontitud a la ampliación de la cobertura de los servicios de salud y desarrollo social que se otorgan a la población interna de ese penal federal, de acuerdo a los avances profesionales, técnicos, operativos y tecnológicos que se enmarcan en el Programa IMSS-Oportunidades; y, en su caso, se fortalezcan las acciones de coordinación necesarias para lograrlo.
Segundo. Comuníquese el presente punto de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para su resolución.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 28 de enero de 2009.
Diputado Fidel Antuña Batista (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A PRIVILEGIAR A EMPRESAS NACIONALES EN EL DESTINO
DE LOS RECURSOS DESIGNADOS A LAS ACCIONES DEL ACUERDO NACIONAL EN FAVOR
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR Y EL EMPLEO, A CARGO DEL SENADOR ROGELIO
HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal a privilegiar a empresas nacionales como destino de los recursos para inversión en infraestructura del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo.
Consideraciones
Las circunstancias económicas por las que atraviesa el mundo hacen necesario que, en el marco de libre competencia y mercado, cada país vele por sus intereses nacionales. Desde hace varios años diversos países, tanto desarrollados como en desarrollo, han implementado programas que claramente protegen y velan por el bienestar socioeconómico de sus ciudadanos y de sus empresas nacionales.
Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, existen diversas políticas públicas y normatividades que favorecen a empresas locales. Según la corte suprema de aquel país, dichas políticas son permisibles en una amplia gama de situaciones, como por ejemplo, cuando el Estado actúa como participante (no como regulador) en el mercado (en el caso de compras por parte del gobierno). Este tipo de políticas existen en cada nivel de gobierno y en muchos municipios y entidades federativas de nuestro vecino del norte. A nivel federal, estas políticas preferenciales se materializan en la Ley de Compre Americano de 1933 (Buy American Act) la cual establece que el gobierno federal y sus dependencias den preferencia a los bienes domésticos en las compras que realiza el gobierno. El objetivo de dicha ley es proteger el empleo y crear fuentes de trabajo para sus ciudadanos, ya que establece una preferencia a favor de proveedores estadounidenses de 6 a 12 por ciento en el diferencial de precios frente a ofertas extranjeras. Actualmente, por lo menos 35 entidades federativas de Estados Unidos han adoptado en sus programas de compra versiones similares a esta ley federal. La Ley de Compre Americano incluso se aplica en programas de construcción de autopistas con ayuda federal.
En nuestro país, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público explícitamente reconoce la necesidad de proteger y fomentar las empresas nacionales. Dicho ordenamiento permite licitaciones exclusivas para empresas nacionales (artículo 28) y da facultad a la Secretaría de Economía para dictar "las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas" (artículo 8). Asimismo, con objeto de fomentar el desarrollo y la participación de las empresas nacionales, en los casos que se da libertad para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, la ley establece que las dependencias y entidades deben adjudicar a empresas nacionales cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las adquisiciones (artículo 42).
En diversas ocasiones el presidente Felipe Calderón ha reconocido como uno de los principales objetivos de su administración el apoyo a las empresas nacionales. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera el apoyo a la pequeña y mediana empresa nacional por medio del mercado de compras de gobierno como una prioridad nacional. Adicionalmente, en julio de 2007 el Ejecutivo federal instrumentó el Programa Cadenas Productivas, el cual pretende fortalecer la participación de empresas mexicanas en las adquisiciones del sector público.
El pasado 7 de enero de 2009, el presidente de la República presentó el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, el cual se compone de cinco pilares que incluyen 25 acciones firmadas por el Ejecutivo federal, los gobernadores del país, representantes de este Poder Legislativo y las organizaciones sociales, empresariales y obreras del país, además de estar testificado por el Banco de México, el Instituto Federal Electoral y los partidos políticos nacionales.
El objetivo de dicho acuerdo es superar los efectos negativos de la crisis económica mundial en nuestro país por medio del apoyo al empleo, a la economía familiar y a las pequeñas y medianas empresas, así como incrementar la inversión en infraestructura y transparentar y hacer más eficiente el gasto público.
A fin de enfrentar el fenómeno de recesión y las pérdidas de empleo que enfrenta nuestra economía nacional, el acuerdo destaca el apoyo a la economía familiar congelando los precios de las gasolinas y del gas LP, y aumentando los apoyos crediticios para adquirir vivienda popular. Del mismo modo, se plantea proteger el empleo por medio del Programa de Empleo Temporal, ampliando la cobertura del Seguro Social para Trabajadores Desempleados y fortaleciendo el Servicio Nacional de Empleo. Adicionalmente, propone apoyar a la industria y a las pequeñas y medianas empresas por medio de acciones como la reducción a las tarifas eléctricas industriales y el incremento en los recursos para créditos a las pequeñas y medianas empresas.
Por último, el acuerdo pone especial énfasis en la inversión en infraestructura para la competitividad y el empleo, por lo que se plantea canalizar adecuadamente el presupuesto asignado a este sector, a fin de alcanzar una inversión impulsada por el sector público de 570 mil millones de pesos para construir carreteras, vías férreas, puentes y puertos, entre otros. Por lo mismo, se contempla acelerar la inversión en infraestructura y con los excedentes derivados del petróleo aumentar los recursos para ese rubro en 30 mil millones de pesos. Aunado a lo anterior, se plantea concretar el ejercicio eficiente del gasto público y otorgar a Petróleos Mexicanos 17 mil millones de pesos para inversión.
Es indiscutible que la crisis económica que vive nuestro país pone en riesgo las fuentes de empleo de millones de mexicanos. De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo, en 2008 la tasa de desempleo pasó de 3.25 a 4.32 por ciento. Tal incremento se registró incluso en el mes de diciembre, en el que tradicionalmente se contratan a trabajadores temporales por fin de año.
La encuesta de expectativas del empleo, de una empresa especializada en el mercado laboral, Manpower, revela además que los empleadores mexicanos, igual que sus homólogos en 29 países y territorios, disminuirán el ritmo de contrataciones. Los pronósticos de contratación en comparación con el año anterior son también más débiles en México y en otros 24 países y territorios, con empleadores en 21 países y territorios, incluyendo México. Del mismo modo, analistas de Monex, Scotiabank, IXE, HSBC, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Tecnológico de Monterrey, y el Instituto Mexicano de Executivos en Finanzas proyectan un rango de decrecimiento en el producto interno bruto de México de -0.5 a -1 por ciento en este año.
A fin de que las medidas anticíclicas y las acciones del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo verdaderamente beneficien al país, es prioritario y necesario que los beneficios económicos de las inversiones públicas permanezcan en el territorio nacional. Tener recursos no garantiza que se usen correctamente.
Por lo anterior, el Congreso de la Unión, en uso de sus facultades, debe manifestar su preocupación y cumplir con la obligación de verificar el uso óptimo de los recursos públicos. Es necesario que esta soberanía resalte la importancia y necesidad de que los recursos públicos beneficien al país en general. Dentro de los recursos destinados a las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas se debe dar preferencia a empresas mexicanas cuyas rentas permanezcan en el país, y no otorgarlos a contratistas internacionales que eventual e improvisadamente buscan en México una situación coyuntural y desplazan a empresas nacionales que benefician a la sociedad en general.
Más aún, como se ha indicado ya, es preciso que los mexicanos cobremos conciencia de que este tipo de medidas no sólo son oportunas en estos momentos, sino que en muchos países que son nuestros socios comerciales existen legislaciones especiales para beneficiar a empresas nacionales en las compras gubernamentales. No debemos confundir los imperativos de la economía de mercado, con una renuncia imperdonable a proteger los intereses nacionales por encima de cualquier otro.
Los recursos públicos deben constituir una base para el desarrollo empresarial nacional y la generación de empleos con objeto de alcanzar el bien común de la sociedad mexicana. Es necesario que el gran poder adquisitivo del gobierno se aproveche en beneficio de las empresas mexicanas y genere empleos y actividad económica en nuestro territorio.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a privilegiar de manera vigorosa la contratación de empresas nacionales en el destino de los recursos designados a las acciones del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo.
Segundo. Se solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública que informen a esta soberanía sobre las medidas y lineamientos por los que se destinarán los recursos designados a las acciones del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo. En particular, se solicita que se detallen las políticas específicas que se implementarán, a fin de garantizar que los recursos que se ejerzan se contraten con empresas mexicanas.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2009.
Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CITAR
A COMPARECER AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO,
A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 2 de junio del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que Crea a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, denominada Notimex, para garantizar la existencia de la agencia y que se reconozcan los derechos laborales de los trabajadores; en gestión conjunta con el Poder Legislativo, para evitar el cierre de la misma; propuesto por el gobierno del ex presidente Vicente Fox Quesada.
