Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 15 de diciembre de 2008, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional para que los ciudadanos Laura Bernal Morales, Martín Guevara de la Cruz, José Luis Meneses Valle y Édgar Arias Patrón, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Matamoros, Tamaulipas y en Tijuana, Baja California, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 7 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en sus Consulados en Matamoros, Tamaulipas y en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del Apartado C) del artículo 37 constitucional y al artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Laura Bernal Morales para prestar servicios como secretaria FSN-5/1, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Martín Guevara de la Cruz para prestar servicios como guardia de detención de vigilancia (surveillance detection guard), en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano José Luis Meneses Valle para prestar servicios como asistente de seguridad, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California,
Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Édgar Arias Patrón, para prestar servicios como asistente consular, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2009.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, presidente;
diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), diputado
Raúl Cervantes Andrade, secretarios; senador Humberto Andrade Quezada
(rúbrica), senadora Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), diputada
Lariza Montiel Luis (rúbrica), senadora Gabriela Ruiz del Rincón
(rúbrica), diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica),
senador Fernando Castro Trenti, diputado José Rubén Escajeda
Jiménez (rúbrica), senador Ramiro Hernández García
(rúbrica), diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica),
senador Rubén Fernando Velázquez López, senador Gabino
Cué Monteagudo, diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE RATIFICA
LOS NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
QUE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EXPIDIÓ
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fueron turnadas diversas comunicaciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por las que propone las ratificaciones de los siguientes ciudadanos:
Francisco Cárdenas Elizondo, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años.
Carlos Chaurand Arzate, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años.
Alfredo Salgado Loyo, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de quince años.
Rafael Anzures Uribe, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años; y
Rafael Estrada Sámano, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años.
Los integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que expresamente le concede el artículo 78 fracción III y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:
Dictamen
Antecedentes
A. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de fecha 7 de enero de 2009, se recibieron las comunicaciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que contienen propuestas para la ratificación de Magistrados de Sala Regional; un Magistrado Supernumerario de Sala Regional y un Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a favor de los ciudadanos Adriana Cabezut Uribe, Martha Gladys Calderón Martínez, Julián Casarrubias Pérez, Jorge Avelino Castañeda González, Rosa María Corripio Moreno, Armando Flores Hernández, María Guadalupe Herrera Calderón, Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra, Lucila Padilla López, Avelino Carmelo Toscano Toscano, Analicia Vega León y Rita Amparo Velasco de León, Francisco Cárdenas Elizondo, Carlos Chaurand Arzate, Alfredo Salgado Loyo, Rafael Anzures Uribe y Rafael Estrada Sámano:
B. A las comunicaciones citadas se acompañaron los documentos curriculares de los candidatos propuestos.
C. Con fecha 13 de enero de 2009, la Comisión Dictaminadora, previa invitación, celebró una reunión de trabajo para entrevistar a los candidatos de referencia, para conocer sus capacidades personales y profesionales, así como comprobar el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el puesto a cuya ratificación han sido propuestos.
D. Los integrantes de esta Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, procedimos a la elaboración, discusión y aprobación del presente Dictamen con base en las siguientes consideraciones:
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora analizamos los expedientes curriculares y de evaluación de desempeño de los Magistrados Adriana Cabezut Uribe, Martha Gladys Calderón Martínez, Julián Casarrubias Pérez, Jorge Avelino Castañeda González, Rosa María Corripio Moreno, Armando Flores Hernández, María Guadalupe Herrera Calderón, Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra, Lucila Padilla López, Avelino Carmelo Toscano Toscano, Analicia Vega León y Rita Amparo Velasco de León, propuestos por el Presidente de la República; así como los datos curriculares de los ciudadanos Francisco Cárdenas Elizondo, Carlos Chaurand Arzate, Alfredo Salgado Loyo, Rafael Anzures Uribe y Rafael Estrada Sámano.
Por otra parte, los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecen lo siguiente:
ARTÍCULO 4. El Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores, nombrará a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
En los recesos de la Cámara de Senadores, los nombramientos de Magistrados que haga el Presidente de la República serán sometidos a la aprobación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
ARTÍCULO 5. Los Magistrados de Sala Superior serán nombrados por un periodo de quince años improrrogables, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.
Los Magistrados de Sala Regional y los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional serán nombrados por un periodo de diez años, los que se computarán a partir de la fecha de su nombramiento.
Las personas que hayan concluido el periodo para el que fueron nombradas como Magistrados de Sala Regional, podrán ser consideradas para nuevos nombramientos.
Las personas que hayan concluido el periodo para el que fueron nombradas como Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, no podrán ser nombradas nuevamente para ocupar dicho encargo.
ARTÍCULO 6. Para ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se requiere lo siguiente:
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento;
IV. Contar con notoria buena conducta;
V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento, y
VI. Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.
Consecuentemente, en cumplimiento al turno recibido, la Comisión Dictaminadora revisó cuidadosamente los expedientes personales de cada uno de ellos y pudo constatar, primero, que su situación jurídica, personal y profesional, permite afirmar que cumplen satisfactoriamente los requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece el artículo 6º de la Ley Orgánica de dicho Tribunal. Estos requisitos quedaron debidamente acreditados con las constancias que obran en los expedientes respectivos.
Por otra parte, se revisaron cuidadosamente los capítulos relativos al desempeño en el cargo, de los magistrados Adriana Cabezut Uribe, Martha Gladys Calderón Martínez, Julián Casarrubias Pérez, Jorge Avelino Castañeda González, Rosa María Corripio Moreno, Armando Flores Hernández, María Guadalupe Herrera Calderón, Faustino Gerardo Hidalgo Ezquerra, Lucila Padilla López, Avelino Carmelo Toscano Toscano, Analicia Vega León y Rita Amparo Velasco de León, particularmente los reportes estadísticos y los de Contraloría Interna, y se pudo apreciar que los magistrados sujetos a este procedimiento tuvieron un desempeño cuantitativa y cualitativamente satisfactorio y que no se recibió queja que haya sido procedente en contra de los magistrados en cuestión ni se realizó ninguna auditoría a la Ponencia de cada uno de ellos, en virtud de que no se presentó situación alguna que haya justificado la intervención de la Contraloría Interna.
Por lo que se refiere a los ciudadanos Francisco Cárdenas Elizondo, Carlos Chaurand Arzate, Alfredo Salgado Loyo, Rafael Anzures Uribe y Rafael Estrada Sámano, se procedió a examinar el historial académico y profesional de todos y cada uno de los candidatos propuestos; análisis que se sustentó, además, en la reflexión de una síntesis de sus principales datos curriculares y un examen valorativo de su conducta personal, de su capacidad, vocación, probidad, honorabilidad, de su experiencia como profesionales del derecho, de su conocimiento en los temas afines al mismo y, sobre todo, en la confirmación de que todos reúnen los requisitos para desempeñar el cargo para el que han sido propuestos.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:
Acuerdo
Primero. En uso de las facultades que le confieren los artículos 78, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratifica los nombramientos que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hizo a favor de los siguientes ciudadanos:
B. Alfredo Salgado Loyo, como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de quince años.
C. Carlos Chaurand Arzate, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años.
D. Rafael Anzures Uribe, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años.
E. Rafael Estrada Sámano, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años; y
F. Francisco Cárdenas Elizondo, como Magistrado Supernumerario de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un período de diez años.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a 13 de enero de 2009.
Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente
Senador Raúl José Mejía González
(rúbrica), presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González
(rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López
(rúbrica), secretarios; senadora Gabriela Ruiz del Rincón
(rúbrica), senadora María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica),
senadora Eva Contreras Sandoval (rúbrica), diputado Carlos Augusto
Bracho González (rúbrica), diputada María Esther Jiménez
Ramos (rúbrica), diputado José Ascención Orihuela
Bárcenas (rúbrica), senador Rogelio Rueda Sánchez
(rúbrica), diputado José Rubén Escajeda Jiménez,
diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica), diputado Carlos
Altamirano Toledo, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica),
senador Alejandro González Yáñez.
DE LA SEGUNDA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE RATIFICA
EL NOMBRAMIENTO QUE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EXPIDIÓ
EN FAVOR DEL CIUDADANO FRANCISCO JAVIER BARRIO TERRAZAS COMO EMBAJADOR
EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO EN CANADÁ
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, con fecha 7 de enero de 2009 fue turnado para su análisis el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del C. Francisco Javier Barrio Terrazas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 y en relación con la fracción XVI del artículo 89, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1. Análisis del Expediente
Después de analizar el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión percibe que, conforme a la copia certificada del acta de nacimiento número 02063 de la oficialía 01 del Estado Libre y Soberano de Chihuahua y presentada por el C. Francisco Javier Barrio Terrazas, nació en la ciudad de Chihuahua, el veinticinco de noviembre de mil novecientos cincuenta. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En el currículum vitae correspondiente declara ser licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestro en Administración de Empresas por la misma institución. Es diplomado de Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Tiene dominio del idioma inglés.
Trayectoria
El Embajador designado cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, en el que ha ocupado los siguientes cargos: Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del gobierno federal, de 2000 a 2003; Gobernador del estado de Chihuahua, de 1992 1998; y Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, de 1983 a 1986. Se desempeñó como Director de Sistemas en la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, de 1977 a 1978 y como Contador General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de 1976 a 1977.
Asimismo, el señor Barrio Terrazas se ha desarrollado profesionalmente en el ámbito privado y empresarial como Director General de Consultores en Planeación del Norte, S.C.; Director General de Mercados Amigo, SA de CV Fue contador y director de Administración de diversas empresas privadas entre 1972 y 1976. Fue fundador y accionista de diversas empresas mexicanas dedicadas a la administración de negocios y al ramo inmobiliario, entre otros campos. En cuanto a su desempeño político, es miembro del Partido Acción Nacional desde 1983. Fue diputado federal a la LIX Legislatura y fungió como Coordinador del Grupo Parlamentario de dicho partido en la Cámara de Diputados de 2003 a 2005.
