Gaceta Parlamentaria, año XII, número 2680-II, miércoles 21 de enero de 2009

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2680-II, miércoles 21 de enero de 2009.

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le confiere el gobierno de España.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Míriam Ramírez Santos para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Álvaro López Saucedo y Zacarías Estrada Vega para aceptar y usar las condecoraciones, en diferentes grados, que les otorgan el Ejército de la República de Argentina; las Fuerzas Armadas de la República de El Salvador; los Ejércitos de las Repúblicas de Chile, y Federativa de Brasil; y la Fuerza Aérea de la República de Chile.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Teresa Mercado Pérez, Emilio Cosgaya Rodríguez y José Luis Corro Chávez para aceptar y usar las condecoraciones, en diferentes grados, que les otorgan los gobiernos del Reino de Dinamarca, de Estados Unidos de América, y de la República de Colombia, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la construcción de un puente vehicular en la colonia Villa de las Flores, de Coacalco de Berriozábal, México.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo sobre el caso de la ciudadana Ana Laura Montero Ocampo.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente, con absoluto respeto de la división de poderes, formula un atento exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se resuelva el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público a detener la propuesta de la Cofetel relativa a la contraprestación que deben cubrir los interesados en la transición de AM a FM; y a informar y efectuar publicaciones sobre los montos determinados al efecto.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para solicitar al gobierno federal que elabore una norma oficial mexicana sobre la producción de envases, bolsas y botellas de plástico congruente con la tecnología denominada "oxodegradación".

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal que se implanten en la administración pública federal políticas que fortalezcan a las familias mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar al gobierno de Guerrero a subsidiar el pago de energía eléctrica a los participantes en la Feria de la Bandera, de Iguala.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo a efecto de exhortar a la Semarnat, a la Secretaría de la Función Pública, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a informar y efectuar una revisión sobre el diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para solicitar al Infonavit que informe sobre las operaciones realizadas con relación a la venta de la cartera vencida.

Dictámenes

DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO PEDRO HACES SORDO PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, EN GRADO DE CRUZ DE OFICIAL, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE ESPAÑA

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnada, para su estudio y dictamen, la solicitud de permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pedro Haces Sordo pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le otorga el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Pedro Haces Sordo para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Cruz de Oficial, que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2009.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica), presidente; diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), diputado Raúl Cervantes Andrade, secretarios; senador Humberto Andrade Quezada, senadora Beatriz Zavala Peniche, diputada Lariza Montiel Luis (rúbrica), senadora Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti, diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), senador Ramiro Hernández García, diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, senador Gabino Cué Monteagudo, diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica).

DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LA CIUDADANA MÍRIAM RAMÍREZ SANTOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 7 de enero de 2009, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional para que la ciudadana Míriam Ramírez Santos pueda prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 14 de enero se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México serán de carácter administrativo, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso a la ciudadana Míriam Ramírez Santos para prestar servicios como asistente administrativa FSN-7/1, en la Agencia de Desarrollo Internacional en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2009.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS ÁLVARO LÓPEZ SAUCEDO Y ZACARÍAS ESTRADA VEGA PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES, EN DIFERENTES GRADOS, QUE LES OTORGAN EL EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA; LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR; LOS EJÉRCITOS DE LAS REPÚBLICAS DE CHILE, Y FEDERATIVA DE BRASIL; Y LA FUERZA AÉREA DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Álvaro López Saucedo y Zacarías Estrada Vega, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan el Ejército de la República Argentina; las Fuerzas Armadas de la República de Colombia y de la República de El Salvador; los Ejércitos de la República de Chile y Federativa del Brasil y la Fuerza Aérea de la República de Chile, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C), del artículo 37 constitucional, y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo primero. Se concede permiso al subteniente de artillería Álvaro López Saucedo, para aceptar y usar las condecoraciones Medalla del Ejército de Argentina, mérito académico Francisco José de Caldas, medalla estrella Capitán General Gerardo Barrios, Medalla Bernardo O’Higgins y Medalla Mariscal Hermes Aplicación y Estudio de una Corona, que le otorgan el Ejército de la República Argentina, las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Fuerza Armada de la República de El Salvador, el Ejército de la República de Chile y el Ejército de la República Federativa del Brasil.

Artículo segundo. Se concede permiso al subteniente de fuerza aérea piloto aviador Zacarías Estrada Vega, para aceptar y usar las condecoraciones Fuerza Aérea de Chile; mérito académico Francisco José de Caldas; y medalla estrella Capitán General Gerardo Barrios, que le otorgan la Fuerza Aérea de la República de Chile; las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, y la Fuerza Armada de la República de El Salvador.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2009.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS MARÍA TERESA MERCADO PÉREZ, EMILIO COSGAYA RODRÍGUEZ Y JOSÉ LUIS CORRO CHÁVEZ PARA ACEPTAR Y USAR LAS CONDECORACIONES, EN DIFERENTES GRADOS, QUE LES OTORGAN LOS GOBIERNOS DEL REINO DE DINAMARCA, DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fueron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Teresa Mercado Pérez, Emilio Cosgaya Rodríguez y José Luis Corro Chávez, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les confieren los gobiernos del Reino de Dinamarca, de Estados Unidos de América y de la República de Colombia, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del Apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana María Teresa Mercado Pérez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Insignia, que le otorga el gobierno del Reino de Dinamarca.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Emilio Cosgaya Rodríguez, para aceptar usar la condecoración Medalla del Servicio Meritorio, que le otorga el gobierno de Estados Unidos de América.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano José Luis Corro Chávez, para aceptar y usar la condecoración Orden Naval Almirante Padilla, en grado de Comendador, que le otorga el gobierno de la República de Colombia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2009.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES, DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, MÉXICO

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al gobernador del estado de México a salvaguardar, con estricto arreglo a derecho, las garantías individuales de libre asociación, manifestación, tránsito y petición que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e instruir a los servidores públicos para que cumplan los acuerdos que asignaron los munícipes de la colonia Villa de las Flores, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, en nombre de la diputada Eva Sánchez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a antecedentes, consideraciones y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:

"Antecedentes

1. A partir de septiembre de 2008, el gobierno del estado de México y el ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal iniciaron la construcción de un puente vehicular en la calle de Yutes y bulevar Coacalco, en la colonia Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco de Berriozábal.

2. Esta obra generó un descontento en los vecinos de dicha colonia, entre otras consideraciones porque

a) En la construcción de esta vialidad se destruye el jardín recreativo que se encuentra en el camellón de la calle de Yutes.

b) Dicho puente desemboca a un costado de la escuela secundaria Felipe Neri Villarelo, causando peligro a los alumnos que acuden al centro escolar.

3. Es una obra que no cuenta con los informes de impacto ambiental, técnico, ni social como lo confirman los informes justificados que rindieron las autoridades responsables ante el juzgado federal en materia administrativa con sede en Naucalpan de Juárez, donde se interpuso el juicio de amparo contra la construcción del puente vehicular Yutes.

4. La autoridad estatal y municipal no cuentan con los procedimientos necesarios para garantizar el pago de daños a los inmuebles que afecta la construcción del puente vehicular.

5. El 4 de noviembre de 2008, motivados por el incumplimiento de las autoridades, los vecinos se organizaron para acudir a Toluca en busca de una entrevista con el gobernador del estado de México.

6. Los vecinos se reunieron en la colonia Villa de las Flores el día en comento, aproximadamente a las 8:00 horas, de donde salieron alrededor de las 9:00 horas hacia su destino.

Sin embargo, en el tramo de La Marquesa de la autopista México-Toluca, aproximadamente a las 12:10 horas, fueron detenidos por agentes de seguridad pública de la Agencia de Seguridad Estatal del gobierno del estado de México.

Los agentes de las patrullas 1506 y 1651 les indicaron que bajaran del autobús, que quién era el líder responsable y qué adónde se dirigían. Los vecinos le indicaron que se dirigían a Toluca para conseguir entrevistarse con el gobernador Enrique Peña Nieto y exponerle el problema de la construcción de un puente vehicular en el municipio de Coacalco de Berriozábal.

Estas autoridades les impidieron seguir su trayecto, manifestándoles que tenían instrucciones de impedir el tránsito a Toluca a cualquier manifestación que fuera contra el gobernador.

De lo anterior, los agentes de la patrulla 1651 indicaron que no podían dejarlos pasar, porque era una instrucción de "arriba". Después de 50 minutos, los quejosos exigieron a los agentes que respetaran sus garantías constitucionales que los protegían para poder circular sin un permiso previo, a los que los elementos de seguridad pública les respondieron, "por mis huevos no van a pasar, ¿qué no entiendes pendejo?, ninguna protesta va llegar al señor gobernador y, si quieres, váyanse caminando".