Notimex, es un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto coadyuvar al ejercicio del derecho a la información mediante la prestación de servicios profesionales en materia de noticias al Estado mexicano y a cualquier otra persona, entidad u organismo público o privado, nacional o extranjero, con auténtica independencia editorial.
La citada ley establece que para el Estado mexicano es indispensable contar con medios públicos de información que sean algo más que un simple instrumento de difusión de sucesos; requiere de herramientas de comunicación, difusión e interlocución con la sociedad. También, Notimex, está obligada a proporcionar información al interior y exterior del país con una visión global e incluyente sin cortapisas o preferencias políticas.
Los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) forman parte de la junta de gobierno, máxima instancia de decisión de la empresa, y actualmente preside la subsecretaria de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, licenciada Irma Pía González Luna.
Desde la creación de Notimex los trabajadores sindicalizados han demostrado compromiso, responsabilidad y profesionalismo en el desempeño de sus labores cotidianas.
Sin embargo, he escuchado inconformidades de diversos trabajadores, que cuestionan el trabajo del director general, el licenciado Sergio Uzeta Murcio; señalan que "no ha cumplido con los lineamientos y objetivos establecidos por la propia ley (…) que asumió como compromiso al presentar su programa de trabajo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, al no ser objetado por los integrantes de la misma, en sesión del 31 de julio de 2007".
El titular de Notimex presentó un nuevo organigrama en el que planteó la creación de 18 direcciones generales y numerosas subdirecciones que, sumadas, representaban la creación de un total de 72 nuevos puestos de mandos medios superiores, a razón de un jefe por cada tres trabajadores sindicalizados; es el caso del subdirector de Ventas Internacionales (clave NA2), con un sueldo de 28 mil 700 pesos mensuales; ocho subdirecciones de área, (clave NA2), en total serían 16 subdirecciones con un sueldo mensual de 28 mil 700 pesos; dos jefaturas de departamento (clave OA1) con sueldos de 17 mil 400 mensuales.
Pero llama la atención que el 1 de febrero de 2008 fue nombrada una nueva subdirectora de redacción que se retiró de su cargo a mediados de año con una liquidación de 128 mil pesos. La vacante fue ocupada en julio de 2008, y en pocos días su cargo cambio el nombre de la subdirección pasando a Subdirección de Operaciones Nacionales; pero fue removido de su cargo el 13 enero de 2009, liquidado por la misma cantidad de 128 mil pesos. Se estima que dicha subdirección ha generado una gasto de un millón 762 mil pesos, resulta una cantidad equivalente a más del cinco por ciento de la nómina de 203 trabajadores sindicalizados.
También se crearon dos direcciones, la de Planeación y la Jurídica; y se despidió al apoderado legal de la empresa (director de área jurídica) en la última semana del mes de diciembre del año pasado; la creación de ambas direcciones y la liquidación del abogado generó un costo de un millón 642 mil pesos.
La Subdirección de Ventas Internacionales, Subdirección de Seguridad y Justicia y la Subdirección de Asuntos Electorales sumaron un costo al gasto corriente de un millón 33 mil 200 pesos.
La duda que despierta es que el jefe de información ejecutaba las funciones de las dos últimas subdirecciones señaladas. Y motiva pensar que el director general ha engrosado de manera innecesaria la nómina de mandos medios y superiores, así como de trabajadores de confianza, motivando una disminución muy representativa en los recursos de la empresa. De ser así, se estaría vulnerando lo dispuesto en los artículos 1, segundo párrafo, y 61 del Capítulo IV de la austeridad y disciplina presupuestaria de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Y en el supuesto de que el director general haya creado más plazas y acrecentar el aparato burocrático, se debió acatar lo que señala el artículo 9, fracción VI, de la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que a su letra señala:
"Artículo 9. Para el cumplimiento de su objeto, la agencia tendrá las siguientes atribuciones:
Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas relacionadas con la agencia, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar, y"…
Motivado por lo anterior, el Sutnotimex presentó en diciembre de 2008, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el emplazamiento a huelga correspondiente a la revisión salarial anual.
El 11 de diciembre, en un ánimo de conciliación, integrantes de la comisione negociadora y de huelga del Sutnotimex, se reunieron con el director general de la empresa y sus más cercanos colaboradores; el director general se comprometió a crear grupos de trabajo para resolver temas específicos de la negociación; sin embargo, a la fecha no ha cumplido.
El 6 de enero del presente año se llevó a cabo la primera audiencia en la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde la representación patronal encabezada por la contadora Rosario Terán López, no presentó una contra propuesta de incremento salarial y sólo se dedicó a escuchar los planteamientos de la representación sindical.
En esa misma fecha, los directivos de la empresa amenazaron a la base trabajadora con el argumento de que "si estalla la huelga para el primer minuto del 30 de enero, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano dejará de operar, y quedarán sin empleo alrededor de 500 trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza y honorarios y al mismo tiempo se afectaría a cerca de 500 medios de comunicación"; recurriendo a actos ilícitos de intimidación y de amenaza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Penal Federal.
Es importante señalar que el primer minuto del viernes 30 de enero vence su derecho al emplazamiento a huelga.
Por ello, compañeros legisladores, el deber que se nos encomienda constitucionalmente es dar seguimiento a posibles actos de corrupción y vulneración a las garantías individuales, buscamos y luchamos porque se respete nuestra carta magna; por ello acudo a su buena voluntad política para que apoyemos el punto de acuerdo que hoy se presenta, y se vote de obvia o urgente resolución, y de acuerdo al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cite a comparecer al director general de Notimex para que nos informe sobre el crecimiento inexplicable de la plantilla laboral de mandos medios y superiores, así como los programas que ha ejecutado para capacitación, enseñanza y especialización del personal, y el rendimiento productivo de la agencia a nivel nacional e internacional.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente solicita la comparecencia, con carácter de urgente, del director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Sergio Uzeta Murcio, ante la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Senadores, para que informe sobre la veracidad del crecimiento inexplicable de estructura directiva del personal de confianza a su cargo, respecto en mandos medios y superiores, así como los programas que ha ejecutado para capacitación, enseñanza y especialización del personal, y del rendimiento productivo de la agencia a nivel nacional e internacional.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano a que entregue su propuesta de incremento salarial antes del jueves 29 de enero, en virtud de que fenece el plazo otorgado para iniciar la huelga, con el fin de evitar una parálisis a la agencia que ofrece sus servicios profesionales a más de 500 medios de información masiva a nivel nacional e internacional.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2009.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INSTRUIR AL DIRECTOR
DEL CENTRO SCT OAXACA PARA QUE SE CONCLUYA LA PAVIMENTACIÓN DE 60
KILÓMETROS EN LA CARRETERA FEDERAL 185, TRANSÍSTMICA, SUSCRITA
POR EL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El suscrito Humberto López Lena Cruz, diputado federal a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes para que se concluyan en forma inmediata los trabajos de pavimentación de 60 kilómetros que van del 140 al 199, de la carretera federal 185, también conocida como transístmica, la cual es de gran importancia para el sureste país y que se encuentran en mal estado.
Antecedentes
I. La carretera transístmica consta de 302 kilómetros y es conocida como la carretera federal R-185.
II. Las principales ciudades por donde pasa este eje troncal son, para el estado de Veracruz: Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Jáltipan de Morelos, Acayucan y Sayula de Alemán. Por el lado de Oaxaca son Matías Romero, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz.
III. Desde el punto de vista económico es muy importante ya que constituye un medio de enlace entre los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y el de Salina Cruz, Oaxaca.
Consideraciones
La infraestructura carretera ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la región, sobre todo en la urbanización de sus ciudades, pero sobre todo para el desarrollo industrial y agropecuario del istmo de Tehuantepec.
Por la importancia económica que iba adquiriendo esta región a mediados de los años cuarenta y ante la necesidad de mejores medios de comunicación en la zona petrolera del golfo, se inició la construcción de la carretera transístmica con el fin de aumentar el movimiento industrial y comercial por carretera.
Pero actualmente, sesenta kilómetros aproximadamente de la carretera transístmica se encuentran en muy mal estado; esto es, desde el kilómetro 140 al 199, es decir, de los límites con el estado de Veracruz hasta Matías Romero, Oaxaca.
Esa obra, de agosto de 2007 a octubre de 2008 la tuvo asignada la empresa denominada Construcciones Técnicas de Chiapas, SA de CV, y dejó el trabajo inconcluso.
Por lo que son ya más de dos años en que esta carpeta asfáltica se viene deteriorando sin que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) haga algo al respecto.
Se tiene conocimiento que el módulo de la SCT en Matías Romero contrató a una constructora bajo la razón social de Constructores Civiles Angelópolis, SA de CV, quienes tienen a su cargo la ampliación y renivelación de las partes más críticas, pero solo se ha limitado a tapar unos cuantos hoyancos y debido a lo lluvioso de la zona se vuelve a levantar el asfalto, el cual es de mala calidad.