Plan de Trabajo
El Embajador designado presentó a las comisiones dictaminadoras una carpeta informativa que incluye el plan de trabajo que propone desarrollar, en el caso de ser ratificado por esta soberanía, en el que plantea las características especiales de la circunscripción. Entre ellas, destaca que Canadá es una de las naciones industrializadas con mayor nivel de desarrollo económico, social y humano del mundo. Al cierre del 2007, registró un PIB nominal de 1,435.1 miles de millones de dólares, lo que la ubicó entre las diez principales potencias mundiales. En el último año la economía canadiense creció 2.7% en términos reales. Los sectores con mayor crecimiento fueron la construcción, el comercio al mayoreo y menudeo, las finanzas y el de tecnologías de la información y comunicación. El empleo creció 2.3% en 2007, gracias a la creación de 380 mil empleos. A octubre de 2008, el comportamiento general de la economía canadiense todavía se mostraba con tendencia favorable; sin embargo, la intensificación de la crisis financiera global, la evidencia de que las economías más avanzadas se encontraban en un ciclo de recesión, así como el descenso registrado en los precios de los productos básicos en el último trimestre del pasado año, ya daban indicios de que la economía canadiense resentiría los fenómenos con mayor intensidad a la anticipada.
Para hacer frente a la crisis financiera global, el gobierno canadiense implementará un mecanismo temporal llamado Canadian Lender Assurance Facility. Dicho mecanismo tendrá el objetivo de asegurar los préstamos de las instituciones bancarias de ese país conforme al plan de acción del G7 para estabilizar los mercados financieros, restaurar el suministro crediticio y apoyar el crecimiento de la economía.
El ciudadano Barrio Terrazas enfatiza en su programa de trabajo, entre muchos otros temas, el fortalecimiento de la relación bilateral a través de la Alianza México-Canadá, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y el Grupo de Trabajo México-Québec.
En cuanto a la relación en materia de asuntos políticos propone realizar las siguientes acciones:
Robustecer el trabajo de diplomacia parlamentaria.
Celebrar la próxima reunión plenaria de la Alianza México-Canadá, del 23 al 24 de marzo del presente año.
Relanzar la Carta de Intención en Materia de Cooperación en Asuntos Indígenas.
Impulsar el Programa de Estudios sobre Norteamérica y fomentar otros programas relacionados con indígenas.
Estrechar la coordinación con el gobierno canadiense a fin de buscar los equilibrios más convenientes para la región en el marco de la reunión cumbre de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN), prevista para mediados de 2009, y cuya agenda se verá influid por las definiciones de política exterior de la nueva administración norteamericana.
En materia comercial y de inversiones considera necesario impulsar al máximo cualquier posibilidad de negocios entre ambos países por lo que hace una serie de propuestas, entre ellas contactar a cámaras y organizaciones empresariales de ambos países para establecer mecanismos permanentes de retroalimentación sobre posibilidades de negocio, especialmente en lo que se refiere a la inversión canadiense en nuestro país o a la exportación de productos mexicanos hacia el mercado canadiense, la adquisición de insumos, maquinaria o partes en condiciones ventajosas para las empresas mexicanas.
En materia educativa y cultural resalta la necesidad de allegar nuevas becas a jóvenes mexicanos para continuar sus estudios en Canadá y, por otra parte, dar mayor difusión a las becas que el Gobierno mexicano ofrece a estudiantes canadienses para realizar estudios de posgrado o aprender el español. Propone hacer un esfuerzo especial de difusión y promoción de programas como el Banco de Misiones, financiado por los dos gobiernos y que permite a investigadores, catedráticos y artistas de universidades de los dos países viajar para participar en seminarios, conferencias, tareas de investigación y otros proyectos de corta duración, y el Programa North American Mobility Program, que permite intercambios entre estudiantes de Universidades que realicen acuerdos al respecto.
En materia de seguridad se fortalecerán los mecanismos de colaboración existentes, como las Pláticas Político-Militares, el Mecanismo de Diálogo de Procuración de Justicia y Seguridad y el Grupo de Seguridad entre Cisen y Public Safety Canada, con el fin de profundizar el entendimiento mutuo sobre temas de interés común para enfrentar los riesgos y amenazas transnacionales.
2. Comparecencia del Embajador
La Comisión que suscribe citó al ciudadano Francisco Javier Barrio Terrazas a una reunión que tuvo lugar el día de hoy, 13 de enero de 2009, en la que expuso su punto de vista sobre la política exterior de nuestro país, de manera especial sobre la relación bilateral con Canadá.
Temas abordados
En dicha reunión se conversó sobre la situación actual de la relación bilateral entre México y Canadá y se analizó el perfil para el cargo propuesto, así como los puntos esenciales del programa de trabajo que desarrollará y las metas que se propone alcanzar de ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Cuestionamientos de los legisladores
Intervino, en primera instancia el Sen. Raúl Mejía González, quien destacó la trayectoria del Embajador designado en su papel como Gobernador de Chihuahua y como legislador en la LIX Legislatura. Resaltó que en este momento lo que México requiere son embajadores promotores e impulsores, que representen a nuestro país en su esencia y que impulsen proyectos productivos.
Intervinieron los legisladores Javier Orozco Gómez, María Teresa Ortuño Gurza, Josefina Cota Cota, María Dolores González Sánchez, Eva Contreras Sandoval y Carlos Altamirano Toledo y Renán Cleominio Zoreda Novelo, y Carlos Augusto Bracho González quienes destacaron el fortalecimiento del intercambio económico, la necesidad de realizar mayor promoción de los estados que integran nuestro país, como los estados del norte, pues con regularidad se hace una mayor promoción al centro y sur del país, así como los principales destinos turísticos.
Destacaron la importancia de aprovechar los intereses y características comunes entre México y Canadá, debido a que ambos comparten fronteras con los Estados Unidos, ambos tienen un interés en promover el respeto de los derechos humanos.
El embajador se comprometió a promover el trabajo de los mexicanos a través de un certamen anual en Canadá, denominado "El Mexicano más destacado", entre otras propuestas.
La diputada Maria Dolores González Sánchez hizo referencia a los siguientes temas, que se acredite o reconozca el trabajo de los mexicanos en Canadá, con el propósito de que a su regreso a México se considere su desempeño y puedan acceder a ofertas de trabajo y buscar la manera de ampliar el permiso de trabajo que se otorga a los mexicanos para trabajar en aquel país, propuso que se realice una especie de feria de información a efecto de que los mexicanos conozcan cuales son las oportunidades que tienen en materia educativa y laboral en ambos países.
Finalmente el Embajador designado reiteró su propósito de acercarse e invitar a los gobernadores mexicanos, para que se incorporen a su proyecto de promoción de nuestro país en materia de inversiones, turística, educativa y cultural.
3. Resolución
Así, con base en el expediente y la comparecencia realizada, quienes integramos la Segunda Comisión hemos podido concluir que el C. Francisco Barrio Terrazas reúne las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo para el que fue designado por el Presidente de la República, de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así mismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para ser Embajador.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados y senadores integrantes de la Segunda Comisión, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:
Acuerdo
Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Francisco Javier Barrio Terrazas, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Canadá.
Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los trece días del mes de enero del año dos mil nueve.
La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
Senador Ángel Alonso Díaz Caneja (rúbrica),
presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica),
diputado Octavio Martínez Vargas, secretarios; senadora Eva Contreras
Sandoval (rúbrica), senadora María Teresa Ortuño Gurza
(rúbrica), senadora Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), diputada
María Dolores González Sánchez (rúbrica), diputado
Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), diputado Raúl
Cervantes Andrade, senador Raú Mejía González (rúbrica),
diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas, senadora
Josefina Cota Cota (rúbrica), diputado Carlos Altamirano Toledo
(rúbrica), senador Javier Orozco Gómez (rúbrica),
diputada Blanca Luna Becerril (rúbrica).
DE LA SEGUNDA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE RATIFICA
EL NOMBRAMIENTO QUE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EXPIDIÓ
EN FAVOR DEL CIUDADANO FERNANDO SANDOVAL FLORES COMO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO DE MÉXICO ANTE LA REPÚBLICA COOPERATIVA
DE GUYANA Y OBSERVADOR ANTE LA COMUNIDAD DEL CARIBE, CON SEDE EN GUYANA
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, fue turnado para su análisis el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del C. Fernando Sandoval Flores, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Cooperativa de Guyana y Observador ante la Comunidad del Caribe (CARICOM), con sede en Guyana, para los efectos de la fracción VII del artículo, 78 y en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1. Análisis del Expediente
Después de analizar el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo esta Comisión percibe que, conforme a la copia certificada del acta de nacimiento asentada en el Juzgado 12 del Registro Civil en el Distrito Federal, presentada por Fernando Sandoval Flores, nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, el treinta de mayo de mil novecientos cincuenta y dos. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
En el currículum vitae correspondiente declara ser licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y tener una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra del Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. El señor Sandoval cursó estudios de la maestría en Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala; tiene dominio del inglés y conocimientos de francés y portugués.
Trayectoria
El Embajador designado es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano. En este sentido, es de destacar su trayectoria en el exterior: se desempeñó como Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Uruguay , de 1998 a 2002, y como Cónsul Alterno en el Consulado de México en San Francisco, de 2002 02005.
Asimismo, estuvo adscrito al área de Asuntos Económicos en las embajadas de México en Brasil, de 1996 a 1998; Guatemala, de 1989 a 1993; y Venezuela, de 1985 a 1989. En Asuntos Políticos en la Embajada de México en Uruguay, de 1976 a 1978. Estuvo encargado de la Sección Consular en la Embajada de México en Paraguay, de 1978 a 1980.
El C. Fernando Sandoval Flores ha ocupado en la Cancillería los cargos de Director de Relaciones Económicas con América del Sur; Director de Relaciones Económicas con América del Sur; Director de Asuntos Económicos Internacionales; y Asesor de la Subsecretaría para América del Norte; asimismo, estuvo adscrito en la Dirección General de Relaciones Económicas Multilaterales.
Desempeño profesional reciente
En la Embajada de México en Colombia fungió como Jefe de Cancillería, de 2005 a 2007, y Jefe de Misión en calidad de encargado de Negocios, de 2007 a 2008. Actualmente se desempeña como Asesor para Temas de América Latina en la Cancillería.
Plan de Trabajo
El Embajador designado presentó a las comisiones dictaminadoras el plan de trabajo que propone desarrollar en el caso de ser ratificado, el cual plantea, según sus propias palabras, con el propósito de servir a los intereses de nuestro país con compromiso, seriedad, responsabilidad y en estricta observancia de una política exterior representativa de los intereses pluralistas del Estado Mexicano.
En la carpeta informativa plantea algunas generalidades de Guyana. Entre ellas, destaca que cuenta con una superficie de casi 215 mil km2 y una población cercana a los 770 mil habitantes (datos a julio de 2007). Hasta el 26 de mayo de 1966, cuando se independizó, fue colonia británica. Es el único país de habla inglesa en América del Sur; su nombre se deriva de un vocablo indígena que significa "Tierra de muchas aguas", referida a la gran cantidad de ríos que surcan su territorio.
Es un país de migraciones, con una composición multiétnica y multicultural, compuesta en su mayoría por ciudadanos de origen indo asiático, 50% y de origen africano, 36%.
Produce, fundamentalmente, bienes primarios: azúcar, arroz, productos forestales, oro y bauxita. Todos los productos anteriores conforman más del 90% de las exportaciones. Si bien Guyana no produce petróleo, en la actualidad se realizan exploraciones y podrían encontrarlo debido a su proximidad con dos importantes países productores: Venezuela y Trinidad y Tobago. Asimismo, se han encontrado varios depósitos de gas natural en la región costera donde también se ha hallado, en algunas zonas, petróleo, a 6,074 pies de profundidad, así como asfalto.
El 26 de mayo de 1966 Guyana se independizó del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y se mantuvo como parte de la Comunidad Británica de Naciones "Commonwealth". A partir de febrero de 1970 el país adoptó la forma de gobierno republicano. La Constitución Política del 6 de octubre de 1980, reformada en 2001, estipula que Guyana es una República Democrática y Cooperativista con un Presidente electo, por simple mayoría de votos, por los miembros de la Asamblea Nacional. Administrativamente, el territorio está integrado por diez regiones. La región Demerara/Mahaica, donde se ubica la capital del país, Georgetown, es la región más densamente poblada.
El concepto de República Cooperativa fue adoptado de la idea de los líderes políticos del país respecto del Cooperativismo. El aspecto fundamental del cooperativismo guyanés radica en el concepto de "Ayúdate que el Gobierno te ayudará", que pretende la motivación para participar en obras de infraestructura de beneficio para la comunidad, mismo que fue adoptado por el Primer Ministro, Forbes Burnham (1964-1985), que lo convirtió en una de las prioridades sociales de su gobierno.
La actual política está determinada por la reforma constitucional de 2001 que marcó el régimen bipartidista, en el que se ha acentuado la pugna por el poder entre dos grupos étnicos mayoritarios, los indo-guyaneses y afro-guyaneses, haciendo complicada la integración nacional.
Con respecto al encarecimiento de la vida producto de la crisis económica mundial, la administración se ha obligado a aplicar medidas de urgencia para absorber los aumentos de los precios de los artículos de primera necesidad.
La economía de Guayana tiene que enfrentar diversos retos como el combate a la pobreza extrema que afecta a la mayor parte de la población; modernizar una administración pública deficiente; consolidar su sector privado; así como disminuir su deuda externa. En los últimos años, Guayana se ha beneficiado de préstamos en condiciones favorables del servicio para la reducción de la pobreza del FMI y de alivio de la deuda en virtud de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral.
En el ámbito internacional, Amnistía Internacional denuncia que Guyana es un país con altos índices de ejecuciones extrajudiciales; el Grupo de Transparencia Internacional lo cataloga como uno de los más corruptos del mundo. Además, el Banco Mundial agrupa a Guyana como el segundo país más pobre del hemisferio y con más altos índices de migración. Por otra parte, la OCDE señaló en 2006, que el 80% de los graduados universitarios de Guyana emigran por motivos económicos. Según el informe sobre Desarrollo Humano de 2007, publicado por el PNUD, Guyana ocupa el lugar 97 en el índice de desarrollo humano medio, mientras que México ocupa el lugar 52, de un total de 177 países.
Para el año 2008, se proyectó una tasa de crecimiento de la economía de Guyana en torno al 4,5%, que se sustenta principalmente en las inversiones en los sectores de minería y agricultura.
Guyana tiene como objetivos de política exterior: preservar su soberanía; promover la cooperación internacional; estrechar las relaciones con sus socios de la Caricom y mantener los principios del Movimiento de Países No Alineados. Asimismo, fundamente sus relaciones internacionales en "el respeto mutuo y la buena fe". En los foros internacionales, Guyana propugna por el multilateralismo y la cooperación internacional.
Comunidad del Caribe
La Comunidad del Caribe (en inglés, Caribbean Community o CARICOM) nació el 4 de julio de 1973 con la firma del Tratado de Chaguaramas por los primeros ministros de cuatro naciones (Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago) con el fin de fortalecer sus lazos e integrar un mercado común en la región del Caribe. Actualmente esta compuesto por 14 estados miembros y un territorio (Montserrat): Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, República de Guayana, Haití, Jamaica, Montserrat, la Federación de San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y la Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. Los máximos órganos de gobierno son la Conferencia de Jefes de Estado y el Consejo de Ministros.
Sus objetivos, establecidos en el artículo 4 del Tratado de Caraguamas, se basan en
La cooperación funcional (compartir recursos y servicios en las áreas de desarrollo social y humano.
La coordinación de las políticas exteriores de los estados Miembros, presentando un frente común en su relación con países fuera del grupo.
En la XI Reunión de Caricom, celebrada en Kingston, Jamaica, el 31 de julio de 1990, se concedió a México y Venezuela el estatus de observadores en las siguientes instituciones de la Comunidad: Conferencia de ministros de Salud y Comités permanentes de Agricultura, Ciencia y Tecnología, Educación, Trabajo y Transportes.
México ha señalado en diferentes momentos como temas de su interés en la relación con Caricom los siguientes: favorecer el diálogo político; incrementar el comercio y la cooperación científica y técnica y fomentar el aprendizaje del idioma español.
La IV Reunión de la Comisión Mixta México-Caricom se celebró en Guyana los días 16 y 17 de marzo de 2006, cuyo propósito fundamental fue evaluar el curso de las relaciones de México con la Comunidad en su conjunto e identificar nuevas acciones de colaboración mutua.
En lo que se refiere a su plan de trabajo, el Embajador Sandoval destaca la estrategia para impulsar la proyección de México en el entorno internacional, de acuerdo al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
En lo que se refiere al Caribe, dicha estrategia destaca que nuestro país aprovechará las grandes oportunidades que representan los países que forman parte de la Comunidad del Caribe, tanto por su potencial económico como por el alto nivel de coordinación concertación política que han alcanzado en los foros multilaterales; asimismo, añade que México tiene en el Caribe una frontera estratégica que debe verse como una zona de encuentro y oportunidades para fortalecer las relaciones políticas, comerciales, de cooperación turísticas y culturales.
En materia de relaciones políticas, el designado Embajador propone entre otros:
Fortalecer el diálogo político con Guyana para identificar proyectos bilaterales de interés mutuo.
Mantener una presencia permanente, activa y pro positiva de México en Caricom.
Fomentar el apoyo de los países de Caricom a las iniciativas, propuestas y candidaturas mexicanos.
Apoyar la celebración en la Ciudad de México, en 2009, de una reunión de evaluación de la Comisión Mixta México-CARICOM y que en la ocasión se celebre el Foro México-Caricom que permita fortalecer los vínculos de cooperación.
Impulsar los contactos entre las cámaras empresariales de México y Guyana.
Identificar los sectores prioritarios en los que México y Guyana tienen interés en llevar a cabo inversiones y posibilidades de coinversión, particularmente en infraestructura, minería y, eventualmente, turismo.
Promover la firma de un acuerdo de protección y promoción recíproca de las inversiones entre México y los países de Caricom.
Fortalecer la difusión de ofertas de productos y servicios de empresas mexicanos en Guyana y los países de Caricom.
2. Comparecencia
La Comisión que suscribe citó al ciudadano Fernando Sandoval Flores a una reunión que tuvo lugar el 13 de enero de 2009, en la que expuso su punto de vista sobre la política exterior de nuestro país, de manera especial sobre la relación bilateral con la República Cooperativa de Guyana
Temas abordados
En dicha reunión se conversó sobre la situación actual de la República Cooperativa de Guyana, así como los puntos esenciales del programa de trabajo que desarrollará y las metas que se propone alcanzar de ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El señor Sandoval destacó el interés del gobierno mexicano por ampliar los lazos de todo tipo con Guyana, debido a que en ese país tiene su sede uno de los principales organismos de cooperación e integración en el Caribe, la Comunidad del Caribe, Caricom. Asimismo, la Embajada en Guyana representa la número cuatro de México en el Caribe anglófono, después de Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Jamaica.
Resaltó que México debe reconocer la importancia de los países del Caribe, pues todos ellos tienen participación en foros y mecanismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, foros en los que estos países tienen voz y voto.
Cuestionamientos de los legisladores
Participaron con sus comentarios el senador Renan Cleominio Zoreda Novelo, quien señaló la conveniencia de que exista una representación de México en la Republica de Guyana y el reto que implica para México, pues hoy en día Guyana no tiene no recibe ningún tipo de inversión por lo que, en este sentido es importante buscar consolidar inversiones en la región del Caribe y manifestó el acuerdo de su grupo parlamentario para respaldar el nombramiento en su favor. Intervinieron las senadoras Beatriz Zavala Peniche y María Teresa Ortuño, el diputado Carlos A. Bracho González y el diputado Carlos Altamirano Toledo, la diputada María Dolores González Sánchez. Entre otros temas, hicieron énfasis en el reto para establecer una relación comercial fuerte; la cooperación en materia de desarrollo social y derechos humanos, este último tema por encontrarse Guyana en los últimos lugares de desarrollo humano.
El embajador designado fue felicitado por los legisladores por su exposición y se le ofreció el respaldo del Congreso en esta tarea que implica un gran reto. El Presidente, senador Ángel Alonso Díaz Caneja agradeció a nombre de la Comisión la presencia del diplomático.
2. Resolución
Así, con base en el expediente y la comparecencia realizada, quienes integramos la Segunda Comisión hemos podido advertir que Fernando Flores Sandoval reúne las cualidades y méritos necesarios para el eficaz desempeño del cargo para el que fue designado por el Presidente de la República, de acuerdo a las facultades que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así mismo, posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para ser Embajador.
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes Comisión nos permitimos someter a la consideración de asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:
Acuerdo
Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Fernando Sandoval Flores, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Cooperativa de Guyana y Observador ante la Comunidad del Caribe, con sede en Guyana.
Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los trece días del mes de enero del año dos mil nueve.
La Segunda Comisión - Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.
Senador Ángel Alonso Díaz Caneja (rúbrica),
presidente; senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica),
diputado Octavio Martínez Vargas, secretarios; senadora Eva Contreras
Sandoval (rúbrica), senadora María Teresa Ortuño Gurza
(rúbrica), senadora Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), diputada
María Dolores González Sánchez (rúbrica), diputado
Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), diputado Raúl
Cervantes Andrade, senador Raúl Mejía González (rúbrica),
diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas, senadora
Josefina Cota Cota (rúbrica), diputado Carlos Altamirano Toledo
(rúbrica), senador Javier Orozco Gómez (rúbrica),
diputada Blanca Luna Becerril (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR
A LA SHCP PARA QUE REVISE EL ALZA DEL DIESEL, DE COMBUSTIBLES Y DE TARIFAS
ELÉCTRICAS
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fueron turnadas los días 7 y 8 de enero de2009, para su análisis y dictamen las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo:
2. Para exhortar al Ejecutivo Federal para que en coordinación con el Congreso de la Unión, diseñe y apruebe un plan de redistribución del gasto público que amortigüe los efectos negativos de la recesión económica en marcha, en el empleo, ingreso y nivel de vida del pueblo mexicano; presentada por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.
3. Para exhortar al Ejecutivo Federal, rectifique su política de empleo; presentada por la Diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
4. Para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que lleve a cabo de inmediato un análisis de los precios de los combustibles que se expenden en el país, con la finalidad de adecuarlos a los precios internacionales del petróleo, presentada por el diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Antecedentes
1. Con fecha siete de enero de dos mil nueve, los legisladores citados, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión las proposiciones de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas solicitudes de punto de acuerdo se turnaran para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se emite en este acto el dictamen correspondiente.
3. Las proposiciones en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustentan:
El gobierno modificó recientemente su expectativa de crecimiento económico a cero por ciento para este año, a lo que se suma la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional y la devaluación del peso, lo que redundará en el deterioro de las finanzas públicas por el descenso de los ingresos fiscales y el aumento de las erogaciones por concepto de pago de la deuda.
B. Que ante el nulo crecimiento del producto interno bruto (PIB) en este año, es necesario fortalecer el mercado interno y diversificar el internacional, así como proteger y promover la planta productiva nacional.
C. Que para el caso particular de la gasolina y el diesel mexicanos son hoy en día más caros que en Estados Unidos. El precio de la gasolina más vendida en México (Magna) alcanzó los 7.66 pesos por litro el 13 de diciembre del año pasado, comparado con los 40.3 centavos de dólar por litro que pagan actualmente los consumidores estadounidenses en promedio, según datos de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineras y de la página Fuelleconomy.gov, del gobierno de Estados Unidos.
D. Que como consecuencia de la crisis, el desajuste en nuestros agregados macroeconómicos y, en general, la baja en la planta productiva nacional afectarán el empleo de los mexicanos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha señalado que en el último trimestre de 2008, la tasa nacional de desocupación fue de 4.11 por ciento respecto a la población económicamente activa, tasa superior a la que se registró en el mismo periodo de 2007, que fue de 3.93 por ciento.
La tasa de desempleo que se ha publicado es la de mayor nivel desde que el INEGI, divulga la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en 2005, al concentrar a 1.9 millones de personas en el tercer trimestre de 2008. Otro dato preocupante es que la tasa de desempleo nacional se incrementó 0.07 puntos porcentuales con relación a la del segundo trimestre. Esta cifra de desempleo confirma que la economía del país no marcha.
E. Que, por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reportado que se han perdido más de 100 mil empleos, las empresas confirman que en el país hay un alto índice de desempleo.
En este sentido, se observa que los despidos se centran en el sector femenil, por lo que es oportuno recalcar que las mujeres han sido el eje del desarrollo de sus familias y comunidades en el país. Además, en este sector se concentran los más altos índices de precariedad, y cuenta con los más bajos niveles de instrucción y de ingresos.
F. Que las autoridades federales deben, también, abordar la problemática de los altos costos de las tarifas eléctricas con sensibilidad y responsabilidad social, ya que se ven afectadas millones de familias.
G. Que otro de los rubros que se verá afectado por la recesión económica es el gasto público.
Además, y no obstante el llamado blindaje al crudo mexicano por medio de coberturas de riesgos anunciado por Hacienda, el 40 por ciento de los ingresos previstos en la ley provienen de las exportaciones de petróleo, cuyo precio fue estimado en 70 dólares por barril, y en los últimos meses se ha desplomado hasta colocarse en 40 dólares, el pasado lunes 5 de enero.
En 2008 el promedio de exportación diaria de petróleo crudo fue de 1 millón 402 mil barriles diarios, dando un total de 511 millones 730 mil barriles en el año. La cobertura del gobierno federal para 2009 sólo considera 330 millones de barriles a 70 dólares, por lo que el riesgo se encuentra en 181 millones 730 mil barriles que no se consideran en este seguro, significando en estos términos una pérdida aproximada de 5 mil 451 millones de dólares.
Otro riesgo se sitúa en el decremento de la producción del crudo (entre enero y octubre de 2008 la producción de petróleo crudo promedió 2 millones 816 mil barriles diarios, volumen inferior en 9.6 por ciento respecto a lo observado en 2007 debido principalmente a la declinación de Cantarell) y, por tanto, en el volumen de exportación (entre enero y octubre la exportación del petróleo crudo fue menor en 17 por ciento respecto a 2007).
Con base en lo anterior, los autores de las proposiciones solicitan que el Ejecutivo Federal y las dependencias responsables en cada caso implementen las medidas necesarias para detener el incremento de precios de los combustibles, gasolinas y tarifas eléctricas para evitar que sigan afectando a la población; así como las acciones referentes a diseñar e implementar políticas públicas eficientes de empleo y gasto público para enfrentar esta crisis mundial con efectos directos en la economía de nuestro país.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten el presente Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Estamos frente a una recesión global de grandes proporciones y que podría ser de varios años. Lo anterior, sin lugar a dudas tendrá repercusiones en México. Prueba de ello, son las recientes estimaciones a la baja de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que durante 2009 el producto interno bruto erá de cero. Esto es insuficiente para el crecimiento que requiere un país como México para crear un millón de empleos.
Es urgente que se apliquen medidas relativas a contener los precios, particularmente aquellos que afectan mayormente el poder adquisitivo de la población. El Gobierno Federal debe ejercer el presupuesto para que la economía tenga dinamismo y debe ocuparse de mantener y generar las fuentes de empleo y el apoyo a las empresas, sobretodo a las micro, pequeñas y medianas que representan más del 90 por ciento del empleo en nuestro país. Al mismo tiempo hay que fortalecer el mercado interno y diversificar el internacional.
Con respecto al Acuerdo Nacional para Apoyar la Economía Familiar y el Empleo que anunció recientemente el Presidente de la República, surge la interrogante si este paquete de 25 medidas serán suficientes para enfrentar los efectos de la recesión global e impedir un mayor desempleo, porque la Secretaría del Trabajo ya reconoció que al cierre de 2008 se perdieron 37 mil 353 empleos y la realidad es que el éxito de este programa depende fundamentalmente de la pronta recuperación de la economía de Estados Unidos y de que no se agudice la recesión en nuestros principales mercados.
Por otro lado, las presiones al alza que experimentaron los precios de verduras, frutas, productos agropecuarios, electricidad y derechos de agua, durante el último mes del año pasado, hicieron que la inflación anualizada en México llegara a 6.53% en 2008, su nivel más alto en los últimos ocho años. Esto quiere decir que el impacto negativo en el nivel de vida de la sociedad es ya una realidad y el plan del Gobierno no previó estas afectaciones ya materializadas.
En ese sentido, esta entidad legislativa considera pertinente exhortar al Ejecutivo Federal para que en coordinación con sus dependencias tomen en cuenta las propuestas planteadas por los legisladores promoventes.
Los legisladores integrantes de esta Comisión de Trabajo consideran que aún es tiempo para tomar otro tipo de medidas, como las aquí planteadas, para fortalecer al país y prevenir mayores afectaciones derivadas de la crisis mundial.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que revise el incremento de los precios del diesel, los combustibles y las tarifas eléctricas. Asimismo que considere su política de empleo y ejerza de manera eficiente y eficaz el gasto público.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 13 de enero de 2009.
Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente
Senador Raúl José Mejía González,
presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica),
senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica),
secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado Carlos Augusto
Bracho González (rúbrica), diputado José Rubén
Escajeda Jiménez, senador Alejandro González Yáñez,
diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), diputado
Octavio Martínez Vargas, diputado José Ascención Orihuela
Bárcenas (rúbrica), senadora María Teresa Ortuño
Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica), senadora
Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval (rúbrica),
diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE INVITA AL
COMISIONADO NACIONAL DE PESCA A REUNIRSE CON ESE ÓRGANO LEGISLATIVO
A FIN DE QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES IMPLANTADAS PARA REACTIVAR LA ACTIVIDAD
PESQUERA
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fueron turnadas los días 7 y 8 de enero de 2008, para su análisis y dictamen las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo:
2. Para exhortar al Titular del Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detenga el incremento del precio de los combustibles; así como ofrecer respuesta a las demandas de los pescadores actualmente en paro; presentada por Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Para exhortar a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que atienda de manera urgente el paro nacional pesquero, presentada por el Diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Antecedentes
1. Con fecha siete de enero de dos mil nueve, los legisladores citados, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión las proposiciones de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas solicitudes de Punto de Acuerdo se turnaran para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente.
3. Las proposiciones en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustentan:
Que como es del conocimiento público desde el primer día de este año, más de 2 mil embarcaciones de la flota pesquera nacional se encuentran en paro, tanto en el Pacífico como en el golfo de México, como una expresión de su inconformidad ante los constantes incrementos del diesel marino, insumo fundamental para su actividad que en sólo un año aumentó en más de 100 por ciento, haciendo prácticamente incosteable la pesca, tan importante para la alimentación del pueblo mexicano.
Los números no mienten y se encuentran como parte central de esa inconformidad social que debe ser atendida de inmediato por las autoridades responsables, como en más de una ocasión lo advertimos desde la tribuna del Senado y de esta propia Comisión Permanente, al observar cómo el precio internacional de los energéticos ha tenido un comportamiento a la baja, mientras aquí en México se encarece gradualmente.
En el caso, el precio pasó de 3.50 pesos por litro en enero de 2008 a 7.33 pesos en diciembre del mismo año.
Con base en lo anterior, los autores de las proposiciones solicitan que el Ejecutivo Federal y las dependencias responsables en cada caso implementen las medidas necesarias para detener el incremento del diesel marino.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten el presente Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Estamos frente a una recesión global de grandes proporciones y que podría ser de varios años. Lo anterior, sin lugar a dudas tendrá repercusiones en México. Prueba de ello, son las recientes estimaciones a la baja de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que durante 2009 el Producto Interno Bruto (PIB) será de cero.
Coincidimos que el gobierno federal se debe sensibilizar ante la problemática que se vive en el sector pesquero y proponer vías de solución y alternativas integrales para el fortalecimiento de la actividad pesquera nacional.
Debemos evitar que por la indiferencia y minimización del conflicto se desencadene una grave crisis económica y social, ya que se advierte el desabasto de productos marinos y el cierre temporal, en el peor de los casos permanente, de fuentes de empleos directos e indirectos.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, someten a la Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. En el ámbito de colaboración entre Poderes, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión invita al Comisionado Nacional de Pesca, C. Ramón Corral Ávila a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión, con el propósito de que informe sobre las acciones implementadas por la Comisión a su cargo para reactivar la actividad pesquera.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 13 de enero de 2009.
Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente
Senador Raúl José Mejía González
(rúbrica), presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González
(rúbrica), senador Rubén Fernando Velázquez López
(rúbrica), secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo, diputado
Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), diputado José
Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González
Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos
(rúbrica), diputado Octavio Martínez Vargas, diputado José
Ascención Orihuela Bárcenas, senadora María Teresa
Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez (rúbrica),
senadora Gabriela Ruiz del Rincón, senadora Eva Contreras Sandoval
(rúbrica), diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica).
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE SOLICITAR A LA SHCP Y A LA SAGARPA QUE LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS PARA 2009 SE
LLEVEN A CABO EN TIEMPO Y FORMA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el veintidós de diciembre de dos mil ocho, para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que las reglas de operación de los Programas Agropecuarios para 2009, se lleven a cabo en tiempo y forma; presentada por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. Con fecha veintidós de diciembre de dos mil ocho, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contiene los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
B. Que entre estas medidas, especial relevancia merecen aquellas que tienen un alto impacto en la preservación del empleo, el crecimiento y la seguridad alimentaria, como es el caso de las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario.
C. Que en este sentido, es pertinente reconocer la oportunidad del reciente anuncio oficial relativo a una ampliación por 20 mil millones de pesos en el presupuesto del Programa Especial Concurrente, así como la noticia del adelanto a febrero en la apertura de ventanillas de trámites correspondientes a este programa. Ello responde positivamente –aunque tal vez aún no de manera suficiente- a las inquietudes que han venido manifestando las organizaciones de productores y diversas fuerzas políticas, entre ellas el Grupo Parlamentario del PRI, con respecto a la grave asincronía entre las fechas de otorgamiento de los apoyos al sector agropecuario y la temporalidad de los ciclos agrícolas, por no hablar del agravio ocasionado por el subejercicio en el gasto público del sector en 2008.
D. Que por consiguiente es urgente la necesidad de complementar las medidas anteriores con la adopción de presupuestos multianuales en el ejercicio del gasto correspondiente al sector agropecuario y, en consecuencia, se adapten las reglas de operación de los programas federales del sector a este horizonte temporal de planeación y ejercicio multianual del presupuesto público.
E. Que es importante señalar que esta propuesta goza de un amplio consenso social y un marco jurídico pertinente que hasta ahora han sido desestimados, y a lo cual ahora se une el escenario de emergencia económica descrito anteriormente.
F. Que entidades sociales y políticas como la Conago, la Convención Nacional Hacendaria, el Consejo Nacional Agropecuario, la CNC y los Sistema Producto, se han manifestado en diversas ocasiones sobre la necesidad de promover el ejercicio de presupuestos multianuales para el sector agropecuario. De manera similar, un punto de acuerdo presentado por nuestro Grupo Parlamentario el 30 de octubre pasado alude, entre otros, a este punto. Como igualmente lo hace la reciente reforma constitucional a la fracción IV del artículo 74, que autoriza las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura, así como el artículo 32 y 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
G. Que aunado a lo anterior, es relevante tomar en consideración que esta política pública de planeación y proyectos multianuales se aplicará en 2009 en otros sectores económicos como son las obras de infraestructura pública a cargo de la SCT; y esta misma modalidad presupuestal fue considerada en la reforma energética recientemente aprobada, también con el fin de dar certidumbre a las inversiones y fomentar proyectos de largo alcance temporal.
H. Que considerando además elementos específicos del sector agropecuario como es su aportación al 30% del empleo y una cuarta del PIB, así como el contexto de precariedad que habrá de enfrentar en 2009 ante la rigidez en el acceso al crédito productivo, la pérdida cambiaria que representa la depreciación del peso, el incremento en los precios de insumos básicos como combustible y fertilizantes, y las previsibles oscilaciones en los mercados internacionales de alimentos; es que se justifica -ampliamente- adicionar a las medidas emergentes dirigidas al sector agropecuario, la propuesta aquí promovida para adoptar presupuestos multianuales en el ejercicio del gasto público y adaptar las regla de operación de los programas federales a este horizonte temporal.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Comisión Permanente considera que la recesión mundial que se avecina y que ya comenzamos a resentir en nuestro país exige la adopción de este tipo de medidas, igualmente extraordinarias, que sean proporcionales a la profundidad de la crisis económica y financiera.
Estas medidas van orientadas a proteger la producción agropecuaria, base fundamental de nuestra seguridad alimentaria, y la preservación del empleo de los mexicanos.
En ese orden de ideas, se debe destacar el hecho de que ante un escenario de extrema complejidad económica el gasto público se constituye como palanca fundamental para impulsar el crecimiento económico.
El gobierno federal debe estar conciente de ello, máxime cuando se trata del sector agropecuario del país. Debe ser conciente también que a las medidas anteriores tienen que adaptarse reglas de operación oportunas y un ejercicio multianual del gasto público.
Basta recordar que el sector agropecuario mexicano padece de una grave disfuncionalidad entre las fechas en que se otorgan los recursos y la temporalidad misma de los ciclos agrícolas. Esta disfuncionalidad se agrava con los subejercicios en el presupuesto federal y ocasiona retrasos en la producción de los alimentos, fallas en su comercialización y, en consecuencia, un deterioro del sector.
Es por estas razones que el Poder Legislativo Federal, como autoridad de representación popular, le corresponde atender en el ámbito de sus facultades esta difícil situación que se avecina y procurar que el gobierno contribuya con las medidas y condiciones que reduzcan el impacto social y económico de la desaceleración por la que atraviesa el país y la economía global, y establezcan nuevas bases para la recuperación de la senda del crecimiento económico.
En ese sentido, esta entidad legislativa considera pertinente exhortar a las dependencias referidas a elaborar con oportunidad las reglas de operación de los Programas Agropecuarios para este año en virtud de que representan un fuerte apoyo para los agricultores y el campo en general.
Es sobretodo en esos momentos cuando el ejercicio completo y eficiente de los recursos federales servirá de contrapeso ante una menor demanda provocada por el desajuste de la recesión económica mundial y nos hará sortear de mejor manera la crisis. Además, es imperativo evaluar con las instancias correspondientes aquellos proyectos y programas que requieren de presupuestos multianuales para cumplir con sus objetivos.
La Comisión Permanente, en esta tesitura, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a elaborar oportunamente las reglas de operación de los Programas Agropecuarios 2009, contribuyendo a que este sector padezca en la menor medida de lo posible los estragos de la recesión económica.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, someten a esa honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorableCongreso de la Unión solicita a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; y de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que las reglas de operación de los programas agropecuarios que aplicarán en la ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, se lleven a cabo en tiempo y forma, además de contemplar lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y tomando en cuenta los requerimientos de las entidades federativas, y el compromiso de los gobiernos de los Estados, especialmente en lo relacionado con los programas y proyectos que requieren una asignación presupuestal multianual en este sector en el país.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 07 de enero de 2009.
Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente
Senador Raúl José Mejía González
(rúbrica), presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González,
senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica),
secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), diputado
Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), diputado José
Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González
Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos
(rúbrica), diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica),
diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora
María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), senador Rogelio
Rueda Sánchez (rúbrica), senadora Gabriela Ruiz del Rincón,
senadora Eva Contreras Sandoval, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.
DE LA TERCERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL GOBERNADOR Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL
DE AGUASCALIENTES A REEVALUAR LOS PERMISOS Y LAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA COYOTILLOS, PUES REPRESENTA UN RIESGO
PARA LA RANA DE MADRIGUERA
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada el veintidós de diciembre de dos mil ocho, para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Semarnat a denegar la autorización del proyecto pista coyotillos porque representa un riesgo para la rana de madriguera; presentada por el Diputado Manuel Portilla Diéguez y el Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. Con fecha veintidós de diciembre de dos mil ocho, el Diputado Manuel Portilla Diéguez y el Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente.
3. La proposición en estudio, en síntesis, contienen los siguientes fundamentos y razones en que se sustenta:
Sobre el particular resulta de gran importancia el caso de los anfibios: ranas, sapos, salamandras y cecilias. De acuerdo con el estudio de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad intitulado La diversidad biológica de México: estudio de país, en nuestra nación se encuentran 290 especies de anfibios, de las cuales 174 son endémicas.
En términos porcentuales los anfibios constituyen el 7 por ciento del total de las especies registradas en el país. De éstas, el 60 por ciento son endémicas, lo que da muestra de su singular importancia y explica por qué México tiene el cuarto lugar mundial en riqueza biológica de este grupo de vertebrados. Cabe destacar que durante el periodo que comprende entre 1980 y el 2004, en América se extinguieron 5 especies de anfibios. Los principales factores de declinación de los anfibios son la pérdida de hábitat (fragmentación), enfermedades, elementos contaminantes, cambio climático, limitado rango de distribución y limitada habilidad para dispersarse.
B. Que existe un grave peligro de extinción de la rana de madriguera (Smilisca dentata). Anfibio endémico de nuestro país que hasta antes de una revisión taxonómica había sido clasificado dentro del género Pternohyla, esta especie de rana, tiene como características distintivas que en la punta de los dedos presenta un ensanchamiento en forma de disco, que es adhesivo, lo cual le permite trepar y sostenerse en superficies lisas.
En el caso de los machos, esta especie mide 6.2 centímetros; mientras que en las hembras el tamaño promedio es de 6.5 centímetros. Aunque el color más común es el verde brillante, con manchas café de diferentes formas, puede presentar otras tonalidades de verde, mientras que el vientre puede ser amarillo crema o blanco. La cabeza es ancha y larga, su cuerpo es robusto y la boca es tan amplia que casi toca los tímpanos. Su principal alimento son los insectos, en particular escarabajos, chapulines y mariposas nocturnas.
El hábitat de la rana de madriguera (Smilisca dentata), se limita a las zonas de pastizales inundables, donde la formación de encharcamientos favorece su reproducción. Al ser una rana de hábitos cavadores, en temporada de estiaje se refugia dentro de galerías construidas en suelos arcillosos, las cuales tienen una profundidad aproximada de 30 centímetros y una longitud de hasta 5 metros.
Durante la época de lluvias intensas, la rana de madriguera sale de la galería para aparearse: "los machos llaman a las hembras desde el interior de estanques temporales o en terrenos inundados que no superan los 30 centímetros de profundidad, ya sea desde la orilla o dentro del estanque donde emiten su reclamo flotando". Una vez que los huevos son depositados en el agua y disgregados en el fondo del estanque transcurren entre cuatro y cinco semanas para que los renacuajos nazcan.
C. Que de acuerdo con las observaciones de campo realizadas por el maestro en ciencias Gustavo E. Quintero Díaz, presidente de Conservación de la Biodiversidad del Centro de México, AC, con sede en el Estado de Aguascalientes, al salir del estanque los renacuajos no han completado su metamorfosis pues todavía tienen el 60 por ciento de su cauda.
De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, "Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo", la Smilisca dentata, pese a que está en peligro crítico de extinción, está clasificada como especie amenazada. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 58, inciso b), de la Ley General de Vida Silvestre, las especies amenazadas son aquellas que "podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones".
Asimismo, en la Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la especie se ha catalogado como "en peligro" porque se encuentra en un área geográfica de distribución menor a los 100 kilómetros cuadrados en la que el terreno está severamente fragmentado.
Un aspecto singular y por demás sorprendente de esta rana es su distribución, pues aún cuando la mayoría de las ranas arborícolas de la familia Hylidae se localizan en climas tropicales, en México la rana de madriguera (Smilisca dentata) se encuentra en un área de menos de 100 kilómetros cuadrados de superficie. Esto la hace la especie con la distribución geográfica más restringida de las ranas arborícolas registradas en México. Muy a pesar de que se tenían registradas sólo 8 localidades en que se distribuía; las últimas observaciones de campo, llevadas a cabo en el periodo 2002-2007, revelan que sólo se observaron ejemplares en 2 localidades. Una al sur de la población Villa Hidalgo, Jalisco, donde se reportó la presencia de tan sólo tres individuos de ranas de madriguera, lo que sugiere que esta población está a punto de extinguirse, mientras que la otra localidad se ubica en el poblado de Buenavista de Peñuelas, Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, donde se encuentra una población que en los dos últimos años se ha logrado reproducir con éxito, no obstante que el número de individuos ha demostrado un decremento significativo por las patentes amenazas a su conservación. Sin embargo, la principal amenaza en Buenavista de Peñuelas es, como en todos los casos, la actividad antrópica, como el cambio en el uso de suelo para actividades ganaderas, agrícolas y urbanas así como la construcción de vías de comunicación.
D. Que según los monitores realizados para la especie dentro del poblado de Buenavista de Peñuelas, en 2005 la población era de 397 ejemplares, para el 2006 había disminuido a 256 ejemplares y, pese a que para el 2007 se cuantificaron 426 ejemplares, en un solo periodo de ese año la población decreció en 126 individuos; para 2008 no se tiene aun un registro de los individuos que integran esta población de la Smilisca dentata; no obstante hasta el mes de agosto se habían realizado 3 muestreos en la zona, los cuales se registraron por lo menos 50 ranas atropelladas; esto debido a que el hábitat se fragmentó por el paso de una carretera. Aunado a lo anterior, los predios donde habita la rana son destinados para actividades agrícolas y pecuarias, lo que provoca la compactación del suelo y su acidez, en detrimento de la especie.
E. Que el pasado día 23 de enero de 2008, los diputados Manuel Portilla Diéguez y Sergio Augusto López Ramírez, presentaron ante la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, una propuesta con punto de acuerdo relativo a la creación del área natural protegida "Santuario de la rana de madriguera (Smilisca dentata)", en el ejido de Buenavista de Peñuelas, municipio de Aguascalientes, Aguascalientes; del mismo modo, el 21 de febrero del 2008, el diputado Juan Gaytán Mascorro, presentó ante la Sexagésima Legislatura del estado de Aguascalientes la proposición con punto de acuerdo relativa la creación de un área natural protegida "Santuario de la rana de madriguera". Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2008, dentro del Ramo 16, Medio Ambiente, se destino la cantidad de dos millones de pesos al gobierno de Aguascalientes para que por medio del Instituto de Medio Ambiente del estado, ejecute el proyecto de inversión denominado "Protección y conservación de la rana de madriguera (Smilisca dentata)", cuyos objetivos son:
• Implantar estrategias efectivas de protección y conservación de la rana de madriguera y establecer un área protegida que permita mantener la reproducción y desarrollo biológico de esta especie.
• Promover entre la población del municipio y el estado de Aguascalientes el conocimiento y valoración de esta especie para evitar su erradicación y extinción.
F. Que desafortunadamente, el estado de Aguascalientes y el municipio carecen de congruencia respecto a sus políticas de conservación, ya que a últimas fechas han manifestado su acuerdo para la ejecución de un proyecto denominado Pista Coyotillos, obra que ejecuta la empresa Maquinaria y Construcciones Cafa, SA de CV.
La Pista Coyotillos es un proyecto que consiste de la construcción de una pista de carreras tipo Nascar, que se ubicará en un predio de 59.302 hectáreas. Las actividades que comprenden el cambio de uso de suelo consistirán en desmonte, relleno y nivelación del terreno y recubrimiento en algunas zonas con pavimento para el estacionamiento y camino de acceso. Cabe señalar que el óvalo de la pista está en construcción, ya que estas actividades se desarrollan sobre la zona que había sido destinada a cultivo y no presenta vegetación.
El proyecto se ubica sobre la carretera que comunica a Tanque de los Jiménez, cerca del entronque al boulevard que va del aeropuerto de la ciudad hacia la población de Peñuelas. El total de las 59.302 hectáreas se destinarán a las actividades relacionadas con las carreras de autos, como es una pista, graderías, estacionamiento, áreas de vestidores, etcétera, todas ellas consideradas permanentes, por lo que corresponden al 100 por ciento del total del polígono. Vale mencionar que en la manifestación de impacto ambiental del proyecto, sujeta a evaluación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el propio promovente reconoce que el proyecto se ubica a 550 metros al norte y 115 metros al oriente de la poligonal en que ha sido registrada la población de Smilisca dentata en Peñuelas. Del mismo modo, señala que, "los cuerpos de agua de mayor importancia cercanos al proyecto son un bordo y una pequeña escorrentía localizados al este del polígono, los cuales se encuentran aproximadamente a 200 metros del proyecto. En los alrededores del área es posible observar en su mayoría zonas adecuadas para la captación de agua (bordos). Al este y norte del polígono se detectaron dos zonas de inundación que no son permanentes, ya que solo captan pequeñas cantidades de agua en época de lluvias debido al desnivel del terreno".
G. Que resulta inaceptable establecer que la obra no tendrá impacto acumulativo sobre la población de rana de madriguera, aun cuando se encuentra a una distancia de menos de un kilómetro; los argumentos vertidos por el promovente carecen de certeza y credibilidad, pues el sólo hecho de que los eventos no se realizaren en época de lluvias o por la noche, no son los suficientemente valederos para respaldar la hipótesis de que la población de Smilisca dentata no sufrirá afectación. Resulta totalmente obligatorio que durante la evaluación de impacto ambiental del proyecto, la Semarnat considere todo lo relacionado con los ciclos biológicos, desplazamientos y distribución natural de la rana de madriguera (Smilisca dentata).
Los argumentos expuestos bastan para acreditar que la Smilisca dentata es una especie microendémica cuya única población viable se localiza en Peñuelas, Aguascalientes, en predios contiguos a los del proyecto Pista Coyotillos; que la especie se encuentra catalogada por la NOM-059-SEMARNAT-2001 como amenazada, sugiriéndose que su estado real es en peligro de extinción, ya que actualmente quedan sólo unos cientos de ejemplares; por lo que la fracción III del artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente claramente establece:
"Artículo 35. ...
...
...
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:
I. …
II. …
III. Negar la autorización solicitada, cuando:
a) Se contravenga lo establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables;
b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies, o
c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate."
Con base a lo anterior, los autores de la proposición solicitan que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca niegue la autorización de construcción de la pista Coyotillos, al considerar podría extinguirse la rana de madriguera, como lo establece el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre.
En consecuencia, los integrantes de la Tercera Comisión emiten al presente Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El cambio climático, la reducción de zonas ecológicas en cualquiera de sus modalidades y el incremento de las especies animales y vegetales en peligro de extinción son tan sólo algunos de los problemas ecológicos que México sufre actualmente.
En este sentido, los integrantes de esta Comisión de Trabajo coincidimos en que es necesario y urgente implantar estrategias efectivas de protección y conservación de la rana de madriguera y establecer un área protegida que permita mantener la reproducción y desarrollo biológico de esta especie en concordancia con los proyectos de obra pública o desarrollo de infraestructura de la zona.
Consideramos que se pueden establecer mecanismos compartidos para cuidar la flora y la fauna de la regiones y al mismo tiempo construir proyectos carreteros o de otra índole que traigan beneficios a la entidad y a la población.
Por tanto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo del estado de Aguascalientes y del municipio de Aguascalientes a reevaluar los permisos y autorizaciones para la construcción de la Pista Coyotillos, considerando el grave impacto que tendrá sobre la última población viable conocida de la rana de madriguera.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 7 de enero de 2009.
Por la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente
Senador Raúl José Mejía González
(rúbrica), presidente; diputado Carlos Eduardo Felton González,
senador Rubén Fernando Velázquez López (rúbrica),
secretarios; diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), diputado
Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), diputado José
Rubén Escajeda Jiménez, senador Alejandro González
Yáñez, diputada María Esther Jiménez Ramos
(rúbrica), diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica),
diputado José Ascención Orihuela Bárcenas, senadora
María Teresa Ortuño Gurza, senador Rogelio Rueda Sánchez
(rúbrica), senadora Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica),
senadora Eva Contreras Sandoval (rúbrica), diputado Cuauhtémoc
Velasco Oliva.
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS E INSTITUCIONALES
NECESARIAS A FIN DE ADECUARLAS Y HACERLAS COMPATIBLES CON LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y CON LA LEY PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a fin de exhortar a las autoridades ejecutivas y legislativas de las 32 entidades federativas a llevar a cabo acciones que permitan la adecuación de las normas locales a lo dispuesto en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, en nombre de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición Punto de Acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el Capítulo de Consideraciones, la autora de la Proposición que se dictamina manifiesta sustancialmente lo siguiente:
El 13 de noviembre de 2006 se recibieron las observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, respecto al III Informe de México sobre la Niñez. Se reconoce lo realizado y se destacan las reformas a los artículos 4, 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la tipificación de violencia intrafamiliar en códigos de 15 entidades federativas; la ratificación del Protocolo sobre la Trata de Personas; la ratificación del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo; el Programa de Acción 2002-2010, y la ratificación de protocolos facultativos de la Convención de los Derechos de la Niñez referentes a la participación de niños en conflictos armados y a la venta, prostitución y la utilización en pornografía de niños.
Se detallan también en el citado Informe los pendientes que tiene México en torno a la Convención de los Derechos de la Niñez: Las recomendaciones se dividen en capítulos, las primeras son para avanzar en el ámbito de la legislación, destacando algunos temas prioritarios, como son: La edad mínima para contraer matrimonio en este país es de 14 años para las niñas y 16 para los niños. Se requiere una reforma legal para aumentar dicha edad e igualarla para los dos géneros; reformas al Código de Procedimientos Civiles para asegurar que los niños sean escuchados en las actuaciones judiciales que los afectan; reformas a las leyes que imponen el castigo corporal, que debería estar explícitamente prohibido para los niños, niñas y adolescentes y para resolver la inexistencia de una legislación ineficaz para combatir la explotación sexual infantil, la trata y secuestro de niños, niñas y adolescentes.
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden plenamente y se solidarizan con los planteamientos y propuestas de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina.
La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la nación".
Con sustento en lo anterior, la comisión dictaminadora considera que resulta procedente el exhortar respetuosamente a las autoridades ejecutivas y legislativas de las 32 entidades federativas del país a impulsar, promover y aprobar en su caso, las modificaciones legislativas e institucionales necesarias para adecuarlas y hacerlas compatibles con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y con la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades ejecutivas y legislativas de las 32 entidades federativas del país a impulsar, promover y aprobar, en su caso, las modificaciones legislativas e institucionales necesarias para adecuarlas y hacerlas compatibles con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y con la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, considerando particularmente las observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, respecto al III Informe de México sobre la Niñez.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2009.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, presidente;
diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), diputado
Raúl Cervantes Andrade, secretarios; senador Humberto Andrade Quezada
(rúbrica), senadora Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), diputada
Lariza Montiel Luis (rúbrica), senadora Gabriela Ruiz del Rincón
(rúbrica), diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica),
senador Fernando Castro Trenti, diputado José Rubén Escajeda
Jiménez (rúbrica), senador Ramiro Hernández García
(rúbrica), diputado Gerardo Villanueva Albarrán, senador
Rubén Fernando Velázquez López, senador Gabino Cué
Monteagudo, diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica).
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES A ADOPTAR MEDIDAS PARA FORTALECER Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS SOBRE PARTICIPACIÓN ELECTORAL CON EQUIDAD DE GÉNERO
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los partidos políticos al respeto a lo establecido en las normas para adjudicar a mujeres candidaturas a cargos de elección popular, presentada por la senadora Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN contando con la adhesión de las diputadas María Esther Jiménez Ramos, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Blanca Luna Becerril, Marcela Cuen Garibi, Lariza Montiel Luis y la senadora Eva Contreras Sandoval.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 8 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el capítulo de Consideraciones, la autora de la Proposición que se dictamina, se refiere a la tradición de México en materia de suscripción de tratados y acuerdos internacionales y de la aprobación de leyes para garantizar a las mujeres el acceso a las oportunidades en todos los aspectos de la vida nacional. Entre éstas destaca las siguientes:
• Reformas al artículo 1° Constitucional para establecer la prohibición de toda discriminación, motivada entre otras, por razón de género.
• La promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el año de 2003.
• La promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de 2006.
• La promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2007.
En el ámbito internacional, el Senado de la República ha ratificado diversos instrumentos, entre ellos:
• Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948.
• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, aprobada en 1979 y ratificada en 1981.
A continuación, la autora de la Proposición que se dictamina sustenta su argumentación, invocando los siguientes preceptos legales que considera aplicables:
Cabe señalar que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, vigente desde enero de este año, no consagra la igualdad en materia de elección por los partidos políticos de candidatos, sino un tímido 40% de participación de un mismo sexo. No se necesita ser adivino para saber que el 60% será adjudicado a candidatos del sexo masculino y la minoría al femenino.
A pesar de que el Cofipe regula en detalle todas las etapas del proceso para llegar a un acto electoral limpio y confiable y de que contamos con disposiciones que posibiliten que las mujeres lleguen a los cargos de representación popular, aunque no en paridad con los hombres como se ha dicho, no tenemos mecanismos para garantizar que permanezcan en ellos. Se presentan casos en que la propietaria de una candidatura por razones no explicadas ni explicables, pide licencia al cargo y accede a éste el suplente, que casi en todos los casos es hombre. Con estos movimientos, se evade la intención de la norma, y se escamotea la voluntad popular, que emitió su voto a favor de una mujer candidata.
En esa regulación de los procesos electorales, ya sean los de renovación solamente de la Cámara de Diputados o los que elijan al titular del Poder Ejecutivo Federal, el procedimiento de registro de candidatos ocupa un capítulo entero, en el cual se fijan normas y marcos de conducta a los partidos políticos. Me permitiré citar algunas de dichas disposiciones.
El artículo 219 del Cofipe, establece:
2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido."
2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición que no realice la sustitución de candidatos, se hará acreedor a una amonestación pública y el Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en un plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes."
Como señala la propia proponente, el Instituto Federal Electoral (IFE) es la autoridad responsable que cuenta con las atribuciones constitucionales y legales para aplicar las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en los términos previstos por el artículo 41, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que con fundamento en los artículos 74, fracción IV y 93 de la misma Constitución, el Poder Legislativo Federal tiene facultades de supervisión y control con respecto a la realización de las atribuciones de otros poderes, sin que se determine que este Poder tenga atribuciones para actos distintos a los que corresponden a las diversas dependencias o entidades, que tienen el carácter de autoridad. Al respecto, aún cuando los partidos políticos son formas de organización política de interés público, según está previsto en la fracción I del artículo 41 constitucional citado, no son dependencias o entidades gubernamentales y no tienen el carácter de autoridad.
Con sustento en lo anterior, la Comisión Dictaminadora, coincide con la solicitud de la proponente, en cuanto al exhorte a los partidos políticos a la realización de determinadas conductas o requisitos para el registro de sus candidatos y candidatas a los diversos puestos de elección popular.
Se propone que, con estricto respeto a sus atribuciones y competencia constitucional y legal, con la participación que corresponda a los partidos políticos, toda vez que éstos cuentan con representantes debidamente acreditados en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, conforme a lo previsto en el párrafo segundo de la fracción V del artículo 41 de nuestra Constitución.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta, con estricto respeto a sus atribuciones y competencia constitucional y legal, a los partidos políticos nacionales y a sus representantes acreditados ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a que adopten, en las próximas elecciones del año 2009, las medidas necesarias y convenientes para fortalecer y garantizar el estricto cumplimiento de las normas establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativas al registro real y efectivo de un mínimo de 40 por ciento y un máximo de 60 por ciento de género distinto en las listas de representación proporcional.
Además que con estricto respeto a la autonomía interna y los estatutos de los partidos, se promueva que en las listas o registros que se someten a aprobación en sus procesos democráticos internos para selección de candidatos de mayoría relativa, se incluya un porcentaje de mujeres similar al que la ley indica para las listas de representación proporcional y para que en las fórmulas de diputados, las suplencias de las mujeres candidatas sean del mismo género que la titular propietaria de la candidatura, todo ello con el fin de mantener la participación de género establecida en la ley de la materia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2009.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, presidente;
diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), diputado
Raúl Cervantes Andrade, secretarios; senador Humberto Andrade Quezada
(rúbrica), senadora Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), diputada
Lariza Montiel Luis (rúbrica), senadora Gabriela Ruiz del Rincón
(rúbrica), diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica),
senador Fernando Castro Trenti, diputado José Rubén Escajeda
Jiménez (rúbrica), senador Ramiro Hernández García
(rúbrica), diputado Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica),
senador Rubén Fernando Velázquez López, senador Gabino
Cué Monteagudo, diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica).
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL CONGRESO DE SINALOA A CUMPLIR EN
EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES LAS ADECUACIONES DE SU LEGISLACIÓN
APLICABLE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
EN MATERIA ELECTORAL
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Sinaloa a cumplir en el ámbito de sus facultades el artículo Sexto Transitorio del Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, a través del cual el Poder Reformador de la Constitución realizó diversas modificaciones y adiciones en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la Senadora María Teresa Ortuño Gurza, en nombre propio y de la Senadora María Serrano Serrano, del Grupo Parlamentario del PAN.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el capítulo de Consideraciones, la autora de la Proposición que se dictamina manifiesta lo siguiente:
II. La Comisión Dictaminadora procedió al estudio cuidadoso de la Proposición que se dictamina y toma en cuenta los siguientes elementos:
"Artículo Sexto. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor; en su caso, se observará lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los Estados que a la entrada en vigor del presente Decreto hayan iniciado procesos electorales o estén por iniciarlos, realizarán sus comicios conforme lo establezcan sus disposiciones constitucionales y legales vigentes, pero una vez terminado el proceso electoral deberán realizar las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior en el mismo plazo señalado, contado a partir del día siguiente de la conclusión del proceso comicial respectivo."
• La Comisión Dictaminadora estima que una interpretación literal del artículo Sexto Transitorio antes trascrito nos debe conducir a las siguientes conclusiones:
a) El año de plazo contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, se cumplió precisamente el 13 de noviembre de 2008.
b) El mismo precepto transitorio prevé que en caso de aprobarse una reforma en alguna entidad federativa, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir: "Las leyes electorales federal y locales deberán publicarse y promulgarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales".
c) De acuerdo con información oficial (la Constitución Política del Estado de Sinaloa –artículo 14, y la Ley Electoral del Estado de Sinaloa –artículo 15, vigentes), las próximas elecciones locales de gobernador y diputados locales será hasta el 10 de octubre de 2010.
En tal virtud, no sería aplicable lo dispuesto en la última parte del primer párrafo del artículo Sexto Transitorio, ni lo previsto en el párrafo segundo (que se refiere a procesos electorales iniciados o por iniciarse. A estos casos no serían aplicables las nuevas disposiciones sino las previamente vigentes. Siendo las próximas elecciones locales hasta el 2010, no se realiza la hipótesis antes señalada.
d) Consecuentemente, las reformas que relatan las proponentes fueron dictaminadas y presentadas para discusión y aprobación al pleno del Congreso de Sinaloa el 19 de diciembre de 2008 "sin que se lograra el número de votos que para el caso de la reforma constitucional señala el artículo 159 de la Constitución Política de Sinaloa"; es decir, si se hubiera llegado a la aprobación de la reforma, ésta hubiera sido oportuna.
e) Por otra parte, el artículo Sexto Transitorio del Decreto en cuestión no establece limitaciones a los congresos de las entidades federativas para determinar en sus respectivos artículos transitorios la entrada en vigor de las reformas con las que se propongan adecuarse a las reformas de la Constitución Federal. Tan sólo acota que en todo caso se deberá respetar la norma establecida en el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105 Constitucional. Hipótesis temporal que no se ha realizado para el caso de las elecciones del Estado de Sinaloa a celebrarse el 10 de octubre de 2010.
f) Ahora bien, el dictamen con proyecto de Decreto de reformas a la Constitución de Sinaloa no se aprobó porque no se cumplieron los requisitos de una votación favorable de las dos terceras partes del número total de diputados según requiere el artículo 159 de la Constitución de dicho Estado, circunstancia que es resultado de la convicción y el sentido de participación de los distintos grupos parlamentarios, sin que esta Soberanía pueda adentrarse al análisis de las motivaciones de los mismos.
Como se ha precisado anteriormente, siendo las próximas elecciones estatales hasta el próximo 10 de octubre de 2010, el Congreso del Estado de Sinaloa podría eventualmente llegar a hacer las modificaciones previstas en el multicitado artículo Sexto Transitorio del Decreto de reforma constitucional federal y, por ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión considera procedente exhortar al Congreso de Sinaloa a a cumplir en el ámbito de sus facultades soberanas el artículo sexto transitorio del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, a través del cual el poder reformador de la Constitución realizó diversas reformas y adiciones en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la LIX Legislatura del Congreso de Sinaloa a cumplir en el ámbito de sus facultades soberanas el artículo sexto transitorio del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, a través del cual el poder reformador de la Constitución realizó diversas reformas y adiciones en materia electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2009.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, presidente;
diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, diputado Raúl Cervantes
Andrade, secretarios; senador Humberto Andrade Quezada (rúbrica),
senadora Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), diputada Lariza Montiel
Luis (rúbrica), senadora Gabriela Ruiz del Rincón (rúbrica),
diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), senador
Fernando Castro Trenti, diputado José Rubén Escajeda Jiménez
(rúbrica), senador Ramiro Hernández García (rúbrica),
diputado Gerardo Villanueva Albarrán, senador Rubén Fernando
Velázquez López, senador Gabino Cué Monteagudo, diputado
Manuel Portilla Diéguez (rúbrica).
DE LA PRIMERA COMISIÓN,
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL IFAI INFORMACIÓN RESPECTO
A LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA LA PGR
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a cumplir sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, a cargo del Diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 7 de enero de 2009 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideraron pertinente reproducir literalmente el capítulo de Consideraciones, así como los resolutivos contenidos en la Proposición que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
"Consideraciones
Los objetivos de la ley son los siguientes:
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;
II. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados;
III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;
IV. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;
V. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos; y
VI. Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del estado de derecho.
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) es un órgano de la administración pública federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.
En la ley se otorga al IFAI, entre otras atribuciones, para que interprete en el orden administrativo la ley, de conformidad con el artículo 6 constitucional; conozca y resuelva los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes; para que acceda en todo momento a la información reservada o confidencial de los sujetos obligados para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su acceso.
De esta forma, los solicitantes acuden al IFAI con recursos de revisión cuando las dependencias argumentan que la información está clasificada, pudiendo determinar si esa clasificación es correcta.
Por otro lado, la Procuraduría General de la República (PGR) es considerada una dependencia sujeta a la aplicación de la mencionada ley.
Sin embargo, la PGR se ha negado sistemáticamente a entregar expedientes de casos conocidos públicamente, aún cuando existe de por medio la facultad conferida al IFAI de revisar la debida clasificación de la información o la existencia de resoluciones respecto a la procedencia de los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos a quienes se les niega la información o no quedan satisfechos con las respuestas emitidas por la procuraduría.
La PGR, para evitar que el IFAI de cumplimiento a la facultad de revisar la clasificación de la información reservada o confidencial, ha recurrido al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa o por la vía del juicio de amparo para impedir la revisión de los documentos que tiene bajo su custodia.
Algunos de los casos que ilustran dicho desacato, no sólo legal sino contra el precepto constitucional de máxima publicidad, los encontramos en las solicitudes sobre el número de secuestros ocurridos en México entre 1998 y 2008, la investigación de la Interpol España en coordinación con el Ministerio de Hacienda para conocer el origen de la prosperidad y operación de las empresas de Manuel Carlos Mouriño Antanes, o en los casos de averiguaciones previas ya concluidas.
Al respecto de este último punto, en el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece que también se considera como información reservada las averiguaciones previas, pero señala que cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.
Por las consideraciones anteriores, considero que la Procuraduría General de la República ha actuado en desacato de la ley y de la Constitución, por lo que se le debe exhorta a actuar de manera transparente y no obstruir al acceso público de la información."
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar a esta soberanía, a través del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República, sobre el estado en que se encuentran las denuncias interpuestas por el IFAI en contra de los servidores públicos que pudieron incurrir en responsabilidad por violar las disposiciones jurídicas en la materia."
Sin embargo, la Comisión Dictaminadora no encontró elementos suficientes para dar sustento a la información de que la PGR se ha negado sistemáticamente a entregar expedientes de casos conocidos públicamente, "aún cuando existe de por medio la facultad conferida al IFAI de revisar la debida clasificación de la información o la existencia de resoluciones respecto a la procedencia de los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos a quienes se les niega la información…" Adicionalmente, señala el proponente que la PGR "para evitar que el IFAI dé cumplimiento a la facultad de revisar la clasificación de información reservada o confidencial, ha recurrido al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa o por la vía del juicio de amparo para impedir la revisión de los documentos que tiene bajo su custodia".
Lo anterior implica que, en todo caso, se están utilizando recursos legales, lo que podría ser perfectamente legítimo, y no puede sustentar la afirmación del proponente de que dicha dependencia "ha actuado en desacato de la Ley y de la Constitución, por lo que se le debe de exhortar a actuar de manera transparente y no obstruir al acceso público de la información".
Por otra parte, el proponente señala con claridad que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) es el órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información y resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso.
Consecuentemente, la Comisión Dictaminadora considera procedente en este caso solicitar la información al IFAI sobre los recursos, demandas o quejas de las que tenga conocimiento se hayan presentado en contra de la PGR por su negativa a solicitudes de ciudadanos de acceso a la información, en lo general y en particular las relacionadas con las solicitudes sobre el número de secuestros ocurridos en México entre 1998 y 2008.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, informe a esta Soberanía sobre los recursos, demandas o quejas que tenga conocimiento y se hayan presentado en contra de la Procuraduría General de la República por su negativa a atender solicitudes de ciudadanos de acceso a la información, en lo general, y en particular las relacionadas con el número de secuestros ocurridos en México entre 1998 y 2008.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2009.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, presidente;
diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), diputado
Raúl Cervantes Andrade, secretarios; senador Humberto Andrade Quezada
(rúbrica), senadora Beatriz Zavala Peniche (rúbrica), diputada
Lariza Montiel Luis (rúbrica), senadora Gabriela Ruiz del Rincón
(rúbrica), diputada María Esther Jiménez Ramos (rúbrica),
senador Fernando Castro Trenti, diputado José Rubén Escajeda
Jiménez (rúbrica), senador Ramiro Hernández García
(rúbrica), diputado Gerardo Villanueva Albarrán, senador
Rubén Fernando Velázquez López, senador Gabino Cué
Monteagudo, diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica).