El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrátiva a la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sin duda alguna la zona arqueológica de Teotihuacan es uno de los símbolos más representativos de la cultura prehispánica, y de los que identifican riqueza y diversidad cultural de nuestro país.
Gracias a la cultura teotihuacana, durante los siglos I al VIII, se desarrolla la civilización Olmeca en sus más originales y puras formas, con aportaciones en la escritura, la mitología, la poesía, la cerámica, estética mural y el cómputo del tiempo. Dichas aportaciones abrevarán las culturas del altiplano, particularmente los mexicas.
Desde los tiempos en que se construyó la urbe teotihuacana, se expresaba la compleja organización social, su estructurada forma de gobierno, con lo que se constituyó en una de las mayores urbes jamás construidas por la humanidad. Sobre la importancia de la cultura teotihuacana, sus aportaciones al conocimiento para la humanidad, la trascendencia, su cosmología y originalidad de su estética. Plasmada en cerámica, arte escultórico, murales y arquitectura, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le otorgó la declaración de sitio patrimonio cultural de la humanidad.
En contraste, hace apenas 4 años se enfrentó en la LIX Legislatura una crisis por la construcción de un Wal Mart en el perímetro C de la zona arqueológica, y se actuó en contra del intento de explotar indebidamente nuestro patrimonio cultural.
Nuestra intención no es tomar iniciativas contra del turismo, ni de los proyectos de promoción turística, ni de encontrar sus diferentes formas de vinculación con la cultura; tampoco estamos en contra de proyectos de desarrollo económico y social que beneficie a los mexicanos que habitan en los municipios vecinos de la zona arqueológica: Lo que no podemos aceptar es el riesgo de que una obra de montaje pueda dañar a los monumentos arqueológicos de Teotihuacan, ni podemos aceptar el riesgo de que se emitan por parte de la UNESCO, recomendaciones, que de no ser atendidas, pudieran promover el retiro de la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad.
Recuperamos una de las propuestas que han dado resultado en la resolución de conflictos donde el patrimonio cultural se encuentra en riesgo: una mesa de trabajo, en que coincidan representantes de los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal; que tenga un carácter ejecutivo y que plantee las diferentes vías de solución a problemas derivados de las obras de montaje de luz y sonido, pero que también resuelvan los problemas de desarrollo urbano, desarrollo social y económico de los municipios colindantes con la zona arqueológica; además de integrar a especialistas y autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y representantes de la sociedad civil, con el propósito de salvaguardar la zona e investigar los posibles daños ocasionados a los monumentos arqueológicos, con la intención de restaurarlos.
Refrendamos nuestro apoyo a la solicitud de suspensión de las obras, particularmente el montaje de rieles por taquetes expansivos, o cualquier otro procedimiento que implique un posible deterioro de la zona arqueológica y de sus monumentos, en tanto no se obtengan los resultados y resoluciones por parte de los integrantes de la mesa de trabajo.
Por todo lo anterior, sometemos este punto de acuerdo a la consideración de la Comisión Permanente, de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Uno. Exhortar al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al gobierno del Estado de México a establecer, de manera urgente, la mesa de trabajo que integre a los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal; así como a las organizaciones sociales y especialistas, para que en apego a las facultades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el interés del pueblo de México se preserve la integridad de la zona arqueológica de Teotihuacán
Dos. Esta soberanía se pronuncia a favor del resguardo del patrimonio cultural, en particular de la zona arqueológica de Teotihuacan, por lo que reitera la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia para suspender las obras de montaje de cableado e instalación de luz y sonido, en tanto que la mesa de trabajo emita los resultado de sus investigaciones y pueda conocerse el nivel de deterioro o la posible destrucción de los monumentos arqueológicos y, si fuera el caso, se proceda en consecuencia en contra de los presuntos responsables, y en relación al proyecto de luz y sonido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia autorice un sistema no lesivo a los monumentos de la zona arqueológica de Teotihuacan.
Dado en la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2009
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL A EVALUAR
LA SEGURIDAD, EL DESEMPEÑO Y LA FUNCIONALIDAD DEL TRANSPONDER
INTEGRADO EN LA CALCOMANÍA DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ RUBÉN ESCAJEDA JIMÉNEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
José Rubén Escajeda Jiménez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pertenecientes a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante los integrantes de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. La Secretaría de Seguridad Pública federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del 2008, la licitación pública internacional a través de medios remotos de comunicación electrónica bajo la cobertura de los tratados de libre comercio de los que México forma parte. Clave 22103001-001-08. "Etiquetas de identificación por radiofrecuencia integrada a calcomanía insertada en un formato para el Registro Público Vehicular".
2. El 9 de julio de 2008, fue presentada la proposición con punto de acuerdo en relación con el registro público vehicular, por el diputado Pablo Tejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, misma que fue turnada a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
3. En la sesión del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión celebrada el 16 de junio del 2008, se aprobó el dictamen con punto de acuerdo sobre el Registro Público Vehicular, resolviendo:
4. El 27 de agosto del 2008, asistió el ciudadano Roberto Campa Cifrian, entonces secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a fin de explicar la "licitación pública internacional a través de medios remotos de comunicación electrónica bajo la cobertura de los tratados de libre comercio de los que México forma parte. Clave 22103001-001-08. "Etiquetas de identificación por radiofrecuencia integrada a calcomanía insertada en un formato para el Registro Público Vehicular".
5. El pasado 27 de octubre del 2008, se declaro desierta la licitación pública que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio del 2008.
6. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre del 2008, en segunda convocatoria la "licitación pública internacional a través de medios remotos de comunicación electrónica bajo la cobertura de los tratados de libre comercio de los que México forma parte. Clave 22103001-001-08. "Etiquetas de identificación por radiofrecuencia integrada a calcomanía insertada en un formato para el Registro Público Vehicular".
7. El 12 de diciembre del 2008, la empresa de tecnología Neology, ganó el concurso de licitación de las calcomanías con chips de radiofrecuencia para el Registro Público Vehicular, mediante una oferta de 34 millones 750 mil dólares.
II. Consideraciones
Es importante hacer mención que en la reunión de trabajo que se celebró el 27 de agosto del 2008, con el ciudadano Roberto Campa Cifrian, entonces secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión vertieron cometarios sobre la situación de inseguridad que prevalece en nuestro país, haciendo clara su preocupación por la falta de seguridad de la tecnología que se pretende aplicar en el Registro Público Vehicular, y por ende de la vulnerabilidad en la que nos encontraríamos los mexicanos por el uso de tecnología clonable y no encriptable.
Haciendo hincapié en que la tecnología que se necesita, a fin de atacar la delincuencia es otra, ya que según lo manifestado por los legisladores de diversos grupos parlamentarios, se debería incluir un geolocalizador en el chip de los vehículos, por ejemplo la diputada Susana Monreal Ávila dijo al respecto:
Por todo lo expuesto, el suscrito somete a consideración de los integrantes de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
III. Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, a evaluar y certificar, en laboratorios nacionales o incluso internacionales, la seguridad, desempeño y funcionalidad operativa del transponder, contratado mediante licitación pública, con la empresa de tecnología Neology.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2009.
Diputado José Rubén Escajeda Jiménez
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN DE ENERGÍA SOLAR, SUSCRITA POR
EL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El diputado Diego Cobo Terrazas, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las energías renovables representan una alternativa real, no sólo para satisfacer las necesidades energéticas del país sino para contribuir al combate del cambio climático, cuyo origen guarda estrecha relación con la generación y el consumo de energía.
A diferencia del sistema eléctrico convencional, que depende de plantas generadoras centralizadas, las energías renovables pueden integrar sistemas modulares que facilitan su manejo y aprovechamiento.
La generación de electricidad a través de energías renovables en pequeños sistemas modulares puede proveer la cantidad necesaria para satisfacer total o parcialmente las necesidades energéticas a escalas doméstica, comercial e, incuso, industrial y con ello disminuir de manera importante la dependencia de los combustibles fósiles.
Desafortunadamente, la ausencia de un marco legal especial, los subsidios mal orientados e inexistentes y la falta de voluntad política por intereses creados evitan que las energías renovables encuentren su punto de impulso para proyectarse adecuadamente.
Actualmente, pese a que ya hay desarrollo tecnológico que permite el aprovechamiento de las energías renovables, en México persisten trabas burocráticas que impiden el desarrollo de estas fuentes energéticas, en especial de los sistemas de generación de pequeña escala.
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica permite a los particulares generar electricidad para su autoabastecimiento o incluso para su venta a los suministradores (CFE y LFC). En el caso de las energías renovables, la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), que entró en vigor el 29 de noviembre de 2008, establece los primeros instrumentos técnico-jurídicos para permitir mayor participación de las energías renovables en la generación nacional de electricidad.
El artículo 7o. de la LAERFTE señala que la Comisión Reguladora de Energía tiene la facultad para expedir las reglas generales de interconexión al sistema eléctrico nacional, que le deberán proponer los suministradores, escuchando la opinión de los generadores.
Hasta la fecha, los modelos de contrato de interconexión para fuentes de energías renovables son de corto alcance y están desfasados de la realidad tecnológica y del mercado.
El esquema de interconexión se debe actualizar para reconocer el derecho que la LAERFTE otorga a los particulares, a fin de que generen electricidad en la modalidad de autoabastecimiento de pequeña escala, de manera que mediante un contrato y la instalación de un medidor especial bidireccional vendan sus excedentes a la red del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el modelo de contrato en cuestión presenta importantes limitaciones.
2. Más aún: para uso residencial, el citado modelo de contrato establece una limitación de 10 kilovatios.
3. La definición de "energía solar" de dicho modelo de contrato limita a los sistemas fotovoltaicos la posibilidad para suscribir contratos con los suministradores del servicio público de energía eléctrica, dejando fuera otras fuentes, como la energía eólica o la minihidráulica, que sí están reconocidas en la LAERFTE.
Desafortunadamente, el único modelo de contrato de interconexión con la red del sistema eléctrico nacional excluye los sistemas híbridos, lo que con claridad representa una barrera para la promoción de estas tecnologías limpias.
La producción de electricidad a partir de energías renovables en su modalidad de pequeña escala no debe ser desestimada. En la medida en que estas tecnologías abaraten sus costos, mayor cantidad de personas y comunidades podrá hacer uso de ellas.
En diversas naciones desarrolladas, estos sistemas de interconexión de pequeña escala forman parte fundamental de las políticas de combate del cambio climático. México no debe abstraerse de ello, por lo que resulta indispensable que la administración pública establezca las regulaciones adecuadas para su fomento.
Por lo expuesto, los legisladores que suscribimos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Energía a promover modificaciones del modelo de contrato de interconexión para fuente de energía solar de pequeña escala, a fin de que se adecue a las disposiciones de la ley en cuanto a los máximos permitidos de generación y se amplíe su alcance para permitir la interconexión de sistemas eólicos, minihidráulicos e híbridos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de enero de 2009.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL
GRADO DE AFECTACIÓN DEL AMBIENTE EN EL PERÍMETRO DEL FRACCIONAMIENTO
VILLA MAGNA, SITUADO EN EJIDO CAPULINES, EN LA ZONA INTERMEDIA DE SALVAGUARDA
DE MINERA MÉXICO, SA DE CV, EN SAN LUIS POTOSÍ, SUSCRITA
POR EL SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PVEM
El senador Javier Orozco Gómez, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Para el Partido Verde Ecologista de México es de extrema importancia velar por la salud de todos los pobladores independientemente del lugar en donde se encuentren; por lo tal motivo, exhortamos a diferentes autoridades a cumplir con los fines para los cuales fueron creadas, en razón de los siguientes antecedentes:
2. La empresa en mención presentó a la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un estudio de riesgo ambiental en el que se determinó que realiza actividades altamente riesgosas.
3. Con base en el estudio mencionado, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas emitió una resolución en la que se determinan los radios correspondientes a la zona intermedia de salvaguarda, consistente en 897 metros para la zona de riesgo y 103 metros para la zona de amortiguamiento, área que abarca el periférico en el costado sur y suroeste de la empresa y la zona del ejido Capulines.
4 La empresa inmobiliaria Desarrolladora Intersaba, SA de CV, realizó un proyecto habitacional llamado fraccionamiento Villa Magna, en el cual se tiene proyectada la creación de 67 casas habitacionales en una primera etapa, además de lotes habitacionales y centros educativos. Dicho fraccionamiento se encuentra en construcción en el ejido Capulines, dentro de la zona intermedia de salvaguarda de la empresa Industrial Minera México, S A de CV.
5. El 19 de septiembre de 2003 el honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano Municipal, le comunicó a la empresa Desarrolladora Intersaba, SA de CV, la factibilidad del fraccionamiento Villa Magna.
6. En sesión extraordinaria del cabildo de San Luis Potosí del 24 de septiembre de 2003, se acordó por mayoría de votos aprobar el fraccionamiento Villa Magna, de la empresa Desarrolladora Intersaba, SA de CV.
7. El 10 de noviembre de 2003 la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del gobierno de San Luis Potosí autorizó, en materia de impacto ambiental, la realización del fraccionamiento Villa Magna.
10. El 20 de octubre de 2004, producto de una denuncia popular, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sugirió, a través de oficio, al honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí, analizar y reconsiderar la licencia de uso de suelo y de construcción del fraccionamiento Villa Magna, con base en posibles afectaciones humanas y ambientales, debidas a su ubicación.
11. El 16 de octubre de 2007 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sugirió al honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí analizar y modificar el plan de desarrollo urbano del municipio de San Luis Potosí y el Plan Centro de Planeación Estratégico San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, tomando en consideración el estudio de riesgo ambiental presentado por la empresa Industrial Minera México; además recomendó nuevamente el análisis y reconsideración de la licencia de uso de suelo para la construcción del fraccionamiento Villa Magna, promovido por la Desarrolladora Intersaba SA de CV.
12. A la fecha, el desarrollo urbano fraccionamiento Villa Magna posee un área habitada y otra más continúa en construcción.
Dentro de los agentes tóxicos en mención se encuentra el amoniaco, que aún emitiendo los valores máximos permisibles por la legislación, produce afectaciones en humanos como irritación en piel, ojos y vías respiratorias, y si se ingiere puede causar efectos corrosivos en boca, esófago y estómago, por ser un elemento de naturaleza caústica, además irrita los tejidos profundos de los pulmones y puede provocar edema pulmonar. Las mismas afectaciones pueden inferirse para los animales de granja, domésticos y de consumo humano. En referencia a afectaciones ecológicas, la exposición de diversos materiales al amoniaco gaseoso, en presencia de humedad, puede originar una película alcalina corrosiva sobre ellos, que podría afectar suelos y agua que, en determinadas circunstancias, pudiera filtrarse a los mantos freáticos, y así contaminar el agua de uso y consumo animal y humano.
Los contaminantes emitidos por la empresa deben ser manejados de acuerdo a las normas oficiales mexicanas y la legislación en materia ambiental, a fin de controlar las afectaciones humanas y el deterioro ambiental.
Si bien lo referente a residuos peligrosos es materia federal, la licencia de uso de suelo y el adecuado desarrollo urbano son responsabilidad del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, los ayuntamientos tienen la obligación de realizar un plan de desarrollo urbano, que debe comprender datos que permitan su aplicación en función de la situación social, cumpliendo con condiciones de seguridad que permitan al municipio desarrollarse adecuadamente, sin exponer a los habitantes a eventos que pongan en peligro su salud o el equilibrio ecológico.
Es inconcebible que debido a las inconsistencias del Plan de Desarrollo Urbano para el Municipio de San Luis potosí, se haya concedido la licencia para el desarrollo del fraccionamiento Villa Magna, que se encuentra ubicado en la zona intermedia de salvaguarda de la empresa Industrial Minera México SA de CV, de la cual ya hicimos mención.
Tomando en cuenta lo referido, es necesario realizar una investigación sobre los procedimientos y acciones que las autoridades directamente facultadas han realizado en torno al asunto en comento, así como los fundamentos para permitir el desarrollo del proyecto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que, en el ámbito de su competencia, realice una evaluación de riesgo sobre el grado de afectación al medio ambiente dentro del perímetro del fraccionamiento Villa Magna, ubicado en el ejido Capulines, dentro de la zona intermedia de salvaguarda de la empresa Industrial Minera México SA de CV, en San Luís Potosí.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de su competencia, y a través de las instancias adecuadas, realice una investigación y evaluación de riesgo a la salud humana dentro del perímetro del fraccionamiento Villa Magna, ubicado en el ejido Capulines, dentro de la zona intermedia de salvaguarda de la empresa Industrial Minera México SA de CV, en San Luís Potosí.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que remita a esta soberanía las recomendaciones emitidas respecto del fraccionamiento Villa Magna, ubicado en el ejido Capulines, dentro de la zona intermedia de salvaguarda de la empresa Industrial Minera México SA de CV, en San Luís Potosí, así como cualquier otra información que coadyuve a la evaluación del riesgo.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al municipio de San Luís Potosí que rinda un informe a esta soberanía respecto al permiso otorgado a la empresa Desarrolladora Intersaba, SA de CV, sobre la factibilidad del fraccionamiento Villa Magna, así como la reconsideración de los permisos y autorizaciones de nuevos asentamientos humanos en el perímetro de la empresa Industrial Minera México SA de CV, refinería electrolítica de zinc, por los posibles daños que pudieran ocasionárseles.
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
AL CAMBIO DE LA RANA DE MADRIGUERA EN LA NOM-059-SEMARNAT-2001, SUSCRITA
POR EL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El diputado Diego Cobo Terrazas, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 5 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, "Protección ambiental. Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión o cambio. Lista de especies en riesgo".
Este proyecto se publicó, para consulta pública, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a efecto de que los interesados, dentro de los 60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, presenten sus comentarios ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que el próximo 2 de febrero termina el plazo referido.
La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 tiene su origen en el artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre, y tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción.
De acuerdo con el artículo 58 de la Ley General de Vida Silvestre, las especies o poblaciones en riesgo serán identificadas de la siguiente forma:
b) Amenazadas, aquéllas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer, a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.
c) Sujetas a protección especial, aquéllas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación, o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.
Extinto en estado silvestre (EW). Cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población –o poblaciones– naturalizadas completamente fuera de su distribución original.
En peligro crítico (CR). Cuando se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro (EN). Cuando se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable (VU). Cuando se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
Casi amenazado (NT). Cuando está próximo a satisfacer los criterios en peligro crítico, en peligro o vulnerable en el futuro cercano.
Preocupación menor (LC). Cuando son abundantes y de amplia distribución.
Datos insuficientes (DD). Cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación directa o indirecta de su riesgo de extinción, basándose en la distribución o condición de la población.
No evaluado (NE). Un taxón se considera no evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación con estos criterios.
Mientras que en la lista de IUCN, está catalogada como una especie en peligro, debido a que su extensión de ocurrencia es menor que 5 mil kilómetros cuadrados, su área de ocupación es inferior a 500 kilómetros cuadrados, su distribución está muy fragmentada y hay un continuo descenso en el grado y la calidad de su hábitat en el sur Aguascalientes y el extremo noroeste de Jalisco, México.
La lista roja menciona que la población de esta especie tiende a disminuir, siendo sus principales amenazas la transformación del hábitat original de pastizales en tierras agrícolas y la consiguiente contaminación de los pesticidas.
El hábitat de la rana de madriguera se limita a las zonas de pastizales inundables donde la formación de encharcamientos favorece a su reproducción. Al ser una rana de hábitos cavadores, en temporada de estiaje se refugia dentro de galerías construidas en suelos arcillosos, las cuales tienen una profundidad aproximada de 30 centímetros y una longitud de hasta 5 metros. Durante la época de lluvias intensas, la rana de madriguera sale de la galería para aparearse, "los machos llaman a las hembras desde el interior de estanques temporales o en terrenos inundados que no superan los 30 centímetros de profundidad, ya sea desde la orilla o dentro del estanque donde emiten su reclamo flotando".* Una vez que los huevos son depositados en el agua y disgregados en el fondo del estanque, transcurren entre 4 y 5 semanas para que los renacuajos nazcan. De acuerdo con las observaciones de campo realizadas por el maestro en ciencias Gustavo E. Quintero Díaz, presidente de Conservación de la Biodiversidad del Centro de México, A C, con sede en Aguascalientes, al salir del estanque, los renacuajos no han completado su metamorfosis pues todavía tienen el 60 por ciento de su cauda.
La rana de madriguera se encuentra en un área de menos de 100 kilómetros cuadrados de superficie. Esto la hace la especie con la distribución geográfica más restringida de las ranas arborícolas registradas en México. Muy a pesar de que se tenían registradas sólo 8 localidades en que se distribuía la especie, las últimas observaciones de campo llevadas a cabo en el periodo 2002-2007 revelan que sólo se observaron ejemplares en 2 localidades. Una al sur de la población Villa Hidalgo, Jalisco, donde se reportó la presencia de tan sólo 3 individuos de ranas de madriguera, lo que sugiere que esta población está a punto de extinguirse, mientras que la otra localidad se sitúa en el poblado de Buenavista de Peñuelas, municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, donde se encuentra una población que en los dos últimos años se ha logrado reproducir con éxito, no obstante que el número de individuos ha demostrado un decremento significativo por las patentes amenazas a su conservación. Sin embargo, la principal amenaza en Buenavista de Peñuelas es, como en todos los casos, la actividad antrópica, como el cambio en el uso de suelo para actividades ganaderas, agrícolas y urbanas, así como la construcción de vías de comunicación.
Según los monitores realizados para la especie dentro del poblado de Buenavista de Peñuelas, en 2005 la población era de 397 ejemplares, para el 2006 había disminuido a 256 ejemplares y, pese a que para 2007 se cuantificaron 426 ejemplares, en un solo periodo de ese año la población decreció en 126 individuos. Para 2008 no se tiene aun un registro de los individuos que integran esta población de la Smilisca dentata. No obstante, hasta agosto se habían realizado 3 muestreos en la zona, los cuales se registraron por lo menos 50 ranas atropelladas; esto, debido a que el hábitat se fragmentó por el paso de una carretera. Aunado a lo anterior, los predios donde habita la rana son destinados para actividades agrícolas y pecuarias, lo que provoca la compactación del suelo y su acidez, en detrimento de la especie.
El Partido Verde Ecologista de México ha realizado diversos puntos de acuerdo, manifestando su preocupación por la especie de rana de madriguera, refiriendo los siguientes:
El 21 de febrero de 2008, el diputado Juan Gaytán Mascorro presentó ante la Sexagésima Legislatura de Aguascalientes proposición con punto de acuerdo relativo a la creación de un área natural protegida Santuario de la Rana de Madriguera.
El 22 de diciembre, el diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Javier Orozco Gómez presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propuesta con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal niegue la autorización de impacto ambiental al proyecto denominado Pista Coyotillos, por poner en peligro de extinción la rana de madriguera, el cual ya fue dictaminado, generándose un exhorto al Poder Ejecutivo de Aguascalientes y del municipio de Aguascalientes a reevaluar los permisos y autorizaciones para la construcción de la Pista Coyotillos, considerando el grave efecto que tendrá sobre la última población viable conocida de la rana de madriguera.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a modificar en la NOM-059-SEMARNAT-2001, "Protección ambiental. Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo", el estatus de la especie conocida como rana de madriguera (Smilisca dentata), de "amenazada" a "en peligro de extinción".
Nota
* Quintero Díaz, Gustavo E. Propuesta de
protección de una población del anuro endémico del
centro del país (Smilisca dentata) en peligro de desaparecer.
México, enero de 2008 (mimeo).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de enero de 2009.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA ASF, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A
LA SEP Y A LA SEDESOL A INVESTIGAR EL USO DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS
EN 2006 Y 2007 A SEIS MUNICIPIOS, EN ESPECIAL A MONCLOVA, COAHUILA, A CARGO
DEL DIPUTADO CARLOS AUGUSTO BRACHO GONZÁLEZ Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Rolando Rivero Rivero, diputado federal integrante de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante quien expongo proposición con punto de acuerdo basado en lo siguiente:
En Coahuila, el 5 de octubre se llevó a cabo elección para diputados locales, en donde 9 presidentes municipales por el Partido Revolucionario Institucional renunciaron a su cargo para ostentar la candidatura, donde salieron triunfantes de dicho proceso. El problema real no es ese. El problema es que se sabe perfectamente que el objeto de presentarse como candidato para diputados locales es única y exclusivamente para tratar, al estar en el Congreso de Coahuila, tapar todas las anomalías económicas que presentan sus municipios: la Auditoria Superior local ha demostrado grandes desviaciones e irregularidades en el uso de los recursos, inclusive federales. Este punto de acuerdo pretende exhortar a la Auditoria Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoria Superior local, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar una investigación exhaustiva a los siguientes municipios: Monclova, Saltillo, Piedras Negras, Frontera, Parras de la Fuente y Matamoros, en Coahuila; para que se investiguen los fondos que correspondieron a la aportaciones que se realizaron durante 2006 y 2007.
En el municipio de Monclova, a su presidente anterior, Pablo González González, se le acusa de desviaciones por más de 65 millones de pesos; en el municipio de Saltillo, a su presidente anterior, Fernando de las Fuentes, por 38 millones de pesos; en Piedras Negras, Jesús Mario Flores, por 32 millones de pesos; en Frontera, Rogelio Ramos, por 22 millones de pesos; en Parras de la Fuente, Ignacio Segura, por 18 millones de pesos; y en Matamoros, Raúl Onofre, por 18 millones de pesos.
En el caso del municipio de Monclova, Coahuila –el más grave–, éste recibió durante 2006 y 2007 recursos por 182 millones de pesos en exceso, a los que tuvo la administración anterior en el periodo 2004-2005; de ellos, 61 millones de pesos corresponden a participaciones y fondos, 26 a derechos, 34 a impuestos, 55 a contribuciones especiales y 4 a otros conceptos. A pesar de todo esto, los recursos fueron insuficientes y el ayuntamiento hipotecó con préstamos que actualmente suman más 150 millones de pesos.
Uno de los recursos más importantes fue de 23 millones 136 mil 842 pesos que corresponden al ramo educativo, que no fueron depositados en cuentas aparte para proceder a su manejo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. Como ésta existe una infinidad de recursos que no han sido debidamente comprobados y que, en total, la Auditoria Superior local lo acusa de malversación de fondos por 65 millones de pesos, que no puede, hasta la fecha, comprobar, así como el incumplimiento de lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contrataciones de Servicios, donde 17 millones de pesos, hasta la fecha, no se sujetan a comprobación.
Por lo anterior, pido y exhorto, como diputado federal de esta LX Legislatura, y como del municipio de Monclova, cabecera de mi distrito III, a realizar una revisión exhaustiva de los recursos federales otorgados durante 2006 y 2007 que hasta la fecha se presumen fueron gastados en forma irregular y que muchos de estos fueron a dar a los bolsillos tanto del presidente municipal como de las personas encargadas del manejo económico del municipio.
Por lo anterior expuesto, propongo
Punto de Acuerdo
Único. Exhorto a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoria Superior local, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar una investigación exhaustiva del uso de los recursos federales otorgados durante 2006 y 2007 para los 6 municipios antes indicados y, en especial, los de Monclova, Coahuila, con el único objeto de deslindar responsabilidades sobre el manejo de los recursos públicos y federales asignados a cada uno de ellos, y hacer caer todo el peso de la ley a quien resulte responsable de los que se sirvieron de ellos. Lo anterior, pido sea enviado en forma expedita a turno de comisiones para proceder a lo que resulte.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA AMPLIAR
POR UN PERIODO DE SEIS MESES POSTERIOR A LA PÉRDIDA DEL EMPLEO EL
SERVICIO DE GUARDERÍA INFANTIL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CÉSAR
DUARTE JÁQUEZ, EMILIO GAMBOA PATRÓN Y LILIA MERODIO REZA
E INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La participación de las mujeres en el ámbito económico ha ido en aumento para bien del desarrollo, la economía y la igualdad. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, en el año 2002 la participación de las mujeres en la población económicamente activa fue del 38.9 por ciento, comparado con el 20.9 por ciento que se tenía en los años sesenta.
En África, donde las mujeres forman parte de más de la mitad de los pequeños agricultores, se tiene registrado que su trabajo produce alrededor del 80 por ciento de los alimentos y constituyen cerca de las tres cuartas partes de la fuerza laboral en la producción y procesamiento de los mismos. Pero las mujeres todavía no tienen acceso a la tierra. Sin derechos de propiedad, ellas no están en condiciones de obtener ni créditos ni apoyo para la producción.
Asimismo, existen múltiples retos para mejorar la condición de la participación de las mujeres en la actividad económica y comercial, como son evitar que tengan un nivel de salario inferior en condiciones similares a los hombres. En comparación con los varones, su participación se encuentra más a menudo en los sectores informales, careciendo de beneficios y derechos legales; generalmente las mujeres son más propensas a ser contratadas en posiciones menos regulares, en condición temporal y en puestos de jerarquía inferior y limitadas oportunidades de desarrollo.
Además, la función reproductora de las mujeres ha seguido siendo percibida como un estigma en el mercado laboral. En un esfuerzo para promover un cambio de actitud, algunos gobiernos han adoptado políticas para armonizar las responsabilidades laborales y familiares en pugna.
En el Código del Trabajo y el Código de Bienestar Familiar de Polonia se garantiza la igualdad de derechos a las mujeres y a los hombres en lo que respecta a licencias para atender las necesidades familiares, pero se concede protección especial a las mujeres por razones de maternidad.
En nuestro país tenemos el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, regulatorio de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual establece, específicamente en su artículo 3, que los asegurado que causen baja en el régimen obligatorio conservarán el derecho a las prestaciones que otorga el ramo de guarderías sólo durante las cuatro semanas posteriores a la presentación del aviso correspondiente.
Este periodo resulta a todas luces insuficiente e injusto, ya que las madres trabajadoras que cuentan con el servicio de guardería infantil, como una prestación derivada de su empleo y de la aportación de sus cuotas obrero-patronales, al causar baja en sus empleos se encuentran en el conflicto de hallar un lugar en donde dejar a sus hijos a fin de realizar otro tipo de actividades para subsistir, tomado en cuenta la escasez de fuentes de trabajo el período de cuatro semanas resulta exiguo, quedando en franca desprotección del régimen social del Estado.
Recientemente el presidente de la República dio a conocer el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo. Dentro de sus 25 medidas se encuentra la ampliación de la cobertura del Seguro Social para trabajadores desempleados, extendiéndose de dos a seis meses la cobertura de atención médica y de maternidad para quienes hayan perdido el empleo, pero no consideró a las mujeres trabajadoras con hijos en sus guarderías, lo cual es una omisión inaceptable.
De tal manera que nuestra propuesta consiste en reconocer la necesidad de que se amplíe el servicio de guardería infantil por un periodo de seis meses posteriores a la pérdida del empleo, a fin de beneficiar a las mujeres trabajadoras, que tienen la cualidad de ser madres y ello no debe ser un estigma ni jurídico, ni social.
Con estos antecedentes, propongo a esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal a ampliar en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería el servicio de guardería infantil por un periodo de seis meses posteriores a la baja del empleo, para que las mujeres trabajadoras del régimen del seguro social, como una medida adicional al Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo dentro de sus 25 puntos.
Segundo. Asimismo, se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, la ampliación de seis meses en la cobertura de los derechos de los trabajadores desempleados.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2009.
Diputados: Emilio Gamboa Patrón, César
Duarte Jáquez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Israel Beltrán
Montes, Enrique Serrano Escobar, Octavio Fuentes Téllez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN SOBRE DIVERSOS
ASPECTOS DE LA INICIATIVA MÉRIDA E INVITAR A UNA REUNIÓN
A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO
BARREIRO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Luego de un largo e intenso periodo de deliberaciones legislativas en Estados Unidos, la Iniciativa Mérida, acordada por los gobiernos de México y de la Unión Americana, ha iniciado sus operaciones.
2. El tema tiene especial relevancia por dos cuestiones: el ascenso permanente de la espiral delictiva en nuestro país, la cual multiplica los crímenes para expandir su dominio e incursiona ya en la utilización de métodos inéditos en México, como el terrorismo directo contra la población.
3. En contrapartida a la confianza que demuestran en las conferencias de prensa los funcionarios responsables de la seguridad pública, la audacia y ferocidad de los criminales atemorizan cada vez más a la sociedad, la cual no avizora una mejora que al menos atenúe la crispación en que vive. Ante la información de sucesivos boletines oficiales que enumeran decomisos de armamento, drogas y grandes cantidades de dinero, los hechos parecen demostrar que esas acciones en poco o nada afectan a las organizaciones de criminales, pues a una incautación supuestamente relevante siguen otras de mayor cuantía, lo que se ha convertido en una escalada que parece no tener fin y que expande la incertidumbre entre la sociedad, junto a la duda de si las acciones anticrimen del gobierno federal tienen rumbo y estrategia.
4. Ni los informes gubernamentales ni los discursos de los funcionarios son suficientemente convincentes para ganar la credibilidad social; el clamor de los ciudadanos y sus familias es el que se presenten hechos que demuestren la eficacia de las instituciones en un horizonte estratégico y que se suspendan las declaraciones efectistas que sólo buscan efectos publicitarios con fines electorales. Así, es fundamental que los recursos adicionales que se han gestionado a través de la Iniciativa Mérida generen resultados también adicionales, no sólo en las metas operativas más obvias, como la capacitación de personal y otras similares, sino también exigir del gobierno federal el compromiso para obtener resultados que demuestren el esfuerzo adicional de eficacia y eficiencia institucionales que la situación demanda.
5. Recordemos que el pasado 3 de diciembre, México y Estados Unidos firmaron una carta de entendimiento mediante la cual se libera la primera parte de los recursos considerados en la Iniciativa Mérida. Se liberaron así 197 millones 175 mil dólares de los 400 millones para apoyar la lucha contra el narcotráfico en territorio nacional. Dicha cantidad estaría orientada a la compra de equipos de inspección no intrusiva, tecnología aplicada, perros adiestrados, capacitación en materia de control de confianza y técnicas de investigación, entre otras. En el acto de firma del acuerdo de cooperación se indicó que la entrega de recursos y equipos se completaría hacia marzo o abril del presente año y los recibirían varias dependencias e instancias del Estado mexicano, como la Secretaría de Defensa Nacional.
6. De acuerdo con información que el titular del Ejecutivo envió al Senado de la República sobre el destino que podrían tener los recursos recibidos, las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), y de Seguridad Pública federal (SSP), así como la Procuraduría General de la República (PGR), son las más beneficiadas con recursos de la Iniciativa Mérida en 2008 y 2009. Para la Sedena se prevén 69 millones 500 mil dólares; para la PGR, 63 millones 300 mil; para la Semar, 50 millones; y para la SSP federal, 56 millones 950 mil, mientras que en conjunto para varias acciones la PGR y la SSP ejercerían 15 millones 500 mil dólares. Adicionalmente, se establece en el documento que "a partir de la firma del acuerdo, cada dependencia del gobierno federal podrá convenir y formalizar acuerdos específicos en el marco de sus atribuciones, con la finalidad de ejecutar cada una de las medidas de cooperación consideradas en la Iniciativa Mérida".
7. Días después, autoridades de la cancillería mexicana informaron que durante la segunda etapa de aplicación de los recursos de la Iniciativa Mérida se destinarían 116.5 millones de dólares para la compra de helicópteros y aviones que se entregarían a la Sedena y a la Semar. Carlos Rico Ferrat, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalló que los recursos serían liberados antes que concluyera la administración del presidente estadounidense George Bush, el próximo 20 de enero.
8. No obstante, apenas el 7 de enero, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Antonio O. Garza, señaló que México no recibirá hasta el próximo otoño el equipo con un valor de 99 millones de dólares, como parte de la segunda fase de la Iniciativa Mérida, los cuales serán entregados por medio de la Agencia de Cooperación en Defensa y Seguridad del Departamento de Defensa de aquella nación.
9. A pesar de que el Congreso de la Unión ha reiterado en numerosas ocasiones la petición de información precisa al Ejecutivo federal para dar seguimiento puntual a los acuerdos derivados de la Iniciativa Mérida, éste ha mostrado muy poca voluntad para compartir dicha información. En otros mecanismos de cooperación bilateral antidrogas ha sido necesario ajustar los esquemas funcionales para que la soberanía nacional no sea vulnerada.
10. Nos parece que sería un grave error del Congreso de la Unión permitir que los apoyos del gobierno estadounidense, comprometidos con la Iniciativa Mérida, sean operados con la misma ineficiencia con que el Ejecutivo federal ha ejercido los recursos normales destinados a la seguridad pública en el país y, más aún, sin la supervisión de la representación popular.
11. Por lo anterior, es preciso que esta soberanía sea informada sobre los asuntos sustantivos de la Iniciativa Mérida, como la fecha precisa de inicio operativo de los compromisos bilaterales establecidos; el desglose de responsabilidades institucionales en el cumplimiento de tales compromisos; cuáles serán las autoridades encargadas de otorgar la capacitación a los funcionarios mexicanos encargados de operar la nueva infraestructura, como la operación del nuevo software para el control sobre la migración; si nuestro país ha autorizado la portación de armas de agentes estadounidenses en nuestro territorio; y cómo se operarán mecanismos permanentes de consulta con organizaciones no gubernamentales.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición, de urgente resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita a la secretaria de Relaciones Exteriores a una reunión de trabajo con el fin de tratar los asuntos de interés nacional relacionados con los compromisos adoptados y con los acuerdos específicos para ejecutar cada una de las medidas de cooperación consideradas en la Iniciativa Mérida de cooperación bilateral.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía toda la información disponible sobre la implantación en México de la Iniciativa Mérida, que contenga, entre otros documentos, el plan de trabajo, la estructura orgánica, los elementos normativos y la metodología con que se ejecutarán los acuerdos, así como el número de integrantes y el tipo de función que realizará el personal extranjero que intervendrá en la implantación de los acuerdos de dicho acuerdo de cooperación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2009.
Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS REALICE FOROS DE DEBATE SOBRE LA APLICACIÓN
DE LA PENA DE MUERTE EN EL PAÍS Y SU POSIBLE EFICACIA COMO MEDIDA
PUNITIVA, A CARGO DE LA DIPUTADA GLORIA LAVARA MEJÍA Y SUSCRITA
POR EL SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PVEM
La diputada Gloria Lavara Mejía y el senador Javier Orozco Gómez, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Verde, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política, 116 de la Ley Orgánica, y 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando sea considerada como de urgente u obvia resolución, con base en los siguientes
Considerandos
El pasado 20 de agosto el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como diversas leyes secundarias, con el objeto, entre otros, de reinstaurar la pena de muerte en nuestro país para sancionar única y exclusivamente a
• A los miembros o ex miembros del Ejército, Mariana, Policías y Ministerios Públicos Federales que participen en algún secuestro.
Es importante mencionar que esta propuesta forma parte de un paquete integral de reformas que los Legisladores del Partido Verde presentamos para combatir el delito de secuestro, toda vez que estamos concientes que la pena de muerte por sí sola resultaría insuficiente para hacerle frente a este grave delito.
En el mismo sentido, el pasado 11 de diciembre del año en curso, la LVII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila presentó ante esta Cámara de Diputados iniciativa para reformar los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que las entidades federativas estén facultadas para prever en sus respectivos códigos penales la pena de muerte para sancionar a los secuestradores que priven de la vida a sus víctimas. Cabe señalar que el Congreso de Coahuila presentó esta iniciativa en ejercicio de las facultades previstas en la fracción III del artículo 71 de la Constitución.
Estas iniciativas recogen un reclamo actual de un importante sector de la sociedad mexicana. Diversas encuestas de opinión señalan que los Mexicanos están a favor de incrementar las penas como medida para inhibir la comisión de delitos, e inclusive, algunas de ellas, evidencian el alto índice de aprobación que la pena de muerte tiene entre la población de nuestro país.
Como ejemplo de lo anterior, tenemos la encuesta titulada "Incremento de penas a delitos graves" elaborada por Consulta Mitofsky durante el mes de febrero de 1997,1 en donde el 74.8 por ciento de los mexicanos encuestados estuvieron de acuerdo en aplicar la pena de muerte para los delitos graves y ubicaron a esta acción entre las tres medidas que con mayor urgencia debía adoptarse para combatir el crimen2 en nuestro país.
En el mismo sentido se encuentra la encuesta "Attitudes to the death penaltiy", elaborada por la empresa IPSO MORI durante el año 2007,3 en la cual el 60 por ciento de los mexicanos encuestados consideraron que si la pena de muerte fuera aplicada en nuestro país el número de asesinatos se reduciría y el 46 por ciento consideró la pena de muerte un castigo apropiado para los homicidas.4
Nuestro país vive una etapa de crisis en materia de seguridad, la población reclama desde hace tiempo acciones firmes y decididas para enfrentarla y no podemos ignorar que un importante sector de ella se ha pronunciado a favor de reinstaurar la pena de muerte en nuestro país.
"El gobierno democrático tiene una justificación teórica que parece inapelable: el mejor gobierno es aquel en el que interviene –de forma más o menos directa– el pueblo. Pero debe justificarse también en los hechos: un gobierno democrático se justifica en los hechos si y sólo si es capaz de proporcionar un nivel mínimo de bienestar y seguridad a los habitantes de un Estado."5
Los legisladores que integramos el honorable Congreso de la Unión somos depositarios de la representación popular y una de nuestras obligaciones consiste precisamente en canalizar los reclamos de la población a este Congreso que es la institución responsable de analizarlos y discutirlos.
Por ello, "no podemos continuar exclusivamente sobre la base de la teoría de la representación política, "montada sobre el mito de la identidad entre representante y representado y la indivisibilidad de la soberanía".6
Porque "la identidad entre pueblo y representante popular tiende a fundar la creencia de que cuando éste decide es como si decidiera aquél, que su decisión es la decisión del pueblo, que él expresa la voluntad general, la voluntad de todos, o del todo común. O sea, que en tal supuesto, el pueblo se autogobierna… La ficción no puede extremarse hasta tal punto.7 Si la soberanía es esencial y originalmente del pueblo, ésta no puede seguir siendo un mero dogma.
Por ello, en el momento de legislar o de participar en la toma de decisiones públicas, como representantes populares debemos servir a los intereses de nuestros representados y una de esas maneras es a través de la celebración de foros.
Más aún, no debemos pasar por alto que la esencia del trabajo parlamentario consiste precisamente en debatir, en intercambiar opiniones y escuchar los argumentos de aquellos con los que disentimos, porque sólo de esta forma las decisiones que emanen de este Congreso reflejarán la verdadera voluntad de los mexicanos y de la democracia que se vive en México.
Si bien en México hemos constituido una democracia representativa, no olvidemos la base de toda democracia, el pueblo. Como lo indica Sartori, la definición etimológica de la democracia es "…el gobierno o el poder del pueblo".8
Por ello, aún cuando tenemos una democracia representativa no podemos hacer a un lado las demandas de los mexicanos, estamos obligados a conducirnos como el espacio donde las manifiesten.
Ya lo decía Bobbio, "la existencia de instituciones de la democracia representativa no impide la adopción, para ciertos casos… de mecanismos de democracia participativa o directa… a fin de conocer la opinión directa de la ciudadanía a través de una votación general; incluso, cabe afirmar que una democracia integral requiere del complemento de instrumentos de democracia participativa o directa y representativa".9
No olvidemos que "…la evolución del sistema democrático representativo a través de la historia, se ha caracterizado por el ensanchamiento gradual y progresivo de la participación del pueblo… en la toma de las decisiones del Estado… las instancias populares de consulta y decisión en materia de funciones pública,… se han incorporado poco a poco a un número significativo de sistemas constitucionales".10
Por ello, los representantes populares debemos reconocer la necesidad de incorporar fórmulas cada vez más amplias mediante las cuales el pueblo pueda decidir directamente sobre la acción del Estado. En este sentido Bobbio afirmó: "la pregunta que debemos plantearnos no es ¿quién vota?, sino ¿sobre qué puntos puede votar?"11
Las elecciones populares son apenas el comienzo de una democracia el mínimo grado de democracia. A partir de allí hay que construirla con ese y otros métodos democráticos que comprendan a toda la sociedad.
El ejercicio democrático que propone el Grupo Parlamentario del Partido Verde no es nuevo, recordemos que los griegos fueron los primeros en practicar la democracia directa pero los romanos le dieron usos más amplios. Por ejemplo, a partir del siglo IV antes de Cristo, las autoridades romanas recurrieron al plebiscitum para legitimar sus decisiones ante la asamblea de los plebeyos.13
Con la Revolución Francesa y la lenta consolidación de las formas de gobierno democrático, su aplicación se volvió más común. Por ejemplo, se hizo uso del plebiscito para la aprobación de la anexión de territorios a Francia.13
"En América, algunas de las trece colonias de la Nueva Inglaterra (Massachussets, Connecticut, New Hampshire y Rhode Island) sometieron sus nuevas constituciones a la aprobación popular por la misma vía, a partir de 1778."14
"En el siglo XIX el procedimiento empezó a ser parte de la vida política interna de algunos países. En Suiza, por ejemplo, esta práctica, difundida a nivel de los cantones, fue incorporada a las dinámicas de reforma constitucional y de elaboración de las leyes a nivel federal. … En Estados Unidos, algunos estados secesionistas sometieron a la aprobación de sus votantes su separación de la Unión Americana."15
"En otros países, particularmente… [en] Estados Unidos, estas formas de iniciativa o de democracia directa dieron origen a toda una escuela política y filosófica que se llamó el "progresivismo", a principios del siglo XX. …y que provocó que el estado de Oregon fuera pionero en el establecimiento del referéndum y del plebiscito en 1902."16 En consecuencia, "49 de los estados de la federación utilizan una forma u otra de democracia directa; 39 de ellos exigen o permiten a los gobiernos locales realizar consultas sobre cuestiones que les competan."17
Por su parte, en América Latina "…a inicios de los años noventa cobró fuerza la tendencia de expandir los mecanismos de democracia directa, en busca de mayores niveles de participación ciudadana, para corregir la crisis de representación…"18
Así, "…a fines de 2000, 13 países de América Latina regulan a nivel nacional diferentes mecanismos de democracia directa en sus respectivas Constituciones".19
"Para México estas instituciones (el referéndum, el plebiscito o la iniciativa popular) no son una innovación, sino que paradójicamente existe una gran tradición en este sentido y sucede lo mismo en los estados…"20
"En diciembre de 1863, se realizó [dos referenda] para confirmar a Maximiliano como emperador de México; en tanto que el segundo, de las siete leyes de noviembre de 1874, se realizó con el fin de reformar la Constitución de 1857 y restaurar el Senado."21
"Hay que mencionar que desde 1930 ha existido en los estados alguna expresión de democracia directa, como la ley oaxaqueña del plebiscito de ese año, pero fue a partir de la Ley Orgánica del Distrito Federal de 1978 cuando se adoptaron con mayor difusión e intensidad.22
"Posteriormente algunas entidades federativas las han incluido en sus respectivas constituciones, siendo el caso las siguientes, con respecto al referéndum:
- Estado de México. En febrero de 1995 incluyó la figura del referéndum (artículo 14) y en agosto del mismo año expidió su ley reglamentaria.
- San Luis Potosí. En noviembre de 1996 incorpora el referéndum y el plebiscito.
- Guerrero se incorporó una modalidad de referéndum-plebiscito que aún está vigente.
- Jalisco. En 1997, referendum, plebiscito e iniciativa popular.
- Tlaxcala. En 1997, referendum, plebiscito y consulta popular.
Si bien nuestra Carta Magna no regula expresamente los mecanismos de democracia directa, no podemos pasar por alto que actualmente ya no satisface la democracia solamente representativa debemos combinarla con mecanismos mediante los cuales el pueblo intervenga directamente para fines distintos a la elección de autoridades.
"Estos mecanismos permiten discutir cualquier tipo de problema político más allá de las limitaciones impuestas por las rivalidades partidistas: …
- Obligan a los representantes a responder a las demandas populares.
- Muchas veces obligan a tomar decisiones necesarias en situaciones donde los legisladores no quieren asumir el riesgo de inclinarse a favor de una opción determinada."24
Fundamentalmente porque la democracia tiene que ser dinámica en sus formas y procedimientos [debido] a que la consulta directa favorece la responsabilidad ciudadana, conducen a la rápida toma de decisiones sobre temas controvertidos, propician la creación de foros públicos para debatir temas nacionales críticos y permiten a los líderes nacionales conocer el punto de vista de la ciudadanía".25
Como en su momento propusimos ante la Cámara de Diputados, a estos foros se deberá convocar a especialistas en temas de seguridad, universidades, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales, autoridades, y a todo ciudadano interesado para que discutan de cara a la sociedad estos tema que sin duda forman parte de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana contemporánea.
Sin duda alguna, el Congreso de la Unión es el espacio idóneo para llevar a cabo el análisis y discusión de estos temas, ya que en él se encuentran representados los diversos sectores que integran la sociedad mexicana.
Un claro ejemplo de los beneficios que se pueden obtener de este tipo de foros, son los debates que el Senado de la República organizó en torno a la reforma energética. En ellos se abordaron las diversas propuestas y se escucharon los distintos puntos de vista respecto del tema energético, lo que sirvió para que la población y los propios legisladores fijáramos una postura informada respecto del tema y contribuyó a conciliar las posiciones de los distintos actores políticos que en un inicio parecían irreconciliables.
En resumen, consideramos que los foros que proponemos contribuirán de manera significativa, a que las decisiones que se tomen en torno a este tema no se basen en prejuicios sino que tengan un verdadero sustento científico y democrático.
Como ya se mencionó, actualmente existen dos iniciativas de Ley presentadas ante la Cámara de Diputados que proponen, entre otras cuestiones, reinstaurar la pena de muerte en nuestro país. Sobre este particular, es importante destacar que los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos 55 a 64, de este último ordenamiento, regulan expresamente el trámite que deben seguir dichas iniciativas. En este contexto, la obligación de este Congreso respecto de dichas iniciativas es clara: deben ser dictaminadas en las comisiones a las que fueron turnadas para que, en su caso, sean aprobadas por el Pleno de la cámara de origen y sigan un trámite similar en la cámara revisora.
Es importante mencionar que el pasado 8 de diciembre de 2008 el periódico El Universal publicó una encuesta en torno a el tema que se sujeta a consideración de esta Comisión Permanente; en ella el 83 por ciento de los mexicanos encuestados se manifestó a favor de que el Congreso Mexicano debatiera las iniciativas en materia de pena de muerte, mientras que sólo el 13 por ciento consideró que el tema no debía ser debatido.26
Por último, para este año la Cámara de Diputados aprobó aproximadamente mil quinientos millones de pesos para cubrir gastos inherentes al desarrollo de las funciones legislativas, entre ellos, la organización de foros y eventos.
Todos estos datos, sin duda, son reveladores, y por ello los Legisladores del Partido Verde continuaremos pronunciándonos por que se abra el tema al debate, para que conozcamos los diversos puntos de vista, los discutamos y fijemos una posición informada respecto a este polémico tema, ya que sin duda los legisladores tenemos derecho a disentir pero no podemos negarnos a debatir los temas por controvertidos que éstos sean máxime si son una demanda popular.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos como de urgente u obvia resolución a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respalda la propuesta del Grupo parlamentario del Partido Verde para realizar Foros para analizar el catálogo de delitos graves, el incremento de penas y la pertinencia de incorporar la pena de muerte como medida para combatir la delincuencia.
Notas
1. Disponible en: http://www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/12_mexicanos_pdf/20070225_NA_IncrementoPenaDelitos.pdf
(consultado el 19/12/08).
2. El tamaño de la muestra fue de 1000 mexicanos
mayores de 18 años con credencial para votar por mes. Las entrevistas
se realizaron del 23 al 28 de febrero de 2007.
3. Disponible en: http://www.ipsos-mori.com/_assets/internationalsocialtrends/attitudes-to-death-penalty.pdf
(consultada el 19/12/08).
4. El tamaño de la muestra fue de 1000 personas
entrevistadas en cada uno de los siguientes países a partir de mil
encuestas que se realizaron en Corea del Sur, México, Estados Unidos
de América, Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania, Italia
y España.
5. Carbonell, Miguel. "Democracia y Representación
en México: algunas cuestiones pendientes." Democracia y representación
en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional
de Derecho Electoral, tomo I, Orozco Henríquez Jesús,
J. compilador. Serie Doctrina Jurídica, número 12. México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999. p. 78
6. Sáchica, Luis Carlos. Democracia, representación,
participación. Costa Rica, IIDH-CAPEL, 1985. p. 13
7. Sáchica, Luis Carlos. Democracia, representación,
participación. Costa Rica, IIDH-CAPEL, 1985. p. 15
8. Sartori, Giovanni. Teoría de la Democracia,
volumen 2, México, Alianza Editorial, p. 41.
9. Bobbio, El Futuro de la democracia, segunda
edición, traducción de José Fernández Santillán,
México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 60 y 61
10. Puertas Gómez, Gerardo. "Democracia e instituciones
de democracia semidirecta. Una aproximación teórico-conceptual",
en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 2000, no. 11, p. 77
11. Bobbio Norberto, citado por Puertas Gómez,
Gerardo. "Democracia e instituciones de democracia semidirecta. Una aproximación
teórico-conceptual", en Justicia Electoral. Revista del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2000,
no. 11, p. 77
12. V. Prud’homme, Jean-Francois. Consulta popular
y democracia directa. México, IFE, 1997. p. 23
13. Loc. Cit.
14. Loc. Cit.
15. Ibid. pp. 23 y 24
16. González Oropeza, Manuel. "Participación
ciudadana como complemento del gobierno representativo", Democracia
y representación en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso
Internacional de Derecho Electoral Tomo I, Orozco Henríquez
Jesús, J. compilador. Serie Doctrina Jurídica, número
12. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999,
p. 264
17. Prud’homme, Jean-Francois, ob. cit., p. 33
18. Zovatto G. Daniel. "La práctica general de
las instituciones de democracia directa en América Latina". Un balance
comparado: 1978-2000. Sistema representativo y democracia semidirecta.
Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional.
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002. p.
898
19. Ibid., p. 899
20. González Oropeza, Manuel. Obra citada, p.
263.
21. Vázquez Alfaro, José Luis. "Viabilidad
del referéndum constitucional en el ordenamiento federal mexicano",
en Democracia y representación en el umbral del siglo XXI. Memoria
del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, tomo I, Orozco
Henríquez Jesús, J. compilador. Serie Doctrina Jurídica,
número 12. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
1999, p. 362
22. González Oropeza, Manuel. Obra citada, p.
263
23. Vázquez Alfaro, José Luis. Obra citada,
p. 361 y 362
24. V. Prud´homme, Jean-Francois, Obra citada,
p. 48 y 49.
25. V. Prud´homme, Jean-Francois, Consulta popular
y democracia directa. México, IFE, 1997. pp. 35 y 36.
26. El tamaño de la muestra fue de 500 mexicanos
mayores de 18 años con credencial para votar en viviendas en el
Distrito Federal. Las entrevistas se realizaron vía telefónica
el 5 de diciembre de 2008 y los resultados sólo son válidos
para los mexicanos que cuentan con línea telefónica en su
hogar.
Dado en el salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil nueve.
Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL TITULAR DE LA SAGARPA A CUMPLIR LOS PRINCIPIOS DE LIBRES COMPETENCIA
Y CONCURRENCIA EN EL MERCADO DE LA GUAYABA, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC
VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, mediante los cuales se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a cumplir los principios de libre competencia y libre concurrencia en el mercado de la guayaba; y a la Comisión Federal de Competencia, a verificar la posible existencia de prácticas monopólicas en la exportación de guayaba de Aguascalientes a Estados Unidos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, el cultivo de guayaba está cobrando gran importancia: se sitúa en el lugar 13 en cuanto a volumen de producción entre las frutas, pues actualmente se produce en 22 estados del país, en una superficie de 22 mil 841 hectáreas. Destacan como principales productores Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas, que en conjunto representan 89 por ciento de la superficie cosechada. Tan sólo en 2007 se produjeron 267 mil 912 toneladas de la fruta, con un valor de mil 70 millones de pesos, en beneficio de 6 mil familias.
Después de ciertas renuencias, el 20 de noviembre de 2008 se llevó a cabo el primer tratamiento de irradiación de un embarque de guayaba de Aguascalientes, con mil 80 cajas de 8.2 kilogramos cada una, por un total de 8 mil 856 kilogramos, para su envío al mercado estadounidense, lo que marcó el inicio de las exportaciones de guayaba mexicana en esta modalidad a ese país, después de intensas negociaciones entre la Sagarpa y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y del trabajo constante e intenso de los productores y empacadores de esta fruta.
Con este nuevo mercado se amplían las posibilidades de desarrollo de este sector productivo al tener esta opción de comercialización, gracias a la aplicación de medidas de mitigación de riesgo como el tratamiento basado en irradiación, beneficiando con esto a más de 56 mil productores que se dedican al cultivo del fruto en la República Mexicana.
El gobierno mexicano estima que con la venta de este producto en Estados Unidos podrán recibir por el producto cerca de 80 millones de dólares, cantidad que podrá ascender hasta 400 millones de dólares en los próximos años.
No obstante tan prometedor escenario, se han presentado anomalías para la exportación de guayaba irradiada en fresco hacia Estados Unidos porque, para llegar a cumplir los requisitos que exige su gobierno, tuvo que crearse un organismo que tuviera la obligación de responder ante los eventuales problemas en calidad e inocuidad de la guayaba, lo que motivó la creación de la asociación civil Productores y Empacadores Exportadores de Guayaba Mexicana (Peguam).
Peguam, de conformidad con los estatutos, tiene por objeto realizar por cuenta propia o por mandato de sus asociados campañas de promoción de la guayaba mexicana en los mercados nacionales e internacionales, con recursos propios o federales, estatales o municipales.
En el contrato de distribución de guayaba de México en Estados Unidos se designa específicamente a tres personas morales que fungirán como distribuidores, importadores y comercializadores aprobados para el territorio de Estados Unidos: Austral Trading México, SA de CV; F-Díaz LLC; y Frutas Exóticas del Paraíso, SA de CV, por un plazo de cinco años, generando monopolio en la distribución del producto.
Lo anterior ocasiona que no se garantice la libre competencia, generando prácticas que podrían ser calificadas de monopólicas en virtud de que con el contrato mencionado se desplaza indebidamente a otros agentes del mercado y se les impide sustancialmente su acceso o establece ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, como en el presente caso ocurre en favor de Pegual, en perjuicio de otros distribuidores, pues los productores buscan la venta de su fruta a través de sus cadenas de distribución o con alguna otra distribuidora que mejore el precio de la compra.
En el artículo primero transitorio, que se refiere al carácter de la asociación, se establece que, "con fundamento en los lineamientos establecidos por Aphis (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) y la Sagarpa, es y será la única organización o asociación facultada para que por medio de ésta y de acuerdo con la reglamentación que aplica se pueda realizar la exportación de guayaba nacional en fresco a Estados Unidos de América".
Evidentemente, con este tipo de contratos Peguam asume la exclusividad para la distribución y venta de los productos por exportar a Estados Unidos, situación que en la primera temporada la ha beneficiado al comprar el producto en 2.1 dólares por kilogramo y venderlo a 6 dólares por libra (13.2 dólares por kilogramo), causando un evidente perjuicio a la productores.
Por tanto, el tipo de contratos como el celebrado por la Peguam afecta los derechos y la comercialización directa con otros clientes, ya que Peguam autoriza sólo el producto que se va a exportar a través de dichos distribuidores, y de no ser así no hay posibilidad de exportación a Estados Unidos, aun cuando se cumplan todas las disposiciones legales y la normatividad fitosanitaria.
Otro problema que afecta a los agricultores es que si al momento de seleccionar la fruta que cumpla los requisitos fitosanitarios para su exportación se identifica fruta que al no cumplir las normas requeridas se destina al mercado nacional, comercializando el empaque de la fruta a precios por debajo del costo de producción.
Esta situación ha generado inconformidad de los productores agrupados en diferentes organismos, como el Consejo Estatal de la Guayaba de Aguascalientes; la asociación rural de interés colectivo Usuarios de Riego del Valle de Huajucar, SRL de IP de CV; Guayeco, SA de CV; Frusec, SA de CV; Guayabaso, SPR de RI; Agroindustria la Colosal del Centro, SPR de RL; y Frugar de Calvillo, SA de CV, que han manifestado su inconformidad a la Sagarpa; sin embargo, no se han visto favorecidos, manteniéndose esta problemática, que repercutirá gravemente en la producción.
En Convergencia nos preocupa que el asunto esté concentrando la exportación de un producto como la guayaba y con ello se restringa sustancialmente la posibilidad de que los productores, de manera directa e independiente, puedan suministrar su mercancía al mercado estadounidense.
Estamos en presencia del desplazamiento de algunos de los productores de guayaba de Aguascalientes, con el riesgo de impedirles el acceso al mercado de Estados Unidos, al establecerse la posibilidad de exportación exclusivamente por Peguam, asociación que se ha atribuido la exclusividad en la venta final de dicha fruta.
Desde nuestra perspectiva, podríamos estar en presencia de prácticas monopólicas que buscan desplazar indebidamente a productores de guayaba del mercado, impedirles el acceso a ese mercado o establecer ventajas exclusivas a favor de Peguam. Ante la tolerancia de la Sagarpa y el posible daño económico de los productores de guayaba, resulta fundamental la intervención de la Comisión Federal de Competencia.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a cumplir, en observancia de las disposiciones legales en materia de competencia económica, los principios de libre competencia y libre concurrencia en la exportación de guayaba del estado de Aguascalientes.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Competencia a verificar, en cumplimiento de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Competencia Económica, la posible existencia de prácticas monopólicas que impidan la libre concurrencia en la exportación de guayaba en el estado de Aguascalientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES AYUDA HUMANITARIA INTERNACIONAL
PARA VÍCTIMAS DE LOS ATAQUES ISRAELÍES EN LA FRANJA DE GAZA,
A CARGO DEL SENADOR HUMBERTO AGUILAR CORONADO Y SUSCRITA POR LA SENADORA
ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a enviar ayuda humanitaria internacional en apoyo a las víctimas de los ataques israelíes en la franja de Gaza en virtud de las siguientes
Consideraciones
El pasado 27 de diciembre, Israel emprendió una operación militar sin precedentes en la denominada franja de Gaza. Sus objetivos, anunció, tenían que ver con desactivar la organización de Hamas, el grupo responsable del envío de misiles así como de distintos ataques terroristas a objetivos israelíes.
Lejos de ser una operación quirúrgica, la intervención del ejército israelí devino en un enfrentamiento sin precedentes en la historia reciente del conflicto. Además, supuso un retroceso importante en la negociación desde lo convenido en los Acuerdos de Oslo de 1993 y una flagrante violación al derecho internacional y por supuesto al derecho internacional humanitario. La operación terminó el pasado 18 de enero pero el proceso de reconstrucción y reconciliación tomará mucho tiempo más por las dimensiones del ataque y sus múltiples implicaciones para la paz y la seguridad de la zona.
Luego de 23 días de intenso bombardeo de la aviación, la marina y la artillería israelí, las autoridades palestinas y organizaciones no gubernamentales reportan más de mil 300 palestinos fallecidos, 5 mil 400 heridos, 400 de ellos en estado crítico y gran parte de ellos, niños. Sin embargo, de acuerdo con distintos expertos y autoridades internacionales en la materia, el número de muertos podría aumentar sustancialmente a partir de la limpieza de escombros.
Se estima que más de 22 mil viviendas y edificios resultaron dañados o destruidos total o parcialmente junto con 25 escuelas, universidades y hospitales, 16 edificios de ministerios y departamentos gubernamentales, 20 ambulancias, 10 plantas eléctricas y un conjunto de mil 500 negocios entre fábricas, tiendas y otros establecimientos comerciales. A este diagnóstico, por supuesto, habría que agregar la destrucción de buena parte de la infraestructura de Gaza incluyendo recursos acuíferos y tierras de cultivo. En total, la Autoridad Nacional Palestina ha reportado que se cuantifican pérdidas de aproximadamente mil 900 millones de dólares.
Cáritas, Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales han venido documentando la magnitud de la catástrofe humanitaria que dejó el conflicto. Según sus evaluaciones, hay cerca de 1.2 millones de personas, es decir, cuatro de cada cinco palestinos residentes en Gaza, que precisan con urgencia de ayuda humanitaria. Además, 80 mil personas, según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja se han quedado sin hogar, muchos más necesitan medicamentos y en definitiva gran parte de la población necesita alimentos y material sanitario.
Buena parte de la comunidad internacional ha enviado ya ayuda humanitaria y México no puede ser la excepción. Nuestro país ha sido históricamente solidario con las catástrofes humanitarias ocasionadas por conflictos y desastres naturales.
La asistencia humanitaria es una de las más nobles expresiones de la solidaridad y de la cooperación internacional frente a los desafíos que, a escala global, nos plantean distintas situaciones de emergencia. México ha venido brindando asistencia humanitaria a países y pueblos hermanos en necesidad. El pueblo palestino necesita en este momento de nuestra cooperación y México –una potencia media con intereses globales, un miembro no permanente del Consejo de Seguridad, un país con un importante liderazgo hemisférico e internacional en materia de paz y desarme, y actualmente el secretario pro témpore del Grupo de Río– tiene la posibilidad de brindarla y, en buena medida, de encabezar estos esfuerzos en nuestra región inmediata.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a enviar ayuda humanitaria internacional en apoyo a las víctimas de los ataques israelíes en la franja de Gaza.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a coordinar acciones conjuntas del Grupo de Río para enviar ayuda humanitaria internacional a la franja de Gaza.
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2009.
Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INVESTIGAR A TRAVÉS DE
LA PGR Y DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EL
FINANCIAMIENTO OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA
AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA
SOBRE TALES ACCIONES, SUSCRITA POR LOS SENADORES FERNANDO CASTRO TRENTI
Y MELQUIADES MORALES FLORES Y DIVERSOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRI
Los suscritos, senadores Fernando Castro Trenti, Melquíades Morales Flores, Rogelio Rueda Sánchez, Raúl Mejía González y Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que, a través de los ciudadanos procurador general de la República y secretario de la Función Pública, sea investigado el financiamiento otorgado por la Secretaría de la Reforma Agraria al Partido Acción Nacional, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El tema que nos permitimos exponer ante ustedes es, a nuestro juicio, de la mayor importancia en estos momentos, en que esta próximo el proceso electoral de 2009, y porque el principal involucrado en el caso es el partido en el gobierno.
Existen indicios que nos permiten afirmar que se han estado utilizando recursos públicos para apoyar el trabajo electoral de Acción Nacional en el Distrito Federal. Este hecho, que es de suyo grave, lo es más cuando se trata de recursos federales que debieran ser destinados a los campesinos mexicanos por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria, dependencia que ha brillado por su ausencia en el campo, donde se viven situaciones de pobreza y abandono como nunca antes, pero que hoy aparece en los medios asociada a una actividad político-electoral del partido en el gobierno. Esto es inadmisible.
En el caso del Partido Acción Nacional, existen elementos de convicción que prueban de manera sobrada que la triangulación de recursos hacia dicha organización ha sido una constante durante los últimos años. Ejemplo de lo anterior lo constituyen el desvío de 55 millones de pesos del Programa de Vivienda Rural de la Secretaría de Desarrollo Social para financiar campañas electorales, así como la contratación de una empresa fantasma que tuvo como fin espiar a los integrantes de la presente legislatura federal, ambos hechos registrados durante 2006.
También conviene traer a la memoria el desvío de más de un millón y medio de pesos hacia Agropraxis y Agronexos, organizaciones en las que participaron esposas de dos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), esto con la supuesta finalidad de impulsar proyectos productivos a partir del año pasado.
Sin embargo, quienes así han actuado parecen haber aprendido poco de sus errores y amparados en sus relaciones personales, han neceado en su afán de allegarse ilícitamente recursos públicos: investigaciones periodísticas recientes han evidenciado que por lo menos cinco integrantes de la dirigencia del PAN-DF1 están acreditados como técnicos agrarios ante la SRA, de donde obtuvieron apoyos económicos por casi siete millones de pesos durante 2008, provenientes de dos programas dirigidos al sector más pobre del campo mexicano, es decir, el Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos en el Núcleo Agrario y del Programa de la Mujer en el Sector Agrario.
Son recursos que debieran ser destinados a las regiones rurales más pobres del país, mucho más en estos momentos en que la crisis golpea con fuerza a las familias campesinas y cuando las organizaciones agrarias se quejan, con justa razón, del abandono en que los ha tenido el gobierno federal.
¡Que coincidencia! Los técnicos agrarios son militantes del PAN y han obtenido millones de pesos de programas agrarios. Ahora resulta que, dentro de sus cuadros, el PAN tiene habilitados campesinos en la ciudad de México.
Dada la evidente ilegalidad que despide este asunto, valdría la pena que el gobierno aclarara si las organizaciones creadas por los funcionarios partidistas en comento existen realmente y si cumplen los fines para los cuales fueron creadas. Convendría que las autoridades agrarias informaran a la opinión pública sobre la manera en que se vienen ejerciendo los recursos destinados al desarrollo social y los resultados que esto ha traído en el combate a la pobreza, ya que en todas estas corruptelas nos encontramos con un hilo que nos conduce hacia un mismo lugar: la dirigencia panista capitalina.
De no aclararse lo aquí expuesto, podríamos arribar a varias conclusiones sumamente preocupantes: una, el gobierno federal ha hecho de la triangulación de recursos una práctica recurrente para favorecer electoralmente a su partido, trastocando con ello la equidad en los procesos electorales; dos, que los recursos estatales dirigidos al combate a la pobreza constituyen una caja chica puesta a la disposición del algunos personajes ligados a las más altas esferas del poder; y tercera, que el gobierno de las "manos limpias" no tiene interés de ensuciárselas cuando de castigar la corrupción propia se trata.
Por virtud de lo antes expuesto, y toda vez que estamos ante la posible comisión de delitos cometidos en contra del servicio público y de ilícitos en materia electoral que podrían redundar en responsabilidades administrativas, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de los ciudadanos Procurador General de la República y Secretario de la Función Pública, se investigue el financiamiento otorgado por la Secretaría de la Reforma Agraria al Partido Acción Nacional, y se informe a esta soberanía sobre estas acciones.
Nota
1. Los funcionarios panistas que aparecen en la relación
de beneficiados con apoyos de la SRA son Xareni Mendoza Fonseca, Érika
de Anda Martínez, Juan Pablo Saavedra Olea, Ricardo Uribe Nava y
David Covarrubias Aguilar; secretaria de Vinculación Ciudadana,
directora de Gobierno, director Electoral y Operativos de Vinculación
Ciudadana, respectivamente.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2009.
Senadores: Fernando Castro Trenti, Melquíades
Morales Flores, Rogelio Rueda Sánchez, Raúl Mejía
González, Adolfo Toledo Infanzón (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE CITA A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA SAGARPA
Y DE LA CONAPESCA RESPECTO AL MOVIMIENTO CERO PESCA 2009, A CARGO DEL DIPUTADO
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO
SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Al tomar posesión el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, aseguró que la dependencia asumiría tres importantes desafíos el desarrollo rural integral con énfasis en el combate a la pobreza en el campo, el desarrollo sustentable y competitivo de la actividad agropecuaria y pesquera, y la política de diálogo intenso y de concertación, e incluso afirmó que buscaría una interlocución permanente con los legisladores de todos los partidos políticos. Estas promesas han quedado en el olvido y Cárdenas Jiménez, conjuntamente con el ingeniero Ramón Corral Ávila, que preside la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, deben asumir sus responsabilidades y hacer realidades sus ofrecimientos ante la grave situación que se presenta en el campo y en el sector pesquero nacional.
Traer a la memoria lo dicho en diciembre de 2006 por Cárdenas Jiménez, nos parece oportuno, pues su actuación y la de Corral Ávila frente al creciente movimiento denominado Cero pesca 2009, contradice el objetivo de propiciar el desarrollo sustentable y competitivo de la actividad pesquera y no es la mejor manera de propiciar un diálogo intenso en pos de la concertación. El ingeniero Corral caracterizó este movimiento social como irreal, que no lo deja en las mejores condiciones para generar confianza orientada a un diálogo productivo. Lo cierto es que de mantenerse y crecer este movimiento, las consecuencias, no sólo para los pescadores involucrados sino también para los consumidores, pueden resultar considerables.
El consumo promedio de productos del mar de los mexicanos es apenas de seis kilos anuales por persona, frente a, por ejemplo, los más de 40 kilos por persona que se consumen en Japón. Pero, además, más allá del impacto real en la producción que pueda tener el movimiento Cero pesca 2009, existe la amenaza de que se presente un creciente incremento en los precios al consumidor, y con ello se inhiba aún más el consumo de estos productos cuya integración a la dieta del pueblo mexicano se debe promover para hacer frente a los problemas de malnutrición y obesidad que se han ido agravando. Recordemos que la obesidad y el sobrepeso en México se han convertido en un asunto de salud pública; en promedio 4 de cada 10 niños sufren de sobrepeso o son obesos, en los adolescentes se observan sobrepeso u obesidad en 3 de cada 10. De continuar con esta tendencia para el 2010, 5 de cada 10 niños y adolescentes padecerán de sobrepeso u obesidad. En el caso de los adultos este padecimiento es mucho más severo, 7 de cada 10 adultos tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Además, la obesidad está relaciona con la diabetes, que es la primera causa de muerte en México. Y todo ello pudiese ser disminuido con una correcta política que estimule el consumo de los productos del mar.
No está de más recordar que la disminución del precio de los energéticos fue una de las promesas electorales de Felipe Calderón. Se tiene el dato de que durante el último bimestre del 2008 se perdieron más de 400 mil empleos en el país, y ahora con la actitud de incomprensión y rechazó a la disminución de los precios de los combustibles y energía eléctrica para los productores por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se mantienen en riesgo más de 350 mil empleos directos que genera el sector pesquero, con pérdidas estimadas en 300 mil millones de pesos mensuales.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco de la colaboración entre poderes, cita a comparecer al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y al Ingeniero Ramón Corral Ávila, que preside la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para que informen las acciones realizadas, o las posibles salidas de resolución al conflicto conocido como Cero pesca 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de enero de 2009.
Diputados: Alejandro Sánchez Camacho, Gerardo
Villanueva Albarrán (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO
A LA APLICACIÓN DEL PROÁRBOL, A CARGO DEL SENADOR GABINO
CUÉ MONTEAGUDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Gabino Cué Monteagudo, senador del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo respecto a la aplicación del programa ProÁrbol, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 30 de septiembre presentamos una propuesta con punto de acuerdo a fin de que el titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informará respecto a la aplicación del programa ProÁrbol en el estado de Oaxaca, debido a que se habían registrado diversas denuncias respecto a su operación. La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República y se encuentra pendiente de dictamen.
En esa ocasión sostuvimos que el estado de Oaxaca presenta una problemática importante en cuanto a la conservación de los recursos naturales y la sustentabilidad ecológica, y que ocupa unos de los primeros lugares en áreas forestales perturbadas, ya que de sus 6.1 millones de hectáreas forestales, 1.9 millones de ellas se encuentran deforestadas.
A este propósito, el gobierno federal, a través de ProÁrbol, se puso como meta para 2008 plantar 11 millones de árboles, aunque para revertir la tendencia de deforestación en Oaxaca se requiere por lo menos de una siembra anual de 40 millones de árboles.
Pese a que puede verse como una buena noticia, lo cierto es que ningún esfuerzo es suficiente si las acciones que se realizan para llevar a cabo los programas de reforestación son inadecuadas.
De ahí que en regiones de la Mixteca, diversos ejidatarios manifestaron su inconformidad por la entrega de plántulas de no más de 5 centímetros, que apenas sobrepasan los 2 meses de germinación y que son inadecuadas para realizar tareas de reforestación, ya que al ser demasiado pequeñas corren el riesgo de morir.
Asimismo, evidenciaron la gran desorganización y retrasos en la entrega de apoyos económicos y de la semilla que en muchas ocasiones es de mala calidad.
Aunado a ello, existe un deficiente seguimiento de los resultados de las reforestación, pese a que, de acuerdo con las reglas de operación, cada área por reforestar está georreferenciada para su ubicación y monitoreo, debido a que la Conafor carece de personal suficiente para supervisar los predios reforestados, por lo que se desconoce cuantos de los 8 millones de árboles plantados en el 2007 siguen en pie.
De hecho en diversas entrevistas periodísticas funcionaros de la Conafor en Oaxaca reconocen que existen errores en la entrega de plantas pequeñas o para reforestar que no son nativas ni propicias para la región, lo cual sin duda trae efectos colaterales y alteraciones en los ecosistemas.
Pareciera que esta misma situación que mostramos desde el pasado mes de septiembre se repite en comunidades de Jalisco, Chihuahua, Puebla, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nuevo León y Chiapas, tal como lo documenta la investigación periodística realizada por el periódico El Universal y que salió a la luz pública la semana pasada.
A dos años de vida del programa ProÁrbol, que se erige como una de la políticas sociales más importantes de este gobierno para combatir la pobreza y recuperar las áreas naturales, se han destinado 2 mil 700 millones de pesos, y según informes ofíciales se han sembrado 250 millones de árboles durante 2007. La meta para el 2008 fue de 280 millones de árboles plantados.
Lo anterior no significa que todos esos árboles y especies cactáceas sembradas sigan en pie reverdeciendo, es más ni siquiera se tiene la seguridad de que hayan sido debidamente plantadas debido a que en muchas de las regiones a reforestar, que ya contaban con el proyecto aprobado, las plantas llegaron a destiempo, cuando ya no era época de lluvias y por lo tanto la plantación de estos fue suspendida.
Según información emitida por distintas organizaciones no gubernamentales, como Greenpeace y los mismos ejidatarios beneficiados por el programa, han existido diversas irregularidades y errores administrativos que han dilatado la entrega de los recursos y de árboles, así como presuntos favoritismos en la compra de semillas y en la aprobación de proyectos productivos.
Es innegable que existe la incertidumbre en cuanto al manejo de los recursos asignados, debido a que hay zonas en las que no se concreto la reforestación ya que el beneficiario jamás recibió recurso alguno; sin embargo, de acuerdo con los registros institucionales sí se culmino el proceso, por lo que surge la pregunta obligada de dónde quedo el dinero asignado.
Argumentar que las pérdidas del total de los árboles sembrados sólo fueron del 42 por ciento y no del 90 por ciento, como lo denuncian las organizaciones no gubernamentales y los propios ejidatarios no libera a las autoridades de la responsabilidad correspondiente, ya que se está registrando una pérdida de casi la mitad de los recursos forestales y económicos invertidos.
Es inconcebible que a dos años de operación un programa de tal envergadura no cuente con mecanismos bien definidos de transparencia y rendición de cuentas, y que las referencias documentales sean listas de beneficiarios que no guardan relación directa con la asignación de recursos y la reforestación de los terrenos. Se requiere verificar y constatar de lo asignado corresponda con las metas oficialmente difundidas.
Por lo que en el ánimo de contribuir a terminar con la duda y las especulaciones sobre la aplicación del programa ProÁrbol en todo el país, nos parece pertinente que el secretario del ramo envíe de manera inmediata a esta soberanía un informe pormenorizado de la aplicación de los recursos utilizados, los padrones de beneficiarios, los montos entregados y de los resultados y alcances obtenidos.
Es necesario que las autoridades correspondientes expliquen ampliamente la forma de operación del programa, pero sobre todo de las metas alcanzadas. Estamos de acuerdo en que no se puede descalificar un programa por una muestra aislada por lo que para evitar perspicacias es necesario que se cuente con una evaluación nivel nacional sobre los resultados de tan ambicioso programa gubernamental
Como país que cuenta con una megadiversidad natural se requiere de políticas públicas y acciones gubernamentales que den sustento y viabilidad a la gran riqueza forestal que poseemos, y que al mismo tiempo mejore las condiciones de vida de los mexicanos que viven en zonas boscosas y rurales.
Por ello es importante que se verifiquen la eficacia y eficiencia de los programas gubernamentales del sector forestal, que dicho sea de paso han recibido una importante ampliación presupuestal. Es indispensable que se realice un seguimiento puntal de los alcances y de los resultados de la aplicación de los recursos destinados al programa ProÁrbol, así como su efectiva operación.
Nos pronunciamos a favor de que el manejo de los recursos públicos que se ejecutan a través de programas gubernamentales se ejerzan de manera transparente y que los beneficios lleguen directamente a los mexicanos que menos tienen.
En este sentido, debemos descartar o en su caso aclarar cualquier situación que pueda desviar u obscurecer los efectos benéficos de dicho programa, ya que es inconcebible que se otorguen recursos para la reforestación y que éstos se estén aplicando incorrectamente.
Es necesario e importante que el Congreso de la Unión, esté debidamente informado cierta y oportunamente de los resultados de los programas, proyectos y acciones que se llevan a cabo, así como las medidas y sanciones que se aplican.
En mérito de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que remita con la mayor brevedad a esta soberanía un informe detallado respecto a los alcances, metas y resultados del programa ProÁrbol durante los ejercicios fiscales 2007 y 2008, a fin de contar con información que permita aclarar las presuntas irregularidades de que ha sido objeto dicho programa gubernamental, y se deslinden responsabilidades, o en su caso se castigue a los responsables.
Segundo. Asimismo, que rinda un informe pormenorizado respecto a las acciones de reforestación que se están llevando a cabo en Oaxaca, donde presuntamente se están entregando semillas de mala calidad y plántulas cuyo crecimiento no es el adecuado para las tareas de reforestación.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente del Congreso la Unión, a 21 de enero de 2009.
Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA SHCP, A LA CONDUSEF Y AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PETROLEROS
DE LA REPÚBLICA MEXICANA A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE
EL CONOCIMIENTO Y LA MEDIDA ADOPTADA RESPECTO A LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO
BANCARIO 56342/FID/III/06, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS AUGUSTO BRACHO GONZÁLEZ
Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Los trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos que laboraron en el periodo comprendido entre 1970 y 1992 me han pedido la intervención para que se investigue las aportaciones de un seguro de vida contratado en ese entonces con la compañía de seguros La República, misma que desde 1994 anuncia la quiebra, y los activos y pasivos son incorporados al Grupo Financiero Interacciones SA de CV, mismos que pasan a formar parte a un fidecomiso bancario numero 56342/FID/III/06, el cual ascendió a ochocientos veintiocho millones quinientos cuarenta y siete mil ciento noventa y ocho pesos, producto de las aportaciones para un seguro de vida contratado a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con la compañía de seguros La República.
Rolando Rivero Rivero, diputado federal integrante de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamentos en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone la siguiente proposición con punto de acuerdo basado en lo siguiente:
Este punto de acuerdo pretende exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con el único objeto de darle seguimiento a la sentencia a favor de los trabajadores, lograda el 3 de octubre de 2005, en donde se condena al reembolso de la reserva matemática depositada legalmente ante la instancia hacendaria del gobierno federal para beneficio de todos los que laboran o laboraban durante el ejercicio comprendido entre 1970 y 1992 y que hasta la fecha han venido afectando a mas de 80 mil trabajadores, de los cuales 10 mil pertenecen al Consejo de Defensa de Minatitlán AC.
Se menciona, asimismo, que una vez decretada la resolución final, los trabajadores, a través de la Coalición Petrolera Independiente, comenzaron los trámites para reclamar lo que se le había descontado en el periodo 1970-1992, que se realizaría a través de una institución bancaria.
Se hace notar que el fallo anterior fue conocido por la pasada administración federal desde finales de septiembre de 2006, y el expediente turnado al subsecretario de Gobierno el 14 de noviembre de 2006, mediante el oficio UCG/007147/2006 acusado con el folio 009013, tomando también conocimiento la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros mediante la copia girada por los trabajadores a la comisión.
Se hace conocimiento también que a la fecha se encuentra pendiente de resolver, y que a pesar de declararse a la quiebra la empresa de seguros La República, los activos fueron incorporados al Grupo Financiero Interacciones SA de CV, conformándose un fondo de reserva y un fideicomiso bancario numero 56342/FID/III/06, el cual ascendió a la cantidad antes citada de 828 millones 547 mil 198 pesos.
De igual manera, como diputado federal de esta LX Legislatura, pido se reviva el caso y se condene al reembolso de la reserva matemática, depositada legalmente ante la instancia hacendaria del gobierno federal, y se invoca al contenido de los artículos 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, por cuanto hace a sus fracciones primera y tercera que la letra señalan.
Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos
Fracción VIII. Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares de crédito.
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo 11. La comisión nacional está facultada para
I) Atender y resolver las consultas que le presenten los usuarios, sobre asuntos de su competencia.
II) Atender y, en su caso, resolver las reclamaciones que formulen los usuarios sobre los asuntos que sean de competencia de la comisión nacional.
III) Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el usuario y la institución financiera en los términos previstos en esta ley, así como en una institución financiera y varios usuarios, principalmente en los casos que estos hallan contratado un mismo producto o servicio mediante la celebración de un solo contrato, para lo cual dichos usuarios deberán apegarse a lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de esta ley.
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia y su colaboración entre poderes, y en los términos del artículo 93 constitucional, que informe a esta soberanía sobre el conocimiento y medidas adoptadas, en su caso, sobre la constitución, administración y aplicación sobre los fondos del fidecomiso bancario 56342/FID/III/06, relativo al fondo de reserva de la empresa de seguros La República, actualmente Interacciones SA de CV con el objeto de afrontar sus obligaciones patrimoniales, contraídas respecto al pago del seguro de vida de miles de trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos contratados durante el periodo 1970-1992
Segundo. Se solicita al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros, que informe a esta soberanía sobre el conocimiento de las medidas implementadas conforme al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa del Usuario y Servicios Financieros, la forma en que se ha dado la solución del conflicto entre los trabajadores que contrataron el pago de seguro de vida descrito anteriormente.
Tercero. Se exhorta al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a que haga uso de sus recursos y facultades en defensa de sus trabajadores, para la liquidación pronta y expedita de los fondos que originaron el fidecomiso bancario 56342/FID/III/06 aún sin resolverse.
A 21 de enero de 2009.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A SUSPENDER LA APLICACIÓN
DEL DECRETO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DEFINITIVA
DE VEHÍCULOS USADOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008, A CARGO DEL SENADOR FERNANDO CASTRO TRENTI,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, senador Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En los estados del norte del país se han estado movilizando, y con razón, numerosos ciudadanos inconformes con la forma en que las autoridades hacendarias y policiacas han venido criminalizando a los propietarios de autos importados.
Desde el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria y la Policía Federal Preventiva han realizado operativos tendientes a decomisar vehículos procedentes, principalmente, de los Estados Unidos, esto acompañado muchas veces del uso excesivo de la fuerza, cuando no de la brutalidad policiaca, lo cual constituye un menoscabo en la dignidad de quienes son víctimas de esta clase de actividades.
Si lo antes descrito por sí sólo resulta grave, los instrumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 y 31 de diciembre de 2008, a través de los cuales se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados y se reforma el anexo dos de la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han vuelto insoportable la situación para miles de habitantes de los estados fronterizos del norte del país.
Se afirma lo anterior, toda vez que lo dispuesto en la publicación del 24 de diciembre, en el sentido de obligar a los importadores a presentar ante la autoridad aduanera un certificado de origen válido suscrito por la compañía armadora correspondiente, constituye un requisito inútil y difícil de obtener, ya que es casi imposible para un particular requerir de una compañía armadora domiciliada en el extranjero un documento para identificar un vehículo, siendo que, por virtud de diversas normas de carácter internacional, es obligatorio que los vehículos automotores cuenten con un número de identificación vehicular, el cual incluye a su vez el código identificador del fabricante internacional, datos suficientes para probar fehacientemente la procedencia de un automotor.
Por otra parte, a través de las reformas publicadas el 31 de diciembre, fueron elevados considerablemente los precios estimados en dólares aplicables a la importación de vehículos usados, situación que es violatoria de lo dispuesto por el anexo 300-A.2 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; ya que en el mismo se especifica que a partir del 1 de enero del año en curso, nuestro país no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de esta clase de vehículos, y que tengan por lo menos diez años de antigüedad, siendo caso que en la referida resolución se establecen mecanismos para valuar estos bienes y garantizar así el pago de unas contribuciones que ya no deberían subsistir, lo cual constituye un contrasentido.
Medidas como las señaladas con anterioridad pueden incidir de manera grave en la economía de los estados fronterizos del norte de México, relacionadas con la importación de vehículos usados, desalentando con ello el desarrollo de esta región, al provocar el cierre de numerosas fuentes de trabajo; calamidad que vendría a agudizar los problemas generados por la inseguridad, el desempleo y la falta de oportunidades.
Ahora bien, si tal y como ya han señalado ante los medios de comunicación diversos funcionarios hacendarios, las autoridades centrales del Servicio de Atención Tributaria se encuentran estudiando la posibilidad de dar marcha atrás a la implementación de las medidas publicadas el 24 y 31 de diciembre del año pasado, lo menos que se puede esperar es que tales decisiones sean tomadas a la brevedad posible, para así evitar un escalamiento en el tono de las protestas que sobre este particular se han venido presentando en diversos estados de la República.
Por virtud de lo antes expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que suspenda la aplicación del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008, así como las reformas al anexo dos de la resolución que modifica a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2008.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de los secretarios de Economía, de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, sean suspendidos los operativos de decomiso de autos importados.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2009.
Senador Fernando Castro Trenti (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA A LA SCJN QUE RESUELVA Y DÉ
EL FALLO DE INVESTIGACIÓN RESPECTO A LO ACONTECIDO EN EL ESTADO
DE OAXACA A PARTIR DE MAYO DE 2006, QUE CONSTITUYE GRAVES VIOLACIONES DE
LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS MARTÍNEZ
MARTÍNEZ Y SUSCRITA POR EL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados Othón Cuevas Córdova y Carlos Martínez Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva y de el fallo de su investigación, con base en su facultad de investigación prevista en el párrafo segundo del articulo 97 constitucional y el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la presente legislatura, respecto de los hechos acontecidos en el estado de Oaxaca, a partir de mayo de 2006, que constituyen graves y sistemáticas violaciones a las garantías individuales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 97 constitucional tiene gran relevancia para la conformación del estado de derecho y para sustentar la seguridad jurídica de la sociedad mexicana, los elementos expresados en este artículo consagran la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para designar de entre los miembros del Poder Judicial de la federación, uno o varios comisionados para que averigüen hechos que constituyan graves violaciones a alguna o algunas garantías individuales establecidas en la Carta Magna.
Esta facultad de nuestro máximo tribunal sólo puede ser ejercida a petición del Ejecutivo federal, de algún gobernador o de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Amparada en este mandato la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y ante los graves acontecimientos que suceden en Oaxaca, en años recientes, los cuales han sometido a la sociedad oaxaqueña al desamparo del estado de derecho, solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un punto de acuerdo aprobado por el Pleno de su soberanía el 28 de marzo del año 2007, ejercer su facultad constitucional en virtud de que en tales acontecimientos se puede apreciar la grave y sistemática violación a las garantías individuales que privan en el estado de Oaxaca.
Razón por la cual solicitamos exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, con la finalidad de no seguir prolongando la determinación que en forma definitiva debe tomar en relación a si los hechos investigados constituyen o no violaciones graves a las garantías individuales, y tomando en consideración que en los términos de la regla número 5 de las reglas generales del propio acuerdo general número 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece en el segundo párrafo a la letra: "Las investigaciones podrán durar hasta seis meses, correspondiendo al Pleno decidir si amplía dicho plazo, cuando la investigación así lo requiera", en el caso concreto ese plazo ha sido ampliado en dos ocasiones por el Pleno de la corte, tiempo suficiente para la realización de la investigación ordenada, razón por la cual se hace necesario el fallo del máximo órgano de justicia de la nación en relación a estos hechos.
Los hechos que se piden investigar hasta el día de hoy se encuentran en la impunidad que tiene como características y funciones: la ausencia del castigo, la prolongación de una situación de injusticia ejercida contra las personas, la ausencia de investigación, el no ejercicio de la acción penal, la mala integración de la averiguación, la parcialidad de los jueces, entre otros. La impunidad no es un dejar de hacer o dejar pasar, sino un acto racional y deliberado de violencia y violación a los derechos humanos. Esto supone un problema de seguridad social y de procuración de justicia.
Por ejemplo, con los detenidos y encarcelados del movimiento social hubo violaciones a su debido proceso legal; se dieron detenciones arbitrarias (sin existir flagrancia, orden de aprehensión o tratarse de casos urgentes); se quebrantó la integración de averiguaciones previas por una fiscalía móvil, ubicada en zona federal; se incomunicó a los detenidos en virtud de no haber tenido derecho a una llamada y haber quedado prohibida toda visita o comunicación con personas ajenas a la "autoridad"; se tiene documentada tortura e intimidación física y psicológica de los detenidos (como la amenaza de muerte de tirarlos de los helicópteros, durante los traslados a los penales de Oaxaca y Nayarit); se cometió con ellos privación de los estímulos sensoriales, de necesidades fisiológicas y de contextos sociales; existió tortura física por parte de elementos de la PFP y de la policía ministerial del estado de Oaxaca, quienes les propinaron golpes, lesiones, daños psicológicos, hasta simulación de ejecuciones; se les imposibilitó el contar con un defensor de confianza; hubo casos de violación a la integridad personal y sexual de los y las detenidas, al haber sido vejados en el penal de Nayarit, principalmente (eran desnudados y desnudadas al salir de sus celdas, para ir a alguna revisión de carácter psicológico, medico o de trabajo social, dentro del penal. O el caso de un joven que fue obligado a realizar sexo oral a un elemento de la PFP); no se contó con traductores en los casos en que las personas pertenecen a un grupo étnico o pueblo indígena; no hubo acceso a los expedientes, por parte de los familiares o por los propios detenidos; hizo falta atención médica durante las primeras 72 horas en que estuvieron recluidos a pesar de las lesiones graves que les fueron propinadas por las fuerzas estatales y federales de seguridad pública; se trasgredió contundentemente la legalidad en los traslados a cárceles de alta seguridad de las personas por ser considerados delincuentes de alta peligrosidad, sin existir los exámenes criminológicos y psicológicos necesarios para dicha determinación, entre otros más.
El movimiento social más contundente de los últimos años que se levantó en Oaxaca, integrado primordialmente por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, está por cumplir tres años de su inicio en 2009, y a la fecha no se conoce a ningún responsable de las arbitrariedades que se cometieron hacia la población de la entidad.
El propio Senado de la República reconoció y discutió, en el dictamen de la Comisión de Gobernación, el 20 de octubre de 2006, por el que se analizaba la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca, en el capitulo relativo a las "Consideraciones Políticas, Sociales y Económicas" y señaló, lo siguiente:
Es público y notorio que la crispación y el encono entre las partes en conflicto se ha incrementado, al grado que es patente la ingobernabilidad por la que atraviesa la entidad…
La autoridad local, desplegó una operación política tardía e ineficiente, que alentó el conflicto, desdibujó la legalidad y sumió a la ciudadanía en la incertidumbre y la desesperación…
Por una parte, la sociedad oaxaqueña, en particular la que habita en la ciudad capital, padece la arbitrariedad, la inseguridad, la incertidumbre y el desgobierno. Con ello, ha resultado afectada en el disfrute de sus garantías individuales, en el ejercicio de sus derechos, en la protección de su integridad física y su patrimonio, en el acceso a los servicios públicos y en el detrimento de su fuente de ingresos.
Además de los términos generales del dictamen del Senado de la República, a la fecha nadie sabe quien mató a 20 personas durante el conflicto (reconocidas por la CNDH), dónde están los más de 20 desaparecidos, nadie es garante de los cientos de heridos y lesionados, ninguna persona es responsable de los procesos legales equivocados que se le siguieron a muchas ciudadanas y ciudadanos que fueron detenidos arbitrariamente (por ejemplo el 14 de junio, el 6, 9 y 11 de agosto, el 29 y 30 de octubre, el 2, 20, 25, 26 y 30 de noviembre de 2006, el 16 de julio y el lunes del cerro de 2007, por citar alguna fechas), y encarcelados injustamente, muchos de ellos en penales de máxima seguridad como si fueran delincuentes de alta peligrosidad y absueltos después sin cargo alguno, en cumplimiento de las ejecutorias de amparo decretadas.
Y principalmente, hacemos la proposición porque ya existe el Acuerdo General Número 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen las reglas a que deberán sujetarse las comisiones de investigación que se formen con motivo del ejercicio de la facultad consignada en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es por todo lo anterior que sometemos a la consideración de esta soberanía, a efecto de que se considere como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva y dé el fallo sobre la solicitud número 1/2007, de ejercicio de la facultad de investigación, por los hechos ocurridos en el estado de Oaxaca dentro de los periodos de investigación que ordenó averiguar y que comprenden de mayo de 2006 al 31 de enero de 2007 y los días 16 y 17 de julio de 2007, hechos probablemente constitutivos de graves y sistemáticas violaciones a las garantías individuales, toda vez que tales hechos se encuentran en la impunidad.
Segundo. Se hace la anterior solicitud con base en la facultad de investigación, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevista en el párrafo segundo del articulo 97 constitucional, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el pasado 28 de marzo de 2007 y el acuerdo general número 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen las reglas a que deberán sujetarse las comisiones de investigación que se formen con motivo del ejercicio de la facultad consignada en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado el 20 de agosto de 2007.
Dado en la Comisión Permanente, a 14 de enero de 2009.
Diputados: Othón Cuevas Córdova,
Carlos Martínez Martínez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE
EL INAH REINTEGRE A SU LUGAR DE ORIGEN DIVERSAS OBRAS DE ARTE SACRO PERTENECIENTES
A TEMPLOS CATÓLICOS DE TEOTIHUACÁN, MÉXICO, A CARGO
DEL DIPUTADO RAMÓN VALDÉS CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE CONVERGENCIA
El que suscribe, Ramón Valdés Chávez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX legislatura, con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, conforme a sus atribuciones, reintegre a su lugar de origen diversas obras de arte sacro pertenecientes a templos católicos del municipio de Teotihuacán, Estado de México.
Antecedentes
El valle de Teotihuacán alberga, entre su riqueza histórica, manifestaciones culturales y arquitectónicas que forman parte de la identidad y orgullo de los Teotihuacanos.
Investigadores y especialistas han realizado diversos estudios sobre Teotihuacán y su entorno, tal es el caso del doctor Manuel Gamio, quien realizó investigaciones arqueológicas y antropológicas que aportaron a documentar el acervo histórico, cultural y arquitectónico de los pueblos de Teotihuacán.
Con el fin de dar a conocer esta riqueza, y teniendo como marco los festejos del centenario de la Independencia, en abril de 1922, el doctor Manuel Gamio, en su calidad de director de Antropología de la Secretaría de Agricultura y Fomento (entonces), solicitó a las comunidades, en calidad de préstamo, algunos oleos y esculturas de imágenes religiosas para que fueran exhibidos en el museo de sitio de la zona arqueológica; dichas piezas serían reintegradas al concluir los festejos; sin embargo, hoy, próximos a celebrar el bicentenario, estás no han sido devueltas a su lugar de origen.
Hoy se sabe, por investigaciones hechas por vecinos de las comunidades, que algunas de estas obras se ubican en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán, estado de México, como es el caso de una escultura de San Joaquín, perteneciente a la iglesia de Santa María Coatlán, y un óleo de la Virgen de la Candelaria, por el pintor poblano José Mariano Farfán de los Godos, fechada en 1770, con número de inventario 10241065, perteneciente al templo del Barrio de la Purificación.
A casi cien años de sucedidos los hechos, las comunidades, por medio de sus autoridades locales y municipales, han hecho un sin fin de solicitudes al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que las obras regresen al lugar de donde fueron extraídas, a lo que la autoridad sólo ha respondido con evasivas y condicionantes, que las comunidades poco a poco han cubierto con sus propios recursos, como la restauración de retablos y estructuras arquitectónicas, sin que con ello el INAH proceda a reintegrar el patrimonio que salió en calidad de préstamo de sus templos.
Con el propósito de rescatar parte del patrimonio histórico y cultural que da vida a la identidad de las comunidades que custodian uno de los sitios más emblemático de nuestro país y del mundo, las comunidades reclaman que se inicie el proceso de reintegración de estas obras de arte sacro que son parte del patrimonio y culto religioso de los teotihuacános.
Por lo anterior, presento a esta honorable asamblea las siguientes
Consideraciones
Primero. Las obras no sólo constituyen arte sacro, también son parte de los objetos religiosos de veneración en la región; coartarla es limitar la libertad de culto, que se encuentra garantizada en el artículo 24 de nuestra Carta Magna.
Segundo. Las obras son parte del acerbo histórico de la región, despojarlas arbitrariamente es sustraer a los pueblos su identidad y raíces culturales.
Tercero. Los vecinos de las comunidades han respondido ante todas las exigencias del INAH para la preservación idónea de las obras de arte, por lo que no podría, en ese sentido, haber oposición para que conserven lo que de suyo les pertenece.
Cuarto. Las obras que actualmente se encuentran en el Museo Nacional del Virreinato y se solicita su pronta reintegración a su sitio original son, entre otras:
b) Respectivo marco en madera de la época colonial.
c) Escultura en madera de la imagen de San Joaquín, extraído de la iglesia de Santa María Coatlán.
Punto de Acuerdo
Único. Que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, conforme a sus atribuciones, reintegren a su lugar de origen diversas obras de arte sacro pertenecientes a templos católicos del municipio de Teotihuacán, Estado de México, objeto del presente punto de acuerdo.
Diputado Ramón Valdés Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CONSIDERAR LA CONGELACIÓN
DEL PRECIO DEL DIESEL PARA USO AGROPECUARIO, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y
DE CARGA, MARINA MERCANTE NACIONAL Y SECTOR DE PESCA COMERCIAL Y DEPORTIVA
EN EL PAÍS DURANTE TODO EL AÑO, SUSCRITA POR LOS SENADORES
SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO, ALBERTO COPPOLA JOFFROY Y JUAN
BUENO TORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben, Sebastián Calderón Centeno, Juan Bueno Torio Luis y Alberto Coppola Joffroy senadores de la República de la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular del Ejecutivo federal que se contemple la congelación del precio del diesel para uso agropecuario, para el transporte de pasajeros y de carga, para la marina mercante nacional y para el sector de la pesca comercial y deportiva en todo el país durante todo el año, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El diesel es un combustible hidrocarburo que se utiliza para el transporte de carga, de pasajeros, para las embarcaciones de la marina mercante, cuya flota naviera está compuesta por las embarcaciones con bandera mexicana y las embarcaciones inscritas en el padrón de abanderamiento mexicano, así como para los buques de la Armada de México en el desempeño de sus tareas relativas al ejercicio de la soberanía en las zonas marinas mexicanas.
También es un energético e insumo fundamental para las labores productivas del sector agropecuario y para el sector industrial, y representa un porcentaje importante del costo total de las actividades productivas.
Respecto al autotransporte de carga, considerando que alrededor del 90 por ciento de la población, mercancías y productos de la canasta básica y toda la materia prima que utiliza la industria del país se realiza mediante camiones de carga, el diesel es de sobrada importancia, pues es el insumo principal para poder realizar dicha actividad. Es así que, de no contemplar medidas suficientes respecto a la congelación del precio del diesel, el impacto será en la canasta básica.
Es importante señalar, a manera de ejemplo, lo que sucede en Veracruz, donde transportistas paralizaron alrededor de diez mil unidades en las principales ciudades, lo cual ha provocado caos que obliga a los usuarios, la mayoría de ellos estudiantes y trabajadores, a utilizar taxis o vehículos particulares, lo que refleja sin duda un gasto en la economía de los ciudadanos, que no están en condiciones de hacerlo. Los municipios más afectados fueron Jalapa, Coatepec, Banderilla, Papantla, Poza Rica, Misantla, Tuxpan, Córdoba, Orizaba, Huatusco, Fortín de las Flores, el Puerto de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, San Andrés y Santiago Tuxtla, Cosoleacaque, Catemaco, Minatitlán y Coatzacoalcos.
A lo anterior hay que sumar que los transportistas han fijado un plazo con el objeto de realizar un nuevo paro en el que podrían detener alrededor de 45 mil camiones de aproximadamente 23 estados de la República.
Por cuanto hace a la pesca, es de considerarse que comprende dos grandes segmentos: la captura, que es una actividad esencialmente extractiva de los recursos marinos, y la acuacultura que se refiere a la producción pesquera en ambientes controlados.
Ambas constituyen actividades del sector primario, por lo tanto son un motor del desarrollo regional y un factor de impulso económico nacional.
De acuerdo con especialistas e investigadores, las aguas de México albergan mil 200 especies con posibilidades de ser capturadas; 305 están plenamente identificadas y 60 de éstas tienen una gran importancia económica.
México ocupa el lugar 16 entre los 20 países pesqueros más importantes del mundo.
La Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) apunta que la nación mexicana exporta productos del mar a cerca de 50 países, aunque las ventas se concentran principalmente en el mercado estadounidense, que absorbe cerca del 80 por ciento. No obstante, la industria enfrenta situaciones difíciles por los escasos recursos financieros y las altas tasas de interés existentes; ya que, además del entorno económico, el sistema bancario sigue considerando la pesca como una actividad de alto riesgo.
Hay que agregar el incremento gradual del precio del diesel, con la consecuente afectación a la industria pesquera nacional, que ha decidido, desde el 1 de enero del presente año, paralizar sus actividades.
La suspensión de actividades de los pescadores de Sinaloa, por el alto precio del diesel marino, ha tenido su réplica en varios estados costeros del país como Campeche, Baja California, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Yucatán; con lo cual se han dejado de producir cientos de toneladas de pescado y camarón; lo que genera un impacto económico negativo para la economía nacional.
Cabe recordar que desde el 2005 hasta el 2008, conforme a lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la Federación, el Diesel se encontraba subsidiado, por lo que el presupuesto del sector, encabezado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tiene contemplado una partida para que dicha secretaría, a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, cubra una porción del combustible al que tienen acceso las empresas del sector y los pescadores individuales.
El año pasado se dedicaron 885 millones de pesos para este rubro; sin embargo, en ese mismo año, la política fiscal realizó 33 incrementos al precio del referido combustible, lo que provocó un aumento de 23.6 por ciento en su precio.
Al finalizar el 2007, el litro de diesel costaba menos de 6 pesos, y para fines de 2008 el precio había subido a 7.33 pesos.
En septiembre de 2008, la Secretaría de Hacienda estableció el mecanismo de aumentos semanales al precio del combustible, con la finalidad de reducir el subsidio gubernamental al producto mencionado, señalando que tan sólo el año pasado el importe del subsidio ascendió a 260 mil millones de pesos, y que lo que se pretende es que en el presente año la cifra se reduzca a la mitad; esto es, a 138 mil millones de pesos. Lo anterior porque los altos precios del petróleo en el mercado internacional encarecían la importación del combustible. Sin embargo, tal afirmación carece a nuestro entender, de sustento, habida cuenta de la caída del precio del barril a nivel internacional. No obstante, el incremento del precio en nuestro país ha sido gradual e ininterrumpido.
Esta decisión de incrementar el precio del combustible contrasta con los precios a nivel internacional. Por ejemplo, Estados Unidos de América y Europa han deteminado reducir el precio hasta en un 17 por ciento en los dos últimos meses del año pasado.
Esta situación resulta muy preocupante, ya que al permanecer ancladas las embarcaciones dedicadas a la pesca produce los siguientes efectos:
b. Se afecta a los trabajadores dedicados al procesamiento y comercialización del producto.
c. Se afecta al consumidor por la escasez del producto.
Ahora bien, consideramos de particular importancia destacar las acciones del presidente de la República para enfrentar la crisis económica por la que atraviesa el mundo entero y que afecta desde luego a nuestro país, que consisten en la firma del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo; propuesto el miércoles 7 de enero del presente año, el cual contiene 25 medidas para enfrentar la crisis económica.
En el referido acuerdo se asumen compromisos que sin duda tienden a proteger el empleo, así como apoyar el ingreso de las familias y procurar una necesaria estabilidad económica.
Entre las medidas que se adoptan, se encuentra la de congelar los precios de las gasolinas en todo el país durante el 2009 y reducir el precio del gas LP en un 10 por ciento, manteniéndolo en ese nivel por el resto del presente año. Estas dos acciones, se señala en el acuerdo, amplían el ingreso disponible de las familias por un monto de 45 mil 400 millones de pesos, que podrán ahorrar o destinar a la adquisición de otros bienes, además de que se beneficiarán por una menor inflación que resultaría de dichas acciones.
Resulta positivo que el Ejecutivo federal adopte dichas medidas ante la crisis y de manera responsable emprenda acciones directas y concretas para mitigar los efectos de la crisis internacional en la economía interna, tales como la congelación del precio de las gasolinas y la reducción del gas LP, en los momentos en que se necesita fortalecer nuestra economía.
Sin embargo, en dicho acuerdo no se incluye la congelación del precio del diesel; no obstante que dicho combustible constituye un insumo de primera necesidad para el transporte de carga, la agricultura, la pesca deportiva, la industria y la marina mercante; incluso la marina armada se ve afectada por el constante aumento del hidrocarburo.
Y particularmente, por cuanto hace a la pesca, resulta altamente preocupante que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, ya no se contempla el estímulo fiscal a los contribuyentes que adquieran diesel marino especial y que se utiliza como combustible para las embarcaciones destinadas al desarrollo de las actividades de la marina mercante, en perjuicio de las actividades de la gente dedicada a la pesca en nuestro país; no obstante que dicha actividad puede ser un factor detonante para aumentar la tasa de crecimiento de nuestra economía, razón por lo que resulta de vital importancia evitar que los pescadores mexicanos vean mermada su actividad por el alto precio del diesel marino.
En ese sentido, consideramos esencial que, a fin de promover el fortalecimiento de los sectores productivos nacionales dedicados a la actividad agropecuaria, agrícola, ganadera, pesquera, al transporte de carga, así como de la marina mercante nacional e incluso de la marina armada de México, se considere dentro del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo la congelación del precio del diesel; toda vez que, como resultado de los constantes aumentos del precio del referido combustible, como actualmente se viene realizando, no sólo se producen una serie de incrementos en los precios sectoriales y un alza de los precios al consumidor, sino también puede generar presiones inflacionarias sobre el conjunto de la economía nacional.
Por tal razón, con el firme y sensible propósito de enfrentar la crisis económica que afecta a todos los sectores económicos de nuestro país, proponemos a esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se formula un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, a fin de que se amplíe el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, con el objeto de que se contemple la congelación del precio del diesel para uso agropecuario, el transporte de pasajeros y de carga, la marina mercante nacional y el sector de la pesca comercial y deportiva, en todo el país durante todo el año.
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Ciudad de México, Distrito Federal, a 21 de enero de 2009.
Senadores: Sebastián Calderón Centeno
(rúbrica), Juan Bueno Torio (rúbrica), Luis Alberto Coppola
Joffroy.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA SECRETARÍA
DE AGRICULTURA PARA QUE EFECTÚE UN ESTUDIO TÉCNICO SOBRE
LA VIABILIDAD DEL CULTIVO DE ESPECIES FLORALES, E INTRODUZCA ÉSTAS
EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA Y EL MERCADO INTERNACIONAL DE FLORES DE
ORNATO, A CARGO DEL SENADOR RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Las actuales tendencias en el consumo mundial, a pesar de la crisis, señalan que los artículos cosméticos y de cuidado corporal siguen ocupando un lugar destacado en el gasto personal. Las cifras hablan por sí mismas. La industria francesa de la cosmética generó en el 2003 poco más de 16 mil millones de dólares, donde tres empresas; L’Oreal, LVMH (Louis Vuitton-Moet-Hennesy) y Laboratoire Pierre Favre, tienen la mayor participación del mercado francés y poseen varias de las marcas más exitosas a nivel mundial. En términos generales, la industria europea de cosméticos es la mayor del mundo; en 2003, en la Unión Europea se generaron ventas por más de 66 mil millones de dólares, el doble de ventas que la industria japonesa, y un tercio más que la estadounidense.
Los productos que ofrecen al consumidor una visión holística del cuidado del cuerpo con un enfoque ecológico, actualmente tienen una mayor demanda en los países industrializados y van ganando mercado entre las clases medias y altas de los países en desarrollo. Esta nueva industria, denominada cosmética natural, resulta más accesible al consumidor, incluso por cuestiones de precio, que las grandes marcas presentes en las cadenas departamentales y de supermercados.
Por su valor en el mercado internacional, el cultivo de especies florales y aromáticas puede ser un nicho agroindustrial que, de ser impulsado, podría rendir importantes dividendos para un país que tradicionalmente se ha caracterizado por su gusto hacia las flores, especies y plantas medicinales. Hay que tomar en consideración que los principales importadores de materias primas para la manufactura de perfumes, cosméticos y productos de tocador, son Estados Unidos, Francia -que exporta casi el 46 por ciento de los productos que se consumen en el mundo– y China. En virtud de lo anterior, resulta necesario saber qué es lo que estos países demandan, no sólo como materia prima, sino como productos con valor agregado.
Un aspecto de singular relevancia es que el cultivo de especies aromáticas constituye una alternativa para la recuperación de los suelos pobres. En El Salvador, recientemente se ha experimentado con vetiver para evitar la erosión de los suelos, con resultados altamente satisfactorios.
México podría incursionar, por los diferentes tipos de suelo y climas presentes en todo el territorio, así como por la mano de obra, en la oferta de las materias primas agrícolas y en los procesos de destilación de aceites esenciales, que requieren de una tecnología no tan costosa.
En el caso concreto de Nayarit, los diferentes climas presentes en la entidad podrían ser adecuados para el cultivo de distintas especies agrícolas y florales, cuya demanda en el mercado internacional va en aumento; las cuales pueden ser una alternativa para la sustitución de los cultivos tradicionales de la entidad, como el tabaco, los cuales sufren un fuerte descenso en la demanda.
Existen varios cultivos que pueden ser introducidos en Nayarit para la industria perfumera y/o de productos cosméticos, como las variedades de rosa damascena y rosa centifolia, ambas muy apreciadas por la perfumería. Los principales países proveedores de ambas variedades de rosa son Bulgaria, Turquía y Francia. La rosa damascena se produce en Bulgaria y Turquía y la centifolia se cultiva en Francia y Marruecos. Los tres climas son de tipo mediterráneo, semejantes a los de ciertas zonas de Nayarit.
Las dos variedades de rosas generan un aceite esencial con alrededor de 300 componentes, algunos de los cuales el olfato humano no ha sido capaz de identificar. De ahí que no sea posible imitar las propiedades aromáticas de las rosas, por lo cual no existe ningún producto sintético capaz de sustituir el aceite esencial de rosas, lo que también explica su alto costo en el mercado.
Si para lograr la extracción de una gota de aceite esencial de rosa se requieren treinta flores, el cultivo de dicha planta debe ser masivo y requiere de un volumen importante de mano de obra semi calificada. Además, la extracción del aceite esencial implica un proceso artesanal sencillo -se elabora mediante disolventes y vapor de agua- el cual puede ser llevado a cabo mediante empresas familiares o cooperativas.
Lo que se ha descrito acerca de la rosa aplica para otras variedades de flores y plantas aromáticas para la industria perfumera, como el nardo -flor, originaria de Sonora- vetiver, pachulí, lavanda, gardenia, jazmín y violeta, entre otros.
En cuanto a las plantas aromáticas para condimento, hay que hacer notar que el clavo, la canela, la pimienta y el comino, especias sumamente utilizadas en la gastronomía nacional, en su mayoría son importadas de Asia. Adicionalmente, la salvia, la menta, el tomillo y el orégano son especies de alto valor que pueden ser cultivadas en el país.
El cultivo de flores y plantas aromáticas implicaría el fomento a la agroindustria y la generación de empleos directos e indirectos, gracias a la articulación de una cadena productiva que iría desde la siembra hasta la producción del aceite esencial, su comercialización y exportación. Sin duda, las múltiples aplicaciones de las plantas aromáticas y el incremento paulatino de su consumo podrían augurar un futuro prometedor para los productores de estas especies.
Por lo que se refiere al cultivo de flores de ornato para la exportación, ésta es una industria donde México puede ser altamente competitivo en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estados Unidos y Canadá son los primeros importadores de flores frescas a nivel mundial, seguidos de Europa. Los principales exportadores en América son Colombia y Chile; sin embargo, el principal exportador de flores sigue siendo Holanda, seguido de Israel y los países del sudeste Asiático. México puede competir en este rubro, y Nayarit específicamente puede exportar la especie conocida como ave del paraíso, cuyo precio es muy alto en el mercado internacional. Igualmente, las rosas, las gladiola y crisantemos se encuentran entre los cultivos de ornato competitivos en calidad y precio.
Lo que se requiere, señores legisladores, es que exista una política agroindustrial de estado que aliente a los productores de nuevos cultivos cuyo valor en el mercado internacional sea alto, que sean adecuados a los distintos suelos y condiciones climatológicas del país, que generen empleos y que sirvan para enriquecer los suelos, evitando así la desertificación que tanto tememos.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar al titular del Ejecutivo federal que gire las instrucciones pertinentes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que efectúe un estudio técnico sobre la viabilidad del cultivo de especies florales, plantas aromáticas y especies de plantas de ornato.
Segundo. Solicitar al titular del Ejecutivo federal que gire las instrucciones pertinentes a la Secretaría de Economía para que realice un estudio técnico de mercado sobre las especies florales y aromáticas de mayor demanda en el mercado internacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
Senador Raúl Mejía González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
A CARGO DEL SENADOR JESÚS GARIBAY GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PRD
El suscrito, senador Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a cumplir con los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La bienvenida del presidente Calderón a los asistentes al sexto Encuentro Mundial de las Familias –instituido en 1994 por Juan Pablo II y por el que la iglesia católica reivindica el papel fundamental de la familia en la transmisión de los valores cristianos– no fue la de un jefe de Estado a una delegación internacional en donde la perspectiva neutral del ejercicio del gobierno se hace escuchar.
En ningún momento en su discurso apeló a los valores contenidos en la Constitución que él prometió cumplir, entre ellos el reconocimiento de la diversidad de la sociedad mexicana, reconocida y salvaguardada por nuestra Constitución, que establece el derecho a la no discriminación por ningún motivo, ya sea, entre otros, por preferencia sexual, género, raza o religión.
En un pronunciamiento que revela la mentalidad que dominó en el encuentro que el Presidente de la República avaló con su presencia y con su discurso, el arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús López Rodríguez, declaró que "con escotes pronunciados y minifaldas las mujeres están provocando al hombre", en tanto que el obispo auxiliar de Tegucigalpa, Darwin Rudy Andino, añadió que "debido a la ropa provocativa que usan las mujeres se exponen a violaciones, a que las usen, que las traten como un trapo viejo, porque desvaloran su persona y su dignidad".
Más aún, la religiosa ecuatoriana Alexandra Marcillo declaró que "las mujeres tienen la culpa de que las ataquen".
Y por si fuera poco el obispo de Ciudad Juárez –donde se han cometido miles de feminicidios en los últimos años– Renato Ascencio, señaló que "la mujer no sólo debe cambiar su forma de vestir sino sus actitudes".
Las autoridades políticas y judiciales del país debieran tomar cartas en el asunto, pues es evidente que con tales pronunciamientos se está fomentando la discriminación y la violencia hacia las mujeres.
La iglesia católica no debe de olvidar que existen en nuestro país leyes, empezando por la Constitución, que regulan y garantizan la igualdad y la equidad de género y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y que los ministros de culto, no podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país según lo señala el inciso e) del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a ustedes la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a cumplir los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al secretario de Gobernación para que llame a la Iglesia Católica a cumplir y respetar lo que disponen nuestra Constitución y demás leyes que conforman el sistema jurídico mexicano.
Senador Jesús Garibay García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RETIRAR AL
EJÉRCITO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y COMBATE
DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y A IMPLANTAR UNA NUEVA ESTRATEGIA EN LA
MATERIA, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente realiza un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que, a la brevedad posible, retire al Ejército de las actividades que viene realizando en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada e implante una nueva estrategia en la materia, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según lo reportan los resultados de prestigiados investigadores nacionales y extranjeros desde hace más de una década, nuestro país viene enfrentando una difícil y creciente crisis de seguridad pública. Esta situación deriva, entre otros aspectos, de la deficiente planeación de las políticas públicas para asumir como Estado acciones responsables en materia de seguridad pública; es decir, combatir sus causas estructurales y garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones responsables de la seguridad.
Esta situación se ha acentuado de manera contundente con la alternancia en el poder en el 2000. A partir de este momento, las Fuerzas Armadas han extendido su papel y presencia en distintos campos de la seguridad y la justicia. No obstante la promesa de campaña del entonces candidato Vicente Fox, en el sentido de retirar de las esferas policíacas y de inteligencia a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas (FAM), a la hora de la conformación de su gabinete fuimos testigos de la contradicción cuando nombró a un general en activo como procurador general de la República.
Con este antecedente, se da inicio a un proceso de militarización del combate a la delincuencia organizada, entendida ésta no sólo por la presencia de militares en instancias civiles del gobierno o en puestos de seguridad pública en los distintos niveles de gobierno, sino también por la falta de un contrapeso social que contenga los riesgos de este proceso.
Es comprensible que ante el ascenso de la delincuencia organizada, particularmente expresada en el narcotráfico y la deficiencia probada de las políticas públicas en la materia, la militarización en seguridad pública se convierta en una respuesta casi desesperada de la actual administración federal.
Sin embargo, lo preocupante es que, paralelo a este proceso, no se desarrollen mecanismos que permitan un mayor control sobre el desempeño de las fuerzas armadas; control que permita evaluar el efecto real que se genera en el combate a la delincuencia.
En este sentido, es revelador que, a casi una década de emplear al Ejército en tareas contra el narcotráfico, la droga continúe no sólo entrando fácilmente a México sino que, además, su oferta en las calles de las principales ciudades del país sea una realidad. No ha sido en vano, como aquí en el Congreso de la Unión y en el seno de los diversos grupos de poder y de la sociedad civil se busca redefinir, el marco jurídico y atender el narcomenudeo, el secuestro, las ejecuciones, los abusos que se cometen contra inocentes, la violación a los derechos humanos, etcétera, como los principales problemas de seguridad que enfrenta el país.
A este escenario, no debemos sustraer la debilidad institucional que fue reconocida desde la administración pasada y reconocida por el actual gobierno sobre la falta real de un brazo operativo profesionalizado. Es decir, los mexicanos no contamos con los recursos humanos necesarios suficientemente capacitados para realizar las tareas que impone el combate a uno de los problemas más sensibles a nivel nacional: el crimen organizado; hecho que nos ha llevado a presenciar incidentes que, desafortunadamente, le han costado la vida de muchas personas.
No podemos cerrar los ojos ante un hecho tan atroz como es la violación a los derechos humanos. Sin embargo, los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son contundentes al señalar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública federal como las dependencias que acumulan el mayor número de quejas por haber violentado las garantías individuales.
Pero debemos dejar claro que, ante la desesperación del gobierno actual y la insuficiente capacitación del Ejército Mexicano en materia de derechos humanos, la respuesta no debe ser la descalificación a una de las instituciones más reconocidas e identificadas con la solidaridad a la población, particularmente en casos de emergencia o desastres naturales.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha expresado que "el mantenimiento del orden dentro del territorio del país debe realizarse por medio de las fuerzas de seguridad civiles".
Los medios de comunicación a diario dan cuenta de los agravios a viajeros y pobladores con denuncias sobre revisiones tan exhaustivas como insultantes, extorsiones y amenazas, y ahora ataques armados e indiscriminados a quienes no se detienen en dichos puestos.
Los hechos más recientes
1 de junio de 2008, ataque contra cinco integrantes de la familia Esparza Galaviz (una mujer y cuatro menores de edad muertos a tiros), además de tres heridos de gravedad, en Los Alamillos, Sinaloa. Existe la declaración de Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de que "al parecer estaban soldados en estado de ebriedad" y otros testimonios que registran consumo de drogas.
Sanjuana Hernández Salinas, de 38 años de edad, viajaba en su auto cuando soldados del Ejército Mexicano dispararon contra ella cuando no detuvo su vehículo en un retén militar situado en el municipio de Escobedo, al norte de Nuevo León.
12 de diciembre de 2008, militares abrieron fuego contra un auto en un retén y mataron a una mujer embarazada en Ciudad Juárez.
En este escenario resulta irresponsable permitir que se obligue al Ejército a desempeñar una labor que no sólo va más allá de su deber constitucional sino que se le expone a situaciones lamentables como las mencionadas. Por ello, consideramos que debe sustituirse la participación del Ejército en el combate al narcotráfico, con el diseño de una estrategia que apunte más al combate a sus soportes financieros, lavado de dinero y eficiencia de las labores de inteligencia.
Nosotros como legisladores tenemos el deber de coadyuvar en la construcción de alternativas viables de política pública donde se reduzcan los costos sociales, económicos y la vigencia del estado de derecho.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente realice un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal a efecto de que, a la brevedad posible, retire al Ejército de las actividades que viene realizando en seguridad pública y combate a la delincuencia organizada e implante una nueva estrategia en la materia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL BANCO DE MÉXICO, AL EJECUTIVO FEDERAL, A LAS INSTITUCIONES DE
CRÉDITO Y A LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN MATERIA DE
TASAS DE INTERÉS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARTÍN MALAGÓN
RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Martín Malagón Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A finales del año 2007 y a lo largo del 2008, los organismos y autoridades financieras internacionales han alertado sobre la difícil situación financiera que las diversas economías, tanto desarrolladas como emergentes, comienzan a resentir. No en vano el Fondo Monetario Internacional advierte sobre la desaceleración de la economía mundial producto del shock más peligroso que haya afectado a los mercados financieros desarrollados desde los años treinta.
En este contexto, las autoridades de los diversos países afrontan el reto de estabilizar las condiciones financieras de sus economías durante el período de desaceleración, es por esto que se deben identificar aquellos posibles focos rojos que puedan derivar en una crisis que afecte a un amplio sector de la población.
En el caso de México, si bien es cierto que existe una avanzada regulación en materia financiera, aún existen áreas susceptibles de mejorar y que pueden contribuir al fortalecimiento de nuestra capacidad de respuesta ante el deterioro económico internacional, tales como los niveles de ahorro y financiamiento.
En este sentido, las tasas de interés son de especial importancia dado que, en parte, reflejan el costo del financiamiento y a la vez incentivan, o en su caso inhiben, los niveles de ahorro e inversión en una economía.
Sin embargo, el diferencial entre la tasa de interés que pagan las instituciones financieras a los ahorradores (tasa pasiva) y la que cobran por los préstamos otorgados (tasa activa), en el caso de México, resulta realmente elevado si lo comparamos en el ámbito internacional, pues mientras que en el período 2000 a 2005, en promedio, Corea mostró un diferencial de 1.7 puntos porcentuales, España 2.0, Chile 4.1, Sudáfrica 4.9 y Panamá 5.3, en México se observaron 5.8 puntos porcentuales1, estimándose que al cierre del 2007 fue del orden de 5 puntos porcentuales2.
Este elevado diferencial deja al descubierto que en México realmente existen pocos incentivos para ahorrar y, a la vez, el financiamiento resulta muy costoso.
Como muestra, si observamos la tasa de interés de diversos instrumentos bancarios se observa que ésta, en promedio, va del 1.13 al 7.73 por ciento anual3, hecho que contrasta con las relativas al crédito al consumo, pues por ejemplo, la tasa promedio anual de las tarjetas de crédito bancario se localiza en un 41.78 por ciento, mientras que las referentes a los créditos hipotecarios, en promedio, son del 12.55 por ciento.
Ante estos diferenciales de tasas de interés, las instituciones financieras poco contribuyen a ser impulsoras de los sectores productivos, dado que, al otorgar pocos incentivos para el ahorro, se reduce la cantidad de recursos disponibles para financiar el desarrollo económico del país.
Sin embargo, éste no es el único problema que se genera, pues las instituciones financieras y demás entidades que otorgan financiamiento, al cobrar elevadas tasas de interés favorecen el incremento de la cartera vencida producto de que los créditos otorgados muchas veces se vuelven impagables, no por el monto inicial de éstos, sino por la acumulación de elevados intereses, lo que puede representar una fuente de inestabilidad tanto para el sector público como para el privado.
En los últimos meses, las elevadas tasas de interés, en conjunto con otros factores han incrementado el índice de morosidad4, pues por ejemplo, en el mes de noviembre de 2008, en la cartera de crédito al consumo este índice, en promedio, fue del 8.49 por ciento, sin embargo, si observamos la cartera de crédito al consumo a través de tarjetas de crédito la morosidad se localizó en el 10.32 por ciento5.
Según el Banco de México, la morosidad del crédito al consumo ha sido resultado, entre otros, de la estrategia seguida por algunos bancos para atender a sectores de la población considerados de mayor riesgo y sobre los que en algunos casos, no existía información crediticia previa, pero también al otorgamiento de tarjetas de crédito a consumidores que ya disponen de éstas, aumentos en las líneas de crédito y reducciones en el pago mínimo mensual.
De esta manera, diversos factores se conjuntan y generan elevadas tasas de de interés que derivan en una mayor morosidad, hecho que como legislador y como usuario de los servicios financieros me preocupa, de ahí que acudo ante esta representación popular para manifestar mi inquietud y solicitar se exhorte a los diversos actores del sistema financiero mexicano con la finalidad de buscar la reducción de las tasas de interés para impulsar el financiamiento bajo condiciones más favorables, sin poner en riesgo al sistema financiero y evitando que la población de bajos ingresos quede fuera de los servicios financieros.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de la honorable Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un respetuoso exhorto al Banco de México para que, de manera urgente, en el marco de sus atribuciones y con base en su autonomía, emita disposiciones de carácter general que favorezcan la reducción del diferencial de las tasas de interés.
Segundo. Se exhorta al Banco de México para que, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación de este exhorto, informe a esta Cámara de Diputados sobre las políticas y actividades realizadas por la institución para regular las tasas de interés.
Tercero. De la manera más atenta se exhorta al Ejecutivo federal para que estudie, implante y evalúe programas de educación encaminados a formar a los usuarios de los servicios financieros para que éstos tengan los elementos para comparar, analizar y decidir sobre las diversas opciones existentes en el mercado, con el objeto de que obtengan las mejores condiciones crediticias.
Cuarto. Se exhorta a las instituciones financieras para que se sensibilicen ante el entorno financiero adverso y reduzcan las tasas de interés que cobran por los créditos, a partir del reconocimiento del costo de los recursos que captan y la diferenciación del nivel de riesgo que los diversos clientes les representan.
Quinto. Se exhorta a los usuarios de los servicios financieros a analizar y comparar las diversas opciones tanto de ahorro como de crédito con la finalidad de que obtengan aquéllas condiciones más favorables acorde a sus características y capacidad financiera.
Notas
1. Datos tomados del Programa Nacional de Financiamiento
del Desarrollo 2008-2012.
2. Cabe señalar que para la determinación
del diferencial de las tasas de interés se emplean las tasas relativas
a los diversos créditos, por ejemplo las relativas a crédito
al consumo, hipotecario y empresarial, así también las de
los diversos instrumentos de ahorro.
3. Tasas de interés al mes de octubre de 2008,
de acuerdo al Banco de México.
4. Índice de Morosidad igual a cartera vencida
sobre la cartera total.
5. CNBV (noviembre 2008). Boletín Estadístico,
Banca Múltiple, Cartera de Crédito y Captación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
Diputado Martín Malagón Ríos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA ASF A INVESTIGAR RESPECTO A LAS CONCESIONES AEROPORTUARIAS OTORGADAS
POR LA SCT A LOS GRUPOS EMPRESARIALES ASUR Y GAP Y A COMPAÑÍA
MEXICANA DE AVIACIÓN, SUSCRITA POR LOS SENADORES ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ
Y RAÚL MEJÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI
Los que suscriben, Rogelio Rueda Sánchez y Raúl Mejía González, senadores de la república a la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se formula un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una investigación respecto de las concesiones aeroportuarias otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los grupos empresariales denominados Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), así como respecto de la concesión de servicio de transporte aéreo otorgada a la empresa denominada Compañía Mexicana de Aviación, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. El artículo 6 de la Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1995, establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es autoridad aeroportuaria en tanto que la propia ley considera como de jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles. En razón de ello, la disposición legal citada otorga a la SCT, en su fracción III, la atribución expresa de "otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta Ley, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación", facultándole, además, para imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento a lo previsto en la propia ley (fracción X).
II. Como es del conocimiento público, en virtud de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal, a través de la SCT, a los grupos empresariales denominados Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), así como de la operación de compra-venta de Mexicana de Aviación durante el gobierno del ex Presidente Vicente Fox Quezada, los grupos empresariales mencionados tienen a su cargo la administración y operación aeroportuaria de un buen numero de los aeropuertos mas importantes del país.
En efecto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) administra los aeropuertos de Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Hermosillo, La Paz, Los Cabos, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta y Tijuana. Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Sureste administra y opera los aeropuertos de Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz y Villahermosa.
III. Como es conocido, el Grupo Aeroportuario del Pacífico adquirió en 1999 del Gobierno Federal una participación del 15 por ciento de sus acciones de la serie BB, a socio estratégico de Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, la cual tiene como accionistas a Corporación Mexicana de Aeropuertos, Aena Internacional y Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias. La primera, es una sociedad mexicana de inversión conjunta, 50 por ciento propiedad de Pal Aeropuertos, SA de CV, y 50 por ciento propiedad de Promotora Aeronáutica del Pacífico, SA de CV. Pal Aeropuertos, SA de CV, es una entidad de propósito específico propiedad de Eduardo Sánchez Navarro Redo, un inversionista mexicano con intereses significativos en la actividad inmobiliaria.
Por su parte, Promotora Aeronáutica del Pacífico, SA de CV, es una entidad de propósito específico propiedad de Laura Díez Barroso Azcárraga y su esposo, Carlos Laviada Ocejo.
La señora Diez Barroso tiene experiencia en la industria editorial, especialmente en revistas. Actualmente participa en los Consejos de Administración de Teléfonos de México, Grupo Financiero Inbursa y Royal Caribbean Cruises LTD. La segunda es una subsidiaria totalmente propiedad de Aena, una sociedad propiedad del Estado español que administra todas las operaciones aeroportuarias en España y la tercera es una subsidiaria de Abertis Infraestructuras, SA, que es una de las compañías mas importantes en infraestructura en Europa. Los dos socios sobresalientes que son los señores Laura Diez Barroso Azcárraga y Eduardo Sánchez Navarro Redo, integran un 5 por ciento de las acciones de GAP.
IV. Por lo que se refiere al Grupo Aeroportuario del Sureste, el gobierno mexicano vendió un total del 15 por ciento del capital de Asur a Inversiones y Técnicas Aeroportuarias, SA de CV (ITA), como resultado del proceso de licitación pública, con lo cual esta empresa adquirió acciones clase I, serie BB, representativas del 15 por ciento del capital social de Asur.
Derivado de lo anterior, ITA es una sociedad cuyo 51 por ciento es propiedad del señor Fernando Chico Pardo y 49 por ciento de Copenhagen Airports, SA, y posee el 15 por ciento de las acciones de la serie BB de Asur. Posteriormente, el 29 de marzo de 2007, ITA resuelve convertir 7.35 por ciento de las acciones serie BB en acciones de la serie B. El 19 de junio de 2007 y como resultado de una oferta pública para la adquisición de acciones de la serie B realizada en los mercados de Estados Unidos de América y México, Agrupación Aeroportuaria Internacional, SA de CV, y Agrupación Aeroportuaria Internacional II, SA de CV, empresas indirectamente propiedad de y controladas por el señor Fernando Chico Pardo, adquirieron el 19.91 por ciento de las acciones de la serie B, con lo cual posee el 23.81 por ciento de las acciones de Asur.
El señor Fernando Chico Pardo es miembro de los Consejos de Administración de diversas empresas, entre ellas: Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, Grupo Posadas y el Fondo de Pensiones de la Organización de las Naciones Unidas.
V. Ahora bien, el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos establece que
"En ningún caso, un grupo de concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales, podrán adquirir directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria de un aeropuerto. La misma restricción se aplicará cuando un grupo de concesionarios de aeropuertos participen en el capital de concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo".
VII. Pero resulta que esta previsión y restricción claramente establecida en la norma legal no se cumple en el caso de los grupos aeroportuarios referidos ya que, como es públicamente conocido, los señores Laura Diez Barroso Azcárraga, Eduardo Sánchez Navarro Redo y Fernando Chico Pardo tienen en conjunto el 30 por ciento de las acciones de la empresa de transporte aéreo denominada Compañía Mexicana de Aviación, lo que claramente implica una violación a las restricciones establecidas en el ya citado artículo 29 de la Ley de Aeropuertos.
VIII. De lo anterior se desprende que las concesiones otorgadas por la SCT durante el gobierno de Vicente Fox Quezada, no se ajustaron a las normas legales sobre el particular, por lo que se hace necesario que en términos de la Ley de Fiscalización, intervenga la Auditoría Superior de la Federación para realizar las investigaciones necesarias para deslindar las responsabilidades e imponer las medidas y/o sanciones que correspondan.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en términos de las atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización, realice las investigaciones respecto de las concesiones aeroportuarias otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los grupos empresariales denominados Grupo Aeroportuario del Sureste y Grupo Aeroportuario del Pacífico, así como respecto de la concesión de servicio de transporte aéreo otorgada a la empresa denominada Compañía Mexicana de Aviación, cuidando el preciso cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Aeropuertos y, en su caso, formular las observaciones que correspondan y aplicar las sanciones que procedan.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2009.
Senadores: Rogelio Rueda Sánchez, Raúl
Mejía González (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y DE COAHUILA A INVESTIGAR LA DESAPARICIÓN
DEL CIUDADANO SERGIO GABRIEL LEÓN CASTILLO, A CARGO DEL DIPUTADO
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Debemos detener la inseguridad y la delincuencia que existe en nuestro país y, por tanto, no puedo dejar pasar por alto el acontecimiento que vive la familia de León Castillo. En mi sentir como padre, sé la desesperación que viven y la incertidumbre de no saber nada de su hijo Sergio Gabriel de León Castillo, que desde el pasado 15 de noviembre de 2008 desapareció en la ciudad de Coahuila. Estudiante del tercer semestre de parapsicología de la escuela Narro de Saltillo, Coahuila, con apenas 22 años de edad, no podemos cerrar los ojos ante toda esta situación que con todo el esfuerzo de responsabilidad como padres hacemos todo lo posible por brindarle los estudios a nuestros hijos en la medida de lo posible, para que ellos salgan adelante y se desarrollen de manera personal y profesional, pero no es posible que por personas que privan de la libertad por cualquier razón truncan los sueños, los proyectos y las ilusiones de la persona y de las familia. Por ello, no podemos permitir seguir con estas injusticias y, en mi labor como legislador, exijo que se le dé respuesta a este asunto y se castigue a los que resulten responsables.
Por lo que exhorto a las autoridades de Coahuila, en los tres niveles, a investigar y a brindar todo el apoyo a los familiares de dicha persona para que juntos podamos resolver este asunto.
Por lo antes expuesto, someto a la honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades, tanto federales y municipales de Coahuila a investigar la desaparición de Sergio Gabriel de León Castillo, a fin de dar con su paradero y se haga justicia.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2009.
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE FELICITA A BARACK OBAMA POR SU HISTÓRICO
TRIUNFO Y EXPRESA SU DESEO PARA QUE LOS CONGRESOS DE ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA Y DE MÉXICO INICIEN UNA NUEVA ÉPOCA DE DIPLOMACIA
PARLAMENTARIA, BASADA EN EL PRINCIPIO DE LA CORRESPONSABILIDAD, A CARGO
DEL SENADOR LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PAN
Luis Alberto Villarreal García, senador por Guanajuato, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento de lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión felicita a Barack Obama por su histórico triunfo, y expresa su deseo para que los Congresos de Estados Unidos de América y de México inicien una nueva época de diplomacia parlamentaria basada en el principio de la corresponsabilidad.
Puntos Resolutivos
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión felicita a Barack Obama por su toma de protesta como el 44 presidente de Estados Unidos de América, al tiempo que envía sus mejores deseos al pueblo estadounidense en esta nueva etapa que inicia, con el ánimo firme de que encuentren un próspero porvenir.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su beneplácito al presidente Barack Obama por el interés enunciado en su discurso inaugural para comenzar una nueva era de cooperación multilateral, basada en el entendimiento entre las naciones, y así dar solución a los grandes problemas globales de manera conjunta, con base en el diálogo y en la negociación y no en la imposición unilateral.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su deseo para que los Congresos Estados Unidos de América y México, de acuerdo con sus facultades, inicien una nueva época de diplomacia parlamentaria basada en el principio de corresponsabilidad que permita a ambos órganos legislativos hacer frente a los retos y a los problemas que enfrentan sus sociedades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN COORDINACIÓN CON LA SEP, UNA
REVISIÓN DE LAS GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES PARA OBTENER
UN PADRÓN REAL Y REVISAR CUÁLES CUMPLEN LA NOM-167-SSA1-1997
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A MENORES Y
ADULTOS MAYORES, SUSCRITA POR LA SENADORA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La participación de la mujer en las diferentes actividades económicas la ha convertido en una fuente importante de ingresos en su hogar o, en muchos de los casos, en el único sostén de su familia.
Lo anterior la ha llevado a cambiar su rol de madre para convertirse en importante factor económico para los diferentes sectores y en un pilar fundamental para la economía familiar.
Sin embargo, tal situación, de igual forma, la obliga a buscar apoyo para el cuidado de sus hijos. Hay quienes tienen los recursos para contratar una niñera privada o cuentan con el respaldo de algún familiar para la atención a los niños, pero el gran porcentaje busca los servicios de estancias infantiles particulares, ya que, en el caso de las trabajadoras con derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se enfrentan a que el cupo es escaso y la cercanía de las guarderías a sus hogares les queda a una distancia considerable a su fuente de empleo.
Ante este panorama, la creación de guarderías y estancias infantiles se ha convertido en algo común en el país, pero la falta de coordinación entre las autoridades competentes ha ocasionado que la apertura de esta clase de negocios resulte atractiva y que, a su vez, se propaguen sin cumplir con todos los requisitos establecidos para su funcionamiento.
En este sentido, la Secretaría de Salud es la que por norma tiene injerencia en la apertura de estos negocios que reciben a los menores de edad, pero, aun así, existe un descontrol y falta de criterios homologados para la apertura y funcionamiento de éstos.
Tal situación implica un peligro para los menores de edad, ya que la falta de instalaciones adecuadas y la formación de las personas que los cuidan pueden carecer de la debida preparación.
A pesar de que la normatividad obliga a la Secretaría de Salud a la observancia de la aplicación de los criterios para el establecimiento y operación de las estancias infantiles, lo cierto es que esta facultad a recaído en los gobiernos de las entidades federativas, provocando la existencia de múltiples reglamentos que rigen su funcionamiento, pero, al parecer, no resultan ser las adecuadas para ordenar de una manera sistémica a éstas.
Son muchos aspectos los que hay que considerar para abrir una estancia infantil, ya que cada entidad federativa tiene sus propios estatutos para dar su aprobación, tales como licencia de sanidad correspondiente, permiso de incorporación otorgado por la dependencia encargada de la educación pública, presentación de dictámenes periciales que demuestren las condiciones idóneas de las instalaciones equipo y mobiliario, estableciendo el número de niños que pueden albergar.
La lista de requisitos puede variar de un lugar a otro, pero entre los requerimientos más importantes se solicita copia de la licencia de salud que acredite que el inmueble reúne las condiciones de higiene y de salud, copia de la constancia de uso de suelo para utilizarlo en servicios educativos expedido por la autoridad municipal correspondiente, copia del dictamen de Protección Civil, relación del personal directivo y docente con copias de la documentación que acrediten su formación académica y su experiencia laboral.
Ahora bien, la Secretaría de Salud pone en práctica sus propios criterios para dar su dictamen. Su fundamento recae en la NOM 167-SSA-1-1997, la cual trata sobre la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos. En el numeral siete se marcan los pasos a seguir para el funcionamiento de las estancias infantiles.
En este caso, los puntos son diversos, entre los que destacan, contar con áreas de recepción, salas de usos múltiples, botiquines de primeros auxilios, salas de atención con cunas, colchonetas, mesas y sillas infantiles, muebles de guarda y baño de artesa.
Asimismo, área común de usos múltiples para el desarrollo de actividades físicas, de entrenamiento y de recreación en tiempo libre.
Las anteriores características aparecen sólo en unas cuantas estancias infantiles, pues se han dado casos de guarderías establecidas en departamentos y casas de Infonavit que carecen del suficiente espacio para el esparcimiento de los infantes.
Al no estar normadas y supervisadas correctamente por parte de la autoridad federal, conforme a los múltiples requisitos que plantea la NOM 167-SSA-1-1997, la integridad de los niños corre peligro al permanecer bajo la tutela de gente sin los conocimientos adecuados, o bien, en instalaciones impropias.
El problema de las estancias infantiles irregulares es que en muchos de los casos sólo inician el proceso en una dependencia local y comienzan labores con la excusa de que su trámite se encuentra en proceso.
Las instituciones involucradas admiten que ha faltado mayor coordinación; por tanto, es necesario tomar cartas en el asunto con el deseo de regularizar a las estancias infantiles, por lo que es necesario realizar un exhorto a las autoridades correspondientes a efecto de que hagan lo necesario para cumplir con este aspecto.
Cabe señalar que, ante la presentación de un número considerable de solicitudes para abrir esta clase de negocios, se hace necesaria la regularización de las estancias infantiles.
Aunque un importante número de estancias infantiles labora sin contar con las mejores instalaciones o personal avalado por la Secretaría de Salud, al parecer no hay mucha prisa por darle solución al conflicto.
A más de un año y medio de existencia del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, es necesario realizar las modificaciones correspondientes para la mejora del servicio.
Es necesario que la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública realice una revisión de las guarderías y estancias infantiles para tener un padrón real y revisar cuáles cumplen con la NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores.
Es por ello que el llamado es para lograr que las actividades inherentes a los servicios de asistencia social en guarderías infantiles tomen en cuenta los siguientes aspectos:
2. Actividades educativas y recreativas que promuevan el desarrollo de las esferas cognoscitiva, afectiva y psicomotora.
3. Respeto a los derechos y pertenencias de niños y de niñas.
4. Vigilancia, protección y seguridad.
5. Atención de quejas y sugerencias de los padres y familiares con garantía de que sean tomadas en cuenta para la solución, vigilancia y seguimiento de las medidas adoptadas.
6. Promoción y participación de los padres en el proceso de atención a los menores.
7. Alojamiento.
8. El número de menores que se atiendan en las estancias infantiles estará sujeto a la capacidad instalada de cada una de las unidades operativas.
9. Todas las estancias infantiles deberán contar con organización física y funcional que contemple la distribución de áreas de acuerdo a la edad de los menores.
En este sentido, el objetivo es generar mejores condiciones de calidad y seguridad de un servicio como el que proporcionan las guarderías, pero que, en aras de ampliar la cobertura de éste, se está generando una crisis estructural del sector al condenar a los actuales prestadores del servicio a condiciones de operación muy por debajo de sus estándares mínimos de operación y funcionalidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la asamblea proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que realice una revisión de las guarderías y estancias infantiles, a través de la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, para tener un padrón real y revisar cuáles cumplen con la NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que informe a la soberanía, a través de la Secretaría de Salud, sobre las medidas que tomará en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para evitar un demérito en la calidad y seguridad de un servicio tan sensible como lo es el cuidado de los niños de las madres trabajadoras mexicanas, y lograr estándares mínimos de operación y funcionalidad de las guarderías y estancias infantiles.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2009.
Senadora María Elena Orantes López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL INAH Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A RESGUARDAR Y CONSERVAR
LOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA
DE LOURDES ROJO E INCHÁUSTEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, senadora de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
La evolución de cada sociedad se refleja en su cultura, misma que revela rasgos específicos de una identidad que se ha ido forjando a lo largo del tiempo; en ese orden de ideas, el legado de las generaciones que nos precedieron se manifiesta de manera tangible e intangible; las instituciones que rigen nuestra vida política y social tienen tanta importancia como los vestigios materiales que muestran el camino que nuestros antecesores y nosotros hemos andado para llegar a lo que hoy somos y nos proponen las vías que podemos seguir para llegar a lo que queremos ser como nación.
Así, la conservación y preservación de monumentos y zonas históricos, arqueológicos y artísticos están muy lejos de ser un tema sólo de relevancia administrativa, de cumplimiento de la norma; antes bien, se trata de algo que debe ser asumido como una de las grandes prioridades en materia de política cultural puesto que los vestigios materiales, tangibles de nuestra identidad si bien padecen los efectos del tiempo, dichos efectos deben ser minimizados por todos los medios disponibles para evitar daños o destrucción irreversibles.
Por supuesto, esto no significa que abramos la puerta a "daños controlados" que pueden ser corregidos, sino que se evite rigurosamente el deterioro de esos vestigios.
Sin duda, la promoción de esos monumentos y zonas debe ser fortalecida, tanto para los propios mexicanos como para el resto del mundo, puesto que son muestra de lo que hemos sido y prefiguran lo que somos capaces de lograr; conocer esos vestigios debe ser motivo de inspiración y enaltecimiento, pero de ninguna manera pretexto para lacerarnos ni permitir que otros lo hagan. El acceso a nuestros monumentos y zonas arqueológicos, en lo particular, debe estar sujeto a reglas que implican respeto y propiciar su conservación y preservación.
Comparto estas reflexiones ante ustedes, integrantes de esta soberanía, a propósito de dos hechos que han llamado la atención de la opinión pública; por una parte, la ejecución de un proyecto de iluminación en Teotihuacán, México, y por la otra, el daño causado a 23 de 27 piezas situadas en el parque La Venta, Tabasco.
En ambos casos, se advierte falta de previsión inexcusable, puesto que en el primero, bajo el pretexto de instalar equipo de iluminación, se optó por realizar trabajos que afectan la integridad del sitio siendo que la instalación, como ha resultado según opinión de expertos, puede realizarse sin realizar daño alguno; asimismo, en el segundo caso, la afectación de 23 piezas situadas en La Venta por parte de particulares se debe no sólo a la ignorancia de dichas personas, sino a la falta de vigilancia en la zona y de protección de las piezas afectadas; sin duda es evidente también responsabilidad de las autoridades, puesto que por omisión se dio lugar a los daños mencionados.
Hemos sabido que se ha intentado corregir el daño causado en Teotihuacán y que se ha procedido contra los responsables de La Venta y ya se han iniciado los trabajos de restauración de las piezas dañadas, pero debe resultarnos inaceptable que las autoridades responsables de impedir que sucedan actos como los que se han señalado, se limiten a encogerse de hombros y ofrecer que no volverán a repetirse y que harán lo que esté a su alcance para reparar el daño.
La gravedad de lo expuesto se subraya en el caso de Teotihuacán, zona arqueológica reconocida como patrimonio de la humanidad en 1987, gracias a la recomendación del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, órgano de la UNESCO (de carácter apolítico), en el sentido de que los trabajos de montaje del espectáculo "Resplandor Teotihuacano", promovido por el gobierno del estado de México, sean suspendidos hasta en tanto se presenten soluciones satisfactorias a los aspectos de índole técnica de dicho montaje. Sin duda, tanto el gobierno del estado de México como el Instituto Nacional de Antropología e Historia tienen un papel fundamental para que el sitio sea respetado en su integridad, sin perjuicio de que ambas instancias propicien las mejores condiciones para que el mismo sea plenamente disfrutado por los visitantes.
Por otra parte, en cuanto al parque La Venta, si bien éste fue concebido por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer de un modo tal que coincidieran las condiciones originales del sitio con la magnificencia de las piezas ahí descubiertas, ello no debe ser impedimento para el buen resguardo tanto del sitio como de las piezas ni para la realizar la adecuada vigilancia del lugar.
Es oportuno recordar el contenido del artículo 2o. de la Ley sobre Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos:
Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.
La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la Nación. Además se establecerán museos regionales.
En el caso de Teotihuacán, corresponde al gobierno del estado de México y al Instituto Nacional de Antropología e Historia adoptar desde luego las medidas necesarias para la preservación del sitio, así como su adecuada promoción, en tanto que en el caso de La Venta el mencionado Instituto debe evaluar los hechos referidos para determinar la manera en que el lugar y las piezas ahí instaladas sean sujetos de una debida vigilancia y sean adoptadas medidas de protección conducentes.
Así, no sólo estamos planteando la observancia de la ley, la determinación de responsabilidades que no se ha visto sino que además se provea en lo necesario a su exacta aplicación y se sancione a los servidores públicos que hayan incurrido en algún tipo de responsabilidad.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de la honorable Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, LX Legislatura, resuelve exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de México y al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia a adoptar, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, las medidas necesarias para la debida e idónea preservación de la zona arqueológica de Teotihuacán.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, LX Legislatura, resuelve exhortar al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a ordenar la adopción de las medidas pertinentes orientadas a que el sitio La Venta, Tabasco, cuente con vigilancia suficiente y medidas de protección idóneas para la preservación de las piezas que ahí se encuentran.
Tercero. Asimismo, se exhorta a dichas autoridades a determinar las responsabilidades que correspondan, a aplicar las sanciones conducentes y, en su oportunidad, a informar a la Comisión de Cultura del Senado de la República sobre el estado que guardan los casos referidos y las acciones emprendidas en cada uno.
Dado ante la Comisión Permanente, el 21 de enero de 2009.
Senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A REALIZAR A TRAVÉS
DEL PROLOGYCA UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE UNA CENTRAL
DE ABASTO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS ALBERTO
GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Carlos Alberto García González, diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Economía, a través del Programa para la Agenda de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca), a realizar un estudio a efecto de determinar la factibilidad de instalar una central de abasto en Matamoros, Tamaulipas, con base en las siguientes
Consideraciones
El abasto de productos agropecuarios constituye un factor fundamental en los niveles de acceso, disponibilidad y consumo de alimentos de la población. Su relevancia también radica en las interrelaciones que guarda con la problemática del sector agropecuario, el transporte, la infraestructura de acopio y distribución física de alimentos, así como los programas y estrategias alimentarias encaminados a fortalecer las condiciones nutricionales de la población.
El abasto de alimentos ha evolucionado dramáticamente en las últimas dos décadas. La expansión de grandes cadenas de comercialización está modificando las formas tradicionales de intermediación y especulación; la emergencia de un nuevo esquema de abasto alimentario se posibilita por los procesos de desregulación estatal y apertura comercial a los que ha entrado el país, pero además por la aplicación de desarrollos tecnológicos al comercio, la globalización de los patrones de consumo y las nuevas estrategias de compra de la población.
Sin embargo, mientras estas tendencias comienzan a generalizarse, no podemos dejar de reconocer la presencia que todavía mantienen las formas tradicionales de abasto de alimentos, considerados por algunos como un "mal necesario", sobre todo porque siguen siendo un soporte fundamental para conectar la producción de distintas regiones del país con el consumo alimentario de los diversos centros de población, estructurando una compleja red de unidades, agentes de intermediación e intereses comerciales.
Una radiografía de la infraestructura para el abasto nos indica la fuerza que mantienen algunos de los principales actores en la fase del comercio.
En el país participan más de 3 mil 500 establecimientos, de los cuales 60 son centrales y módulos de abasto especializados en acopio, almacenamiento y comercialización mayorista de frutas y hortalizas; existen, además, 32 centros mayoristas, mil 909 almacenes especializados, 154 rastros y empacadoras tipo inspección federal, mil 61 rastros municipales y privados, y 269 frigoríficos.
En el rubro de comercio al menudeo de tipo tradicional, hay en el país alrededor de 600 mercados públicos y un número indeterminado de tianguis y mercados sobre ruedas.
En cuanto a oferta alimentaria, cobertura de infraestructura y mecanismos de intermediación, podríamos decir que el sistema de abasto alimentario en México es acorde con la demanda alimentaria de la población. Sin embargo, aunque un sistema de abasto satisfaga los requerimientos de una región o ciudad, puede convertirse en un proceso irracional y costoso por la ausencia de mecanismos de integración territorial o la excesiva intermediación, lo que supone la formación de regiones y sectores sociales que son abastecidos en diferentes escalas y que presentan riesgos para obtener una oferta de alimentos suficiente, estable y, sobre todo, accesible en términos del precio.
Por ejemplo, por la magnitud en infraestructura de acopio y centrales mayoristas que históricamente ha adquirido la ciudad de México, aquí se concentra más de 40 por ciento del volumen nacional de frutas y hortalizas, por esta razón, el Distrito Federal se ha convertido indirectamente en una de las entidades emisoras más importantes del país, de ahí la necesidad de descentralizar el acopio de abasto alimentario.
Al respecto, considero una opción el municipio de Matamoros, Tamaulipas, por las siguientes razones:
Gracias a su ubicación geográfica, Matamoros se convierte en un municipio único en el país, con gran potencial de desarrollo económico. Posee una extensión territorial de 3 mil 351.96 kilómetros cuadrados, que representa 4.19 por ciento de la superficie estatal; es el sexto municipio con mayor superficie en Tamaulipas. Es frontera con Estados Unidos, la principal potencia económica del mundo. Cuenta con un extenso litoral costero, además de ser la ciudad fronteriza más cercana a la capital del país, por aire o por tierra.
Con bases sólidas para el crecimiento en el comercio exterior, Matamoros se hace presente como la frontera más cercana con los países pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como de los flujos comerciales que surgen entre México y EUA hacia los mercados de Centroamérica. Es la frontera más corta México-EUA hacia el este, y abarca 70 por ciento del mercado de EUA.
El desarrollo económico de Matamoros ha variado a través de la historia. Destacan las actividades industriales, comerciales y de servicios, sin olvidar su vocación agrícola.
Matamoros tiene grandes expectativas para el sector económico, ya que se consolidan sus ámbitos tales como industriales, comerciales, agropecuarios, pesqueros, de servicios, y por supuesto lo turístico, Esto gracias a que es un punto de conexión de México con Estados Unidos, ya que cuenta con cuatro puentes internacionales, un aeropuerto internacional, y un sistema ferroviario y marítimo, que le permiten tener un desarrollo comercial sobresaliente.
No obstante, las instalaciones comerciales colectivas son claramente insuficientes. Matamoros cuenta con tres tianguis, seis mercados públicos, seis bodegas y un mercado de abasto claramente insuficiente para el volumen de movimiento del comercio local.
En razón de ello se exhorta a la Secretaría de Economía a considerar la realización de un estudio que determine la factibilidad de instalar una central de abasto en Matamoros, Tamaulipas, con apoyo del gobierno federal, a fin de impulsar favorablemente la cadena de valor de los productos agroalimentarios y facilitar su abasto, en las mejores condiciones, a la población.
Se propone que el apoyo federal se obtenga a través del Prologyca. Este programa tiene como objetivo impulsar la reconversión de centrales de abasto en modernos y eficientes centros logísticos que repercutan favorablemente en la cadena de valor de los productos agroalimentarios y faciliten su abasto a la población en las mejores condiciones. Dicho programa se desarrolla en cinco líneas estratégicas: 1. Desarrollar o reconvertir la infraestructura considerando el elemento logístico, de manera que permita que las centrales de abasto operen eficientemente; 2. Impulsar mejoras en el proceso de distribución de los productos agroalimentarios; 3. Promover el desarrollo de la cadena de frío, de tal manera que permita prolongar la vida útil de los productos; 4. Impulsar el desarrollo de los canales minoristas tradicionales, clientes naturales de las centrales de abasto; y 5. Promover el desarrollo de la capacidad empresarial y organizacional de los mayoristas, fomentando un cambio cultural y organizacional.
Con esta acción se obtendrán diversos beneficios: creación de empleos directos e indirectos; reducción de tiempos de movilización de las mercancías; eficientar la logística y los servicios ligados a las transacciones comerciales; una adecuada conectividad para el suministro y reexpedición de productos y recuperar su vocación mayorista; impulsar mejoras en el proceso de distribución de los productos agroalimentarios, vinculando el sector mayorista con el sector productivo para que desde el origen se atiendan los requerimientos del mercado y se propicie la integración de cadenas de valor; apoyar la modernización para fortalecer su participación en el abasto, de tal manera que permita transferir los beneficios a los consumidores finales, etcétera.
Por ello someto a consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Economía, a través del Programa para la Agenda de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto, a realizar un estudio para determinar la factibilidad de instalar una central de abasto en Matamoros, Tamaulipas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
Diputado Carlos Alberto García González
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE PROMUEVA UNA CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONTRA
EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN
DEFINITIVA DE VEHÍCULOS USADOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008, SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ENRIQUE SERRANO ESCOBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Enrique Serrano Escobar, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Antecedentes
El Poder Ejecutivo federal ha publicado en diversas ocasiones decretos que han tenido por objeto ordenar el mercado de vehículos usados, estableciendo condiciones para su importación definitiva.
Como ejemplos más recientes, tenemos el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2005, y el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, publicado el 26 de abril de 2006
Con fecha 24 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, el cual deja sin efectos los decretos antes mencionados.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece que, a partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de Estados Unidos de América (EUA) o de Canadá que tengan diez años o más de antigüedad.
Asimismo, en el TLCAN se establece un arancel preferencial a los vehículos usados originarios que cuenten con un certificado de origen válido, que confirme que un bien que se exporte de territorio de una parte a territorio de otra parte califica como originario.
Derivado de lo anterior, el artículo 501 del Capítulo V del tratado en comento establece que, en caso de que el exportador no sea el productor del bien, podrá llenar y firmar el certificado de origen basado en
b) La confianza razonable en la declaración escrita del productor de que el bien califica como originario; o
c) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor y proporcionando voluntariamente al exportador.
Artículo 3. En la importación definitiva al país de vehículos usados, bajo trato arancelario preferencial previsto en los Tratados de Libre Comercio y acuerdos comerciales de los que México es parte, el importador deberá cumplir con las formalidades y requisitos que en dichos ordenamientos se establecen, así como presentar ante la autoridad aduanera, por conducto de agente o apoderado aduanal, el certificado de origen válido o, en su caso, el documento comprobatorio de origen que corresponda de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de la importación.
El certificado de origen o el documento comprobatorio de origen deberá estar debidamente requisitado, con información directamente proporcionada por la compañía armadora del vehículo de que se trate, anexando el certificado o documento expedido por dicha compañía con base en el cual se obtuvo información respecto del origen del vehículo.
En caso de no contar con el certificado o documento expedido por la compañía armadora, el importador deberá presentar una declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, suscrita por la compañía armadora, en la que manifieste que el vehículo usado que se pretende importar fue fabricado, manufacturado o ensamblado como un bien originario, de conformidad con las disposiciones o reglas de origen aplicables al tratado o acuerdo correspondiente.
Es decir, que el decreto citado obliga a presentar el certificado de origen del automóvil con información proporcionada directamente por la compañía armadora, lo que prácticamente resulta imposible, sin mencionar que van en frontal contradicción con la opción que establece el tratado de que sea el exportador el que llene y firme el certificado de origen sin que intervenga el productor o armadora del vehículo en este caso.
Cabe mencionar que en el mismo tratado, al establecer los lineamiento para la emisión del certificado de origen, se establece en su párrafo 4, artículo 501, Capítulo V, que "ninguna de las disposiciones del párrafo 3 se interpretará como obligación del productor de proporcionar un certificado de origen al exportador.
Consideraciones
Que en el orden jerárquico del sistema jurídico mexicano se concede a los tratados internacionales especial grado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que, de conformidad con la fracción X del artículo 89 constitucional, es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado.
Que, con base en lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, constitucional, corresponde a la Cámara de Senadores "aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el presidente de la República con las potencias extranjeras", por lo que los tratados a los que se refiere el artículo 133 de la Constitución son una clase especial de normas jurídicas que por mandato constitucional se incorporan a la legislación nacional con la jerarquía de ley suprema de toda la unión, categoría jurídica que sólo se les reconoce cuando estén de acuerdo con la ley fundamental, de conformidad con la tesis plenaria VIII/20071 publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Que en el artículo 133 constitucional se establece el principio de supremacía constitucional, el cual significa que la ley fundamental es precisamente la primera en jerarquía, siguiéndole en segundo lugar los tratados internacionales congruentes y concordantes con el texto de la Constitución, y en tercero las leyes federales, atendiendo a las tesis plenarias LXXXVII/992 y IX/20073 publicadas en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello, se explica que el constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades.
Que un tratado es un acuerdo de voluntades de dos o más Estados, por medio del cual se crean o modifican derechos y obligaciones para los gobiernos; es decir, en virtud de su capacidad soberana, los Estados contraen obligaciones por medio de los tratados, mediante los cuales se autolimitan, por lo que es imposible jurídicamente que puedan desconocer esas obligaciones libremente contraídas. De acuerdo con lo anterior, es comprensible que al Estado, dentro de su interior, le toque elegir los medios para satisfacer sus obligaciones.
Que el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre del 2008, al contravenir las estipulaciones del TLCAN, viola los principios básicos de supremacía constitucional, expresado en el artículo 133 de nuestro código político de 1917, donde se estipula que todos los entes y autoridades determinados en ella están obligados a acatarla y a someter su actuación a lo que ésta disponga. Por razón de ese principio de supremacía, podemos afirmar que todo acto que la contradiga es nulo de pleno derecho.
Que el decreto se traduce en un ilícito constitucional, pues por una parte se infringe el artículo 133 constitucional, aunado a que se están vulnerando los derechos de los gobernados, toda vez que se les obliga en su carácter de exportadores e importadores a que, en el caso de la introducción de vehículos usados que lleguen a nuestro país, se presente el certificado de origen del automóvil requisitado o signado por la compañía armadora, como ya se ha dicho anteriormente, en contravención a lo establecido por el TLCAN.
Que la controversia constitucional establecida en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene como función dirimir los conflictos que surgen entre órganos de gobierno y entre los poderes de un Estado; es decir, se trata de un juicio entre poderes u órganos que gozan de autoridad, las cuales, en uso de su autonomía, ejercen las facultades o atribuciones que les han sido conferidas. Con base en este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la encargada de conocer sobre este tipo de controversias, y su competencia se constriñe a conocer cuestiones de constitucionalidad.
Que, en este contexto, la controversia constitucional tiende a preservar esencialmente la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, con estricto apego a las disposiciones constitucionales, a fin de garantizar y fortalecer el estado de derecho, el equilibrio de poderes, la supremacía constitucional y el sistema federal.
Que en el caso del decreto que nos ocupa se acredita tanto la existencia de una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es atribuible a uno de aquéllos que, en virtud de lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 constitucional, puedan ser susceptibles de ser demandados en la controversia.
En este sentido, el legislativo federal está facultado para interponer el recurso en contra del decreto emitido por el Ejecutivo federal, pues dicho acto se estima inconstitucional.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable Comisión Permanente los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente que la honorable Comisión Permanente promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en lo dispuesto en el artículo 105, fracción I, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre del 2008, a fin de que nuestro máximo tribunal declare su nulidad por ser violatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, por tanto, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Gírense instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se elabore e interponga el escrito de demanda de controversia constitucional en los términos anteriormente establecidos.
Notas
1. Supremacía constitucional y ley suprema de
la unión. Interpretación del artículo 133 constitucional.
A partir de la interpretación del precepto citado,
si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión, a las que aquél
se refiere, corresponden, no a las leyes federales sino a aquéllas
que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que
integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas
constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el
principio de supremacía constitucional implícito en el texto
del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución
General de la República, las leyes generales del Congreso de la
Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo
con ella constituyen la ley suprema de la unión; esto es, conforman
un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual
la Constitución se sitúa en la cúspide y, por debajo
de ella, los tratados internacionales y las leyes generales.
Amparo en revisión número 120/2002. Mc.
Cain México, SA de CV. 13 de febrero de 2007. Mayoría de
seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz,
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González
Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva
Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura
A. Sanabria Martínez.
El tribunal pleno, el 20 de marzo en curso, aprobó,
con el número VIII/2007, la tesis aislada que antecede. México,
Distrito Federal, a 20 de marzo de 2007.
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, novena época. Tomo XXV, abril de 2007. Página
6. Tesis aislada.
2. Tratados internacionales. Se sitúan jerárquicamente
por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la
Constitución federal.
Persistentemente en la doctrina, se ha formulado la interrogante
respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad
respecto de que la Constitución federal es la norma fundamental
y que aunque en principio la expresión "serán la ley suprema
de toda la unión" parece indicar que no sólo la Carta Magna
es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes
deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano
constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados
deben estar de acuerdo con la ley fundamental, lo que claramente indica
que sólo la Constitución es la ley suprema. El problema respecto
a la jerarquía de las demás normas del sistema ha encontrado
en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que
destacan las siguientes: supremacía del derecho federal frente al
local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana,
y con la existencia de leyes constitucionales, y la de que será
ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, la Suprema
Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran
en un segundo plano, inmediatamente debajo de la ley fundamental y por
encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo
133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son
asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus
autoridades frente a la comunidad internacional; por ello, se explica que
el constituyente haya facultado al presidente de la República a
suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado
y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad
de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga
a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía
de los tratados es la relativa a que en esta materia no existe limitación
competencial entre la federación y las entidades federativas; esto
es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del
tratado sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el
presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado
mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos
ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia
de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva
a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma
jerarquía, en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de
la ley fundamental, el cual ordena que "las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios
federales se entienden reservadas a los Estados". No se pierde de vista
que, en su anterior conformación, este máximo tribunal había
adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en
la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número
60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro "Leyes
federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa".
Sin embargo, este tribunal pleno considera oportuno abandonar tal criterio
y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados
incluso frente al derecho federal.
Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional
de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente:
Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.
El tribunal pleno, en su sesión privada celebrada
el 28 de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999,
la tesis aislada que antecede, y determinó que la votación
es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito
Federal, a 28 de octubre de 1999.
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, novena época. Tomo X, noviembre de 1999. Página
46. Tesis aislada.
3. Tratados internacionales. Son parte integrante de la
ley suprema de la unión y se sitúan jerárquicamente
por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación
al artículo 133 constitucional.
La interpretación sistemática al artículo
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
permite identificar la existencia de un orden jurídico superior,
de carácter nacional, integrado por la Constitución federal,
los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir
de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho
internacional dispersos en el texto constitucional, así como con
las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye
que los tratados internacionales se sitúan jerárquicamente
abajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales,
federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos,
de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales
o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al
principio fundamental de derecho internacional consuetudinario pacta sunt
servanda, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional
que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo
incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter
internacional.
Amparo en revisión número 120/2002. Mc.
Cain México, SA de CV. 13 de febrero de 2007. Mayoría de
seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz,
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González
Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva
Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana
Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura
A. Sanabria Martínez.
El tribunal pleno, el 20 de marzo en curso, aprobó,
con el número IX/2007, la tesis aislada que antecede. México,
Distrito Federal, a 20 de marzo de 2007.
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, novena época. Tomo XXV, abril de 2007. Página
6. Tesis aislada.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL A EJECUTAR LAS OBRAS Y ACCIONES
SEÑALADAS EN EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2009, A
CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política Mexicana; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación representa más que un listado de obras y acciones; el acuerdo regional que por medio de los diputados federales, orienta la inversión y los programas públicos.
Toda vez que el decreto ya fue publicado en Diario Oficial de la Federación (el 28 de noviembre del 2008) lo que corresponde es su aplicación.
En esa circunstancia, la motivación del presente punto es doble.
Por una parte, que el decreto no sufra modificaciones en las obras y acciones que los legisladores incluimos a petición de distintos niveles de gobierno y en beneficio de las comunidades.
Lo anterior obedece a que hemos tenido noticias de que, por ejemplo, en Oaxaca se intenta violar lo dispuesto en el decreto, unificando y mezclando recursos de diversos proyectos deportivos y culturales.
En este punto es importante tener presente que el gobierno federal debe hacer valer su anuncio de ejecutar sin modificaciones el presupuesto aprobado y que, además, las inversiones públicas no sólo beneficiarán por la obra pública ejecutada sino también significan un estímulo a la economía de las comunidades.
Por otra parte, por el impacto y monto de los proyectos, lo conveniente es que sean las mismas autoridades municipales las que los realicen.
Puede ser que los municipios no tengan la capacidad para ejecutar grandes proyectos que requieren una planeación o perspectiva global; pero sin duda son los más indicados para realizar los proyectos e inversiones de impacto regional que, en muchos casos, ellos mismos gestionaron y promovieron en distintos ramos del presupuesto, presentando los estudios pertinentes a las autoridades federales
De esta forma, considero oportuno comunicarle al gobierno federal nuestro interés en prevenir retrasos o modificaciones a los proyectos, así como alentar la suscripción de los mecanismos legales necesarios para que sean las autoridades municipales quienes realicen los proyectos de inversión destinados a sus comunidades.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía tenga a bien aprobar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las dependencias del Ejecutivo federal a que ejecuten sin variaciones las obras y acciones señaladas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en beneficio de las entidades federativas, y que sean las autoridades municipales quienes las realicen.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, enero 21 de 2009.
Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
LA COMISIÓN PERMANENTE RECHAZA LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE
DE ESTADOS UNIDOS, GEORGE W. BUSH, DE CONMUTAR LA SENTENCIA A DOS EX AGENTES
DE LA PATRULLA FRONTERIZA QUE OCASIONARON SERIOS DAÑOS AL CONNACIONAL
OSVALDO ALDRETE DÁVILA, A CARGO DEL SENADOR LUIS ALBERTO VILLARREAL
GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Luis Alberto Villarreal García, senador de la República Guanajuato, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión rechaza la decisión del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, de conmutar la sentencia a dos ex agentes de la patrulla fronteriza estadounidense que ocasionaron serios daños al connacional Osvaldo Aldrete Dávila.
Punto Resolutivo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza, al considerarla un claro ejercicio de impunidad, la decisión del presidente George W. Bush de conmutar la sentencia de dos ex agentes de la patrulla fronteriza, José Alonso Compean e Ignacio Ramos, encontrados culpables por un tribunal estadounidense, de ocasionar serios daños a mano armada a Osvaldo Aldrete Dávila, y de obstruir la justicia.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de enero de 2009.
Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN QUE PRORROGUE
30 DÍAS HÁBILES MÁS EL PLAZO PARA EL REGISTRO DE LOS
EX TRABAJADORES MIGRATORIOS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO ENRIQUE SERRANO ESCOBAR,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Enrique Serrano Escobar, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Con fecha 24 de noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Convocatoria a las personas interesadas para que acudan a las treinta y siete mesas receptoras ubicadas en las entidades federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal, para que acrediten los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social Para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), la cual tuvo posteriores publicaciones hasta el 28 de noviembre de 2008.
En dicha convocatoria se señalan diversos municipios como sede de mesas receptoras para atender a los estados de la República.
Para el caso de Chihuahua sólo se establecieron tres municipios sede para recibir los documentos, entre los que se cuentan Camargo, Parral y Chihuahua; los cuales resultaron insuficientes debido a lo extenso del territorio del estado.
Derivado de lo anterior, se solicitó a la Coordinación de Control y Seguimiento del Fideicomiso 2106 de la Secretaría de Gobernación, se diera apertura a ventanillas de recepción en los municipios de Ciudad Juárez y Janos; ya que en ellos habitan cientos de beneficiarios del fideicomiso, que dicho sea de paso, son personas de edad muy avanzada, que requieren ser acompañados por alguien y de escasos recursos, por lo que su traslado a la ciudad de Chihuahua que es la más cercana, (340 kilómetros) les representa una tarea compleja además de una erogación incosteable.
Lamentablemente hasta la fecha no se obtuvo una respuesta favorable de parte de la Secretaría de Gobernación, por lo que se ha gestionado que el municipio de Ciudad Juárez, preste dos autobuses para trasladar diariamente a la ciudad de Chihuahua a los braceros beneficiarios de este fideicomiso, para registrarse en las mesas de recepción.
Cabe mencionar que a pesar de los esfuerzos realizados por apoyar a los beneficiarios del Fideicomiso 2106, el tiempo establecido en la Convocatoria a las personas interesadas para que acudan a las treinta y siete mesas receptoras ubicadas en las entidades federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal, para que acrediten los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social Para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), resulta insuficiente para que las personas interesadas puedan realizar su registro, ya que el plazo vence el 28 del presente mes y año.
Lo anterior, es una problemática que no sólo afecta al estado de Chihuahua, sino a las diversas entidades de la República Mexicana, que de igual manera cuentan con escasas mesas de registro y que representan una traslado y erogación a veces incosteable para los miles de ex trabajadores migratorios mexicanos que por tercera ocasión acuden al registro que les establecen las diversas convocatorias lanzadas por el gobierno federal, sin que hasta la fecha se les haya entregado nada.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que resulta justo y conveniente que este grupo de ex trabajadores mexicanos, que con esfuerzo y ahínco soñaron construir un patrimonio para su familia, reciban el apoyo social al que se hicieron acreedores desde hace varias décadas y que busca resarcirlos del perjuicio que les produjo la pérdida de de los ahorros que se crearon en el tiempo que laboraron en Estados Unidos de América; someto a la consideración de la honorable Comisión Permanente, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que extienda por treinta días hábiles más el plazo para el registro de los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus beneficiarios establecido en la Convocatoria a las personas interesadas para que acudan a las treinta y siete mesas receptoras ubicadas en las entidades federativas de la República Mexicana y el Distrito Federal, para que acrediten los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (1942 a 1964), publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 al 28 de noviembre del 2008.
Palacio Legislativo del San Lázaro, a 21 de enero de 2009
Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LAS INSUFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA
PROÁRBOL, A CARGO DEL SENADOR RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ
LÓPEZ, EN NOMBRE PROPIO Y DE LOS SENADORES SILVANO AUREOLES CONEJO
Y JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRD
El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y de los senadores Silvano Aureoles Conejo y José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con relación a las insuficiencias e irregularidades detectadas en la implantación del programa ProÁrbol, al tenor de las presentes
Consideraciones
Primera. Uno de los principales problemas de la conservación de medio ambiente de nuestro país es el sector forestal, ya que la degradación de los bosques y selvas ha tenido como consecuencia la desaparición de grandes zonas ambientales. Las causas de la deforestación y degradación forestal son materias colaterales, principalmente impulsadas por la pérdida de bosques y a la falta de aplicación adecuada de los programas implementados en este rubro por el gobierno federal.
Es reconocido por las propias autoridades del medio ambiente, que México ocupa el cuarto lugar en los países con mayor deforestación en el mundo, y es que en nuestro país, con un promedio de 600 mil hectáreas destruidas cada año, el 14 por ciento de las emisiones de gases invernadero son producto de la deforestación derivada los incendios, tala clandestina y conversión de zonas forestales en campos para la agricultura y la ganadería.
Segunda. El gobierno federal ha instrumentado desde hace dos años, ProÁrbol, principal programa de apoyo al sector forestal, el cual tiene como objetivos:
2. Generar desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de los bosques, selvas y la vegetación de las zonas áridas;
3. Impulsar la planeación y organización forestal, elevar la producción y productividad de los recursos forestales y su conservación y restauración, así como elevar el nivel de competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
A este programa se le han detectado anomalías sobre el destino de los recursos en el ejercicio del 2008, ya que no ha podido involucrar a la población con programas productivos y sustentables.
Para el 2008 a ProÁrbol se le autorizo ejercer recursos por 4 mil 799 millones de pesos, y para el 2009 se autorizaron 4 mil 930 millones de pesos. El 38.5 por ciento del presupuesto de ProÁrbol está destinado a programas de conservación y restauración de ecosistemas forestales y en los proyectos en los que esté involucrada la población sólo se destina el 2 por ciento del presupuesto.
De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, en 2007 se plantaron 253 millones de árboles con una tasa de supervivencia de 58 por ciento; no obstante, diversas organizaciones no gubernamentales han estimado con estudios de campo que 74 por ciento de las plantas sembradas no sobrevivieron y que 26 por ciento de los árboles que sí crecieron se encuentra en malas condiciones debido a que no son especies nativas de la región, y a que alrededor de 15 millones de árboles l, son especies clasificadas como exóticas, que están prohibidas por la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Tercera. Organizaciones ambientalistas han puesto en tela de juicio el manejo de los 2 mil 700 millones de pesos que el gobierno invirtió para este programa, mientras que asociaciones de silvicultores ya han denunciado ante la Cámara de Diputados favoritismo e irregularidades, por la falta de transparencia en la asignación de los recursos.
Esta falta de transparencia en la operación de este programa ya ha sido objeto de debate hacia el interior de la Cámara de Senadores, ya que el 11 de septiembre de año próximo pasado, el senador Silvano Aureoles Conejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta con punto de acuerdo, al Pleno del Senado de la República, por el que se exhortaba a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a ajustarse a lo dispuesto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de transparencia en relación con el programa ProÁrbol.
Derivado de esta propuesta el 30 de septiembre de 2008, fue aprobado el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por el cual el Senado de la República, exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, publicaran de inmediato la convocatoria del Programa de Asistencia Técnica para acceder a los Programas Forestales del programa ProÁrbol; y que a la vez, informaran, en su caso, del avance del ejercicio en los recursos del Programa de Asistencia Técnica para acceder a los programas forestales de ProÁrbol, la fecha de publicación de las reglas de operación y de la convocatoria correspondiente, así como las organizaciones locales, regionales, estatales y nacionales que han sido beneficiadas con este programa, bajo qué procedimiento se les asignaron los apoyos y los montos de los mismos.
Aunado a lo anterior, en fechas recientes el mismo ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Función Pública, ha iniciado una investigación para esclarecer el destino de 2 mil 700 millones de pesos que se invirtieron en el programa ProÁrbol, ya que el 90 por ciento de la inversión, no dio frutos.
La Secretaría de la Función Pública ha iniciado una investigación, luego de que en el estado de Chiapas se ha denunciado por los medios de comunicación nacional, que existen viveros apoyados por este programa, que carecen de planta alguna y de que zonas en las que deberían de existir árboles se encuentran en un estado desértico.
Es por ello que resulta es necesario solicitar que el gobierno federal, a través de la secretaria del ramo, comparezca a efecto de clarificar los resultados del programa forestal ProÁrbol, el cual ha sido enarbolado como bandera de uno de los mayores logros del actual gobierno hacia el exterior, en especial en la Organización de la Naciones Unidas a la cual, en próximas fechas enviaran los últimos resultados de dicho programa.
Dicho informe lo sustentará México el 10 de febrero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) y en él considera aspectos como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Se señala en ProÁrbol un sesgo en el marco de calificación de los diferentes programas de subsidios a favor de una figura organizativa creada e impulsada por la propia Conafor y que son las asociaciones regionales agrupadas en una central denominada Confederación de Organizaciones de Silvicultores, que tiene sus oficinas dentro de las propias instalaciones de la Comisión Nacional Forestal.
El artículo 23 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, en su fracción VI, establece que "en el caso de programas que no cuenten con padrón de beneficiarios, deberán mejorar, manejarse invariablemente mediante convocatoria abierta, y en ningún caso se podrán etiquetar o predeterminar de manera específica recursos a determinadas personas físicas o morales u otorgarles preferencia o ventajas sobre el resto de la población objetiva.
Por lo anterior, ponemos a consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a efecto de que se solicite la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos naturales, ciudadano Juan Rafael Elvira Quezada, y al director general de la Comisión Nacional Forestal, ciudadano José Cibrián Tovar, a una reunión de trabajo ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de aquella representación soberana, a efecto de que respondan a diversos cuestionamientos respecto de la implementación del programa ProÁrbol.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos naturales, ciudadano Juan Rafael Elvira Quezada, y al director general de la Comisión Nacional Forestal, ciudadano José Cibrián Tovar, a efecto de que se reorienten las políticas ambientales y de reforestación, a fin de optimizar los recursos que se ejercen, se revisen las reglas de operación de los programas ambientales, en particular ProÁrbol, a fin de subsanar los problemas técnicos que redundan en desperdicio de recursos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto a la Secretaría de la Función Pública a fin de agilizar las auditorías al Programa Nacional Forestal y remitir con la mayor brevedad un informe detallado respecto de sus resultados a las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2009.
Senadores: Rubén Fernando Velázquez
López, Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea
(rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LAS JUNTAS DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LAS CÁMARAS
DE DIPUTADOS Y DE SENADORES A INCLUIR EN EL FORO MÉXICO ANTE
LA CRISIS: ¿QUÉ HACER PARA CRECER? ACCIONES ESPECÍFICAS
PARA ATENDER A LOS ADULTOS MAYORES Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A
CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA CUEN GARIBI Y SUSCRITA POR LA DIPUTADA LAURA
ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX legislatura, con fundamento en los artículo 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores a incluir acciones específicas en el foro denominado México ante la crisis ¿qué hacer para crecer?, a fin de atender a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad, en razón de los siguientes
Considerandos
Primero. Las economías del mundo se están viendo afectadas por una de las peores crisis que se hayan visto en las últimas décadas. México no es la excepción, en especial porque su economía está fuertemente vinculada a la economía de los Estados Unidos.
Segundo. La crisis en las economías de todo el mundo ha ocasionado en nuestro país la pérdida de empleos, ya que de octubre a diciembre del 2008 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social pasó de 14 millones 564 mil 569 personas empleadas en el sector formal de la economía, a 14 millones 178 mil 117. Quedándose sin empleo más de 400 mil personas, entre permanentes y eventuales.
Tercero. El Fondo Monetario Internacional recortó sus pronósticos de crecimiento del 2009 para México, la proyección fue reducida a un 0.9 por ciento, desde el 1.8 por ciento previo publicado hace apenas un mes. Lo que ocasionará una mayor pérdida de empleos y un aumento en los precios de las materias primas, con lo que encarecerían los precios de los productos y las familias mexicanas no tendrían un acceso tan fácil a los recursos básicos.
Cuarto. Del punto anterior y dada la situación que vive actualmente México, las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y Senadores, se reunieron el 12 de enero del año en curso, para crear un plan emergente, con la finalidad de contrarrestar los efectos de la crisis mundial económica en las familias mexicanas. En dicha reunión se estableció la creación del Foro denominado "México ante la Crisis ¿Qué Hacer para Crecer?, donde se plantearán por parte del Poder Ejecutivo, una serie de medidas para contrarrestar los efectos de la Crisis por la que atraviesa nuestro país.
Quinto. Los más afectados en esta crisis económica son los grupos vulnerables, dentro de los que se encuentran los adultos mayores y las personas con discapacidad, ya que además de sufrir discriminación para ser contratados en algún empleo, no cuentan con los recursos económicos suficientes para enfrentar esta crisis financiera.
Sexto. Por este motivo se solicita que se tomen en cuenta medidas que pongan en posibilidad de igualdad para afrontar la problemática económica a estos grupos vulnerables, en el caso de los adultos mayores se ponga mayor énfasis en las pensiones y en subsidios a los asilos; por lo que respecta a las personas con discapacidad, se otorguen subsidios en pagos de servicios a las familias que cuenten con integrantes con alguna discapacidad, esto con la finalidad de que les rindan más sus ingresos y puedan cubrir sus necesidades.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras de Diputados y de Senadores a incluir acciones específicas en el foro denominado México ante la crisis ¿qué hacer para crecer?", a fin de atender a los adultos mayores y a las personas con discapacidad.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 21 de enero de 2009.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER LA REACTIVACIÓN DE LA
INDUSTRIA DE FERTILIZANTES APROBADA COMO PARTE DE LA PASADA REFORMA ENERGÉTICA,
A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ RUBÉN ESCAJEDA JIMÉNEZ,
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Antecedentes
La crisis financiera actual ha puesto en alerta a prácticamente a todas las economías del mundo, poniendo en entredicho la viabilidad del actual sistema económico impuesto por los principales organismos internacionales.
La crisis mundial pone en relieve el grave deterioro que en México se ha generado por la falta de empleos, por la inseguridad, por la falta de respuestas oportunas a los principales problemas que permean cada vez más a millones de mexicanos.
Para el sector rural, esto no es diferente. A pesar de tener en los últimos tres años presupuestos inéditos dirigidos a abatir el rezago en el campo, éste no se ha visto reflejado, ya sea por falta de interés o por una torpe operación de los diferentes programas por parte del gobierno federal. Los números no mienten: los subejercicios son por demás descarados y agreden la realidad que viven los campesinos día a día.
La crisis económica que en México se ha reflejado de forma inmediata dibuja un escenario de urgencia ante los escenarios de desesperanza que agobian a la mayoría de los habitantes del sector rural. Los altos precios de los elementos básicos para producir han generado una serie de contradicciones entre el discurso y la realidad. Por un lado, el presidente Calderón anuncia un plan anticrisis, donde no aborda de forma concreta medidas que ayuden a solventar los problemas que padece el campo. Por otro lado, anuncia una disminución en el costo de la gasolina y el gas, pero en el combustible del diesel, cuya herramienta es vital para la producción en el sector, no se menciona nada, como si los campesinos no fueran merecedores o, más grave aún, como si no necesitaran este apoyo.
Este punto de acuerdo que me permito presentar va enfocado a ayudar a abatir parte del rezago campesino.
El tema de los fertilizantes es una de las mayores preocupaciones que los campesinos tienen, debido al alto costo de producción que significan, teniendo hoy día programas que no son suficientes para poder comprar los mínimos necesarios de este elemental producto.
Actualmente, la producción en México de fertilizante es nula, trayendo consigo graves desventajas para la competitividad en relación con nuestros socios comerciales. Se tiene comprobado que reactivando la industria mexicana de fertilizante se podría disminuir el costo de éste hasta un 40 por ciento sobre el precio que en el mercado se adquiere hoy por hoy.
Ante esta realidad, los legisladores incluimos, en la pasada reforma petrolera aprobada, el rubro para la reactivación de la industria mexicana de fertilizante, siendo éste el conducto para que del uso de amoniaco anhidro se pueda obtener fertilizante sólidos a mejores costos, provocando, entre otras cosas, no sólo una reactivación del sector laboral sino otorgar a los campesinos una mejor oportunidad de rentabilidad en el campo mexicano.
Muchas veces se cuestiona el papel de los legisladores. Se nos dice que nosotros debemos ser actores para coadyuvar a obtener las herramientas que ayuden a disminuir la brecha entre pobres y ricos; y es cierto: ésta debe ser uno de nuestros principales objetivos. Ante esto, la argumentación expuesta va en ese sentido. El presidente de la República tiene frente a sí la oportunidad de responder a una demanda de uno de los sectores más importantes del país. Ajustándose a lo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, el presidente tiene en sus manos el renacimiento de una industria por demás estratégica para los productores mexicanos.
Debemos reconocer el esfuerzo de los campesinos al trabajar en condiciones altamente desfavorables y así responder a un justo reclamo que por años se ha presentado en el sector rural.
Es impostergable realizar cambios profundos en la política rural y este es uno de ellos. Ante el marco de una crisis que se profundizará mes con mes, la reactivación de la industria nacional de fertilizantes viene a ser una oportunidad de desarrollo y competitividad.
Hacemos un llamado a la sensibilización del Ejecutivo federal y a todos los responsables para que se dé cumplimiento a lo que marca, en este rubro, la reforma petrolera.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la soberanía proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que instruya a los secretarios de los ramos correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, se cumpla de forma urgente lo previsto en la sección quinta del decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, en donde se adiciona el artículo tercero de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y un párrafo tercero al artículo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobada en la reforma energética con la finalidad de reactivar la industria de fertilizantes en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
Diputado Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
A LA PGR A DECLARAR EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN EN CONTRA DE LUCÍA
ANDREA MORETT ÁLVAREZ, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO
Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos numerales 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, como asunto de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El primero de marzo de 2008, a las 00:30 horas, aproximadamente, el ejército colombiano atacó con bombas de fragmentación y misiles de alto poder un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), situado en la provincia de Sucumbíos, a dos kilómetros de la frontera colombo-ecuatoriana, en las cercanías del río San Miguel y la localidad de Granada, en territorio Ecuatoriano.
Posteriormente, entre la 1:00 y las 3:00 horas de la madrugada, tropas colombianas aerotransportadas fueron desembarcadas en el lugar y remataron a personas heridas, retiraron cadáveres y aparatos de comunicación. Permanecieron unas doce horas y se retiraron a territorio colombiano.
2. Como resultado de ese ataque murieron alrededor de 24 personas, entre las cuales se encuentran 4 estudiantes mexicanos: Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Soren Ulises Avilés Ángeles, y al menos tres resultaron heridas, entre ellas Lucía Andrea Morett Álvarez.
Los estudiantes mexicanos se encontraban en ese lugar con el propósito de realizar investigaciones sobre la problemática político-social en esa región.
3. El 25 de marzo del año en curso, el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal AC, y Guillermo Velasco Arzac, presidente de Mejor Sociedad Mejor Gobierno AC, presentaron ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable de diversos ilícitos, a la cual se le asignó el número PGR/SIEDO/UEITA/028/2008, misma que ratificó, el pasado 11 de abril, y en la que involucra a Lucía, conjuntamente con los estudiantes fallecidos en el ataque del ejército colombiano a territorio ecuatoriano.
La Procuraduría General de la República inició de oficio otra averiguación previa en la que se investiga la probable comisión de delitos en contra de mexicanos en el extranjero, la cual hasta el momento no ha presentado ningún avance; y ni la Representación Social de la Federación ha realizado actuación alguna que busque salvaguardar los derechos de Lucía o los familiares de nuestros connacionales asesinados en Sucumbíos, como víctimas de diversos delitos.
4. A diez meses sobrevivido al avieso ataque en Ecuador, Lucía Morett regresó a México en diciembre pasado, después de que la Procuraduría General de la República no encontrara ningúna prueba de las imputaciones formuladas en su contra, pero sin que determinara el cierre de la indagatoria que pesa sobre ella; situación que constituye un terrible atentado en contra de los derechos humanos de Lucía, pues la ubica en una situación de zozobra e incertidumbre continua; es en el reconocimiento de la inocencia de Lucía en donde el Ministerio Público de la Federación también se ha visto omiso.
5. El 5 de enero pasado trascendió en diversos medios de comunicación que el Fiscal General de Ecuador, Washington Pesantes, señaló que su oficina había iniciado ya los trámites para peticionar al gobierno mexicano la extradición de Lucía hacía su país; en el cual un juez local de la provincia de Sucumbíos había dictado, en contra de esta última, una orden de llamamiento a juicio por la probable comisión del delito de atentar en contra de la seguridad interior del Estado ecuatoriano. Ésta resolución judicial contraviene la firme actitud del presidente Rafael Correa, quien desde abril de 2008 señaló que Lucía no había cometido delito alguno.
6. Más allá de que Lucía no ha cometido ningún delito, la acusación que sobre ella pesa tiene un carácter esencialmente político y ese es la naturaleza del injusto penal que se le imputa. Este último hecho hace improcedente la petición de extradición en términos de lo que dispone el tratado que sobre la materia tiene celebrado nuestro país con la República de Ecuador.
7. Así, Lucía es víctima de una persecución política en la que el gobierno mexicano debe exigir y velar con toda firmeza por el respeto a los derechos humanos de Lucía Morett, considerando que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas y que la resolución del juez local de Sucumbíos en la que requiere a la propia Lucía, no representa la postura oficial del gobierno ecuatoriano.
Por todo lo anterior, ponemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que declare el no ejercicio de la acción en contra de Lucía Andrea Morett Álvarez dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/028/2008 por no existir prueba alguna en contra, y con la finalidad de salvaguardar sus garantía de libertad y seguridad jurídica.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso Unión de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores a que respete los derechos humanos y las garantías de seguridad jurídica de Lucía Andrea Morett Álvarez, negando la posible petición de extradición del gobierno ecuatoriano, considerando que la acusación que pesa sobre ella es de carácter esencialmente político.
Tercero. Se solicita a la Secretaria de Relaciones Exteriores realizar una exhaustiva investigación y las acciones diplomáticas correspondientes, para esclarecer los homicidios de los ciudadanos mexicanos Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles que perecieron en Ecuador en marzo pasado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2009.
Diputados: Aleida Alavez Ruíz (rúbrica),
José Antonio Almazán González, José Jacques
Medina, Armando Barreiro Pérez, Carlos Altamirano Toledo.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD A EQUIPARAR EL PRECIO DE COMPRA DEL CARBÓN NACIONAL
RESPECTO AL INTERNACIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LARIZA MONTIEL LUIS,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Antecedentes
El carbón mineral es el recurso natural por excelencia del estado de Coahuila. Está unido a nuestra historia y al desarrollo social y económico de nuestro estado. Miles de familias Coahuilenses, de todos los niveles socio-económicos, dependen de la explotación del mismo para su desarrollo económico.
En un mundo globalizado, marcado por la libre competencia, toda la cadena productiva nacional que se aglutina en torno al carbón, está siendo afectada injustamente por quien tiene el monopolio de la compra de dicho mineral.
En el pasado quedaron las prácticas de proteccionismo exacerbado por parte del Gobierno Mexicano a las empresas nacionales, ese proteccionismo que tanto daño hizo a nuestro país y contra el cual siempre luchamos en Acción Nacional.
Hoy, en contraposición, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en materia de carbón mineral, aplica la receta totalmente a la inversa, se coloca en el extremo opuesto, con lo cual tampoco estamos de acuerdo. Se pasó del absurdo proteccionismo a la total desprotección.
Hoy se da prioridad al carbón extranjero, por encima del carbón nacional, siendo que la utilidad de ambos para la industria eléctrica nacional es exactamente la misma. En vez de incentivar al aparato productivo nacional, la CFE prefiere comprar carbón mineral extranjero a un precio muy por encima del carbón nacional, contraviniendo directamente con lo instruido por el ciudadano presidente de la república en su Plan Nacional de Desarrollo y en el recién firmado Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo.
En días pasados esta soberanía recibió un punto de acuerdo del Congreso del estado de Coahuila, aprobado por la unanimidad de los partidos políticos representados en el mismo, mediante el cual se solicita la intervención de este Congreso de la Unión ante la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que equipare a la brevedad posible el precio de compra del carbón nacional con el internacional y con ello de un trato equitativo a los productores nacionales con respecto de los internacionales.
En el Grupo Parlamentario del PAN nos sumamos a lo establecido por el Congreso del estado de Coahuila y apoyamos el esfuerzo del Grupo Parlamentario del PAN en dicha legislatura local, se unieron con los demás partidos políticos y con el Gobierno del estado, para mirar por el mejor desarrollo económico de toda una región, la región carbonífera de Coahuila. En Acción Nacional consideramos que es de suma importancia fijar los lineamientos que determinen el precio de compra del carbón por parte de CFE, en términos justos, de manera equitativa, patriótica y por supuesto, competitiva.
El carbón es un recurso natural que nuestro país produce y explota, igual que el resto de los energéticos que tanto defendemos. No podemos ignorar a una industria que genera miles de empleos y provee electricidad a millones de hogares mexicanos.
Consideraciones
Problemática del precio de compra
Tan sólo entre el año 2003 y el 2008, según lo publicado por la propia Comisión Federal de Electricidad en su página de Internet, el carbón importado pasó de 1.36 a 6.23 (USD/MMBTU), lo que significó un aumento del 358 por ciento en el precio internacional del carbón. Mientras el productor internacional vende en base a los precios que fija el mercado internacional y la libre competencia, el carbón nacional, producto del monopolio en la compra, mejor conocido como monopsonio, aumentó de 1.98 en 2003 a 2.76 (USD/MMBTU) en 2008, lo que significa únicamente un 39 por ciento de aumento, en el mismo periodo.
Recordemos y sepamos con toda claridad, que el valor del carbón mineral se encuentra en sus unidades de calor, por lo que no hay excusa que valga o justifique esta desigualdad.
Demanda de electricidad versus demanda de carbón mineral
Actualmente México demanda cada vez más electricidad. En la medida en que avanza el desarrollo económico de las familias mexicanas, y el número de éstos, la necesidad de energéticos aumentará.
Es un dato reconocido que el carbón mineral es el energético más barato que existe en el mercado mundial, sin embargo al día de hoy las plantas de carbón de CFE no están siendo utilizadas a su capacidad máxima, por supuestos problemas de suministro, orillándose a operar centrales que trabajan en base a otro tipo de energéticos como el combustóleo, gas o diesel, que en la mayoría de los casos tienen que importar a un costo mucho mayor.
Con finalidad comparativa tan sólo el combustóleo nacional subió de 3.08 un en 2003 a 9.18 (USD/MMBTU) en 2008, esto significa un incremento de 198 por ciento, por su parte el gas industrial subió de 4.52 a 9.23 (USD/MMBTU) un incremento del 104 por ciento. Todo ello cuando en México y en Coahuila tenemos suficiente carbón para surtir a la CFE.
Condiciones laborales de los mineros del país
Todos conocimos la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila. Sin lugar a dudas el derecho de los mineros a exigir mejores condiciones laborales, en lo económico y en la seguridad en el empleo, es natural, lógica y es lo mínimo que el Estado mexicano puede y debe resolver. En este sentido también, para que los productores puedan ofrecer mejores condiciones laborales a los mineros de nuestro país, es urgente revaluar y mejorar el precio del carbón.
Es una propuesta político-histórica de nuestro partido mejorar las condiciones de trabajo de las actividades más riesgosas, como lo es el trabajo de los mineros mexicanos.
Frente a la inequidad y prioridad del mercado internacional por encima del nacional, sólo se pide equidad para quienes dedican su vida a esta actividad económica y que con su trabajo diario contribuyen al desarrollo nacional y estatal. Ante lo absurdo de generar electricidad con métodos más costosos, sólo pedimos sentido común, uso eficiente de los recursos económicos, y apoyo a la cadena productiva nacional que existe en torno a la explotación del carbón mineral.
Como se sabe, el día 7 de enero de 2009 se firmó Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, por parte de los tres niveles de gobierno y demás agentes económicos. Este acuerdo integrado por varios pilares enfocados a enfrentar de una mejor manera la crisis económica que ya estamos enfrentando a nivel mundial, en él los gobiernos estatales y Poderes como el Legislativo nos comprometimos para apoyar en el ámbito de nuestras facultades.
Pues bien, el tercero de los pilares presentados por el presidente de la república, se desarrolla en torno al "Apoyo de la Competitividad y a las Pymes" y se traduce en acciones concretas, entre las cuales destaca:
Con la equiparación del precio del carbón nacional y el extranjero por parte de CFE, no solamente se garantiza que esos miles de empleos se mantengan, sino que con ello se podrían lograr al menos 10 mil empleos más para la región y para el país, se fortalece la seguridad laboral de los trabajadores en las minas y se paga una añeja deuda que el país tiene con nuestros mineros y se garantiza una mayor inversión en innovación que permitirá mejorar la explotación mineral y con ello el medio ambiente.
Los productores nacionales piden el mismo precio de compra que se da a los productores internacionales por parte de la Comisión Federal de Electricidad, es nuestro deber apoyarlos, existe suficiente oferta y capacidad de producción en nuestro país, el beneficio es el mismo, está acorde con las directrices fijadas por el Sr. Presidente de la República, la pluralidad política del país lo apoya y en medio de una crisis económica internacional es lo mínimo que se puede pedir
En virtud de lo expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a convocar a las Uniones Nacional y Mexicana de Productores de Carbón, a una reunión de trabajo de forma urgente, a fin de mediar y abogar por una pronta solución.
Segundo. Se exhorta al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad a dar preferencia al consumo del carbón mineral mexicano por encima del extranjero a productos de igual valor estableciendo el mismo precio.
Diputada Lariza Montiel Luis (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA PRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN EL FORO MÉXICO
ANTE LA CRISIS: ¿QUÉ HACER PARA CRECER?, A CARGO DEL
SENADOR RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, EN NOMBRE
PROPIO Y DEL SENADOR JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Rubén Fernando Velázquez López, en nombre propio y de José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con relación a la representación del Poder Ejecutivo federal en el foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El actual modelo económico prevaleciente en el mundo y adoptado por nuestro país hace más de veinte años, enfrenta un agotamiento tal, que ha inmerso al mundo en lo que puede calificarse como una recesión sin precedentes por su profundidad y extensión en la economía mundial, en voz de los principales organismos internacionales y bancos centrales del mundo.
Desde sus primeros signos, en agosto de 2007, con el deterioro del sector inmobiliario en Estados Unidos, la actual recesión económica mundial ha contribuido a profundizar la incapacidad estructural de crecimiento de la economía mexicana que a lo largo de este sexenio se ha manifestado en términos alarmantes en los indicadores de
El legislador está obligado a replantear el contenido y las estrategias de la política económica actual, es decir, cómo funciona, quiénes participan en su definición en la misma definición del Estado-nación.
La recesión mundial y los constantes cambios de la posición del Ejecutivo y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las expectativas económicas le restan seriedad a los órganos gubernamentales en la implantación de políticas contra la recesión económica y son una oportunidad para discutir una política económica alternativa de Estado "en pro de la reactivación económica y en contrapeso de un paradigma de pensamiento basado en el libre mercado que se encuentra en crisis al inicio del siglo XXI"; aquel que sin reglas inevitablemente polariza a la sociedad, generando una concentración de la riqueza nacional de manera inmoral y ofensiva a costa del empobrecimiento del pueblo mexicano; aquel al que sólo importa la ganancia, muy lejano del objetivo de crecimiento sostenido, distribución del ingreso y justicia social; aquel bajo el cual 1 por ciento de los adultos más ricos acapara 40 por ciento de los activos planetarios, mientras que el 50 por ciento por ciento más pobre posee solo 1 por ciento de aquélla.*
En el país deben considerarse de manera urgente varias medidas para lograr una sustitución progresiva del actual modelo económico y que lamentablemente no se incluyen –cuando menos de manera efectiva– en el llamado "Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo".
Como medidas inmediatas, consideramos que sobresalen las siguientes:
Combustibles
Los precios de la gasolina y el gas LP no podrán favorecer a los que menos tienen. La gasolina debe ajustarse a la baja, pues no existe justificación para ser más cara que los precios internacionales, en específico, que en Estados Unidos.
El otro gran pendiente respecto a combustibles es el caso del diesel. El discurso oficial es tajante y cerrado en cuanto a analizar siquiera la viabilidad y beneficios de ajustar el precio, sobre todo en beneficio de los sectores productivos, no sólo el de la pesca, sino el ganadero, el agrícola, el de la construcción, entre otros.
Necesitamos una respuesta social y adecuada en este sentido. De inicio es necesario un alto al deslizamiento del precio del diesel. Respaldamos, además, la propuesta de nuestro partido de reducir en 10 por ciento el precio de las gasolinas, el diesel y el gas natural.
Tarifas eléctricas
La acción de reducir tarifas eléctricas para empresas es importante, pero no es suficiente. Además de las empresas, es necesario poner la vista en las familias, que pagan altos cobros de luz, en tarifas domésticas. Urge una revisión al total de la tarifas, y adecuar aquellas que se ha comprobado, son injustas no sólo en términos sociales, sino técnicos, por altura, clima, etcétera.
Salario
Más allá de los anuncios relacionados con los programas de "empleo temporal", se deben revisar los salarios, sobre todo los de los que menos tienen.
En esta legislatura he alzado la voz, junto con otros compañeros, para pedir la nivelación de los salarios, en las regiones A, B, C, donde el sur –donde viven los más pobres– es la zona más discriminada.
No se ha resuelto la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores: gasolinas inalcanzables, congeladas a un precio inaccesible, precios altos en alimentos, aún los de la canasta básica, etcétera, sobran las justificaciones, y el clamor del asalariado es un salario justo por su trabajo. La propuesta concreta, en que coincidimos con el plan contra la crisis del PRD, es el aumento inmediato de 8 por ciento del salario mínimo, y el derivado de las relaciones contractuales.
Debe revisarse el tema de las remesas que los mexicanos envían. Las remesas disminuyeron durante los primeros nueve meses del año en 3.7 por ciento, y en el total de 2008 el Banco de México informó de una caída de alrededor de 2.5 por ciento.
El gobierno federal debe presentar un plan real para atender a los migrantes mexicanos que regresan al país ante la crisis, y fomentar que los envíos de dinero del exterior sirvan para que las familias se reactiven económicamente, y no sólo se utilice en el gasto. Es decir, plantear programas que combinen inversión pública con capitales directos a beneficiarios de las remesas, vinculados a las Pyme y al mejoramiento de vivienda, entre otros.
Medicamentos
Otro aspecto grave en el plan anticrisis oficial es la falta de propuestas, y por ende de acciones en el sector de abasto de medicamentos.
El PRD ha planteado ya su posición respecto al anuncio de aumentar la cobertura del IMSS en caso de desempleo, pero a la vez hemos llamado a un plazo más amplio para aquellos afectados con pérdida de empleo, y a el gobierno federal y al total de los Ejecutivos estatales ha replantear sus políticas y acciones de salud.
En cuanto al abasto de medicamentos, el anuncio de la Asociación Nacional de Farmacias de México, que ha pasado desapercibido, debe llamarnos a la conciencia y a la acción: los medicamentos subirán 18 por ciento en 2009.
La palabra usada por esta asociación respecto a la alza es que es "irremediable", de no existir una acción real y directa por parte del gobierno, toda vez que los insumos de los medicamentos se adquieren en dólares y se fijan conforme a la inflación.
Así, se aleja del poder adquisitivo del pueblo la posibilidad de comprar medicamentos, es decir, de atender su salud. Existen testimonios y datos de cómo la especulación por parte de las farmacias en el país lleva a vender al precio más alto en las poblaciones marginadas.
Es urgente una política pública para garantizar el abasto suficiente, la disponibilidad de precios justos de medicamentos y buscar mecanismos para erradicar prácticas comerciales crueles.
Vivienda
Respecto a ampliar el subsidio para vivienda popular, debemos apuntar también la necesidad de agilizar el ejercicio de los recursos, revisar la tramitología que aún sufren quienes pretenden acceder a estos créditos.
Pero sobre todo, revisar los casos de las personas que ante la crisis han perdido el empleo, o se han visto imposibilitadas para pagar estrictamente su crédito y se ven en peligro de perder el hogar, por el que han luchado en beneficio de sus familias.
Se engruesan las filas de los morosos que en la mayoría de los casos no se niegan a pagar, pero ruegan, un replanteamiento de su deuda, dada su situación económica. Ahora tenemos noticia del lamentable caso de la venta de deuda a empresas privadas, que alcanza los 14 billones de cartera vencida del Infonavit.
Debe considerarse la propuesta del PRD respecto a una eventual suspensión de pagos mensuales, a los morosos, en tanto se revisa y regulariza su situación.
Transparencia y austeridad pública
Entre otras cosas se anuncia también mayor transparencia en el ejercicio de los recursos. La transparencia es una obligación, y no una dádiva. Hay un reconocimiento implícito de la falta de transparencia, por la que nos pronunciamos hacia todos los niveles de gobierno.
Debemos conocer cómo, cuándo y en qué se gasta el dinero en todas las áreas de gobierno, de todos los poderes, de todos los niveles, y a partir de ahí, replantear el gasto público, para eliminar excesos en sueldos y otros beneficios.
Ahora bien, un verdadero plan de reactivación, requiere que sean planteadas reformas serias y profundas en nuestra legislación, tales como las que a continuación se señalan:
Impulsar una reforma hacendaria integral
En materia tributaria, es necesario retomar los pendientes de la reforma fiscal iniciada –y truncada– en 2007 a efecto de fortalecer las finanzas públicas del Estado mexicano.
Desde nuestro punto de vista, el cambio en los criterios generales de política económica significará un duro golpe a la expectativa de ingreso para 2009 y una oportunidad para reactivar una reforma hacendaria integral basada en
Combate de la elusión y evasión fiscales, sobre los grandes consorcios empresariales y el sector informal;
Mejorar el ejercicio del gasto público;
Coordinar la política Fiscal y de Gasto, con la política monetaria, aumentar las capacidades de recaudación de las Haciendas estatales y municipales.
3. Equidad;
4. Neutralidad;
5. Competitividad;
6. Federalista; y
7. Estabilidad financiera (déficit público manejable).
En lo que toca a los sectores bancario e industrial, es requerido un compromiso de las empresas y los bancos, para reorientar las inversiones del mercado financiero al productivo, es decir, el renuevo del actual modelo basado en la especulación financiera y en la exportación, por otro sustentado en el fortalecimiento del mercado interno, principalmente, centrado en las Pyme –que en conjunto generan aproximadamente 80 por ciento de los empleos en México.
Regulación de la banca extranjera
Una verdadera política económica alternativa, debe considerar el rediseño de los órganos reguladores del sector bancario, con el propósito de regular la competencia, el fortalecimiento del sistema de pagos a través de un desarrollo integral de la infraestructura bancaria a nivel nacional, la flexibilización y canalización estratégica del crédito a sectores productivos nacionales, el estímulo real al ahorro y la disminución de las altas tasas de interés crediticio a un punto que fortalezca en su conjunto la competitividad financiera de la banca de México.
Ampliación de las facultades del Banco de México
Es fundamental para una política económica de reactivación, ampliar las facultades del Banco de México en aras de continuar con su objetivo de estabilidad del poder adquisitivo en México, pero integrando la promoción del pleno crecimiento económico y la regulación de las tasas de interés del sector bancario y el fortalecimiento del sistema de pagos (obligando a los bancos a ampliar su cobertura bancaria de forma integral en el territorio nacional).
Reindustrialización del país
Se requiere una nueva política industrial, que emule realmente las estrategias de industrialización de las regiones desarrolladas como Estados Unidos, Europa, Asia o China.
Una política industrial activa la definimos como acciones directas del Estado para reconstruir las cadenas productivas de productos e insumos prioritarios para el mercado interno y que además generen empleos formales. Para tal efecto, es necesario reconstruir y fortalecer la banca de desarrollo, donde el Estado financie los grandes proyectos nacionales que faciliten la reindustrialización de la economía, disminuyendo la dependencia del exterior, promocionando la creación de infraestructura nacional; potenciando el desarrollo regional que en su conjunto permitan atender las necesidades sociales y económicas de los estados más pobres en la nación.
Combate de monopolios y oligopolios
Otra de las grandes carencias de nuestra política económica es la falta de facultades de los órganos del Estado para el combate de oligopolios y monopolios; la Comisión Federal de Competencia es prácticamente obsoleta en su diseño, pues carece de facultades reales de sanción, en sus criterios de definición de competencia teórica y observada para eliminar los privilegios de empresas dentro de un mercado cautivo en sectores como: telefónico, alimentos (principalmente la tortilla), bancario, medicinas (farmacéuticas), industrial (acero y cemento).
Política laboral y salarial
Finalmente, la política laboral y salarial debe concentrase en la recuperación real del salario mínimo, la eliminación de sindicatos burocráticos a merced del gobierno y la elevación de la productividad. En contraposición a la flexibilización laboral propuesta por algunos empresarios y sectores políticos, consideramos que es necesario redefinir y ampliar el concepto de salario mínimo como el eje de una estrategia de fortalecimiento del mercado interno, estableciéndolo en función de la productividad, pero respetando los principios constitucionales de defensa al trabajador y de la cobertura de seguridad social.
Desde nuestro punto de vista, la propuesta del ejecutivo está limitada al no considerar este tema dentro de un programa de reactivación económica, la recuperación económica depende del salario y de su poder adquisitivo real; por tanto, recuperar su valor, es fundamental para el éxito de una política económica basada en el mercado nacional.
Asimismo, tenemos claro que para generar empleo, es menester transitar de las vigentes políticas de promoción, a otras de creación de empleo con inversión pública, sobre todo donde la clase empresarial considere que no es rentable, pues el empleo genera consumo, y éste, es el instrumento más eficaz para reactivar la demanda agregada y en consecuencia, el ciclo económico.
Visto lo anterior, es innegable que para crear un acuerdo verdaderamente nacional, es necesario que todos los actores que participan o intervienen en el diseño de la política económica, confluyan en la necesaria reconcepción del contenido de la política económica.
En este tenor, el Senado de la República, a través del Instituto Belisario Domínguez, lanzó una convocatoria abierta al foro de propuestas y compromisos México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, como un espacio plural y objetivo del poder legislativo, frente a la Nación, para
Por lo anterior, ponemos a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a instruir a los responsables directos de la implantación de la política económica, secretarios de Economía, del Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, así como al gobernador del Banco de México, para que en el marco de la celebración del foro México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer?, presenten su diagnóstico y propuestas para enfrentar la crisis en que nos hayamos inmersos.
Nota
* Cifras de United Nation University-World Institute
for Development Economics Researchs, 2006-2007.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2009.
Senadores: Rubén Fernando Velázquez
López (rúbrica), José Luis García Zalvidea.
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO
A LA RECIENTE REUNIÓN DE LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Y DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La reunión celebrada en días pasados, entre el presidente electo estadounidense Barack Obama y el titular del Ejecutivo federal mexicano debe ser ubicada en el contexto de una creciente tradición de la diplomacia bilateral de que quien será el presidente de Estados Unidos se reúne con el mandatario mexicano antes de rendir protesta. El encuentro también ha sido visto por algunos analistas como una buena señal en la dirección correcta de poner a México nuevamente en la agenda de la unión americana.
2. Otros estudiosos de la relación bilateral han destacado que el carácter intempestivo del encuentro obedeció más bien a la creciente preocupación que existe, tanto de Obama como en los altos círculos políticos estadounidenses, por el debilitamiento de la seguridad en nuestra frontera norte y la inestabilidad económica y política de México. De acuerdo con versiones de funcionarios estadounidenses, nuestro país podría estar entrando en una situación de caos por el poder desbordado del narcotráfico y la crisis del sistema político, lo que nos coloca en una situación vulnerable, de la cual podría aprovecharse la nueva administración de Estados Unidos.
3. De lo que ha trascendido hasta el momento de la reunión, se menciona que Obama ofreció que su administración "estará lista para trabajar en construir una relación más fuerte con México" y apoyar una "estrategia integral y considerada" en materia de migración. El entonces candidato electo enfatizó su compromiso para trabajar con el Congreso y arreglar "un sistema de inmigración disfuncional, y fomentar la migración segura, legal y ordenada". Adicionalmente, Obama propuso la creación de un grupo de trabajo consultivo para tratar temas de importancia para ambas naciones, incluidos la actualización y mejoramiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), asuntos relacionados con la energía y la infraestructura, entre otros.
4. Contrariamente, es de destacarse la falta de iniciativa del mandatario mexicano para plantear una visión de mayor alcance en materia migratoria. Fue sorpresivo y preocupante que durante su mensaje final sobre la reunión, el titular del Ejecutivo federal de nuestro país haya omitido el tema migratorio, el cual es por mucho la principal preocupación para millones de connacionales, y haya centrado su discurso únicamente en el combate al crimen organizado, el terrorismo, y el tráfico de drogas, problemas sin duda también muy importantes para México.
5. Ciertamente, existen elementos que podrían suponer que las relaciones con nuestro vecino del norte experimentarán una mejoría. Este posible cambio ofrece una valiosa oportunidad que las autoridades mexicanas tendrían que aprovechar a fondo para introducir factores de racionalidad y provecho mutuo en la relación bilateral, invariablemente dominada por los intereses geoestratégicos y electorales de la clase política de Washington y los conglomerados trasnacionales de México y Estados Unidos.
6. No obstante la aparente buena voluntad de Obama, no será de ninguna manera sencillo que el tema migratorio se presente como una prioridad en aquella nación, más aún con la actual crisis que azota el sistema financiero en la unión americana. Adicionalmente, las posibles soluciones con relación al tema migratorio en aquella nación deberán pasar obligadamente por el Congreso, por lo que el gobierno mexicano debe establecer, desde ahora, un plan de acción coherente que toque, no sólo a la administración de Obama, sino también a los legisladores estadounidenses.
7. Pensamos que más que una alianza estratégica sobre seguridad, como fue planteada por el mandatario mexicano, lo que se requiere es plantear a Estados Unidos una agenda integral de desarrollo económico para nuestro país, que no se subordine a los intereses estadounidenses ni a las prioridades de las élites transnacionales de la región.
8. Sostenemos, por tanto, que la revisión del TLCAN debe abarcar otros asuntos fundamentales para México, como el libre tránsito de personas, los derechos humanos de los trabajadores migrantes, la subsidiariedad en el desarrollo económico, la seguridad alimentaria, las energías renovables y el cambio climático, el intercambio de tecnología, entre otros asuntos.
9. En este sentido, es de destacar que en días pasados los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se reunieron con el embajador de Canadá en México y con el presidente del Senado de ese país. En dicho encuentro se acordó que legisladores de ambos países llevarán a cabo una amplia revisión del TLCAN durante la próxima reunión interparlamentaria, a celebrarse en fecha aún por definir.
10. Por todo lo anterior, la llegada a la presidencia de Obama y la crisis económica global son factores que convergen para abrir una ventana de oportunidad para repensar el modelo económico y de cooperación entre México y Estados Unidos. El Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión debemos unir esfuerzos para exigir de Estados Unidos términos de negociación que favorezcan el desarrollo equitativo de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se congratula por la reciente reunión celebrada entre el titular del Ejecutivo federal mexicano y el presidente electo de Estados Unidos de América, y hace votos porque el encuentro de pie a una nueva etapa de cooperación entre ambos países.
Segundo. Exhorta al Ejecutivo federal a pugnar por llevar a la agenda de negociación bilateral y trilateral en América del Norte, tanto con los Ejecutivos como con los Congresos de Estados Unidos y Canadá, el tema migratorio, el libre tránsito de personas, los derechos humanos de los trabajadores migrantes, la subsidiariedad en el desarrollo económico, la seguridad alimentaria, las energías renovables y el cambio climático, y la transferencia de tecnología, entre otros asuntos.
Tercero. Exhorta también al titular del Ejecutivo federal para que incluya al Congreso de la Unión, y a todos los sectores sociales y económicos involucrados, en una amplia consulta sobre cuáles deben ser las prioridades de nuestro país en esta nueva etapa de cooperación trilateral con Estados Unidos y Canadá.
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2009.
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE
EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR EL GAS NATURAL EN EL ACUERDO NACIONAL
EN DEFENSA DE LA ECONOMÍA FAMILIAR Y DEL EMPLEO Y A FIJAR UN PRECIO
ÚNICO PARA TODO 2009, SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVA SÁNCHEZ
VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La diputada federal Eva Sánchez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, fundado en los siguientes antecedentes y consideraciones.
Antecedentes
1. El 7 de enero del presente año, el titular del Ejecutivo federal presentó el Acuerdo Nacional en favor de la Economía Familiar y el Empleo, en Palacio Nacional ante integrantes del Poder Legislativo, Poder Judicial, la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidentes municipales, líderes empresariales, sindicales y sociales.
El acuerdo se encuentra dividido en cinco ejes rectores que a su vez se dividen en puntos a ejecutar.
El segundo eje rector considera en las medidas uno y dos, "congelar" el precio de las gasolinas durante todo el año y reducir el precio del Gas LP en un diez por ciento y mantenerlo así el resto del año 2009.
Sin duda debemos señalar que existieron promesas de campaña donde el ahora titular del ejecutivo, se comprometió que de ser electo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, bajaría los precios de los energéticos destinados al consumo de las familias mexicanas: luz, gas, gasolina, etc. La obviedad no se juzga los precios aumentaron, algunos hasta en 35 por ciento.
2. Es pertinente destacar que el día 4 de noviembre de 2008, el Presidente Legítimo de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, entregó ante los diputados federales del Frente Amplio Progresista, en el salón de protocolo del Palacio de San Lázaro de la Cámara de Diputados, el Programa para la Defensa de la Economía Popular. Acciones en materia presupuestaria. En dicho texto, en el punto 16, estableció: "Deben bajarse de inmediato los precios de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica".
Dicha petición anticipó lo que ahora el gobierno federal y este Congreso de la Unión se resistía a reconocer: la crisis financiera en los Estados Unidos de América y en consecuencia la crisis económica que ahora se encuentra afectando directamente el poder adquisitivo de las clases económico-sociales paupérrimas de la república.
3. Ahora bien, el acuerdo nacional propuesto por el titular del Ejecutivo federal se encuentra limitado para resolver la crisis que se padece por los hogares mexicanos, sigue sin atender de forma integral la falta de poder adquisitivo y su recuperación, el sector agropecuario y su abandono; y recientemente el aumento al diesel de uso marítimo.
Ante lo anterior también consideramos que el "acuerdo" deja inatendible lo concerniente al consumo de gas natural por millones de familias mexicanas.
4. En 1996, el gobierno mexicano mediante una reforma constitucional en materia de gas, inicio a proveer el consumo industrial y doméstico del gas natural, entre otras consideraciones porque a) México es uno de los principales productores de este energético; b) existen reservas importantes de este energético en nuestro país; c) es un combustible que no contiene azufre ni plomo, ni produce partículas suspendidas en el ambiente.
Por estas consideraciones se promovió el uso del energético en millones de hogares mexicanos.
5. La Asociación Mexicana de Gas Natural, AC, establece que la distribución de este energético en nuestro país asciende casi a un millón y medio de casas habitación donde se beneficia su consumo a cerca de seis millones de mexicanos.
Debemos establecer que la crisis económica-social que existe en nuestra patria, afecta directamente a los extractos sociales más pobres pero que no deja de afectar a las clases medias a quienes en estos procesos de crisis económica afecta directamente su estabilidad y nivel económico de vida.
6. Debido a la devaluación que afecta al peso mexicano desde el mes de septiembre y octubre del 2008 debido al acaparamiento de dólares por algunas empresas traidoras a la economía mexicana (la Cámara de Diputados aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicitar el nombre de las empresas que se beneficiaron en esta conducta delictiva), a enero de 2009, se estima que el valor cambiario frente al dólar americano asciende a 28 por ciento.
Debemos señalar que la devaluación del peso mexicano frente al dólar americano se ha cotizado de forma escandalosa y preocupante en el mes de enero, hasta en 14 pesos con 50 centavos por dólar en las casas de cambio del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En consecuencia se profundiza el aumento del precio de gas natural debido a los índices y fórmulas con las que se determina el valor de dicho energético.
7. La Comisión Reguladora de Energía, fijó el precio de gas natural para el mes de enero del presente año en 5.147 dólares por millón de BTU equivalentes a 4.878 dólares por gigajoules.
Que el cálculo del costo mensual del gas natural distribuido en México se hace con base en la fórmula establecida en el resolutivo segundo de la Resolución 046/2005 y con referencia en los siguientes indicadores:
b) El promedio de los precios correspondientes al renglón Texas Eastern STX, encabezado South Corpus Christi, de la publicación Gas Daily, Daily Price Survey, columna "Mid point", para los últimos cinco días hábiles del mes anterior al mes de determinación del precio máximo del gas natural objeto de venta de primera mano (convertido de dólares/mmBtu a dólares/unidad).
Con base en lo expuesto consideramos:
2. La Comisión de Reguladora de Energía cuenta con las facultades legales para establecer un precio fijo y estable para la adquisición de gas natural durante el tiempo que se considere la economía mexicana en crisis.
3. Que el ahora otrora presidente del empleo considera pertinente "congelar" y bajar los precios de energéticos de uso común como es gasolina, gas LP y energía eléctrica.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno de respeto de su soberanía, exhorta al titular del Ejecutivo federal a incluir en el Acuerdo Nacional en defensa de la Economía Familiar y del Empleo el gas natural, para que fije un precio único para todo 2009 y se le equipare el trato con el gas LP.
Diputada Eva Sánchez Valdez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SEP A PRORROGAR LA APLICACIÓN DEL
ACUERDO 358, QUE ESTABLECE EL PROGRAMA ESPECIAL 2005-2009 PARA LA ACREDITACIÓN
DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR
LOS DIPUTADOS VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA Y GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, Valentina Valia Batres Guadarrama y Gerardo Villanueva Albarrán, diputados federales a la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentan la siguiente proposición con puntos de acuerdo, a fin de que esta soberanía exhorte a la secretaria de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, a prorrogar la aplicación del acuerdo número 358, "Por el que se establece el programa especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de junio de 2005.
Para el efecto, basamos la presente petición en los siguientes
Antecedentes
I. El 12 de noviembre de 2002 se publicó en el DOF el decreto mediante el cual se adicionan y reforman los artículos 3o. y 31 constitucionales para establecer la obligatoriedad de la educación preescolar, para efecto de que paulatinamente se diera cumplimiento a tal disposición, el artículo quinto transitorio señala: "… para el ciclo escolar 2004-2005 será obligatorio cursar el tercer año de educación preescolar, el segundo año de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006 y el primer año de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009, y que en los plazos señalados, el Estado mexicano habrá de universalizar en todo el país, con calidad, la oferta de este servicio educativo.
II. El artículo sexto transitorio del decreto citado dispone que en las zonas en donde no haya sido posible establecer la infraestructura para la prestación del servicio de educación preescolar, las autoridades educativas federales, en coordinación con las locales, establecerán los programas especiales que se requieran y tomarán las decisiones pertinentes para asegurar el acceso de los educandos a los servicios de educación primaria.
III. El 3 de junio de 2005 fue publicado en el DOF el acuerdo número 358, "Por el que se establece el Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal", con el objetivo de acreditar la educación preescolar de los niños que asisten a los centros comunitarios, a efecto de garantizar su acceso a la educación primaria, en los términos que establece el artículo 3o. constitucional y la Ley General de Educación. Dicho acuerdo señala que "se entiende por centros comunitarios los establecimientos en el Distrito Federal que, sin fines de lucro, prestan a niños menores de seis años servicios de custodia, alimentación, hospedaje, en su caso, salud y enseñanza, identificados por la población".
IV. El artículo segundo transitorio del acuerdo 358 establece: "Los centros comunitarios que a la entrada en vigor del presente acuerdo se encuentren prestando servicios de educación preescolar, deberán proporcionar a la SEP la información y documentación mencionada en este acuerdo, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del mismo, en las oficinas de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal".
V. En el artículo tercero transitorio del multicitado acuerdo se estableció que la vigencia del mismo será hasta antes del inicio del ciclo escolar 2009-2010.
VI. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 358, los centros comunitarios han realizado diversas acciones para dar cabal observancia a la reforma constitucional, sin embargo se han enfrentado con diversas circunstancias que han impedido la conclusión.
VII. Por todo lo anterior y a fin de asegurar el acceso y la continuidad de los educandos a los servicios de educación preescolar y primaria es que se hace necesario que este programa, descrito en el acuerdo número 258 de la SEP, cuya prórroga se solicita, se inscriba en el marco que dispone dicho precepto constitucional, toda vez que el Programa Especial establece lineamientos específicos para que los niños que asisten a centros comunitarios reciban un servicio educativo acorde con los principios pedagógicos conforme a los que operan los planteles educativos, previendo que se preserve ante todo, su integridad física y psicológica, además de que se garantice la acreditación de la educación preescolar.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, a prorrogar la aplicación del acuerdo número 358, "Por el que se establece el Programa Especial 2005-2009 para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2005, toda vez que éste ha reportado buenos resultados y que, de no hacerlo, los centros comunitarios no podrían impartir educación preescolar, deparando un grave perjuicio a los usuarios de estos centros, que a falta de infraestructura de la SEP, son utilizados con excelentes resultados.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, a establecer mesas de trabajo con los titulares de los centros comunitarios que operan actualmente en el Distrito Federal al amparo del acuerdo número 358 de la SEP y la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que se busque una solución que beneficie la educación preescolar en el Distrito Federal.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2009.
Diputados: Valentina Valia Batres Guadarrama, Gerardo
Villanueva Albarrán (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR
AL EJECUTIVO FEDERAL A ABSTENERSE DE HACER PROSELITISMO RELIGIOSO EN LOS
ACTOS PÚBLICOS Y A TRASPARENTAR SI EN LA ORGANIZACIÓN DEL
ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 2009 SE UTILIZARON RECURSOS PÚBLICOS,
SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, DE CONVERGENCIA
Y DE ALTERNATIVA
Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia, Partido Socialdemócrata, y Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en los siguientes
Considerandos
Ante esta máxima tribuna de la nación, venimos a expresar nuestro extrañamiento, nuestra más enérgica protesta y preocupación, por la participación del titular del Ejecutivo al inaugurar el Encuentro Mundial de las Familias, e ir más allá de una mera cortesía de dar la bienvenida o inaugurar un acto religioso de ésta magnitud; ya que en este evento, el titular del Ejecutivo fijó su posición respecto a la familia, la violencia y la desigualdad social, no como un jefe de Estado, sino a partir de los valores morales de una iglesia en la cual milita, al afirmar que los divorcios recogidos en la legislación civil propician la desintegración familiar y esto provoca la proliferación de individuos que recurren a la violencia, olvidando que son la falta de educación, el desempleo y los desequilibrios económicos que durante más de tres décadas han sumido a nuestro país en la pobreza.
La mencionada actitud es inadmisible en una sociedad democrática, ya que ignora de manera deliberada que nuestro país es una nación plural y multireligiosa. Con esta acción irresponsable, se menoscaban la libertad del derecho a la educación, de creencia, de conciencia, pensamiento e ideología y discrimina arbitrariamente a las otras iglesias, religiones y a quienes a partir de su cosmovisión y construcción cultural propia de la naturaleza del México del siglo XXI, perciben los valores desde otra perspectiva educativa, social, ideológica, política y religiosa.
Con esta actitud, el titular del Ejecutivo y los funcionarios que acudieron con la investidura oficial en horas de trabajo, sin ser esta una labor inherente a la función pública, vulneraron de manera dolosa los preceptos constitucionales que dan sustento al estado de derecho y las libertades en nuestro país, esencialmente los artículos 24 y 130 constitucionales y los artículos 1, 3 y 29, fracción X, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; este último artículo, cobra mayor relevancia cuando de manera pública en un acto religioso ataviados con sus prendas litúrgico-religiosas, se opusieron descalificando de manera prepotente los preceptos de las leyes del país, emanadas de la soberanía popular, así como a las instituciones que dan normalidad al funcionamiento histórico de la vida nacional, en específico el presidente del episcopado mexicano Carlos Aguirre Retes y Norberto Rivera Carrera, entre otros.
Por lo anterior, ésta soberanía, en el uso de sus facultades, y en coordinación con las instituciones cuya atribución sea procedente, solicita se de cumplimiento al artículo 108 constitucional y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de garantizar los objetivos democráticos y de respeto a la sociedad en su conjunto de la función pública.
En éste sentido, para evitar éstas anomalías en lo sucesivo, se les exhorta a cumplir con lo mandatado en el artículo 24 constitucional, el cual establece que: "Los actos religiosos de culto público, se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria", con lo cual, quedan claras las faltas e infracciones a los artículos 1, 3 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en los que incurrieron el titular del Ejecutivo, los funcionarios y los líderes religiosos.
En este sentido, el contenido del artículo primero y tercero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establecen que: "La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público, al establecer de manera clara que sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional…"; bajo esta lógica, en su artículo tercero expresa claramente que "El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral pública y la tutela de los derechos de terceros", siendo aún más específica para evitar su inobservancia, cuando ordena que "El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna". Tampoco de "ninguna iglesia ni agrupación religiosa".
Respecto a las faltas graves señaladas en la citada ley, está permitir que los distintos conferencistas y los clérigos nacionales e internacionales, los funcionarios y el titular del Ejecutivo, se manifestaran en contra de los principios de las leyes que dan sustento al sistema jurídico mexicano al expresar que sólo con los principios y normas morales de dicha iglesia, se pueden mejorar las condiciones del país, al afirmar que quienes no profesan sus creencias manifiestan comportamientos antisociales; dichas suposiciones son claramente ignorantes de la verdadera realidad que padece nuestra nación, ya que se ha culpado a las mujeres de la violencia existente en su contra por "vestir de manera indecente"; se pronunciaron abiertamente por la discriminación y exclusión social de las diversas formas de familia existentes, la libertad en la procreación y el espaciamiento de los hijos, la condena al divorcio, la diversidad sexual, la laicidad del Estado y la educación impartida en las escuelas públicas, contraviniendo abiertamente el artículo 3º constitucional.
Lo anterior, deja en claro la visión retrógrada y regresiva de su jerarquía eclesiástica en materia de derechos humanos, con el consentimiento por omisión del Ejecutivo y las instancias responsables en la Secretaría de Gobernación de mantener el orden, además de pretender imponer con un despliegue y despilfarro de recursos en los medios electrónicos y los informativos en horarios triple a la visión de una sola iglesia del mundo. Por ello, lo antes mencionado es violatorio del artículo 130 constitucional, donde se establece claramente la separación del Estado y las iglesias.
Históricamente el mandato soberano del pueblo, ha propugnado por el respeto a la libertad de creencia y de conciencia; pues a partir de estos principios, se han consolidado diversas libertades de la sociedad mexicana afectadas en el Encuentro Mundial de las Familias 2009; sin embargo, a pesar de la visones fundamentalistas y regresivas que son inherentes a todas las visones dogmáticas radicales de las creencias religiosas o políticas, nuestro país seguirá garantizando su derecho de asociación y de culto siempre y cuando se apegue al estado de derecho.
Lo anterior, plantea que los funcionarios que incumplieron con estos mandatos deberán ser responsables de sus actos y sancionados conforme a lo establecido en el artículo 108 constitucional y lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Lo antes expuesto y fundado, se agrava sí algunas instituciones del Ejecutivo federal aportaron recursos públicos para la realización de dicho encuentro; más aún sí se trata del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que tiene entre sus tareas concretas el apoyo a la niñez y la familia sin distinción alguna, lo que de acuerdo a sus fines seria una distorsión grave de sus funciones, ya que estaría imponiendo valores, una religión y visión del mundo ignorando la diversidad de las familias existentes en nuestro país.
Con fundamento en todo lo anterior, nos pronunciamos por la búsqueda compartida de la solución de los problemas sociales como la igualdad entre hombres y mujeres por encima de los prejuicios, dogmas o creencias religiosas de sometimiento y abnegación de las mujeres; crear e impulsar políticas de Estado en favor de una vida libre de violencia; respeto a las diversas formas de organización familiar; el respeto a las diversas formas de expresión social, cultural, política y religiosa; el respeto al derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos; el respeto a los derechos humanos específicos, la dignidad de las mujeres y a no ser vista como un ser meramente reproductivo de la humanidad; así como impulsar el análisis serio y el manejo ético de las nuevas relaciones de la humanidad.
En un ejercicio democrático, ante esta soberanía, expresamos nuestra más profunda indignación, porque con estas actitudes por ignorancia o estrategia, se busca polarizar a la sociedad y es evidente que todavía falta mucho por hacer para que el Ejecutivo garantice la autonomía de las instituciones frente a las normas, reglas, convicciones religiosas e ideológicas.
Por todo lo anterior, solicitamos a esta soberanía que se tomen las medidas pertinentes y correctivas que eviten polarizaciones sociales por estas razones, ya que los fundamentalismos en cualquiera de sus manifestaciones distorsionan el buen funcionamiento, la gobernabilidad y la normalidad social; así mismo, nos manifestamos por buscar los mecanismos pertinentes para que el Ejecutivo gobierne para todo el pueblo sin discriminación alguna y se consoliden la igualdad y las libertades de la sociedad, ya que su obligación principal consiste en gobernar para la pluralidad de la sociedad mexicana; por tanto está obligado a fortalecer el Estado laico en beneficio del pueblo de México al que juró obedecer. Resta decir que debemos actuar con firmeza y la razón histórica de nuestras leyes para consolidar una nación abierta y tolerante a la riqueza de las expresiones sociales.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se vote a favor la presente propuesta con base a los acuerdos que se hacen valer y en cumplimiento a lo fundado con anterioridad, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su rechazo a las expresiones contrarias a las libertades de conciencia, pensamiento, educación y de creencias del pueblo mexicano, contenidas en la Constitución y las leyes expresadas en el marco del Encuentro Mundial de las Familias.
Segundo. Exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y en el marco de sus facultades y atribuciones, llame al orden a los jerarcas católicos que suscribieron las expresiones a que se refiere el punto anterior.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública que, en el marco de sus atribuciones, determine si la asistencia de servidores públicos federales al evento citado en horario de trabajo constituye un motivo para ser sancionados, y que proceda en consecuencia.
Cuarto. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación y al Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, a fin de determinar si se utilizaron recursos públicos para la realización del evento eclesiástico objeto del presente acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero 2009.
Diputados: Elsa Conde Rodríguez, Martha
Tagle Martínez, Rosario Ortiz Magallón, David Sánchez
Camacho (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR
AL COMITÉ TÉCNICO QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO DEL FONDO
DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS QUE PRORROGUE
EL REGISTRO EN LAS 37 MESAS RECEPTORAS EN EL PAÍS, SUSCRITA POR
LA DIPUTADA SUSANA MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal Susana Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. El programa Bracero, iniciado en la década de los cuarenta, sirvió como fuente de empleo y, con éste, se gozó de garantías como alimentos, hospedaje, transporte y, en su caso, repatriación.
2. El 17 de abril de 2001 se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, la cual se instaló en septiembre de 2001, y que actualmente continúa con su trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, numeral II, de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
3. En reclamo de los ex trabajadores migratorios que laboraron a través del convenio entre México y Estados Unidos de América de 1942 a 1964 de recuperar para ellos o sus familias parte de los ahorros que durante ese periodo hicieron a través del banco Wells Fargo y transferidos posteriormente al Banco de Crédito Rural (hoy Financiera Rural), el 29 de diciembre de 2000 se promulgó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios.
4. En 2003 se instalaron las mesas receptoras que registraron 45 mil trabajadores, quedando fuera miles de ellos, en virtud de que la Secretaría de Gobernación utilizó un criterio erróneo al solicitar una serie de requisitos que no estaban considerados; dentro de ellos, requerir que hayan efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación. Por ese motivo, se desecharon muchas solicitudes. Resultado del amparo de muchos inconformes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el padrón que formó dicha secretaría era inconstitucional. Por tal razón, éste no era un requisito fundamental para reclamar el beneficio. Además, no se cubrió la difusión necesaria.
5. Derivado de las complicaciones presentadas con la aprobación de la multicitada ley, el fideicomiso fue el mecanismo institucional para dar la solución a las demandas sociales que se venían presentando, por lo que la Secretaría de Gobernación integró un padrón de ex trabajadores migratorios, quedando la inclusión en este listado sujeta a la exhibición de pruebas documentales que acreditaran efectivamente que las personas interesadas laboraron en Estados Unidos de América durante aquellos años, o bien, que eran familiares con legítimo derecho a recibir la cantidad de 38 mil pesos.
6. Los integrantes del comité técnico son los siguientes: 1) Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; 2) Gobernación; 3) Contraloría y Desarrollo Administrativo; 4) Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; 5) Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 6) Banco de México; y 7) Un representante de cada uno de los dos gobiernos de las entidades federativas que hayan celebrado los convenios, de conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la ley en referencia.
7. En sesión de la Cámara de Diputados de fecha 27 de abril de 2006 se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva remitió a la Cámara de Senadores y ésta turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para estudio y dictamen.
En esencia la reforma contempla lo siguiente:
b) El ex trabajador bracero pueda comprobar que es beneficiario del apoyo social con el simple hecho de presentar su tarjeta del seguro social (segurity) apostillado.
c) Se regula la posibilidad de recibir aportaciones a título gratuito por parte de las entidades federativas y se destinen al patrimonio del fideicomiso.
d) Se faculta al comité técnico promover ante las autoridades competentes las denuncias o querellas por posibles irregularidades en la documentación que presenten los beneficiarios.
9. Con fecha 25 de octubre de 2007, la Mesa Directiva turnó a Comisión de Hacienda y Crédito Público para estudio y dictamen. Y en sesión plenaria del jueves 10 de abril del 2008, la Cámara de Diputados aprobó las reformas con 393 votos en pro y 1 abstención, y se devolvió a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10. La Cámara de Senadores aprueba la minuta con 70 votos en pro el martes 22 de abril de 2008, y pasó al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales (publicándose en la Gaceta Parlamentaria, número 2482-III).
11. El primer día de septiembre del año próximo pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la promulgación de las reformas señaladas en los párrafos anteriores.
12. El 24 de noviembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios de mayor circulación la convocatoria a las personas interesadas para que acudieran a las 37 mesas receptoras situadas en las entidades federativas de la República Mexicana y del Distrito Federal, para que acreditaran los requisitos de elegibilidad que se establece en el artículo 6 de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como el numeral 4 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964).
13. Tuvo que pasar más de 5 años para que las reformas permitieran publicar una nueva convocatoria para inscribir aquellos trabajadores ex braceros que por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron hacerlo en su momento.
14. En las reglas de operación se especifica que las mesas receptoras contarán con personal capacitado y se atenderían los aspectos técnicos y logísticos para brindar un adecuado servicio a los nuevos beneficiarios; sin embargo, se detectaron fallas en el sistema: el personal carecía de capacitación, desconocían el manejo del programa y del sistema electrónico, sin contar las inmensurables filas. Aunado a esto, se originó una falla técnica del sistema de captura, ocasionando que por días no se recibieran documentos de los beneficiarios.
15. Hasta ayer se estima un registro de 130 mil trabajadores migratorios mexicanos. Los compañeros han pasado por un procedimiento tortuoso y han esperado mucho tiempo para recibir el beneficio que legítimamente les corresponde. Por ello, acudo a su buena voluntad política para que se solicite al comité técnico una prórroga al cierre de las mesas receptoras que concluye este 28 de enero. Dicha prórroga consiste en 5 días más para reponer aquéllos que por fallas en el sistema no pudieron operar con normalidad y, a su vez, dar la atención debida.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la honorable asamblea proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Comité Técnico que administra el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que otorgue una prórroga para continuar con el registro de las 37 mesas receptoras instaladas en todo el país por 5 días posteriores al 28 de enero, fecha señalada en la convocatoria.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21de enero de 2009.
Diputada Susana Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Con plenitud de jurisdicción las autoridades de Estados Unidos de América resolvieron realizar diversas acciones en rescate de intermediarios financieros cuya matriz se encuentra en aquel país. Sin embargo, los efectos de tales decisiones implican una modificación sustancial del accionariado de tal empresa surtiendo literalmente una prohibición contenida en ley mexicana. Claramente el artículo 18 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras señala que de ninguna manera, es decir directa o indirectamente, ninguna instancia del exterior que revista atribuciones de autoridad puede detentar el capital de sociedades que controlen intermediarios financieros en nuestro país.
Las razones para tal prohibición son claras. Se precisa mantener alejado a nuestro sistema bancario y bursátil de intereses y objetivos ajenos a la política y directrices de las autoridades nacionales. Siendo además inadecuado que la participación en los mercados cambiario y de capitales sea interferido por agentes que responden a necesidades y orientaciones provenientes de entornos distintos al nuestro.
Ha sido tan lenta la reacción de las autoridades financieras de nuestro país, que ya existen preocupaciones respecto de la remisión de enormes sumas de dólares a la matriz de Banamex. En efecto, en forma por demás cuestionable las autoridades cambiarias del país se han empeñado en la más turbia defensa de una paridad, no obstante que nos encontramos en un supuesto mercado libre de divisas.
La merma para la reserva de activos internacionales no se ha conducido dentro de los márgenes contenidos en ley para atemperar los desbalances en el ingreso y egreso de divisas, sino que ha tenido el más heterodoxo fin de mantener una apariencia de estabilidad cambiaria. Los beneficios para el país de librar esa guerra perdida no pueden tener otro objetivo que soportar el maltrecho discurso oficial de estabilidad y control por parte de las autoridades financieras.
En ese entorno de dólares subsidiados con cargo a la reserva de activos internacionales que administra el Banco de México, se han venido realizando subasta a tipos de cambio "preferenciales o ficticios" que no tienen como beneficiarios a todos los participantes del mercado, ni al público en general sino a un número limitado y muy cerrado de adquirentes que con cargo a la riqueza nacional vienen deshaciendo operaciones de derivados o pagando posiciones deudoras en divisas.
Tal privilegio y prebenda carece de todo sustento financiero, legal y se aparta del correcto uso de recursos públicos y ha permitido que intermediarios filiales se encuentren en condición de aligerar o desahogar pasivos de sus matrices con acceso a los dólares baratos que la Comisión de Cambios ha venido usando en forma discrecional y opaca.
Esas cuantiosas sumas inducen un tipo de cambio artificialmente, siendo que tanto Banco de México como la Nacional Financiera deberán dar puntual cuenta de las acciones, omisiones y determinaciones que se han venido ejecutando en un entorno de crisis financiera internacional.
Ahora bien la regularidad, continuidad y salud de nuestro sistema de pagos son bienes jurídico fundamentales del Estado Mexicano que debemos preservar ajenos a la problemática de otros sistemas financieros, evitando en lo posible no solo el contagio de deterioro y quebrantos que hubieren registrado tales intermediarios, sino que además debemos mantener a nuestros intermediarios ajenos a la tentación de transferir utilidades exorbitantes que los descapitalicen, así como evitar que incurran en prácticas usurarias a modo de refaccionar a sus matrices o rescatar a sus accionistas fuera del país.
La inusitada disparidad del margen financiero que presentan algunos bancos, como Banamex, debe ser motivo de alarma y preocupación de las autoridades financieras, ya que no solo resulta anormal entre el grupo de bancos que detenta en el mundo Citibank, sino que carece de explicación fundada en el profesionalismo, novedad de instrumentos y productos, o en la competitividad, y solo se recarga en una libre carrera que aleja a la tasa pasiva de la activa en operaciones bancarias, es decir, la alta rentabilidad esta asociada a un sistema judicial notablemente dispar con los usuarios del crédito, de practicas de cobranza que habían sido abandonadas desde hace décadas y en la manipulación de la valuación de activos y reservas.
Esas utilidades de las que sus administradores dicen estar orgullosos representa un enorme fracaso de las autoridades normativas y supervisoras del sistema, ya que no ha sido hábil para conducir sanas políticas de crédito, induce a un esquema de tasas que en ocasiones llega a ser usurario y quebranta con el aparato productivo nacional deteriorando el sistema de pagos.
No es necesario un profundo análisis para darse cuenta que Banamex es uno de los principales jugadores en nuestro sistema de pagos, sino es que acaso es el intermediario dominante en ese mercado. Es público y notorio que las autoridades financieras del vecino país tienen intereses no solo de regulación, sino patrimoniales en la empresa que detenta y controla a Banamex.
Su interés pues ya no sólo es el apego de un intermediario a las sanas prácticas financieras, sino que de manera urgente e inaplazable buscan maximizar y obtener pronta recuperación de las inversiones hechas en la empresa que es hoy principal accionista de Banamex.
Es por ello que resulta inadmisible e impertinente el argumento de que tales acciones tuvieran el carácter de preferente.
No obstante las restricciones corporativas de voto que pudieran tener tales instrumentos es claro que por su magnitud, y especialmente por el doble carácter del titular dichas acciones tienen igual o mayor alcance que las del resto de los accionistas. Pero aún suponiendo sin conceder que tuvieren alguna diferencia en el terreno de los negocios, no la tienen en el tratamiento que da la ley mexicana.
No pudo ser más claro y enfático el legislador al señalar que de ninguna manera, y esto incluye y abarca cualquier esquema o artificio, por lo que ni directa o indirectamente, provisional o permanentemente, con propósito patrimonial o de regulación, es posible evadir la prohibición contenida en un dispositivo de orden público.
Reconociendo la más absoluta capacidad de los Estados para regir en el territorio propio la vida institucional de su sistema financiero, y por tanto siendo absolutamente respetuosos de los efectos de una resolución en lo tocante a ser observadas por sus destinatarios, resulta de concluir que tal inversión no puede surtir efectos en nuestro territorio, siendo imperioso que se restituya la situación legal a la tenencia de un grupo de control financiero regulado por ley mexicana.
Dado que al tenor de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras se ha violado la ley de la materia debe ponerse en inmediata marcha el proceso ordenado y encausado por las autoridades financieras para revocar la autorización para operar como sociedad controladora a Grupo Financiero Banamex, SA de CV, tomándose las providencias y medidas necesarias a efecto de que el sistema y los usuarios del mismo no resulten afectados por la recomposición de capital de dicha controladora, debiéndose evaluar entre otras alternativas la intervención transitorias de los intermediarios controlados.
Ahora bien, el titular de las finanzas públicas nacionales debe explicar que ha hecho y que medidas adoptara para velar por la independencia de nuestro sistema de pagos y para evitar que las subastas ordenadas por la Comisión de Cambios no sean instrumento político de la administración en turno.
De igual forma deberá dar cuenta a esta soberanía de la revisión e investigación que se practique en el sistema financiero mexicano, respecto de otras posibles incursiones o interferencias de instancias de autoridad en bancos, casas de bolsa, casas de cambio u otros intermediarios autorizados para operar en México.
Por ello sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados acuerda citar al secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique las acciones y determinaciones que la dependencia a su cargo haya iniciado o deba iniciar con motivo de la participación accionaria de instancias que revisten calidad de autoridad extranjera en el capital del principal accionista de la sociedad controladora denominada Grupo Financiero Banamex, SA de CV, al tenor de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Segundo. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a los titulares del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que detallen la participación de Banamex, S.A. así como de los demás integrantes del Grupo Financiero Banamex, SA de CV, en las subastas de divisas propaladas por instrucción de la Comisión de Cambios entre septiembre y diciembre del 2008.
Tercero. La Cámara de Diputados acuerda se solicite un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el ámbito de su competencia requiera a la Bolsa Mexicana de Valores para que explique los pormenores bajo los cuales se llevaron al cabo de inversiones por agencias gubernamentales extranjeras en el capital del principal accionista del Grupo Financiero Banamex, SA de CV, como hecho relevante, así como los términos en que se divulgo entre el público inversionista.
Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica)
El suscrito, diputado integrante de la Comisión de Defensa Nacional, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita, que en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI, del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara, a las Comisiones de Defensa Nacional, y de Gobernación de la honorable Cámara de Diputados, para que se presente el dictamen correspondiente, en sus términos, de la iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley para conservar la Neutralidad del País, al tenor de las siguientes consideraciones
Antecedentes
Primero. Con fecha 10 de noviembre de 1939 fue promulgada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para Conservar la Neutralidad del País, instrumento legislativo que fortaleció la vocación pacifista de la nación mexicana, garantizando nuestro estatuto de país neutral, de frente a la escalada bélica que significó la segunda conflagración mundial.
Segundo. Con fecha 14 de mayo de 2003, la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa por la que se pretendía reformar y adicional la Ley para Conservar la Neutralidad del País, con el objetivo único de adecuar su discurso a los instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano.
Tercero. El 28 de octubre de 2004, el Pleno de la Cámara de Senadores desechó la iniciativa de la senadora Castellanos y, lamentablemente, aprobó la abrogación de la ley. El 15 de marzo de 2005, la Cámara de Diputados recibió esta minuta modificándola y reenviándola a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72 constitucional inciso e).
Cuarto. Nuevamente, el 26 de abril de 2006, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió de la Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País.
Quinto. El 11 de junio de 2008 el diputado Pablo Trejo Pérez presentó, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa que suscribimos los diputados Javier González Garza, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, para reformar y adicionar la Ley para Conservar la Neutralidad del País.
Sexto. Nuestro texto constitucional señala, explícitamente que los principios rectores de la política exterior mexicana son: "la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales".
Séptimo. Con fecha lunes 5 de enero de 2009, el presidente Álvaro Colom ordenó enviar al Ejército guatemalteco hacia su frontera con México, de frente a la "avalancha del narcotráfico mexicano, que ha causado un montón de muertos".
Octavo. El lunes 12 de enero del presente año, la prensa mexicana dio cuenta del anuncio del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América, en dónde se informó sobre el envío de tropas estadounidenses a la frontera sur de este país, con la finalidad de resguardarlo de la delincuencia organizada.
Noveno. Los días jueves 15 y viernes 16 de enero de 2009 se dio a conocer, en los medios de comunicación, un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, en el que se cataloga a México como "un problema de seguridad de proporciones inmensas para Estados Unidos", debido al alto grado de infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales de nuestro país.
Décimo. Por último, el lunes 19 de enero, la agencia estadounidense Strategic Forecasting emitió el informe denominado Los Cárteles Mexicanos de la Droga: el progreso del gobierno y el aumento de la violencia, en donde se señala que "la seguridad interna de México estará en peligro en caso de que el gobierno federal no reduzca la operación de las organizaciones especializadas en el tráfico de drogas e inhiba los índices de violencia que hubo en 2008".1
De lo antepuesto, resulta evidente que, como representantes de la nación, tenemos la obligación de refrendar el compromiso adquirido por México con la comunidad internacional, al instaurar los principios de autodeterminación de los pueblos y resolución pacífica de las controversias como baluartes de la política exterior nacional, con la finalidad única de establecer que es México, y únicamente México, el responsable de solucionar los problemas institucionales que aquejan a nuestra nación, en el marco de la cooperación internacional para confrontar al inmensamente poderoso cáncer del crimen organizado. Que rechazamos cualquier intento de constituir nuestro territorio como una zona de guerra y que defenderemos nuestra soberanía por todos los medios posibles.
Por lo anteriormente expuesto, debido a la preocupación que ha generado la reacción internacional frente a un problema que, consideramos, atañe no únicamente a los mexicanos sino a todos y cada uno de los ciudadanos del mundo que, responsablemente, se oponen a la intervención armada como método de resolución de los conflictos y privilegian la cooperación internacional como el arma diplomática para enfrentar al crimen transnacional, el que suscribe, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, se permite presentar a esta honorable soberanía, la propuesta de la siguiente:
Excitativa
Única. A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Gobernación de la honorable Cámara de Diputados, les solicita el análisis y dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. y adiciona un artículo 5o. y 6o. de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, suscrita por los diputados Javier González Garza, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, la cual les fue turnada para su atención por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha 11 de junio de 2008.
Nota
1. Excelsior, Advierte agencia en EU de escalada
de violencia, nota firmada por Lemic Madrid.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2009.
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera (rúbrica)