Los tramos más críticos son los comprendidos del kilómetro 140 hasta el 150, los cuales forman parte de una ampliación que lleva ya más de dos años y que a la fecha no se ha terminado debido a que las constructoras han dejado la obra sin concluir.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que en este año se estará licitando dicha ampliación para que se termine de una vez la obra que debió terminarse desde el 2007.
De la comunidad de Tolosa-Donají hasta Palomares ya no existe carpeta asfáltica y los automovilistas tienen que transitar por terracería en un tramo de aproximadamente diez kilómetros.
Otro tramo crítico es el que va del puente las Malvinas donde se localiza un retén militar hasta la población de Piedra Blanca Guichicovi, Oaxaca, con una longitud aproximada de 20 kilómetros.
Por tales motivos es un peligro para los camiones de carga, para las líneas de autobuses y para todo aquel que circula por esa vía tan importante para la región y para el país.
Caso contrario de lo que ocurre con esta carretera en los tramos de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Jáltipan de Morelos, Acayucan y Sayula de Alemán, pertenecientes a Veracruz, en los cuales la carretera se encuentra en condiciones óptimas para circular sin riesgos de sufrir algún percance.
No omito manifestar que el pasado 11 de diciembre de 2008 presenté un punto de acuerdo en el que se exhortaba al doctor Luis Téllez Kuenzler, Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que se concluyeran a la brevedad los trabajos de reconstrucción de los puentes Laza y Madera, situados en el kilómetro 275+100 y el kilómetro 275+800, ambos de la carretera federal 190, y hasta la fecha sólo fue concluido uno, lo que refleja es estado que guardan las carreteras y puentes en el estado de Oaxaca.
Por lo anterior el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que se concluyan a la brevedad los trabajos de pavimentación de 60 kilómetros que van del 140 al 199, de la carretera federal 185 también conocida como transístmica, la cual es de gran importancia para el sureste país y que se encuentran en mal estado.
Lo anterior con fundamento en los artículos 5o., fracciones I, II y IV, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; y 36, fracciones I, XXI y XXII, de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, a instruir al director general del Centro SCT en Oaxaca para que se concluyan en forma inmediata los trabajos de pavimentación de 60 kilómetros que van del kilómetro 140 al 199, de la carretera federal 185, también conocida como transístmica, la cual es de gran importancia para el sureste país y que se encuentran en mal estado.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LA SEMARNAT A AGILIZAR EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA CONSTRUIR
LA AUTOPISTA MÉXICO-TUXPAN, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ÍÑIGO
ANTONIO LAVIADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Íñigo Antonio Laviada Hernández, diputado federal de la LX Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar el cambio de uso del suelo para construir la autopista México-Tuxpan.
Ciertas obras de infraestructura promueven el desarrollo regional, como las autopistas, que acercan las mercancías a los mercados y traen turismo. Tal es el caso de la construcción de la autopista México-Tuxpan, que cruzará la tradicional barrera de la Sierra Madre Oriental, comunicando el norte de Veracruz a tres horas de la Ciudad de México y por medio del Arco Norte, en construcción, con ciudades del Bajío y con Guadalajara.
El presidente Felipe Calderón ha anunciado que se promoverá la construcción de obras de infraestructura como medida contracíclica para disminuir los efectos de la crisis económica mundial.
En 1991, el presidente Carlos Salinas de Gortari dio el banderazo de la autopista México-Tuxpan, pero las crisis recurrentes del país y diversos problemas han impedido su conclusión. Finalmente, en 2007 se concesionó el último tramo.
El 5 de septiembre de 2008 mandó la Dirección General del Centro SCT Puebla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto Construcción de la Autopista México-Tuxpan, Tramo Kilómetro 153+500.00 a Kilómetro 178+500.00, en Jalpan, Tlacuilotepec y Xicotepec, Puebla, a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El 2 de diciembre de 2008, dicha secretaría denegó la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales presentada, por falta de documentos.
Dada la importancia de las obras de infraestructura, es muy relevante la coordinación de las secretarías del gobierno federal para su pronta realización.
Por lo anterior, el suscrito, diputado federal, propone los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Dirección General del Centro SCT Puebla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a volver a presentar correctamente la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto Construcción de la Autopista México-Tuxpan, Tramo Kilómetro 153+500.00 a Kilómetro 178+500.00, en Jalpan, Tlacuilotepec y Xicotepec, Puebla, a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a agilizar el cambio de uso suelo del tramo kilómetros 153+500.00-178+500.00, en Jalpan, Tlacuilotepec y Xicotepec, Puebla, para construir la autopista México-Tuxpan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2009.
Diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A RESOLVER EL CONFLICTO EN LA AGENCIA
DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ASCENSIÓN
ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
José Ascención Orihuela Bárcenas, diputado federal de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
En diciembre del 2008, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Sutnotimex) presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el emplazamiento a huelga correspondiente a la revisión salarial anual que podría llevar a la huelga, el 30 de enero próximo, lo que implicaría que Notimex dejará de operar, con lo que más de 500 empleados, tanto sindicalizados como de confianza, no trabajarían, afectando a casi 500 medios de comunicación nacionales e internacionales.
Para las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados resulta de gran trascendencia hacer un llamado a las partes que conforman la agencia de noticias del Estado mexicano, a efecto de que se resuelvan, a la brevedad posible, las diferencias de carácter laboral o administrativo que pudieran poner en riesgo a esta importante institución del país; por lo que deberán de prevalecer el diálogo, el acuerdo y la estricta aplicación de la ley que rige a Notimex.
Debemos resaltar la trascendencia que tiene Notimex para todos los mexicanos, porque el legado de libertades, de principios y de respeto a nuestra soberanía nacional, siga siendo difundido en el México del siglo XXI, gracias al trabajo eficaz y profesional de quienes forman parte de esa importante institución de noticias.
En nombre del Grupo Parlamentario del PRI me permito reiterar el respetuoso llamado a sus directivos y trabajadores para que mediante el diálogo respetuoso y el acuerdo oportuno, resuelvan sus diferencias y le permitan a Notimex reposicionarse como una agencia de vanguardia informativa.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de la Comisión Permanente, como de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Subsecretaría de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, a la Dirección General y al Sindicato Único de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) para que establezcan los mecanismos de comunicación y la mesa de negociación respectiva y acuerden las medidas necesarias para que la agencia cumpla con sus objetivos de informar sobre las actividades o sucesos del Estado mexicano, en forma puntual, de conformidad con la ley que la rige.
Recinto de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2009.
Diputado José Ascención Orihuela Bárcenas
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR EL 9 DE FEBRERO COMO DÍA
DEL ODONTÓLOGO, A CARGO DEL SENADOR RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ
LÓPEZ, EN NOMBRE DE LOS SENADORES LÁZARO MAZÓN ALONSO
Y JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El que suscribe, senador Rubén Fernando Velásquez López, a nombre de los senadores Lázaro Mazón Alonso y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instaure a nivel nacional el 9 de febrero como el Día del Odontólogo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Desde 1841, cuando el doctor Eugenio Crombé obtuvo el título de dentista por la entonces Escuela Nacional de Medicina, en México los cirujanos dentistas han tenido una larga historia de trabajo con la finalidad de obtener el reconocimiento que hoy tienen a nivel nacional.
En todo momento han buscado su autonomía y el derecho a practicar tan honorable profesión y es sumamente gratificante que esa lucha esté ligada principalmente con la docencia, pues en 1904 por ejemplo la Sociedad Dental Mexicana fundaría la Escuela Dental por primera vez en nuestro país y se independizaría tiempo después para convertirse en la Escuela Nacional de Enseñanza Dental y finalmente en 1954 se incorporaría a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es por esto que mucho antes que en 1902 el Ejecutivo decidiera incorporar en el Diario Oficial el plan de estudios de la carrera de cirujano dentista, la profesión ha jugado un papel sumamente significativo en materia de salud pública en nuestro país gracias, principalmente, a la dedicación y entrega de quienes realizan una labor por nada menor, como es el cuidado a la salud bucal.
Lo anterior se debe a que la principal amenaza epidemiológica es la caries, enfermedad que sigue afectando a la población infantil de entre 8 y 12 años de edad, además de los padecimientos peridontales, causantes principalmente de la perdida dental en adultos mayores.
Actualmente, con una historia de más de 100 años, la profesión cuenta con más de 100 mil odontólogos alrededor de 90 instituciones reconocidas con la tarea de actualizar y formar dentistas. Asimismo, la odontología mexicana está presente tanto en el sector privado como en el público a través de las clínicas del Instituto del Seguro Social o del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y de las Fuerzas Armadas, entre otras.
