Participantes de la delegación mexicana: Diputados Lariza Montiel Luis (Partido Acción Nacional); Pablo Trejo Pérez (Partido de la Revolución Democrática), integrante de la Subcomisión de Deuda Externa del Parlamento Latinoamericano; y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (Partido de la Revolución Democrática), segundo vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlatino.
Tema: "Juramento de la plebe y tradición
republicana romana"
Jornada presidida por Mario Mazza, presidente honorario
del Instituto Nacional de Estudios Romanos, Italia
Ponentes
• Renato del Ponte, Liceo Leonardo da Vinci, Villafranca
in Lunigiana
"La secesión de los plebeyos entre Júpiter
y Ceres"
• Claudia Santi, Liceo Goffredo Mameli, Roma
"La santidad de los tribunos"
• Angela de Benedectis, Universidad de Boloña,
Italia
"Los tribunos de la plebe de Boloña durante el
Medioevo y la Edad Moderna"
• Massimo Galtarrosa, Universidad de Verona, Italia
"La magistratura de los síndicos del pueblo en
Istria (1683-1769)"
Origen y desarrollo del tribunado en la república romana
El Tribuno de la Plebe (del Pueblo), es una institución de la República Romana que surge de un juramento popular (La giura della plebe) registrado en 493 a.C., como resultado directo de la acción colectiva encabezada por Cayo Sicinio Belluto, quien al frente de un importante contingente de "plebeyos" abandonó la ciudad ante la prepotencia de los patricios y del Decemvirato (magistratura colegiada compuesta por 10 patricios), pero sobre todo ante la usura incontenible de la clase dominante, trasladándose esa importante masa de romanos al monte Sacro, espacio en el que se refugian plebeyos y proletarii (aquellos cuya única riqueza era su prole; es decir, sus hijos utilizados como fuerza laboral).
Tras importantes encuentros entre emisarios de los patricios y los jefes de los plebeyos, se acuerda otorgar un espacio a un par de representantes del pueblo ante el Senado (Cayo Sicinio y Lucio Albino), a quienes se denominó "tribunas del pueblo". Asimismo, se acordó acotar los intereses en los préstamos, prohibir la pérdida de la libertad por impago de una deuda y condonar los gravosos intereses impuestos a los plebeyos por la clase gobernante.
Los tribunos del pueblo desempeñaron un papel esencial en la historia de la Roma republicana. A sus iniciativas se debe gran parte de la legislación de la antigua República Romana, destacando el decreto de la Ley de las XII Tablas, en las que se consagran principios jurídicos como la búsqueda de paridad entre derechos civiles y los políticos, la distribución equitativa de la tierra y la lucha en contra de la usura.
El Tribunado del Pueblo es uno de los pilares (a tres lustros del fin de la monarquía de la Roma antigua) sobre el cual se consolidó de manera definitiva la república popular de los romanos (republica populi romani).
La libertad de los ciudadanos respecto al poder de los magistrados y la obediencia de los patricios a las leyes votadas por el pueblo (la plebe) eran aseguradas por la potestas sacrosanta (potestad sacrosanta) de los tribunos, facultad que les otorgaba el "veto" a toda acción procedente de los magistrados y, sobre todo, a la de los patricios, bloqueando a través del potere negativo de los tribunos las acciones que pudiesen dañar al pueblo. Esta característica fundamental del Tribunado en la República romana fue reconocida ampliamente por Cicerón en De legibus ("De las leyes"), en la cual afirmó que en la facultad de veto de los representantes populares se encontraba la verdadera ruptura con el régimen monárquico de antaño y esta facultad era, por tanto, la verdadera realización de la República Romana.
El periodo de esplendor del tribunado popular se sitúa entre los siglos V y IV a.C. Sin embargo, es menester reconocer el realce que dieron a la figura de "tribuna del pueblo" los hermanos Tiberio y Cayo Graco entre 133 y 122 a.C., coincidiendo con la última etapa de la República Romana.
Del Imperio de Augusto a la Edad Moderna
El emperador Augusto y sus sucesores asumieron la tribunicia potestas sacrosanta (sacrosanta potestad tribunicia) que, junto con el imperium proconsulare (imperio proconsular), constituyó la esencia del poder imperial.
El tribunado del pueblo mostró su vitalidad y arraigo reproponiéndose con nombres diversos y con funciones específicas, tanto a fines del imperio romano como durante la Edad Media y la Moderna. En 365 d.C., en una de las Constituciones de los emperadores Valentiniano I y Valente, se instituyeron los defensores civitatis (defensores ciudadanos) para proteger al pueblo citadino de la prepotencia de la aristocracia local. A esta figura específica debemos añadir la del sindici (síndico), cuya función en la comuna se mantendrá durante todo el Medioevo y se adoptó por la Era Moderna hasta nuestros días.
En 1347, Cola di Rienzo asume en Roma el título de tribuno della libertá, della pace e della giustizia e liberatore della Sacra Republica Romana (tribuno de la libertad, de la paz y de la justicia y libertador de la Sacra República Romana), hecho que suscitó el entusiasmo de Francisco Petrarca.
En la Edad Moderna, el discurso de recuperación republicano se reflejó puntualmente en la defensa del espíritu del tribunado. En el discurso sobre la primera década de Tito Livio, Nicolás Maquiavelo atribuye el surgimiento y la consolidación de la libertad y de la potencia de Roma a la contraposición de la plebe (pueblo) y el Senado, exaltando el papel que desempeñaron los tribunos del pueblo en dicha confrontación.
La exigencia de poner límites al poder del gobierno sobre el modelo del poder del tribunado romano fue resaltada, entre otros, por los sacerdotes Juan Calvino y Juan de Mairena, y los juristas Francois Hotman y Johannes Althusius.
Tema: "Del tribuno al defensor del pueblo"
Jornada presidida por Pierangelo Catalana, coordinador
del comité científico de la conmemoración del 2 mil
500 aniversario de la Jura de la Plebe, Universidad de Roma La Sapienza
Ponentes
• Sebastiano Tafaro, Universidad de Bari, Italia
"Continuidad de la función tribunicia"
• Emilio R. Papa, Universidad de Bérgamo, Italia,
y defensor cívico de Torino
"Desarrollo actual de la función de intercesión"
• Tatiana A. Alekseva, vicepresidenta de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad Estatal de San Petesburgo, Rusia
"La función del comisario de los derechos humanos
en la Federación Rusa"
• Antonio Tito, defensor cívico de Palermo, Italia
"La Declaración de Buenos Aires (septiembre de
2008)"
• Joao Elías de Oliveira, presidente de la Asociación
Brasileña de Ouvidores-Ombudsman, y Elena Pinto, ouvidora
general de la Unión de la República Federativa de Brasil
"El ombudsman en Brasil y la institución
del ouvidor"
• Antonio Cammelli-Elio Fameli, Instituto de Teoría
Técnica de la Información Jurídica
"Sistema informativo para la defensa cívica"
Continuidad del tribunado desde el Siglo de las Luces hasta la Revolución Rusa
En el Siglo de las Luces fue sobre todo Rousseau, bajo la influencia de Cicerón y Maquiavelo, quien recuperó la importancia constitucional del tribunado y principalmente del potere negativo (poder negativo o de veto) como parte fundamental del binomio que formaba con el concepto de "soberanía popular".
La Revolución Francesa retomó la reflexión roussoniana y la llevó a la práctica con las medidas emprendidas por los jacobinos, quienes propusieron el establecimiento del tribunado como una de las partes constitutivas de la división de poderes y del principio de representación (no obstante la propuesta, Robespierre se opuso afirmando que el pueblo debe ser tribuno de sí mismo).