Acto seguido, las autoridades indicaron al operador del autobús que entregara las llaves, que el vehículo sería remolcado a alguna oficina cercana a su domicilio.

Posteriormente, obligaron a descender a todas las personas que se encontraban en el interior del autobús, quienes, al ser intimidados con la amenaza de que el autobús sería remitido a un corralón, buscaron la forma de desplazarse mediante autobuses de transporte público a Toluca.

7. Ese mismo día, 4 de noviembre de 2008, efectuaron una reunión de trabajo los siguientes funcionarios públicos: ingeniero Manuel Ortiz García, director general del SAASCAEM; maestro en ciencias Saúl Ramírez Antonio, director general de Gobierno Región Tultitlán; ingeniero Sergio Rodríguez Medina, subdirector de Coordinación de Obras; licenciado Javier Rodríguez Vivas, jefe de Departamento de Gobierno Región XIV; ingeniero Silvestre Cruz Cruz, subdirector de Estudios y Proyectos; y arquitecto Javier Gómez Galarza, jefe del Departamento de Supervisión de Obra; y los vecinos de la colonia Villa de las Flores, donde se acordó, entre otros puntos, el siguiente:

En atención al punto anterior, el ingeniero Manuel Ortiz, director general del SAASCAEM, considera posible retardar temporalmente los trabajos de dicha obra.

En este sentido, es pertinente señalar que desde el 4 de noviembre que se emitió este documento, los trabajos de la obra no han sido detenidos, siendo evidentes los avances en la construcción del puente, ocasionando una desilusión a los vecinos la promesa de campaña: Te lo firmo y te lo cumplo.

8. Finalmente, el 14 de noviembre del año en curso, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la presidencia municipal, mediante el oficio número PM/UTAI/0350/2008, informó a los vecinos lo siguiente: "le manifiesto que la construcción de dicho puente es competencia de la empresa OHL, contratada por el gobierno del estado y el honorable ayuntamiento de Coacalco, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, sólo se hizo responsable de la liberación del predio donde se realizará dicha obra"; y como es en los tiempos del partido oficial, aquí nadie sabe nada y, sin embargo, la obra se sigue construyendo."

"Consideraciones Primera. Consideramos que la actitud de las autoridades locales es contraria a las disposiciones constitucionales que norman la vida del país, ya que arbitrariamente se impidió a los pobladores del municipio de Coacalco, en el estado de México, tener derecho a ser escuchados por el gobernador del estado de México, respecto a una obra pública que les afecta directamente y contra la cual han hecho público su desacuerdo.

Segunda. Pese a que fueron atendidos por las autoridades que se mencionan en el punto 7 de esta proposición, y más aún con la documental que se anexa emitida por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la presidencia municipal en Coacalco, se hace patente la voluntad irrespetuosa y contraria a la voluntad popular por parte de la autoridad estatal y municipal, en el sentido de que, por un lado, les impidieron hacer pública su manifestación de rechazo a dicha obra, posteriormente la promesa que les hicieron a los pobladores del municipio de referencia de que la obra iba a ser retrasada y, por último, el hecho de que las obras continúan y de que no hay nada que las detenga, constituyendo, todo esto, un engaño y una burla al acuerdo que las mismas autoridades suscriben y que se comprometen a respetar, cuando en el terreno de los hechos no es así.

Tercera. Por todo lo anterior, solicitamos a esta Comisión Permanente que haga un exhorto al gobernador del estado de México a respetar las libertades y las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República, respecto al derecho de la libre expresión de las ideas y de manifestación pública por parte de los colonos de Villa de las Flores, así como a instruir a los funcionarios públicos correspondientes para que hagan cumplir la palabra empeñada el 4 de noviembre de 2008 en las oficinas del gobierno del estado del municipio de Naucalpan, estado de México, respecto a la suspensión de las obras del puente vehicular en la calle de Yutes y bulevar Coacalco, en la colonia Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco de Berriozábal, en dicha entidad federativa."

"Puntos de Acuerdo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de su soberanía, exhorta al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a garantizar, en estricto apego a derecho, las garantías individuales de libre asociación, manifestación, transito y petición que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de su soberanía, exhorta al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a instruir a sus funcionaros públicos den cumplimiento a los acuerdos que signaron con los munícipes de la colonia Villa de las Flores."

II. El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental."

En el caso, como lo reconoce expresamente la autora de la proposición que se dictamina, se trata de un asunto de la competencia directa del gobierno del estado de México y del ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, por lo que esta comisión dictaminadora estima prudente que en lugar de exhorto, se solicita del municipio de Coacalco de Berriozábal del estado de México, en coordinación con el gobierno del estado de México, investigue los hechos denunciados y se finquen, en su caso, las responsabilidades correspondientes y que se remita el asunto a las citadas autoridades locales, para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus respectivas competencias.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con pleno respeto de su soberanía, solicita del municipio de Coacalco de Berriozábal del estado de México, en coordinación con el gobierno del estado de México, investigue los hechos denunciados y se finquen, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

Segundo. Remítase el expediente al ciudadano gobernador y al C. presidente municipal de Coacalco de Berriozábal del estado de México, para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente "del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2009.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, presidente; diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), diputado Raúl Cervantes Andrade, secretarios; senador Humberto Andrade Quezada, senadora Beatriz Zavala Peniche, diputada Lariza Montiel Luis (rúbrica), senadora Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti, diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), senador Ramiro Hernández García, diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López, senador Gabino Cué Monteagudo, diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica).

DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR EL REGLAMENTO DE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y, en consecuencia, a establecer la Comisión Intersecretarial correspondiente, a cargo del senador Raúl Mejía González y suscrita por los senadores Ramiro Hernández García y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de exposición de motivos, los autores de la proposición que se dictamina, mencionan que el 27 de noviembre de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal, señalando que la Ley fue resultado de un proceso de discusión de mucho tiempo, que tuvo como cámara de origen al Senado de la República y en el que todos los grupos parlamentarios coincidieron al votarla a favor, de manera unánime.

Comentan los autores de la proposición que durante las deliberaciones legislativas se puso de manifiesto el desconocimiento que como sociedad se tenía acerca de la magnitud y complejidad del problema de la trata de personas; se contaban apenas con estimaciones muy generales respecto al número de víctimas, mientras se conocían reportes internacionales muy alarmantes que señalaban a México como el primer centro de reclutamiento con fines de explotación sexual de menores que llegan anualmente a Estados Unidos de América, y se tenían visiones fragmentadas del fenómeno dada su conexión con otros delitos, como la violencia doméstica y las violaciones a los derechos laborales. La legislación que se propuso y aprobó logró precisar el marco jurídico de la trata de personas, en su especificidad y como parte de un fenómeno de delincuencia organizada que tiene dimensión internacional.

Destacan los mismos proponentes que el resultado legislativo es sólo el inicio de una acción pública que requiere ser complementado; que el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas señala que "el Ejecutivo federal establecerá una comisión intersecretarial en los términos del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", lo que es imprescindible para precisar los diagnósticos, definir estrategias, trazar líneas de acción y definir prioridades que hagan avanzar más rápido en el combate del fenómeno. Que el artículo 12 de la Ley en comento tendrá la finalidad de elaborar un Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Lo anterior revela la importancia de que se cumpla lo establecido y no se demore más la emisión del Reglamento de la Ley indicado en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Por otra parte, señalan los proponentes que se han realizado varios exhortos al Ejecutivo para que proceda a la publicación del Reglamento de ley, necesario, sin resultados positivos: "El martes 8 de julio de 2008, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un Punto de Acuerdo cuyo artículo Único establece que ‘La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que expida el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas’. El miércoles 10 de septiembre de 2008 se presentó nuevamente ante el pleno de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una nueva proposición por la que se realiza otro exhorto al Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la multicitada ley. Y el pasado 4 de diciembre varios compañeros senadores hicieron lo propio presentando un punto de acuerdo con ese propósito".

Concluyen los proponentes al señalar que es muy importante insistir en el exhorto y hacerlo con la urgencia que el caso amerita. El Estado tiene que cumplir con la parte que le corresponde en la lucha contra el crimen de la trata de personas, para convocar la participación directa de la sociedad civil organizada, fortalecer los mecanismos de cooperación institucional, la colaboración entre los poderes públicos, a nivel federal y local, y para participar de la valiosa asistencia de los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas. Es responsabilidad del Poder Legislativo vigilar el estricto cumplimiento de los mandatos de la ley.

Los mismos autores de la Proposición que se dictamina formulan el siguiente:

"Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realiza un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo federal, por la demora en publicar el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y lo exhorta a que lo haga a la mayor brevedad posible.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal un informe detallado de los avances en la integración de la Comisión Intersecretarial, en los términos que establece la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como uno sobre los avances en la elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, dentro de los términos que establece la ley respectiva."

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora procedieron al estudio de los antecedentes y planteamientos materia de la Proposición que se dictamina, tomando en cuenta lo siguiente:

A) Que en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de noviembre de 2007 fue publicado el decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.

B) Que en el artículo segundo transitorio del decreto se establece: "El Ejecutivo expedirá el Reglamento de la Ley en un término de 120 días hábiles". Evidentemente, el plazo que empezó a correr a partir del 27 de noviembre de 2007, se encuentra vencido en exceso.

C) En cuanto a la obligación del gobierno federal de establecer una Comisión Intersecretarial, se reproducen literalmente los artículos 10 y 11 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que establecen:

"Artículo 10. El gobierno federal establecerá una Comisión Intersecretarial conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para coordinar las acciones de sus miembros en la materia para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito. Dicha Comisión estará integrada por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal así como por la Procuraduría General de la República.

Para tales efectos se atenderá a lo siguiente: I. El Ejecutivo federal designará a los miembros de la Comisión Intersecretarial que incluirá, como mínimo, a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Salud, Desarrollo Social, de Educación Pública, de Turismo y de la Procuraduría General de la República. Asimismo, tendrán participación los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Consejo Nacional de Población.

II. Podrán participar en las reuniones de la Comisión Intersecretarial como invitados para efectos consultivos, un representante de cada organismo público autónomo relacionado con la materia, tres representantes de las organizaciones de la sociedad civil y tres expertos académicos vinculados con la trata de personas."

"Artículo 11. La Comisión Intersecretarial funcionará de conformidad con lo siguiente:

I. La Comisión Intersecretarial será presidida por quien determine el Presidente de la República;

II. La Comisión Intersecretarial elaborará su Reglamento Interno conforme al cual sesionará, y

III. La Comisión Intersecretarial designará a su Secretario Técnico responsable."

Además, en los artículos 12 y 13 se establecen las atribuciones, incluyendo su participación en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, de la Comisión Intersecretarial de referencia.

D) Se precisó que fue el miércoles 16 de julio, en que se aprobó el dictamen de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, que contiene Punto de Acuerdo: Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

E) También se precisó que fue el 21 de octubre de 2008 en que la diputada Holly Matus Toledo presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Dicha proposición fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Se encuentra pendiente de dictamen.

F) Se confirmó que el 4 de diciembre de 2008, los senadores Rubén Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón Alonso, Salomón Jara Cruz y Héctor Bautista López, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que, principalmente, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que se publique a la brevedad posible el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, turnada a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y aún pendiente de dictamen.

G) El cuerpo de asistencia técnica de esta Comisión de Trabajo realizó una búsqueda en el Diario Oficial de la Federación y se pudo constatar que no aparece publicado el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas ni decreto o resolución del Ejecutivo que provea a la integración y funcionamiento de la Comisión Intersecretarial a que se refieren los artículos 10 a 13 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Consecuentemente, la comisión dictaminadora toma en consideración que efectivamente el 16 de julio de 2008 esta Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que expida el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y que no se encontró constancia, hasta el momento, de que se haya cumplido con el mandato legal de expedir el Reglamento de referencia, según lo establecido en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y considera procedente exhortar nuevamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que expida el Reglamento citado.

Ante la falta de constancia oficial de que se haya procedido a la integración de la Comisión Intersecretarial para coordinar las acciones de la Administración Pública Federal en materia de la prevención y sanción de la trata de personas, la Comisión Permanente considera igualmente procedente solicitar del Titular del Poder Ejecutivo Federal que se sirva informar de los avances en la integración de dicha Comisión y, en su caso, en la elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Por otra parte, la Comisión Dictaminadora no considera procedente y oportuno realizar un extrañamiento al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por la demora en publicar el Reglamento en cuestión, en virtud de que, como se ha precisado, de las tres proposiciones con Punto de Acuerdo que se citan en la que ahora se dictamina, dos se encuentran pendientes en comisiones y obviamente no fueron del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo y sólo una, la aprobada el 16 de julio de 2008, fue notificada al Ejecutivo federal.

Además, la comisión dictaminadora no encontró fundamento legal o precedente en la práctica parlamentaria que dé sustento a la formulación de un extrañamiento de tal naturaleza.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a expedir y publicar, a la mayor brevedad, el Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, previsto en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, se sirva enviar a esta soberanía un informe detallado de los avances en la integración de la Comisión Intersecretarial, prevista en el artículo 10 a 14 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a efecto de avanzar en la elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, de conformidad con lo que establece la ley de la materia.

Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2009.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO SOBRE EL CASO DE LA CIUDADANA ANA LAURA MONTERO OCAMPO

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al caso de la ciudadana Ana Laura Montero Ocampo, suscrita por la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD.

Dictamen

Antecedentes

Consideraciones

I. La autora de la proposición que se dictamina se refiere al caso de Ana Laura Montero Ocampo, mujer de 27 años, pasante en sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, luchadora social en pro de los derechos humanos y el respeto de las culturas indígenas, cantante y profesora de danza y lengua náhuatl en las comunidades de Tlaxcala, que a su parecer ha sido privada injustamente de su libertad; ha sufrido violaciones a sus derechos humanos por autoridades administrativas y judiciales de dicho estado al aprehenderla, incomunicarla durante cinco días, amenazarla y presionarla psicológicamente.

Refiere la proponente que Ana Laura Montero Ocampo fue consignada el 24 de septiembre de 2008 ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala y remitida al Centro de Readaptación Social de Apizaco, donde permanece recluida sujeta a proceso penal, acusada de haber asesinado a su suegra.

Menciona igualmente la proponente que se han hecho diversas denuncias públicas en medios de comunicación por parte de organismos de derechos humanos; que la Asociación Civil Asilegal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala se han hecho cargo de la representación legal de la inculpada y, sin embargo, las instituciones encargadas de impartir justicia "en su calidad de autoridades policiacas, judiciales y ministeriales, continúan vulnerando sus derechos humanos".

También refiere la autora de la proposición que se dictamina que: "Es necesario que las autoridades asuman el compromiso de garantizar y respetar los derechos humanos de mujeres y hombres que son sujetos a un proceso penal pues se debe garantizar una debida administración e impartición de justicia, así como el respeto a la labor de organizaciones y personas que buscan la protección de los derechos fundamentales".

Con sustento en lo anterior, propone el siguiente punto de acuerdo:

"Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al Poder Judicial de la Federación para que en la estimación del procedente ejercicio de acción penal en contra de la ciudadana Ana Laura Montero Ocampo, recluida en el Centro de Readaptación Social de Apizaco, Tlaxcala, se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas de cargo en las que se basa la acusación en contra de la ciudadana mencionada.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal y estatal a que garanticen y respeten la labor de los defensores de los derechos humanos en México, particularmente aquellos que defienden a mujeres y sectores en situación de vulnerabilidad."

"Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental."

En el caso, como reconoce expresamente en su parte introductoria la autora de la proposición que se dictamina, se trata de la aprehensión y sujeción a proceso ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala, de Ana Laura Montero acampo, a quien "se le acusa de haber asesinado a su suegra" y que está siendo representada legalmente por la Asociación Civil Asilegal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Se trata claramente de un asunto del orden común, de la jurisdicción y competencia de las autoridades administrativas y judiciales del estado de Tlaxcala.

Aún cuando los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de fomentar el respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres que son sujetos a un proceso penal, sobre todo si involucran a personas y organizaciones que buscan la protección de los derechos fundamentales, como se señala se trata de Ana Laura Montero acampo, a quien la misma proponente reconoce el carácter de "luchadora social en pro de los derechos humanos, y el respeto a las culturas indígenas, cantante y profesora de danza y de lengua Náhuatl, en las comunidades de Tlaxcala", la comisión dictaminadora considera que no ha lugar a la proposición que se dictamina, por las siguientes razones:

a) Por el respeto irrestricto a los principios del federalismo, consagrados en los artículos 40 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos antes expresados.

b) Porque no se aportan elementos suficientes para que los integrantes de la Comisión Dictaminadora puedan normar debidamente su criterio y orientar una solución adecuada, jurídica y prácticamente, a este asunto.

Como se ha señalado, se menciona el hecho de la aprehensión de Ana Laura Montero acampo, acusada de haber asesinado a su suegra, consignada el 24 de septiembre de 2008 ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala y remitida al Centro de Readaptación Social Femenil de Apizaco, donde permanece recluida bajo proceso legal.