Las enfermedades bucales afectan negativamente en la salud y en la calidad de vida de los mexicanos, por ejemplo, las periodontopatías son un significativo factor de riesgo para lesiones e infartos cardiovasculares y cerebrovasculares; en las mujeres embarazadas propician el desarrollo de partos prematuros y niños de bajo peso al nacer, igualmente las infecciones periodontales dan complicaciones y descontrol glucémico en los pacientes diabéticos, además que, la ausencia de órganos dentarios propiciada por la falta de atención odontológica de calidad impiden una buena masticación y digestión, generan una mala fonética, pérdida de la estética y conducen finalmente a una baja autoestima.
Es por estas razones y por la importante labor que desempeñan los odontólogos dedicados a la salud bucal, pedimos que se instaure a nivel Nacional el 9 de febrero de cada año, un día ya sumamente importante y celebrado por la mayoría de profesionistas dedicados al cuidado dental, como el Día del Odontólogo.
Dicha celebración no se establecería como parte de las fechas históricas de conmemoración oficial nacional, por cuya significación y relevancia se suspenden las labores en las dependencias y entidades de la administración pública federal, con objeto de que las instituciones realicen los actos cívicos para recordar los acontecimientos que han tenido impacto en nuestra historia, o bien, aquellas sobre cuya memoria se realizan actos cívicos oficiales aún en días laborables, de conformidad con las Leyes del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, así como Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el propio calendario oficial.
El día de celebración que por el decreto referido se estableciera tendría como objeto la promoción de formas de participación ciudadana para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la salud pública, así como la realización de eventos culturales y educativos. Todo lo anterior a consideración de las propias autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin que bajo ninguna circunstancia pueda pretenderse un efecto vinculante.
Asimismo, conviene recordar que el 21 de mayo de 2008, el senador José Luís Máximo García Zalvidea propuso la instauración del Día del Policía en honor a la gesta del policía municipal, Aurelio Monfort, suscitada el 21 de abril de 1914, al defender el puerto de Veracruz en la intervención estadounidense. Además, existen diversos antecedentes relativos a la institucionalización, por vía de decretos emitidos por el Ejecutivo federal, de diversas fechas de celebración que no devienen de la conmemoración de eventos históricos fundacionales del Estado, como son el Día del Árbol.
En mérito de lo antes expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Para hacer un merecido reconocimiento a la dedicación y entrega de quienes realizan el cuidado a la salud bucal, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a instaurar a nivel nacional el 9 de febrero como el Día del Odontólogo.
Senadores: Rubén Fernando Velásquez
López (rúbrica), Lázaro Mazón Alonso, José
Luis Máximo García Zalvidea.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LOS SECRETARIOS
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE LA DEFENSA NACIONAL PARA QUE LA BASE
ÁREA MILITAR NÚMERO 2 DE CIUDAD IXTEPEC REANUDE LOS VUELOS
COMERCIALES Y LOS PRIVADOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ
LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que gire instrucciones al doctor Luis Tellez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, y al general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, con la finalidad de que en la base aérea militar 2 de ciudad Ixtepec, se reanuden vuelos comerciales y privados.
Consideraciones
La región del istmo de Tehuantepec actualmente cuenta con una población de más de 500 mil habitantes; se destacan lugares como Juchitán, Salina Cruz, Matías Romero e Ixtepec.
Su posición geográfica es envidiable ya que constituye la cintura del país, por componerse de una franja de tierra de aproximadamente 100 kilómetros que separa el Golfo de México del océano Pacífico.
El acceso a la región es únicamente por vía terrestre, que significa un tiempo aproximado de
6 horas entre la ciudad de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec; 3.5 horas a Minatitlán, 2.5 horas a Huatulco y 4 horas entre Arriaga, Chiapas, y el istmo; factor que inevitablemente restringe la actividad económica, sin contar con otras limitantes que se agregan cuando es temporada de lluvias o huracanes.
Esta situación es inconcebible ya que la región del istmo de Tehuantepec, desde 1948, cuenta con una base aérea que fue construida por los americanos para la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en perfectas condiciones y en diferentes épocas se han tenido vuelos comerciales y privados. Como se dio durante el periodo de 1998-2002, años en los que las compañías Mexicana, Aeroméxico y Aeromar operaron vuelos entre la Ciudad de México y ciudad Ixtepec.
Hablar del petróleo, el viento, la pesca y la riqueza cultural de toda la región es ponderar factores que han ayudado a esta región a alcanzar su desarrollo económico e industrial.
Si bien es cierto que las vías terrestres, tales como las carreteras Panamericana, Transismica, así como las vías portuarias que existen han sido factor estratégico para el desarrollo de la actividad económica y para la rentabilidad del lugar; también lo es que se ha convertido en una necesidad prioritaria, debido al crecimiento que ha alcanzado, contar con otro medio de transporte y comunicación para acrecentar su desarrollo y su actividad económica, así como la inversión de capital.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del presidente Felipe Calderón, entre sus objetivos y prioridades señala que es fundamental ampliar la infraestructura aeroportuaria para hacer frente a la creciente demanda de las operaciones aeroportuarias y los servicios aéreos, y desarrollar nuevos proyectos aeroportuarios vinculados al desarrollo rural, turístico, y comercial de las diferentes regiones del país, lo cual fomentará el crecimiento económico regional y del empleo.
De tal manera que la integración del transporte aéreo en la región constituirá un instrumento sustancial y estratégico para el desarrollo del estado.
En el municipio de ciudad Ixtepec, en la región del istmo de Tehuantepec, como ya fue mencionado, se construyó una base aérea militar que fue utilizada por el gobierno norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, y que debe ser instituida como una vía de tránsito aéreo de viajeros y comercio, ya sea nacional o extranjero. El aeropuerto militar en mención cuenta con la infraestructura, capacidad e instalaciones necesarias para operar vuelos comerciales. Sus características le permitirían recibir aviones hasta del tamaño de los 757 Boeing.
En la región existen grandes empresas, como Pemex refinación, la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, la Administración Portuaria Integral, así como trasnacionales que se encargan de la generación de energía eólica, como lo constató el presidente Felipe Calderón en su última visita para inaugurar el parque eólico La Ventosa, donde hizo mención de que el gobierno federal estaba analizando la reanudación de vuelos comerciales y privados en dicha base aérea militar. A esto hay que sumar que once empresas privadas más están estableciendo proyectos de inversión.
Para todos ellos, contar con un aeropuerto sería de gran utilidad en el desarrollo de sus operaciones y las consecuentes negociaciones con clientes actuales y potenciales, tomando en cuenta el factor tiempo para el traslado de personal y de material.
Es por eso que ofertar vuelos directos a la zona sería un factor clave, decisivo y sumamente importante para que nuevas empresas piensen seriamente en inversiones fuertes en esta región.
Con este aeropuerto se estarían sentando las bases de un gran desarrollo regional, turístico y comercial. Así, se contaría con importantes fuentes de trabajo para los habitantes de una zona tan extensa como el istmo de Tehuantepec.
Como consecuencia, a las empresas de aviación comercial como Mexicana, Aeroméxico, Interjet, Volaris y Aviacsa, se les abriría la posibilidad de ampliar sus rutas dentro de los itinerarios con los que ya cuentan, y se apoyaría a esta industria tan importante del país.
Esta gestión se convierte en un factor básico para el desarrollo territorial y para el encaje de un espacio en el sistema nacional económico.
Al lograr el avance necesario que exige la modernidad, y con el desarrollo de los medios de transporte y comunicación del lugar, lograremos superar el aislamiento histórico de la región. Obteniendo con esto, en buena medida, la justicia social anhelada a través de los años.
Por tales motivos, este punto de acuerdo tiene como finalidad que el presidente Felipe Calderón haga uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que gire las instrucciones correspondientes, tanto al secretario de Comunicaciones y Transportes, como al de la Defensa Nacional, para que esta base aérea militar número 2 sea abierta a la transportación aérea comercial. Lo anterior con fundamento en los artículos 28, 29 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción I, V y VI; 3; 6, fracción I, de la Ley de Aeropuertos; 6, fracción XII, de la Ley de Aviación Civil; 3, fracción I; y 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al presidente de la República, licenciado Felipe Calderon Hinojosa, que gire instrucciones al licenciado Luis Tellez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, y al general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, con la finalidad de que en la base áerea militar número 2 de ciudad Ixtepec se reanuden vuelos comerciales y privados.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LA SEP A CUMPLIR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA
VIGENTE PARA QUE ÉSTA SE IMPARTA DOS VECES A LA SEMANA, SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARÍA SOLEDAD LIMAS FRESCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
La diputada, María Soledad Limas Frescas, integrante de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la secretaria de Educación y a la autoridades competentes, para que remita la instrucción de cumplir con el programa de educación física vigente, relativo a que todos los alumnos de todas las escuelas de nivel primaria y secundaria del país, apliquen el tener dos clases semanales de educación física, cada una de 60 minutos de duración con el fin de combatir el sedentarismo, la falta de actividad física y la obesidad y así evitar futuros problemas de salud, atendiendo las siguientes
Consideraciones
Hoy en día vivimos un incremento de los síntomas de obesidad en la población joven de nuestro país, y presenta características alarmantes debido al aumento de defunciones y el significativo porcentaje de enfermedades provocadas por este mal es por ello que existen diferentes motivos que llevan a realizar esta propuesta; uno de ellos es transmitir a aquellos que estudian la educación de tipo básica la importancia de la actividad física, para mejorar así su condición y, por ende, hacer de la actividad física un habito que dure toda la vida; también el objetivo es fomentar el deporte en los niños, las niñas y los jóvenes, evitando que formen parte de la estadística de menores alcohólicos o drogadictos; pero sobre todo, el principal objetivo es implantar una medida preventiva para evitar el sobrepeso y la obesidad que actualmente se han convertido en graves problemas de salud y que representan una carga económica para el erario público.
Lo que motiva a este punto de acuerdo es el combate al sedentarismo y a la falta de actividad física, ya que las estadísticas en nuestro país derivadas del sobre peso son alarmantes como se aprecia a continuación: Según datos del IMSS se indica que los mexicanos aumentan de peso, con riesgo de sufrir enfermedades crónico-degenerativas. Asimismo la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 señala que uno de cada tres mexicanos padece de sobrepeso u obesidad, punto que nos convierte en la segunda nación con más problemas de esa índole en el planeta.
Esta encuesta indica que en nuestro país existen más de 4 millones de niños escolares con sobrepeso y obesidad, de entre 5 y 11 años de edad. Se revela que en los adolescentes uno de cada tres presenta la misma enfermedad que equivale a más de 5 millones de jóvenes y esta prevalencia aumenta considerablemente en la edad adulta.1
De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte los hábitos para realizar actividades físicas o deportivas de los mexicanos se reduce a menos de una hora, un día a la semana; ya que la educación física que se imparte en las escuelas de enseñanza básica hoy en día, salvo contadas excepciones, es solo para cumplir con un rol de materias obligatorio por la secretaría de educación pública, ya que no se le da la importancia debida a practicar ejercicio físico a nuestros educandos, ni tampoco ha contribuido en forma significativa a la prevención de las enfermedades crónico degenerativas producto del sedentarismo como: diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, cáncer, cirrosis, enfermedades crónicas del hígado y también enfermedades hipertensivas, entre otras; todas estas enfermedades son enfermedades degenerativas, es decir, producen la muerte, pero también todas estas situaciones pueden prevenirse, implantando medidas desde los niveles escolares básicos, es decir, preescolar, primaria y secundaria.2
Cabe mencionar que México está catalogado como el segundo país con mayor numero de niños y niñas con sobrepeso, debido a la mala alimentación y en virtud a la vida sedentaria que nos caracteriza, pero esto ha sido la causa de que tengamos altos porcentajes de enfermedades derivados de la obesidad y del sobrepeso, y por ende un alto numero de defunciones causadas por éstas enfermedades.
Hoy en nuestro país, el principal numero de defunciones es generado actualmente por las siguientes enfermedades: Diabetes mellitus con 13.6 por ciento, enfermedades isquémicas del corazón con un 10.8 por ciento, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado con un 5.6 por ciento, asimismo las enfermedades hipertensivas con un 2.6 por ciento3; todas y cada una de estas enfermedades se presentan en su gran mayoría por mantener una vida sedentaria dentro de la niñez y la adolescencia, se estima que del 10 al 16 por ciento de los casos de diabetes mellitus, cáncer de mama y de colon, así como el 22 por ciento de los casos de cardiopatía isquémica son atribuibles a llevar una vida sedentaria durante la niñez y la adolescencia4. La actividad física 60 minutos, al menos 2 veces por semana reduce importantes riesgos a la salud porque mejora el metabolismo de la glucosa, disminuye la grasa corporal y baja la tensión arterial.5 El objetivo de este punto de acuerdo principalmente es hacer del ejercicio un hábito.
En el ámbito internacional los últimos cálculos de la OMS indican que en 2005 había en todo el mundo aproximadamente mil 600 millones de adultos (mayores de 15 años) con sobrepeso, al menos 400 millones de adultos obesos. Además, la OMS calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2 mil 300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad. En 2005 había en todo el mundo al menos 20 millones de menores de 5 años con sobrepeso. Aunque antes se consideraba un problema exclusivo de los países de altos ingresos, el sobrepeso y la obesidad están aumentando espectacularmente en los países de ingresos bajos y medios, sobre todo en el medio urbano.
La solución es derivada de los estudios en donde se crea la obesidad en nuestro país según la Confederación Nacional de Pediatría de México, se estima una prevalencia en edad escolar de 20 a 38 por ciento; y la obesidad infantil es un factor condicionante de obesidad en la vida adulta ya que aproximadamente un 80 por ciento de los adolescentes obesos presentarán obesidad en dicha etapa. Los períodos críticos para desarrollar obesidad son, etapa de lactante: primeros 2 años de vida; en etapa preescolar: entre los 5 y 6 años de vida; y en la adolescencia.
Considerando que en la etapa preescolar y escolar es cuando se forman los hábitos alimentarios y actitudes que predominarán durante toda la vida, es importante actuar modificando el estilo de vida desde etapas tempranas y de esta forma evitar o retrasar la aparición de enfermedades ya mencionadas. Además de evitar repercusiones psicológicas como depresión, ansiedad, baja autoestima y trastornos de adaptación social.
El objetivo de este punto de acuerdo es impactar a corto, mediano y largo plazo en el presupuesto destinado a la salud, que cada vez demanda más recursos para atender a pacientes de enfermedades que se originaron por los malos hábitos alimenticios y por la vida sedentaria. Fomentar en las nuevas generaciones y en los educandos de enseñanza básica, la práctica del ejercicio físico para que formen parte de su plan de vida, alejando así a las nuevas generaciones y a los educandos de la enseñanza básica, del consumo de alcohol y de las drogas; prevenir las enfermedades ya mencionadas y sobre todo el dar cumplimiento a realizar educación física los 60 minutos mínimo dos veces por semana ya previstos, aumentando así la calidad de vida de los y las mexicanas.
Por ello pido que dicho tema sea de principal importancia para considerar una medida de prevención de los estudiantes y de la población joven, en virtud de que en el plan de desarrollo 2007 y 2012 (PND) se están implementando acciones para estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva dentro y fuera de las escuelas, en las ciudades y en el campo abarcando todos los grupos de edad, además del PND el gobierno federal con la finalidad de difundir la importancia y los beneficios de la realización de alguna actividad física, han puesto en marcha con apoyo de la Conade el programa Feria de la Actividad Física para Vivir Mejor, es de hacerse notar que en muchas ocasiones no se cumple con el programa de educación física, propuesto para las escuelas, por diversos temas, como lo son falta de docente, falta de infraestructura deportiva adecuada, es por ello que exhorto a las autoridades competentes a dar cumplimiento estricto a aplicar las actividades de educación física, como esta previsto en las distintas legislaciones y programas, 60 minutos por lo menos dos veces por semana, de tal manera que se fomente la actividad física en los niños, niñas y jóvenes de educación primaria y secundaria.
Resolutivo
Único. Se realice una respetuosa exhorto a la secretaria de Educación Publica y a las autoridades competentes, a dar cumplimiento estricto del programa de educación física vigente y como esta previsto en las distintas legislaciones, en lo relativo a que todos los alumnos de todas las escuelas, en el nivel primaria y secundaria del país, apliquen el tener dos clases semanales de educación física, cada una de 60 minutos de duración, con el fin de combatir el sedentarismo, la falta de actividad física y la obesidad.
Notas
1. Instituto Nacional de Salud Publica Encuesta Nacional
en Salud y Nutrición, México, DF. 2006
2. Artículo 37 de la Ley General de Salud. Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión 2005 México
DF.
3. 1/Tasa por 100 mil habitantes. Datos de defunciones
INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información
en Salud.
4. IMSS. 2008
5. Estrategia mundial sobre régimen alimentario,
actividad física y salud.
México, DF, honorable Comisión Permanente, "a 28 de enero de 2009.
Diputada María Soledad Limas Frescas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
SOLICITAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE REVISE EL ACUERDO
NACIONAL EN FAVOR DE LA FAMILIA RURAL Y EL EMPLEO PARA VIVIR MEJOR, A CARGO
DEL DIPUTADO JOSÉ RUBÉN ESCAJEDA JIMÉNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo los siguientes
Antecedentes
En particular, tampoco precisó la problemática socioeconómica para la mayoría de la población nacional, que son los trabajadores del campo y la ciudad y sus familias.
La producción
El crecimiento anual promedio del producto interno bruto (PIB) entre 2001 y 2007 fue de 2.3 por ciento (Inegi 2008). Para que la economía tenga capacidad de crear empleos y generar niveles de bienestar social adecuados se necesita un crecimiento anual de 7 por ciento del PIB, con tasas incrementales de más del 10 por ciento en la acumulación de capital. El crecimiento sectorial en promedio anual en los mismos años fue como sigue: sector agropecuario, 2.0 por ciento; sector industrial, 1.1 por ciento; y sector comercial y de servicios, 3.1 por ciento (Inegi 2008).
Este crecimiento, vinculado a la política macroeconómica de estabilidad fundamentada en disciplina fiscal, política monetaria restrictiva y apreciación cambiaria, ha traído como consecuencia una caída del mercado interno y generación de distorsiones en la tasa de cambio y en la tasa de interés, con lo que se actúa a favor del capital financiero en detrimento del ámbito productivo, afectando así la competitividad de la producción nacional y su rentabilidad.
De esta manera, las importaciones desplazan a la producción nacional; las importaciones crecen más que el PIB y, por tanto, aumenta más la importación de todo tipo de bienes: la tasa media de crecimiento anual (TMCA) del PIB en el periodo fue de 2.3 por ciento; en tanto que el total de las importaciones creció 7.2 por ciento, las importaciones de bienes de consumo lo hicieron en 11.5 por ciento, los bienes intermedios en 6.9 por ciento y los bienes de capital 5.7 por ciento (Banxico 2008). Al mismo tiempo se frena la producción manufacturera nacional, la cual tuvo una TMCA de 1.3 por ciento en el mismo periodo (Inegi 2008).
Por otra parte, las exportaciones han fungido como el sector más dinámico y al que más le ha puesto interés el gobierno en turno: su tasa de crecimiento anual fue de 7.5 por ciento, apenas por arriba del 7.2 por ciento de las importaciones. Sin embargo, esto no se ha traducido en mayor producción manufacturera, ni en mayor empleo, ni en mayor dinámica económica; al contrario, se da un proceso de transferencias hacia el exterior dado que el crecimiento por bienes de consumo e intermedio es mayor que el de las exportaciones.
Así, al rezagarse la industria manufacturera y la agricultura, la economía se coloca en una situación de mayor fragilidad, pues no tenemos niveles de producción y competitividad frente al exterior, lo que obliga al predominio de políticas monetaria y fiscal restrictivas para frenar el crecimiento de la demanda, para evitar fuertes presiones sobre precios y sobre el sector externo que puedan desestabilizar el tipo de cambio. De esta forma, la economía se ha reestructurado en contra de la esfera productiva y de la llamada economía real (formal), dando paso a una gran expansión del sector financiero y de la economía informal y del narcotráfico.
Si un sector beneficiado en estos 7 años se trata, lo encontramos en el capital financiero al observar que el importe de las transacciones realizadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo una tasa anual de 18.4 por ciento (Inegi 2008). O sea, el capital ficticio, especulativo, fue el ganador en estos años.
Concentración y centralización de capitales
Mil empresas controlan el 80 por ciento del PIB nacional. Es decir, el 0.02 por ciento del total de las unidades productivas detentan el 80 por ciento del PIB (Mundo Ejecutivo 2007).
Las cien empresas más importantes del país que cotizan en la BMV incrementaron sus utilidades en 530 por ciento en el sexenio de Fox. De éstas, 20 concentraron el 70 por ciento de las utilidades, totalizando 80 mil 178.6 millones de dólares (BMV 2008). Por su parte, las remuneraciones medias reales de la industria manufacturera crecieron 1.9 por ciento anual; la productividad 5.4 por ciento; y los costos unitarios de la mano de obra en esta misma industria lo hicieron en -25.3 por ciento (Banxico 2008). O sea que el pago de salarios se mantuvo 279 veces en cuanto a incrementos se refiere por debajo de las utilidades en la BMV; sí hubo productividad a costa de la disminución de costos de las empresas y, por tanto, se agudizó la explotación de los trabajadores.
En la banca existe concentración de actividades: en 1995 la banca extranjera controlaba 5 por ciento de las operaciones; para 2005 pasó a 90 por ciento de control (El Financiero, 30 de agosto de 2006). Los tres grupos más fuertes son Banamex (CitiGroup), BBV-Bancomer (BBV español) y Santander (filial del banco español Santander Central Hispano).
Las 500 empresas más importantes de México concentran más del 70 por ciento del PIB. De éstas, 331 son mexicanas y 169 son transnacionales. Las mexicanas concentran 55.3 por ciento del PIB y las extranjeras 23.9 por ciento del PIB.
La productividad de los trabajadores
Por cada peso pagado a los trabajadores productivos se generan para la burguesía 4.01 pesos. Por otra parte, el valor de la hora de la fuerza de trabajo pagada a trabajadores productivos es de 0.1996 pesos, es decir, la hora pagada a la clase obrera es de 0.20 pesos en promedio. Esto, traducido en minutos de trabajo, nos plantea que por cada hora laborada los trabajadores se quedaron con el equivalente a 12 minutos en promedio y los empresarios se embolsaron 48 minutos.
En todos estos 7 años, la productividad por trabajador ha crecido 22.1 por ciento en términos globales, los salarios 7.3 por ciento y los costos unitarios -23.7 por ciento. La productividad ha crecido tres veces más que los salarios y los costos han disminuido notablemente.
Por tanto, lo que se deduce de lo anterior es que el crecimiento económico se ha fincado, para no variar, en las espaldas de los trabajadores, con su productividad, con los altos niveles de extracción de plusvalía, a bajos costos y con salarios también bajos.
La explotación de los trabajadores fundamento del funcionamiento de la economía mexicana
Un balance de las mil empresas más importantes de México, presentado en el número de la revista empresarial Mundo Ejecutivo de noviembre de 2007, indica que dichas empresas concentran el 80 por ciento del PIB.
Según el censo de 2004 (último disponible), había en el país 4 millones 290 mil 108 unidades económicas en todas las ramas económicas. Esto es, el 0.02 por ciento de las unidades económicas concentra el 80 por ciento del PIB (Inegi 2008).
Mientras que la economía en su conjunto creció en 2006 al 4.8 por ciento, estas mil empresas lo hicieron a una tasa del 12 por ciento (Mundo Ejecutivo 2007).
La población económicamente activa en 2004 llegaba a los 23.2 millones de personas; estas mil empresas dan empleo a poco más de 4 millones de trabajadores (Mundo Ejecutivo, op.cit.).
La circulación
Entre 2001 y 2007 el crecimiento de las ventas al menudeo en promedio anual fue de 1.8 por ciento; en tanto que las ventas al mayoreo crecieron 1.4 por ciento (Inegi 2008). Existe poca producción, por ende el mercado vende poco, las mercancías no se venden, no se realizan y no se atiende el mercado interno.
El índice nacional de precios al consumidor creció en promedio, entre 2001 y 2007, 4.5 por ciento anual; mientras que el índice de la canasta básica lo hizo en 4.8 por ciento (Banxico 2008). Con el problema de la crisis alimentaria iniciada desde 2007 y con repercusiones en todo el mundo en 2008, los precios de los artículos básicos se ha incrementado hasta en un 60 por ciento.
La distribución
Existe un proceso continuo de concentración del ingreso: 10 por ciento de los hogares concentra el 34.5 por ciento del ingreso nacional en 2006; 20 por ciento de los hogares se queda con el 49.9 por ciento de ingreso nacional; en tanto que el 80 por ciento de dichos hogares se reparte el 50.1 por ciento de ingreso (Inegi, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008).
En el rubro de pobreza se tiene que existen en el país 14 millones de personas en pobreza alimentaria, 21 millones en pobreza de capacidades y 44 millones en patrimonio (Coneval 2008).
Aspectos Fiscales
Los ingresos del gobierno federal se dividieron en junio de 2007 en 33.2 por ciento de ingresos petroleros y 66.8 por ciento de ingresos no petroleros. De estos últimos nos interesan los llamados ingresos tributarios. Estos ascendieron a 553.9 mmp y de éstos, el 51.6 por ciento, o sea 276.9 mmp es dinero que se capta por concepto del impuesto sobre la renta (ISR).
Este impuesto lo pagan personas físicas (trabajadores cautivos y asalariados comunes y corrientes) y personas morales (empresas y personas que realizan actividades empresariales). Pues bien, en junio de 2007 las empresas (personas morales) pagaron 120.1 mmp, 43.4 por ciento del total del ISR; mientras que las retenciones por salarios y el pago de personas físicas llegó a 129.9 mmp, 46.9 por ciento del total del ISR (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas –CEFP– 2007).
Es decir, la burguesía mexicana y extranjera que opera en el país pagó menos en materia de ISR que lo pagado por los trabajadores mexicanos.
La deuda
Con austeridad fiscal y disminución de la inflación, se contrae el gasto público, manteniéndose la tasa de cambio. Esto ha colocado al país en una situación de insolvencia financiera ya que la deuda pública interna y externa se han convertido en un problema de soberanía financiera: en junio de 2007 estas deudas representaban el 31.2 por ciento del PIB; si a esta cifra se le agrega la deuda que se tiene con el IPAB, el país tiene deudas por un 39.5 por ciento del PIB (Banxico 2007; CEFP 2007). O sea, por cada peso generado en el PIB, el 40 por ciento se adeuda a nuestros acreedores.
El desempleo y empleo precario
La tasa de desempleo se situó en 4.2 por ciento, trayendo como resultado, según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que en el tercer trimestre de 2008 existan 1.9 millones de desocupados; se encuentran en la informalidad 11.8 millones de personas, es decir, una de cada cuatro personas labora en esa actividad (Inegi 2008).
Todo lo anterior redunda en que 31 millones de mexicanos vivan con un ingreso de hasta tres minisalarios. Esto es, siete de cada diez personas ocupadas en el país tienen ingresos de hasta tres salarios mínimos diarios, es decir 152 pesos, revela la Encuesta Trimestral de Ocupación y Empleo (Inegi 2008).
En la crisis de 1982 se incrementó en 7 puntos las utilidades o ganancias de las empresas; en la crisis de 1994, también el aumento de las utilidades fue de casi 7 puntos; y seguramente en esta crisis de 2008-2009 ocurra algo similar. Es evidente cómo el factor trabajo en 26 años, de 1981 a 2006, disminuye en casi 11 puntos porcentuales.
• El Ejecutivo federal no realizó un diagnóstico participativo con los diferentes sectores de la economía nacional sobre las repercusiones de la crisis mundial financiera, económica, energética, ambiental y alimentaria en México.
• En específico, no consideró las repercusiones de esta crisis mundial en la competitividad, ingresos y salarios del sector más desprotegido, el primario, fundamentalmente, el sector agropecuario, forestal y pesquero.
• Luego entonces, si el Ejecutivo federal no hizo partícipe a la sociedad y sus sectores económicos para visualizar de manera conjunta la problemática del país, mucho menos consensuó ante ellos, las medidas conjuntas, los compromisos de cada parte y los tiempos para cumplirlos.
• Este acuerdo nacional no plantea acciones de mediano plazo, pareciera ser que es solo de aplicación durante 2009.
• El acuerdo nacional en comento presentado y signado el pasado 7 de enero de 2009 no resuelve ni los problemas coyunturales ni los problemas de fondo o estructurales de la economía nacional, específicamente, no resuelve el empleo, ingreso y bienestar social de los trabajadores del campo y la ciudad y se limita a introducir algunas medidas para atenuar los efectos de ésta. Medidas tardías en unos casos e insuficientes en otros, que se enfocan, en su mayoría, a respaldar a los empresarios y que provienen de otros programas de gobierno que ya estaban en ejecución.
• Este acuerdo nacional soslaya algunos de los temas socioeconómicos más importantes, asociados con la crisis como la urgente negociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las pérdidas sufridas por los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados a las Afore, la venta de cartera vencida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el problema de las tasas de interés bancaria, particularmente de las tarjetas de crédito, el desempleo o el descenso del poder de compra de los salarios.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar una revisión del Acuerdo Nacional en favor de la Familia Rural y el Empleo para Vivir Mejor para ajustarlo a la situación real del país y en particular del trabajador del campo y la ciudad.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir con el punto primero, a realizar foros temáticos regionales y abiertos sobre problemas estructurales y coyunturales del país, con la participación de los sectores de la economía y, dentro de ellos, se invite principalmente a los representantes de los trabajadores del campo y la ciudad.
Tercero. Que en estos foros participen también con propuestas y compromisos los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los tres Poderes de la Unión.
Cuarto. Finalmente que de manera consensuada y con compromisos concretos y con plazos definidos sea presentado a la sociedad para su conocimiento y ejecución.
Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 28 de enero de 2009.
Diputado José Rubén Escajeda Jiménez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL TITULAR DE LA SCT A OTORGAR UN TRATO IGUALITARIO A AVIACSA
RESPECTO DE LAS DEMÁS AEROLÍNEAS Y PERMITIRLE REESTRUCTURAR
SU DEUDA PARA QUE SIGA OPERANDO, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ
VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El mercado nacional aéreo ha tenido en los últimos años grandes cambios: apenas hace dos años, la población que utilizaba este tipo de transporte ascendía tan sólo a 2 por ciento, y había escasas opciones de vuelos con tarifas asequibles; tal era el caso de Aviacsa.
Al incorporarse las denominadas líneas aéreas de "bajo costo", el mercado cobró una nueva dinámica, en la que se favorecieron diversos destinos y actividades económicas nacionales, especialmente el turismo.
Desde julio del año pasado, los efectos del alza de la turbosina comenzaron a provocar que las aerolíneas cancelaran frecuencias y destinos, en busca de rentabilidad, hecho que golpeó los destinos turísticos mexicanos.
Y a finales del año pasado, el incremento de la turbosina y el escaso interés y apoyo justo del gobierno federal para todos los agentes económicos derivaron en el cierre de cinco aerolíneas, a la vez que se favoreció a otras.
De tal forma, en 2008 la actividad aérea se estancó, con un avance de sólo 0.9 por ciento, cuando un año antes creció al ritmo de 2 dígitos.
Al continuar en esta lógica, hoy nos encontramos con el hecho de que la aerolínea Aviacsa se halla continuamente amenazada por las acciones que ha tomado el actual secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) para obligar a que dicha empresa salga del mercado, y con esto favorezca otras empresas que le representan intereses personales, al grado que ha declarado: "Quisiera reiterar a los consumidores y pasajeros que deben tener cuidado al comprar boletos en aerolíneas que están en esta situación porque pueden perder el boleto".1
Aviacsa es una empresa mexicana que opera desde septiembre de 1990; comenzó a operar con una oferta de sólo 89 asientos, con el objetivo de cubrir rutas del sureste del país, como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Villahermosa, Mérida, Oaxaca, Chetumal y Cancún.
A cuatro años de su entrada se creó la división de vuelos chárter de Aviacsa, lo que se tradujo en el incremento de la oferta de rutas. Así se benefició la interconexión con el sureste del país y se favorecieron actividades como el turismo de negocios.
Desde 2000, Aviacsa cubre 25 destinos y cuenta con 26 aviones: 23 Boeing 737-200 con capacidad para 120 pasajeros y 3 Boeing 737-300 para 138.
Dicha empresa enfrenta una serie de conflictos financieros con el gobierno federal debido a deudas por concepto de combustible, tarifas de uso aeroportuario y servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, los cuales totalizan más de 200 millones de pesos.
El 28 de octubre de 2008, Aviacsa logró un acuerdo de prepago con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) mediante el cual liquida por adelantado su consumo de turbosina semanal. Con este esquema la aerolínea ha podido continuar en operación.
Junto con la medida anterior, Aviacsa ha ofrecido a la SCT garantías de bienes inmuebles, como se lo permite la normatividad vigente. Sin embargo, las autoridades se han negado a recibirlas.
De igual manera, la aerolínea acudió a Nacional Financiera para solicitar un préstamo de 30 millones de dólares sin que éste prosperara, lo cual pone en duda las causas de que se estén cerrando las puertas a esta aerolínea cuando otras que también se encuentran endeudadas con el gobierno federal. Sólo por mencionar un ejemplo: Aeroméxico reconoce una deuda por servicios aéreos que asciende a 160 millones de dólares.2
Ayer se llegó al punto crítico de que ASA embargó 13 de los 26 aviones que componen la flota de Aviacsa. Además, el subsecretario de Transporte de la SCT, Humberto Treviño, declaró que la aerolínea está en riesgo de suspensión si no liquida lo que se adeuda en materia de combustible. Por su parte, el director de ASA, Gilberto López Meyer, señaló ayer que dicha dependencia podría poner a la venta las 13 aeronaves.3
El conjunto de acciones emprendidas por la SCT deja entrever la posibilidad de un trato diferenciado hacia la aerolínea Aviacsa para obligarla al cierre y, de esa forma, favorecer otras aerolíneas para tomar las rutas que hasta ahora cubre la empresa. Prefieren embargar su fuente de ingresos como son las aeronaves que el predio ofrecido por la empresa, impidiendo así de antemano su desempeño en el giro aéreo.
Por ello, los legisladores invitamos al titular de la SCT a que dé un trato igualitario a la aerolínea Aviacsa, sin que esto implique daños al erario, y con arreglo a la ley, para que continúe operando y se evite así golpear al turismo del país, y se deje sin medio de sustento a más de mil 500 familias mexicanas.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a otorgar un trato igualitario a la aerolínea Aviacsa respecto al resto de las aerolíneas, y permitirle reestructurar su deuda y financiamiento para que continúe operando con estricto arreglo al marco jurídico y sin detrimento del erario.
Notas
1. El Financiero, 27 de enero de 2009.
2. El Financiero en línea (Notimex). El
Universal, 27 de enero de 2009.
3. Excélsior, 27 de enero de 2009.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL GOBIERNO FEDERAL A DEFENDER LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA NACIONAL
ANTE LA POLÍTICA COMERCIAL PROTECCIONISTA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Francisco Javier Calzada Vázquez, diputado de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 34 incisos a), b) y c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al gobierno federal a que tome las medidas necesarias para contrarrestar los efectos negativos que tendrán, sobre la industria siderúrgica nacional y otras ramas productivas, las medidas de política comercial proteccionista de los Estados Unidos de América, conforme a las siguientes:
Consideraciones
En días pasados, la oficina del congresista norteamericano Pete Visclosky anunció que fue aprobada una enmienda a la Ley de Reinversión y Recuperación de Estados Unidos (American Recovery and Reinvestment Act) por medio de la cual se incluye dentro de este ordenamiento la denominada Ley de Primero el Acero Americano (American Steel First Act).
Con esta enmienda, todas las obras públicas que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos, relativas a proyectos de construcción, reparación y mantenimiento que requieran acero, deberán llevarse a cabo exclusivamente con acero fabricado en Estados Unidos, por lo que el acero importado no tendrá oportunidad de participar en esas obras excepto que no haya suficiente oferta de acero doméstico o que sea 25 por ciento más caro que el extranjero.
Esta medida de política comercial claramente proteccionista atenta contra el libre comercio entre Estados Unidos y México, y afectará directamente a los productores nacionales de acero. La industria siderúrgica nacional exporta a 113 países, pero el 70.1 por ciento de las exportaciones totales tiene como destino al vecino del norte.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la producción de acero de México se duplicó llegando a representar en la actualidad el 13 por ciento de la producción siderúrgica total de la región del TLCAN que representa el 12 por ciento de la demanda mundial de acero.
La importancia de esta industria en el desarrollo de la economía nacional es indiscutible: representa el 2.2 por ciento del producto interno bruto, da empleo directo e indirecto a más de 600 mil personas, opera al 79 por ciento de su capacidad instalada y exporta acero por un valor de 7 mil millones de dólares.
Asimismo, la prudencia en el manejo de los asuntos públicos recomienda tomar acciones para anticiparse a los posibles efectos negativos que sobre otras ramas industriales, como la del cemento o la del vidrio, tendrían medidas proteccionistas similares no sólo del gobierno de Estados Unidos de América sino de otros países, pues en el contexto de crisis económica mundial tomar medidas que restringe el comercio internacional son comunes.
Hay muchos ejemplos de estas nuevas medidas de protección. Rusia subió los aranceles de importación a los automóviles y los camiones del 25 al 30 por ciento; la Unión Europea ha dicho que podría volver a imponer aranceles del 79 por ciento a un componente de imprentas de libros de China; Vietnam subirá los impuestos al acero del 8 al 12 por ciento para impulsar el uso de productos nacionales; la India estableció licencias de importación para algunos productos de acero y materiales de madera; Ucrania, Ecuador y Argentina han considerado tomar medidas similares.
Nuestro gobierno cuenta con los instrumentos para tratar de revertir este tipo de medidas que atentan contra el comercio bilateral México-Estados Unidos de América. Recordemos que en 2002 fue creado el Comité de Comercio de Acero de Norteamérica, con el objetivo de una mayor integración del mercado regional siderúrgico. Dicho comité está formado por representantes de industrias y gobiernos de los tres países del TLCAN y se encarga de monitorear temas como políticas intra-tratado, temas de comercio internacional tendencias del mercado global y el desarrollo de la industria.
Esta instancia debe utilizarse, junto con otro tipo de medidas, para que México plantee la necesidad de establecer políticas que permitan una mejor competencia y un mayor volumen de comercio entre los socios del TLCAN y no políticas que dañen la relación de intercambio.
Por todo lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, en los términos y atribuciones consignadas dentro del TLCAN, el servicio exterior realice las gestiones pertinentes a fin de contrarrestar los efectos negativos sobre la industria siderúrgica nacional derivados de enmienda a la Ley de Reinversión y Recuperación de Estados Unidos (American Recovery and Reinvestment Act) del Congreso de los Estados Unidos por la cual se establece que deberá utilizarse exclusivamente acero fabricado en Estados Unidos en las obras públicas de ese país.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que tome las medidas conducentes a fin de anticipar los efectos negativos sobre otras ramas productivas, como el cemento o el vidrio, derivado de medidas proteccionistas similares de los gobiernos de otros países.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2009.
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita respetuosamente que se formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El jueves 4 de octubre de 2007 presenté iniciativa que deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicha iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2355-III fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.
A más de un año de su presentación, la Comisión de Puntos Constitucionales no ha emitido el dictamen correspondiente.
Cabe resaltar el carácter plural de la iniciativa, pues fue suscrita por el diputado Carlos Rojas Gutiérrez y Moisés Alcalde Virgen de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional respectivamente.
Consideraciones
La necesidad de eliminar la llamada partida secreta del artículo 74 de la carta magna conserva su vigencia, pues es una puerta a la opacidad y la discrecionalidad, incompatible a los principios de rendición de cuentas, transparencia y eficiencia del gasto público.
Por lo anteriormente expuesto, y considerando que las premisas contenidas en la iniciativa mencionada son de importancia para la transparencia del presupuesto de egresos, me permito someter a la consideración de esta asamblea la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que emita el dictamen de la iniciativa presentada el 4 de octubre de 2007 por el diputado Carlos Altamirano Toledo, que deroga el párrafo cuarto de la fracción IV de el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2009
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente que se formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El martes 24 de abril de 2007 presenté la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y abroga la Ley de Planeación.
La referida iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público, y se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 2239-VI.
Aunque ha transcurrido un tiempo considerable desde su presentación, las comisiones referidas no han emitido el dictamen correspondiente.
Consideraciones
A la fecha es pertinente y necesario establecer en nuestro marco constitucional y legal un nuevo proceso presupuestal de forma que el conjunto de etapas de planeación, programación presupuestación, ejercicio, control, fiscalización y evaluación de las finazas públicas supere los elementos discrecionales y las inconsistencias que mantiene en la actualidad.
Para tal efecto se promueve otorgar al legislativo facultades de revisión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, integrando además las disposiciones de la Ley de Planeación en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por lo expuesto, y considerando que el plazo para dictaminar esta iniciativa ha sido suficiente, el suscrito somete a la consideración de esta asamblea la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen de la iniciativa presentada el martes 24 de abril de 2007 por el diputado Carlos Altamirano Toledo que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y abroga la Ley de Planeación.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, enero de 2009.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente que se formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El miércoles 26 de marzo de 2008 presenté la iniciativa que reforma el artículo 6 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados y se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 2471-II, del miércoles 26 de marzo de 2008.
A más de un año de su presentación, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados no ha emitido el dictamen correspondiente.
Consideraciones
Es necesario destacar que el compromiso del estado mexicano con el medio ambiente y el desarrollo de actividades económicas que promueven un uso racional y sustentable de los bosques no ha perdido vigencia y sin duda existe un impacto negativo del esquema fiscal del IETU en el caso específico que se comenta.
Por lo expuesto, y considerando la pertinencia de realizar la modificación propuesta en beneficio general de la población mexicana y de los grupos de campesinos que realizan actividades no depredadoras de los bosques, el suscrito somete a la consideración de esta asamblea la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía para que emita el dictamen de la iniciativa presentada el 26 de marzo de 2008 por el diputado Carlos Altamirano Toledo que reforma el artículo 6 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2009.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario de PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente que se formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El jueves 26 de abril de 2007 presenté la iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicha iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2241-VIII, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Diputados.
A casi dos años de su presentación, la Comisión de Puntos Constitucionales no ha emitido el dictamen correspondiente.
Consideraciones
La necesidad de reformar el artículo 74 de la Carta Magna conserva su vigencia, pues en el año de su renovación el Poder Ejecutivo desarrolla desahogadamente el proceso de elaboración presupuestal, mientras el Poder Legislativo se ve obligado a ejercer sus facultades constituciones con tiempo insuficiente para la reflexión y análisis del proyecto de decreto correspondiente; razones por las cuales es necesario modificar el calendario de elaboración presupuestal y la intervención del presidente electo.
Por lo expuesto, y considerando que las premisas contenidas en la iniciativa mencionada son de importancia para el mejoramiento del proceso de presentación, discusión y aprobación presupuestal, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que emita el dictamen de la iniciativa presentada el 26 de abril de 2007 por el diputado Carlos Altamirano Toledo que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2009.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)