Posteriormente al periodo denominado "Termidor", Graco Babeuf exaltó al tribunado romano como "la más bella de las instituciones" que habían "salvado tantas veces la libertad romana", y desarrolló, también con relación a los acontecimientos del monte Sacro de 493 a.C. –que generaron en la vieja ciudad una paralización de las actividades propias de la plebe, dejando prácticamente sin servicios a los patricios y a la clase dominante de la época– la primera reflexión en torno del concepto de "huelga general".
Hasta mediados del siglo XIX no se reflexionaría acerca del concepto de "resistencia civil pacífica", pues algo que sorprendió fue el hecho de que a pesar de contar con sus armas de legionarios, ninguno de los "plebeyos" participantes en la secesión utilizó dichas armas contra los patricios o sus defensores.
Al pensamiento roussoniano se unieron, a finales del siglo XVIII, el elogio del "sacrosanto tribuno" de Frederich Schlegel y la afirmación del "absoluto poder negativo del tribunado" defendida por Johann Gottlieb.
Este contexto fue antecedente del juramento que el 15 de agosto de 1805, en el monte Sacro, llevó a cabo el joven Simón Bolívar quien, con referencia explícita al monte Sacro y –por tanto– a su tradición en la historia de la antigua República Romana, juró liberar del yugo a su patria americana.
La idea del tribunado como instrumento de la soberanía popular estará en el proyecto que Mazzini presentó en 1847 a las fuerzas liberadoras de Italia.
Años más tarde, en 1918, los revolucionarios rusos retoman la figura de "tribunado" como expresión de la división de poderes y de la representación popular. Sin embargo, Lenin refutó la instauración del tribuno del Soviet.
Entre el ombudsman y los defensores del pueblo o de los derechos humanos
Al inicio del siglo XIX, el pueblo sueco integra en su marco jurídico la figura del ombudsman, definiendo su función como quien, en nombre del pueblo, supervisa y controla la administración pública para garantizar con ello el cumplimiento irrestricto de los derechos de los habitantes del reino. Si bien es cierto que este defensor, elegido por los integrantes del Parlamento sueco, no posee la facultad del potere negativo, no es menos cierto reconocer que defiende esencialmente los derechos del pueblo ante una burocracia, cada vez más prepotente, ambiciosa, corrupta y usurera.
La figura del ombudsman ha tenido un desarrollo extraordinario, no sólo en su país de origen sino en otros, destacando su creciente presencia y dinamismo en muy diversos países a lo largo de la última mitad del siglo XX.
En Iberoamérica, la incorporación de la figura de "defensor del pueblo" en la Constitución española de 1978 –cuyo origen se sitúa en la figura "Justicia de Aragón", que tiene su antecedente directo en el tribunado de la época medieval– detonó en los países del área la adopción, con diversas denominaciones, de esta figura constitucional, centrando sus facultades en la defensa de los derechos humanos
Los casos puntuales: Rusia y Brasil
Pese a las fuertes discusiones que se dieron en la Duma Constituyente de 1918 en torno de la recuperación de la figura romana de "tribuno del pueblo", como un aporte al ejercicio de la soberanía popular, Lenin rechazó tajantemente (como hiciera Robespierre en su momento en la Francia revolucionaria), la aprobación de la instauración del tribuno del Soviet.
Hasta 1991 la Federación Rusa no recuperó el espíritu del tribunado de la plebe, en la modalidad de la defensoría de los derechos humanos, figura prevista en el artículo 40 de la Constitución vigente, con la denominación de "comisario de Derechos Humanos de la Federación", cuya designación corre a cargo de los integrantes de la Duma y su gestión dura cinco años.
Pocos años antes, en 1988, Brasil consagró, en los artículos 103-B, 7o.; y 130-A, 5o., la creación de la figura de ouvidorias de justicia, "competentes para recibir reclamaciones y denuncias de cualquier interesado contra miembros u órganos del Poder Judicial, y del Ministerio Público, o contra sus servicios auxiliares, representando directamente al Consejo Nacional de Justicia".
La ouvidoria es una institución fincada en la defensa de los derechos del pueblo, diversa de la figura de ombudsman tradicional o del defensor del pueblo del reino español.
La creación de esta peculiar figura en el ámbito del Poder Judicial permitió impulsar la creación de ouvidorias en los ámbitos estatal y municipal, y temáticas, permitiendo al Estado brasileño contar con una red de ouvidores que garantizan los derechos humanos de la población a lo largo y ancho de su territorio.
La figura brasileña está estrechamente ligada a un creciente y sostenido impulso de la política pública de participación ciudadana en todos los ámbitos del quehacer gubernamental de la república.
La Declaración de Buenos Aires
En septiembre de 2008 tuvieron lugar las primeras Jornadas italo-latinoamericanas de defensores cívicos y defensores del pueblo, organizadas por diversas instituciones italianas y argentinas.
En el salón Belgrano del Senado de la República Argentina, el 12 de septiembre, se dio a conocer la siguiente
Declaración
Las instituciones participantes en estas primeras jornadas
I
1. Expresan su compromiso en defensa de los derechos humanos, de las instituciones de la democracia, de la transparencia y la buena administración.
2. Afirman que la pobreza y la segmentación social constituyen hoy la más flagrante violación a los derechos fundamentales de las personas.
3. Interpretan que este hecho es consecuencia de un injusto sistema de distribución de la riqueza.
II
1. Consideran que la injusticia social que afecta a la mayoría de la población del mundo se agrava sensiblemente por la agobiante deuda externa que pesa sobre los países más pobres.
2. Que esa deuda, además de su magnitud, es en la mayor parte de los casos ilegítima por su origen e ilegalidad en su exigibilidad jurídica, pues en la mayoría de los casos ya fue pagada.
III
1. Sostienen la necesidad de comprometer a los defensores del pueblo y defensores cívicos a sostener los valores esenciales de las personas: la vida, la libertad y la posibilidad de desarrollar sus capacidades con igualdad de oportunidades para todos.
2. Reivindicar la tradición romanista de los defensores del pueblo y de los defensores cívicos, cuyo origen reconocen en la institución del Tribunado de la Plebe establecido en Roma en el siglo V a.C.
3. Alientan la esperanza de seguir trabajando mancomunadamente en el fortalecimiento de las relaciones entre los defensores cívicos y los defensores del pueblo de Italia y Latinoamérica, en la defensa y promoción de los derechos humanos y en la reparación de las graves injusticias que la pobreza ocasiona a los pueblos.
Tema: Juramento profético de Simón
Bolívar en el monte Sacro
Acto presidido por Yveline Martínez Graffe, encargada
de negocios de la República Bolivariana de Venezuela ante la República
Italiana
Ponentes
• José Roberto Andino Salazar, presidente de la
Sociedad Bolivariana, Roma, Italia
"El juramento profético de Bolívar, significado
histórico y proyección actual"
• Olga Durán, rectora de la Universidad Latinoamericana
del Caribe, Caracas, Venezuela
"Juramento de Bolívar"
Como parte de la conmemoración del aniversario luctuoso del libertador Simón Bolívar, se asignó a la sesión matutina del seminario la histórica vinculación entre La giura della plebe del siglo V antes de Cristo y la jura que el joven Bolívar, efectuó el 15 de agosto de 1805, en el mismo lugar en que Sicinio Belluto congregara a los plebeyos romanos, el Monte Sacro.
Ahí, Bolívar expresó: "Juro delante de usted (su maestro Simón Rodríguez), juro ante el Dios de mis progenitores, y ante ellos mismos, juro ante mi patria, juro por mi honor, que no daré tranquilidad a mi alma ni reposo a mi brazo hasta no ver abolidas las cadenas que nos oprimen y oprimen al pueblo por voluntad del poder español".
Este juramento es considerado por el pueblo venezolano como acto simbólico de un joven que deseaba la independencia de su patria.
En diversos momentos de la vida de Bolívar es posible acreditar la presencia vigorosa del espíritu del Tribunado de la Plebe, así se constata en las siguientes menciones:
"La primera Cámara es de tribunas, y goza de la atribución de iniciar la leyes..." Simón Bolívar, discurso de presentación del proyecto de Constitución para Bolivia, mayo 25 de 1826.
En la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto nacional de Bolívar es principio irreductible y sustento de una política pública basada en el desarrollo económico y social de la nación con carácter socialista de participación, protagonismo popular y corresponsabilidad, así como la construcción revolucionaria en solidaridad con pueblos hermanos que forman parte de una cultura social en contra de la cultura depredadora de derechos humanos fundamentales, generadora de graves peligros para el pueblo y la humanidad.
A partir del juramento del Monte Sacro, el socialismo bolivariano se ha venido sustentando en ideas tales como:
• Defensa de la economía (venezolana) y de los derechos sociales (del pueblo venezolano), aunados a la defensa de sus recursos naturales no renovables, asumiendo el protocolo de Kyoto y la protección de la capa de ozono del planeta.
• Erradicación de la desigualdad, de la pobreza y la exclusión social, a través de la lucha en contra de la práctica de distribución del ingreso del modelo globalizador, inmerso en la filosofía mercantilista tradicional y la consolidación de prácticas alternativas centradas en una dimensión productiva y participativa, socialmente justa y humana.
• Defensa y consolidación de los movimientos sociales y políticos que pugnan por un nuevo orden económico orientado al desarrollo social justo e igualitario. Reafirmamos el principio inalienable de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos y del Caribe en contra de las prácticas desestabilizadoras de la elite hegemónica de poder imperial que amenazan, no solo a los pueblos de la región, sino a todos los pueblos del mundo que luchan por su soberanía.
Tema. La lucha en contra de la usura: del Monte Sacro al Campidoglio
Sesión presidida por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, del Parlamento Latinoamericano.
Ponentes
• Sandro Schiapini, Universidad de Roma, La Sapienza
"La usura en el derecho internacional"
• Raffaele Coppola, Universidad de Bari, Italia
"La usura en el derecho canónico"
• Elena Sciso. Universidad Libre de Ciencias Sociales.
G. Carlo. Roma, Italia
"La usura en el derecho internacional"
• Miguel Ángel Espeche Gil, director del Instituto
de Derecho Internacional Público, Colegio de Abogados, Buenos Aires,
Argentina
"Nuevos avances jurídicos en materia de deuda
externa. Los casos de Noruega y Ecuador"
• Filinto Durán Chuecos, diputado de la República
Bolivariana de Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano y presidente
del Grupo de Trabajo de Deuda Externa de la Comisión de Desarrollo
Económico, Regional y Deuda Externa
"Retos e iniciativas del Parlatino en torno de la deuda
externa"
• Orazio Francesco Piazza, Universidad de Sannio, presidente
del Centro de Estudios Sociales Bachelet de la diócesis de Cerreto
Sannita-Telese-Santa Agata dei Goti
"Por la aplicación de la carta de Santa Agata
dei Goti, sobre la usura y la deuda externa internacional"
La usura en el derecho romano
En el 494 antes de Cristo, emerge en Roma el problema gravísimo de la desigualdad económica. Los autores antiguos describen con largueza la crueldad de los usureros (foeneratores), que enriquecían cada vez más a la clase dominante (patricios) a costa de los altos intereses que cobraban a los plebeyos, endeudados, amenazados constantemente de perder lo único que les quedaba como miembros de la república, es decir su libertad.
Esta actitud y ambición desmesurada fue rápidamente identificada por el pueblo romano como la forma más cruel de monarquía absoluta sin rey, como una tiranía y régimen férreo de una oligarquía que violentaba el principio de igualdad que proclamo la república. Si una persona vivía en pobreza extrema, esta situación le impedía ejercer su igualdad pública, por lo que la idea de la res publica (cosa pública) comenzó a perder sentido.
Los plebeyos de la época se lamentaban continuamente del ser sujetos de presiones para militar en las legiones, lo que originaba el abandono de sus actividades de subsistencia teniendo que recurrir a los préstamos continuamente para garantizar la vida de su prole.
Esta situación social dio origen a la secesión de la ciudad en dos, la Roma de los patricios y la plebeya reunida en torno a Cayo Sicinio Belluto en el Monte Sacro. Esta división ponía en riesgo la hegemonía regional, recientemente alcanzada, de ahí la actitud asumida por los integrantes del Decemvirato a efecto de instruir a sus representantes a lograr el retorno de la plebe al seno de una sola Roma.
Gracias a ello, la República Romana asumió la presencia en el Senado de dos representantes de la plebe, dos jefes de las tribus plebeyas (de ahí el nombre de tribunos) a quienes además, se les otorgó el potere negativo a efecto de vetar cualquier acción de senadores y magistrados que pudiera perjudicar al pueblo.
Resulta por tanto claro que el origen de esta acción fue eminentemente económico, la lucha en contra de los foeneratores (usureros) desencadenó esta primera secesión. De ahí que desde las primeras disposiciones legislativas, es decir desde las XII Tablas, se reprimía más a la usura que el hurto (excepto el hurto manifiesto), así lo expresa Catón en el proemio de la obra De re rustica, en la que se contempla la aplicación de cuatro veces la pena para los usureros.
La prohibición de intereses usurarios está enraizada en el derecho romano desde las XII Tablas, como se puede constatar en el volumen VIII de la obra de Tácito, así como en la ya mencionada de Catón. Asimismo era considerada como un derecho común inderogable también en las relaciones internacionales como se constata en la Lex Sempriona: Tito Livio 35,7; en el Codex lustinianum para la prohibición del anatocismo (usura sobre la usura), también en la Digesta lustiniani.
De igual forma el plebiscito Sempronio del 193 a.C. reprimía los "fraudes de los usureros".
Es necesario recordar que el derecho universal establecido por el emperador Justiniano en 528 después de Cristo contrarresta las machinationes creditorum (maquinaciones de los acreedores), dirigiendo dicha disposición principalmente a las "personas ilustres" de banqueros y comerciantes, a quienes les autoriza un interés máximo 4 por ciento para préstamos efectuados por los banqueros y una ganancia máxima del 6 por ciento sobre el precio de compra a los comerciantes.
Asimismo esta Constitución refuerza las antiguas leyes que prohibían el anatocismo (usurae usurarum), estableciendo penas de infamia (es decir de desprestigio al honor de la persona) para el usurero (Codex lustinianus 2.11.10; 4.32 De usuris).
En esta tradición podemos resaltar el artículo 21, 3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, de 1969) que dispone la represión de la usura como una forma de explotación del hombre.
Asimismo, es menester recordar la vigencia del principio ex iniuria non oritur ius (ante la injuria no se escucha a la justicia), lo que sustenta el principio legal de que la ilicitud originaria no desaparece con el reconocimiento jurídico, que en el caso de la deuda externa, es perfectamente aplicable.
En el Código Civil argentino el artículo 723 dispone "si el acto del reconocimiento agrava la prestación original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título primordial, si no hubiese una nueva y licita causa de deber".
Contra los grandes peligros sociales de la globalización se menciona la urgencia de reafirmar la universalidad de los principios jurídicos romanos, a efecto de negar rotundamente la separación entre el derecho y la moral.
La usura en el Derecho Canónico
Partiendo de la condena que el emperador Justiniano hace de la usura a través de su Digesta, San Ambrosio, funcionario imperial y obispo de Milán en el año 370 d.C., demuestra con contundencia la estrecha conexión entre guerra y usura, reflexión que posteriormente servirá de base a la definición 2269 del catecismo de la iglesia católica que ubica al pecado de usura, como "homicidio indirecto, pero imputable a las prácticas usurarias y mercantiles que provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres", por lo que la Iglesia Católica lo ubica más dentro del quinto mandamiento (no matarás) que en el rango de los pecados patrimoniales, es decir dentro del séptimo mandamiento (no robarás).
Fundamental para el derecho canónico resulta la obra del jurisconsulto y doctor de la Iglesia Alfonso María de Liguori, napolitano nacido en 1696 y fallecido en 1787, quien dedicó gran parte de su vida a fortalecer la unión entre la moral y la jurisprudencia, destacando la vinculación y sustento del derecho romano en general con relación a la propiedad y los contratos, y muy en particular acerca de la usura.
Así, en su Theologia Moralis, el obispo Alfonso María de Liguori hace implícita referencia al derecho romano cuando se refiere a las penas aplicables a los usureros, transformando la pena infamatoria a una pena espiritual al decretar que a los "usureros de pública fama se les prohíbe la absolución y la comunión en tanto no restituyan el fruto de la usura, y en caso de muerte se les impide inhumarse en lugar sagrado y se les excomulgue ipso facto hasta en tanto su herederos no restituyan el fruto de la usura, el testamento del usurero se debe considerar nulo.
De la Theologia Morales, de Alfonso María de Liguori, resulta clarísima la estructura de la relación entre moral y derecho; se parte de la superioridad del derecho natural sobre el derecho de gentes, en cuanto al problema de la propiedad; se pasa a través de la llamada cláusula rebus sic stantibus (estando así las cosas); se reafirma que los créditos en relación a una colectividad pueden ser pretendidos solamente cuando las sumas hayan sido usadas para la utilidad de la colectividad; y se llega a precisar que el usurero no adquiere la propiedad de lo que obtiene con la usura, si no que la hurta.
Con respecto al principio legal de rebus sic stantibus (estando así las cosas), baste recordar que es una expresión latina que constituye un principio de derecho en virtud del cual se entiende que las disposiciones establecidas en los contratos lo son habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración.
En la antigüedad se consideraba que cada contrato contenía tácitamente una cláusula en la que el cambio de las circunstancias presentes al momento de la celebración del contrato llevaba a la disolución de éste.
Este principio en el derecho internacional se rige por el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Según este artículo al producirse un cambio fundamental en las circunstancias preponderantes en el momento de la celebración del tratado, y ese cambio implica un cambio radical de las obligaciones, la parte perjudicada puede alegar dicho cambio para desvincularse del tratado o suspenderlo.
La Corte Internacional de Justicia considera que el referido artículo representa derecho consuetudinario, lo cual significa que tiene aplicación y vigencia para aquellos Estados que no han suscrito la Convención de Viena de 1969.
Estos principios morales, han sustentado la postura condenatoria de Juan Pablo II en relación a lo que denomina, en la encíclica Sollicitudo rei sociales con relación al "mecanismo" de la deuda internacional.
La usura en el derecho internacional
La XI Conferencia Interparlamentaria Comunidad Europea-América Latina, organizada en mayo de 1993 en la sede del Parlatino (Sao Paulo, Brasil), aprobó por unanimidad la resolución a través de la cual se solicita una opinión consultiva a la Corte Internacional de la Haya, en torno a la legalidad y legitimidad de la deuda externa.
Durante la XII Conferencia, realizada en Bruselas en 1995, se reconfirmó el resolutivo anterior y se enriqueció con el siguiente acuerdo:
27. Reafirmar la resolución de la XI Conferencia, relativa a los problemas generados por la deuda externa latinoamericana. Igualmente y basándose en el análisis del origen de ésta, introducido ya por el dictamen aprobado por el Comité Económico y Social de la Comunidad Europea en 1985, en el enfoque del Parlamento Latinoamericano y en el análisis jurídico de diversas entidades académicas y científicas, pide a los Estados miembros de los dos parlamentos que tomen las iniciativas oportunas, buscando el apoyo de otros países del mundo, a fin de que la Asamblea General de las Naciones Unidas solicite a la Corte Internacional de Justicia de La Haya un dictamen consultivo que permita afrontar el problema de la deuda externa conforme a los principios generales del derecho internacional contemporáneo.
Aunado a estos esfuerzos es menester reconocer la importancia de la "Declaración sobre la usura y la deuda externa" hecha pública el 29 de septiembre de 1997, como conclusión del Año del tercer centenario del natalicio de Alfonso de Maria de Liguori, en la ciudad de Sant Agata dei Goti (Samnio, Italia), documento que constituye el punto de llegada de las diversas acciones efectuadas en el mundo, según dos ejes de acción: el político, a través del cual se pretende superar la separación entre los Estados y la comunidad internacional, teniendo como objetivo la participación determinante de la Corte Internacional de Justicia, y el eje científico, que pretende superar las diferencias entre la economía, el derecho, la moral y la religión en materia de deuda externa.
De la Carta de Sant Agata dei Goti destacamos los siguientes párrafos:
• La autodeterminación de los pueblos es un principio de derecho que implica que todo pueblo pueda disponer de sus recursos en plena libertad; cualquier limitación a tal libertad, derivada de obligaciones asumidas en el cuadro de la cooperación económica internacional, es lícita sólo si se basa en el principio del beneficio recíproco, y en todo caso ninguna limitación es lícita si priva a un pueblo de los propios medios de subsistencia.
Por su parte, la Comisión de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas decidió, en abril de 1998, reconocer, a través de su Resolución 1998/24, "que numerosos países sacrifican suma, cada vez mayores, para pagar sus deudas externas, considerando que tales sumas obligan a los estados a sacrificar recursos que debiesen ser destinados a satisfacer las necesidades básicas de sus pueblos en materias tan urgentes como salud, educación o seguridad, por lo que los efectos políticos de los ajustes económicos consecutivos a las deudas externas sobre la viabilidad económica de los deudores va en detrimento directo de los derechos del hombre, en particular para la aplicación de la Declaración sobre el derecho al desarrollo".
El resultado más significativo de los esfuerzos legislativos a favor de una deuda justa, se ubica en Italia, ante la aprobación unánime de la Ley 209 del 25 de julio de 2000, que en su artículo r dispone por vez primera, reglas internacionales de la deuda externa, y reafirma el compromiso gubernamental de que "en el ámbito de las instituciones internacionales competentes, propone la puesta en marcha de los procedimientos necesarios para solicitar un dictamen a la Corte Internacional de Justicia, sobre la coherencia entre las reglas internacionales que disciplinan la deuda externa de los países en vías de desarrollo y el cuadro de los principios generales del derecho y de los derechos del hombre y de los pueblos".
Posteriormente, se han llevado a cabo diversos encuentros internacionales, destacando el resolutivo de la XXII Asamblea Ordinaria del Parlatino, del 8 de diciembre de 2006, a través de la cual se asume como propio el compromiso de formalizar la Carta de Sao Paulo, de mayo de 2001, destacando las acciones a favor de impulsar los dictámenes y opiniones en torno a la legalidad de la deuda externa.
En una decisión sin precedente, el 2 de octubre de 2006, el gobierno noruego informó de la cancelación de la deuda de Ecuador, Perú, Jamaica, Egipto y Sierra Leona.
Las deudas de estos países tuvieron origen en un fracasado esquema de crédito a la exportación implantado por Noruega a fines de los años 70. Ante esta situación surge desde la sociedad noruega un movimiento a favor de dicha cancelación, siendo uno de los principales actores de ella la Iglesia noruega.
Resultó muy significativo que el país nórdico haya cancelado dicha deuda de manera unilateral, sin condiciones, sin etiquetarla como "ayuda oficial para el desarrollo" y mucho menos incluirla como dinero asignado a la cooperación internacional.
Pero lo que más destaca en esta acción inédita es que la cancelación se sustentó sobre la base explícita de la corresponsabilidad del acreedor en un proyecto de préstamo fallido.
Esta decisión, tomada al margen del llamado Club de París, marcó un hito al colocar sobre la agenda internacional los temas de deuda ilegitima, de deuda odiosa y de la responsabilidad de los acreedores.
En 2007, se llevó a cabo en Brasil el seminario "Deuda externa en los países en vías de desarrollo", impulsado por el Parlatino, de dicho evento se destaca dentro de las conclusiones las siguientes:
• Promover una ley modelo en materia de deuda externa, que determine de manera universal para los países latinoamericanos y del Caribe, obligaciones, contratos, responsabilidades que permitan el establecimiento de un marco jurídico general que garantice la integración regional y reconozca las realidades socioeconómicas de los países deudores.
• Agradecer a la Comuna de Roma por su clara posición, expresada en el mensaje de su representante, y por el cual solicitamos a la Comuna constituir en el Campidoglio un Foro de Deudores en ocasión de la conmemoración del 2 mil 500 aniversario de la secesión y del juramento de la plebe en el Monte Sacro.
• Los juristas intervinientes han corroborado que, en las relaciones jurídicas de la deuda externa de América Latina, se han violado principios generales del derecho (tales como buena fe, libre determinación de los pueblos, prohibición de la usura, equilibrio contractual, rebús sic stantibus, derechos humanos, y ambiental entre otros), los pactos internacionales y normas fundamentales de derecho interno.
• Los Estados deben ejercer su derecho, a constituir comisiones para las auditorías integrales de la deuda pública interna y externa.
• Apoyamos los actos soberanos de los Estados que, fundados en el derecho, declaren la nulidad de instrumentos ilícitos e ilegítimos de la deuda pública, incluyendo la suspensión de pagos.
• Los aportes jurídicos hechos durante el encuentro respaldan el trabajo realizado por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, CAIC, y establecen los fundamentos jurídicos para emprender acciones judiciales y políticas a nivel nacional e internacional basadas en el derecho internacional frente a los prestamistas, en el caso de la deuda interna y externa ecuatoriana.
• Las consecuencias nacionales e internacionales del informe de la CAIC serán muy importantes para el mundo y América Latina. Un jefe de Estado, el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, asume el liderazgo para realizar cambios en el injusto manejo financiero internacional.
• Aspiramos a que el gobierno de la República del Ecuador presente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un proyecto de resolución para solicitar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya una opinión consultiva sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa.
• Solicitamos a los convocantes a este encuentro, a la Federación Luterana Mundial, al Consejo Latinoamericano de Iglesias y a la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, para que motiven a sus iglesias y otros movimientos ciudadanos a nivel nacional, regional y mundial, a promover que otros gobiernos apoyen la iniciativa de presentación de la opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia.
Cabe destacar que la actitud asumida por el presidente Correa en su país es el resultado de su congruencia sobre el tema de la "deuda injusta", preocupación que expresó desde septiembre de 2005 cuando participó como ponente en uno de los seminarios que sobre el tema organizó la Iglesia Luterana. Ese joven economista que hoy es presidente de la República ecuatoriana, es el primer jefe de Estado que cumple con su promesa de emplear las armas legales para luchar contra el flagelo del endeudamiento espurio.
Gracias a las auditorias aplicadas en el Ecuador se han dado a conocer la infinidad de actos ilícitos descubiertos, (autopréstamos, contabilidades fraguadas, pagos de deudas prescritas, abogados que defendían a las dos partes en conflicto, entre otras) hechos que se enmarcan en la denominada "deuda injusta y odiosa" pues no sólo no sirvieron para apoyar al pueblo, sino para hundirle más como deudor internacional.
Congruente al uso de las armas legales para combatir a la deuda injusta, el gobierno de Rafael Correa ha iniciado procedimientos administrativos y, en su caso, penales, en contra de todo aquel funcionario, o ex funcionario que, sin razones verdaderamente de Estado haya signado, o participado en procesos de endeudamiento de aquel país, asimismo estas acciones se han ampliado hacia aquellos abogados, despachos jurídicos y de asesoría financiera que, a sabiendas de las condiciones desventajosas (leoninas) que se imponían al pueblo ecuatoriano, no denunciaron este hecho, o se abstuvieron al menos de avalar dichos contratos.
Durante la Sesión Anual Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, efectuada en su sede de la Ciudad de Panamá, los pasados viernes 5 y sábado 6 de diciembre de 2008, se votó por unanimidad un resolutivo de respaldo a la decisión ecuatoriana de auditar tanto su deuda interna como externa, así mismo se acordó convocar a una sesión especial de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, a realizarse en Quito, Ecuador a efecto de "diseñar una estrategia latinoamericana que transparente la deuda externa de todos nuestros países y proponga mecanismos imprescindibles para modificar un sistema que se ha convertido en factor de exclusión social y sometimiento económico".
La experiencia mexicana
Coincidiendo plenamente con el escritor portugués, José Saramago, en el sentido de que la actual crisis económica es "un crimen financiero de lesa humanidad", y que dicha crisis repercutirá, de manera directa en las "maquinaciones de los acreedores" que ya condenaba el emperador Justiniano, se abordó el caso mexicano en relación al desarrollo del tribunado del pueblo y, fundamentalmente, en torno a la deuda externa.
Sobre el primer punto se recordó que la figura de "justicia de Aragón", cuyo antecedente directo ha quedado demostrado es el "tribuno de la plebe", fue superada en algunos casos, como el de Bartolomé de la Casas y Vasco de Quiroga, quienes asumieron la defensa de los naturales ante la embestida esclavista y explotadora del conquistador.
Se destacó que desde 1813, en el documento fundacional del Estado mexicano, "Sentimientos de la Nación" de José María Morelos y Pavón se consagraba al pueblo como soberano de la nueva nación, y que en torno a dicho principio gravitaron los trabajos del Constituyente de Apatzingán de 1814.
Asimismo se expresó que desde 1823, durante las deliberaciones de la primera constitución del México Independiente, Ponciano Arriaga propuso la instauración del Procurador de los pobres, cuyos orígenes se vinculan directamente con el tribunado de la plebe de la antigua República Romana.
En esa misma línea jurídica, se destacó la aportación del abogado yucateco Manuel Crescencio Rejón en 1840, al introducir en la Constitución de su estado natal el Juicio de Amparo como herramienta jurídica de defensa de las garantías individuales ante los abusos de la autoridad.
De igual forma, se recordó que desde la Constitución juarista, en 1857 se consagró la figura del defensor de oficio, como otra variante de "Justicia de Aragón" de la legislación colonial y una herramienta de defensa de los pobres (pueblo) ante los abusos de las autoridades judiciales.
Se comentó que la vertiente de defensa de derechos humanos inició en nuestro país con la instauración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990, año en que también se crearon la Procuraduría Social y la Procuraduría de Defensa del Consumidor, como instancias de defensa de las garantías y derechos del pueblo mexicano.
Sobre el mismo tema se informó que a partir de 1997 se han venido creando en algunas entidades de gobierno las Contralorías Sociales, como mecanismos de control y vigilancia popular del desempeño de la administración pública.
Con respecto a la deuda externa, se pormenorizó la accidentada historia del país en ese rubro.
Se comentó que al consumarse la independencia, curiosamente los "Tratados de Córdoba" no contemplaron la aplicación de ninguna reparación pecuniaria para el Reino Español, habida cuenta de que dichos tratados ofertaban el trono de México a la casa reinante en España.
La historia de la deuda externa de México inicia con el empréstito que Agustín de Iturbide efectúa con la banca europea para sufragar los gastos de su coronación y los de su corte.
En 1824, durante la presidencia de Guadalupe Victoria, y a efecto de satisfacer los gastos de la naciente república, y sobre todo de su defensa, se establece un préstamo con la banca europea por 32 mil de pesos oro, de los cuales sólo se entregan al gobierno de Victoria 9 mil pesos, ya que el resto se consideró como parte de los intereses amortizantes de la deuda contraída.
Durante el zigzagueante periodo de López de Santa Anna en materia de endeudamiento externo destacan la contratación de deuda de 1832 por 60 mil pesos oro, la solicitud crediticia por 800 mil pesos oro en 1839 para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de la llamada "Guerra de los Pasteles" y, entre 1846 y 1847, la cesión del territorio hacia Estados Unidos de América y el engullimiento de los caudales entregados como parte del remanente de indemnización por daños de guerra entre ambas naciones, que el propio López de Santa Anna dilapido en asuntos venales.
Como parte de la deuda interna, se deben ubicar los 11 millones de pesos plata correspondientes al proceso de aplicación de la Ley de Desamortización de Bienes del Clero en 1859, sin embargo la Iglesia Católica, amparada en su "universalidad" siempre pretendió que se consideraran deuda externa.
Para ilustrar el espíritu agiotista (usurocrático) del gobierno estadounidense, se ilustró con la propuesta hecha por McLane a Melchor Ocampo, consistente en un empréstito de 4 millones de pesos al gobierno juarista de los cuales sólo se le entregarían 2 millones, ya que los otros dos millones se consideraron pago anticipado de intereses y se exigía además el establecimiento de concesiones de paso estadounidense entre el Golfo de México y el Pacífico en tres corredores, destacando el del Istmo de Tehuantepec.
Se documentó que la deuda al inicio de la revolución mexicana la deuda externa se ubicaba en el orden de los 5 millones de pesos oro, a los que se sumaron 16 millones de pesos oro entre 1910 y 1917, fundamentalmente por las demandas de indemnización reclamados por el gobierno estadounidense (que en 1914 sitió el puerto de Veracruz como forma de presión) producto de las batallas en las que sus connacionales se habían visto afectados.
Para 1938, y como resultado de la expropiación de la industria petrolera se documentó que la demanda de las compañías expropiadas ubicaba su indemnización en 40 millones de pesos oro, de los cuales el gobierno del general Cárdenas sólo reconoció 26 millones de pesos.
Para el periodo que va de 1958 a 1970 conocido como el de "el milagro mexicano" el monto de la deuda externa del país se ubicó en 1 mil 250 millones de pesos.
Se pormenorizaron las turbulencias económico financieras de México, de las últimas décadas y se informó que los procesos de renegociación y la aplicación de las recetas del FMI y del BM han incrementado la deuda externa del país en 10 billones 300 mil millones de pesos, es decir en 130 puntos del PIB, lo que implica sacrificar el derecho básico a la libertad de desarrollo justo y sano de los mexicanos.
Conclusiones
Tras destacar las aportaciones obtenidas a lo largo de este seminario de estudios, tanto en el ámbito de la historia del derecho, como en el de las experiencias y adecuaciones que a lo largo de los tiempos ha registrado la fundamental figura Tribuno del Pueblo, así como del "poder negativo", y al recuperar la esencia del movimiento secesionista encabezado por Cayo Sicinio Belluto en el 493 a.C., en su lucha en contra de la "usurocracia" y al constatar que a pesar de los 2 mil 500 años transcurridos entre ese movimiento popular y nuestros días, dichas "maquinaciones de los acreedores" persisten bajo diversas modalidades, y sustentan la deuda de muchos países en vías de desarrollo, los académicos, Defensores Cívicos y Legisladores presentes acordamos expresar nuestro compromiso de impulsar los siguientes puntos:
• Con pleno respeto a la autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe, impulsar, dentro del ámbito de competencia de cada asistente, el participar en el "diseño de una estrategia latinoamericana que transparente la deuda externa de todos nuestros países y proponga mecanismos imprescindibles para modificar un sistema que se ha convertido en factor de exclusión social y sometimiento económico", tal y como lo contempla el resolutivo aprobado por unanimidad de los integrantes del Parlamento Latinoamericano durante su plenaria anual, efectuada en la Ciudad de Panamá el 5 y 6 de diciembre del año próximo pasado.
• Dados los alcances, aun impredecibles de la crisis económica desatada por la debacle del sistema financiero y económico estadounidense, se considera conveniente renovar ante la Comuna de Roma la solicitud de constituir el Foro permanente de los países deudores.
• La Segunda Vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano planteará ante el pleno de dicha comisión y ante la Subcomisión de Deuda Externa, la pertinencia de que desde esa instancia se solicite a la Presidencia del Parlamento Latinoamericano dicha renovación a la Comuna de Roma.
• Se expresa el acuerdo de presentar dicha propuesta durante el desarrollo de la sesión especial de la comisión antes mencionada, la cual se efectuará en Quito, Ecuador, en fecha próxima.
DEL DIPUTADO MARIO ALBERTO SALAZAR MADERA, SOBRE LA PARTICIPACIÓN QUE TUVO EN LA CONFERENCIA PARLAMENTARIA DESARROLLO INTERNACIONAL: LA EFICACIA DE LA AYUDA, CELEBRADA DEL LUNES 17 AL VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 EN LONDRES, INGLATERRA
Del 17 a 21 de noviembre del presente asistí, junto con otros 90 legisladores de 41 países, a la conferencia parlamentaria Desarrollo internacional: la eficacia de la ayuda, llevada a cabo en el Parlamento de Reino Unido, en Londres, Inglaterra.
El encuentro fue organizado por la Commonwealth Parliamentary Association United Kingdom Branch, una organización caritativa que busca garantizar y financiar, con base en un programa anual de ayuda, dependiente del Ministerio de Hacienda de Reino Unido, a países miembros de la Commonwealth, donde unos países participan como donantes y otros (por lo general africanos) como receptores.
El objetivo principal consistió en determinar la mejor manera de hacer eficaz el ejercicio de fondos donados, recibidos y asignados entre los países que forman parte.
Siguiendo la Agenda de Acción de Accra, celebrada en septiembre de 2008, es necesario asegurar que las partes de esta organización trabajen para cumplir los compromisos acordados en la Declaración sobre la Ayuda Efectiva de París 2005.
La realidad que el mundo nos presenta es aterradora: pese a los esfuerzos que se han hecho, 1.4 billones de personas viven con menos de 1.25 dólares al día, por lo que es de vital importancia que la ayuda se use de manera eficiente, considerando esto como una de las Metas del Desarrollo del Milenio, la cual debe lograr 100 por ciento para 2015.
Los temas considerados por los representantes de los Poderes Legislativos de los Estados que participaron en esta conferencia consideran de vital importancia lo siguiente:
Asegurar el suficiente monitoreo y evaluación del progreso en cumplimiento de los objetivos de la declaración de París, así como una efectiva comunicación entre los países miembros.
Fomentar espacios de interrelación y comunicación, a efecto de compartir, monitorear e investigar las capacidades de cada país miembro.
Incrementar la participación de los Parlamentos en las políticas de creación y monitoreo de la ayuda, así como en la creación del presupuesto.
Promover la participación y la comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de base confesional en el desarrollo comunitario, y los miembros de esta organización, a fin de que participen en el desarrollo de estrategias, dirigidas al cumplimiento de los objetivos.
Promover el uso de prácticas contables transparentes, incluida la información desagregada, en el desarrollo internacional en el marco de la ayuda.
Trabajar asiduamente para implantar y mejorar el tiempo de entrega de la ayuda.
Fomentar el debate en los cuerpos legislativos, promoviendo la creación de comités especializados en el desarrollo internacional de la ayuda, a fin de crear planes y estrategias entre los Parlamentos.
Usar los espacios con los líderes políticos, los ciudadanos y los medios de comunicación, a fin de aumentar las coincidencias y destacar la importancia del desarrollo internacional, implantando de esa forma medios efectivos de ayuda promoviendo la transparencia y el diálogo.
Llevar a cabo los fines de la organización en el desarrollo local, abogando por las necesidades de los electores y alentando la participación en el desarrollo de iniciativas entre los gobiernos locales y esta organización.
Asumir una participación activa con el desarrollo internacional y el examen de la eficacia de la ayuda, formulando políticas de desarrollo, formando grupos eficaces que apuesten al progreso y a la evaluación para lograr una ayuda eficaz.
Considero importante destacar el esfuerzo que se hace para crear sistemas informativos transparentes y homólogos, donde los países donantes aseguren que los recursos son utilizados de manera eficiente, ayudando a los receptores a eliminar la pobreza que impera en sus territorios.
También es de gran importancia el reconocimiento que se le hace a nuestro país que, a pesar de ser parte de Latinoamérica y encontrarse en vías de desarrollo, la transparencia y planeación presupuestal con que cuenta es valiosísima, pues se realiza de forma técnica y responsable.
La utilidad del encuentro para nuestro país recae en lo necesario que es conocer más organizaciones internacionales, y encontrar apoyos económicos en dichas organizaciones o en el mismo Banco Mundial para el desarrollo de México.
Atentamente
Diputado Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica)
DE LOS DIPUTADOS ANTONIO DE JESÚS DÍAS ATHIÉ Y FERNEL GÁLVEZ RODRÍGUEZ, DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS COMO OBSERVADORES PERMANENTES ANTE EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE, Y EL 1 DE DICIEMBRE DE 2008 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA
Atendiendo al Acuerdo que establece los lineamientos, para la autorización de viajes internacionales de los integrantes de la LX Legislatura, nos permitimos presentar a usted un informe de las actividades realizadas por los diputados observadores permanentes ante el Parlamento Centroamericano, que se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, del 26 al 30 de noviembre, y el 1 de diciembre de 2008.
La delegación estuvo integrada por los diputados Antonio de Jesús Días Athíé y Fernel Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Durante los días señalados, entre otras actividades, nos reunimos con la delegación de la Asamblea Euro Latinoamericana (EUROLAT) y la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento Centroamericano; allí se habló de los avances de las reuniones binacionales entre ambos organismos.
Acto seguido, se procedió a la consideración de la aprobación del acta AP/204-2008, de asamblea plenaria, llevada a cabo en septiembre en la ciudad de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, República de Guatemala.
Se contó con la consideración para la aprobación del acta especial 01/2008, con motivo de la elección de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, periodo 2008-2009, llevada a cabo en la ciudad de Guatemala el 22 y 23 de octubre de 2008.
Juramentaciones
En el apartado de los puntos especiales, se dio la convocatoria a elecciones de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, para el periodo2008/2009, a celebrarse dentro del proceso de selección del 22 y 23 de octubre de 2008. Se juramentaron los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión Permanente del Parlamento Centroamericano para el periodo 200872009.
Juramentación de la presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres
I. Puntos especiales
• Ratificación del otorgamiento de la orden y condecoración Parlamento Centroamericano, Francisco Morazán, en grado de Gran Cruz, al excelentísimo señor Arístides Crespo, presidente del Congreso de la República de Guatemala.
• Cortesía de sala para el señor procurador de los derechos humanos de la República de Guatemala, Sergio Morales.
Para solicitar al gobierno de Guatemala culminar las investigaciones pertinentes para esclarecer y castigar a los responsables de la reciente masacre de quince ciudadanos nicaragüenses, presentada por la diputada Julia Mena Rivera, y otras firmas.
Para brindar apoyo solidario al pueblo panameño en momentos en que confrontan pérdidas humanas y de infraestructura a causa de desastres naturales; presentada por el diputado Camilo Brenes, y otras firmas.
Apoyo a la iniciativa de la Corte Centroamericana de Justicia y del Consejo Centroamericano para la creación de los sistemas de justicia penal juvenil en el marco del estado de derecho de la región centroamericana y la República Dominicana; presentada por la presidenta Gloria Guadalupe Oquelí.
• Se presentaron dos dictámenes:
A la iniciativa AP/850-2001/2008: La familia y la paternidad responsable, retos para la sociedad centroamericana y dominicana; emitido por la Comisión de Paz, Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Grupos Étnicos.
A la iniciativa AP/859-203/20Ó8: De felicitación al presidente de la República de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, por la disposición de declarar la inclusión de estudios de espíritu de la integración regional en el pensum de estudios en Guatemala; emitido por la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología.
Informe del doctor Ricardo Lagos.
Informe relacionado al VHI; por la diputada Xanthis Suarez García.
Informe de las actividades desarrolladas por las Comisiones Permanentes del Parlamento Centroamericano.
Informe de las actividades desarrolladas por las bancadas nacionales.
Atentamente
Diputado Antonio de Jesús Díaz Athié
Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez
(rúbrica)
DEL DIPUTADO SAMUEL AGUILAR SOLÍS, CONCERNIENTE A LA REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE VIH/SIDA DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO EFECTUADA EL MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE DE 2008 EN LA CIUDAD DE PANAMÁ
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2008.
Diputado Javier González Garza
Presidente de la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados
Presente
Al enviarle un cordial saludo, me permito informarle sobre los acuerdos que se llevaron a cabo en la reunión de la Subcomisión de VIH/Sida de la Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en la ciudad de Panamá, el 3 de diciembre de 2008.
La Subcomisión de VIH/Sida de la Comisión de Salud del Parlatino revisó el proyecto en el marco de la integración latinoamericana para las compras consolidadas de medicamentos que sirven para la previsión y el control del VIH, así como el precio y los volúmenes.
En este sentido, de cara a la realidad de la pandemia que el sida significa en la región, este grupo de trabajo de VIH de la Comisión de Salud del Parlatino acordó lo siguiente:
a) Consolidar políticas públicas de salud para la prevención y atención de los enfermos con VIH; y
b) Lograr protocolos mínimos para terapia antirretroviral a los portadores y enfermos con VIH de parte de las instituciones de salud de cada país.
2. Solicitar de parte de la Comisión de Salud del Parlatino a la Onusida la elaboración y el envío a cada país de la región la recomendación de la búsqueda de las compras consolidadas de los retrovirales en los ámbitos de cada país y regional.
3. Enviar por parte de la Onusida el memorando de recomendación sobre las compras consolidadas a las diversas formas de asociación de los países de la región, como la Cumbre Iberoamericana, el Acuerdo de Tuxtla, el Mercosur, Alba o la Caricom.
4. Recomendar a los parlamentarios nacionales la aprobación y el apoyo de los presentes acuerdos.
5. Subir a través de un enlace a la página de Internet del Parlatino el presente acuerdo y dar a conocer la existencia del grupo de trabajo sobre el VIH.
Atentamente
Diputado Samuel Aguilar Solís (rúbrica)
DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO QUE SE LLEVÓ A CABO EL JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2008 EN LA CIUDAD DE PANAMÁ
Integrantes de la delegación mexicana
Senadores: María de los Ángeles Moreno Uriegas, secretaria de comisiones; Jorge Ocejo Moreno, representante de México ante la Mesa Directiva; Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de Integración.
Diputados: Ramón Valdés, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Étnias; Beatriz Collado Lara, primera vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas; José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, segundo vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional.
Informe de actividades
El diputado Emil Guevara, de Venezuela, presentó el informe de actividades de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, correspondiente al 2008.
Plan de trabajo 2009
Acto seguido, se presentó a consideración el plan de trabajo 2009, que fue objeto de algunas consideraciones, por lo que la presidencia de la comisión solicitó reconsiderarlo con la Secretaría de Comisiones. Derivado de lo anterior se acordó:
Enero 23, Belén do Pará, Brasil; Foro Social
Mundial
Mayo 7 y 8, Quito, Ecuador; Subcomisión de Renta
Básica
Posteriormente, y con fundamento en el resolutivo aprobado por unanimidad del pleno, a través del cual el Parlamento Latinoamericano brinda su respaldo a la decisión de la República de Ecuador de auditar su deuda interna y externa, se determinó, en el primer párrafo de dicho resolutivo, que el Parlamento Latinoamericano "impulsará la realización, en Quito, de una reunión especial de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional para diseñar una estrategia latinoamericana que transparente la deuda externa".
Así mismo, en el párrafo cuarto se consideró que en dicha reunión se diseñará "una estrategia latinoamericana que transparente la deuda externa de todos nuestros países, y proponga mecanismos imprescindibles para modificar un sistema que se ha convertido en factor de exclusión social y sometimiento económico".
El presidente de la República de Panamá se comprometió a impulsar la reunión de la comisión.
Por lo anterior, se espera que en breve se comunique la fecha de realización de esta reunión especial.
Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y
Aguilera
Segundo vicepresidente de la Comisión de Asuntos
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano
A la reunión vigésima tercera de mesa directiva, que tendrá lugar el martes 20 de enero, a las 14:00 horas, en las oficinas de la convocante.
Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
DE LA PRIMERA COMISIÓN –GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA– DE LA COMISIÓN PERMANENTE
A la cuarta reunión, que se llevará a cabo el martes 20 de enero, a las 17:30 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
A la reunión ordinaria que tendrá verificativo el miércoles 21 de enero, a las 14:00 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
3. Informe de presidencia:
• Informe sobre los avances de la logística del
séptimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México
2009.
• Formación de la subcomisión organizadora
del séptimo Parlamento de las Niñas y los Niños de
México 2009.
4. Presentación del Programa de Educación Media Superior para los Alumnos con Discapacidad, a cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación
de tres proyectos de dictamen:
• Expediente número 15/LIX. Iniciativa que reforma
y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud, y de
Educación, y de las Leyes Federales de Radio y Televisión,
de Protección al Consumidor, y de Telecomunicaciones.
• Expediente número 70/LIX. Iniciativa que reforma
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores.
• Expediente número 129/LX. Iniciativa que reforma
el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes.
6. Asuntos generales.
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A la reunión que se realizará el miércoles 28 de enero, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Atentamente
Diputado Jorge Estefan Chidiac
Presidente
Al diplomado Construyendo un nuevo federalismo: transformación e integración del desarrollo regional que, en coordinación con la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se llevará a cabo hasta el sábado 24 de enero, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
El diplomado se llevará a cabo en colaboración con la Federación Nacional de Municipios de México, AC; la Asociación de Municipios de México, AC; y la Asociación de Autoridades Locales de México, AC; y está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencias políticas, administración pública, derecho, sociología, economía y antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas de diseño, gestión y administración de los fenómenos de la migración, el desarrollo urbano, el gobierno metropolitano, el desarrollo regional y el desarrollo social.
Módulo V. Políticas para la gobernalidad,
la democracia y la coordinación federalista
Fechas: 9, 10, 23 y 24 de enero de 2009.
Ejes temáticos
DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
A la firma del convenio general de colaboración que la Cámara de Diputados celebrará con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental a fin de implantar el sistema Infomex, para la gestión de solicitudes de acceso a la información pública, el lunes 26 de enero, a las 11:00 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el edificio A, segundo piso.
Atentamente
Ingeniero Pablo Espinoza Flores
Director
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Al Premio Nacional de Finanzas Públicas, segunda edición 2009.
El Premio Nacional de Finanzas Públicas fue aprobado por resolución del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) y sometido a aprobación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, como parte de un conjunto de actos que reconocen la investigación de estudiosos y expertos mexicanos en el área de finanzas públicas.
Objetivo
Impulsar la cultura de las finanzas públicas en México y disponer de un acervo de investigaciones de calidad y estudios de frontera en materia de finanzas y economía pública que coadyuven con el trabajo legislativo en la materia.
Bases
Podrán participar todos los interesados que cumplan los estudios enmarcados en las siguientes modalidades:
b) Teóricos, cuando contribuyan a expandir la frontera del conocimiento del campo de las finanzas públicas; y
c) Tecnológicos, cuando la aportación sea un desarrollo de software, de hardware o de prototipos innovadores en el campo de las finanzas públicas y las políticas públicas asociadas a este ramo.
Los estudios, las investigaciones o los desarrollos tecnológicos pueden ser elaborados por una o más personas físicas, de nacionalidad mexicana o extranjera.
Los trabajos deben cumplir las siguientes características:
La convocatoria se abrirá el 5 de enero. La fecha límite de entrega de los trabajos será el 15 de marzo de 2009.
Exclusiones
Por invitación se convocará a académicos y personalidades destacadas del mundo de las finanzas públicas a colaborar en esta noble actividad, en aras de estimular la investigación y la producción intelectual.
Premio
Las investigaciones premiadas serán publicadas en la revista Finanzas Públicas del CEFP, en el número inmediato a la entrega de los estímulos y reconocimientos.
Resolución
La decisión del jurado se dará a conocer en la página electrónica del CEFP, www.cefp.gob.mx, en el Canal de Televisión del Congreso de la Unión y por correo digital a los participantes.
Ceremonia de entrega del premio
La ceremonia de premiación será en mayo de 2009 y contará con la participación de distinguidos integrantes de la LX Legislatura, así como de altas autoridades de la Cámara de Diputados.
Informes
Para aclaración y detalles de información en general se pueden dirigir a administrador@ns.cefp.gob.mx, teléfono 5036 0000, extensión 56009.
Atentamente
Diputado Mario Alberto Salazar Madera
Presidente
De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas
Al congreso de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea (Redipal) Virtual II.
Calendario (enero-agosto de 2009)
Temas
2. Tema permanente: Origen, desarrollo y experiencias de personas, órganos e instituciones en la realización de las actividades destinadas a los servicios de información, investigación y análisis en apoyo de la labor legislativa.
2. Conforme se vayan recibiendo las ponencias se publicará el resumen de éstas y posteriormente la totalidad, en orden cronológico de recepción.
3. Se abrirá la recepción de comentarios, que no deberán exceder de 2 cuartillas, en Word, en tipos Arial de 12 puntos, a espacio y medio, que se publicarán en su totalidad.
4. El comité de Redipal elaborará las conclusiones que se publicarán en la Red.
2. Se extenderá constancia a los integrantes que hayan elaborado comentarios en los términos requeridos.
3. Las constancias se harán llegar por correo postal al término del congreso a la dirección que indique el participante.
2. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto en definitiva por el Comité Organizador.
Nota
1. Puede ser de utilidad consultar las siguientes investigaciones:
a) DIR-ISS-06-07. Ley para la Reforma del Estado.
De la presentación de la iniciativa a la publicación de la
convocatoria de la consulta pública, que contiene las propuestas
de reformas por partido.
b) DIR-ISS-12-07. Reforma del Estado. Iniciativas
y minutas de reformas constitucionales presentados en la Cámara
de Diputados en la LX Legislatura.
c) DIR-ISS-10-07. Iniciativas de reformas constitucionales
presentadas en la Cámara de Diputados en la LX Legislatura. 1 de
septiembre de 2006 a 26 de abril de 2007 (primer año de ejercicio).
d) DIR-ISS-07-08. Iniciativas de reformas constitucionales
presentadas en la Cámara de Diputados en la LX Legislatura. 1 de
septiembre de 2007 a 13 de diciembre de 2007, segundo año de ejercicio
(Comisión Permanente del primer receso del 14 de diciembre de 2007
a 23 de enero de 2008).
Véase http://www.diputados.gob.mx/ceda/sia/dir_actual.htm
Atentamente
Diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo
Presidente