Se desconocen los detalles de dicho proceso, incluyendo los elementos del auto de formal prisión y la situación que guarda el mismo. El cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y sólo pudo constatar en los medios impresos de comunicación masiva locales (El Sol de Tlaxcala) y El Universal (en línea), sin que se hayan encontrado mayores datos que los aportados por la autora de la Proposición que se dictamina.

c) Existe una contradicción entre lo que se solicita en el punto de acuerdo y los hechos relatados en la parte introductoria de la proposición de mérito, pues en ésta se señala que Ana Laura Montero Ocampo fue consignada ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala y en el punto de acuerdo se solicita que se exhorte "al Poder Judicial de la Federación para que en la estimación del procedente ejercicio de acción penal en contra de la ciudadana Ana Laura Montero acampo, recluida en el Centro de Readaptación Social de Apizaco, Tlaxcala, se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas de cargo en las que se basa la acusación en contra de la ciudadana mencionada"; pues es claro que el Poder Judicial de la Federación no está involucrado ni tiene competencia de una acción penal por la presunta comisión del delito de homicidio, que conforme a los hechos confirmados fue consignada ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala. Lo anterior determina que sea jurídica y prácticamente improcedente conceder la solicitud formulada por la autora de la proposición.

No obstante, en el caso, como reconoce expresamente en su parte introductoria la autora de la proposición que se dictamina, se trata de la aprehensión y sujeción a proceso ante el juez primero de lo penal en Tlaxcala, por lo que esta Comisión Dictaminadora estima prudente que en lugar de exhorto, se remita el asunto al Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su respectiva competencia y con objeto de que se garanticen y respeten la labor de los defensores de los derechos humanos en México. De la misma forma, que dicho tribunal, se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas de cargo en las que se basa la acusación en contra de la ciudadana Ana Laura Montera Ocampo.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas de cargo en las que se basa la acusación en contra de la ciudadana Ana Laura Montero Ocampo.

Segundo. Remítase copia simple del presente dictamen al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su respectiva competencia.

Tercero. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2009.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

DE LA PRIMERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE, CON ABSOLUTO RESPETO DE LA DIVISIÓN DE PODERES, FORMULA UN ATENTO EXHORTO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A EFECTO DE QUE SE RESUELVA EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA NÚMERO 00686/2008

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la SCJN a resolver el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008, considerando que la indemnización que se pague se base en el valor real y vigente, suscrita por el diputado Celso David Pulido Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD.

Dictamen

Antecedentes

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones, el autor de la proposición que se dictamina manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Veracruz, junto con Oaxaca, Chiapas y Michoacán, es una de las entidades federativas con mayores índices de problemas agrarios sin resolver y donde se concentran los conflictos más delicados; en el sur de la entidad se contabilizan al menos 18 conflictos con más de 20 años de existencia. Uno de ellos es el del Ejido El Jagüey y su anexo El Playón, en el Municipio de Minatitlán y en el cual sus pobladores, desde 1987, fueron afectados mediante un decreto de expropiación por causas de utilidad pública debido a que existían asentamientos irregulares en los terrenos del Ejido, que se encontraban prácticamente dentro de la zona urbana de Minatitlán; sin embargo, la indemnización de 80 hectáreas no se realizó en ese tiempo ni se depositó ante alguna autoridad administrativa o judicial.

Continúa señalando el proponente que: Los afectados, desde 1987, promovieron el juicio de amparo 609/1987, que resolvió ordenar al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria indemnizar el pago correspondiente a dichas 80 hectáreas. La Secretaría responsable ha manifestado la imposibilidad de dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, debido a que se verían afectadas cientos de personas que actualmente vieron regularizadas sus posesiones por parte de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT). Los afectados promovieron ante el Juez Décimo de Distrito en Veracruz, un incidente de cumplimiento sustituto a fin de que se lleve a cabo un avalúo actual de las hectáreas que eran propiedad del Ejido. Dicho incidente fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resolución, misma que se encuentra pendiente.

Con sustento en lo anterior, propone el siguiente punto de acuerdo:

"Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, hace un atento exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que al resolver el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008 tome en consideración que la indemnización que se pague sea en base a un valor real y vigente."

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora revisaron puntualmente los planteamientos formulados por el autor de la Proposición se dictamina por lo que se solidarizan con el propósito que la inspira de atender y promover la solución de conflictos sociales.

Sin embargo, la comisión dictaminadora toma en consideración que la Comisión Permanente, así como las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, se han manifestado siempre respetuosas de los principios y normas que rigen la división de Poderes que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar."

De manera especial, el Poder Judicial debe disponer de independencia frente a los otros poderes para poder juzgar imparcialmente, asistido de la ley y la razón. Difiere este poder de los otros dos, en que su actuación está regulada con detalle, sin que cuente con el ámbito de discrecionalidad que le es característico a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, con el propósito de atender la solicitud planteada, por su contenido y fines sociales, la Comisión Dictaminadora considera que en el caso procede, exhortar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se resuelva el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, hace un atento exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que se resuelva el incidente de inejecución de sentencia número 00686/2008.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de enero de 2009.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A DETENER LA PROPUESTA DE LA COFETEL RELATIVA A LA CONTRAPRESTACIÓN QUE DEBEN CUBRIR LOS INTERESADOS EN LA TRANSICIÓN DE AM A FM; Y A INFORMAR Y EFECTUAR PUBLICACIONES SOBRE LOS MONTOS DETERMINADOS AL EFECTO

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, con fecha 7 de enero de 2008, fue turnada para su análisis una proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia, referente a solicitar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, formule un exhorto al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que, de tener la propuesta de la Cofetel, relativa a la contraprestación que deban cubrir los interesados en la transición de AM a FM, informe y publique los montos que se hayan determinado para tal efecto.

1. Análisis de la propuesta Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el acuerdo de mérito

La propuesta que se analiza parte de las consideraciones de Acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2008, publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicado como Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital.

Señalan el proponente que el mencionado acuerdo instituye para los empresarios interesados en el cambio de frecuencia una contraprestación.

Se destaca en la propuesta que el punto cuarto de dicho acuerdo establece lo siguiente:

"Cuarto. Las Comisión, analizará, que las solicitudes de cambio cumplan con los requisitos establecidos en el presente acuerdo y, de ser así, requerirá a los concesionarios el pago de la contraprestación económica que se deberá cubrir por el cambio de frecuencias. El monto de la contraprestación será determinado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la Comisión, debiendo tomar en cuenta

(i) Referencias de los ingresos, costos y márgenes de la industria por población cubierta las especificaciones técnicas del proyecto, incluidos los programas y compromisos de inversión;

(ii) El plazo restante de vigencia de la concesión respectiva;

(iii) El valor del mercado de la publicidad, y

(iv) otros referentes que permitan determinar el valor de una estación de FM.

Agrega el promovente que la pretensión de su propuesta es que se transparenten los montos correspondientes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe establecer para este efecto.

2. Consideraciones de la Comisión

La Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, considera atendible la preocupación y la solicitud del proponente, toda vez que el Acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital, la Comisión Federal de Telecomunicaciones continua con el proceso de análisis y evaluación del desarrollo de las tecnologías digitales reconocidas y consideradas para su estudio con el propósito de emitir la recomendación sobre la adopción del estándar de radio digital que mejor garantice las necesidades de la industria de la radio y del público radioescucha.

Asimismo, señala el acuerdo, el proceso que constituye la introducción de la nueva tecnología de la radio digital es necesario establecer condiciones en el corto plazo (un año) que favorezcan la transición de los concesionarios y permisionarios de la radio, a efecto de lograr obtener los beneficios que esta tecnología ofrece; en tal virtud, la Secretaría de comunicaciones y Transportes considera conveniente otorgar la posibilidad a aquellos concesionarios que operan en la banda de AM, de solicitar el cambio para operar en la banda de FM, a fin de allegarse de los recursos necesarios para, en un futuro, migrar al estándar digital que se determine en su momento. Asimismo, el acuerdo precisa que una vez que la Cofetel de a conocer el espectro disponible para cada región los concesionarios y permisionarios de AM tendrán un plazo de seis meses para presentar su solicitud, la cual será evaluada por la Cofetel.

Aunado a lo anterior, quienes dictaminan desean agregar que coincide con los términos de la propuesta, aun cuando de acuerdo al punto Tercero del mismo acuerdo señala que los concesionarios y permisionarios presentarán a la Cofetel la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se publique la información relativa a las poblaciones en las que exista suficiente capacidad de espectro.

Esta comisión coincide en la importancia de que la Secretaría de Hacienda dé a conocer los montos a los concesionarios, mismas que deberán ser contraprestaciones justas tanto para los empresarios como para el Estado, toda vez que el espectro radioeléctrico es un bien nacional.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en términos del artículo 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, informe a esta soberanía sobre los montos que deberán pagar los concesionarios o permisionarios que estén interesados en llevar a cabo el cambio de frecuencias para operar en la banda de FM, como contraprestación económica al Estado.

Dado en la sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de enero del año dos mil nueve.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretarios; senadora Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), senadora María Teresa Ortuño Gurza, senadora Eva Contreras Sandoval (rúbrica), diputado Carlos Augusto Bracho González, diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), diputado Octavio Martínez Vargas, diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, senador Alejandro González Yáñez.

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL QUE ELABORE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ENVASES, BOLSAS Y BOTELLAS DE PLÁSTICO CONGRUENTE CON LA TECNOLOGÍA DENOMINADA "OXODEGRADACIÓN"

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo para elaborar una NOM para la producción de envases, bolsas y botellas de plástico en congruencia con la tecnología denominada "oxodegradación", presentada por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 7 de enero de 2009, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una proposición con punto de acuerdo para que se elabore una NOM para la producción de envases, bolsas y botellas de plástico en congruencia con la tecnología denominada "oxodegradación".

2. La anterior propuesta se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, la cual se reunió para la elaboración del dictamen correspondiente el día 20 de enero de 2009.

I. Análisis de la propuesta

La propuesta de mérito hace hincapié en que la producción de plástico se ha convertido en un problema ambiental de dimensiones considerables, por el tardío procedimiento de su degradación. No son biodegradables por que son polímeros demasiados largos y compactos para ser degradados por los organismos de descomposición. Además se fabrican a partir de derivados del petróleo, fuente no renovable de energía.

Los plásticos son materiales de variados usos que han desplazado a la madera y al vidrio de una gran cantidad de aplicaciones que incluyen la industria de la construcción, la alimenticia, la farmacéutica y la del transporte. Se utilizan con mucha frecuencia como substituto del cuero, en la industria del calzado, y de la lana en la textil; ha reemplazado a la goma como aislante en las instalaciones eléctricas y al metal en muchas piezas de automóviles; también para fabricar todo tipo de electrodomésticos. No obstante, la afección principal al medio ambiente se ubica en la producción de bolsas y botellas, porque se comercializan y desperdician de manera masiva. Cuando se desechan permanecen en el ambiente durante décadas y en muchos casos es imposible recoger los productos. Miles de bolsas obstruyen alcantarillas y drenajes, matan animales en la tierra, ríos y océanos, y desfiguran las calles, playas y paisajes. También tienen un impacto muy costoso sobre la gestión de los residuos.

Por esta razón, lo ideal es buscar mejores procesos de degradación, en las envolturas de alimentos y bebidas, que en términos estrictos representa solamente el 27% de los productos plásticos.

La distribución masiva y gratuita de bolsas de plástico en supermercados, tiene un impacto tan negativo como la producción de botellas de refresco, que se venden en cantidades impresionantes en México. De hecho, nuestro país es uno de los principales consumidores, a nivel internacional de éstos. También tienen un impacto sumamente negativo, aquellos productos plásticos que se vinculan con el contrabando y la piratería, debido a su falta de certificación o violación de las disposiciones legales de fabricación, importación o comercialización.

La industria audiovisual distribuye anualmente en México 22 millones de copias de películas en diversos formatos, mientras que los piratas llegan a vender casi 30 millones, señalan datos oficiales.

Ante su impacto ambiental, los científicos e ingenieros vienen desarrollando plásticos biodegradables obtenidos de fuentes renovables, como las plantas y las bacterias. El almidón es una importante opción. Siendo un polímero natural, se encuentra en cereales como el maíz y los tubérculos, como la papa o la yuca.

Primero, el almidón se extrae y los microorganismos los transforman en una molécula más pequeña: el ácido láctico. Después es tratado químicamente para formar cadenas o polímeros, los que se unen entre sí, convirtiéndose en el plástico llamado PLA (poliláctido). El PLA se encuentra en el mercado desde 1990 y ha demostrado ser muy bueno en medicina, para implantes, suturas y cápsulas de remedios, debido a su capacidad de disolverse al cabo de un tiempo.

Proponen como alternativa, un mecanismo llamado oxodegradación. Se basa en la introducción de una pequeña cantidad de aditivo (generalmente 3%) al proceso convencional de manufactura de productos de plástico; esta adición cambia el comportamiento del plástico y su degradación comienza inmediatamente después de su fabricación y se acelerará cuando se expone al calor, luz o estrés. Este proceso es irrevocable y continúa hasta que el material se ha reducido a nada más que dióxido de carbono, agua y humus y no deja fragmentos de petropolímeros en el suelo.

Las bolsas serán consumidas por bacterias y hongos después que el aditivo haya reducido la estructura de la molécula a niveles que permite a microorganismos vivos acceder al carbono e hidrógeno en ella contenidos. En este momento, ha dejado de ser un plástico y se ha convertido en fuente de alimento. Se describe como biodegradable o hasta omidegradable.

Señala el promovente que en México estamos totalmente rezagados en la lucha contra los plásticos convencionales que ocasionan un daño irreversible al medio ambiente. No existe legislación que inhiba su producción y mucho menos el fomento a la utilización de métodos alternativos como el almidón, bacterias u oxo-degradación, a pesar de que México es considerado el segundo consumidor de plástico en América Latina, con un consumo cercano a los 7 millones de toneladas al año. También somos potencia en producir botellas (100 millones), envases (3 millones) y 260 mil toneladas de bolsas de plástico. De inmensa producción no se recicla ni el 2 por ciento. La mayoría de los envases y embalajes están hechos de tereftalato de polietileno (PET), que en ocasiones tarda hasta cientos de años en degradarse. Otro plástico, el PVC, origina elevada contaminación al ser fabricado, y si es incinerado produce dioxinas y furanos sumamente tóxicos.

Es muy importante que los empresarios tomen conciencia de la importancia de la normalización de artículos de consumo, llámense juguetes, enseres domésticos, calzado, discos compactos. Deben acercarse a las distintas instancias especializadas como el Centro de Normalización y Certificación de Productos donde pueden conocer el ABC para llevar a cabo la normalización de sus productos.

II. Consideraciones de la Comisión

El mecanismo llamado oxodegradación. Se basa en la introducción de una pequeña cantidad de aditivo (generalmente el 3%) al proceso convencional de manufactura de productos de plástico, esta adición cambia el comportamiento del plástico y su degradación comienza inmediatamente después de su fabricación y se acelerará cuando se exponga al calor, luz o estrés. Este proceso es irrevocable y continua hasta que el material se ha reducido a nada más que dióxido de carbono, agua y humus y no deja fragmentos de petropolímeros en el suelo.

Algunos países han empezado a utilizar el método de oxodegradación. Uno de los más grandes supermercados de Inglaterra, se encuentra liderando la iniciativa de utilizar bolsas de plástico oxobiodegradable en ese país. Otros países han implementado algunos mecanismos fiscales y legales para detener la producción de bolsas convencionales.

Por ejemplo, en Irlanda se introdujo un impuesto adicional, ocasionando una disminución significativa en el número de bolsas en circulación. Otros países, también se han sumado a la condena de la utilización de bolsas de plástico no fácilmente degradable: Barbados, Colombia, Sri Lanka, India, Bangladesh, Taiwan y China.

La oxodegradación empieza a ser utilizada en México, mientras tanto, seguimos dependiendo de la voluntad empresarial para cambiar los esquemas de producción no biodegradables.

Existen distintos niveles que permiten apresurar o retardar el proceso de oxodegradación del plástico, los cuales puede variar dependiendo de las necesidades que se requieran. Eso sí, el aditivo siempre se debe utilizar en una cantidad correspondiente a una inclusión porcentual en peso muy pequeña de aditivo respecto a la cantidad de materia prima, que de ninguna manera afectará la apariencia ni funcionalidad de los productos plásticos en el tiempo de vida determinado, incluso el material no pierde la posibilidad de ser reciclado.

El tiempo de declinación de los productos que usan plásticos oxobiodegradables oscila en un rango que va de 6 meses hasta 5 de años y puede ser programado desde el momento de su transformación. Asimismo, existe la posibilidad de extender la vida útil del producto si es que éste se maneja en condiciones adecuadas de almacenamiento, por ejemplo, en un lugar cerrado y oscuro.

Actualmente, este tipo de plásticos se utilizan principalmente en película extruída para productos como bolsas de supermercado, bolsas para basura y también en cilindros, botellas y envases para cosméticos en países como Reino Unido, Brasil, Argentina, Hong Kong y Costa Rica, entre otros.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Economía se analicen los elementos técnicos y científicos para elaborar una Norma Mexicana para la producción de envases, bolsas y botellas de plástico en congruencia con la nueva tecnología denominada oxodegradación, procurando seguir en lo procedente, las especificaciones de la Norma Americana ASTM 6954 con el objetivo de mitigar los efectos negativos de la degradación tardía de este tipo de plástico.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía a realizar una campaña extensa entre aquellas empresas que elaboran y distribuyen envases, bolsas y botellas de plástico, con el objetivo de concientizarlas sobre la utilización de los productos biodegradables, considerando los altos beneficios ambientales y los reducidos costos económicos.

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de enero del año dos mil nueve.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE SE IMPLANTEN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL POLÍTICAS QUE FORTALEZCAN A LAS FAMILIAS MEXICANAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4O. CONSTITUCIONAL

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el catorce de enero de dos mil nueve, para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal que implante en la Administración Pública Federal políticas públicas que fortalezcan a las familias mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. Constitucional; presentada por la senadora María Teresa Ortuño Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha catorce de enero de dos mil nueve, la senadora María Teresa Ortuño Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de punto de acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.

3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:

A. Que para nuestro orden jurídico constitucional la familia debe estar protegida por la ley en su organización y desarrollo. El artículo 4 de la norma fundamental ordena diversas disposiciones a favor de la familia, como el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos o el derecho de toda familia para disfrutar de vivienda digna y decorosa, entre otras cosas. Establece también que la ley secundaria deberá disponer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

B. Que las disposiciones constitucionales dan muestra de la supremacía de la familia como núcleo de respeto y amor hacia la sociedad. México es un país donde la familia constituye el ámbito principal en que la población se agrupa, es en ella donde las personas se desarrollan y comparten sus recursos, satisfacen sus necesidades esenciales y maduran solidaridades y afectos. En este país la familia es un elemento constituyente y primordial y eso queda evidenciado en diversas estadísticas que el INEGI realizo al respecto, con motivo del establecimiento del "Día Nacional de la Familia" mediante decreto presidencial publicado en 2006.

C. Que según dichos datos, la población mexicana se agrupa fundamentalmente en hogares familiares: 97.9 millones de personas, que representan 97.7 por ciento de la población total, forman grupos donde los miembros tienen relaciones de parentesco con el jefe del hogar. En promedio cada familia mexicana está conformada por 4.3 integrantes. De las familias mexicanas, 79.1 por ciento tiene como jefe a un varón y 20.9 por ciento a una mujer. La forma de agrupación predominante en México, es la familia integrada por el jefe, la cónyuge y los hijos (67.5 por ciento), le sigue la constituida por uno de los padres y sus hijos (17.9 por ciento) y las parejas sin hijos, sea porque los hijos ya salieron del hogar de origen o porque la pareja no ha tenido descendencia (11.1 por ciento).

D. Que en estos tiempos actuales de crisis económica y social, donde la violencia y la inseguridad se han vuelto tan cotidianas, es oportuno deliberar sobre la importancia y el papel de la familia y de su aportación para la construcción de una sociedad en armonía. Con especial oportunidad, tenemos los gobernantes la ocasión de reflexionar sobre esta función primordial en ocasión del Encuentro Mundial de las Familias que se está llevando a cabo en la Ciudad de México en estos días.

El Encuentro Mundial de las Familias es una reunión de importancia internacional y, no obstante su aparente carácter religioso, será un espacio de reflexión social que con toda seguridad rendirá importantes frutos. Como gobierno debemos aprovechar. No debe de ser ajeno al gobernante los esfuerzos que la sociedad civil organizada lleve a cabo, independientemente de las orientaciones religiosas o filosóficas que sustenten los trabajos de dicho congreso, lo cierto es que hay una voluntad con propósitos nobles para encontrar fortalezas a las familias mexicanas.

Con base a lo anterior, los autores de la proposición solicitan que se exhorte al Ejecutivo Federal a considerar la instalación de una nueva refinería y la construcción de un complejo petroquímico en el Estado de Tabasco.

En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A pesar de que en los últimos años la idea de equidad ha permeado el discurso político y el de las propias familias y de la sociedad en general, nos encontramos muy lejos de verdaderas prácticas de equidad al interior de los grupos familiares y de respeto y reconocimiento hacia los diversos arreglos de convivencia existentes en nuestro país.

Dadas las condiciones en que se desenvuelve la vida de las familias mexicanas en este momento es imprescindible:

Ratificar la responsabilidad del Estado mexicano de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres, los hombres, las familias y en especial de la infancia, la juventud y las personas adultas mayores.

Fomentar y consolidar el derecho de los niños, las niñas y los jóvenes a participar en las decisiones familiares, comunitarias y públicas.

Impulsar en la legislación el reconocimiento pleno de los diversos arreglos familiares y de convivencia, que se traduzca en el establecimiento de políticas y programas públicos.

Aceptar y valorar adecuadamente el que las mujeres han ingresado en forma masiva a la vida pública y al mercado de trabajo con una remuneración y que ello es una tendencia irreversible y favorable que ha permitido a muchas de ellas su realización como seres humanos en el ejercicio pleno de sus derechos. En otros casos, más que un ejercicio de derechos ha sido una estrategia de sobrevivencia frente a las condiciones de pobreza imperantes en el país, al desempleo y precariedad laboral.

Considerar que las reiteradas crisis económicas y condiciones precarias en las que se desarrolla la vida de las familias en países como el nuestro, produce tanto en mujeres como en hombres sobrecargas de trabajo y vivencias de agobio, frustración e impotencia por no poder cumplir las expectativas sociales y personales en relación a sus responsabilidades familiares, sin que el Estado y las empresas se hagan cargo del origen y consecuencias de esta situación.

Asumir por todos los actores sociales que una tarea impostergable, consistirá en discernir la configuración de una nueva manera de procrear y cuidar seres humanos. Como sociedad tenemos el desafío de garantizarle a las personas el cuidado que requieran durante la infancia y juventud, así como a aquéllas que se encuentran enfermas, discapacitadas y ancianas, sin que éstos se realicen gratuitamente por las mujeres como una asignación cultural de género.

Impulsar la transformación de las instituciones públicas y de los usos y costumbres para que se incorporen y reconozcan los cambios experimentados en el uso del tiempo y en la organización y composición de las familias, pues su rigidez y falta de actualización a las nuevas realidades son las que están generando vacíos de atención.

Por todo lo anterior, coincidimos que ha habido un cambio en el paradigma de protección social, que conlleva el traslado de riesgos al individuo y a sus familias, entre otras causas, por la pérdida de calidad de servicios públicos sociales. Aunado a esto, la aplicación de políticas económicas en los últimos veinticinco años, en particular las de contención salarial y vulneración sistemática de los derechos laborales de los trabajadores, ha implicado el empobrecimiento de las familias, la pérdida de bienes acumulados por éstas y una persistente inseguridad económica, que tensiona las relaciones familiares, propicia las migraciones y la violencia social y familiar.

Afirmamos que por discusiones de conceptos, se ha postergado una urgente y necesaria reflexión colectiva sobre los efectos perversos de las políticas económicas que han provocado graves omisiones en la incorporación de programas y acciones colectivas indispensables para asegurar la protección y el desarrollo pleno de los seres humanos, dejando vacíos de atención los que repercuten en las problemáticas psicosociales que se viven actualmente, tales como la depresión y el suicidio (incluso infantil), los desórdenes alimenticios, las adicciones no sólo a substancias sino a conductas compulsivas, el abandono, la frustración, la deserción escolar, la explotación y trata de seres humanos y el reclutamiento juvenil en el crimen organizado, entre otros.

Consideramos que los individuos y las familias resienten las reiteradas crisis económicas, el desempleo, la precariedad laboral, el desmantelamiento de la seguridad social y de los servicios sociales públicos y la tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza, el poder, el tiempo, la información y el conocimiento. Las acciones a favor de las familias debieran procurar una mayor justicia social, una mayor inclusión, una mayor responsabilidad social del Estado y las empresas y el rechazo a las condiciones de abuso, discriminación e inequidad en el acceso a una mejor calidad de vida para todas las familias y sus integrantes.

En esa tesitura, reconocemos que solamente mediante un diálogo social amplio, incluyente, constructivo y respetuoso, que reconozca la diversidad y heterogeneidad que caracterizan actualmente a la sociedad mexicana y en particular a las familias que la integran, será posible desarrollar las instituciones, la legislación, las verdaderas políticas públicas y lo más importante, los acuerdos sociales, que nos permitan avanzar en el desarrollo de sistemas de protección social hacia las familias como parte del desarrollo de la democracia del país, la construcción de un Estado de Derecho laico y la realización de los derechos humanos de todos.

Por ello, atendiendo al principio que se establece en el artículo 4 constitucional, el cual ordena diversas disposiciones a favor de la familia, como el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos o el derecho de toda familia para disfrutar de vivienda digna y decorosa, entre otras cosas, creemos que el Estado debe crear las políticas públicas que por esta obligado.

En consecuencia, los integrantes de esta Comisión consideramos oportuno aprobar la solicitud de la senadora proponente, con el fin de que el Ejecutivo federal implante las políticas públicas que fortalezcan a las familias mexicanas.

Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, someten a esa honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que implante en la administración pública federal, políticas públicas que tiendan a fortalecer a la familias mexicanas en su organización y desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, aprovechando las reflexiones y conclusiones que se den en ocasión del Encuentro Mundial de las Familias que se lleva a cabo en la Ciudad de México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 20 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

Senador Raúl José Mejía González (rúbrica), presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica), secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto Bracho González, diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), senador Alejandro González Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), diputado Octavio Martínez Vargas, diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senadora Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica), senadora Eva Contreras Sandoval (rúbrica), diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DE GUERRERO A SUBSIDIAR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS PARTICIPANTES EN LA FERIA DE LA BANDERA, DE IGUALA

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Guerrero a subsidiar a los participantes de la Feria de la Bandera, en Iguala, el pago por el uso de energía eléctrica, e implantar medidas para concienciar a dichos participantes respecto al ahorro de energía eléctrica, a fin de favorecer la reducción de costos por consumo eléctrico, presentada por el senador Rubén Fernando Velázquez López y suscrita por el senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes.

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señalan que la Feria de la Bandera que año con año se celebra en Iguala, Guerrero, es una de las expresiones esenciales de la nación para conmemorar el lábaro patrio, el símbolo primordial de la identidad mexicana, que se remonta a la época de la Independencia, cuando México surgía como un nuevo estado libre y soberano el 24 de febrero de 1821 y en donde don Magdaleno Ocampo confeccionó con los colores verde, blanco y rojo, en franjas diagonales y en cada franja una estrella dorada de cinco picos.

Que sin duda, debemos a los igualtecos la preservación de esta humilde tradición en una feria abierta al pueblo que lleva ya más de medio siglo. Esta feria, a petición personal de los participantes, continúa sin cobrar a los asistentes, a fin de que puedan disfrutar de los espectáculos de primer nivel.

Que como parte de la feria, además, se llevan a cabo conferencias, danzas prehispánicas, el tradicional desfile cívico-militar y juegos florales, organizados por los poetas del lugar, donde el ganador se hace acreedor al Tamarindo de Oro.

Que sobre la cima del cerro Tehuehe, perteneciente a la colonia CNOP, se iza a una altura de 114 metros un lienzo de bandera de 250 kilos y una dimensión de 27 x 50 metros desde el 24 de febrero de 1998.

Que debido a la atención que los participantes han tenido con los asistentes, actualmente se han descuidado áreas necesarias para proteger la economía de quienes proporcionan entretenimiento, pues la mayoría de ellos han visto afectados sus ingresos por el alto costo del uso de energía eléctrica necesaria.

Que consideran necesaria una asistencia del gobierno de Guerrero a fin de ayudar a los participantes de la feria mediante un significativo subsidio en el pago de las tarifas eléctricas.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que se celebrará la 60 edición de la Feria de la Bandera en Iguala, Guerrero; misma que año con año se lleva a cabo para conmemorar a nuestro Lábaro Patrio, el símbolo que da identidad a todos los mexicanos.

Son los igualtecos los que continúan esta tradición que lleva más de medio siglo. Y son ellos los que han decidido no cobrar la entrada a la feria. Ofrecen en sus instalaciones, exposiciones ganaderas, artesanales, educativas, comerciales, palenque, juegos mecánicos y el Teatro del Pueblo, en el que se presentan diversos artistas.

En esa ciudad, el 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide firma el Plan de Iguala en donde quedan simbolizadas tres garantías fundamentales: Independencia, Religión y Unión, valores que son representados en la bandera confeccionada en el lugar, por don Magdaleno Ocampo con los colores verde, blanco y rojo, en franjas diagonales y en cada franja una estrella dorada de cinco picos. El color blanco representa la Religión, el verde la Independencia y el rojo la Unión.

Adicionalmente se puede visitar el Museo y Santuario de la Bandera en el antiguo Palacio y cárcel municipal, en cuyas salas se muestran exposiciones pictóricas y fotográficas, y en el patio central se desarrollan diversos eventos culturales, obras de teatro, recitales de música, lectura de poesía, danza y presentacienes de libros.

Un dato del cual los igualtecos se jactan es que Iguala es la única ciudad mencionada en el Himno Nacional Mexicano:

Y de Iguala la enseña querida
A su espada sangrienta enlazada
De laurel inmortal coronada
Formará de su fosa la cruz. Y que este fue entonado por primera vez en Iguala el primero de marzo de 1854 estando presente, el entonces presidente don Antonio López de Santa Anna.

Por otra parte, tenemos conocimiento que el martes 13 de enero del presente año, se presentó ante el pleno del Congreso guerrerense una iniciativa de decreto mediante el cual se instituye la "Feria Nacional de la Bandera" como un festejo histórico, cívico y cultural; y mediante el cual este festejo año con año tendría recursos etiquetados desde la propia Cámara de Diputados y no dependería tan sólo de las aportaciones que pueda hacer el gobierno en turno.

Asimismo, para que el evento que el Presidente de la República encabeza año con año, los 24 de febrero en el campo Marte de la Ciudad de México, se traslade a la explanada del Asta Bandera Monumental de Iguala para que ahí se haga el evento oficial.

Por lo anterior, nos manifestamos a favor de la Proposición presentada por los autores, a efecto de que como lo señalan, solicitar al gobernador del estado de Guerrero a considerar subsidiar a los participantes de la Feria de la Bandera, en Iguala, Guerrero.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. En el marco de colaboración entre poderes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Guerrero a considerar subsidiar a los participantes de la Feria de la Bandera, en Iguala, el pago por el uso de energía eléctrica e implantar medidas para concientizar a dichos participantes respecto al ahorro de energía eléctrica, a fin de favorecer la reducción de costos por consumo.

Segundo. Remítase copia del expediente al gobernador del estado de Guerrero.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO A EFECTO DE EXHORTAR A LA SEMARNAT, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A INFORMAR Y EFECTUAR UNA REVISIÓN SOBRE EL DISEÑO DE LINEAMIENTOS PARA EL ESTUDIO DE POBLACIONES DE TONINAS CON FINES DE CAPTURA

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo sobre la "Convocatoria SEMARNAT-INE-CONACYT2008/01. Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura", presentada por el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 14 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que en diciembre pasado, en la página web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se publicó la convocatoria del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental.

Que el Fondo sectorial tiene como objetivo apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que contribuyan a generar el conocimiento requerido por el sector, a atender los problemas, necesidades u oportunidades en materia de medioambiente, a fortalecer la competitividad científica y tecnológica de las empresas relacionadas con el sector y a promover la creación de nuevos negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos.

Para tal fin se han establecido cuatro agendas:

A. Agenda verde: Ordenamiento ecológico y conservación de ecosistemas.
B. Agenda azul: Agua, desarrollo sustentable y ecosistemas marinos.
C. Agenda gris: Contaminación urbana, regional y global.
D. Agenda transversal: Economía, cambio climático y política ambiental. Que dentro de la agenda azul se encuentra la convocatoria "Semarnat-INE-Conacyt 2008/01. Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura".

Que dicha convocatoria se sustenta en argumentos tales como necesidades de los delfinarios para capturar delfines en aguas mexicanas para las actividades de nado con delfines y recreativos o terapéuticos. Acepta expresamente que "... ha habido una constante petición de permisos de captura de delfines por parte de los empresarios del ramo..."; sin embargo, la ley establece que las capturas se pueden autorizar sólo con fines de investigación o educación.

Que el objetivo principal de esta convocatoria es "diseñar un plan estratégico de atención a peticiones de extracción de toninas para su uso en actividades de nado". El plan también debe incluir un diseño de lineamientos que sirvan de referencia para el estudio poblacional de toninas con fines de extracción.

Que la convocatoria para este proyecto específico es ilegal y que la misma adolece de serias omisiones y declaraciones falsas para sustentarse. En primer lugar, se debe reconocer que la Ley General de Vida Silvestre fue reformada el 10 de enero de 2002, para prohibir todo tipo de extracción comercial o de subsistencia, en su artículo 60 Bis:

"Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas.

El promovente de una autorización de captura de mamíferos marinos a los que se refiere este artículo deberá entregar a la autoridad correspondiente un protocolo completo que sustente su solicitud. El resto del trámite quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley y demás ordenamientos aplicables."

Que en tal virtud, la convocatoria de referencia es ilegal porque abre una investigación para poder realizar una actividad que se encuentra expresa y totalmente prohibida por ley.

II. La comisión dictaminadora desea señalar que el delfín nariz de botella o Tonina Común (Tursiops truncatus), es el más grande de los delfines picudos, están protegidos y su extracción está permitida solo bajo permisos especiales. Debido a que la pesca comercial se incrementó a partir de finales de 1800, esta especie disminuyó en número dramáticamente a principios de 1900. Esto tiene mucho que ver con la capacidad de estos animales de pescar las mismas especies que los barcos, de seguirlos y de "robar" peces o descarte. El peligro mayor de conservación actual lo constituye la pesca comercial de atún, ya que los delfines suelen quedar atrapados en las redes de pesca para aquella especie.

Dentro de las especies de delfines que se encuentran en los delfinarios, la tonina, o delfín de nariz de botella, es una de las especies de mamíferos marinos que con mayor frecuencia se encuentra en estos espacios y de la que mejor se tiene conocimiento de sus aspectos biológicos y ecológicos.

No obstante hay que reconocer que en su hábitat natural, el mundo submarino de estas especies sigue siendo distante para la mayoría de los seres humanos, por lo que el creciente conocimiento sobre estos animales exige la protección tanto de estos delfines como de su hábitat marino.

Estos delfines se encuentran en la NOM-059-ECOL-2001, que se refiere a las especies en riesgo. En este sentido, todas las especies de delfines se encuentran en la categoría de "Sujetas a protección especial", o sea "aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación, o la recuperación o conservación de las especies asociadas".

Es importante destacar que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en su programa Acción para los Cetáceos del Mundo 2002-2010, ha establecido que "remover cetáceos vivos de la vida silvestre para exhibición en cautiverio/o investigación es equivalente a la cacería, ya sea incidental o deliberada, ya que los animales llevados a cautiverio (o muertos durante las operaciones de captura) dejan de contribuir a mantener la población natural."

Finalmente, es oportuno señalar que, en todo el mundo las especies más amenazadas son los mamíferos marinos y primates, y de los primeros, ballenas y delfines son las especies más amenazadas, por lo que se debe promover su conservación y recuperación, por lo que es necesario cuidar el medio ambiente y nuestra biodiversidad.

Es por ello que avalamos que la captura de las toninas debe cumplir exclusivamente los propósitos de investigación científica a través de instituciones acreditadas de educación superior. En tal virtud, nos manifestamos a favor de la Proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, solicitar la revisión de la convocatoria "Semarnat-INE-Conacyt 2008/01. Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura".

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. En el marco de colaboración entre poderes, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe a esta soberanía acerca del proceso completo de elaboración de la convocatoria "Semarnat-INE-Conacyt 2008/01. Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura", en cuanto a los motivos que la originaron, sus objetivos y fines.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de su competencia, inicie una investigación acerca de la legalidad del proceso de elaboración y emisión de la convocatoria "Semarnat-INE-Conacyt 2008/01. Diseño de lineamientos para el estudio de poblaciones de toninas con fines de captura", y se proceda conforme a derecho. Asimismo, para que rinda un informe pormenorizado de dichas acciones a esta soberanía.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente

DE LA TERCERA COMISIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL INFONAVIT QUE INFORME SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON RELACIÓN A LA VENTA DE LA CARTERA VENCIDA

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al Infonavit la entrega de la información detallada de las operaciones realizadas en relación a la venta de la cartera vencida, presentada por el senador Jesús Garibay García a nombre del diputado Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de enero de 2009, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión.

Consideraciones

En su capítulo de Consideraciones el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina señala que el manejo que el Infonavit ha realizado de la cartera vencida es absolutamente arbitrario y nada transparente, y ha sido violatorio de la fracción XII Apartado A del artículo 123 constitucional, del artículo 49 de la Ley del Infonavit y de la jurisprudencia sobre el tema. Por lo que –con toda razón– se ha formado un verdadero escándalo, ya que la venta de la cartera vencida que comprende poco más de 120 mil créditos se realiza sin respaldo jurídico, pero sobre todo lo que se ha buscado con esta venta es el enriquecimiento de un grupo de empresas recuperadoras de créditos. Este hecho resulta aún más alarmante cuando se sabe que mayoritariamente estas empresas son de capital trasnacional, concretamente norteamericano, como es el caso de las empresas Pendulum Associates y Scrap 2. Estas empresas han adquirido las viviendas de la cartera vencida en alrededor de 20 mil pesos y las han vendido, por lo bajo desde 300 mil hasta por 700 mil pesos, lo que significa que han obtenido ganancias increíbles.

Que esta cartera vencida es absolutamente injusta e inconstitucional, ya que despoja a los trabajadores de la relación jurídica contractual con el Infonavit, el único con el que el trabajador pactó el crédito, y por tanto el único jurídicamente legitimado para exigir el cumplimiento de tal contrato en caso de omisión de pagos por parte del trabajador, igualmente se le priva de las condiciones pactadas en dicho contrato en apego a la Ley del Infonavit. La consecuencia última que se busca es que al trabajador le sean arrebatados su crédito, su vivienda y las amortizaciones realizadas hasta ese momento al instituto. Los trabajadores son enfrentados a despachos jurídicos despiadados que aplican una política de terror, los cuales les exigen a los trabajadores para reestructurar los créditos, mensualidades de hasta el 75 por ciento de su salario; o bien el pago de montos impagables que deben realizar en una sola exhibición bajo la amenazada de privarlos de sus viviendas sin haber sido vencidos en algún juicio formal. Por otro lado, tal reestructuración ya de entrada cuesta a los trabajadores alrededor de 20 mil pesos, lo que también es fuente de abultadas ganancias para las recuperadoras de créditos.

Que la venta de la cartera vencida es insostenible, la única política viable debe partir de la realidad: el empleo y los salarios dignos van a la baja en nuestro país, paralelamente ha proliferado el empleo eventual e informal; lo que indudablemente se agravará en el marco de la actual crisis económica. A esto sumemos la situación de precariedad económica de los incapacitados y jubilados. La gravedad de la situación se completa con la mecánica operativa de los créditos del Infonavit cuyo saldo se actualiza conforme a los incrementos del salario mínimo, base del cobro de elevados intereses.

Que la inmensa mayoría de los trabajadores, si no es que la totalidad de ellos reconocen el adeudo que tienen con el instituto y están en la mejor disposición de cubrirlo, sólo piden amortizaciones justas para seguir cubriéndolo y preservando su patrimonio familiar, demanda que el Instituto está en posibilidad de realizar en el marco de la ley.

II. La Comisión Dictaminadora desea señalar que el artículo 3° de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", establece lo siguiente:

Artículo 3. El Instituto tiene por objeto:

I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda;

II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para:

a). La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas,
b). La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y
c). El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores;

III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y

IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del artículo 123 constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece.

Efectivamente, el Infonavit es una institución de seguridad social cuyo objeto central, de acuerdo a la fracción XII del Apartado A del artículo 123 constitucional y el artículo 3 de la Ley de este Instituto, es el otorgamiento de créditos de vivienda baratos y suficientes. Obteniendo, básicamente, los recursos destinados al cumplimiento del mismo de las aportaciones patronales a favor de los trabajadores, de los descuentos realizados a los salarios de los acreditados, e inclusive de la aportaciones voluntarias llevadas a cabo por los propios trabajadores.

Del servicio esencial de otorgamiento de créditos a los trabajadores, derivan otra serie de servicios que complementan al primero y lo hacen posible: uno de ellos es la información al trabajador sobre el monto del ahorro de su subcuenta de vivienda, su puntuación y por tanto si está en derecho de que se le otorgue el préstamo relativo, igualmente sobre cuál es el saldo de su crédito.

Este servicio, es fundamental para el trabajador, a efecto de estar vigilante sobre el saldo de sus ahorros, pero sobre todo para saber si ya tiene derecho de solicitar un crédito Infonavit, para hacer realidad uno de los derechos humanos básicos, el cual es el acceso a una vivienda digna.

El Instituto en su carácter de organismo descentralizado forma parte de la administración pública federal. Además de que la esencia de toda institución de seguridad social es que el cumplimiento de sus atribuciones quede a cargo de instituciones públicas.

En tal virtud, nos manifestamos a favor de la Proposición presentada por el autor, a efecto de que como lo señala, solicitar a dicho Instituto información detallada de las operaciones realizadas en relación a la venta de la cartera vencida.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), remitir a esta soberanía información detallada de las operaciones realizadas en relación a la venta de la cartera vencida.

Segundo. Exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, practiquen las auditorías necesarias en relación a la venta de cartera vencida, ejerciendo en su caso las acciones legales que correspondan.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, DF, a 20 de enero de 2009.

Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente