El suscrito, diputado a la LX Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. Antecedentes
A principios del año 2001 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocó a empresarios, representantes sindicales, legisladores y académicos a integrarse en una mesa de trabajo para la actualización de la Ley Federal del Trabajo, la mesa acumuló 3 mil 29 propuestas que fueron estudiadas durante 16 meses.
Derivado del trabajo de esa instancia denominada Mesa Central de Decisión se lograron los acuerdos de los sectores productivos, posterior a ello se procedió a instalar sesiones de trabajo conjuntas denominadas Sesiones en Conferencia por parte de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Legislatura LVIII, para el estudio y análisis de la reforma laboral. En esas sesiones se acordó, entre otras cosas: a) no reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y b) tomar como base de los trabajos legislativos en la materia, la iniciativa presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el 12 de diciembre del 2002, por conducto de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), avalada por los partidos PRI, PAN y PVEM; por las organizaciones patronales Coparmex, Canacintra y Concanaco; por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su calidad de representante del gobierno federal y con el aval del Congreso del Trabajo (CT). Dicha iniciativa es conocida como de los sectores de la producción.
1.1 Principales aspectos de la iniciativa de los sectores presentada por el PAN-PRI-PVEM (12 de diciembre de 2002)
Se reconoce como finalidades de las normas de trabajo: el equilibrio entre los factores de la producción, el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento a la libertad de asociación, la autonomía y democracia sindical, a la contratación colectiva como fuente de derecho del trabajo, al empleo, a la productividad para el desarrollo nacional y a la justicia social en las relaciones de trabajo.
Prohíbe la discriminación.
Establece nuevas modalidades de contratos:
- Contratos de capacitación inicial, por medio de los cuales los trabajadores podrán adquirir los conocimientos o habilidades necesarios para una actividad determinada, percibiendo un salario acorde con la categoría del puesto que desempeñe. Dichos contratos no podrán durar más de tres meses, ni de seis cuando se trate de puestos de dirección o administrativos.
- Contrato con periodo a prueba. Se crea la relación de trabajo con periodo a prueba hasta por 30 días para trabajadores y 180 días para puestos de dirección, gerenciales o para labores técnicas o profesionales especializadas, lo que amplía las posibilidades de contratación. Se garantiza que los periodos de prueba y capacitación inicial son improrrogables y que puedan aplicarse al trabajador simultáneamente o sucesivamente, ni en más de una ocasión.
- Contrato de temporada, lo que garantiza que los trabajadores que prestan servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indefinido, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo.
Se prohíbe el hostigamiento sexual.
Se amplía la posibilidad para los trabajadores de disfrutar de más días de descanso acumulados y responder a las necesidades de la producción mediante un banco de horas, cuidando en todo momento que no se obligue al trabajador a laborar jornadas inhumanas. También los días de descanso obligatorios podrán ser disfrutados otro día. Los casos señalados en éste párrafo podrán tener efecto mediando acuerdo entre el empleador y los trabajadores.
Se establece que el pago del salario, para seguridad del trabajador y del empleador, podrá hacerse mediante depósitos bancarios, sin costo para el trabajador (artículo 100).
Queda prohibido a los empleadores despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.
Se incorpora el Sistema Educativo Nacional a la capacitación y adiestramiento laborales.
Se libera a las empresas de menos de 21 trabajadores de la obligación de constituir comisiones mixtas, sin menoscabo de los derechos de los trabajadores y de la obligación del empleador de capacitar (artículo 153-I).
En cuanto a la productividad y capacitación, el artículo 153-K establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá convocar a la constitución de Comités Nacionales de Productividad y Capacitación por ramas industriales o actividades.
Se establece la prohibición de injerencia de cualquier persona en el derecho que tienen los trabajadores de constituir sindicatos (artículo 357).
Los solicitantes de registro de sindicatos harán sus solicitudes bajo protesta de decir verdad (artículo 365), a fin de perseguir toda simulación.
Las juntas correspondientes podrán resolver la cancelación del registro de un sindicato que no cumpla con sus obligaciones ante el Registro o ante sus agremiados, para acabar con los sindicatos de membrete.
Se establece la posibilidad del voto secreto para elegir directivas sindicales (artículo 371, fracción IX).
Se crea la figura del Fiduciario Conciliador, conjuntamente con el Servicio Público de Conciliación, que permite contar con profesionales en conciliación durante todo el procedimiento (artículos 628-A, B y C).
Se profesionaliza el cargo de representante ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, exigiendo el título de licenciado en derecho a la constancia de capacitación en materia laboral si se trata de representante obrero, lo que permite una efectiva representación en los procesos laborales (artículo 665).
Se profesionaliza la representación en materia laboral, tratándose de abogados. Asesores o representantes de partes, los cuales tendrán que ser Licenciados en Derecho, y en materia sindical se dota de plena representación a los miembros del Comité Ejecutivo o personas consideradas como representantes en los estatutos, los cuales acreditarán su personalidad con la certificación expedida por el Registro Público (artículo 692).
En la parte procesal se promueve la seguridad jurídica, la celeridad y la responsabilidad de los funcionarios correspondientes (artículos 721, 739, 752, 772, 774 Bis, entre otros).
La audiencia inicial del procedimiento se divide en dos etapas: de conciliación y, de demanda y excepciones, lo que permite la mayor preparación de las pruebas por ofrecerse (artículo 873).
En juicios de titularidad, se requerirá, como elementos de procedibilidad, la constancia de registro del sindicato y de su representación legal, la copia certificada de sus estatutos, donde conste su objeto o radio de acción, y la certificación de la autoridad registradora que los representantes y trabajadores se encuentran en el padrón del sindicato (artículo 893-A).
El padrón para el recuento se formulará con aquél que aporte la autoridad registral, el IMSS y el empleador.
El voto será secreto y sólo votarán los trabajadores empadronados y que acudan al recuento, debiéndose identificar con documento idóneo (artículo 931).
Según Coparmex, otra de las ventajas de la iniciativa es que además de cuidar y perfeccionar los derechos de los trabajadores, la reforma aludida perfecciona las protecciones que la legislación debe otorgar a menores, mujeres y personas con capacidades diferentes. En el mismo sentido la agrupación patronal subraya que la reforma sugerida respeta las instituciones que le han dado paz laboral al país por más de 73 años, como es la organización actual de las agrupaciones sindicales, el tripartismo y los costos que en forma mínima debe enfrentar el empleador cuando adquiere dicha responsabilidad de ser tal.1
1.2 Iniciativa PRD-UNT
Frente a la propuesta conocida como iniciativa de los sectores, una parte del movimiento obrero organizado, ha respaldado la iniciativa de reforma en materia laboral a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo presentada ante la Cámara de Diputados el 31 de octubre de 2002, iniciativa que es conocida como proyecto PRD-UNT.
La iniciativa en referencia pretende una reforma integral a la legislación laboral y tiene el acuerdo de diversos sindicatos de varias ramas de la producción y servicios organizados en la Unión Nacional de Trabajadores, UNT y en la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, Fesebes.
La propuesta pretende articular demandas del denominado sindicalismo democrático que desde los años setenta había planteado tanto la tendencia democrática de los electricistas así como otros grupos de trabajadores que consiguieron desligarse del llamado sindicalismo corporativo, como es el caso de los telefonistas, o se formaron fuera de él, como es el caso de los universitarios y del Frente Autentico del Trabajo, FAT.
Por medio del respaldo a la iniciativa en referencia las asociaciones señaladas plantean adecuaciones a la normatividad laboral cuyos cinco ejes articuladores tienen las siguientes características:4
Perfeccionamiento de las instituciones del derecho laboral para garantizar seguridad jurídica a trabajadores y empresarios.
Fortalecimiento de la libertad, democracia y autonomía sindical, el desmantelamiento del sistema corporativo sindical de estado y ataque a fondo a la corrupción en el mundo del trabajo.
Flexibilización concertada en la contratación colectiva con sindicatos legítimos y,
Capacitación para la productividad con beneficios compartidos.
En otro aspecto, la propuesta alude a la necesidad de suprimir los contratos de honorarios y de comisión simulados y la invalidación de documentos firmados en blanco para "renuncia voluntaria". La propuesta pretende la reforma del régimen laboral sobre trabajos especiales de trabajadores de buques, rurales, actores y músicos, del hogar, universidades, aeronaves y ferrocarriles.
La propuesta establece nuevas disposiciones sobre trabajadores de la banca de desarrollo y de la federación, estados y municipios, y pretende fijar normas referentes al servicio civil de carrera, y disposiciones de carácter procesal sobre firma, revisión y titularidad de contratos colectivos de trabajo, huelga, cierre de empresas por quiebra y procedimiento ordinario.5
De las propuestas de reforma laboral incluidas en este apartado, debe decirse que puede desprenderse un común denominador contenido en éstas, referente a la necesidad de crear las condiciones institucionales para reorientar el rumbo de la competitividad del país por la vía de la productividad y por medio de compromisos entre los interlocutores del mundo del trabajo.
1.3 Puntos de conflicto
Sobre lo anterior, bien vale tener presentes otras posiciones sobre la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo. Tales posturas señalan que la "iniciativa de los sectores" pretende introducir las figuras de contrato por temporada y de capacitación inicial, como relaciones de trabajo distintas a las existentes, que pueden poner en tela de juicio la estabilidad en el empleo y con ello todos los derechos individuales y colectivos. Asimismo se argumenta en su contra señalando que con ésta se posibilita la ampliación de la jornada de trabajo más allá de lo establecido en la Constitución, colocando al trabajador en desventaja frente al patrón ante una eventual negociación que será desequilibrada. De la misma forma se hace valer que la propuesta impone más trabas a la organización sindical de los trabajadores, contraviniendo el Convenio 87 de la OIT relativo a la libertad sindical. Por otra parte se impugna el sentido de la propuesta manifestando que con la misma se restringe el derecho de huelga, al incluir en la legislación más requisitos para su ejercicio, y permite la intervención patronal y de la autoridad en la definición de las fechas de prórroga y de estallamiento. Además se cuestionan los alcances de la propuesta subrayando que se obstaculiza la lucha sindical por la titularidad o administración de un contrato colectivo de trabajo y se materializa el interés empresarial de acabar con derechos y principios irrenunciables de nuestro derecho del trabajo.
En síntesis, los principales aspectos en controversia son los siguientes:
La prohibición de la requisa o medida administrativa
que afecte la huelga
El otorgamiento de derecho a huelga a los trabajadores
del Estado
La creación de jueces de lo social o de lo laboral
La propuesta de los nuevos tipos de contratos
Una vez presentada la Iniciativa de los Sectores el 12 de diciembre del 2002, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dicto turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LVIII Legislatura, por lo que es considerada Cámara de Origen.
Los Senadores de la República y Diputados Federales integrantes de las Mesas Directivas de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de la LVIII Legislatura, emitieron proposición con Punto de Acuerdo el cual fue avalado por el Pleno de las Comisiones Colegisladoras, en el sentido de recurrir a la Figura de Trabajar en Sesiones en Conferencia Parlamentarias.
Conforme a ello los trabajos en sesiones en conferencia, se iniciaron en febrero de 2003. De las diferentes sesiones surgieron puntos de acuerdo parlamentarios que abonaron importantes avances en los trabajos y que dieron como resultado una Iniciativa casi consensuada con los Grupos Parlamentarios representados, entre otros:
Recibir en el Pleno de la Conferencia Parlamentaria, a todas aquellas personas o grupos involucrados con el tema de la Reforma Laboral aprobándose la participación de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y del Sindicato de la UNAM para exponer y fijar sus posiciones en torno al tema, (el 2 de abril de 2003).
Se canceló la posibilidad de entrar al estudio de reforma constitucional y se acordó que el documento que sirviera de base para la discusión fuera la iniciativa presentada del 12 de diciembre 2002 por los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PVEM, considerando e incluyendo las propuestas de las demás Iniciativas, que fueran viables, (Acuerdo del 27 de mayo de 2003).
En su momento, las comisiones del Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras se dieron a la tarea de realizar de forma separada el estudio y dictamen de las iniciativas y puntos de acuerdo en la materia que fueron presentados en sus respectivas cámaras durante la LVI, LVII, LVIII y LIX Legislaturas.
Sin embargo, ante el importante número de iniciativas y con el objetivo de agilizar el dictamen de éstas, las mesas directivas de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social del Senado y de la Cámara de Diputados, tomaron el acuerdo de trabajar en Conferencia Parlamentaria incluyendo en un solo proceso de dictamen todas las iniciativas enlistadas en los puntos anteriores tanto de reformas y adiciones particulares a la Ley Federal del Trabajo como de reforma integral a este ordenamiento.
Los trabajos en Conferencia parlamentaria dieron inicio el 19 de febrero de 2003. En esa fecha se acordó que para el análisis de las iniciativas de reforma laboral se constituyeran cinco grupos de trabajo, encargados de analizar los dieciséis títulos de la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, los grupos se abocaron al estudio de las propuestas presentadas por los distintos legisladores, entregando cada grupo sus conclusiones.
Asimismo, en cumplimiento de un acuerdo tomado en la Conferencia Parlamentaria, se recibió a representantes de la Unión Nacional de Trabajadores para exponer y fijar sus posiciones en torno a la reforma laboral, el 2 de abril de 2003. El 23 de abril de 2003 se contó con la participación de representantes de la Copares, para exponer sus puntos de vista en torno a la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Finalmente la falta de tiempo, derivada del cambio de legislatura, el día 19 de agosto del año 2003, en Conferencia Parlamentaria las comisiones de Trabajo y Previsión Social declararon un receso en sus trabajos con la expectativa de que fueran retomados una vez instalada la legislatura entrante por la Cámara de Diputados..
Sin embargo, se acordó la elaboración de carpetas de trabajo donde se precisara el articulado de la Ley que tiene coincidencias entre las Iniciativas, lo que no sufriera modificación y donde existieran diferencias.
En un esfuerzo por acercar posiciones, el 28 de abril de 2003, siendo Senador de la República, presenté un documento de Trabajo, solicitando se tomara en consideración como una posible solución, conocido el documento como predictamen PAN-PRD, el cual había sido secundada por el senador Demetrio Sodi, (del PRD en ese entonces). Desafortunadamente, no alcanzo el consenso, ni la votación suficiente para considerarla proyecto de dictamen.
Luego de ello se lograron acuerdos mínimos, aprobándose redacciones preliminares de diversos artículos de la ley y se informo de los avances a la Conferencia parlamentaria, coincidiendo lo anterior con el término de la LVIII Legislatura y por lo tanto los trabajos de las Sesiones en Conferencia, quedaron con el siguiente estatus:
Los Trabajos en Conferencia se reiniciaron con su instalación formal en sesión realizada el 21 de abril de 2004 entre las comisiones de Trabajo y Previsión Social de ambas cámaras. Adicionalmente a dicha sesión, se celebraron otras tres en esta modalidad en fechas posteriores; en el desarrollo de las tres primeras se habían tomado diferentes acuerdos. Entre otros:
Tomar como Iniciativa base para la integración del Dictamen, la presentada el 12 de diciembre del 2002 por el Diputado Roberto Ruiz Ángeles, a nombre de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PVEM. (Documento de Trabajo editado por los Sectores Productivos).
Esta Iniciativa contemplaba 469 artículos para ser reformados, que incluía en un número considerable el término Empleador por el de Patrón. Como parte los acuerdos alcanzados en la conferencia parlamentaria.
En cuanto a los 469 artículos con coincidencias para ser reformados, es de señalarse que un número considerable de ellos incluían la sustitución del término Empleador por el de Patrón, por lo que las diputadas y diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LIX Legislatura, concluyeron que si la Reforma Constitucional quedaría en reserva de discusión y análisis, era necesario eliminar el término Empleador de las propuestas y, por lo tanto dejar sin cambios el término Patrón como se consigna en el ordenamiento vigente. Al tomarse dicho acuerdo se redujeron en forma considerable los artículos con una posible reforma como se ilustra en la siguiente tabla:
En Pleno la Comisión de Trabajo y Previsión Social decide reanudar el estudio y análisis de las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, por separado y consecuentemente integrar una Subcomisión Especial "para dar continuidad a las tareas de estudio y análisis de la Ley Federal del Trabajo a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura", por ser la Cámara de origen de las reformas en comento; y mantener informada a la Comisión homologa del Senado sobre los avances que se alcancen para que las reformas a la Ley, continúen su curso normal, conforme a los ordenamientos aplicables y las practicas parlamentarias.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados al reanudar el estudio y análisis de las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, decide por una unanimidad en sesión plenaria la conformación e integración de una Subcomisión Especial para reanudar los trabajos.
Integrada e instalada la Subcomisión Especial para el estudio y análisis de reformas a la Ley Federal del Trabajo, dio inicio a los trabajos el 30 de marzo 2005, con base en el esquema de artículos que se contemplaban en los Trabajos en Conferencia; y en el status en que dichos trabajos se encontraban, a saber:
Cabe precisar que los 65 artículos considerados como reservados para su discusión y objeto de estudio y análisis de la Subcomisión Especial de trabajo, son producto en cuanto a su origen, de un documento de trabajo que fue presentado en su momento por un servidor, y secundado por el entonces senador Demetrio Sodi, del Grupo Parlamentario del PRD, en los Trabajos en Conferencia con la Comisión Colegisladora del Senado en la LVIII Legislatura.
Se trata de un documento que sin embargo en ningún momento de los trabajos en Conferencia fue votado; y, que por lo tanto, no alcanzó el consenso de los legisladores para ser considerado como una propuesta o iniciativa formal de reforma.
En las reuniones de la Subcomisión Especial fueron presentados y/o recibidos diversos documentos de trabajo en los que se aportaron elementos adicionales para el estudio y análisis de la reforma; o que fijaron posicionamientos con respecto a ella, de la organización de donde provenían; documentos que han sido registrados para su valoración y, en su caso discusión.
La Subcomisión Especial de trabajo para el estudio y análisis de reformas a la Ley Federal del Trabajo propuso al pleno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Primero. Continuar el estudio y análisis de las iniciativas que reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Segundo. Del punto dos de las consideraciones y una vez revisados los 65 artículos en reserva, se acordó descartar los artículos que no están contemplaos en la iniciativa base de estudio y análisis, es decir la presentada el 12 de diciembre de 2002, con forme a lo cual se delimita el estudio y análisis a solo 36 artículos de los 65.
Tercero. Continuar con el estudio y análisis de la reforma laboral en la Subcomisión Especial, conforme a los ordenamientos aplicables y las prácticas parlamentarias, circunscribiéndolo en esta etapa a los 36 artículos en comento.
Artículos 11, 16, 35, 39, 39-D, 47, 56, 59, 74, 153-A, 153-N, 153-Q, 153-S, 153-W, 154, 159, 360, 365, 368, 369, 371, 373, 377, 380, 387, 390, 523, 689, 692, 784, 892, 893-A, 893-B, 893-C, 920, 931.
2. Método de trabajo
Para la elaboración del presente proyecto de decreto, se decidió proceder de la siguiente manera:
2) En segundo término, proceder a la descripción de iniciativas, decretos y puntos de acuerdo, junto con las CONSIDERACIONES que de ellas se hagan para, por último,
3) Presentar un apartado de Consideraciones Finales respecto al proyecto de ley en turno.
4) Finalmente, presentar el proyecto que tiene la relación completa de los artículos de la Ley Federal del Trabajo que se reformarían, adicionarían o suprimirían, en caso de aprobarse el presente proyecto.
La Constitución General de la República en su artículo 123 establece las normas mínimas y fundamentales que constituyen, en conjunto, la garantía social de trabajo en nuestro derecho, las cuales no pueden ni deben ser menoscabadas ni disminuidas en perjuicio de la clase trabajadora mexicana.
Por ello se decidió que el texto vigente constitucional no sea materia de la presente reforma, pero sí las materias y conceptos que desarrolla la ley secundaria que, publicada en el año de 1970 y cuyas últimas reformas fueron promulgadas en la década de los 80, tienen por fin llevar a la vida práctica las garantías que debe gozar todo trabajador en el desarrollo de su empleo, que le brinde seguridad y certeza en él, oportunidad de acceder, permanecer y crecer en su trabajo, además de seguridad jurídica en caso de conflicto.
Conviene que la legislación de trabajo incorpore figuras y disposiciones que, benéficas para ambas partes de la relación, impulsen acciones que repercutan directamente en el bienestar económico y social del trabajador, en el desarrollo de la empresa y en la superación global del país.
Por lo que respecta a la parte colectiva, la reforma pretende impulsar a las organizaciones obreras para que gocen de mayor alcance, presencia y seguridad en su actos, tanto de nacimiento como en su actuar, brindando garantías que permitan establecer una independencia de cualquier autoridad y que, a su vez, establezcan transparencia en la vida sindical.
En materia procesal, igualmente, es necesario adecuar las normas adjetivas para que las partes en conflicto, si no es su deseo conciliar sus diferencias, ejerzan sin dificultad alguna sus acciones y excepciones dentro del procedimiento. La propuesta tiende a que el procedimiento sea más ágil y permita que las partes estudien las pruebas de su contraria, en pro de la seguridad jurídica. Se adecuan también a todo ese conjunto de normas, las nuevas figuras que en materia colectiva se proponen.
En este último punto, con la creación e intervención de nuevas a autoridades registrales en materia de organizaciones sindicales, se da un paso muy importante en este concepto, ya que el órgano jurisdiccional en materia de trabajo sólo se dedicará a juzgar los conflictos que se le presenten.
4. Descripción de iniciativas, decretos, puntos de acuerdo y consideraciones
La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores recibió de la LVI y LVII Legislatura las siguientes iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo:
* De reforma a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el senador Gabriel Jiménez Remus del Grupo Parlamentario del PAN., el 12 de julio de 1995.
La iniciativa mencionada pretende suprimir las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Jueces de lo Social, incorporados al Poder Judicial de la Federación.
En la parte sustantiva, crear la semana laboral de 48 a 40 horas con derecho a dos días de descanso obligatorio por cada 5 de trabajo. Igualar la duración de la jornada diurna con la nocturna, esto es de 7 a 8 horas de trabajo.
La iniciativa no se considera viable, debido a que presupone una reforma al artículo 123 de la Constitución que, por el momento, se ha decidido evitar.
* De reforma a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo en materia de discapacidad.
Presentada por la senador Guadalupe Gómez Maganda del Grupo Parlamentario del PRI, el 3 de octubre de 1995.
En el Título Quinto del texto legal se propone establecer la distinción entre los conceptos de discapacidad e incapacidad. Eliminar la connotación discriminatoria del concepto o diferenciación del discapacitado frente a los demás trabajadores.
Obligar al patrón a emplear personas discapacitadas, establecer un régimen especial en caso de terminación de las relaciones laborales, para los riesgos de trabajo de este tipo de personas.
Prohibir que las personas o instituciones a que se refiere en el artículo 153-C (capacitadores) estén ligadas con personas o instituciones que propaguen algún credo religioso.
La propuesta de combatir más ampliamente la discriminación se incorpora sustancialmente en el artículo 3o. de este dictamen; de igual manera, se prohíbe al empleador discriminar por esos motivos; no es aceptable imponer números mínimos y máximos en pro del género, como lo señaló este Congreso al aprobar la Ley para Prevenir y Evitar la Discriminación. Si en su discusión se reconoció que el sistema de cuotas es inaceptable, aquí debemos proceder de la misma manera. Con la derogación que se propone del artículo 153-C, en materia de capacitación y adiestramiento, queda sin materia la reforma propuesta a dicho artículo.
* De reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo por la que se adiciona una fracción IX al artículo 51, la cual pasa a ser la X; se reforma la fracción III y se deroga la fracción IV del artículo 97; se reforma la fracción III del artículo 110; se reforma y adiciona el artículo 136; se reforma y se adicionan cuatro fracciones al artículo 137; se deroga el artículo 138; se reforma y adiciona el artículo 139; se reforma el artículo 140; se deroga el artículo 141; se reforma el inciso c) del artículo 143; se deroga el artículo 144; se derogan los artículos 147, 148 y 149; se reforma el artículo 150, de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el senador Arturo Nava Bolaños del Grupo Parlamentario del PAN, el 26 de noviembre de 1996.
Implantar mecanismos para asegurar la oferta de vivienda para los trabajadores, que se conserve el valor real de los recursos propiedad de los trabajadores y se fomente el impulso económico de esta actividad.
La propuesta no es factible por el momento puesto que tendrían que reformarse las disposiciones constitucionales referentes a los Institutos de vivienda, que se contienen en el artículo 123 de la Carta Magna.
Pero como la propuesta busca brindar una derecho mas a los trabajadores, el presente dictamen, busca impulsa y brindar de forma mas contundente el apoyo a los trabajadores.
* De decreto por el que se reforman los artículos 132, 133, 358, 500 y 994 de la Ley Federal del Trabajo vigente, para quedar bajo los numerales 122, 123, 251, 361 y 734, respectivamente; se reforman también los artículos 251, 361 y la fracción VI del artículo 734 y se adicionan: las fracciones II y VII al artículo 123, y las fracciones XIV y XV al artículo 122; todos estos preceptos de la Ley Federal del Trabajo Presentada por el senador Juan de Dios Castro Lozano del Grupo Parlamentario del PAN., el 3 de diciembre de 1998.
Establecer un seguro de vida de acuerdo con las condiciones económicas de la empresa a favor de los trabajadores y de sus dependientes.
Obligar al empleador a no exigir o solicitar a las mujeres la presentación del certificado médico de no embarazo como una condición indispensable para concederle una plaza o concedido el empleo. Asimismo, prohibir que a los trabajadores por cualquier medio, a ingresar o afiliarse a un partido político determinado.
El pago de un seguro de vida equivalente a mil salarios mínimos en caso de la indemnización por muerte del trabajador en su área laboral.
La presente propuesta tomó substancialmente el espíritu de la iniciativa de protección a la mujer, incluyéndose como prohibición a los empleadores despedir a mujeres por estar embarazadas, por cambiar de estado civil o por tener al cuidado hijos menores.
Se considera que las demás propuestas de esta iniciativa no son viables en virtud de que se decidió no modificar el texto constitucional, además que su carga y costo implicaría un monto que muy pocos empleadores podrían erogar.
* Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o., 279, 280, 281, 283, 284, se adicionan los artículos 279-A, 282-A, 282-B y 282-C de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el senador Heladio Ramírez López del Grupo Parlamentario del PRI., el 16 de noviembre de 1999.
Se dota al trabajador de un documento en el cual se hagan constar las condiciones generales en que prestó sus servicios, con el fin de que pueda serle útil cuando le sea necesario reclamar sus prestaciones legales; se propone computar como tiempo efectivo de la jornada laboral, el traslado desde la zona habitacional en que resida al lugar de trabajo y viceversa, y establecer obligaciones para quienes funjan como intermediarios.
Esta iniciativa no es factible, ya que las características de los trabajadores del campo dificultan que en la práctica se puedan tener los documentos en que se hagan constar las condiciones generales de trabajo, y más difícil resulta, que se pueda computar como tiempo efectivo de la jornada laboral el utilizado en el traslado de los trabajadores.
* Durante la LVIII Legislatura
* Iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 75 de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del citado artículo constitucional, Presentada por el senador Demetrio Sodi de la Tijera del Grupo Parlamentario del PRD, el 31 de octubre de 2000, propone:
Promover la cultura de los valores de la democracia en la vida interna de los sindicatos y la autonomía sindical.
Que es indispensable que los sindicatos asuman y desarrollen la democracia como un modo de vida, no sólo para elegir y renovar periódicamente a sus dirigencias, sino para tomar las decisiones fundamentales.
Que los sindicatos no se afilien a ningún partido político y se respete a su vez la afiliación individual de los trabajadores y establecer para los sindicatos un procedimiento de elección universal, libre, directa y secreta, con la finalidad de elegir a sus representantes.
Establecer el voto universal, libre, directo y secreto y que los sindicatos no puedan afiliarse a ningún partido político y respetar la afiliación individual de los trabajadores.
Se considera que esta iniciativa se incluye en el presente dictamen en el artículo 371, fracción IX, en relación con el voto libre, universal, directo y secreto.
Se considera que parte de esta iniciativa es innecesaria ya que, de conformidad con el artículo 41 Constitucional la afiliación a los partidos políticos es personal y libre, por lo que no existe la afiliación obligatoria a un partido político por el hecho de pertenecer a un sindicato.
* Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo; y el artículo 21 fracción IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Presentada por el senador Raymundo Gómez Flores del Grupo Parlamentario del PRI, el 12 de diciembre de 2000, propone:
Modificar el artículo 136 de la Ley con la propuesta de un incremento progresivo y sustantivo de los ingresos de los trabajadores a través de sus subcuentas de Infonavit y de Fovissste, con el aumento gradual del 5 por ciento al 10 por ciento de las aportaciones patronales a los fondos de vivienda para los trabajadores; tal incremento se distribuirá temporalmente. Adicionalmente plantea un incremento del diez por ciento en la aportación de los trabajadores al Infonavit que se incrementará gradualmente.
Se considera que la propuesta con relación al artículo 136 es imposible por el impacto económico que representaría para los sectores productivos.
* Iniciativa con proyecto de ley por el cual se propone adicionar una fracción XXXI al Artículo 73 y modifica el párrafo tercero de la fracción VI del artículo 123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como modificar los Artículos 94, 95, 96, 322 y 345, y derogar la fracción VII del Artículo 523 y los Capítulos VI, VII y VIII del Título Once todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Serafín Ríos Álvarez del Grupo Parlamentario del PRD, el 9 de abril de 2001, propone:
Otorgar al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de fomento a la productividad y determinación de los incrementos a los Salarios Mínimos.
En el artículo 94, que los salarios mínimos serán fijados por el Congreso de la Unión tomando en cuenta la opinión de trabajadores, patrones y el Ejecutivo Federal.
En el artículo 95, crear una Unidad de Análisis sobre Salarios Mínimos y Productividad como un organismo de apoyo técnico con la finalidad de auxiliar al Congreso de la Unión a fijar los Salarios Mínimos.
En el artículo 96, que el Congreso de la Unión determine la división de la República en áreas geográficas, mismas que estarán constituidas por uno o más municipios en los que regiría un mismo salario mínimo general, sin que necesariamente exista continuidad territorial en dichos municipios.
En el artículo 322 establecer los criterios para que el Congreso de la Unión fije los salarios mínimos profesionales.
En el artículo 345, que el Congreso de la Unión fije los salarios mínimos profesionales para los trabajadores de hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos.
Eliminar todo lo relacionado con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, derogando la fracción VII del artículo 523 y los Capítulos VI, VII y VIII del Título Once.
* Se considera que la iniciativa del senador Serafín Ríos Álvarez no es posible, debido a que requeriría una reforma constitucional, además de que la fijación de los salarios mínimos es un aspecto económico que deben resolver los sectores productivos, con la intervención del gobierno, y que se politizaría si se hiciera intervenir al Congreso de la Unión.
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153-P, fracción III, y 153-S, de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el senador Adalberto Arturo Madero Quiroga del Grupo Parlamentario del PAN., el 23 de octubre de 2001.
En el artículo 153-P, que las personas o instituciones, señaladas en el artículo 153-C, no deberán estar ligadas con personas o instituciones que propaguen algún credo religioso.
En el artículo 153-S, sancionar al empleador conforme a lo dispuesto por el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo.
Este documento toma el espíritu de la propuesta de reforma del artículo 153-P, fracción III, ya que el proyecto de decreto de la presente iniciativa deroga ese artículo.
Con relación a la propuesta de reforma del artículo 153-S, se considera modificar este artículo en concordancia con el presente dictamen, para que los empleadores cumplan con la obligación de capacitar a todos sus trabajadores.
* Con proyecto de decreto que reforma a la Ley del Seguro Social, en sus artículos 102, 103 y 107; y a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 133 fracción I, presentada por el senadora Addy Joaquín Coldwell, del Grupo Parlamentario del PRI., el 6 de diciembre de 2001.
Que los patrones exijan el certificado de ingravidez a las mujeres que buscan empleo, porque ataca su dignidad y las ponen en posición desventajosa frente a los varones, en la búsqueda de un empleo.
Se considera que, en relación con la reforma al artículo 133, fracción I, es de aceptarse el espíritu de la propuesta de protección a la mujer en el presente dictamen, por lo que se debe incluir como prohibición a los empleadores despedir a las mujeres por estar embarazadas, por cambiar de estado civil o por tener a su cuidado a hijos menores. Distinto sería reformar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que para no exigir el certificado de no embarazo se requeriría reformarla a fin de que procediera el subsidio aunque la trabajadora no hubiera cotizado 30 semanas, situación que las finanzas de dicho Instituto de Salud no pueden enfrentar por ahora.
* Iniciativa para modificar el artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Congreso del Estado de Jalisco, el 28 de diciembre de 2001.
Que se cambien los términos y se hable de "trabajadores" y "trabajadoras", además de que se otorgue mayor igualdad a las trabajadoras tanto en el acceso y permanencia en el mercado laboral, como en los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, especialmente para el caso de mujeres que tienen a su cargo una familia.
Se considera que la iniciativa para modificar el artículo 159 de la Ley Federal del Trabajo se asume, en su espíritu, en el presente dictamen, en los artículos 3o., 56 y 133, fracciones XII y XIII, al prohibir el hostigamiento sexual y al prohibir que se despida a una trabajadora o se le coaccionar directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.
* Punto de acuerdo iniciativa que reforma los artículos 3o., 56 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Congreso de Tlaxcala, el 13 de febrero de 2002.
Que se erradique toda práctica discriminatoria en contra de los trabajadores, por motivo de: raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social, género, estado civil, características físicas o preferencia sexual. Por último, que se elimine la exigencia del certificado de no gravidez.
Se considera que la sustancia de esta iniciativa se encuentra aceptada en el presente dictamen, en los artículos 3o., 56 y 133. En cuanto al certificado de no gravidez, véanse la consideración hecha a la Iniciativa de la senadora Addy Joaquín Coldwell.
* La iniciativa del senador Francisco Bojórquez Mungaray, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, el 10 de diciembre de 2002.
Que se cree un artículo 33 Bis a fin de establecer que cuando existan trabajadores indígenas las condiciones de trabajo y los convenios a que se refieren los artículos 24 y 33, deberán hacerse constar por escrito en forma bilingüe, en español y en la lengua indígena que en cada caso corresponda.
Que se adicione al artículo 132, fracción XVIII, que tendrán obligación los empleadores de cumplir lo propuesto en lo establecido en el artículo 33 Bis, por lo que respecta a reglamentos y normas de higiene.
Que se adicione en el artículo 133, fracción I, que está prohibido a los empleadores negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, sexo "u origen étnico".
Que se adicione al artículo 135 una fracción I.a., a fin de que prohíba a los trabajadores "realizar acciones o actividades discriminatorias en contra de sus compañeros."
Que se cree un artículo 422 Bis a fin de establecer que los contratos, convocatorias, convenios y reglamentos a que se refieren los artículos 390, 410, 414 y 422, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 33 Bis de su propuesta.
Que se adicione el artículo 512-B, relativo a las comisiones consultivas estatales, para que participen también representantes del Instituto Nacional Indigenista o de su equivalente estatal.
Que se adiciones al artículo 520 una fracción III para establecer que la prescripción no puede comenzar ni correr contra los trabajadores indígenas cuando no se cuente con la traducción del contrato de la relación laboral a la lengua o idioma que corresponda.
Que se adicione al artículo 530 una fracción I.a., para que la Procuraduría del Trabajo pueda representar y asesorar en forma obligatoria a los trabajadores indígenas ante cualquier autoridad laboral.
Que se adicione el artículo 531 a fin de que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se integre con un Procurador General y un Procurador Auxiliar Especial para trabajadores indígenas.
Que se adicione el artículo 537 con una fracción II.a., que establezca que el Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento tendrá entre sus objetivos promover programas de colocación y capacitación para trabajadores indígenas.
Que se adicione el artículo 539, fracción I, con un inciso a) Bis, para que la STPS pueda practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la mano de obra indígena, y la fracción II con un inciso e) Bis para promover la celebración de convenios en materia de colocación de las entidades federativas o la federación con los pueblos y comunidades indígenas.
Que se adicione el artículo 685, in fine, para que también sea aplicable para el caso de las demandas interpuestas en lenguas o idiomas indígenas.
Que se adicione el artículo 742 con un inciso a) a la fracción I, para exigir que las notificaciones se realicen personalmente cuando se trate de trabajadores indígenas.
Que se adicione el artículo 809 para que los documentos que se presenten en idioma extranjero o en lengua o idioma indígena sean traducidos.
Que se adicione el artículo 872 para indicar que los trabajadores indígenas podrán formular la demanda en su lengua o idioma si así lo desean.
Se considera que el artículo 33 Bis inhibiría la contratación de trabajadores indígenas, En el mismo sentido, iría la propuesta de adición al artículo 132, fracción XVIII. El artículo 422 Bis propuesto, así como el 422 Bis y el 520, III se incluyen en esta consideración.
La propuesta de adición al artículo 133, fracción I y la de adición del inciso a) al artículo 135, fracción I se incluye en este dictamen en el artículo 3o..
La adición al artículo 512-B discrepa con el carácter médico que caracteriza a las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene.
El artículo 530, en su actual fracción I establece que dicha Procuraduría representará o asesorará a los trabajadores y sindicatos, incluyendo a los indígenas, por lo que no se ve la necesidad de adicionarlo con una fracción I.a en dicho sentido. Lo mismo debe aplicarse a la adición propuesta al artículo 531.
La adición de una fracción II.a al artículo 537 redunda con la fracción actual II, que habla de promover y supervisar la colocación de los trabajadores.
La STPS no debe hacer distinciones entre los trabajadores, por lo que la adición a un inciso a) Bis para el artículo 539, fracción I, que no es aceptable.
La adición al artículo 685, parte final, dificultaría al extremo la impratición de justicia en un país como México, donde los trabajadores migrantes recorren miles de kilómetros para ocupar un puesto de trabajo en una entidad donde no se conoce su idioma.
La adición al artículo 742 es redundante con el texto actual, dado que en él se expresa con claridad las notificaciones que deben ser personales a todo trabajador.
La adición al artículo 809 no se requiere, ya que el caso está ya previsto.
El artículo 872 no establece que la demanda tenga que redactarse en castellano, por lo que la adición parece innecesaria.
* La iniciativa del senador Carlos Rojas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, en materia de jornaleros agrícolas, el 13 de diciembre de 2002.
Que se reforme el primer párrafo del artículo 280 de la Ley, y que se adicionen seis párrafos más, a fin de: Señalar quiénes son los trabajadores de planta y que su relación de trabajo es por tiempo indeterminado (fracción I); definir los trabajadores estacionales y las prestaciones a las que tendrán derecho (II); trabajadores transitorios por obra o tiempo determinado (III); trabajo familiar y monto mínimo del salario para una familia o grupo (IV); trabajo de cuadrilla (V) y modalidades en que se podrá contratar a los trabajadores menores de edad (VI).
Definir, en los artículos 280-A y 280-B nuevos de la Ley Federal del Trabajo, la figura de los intermediarios y sus obligaciones con los trabajadores, así como su registro ante la STPS. Entre las obligaciones de los intermediarios señala: registrar las condiciones de trabajo de los trabajadores, sufragar sus gastos de traslado y alimentación, protección contra accidentes, no cobrar retribución alguna o comisión a cargo de sus salarios y que el transporte de estos trabajadores sea autorizado como de pasajeros por el gobierno federal.
Que los gobiernos federal y estatales podrán firmar convenios de coordinación de acciones para fortalecer las tareas de inspección en beneficio de los trabajadores del campo. Para este objeto se crea el artículo 282-A.
Que se adicionen las fracciones II-A, VIII, IX, X, XI y XII al artículo 283 de la Ley a fin de que: Los patrones proporcionen a los trabajadores alimentación sana y nutritiva, y agua potable durante la jornada de trabajo, así como transporte gratuito; para que si la distancia entre la vivienda y el lugar de labor es mayor de cinco kilómetros y no pueda transportarlos, les dé una cuota y los cubra con una póliza de seguro contra accidentes; para que se brinden servicios de guardería y educación a los hijos de los trabajadores; para que se consideren accidentes de trabajo los que sucedan durante el trayecto del trabajador de su domicilio al centro de trabajo; para que se obligue al patrón a proporcionar la relación de trabajadores con derecho a reparto de utilidades a la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; para establecer que cuando alguno de los trabajadores con derecho a pago no cobre su participación una vez transcurridos noventa días contados a partir de la fecha en que debió realizarse el pago, el patrón abra una cuenta bancaria a nombre del trabajador en donde hará el depósito correspondiente hasta en tanto se presenta aquél a recibir su pago y, por último, para utilizar los servicios de un intérprete bilingüe cuando los trabajadores no hablen español.
Se considera que la propuesta de definición del artículo 280 confunde el concepto de trabajador de planta con las relaciones de trabajo por tiempo determinado y con el "trabajo familiar". Con respecto al trabajador de planta la presunción que contiene el texto actual es adecuada, dado que no se puede tomar las necesidades permanentes de una empresa como medida para definir a dichos trabajadores. No existe distinción entre trabajadores estacionales y transitorios, por lo que no conviene introducirla.
El concepto de trabajo familiar es inaceptable en nuestra legislación, porque produciría que las responsabilidades del trabajo, así como el salario devengado, se diluyan y aprovecharan -so pretexto de ser distribuidos- por la persona que domine a dicho grupo. La relación de trabajo implica la prestación de un servicio personal, no de "personas unidas por vínculos de parentesco consanguíneo, civil o por afinidad", por lo que tampoco es aceptable el concepto de trabajadores en cuadrilla que propone la iniciativa.
La introducción de la figura del intermediario en los artículos 280-A y 280-B lleva a una confusión con la de representante del patrón y con la de patrón, porque señala que son intermediarios los que contraten por sí o en nombre y representación de otro. Es evidente que, en el primer caso, no se trataría de intermediarios ni representantes. Por último, si los empleadores no se registran, menos necesidad habría de hacerlo con los intermediarios, por lo que la obligación de registrar a estos últimos conduciría a una burocratización injustificada.
El artículo 282-A que se propone confunde la competencia de las autoridades federales y estatales, ya que la aplicación de las normas de trabajo corresponde originalmente a los estados, mismos que ya se han coordinado con el Gobierno Federal para fortalecer su tarea. La firma de convenios de coordinación es facultad de la soberanía de los gobiernos estatales. Además, la Inspección del Trabajo, como autoridad, debe ser establecida por cada Estado; en consecuencia, los convenios que puedan firmarse entre la Federación y los Estados se tendrán que referir a actividades laborales concurrentes, para no invadir competencias. En cuanto a la adición de una fracción II-A al Artículo 283, su redacción atenta contra el principio general del descanso y reposo, porque se considera que es tiempo laborado aquel lapso durante el cual el trabajador toma sus alimentos, siempre que sea dentro de la fuente de trabajo; en consecuencia, la reforma propuesta implicaría computar como laborado ese lapso.
La fracción VIII propuesta para el mismo artículo 283 es antieconómica en las circunstancias actuales de México, e inhibiría la contratación en este tipo de actividades. Por otra parte, los trabajadores están ya cubiertos por el Instituto Mexicano del Seguro Social durante los trayectos a su lugar de trabajo y a su vivienda, por lo que el seguro adicional que prevé esta nueva fracción, así como lo dispuesto por la fracción X de la iniciativa en mención, sería una carga gravosa e innecesaria.
La fracción IX redunda con lo dispuesto por los artículos 132, XII XIII y 283, VII, f) de la Ley Federal del Trabajo, que establecen la obligatoriedad, para el empleador, de establecer y sostener las escuelas "Artículo 123 Constitucional" y fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares, así como redunda con el artículo 201 de la Ley del IMSS, que establece la prestación de guarderías.
La propuesta de depositar el pago de utilidades en cuentas bancarias a nombre del trabajador dependería exclusivamente del empleador, dado que la fracción XI que lo propone es omisa en cuanto a la formación de comisiones mixtas para el reparto de utilidades, y deja a la discreción del empleador la relación de los trabajadores que tengan derecho al pago de esta prestación.
La fracción XII ya está establecida, de manera analógica, en los artículos 809, 816 y demás relativos al proceso laboral.
* La iniciativa de la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, el 13 de diciembre de 2002.
Que se adicione el segundo párrafo del artículo 3o. y la fracción XI del artículo 5o., de modo que no puedan establecerse restricciones discriminatorias por motivos de género, estado civil, capacidad diferenciada y maternidad.
Suprimir el término "estado civil" de la fracción I del artículo 25.
Adicionar el concepto de hostigamiento sexual y su definición al artículo 47, VIII, así como a la fracción II, del artículo 51.
Que los trabajadores o trabajadoras que sean madre o padre soltero y tengan hijos menores que se encuentren cursando educación preescolar y primaria puedan solicitar comprimir los días de trabajo aumentando las horas diarias en que presta sus servicios, con el fin de cubrir el total semanal a que está obligado, en menos jornadas y poder gozar de un día libre para ese fin. Esto lo propone en el artículo 59.
Que se adicione al artículo 86 que corresponderá el mismo salario y que no se deberán establecer diferencias por motivo de raza, género, estado civil, capacidades diferentes, maternidad, paternidad, estado de gravidez, credo religioso, doctrina política o condición social.
Que se adiciones la fracción V, del artículo 132, a fin de que en todo tipo de establecimientos se mantengan sillas a disposición de las mujeres embarazadas.
Que se refiera el artículo 132 a la fracción XXIV de su propuesta para el artículo 47.
Que se adicione la fracción I, del artículo 133, para que quede prohibido a los patrones negarse a aceptar trabajadores por razón de raza, género, edad, estado civil, capacidad diferenciada, maternidad, credo religioso, doctrina política o condición social; así como exigir o solicitar a las mujeres la presentación de certificado médico de no embarazo, como condición indispensable para la contratación.
Adicionar una fracción XII, al artículo 133, para incluir entre las prohibiciones de los patrones el "hostigamiento sexual".
Adicionar una fracción XI, al artículo 135, para que se prohíba a los trabajadores incurrir en faltas de probidad, honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos, hostigamiento sexual u otros análogos, en contra de sus compañeros o superiores.
Se considera que las adiciones propuestas a los artículos 3o. y 5o. se asuman, sustancialmente, en las propuestas al artículo 3o. del presente dictamen.
La supresión, en la fracción I, del artículo 25, del "estado civil", en el escrito en que consten las condiciones de trabajo, no es necesaria, dada la reforma que propone este dictamen al artículo 3o..
Es de asumir la propuesta de adicionar los artículos 47, VIII y 51, II, con el concepto de "hostigamiento sexual".
Es acertada la propuesta del artículo 59, sin restringirlo a las personas que establece la propuesta, sino que pueda beneficiarse todo trabajador, siempre que exista acuerdo entre la representación de los trabajadores y el empleador.
La propuesta del artículo 86 se asume en la reforma al artículo 3o. y en la adición de una fracción XIII al artículo 133.
La adición a la fracción V, del artículo 132 es innecesaria, dado que si es obligación de los patrones tener sillas disponibles para todo trabajador, es todavía más importante tenerlas a disposición de las mujeres embarazadas.
Incluir en el artículo 132 una referencia al artículo 47 sobre hostigamiento sexual lo limitaría, ya que este dictamen considera que el hostigamiento sexual es una prohibición para trabajadores y empleadores.
La primera parte de la adición a la fracción I, del artículo 133, se asume en el artículo 3o.. En cuanto a no exigir el certificado de no embarazo, como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, se requeriría reformar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente su artículo 120, a fin de que procediera el subsidio aunque la trabajadora no hubiera cotizado 30 semanas.
Por supuesto que se acepta adicionar una fracción XII, al artículo 133, para incluir entre las prohibiciones de los patrones el hostigamiento sexual.
Se acepta adicionar una fracción XI, al artículo 135, que prohíba a los trabajadores incurrir en actos de hostigamiento sexual.
* La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores recibió considera las siguientes iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo, durante la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados:
* Iniciativa de decreto que reforma los artículos 553, 554, 557, 676, 680 y 682-A de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Javier Paz Zarza del Grupo Parlamentario del PAN, el 3 de diciembre de 1997, propone:
Se pretende reformar la fracción III del artículo 553 del texto legal, para que el Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos informe cada tres meses al Secretario del Trabajo y Previsión Social, con copia a los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de Diputados, las variaciones del salario.
Con la reforma a la fracción II del artículo 554, se busca que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se integre por un número igual, no menor de 15, ni mayor de 25, de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los patrones, electos cada tres años, de conformidad con la convocatoria que al efecto expida la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
La Secretaría del Trabajo publicará en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de junio del año que corresponda, los datos generales de los representantes propietarios y suplentes.
Reformar las fracciones I y III del artículo 557 para determinar en la primera sesión, la forma de trabajo y las fechas de las sesiones mensuales, para conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución respecto a los salarios mínimos.
Reformar el artículo 676 para que quede como sigue:
"Establecer entre otras normas la elección de los Representantes en la Comisión Nacional por medio una convocatoria nacional en la que participarán los trabajadores sindicalizados y los patrones. Los primeros participarán en los sindicatos, federaciones o confederaciones que acrediten un mínimo de dos mil 500 trabajadores y los segundos en organizaciones u agrupaciones con un mínimo de mil 500 empleadores.
"En sesión pública el día de la Convención presidida por el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y representantes de la Comisión de Trabajo de la H. Cámara de Diputados, se elija al Consejo de Representantes, por insaculación de los registrados en tiempo y forma."
Derogar el Capítulo VII del Título Once, así como el artículo 682-A.
La propuesta de reforma del artículo 553, no tiene sustento constitucional puesto que entre las facultades que se le otorgan a la Cámara de Diputados no se contiene alguna que prevea elección o determinación en materia de salarios mínimos.
La reforma de la fracción II del artículo 554, es innecesaria pues conlleva mayores trámites respecto de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
La reforma de las fracciones I y III del artículo 557 es innecesaria, puesto que en el texto vigente se señala la frecuencia de las sesiones y, con relación a la fracción III, sería necesario unificar las áreas geográficas.
La propuesta de reforma del artículo 676 se considera excluyente.
* Iniciativa de reforma y adiciones a los artículos 133, 135, 164 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada Carolina OFarril Tapia, Diputada Independiente, el 23 de abril de 1998, propone:
Prohibir a los patrones:
2. Mantener conductas respecto de trabajadores y trabajadoras que impliquen asedio u hostigamiento sexual, valiéndose de su posición.
Añadir al artículo 164 un nuevo párrafo: "Sin menoscabo de lo dispuesto en este título para proteger la maternidad, las mujeres tienen derecho a ser contratadas en cualquier trabajo que ellas demuestren que pueden realizar, en igualdad de circunstancias que los hombres".
Adicionar un párrafo al artículo 170 en los siguientes términos: "...o de seis posteriores al día en que reciban en adopción un bebé menor de seis semanas."
Es de considerar que el espíritu de la iniciativa en comento se integra en el cuerpo del presente dictamen, excepción hecha a la reforma propuesta al artículo 170, puesto que todo estudio de la viabilidad de la adopción es muy largo, y excede, siempre, no sólo las seis semanas, sino hasta los dos años.
* Iniciativa de reformas para adicionar a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 170, fracción II, y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, artículo 28, presentada por la diputada Patricia Espinosa Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, el 15 de octubre de 1998, propone:
La posibilidad de transferir todo el periodo de descanso después del parto.
Se considera que es prudente que se conserve, en beneficio de la madre y del bebé en gestación, el descanso previo al parto, particularmente previendo los casos en que el embarazo pudiera ser de alto riesgo, independientemente de que modificar dicho periodo implicaría una reforma constitucional que por el momento no es posible.
* Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Santiago Padilla Arriaga, del Grupo Parlamentario del PRD, el 1 de diciembre de 1998, propone:
Prohibir al empleador:
B) Trabajadores que tengan alguna discapacidad física o padecimiento, siempre y cuando se acredite su aptitud para las tareas que se requieren y en ningún momento se ponga en peligro la vida del trabajador o las de sus compañeros.
C) Establecer la excepción para practicar exámenes de detección de VIH-SIDA, precisando que dichos exámenes serán voluntarios, informados y confidenciales.
D) Imponer multa al empleador que se niegue a aceptar trabajadores por razón de su edad o de su sexo.
Con respecto a la segunda propuesta de la iniciativa se considera que podría ser discriminatoria. La multa como sanción está ya prevista en el artículo 1002.
* Iniciativa de reforma al artículo 170, fracciones II y IV, de la Ley Federal del Trabajo, así como la adición de una fracción IX al artículo 22 y una fracción X al artículo 108 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Grupo Parlamentario del P.T., el 15 de diciembre de 1998, propone:
1. Aumentar a 10 semanas el periodo pre y post parto.
2. Que sea electivo por la mujer trabajadora cuándo desea disfrutar de dicho descanso.
3. Hacer deducible de ISR el salario a madres trabajadoras que se encuentren disfrutando de los periodos mencionados.
Se considera que la temática planteada por la reforma en comento precarizaría la contratación de mujeres. Deben, además, tomarse en consideración los comentarios hechos arriba a la iniciativa presentada por la diputada Patricia Espinoza Torres, debido a la semejanza entre ambas iniciativas.
* Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., fracción I, inciso b), 5o., primer párrafo y fracción XI, 22, 51, fracciones VIII y IX; 56, 59, segundo párrafo, 63, 110, fracción V, 132, fracciones V, XIII y XXVIII, 133, fracción I, 135, fracciones IX y X, 153-F, 154, primer párrafo, 159, tercer párrafo, 164, 170, fracciones II, IV y VII y 995, así como la denominación del Título V, quedando integrado éste por dos capítulos intitulados: Equidad de Género y Trabajo de las Mujeres; y se adicionan los artículos 3o. Bis, 5o., fracción II Bis, 19 Bis, 51, fracción II, con un segundo párrafo y las fracciones X y XI, 51 Bis, 74, con un último párrafo, 132, con un segundo párrafo a la fracción XIV y una fracción XXIX, 134, fracción IV Bis, 135 fracciones XI y XII, 153-I, con un segundo párrafo, 153-Q, con un último párrafo, 164-A, 164-B, 164-C, 164-D, 166, con un segundo párrafo y 170, fracción II, con un segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada María Elena Cruz Muñoz a nombre de la Comisión de Equidad y Género, el 13 de abril de 1999, propone:
Agregar al artículo 1o. el carácter y principio de orden público e interés social y de observancia general.
Insertar en el primer párrafo del artículo 2o. que las normas de trabajo deben tender hacia la equidad y la justicia social y hacia la igualdad de oportunidades en el empleo para hombres y mujeres. Además, insertar un segundo párrafo para aclarar que al referirse a los términos: trabajador, patrón, autoridad o funcionario, es genérico, independientemente del sexo.
Agregar en el segundo párrafo del artículo 3o., que no podrán establecerse distinciones por: "raza, etnia, color, discapacidad, sexo, preferencia sexual, edad, credo religioso, doctrina política o condición social, estado civil, estado de gestación en la mujer, maternidad o responsabilidades familiares". Asimismo definir y sancionar los actos de discriminación que tiendan a alterar, restringir o anular la igualdad de oportunidades.
Igualmente establecer que las distinciones y preferencias a favor de grupos vulnerables no se considerarán discriminatorias. También, adicionar que es de interés social promover la seguridad e higiene en el trabajo, la equidad de género, la eliminación de discriminación en el trabajo. Asimismo aclarar que todas las personas que trabajan son iguales ante la Ley. Y finalmente definir el término de discriminación como: ..."cualquier acto que anule o afecte la igualdad de oportunidades o de trato."
Crear, mediante un artículo 3o. Bis un organismo encargado de llevar a cabo las acciones afirmativas que promuevan igualdad de oportunidades y condiciones. Asimismo definir la llamada "acción afirmativa".
En el artículo 4o., adicionar que la maternidad no sea impedimento para acceder a puestos de trabajo.
Eliminar el primer párrafo del artículo 5o., señalando que serán nulos los actos que indican sus fracciones. Asimismo, en la fracción XI, agregar que no se podrá pagar un salario menor por las siguientes razones: estado civil, sexo, estado de gestación, maternidad, responsabilidades familiares, discapacidad.
También agregar una fracción XI Bis haciendo nula la renuncia, a su empleo, de la mujer que cambie de estado civil, se embarace o tenga a su cuidado hijos menores.
Adicionar un artículo 19 Bis, para definir el concepto de trabajador con discapacidad, como aquel que padece temporal o permanentemente una disminución de sus facultades físicas, mentales o sensoriales.
Asimismo buscar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la adecuación de las instalaciones, la atención médica o rehabilitación para las personas con discapacidad.
Agregar un párrafo final, al artículo 22, para obligar a los empleadores a cumplir con todas sus obligaciones en caso de utilizar trabajo de menores.
Establecer, en el artículo 51, como causa de rescisión sin responsabilidad para el trabajador, el hostigamiento y abuso sexual, considerándolos faltas de probidad del empleador. Asimismo agregar dos fracciones con causales de rescisión, que son dejar de inscribir a los trabajadores en el IMSS y el Infonavit y realizar cualquier acto de discriminación en contra del trabajador.
Definir, en un artículo 51 Bis, los términos y conceptos de hostigamiento y de abuso sexual.
Incluir en el artículo 56 como diferencias discriminatorias, las contenidas en los artículos 2o. y 3o. de su iniciativa en relación con las condiciones de trabajo.
Beneficiar, mediante reforma al artículo 56, a las madres trabajadoras cuando se pacte el reparto del horario de trabajo.
En el artículo 63, que la media hora de descanso que se concede al trabajador durante la jornada continua sea considerada como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.
En el artículo 74, que trabajadores y patrones, de común acuerdo, puedan establecer modalidades para que el descanso correspondiente a los días 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre, si corresponden a martes, miércoles o jueves, sea disfrutado el lunes o el viernes más próximo.
Cambiar, en el artículo 110, el término "esposa" por el de "cónyuge".
En el artículo 132, mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma norma se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo y, en todo tipo de establecimiento, para las trabajadoras durante su embarazo. Asimismo, cambiar el concepto de "alfabetización" por el de "educación obligatoria". También otorgar becas de manera proporcional al número de hombres y mujeres contratados. Asimismo adecuar las instalaciones para los trabajadores con discapacidad.
En el artículo 133, prohibir a los empleadores ejercer discriminación por: sexo, estado civil, discapacidad no proveniente de riesgo de trabajo, estado de gestación en la mujer, maternidad o responsabilidades familiares.
En el artículo 134, obligar a los trabajadores a recibir capacitación.
En el artículo 135, prohibir a los trabajadores los actos de hostigamiento y abuso sexual.
En el artículo 153-F, definir los conceptos de capacitación y adiestramiento con una perspectiva de género.
En el artículo 153-I, que hombres y mujeres trabajadores deberán estar representados proporcionalmente en las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento.
En el artículo 153-Q, combatir la discriminación en la capacitación, de modo que ésta se imparta en proporción a la cantidad de hombres y mujeres contratados por una empresa.
En el artículo 154, establecer la discapacidad como mecanismo de preferencia para ocupar vacantes.
En el artículo 159, que las vacantes se otorguen al más apto para el puesto y en caso de que prevalezca la igualdad, se le otorgue al que tenga alguna discapacidad.
En el artículo 164, prohibir cualquier discriminación contra la mujer.
En el artículo 164-A, definir el término de discriminación contra la mujer, como cualquier acto que le impida el libre ejercicio al derecho de obtener un empleo o de conservarlo.
En el artículo 164-C, establecer una serie de acciones para ser ejercidas por las mujeres en caso de que sufran una discriminación de conformidad con el artículo 48.
En el artículo 164-D, establecer que no se considerará discriminación cuando se deba hacer una distinción en relación con la naturaleza de la actividad a realizar.
En el artículo166, obligar al empleador a asignar labores diferentes a la mujer trabajadora que se encuentra embarazada si se pone en peligro su salud.
En el artículo 170, establecer un descanso de 6 semanas a la mujer que adopte un niño menor de 6 meses y de dos semanas si el niño es mayor de esa edad. También permitir que la mujer pueda transferir las semanas previas al parto para disfrutarlas después del mismo. Y finalmente incluir en la antigüedad de la trabajadora el periodo posterior a la adopción.
Con relación a la iniciativa de reforma del artículo 1° es innecesaria, puesto que el texto actual del presente documento define de manera exacta su ámbito de validez y aplicación.
Con relación ala iniciativa de reforma del artículo 2o., se considera que el presente dictamen define con exactitud y amplitud los aspectos que las normas del trabajo tienden a equilibrar.
Con relación a la iniciativa de reforma del artículo 3o., 4o.,19 Bis, 133, 134, 135, 153 F y 166 se considera que el espíritu de las iniciativas se reflejan en este dictamen.
Con relación a la iniciativa de adición de un artículo 3o. Bis nuevo, se considera que no sería factible crear un organismo técnico en materia laboral para supervisar y desarrollar programas de acción afirmativa.
Con relación a la iniciativa de adición del artículo 5o., se considera que el texto actual de la Ley se adecua mejor al propósito del artículo. Con relación a la fracción XI del artículo en comento, es de considerar que dicha fracción es casuística; Finalmente, con relación a la fracción XI Bis, estas Comisiones consideran que su espíritu se asume en este dictamen, en los artículos 3o., 56 y 133, fracciones XII y XIII.
Con relación a la iniciativa de reforma al artículo 22, se considera innecesaria, dado que la fracción I del artículo 132 del texto vigente de la Ley ya contempla que el empleador debe cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos.
Con relación a la iniciativa de reforma al artículo 51 y de adición de un artículo 51 Bis nuevo, se plantean como prohibición a los empleadores o sus representantes en la fracción XII del artículo 133 del presente dictamen.
Con relación a la iniciativa de reforma al artículo 56, se considera que las reformas a los artículos 3o. y 56 del presente dictamen la contienen, puesto que ya contemplan las prohibiciones de condiciones y diferencias que impliquen discriminación.
En cuanto a los beneficios planteados en los artículos 56 y 74, se aceptan para todos los trabajadores, siempre que exista acuerdo entre la representación de los trabajadores y el empleador.Con relación a la iniciativa de reforma al artículo 63 es innecesaria, ya que el texto vigente lo computa como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.
Con relación a la iniciativa de reforma al artículo 110, se considera una medida contraria a los derechos de las trabajadoras.
Con relación a la iniciativa de reforma a los artículos 132 y 154, así como la adición al artículo 153-I, crearía un sistema discriminatorio.
Con relación a la iniciativa de adición al artículo 153-Q, se considera que la obligación de recibir la capacitación es para todos los trabajadores.
Con relación ala iniciativa de reforma al artículo 159, se considera que el criterio de aptitud se acepta, pero se insiste que el sistema de cuotas dificultaría el ofrecimiento de empleo a las mujeres por parte de los empleadores y, además, crearía un sistema discriminatorio.
Con relación a la iniciativa de reforma al artículo 164, y de las iniciativas de adiciones a los artículos 164-A, 164-B, 164-C y 164-D, son repetitivas y redundantes, puesto que ya hay prohibición expresa.
Con relación a la iniciativa de reforma al artículo 170, se considera que las medidas propuestas dificultarían el ofrecimiento de empleo a las mujeres por parte de los empleadores.
Con relación ala iniciativa de reforma al artículo 995, se considera que el aumento de la multa es excesivo.
* Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 256, 260, 262, 263 y 264 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado José Ángel Frausto Ortiz del Grupo Parlamentario del PAN, el 13 de abril de 1999, propone:
Al artículo 256, incorporar el elemento "subordinación" a las relaciones laborales entre choferes y propietarios de vehículos.
Con respecto del artículo 260, incorporar el principio de subordinación entre el propietario o concesionario del vehículo y el trabajador.
En el dispositivo 262, adicionar una fracción VI para obligar al trabajador a entregar al pasaje comprobante de viaje.
Aumentar en el artículo 263, una fracción IV para obligar al patrón a dotar al trabajador de boletos para los pasajeros.
En el numeral 264, fracción III, establecer como nueva causal de rescisión de la relación de trabajo la violación a normas de tránsito.
Por lo que hace a las reformas a los artículos 256 y 260 se considera que dichas propuestas son innecesarias, ya que la subordinación está prevista en el principio general de la Ley.
Con relación a la iniciativa de reforma de los artículos 262, 263 y 264, las mismas no son de carácter sustancialmente laboral, sino de materia de transporte público.
* Iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Javier Paz Zarza del Grupo Parlamentario del PAN, el 30 de abril de 1999, propone:
Adicionar al artículo 371, fracción VI relativa a las obligaciones y derechos mínimos de los asociados en los estatutos de los sindicatos, federaciones y confederaciones:
1. Contendrán la obligación de asistir a las sesiones a que fueren convocados; participar en las determinaciones fundamentales de la organización, que entre otras deberá ser el emplazamiento a huelga y levantamiento de la misma; que a solicitud de las dos terceras partes de sus miembros, se solicite a la Directiva ponga a consideración de la Asamblea General, los asuntos que se consideren fundamentales.
2. Agregar una fracción VI Bis que reconozca el derecho fundamental que individualmente tienen los miembros de participar en las organizaciones políticas, religiosas y culturales afines a sus convicciones, por lo cual no se establecerá la obligación de los miembros individual o colectivamente a pertenecer a determinada asociación política, religiosa o cultural.
3. En la fracción IX que el procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros, sea a través del voto personal y secreto;
4.-En la fracción X que el periodo de duración de la mesa directiva, podrá ser de hasta tres años, con la opción de una sola reelección con la mayoría calificada del 66 por ciento de los miembros;
5. En la fracción XI que las normas para la administración, adquisición, disposición y liquidación de los bienes, patrimonio del sindicato, deberán hacerse del conocimiento por escrito a todos los miembros. Así mismo, al inicio del ejercicio de una nueva mesa directiva y en un plazo no mayor de 90 días, ésta deberá, previa auditoria, dar un informe a los miembros del estado en que se encuentra el patrimonio del sindicato.
Se acepta la propuesta de reforma de la fracción IX, de modo que se establezca el voto secreto; sin embargo, la propuesta de reforma a las fracciones VI, X y XI, infringe la libertad sindical de establecer libremente los derechos y obligaciones de sus asociados, como lo establece el artículo 3o. del Convenio 87 de la OIT. Con respecto a la fracción VI Bis, se considera innecesario reproducir la garantía de libre asociación establecida en el artículo 9o. constitucional.
* Iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 365, y adiciona un artículo 365 Bis, de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Javier Paz Zarza del Grupo Parlamentario del PAN, el 30 de abril de 1999, propone:
Adicionar requisitos para el registro de los sindicatos como lo son firma, número de afiliación al IMSS, nombre del cargo o puesto que desempeña, tanto de los empleadores como de los trabajadores.
Crear el Registro Público Nacional Sindical y establecer sus funciones en el artículo 365 Bis. La creación de un Registro Público Nacional es estructurada, con otro nombre, en el presente dictamen, tomando en consideración las competencias establecidas en la fracción XXXI del artículo 123 constitucional.
* Iniciativa por la que se reforma la Ley Federal del Trabajo, en materia de discapacidad, presentada por el diputado Omar Álvarez Arronte del Grupo Parlamentario del PRI, el 23 de septiembre de 1999, propone:
Agregar como una causal de rescisión sin responsabilidad para el empleador, cuando el trabajador lo engañe con respecto de una discapacidad que sufra.
Establecer como causa de terminación de la relación laboral, la incapacidad sufrida por el trabajador por una discapacidad.
Incorporar al artículo 54 la indemnización por incapacidad derivada de una discapacidad.
Incorporar el término "discapacidad" al texto actual del artículo 56.
En el artículo 56, incorporar el término "capacidades diferentes".
Agregar en el artículo 132 una nueva fracción XXIX que obliga a dar empleo compatible a su condición personal a personas con discapacidad. Estableciendo un sistema de cuotas cuando el establecimiento es mayor a 100 cuando menos, deberá de emplearse a un 1 por ciento cuando menos de personas con discapacidad del total de su planilla de trabajadores, si el número de trabajadores es menos de 100 y mayor de 20 deberá de emplear cuando menos a un trabajador con esta circunstancia.
Incluir en el artículo 132 la obligación de proporcionar el apoyo necesario para accesos, seguridad y desplazamiento para personas con discapacidad.
Incorporar al 133 como prohibición que los patrones se nieguen a aceptar personas con discapacidad, cuando acrediten capacidad para el empleo.
Establecer en el artículo 134 la obligación de los trabajadores de poner a salvo, en caso de siniestro, a los trabajadores con discapacidad.
Obligar a los trabajadores en el artículo 134 a someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen ninguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable, cuya transmisión tenga características de epidemia, quedando exceptuadas la discapacidad y aquellas conocidas por el patrón en el momento de la contratación.
Crear un artículo 153-E Bis para obligar a los discapacitados a recibir capacitación y adiestramiento conjuntamente con los demás trabajadores.
Crear un capítulo especial dentro del Título de Trabajos Especiales, para personas con discapacidad.
Adicionar a las "personas discapacitadas" en los artículos 472 y 481.
Adecuar la terminología de los artículos 482 y 483 a las discapacidades.
Adicionar el artículo 504, para imponer al patrón la obligación de prestar auxilio al personal con discapacidad.
Crear en el artículo 504 una fracción VII para obligar al patrón a consultar a los trabajadores discapacitados respecto de sus necesidades.
Incorporar al artículo 509 a las personas con discapacidad en las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.
Adicionar en el artículo 511 que los Inspectores del Trabajo tienen el deber de velar por el cumplimiento de las disposiciones laborales, en materia de discapacidad y una fracción adicional que menciona a los discapacitados.
Adicionar al artículo 512-D con la exigencia a los patrones de efectuar modificaciones a sus establecimientos e instalaciones, de modo que se proporcionen los apoyos necesarias a las personas con discapacidad, en materia de accesibilidad y libre desplazamiento.
Referir en la fracción VI del artículo 994 al artículo 133, frac. I.
Por lo que hace a la iniciativa de reforma del artículo 47, se considera que es innecesaria, ya que sería, si acaso, una falta de probidad que se incluiría en la fracción II del mismo artículo.
Se incorpora el término "capacidades diferentes" propuesto en el artículo 56, pero en lo que se refiere a los artículos 53, 54 y el resto del artículo 56, la distinción propuesta es innecesaria puesto que no es jurídicamente necesaria.
Las indemnizaciones que deban cubrirse a los trabajadores por los riesgos de trabajo que lleguen a sufrir, se encuentran valorados en las tablas que comprenden los artículos 513 y 514 de la Ley.
La reforma al artículo 132, fracción XXIX, es ineficaz ya que dificultaría el ofrecimiento de empleo a los mismos por parte de los empleadores y, además, crearía un sistema discriminatorio.
Las propuestas contenidas en la nueva fracción XXX del artículo 132 y la fracción I del artículo 133, las incorpora este dictamen, sustancialmente, en el artículo 3o. del texto actual de la Ley.
La reforma propuesta al artículo 134, fracción VIII, es innecesaria ya que la fracción actual incluye a cualquier persona, independientemente de que tenga o no alguna discapacidad.
Con relación a la propuesta para la fracción X, del artículo 134, es innecesaria, ya que todos los trabajadores deben someterse a los reconocimientos médicos.
No es factible la propuesta al nuevo artículo 153-E Bis, ya que todos los trabajadores, incluyendo los que tengan una discapacidad, tienen el derecho y la obligación de recibir la capacitación y el adiestramiento.
Son innecesarias la definición y la iniciativa del capítulo especial dentro del Título de Trabajos Especiales, que va del artículo 180-A al 180-C nuevos, ya que el régimen de trabajo se considera especial por las actividades que se realizan.
Las iniciativas de adiciones para los artículos 472, 475 Bis, 481, 482, 48,504 fracciones I y VII nuevas, 509 y 511 son innecesarias, porque son situaciones que se aplican genéricamente a todo trabajador, sin que deba referirse especialmente a las personas con discapacidad.
La propuesta que plantea el artículo 512-D no es factible, ya que pocos empleadores se podrían comprometer a realizar los gastos adicionales. Además, su implantación podría inhibir la contratación de personas con discapacidad.
No proceden las multas en el artículo 994 pues estas Comisiones consideran que es inviable el supuesto que las sustentan en el artículo 133, fracción I.
* Iniciativa por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 154 y del artículo 156 y se derogan los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada María Mercedes Maciel Ortiz del Grupo Parlamentario del PT, el 14 de octubre de 1999, propone:
Adecuar los artículos 154 y 156, debido a que propone, adelante, eliminar las cláusulas de admisión y de exclusión.
Derogar las cláusulas de exclusión y de admisión contenidas en el artículo 395 y 413.
La propuesta de reforma no tiene una clara mayoría a su favor. La supresión, según algunos especialistas, atentaría contra el sindicalismo.
* Iniciativa de reforma y adiciones por la que se reforman los artículos 3o., 56, 153-E y 995 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Carlos Iñiguez Cervantes del Grupo Parlamentario del PAN, el 28 de octubre de 1999, propone:
En el artículo 3o. establecer que todas las personas que trabajan son iguales ante la Ley, y definir el término de discriminación como: "...cualquier acto que anule o afecte la igualdad de oportunidades o de trato."
En el artículo 56 busca igualdad de oportunidades para los trabajadores con discapacidad, cuando demuestren que son aptos para el trabajo y no se comprometa la seguridad de los trabajadores y del centro de trabajo.
En el artículo 153-E pretende la rehabilitación laboral mediante la capacitación a las personas con discapacidad.
En el artículo 995 establece multa a quien viole las normas contra las personas con discapacidad.
El espíritu de la iniciativa de reforma a los artículos 3o., 56, 153-E y 995 se incorpora a los artículos 3o. y 56 de este dictamen.
* Iniciativa de reformas por adición con un Capítulo XVIII al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Congreso del Estado de Nuevo León, el 9 de noviembre de 1999, propone:
Agregar un título nuevo denominado "Trabajos Especiales", para fomentar el trabajo de las personas con discapacidad. Para tal efecto, crear los siguientes artículos:
Artículo 353-Bis, que define a la persona que padece una discapacidad.
Artículo 353-Bis-1, que propone que el empleador estará obligado a contratar personas con discapacidad cuando éstas reúnan las condiciones adecuadas.
Artículo 353-Bis-2, que plantea un certificado médico de idoneidad para considerar las aptitudes del trabajador discapacitado.
Artículo 353-Bis-3, que establece que las personas con discapacidad gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que los demás trabajadores.
Artículo 353-Bis-4, que obliga a los discapacitados a contar con un certificado médico de idoneidad.
Artículo 353-Bis-6, que otorga derecho de asistir a cursos de capacitación a los trabajadores discapacitados, para su inserción en la relación laboral.
Artículo 353-Bis-7, que establece que la relación de trabajo podrá ser por tiempo determinado.
Artículo 353-Bis-8, que establece que las personas con discapacidad no podrán tener horario de trabajo mayor que el establecido en la Ley.
Artículo 353-Bis-9, que plantea que los empleadores deberán permitir que los trabajadores discapacitados asistan a los centros de rehabilitación.
Artículo 353-Bis-10, que obliga a los empleadores a que los trabajadores discapacitados asistan a los procesos de rehabilitación y enumera cuáles pueden ser éstos.
Artículo 353-Bis-11, que prohíbe a los empleadores discriminar a los trabajadores con discapacidad.
Artículo 353-Bis-12, que establece que la capacitación y adiestramiento que reciban los trabajadores con discapacidad podrá efectuarse conjuntamente con el resto de los trabajadores, excepto los casos especiales.
Artículo 353-Bis-13, que establece una serie de causales especiales de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el empleador.
Se considera que la propuesta del Congreso del Estado de Nuevo León se incorpora en espíritu al cuerpo del presente dictamen, evitando algunas cuestiones que ya se comentan en las consideraciones a otras iniciativas.
* Iniciativa que reforma los artículos: 23, 34, 41, 121, 132, 133, 153-A, 155, 183, 250, 251, 277, 278, 353-Ñ, 358, 431, 432, 512-D y 923 y deroga los artículos, 395 y 448 de la Ley Federal del Trabajo, Presentada por el diputado Samuel Gustavo Villanueva García del Grupo Parlamentario del PAN, el 11 de noviembre de 1999, propone:
Añadir en el artículo 23 la figura de la tutela del sindicato, de modo que el menor trabajador podrá escoger al sindicato que le deba autorizar la prestación de sus servicios.
Establecer en el artículo 34 que los convenios que lleguen a celebrar el sindicato y el empleador y que puedan afectar los derechos de los trabajadores, deberán ser extensivos a todos los trabajadores, aunque pertenezcan a otro sindicato.
Agregar la palabra "correspondiente" al artículo 41.
El artículo 121, en relación con el derecho de formular objeciones en la declaración del empleador para efectos del reparto de utilidades, se establece que los sindicatos que tengan representatividad, o cualquier trabajador de la empresa, podrán formular a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico las observaciones que consideren pertinentes.
En lo que respecta a los puestos de nueva creación, se obliga a los empleadores a informar a todos los trabajadores sobre los mismos en el artículo 132.
En el artículo 133 se añade la palabra "Algún" sindicato.
En el artículo 153-A, añadir que los planes y programas de capacitación y adiestramiento deberán formularse de común acuerdo entre el sindicato de representación mayoritaria y el sindicato particular del trabajador, en caso de existir éste.
Al artículo 155 se añaden más requisitos que se deben cumplir para ocupar un puesto vacante o de nueva creación, incluyendo la historia sindical del solicitante.
Se establece en el artículo 183 que los trabajadores de confianza podrán solicitar a la empresa su incorporación a otro tipo de trabajo, cuya naturaleza no sea de confianza, pero de la misma naturaleza.
Agregar "correspondiente" en el segundo párrafo del artículo 250.
Añadir al artículo 251 que los trabajadores que hayan sido separados "de una clase de puestos" conservarán el derecho de ser contratados en el puesto o ramo que hubiesen sido separados.
Añadir en el artículo 277 el artículo gramatical "los" en su redacción.
En el artículo 278 se hace cambio terminológico para que en los contratos colectivos las cantidades para el fondo se entreguen a "las Instituciones Bancarias Nacionales" que se señalen en lugar de la "institución bancaria".
En el artículo 353-N, agregar que los trabajadores universitarios sólo podrán afiliarse a más de un sindicato que se lleguen a constituir en una universidad.
En el artículo 358 agregar que ningún sindicato será obligado a formar parte de alguna federación o confederación.
Se propone derogar la cláusula de exclusión en el artículo 395.
Agregar el plural "los" y "sindicatos" en los artículos 431 y 432.
Derogar el artículo 448.
Agregar al artículo 512-D el plural "sindicatos".
En el artículo 923 aclarar que los sindicatos que no detenten el contrato colectivo no podrán ser titulares del derecho de huelga.
Se considera que la iniciativa de reforma al artículo 23 es innecesaria, ya que las empresas cuentan con sindicatos y sobre todo, porque se trata de una función de la autoridad.
En relación con la adición al artículo 34 se considera que esta iniciativa se incluye en la fracción II del presente dictamen que prevé el principio de "a trabajo igual, salario igual".
Se considera que la propuesta de reforma al artículo 41 es innecesaria, ya que el texto actual del artículo especifica con claridad la solidaridad en caso de sustitución patronal.
Con relación a la propuesta de reforma al artículo 121, se considera que es innecesaria, ya que se trata de un derecho que pueden ejercitar indistintamente los sindicatos o los trabajadores.
Respecto a la propuesta de reforma al artículo 132, se considera que es innecesaria porque no todos los trabajadores pueden aspirar a la vacante que llegue a darse.
Con relación a la propuesta de reforma del artículo 133 se considera que es innecesaria, porque el texto de la Ley es claro.
Respecto a la iniciativa de modificación de los artículos 153-A, 250, 277 y 278 se considera que no es posible, ya que les otorgaría las mismas posibilidades a los sindicatos titulares de los contratos colectivos y a los que tengan minoría.
En la propuesta de redacción al artículo 155 se considera que no es necesario establecer ningún requisito adicional que limite el derecho de los trabajadores para aspirar a una vacante.
En la redacción de la iniciativa del artículo 183 se considera que no es posible, ya que confunde la categoría de trabajador de confianza y mientras se mantenga ésta, no podrá tener los derechos de los trabajadores de base o sindicalizados.
En el artículo 251, se considera que esta iniciativa de adición es innecesaria ya que la ley se refiere a todo tipo de puestos sin hacer distinción.
En la propuesta de la iniciativa para el artículo 353-Ñ, se considera que es innecesaria, ya que al tratarse de la misma relación de trabajo el trabajador o los trabajadores sólo pueden afiliarse a un sindicato.
En la iniciativa de redacción para el artículo 358, se considera que es innecesaria, ya que a los sindicatos y a las federaciones y confederaciones les son aplicables las mismas normas.
Respecto a la reforma del artículo 395, se considera que en este momento, no tiene una clara mayoría a su favor. Existen incluso opiniones que consideran que suprimirla atentaría contra el sindicalismo.
En los artículos 431, 432, 512-D y 923, de cambio de redacción, se considera que las propuestas son innecesarias, en virtud de que la norma se puede referir en singular o en plural a los posibles afectados.
En la iniciativa de derogación del artículo 448 se considera que esta propiciaría la pérdida de la fuerza del ejercicio del derecho de huelga.
* INICIATIVA DE DECRETO por el que se adiciona un párrafo al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, Presentada por el diputado José del Carmen Enríquez Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD, el 29 de abril de 2000, propone:
Se modifica el artículo 74 para que los días de descanso obligatorio deban disfrutarse el lunes siguiente.
Se retoma el espíritu de la propuesta, dando mayor libertad a las partes para que determinen de común acuerdo el disfrute de los días festivos en fecha distinta.
* Durante la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados:
* Iniciativa de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 357, 359, un segundo párrafo al artículo 373, así como los artículos 369 Bis, 370-A, 370-B, 370-C, 373-A, 373-B, 373-C, 388 Bis, 395 Bis, 1011 y 1012, se reforman los artículos 365, 368, 369, 370, 371, fracciones IV, V, VII, IX y X, 377, 380, 384, 389, 390 y 395, se derogan los artículos 366, 367, 385 de la Ley Federal del Trabajo, Presentada por el diputado Luis Herrera Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, el 26 de octubre de 2000, propone:
En el artículo 357 se agregan dos párrafos en los que se establece la prohibición de afiliarse obligatoriamente a los trabajadores y los empresarios, individual o colectivamente a los partidos políticos; además obliga a las autoridades públicas a abstenerse de toda intervención que tienda a limitar el derecho de organización, el libre funcionamiento de los sindicatos o a entorpecer su ejercicio legal. Cualquier injerencia de esta naturaleza será sancionada en los términos que disponga la ley.
Se agrega al artículo 359 que los sindicatos, establezcan en sus estatutos y reglamentos, la libertad para elegir libremente a sus representantes, organicen su administración y sus actividades y formulen su programa de acción, respetando los lineamientos que establece la ley con el propósito de garantizar la democracia interna sindical.
Se propone la creación de un Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, en el artículo 365. Que entre otras facultades tendrá la de agregar como requisito que deben presentar ante el mismo la copia del acta de elección de la mesa directiva y que todas las copias deberán estar autorizadas por la persona que faculten los estatutos sindicales para tal efecto. No podrá negarse la inscripción a quien cumpla con estos requisitos. El sindicato actualizará con fines estadísticos en forma semestral, el número de sus miembros. Las reformas de sus estatutos y los cambios a su directiva los pondrá en conocimiento del Registro en un plazo no mayor de diez días después de que ocurran.
Se propone derogar los artículos 366 y 367.
Se establece en el articulo 368, que entre las atribuciones del Registro estarán las de señalar que en caso de que la documentación presente deficiencias, se requerirá su inmediata adecuación, sin que ello obstaculice la inscripción del sindicato, que entregará de inmediato la constancia correspondiente, que dará publicidad al acto del nacimiento de un nuevo sindicato en el término de siete días hábiles y que enviará en el mismo lapso la constancia de inscripción a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente.
En el artículo 369 se establecen varios supuestos adicionales para la cancelación de la inscripción del sindicato: En la fracción I, se refiere a cuando pierdan la totalidad de su membresía y en la fracción III por simulación en la constitución de un sindicato, debidamente acreditada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Propone un artículo nuevo 369 Bis para que en caso de que cualquier persona con interés jurídico o autoridad laboral consideren que existe un acto de simulación en la constitución del sindicato, sea porque resulte falsa la documentación presentada o porque no se proponga el estudio, mejoramiento o defensa de los intereses de los trabajadores, deberá promoverse la cancelación de la inscripción y de la personalidad jurídica del sindicato mediante el correspondiente juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde el demandado disfrutará de plenas garantías.
Se hace adecuación terminológica del artículo 370.
El artículo 370-A establece que el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos será un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios que se actualizará semestralmente y la información disponible en el Registro podrá ser consultada por el público en general.
El artículo 370-B, establece que el titular del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos tendrá que ser un profesional de reconocido prestigio, nombrado por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a propuesta de las organizaciones sindicales, patrones, asociaciones de profesionales y las encargadas de defender a los trabajadores.
El artículo 370-C, establece que el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos deberá establecer unidades de recepción de documentación y entrega de constancias en todos los estados de la República.
El artículo 371, se añaden nuevos requisitos para que se incluyan en los estatutos de los sindicatos como los siguientes:
El de duración del sindicato, que faltando disposición expresa se entenderá que el sindicato ha sido constituido por tiempo indeterminado.
El de las condiciones de admisión de miembros, incluye la participación de aquellos que sean trabajadores inactivos.
Agregar el requisito de nacionalidad del sindicato.
Para que la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que concurra por lo menos cincuenta y uno por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección.
Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección o de los delegados, por lo menos. Los estatutos determinarán las modalidades para recoger la votación de sus miembros.
El procedimiento para la elección de la directiva y periodo de duración de la misma. La elección de la directiva, deberá realizarse mediante voto universal, directo y secreto de los miembros del sindicato.
En el artículo 373, establecer que la directiva deberá poner a disposición de los miembros del sindicato que lo soliciten, el estado financiero del sindicato o de la sección. La negativa de presentar la información por parte de los representantes sindicales que hubiesen sido requeridos para ello, será sancionada conforme lo establece esta ley.
En el artículo 373-A, que la directiva del sindicato sea responsable ante éste en los mismos términos y condiciones que lo son los mandatarios en el derecho común.
Agregar un nuevo artículo 373-B, que establece que queda estrictamente prohibido y será sancionado conforme lo dispone esta Ley cualquier acto de injerencia patronal en el proceso de sindicalización y/o cualquier otro ejercicio de los derechos colectivos.
Agregar un nuevo artículo373-C, que señala de forma casuística lo que se entiende por injerencia patronal.
En el artículo 377, establecer que son obligaciones de los sindicatos:
I. Comunicar al Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, con fines estadísticos y de publicidad, dentro del término de diez días, los cambios de su directiva y la modificación de sus estatutos, acompañando, por duplicado copia autorizada de las actas respectivas;
II. Informar a la misma autoridad semestralmente de las altas y bajas de sus miembros; y
III. Proporcionar al trabajador copia de los estatutos y del contrato colectivo de trabajo o contrato ley vigente que regule sus condiciones de trabajo.
En el artículo 380, que en caso de disolución del sindicato, los activos se aplicarán en la forma que determine la asamblea de trabajadores.
En el artículo 384 propone los elementos y documentos que las federaciones y confederaciones deben presentar al Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos para su inscripción.
Todas las copias deberán estar autorizadas por la persona que faculten los estatutos sindicales para tal efecto.
Derogar el artículo 385.
En el artículo 388-Bis se presenta una propuesta para la demanda de titularidad de un contrato colectivo con los requisitos que debe contener para acreditar la mayoría.
En el artículo 389, que la pérdida de la mayoría a que se refiere el artículo anterior, declarada por la Junta de Conciliación y Arbitraje como resultado del correspondiente recuento, produce la de la titularidad del contrato colectivo de trabajo.
En el artículo 390, que se entregue un ejemplar del contrato colectivo de trabajo a cada una de las partes y se deposite otro en el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, el que estará obligado a proporcionar al público, previa solicitud, copia de los contratos depositados. Será obligación de las empresas entregar a sus trabajadores una copia del contrato colectivo, a más tardar sesenta días después de su celebración y revisión.
En el artículo 395, que en el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor, no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión.
Agregar un artículo 395 Bis nuevo, que señala que corresponderá a la asamblea de trabajadores otorgar a la directiva sindical por votación mayoritaria, la facultad de negociar con el patrón y pactar, en su caso, la incorporación o supresión de la cláusula de exclusión por ingreso.
Agregar un artículo 1011 nuevo, que aumenta las multas por el equivalente de 15 a 300 veces el salario mínimo general, con independencia de las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Agregar un artículo 1012 nuevo, que aumenta las multas de 15 a 315 veces el salario mínimo a la directiva de los sindicatos que se niegue a poner a disposición de los trabajadores el estado financiero del sindicato o de la sección, cuando haya sido requerida para ello. Esta sanción será independiente de la que se establezca en los estatutos sindicales y del delito que se pueda tipificar en la ley respectiva.
Se considera que la iniciativa de adición al artículo 357 no es posible, ya que el artículo 41 Constitucional especifica la afiliación a los partidos políticos como personal y libre, por lo que no existe la afiliación obligatoria para ningún trabajador a un partido político por el hecho de pertenecer a un sindicato.
En relación con la iniciativa del artículo 359, se considera que es innecesaria, ya que la ley deja en libertad a las agrupaciones sindicales para redactar sus estatutos, elegir a sus representantes y organizar su administración.
Con relación al artículo 365 se considera que esta iniciativa es posible, siempre que se adecue a Registros Locales y uno Federal, de modo que se respeten las competencias establecidas en la fracción XXXI del artículo 123 constitucional.
No es posible derogar el artículos 366, porque las autoridades registrales tendrían que otorgar registros a las organizaciones sindicales de manera general, aún cuando no se cumpliera con los requisitos que la misma Ley establece. En cuanto al artículo 367, sí es necesario derogarlo, dadas las atribuciones que se otorgan al Registro Público Federal de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos.
En relación con la iniciativa para el artículo 368, se considera que es innecesaria por las razones arriba comentadas.
Con relación a la propuesta para el artículo 369 se asumen a fin de incluirla en la fracción III que se propone para este artículo en el presente dictamen.
En relación con el artículo 369 Bis, se asumen parcialmente la propuesta y así lo dictaminan, al señalar que toda persona con interés jurídico y el propio sindicato podrán solicitar la cancelación de un registro.
Con relación a la propuesta en los artículos 370, 370-A, 370-B, 370-C, 377, 384 y 390 se considera la creación de un Registro Público Nacional y 32 Registros Locales.
Se coincide con esta iniciativa, en lo que se refiere al voto secreto para la elección de mesas directivas, por lo que proponen una reforma en ese sentido para la fracción IX del artículo 371.
Se considera que la sanción propuesta en el artículo 373 deben preverla los estatutos de los sindicatos, como lo establece el presente dictamen, y se señala, adicionalmente, que los afiliados tendrán acción ante la autoridad competente para que dicha obligación se cumpla.
Se considera que no es necesaria la adición que se contempla en el artículo 373-A, ya que la máxima autoridad en una organización sindical siempre será la asamblea general de trabajadores.
En relación con la adición al artículo 373-B, se considera que es de incluirse en el presente dictamen en el artículo 357.
Con relación a la propuesta del artículo 373-C, se considera que esta iniciativa no es posible, ya que haría casuística a la norma jurídica.
En relación con la reforma al artículo 380, se considera que se debe conservar el orden y prelación de los sujetos, a fin de evitar problemas que surgen por la liquidación del patrimonio de un sindicato, de modo que quede como se propone en este dictamen.
En relación con la derogación del artículo 385, se considera que no es posible, ya que las federaciones y confederaciones deben cumplir con los mismos ordenamientos de los sindicatos.
La adición de un artículo 388 Bis nuevo es innecesaria, ya que en el artículo 388 Bis de este dictamen se establece un procedimiento que prevé un recuento de trabajadores.
En relación con la reforma al artículo 389, se considera que contiene afirmaciones innecesarias, pues es obvio que la pérdida de la mayoría declarada por la autoridad competente trae como consecuencia la de la titularidad del contrato colectivo.
Con relación a la reforma del artículo 395, se considera que, por el momento, esta propuesta de reforma no tiene una clara mayoría a su favor. Existen incluso opiniones que consideran que suprimirla atentaría contra el sindicalismo.
En relación con la adición de un artículo 395-Bis, se considera que este aspecto se podría prever en los estatutos del sindicato, pero no debe formar parte del ordenamiento legal.
Con relación a la propuesta de sanciones estipuladas en el nuevo artículo 1011 para las autoridades laborales, se considera que ya está incluido en el texto actual de la Ley y no hay razón para que se incrementen.
En relación con la adición del nuevo artículo 1012, se considera que los estatutos sindicales deben establecer libremente las sanciones a sus mesas directivas, quedan asentadas en el artículo correspondiente a este tema.
* Iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada por el Congreso de Baja California el 11 de julio de 2001, propone:
Adicionar una fracción VI al artículo 48 que diga tratándose de laudo favorable al trabajador, los puntos resolutivos señalarán al patrón la obligación para cubrir los gastos y costas erogados por el trabajador, a quien se requerirá en dicho punto para que exhiba en el plazo de 5 días hábiles, las constancias documentales referentes a la cuantificación de los gastos y costas presentada por el patrón. Una vez concluido el plazo antes mencionado, se abrirá el incidente correspondiente, en los términos de lo dispuesto por el artículo 765 de esta ley.
Reformar el artículo 944 para que indique que en el caso de laudo favorable al trabajador, una vez que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del articulo 885 de esta ley, la junta requerirá formalmente al patrón para su cumplimiento, en caso de negativa, se estará a lo dispuesto por el articulo 945 y demás aplicables del presente ordenamiento.
Añadir un artículo 944 Bis que expresa que el cumplimiento de la obligación para el pago de gastos y costas se sujetará a cinco bases.
Reformar la fracción I para que por ningún acto de las juntas se cobren costas, ni aún cuando se actuare con testigos de asistencia, o se practiquen diligencias fuera del lugar.
En su fracción II señalar que en los laudos que se dicten sobre acciones de condena a gastos y costas presentada por la parte o partes cuya resolución fuere adversa, si fueren varias las partes vencidas, la condena afecte a todas ellas, en forma proporcional al interés que tengan.
Modificar su fracción III para que sólo cuando el patrón se allane en la etapa de contestación de demanda, se le exceptuará del pago de gastos y costas.
En su fracción IV expresar que si antes de la etapa de desahogo de pruebas las partes celebran convenio o transacción, los gastos y costas se considerarán compensados, salvo acuerdo en contrario.
Por último en su fracción V indicar que para la determinación del cálculo de los gastos y costas, la junta tomará en cuenta la probidad, temeridad, buena o mala fe de la parte condenada.
Se considera que el Congreso de Baja California equivocadamente se refiere al artículo 48, dado que dicho artículo no tiene fracciones, por lo que debe tratarse del artículo 885. Si así fuera, la propuesta hecha rompe la igualdad que debe prevalecer en derecho procesal, dado que habría que decretar el pago de gastos y costas presentada por la parte vencida en juicio, fuera trabajador o empleador. Las reformas a los artículos 944 y la propuesta del 944 Bis siguen la misma suerte de este comentario, dado que se refieren a la forma de regular el pago de los gastos y costas.
* Iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone que se deroguen los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión, de los contratos colectivos de trabajo y los contratos ley, Presentada por el diputado Tomás Torres Mercado del Grupo Parlamentario del PRD, el 15 de agosto de 2001, propone:
La derogación de los artículos 395 y 413.
Se considera que por el momento esta propuesta de reforma no tiene una clara mayoría a su favor. Existen incluso opiniones que consideran que suprimir este concepto atentaría contra el sindicalismo.
* Decreto del Congreso del Estado de Aguascalientes, con el que remite punto de acuerdo que propone reformar los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 101 de la Ley del Seguro Social del 8 13 de noviembre de 2001, propone:
Adicionar el artículo 170 fracciones II y VIII para que las madres trabajadoras tengan los siguientes derechos:
En la fracción II señala que gozarán forzosamente de doce semanas de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo.
Las doce semanas a que se refiere esta fracción podrán ser disfrutadas de manera optativa por la trabajadora seis semanas antes de la fecha fijada para el parto y seis semanas después del mismo, o bien, seguir trabajando hasta en tanto sus condiciones físicas se lo permitan y siempre y cuando el médico autorizado por la dependencia lo certifique o nazca su hijo, en el segundo supuesto, las doce semanas empezarán a contar a partir del día laboral siguiente al nacimiento del hijo o de la fecha en el que el médico indique que la trabajadora deberá descansar durante el periodo de las seis semanas previas al parto.
En la fracción VIII. Señala, las trabajadoras que adopten un niño o niña, gozarán de los mismos derechos a que se refieren las fracciones II y VIII del presente artículo, para lo cual el periodo de doce semanas comenzará a contar a partir del día en que sea legalmente entregado el niño o la niña a la trabajadora por la autoridad competente u organización autorizada para tales fines.
Se considera que la propuesta con relación a la fracción II y a la nueva fracción VIII del artículo 170 no es posible, ya que sería necesario reformar la fracción V del Apartado A del artículo 123 constitucional.
* Iniciativa de reformas al párrafo segundo del artículo 3, el artículo 56, la fracción I del artículo 133, el artículo 995 y que adiciona el párrafo segundo al artículo 153-E, el Título Quinto Ter que incluye los artículos 180-A, 180-B, 180-C, 180-D, 180-E, 180-F y 180- G, de la Ley Federal del Trabajo, Presentada por el diputado Librado Treviño Gutiérrez del Grupo Parlamentario del PRI, el 4 de diciembre de 2001, propone:
En el artículo 3o., señalar que todas las personas que trabajan son iguales ante la ley, salvo las diferencias que la misma expresamente señala. Que no podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, etnia, discapacidad, sexo o preferencia sexual, edad, credo religioso, doctrina política o condición social o estado de gestación en la mujer; salvo cuando la naturaleza del trabajo a desempeñar requiera de características especiales. Que cualquier acto o comportamiento que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación será considerado como discriminatorio.
En el artículo 56, que las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas de acuerdo a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta Ley.
En el artículo 133, fracción I, que queda prohibido a los patrones negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, de su sexo o discapacidad.
En el artículo 153-E, que los trabajadores con discapacidad podrán recibir rehabilitación laboral, capacitación y desarrollo de habilidades para el trabajo atendiendo a su discapacidad, en estas materias el patrón, podrá solicitar apoyo y orientación de las instituciones públicas y privadas especializadas.
Adicionar un Titulo Quinto Ter de Trabajo de las Personas con Discapacidad que inicia en el nuevo artículo 180-A. En dicho artículo se establecería que las personas con discapacidad tendrían los mismos derechos y obligaciones que ésta Ley establece para los trabajadores, con el propósito de incorporar en condiciones de igualdad y equidad a las personas con discapacidad al trabajo, evitando así situaciones de discriminación, segregación, negación o explotación
Establecer un artículo nuevo 180-B que señala que el trabajador con discapacidad es aquél que presenta una disminución de sus facultades físicas, mentales o sensoriales, que no le impide la realización o desarrollo de la actividad laboral.
Agregar un artículo nuevo 180-C, en el que las personas con discapacidad se sujeten a las reglas siguientes:
II. Lo dispuesto por el artículo 134, fracción X, no será considerado como motivo o causa para negar el trabajo a personas con discapacidad, salvo lo dispuesto en la fracción anterior.
El patrón que utilice los servicios de una persona con discapacidad solicitará una certificación de la condición, grado, aptitudes y habilidades laborales al Instituto Mexicano del Seguro Social o los Sistemas Nacional y Estatales para e1 Desarrollo Integral de la Familia a través de Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).
III. Las personas con discapacidad tendrán derecho a trabajos compatibles de acuerdo con su condición de discapacidad y aptitudes, siendo el patrón quien informe de forma clara, oportuna y precisa las condiciones del tipo y características del trabajo, considerando las facilidades de accesibilidad, libre desplazamiento y ubicación del trabajo ofertado.
Los patrones que realicen en sus instalaciones y equipos las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior serán sujetos de los beneficios fiscales que determinen las disposiciones relativas.
Que mediante un artículo nuevo 180-E, el trabajo de las personas con discapacidad quede sujeto a vigilancia de la inspección del trabajo, y a las disposiciones establecidas en las leyes vigentes para la atención e integración de las personas con discapacidad de carácter estatal.
Que mediante un artículo nuevo 180-F no se pueda dar preferencia a una persona íntegra en sus capacidades físicas, mentales o sensoriales, sobre una persona con discapacidad que califique por encima de la primera para ocupar un puesto vacante.
Establecer en el artículo nuevo 180-G que para la promoción de empleo, asesoría en capacitación laboral, asesoría de agencias especializadas en bolsa de empleo, asesoría en las categorías o grados de una discapacidad y asistencia técnica para adecuación de instalaciones, los patrones contarán con la asistencia de las instituciones públicas, privadas o sociales que participan con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
En el artículo 995, que el patrón que viole las normas que rigen el trabajo de las mujeres en estado de gestación y en periodo de lactancia y de los trabajadores con discapacidad, quedará obligado a cubrir una indemnización por el equivalente de 50 a 200 veces el salario mínimo general, calculado en los términos del artículo 992, misma que se aplicará en beneficio del afectado.
Se considera que el espíritu de esta propuesta se recoge en los artículos 3o., 56 y 133, fracción I, ya que la presente propuesta incluye la prohibición, para los empleadores, de establecer condiciones de trabajo que impliquen discriminación.
En relación con el artículo 153-E de la iniciativa, se considera que todos los trabajadores tienen derecho a recibir capacitación en su trabajo y estarán obligados a ello, incluidos, por supuesto, los que tengan alguna discapacidad, por lo que no se requiere dicha reforma.
Con relación a las iniciativas de los artículos 180-A, 180-B, 180-C, se considera que la Ley ya establece la igualdad de los trabajadores, sean o no personas con discapacidad.
En relación con la iniciativa del artículo 180-D, se considera que no es viable en sus términos, ya que obligaría a los empleadores a tener mayores cargas económicas y estructurales, que impedirían el acceso al empleo de las personas con discapacidad, y además de que existe ambigüedad en su iniciativa de reforma, ya que no especifica el tipo de incapacidad al cual deberá de referirse el supuesto normativo.
Con relación a la iniciativa del artículo 180-E, se considera que es innecesaria, ya que la Inspección del Trabajo está obligada a supervisar todo tipo de labores, incluidas las de los trabajadores con discapacidad.
En relación con la iniciativa del artículo 180-F, se considera innecesaria, ya que el presente dictamen contempla que la persona que ocupe un puesto vacante será la más capacitada y apta para el trabajo, sin distinguir a las personas con discapacidad.
Con relación a la propuesta del artículo 180-G, se considera que es innecesaria, ya que el presente dictamen prevé que los trabajadores podrán capacitarse estudiando o terminando sus estudios pendientes en las instituciones del Sistema Educativo Nacional En relación con el artículo 995, se considera que confunde las sanciones que impone la Ley con el derecho de los trabajadores a recibir una indemnización, independientemente de que si se ejercita la acción por los supuestos a que se refiere la misma, la Ley prevé las indemnizaciones a que tengan derecho aquellos.
* Iniciativa de reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Congreso del Estado de Morelos, el 11 de diciembre de 2001, propone:
Trasladar los días obligatorios que entre semana a fin de que sean disfrutados al lunes siguiente.
Se considera que la iniciativa de marras puede ampliarse de modo que se dé libertad a los trabajadores y a los empleadores para, siempre de común acuerdo, señalen el día en el que gozarán el descanso.
* Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el actual primer párrafo del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado José Gerardo de la Riva Pinal, del Grupo Parlamentario del PRI, el 11 de diciembre de 2001, propone:
Que los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se cumplan dentro de los quince días siguientes al que surta efectos la notificación.
Se considera que el presente dictamen, acepta parcialmente la iniciativa que se comenta al ampliar a 8 días, en lugar de los 15 propuestos, el plazo para que se cumpla la ejecución de los laudos.
* Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos a la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Gumersindo Álvarez Sotelo, del Grupo Parlamentario del PAN, el 19 de marzo de 2002, propone:
Que los días de descanso obligatorios que se presenten entre semana sean recorridos a fin de que se disfruten el lunes siguiente.
Imponer a la STPS que publique los lunes que serán de "descanso obligatorio", de acuerdo con la propuesta.
Se considera que la sustancia de esta iniciativa se contempla en la presente propuesta, en el artículo 74, pero siempre que exista acuerdo entre trabajadores y empleadores que se cambie a otro día, no forzosamente a un lunes.
* Iniciativa de reforma integral a la Ley Federal del Trabajo presentada por la diputada Hortensia Aragón Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presentada el 27 de marzo de 2003.
Pretende dotar a la legislación nacional de elementos suficientes para la protección de las mujeres en los diversos ámbitos laborales y así conducir la productividad por caminos de máximo aprovechamiento de la productividad, calidad y cantidad del trabajo de las mujeres.
Observa una inclusión transversal de disposiciones que regulen en áreas específicas la protección de las mujeres en el ámbito laboral, al tiempo que se reserva un capitulo especial destinado a la mujer, la corresponsabilidad familiar y sus derechos reproductivos
A su vez se presentan propuestas para incentivar la capacitación de mujeres, procurando que esta capacitación se traduzca en verdaderas oportunidades de progreso laboral presta especial atención a la violencia física o sexual que contra de las mujeres en los centros de trabajo.
La presente propuesta, toma en cuenta, la esencia de la iniciativa, sólo en su apartado laboral. En referencia a aquellos puntos que corresponden mas enfocados a políticas de gobierno, el presente dictamen incluye como punto fundamental, el apoyo a la mujer en la materia de trabajo.
* La iniciativa que reforma los artículos 3o. y 56 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Congreso del Estado de Guanajuato, el 13 de abril de 2002, propone:
Que se erradique la discriminación por raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social para garantizar el derecho al trabajo del individuo.
Se considera que la Iniciativa se incorpora adecuadamente al presente documento, en los artículos 3o. y 56.
* Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 331 y 335, se adiciona la fracción IV al artículo 337 y se deroga el artículo 338, todos de la Ley Federal del Trabajo, así como se deroga la fracción II de la Ley del Seguro Social, presentada por la diputada Josefina Hinojosa Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN, el 23 de abril de 2002, propone:
Que se reforme el artículo 331 para establecer una relación de las actividades que desempeñen los trabajadores domésticos, quienes en forma permanente realizan actividades propias de la dirección, conservación y o desenvolvimiento del hogar de una persona o familia.
Establecer en el artículo 335 que los salarios de los trabajadores domésticos no sean inferiores a los salarios mínimos legales vigentes de los demás trabajadores que contempla la Ley.
Que se adicione una fracción IV al artículo 337 para establecer como obligación para el empleador registrar al trabajador doméstico en el régimen obligatorio de seguridad social.
Que se derogue el artículo 338 en relación con las obligaciones del empleador en los casos de enfermedad que no se deriven del trabajo.
Se considera que las modificaciones propuestas forman parte de la redacción de la ley en su texto actual, por lo que redundan sobre la misma, vista la definición del artículo 331.
* Iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona un último párrafo al artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se adiciona una nueva fracción III y se establece como fracción IV la fracción III anterior del artículo 37; se reforma el artículo 39; se adiciona una fracción VI al artículo 49; se reforma la fracción V del artículo 53 y; se adiciona un Capítulo XVIII Trabajo de Aprendizaje y un artículo 353-V, al Título VI de los Trabajos Especiales; todos de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas del Grupo Parlamentario del PVEM, el 30 de abril de 2002, propone:
En el artículo 39, que se cree la figura de contrato de aprendizaje, y en el artículo 37 que se considere como una caso de relación de trabajo por tiempo determinado.
El artículo 49, señalar que el patrón no tenga obligación de reinstalar al trabajador, cuando se mantenga este tipo de relación de trabajo.
En el artículo 53, establecer como causa de terminación de la relación laboral la incapacidad sufrida por el trabajador por una discapacidad.
Adicionar al Título VI un Capítulo XVIII y un artículo 353-V, para definir el trabajo de aprendizaje. Entre las características que revestirá se encuentran las siguientes: Establecerse entre el empresario y un joven sin empleo, de 18 a 24 años y siempre que haya terminado su educación superior o media superior; tener una duración mínima de tres meses y máxima de veinticuatro meses; los empresarios deben registrar este tipo de relación en la STPS; el contrato debe constar por escrito; la jornada de trabajo será de seis horas diarias o de hasta 36 semanales; el salario no podrá ser inferior al mínimo vigente en la zona geográfica correspondiente; excluir a los empresarios y a los aprendices del pago de las contribuciones de seguridad social, en razón del carácter no laboral del vínculo; el empresario debe cubrir al aprendiz por los riesgos que pudiera sufrir en el lugar y con motivo del aprendizaje; el empresario está obligado a entregar una constancia que acredite la experiencia adquirida; el aprendiz no tiene derecho a indemnización en caso de que se extinga la relación; que no sean contratados como aprendices quienes ya hayan trabajado en la empresa; las empresas no podrán contratar aprendices que excedan el número promedio de trabajadores ocupados en la misma en los doce meses anteriores a la celebración del contrato; no podrá exceder del 10 por ciento del número total de trabajadores durante el primer año de funcionamiento de la empresa, y, por último, la STPS deberá ejercer una labor de vigilancia en relación a este contrato.
Se considera que la propuesta de establecer la figura de contrato de aprendizaje es de adaptarse bajo la figura de contrato de capacitación inicial, en los artículos 37, 39 y 49 y con las prevenciones que ahí se mencionan.
En lo que se refiere a la iniciativa de adición al artículo 53 parece innecesaria, dado que, por una parte ya está incluida en el texto actual de la Ley y, en lo que se refiere al contrato de capacitación inicial, se decidió por un tratamiento que proteja más al trabajador.
* La iniciativa de propuesta de prohibición de medidas discriminatorias de la mujer, presentada por el Congreso del Estado de Durango, el 8 de mayo de 2002; propone:
Que se incluyan en la Ley Federal del Trabajo diversas prohibiciones para que no se realicen actos de discriminación en contra de la mujer, tales como negarle el empleo por estar embarazada, que reciba un salario menor por trabajo igual o cualquier otra discriminación que menoscabe la igualdad de oportunidades.
Se considera que los artículos 3, 56 y 133 del presente documento toman en consideración la sustancia de la Iniciativa que se comenta.
* Iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 164 de la Ley Federal del Trabajo y 323 quáter del Código Civil Federal, presentada por el diputado Juan Manuel Carreras López del Grupo Parlamentario del PRI, el 24 de septiembre de 2002; propone:
Que se reforme el artículo 164 de la Ley a fin de prohibir las pruebas de embarazo a las mujeres que soliciten un empleo o a las que ya se encuentren contratadas.
Se considera que, en cuanto a las mujeres que solicitan un empleo, debe estarse a lo que se comentó arriba, en cuanto a la imposibilidad financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en cuanto a las mujeres que se encuentran trabajando, la propuesta se incorpora en el artículo 133, frac. XIII, de este dictamen.
* Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea el Código Laboral Federal y de Procedimientos, presentada por el diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Grupo Parlamentario del P.A.S., a nombre de diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y PT, de los partidos políticos PAS y CDPPN e Independientes, el 24 de septiembre de 2002. Dicha Iniciativa está precedida de otra similar, denominada iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a los artículos 123; 73 fracción X; 74 fracciones VI y VII; 78 fracción IX; 89fracción XVII; 107 fracción V, incisos d) y e); 115 y 116 fracciones VI y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la diputada Beatriz Patricia Lorenzo Juárez y José Antonio Calderón Cardoso. La Iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo propone:
Que se expida una nueva Ley Reglamentaria del Artículo 123 constitucional, a fin de:
b. Trasladar la aplicación del derecho laboral al Poder Judicial de la Federación.
c. Sustituir a las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Jueces Laborales.
d. Conservar la Procuraduría de la Defensa del Trabajo como parte intermedia y de representación de los actores en los conflictos labores.
e. Agregar dos nuevas facultades al Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento: el Seguro para el Desempleo y la Bolsa de Trabajo Nacional y Local.
f. Crear tres nuevas instancias de apoyo en la investigación y el control de los asuntos laborales: el Instituto Nacional de los Salarios Mínimos y Prestaciones; la Comisión Nacional del Servicio Civil de Carrera y el Registro Nacional de Relaciones Laborales Colectivas.
g. Crear el Instituto Nacional de los Salarios Mínimos con la facultad de proponer anualmente a la Cámara de Diputados los salarios mínimos generales y profesionales que regirán en todo el territorio, y para que pueda proponer a la misma Cámara, cada dos años, los porcentajes que regirán el reparto de utilidades de las empresas en todo el territorio.
h. Constituir el Servicio Civil de Carrera para la atención de los trabajadores al servicio de los ayuntamientos, de los Poderes de la Unión y del Distrito Federal.
i. Crear un Registro Nacional de Relaciones Laborales Colectivas, encargado del trámite de inscripción de los sindicatos y sus directivas, así como de los contratos y convenios colectivos de trabajos con la parte empresarial.
j. Elevar a rango de Ley la obligación de conservar un porcentaje de plantas laborales para hombres y mujeres con discapacidad parcial física.
k. Penalizar la discriminación y promover la equidad de género, como principio rector de las relacionales laborales, además de castigar el acoso y hostigamiento sexual.
l. Estipular vacaciones de por lo menos 12 días al año.
m. Prohibir la intervención del empleador en asuntos sindicales de sus trabajadores y conceder a éstos libertades completas de derecho de asociación gremial.
n. Obligar al empleador a tomar en cuenta la antigüedad de sus trabajadores, para ser promovidos a nuevos puestos.
o. Establecer nuevas garantías para mujeres trabajadoras en etapa de gestación y lactancia.
p. Privilegiar, dentro del título correspondiente a los Trabajos Especiales, las tareas del campo, otorgando entre otros beneficios: vivienda, educación y reparto de utilidades
La creación de cuotas para las personas con discapacidad parcial física no fue un criterio asumido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la Ley para Prevenir y Evitar la Discriminación, recientemente aprobada, por lo que debe seguirse el mismo criterio en este dictamen, por las razones ya asentadas en el respectivo dictamen y repetidas, por algunos legisladores, en el debate correspondiente.
* Iniciativa de reformas a los artículos 51 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el Congreso del Estado de Baja California, el 1 de octubre de 2002, propone:
Que se establezca en el artículo 51 como causa de rescisión sin responsabilidad para el trabajador que el patrón pretenda despedirlo por embarazo.
Que se incluya en el artículo 133, fracción XII, la prohibición a los patrones de solicitar el certificado de no embarazo.
Se considera que las propuestas se recogen, en la medida de lo posible, como arriba se ha dicho respecto a iniciativas semejantes, en el artículo 133 del presente documento.
* Iniciativa de decreto que reforma los artículos 340, 341 y 343 y adicionar con un artículo 341 Bis la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado José Soto Martínez del Grupo Parlamentario del PRI, el 15 de octubre de 2002; propone:
Que se reforme el capítulo de trabajadores domésticos, se creen dos obligaciones a cargo de los trabajadores y una causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón.
Se considera que la adición al artículo 340, en las fracciones III y IV, se prevén en el texto de la Ley, al igual que las causales de rescisión, previstas en los artículos 341, 341 Bis y 343.
* Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los artículos 74, 78, 102, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco, del Grupo Parlamentario del PRD, el 31 de octubre de 2002, propone:
En el artículo 680 y siguientes, de la Ley Federal del Trabajo, establecer un Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, encargado de registrar (artículo 476) a las mencionadas organizaciones y de recibir en depósito los contratos colectivos que celebren (artículo 506).
En el artículo 503 propone un sistema para dotar de transparencia el registro de los contratos colectivos de trabajo.
Se considera que, como se ha dicho, por el momento no existen las condiciones políticas y sociales para que se puedan hacer modificaciones a nivel constitucional, por lo que no se dictamina la iniciativa del diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo que se refiere a la iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo, se refieren, a continuación, diversas cuestiones cuya sustancia se asimila al presente documento:
La propuesta del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos se acepta sólo en parte, debido a la exigencia de conservar las competencias establecidas en la fracción XXXI del Artículo 123 Constitucional, por lo que se propone, en el artículo 624-A y demás relacionados, la figura de los Registros Públicos Locales y Federal de Organizaciones sindicales y Contratos Colectivos, con la finalidad de registrar a las mencionadas organizaciones (artículo 365) y de recibir en depósito los contratos colectivos de trabajo (artículo 390).
La propuesta del artículo 503, referente a adoptar un sistema para dotar de transparencia el registro de los contratos colectivos de trabajo, es asumido, con diversas modificaciones, en el artículo 421 Bis.
* Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Roberto Ruiz Ángeles, del PRI, a nombre de diputados del PRI, del PAN y del PVEM, el 12 de diciembre de 2002, propone:
La iniciativa contempla la necesidad que los nuevos contratos de prueba y de capacitación inicial se realicen siempre mediante convenio con la representación mayoritaria de los trabajadores; del mismo modo, se requerirá en los artículos 56 y 74 el convenio con el sindicato y, en su defecto, con la representación mayoritaria de los trabajadores; en el artículo 360 se rescatan los sindicatos de oficios varios y se amplía la posibilidad de formas de agremiación, mediante un nuevo proemio.
Se reforma el artículo 371, fracción IX, a fin de que la elección de las mesas directivas de los sindicatos se haga siempre mediante voto libre, universal, directo y secreto. Se retiran el artículo 893-A, se transforma el 893-B en 893-A. Se añade una fracción I Bis al artículo 930 y se reforma completamente el artículo 931, referente al recuento de los trabajadores, entre otras más.
Se considera que esta propuesta presenta diversas inquietudes en la línea de la no discriminación, el fomento al empleo, la capacitación y la productividad, la apertura del mercado laboral, el reconocimiento del papel de la vida sindical y de la importancia de su desarrollo democrático y activo, además del impulso a la transparencia, la capacitación y la celeridad procesales.
Además, la iniciativa en comento prevé diversas medidas para que los funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje mejoren su perfil profesional, a fin de que las partes en conflicto se beneficien con una mejor actividad jurisdiccional y de impartición de justicia, y los funcionarios mismos tiendan a la excelencia en su función.
* La minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto, que reforma el artículo 133, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, enviada por la Cámara de Senadores el 12 de diciembre de 2002, propone:
Reformar el artículo 133 fracción I, para que quede prohibido a los patrones exigir o solicitar a las mujeres la presentación de certificado médico de no embarazo, como condición indispensable para la contratación.
Como se ha dicho en repetidas ocasiones, se considera que sería deseable lo que se propone. Sin embargo, como se ha comentado, no es posible sin una reforma al artículo 102 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que implicaría una erogación que el Instituto mencionado no puede hacer por el momento, debido a su situación financiera, en favor de una trabajadora que no haya cotizado 30 semanas.
* La iniciativa del diputado Mario Sandoval Silvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el artículo 292 del Título VI, Capítulo X, de la Ley Federal del Trabajo, en materia de deportistas profesionales, el 13 o 15 de diciembre de 2002, propone:
El diputado Mario Sandoval Silvera propone que se agregue al artículo 292 que los deportistas profesionales tendrán los mismos derechos de conformidad a lo establecido en el Título Séptimo, Relaciones Colectivas de Trabajo; Capítulo II: Sindicatos. Federaciones y Confederaciones, de esta ley.
Se considera que las libertades y beneficios mencionadas, a saber: la libertad de formación de sindicatos, federaciones y confederaciones, así como los beneficios de las relaciones colectivas de trabajo que establece la Ley, abarcan también a los deportistas profesionales, por lo que la adición es innecesaria.
* Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la elección democrática de los dirigentes sindicales y la prohibición absoluta del otorgamiento de recursos económicos de los sindicatos a los partidos políticos, presentada por el diputado Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 08 de abril de 2003, propone:
Reformar los artículos 359, 371, 378, 379 y 385 del texto legal para establecer el voto universal, libre secreto y directo para elegir representantes; obligar a incluir en los estatutos sindicales la elección de directiva por medio mediante el voto ya descrito, obligando a las confederaciones y federaciones a remitir por duplicado las actas de asamblea de directiva electa con el voto mencionado; prohibir a los sindicatos realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona, así como establecer la disolución de sindicato por contravenir la prohibición mencionada.
La iniciativa es incorporada al cuerpo del documento, por lo que hace a las características del voto secreto. En cuanto a la prohibición de realizar aportaciones o donativos a partidos políticos, es cuestión de la legislación electoral, que ya lo prohíbe.
5. Dictámenes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados durante la LX Legislatura federal
1. Con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, el cual considera las siguientes iniciativas:
En sesión celebrada el 12 de diciembre de 2002 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Roberto Ruiz Ángeles, en nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y PVEM, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. La Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen.
En sesión celebrada el 28 de abril de 2005 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Jaime Miguel Moreno Garavilla, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. La Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen.
En sesión celebrada el 14 de marzo de 2006 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Marisol Urrea Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 100 y 108 de la Ley Federal del Trabajo. La Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen.
En sesión celebrada el 14 de noviembre de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Juan Carlos Velasco Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. La Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen.
Se establece que el salario sufre un detrimento real al ser el trabajador quien paga de su remuneración el costo de consultas de saldo y retiros, por lo que se especifica y da claridad en la ley de quién debe costear los gastos por utilizar este medio de pago de nómina.
Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue.
Artículo 101.
Solamente con el consentimiento del trabajador, el patrón podrá liquidar el salario a través de pago en nómina electrónica, absorbiendo el patrón el costo de las comisiones por retiro y consulta de saldos.
2. Con proyecto de decreto que reforma la fracción XVI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de libre acceso a los centros de trabajo para las personas con discapacidad, presentada el 31 de octubre del 2007 por el diputado Francisco Antonio Fraile García del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX legislatura.
Contenido. La iniciativa trata sobre el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad para trabajar en condiciones de igualdad y se fundamenta en el protocolo de adhesión firmado por el Ejecutivo el 3 de marzo de 2007, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual debe ser ratificado por el Senado de la República y posteriormente publicado en el Diario Oficial de la Federación, para poder ser ley suprema de toda la Unión. Por ello, se plantea que es una condición indispensable que los patrones estén obligados a hacer los ajustes razonables en el lugar de trabajo, con fundamento en la normatividad vigente.
Se plantea la modificación al artículo 132, fracción XVI para mejorar la accesibilidad al lugar del trabajo de las personas con distintos tipos de discapacidades, las cuales en la gran mayoría de los casos, como precisa la iniciativa, sólo requieren de modificaciones mínimas a las estructuras físicas y no representan mayores costos para los empleadores.
Proyecto de decreto que reforma la fracción XVI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo
Artículo Único. Se reforma la fracción XVI del artículo 132, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
XVI. Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes; y realizar en los lugares donde se ejecuten las labores, las adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias que aseguren el libre acceso y desplazamiento de las personas y trabajadores con discapacidad en condiciones de igualdad. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias autoridades y la normatividad vigente;
XVII. a XXVIII. .
Contenido. La iniciativa considera que una de las principales problemáticas para la participación de la mujer en la economía está ligada a las responsabilidades familiares. El incremento del número de mujeres en el mercado laboral no ha cambiado sus obligaciones en el ámbito doméstico y familiar, las mujeres tienen que enfrentarse con jornadas dobles o triples de trabajo al tratar de empatar todos sus roles, el de esposa, madre, ama de casa y mujer trabajadora. De ahí que esta iniciativa plantee el objetivo de reconocer derechos laborales de madres y padres trabajadores que incidan en la equidad y protección de sus responsabilidades familiares.
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo
Único. Se reforman los artículos 59, segundo párrafo; 110, fracción V; 166 y 995 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 59.
Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente, especialmente, cuando el trabajador tenga a su cargo el cuidado y la crianza de uno o varios hijos en edad preescolar.
Artículo 110.
V. Pago de pensiones alimenticias a favor del cónyuge, hijos, ascendientes y nietos, decretado por la autoridad competente;
VI. y VII.
El patrón estará obligado a asignarle labores diferentes compatibles con su estado físico y capacidad, en el mismo nivel de puesto y categoría.
Artículo 995. Al patrón que viole las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se le impondrá multa por el equivalente de 155 a 315 veces el salario mínimo general, calculado en los términos del artículo 992, tomando en consideración la gravedad de la falta y las circunstancias del caso.
6. Iniciativas presentadas durante la LX Legislatura
Durante la LX Legislatura Federal, han sido presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados 79 iniciativas con proyecto de decreto que reforman la Ley Federal del Trabajo, las cuales, a continuación se mencionan:
2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Carlos Sánchez Barrios, PRD. 24 de octubre de 2006.
3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Francisco Antonio Fraile García, PAN. 5 de diciembre de 2006.
4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Jericó Abramo Masso, PRI. 8 de febrero de 2007.
5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes, PAN. 8 de marzo de 2007.
6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada Beatriz Collado Lara, PAN. 8 de marzo de 2007.
7. Que reforma los artículos 351 y 352 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Francisco Antonio Fraile García, PAN. 13 de marzo de 2007.
8. Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado José Antonio Almazán González, PRD. 13 de marzo de 2007.
9. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Carlos Sánchez Barrios, PRD. 22 de marzo de 2007.
10. Que reforma los artículos 373 y 377 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Juan de Dios Castro Muñoz, PAN. 27 de marzo de 2007.
11. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por los diputados Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso, PAN. 10 de abril de 2007.
12. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, PRI. 17 de abril de 2007.
13. Que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada Guadalupe S. Flores Salazar, PRD. 17 de abril de 2007.
14. Que reforma el artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por los diputados Mario Salazar Madera, Miguel Ángel Monraz Ibarra y Omar Antonio Borboa Becerra, PAN. 17 de abril de 2007.
15. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal. Presentada por el diputado Salvador Barajas del Toro, PRI. 19 de abril de 2007.
16. Que adiciona un Capítulo XIII-A al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, PRD. 24 de abril de 2007.
17. Que reforma los artículos 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez, PAN. 26 de abril de 2007.
18. Que reforma los artículos 47, 134 y 720 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Humberto Dávila Esquivel, Nueva Alianza. 26 de abril de 2007.
19. Que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado José Antonio Almazán González, PRD. 20 de julio de 2007.
20. Que reforma los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Juan Carlos Velasco Pérez, PRI. 6 de septiembre de 2007.
21. Que reforma el artículo 300 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Francisco Sánchez Ramos, PRD. 11 de septiembre de 2007.
22. Que adiciona una fracción V al artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el Congreso de Jalisco. 20 de septiembre de 2007.
23. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Víctor Aguirre Alcaide, PRD. 4 de octubre de 2007.
24. Que adiciona un artículo 13 Bis y reforma el 16 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Mario Salazar Madera, PAN. 4 de octubre de 2007.
25. Que reforma el Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Efraín Morales Sánchez, PRD. 11 de octubre de 2007.
26. Que reforma los artículos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, PRI. 30 de octubre de 2007.
27. Que reforma los artículos 3, 7, 56, 133 y 391 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada Silvia Emilia Degante Romero, PAN. 6 de noviembre de 2007.
28. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Carlos Sánchez Barrios, PRD. 6 de noviembre de 2007.
29. Que reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Juan Carlos Velasco Pérez, PRI. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 369 votos en pro, 3 en contra y 1 abstención, el miércoles 12 de diciembre de 2007.
30. Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Francisco Antonio Fraile García, PAN. Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 368 votos en pro y 2 abstenciones, el martes 12 de febrero de 2008.
31. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón, PRD. 8 de noviembre de 2007.
32. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada María Eugenia Campos Galván, PAN. 14 de noviembre de 2007.
33. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federales del Trabajo, y de los Trabajadores al Servicio del Estado. Presentada por el diputado Joel Arellano Arellano, PAN. 27 de noviembre de 2007. (1304)
34. Que adiciona un Capítulo VII Bis al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, PRD. 4 de diciembre de 2007.
35. Que adiciona un Capítulo XXI al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, PRD. 4 de diciembre de 2007.
36. Que reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por los diputados Carlos Alberto García González y Juan Manuel Sandoval Munguía, PAN. 4 de diciembre de 2007.
37. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social. Presentada por los diputados Daniel Dehesa Mora y Pablo Trejo Pérez, PRD. 4 de marzo de 2008.
38. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Alternativa. 3 de abril de 2008.
39. Que reforma el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado José Inés Palafox Núñez, PAN. 4 de marzo de 2008.
40. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Neftalí Garzón Contreras, PRD. 11 de marzo de 2008.
41. Que reforma el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, PRD. 8 de abril de 2008.
42. Que reforma los artículos 132 y 134 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Francisco Antonio Fraile García, PAN. 15 de abril de 2008.
43. Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado José Martín López Cisneros, PAN. 22 de abril de 2008.
44. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Juan Carlos Velasco Pérez, PRI. 24 de abril de 2008.
45. Que reforma los artículos 59 y 170 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada María Soledad Limas Frescas, PAN. 29 de abril de 2008.
46. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por los diputados Ramón Félix Pacheco Llanes y Daniel Dehesa Mora, PRD. 29 de abril de 2008.
47. Que adiciona los artículos 3, 153-A, 153-E, 153-I y 994 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Pablo Trejo Pérez, PRD. 29 de abril de 2008.
48. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado José Antonio Almazán González, PRD. 2 de junio de 2008.
49. Que reforma la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Rafael Villicaña García, PRD. 1 de agosto de 2008.
50. Que reforma el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada Beatriz Collado Lara, PAN. 18 de agosto de 2008.
51. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas. Presentada por el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, PRD. 25 de agosto de 2008.
52. Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Mario Enrique del Toro, PRD. 2 de septiembre de 2008.
53. Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, PRI. 9 de septiembre de 2008.
54. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado José Luis Aguilera Rico, Convergencia. 25 de septiembre de 2008.
55. Que reforma la fracción XXVI y se recorre el numeral y contenido de las fracciones XXVI a XXIX del artículo 132, y se adiciona una fracción VII al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Obdulio Avila Mayo, PAN. 25 de septiembre de 2008.
56. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por la diputada Ana María Ramírez Cerda, PVEM. 14 de octubre de 2008.
57. Que reforma el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer el voto secreto en caso de recuento. Presentada por el diputado Pablo Trejo Pérez, PRD. 7 de octubre de 2008.
58. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para incluir la modalidad del voto secreto en todas las actividades gremiales. Presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Alternativa. 25 de septiembre de 2008.
59. Que reforma la fracción II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el Congreso de Chihuahua. 25 de noviembre de 2008.
60. Que adiciona dos párrafos al artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el Congreso de Jalisco. 25 de noviembre de 2008.
61. Que adiciona un tercer párrafo al artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, para que las personas que se encuentran estudiando puedan repartir las horas de trabajo semanales. Presentada por el Congreso de Chihuahua. 27 de noviembre de 2008.
62. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para atender la problemática laboral de los trabajadores que reparten comida rápida y otros productos, mediante el uso preponderante de motocicleta. Presentada por la diputada Ana Yurixi Leyva Piñon, PRD; y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD. 19 de noviembre de 2008.
63. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, para que se incrementen las pensiones de viudez derivadas de un riesgo de trabajo. Presentada por la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, PRD; y suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios. 19 de noviembre de 2008.
64. Que adiciona el artículo 1004 Bis a la Ley Federal del Trabajo, para establecer delitos especiales por incumplimiento grave de las obligaciones en materia de seguridad e higiene, así como la prevención en los riesgos de trabajo. Presentada por la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, PRD; y suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios. 19 de noviembre de 2008.
65. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, para evitar la subcontratación como medio de fraude a los derechos de los trabajadores y al derecho de sindicalización. Presentada por la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, PRD; y suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios. 19 de noviembre de 2008.
66. Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Mario Enrique del Toro, PRD. 11 de diciembre de 2008.
67. Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Felipe Borrego Estrada, PAN. 9 de diciembre de 2008.
68. Que reforma los artículos 949 y 1005 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para que los apoderados de los trabajadores no los despojen de los bienes que les sean adjudicados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Presentada por el diputado Daniel Torres García, PRD. 4 de febrero de 2009.
69. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, para que se reconozca el trabajo y los derechos inherentes de las amas de casa. Presentada por el diputado Neftalí Garzón Contreras, PRD. 12 de febrero de 2009.
70. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y Orgánica de la Administración Pública Federal. Presentada por el diputado Neftalí Garzón Contreras, PRD. 19 de febrero de 2009.
71. Que reforma el artículo 352 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de tutelar a los niños y mujeres que prestan sus servicios en la llamada industria familiar. Presentada por el diputado Neftalí Garzón Contreras, PRD. 24 de febrero de 2009.
72. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Gerardo Priego Tapia, PAN. 10 de marzo de 2009.
73. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social. Presentada por la diputada Rosario Ortiz Magallón, PRD. 15 de abril de 2009.
74. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo de las mujeres. Presentada por los diputados Leticia Díaz de León Torres y José Guadalupe Rivera Rivera, PAN. 24 de marzo de 2009.
75. Que reforma los artículos 177 y 180 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, PAN. 16 de abril de 2009.
76. Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado Carlos Armando Reyes López, PAN. 16 de abril de 2009.
77. Que reforma los artículos 25 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 132 de la Ley Federal del Trabajo en materia de adopción. Presentada por las diputadas Alma Hilda Medina Macías y Alma Xóchil Cardona Benavides, PAN. 16 de abril de 2009.
78. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por el diputado José Antonio Almazán González, PRD. 28 de abril de 2009.
79. Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Presentada por los diputados Beatriz Pagés Llergo Rebollar y Héctor Hugo Olivares Ventura, PRI. 5 de junio de 2009.
La reforma a la legislación laboral es una asignatura pendiente de la transición política mexicana.
Ello explica el enorme interés de los legisladores por reformar la Ley Federal del Trabajo de manera parcial o integral, manifestada en las distintas iniciativas presentadas tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados a lo largo de ésta y las anteriores legislaturas.
Aunque existen propuestas de reforma al artículo 123 constitucional, se considera que no se ha alcanzado el consenso suficiente para abordar cambios de esta naturaleza.
Sin embargo, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo sugeridas se analizaron en el contexto de la transición del país a la democracia y de una nueva inserción de México en la economía mundial, lo que obliga a introducir cambios, por ahora graduales si se quiere, al viejo sistema de protección a los trabajadores con dos propósitos principalmente. Por una parte para eliminar la discrecionalidad gubernamental en la regulación laboral, asegurar el libre ejercicio de los derechos colectivos y, en general, fortalecer el Estado de derecho. Se trata, en consecuencia, de iniciar la construcción de un nuevo marco institucional para las relaciones entre los trabajadores, sus organizaciones, las autoridades laborales y los empleadores, acorde con las transformaciones que ya experimentó el régimen presidencial en otros ámbitos, en aras de establecer una auténtica división de poderes y garantizar la pluralidad y la transparencia del sistema de representación política, llevando la transición democrática al mundo del trabajo.
El segundo propósito de la reforma, relacionado estrechamente con el anterior, es el de crear las condiciones institucionales para reorientar el rumbo de la competitividad del país por la vía de la productividad y los compromisos entre los interlocutores del mundo del trabajo. Esta meta, de interés para la sociedad en su conjunto, no podrá jamás alcanzarse sin dejar atrás la simulación y sin que existan la confianza y la transparencia que den legitimidad y fuerza a los acuerdos entre dichos interlocutores.
Sin embargo, la búsqueda de soluciones equitativas a los complejos problemas de la competencia y la necesidad de adaptar las empresas a las exigencias de los mercados abiertos no podrá tener éxito sin esa representación, como lo prueba la experiencia de países altamente competitivos que supieron combinar la flexibilidad laboral con la bilateralidad y la protección social. Para esta comisión dictaminadora hay suficientes evidencias acerca de la importancia de la cooperación y la inclusión social como principales ingredientes del éxito económico en países con regímenes democráticos, que deben inspirar las reformas.
Si bien es cierto que hay principios fundamentales en la ley que es oportuno conservar, como es la aspiración a asegurar mínimos de protección a los trabajadores frente a las consecuencias adversas derivadas de las incertidumbres y riesgos que se desprenden de su condición y a mejorar su situación mediante el ejercicio de los correspondientes derechos colectivos, es necesario explorar el diseño de nuevas instituciones para asegurar la vigencia de estos derechos como el Registro Público de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo. Institución ideada para garantizar la transparencia en el proceso de agremiación, la contratación colectiva y la legalidad en los juicios de titularidad contractual.
Cualquier reforma laboral que deje en pie los pilares de la discrecionalidad gubernamental y no ofrezca la oportunidad de renovar y fortalecer en forma pacífica el sistema de representación de los trabajadores, de manera que la democracia penetre a las organizaciones también en este ámbito y les otorgue la legitimidad derivada del verdadero respaldo de sus miembros, no estará a la altura de las circunstancias por las que hoy atraviesa el país. Llevará, en cambio, a apuntalar estilos de representación y de intervención gubernamental que resultan incompatibles con la democracia y, de subsistir junto con ella, tenderían a erosionarla. De ahí la necesidad de introducir disposiciones en la ley que alienten la democracia sindical como el voto libre, secreto, universal y directo para elegir a sus directivas en todos los niveles.
Por estas razones, los cambios a la legislación laboral recogidos en la propuesta que aquí se presenta, así como los que en el futuro se adopten, deben orientarse a dar forma a un nuevo pacto social entre capital y trabajo al amparo de un auténtico Estado de derecho y del pleno reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, asumiendo a los sindicatos como los principales interlocutores del cambio en las relaciones laborales. Este pacto debe proponerse acabar con la simulación que permea en algunos sectores del mundo del trabajo y propiciar el incremento de la productividad y la competitividad de las empresas por medio de la reorganización del trabajo y la innovación tecnológica, además de sentar las bases para el reparto justo de los resultados.
En suma, se trata de abrir nuevos cauces para atender las viejas aspiraciones que dieron origen a la protección de los trabajadores. Estas aspiraciones deben atenderse en circunstancias muy distintas de aquellas en que dieron vida a la Ley Federal del Trabajo de 1970, en el marco de una economía cerrada.
8. Síntesis de las principales propuestas
Las reformas que se presentan en esta propuesta ratifican el compromiso de la nación con estos derechos, al inicio de un nuevo siglo y en el proceso de construcción de un nuevo régimen político. No obstante, esta comisión dictaminadora reconoce que aún falta mucho por hacer para equiparar nuestras normas a los mínimos alcanzados en otros países con grados de desarrollo similares al nuestro y para adaptar nuestras instituciones laborales a las nuevas condiciones políticas que se viven.
Así, las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo que se proponen, comprenden asuntos importantes, tanto en lo sustantivo como en la creación de nuevas autoridades en sustitución de aquéllas que han completado su ciclo histórico o son un obstáculo para el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores; las sustantivas, aunque aún insuficientes, son necesarias para la reestructuración moderna y democrática del modelo laboral mexicano.
La propuesta de reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, recoge, así, las iniciativas que garantizan la vigencia de los principios rectores de la legislación laboral, la modernizan y mantienen el equilibrio entre al capital y el trabajo, conservado el carácter protector de la ley en beneficio de la parte más débil en la relación obrero-patronal: el trabajador.
Esta propuesta refleja muchas de las preocupaciones expuestas en las iniciativas presentadas por otros legisladores, ciñéndose siempre al texto constitucional, sin pretender su reforma. Efectivamente, la presente propuesta es un reflejo de las inquietudes que han manifestado a lo largo de los últimos años los legisladores de ambas Cámaras en la línea de la no discriminación, el fomento al empleo, la capacitación y la productividad, la apertura del mercado laboral, el reconocimiento del papel de la vida sindical y de la importancia de su desarrollo democrático y activo, además del impulso a la transparencia, la capacitación y la celeridad procesales.
Por otra parte el contenido del presente documento recoge diversas críticas y sugerencias expresadas a lo largo del proceso de dictamen por los legisladores, así como por sindicatos, empresarios, abogados laboralistas y expertos que fueron escuchados por la comisión dictaminadora y durante los trabajos de la Conferencia Parlamentaria entre las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Estos cambios se reflejan en los siguientes asuntos:
Se introducen disposiciones para alentar la democracia sindical, la rendición de cuentas de los líderes sindicales y la transparencia en la contratación colectiva con objeto de erradicar el contrato de protección.
Asimismo, se incluyen medidas de la flexibilidad funcional contenidas en la propuesta pero con bilateralidad, en el marco de la contratación colectiva.
Específicamente se introducen el período de prueba y la relación de trabajo para capacitación inicial, con la disposición expresa de que en cada centro de trabajo las modalidades de este tipo de contrataciones y se precisa la rescisión de las relaciones de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador.
Se precisa el carácter de excepción en la categoría de los trabajadores de confianza en cuento a sus funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, así como aquellos de relación personal con el trabajador dentro de la empresa.
En cuanto a la polivalencia se dispone que el sindicato o, a falta de este, la representación mayoritaria de los trabajadores podrá convenir con el empleador en que los trabajadores desempeñen labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, siempre que reciban el ajuste salarial correspondiente, hacendó énfasis en la bilateralidad.
Por lo que hace a la duración de la jornada de trabajo actualmente se dispone que el trabajador y el empleador fijarán su duración sin que pueda exceder de los máximos legales. A ello se adiciona que con la anterior limitación y por necesidades especiales del servicio, el empleador podrá convenir con el sindicato en el contrato colectivo o, en su ausencia, con la representación mayoritaria de los trabajadores, una distribución de la jornada semanal y, excepcionalmente, de la mensual, siempre que se plasmen por escrito las condiciones necesarias para evitar el menoscabo de derechos considerados en la ley. Con ello se protege al trabajador frente a posibles abusos y se introducen dos condicionantes: por necesidades especiales del servicio y en forma excepcional.
Se conservan como prohibición de los patrones y de sus representantes, realizar actos de hostigamiento sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. También, se incluye una definición de hostigamiento sexual. Asimismo se agrega como causal de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, el hostigamiento sexual.
Con respecto a los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso se señala que los empleadores estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.
En ese mismo sentido, se agrega que las vacantes definitivas y los puestos de nueva creación serán cubiertos por el trabajador que haya sido capacitado. En igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que tenga mayor antigüedad en la especialidad o área de trabajo.
En materia de relaciones colectivas de trabajo, se dispone que los sindicatos de trabajadores podrán determinar libremente su ámbito de agremiación, se rescatan los sindicatos de oficios varios y se elimina la restricción tipológica contenida en la ley en vigor.
Se crean el Registro Público Federal de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos y el Registro Público Local de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, que tendrán ingerencia en el registro de los sindicatos y contratos colectivos. Además conocerán de las solicitudes de firma de contrato y de titularidad contractual. Certificarán mayoría para ambos procedimientos y llevarán a cabo los recuentos correspondientes, bajo condiciones de transparencia y legalidad.
Serán organismos descentralizados de la administración pública federal o local, según corresponda, con autonomía técnica, financiera y de gestión, que guiarán sus actividades bajo los principios de legalidad, probidad, autonomía, imparcialidad, la publicidad y la objetividad.
Su titular será designado por el Ejecutivo de la Unión o los ejecutivos locales, que podrá ser objetado por los poderes legislativos correspondientes.
Se incluye una disposición expresa en el sentido de que la elección de la directiva sindical, en todos sus niveles, se realizará siempre por el voto libre, universal, directo y secreto.
Por cuanto a la rendición de cuentas de las directivas sobre la administración del patrimonio sindical, se señala que frente a cualquier omisión los afiliados tendrán acción ante la autoridad competente para que cumplan.
Se dispone que comete un acto de simulación jurídica la representación del sindicato que solicite la firma de contrato colectivo de trabajo o que reclame la titularidad de un contrato colectivo de trabajo y se desista de su solicitud o de su reclamación sin haber acreditado interés jurídico. Asimismo incurrirá en dicho ilícito la representación del sindicato que formule solicitud de firma de contrato colectivo o reclamación de titularidad con objeto de obstaculizar el procedimiento o impedir a los trabajadores el derecho de aceptar o no la celebración del contrato colectivo o el ejercicio de la libertad de asociación.
Se presumirá que dichas conductas constituyen actos de simulación cuando el sindicato demandante no cuente con votos a su favor, salvo que exhiba con posterioridad al recuento, afiliaciones previas que acrediten su interés.
Además que comete un acto de simulación jurídica el empleador que falsee o altere el padrón contractual o la información que sirva de base para la determinación de los trabajadores con derecho a votar en los recuentos o consultas para la determinación de mayorías.
Cuando se presuma la comisión de actos de simulación jurídica el registro Público estará obligado a presentar la denuncia de hechos correspondiente.
Se crea la figura de padrón contractual que contiene información fundamental para el trabajador y para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos.
Se establece un procedimiento democrático, transparente y equitativo en la prueba del recuento de los trabajadores durante la huelga.
Se conservan, con ligeros cambios, diversas medidas para que los funcionarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje mejoren su perfil profesional, a fin de que las partes en conflicto se beneficien con una mejor actividad jurisdiccional y de impartición de justicia, y los funcionarios mismos tiendan a la excelencia en su función.
Se privilegia la conciliación en los conflictos obrero-patronales y se introducen cambios en el Título de Derecho procesal del trabajo para agilizar la administración e impartición de justicia laboral.
En el régimen transitorio se disponen tiempos adecuados para entrada en vigor de las nuevas instituciones del trabajo, así como para que los sindicatos, los patrones y las autoridades cumplan con las nuevas disposiciones en materia colectiva.
9. Proyecto de decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se reforman los artículos 2o., 3o., 4o., 5o., 7o., 9o., 10, 12, 13, 16,18, 19, 22,25, 28, 34, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 81, 82, 83, 94, 100, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 121, 122, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 138, 141, 143, 146, 147, 151, 153-A, 153-B, 153- D, 153-F, 153-F-Bis-, 153-H, 153-I, 153-K, 153-M, 153-N, 153-Q, 153-S, 153-U, 153-V, 153-W, 153-X, 154, 158, 159, 161, 163, 166, 170, 172, 174, 180, 185, 190, 195, 203, 204, 205, 208, 209, 213, 214, 216, 219, 220, 228, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 254, 258, 261, 262, 263, 268, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 284, 300, 301, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 324, 326, 330, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 346, 351, 352, 353-A, 353-D, 353-G, 353-0, 353-S, 354, 355, 356, 357, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 373, 376, 377, 380, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 395, 398, 401, 402, 404, 407, 409, 411, 412, 414, 415, 418, 419, 421, 422, 4242, 426, 427, 429, 431, 432, 434, 435, 438, 439, 446, 450, 469, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 497, 498, 499, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512-A, 512-B, 512-D, 512-E, 517, 519, 523, 525, 526, 527, 531, 537, 539, 539-A, 539-B, 539-E, 540, 541, 542, 544, 546, 547, 549, 554, 556, 558, 559, 562, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 573, 574, 579, 580, 581, 582, 584, 586, 587, 589, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 612, 6131, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 632, 633, 634, 637, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 650, 652, 653, 654, 655, 656, 660, 661, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 680, 681, 682-A, 683, 685, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 698, 700, 701, 705, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 718, 721, 724, 727, 729, 731, 734, 737, 739, 740, 742, 743, 746, 747, 748, 753, 758, 763, 768, 771, 772, 773, 774, 776, 778, 780, 784, 785, 786, 787, 790, 793, 802, 803, 808, 813, 814, 815, 816, 817, 823, 825, 828, 838, 839, 840, 841, 845, 850, 856, 857, 860, 861, 863, 873, 875, 876, 878, 879, 880, 884, 885, 886, 888, 891, 892, 898, 902, 903, 904, 906, 907, 909, 910, 911, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 936, 937, 938, 939, 940, 945, 947, 949, 960, 962, 965, 968, 969, 970, 977, 979, 980, 981, 983, 986, 987, 989, 991, 993, 994, 995, 997, 998, 999, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, y 1008; se adicionan los artículos 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E, 39-F, las fracciones XII y XIII del artículo 133;153-A Bis, 369-Bis, 387-Bis, 389-A, 389-B, 418-Bis, 605-Bis, un Capítulo XIV del Título once, denominado Registros Públicos de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos; 627-A, 627-B, 627-C, 631-A, 641-A, 774-Bis, 836-A y 893-A y un transitorio decimotercero; se derogan los artículos 153-C, 153-G, 153-J, 153-L, 153-0, 153-P, 153-R, 367, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 560, 601, 602, 603, 765, 865, 866, 867, 868, 869, 877, 882, de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Título Primero
Disposiciones Generales
Artículo 2o. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento a la libertad de asociación, a la autonomía y democracia sindical, a la contratación colectiva como fuente de derecho del trabajo, al empleo, a la productividad para el desarrollo nacional y a la justicia social en las relaciones de trabajo.
Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades, y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico, sexo, edad, discapacidad, doctrina política, condición social, religión, opiniones, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.
No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.
Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la productividad y la calidad en el trabajo, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones.
Artículo 4o. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad:
a) Cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el caso por la Junta de Conciliación y Arbitraje.
b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor, o con permiso, al presentarse nuevamente a sus labores; y
II. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en los siguientes:
a) Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta ley, se trate de sustituir o se substituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 936.
b) Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando.
II. Una jornada mayor que la permitida por esta ley;
III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio de Junta de Conciliación y Arbitraje;
IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis años;
V. Un salario inferior al mínimo;
VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la junta de Conciliación y Arbitraje;
VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros;
VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos;
IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar
determinado;
X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa;
XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad;
XII. Trabajo nocturno industrial, o el trabajo después de las veintidós horas, para menores de dieciséis años; y XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.
Artículo 7o. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos.
En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear, temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos.
No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes generales.
Artículo 9o. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.
En virtud de su carácter de excepción, son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón, dentro de la empresa o establecimiento.
Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.
Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.
Artículo 12. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón.
Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.
En caso contrario los patrones que utilicen en su empresa los servicios de trabajadores proporcionados por otro patrón, son responsables solidarios en las obligaciones contraídas con aquellos.
Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa.
Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella también para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades.
Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. de esta ley. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.
Artículo 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo serán gratuitos.
El pago de las contribuciones fiscales, que no contravengan lo anterior, corresponderá respectivamente al patrón y al trabajador, salvo que, por convenio, aquél cubra los de éste.
Título Segundo
Relaciones Individuales de Trabajo
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.
Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:
II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o tiempo indeterminado y en su caso, si está sujeto a periodo de prueba.
III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible;
IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;
V. La duración de la jornada;
VI. La forma y el monto del salario;
VII. El día y el lugar de pago del salario;
VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que, se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta ley; y
IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón.
a) Los requisitos señalados en el artículo 25.
b) Los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de origen y alimentación del trabajador y de su familia, en su caso, y todos los que se originen por el paso de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre migración, o por cualquier otro concepto semejante, serán por cuenta exclusiva del patrón. El trabajador percibirá íntegro el salario que le corresponda, sin que pueda descontarse cantidad alguna por esos conceptos.
c) El trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otorguen las instituciones de seguridad y previsión social a los extranjeros en el país al que vaya a prestar sus servicios. En todo caso, tendrá derecho a ser indemnizado por los riesgos de trabajo con una cantidad igual a la que señala esta ley, por lo menos;
d) Tendrá derecho a disfrutar, en el centro de trabajo o en lugar cercano, mediante arrendamiento o cualquier otra forma, de vivienda decorosa e higiénica;
II. El patrón señalará domicilio dentro de la República para todos los efectos legales;
III. El escrito que contenga las condiciones de trabajo será sometido a la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de cuya jurisdicción se celebró, la cual, después de comprobar los requisitos de validez a que se refiere la fracción I, determinará el monto de la fianza o del depósito que estime suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El depósito deberá constituirse en el Banco de México o en la institución bancaria que éste designe. El patrón deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del depósito;
IV. El escrito deberá ser visado por el cónsul de la nación donde deban prestarse los servicios; y
V. Una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito.
II. No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados; y
III. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437.
Articulo 39.
Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de ciento ochenta días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de treinta días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita.
El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta ciento ochenta días, cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas.
Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario de la categoría o puesto que desempeñe. Al término del periodo de prueba, de no acreditar competencia el trabajador, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.
Artículo 39-B. Se entiende por relación o contrato de trabajo para capacitación inicial, aquél por virtud del cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados, durante un periodo determinado bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado.
La vigencia del contrato a que se refiere el párrafo anterior, tendrá una duración hasta de tres meses o hasta de seis meses cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario de la categoría o puesto que desempeñe. Al término de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador; se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.
Artículo 39-C. La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial, se hará constar por escrito; en caso contrario se entenderá que es por tiempo indeterminado.
Artículo 39-D. Los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables y no podrán aplicarse al mismo trabajador simultánea o sucesivamente, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos, ni de ascenso, ni aun cuando, concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón. Las modalidades del funcionamiento de estos contratos, en cada centro de trabajo, serán convenidas en el contrato colectivo de trabajo o, en su defecto, mediante convenio escrito con la representación mayoritaria de los trabajadores.
Artículo 39-E. Cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial y subsista la relación de trabajo, ésta se considerará por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia de aquellos se computará para efectos del cálculo de la antigüedad.
Artículo 39-F. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año.
Los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo.
Artículo 41. La sustitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón.
El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores.
Capítulo III
Suspensión de los Efectos de las Relaciones
de Trabajo
Artículo 42. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón:
II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;
III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél;
IV. El arresto del trabajador;
V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5o. de la Constitución, y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31 fracción III de la misma Constitución;
VI. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes; y VII. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador;
VIII. En el caso de los trabajadores de temporada el lapso que transcurra entre una temporada y otra de trabajo.
II. Tratándose de las fracciones III y IV, desde el momento en que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto.
III. En los casos de las fracciones V y VI, desde la fecha en que deban prestarse los servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un periodo de seis años;
IV. En el caso de la fracción VII, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento del hecho, hasta por un periodo de dos meses; y
V. En el caso de la fracción VIII entre una temporada y otra.
Artículo 46. El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad.
Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:
II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia;
III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo;
IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo;
V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo;
VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del perjuicio;
VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él;
VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;
IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa;
X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada;
XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado;
XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades;
XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico;
XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo;
XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere.
El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador.
La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.
Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario.
Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo.
Artículo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:
II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo;
III. En los casos de trabajadores de confianza;
IV. En el servicio doméstico; y
V. Cuando se trate de trabajadores eventuales.
II. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;
III. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los actos a que se refiere la fracción anterior; si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo;
IV. Reducir el patrón el salario al trabajador;
V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados;
VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o útiles de trabajo;
VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan;
VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; y
IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere.
Capítulo V
Terminación de las Relaciones de Trabajo
Artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:
I-Bis. La renuncia voluntaria del trabajador;
II. La muerte del trabajador;
III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38;
IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la prestación del trabajo; y
V. Los casos a que se refiere el artículo 434.
Título Tercero
Condiciones de Trabajo
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de origen étnico, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, condición social, religión, doctrina política, opiniones; estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.
El sindicato o, en su defecto, la representación mayoritaria de los trabajadores podrán convenir con el patrón en que los trabajadores desempeñen labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, siempre que reciban el ajuste salarial correspondiente.
Artículo 57. El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen.
El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas que la justifiquen.
Capítulo II
Jornada de Trabajo
Artículo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo.
Artículo 59. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder de los máximos legales.
Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente, especialmente, cuando el trabajador tenga a su cargo el cuidado y la crianza de uno o varios hijos en edad preescolar.
Con la limitación antes mencionada y por necesidades especiales del servicio, el patrón podrá convenir en el contrato colectivo o, en su ausencia, con la representación mayoritaria de los trabajadores, una distribución de la jornada semanal y, excepcionalmente, de la mensual, siempre que se convengan por escrito las condiciones necesarias para evitar el menoscabo de derechos contemplados en esta ley.
Artículo 65. En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males.
Artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este Capítulo.
La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley.
Artículo 69. ...
El trabajador que sea padre disfrutará de una licencia por paternidad remunerada de diez días naturales, la cual podrá otorgarse desde la fecha de nacimiento de su hija o hijo o antes del nacimiento de éste. El trabajador a quien se le conceda la adopción de un niño o niña, también disfrutará de este permiso o licencia de paternidad, contados a partir de que la misma sea acordada por sentencia definitiva de la autoridad correspondiente.
En caso de que fallezca la madre, a consecuencia del parto, el padre del niño o niña tendrá derecho a una licencia consistente en seis semanas, con los mismos derechos.
Capítulo III
Días de Descanso
Artículo 70. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los de descanso semanal.
Artículo 72. Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón.
Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.
Artículo 75. En los casos del artículo anterior y de los días de descanso contractuales, los trabajadores y el patrón determinarán el número de los trabajadores que deban prestar sus servicios cuando así lo requieran las necesidades del trabajo y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Si no se llega a un convenio, resolverá la Junta competente.
Capítulo IV
Vacaciones
Artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda la fecha en que deberán disfrutarlo.
Capítulo V
Salario
Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.
Artículo 83. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por Comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera.
Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo.
Capítulo VI
Salario Mínimo
Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.
Capítulo VII
Normas Protectoras y Privilegios del Salario
Artículo 100. El salario se pagará directamente al trabajador. Sólo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos.
El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de responsabilidad al patrón.
Artículo 101.
Solamente con el consentimiento del trabajador, el patrón podrá liquidar el salario a través de pago en nómina electrónica, absorbiendo el patrón el costo de las comisiones por retiro y consulta de saldos.
Artículo 103. Los almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestibles y artículos para el hogar, podrán crearse por convenio entre los trabajadores y los patrones, de una o varias empresas, de conformidad con las normas siguientes:
II. Los precios de venta de los productos se fijarán por convenio entre los trabajadores y los patrones, y nunca podrán ser superiores a los precios oficiales y en su defecto a los corrientes en el mercado;
III. Las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto en la fracción anterior; y
IV. En el convenio se determinará la participación que corresponda a los trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o tienda.
Artículo 106. La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en los casos y con los requisitos establecidos en esta ley.
Artículo 109. El pago deberá efectuarse en día laborable, fijado por convenio entre el trabajador y el patrón, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su terminación.
Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes:
II. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no podrá exceder del quince por ciento del salario;
III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el 1 por ciento del salario a que se refiere el artículo 143 de esta ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador;
IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del treinta por ciento del excedente del salario mínimo;
V. Pago de pensiones alimenticias a favor del cónyuge, hijos, ascendientes y nietos, decretado por la autoridad competente;
Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos, ascendientes y nietos, decretado por la autoridad competente;
VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos; y
VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el fondo a que se refiere el artículo 103-Bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del veinte por ciento del salario.
Artículo 112. Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110, fracción V.
Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo.
Artículo 113. Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos los bienes del patrón.
Capítulo VIII
Participación de los Trabajadores en las Utilidades
de las Empresas
Artículo 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ajustará a las normas siguientes:
Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración y en sus anexos;
II. Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa, podrán formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzguen conveniente;
III. La resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores; y
IV. Dentro de los treinta días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma independientemente de que la impugne. Si como resultado de la impugnación variará a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio.
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable, sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido ésta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Sólo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores.
El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente.
Artículo 125. Para determinar la participación de cada trabajador se observarán las normas siguientes:
II. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo;
III. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente, dentro de un término de quince días; y
IV. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma Comisión a que se refiere la fracción I, dentro de un término de quince días.
II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas;
III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el periodo de exploración;
IV. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios;
V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; y
VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente, cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen.
II. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de éste al trabajador de planta con la misma característica; se considerará este salario aumentado en un veinte por ciento, como salario máximo;
III. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un mes de salario;
IV. Las madres trabajadoras, durante los periodos pre y postnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal, serán considerados como trabajadores en servicio activo;
V. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la Comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación;
VI. Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades; y
VII. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado sesenta días durante el año, por lo menos.
Capítulo I
Obligaciones de los Patrones
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento;
III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo;
IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que presta los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite;
V. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo;
VI. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de palabra o de obra;
VII. Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido;
VIII. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios;
IX. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que se refiere el artículo 5o. de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo;
X. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento.
El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos; siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de seis años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de seis años;
XI. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse;
XII. Establecer y sostener las escuelas "Artículo 123 Constitucional", de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública;
XIII. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación, de conformidad con las leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores;
XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores deberán sostener tres becarios en las condiciones señaladas. El patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta; pero en esos casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado, durante un año, por lo menos;
XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos del Capítulo III Bis de este Título;
XVI. Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes; y realizar en los lugares donde se ejecuten las labores, las adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias que aseguren el libre acceso y desplazamiento de las personas y trabajadores con discapacidad en condiciones de igualdad. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias autoridades y la normatividad vigente;
XVII. Cumplir los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo así como disponer de todo en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios;
XVIII. Promover y difundir en los Centros de trabajo y entre los trabajadores información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos, así como sobre las medidas de prevención que deberán adoptarse, con base en lo dispuesto en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo;
XIX. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista peligro de epidemia;
XX. Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de doscientos habitantes, un espacio de terreno no menor de cinco mil metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de cinco kilómetros de la población más próxima;
XXI. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para ese fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los trabajadores;
XXII. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción VI;
XXIII. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción IV;
XXIV. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan;
XXV. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables;
XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII del artículo 110, y enterar los descuentos a la institución bancaria acreedora, o en su caso al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. Esta obligación no convierte al patron en deudor solidario del crédito que se haya concedido al trabajador;
XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos; y XXVIII. Participar, en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta ley.
II. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado;
III. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de éste;
IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada candidatura;
V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato;
VI. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos lugares de trabajo;
VII. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les otorgan las leyes;
VIII. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento;
IX. Emplear el sistema de "poner en el índice" a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación;
X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las poblaciones;
XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico o droga enervante;
XII. Realizar actos de hostigamiento sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Se entiende por hostigamiento sexual al ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lesiva.
XIII. Exigir la presentación de certificados médicos de ingravidez para solicitar el acceso, la permanencia o el ascenso en el empleo; y XIV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de hijos menores.
Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores:
II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones y las autoridades laborales para su seguridad y protección personal;
III. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo;
IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos;
V. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo;
VI. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción;
VII. Observar buenas costumbres durante el servicio;
VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo;
IX. Integrar las comisiones y organismos que establece esta ley;
X. Someterse a los reconocimientos médicos, previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable;
XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas;
XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones; y
XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa; y
XIV. Las demás previstas específicamente en esta ley.
II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón;
III. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o elaborada;
IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez;
V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico;
VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzo cortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo;
VII. Suspender las labores sin autorización del patrón;
VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo;
IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto de aquél a que están destinados;
X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del establecimiento; y
XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo.
Capítulo III
Habitaciones para los Trabajadores
Artículo 138. Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un organismo integrado en forma tripartita por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones.
Artículo 141. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores que se sujetarán a las bases siguientes:
I. En los casos de incapacidad total permanente, de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50 por ciento o más; de invalidez definitiva, en los términos de la Ley del Seguro Social; de jubilación; o de muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos constituidos, a él o a sus beneficiarios, con una cantidad adicional igual a dichos depósitos, en los términos de la ley, a que se refiere el artículo 139;
II. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieren hecho a su favor, en los términos de la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y
III. En caso de que el trabajador hubiere recibido crédito del instituto, las cantidades a que tuviere derecho en los términos de las fracciones anteriores, se aplicarán a la amortización del crédito, salvo en los casos de incapacidad total permanente o de muerte, en los términos del artículo 145, si después de hacer la aplicación de dichas cantidades a la amortización del crédito quedare saldo a favor del trabajador se le entregará a éste el monto correspondiente.
Para la devolución de los depósitos y cantidades adicionales bastará que la solicitud por escrito se acompañe con las pruebas pertinentes.
Artículo 143. Para los efectos de este Capítulo el salario a que se refiere el artículo 136 se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas; comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios; no se tomarán en cuenta, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:
b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual igual del trabajador y de la empresa; y las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales o sindicales;
c) Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas;
d) La alimentación y la habitación, cuando no se proporcionen gratuitamente al trabajador, así como las despensas;
e) Los premios por asistencia;
f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios esté pactado en forma de tiempo fijo;
g) Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que cubran las empresas.
Artículo 147. El Ejecutivo federal, previo estudio y dictamen del organismo que se constituya para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las modalidades y fechas en que se incorporarán al régimen establecido por este capítulo:
II. Los trabajadores a domicilio.
II. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes:
a) Pagar las rentas.
b) Cuidar de la habitación como si fuera propia.
c) Poner en conocimiento de la empresa los defectos o
deterioros que observen.
d) Desocupar las habitaciones a la terminación
de las relaciones de trabajo dentro de un término de cuarenta y
cinco días; y
III. Está prohibido a los trabajadores:
a) Usar la habitación para fines distintos de los
señalados en este capítulo; y
b) Subarrendar las habitaciones.
Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus trabajadores.
Artículo 153-A Bis. Los empleadores tienen la obligación de proporcionar a los trabajadores, y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que les permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo por el empleador y el sindicato y sus trabajadores y aprobados por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Artículo 153-B. Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al artículo anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan.
Artículo 153-C. Se suprime.
Artículo 153-D. Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento de los trabajadores, podrán formularse respecto a cada establecimiento, a una empresa, a varias de ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada.
Artículo 153-E. La capacitación o adiestramiento a que se refiere el artículo 153-A, deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de otra manera; así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto, la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo.
Artículo 153-F. La capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación.
Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo que el patron preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básico, medio o superior.
Artículo 153-F-Bis. El adiestramiento tendrá por objeto:
II. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo y peligros a que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como sobre las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que les son aplicables, para prevenir riesgos de trabajo;
III. Incrementar la productividad; y
IV. En general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores.
Artículo 153-H. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento están obligados a:
II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y
III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de competencia laboral que sean requeridos.
Artículo 153-J. Se suprime.
Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a los patrones, sindicatos y trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas industriales o actividades, para que constituyan comités nacionales de productividad y capacitación de esas ramas industriales o actividades, los cuales tendrán el carácter de órganos auxiliares de la propia Secretaría.
Estos Comités tendrán facultades en las respectivas ramas de industria o actividades para:
II. Colaborar en la elaboración del Catálogo Nacional de Ocupaciones y en los estudios sobre las características de la maquinaria y equipo en existencia y uso en las ramas o actividades correspondientes;
III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la productividad;
IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que permitan elevar la productividad;
V. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los salarios y, en general el ingreso de los trabajadores a los beneficios de la productividad; y
VI. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la productividad dentro de las ramas industriales o actividades específicas de que se trate.
Artículo 153-M. En los contratos colectivos deberán incluirse cláusulas relativas a la obligación del nde proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, conforme a los planes y programas aprobados por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social que satisfagan los requisitos establecidos en este capítulo.
Además, podrá consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al cual el patrón capacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, tomando en cuenta, en su caso, la cláusula de admisión.
Artículo 153-N. Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los planes y programas de capacitación y adiestramiento que se haya acordado establecer, o en su caso, las modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y programas a implantados.
Artículo 153-0. Se suprime.
Artículo 153-P. Se suprime.
Artículo 153-Q. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento deberán cumplir los requisitos siguientes:
II. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa;
III. Precisar las etapas durante las cuáles se impartirá la capacitación y el adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa; y
IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá el orden en que serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría.
Artículo 153-R. Se suprime.
Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de conservar a disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento, en los términos del artículo 153-N, o cuando dichos planes y programas no se lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos casos, la propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla con la obligación de que se trata.
Artículo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador se niegue a recibir ésta, por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y del inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capacidad mediante el correspondiente certificado de competencia laboral o presentar y aprobar, ante la entidad instructora, el examen de suficiencia correspondiente.
En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la correspondiente constancia de competencias o de habilidades laborales.
Artículo 153-V. La constancia de competencias o de habilidades laborales es el documento expedido por el organismo o por la persona capacitadores, con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación.
Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines de ascenso, dentro de la empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento.
Artículo 153-W. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social certificará las competencias laborales mediante un sistema nacional de lineamientos generales de definición y valoración de normas técnicas de competencia laboral que comprendan conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación.
Artículo 153-X. Los trabajadores y patrones tendrán derecho a ejercitar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje las acciones individuales y colectivas que deriven de la obligación de capacitación o adiestramiento impuesta en este Capítulo.
Capítulo V
Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascenso
Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.
Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical.
Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida.
Artículo 158. Los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad.
Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u oficio y ordenará se le dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir la resolución de ésta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Artículo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales, con duración mayor de treinta días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos por el trabajador que haya sido capacitado. En igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que tenga mayor antigüedad en la especialidad o área de trabajo.
Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación de capacitar, la vacante se otorgará al trabajador de mayor antigüedad en la especialidad o rama.
Artículo 161. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de veinte años, el patrón sólo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda; respetando los derechos que deriven de su antigüedad.
La repetición de la falta o la comisión de otra u otras, que constituyan una causa legal de rescisión, deja sin efecto la disposición anterior.
Capítulo VI
Invenciones de los Trabajadores
Artículo 163. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa se regirá por las normas siguientes:
II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y
III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención de las correspondientes patentes.
El patrón estará obligado a asignarle labores diferentes compatibles con su estado físico y capacidad, en el mismo nivel de puesto y categoría.
Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; asimismo, en el caso de las madres por adopción disfrutarán de seis semanas posteriores a la entrega del menor adoptado.
Del III. al VII. ...
Artículo 172. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras.
Título Quinto Bis
Trabajo de los Menores
Artículo 174. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo. Sin el requisito del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.
Artículo 180. Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciséis años están obligados a:
II. Llevar un registro de inspección especial, con indicación de la fecha de su nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de trabajo;
III. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir sus programas escolares;
IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de esta ley; y
V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten.
Capítulo II
Trabajadores de Confianza
Artículo 185. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el artículo 47.
El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se refiere el Capítulo IV del Título Segundo de esta ley.
Capítulo III
Trabajadores de los Buques
Artículo 190. Los capitanes, entendiéndose como tales a quienes ejercen el mando directo de un buque, tienen con respecto a los demás trabajadores la calidad de representantes del patrón.
Artículo 195. El escrito a que se refiere el artículo anterior contendrá:
II. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, y domicilio del trabajador y del patrón;
III. Mención del buque o buques a bordo de los cuales se prestarán los servicios;
IV. Si se celebra por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o por viaje o viajes;
V. El servicio que deba prestarse, especificándolo con la mayor precisión;
VI. La distribución de las horas de jornada;
VII. El monto de los salarios;
VIII. El alojamiento y los alimentos que se suministrarán al trabajador;
IX. El periodo anual de vacaciones;
X. Los derechos y obligaciones del trabajador;
XI. El porcentaje que percibirán los trabajadores cuando se trate de dar salvamento a otro buque; y
XII. Las demás estipulaciones que convengan las partes.
Artículo 203. Los salarios y las indemnizaciones de los trabajadores disfrutan de la preferencia consignada en el artículo 113, sobre el buque, sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes. A este efecto, el propietario del buque es solidariamente responsable con el patrón por los salarios e indemnizaciones de los trabajadores.
Cuando concurran créditos de trabajo procedentes de diferentes viajes, tendrán referencia los del último.
Artículo 204. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
II. Proporcionar alimentación sana, abundante y nutritiva a los trabajadores de buques dedicados al servicio de altura y cabotaje y de dragado;
III. Proporcionar alojamiento y alimentos cuando el buque sea llevado a puerto extranjero para reparaciones y sus condiciones no permitan la permanencia a bordo. Esta misma obligación subsistirá en puerto nacional cuando no sea el del lugar donde se tomó al trabajador. La habitación y los alimentos se proporcionarán sin costo para el trabajador;
IV. Pagar los costos de la situación de fondos a los familiares de los trabajadores, cuando el buque se encuentre en el extranjero;
V. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, siempre que la seguridad del buque lo permita y no se entorpezca su salida en la fecha y hora fijadas;
VI. Permitir a los trabajadores que falten a sus labores para desempeñar comisiones del Estado o de su sindicato, en las mismas condiciones a que se refiere la fracción anterior;
VII. Proporcionar la alimentación y alojamiento, tratamiento médico y medicamentos y otros medios terapéuticos, en los casos de enfermedades, cualquiera que sea su naturaleza;
VIII. Llevar a bordo el personal y material de curación que establezcan las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua;
IX. Repatriar o trasladar al lugar convenido a los trabajadores, salvo los casos de separación por causas no imputables al patrón; y
X. Informar a la Capitanía de Puerto correspondiente, dentro de las veinticuatro horas de haber sido declarado a libre plática, de los accidentes de trabajo ocurridos a bordo. Si el buque llega a puerto extranjero, el informe se rendirá al cónsul mexicano o en su defecto, al capitán del primer puerto nacional que toque.
Artículo 208. Son causas especiales de rescisión de las relaciones de trabajo:
II. Encontrarse el trabajador en estado de embriaguez en horas de servicio mientras el buque esté en puerto, al salir el buque o durante la navegación;
III. Usar narcóticos o drogas enervantes durante su permanencia a bordo, sin prescripción médica.
Al subir a bordo, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico;
IV. La insubordinación y la desobediencia a las órdenes del capitán del buque en su carácter de autoridad;
V. La cancelación o la revocación definitiva de los certificados de aptitud o de las libretas de mar exigidos por las leyes y reglamentos;
VI. La violación de las leyes en materia de importación o exportación de mercancías en el desempeño de sus servicios; y
VII. La ejecución, en el desempeño del trabajo por parte del trabajador, de cualquier acto o la omisión intencional o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad o la de los demás trabajadores, de los pasajeros o de terceras personas, o que dañe, perjudique o ponga en peligro los bienes del patrón o de terceros.
II. Las relaciones de trabajo no pueden darse por terminadas cuando el buque esté en el mar, cuando estando en puerto se intente la terminación dentro de las veinticuatro horas anteriores a su salida, a menos que en este último caso se cambie el destino final del buque;
III. Tampoco pueden darse por terminadas las relaciones de trabajo cuando el buque esté en el extranjero; en lugares despoblados o en puerto, siempre que en este último caso se exponga al buque a cualquier riesgo por mal tiempo u otras circunstancias;
IV. Cuando las relaciones de trabajo sean por tiempo indeterminado, el trabajador deberá dar aviso al armador, naviero o fletador con setenta y dos horas de anticipación;
V. Cuando el buque se pierda por apresamiento o siniestro, se darán por terminadas las relaciones de trabajo, quedando obligado el armador, naviero o fletador, a repatriar a los trabajadores y a cubrir el importe de los salarios hasta su restitución al puerto de destino o al que se haya señalado en el contrato y el de las demás prestaciones a que tuviesen derecho. Los trabajadores y el patrón podrán convenir en que se proporcione a aquellos un trabajo de la misma categoría en otro buque del patrón; si no se llega a un convenio tendrán derecho los trabajadores a que se les indemnice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 436; y
VI. El cambio de nacionalidad de un buque mexicano es causa de terminación de las relaciones de trabajo. El armador, naviero o fletador, queda obligado a repatriar a los trabajadores y a cubrir el importe de los salarios y prestaciones a que se refiere el párrafo primero de la fracción anterior. Los trabajadores y el patrón podrán convenir en que se proporcione a aquéllos un trabajo de la misma categoría en otro buque del patrón; si no se llega a un convenio, tendrán derecho los trabajadores a que se les indemnice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.
Artículo 213. En el tráfico interior o fluvial regirán las disposiciones de este Capítulo, con las modalidades siguientes:
II. La alimentación de los trabajadores por cuenta de los patrones es obligatoria aun cuando no se estipule en los contratos, si a bordo se proporciona a los pasajeros; y en todo caso, cuando se trate de buques que naveguen por seis horas o más, o que navegando menos de ese tiempo, suspendan la navegación en lugares despoblados en los que sea imposible a los trabajadores proveerse de alimentos;
III. La permanencia obligada a bordo se considera como tiempo de trabajo, a menos que e1 periodo de descanso sea de cuatro horas o más, que exista para el trabajador la imposibilidad material de abandonar el buque o que el abandono carezca de objeto por tratarse de lugares despoblados; y
IV. El descanso semanal será forzosamente en tierra.
Capítulo IV
Trabajo de las Tripulaciones Aeronáuticas
Artículo 216. Los tripulantes deben tener la calidad de mexicanos por nacimiento, no adquirir otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles políticos.
Artículo 219. Serán considerados representantes del patrón, por la naturaleza de las funciones que desempeñan, los gerentes de operación o superintendentes de vuelos, jefes de adiestramiento, jefes de pilotos, pilotos instructores o asesores, y cualesquiera otros funcionarios que aun cuando tengan diversas denominaciones de cargos, realicen funciones análogas a las anteriores.
Los titulares de las categorías citadas serán designados por el patrón y podrán figurar como pilotos al mando, sin perjuicio de los derechos correspondientes de los pilotos de planta, siempre y cuando reúnan los requisitos que la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos, consignen al respecto.
Artículo 220. El piloto al mando de una aeronave es responsable de la conducción y seguridad de la misma durante el tiempo efectivo de vuelo, y tiene a su cargo la dirección, el cuidado, el orden y la seguridad de la tripulación, de los pasajeros, del equipaje y de la carga y correo que aquélla transporte. Las responsabilidades y atribuciones que confieren a los comandantes la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos, no podrán ser reducidas ni modificadas por el ejercicio de los derechos y obligaciones que les corresponden conforme a las normas de trabajo.
Artículo 228. Los tripulantes no podrán interrumpir un servicio de vuelo durante su trayecto, por vencimiento de la jornada de trabajo. En caso de que alcancen el límite de su jornada durante el vuelo o en un aeropuerto que no sea el de destino final, tendrán la obligación de terminarlo si no requiere más de tres horas. Si requiere mayor tiempo, serán relevados o suspenderán el vuelo en el aeropuerto más próximo del trayecto.
El patrón está obligado a utilizar tripulaciones reforzadas en los vuelos cuyos horarios e itinerarios aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impliquen más de diez horas de tiempo efectivo de vuelo.
El comandante de la nave vigilará que los tripulantes tengan a bordo los descansos que les correspondan de acuerdo con la distribución de tiempo que al respecto prepare.
Artículo 236. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
a) En las estaciones previamente designadas, o en las de pernoctación extraordinaria, la transportación se hará en automóvil y el alojamiento será cubierto directamente por el patrón. La transportación se proporcionará entre los aeropuertos y el lugar de alojamiento y viceversa, excepto en aquellos lugares de base permanente de residencia de los tripulantes.
b) Cuando los alimentos no puedan tomarse a bordo, los tripulantes percibirán una asignación en efectivo, que se fijará según el número de comidas que deban hacerse en cada viaje o en los lugares de pernoctación extraordinaria. El monto de estas asignaciones se fijará de común acuerdo;
II. Pagar a los tripulantes los gastos de traslado, incluyendo los del cónyuge y familiares de primer grado que dependan económicamente de ellos, del menaje de casa y efectos personales, cuando sean cambiados de su base de residencia. El monto de estos gastos se fijará de común acuerdo;
III. Repatriar o trasladar al lugar de contratación a los tripulantes cuya aeronave se destruya o inutilice fuera de ese lugar, pagándoles sus salarios y las gastos de viaje; y
IV. Conceder los permisos a que se refiere el artículo 132, fracciones IX y X, siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la aeronave o se imposibilite su salida en la fecha y hora previamente señaladas.
II. Conservar en vigor sus licencias, pasaportes, visas y documentos que se requieran legalmente para el desempeño de su trabajo;
III. Presentarse a cubrir los servicios que tengan asignados con la anticipación y en la forma que establezcan su contrato y el reglamento interior de trabajo, salvo causa justificada;
IV. Someterse, cuando menos dos veces al año, a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes, los reglamentos y los contratos de trabajo;
V. Someterse a los adiestramientos que establezca el patrón, según las necesidades del servicio, a fin de conservar o incrementar su eficiencia para ascensos o utilización de equipo con nuevas características técnicas y operar éste al obtener la capacidad requerida;
VI. Planear, preparar, y realizar cada vuelo, con estricto apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones dictadas o aprobadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por el patrón;
VII. Cerciorarse, antes de iniciar un viaje, de que la aeronave satisface los requisitos legales y reglamentarios, las condiciones necesarias de seguridad, y que ha sido debidamente equipada, aprovisionada y avituallada;
VIII. Observar las indicaciones técnicas que en materia de seguridad de tránsito aéreo boletine el patrón o dicten las autoridades respectivas en el aeropuerto base o en las estaciones foráneas;
IX. Dar aviso al patrón, en su caso, a las autoridades competentes, utilizando los medios de comunicación más rápidos de que dispongan, en caso de presentarse en vuelo cualquier situación de emergencia, o cuando ocurra un accidente;
X. Efectuar vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento en cualquier tiempo y lugar que se requiera;
XI. Tratándose de los pilotos al mando de la aeronave, anotar en la bitácora, con exactitud y bajo su responsabilidad, los datos exigidos por las disposiciones legales relativas y hacer; cuando proceda, la distribución del tiempo, de servicio de los demás miembros de la tripulación;
XII. Rendir los informes, formular las declaraciones y manifestaciones y firmar la documentación que en relación con cada vuelo exijan las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables; y
XIII. Poner en conocimiento del patrón al terminar el vuelo, los defectos mecánicos o técnicos que adviertan o resuman existen en la aeronave.
Artículo 241. En el caso de operación de equipo con características técnicas distintas del que se venía utilizando, el tripulante y el patrón fijarán las condiciones de trabajo.
Artículo 242. Queda prohibido a los tripulantes:
II. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, sin prescripción de un especialista en medicina de aviación. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico; y
III. Ejecutar como tripulantes algún vuelo que disminuya sus posibilidades físicas y legales de realizar vuelos al servicio de su patrón.
Artículo 244. Son causas especiales de terminación o rescisión de las relaciones de trabajo:
II. Encontrarse el tripulante en estado de embriaguez, dentro de las veinticuatro horas anteriores a la iniciación del vuelo que tenga asignado o durante el transcurso del mismo;
III. Encontrarse el tripulante; en cualquier tiempo, bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes salvo lo dispuesto en el artículo 242, fracción II;
IV. La violación de las leyes en materia de importación o exportación de mercancías, en el desempeño de sus servicios;
V. La negativa del tripulante, sin causa justificada, a ejecutar vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento, o iniciar o proseguir el servicio de vuelo que le haya sido asignado;
VI. La negativa del tripulante a cursar los programas de adiestramiento que según las necesidades del servicio establezca el patrón, cuando sean indispensables para conservar o incrementar su eficiencia, para ascensos o para operar equipo con nuevas características técnicas;
VII. La ejecución, en el desempeño del trabajo, por parte del tripulante, de cualquier acto o la omisión intencional o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad o la de los miembros de la tripulación, de los pasajeros o de terceras personas, o que dañe, perjudique o ponga en peligro los bienes del patrón o de terceros; y
VIII. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 237 y la violación de la prohibición consignada en el artículo 242, fracción III.
Artículo 254. Queda prohibido a los trabajadores:
II. El consumo de narcóticos o drogas enervantes, salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar el servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico; y
III. El tráfico de drogas enervantes.
Artículo 258. Para determinar el salario de los días de descanso se aumentará el que perciban por el trabajo realizado en la semana, con un dieciséis punto sesenta y seis por ciento.
Artículo 261. Queda prohibido a los trabajadores:
II. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, sin prescripción médica. Antes de iniciar el servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico; y
III. Recibir carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa para esos fines.
II. Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes y demás normas de trabajo;
III. Cuidar el buen funcionamiento de los vehículos e informar al patrón de cualquier desperfecto que observen;
IV. Hacer durante el viaje las reparaciones de emergencia que les permita sus conocimientos, la herramienta y las refacciones de que dispongan. Si no es posible hacer las reparaciones, pero el vehículo puede continuar circulando, conducirlo hasta el poblado más próximo o hasta el lugar señalado para su reparación; y
V. Observar los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas que dicten las autoridades o el patrón.
II. Hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento del vehículo y la seguridad de los trabajadores, usuarios y público en general;
III. Dotar los vehículos de la herramienta y refacciones indispensables para las reparaciones de emergencia; y
IV. Observar las disposiciones de los reglamentos de tránsito sobre condiciones de funcionamiento y seguridad de los vehículos.
Capítulo VII
Trabajo de Maniobras de Servicio Público en
Zonas bajo Jurisdicción Federal
Artículo 268. Son patrones las empresas navieras y las de maniobras, los armadores y fletadores, los consignatarios, los agentes aduanales, demás personas que ordenen los trabajos.
Artículo 271. El salario se pagará directamente al trabajador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.
El pago hecho a organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, o a intermediarios, para que a su vez hagan el pago a los trabajadores, no libera de responsabilidad a los patrones.
Artículo 272. Los trabajadores tienen derecho a que el salario diario se aumente en un dieciséis punto sesenta y seis por ciento como salario del día de descanso.
Asimismo, se aumentará el salario diario, en la proporción que corresponda, para el pago de vacaciones.
Artículo 273. En la determinación de la antigüedad de los trabajadores, y del orden en que deben ser utilizados sus servicios, se observarán las normas siguientes:
II. En los contratos colectivos podrá establecerse la antigüedad de cada trabajador. El trabajador inconforme podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje que rectifique su antigüedad. Si no existen contratos colectivos o falta en ellos la determinación, la antigüedad se fijará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158; y
III. La distribución del trabajo se hará de conformidad con la antigüedad que corresponda a cada trabajador. En los contratos colectivos se determinarán las modalidades que se estime conveniente para la distribución del trabajo.
Artículo 276. Para el pago de indemnizaciones en los casos de riesgos de trabajo, se observarán las normas siguientes:
II. El patrón bajo cuya autoridad se prestó el trabajo, será responsable de los accidentes de trabajo; y III. Si se trata de enfermedades de trabajo; cada patrón que hubiese utilizado los servicios del trabajador durante 90 días, por lo menos, en los tres años anteriores a la fecha en que se determine el grado de incapacidad para el trabajo, contribuirá en la proporción en que hubiese utilizado los servicios.
Artículo 277. En los contratos colectivos podrá estipularse que los patrones cubran un porcentaje sobre los salarios, a fin de que se constituya un fondo de pensiones de jubilación o de invalidez que no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. En los estatutos del sindicato o en un reglamento especial aprobado por la asamblea, se determinarán los requisitos para el otorgamiento de las pensiones.
Las cantidades correspondientes se entregarán por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro Social y en caso de que éste no acepte, a la institución bancaria que se señale en el contrato colectivo. La institución cubrirá las pensiones previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Artículo 278. En los contratos colectivos podrá estipularse la constitución de un fondo afecto al pago de responsabilidades por concepto de pérdidas o averías. La cantidad correspondiente se entregará a la institución bancaria nacional que se señale en el contrato colectivo, la que cubrirá los pagos correspondientes por convenio entre el sindicato y el patrón, o mediante resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Alcanzado el monto del fondo, no se harán nuevas aportaciones, salvo para reponer las cantidades que se paguen.
Capítulo VIII
Trabajadores del Campo
Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan los trabajos propios y habituales de la agricultura, de la ganadería y forestales, al servicio de un patrón.
Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se regirán por las disposiciones generales de esta ley.
Artículo 280. Los trabajadores que tengan una permanencia continua de tres meses o más al servicio de un patrón tienen a su favor la presunción de ser trabajadores de planta.
Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, proporcionadas al número de familiares o dependientes económicos, y un terreno contiguo para la cría de animales de corral;
III. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias y convenientes;
IV. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal que los preste;
V. Proporcionar, a los trabajadores y a sus familiares asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También tendrán las obligaciones a que se refiere el artículo 504, fracción II;
VI. Proporcionar gratuitamente medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar el setenta y cinco por ciento de los salarios hasta por noventa días; y
VII. Permitir a los trabajadores dentro del predio:
a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos y sus animales de corral.
b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las disposiciones que determinan las leyes.
c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en perjuicio de los sembrados y cultivos.
d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales.
e) Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores.
f) Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares.
II. Impedir la entrada a los vendedores de mercancías o cobrarles alguna cuota; y
III. Impedir a los trabajadores que críen animales de corral dentro del predio contiguo a la habitación que se hubiese señalado a cada uno.
Capítulo X
Deportistas Profesionales
Artículo 300. Son obligaciones especiales de los patrones:
II. Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. No es aplicable a los deportistas profesionales la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 71.
Capítulo XI
Trabajadores Actores y Músicos
Artículo 310. Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores actores y músicos camerinos cómodos, higiénicos y seguros, en el local donde se preste el servicio.
Capítulo XII
Trabajo a Domicilio
Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.
Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en el párrafo anterior, se regirá por las disposiciones generales de esta ley.
Artículo 312. El convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas u objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón, y cualquier otro convenio u operación semejante, constituye trabajo a domicilio.
Artículo 313. Trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón.
Artículo 314. Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea que suministren o no los útiles o materiales de trabajo cualquiera que sea la forma de la remuneración.
Artículo 315. La simultaneidad de patrones no priva al trabajador a domicilio de los derechos que le concede este capítulo.
Artículo 317. Los patrones que den trabajo a domicilio deberán inscribirse previamente en el "Registro de Patrones de Trabajo a Domicilio", que funcionará en la Inspección del Trabajo. En el registro constará el nombre y el domicilio del patrón para el que se ejecutará el trabajo y los demás datos que señalen los reglamentos respectivos.
Artículo 318. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Cada una de las partes conservará un ejemplar y el otro será entregado a la Inspección del Trabajo. El escrito contendrá:
II. Local donde se ejecutará el trabajo;
III. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;
IV. Monto del salario y fecha y lugar de pago; y
V. Las demás estipulaciones que convengan las
partes.
Artículo 320. Los patrones están obligados a llevar un "libro de registro de trabajadores a domicilio", autorizado por la Inspección del Trabajo, en el que constarán los datos siguientes:
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y domicilio o local donde se ejecute el trabajo;
III. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;
IV. Materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionen al trabajador, valor de los mismos y forma de pago de los objetos perdidos o deteriorados por culpa del trabajador;
V. Forma y monto del salario; y
VI. Los demás datos que señalen los reglamentos:
Artículo 321. Los patrones entregarán gratuitamente a sus trabajadores a domicilio una libreta foliada y autorizada por la Inspección del Trabajo, que se denominará "libreta de trabajo a domicilio" y en la que se anotarán los datos a que se refieren las fracciones I, II y V del artículo anterior, y en cada ocasión que se proporcione trabajo, los mencionados en la fracción IV del mismo artículo.
La falta de libreta no priva al trabajador de los derechos que le correspondan de conformidad con las disposiciones de esta ley.
Artículo 324. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
II. Proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenidos;
III. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas estipuladas;
IV. Hacer constar en la libreta de cada trabajador, al momento de recibir el trabajo, las pérdidas o deficiencias que resulten, no pudiendo hacerse ninguna reclamación posterior; y
V. Proporcionar a los inspectores y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos los informes que les soliciten.
II. Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada;
III. Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos; y
IV. Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los materiales y útiles que reciban. La responsabilidad del trabajador a domicilio se rige por la disposición contenida en el artículo 110, fracción I.
Artículo 330. Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes:
II. Comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al día los "libros de registro de trabajadores a domicilio" y las "libretas de trabajo a domicilio";
III. Vigilar que la tarifa de salarios se fije en lugar visible de los locales en donde se reciba y proporcione el trabajo;
IV. Verificar si los salarios se pagan de acuerdo con la tarifa respectiva;
V. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al trabajador similar;
VI. Practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo, para vigilar que se cumplan las disposiciones sobre higiene y seguridad; y
VII. Informar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las diferencias de salarios que adviertan, en relación con los que se paguen a trabajadores que ejecuten trabajos similares.
Artículo 337. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
II. Proporcionar al trabajador un local cómodo e higiénico para dormir, una alimentación sana y satisfactoria y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; y
III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades correspondientes.
II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial; y
III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante seis meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por tres meses, o antes si se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial.
Artículo 340. Los trabajadores domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes:
II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa.
Artículo 343. El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y en cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, fracción IV, y 50.
Capítulo XIV
Trabajo en Hoteles, Restaurantes, Bares y Otros Establecimientos
Análogos
Artículo 346. Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este Capítulo en los términos del artículo 347.
Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas.
Capítulo X
Establecimientos Familiares
Artículo 351. Son establecimientos familiares los talleres o negocios en los que participan exclusivamente los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos.
Los establecimientos familiares podrán desarrollar cualquier clase de actividad de producción de bienes o de prestación de servicios, sin limitación derivada del número de personas que integren el establecimiento familiar.
Artículo 352. No se aplican a los establecimientos familiares las disposiciones de esta ley, con excepción de las normas relativas a la utilización del trabajo de los niños conforme a lo dispuesto en los artículos 22, 23 y el Título Quinto Bis, las relativas a higiene y seguridad, y en el caso de los pupilos y demás trabajadores ajenos a la familia.
Capítulo XVI
Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de
Adiestramiento en una Especialidad
Artículo 353-A. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:
II. Unidad médica receptora de residentes: El establecimiento hospitalario en el cual se pueden cumplir las residencias, que para los efectos de la Ley General de Salud, exige la especialización de los profesionales de la medicina;
III. Residencia: El conjunto de actividades que deba cumplir un médico residente en periodo de adiestramiento, para realizar estudios y prácticas de postgrado, respecto de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una unidad médica receptora de residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas.
I. Cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento, de acuerdo con el programa docente académico que esté vigente en la unidad médica receptora de residentes;
III. Cumplir las disposiciones internas de la unidad médica receptora de residentes de que se trate, en cuanto no contraríen las contenidas en esta ley;
IV. Asistir a las conferencias de teoría, sesiones clínicas, anatomoclínicas, clinicorradiológicas, bibliográficas y demás actividades académicas que se señalen como parte de los estudios de especialización;
V. Permanecer en la unidad médica receptora de residentes, en los términos del artículo siguiente; y
VI. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de conocimientos y destreza adquiridos, de acuerdo con las disposiciones académicas y normas administrativas de la unidad correspondiente.
II. La violación de las normas técnicas o administrativas necesarias para el funcionamiento de la unidad médica receptora de residentes en la que se efectúe la residencia;
III. La comisión de faltas a las normas de conducta propias de la profesión médica, consignadas en el reglamento interior de trabajo de la unidad médica receptora de residentes.
Artículo 353-O. Los sindicatos a que se refiere el artículo anterior deberán registrarse en el Registro Público correspondiente, según sea federal o local la ley que creó a la universidad o institución de que se trate.
Artículo 353-S. En las Juntas de Conciliación y Arbitraje, funcionarán Juntas Especiales que conocerán de los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y se integrarán con el presidente respectivo, el representante de cada universidad o institución y el representante de sus trabajadores académicos o administrativos que corresponda.
Título Séptimo
Relaciones Colectivas de Trabajo
Capítulo I
Coaliciones
Artículo 354. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones.
Artículo 355. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes.
Capítulo II
Sindicatos, Federaciones y Confederaciones
Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento defensa de sus respectivos intereses.
Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa.
Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga esta ley.
Artículo 360. Los sindicatos de trabajadores podrán determinar libremente su ámbito de agremiación. Entre otras posibilidades, podrán organizarse de cualquiera de las siguientes formas:
II. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas; y
III. Industriales, los formados por patrones de la misma rama industrial en una o varias entidades federativas.
Artículo 365. Los sindicatos de competencia federal en razón de la materia, deben registrarse en el Registro Público Federal de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos y los sindicatos de competencia local, incluyendo los nacionales de industria de esa materia, en el correspondiente Registro Público Local de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, a cuyo efecto remitirán por duplicado, manifestando bajo protesta de decir verdad que son veraces, los documentos siguientes:
I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva;
III. Copia autorizada de los estatutos; y
IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva.
A falta de alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, la autoridad registradora requerirá al solicitante a fin de que subsane dicha omisión.
Las resoluciones que emita la autoridad registradora en esta materia no admiten recurso ordinario alguno, por lo que no resultarán aplicables en estos casos los recursos administrativos previstos en leyes federales o locales.
Artículo 366. El registro podrá negarse únicamente:
II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364;
III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo anterior, y
Si el registro mencionado en el artículo 365, no resuelve dentro de un término de sesenta días, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligado, a solicitud hecha al efecto por el sindicato interesado, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva..
Artículo 367. Se deroga.
Artículo 368. El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por el registro competente, produce efectos ante todas las autoridades y ante terceros.
Artículo 369-Bis. La Junta correspondiente conocerá de la cancelación de registro a solicitud de:
II. Toda persona con interés jurídico.
III Bis. Ámbito de agremiación, libremente determinado por los integrantes del sindicato.
IV. a V. ...
VI. Obligaciones y derechos de los asociados. Entre sus derechos constará el de recibir constancia de registro, del estatuto y sus de sus reformas, de la constancia de actualización de la directiva y del texto del contrato colectivo vigente, si el sindicato ejerce la titularidad de éste, caso en el que además deberá fijarlo en el centro de trabajo en que laboren los afiliados.
VII.
VII Bis. Motivos y procedimientos de destitución de miembros de las mesas directivas, que podrán aplicarse por violaciones u omisiones graves, tales como el incumplimiento de la obligación consignada en el articulo 373, sujetándose al procedimiento establecido en la fracción VII de este articulo.
VII Ter. La forma de convocar a asamblea, para los casos previstos en la fracción anterior, se sujetara a lo contemplado en la fracción VIII de este artículo.
VIII.
IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros. Tratándose de elección de la directiva en todos sus niveles, el voto será siempre libre, universal, directo y secreto;
X. a XII.
XIII. Época de presentación de cuentas, así como procedimiento expedito ante las instancias internas de justicia sindical para que los afiliados consigan, ante la omisión de esta obligación, su debido cumplimiento.
XIV. y XV.
Artículo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Esta obligación no es dispensable.
Ante la omisión de la obligación consignada en el párrafo anterior, los miembros del sindicato, tendrán acción ante la Junta competente a efecto de que a través de los medios legalmente establecidos se subsane.
Artículo 376. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos.
Los miembros de la directiva que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos.
Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos:
II. Comunicar al Registro Público de Sindicatos y Contratos Colectivos que corresponda, dentro de un término de treinta días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas; y
III.
Si los estatutos determinan que los bienes se repartirán entre los agremiados, se entiende por éstos a quienes estén en activo hasta un año antes de la disolución.
Artículo 384. Las federaciones y confederaciones deben registrarse en el registro a que se refiere el artículo 365 de esta ley.
Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en el párrafo final del artículo 366.
Capítulo III
Contrato Colectivo de Trabajo
Artículo 386. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.
Artículo 387. El patrón deberá firmar contrato colectivo con el sindicato que determinen los trabajadores a su servicio, siempre que se cumpla con el procedimiento que establece el artículo 387 Bis. De lo contrario, el contrato que llegue a celebrarse será nulo de pleno derecho.
Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado en el artículo 450.
Artículo 387 Bis. Para la firma de un contrato colectivo de trabajo deberá cumplirse con el siguiente procedimiento:
1. El sindicato deberá presentar su solicitud por escrito y por duplicado ante el Registro Público de Organizaciones Sindicales y Depósito de Contratos Colectivos que corresponda;
2. El sindicato señalará el nombre o denominación y el domicilio del patron con el que pretende celebrar el contrato colectivo;
3. El Registro, bajo su más estricta responsabilidad, notificará al patron la solicitud de celebración de un contrato colectivo y lo apercibirá de las sanciones que establece esta Ley para que:
4. Exhiba por duplicado, en el término de cinco días, contados a partir de la notificación, una lista de los trabajadores que tenga a su servicio, con nombre completo y en orden alfabético por apellido, sexo, fecha de nacimiento, fecha de ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o a la institución de seguridad social que corresponda, puesto o cargo y lugar de trabajo, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que la información que proporciona es veraz; y
5. Dé a conocer a los trabajadores a su servicio, colocando en lugares visibles del centro de trabajo, dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la notificación, copias de la solicitud de firma de contrato colectivo. Informará del cumplimiento de este hecho al Registro en el mismo término de cinco días, bajo protesta de decir verdad.
6. El Registro, dentro de los tres días siguientes que reciba la solicitud, publicará en su Boletín un extracto de la solicitud sindical con los datos señalados en la fracción II de este artículo.
7. Cualquier sindicato, interesado en el procedimiento de firma, dispondrá de un término de cinco días, a partir de la fecha en que se dé a conocer a los trabajadores la solicitud de firma, para intervenir en el procedimiento y recuento correspondiente.
8. Recibida la lista a que se refiere el inciso a) de la fracción III, el registro dictará, dentro de los tres días siguientes, un acuerdo en el que señalará fecha, hora y lugar para realizar el recuento de los trabajadores aplicando, en lo conducente, las reglas previstas en el artículo 931;
VI. Se considerará triunfador al sindicato que obtenga mayoría relativa, siempre que la suma de votos emitidos represente al menos el 33 por ciento de los trabajadores con derecho a voto. En dicho caso el Registro hará la declaratoria correspondiente dentro de las 24 horas siguientes y mandará notificar personalmente a las partes.
VII. Para que el resultado del recuento sea adverso a la firma del contrato colectivo se requerirá, al menos, 66 por ciento de los trabajadores con derecho a voto. En ese caso, el Registro hará la declaratoria correspondiente, dentro de las 24 horas siguientes, y dispondrá el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, ordenando notificar personalmente a las partes.
Las resoluciones que emita la autoridad registradora en esta materia no admiten recurso ordinario alguno, por lo que no resultarán aplicables en estos casos los recursos administrativos previstos en leyes federales o locales
Artículo 388. Si dentro de la misma empresa concurren varios sindicatos que demanden la firma de un contrato colectivo o la titularidad de uno vigente, se observarán las normas siguientes:
IV. En caso de concurrencia sindical bajo cualquier otra modalidad organizativa, se aplicarán por analogía las reglas anteriores, garantizándose en todo caso el derecho de los trabajadores para determinar libremente la organización que represente sus intereses.
Artículo 389-A. Comete un acto de simulación jurídica la representación del sindicato que solicite la firma de contrato colectivo de trabajo o que reclame la titularidad de un contrato colectivo de trabajo y se desista de su solicitud o de su reclamación sin haber acreditado interés jurídico. Asimismo incurrirá en dicho ilícito la representación del sindicato que formule solicitud de firma de contrato colectivo o reclamación de titularidad con objeto de obstaculizar el procedimiento o impedir a los trabajadores el derecho de aceptar o no la celebración del contrato colectivo o el ejercicio de la libertad de asociación. Se presumirá que dichas conductas constituyen actos de simulación cuando el sindicato demandante no cuente con votos a su favor, salvo que exhiba con posterioridad al recuento, afiliaciones previas que acrediten su interés.
Comete un acto de simulación jurídica el patrón que falsee o altere el padrón contractual o la información que sirva de base para la determinación de los trabajadores con derecho a votar en los recuentos o consultas para la determinación de mayorías.
Cuando se presuma la comisión de actos de simulación jurídica el registro Público estará obligado a presentar la denuncia de hechos correspondiente.
Artículo 389-B. Cuando un sindicato pretenda la titularidad del contrato colectivo de trabajo, se seguirá el siguiente procedimiento:
II. Dentro de los cinco días siguientes de recibida la solicitud, y bajo su más estricta responsabilidad, el Registro publicará en su Boletín el escrito de pretensión de titularidad del contrato colectivo con los datos señalados en la fracción I. El sindicato titular procederá a dar contestación a la pretensión dentro del término de diez días.
III. La autoridad registradora correrá traslado del escrito de pretensión a la empresa y al sindicato titular para que procedan a dar contestación y manifiesten lo que a su derecho convenga, dentro del término de diez días;
IV. Cualquier otro sindicato interesado en disputar la titularidad deberá presentar su escrito de pretensión a la autoridad registradora, dentro del término de cinco días contados a partir del día en que el Registro publique el escrito de pretensión de titularidad, a efecto de que se le incluya como parte en el procedimiento.
V. Concluidos los términos anteriores, la autoridad registradora fijará día y hora para el desahogo de la prueba de recuento de los trabajadores, misma que se verificará aún cuando no haya solicitud de parte. Para estos efectos, resultarán aplicables, en lo conducente, las reglas previstas en el artículo 931 de esta Ley.
VI. El registro declarará la titularidad en favor del sindicato que en la prueba de recuento obtenga la mayor votación de los trabajadores asistentes al mismo.
Artículo 390. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, cumpliendo previamente las disposiciones del artículo 387 Bis, bajo pena de nulidad. Se hará por cuadruplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y dos al Registro correspondiente.
El registro se cerciorará del cumplimiento de los requisitos señalados en el párrafo anterior.
El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta
Las resoluciones que emita la autoridad registradora en esta materia no admiten recurso ordinario alguno, por lo que no resultarán aplicables en estos casos los recursos administrativos previstos en leyes federales o locales.
Artículo 391.
VI. Bis. El padrón contractual, integrado por los nombres completos ordenados alfabéticamente por el primer apellido, sexo, fecha de nacimiento, fecha de ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o la institución de seguridad social que corresponda, puesto de trabajo, domicilio del centro de trabajo en que se presta el servicio y salario en efectivo por cuota diaria, de los trabajadores a quienes se aplica. Este padrón deberá formularse por el patron y presentarse bajo protesta de decir verdad ante la autoridad registradora y deberá actualizarse por lo menos cada año. El padrón deberá fijarse visiblemente y difundirse en los lugares donde se preste el trabajo, para el debido conocimiento de los trabajadores. La omisión de esta obligación hace acreedor al patrón a las sanciones establecidas en esta ley.
El sindicato titular tiene derecho a exigir la actualización del padrón y los trabajadores interesados tienen derecho a exigir su inclusión en éste.
VII. a VIII.
VIII Bis. Disposiciones relativas a la productividad y al reparto de sus beneficios.
IX. y X.
Artículo 393. No producirá efectos de contrato colectivo el convenio al que falten la determinación de los salarios y el padrón contractual. Si faltan las estipulaciones sobre jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales.
Artículo 395. En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor, no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión.
Podrá también establecerse que el patrón separará del trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato contratante.
Artículo 398. En la revisión del contrato colectivo se observarán las normas siguientes:
II. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo menos; y
III. Si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los trabajadores afectados por el contrato, por lo menos.
II. Por terminación de la obra; y
III. En los casos del capítulo VIII de este Título, por cierre de la empresa o establecimiento, siempre que en este último caso, el contrato colectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento.
Capítulo IV
Contrato-Ley
Artículo 404. Contrato-ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patronesNcon objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y declarado obligatorio en una o varias Entidades Federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas Entidades, o en todo el territorio nacional.
Artículo 407. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se refiere a dos o más entidades federativas o a industrias de jurisdicción federal, o al gobernador del estado o jefe del Gobierno del Distrito Federal, si se trata de industrias de jurisdicción local.
Artículo 409. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el jefe del Gobierno del Distrito Federal, después de verificar el requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, convocará a una convención a los sindicatos de trabajadores a los patrones que puedan resultar afectados.
Artículo 411. La convención será presidida por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, o por el gobernador del estado o por el jefe del Gobierno del Distrito Federal, o por el representante que al efecto designen.
La convención formulará su reglamento e integrará las comisiones que juzgue conveniente.
Artículo 412. El contrato-ley contendrá:
II. La entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el territorio nacional;
III. Su duración, que no podrá exceder de dos años;
IV. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones IV, V, VI y IX;
V. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que se trate; y
VI. Las demás estipulaciones que convengan las partes.
Artículo 414. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores a que se refiere el artículo 406 y por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de trabajadores.
Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el Presidente de la República o el gobernador del estado o el jefe del Gobierno del Distrito Federal, lo publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato-ley en la rama de la industria considerada, para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la entidad o entidades federativas, en la zona o zonas que abarque o en todo el territorio nacional.
Artículo 415. Si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria, en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas, o en todo el territorio nacional, podrá ser elevado a la categoría de contrato-ley, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:
II. Los sindicatos de trabajadores y los patrones comprobarán que satisfacen el requisito de mayoría señalado en el artículo 406;
III. Los peticionarios acompañarán a su solicitud copia del contrato y señalarán la autoridad ante la que esté depositado;
IV. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial de la entidad federativa, y señalará un término no menor de quince días para que se formulen oposiciones;
V. Si no se formula oposición dentro del término señalado en la convocatoria, el Presidente de la República, el gobernador del estado o el jefe del Gobierno del Distrito Federal, declarará obligatorio el contrato-ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 414; y
VI. Si dentro del plazo señalado en la convocatoria se formula oposición, se observarán las normas siguientes:
a) Los trabajadores y los patrones dispondrán de un término de quince días para presentar por escrito sus observaciones, acompañadas de las pruebas que las justifiquen.
b) El presidente de la República, el gobernador del estado o el jefe del Gobierno del Distrito Federal, tomando en consideración los datos del expediente, podrá declarar la obligatoriedad del contrato-ley.
Artículo 418 Bis. Cuando un sindicato pretenda la administración del Contrato-Ley, se seguirá el procedimiento que establece el artículo 387 Bis en lo conducente.
Artículo 419. En la revisión del contrato-ley se observarán las normas siguientes:
II. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al jefe del Gobierno del Distrito Federal, 90 días antes del vencimiento del contrato-ley, por lo menos;
III. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, convocará a los sindicatos de trabajadores y a los patrones afectados a una convención, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 411; y
IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el jefe del Gobierno del Distrito Federal, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial de la entidad federativa.
Artículo 421. El contrato-ley terminará:
II. Si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, salvo que aquéllos ejerciten el derecho de huelga.
Artículo 422. Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento.
No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos.
Artículo 424. En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes:
I. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón;
II. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho días siguientes a su firma, lo depositará ante el Registro Público correspondiente;
III. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos, y a los contratos colectivos y contratos-ley;
IV. Los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo, podrán solicitar de la Junta se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo.
Capítulo VI
Modificación Colectiva de las Condiciones de
Trabajo
Artículo 426. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos-ley:
II. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo.
Capítulo VII
Suspensión Colectiva de las Relaciones de Trabajo
Artículo 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento:
II. La falta de materia prima, no imputable al patrón;
III. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado;
IV. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación;
V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón; y
VI. La falta de ministración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aquéllas sean indispensables.
Artículo 429. En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas siguientes:
II. Si se trata de las fracciones III a V, el patrón, previamente a la suspensión; deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica; y
III. Si se trata de las fracciones II y VI, el patrón, previamente a la suspensión, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 782 y siguientes.
Artículo 431. El sindicato y los trabajadores podrán solicitar cada seis meses de la Junta de Conciliación y Arbitraje que verifique si subsisten las causas que originaron la suspensión. Si la junta resuelve que no subsisten, fijará un término no mayor de 30 días, para la reanudación de los trabajos. Si el patrón no los reanuda, los trabajadores tendrán derecho a la indemnización señalada en el artículo 50.
Artículo 432. El patrón deberá anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de los trabajos. Dará aviso al sindicato, y llamará por los medios que sean adecuados, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a los trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decretada, y estará obligado a reponerlos en los puestos que ocupaban con anterioridad, siempre que se presenten dentro del plazo que fije el mismo patrón, que no podrá ser menor de treinta días, contado desde la fecha del último llamamiento.
Si el patrón no cumple las obligaciones consignadas en el párrafo anterior, los trabajadores podrán ejercitar las acciones a que se refiere el artículo 48.
Capítulo VIII
Terminación Colectiva de las Relaciones de
Trabajo
Artículo 434. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:
II. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación;
III. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva;
IV. Los casos del artículo 38; y
V. El concurso o la quiebra legalmente declarados, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos.
II. Si se trata de la fracción III, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 782 y siguientes; y
III. Si se trata de la fracción II, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica.
Artículo 438. Si el patrón reanuda las actividades de su empresa o crea una semejante, tendrá las obligaciones señaladas en el artículo 154.
Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable, en el caso de que se reanuden los trabajos de la empresa declarada en estado de concurso o quiebra.
Artículo 439. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos, que traigan como consecuencia la reducción de personal, a falta de convenio, el patrón deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 y siguientes. Los trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización de cuatro meses de salario, más veinte días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo si fuese mayor y a la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162.
Título Octavo
Huelgas
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 446. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón.
Capítulo II
Objetivos y Procedimientos de Huelga
Artículo 450. La huelga deberá tener por objeto:
II. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título Séptimo;
III. Obtener de los patrones la celebración del contrato-ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Séptimo;
IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato-ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado;
V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades;
VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores; y VII. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399-Bis y 419-Bis.
II. Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores;
III. Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes; y
IV. Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión.
Artículo 488. El patrón queda exceptuado de las obligaciones que determina el artículo anterior, en los casos y con las modalidades siguientes:
II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el médico;
III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona; y
IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio.
Artículo 489. No libera al patrón de responsabilidad:
II. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador; y
III. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona.
II. Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición;
III. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones, o por las autoridades del trabajo;
IV. Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo; y
V. Si concurren circunstancias análogas, de la misma gravedad a las mencionadas en las fracciones anteriores.
Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en aptitud de volver al trabajo, él mismo o el patrón podrán pedir, en vista de los certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización o procede declarar su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes podrán repetirse cada tres meses. El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho.
Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador.
Artículo 494. El patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda a la incapacidad permanente total aunque se reúnan más de dos incapacidades.
Artículo 497. Dentro de los dos años siguientes al en que se hubiese fijado el grado de incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar la revisión del grado, si se comprueba una agravación o una atenuación posterior.
Artículo 498. El patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo, si está capacitado, siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad.
No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador recibió la indemnización por incapacidad permanente total.
Artículo 499. Si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero sí algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo, de conformidad con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo.
Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes:
II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior;
III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios;
IV. El inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje;
V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización;
VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y
VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron.
II. Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una enfermería, dotada con los medicamentos y material de curación necesarios para la atención médica y quirúrgica de urgencia.
Estará atendida por personal competente, bajo la dirección de un médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida atención médica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población u hospital en donde pueda atenderse a su curación;
III. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar un hospital, con el personal médico y auxiliar necesario;
IV. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar contratos con sanatorios u hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el establecimiento o a una distancia que permita el traslado rápido y cómodo de los trabajadores, para que presten los servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores;
V. Dar aviso escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al inspector del Trabajo y a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes, de los accidentes que ocurran, proporcionando los siguientes datos y elementos:
a) Nombre y domicilio de la empresa;
b) Nombre y domicilio del trabajador; así como
su puesto o categoría y el monto de su salario;
c) Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta
de los hechos;
d) Nombre y domicilio de las personas que presenciaron
el accidente; y
e) Lugar en que se presta o haya prestado atención
médica al accidentado.
VI. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgos de trabajo, dar aviso escrito a las autoridades que menciona la fracción anterior, proporcionando, además de los datos y elementos que señala dicha fracción, el nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización correspondiente.
Artículo 507. El trabajador que rehúse con justa causa recibir la atención médica y quirúrgica que le proporcione el patrón, no perderá los derechos que otorga este título.
Artículo 508. La causa de la muerte por riesgo de trabajo podrá comprobarse con los datos que resulten de la autopsia, cuando se practique, o por cualquier otro medio que permita determinarla.
Si se practica la autopsia, los presuntos beneficiarios podrán designar un médico que la presencie. Podrán igualmente designar un médico que la practique, dando aviso a la autoridad.
El patrón podrá designar un médico que presencie la autopsia.
Artículo 509. En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuesta por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, conforme a lo dispuesto en el Reglamento y en la norma oficial mexicana correspondiente. Dichas comisiones tendrán por objeto identificar condiciones inseguras de trabajo; investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo; proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan.
En las empresas clasificadas en el índice más bajo de riesgos de trabajo por el Instituto Mexicano del Seguro Social, se organizará una comisión integrada por un representante de los trabajadores y uno de los patrones.
Artículo 511. Los inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes:
II. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran; y
III. Colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre prevención de riesgos, higiene y salubridad.
Artículo 512-B. En cada entidad federativa se constituirá una comisión consultiva estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuya finalidad será la de estudiar y proponer la adopción de todas aquellas medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo comprendidos en su jurisdicción.
Dichas comisiones consultivas estatales serán presididas por los gobernadores de las entidades federativas respectivas y por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y en su integración participarán también representantes de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social; así como los que designen las organizaciones de trabajadores y de patrones a las que convoquen, conjuntamente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador de la Entidad correspondiente y por el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante la comisión consultiva estatal respectiva, fungirá como secretario de ésta.
Artículo 512-D. Los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las autoridades del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones de esta ley, de sus reglamentos o de los instructivos que con base en ellos expidan las autoridades competentes. Si transcurrido el plazo que se les conceda para tal efecto, no se han efectuado las modificaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procederá a sancionar al patrón infractor, con apercibimiento de sanción mayor en caso de no cumplir la orden dentro del nuevo plazo que se le otorgue.
Si aplicadas las sanciones a que se hace referencia anteriormente, subsistiera la irregularidad, la Secretaría, tomando en cuenta la naturaleza de las modificaciones ordenadas y el grado de riesgo, podrá clausurar parcial o totalmente el centro de trabajo hasta que se dé cumplimiento a la obligación respectiva, oyendo previamente la opinión de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene correspondiente, sin perjuicio de que la propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla con dicha obligación.
Cuando la Secretaría del Trabajo determine la clausura, parcial o total, lo notificará por escrito, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la clausura, al patrón y a los representantes del sindicato. Si los trabajadores no están sindicalizados, el aviso se notificará por escrito a los representantes de éstos ante la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.
Artículo 512-E. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la coordinación necesaria con la Secretaría de Salud y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la elaboración de programas el desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidentes enfermedades de trabajo.
Título Décimo
Prescripción
Artículo 517. Prescriben en un mes:
II. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo.
En los casos de la fracción II, la prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación.
Artículo 519. Prescriben en dos años:
II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y
III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas.
Título Undécimo
Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 523. La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones:
II. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública;
III. A las autoridades de las entidades federativas, y a sus direcciones o departamentos de trabajo;
IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo;
V. Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento;
VI. A la Inspección del Trabajo;
VII. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos;
VIII. A la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas;
IX. Se suprime;
X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje;
XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje;
XII. Al Jurado de Responsabilidades;
XIII. Al Registro Público Federal de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos y
XIV. A los Registros Públicos Locales de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos.
Artículo 526. Compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la intervención que le señala el Título Tercero, Capítulo VIII; y a la Secretaría de Educación Pública, la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que esta ley impone a los patrones en materia educativa e intervenir coordinadamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV de este título.
Capítulo II
Competencia Constitucional de las Autoridades del
Trabajo
Artículo 527. La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de:
1. Textil;
2. Eléctrica;
3. Cinematográfica;
4. Hulera;
5. Azucarera;
6. Minera;
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos y el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero en todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;
8. De hidrocarburos;
9. Petroquímica;
10. Cementera,
11. Calera;
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas
o eléctricas;
13. Química, incluyendo la química farmacéutica
y medicamentos;
14. De celulosa y papel;
15. De aceites y grasas vegetales;
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;
17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas
o que se destinen a ello;
18. Ferrocarrilera;
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera;
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado o de envases de vidrio;
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco.
22. Servicios de banca y crédito.
II. Empresas:
1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal;
2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato, permiso, autorización o concesión federal y las industrias que les sean conexas; y
3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación.
Artículo 529. En los casos no previstos en los artículos 537 y 528, la aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 527-A, las autoridades de las entidades federativas deberán:
II. Participar en la integración y funcionamiento del respectivo Consejo Consultivo Estatal de Servicio Nacional de Empleo;
III. Participar en la integración y funcionamiento de la correspondiente Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo;
IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las violaciones que cometan los patrones en materia de seguridad y de higiene y de capacitación y adiestramiento e intervenir en la ejecución de las medidas que se adopten para sancionar tales violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas o establecimientos sujetos a jurisdicción local;
V. Coadyuvar con los correspondientes comités nacionales de productividad y capacitación;
VI. Auxiliar en la realización de los trámites relativos a constancias de habilidades laborales; y
VII. Previa determinación general o solicitud específica de las autoridades federales, adoptar otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en los aspectos concernientes a tal determinación o solicitud.
Capítulo III
Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Artículo 531. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un procurador general y con el número de procuradores auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses de los trabajadores. Los nombramientos se harán por el secretario del Trabajo y Previsión Social, por los gobernadores de los estados o por el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Capítulo IV
Del Servicio Nacional del Empleo, Capacitación
y Adiestramiento
Artículo 537. El Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento tendrá los siguientes objetivos:
II. Promover y supervisar la colocación de los trabajadores;
III. Organizar, promover y supervisar políticas, técnicas, estrategias y programas dirigidos a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; y
IV. Vincular la formación laboral y profesional con la demanda estratégica del sector productivo; y
V. Registrar las constancias de habilidades laborales.
a) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la mano de obra rural y de la urbana;
b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, estimando su volumen y sentido de crecimiento;
c) Formular y actualizar permanentemente el Catálogo Nacional de Ocupaciones, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública;
d) Promover, directa o indirectamente, el aumento de las oportunidades de empleo;
e) Practicar estudios y formular planes y proyectos para impulsar la ocupación en el país, así como procurar su correcta ejecución;
f) Proponer lineamientos para orientar la formación profesional hacia las áreas con mayor demanda de mano de obra;
g) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo entre la Federación y las entidades federativas; y
h) En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos encomienden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.
II. En materia de incorporación de trabajadores al empleo:
a) Encauzar a los demandantes de trabajo hacia las personas que requieran sus servicios, dirigiendo a los solicitantes más adecuados, por su preparación y aptitudes, hacia los empleos que les resulten idóneos;
b) Autorizar y registrar, en su caso, el funcionamiento de agencias privadas que se dediquen a la colocación de personas;
c) Vigilar que las entidades privadas a que alude el inciso anterior cumplan las obligaciones que les impongan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de las autoridades laborales;
d) Intervenir, en coordinación con las Secretarías de Gobernación, Economía y de Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en la contratación de los nacionales que vayan a prestar sus servicios en el extranjero o de extranjeros que vengan a prestar sus servicios en el territorio nacional.
e) Proponer la celebración de convenios en materia de colocación de trabajadores entre la Federación y las entidades federativas; y
f) En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos encomienden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.
III. En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores:
a) Vigilar, bajo su responsabilidad que los empleadores cumplan con la obligación impartir capacitación a sus trabajadores y aprobar los planes y programas de capacitación.
b) Emitir convocatorias para formar comités nacionales de productividad y capacitación en las ramas industriales o actividades en que lo juzgue conveniente, así como fijar las bases relativas a la integración y el funcionamiento de dichos comités;
c) Estudiar y, en su caso, sugerir, en relación con cada rama industrial o actividad, la expedición de criterios generales idóneos para los planes y programas de capacitación y adiestramiento, oyendo la opinión del Comité Nacional de Productividad y Capacitación que corresponda;
d) Se suprime.
e) Se suprime.
f) Estudiar y sugerir el establecimiento de sistemas generales que permitan capacitar o adiestrar a los trabajadores, conforme al procedimiento de adhesión convencional a que se refiere el artículo 153-B;
g) Dictaminar sobre las sanciones que deban imponerse por infracciones a las normas contenidas en el Capítulo III-Bis del Título Cuarto;
h) Establecer coordinación con la Secretaría de Educación Pública para sugerir, promover y organizar planes o programas sobre capacitación y adiestramiento para el trabajo y, en su caso, para la expedición de certificados, conforme a lo dispuesto en esta ley, en los ordenamientos educativos y demás disposiciones en vigor; e
i) En general, realizar todas las que las leyes y los reglamentos encomienden a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.
IV. Se suprime.
Por el sector público, participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Energía y del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Los representantes de las organizaciones obreras y los de los patrones serán designados conforme a las bases que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El Consejo Consultivo será presidido por el secretario del Trabajo y Previsión Social, fungirá como secretario del mismo el funcionario que determine el titular de la propia Secretaría y su funcionamiento se regirá por el reglamento que expida el propio Consejo.
Artículo 539-B. Cuando se trate de empresas o establecimientos sujetos a jurisdicción local y para la realización de las actividades a que se contraen las fracciones III y IV del artículo 539, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será asesorada por consejos consultivos estatales del Servicio Nacional de Empleo.
Los consejos consultivos estatales del Servicio Nacional de Empleo estarán formados por el gobernador de la entidad federativa correspondiente, quien los presidirá; sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Mexicano del Seguro Social; tres representantes de las organizaciones locales de trabajadores; y tres representantes de las organizaciones de los patrones de la entidad. El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fungirá como secretario del Consejo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el gobernador de la entidad federativa que corresponda expedirán, conjuntamente, las bases conforme a las cuales deban designarse los representantes de los trabajadores y de los patrones en los consejos consultivos mencionados y formularán, al efecto, las invitaciones que se requieran.
Los consejos consultivos se sujetarán, por lo que se refiere a su funcionamiento interno, al reglamento que al efecto expida cada una de ellos.
Artículo 539-E. Podrán participar en la prestación del servicio a que se refiere el artículo anterior otras dependencias oficiales, instituciones docentes, organizaciones sindicales o de los patrones, instituciones de beneficencia y demás asociaciones civiles que no persigan fines de lucro. En estos casos, lo harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para fines de registro y control y para que esté en posibilidad de coordinar las acciones en la materia.
Capítulo V
Inspección del Trabajo
Artículo 540. La inspección del trabajo tiene las funciones siguientes:
II. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo;
III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones de las normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos;
IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue convenientes para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones; y
V. Las demás que le confieran las leyes.
II. Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o nocturno, previa identificación;
III. Interrogar, solos o ante testigos, a los trabajadores y patrones sobre cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo;
IV. Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos a que obliguen las normas de trabajo;
V. Sugerir que se corrijan las violaciones de las condiciones de trabajo;
VI. Sugerir que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de los trabajadores, y la adopción de las medidas de aplicación inmediata en caso de peligro inminente;
VII. Examinar las sustancias y los materiales utilizados en las empresas y establecimientos cuando se trate de trabajos peligrosos; y
VIII. Los demás que les confieran las leyes.
Artículo 542. Los inspectores del Trabajo tienen las obligaciones siguientes:
II. Inspeccionar periódicamente las empresas y los establecimientos;
III. Practicar inspecciones extraordinarias cuando sean requeridos por sus superiores o cuando reciban alguna denuncia respecto a violaciones de las normas de trabajo;
IV. Levantar acta de cada inspección que practiquen, con intervención de los trabajadores y del patrón, haciendo constar las deficiencias y violaciones de las normas de trabajo; y entregar una copia a las partes que hayan intervenido y turnarla a la autoridad que corresponda; y
V. Las demás que les impongan las leyes.
II. Revelar los secretos industriales o comerciales y los procedimientos de fabricación y explotación de que se enteren en el ejercicio de sus funciones; y
III. Representar o patrocinar a los trabajadores o a los patrones en los conflictos de trabajo.
Artículo 546. Para ser inspector del Trabajo se requiere:
II. Haber terminado la educación secundaria;
III. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones;
IV. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus funciones;
V. No pertenecer al estado eclesiástico; y
VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal.
Artículo 547. Son causas especiales de responsabilidad de los inspectores del Trabajo.
I. No practicar las inspecciones a que se refiere el artículo 542, fracciones II y III;
II. Asentar hechos falsos en las actas que levanten;
III. La violación de las prohibiciones a que se refiere el artículo 544;
IV. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de los trabajadores o de los patrones;
V. No cumplir las órdenes recibidas de su superior jerárquico; y
VI. No denunciar ante el Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que omita el pago o haya dejado de pagar el salario mínimo general a un trabajador a su servicio.
Artículo 549. En la imposición de las sanciones se observarán las normas siguientes:
II. El director general podrá imponer las sanciones señaladas en el artículo anterior, fracciones I y II;
III. Cuando a juicio del director general la sanción aplicable sea la destitución, dará cuenta al secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al jefe de Gobierno del Distrito Federal para su decisión.
Capítulo VI
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Artículo 554. El Consejo de Representantes se integrará:
II. Con un número igual, no menor de 5 ni mayor de 15, de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los patrones, designados cada cuatro años, de conformidad con la convocatoria que al efecto expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si los trabajadores o los patrones no hacen la designación de sus representantes, la hará la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debiendo recaer en trabajadores o patrones; y
III. El Consejo de Representantes deberá quedar integrado el 1º de julio del año que corresponda, a más tardar.
Artículo 556. Los representantes de los trabajadores y los de los patrones deberán satisfacer los requisitos siguientes:
II. No pertenecer al estado eclesiástico; y
III. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal.
II. Con el número de asesores técnicos que nombre la misma Secretaría; y
III. Con un número igual, determinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de asesores técnicos auxiliares, designados por los representantes de los trabajadores y los de los patrones. Estos asesores disfrutarán, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, de la misma retribución que se pague a los nombrados por la Secretaría del Trabajo Previsión Social.
Artículo 562. Para cumplir las atribuciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la Dirección Técnica deberá:
a) La situación económica general del país.
b) Los cambios de mayor importancia que se hayan observado
en las diversas actividades económicas.
c) Las variaciones del costo de la vida por familia.
d) Las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras
salariales;
II. Realizar periódicamente las investigaciones y los estudios necesarios para determinar:
a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de cada familia, entre otras: las de orden material, como la habitación, menaje de casa, alimentación, vestido y transporte; las de carácter social y cultural, como concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; y las relacionadas con la educación de los hijos.
b) Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo;
III. Solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones oficiales, federales y estatales, y de las particulares que se ocupen de problemas económicos, como los institutos de investigaciones sociales y económicas, las organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras instituciones semejantes;
IV. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los trabajadores y los patrones; y
V. Preparar un informe de las investigaciones y estudios que hubiese efectuado y de los presentados por los trabajadores y los patrones y someterlo a la consideración del Consejo de Representantes.
Artículo 565. Las comisiones consultivas se integrarán de conformidad con las disposiciones siguientes:
II. Con un número igual de representantes de los trabajadores y de los patrones, no menor de tres ni mayor de cinco, designados de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Título Decimotercero de esta ley;
III. Con los asesores técnicos y especialistas que se considere conveniente, designados por el Presidente de la Comisión Nacional; y
IV. Con un Secretariado Técnico.
Artículo 567. Las comisiones consultivas tendrán los deberes y las atribuciones siguientes:
II. Aprobar el plan de trabajo que formule el Secretariado Técnico y solicitarle, en su caso, la realización de investigaciones y estudios complementarios;
III. Practicar directamente las investigaciones que juzguen pertinentes para el mejor cumplimiento de su función;
IV. Solicitar directamente, cuando lo juzguen conveniente, los informes y estudios a que se refiere el artículo 562, fracción III;
V. Solicitar la opinión de organizaciones de trabajadores, de patrones y, en general, de cualquier entidad pública o privada;
VI. Recibir las sugerencias y estudios que les presenten los trabajadores, los patrones y, en general, cualquier entidad pública o privada;
VII. Allegarse de todos los elementos que juzguen necesarios y apropiados para el cumplimiento de su objeto;
VIII. Emitir un informe con las opiniones y recomendaciones que juzguen pertinentes en relación con las materias de su competencia; y
IX. Los demás que les confieran las leyes.
Artículo 569. El Secretariado Técnico de la Comisión Consultiva tendrá los deberes y las atribuciones siguientes:
II. Solicitar toda clase de informes y estudios de dependencias e instituciones oficiales y entidades públicas y privadas relacionadas con la materia objeto de sus trabajos;
III. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los trabajadores y los patrones;
IV. Allegarse de todos los demás elementos que juzgue necesarios o apropiados;
V. Preparar los documentos de trabajo e informes que requiera la Comisión;
VI. Preparar un informe final, que deberá contener los resultados de las investigaciones y estudios efectuados y un resumen de las sugerencias y estudios de los trabajadores y de los patrones, y someterlo a la consideración de la Comisión Consultiva; y
VII. Los demás que le confieran las leyes.
Artículo 570. Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el 1 de enero del año siguiente.
Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen:
II. A solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por los sindicatos, federaciones y confederaciones que representen 51 por ciento de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, o por los patrones que tengan a su servicio a por lo menos dicho porcentaje de trabajadores.
b) La solicitud contendrá una exposición de los fundamentos que la justifiquen y podrá acompañarse de los estudios y documentos que correspondan.
c) El secretario del Trabajo y Previsión Social, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que reciba la solicitud correspondiente y previa certificación de la mayoría a que se refiere el inciso a) de este artículo, la hará llegar al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con los estudios y documentos que la acompañen.
II. La Dirección Técnica presentará a la consideración del Consejo de Representantes, a más tardar el último día de noviembre, el informe a que se refiere la fracción V del artículo 562 de esta ley;
III. El Consejo de Representantes, durante diciembre y antes del último día hábil del mismo mes, dictará resolución en la que fije los salarios mínimos, después de estudiar el informe de la Dirección Técnica y las opiniones, estudios e investigaciones presentadas por los trabajadores y los patrones. Para tal efecto, podrá realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue convenientes y solicitar a la Dirección Técnica información complementaria;
IV. La Comisión Nacional expresará en su resolución los fundamentos que la justifiquen; y
V. Dictada la resolución, el Presidente de la Comisión ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la que deberá hacerse a más tardar el 31 de diciembre.
II. La Dirección Técnica dispondrá de un término de cinco días, contados a partir de la fecha en que hubiera sido instruida por el Presidente de la Comisión Nacional, para elaborar el informe a que se refiere la fracción anterior y hacerlo llegar al Consejo de Representantes, por conducto del Presidente de la Comisión;
III. El Consejo de Representantes, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que reciba el informe de la Dirección Técnica, dictará la resolución que corresponda fijando, en su caso, los salarios mínimos que deban establecerse;
IV. La resolución de la Comisión Nacional establecerá la fecha en que deba iniciarse la vigencia de los nuevos salarios mínimos que se fijen, la cual no podrá ser posterior a 10 días, contados a partir de la fecha en que se emita la resolución; y
V. El presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ordenará la publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se haya emitido.
II. Si uno o más representantes de los trabajadores o de los patrones deja de concurrir a alguna sesión, se llamará a los suplentes; si éstos no concurren a la sesión para la que fueron llamados, el Presidente de la Comisión dará cuenta al secretario del Trabajo y Previsión Social para que haga la designación de la persona o personas que deban integrar la Comisión en sustitución de los faltistas;
III. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, los votos de los ausentes se sumarán al del presidente de la Comisión; y
IV. De cada sesión se levantará un acta, que suscribirán el presidente y el secretario.
Capítulo IX
Comisión Nacional para la Participación
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas
Artículo 579. El Consejo de Representantes se integrará:
II. Con un número igual, no menor de dos ni mayor de cinco, de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los patrones, designados de conformidad con la convocatoria que al efecto expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si los trabajadores y los patrones no hacen la designación de representantes, la secretaría hará las designaciones correspondientes, que deberán recaer en trabajadores o en patrones.
Los representantes de los trabajadores y los de los patrones a que se refiere la fracción II del artículo anterior deberán satisfacer los requisitos señalados en el artículo 556.
Artículo 581. El Consejo de Representantes tiene los deberes y las atribuciones siguientes:
II. Aprobar el plan de trabajo de la Dirección Técnica y solicitar de la misma que efectúe investigaciones y estudios complementarios;
III. Practicar y realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue conveniente para el mejor cumplimiento de su función;
IV. Solicitar directamente, cuando lo juzgue conveniente, los informes y estudios a que se refiere el artículo 584, fracción II;
V. Solicitar la opinión de las asociaciones de trabajadores y de patrones;
VI. Recibir las sugerencias y los estudios que le presenten los trabajadores y los patrones;
VII. Designar una o varias comisiones o técnicos para que practiquen investigaciones y estudios especiales;
VIII. Allegarse de todos los demás elementos que juzgue necesarios o apropiados;
IX. Determinar y revisar el porcentaje que deba corresponder a los trabajadores en las utilidades de las empresas; y
X. Los demás que le confieran las leyes.
II. Con el número de asesores técnicos que nombre la secretaría; y
III. Con un número igual, determinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de asesores técnicos auxiliares, designados por los representantes de los trabajadores y los de los patrones. Estos asesores disfrutarán, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, de la misma retribución que se pague a los nombrados por la Secretaría.
II. Solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones oficiales, federales o estatales, y de las particulares que se ocupen de problemas económicos, como los institutos de investigaciones sociales y económicas, las organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras instituciones semejantes;
III. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los trabajadores y los patrones;
IV. Allegarse de todos los demás elementos que juzgue necesarios o apropiados;
V. Preparar un informe, que debe contener los resultados de las investigaciones y estudios efectuados y un resumen de las sugerencias y estudios de los trabajadores y de los patrones, y someterlo a la consideración del Consejo de Representantes; y
VI. Los demás que le confieran las leyes.
II. La Comisión dispondrá del término de ocho meses para que la Dirección Técnica desarrolle el plan de trabajo aprobado por el Consejo de Representantes y para que éste cumpla las atribuciones señaladas en el artículo 581, fracciones III a VIII;
III. El Consejo de Representantes dictará la resolución dentro del mes siguiente;
IV. La resolución expresará los fundamentos que la justifiquen. El Consejo de Representantes tomará en consideración lo dispuesto en el artículo 118, el informe de la Dirección Técnica, las investigaciones y estudios que hubiese efectuado y las sugerencias y estudios presentados por los trabajadores y los patrones;
V. La resolución fijará el porcentaje que deba corresponder a los trabajadores sobre la renta gravable, sin hacer ninguna deducción ni establecer diferencias entre las empresas; y
VI. El presidente ordenará se publique la resolución en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los cinco días siguientes.
II. A solicitud de los sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores o de los patrones, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por los sindicatos, federaciones o confederaciones que representen cincuenta y uno por ciento de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, o por los patrones que tengan a su servicio dicho porcentaje de trabajadores.
b) La solicitud contendrá una exposición de las causas y los fundamentos que la justifiquen e irá acompañada de los estudios y documentos correspondientes.
c) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de los noventa días siguientes, verificará el requisito de la mayoría.
d) Verificado dicho requisito, la misma Secretaría, dentro de los treinta días siguientes, convocará a los trabajadores y a los patrones para la elección de sus representantes.
Capítulo X
Juntas Federales de Conciliación
Artículos 591 a 560. Se suprimen
Capítulo XI
Juntas Locales de Conciliación
Artículos 601 a 603. Se suprimen.
Capítulo XII
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
Artículo 604. Corresponden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el ámbito de su competencia, el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas.
Artículo 605. La Junta se integrará con un representante del gobierno y con representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Habrá un secretario general de Acuerdos y, de ser necesario, otros secretarios generales y secretarios auxiliares, según se juzgue conveniente, de conformidad con lo que disponga el Reglamento Interior de la Junta.
Artículo 605-Bis. El secretario general de Acuerdos actuará como secretario técnico del Pleno. Es el encargado de formular el orden del día que determine el Presidente y de levantar el acta de la sesión, que será aprobada antes de su terminación.
El secretario general de Acuerdos es el auxiliar del Presidente en las funciones que le competen y lo sustituirá en los casos y términos del artículo 613.
Los secretarios generales de la Junta son los encargados de organizar, vigilar y evaluar el desarrollo, resolución y control oportuno y eficiente de los procedimientos jurisdiccionales que se tramiten en las Juntas Especiales a su cargo.
Los auxiliares adscritos a los secretarios generales son los encargados de vigilar la tramitación de los juicios que sean de su conocimiento, dictando en tiempo y forma, bajo su responsabilidad, los acuerdos que procedan a fin de no paralizar el procedimiento.
En el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se establecerán las competencias y responsabilidades respectivas.
Artículo 606. La Junta funcionará en Pleno o en Juntas Especiales, de conformidad con la clasificación de las ramas de la industria y de las actividades a que se refiere el artículo 605.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá establecer Juntas Especiales, fijando el lugar de su residencia y su competencia territorial.
Las Juntas Especiales establecidas fuera de la capital de la República, conforme al párrafo anterior, quedarán integradas en su funcionamiento y régimen jurídico a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, correspondiéndoles el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria y actividades de la competencia federal, comprendidas en la jurisdicción territorial que se les asigne, con excepción de los conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho del trabajador, cuando así convenga a sus intereses, a concurrir directamente a la Junta Federal de Conciliación Arbitraje.
Artículo 607. El pleno se integrará con el presidente de la junta y con la mayoría de los representantes de los trabajadores y de los patrones ante las Juntas Especiales del Distrito Federal. El secretario general de Acuerdos fungirá como secretario general de dicho Pleno.
Artículo 608. Cuando un conflicto afecte dos o más ramas de la industria o de las actividades representadas en la junta, ésta se integrará con el Presidente de la misma y con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones.
Artículo 609. Las Juntas Especiales se integrarán:
II. Con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones.
II. Personalidad;
III. Nulidad de actuaciones;
IV. Sustitución de patrón;
V. En los casos del artículo 772 de esta ley; y
VI. Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, en la que designe perito y en la que ordene la práctica de diligencias a que se refiere el artículo 806.
II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber tenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;
III. Tener cinco años de ejercicio profesional, posteriores a la fecha de adquisición del título a que se refiere la fracción anterior;
IV. Tener experiencia en la materia y haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y de la seguridad social;
V. No pertenecer al estado eclesiástico; y
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad.
Artículo 614. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes:
II. Conocer y resolver los conflictos de trabajo cuando afecten la totalidad de las ramas de la industria y de las actividades representadas en la Junta;
III. Conocer del recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones dictadas por el Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno;
IV. Uniformar los criterios de resolución de la Junta, cuando las Juntas Especiales sustenten tesis contradictorias;
V. Se suprime.
VI. Informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las deficiencias que observe en el funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y
VII. Las demás que le confieran las leyes.
II. Los presidentes de las juntas especiales serán citados a la sesión y tendrán voz informativa. Los representantes de las Juntas Especiales radicadas fuera del Distrito Federal podrán participar como invitados en las sesiones; o bien, formular sus propuestas por escrito, las que se incluirán en el orden del día que corresponda;
III. Se suprime;
IV. Las resoluciones del Pleno deberán ser aprobadas por la mitad más uno de sus miembros asistentes;
V. Las decisiones del Pleno que uniformen el criterio de resolución serán obligatorias para todas las Juntas Especiales;
VI. Las mismas resoluciones podrán revisarse en cualquier tiempo a solicitud de cincuenta y uno por ciento de los representantes de los trabajadores o de los patrones, de cincuenta y uno por ciento de los presidentes de las juntas especiales o del presidente de la junta; y
VII. El pleno publicará un boletín cada tres meses, por lo menos, con el criterio uniformado y con los laudos del pleno de las juntas especiales que juzgue conveniente.
II. Se suprime;
III. Practicar la investigación y dictar las resoluciones a que se refiere el artículo 503;
IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos;
V. Recibir en depósito los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo. Decretado el depósito se remitirá el expediente al archivo de la Junta; y
VI. Las demás que les confieran las leyes.
II. Presidir el pleno;
III. Presidir las juntas especiales en los casos de los artículos 608 y 609, fracción I;
IV. Ejecutar los laudos dictados por el pleno y por las juntas especiales en los casos señalados en la fracción anterior;
V. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes;
VI. Cumplimentar los exhortos o turnarlos a los presidentes de las juntas especiales;
VII. Rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las resoluciones dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida;
VIII. Conocer y resolver de las providencias cautelares que se promuevan en los conflictos colectivos;
IX. Establecer los lineamientos para el sistema de formación, capacitación y actualización jurídica del personal que integra la junta; y
X. Las demás que le confieran las leyes.
II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la junta especial;
III. Conocer y resolver las providencias cautelares;
IV. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos y de las providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes;
V. Cumplimentar los exhortos que les sean turnados por el presidente de la junta;
VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las resoluciones dictados por la junta especial;
VII. Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y
VIII. Las demás que les confieran las leyes.
II. Dar fe de las actuaciones de la junta en el ámbito de su competencia; y
III. Las demás que les confiera esta ley.
II. En las juntas especiales se observarán las normas siguientes:
a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su presidente o del auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación.
Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.
Si no está presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 773 y sustitución del patrón. El presidente acordará que se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones y, si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda.
b) La audiencia de discusión y votación del laudo se regirá por lo dispuesto en la fracción siguiente.
c) Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, además del presidente se requiere la presencia de uno de los representantes, por lo menos;
d) En los casos de empate, el voto del o de los representantes ausentes se sumará al del presidente o al del auxiliar;
Capítulo XIII
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje
Artículo 621. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje funcionarán en cada una de las entidades federativas y en el Distrito Federal. Les corresponden el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que no sean competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Artículo 622. El gobernador del estado o el jefe del Gobierno del Distrito Federal, cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje, fiando el lugar de su residencia su competencia territorial.
Artículo 623. El pleno se integrará con el presidente de la junta y con los representantes de los trabajadores y de los patrones.
La integración y el funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se regirán por las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del presidente de la República y del secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los gobernadores de los estados y, en el caso del Distrito Federal, por el jefe del Gobierno del Distrito Federal, respectivamente.
Artículo 624. Se suprime.
Capítulo XIV [Nuevo]
Registros Públicos de Organizaciones Sindicales
y Contratos Colectivos
Artículo 624-A. Los Registros Públicos de Sindicatos y Contratos Colectivos tendrán el carácter de organismos descentralizados en los órdenes federal y local; gozarán de autonomía técnica, financiera y de gestión para el desempeño de sus funciones.
Artículo 624-B. Son principios rectores de la actividad registral la certeza, la legalidad, la probidad, la autonomía de gestión, la imparcialidad, la publicidad y la objetividad.
Artículo 624-C. Las atribuciones de los registros a que se refiere este capítulo serán las siguientes:
II. Registrar los padrones de integrantes de organizaciones, así como de sus modificaciones;
III. Expedir las certificaciones que le correspondan, anotando la fecha de la solicitud del registro;
IV. Expedir constancias de inscripción de sindicatos, federaciones y confederaciones a quien lo solicite y acredite tener interés jurídico;
V. Certificar la mayoría en los procedimientos de solicitud de firma de contrato colectivo de trabajo;
VI. Recibir en depósito los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo;
VII. Conocer, en la vía administrativa, de los conflictos de titularidad de contratos colectivos que se presenten en los términos del artículo 421 Bis de esta ley, y
VIII. Las demás que señale la ley.
Artículo 624-E. Los registros se integrarán con un director general, con los directores de área y con el número de registradores que se juzgue necesario para su función.
Artículo 624-F. El director general será designado por el Ejecutivo federal, gobernador o jefe del Gobierno del Distrito Federal, según corresponda. La Cámara de Diputados federal o local o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, según sea el caso, podrán objetar dicho nombramiento por mayoría, y cuando se encuentren en receso, la comisión permanente respectiva, con la misma votación, en todo caso la instancia legislativa para resolver. Vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo correspondiente.
Durará en su cargo ocho años, pudiendo al término de ese periodo ser nombrado por otro igual y deberá reunir los siguientes requisitos:
II. Tener título y cédula profesional de licenciado en derecho;
III. Tener diez años de ejercicio profesional posteriores a la fecha de obtención del título a que se refiere la fracción anterior;
IV. Tener comprobada experiencia en derecho del trabajo; y
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional.
II. Nombrar y remover al personal adscrito al registro y participar en su capacitación y promoción;
III. Establecer, en coordinación con el o los directores correspondientes, los manuales de organización, procedimientos y servicios al público;
IV. Recibir en acuerdo al personal subalterno adscrito al registro y en audiencia al público que lo solicite, de conformidad con los lineamientos que para el efecto determine;
V. Expedir certificaciones de los documentos originales o copias autorizadas que obren en los archivos de la unidad administrativa a su cargo, de mediar solicitud de parte con interés jurídico;
VI. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones dictadas por servidores públicos subalternos y por los titulares de las unidades administrativas que se les adscriban, y
VII. Las demás que les señalen otras disposiciones legales.
II. Su domicilio,
III. Su objeto y radio de acción,
IV. La composición de sus mesas directivas y la fecha de vigencia de sus tomas de nota, y
V. El número de afiliados según el último padrón que tengan registrado ante la autoridad competente.
VI. El índice de los contratos colectivos de trabajo con nombre y domicilio de las partes contratantes, así como ámbito de aplicación.
Título Duodécimo
Personal Jurídico de las Juntas de Conciliación
y Arbitraje
Artículo 625. El personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se compondrá de actuarios, secretarios, funcionarios conciliadores, auxiliares, secretarios generales y presidentes de junta especial.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de las entidades federativas y el jefe del Gobierno del Distrito Federal determinarán el número de personas de que deba componerse cada junta.
Artículo 626. Los actuarios deberán satisfacer los requisitos siguientes:
II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;
III. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal.
II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;
III. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal.
Artículo 627-B. Los funcionarios conciliadores deberán satisfacer los requisitos siguientes:
II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;
III. Tener dos años de ejercicio profesional en materia laboral, posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho, haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y haberse capacitado en materia de conciliación;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y
V. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad.
Artículo 628. Los auxiliares deberán satisfacer los requisitos siguientes:
II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;
III. Tener tres años de ejercicio profesional en materia laboral, posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho, y haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal.
Artículo 631-A. La designación del personal jurídico de la junta se hará tomando en cuenta sus aptitudes y preparación para el puesto. A tal efecto, la junta establecerá un sistema cuya normatividad comprenda los requisitos y procedimientos para ello, así como las tendientes a su formación, capacitación, actualización, profesionalización y el mejoramiento continuo de la función jurisdiccional. El personal jurídico de la junta podrá ser separado del empleo sólo por causas graves.
El presidente de la junta será responsable del cumplimiento estricto de este precepto y de las disposiciones aplicables.
Artículo 632. El personal jurídico de las juntas no podrá actuar como apoderado, asesor o abogado patrono en asuntos de trabajo.
Artículo 633. Los secretarios generales y los presidentes de las juntas especiales serán nombrados cada seis años por el secretario del Trabajo y Previsión Social, por el gobernador del estado o por el jefe del Gobierno del Distrito Federal, en sus respectivas jurisdicciones.
Artículo 634. Los nombramientos de los secretarios generales y presidentes de las juntas especiales podrán ser confirmados una o más veces.
Artículo 637. En la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se observarán las normas siguientes:
II. Cuando se trate de los presidentes de las juntas especiales, el presidente de la junta dará cuenta al secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al jefe del Gobierno del Distrito Federal, quienes, después de oír al interesado, dictarán la resolución correspondiente.
II. No dar cuenta oportunamente a la Junta sobre las promociones;
III. No dar cuenta inmediata al presidente acerca de los depósitos hechos por las partes;
IV. No autorizar las diligencias en que intervenga o no hacer las certificaciones que les correspondan;
V. Dar fe de hechos falsos;
VI. Entregar algún expediente a los representantes de los trabajadores o de los patrones sin exigir el recibo correspondiente;
VII. No requerir oportunamente a los representantes para que firmen las resoluciones;
VIII. No informar oportunamente al presidente de los hechos a que se refiere la fracción anterior;
IX. No levantar las actas de las diligencias en que intervengan o asentar en ellas hechos falsos;
X. No engrosar los laudos dentro del término señalado en esta ley;
XI. Engrosar los laudos en términos distintos de los consignados en la votación; y
XII. Las demás que establezcan las leyes.
II. No estar presentes en las audiencias de conciliación que se les asignen o en cualquier etapa del juicio, cuando la Junta o cualquiera de sus integrantes consideren necesaria la función conciliatoria, salvo causa justificada;
III. No atender a las partes oportunamente y con la debida consideración;
IV. Retardar la conciliación de un negocio injustificadamente;
V. No informar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a que se encuentren adscritos respecto de los resultados logrados en las audiencias de conciliación que se les encomienden, con la periodicidad que ellas determinen;
VI. No dar cuenta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de su adscripción sobre los convenios a que hubieren llegado las partes para efectos de su aprobación, cuando proceda; y
VII. Las demás que establezcan las leyes.
II. Retardar la tramitación de un negocio;
III. Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta;
IV. Dejar de engrosar los laudos dentro del término señalado en esta ley;
V. Engrosar los laudos en términos distintos de los consignados en la votación;
VI. Dejar de dictar los acuerdos respectivos dentro de los términos señalados en esta ley;
VII. Abstenerse de informar oportunamente al Presidente de la Junta Especial acerca de la conducta irregular o delictuosa de alguno de los representantes de los trabajadores o de los patrones; y
VIII. Las demás que establezcan las leyes.
II. No proveer oportunamente a la ejecución de los laudos;
III. No informar oportunamente al presidente de la junta acerca de la conducta irregular o delictuosa de alguno de los representantes de los trabajadores o de los patrones ante la junta especial que presidan;
IV. No denunciar ante el Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que hubiera sido condenado por laudo definitivo al pago del salario mínimo general o las diferencias que aquél hubiera dejado de cubrir a uno o varios de sus trabajadores; y
V. Las demás que establezcan las leyes.
II. Dejar de asistir con frecuencia a la Junta durante las horas de trabajo e incumplir reiteradamente las obligaciones inherentes al cargo;
III. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de las partes;
IV. Cometer cinco faltas, por lo menos, distintas de las causas especiales de destitución a juicio de la autoridad que hubiese hecho el nombramiento; y
V. Faltar por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada.
II. De los funcionarios conciliadores:
a) No dar cuenta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de su adscripción sobre los convenios a que hubieren llegado las partes para efectos de su aprobación, cuando proceda.
b) Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de conformidad con las disposiciones de esta ley;
III. De los secretarios: dar fe de hechos falsos y alterar sustancial o dolosamente los hechos en la redacción de las actas que autoricen;
IV. De los auxiliares:
a) Conocer de algún negocio para el que se encuentren
impedidos.
b) Votar una resolución o formular un dictamen
notoriamente ilegal o injusto.
c) Retener o retardar indebidamente la tramitación
de un expediente; y
V. De los Presidentes de las Juntas Especiales:
a) Los casos señalados en los incisos a) y c) de
la fracción anterior.
b) Votar una resolución notoriamente ilegal o
injusta.
c) No proveer oportunamente a la ejecución de
los laudos.
Título Decimotercero
Representantes de los Trabajadores y de los Patrones
Capítulo I
Representantes de los Trabajadores y de los Patrones
en las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje
Artículo 648. Los representantes de los trabajadores y de los patrones en las juntas serán elegidos en convenciones, que se organizarán y funcionarán cada seis años de conformidad con las disposiciones de este capítulo.
Artículo 650. El día 1 de octubre del año que corresponda, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el jefe del Gobierno del Distrito Federal publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa y en uno de los periódicos de mayor circulación la convocatoria para la elección de representantes.
Artículo 652. Los representantes de los trabajadores serán elegidos en las convenciones por los delegados que previamente se designen, de conformidad con las normas siguientes:
a) Los sindicatos de trabajadores debidamente registrados.
b) Los trabajadores libres que hubiesen prestado servicios a un patrón por un periodo no menor de seis meses durante el año anterior a la fecha de la convocatoria, cuando no existan sindicatos registrados;
II. Serán considerados miembros de los sindicatos los trabajadores registrados en los mismos cuando:
a) Estén prestando servicios a un patrón.
b) Hubiesen prestado servicios a un patrón por un periodo de seis meses durante el año anterior a la fecha de la convocatoria;
III. Los trabajadores libres a que se refiere la fracción I, inciso b), designarán un delegado en cada empresa o establecimiento; y
IV. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la directiva de los sindicatos o por la que designen los trabajadores libres.
a) Los sindicatos de patrones debidamente registrados cuyos miembros tengan trabajadores a su servicio.
b) Los patrones independientes que tengan trabajadores a su servicio;
II. Los sindicatos de patrones designarán un delegado;
III. Los patrones independientes podrán concurrir personalmente a la convención o hacerse representar mediante carta poder suscrita por dos testigos y certificada por el inspector del Trabajo; y
IV. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la directiva de los sindicatos.
II. Los trabajadores libres formarán el padrón de los trabajadores que participen en la designación del delegado;
III. Los sindicatos de patrones formarán los padrones de los trabajadores al servicio de sus miembros; y
IV. Los patrones independientes formarán los padrones de sus trabajadores.
II. Nombres, nacionalidad, edad, sexo y empresa o establecimiento en que presten sus servicios; y
III. Nombres del patrón o patrones, domicilio y rama de la industria o actividad a que se dediquen.
Artículo 660. En el funcionamiento de las convenciones se observarán las normas siguientes:
II. Los delegados y los patrones independientes se presentarán en las convenciones, provistos de sus credenciales;
III. Las convenciones funcionarán con el número de delegados y de patrones independientes que concurran;
IV. Los delegados y los patrones independientes tendrán en las convenciones un número de votos igual al de los trabajadores que aparezca certificado en sus credenciales;
V. Las convenciones serán instaladas por el secretario del Trabajo y Previsión Social, por el gobernador del estado o por el jefe del Gobierno del Distrito Federal o por la persona que éstos designen;
VI. Instalada la convención, se procederá al registro de credenciales y a la elección de la Mesa Directiva, que se integrará con un Presidente, dos secretarios y dos vocales. Tomarán parte en la elección, con el número de votos que les corresponda, los delegados y los patrones independientes cuyas credenciales hubiesen quedado registradas. El cómputo se hará por dos de las personas asistentes, designadas especialmente;
VII. Instalada la Mesa Directiva, se procederá a la revisión de las credenciales, dándoles lectura, en voz alta. Las convenciones sólo podrán desechar las que no reúnan los requisitos señalados en los artículos 652 y 653 o cuando se compruebe que los electores no pertenecen a la rama de la industria o de las actividades representadas en la convención;
VIII. Aprobadas las credenciales, se procederá a la elección de los representantes, por mayoría de votos. Por cada propietario se elegirá un suplente; y
IX. Concluida la elección, se levantará un acta. Un ejemplar se depositará en el archivo de la Junta, otro se remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al jefe del Gobierno del Distrito Federal y dos se entregarán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin de que les sirvan de credencial.
Artículo 663. El primer día hábil del mes de enero siguiente, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el jefe del Gobierno del Distrito Federal tomarán a los representantes electos la protesta legal y, después de exhortarlos a que administren una justicia pronta y expedita, declararán constituida la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje.
Artículo 664. En la designación de los representantes de los trabajadores y de los patrones en las Juntas Especiales establecidas fuera de la capital de la República, se observarán las disposiciones de este Capítulo, con las modalidades siguientes:
II. Las convenciones se celebrarán en el lugar de residencia de la Junta; y
III. Tendrán derecho a concurrir a la elección de representantes los trabajadores sindicalizados o los libres y los patrones que deban estar representados en la junta.
II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio correspondiente. Si el representante de los trabajadores carece de título, deberá obtener constancia de capacitación en materia laboral;
III. No pertenecer al estado eclesiástico; y
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal.
Artículo 667. Los representantes de los trabajadores y los de los patrones durarán en su encargo seis años.
Artículo 668. El secretario del Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de los estados y el jefe del Gobierno del Distrito Federal conocerán de las renuncias de los representantes, aceptándolas o desechándolas, previa calificación de la causa.
Artículo 669. El cargo de representante es revocable de conformidad con las normas siguientes:
II. La solicitud se presentará al secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al jefe del Gobierno del Distrito Federal;
III. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de la mayoría, hará la declaratoria correspondiente y llamará al suplente, a fin de que rinda la protesta legal; y
IV. A falta de suplente o cuando la revocación del nombramiento le afecte, al hacerse la solicitud de revocación, deberán señalarse los nombres de los sustitutos.
Artículo 671. Son causas de responsabilidad de los representantes de los trabajadores y de los patrones:
II. Litigar en alguna otra junta especial, salvo en causa propia, de sus padres, de su cónyuge o de sus hijos;
III. Faltar sin causa justificada a la celebración de las audiencias;
IV. Negarse a emitir su voto en alguna resolución;
V. Negarse a firmar alguna resolución;
VI. Retirar un expediente del local de la junta sin haber otorgado recibo al presidente de la junta especial o al secretario general de Acuerdos, o no devolverlo dentro del término de tres días;
VII. Sustraer de algún expediente cualquier constancia o modificar el contenido de las actas después de firmadas por las partes, testarlas o destruir en todas o en parte las fojas de un expediente;
VIII. Retener indebidamente un expediente o negarse a devolverlo al ser requeridos por el secretario;
IX. Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta;
X. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de las partes en conflicto; y
XI. Litigar un representante suplente en la Junta en que esté en funciones el propietario o litigar éste estando en funciones el suplente.
II. Suspensión hasta por tres meses; y
III. Destitución.
II. La no concurrencia a más de dos plenos en un año sin causa justificada; y
III. La negativa a votar tres resoluciones o la comisión de cinco faltas distintas de las causas de destitución, dentro de un término de un año, sin causa justificada.
II. Con un representante propietario de los trabajadores y otro de los patrones, y sus respectivos suplentes, elegidos cada seis años en las convenciones a que se refiere este capítulo.
Capítulo II
Representantes de los Trabajadores y de los Patrones
en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y en las
Comisiones Consultivas
Artículo 676. Son aplicables a la elección de representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las disposiciones contenidas en el Capítulo anterior, con las modalidades de los artículos siguientes.
Artículo 677. El 15 de mayo del año impar que corresponda, el secretario del Trabajo y Previsión Social convocará a los trabajadores y a los patrones para la elección de sus representantes. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos de mayor circulación que se juzgue conveniente.
Artículo 680. Para la elección de representantes en la Comisión Nacional se celebrarán una convención de trabajadores y otra de patrones por cada uno de los grupos en que se hubiesen distribuido las ramas de la actividad económica.
Artículo 681. Tienen derecho a participar en la elección los sindicatos de trabajadores, los de patrones y los de patrones independientes. Los representantes ante la Comisión Nacional serán elegidos por la totalidad de los trabajadores sindicalizados y de los patrones de la República con derecho a voto.
Artículo 682-A. Las Comisiones Consultivas serán creadas por resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación y contendrá:
II. La duración de sus trabajos;
III. El número de representantes de los trabajadores y de los patrones ante la Comisión Consultiva, que serán designados por los representantes de los trabajadores y los de los patrones ante la Comisión Nacional;
IV. El término para la designación de representantes, los requisitos que deberán cumplir en cada caso y el lugar que se determine para la notificación de las designaciones; y
V. El lugar y la fecha en que se iniciarán formalmente los trabajos de la Comisión Consultiva.
Artículo 683. En la elección de representantes de los trabajadores y de los patrones en la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, se observarán las disposiciones contenidas en los dos capítulos anteriores, con la modalidad del artículo siguiente.
Título Decimocuarto
Derecho Procesal del Trabajo
Capítulo I
Principios Procesales
Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso.
Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior, sin perjuicio de que, cuando la demanda sea obscura o vaga, se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley.
Artículo 688. Las autoridades administrativas y las judiciales están obligadas, en la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje; si se negaren a ello, serán responsables en los términos de las leyes aplicables al caso. Las juntas se auxiliarán entre sí en el ejercicio de sus funciones.
Capítulo II
De la Capacidad y Personalidad
Artículo 689. Son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones y defensas.
Artículo 690. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta.
Los terceros interesados en un juicio podrán comparecer o ser llamados a éste hasta antes de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, para manifestar lo que a su derecho convenga. La Junta, con suspensión del procedimiento y citación de las partes, dictará acuerdo señalando día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la comparecencia o citación del tercero, notificando personalmente al mismo el acuerdo señalado con cinco días hábiles de anticipación.
Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna; pero, en caso de no estar asesorados en juicio, la Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un representante cuando no lo tuvieren.
Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de presuntos beneficiarios de algún trabajador fallecido.
Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado.
Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:
II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán acreditar ser licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Sólo se podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna;
III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y
IV. Los sindicatos pueden comparecer por conducto de algún miembro del comité ejecutivo o por la persona o personas consideradas para tal efecto en sus estatutos o por apoderado legal, que será licenciado en derecho o pasante. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda el Registro Público correspondiente, de haber quedado inscrita la directiva del sindicato.
Artículo 694. Los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales podrán otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identificación, ante las Juntas del lugar de su residencia, para que los representen ante cualquier autoridad del trabajo. La personalidad se acreditará con la copia certificada que se expida de la misma.
Capítulo III
De las Competencias
Artículo 698. Será competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de los estados y del Distrito Federal conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción que no sean competencia de las Juntas Federales.
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas industriales, empresas o materias contenidas en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política y 527 de esta ley.
Artículo 700. La competencia por razón del territorio se rige por las normas siguientes:
II. En los conflictos individuales, el actor puede escoger entre:
a) La junta del lugar de celebración del contrato.
b) La junta del domicilio del demandado.
c) La junta del lugar de prestación de los servicios; si éstos se prestaron en varios lugares, será la Junta del último de ellos;
III. En los conflictos colectivos de jurisdicción federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los términos del artículo 606 de esta ley; en los conflictos colectivos de jurisdicción local, la del lugar en que esté ubicada la empresa o establecimiento;
IV. Cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato, la Junta del lugar donde se hizo.
V. En los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí, la Junta del domicilio del demandado; y
VI. Cuando el demandado sea un sindicato, la Junta del domicilio del mismo.
Artículo 705. Las competencias se decidirán:
II. Por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los representantes de los patrones y los de los trabajadores de las ramas o actividades relativas al conflicto, cuando se trate de Juntas Especiales de la misma entidad federativa; y
III. Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se suscite entre:
a) Juntas Locales o Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
b) Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.
c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de diversas entidades federativas.
d) Juntas Locales o Federal de Conciliación y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional.
Capítulo IV
De los Impedimentos y Excusas
Artículo 707. Los representantes del gobierno, los de los trabajadores o los de los patrones ante las Juntas y los auxiliares están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan cuando:
II. Tengan el mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el representante legal, abogado o procurador de cualquiera de las partes;
III. Tengan interés personal directo o indirecto en el juicio;
IV. Alguno de los litigantes o abogados haya sido denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate o de su cónyuge o se haya constituido en parte en causa criminal, seguida contra cualquiera de ellos, siempre que se haya ejercitado la acción penal correspondiente;
V. Sea apoderado o defensor de alguna de las partes o perito o testigo, en el mismo juicio, o haber emitido opinión sobre el mismo;
VI. Sea socio, arrendatario, trabajador o patrón o que dependa económicamente de alguna de las partes o de sus representantes;
VII. Sea tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de las partes o de sus representantes; y
VIII. Sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las partes o de sus representantes.
Artículo 709. Las excusas se calificarán de plano y en su tramitación se observarán las normas siguientes:
a) El presidente de la junta, cuando se trate del presidente de una junta especial, del auxiliar o del representante de los trabajadores o de los patrones.
b) El secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del presidente de la Junta Federal, y el gobernador del estado o el jefe del Gobierno del Distrito Federal, cuando se trate del presidente de la junta local;
II. La excusa deberá promoverse, por escrito y bajo protesta de decir verdad, ante las autoridades señaladas en la fracción anterior, dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que se tenga conocimiento del impedimento. Al solicitarse, se acompañarán las pruebas que lo justifiquen;
III. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba resolverá de plano con los elementos que tenga para ello o podrá señalar día y hora para que comparezca ante ella el interesado, para que, después de oírlo y recibir pruebas, de inmediato dicte resolución; y
IV. Si la excusa es declarada improcedente, la autoridad competente podrá sancionar, al que se excusó, con amonestación o suspensión del cargo hasta por ocho días y, en caso de reincidencia en el mismo asunto, será destituido.
Si se comprueba el impedimento, se le sustituirá en la siguiente forma:
b) Presidente de la Junta Especial, por el auxiliar de la propia Junta; y éste, por el secretario.
c) Se suprime.
d) Los representantes de los trabajadores y los de los patrones, por sus respectivos suplentes.
Artículo 711. Se suprime.
Capítulo V
De la Actuación de las Juntas
Artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social de donde labora o laboró, deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en que prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón.
La sola presentación de la demanda en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador.
Artículo 718. La audiencia o diligencia que se inicie en día y hora hábil podrá continuarse hasta su terminación, sin suspenderla y sin necesidad de habilitación expresa. En caso de que se suspenda, deberá continuarse el siguiente día hábil; la junta hará constar en autos la razón de la suspensión. El funcionario responsable de la audiencia o diligencia que omita señalar la fecha y hora para la continuación de la audiencia será destituido de su cargo.
Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en que estuvo presente, se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autorizada por el secretario de la junta a cada una de las partes comparecientes.
Artículo 724. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o el de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje podrán acordar que los expedientes concluidos de manera definitiva sean dados de baja, previa certificación de la microfilmación de los mismos o de su conservación a través de cualquier otro procedimiento técnico-científico que permita su consulta.
Artículo 727. La Junta, de oficio, hará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente de la desaparición del expediente o actuación, acompañando copia de las actas y demás diligencias practicadas con dicho motivo.
Artículo 729. Las correcciones disciplinarias que pueden imponerse son:
II. Multa, que no podrá exceder de 30 veces del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el tiempo en que se cometa la violación. Tratándose de trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario en un día. Para los efectos de este artículo, no se considera trabajadores a los apoderados; y
III. Expulsión del local de la Junta; la persona que se resista a cumplir la orden será desalojada del local con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 731. El presidente de la junta, los de las juntas especiales y los auxiliares podrán emplear conjunta e indistintamente cualquiera de los medios de apremio necesarios para que las personas concurran a las audiencias en que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.
Los medios de apremio que pueden emplearse son:
II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y
III. Arresto hasta por treinta y seis horas.
Capítulo VI
De los Términos Procesales
Artículo 734. En los términos no se computarán los días en que la junta deje de actuar, salvo disposición contraria de esta ley.
Artículo 737. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del lugar de residencia de la Junta, ésta ampliará el término de que se trate, en función de la distancia, a razón de un día por cada 200 kilómetros, de 3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de comunicación existentes.
Capítulo VII
De las Notificaciones
Artículo 739. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones; si no lo hacen, las notificaciones personales se realizarán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos previstos en esta ley.
Asimismo, deberán señalar domicilio en el que deba hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando no se localice a la persona, la notificación se hará en el domicilio que se hubiere señalado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 712 de esta ley, y faltando ése, la notificación se hará en el último local o lugar de trabajo en donde se prestaron los servicios y en estos casos se fijarán las copias de la demanda en los estrados de la Junta.
Artículo 740. Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la persona con que labora o laboró el trabajador, será requerido por la junta para que indique el lugar de prestación de sus servicios, donde se practicará la notificación en los términos del artículo 743 de esta ley.
Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes:
II. El auto de radicación del juicio que dicten las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los expedientes que les remitan otras Juntas;
III. La resolución en que la junta se declare incompetente;
IV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo;
V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento cuya tramitación estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal;
VI. El auto que cite a absolver posiciones;
VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio;
VIII. El laudo;
IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado;
X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones;
XI. En los casos a que se refieren los artículos 772 y 774 de esta ley; y
XII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio de la Junta.
II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla;
III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada;
IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que trabaje en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada;
V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo, que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y
VI. En el caso del artículo 712 de esta ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios.
En caso de que se declare la nulidad de notificaciones, se impondrá al actuario una medida disciplinaria; en caso de reincidencia, será destituido del cargo.
Artículo 746. Surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el Boletín Laboral, a las 14 horas del día siguiente al de su publicación, salvo que sean personales. Cuando la junta no publique boletín, estas notificaciones se harán en los estrados de la junta.
El secretario hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará diariamente en lugar visible del local de la Junta un ejemplar del Boletín Laboral o, en su caso, las listas de las notificaciones por estrados, coleccionando unos y otras para resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación.
Las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en su fecha por el secretario. La publicación de las notificaciones contendrá la fecha, el número del expediente y los nombres de las partes en los juicios de que se trate.
Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente:
II. Las demás: a las 14 horas del día siguiente al de su publicación.
Artículo 751. En las notificaciones personales se deberá entregar la cédula correspondiente, misma que contendrá por lo menos:
II. Número de expediente;
III. Nombre de las partes;
IV. Nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y
V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula.
Artículo 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la Junta que conozca del juicio deberán encomendarse por medio de exhorto al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al de las Especiales del domicilio en que deban practicarse; y, de no haberlas en dicho lugar, a la autoridad más próxima al lugar que corresponda dentro de la República Mexicana.
Artículo 758. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere el artículo 753 de esta ley se proveerán dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en que la naturaleza de lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo; en este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente, sin que el término fijado pueda exceder de quince días.
Capítulo IX
De los Incidentes
Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento.
En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará desde luego día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento.
Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se resolverán de plano oyendo a las partes.
Artículo 765. Se suprime.
Capítulo X
De la Acumulación
Artículo 768. Las demandas presentadas en relación con las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores y seguridad e higiene en los centros de trabajo no serán acumulables a ninguna otra acción. Si cualquiera de estas acciones se ejercita conjuntamente con otras derivadas de la misma relación de trabajo, se estará a lo dispuesto en el artículo 699.
Capítulo XI
De la Continuación del Proceso y de la Caducidad
Artículo 771. Los presidentes de las juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario.
En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las leyes de responsabilidades de los servidores públicos.
Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días, el presidente de la junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente.
Si el trabajador está patrocinado por un procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes.
Artículo 773. La junta, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de cuatro meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento y se haya cumplido lo dispuesto en el artículo anterior. No se considerará que dicho término opera si están desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes a que se refiere este artículo, o la práctica de alguna diligencia, o se encuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado a diversa autoridad dentro del procedimiento.
Para los efectos del párrafo anterior, la junta citará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia del desistimiento, dictará resolución.
Artículo 774. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento, y la junta procederá a efectuar las convocatorias a que se refiere el artículo 503 de esta ley.
Artículo 774-Bis. En cualquier estado del procedimiento, las partes podrán, mediante la conciliación, celebrar un convenio que ponga fin al juicio; asimismo, el demandado podrá allanarse en todo o en parte a lo reclamado. En el primer supuesto, se dará por terminado el juicio; en el segundo, se continuará el procedimiento por lo pendiente.
Capítulo XII
De las Pruebas
Sección Primera
Reglas Generales
Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho y, en especial, los siguientes:
III. Testimonial;
IV. Pericial;
V. Inspección;
VI. Presuncional;
VII. Instrumental de actuaciones; y
VIII. Fotografías, películas, grabaciones de audio y de video, sistemas de informática y, en general, los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia.
Artículo 778. Las pruebas deberán ofrecerse en la audiencia señalada para ese efecto, salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer contra los testigos.
Artículo 780. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo, atendiendo a la naturaleza de éstas. De no hacerlo, serán desechadas por la junta.
Artículo 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad deberá aportarlos, a más tardar en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas.
Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando, por otros medios, esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos; y, para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:
VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador, o a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en caso de que éste se haya negado a recibirlo, de la fecha y la causa de su despido;
VII. y VIII.
IX. Pagos de días de descanso y obligatorios y aguinaldo;
X. a XIII.
XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro.
Los certificados médicos deberán contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado patológico que impide la comparecencia del citado. El certificado deberá ratificarse antes de la audiencia. Los expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social no necesitan ratificación.
Sección Segunda
De la Confesional
Artículo 786. Cada parte podrá solicitar que se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones.
Tratándose de personas morales, la confesional puede desahogarse por conducto de su representante legal o apoderado con facultades para absolver posiciones.
Los sindicatos u organizaciones de trabajadores o patrones absolverán posiciones por conducto de su secretario general o integrante de la representación estatutariamente autorizada o por apoderado con facultades expresas.
Artículo 787. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones deban serles conocidos.
Artículo 790. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas siguientes:
II. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos controvertidos; no deberán ser insidiosas o inútiles. Son insidiosas las posiciones que tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder para obtener una confesión contraria a la verdad; son inútiles las que versan sobre hechos que hayan sido previamente confesados o que no están en contradicción con alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista controversia;
III. El absolvente deberá identificarse con la credencial de elector o con otro documento idóneo y, bajo protesta de decir verdad, responder por sí mismo sin asistencia. No podrá valerse de borrador de respuestas, pero sí se le permitirá que consulte notas o apuntes si la junta, después de conocerlos, resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria;
IV. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente en el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se mandará agregar a los autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente;
V. Las posiciones serán calificadas previamente y, cuando no reúnan los requisitos a que se refiere la fracción II, la Junta las desechará, asentando en autos el fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución;
VI. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando, pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la Junta; las respuestas también se harán constar textualmente en el acta respectiva; y
VII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta, de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste en ello.
Si la persona citada no concurre el día y hora señalados, la Junta lo hará presentar mediante el uso de la fuerza pública.
Sección Tercera
De las Documentales
Artículo 802. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe.
Se entiende por suscripción la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital que sean idóneas para identificar a la persona que suscribe.
La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital, excepto en los casos en que el contenido no se repute proveniente del autor, circunstancia que deberá justificarse con prueba idónea y del señalado en el artículo 33 de esta ley.
Artículo 803. Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, la Junta deberá solicitarlos directamente cuando el oferente de la prueba lo pida y acredite haberlos solicitado con anterioridad.
Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan:
II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pago de salarios;
III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;
IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley, y pagos y cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y Sistema de Ahorro para el Retiro; y
V. Los demás que señalen las leyes.
Artículo 808. Para que hagan fe en la República, los documentos procedentes del extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, en los términos que establezcan las leyes relativas o los tratados internacionales.
Sección Cuarta
De la Testimonial
Artículo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir los requisitos siguientes:
II. Indicará los nombres de los testigos; cuando exista impedimento para presentarlos directamente, podrá solicitar a la Junta que los cite, señalando la causa o los motivos justificados que se lo impidan, en cuyo caso deberá proporcionar sus domicilios y, de resultar éstos incorrectos, quedará a cargo del oferente su presentación;
III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia de la junta, el oferente deberá, al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá ser examinado el testigo; de no hacerlo, se declarará desierta. Asimismo, exhibir copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes para que, dentro del término de tres días, presenten su pliego de repreguntas, en sobre cerrado; y
IV Cuando el testigo sea servidor público de mando superior, a juicio de la junta, podrá rendir su declaración por medio de oficio, observándose lo dispuesto en este artículo en lo que sea aplicable.
Artículo 815. En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas siguientes:
II. El testigo deberá identificarse ante la junta en los términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 884 de esta ley;
III. Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que fueran ofrecidos. Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 813 de esta ley;
IV. Después de tomar al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle de las penas en que incurren los testigos falsos, se harán constar el nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupación y lugar en que se trabaja y a continuación se procederá a tomar su declaración;
V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente. La junta admitirá las que tengan relación directa con el asunto de que se trata y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la contestación;
VI. Primero interrogará al oferente de la prueba y posteriormente a las demás partes. La junta, cuando lo estime pertinente, examinará directamente al testigo;
VII. Las preguntas y las respuestas se harán constar en autos, escribiéndose textualmente unas y otras;
VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y la junta deberá solicitarla, respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí;
IX. El testigo, enterado de su declaración, firmará al margen de las hojas que la contengan y así se hará constar por el secretario; si no sabe o no puede leer o firmar la declaración, le será leída por el secretario e imprimirá su huella digital y, una vez ratificada, no podrá variarse en la sustancia ni en la redacción.
X. El desahogo de esta prueba será indivisible, salvo que alguno de los testigos radique fuera del lugar de residencia de la junta y que la prueba tenga que desahogarse por exhorto, en cuyo caso la junta adoptará las medidas pertinentes para que los otros testigos no tengan conocimiento previo de las declaraciones desahogadas.
Sección Quinta
De la Pericial
Artículo 823. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes. La omisión del cuestionario dará lugar a que la junta no admita la prueba.
Artículo 825. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes:
II. Los peritos protestarán desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen, a menos que por causa justificada soliciten que se señale nueva fecha para rendir su dictamen;
III. El día señalado para que tenga verificativo la audiencia respectiva, el o los peritos que concurran a la misma rendirán su dictamen. Si alguno no concurriera a la audiencia, se señalará nueva fecha para que lo rinda, dictando la junta las medidas para que comparezca;
IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes; y
V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito tercero.
Sección Novena
De los Elementos Aportados por los Avances de la Ciencia
Artículo 836-A. Para acreditar los hechos controvertidos, las partes pueden presentar cintas cinematográficas, fotografías, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, sistemas de informática y, en general, los medios aportados por los avances de la ciencia.
En su caso, el oferente de estos medios de prueba deberá proporcionar a la junta los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y figuras, sólo por el tiempo indispensable para ello, siempre que ésta no cuente con los elementos necesarios para tal efecto.
Capítulo XIII
De las Resoluciones Laborales
Artículo 838. La junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquella en que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley; de no hacerlo, incurrirá en responsabilidad.
Artículo 839. Las resoluciones de las juntas deberán ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario el día en que las voten, en los términos del artículo 620 de esta ley.
Artículo 840. El laudo contendrá:
II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes;
III. Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarréplica y, en su caso, de la reconvención y contestación a ésta, que deberá contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos;
IV. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados;
V. Extracto de los alegatos;
VI. Las razones legales o de equidad y la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento; y
VII. Los puntos resolutivos.
Cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o inexacto, la junta dará vista al Ministerio Público para que determine si existe la comisión de un delito.
Artículo 845. Si alguno o todos los representantes de los trabajadores o de los patrones ante la Junta que concurran a la audiencia se niegan a votar, serán requeridos en el acto por el secretario, quien les indicará las responsabilidades en que incurren si no lo hacen. Si persiste la negativa, el secretario levantará un acta circunstanciada, a efecto de que se someta a la autoridad respectiva, a fin de que se determine la responsabilidad en que hayan incurrido, según los artículos 671 a 675 de esta ley.
En estos casos, se observarán las normas siguientes:
II. Si se trata de laudo:
a) Si después del requerimiento insisten en su negativa, quedarán excluidos del conocimiento del negocio y el presidente de la junta o de la junta especial llamará a los suplentes.
b) Si los suplentes no se presentan a la Junta dentro del término que se les señale, que no podrá ser mayor de tres días, o se niegan a votar el laudo, el presidente de la junta o el de la junta especial dará cuenta al secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al jefe del Gobierno del Distrito Federal para que designen a las personas que los sustituyan; en caso de empate, se entenderá que los ausentes sumarán su voto al del presidente.
Capítulo XIV
De la Revisión de los Actos de Ejecución
Artículo 850. De la revisión conocerán:
II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y
III. El pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de actos del presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria.
Se entenderá que es notoriamente improcedente cuando, a juicio de su presidente, según el caso, aparezca que se promueva con el propósito de demorar o entorpecer la administración de justicia.
Capítulo XV
De las Providencias Cautelares
Artículo 857. Los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de las Especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias cautelares:
II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento.
Artículo 860. La persona que quebrante el arraigo decretado será responsable del delito de desobediencia a un mandato de autoridad. Para este efecto, el Presidente de la Junta hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público competente.
Artículo 861. Para decretar un embargo precautorio, se observarán las normas siguientes:
II. El presidente de la junta, tomando en consideración las circunstancias del caso y las pruebas rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se le solicite, podrá decretar el embargo precautorio si, a su juicio, es necesaria la providencia;
III. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el cual deba practicarse; y
IV. El presidente de la junta dictará las medidas a que se sujetará el embargo, a efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento.
Artículo 863. La providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente la persona contra quien se dicte. El propietario de los bienes embargados será depositario de los mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste desempeñarlo, con las responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, observándose las disposiciones de esta ley en lo que sean aplicables. En caso de persona moral, el depositario será el gerente o director general o quien tenga la representación legal de la misma.
Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, la Junta solicitará la inscripción del embargo precautorio en el Registro Público de la Propiedad.
Capítulo XVI
Procedimientos ante las Juntas de Conciliación
Artículos 865 a 869. Se suprimen
Capítulo XVII
Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación
y Arbitraje
Artículo 873. La junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con 10 días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta ley.
Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor.
Artículo 875. La audiencia a que se refiere el artículo 873 constará de dos etapas:
b) De demanda y excepciones.
c) Se suprime.
Artículo 876. La etapa conciliatoria se desarrollará de la siguiente forma:
II. La junta, por conducto del funcionario conciliador o de su personal jurídico, intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y las exhortará para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio. Les propondrá opciones de soluciones justas y equitativas que, a su juicio, sean adecuadas para dar por terminada la controversia;
III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo;
IV. Se suprime.
V. La junta, por conducto del funcionario conciliador o de su personal jurídico, procurará, sin entorpecer el procedimiento y estando en contacto personal con las partes y hasta antes de que se declare cerrada la instrucción, que lleguen a un acuerdo conciliatorio, insistiendo siempre en opciones de solución justas y equitativas para ambas; y
VI. De no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por inconformes con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones.
Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones se desarrollará conforme a las normas siguientes:
II. Si el actor es el trabajador o sus beneficiarios y no cumple los requisitos omitidos o no subsana las irregularidades que se le hayan indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga en ese momento.
El actor expondrá su demanda, ratificándola, aclarándola o modificándola, precisando los puntos petitorios. En caso de modificación, aclaración o enderezamiento de la demanda, cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, podrá hacerlo por una sola vez en esta etapa y, a petición del demandado, se señalará nueva fecha, dentro del término de diez días, para la continuación de la audiencia a fin de que pueda contestar la demanda en su totalidad;
III. Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá, en su caso, a dar contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso, estará obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no lo hace, la junta la expedirá a costa del demandado;
IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos y expresando los que ignore cuando no sean propios, pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho;
V. La excepción de incompetencia o el planteamiento de acumulación no exime al demandado de contestar la demanda en la misma audiencia y, si no lo hace y la Junta se declara competente o no resuelve favorablemente la acumulación, se tendrá por contestada en sentido afirmativo la demanda y no podrá admitirse prueba en contrario;
VI. Las partes podrán, por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren;
VII. Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de inmediato; o bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la audiencia, señalando para su continuación una fecha dentro de los diez días siguientes; y
VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción y se procederá a dictar el laudo.
Si el actor no comparece al periodo de demanda y excepciones, se tendrá por reproducida en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial.
Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda.
Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta ley y de acuerdo con las normas siguientes:
II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a éstas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez;
III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y
IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes, incurriendo en responsabilidad si no lo hace.
Artículo 883. La junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido.
Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días.
Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas:
II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio;
III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la junta los requerirá en los siguientes términos:
a) Si se tratare de autoridades, la junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y
b) Si se trata de terceros, la junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos;
IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con credencial de elector o con otro documento idóneo; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y
V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito.
Transcurrido el término citado, o desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes; el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta ley.
Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la junta.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad.
La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas.
Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes:
II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y
III. Terminada la discusión, se procederá a la votación y el Presidente declarará el resultado.
Artículo 891. Si la junta estima que alguna de las partes obró con dolo o mala fe, podrá imponerle en el laudo una multa, en los términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 729 de esta ley.
Capítulo XVIII
De los Procedimientos Especiales
Artículo 892. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5º, fracción III; 28, fracción III; 152; 153; 153-X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 418; 424, fracción IV; 427, fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503; y 505 de esta ley, así como de los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salario, los de nulidad de convenios celebrados dentro o fuera de juicio, estos últimos ratificados por los celebrantes y aprobados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de aquellos en que se reclamen prestaciones a los patrones y al Instituto Mexicano del Seguro Social, derivados de riesgos de trabajo y los que dicten las autoridades registradoras en la vía administrativa para resolver sobre la titularidad de contratos colectivos de trabajo en los términos del artículo 389-B.
Artículo 893-A. La prueba idónea para decidir sobre la titularidad es el recuento de los trabajadores, que realizará el Registro Público correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 931.
Artículo 898. La junta, para los efectos del artículo 503 de esta ley, solicitará al patrón los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante él y en las instituciones oficiales; podrá, además, ordenar la práctica de cualquier diligencia o emplear los medios de comunicación que estime pertinentes para convocar a todas las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido a ejercer sus derechos ante la junta.
Capítulo XIX
Procedimientos de los Conflictos Colectivos de Naturaleza
Económica
Artículo 902. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos de naturaleza económica, en los términos del artículo 448 de esta ley.
Artículo 903. Los conflictos colectivos de naturaleza económica podrán ser planteados por los sindicatos de trabajadores titulares de los contratos colectivos de trabajo, por la mayoría de los trabajadores de una empresa o establecimiento, siempre que se afecte el interés profesional, o por el patrón o patrones, mediante demanda por escrito, la cual deberá contener:
II. Exposición de los hechos y las causas que dieron origen al conflicto; y
III. Pretensiones del promovente, expresando claramente lo que pide.
II. La relación de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa o establecimiento, indicando sus nombres, apellidos, puestos de trabajo, salarios y prestaciones que reciban, así como antigüedad en la empresa o establecimiento;
III. Un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la empresa o establecimiento;
IV. Las pruebas que juzgue convenientes para acreditar sus pretensiones; y
V. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte.
II. Si no concurre la demandada, se le tendrá por inconforme con todo arreglo. El promovente podrá ratificar, modificar o ampliar su petición. En los dos últimos supuestos, la Junta correrá traslado a la parte demandada, con la modificación o ampliación respectiva, señalando una nueva fecha de audiencia, que deberá notificarse al demandado con cinco días de anticipación.
III. Si concurren las dos partes, la Junta, después de oír sus alegaciones, las exhortará para que procuren un arreglo conciliatorio. Los miembros de la misma podrán hacer las sugestiones que juzguen convenientes para el arreglo del conflicto;
IV. Si las partes llegan a un convenio, se dará por terminado el conflicto. El convenio, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo;
V. Si no se llega a un convenio, las partes harán una exposición de los hechos y las causas que dieron origen al conflicto y formularán sus peticiones; y se procederá a ofrecer y, en su caso, a desahogar las pruebas admitidas, y si algunas no pueden desahogarse por su propia naturaleza, se señalarán día y hora para ello;
VI. Se suprime.
VII. La Junta, dentro de la misma audiencia, designará al o a los peritos necesarios para que investiguen los hechos y las causas que dieron origen al conflicto, otorgándoles un término que no podrá exceder de treinta días para que emitan su dictamen respecto de la forma en que, según su parecer, puede solucionarse el conflicto, sin perjuicio de que cada parte pueda designar un perito para que se asocie al o a los nombrados por la Junta o rinda dictamen por separado.
Si los peritos designados por la junta y por las partes no rinden el dictamen en la fecha señalada, podrán solicitar una prórroga de 15 días. Si concedido el plazo no lo presentan, se les aplicará una multa hasta de 30 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, salvo causa justificada. Si los peritos oficiales nuevamente incumplen, se les aplicará suspensión o separación del cargo. Si el incumplimiento procede de un perito de las partes, el afectado podrá proponer otro en los cinco días siguientes a la fecha de vencida la prórroga. Si el perito recientemente nombrado incumpliera, se tendrá al oferente por desistido de esta prueba. En ambos casos, el perito omiso será responsable de los daños y perjuicios que le cause;
VIII. Los trabajadores y los patrones podrán designar dos comisiones, integradas con el número de personas que determine la Junta, para que acompañen a los peritos en la investigación y les indiquen las observaciones y sugestiones que juzguen convenientes.
II. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la técnica, ciencia o arte sobre el que verse el peritaje, salvo los casos en que no se requiera autorización, pero deberán tener los conocimientos de la materia de que se trate; y
III. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa de la libertad.
Artículo 909. El o los peritos nombrados por la Junta realizarán las investigaciones y los estudios que juzguen convenientes y podrán actuar con la mayor amplitud, teniendo, además de las inherentes a su desempeño, las facultades siguientes:
II. Practicar toda clase de inspecciones en la empresa o establecimiento y revisar sus libros y documentos; y
III. Examinar a las partes y a las personas relacionadas con los trabajadores o con la empresa que juzguen convenientes.
II. La relación entre el costo de la vida por familia y los salarios que reciban los trabajadores;
III. Los salarios medios que se paguen en empresas o establecimientos de la misma rama de la industria y las condiciones generales de trabajo que rijan en ellos;
IV. Las condiciones económicas de la empresa o empresas o del establecimiento o establecimientos;
V. La condición general de la industria de que forma parte la empresa o establecimiento;
VI. Los índices e indicadores estadísticos que tiendan a precisar la situación de la economía nacional;
VII. Las condiciones generales de los mercados; y
VIII. Sus conclusiones.
El secretario asentará razón en autos del día y la hora en que hizo entrega de las copias a las partes o de la negativa de éstas para recibirlas.
Artículo 916. Transcurrido el término para la presentación de los alegatos, el auxiliar declarará cerrada la instrucción y, dentro de los 15 días siguientes, formulará un proyecto de laudo, que deberá contener.
II. Un extracto del dictamen de los peritos y de las observaciones que hubiesen hecho las partes;
III. Una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligencias practicadas por la Junta;
IV. Un extracto de los alegatos;
V. Señalamiento de los motivos y fundamentos que puedan servir para la solución del conflicto; y
VI. Los puntos resolutivos.
Artículo 918. El Presidente de la Junta citará para la audiencia de discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes a aquel en que sean entregadas a los representantes las copias del proyecto de laudo y se celebrará conforme a las reglas establecidas en el artículo 888 de esta ley.
Artículo 919. La junta, a fin de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre los trabajadores y los patrones, en su resolución podrá aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana de trabajo y los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la empresa o establecimiento, sin que en ningún caso pueda reducir los derechos mínimos consignados en las leyes.
Capítulo XX
Procedimiento de Huelga
Artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes:
II. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje más cercana, la que procederá a emplazar de inmediato; en caso de que se declare incompetente, la remitirá inmediatamente a la que considere competente;
III. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con seis días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y la hora en que el patrón quede notificado; y
IV. Si el objeto de la huelga es la firma del contrato colectivo de trabajo y no existe otro legalmente depositado, el presidente de la junta dará trámite al procedimiento respectivo una vez que el sindicato solicitante presente constancia expedida por el registro correspondiente de haberse sustanciado el procedimiento a que se refiere el artículo 387 Bis. Hecho lo anterior, la junta dictará acuerdo admitiendo el emplazamiento de huelga y procederá en los términos del artículo siguiente.
La notificación producirá el efecto de constituir al patrón, por todo el término del aviso, en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo.
Artículo 922. El patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Artículo 923. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo no obstante existir ya uno depositado en el Registro Público Federal o Local de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos competente. El presidente de la junta, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento de huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenará a dicho registro la certificación correspondiente y notificará inmediatamente y por escrito la resolución al promovente.
Artículo 924. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento de huelga, deberá suspenderse la ejecución de toda sentencia; tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio contra la empresa o establecimiento ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de:
II. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social;
III. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y
IV. Los demás créditos fiscales.
Artículo 927. La audiencia de conciliación se ajustará a las normas siguientes:
II. Si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, en dos ocasiones, se le tendrá por no presentada, ordenándose el archivo del expediente;
III. El Presidente de la Junta podrá utilizar los medios de apremio para obligar al patrón a que concurra a la audiencia de conciliación; y
IV. Los efectos del aviso a que se refiere el artículo 920, fracción II, de la presente ley no se suspenderán por la audiencia de conciliación ni por la rebeldía del patrón para concurrir a ella.
a) Falta de personalidad.
b) Incompetencia.
c) Los casos de los artículos 469, 923 y 935.
d) Declaración de inexistencia o ilicitud de huelga;
II. No serán aplicables las reglas generales respecto de términos para hacer notificaciones y citaciones. Las notificaciones surtirán efectos desde el día y la hora en que queden hechas;
III. Todos los días y horas serán hábiles. La Junta tendrá guardias permanentes para tal efecto;
IV. No serán denunciables en los términos del artículo 710 de esta ley los miembros de la Junta ni se admitirán más incidentes que el de falta de personalidad, que podrá promoverse, por el patrón, en el escrito de contestación al emplazamiento y, por los trabajadores, dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que tengan conocimiento de la primera promoción del patrón. La Junta, dentro de las 24 horas siguientes a la promoción, con audiencia de las partes, dictará resolución; y
V. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si la Junta, una vez hecho el emplazamiento al patrón, observa que el asunto no es de su competencia, hará la declaratoria correspondiente.
Artículo 929. Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado, o terceros interesados, podrán solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, que declare la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de esta ley.
Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos legales.
Artículo 930. En el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga se observarán las normas siguientes:
I. Bis. En la huelga que tenga por objeto la celebración de un contrato colectivo, se considerará acreditada la voluntad mayoritaria de los trabajadores con la realización del recuento a que se refiere el artículo 387 Bis, y no podrá aducirse, como motivo de la declaración de inexistencia que se solicite, el no haberse cumplido el requisito de mayoría a que se refiere la fracción II del artículo 451. En este caso, no podrá ofrecerse como prueba el recuento de los trabajadores.
II. a V.
VI. Para la resolución de inexistencia, se citará a los representantes de los trabajadores y a los de los patrones para que integren la Junta. La resolución se dictará por los que concurran y, en caso de empate, se sumarán al del Presidente los votos de los ausentes.
II. Tendrán derecho a votar únicamente los trabajadores de la empresa o establecimiento que concurran al recuento. Tratándose de titularidad contractual o administración de contrato-ley, la opción que obtenga el mayor número de los votos emitidos será considerada triunfadora.
III. Serán considerados los trabajadores de la empresa o establecimiento que hubieran sido despedidos del trabajo durante los dos meses previos o después de la presentación del escrito de emplazamiento, de la solicitud de firma del contrato colectivo o de la demanda de titularidad del contrato colectivo o de administración del contrato-ley, siempre y cuando hayan optado por demandar la reinstalación en su trabajo, excepto si hubieren aceptado la indemnización que les corresponda en términos de esta Ley como consecuencia de la terminación de sus relaciones de trabajo.
IV. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza ni de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la presentación del escrito de emplazamiento o de la demanda de titularidad del contrato colectivo o de administración del contrato-ley.
V. Para efectos de la integración del padrón de votación, la junta o en su caso el Registro Público, requerirá al patrón que exhiba dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, bajo protesta de decir verdad, un listado de los trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos, nombre completo ordenado alfabéticamente por el primer apellido, sexo, fecha de nacimiento, fecha de ingreso al trabajo, registro federal de contribuyentes, registro ante la institución de seguridad social que corresponda, puesto de trabajo y domicilio del centro de trabajo en que se presta el servicio. El listado quedará de inmediato a disposición de las partes por un término de tres días a efecto de que puedan exhibir listado con los datos de los trabajadores que se hubieren omitido o incluido indebidamente.
VI. Las objeciones a las personas contenidas en los listados exhibidos podrán formularse por las partes en la audiencia señalada para ello, en el entendido de que se deberán ofrecer y rendir pruebas documentales por las partes a fin de que la junta o en su caso el Registro Público, determine un padrón confiable de votación. En todo caso deberán evitarse dilaciones innecesarias a fin de que el procedimiento se lleve con la máxima celeridad. Dicha audiencia deberá celebrarse dentro del término de cinco días contados a partir de que haya concluido el término a que se refiere la parte final de la fracción anterior.
VII. Los votantes deberán identificarse antes de emitir el voto con documento oficial, de preferencia con la credencial de elector, y deberán imprimir su huella digital seguida por su firma en el padrón. Sin estos requisitos nadie podrá participar en el recuento. El actuario o en su caso el funcionario del registro, tomarán nota de cualquier irregularidad u objeción que se presente a lo largo de la diligencia y de presumir la existencia de algún ilícito penal, estará obligado a presentar la denuncia correspondiente.
VIII. El voto será libre, directo y secreto; la junta o en su caso el Registro Público, tomará las medidas necesarias para garantizarlo así. En caso de que se susciten actos de presión en contra de los trabajadores que tiendan a violentar su decisión o cuando se impida a los mismos acudir a la votación, solicitará el auxilio de la fuerza pública que se requiera para llevar a cabo el recuento en las condiciones señaladas, procurando que no se suspenda la diligencia.
IX. Las cédulas de votación deberán emitirse en un número igual al de los trabajadores documentados en el padrón y estar debidamente selladas y autorizadas por el secretario de la junta, o en su caso por el funcionario del registro, debiendo aparecer en ellas los nombres de los sindicatos que sean parte en el procedimiento y un espacio a la altura de cada uno de dichos nombres, a efecto de que pueda ser emitido el voto haciendo una marca en el lugar correspondiente al sindicato de la preferencia del emisor del voto. En el caso de huelga las cédulas tendrán espacios para votar sobre o al lado de las leyendas "a favor de la huelga" y "en contra de la huelga". Si se trata de solicitud de celebración de contrato colectivo, se estará a lo dispuesto en el artículo 387 Bis.
X. Se instalarán mamparas debidamente protegidas de la vista de los demás, para garantizar la privacía en la emisión del voto.
XI. Cada parte podrá acreditar previamente ante la junta o en su caso ante el registro, un máximo de tres personas para ser representada en la diligencia de recuento. Ninguna otra persona podrá concurrir al acto de votación ni al local en que se realice el recuento.
Artículo 932. Si la Junta declara la inexistencia legal del estado de huelga:
II. Deberá notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, apercibiendo a los trabajadores de que, por el solo hecho de no acatar la resolución, quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada;
III. Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que, de no presentarse a laborar los trabajadores dentro del término señalado, quedará en libertad para contratar a otros; y
IV. Dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo.
Artículo 936. Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en los artículos 466 y 935 de esta ley, el patrón podrá utilizar a otros trabajadores. La junta, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan prestarse dichos servicios.
Artículo 937. Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores a la decisión de la Junta, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica, según el caso.
Si la junta declara en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al patrón, condenará a éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga en los términos del artículo 450, fracción VI, de esta ley.
Artículo 938. Si la huelga tiene por objeto la celebración o revisión del contrato ley, se observarán las disposiciones de este capítulo, con las modalidades siguientes:
II. En el escrito de emplazamiento se señalarán el día y la hora en que se suspenderán las labores, que deberán ser 30 o más días posteriores a la fecha de su presentación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
III. Si el escrito se presenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Presidente, bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar a los patrones la copia del escrito de emplazamiento directamente dentro de las 24 horas siguientes a la de su recibo, o girará dentro del mismo término los exhortos necesarios, que deberán desahogarse por la autoridad exhortada, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Desahogados los exhortos, deberán devolverse dentro del mismo término, de 24 horas;
IV. Se suprime.
Capítulo I
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbítrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas.
Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta expedita.
Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los ocho días siguientes al día en que surta efectos la notificación.
Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.
Artículo 947. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado, la Junta:
II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario;
III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y
IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos desde la fecha en que dejaron de pagarlos hasta que se paguen las indemnizaciones, así como al pago de la prima de antigüedad, en los términos del artículo 162.
Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo.
Sección Segunda
Del Procedimiento del Embargo
Artículo 960. Si llega a asegurarse un título de crédito, se designará un depositario que lo conserve en guarda, quien estará obligado a hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el Título represente y a intentar todas las acciones y los recursos que la ley concede para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además, a las obligaciones que impongan las leyes a los depositarios.
Artículo 962. Si los bienes embargados fueren inmuebles, el presidente ejecutor, bajo su responsabilidad, ordenará, dentro de las 24 horas siguientes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo:
II. Cuando se promueva una tercería y se haya dictado auto admisorio.
Sección Tercera
Remates
Artículo 968. En los embargos se observarán las normas siguientes:
A. Si los bienes embargados son muebles:
II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo; y
III. El remate se anunciará en los tableros de la junta en el palacio municipal o en la oficina de gobierno que designe el presidente ejecutor.
II. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el Registro Público de la Propiedad, de 10 años anteriores a la fecha en que ordenó el remate. Si en autos obrare ya otro certificado, se pedirá al registro sólo el relativo al periodo o periodos que aquél no abarque; y
III. El proveído que ordene el remate se publicará, por una sola vez, en el Boletín de la junta, en caso de haberlo, y se fijará, por una sola vez, en la Tesorería de cada entidad federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los bienes, convocando postores.
Se citará personalmente a los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes, a efecto de que hagan valer sus derechos.
Artículo 969. Si los bienes embargados son una empresa o establecimiento, se observará el procedimiento siguiente:
II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo;
III. Es aplicable lo dispuesto en la fracción III del apartado A del artículo anterior, referente a muebles; y
IV. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se recabará el certificado de gravámenes a que se refiere la fracción II del apartado B del artículo anterior.
Capítulo II
Procedimiento de las Tercerías y Preferencias
de Crédito
Sección Primera
De las Tercerías
Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el pleno o por la junta especial que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes:
II. La Junta ordenará que se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia, dentro de los 10 días siguientes, en la que las oirá; y, después de desahogadas las pruebas, dictará resolución;
III. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo dispuesto en los Capítulos XII, XVII y XVIII del Título Decimocuarto de esta ley;
IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia, el pago del crédito; y
V. Si se declara procedente la tercería, la Junta ordenará el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenará que se pague el crédito declarado referente.
Sección Segunda
De la Preferencia de Créditos
Artículo 979. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán solicitar a la Junta, para los efectos del artículo 113, que prevenga a la autoridad jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan hacer efectivos créditos contra el patrón para que, antes de llevar a cabo el remate o la adjudicación de los bienes embargados, les notifique para garantizar el derecho preferente que la ley les concede en dicha disposición.
Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los trabajadores, se harán a prorrata, dejando a salvo sus derechos.
Artículo 980. La preferencia se sustanciará conforme a las reglas siguientes:
II. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, la Junta la prevendrá haciéndole saber que los bienes embargados están afectos al pago preferente del crédito laboral y que, por tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón, deberá notificar al trabajador a fin de que comparezca a deducir sus derechos; y
III. Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Sistema de Ahorro para el Retiro o aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, bastará que la Junta remita oficio a la autoridad que corresponda, indicándole la existencia de juicios laborales cuyas prestaciones están pendientes de cubrirse para que, antes de adjudicar o rematar los bienes del patrón, se proceda conforme al artículo anterior.
Si el patrón antes del remate hubiese hecho pago para librar sus bienes, deberá cubrirse con éste el importe de los créditos laborales en que se hubiese hecho la prevención.
Capítulo III
Procedimientos Paraprocesales o Voluntarios
Artículo 983. En los procedimientos a que se refiere este capítulo, el trabajador, sindicato o patrón interesado podrá concurrir a la junta competente, solicitando oralmente o por escrito la intervención de ésta y señalando expresamente la persona cuya declaración se requiere, la cosa que se pretende se exhiba o la diligencia que se pide se lleve a cabo.
La Junta acordará dentro de las 24 horas siguientes sobre lo solicitado y, en su caso, señalará día y hora para llevar a cabo la diligencia y ordenará, en su caso, la citación de las personas cuya declaración se pretende.
Artículo 986. La junta, al recibir el escrito del patrón, comprobará que reúna los requisitos señalados en el artículo anterior, en cuyo caso inmediatamente correrá traslado a los representantes de los trabajadores para que, dentro de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido el plazo, acordará lo conducente.
Si la solicitud del patrón no reúne los requisitos legales, la Junta la desechará de plano.
Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla.
En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual.
Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de laudo ejecutoriado.
Artículo 989. Los trabajadores podrán solicitar, por conducto de la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, que el patrón les expida constancia escrita que contenga el número de días trabajados y el salario recibido, en los términos señalados en el artículo 132, fracción VII, de esta ley.
Artículo 991. En los casos de rescisión previstos en el párrafo final del artículo 47, el patrón podrá acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente a solicitar que se notifique al trabajador, por conducto del actuario de la Junta, el aviso a que el citado precepto se refiere. La Junta, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la promoción, deberá proceder a la notificación.
El actuario levantará acta circunstanciada de la diligencia.
Título Decimosexto
Responsabilidades y Sanciones
Artículo 992. Las violaciones de las normas de trabajo cometidas por los patrones o por los trabajadores se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este Título, independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones.
La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente Título se establecen se hará tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el tiempo en que se cometa la violación.
Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta no podrá exceder del importe señalado en el segundo párrafo del artículo 21 constitucional.
Artículo 993. Al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos se impondrá una multa por el equivalente de 15 a 155 veces el salario mínimo general, conforme a lo dispuesto en el artículo que antecede.
Artículo 994. Se impondrá multa, cuantificada en los términos del artículo 992, por el equivalente:
II. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las obligaciones que le impone al Capítulo VIII del Título Tercero;
III. De 3 a 95 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las obligaciones señaladas en el artículo 132, fracciones IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XXII;
IV. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla lo dispuesto en la fracción XV del artículo 132. La multa se duplicará si la irregularidad no es subsanada dentro del plazo que se conceda para ello;
V. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento; y no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. La multa se duplicará si la irregularidad no es subsanada dentro del plazo que se conceda para ello, sin perjuicio de que las autoridades procedan en los términos del artículo 512-D;
VI. De 15 a 155 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones II, IV, VI, VII, IX, XII y XIII.
Artículo 997. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo y del trabajo a domicilio se impondrá multa por el equivalente de 15 a 155 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992.
Artículo 998. Conforme a lo dispuesto en el artículo 992, al patrón que no facilite al trabajador doméstico que carezca de instrucción la asistencia a una escuela primaria se impondrá multa por el equivalente de 3 a 15 veces el salario mínimo general.
Artículo 999. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos semejantes se impondrá multa por el equivalente de 3 a 155 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992.
Artículo 1001. Al patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior de Trabajo se impondrá multa por el equivalente de 3 a 30 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992.
Artículo 1003. Los trabajadores, los patrones y los sindicatos, federaciones y confederaciones de unos y de otros podrán denunciar ante las autoridades del trabajo las violaciones de las normas del trabajo.
Los presidentes de las juntas especiales y los inspectores del Trabajo tienen la obligación de denunciar ante el Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haya dejado de pagar o pague a sus trabajadores cantidades inferiores a las señaladas como salario mínimo general.
Artículo 1004. Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores a aquellas de que efectivamente hizo entrega se le castigará con las penas siguientes:
II. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta a 100 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992, cuando el monto de la omisión sea mayor que el importe de un mes, pero no exceda de tres meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente; y
III. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equivalga hasta a 200 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992, si la omisión excede de los tres meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente.
Artículo 1005. Al procurador de la Defensa del Trabajo o al apoderado o representante del trabajador se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de 8 a 80 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en los casos siguientes:
I. Cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a dos o más audiencias; y
II. Cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el juicio durante el lapso de tres meses.
Artículo 1006. A todo el que presente documentos o testigos falsos se impondrá una pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 8 a 120 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que reciba el trabajador en una semana.
Artículo 1008. Las sanciones administrativas de que trata este Título serán impuestas, en su caso, por el secretario del Trabajo y Previsión Social, por los gobernadores de los estados o por el jefe del Gobierno del Distrito Federal, quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios subordinados que estimen convenientes, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficial que corresponda.
Artículos Transitorios
Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las reformas a los artículos 365, 384, 387, 387 Bis, 390, 523 fracciones XIII y XIV, 624-A, 624-B, 624-C, 624-D, 624-E, 624-F, 624-G, 624-H, 692 fracción IV y 892, del presente decreto entrarán en vigor en un año, contado a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Los sindicatos actualmente constituidos tendrán la obligación de adecuar sus estatutos, a los términos de los artículos 371 y 373, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre de 2010.
Cuarto. Dentro del término de seis meses posteriores a la constitución de los respectivos Registros Públicos de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, enviarán al Registro que corresponda, los expedientes de registro de organizaciones sindicales, los expedientes de depósito de contratos colectivos de trabajo y los expedientes de depósito de reglamentos interiores de trabajo.
Quinto. Con objeto de dar cumplimiento a la fracción VI Bis del artículo 391, los patrones que tengan celebrado contrato colectivo de trabajo deberán presentar el padrón contractual a que se refiere dicha disposición legal, dentro de los seis meses siguientes de entrada en vigor de este decreto, a la autoridad ante la que obre depositado el contrato colectivo de trabajo en cuestión.
Sexto. Los plenos de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje adecuarán su Reglamento al presente decreto, en el término de seis meses, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Séptimo. Los Presidentes de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje establecerán los lineamientos para el sistema de formación, capacitación y actualización jurídica del personal de su respectiva Junta dentro de los seis meses siguientes a que entren en vigor las presentes reformas.
Octavo. El Servicio Público de Conciliación deberá quedar integrado a más tardar para el ejercicio presupuestal siguiente a aquel en que entren en vigor las presentes reformas.
Noveno. El personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que no cuente con el título y la cédula profesionales a que se refieren los artículos 626, fracción II; 627, fracción II; 627-B, fracción II; 628, fracción II; y 629 contarán con un término de cinco años para obtenerlo, contado a partir de que entren en vigor las presentes reformas.
Décimo. A los representantes de los trabajadores y de los patrones actualmente en funciones a que se refiere el artículo 665 no les serán exigibles los requisitos de la fracción II de dicho artículo.
Undécimo. Las retribuciones a que se refiere el artículo 631 entrarán en vigor a partir del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación y de las entidades federativas.
Duodécimo. Los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a la presente reforma deberán concluirse de conformidad con ellas.
Decimotercero. Los registros públicos se constituirán de conformidad a lo que establezcan los congresos locales.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de agosto de 2009.
Atentamente
Diputado Francisco Antonio Fraile García (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social. Agosto 12 de 2009.)