• De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

• De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 97 de la Ley Agraria

• De la Comisión de Reforma Agraria, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 59 y 70 de la Ley Agraria

• De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas que adicionan el artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía

• De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión

• De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal de Cinematografía

• De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión

• De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona el párrafo segundo al artículo 15 y el artículo 18 de la Ley Federal de Radio y Televisión

• De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona el inciso V al artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión

• De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos iniciativas que adicionan el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Cinematografía

• De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 31 Bis a la Ley Federal de Cinematografía

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, con puntos de acuerdo por los que se desechan 26 iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• De la Comisión de Puntos Constitucionales, con punto de acuerdo por el que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• De la Comisión de Cultura, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor

• De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos, que desecha la minuta que expide la Ley de Coordinación para la Educación y Profesionalización de los Miembros de las Instituciones Policiales

• De la Comisiones Unidas de Gobernación, y de Energía, con puntos de acuerdo que desechan la minuta que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

• De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo que desechan la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley General de Educación

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 69 de la Ley General de Educación

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 2, 7, 8, 32 y 41 de la Ley General de Educación

• De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el Museo Nacional de Historia Fortaleza de San Juan de Ulúa

• De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 5 y adiciona el 5 Bis a la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

• De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

• De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desechan cinco iniciativas que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso s d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el martes 10 de marzo de 2009, los Secretarios dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que presentó la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".

Tercero. La legisladora propone lo siguiente:

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) tiene por objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; de igual forma, corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor aplicar y ejecutar la aludida ley, como un organismo público con el carácter de una autoridad administrativa.

Tercera. Que dentro de los principios de la LFPC, se encuentra la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.

Cuarta. Que la LFPC considera como consumidor a cualquier persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios.

Quinta. Que el Código Civil Federal dispone en su artículo 22 que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley.

Sexta. Que la LFPC, considera a los niños como sujetos que ameritan mayor protección respecto de los posibles abusos contra sus derechos como consumidores, tal es el caso del Capítulo VIII Bis, que prohíbe a los proveedores utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los bienes o servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población.

Séptima. Que la LFPC regula la publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, disponiendo que debe ser veraz, comprobable y exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Sancionando con multa mínima de 367.12 pesos y hasta de 1 millón 174 mil 782.68 de pesos la publicidad que refiera características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, induzca al error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

Octava. Que puede sugerirse como marco jurídico especializado para atender la inquietud de la legisladora promovente la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Novena. Que los diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que la Ley Federal de Protección al Consumidor considera a los niños como sujetos más vulnerables a posibles abusos por parte de los proveedores y les brinda un resguardo especial, y consideran que la propuesta plantea un objetivo loable sin embargo, pudiera armonizar más en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía presenta los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa, presentada el martes 10 de marzo de 2009.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de abril de 2009.

La Comisión de Economía

Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marcos Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila, Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal, Eduardo Ortiz Hernández, Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 97 DE LA LEY AGRARIA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a esta LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa citada al rubro del presente dictamen.

Esta Comisión dictamina con fundamento en los artículos 39 numerales 1, 2 fracción XXXII, y 3; y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y somete a la consideración de esta H. Asamblea, el presente dictamen con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 23 de enero de 2009, la Mesa Directiva recibió de la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y en ejercicio del derecho conferido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos iniciativa por la que se adiciona un párrafo al artículo 97 de la Ley Agraria.

Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria"; mismo que nos fue comunicado mediante oficio No. D.G.P.L. 60-II-1-1267.

Tercero. Mediante oficio Of/CRA/048/08 de fecha 29 de enero de 2008, se dio cuenta de esta iniciativa a los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, para conocimiento, opiniones y propuestas.

Cuarto. Mediante oficio Of/CRA/054/08 de fecha 30 de febrero de 2008, la Presidencia de la Comisión de Reforma Agraria con fundamento en lo establecido en el artículo 45, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria emitiera opinión respecto a la presente Iniciativa, a efecto de contar con mayores elementos jurídicos para el estudio, análisis y dictamen de la misma.

Quinto. Asimismo, mediante oficio Of/CRA/056/08 de fecha 31 de enero de 2008, la Comisión de Reforma Agraria, solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la valoración del impacto presupuestal.

Sexto. La legisladora en su iniciativa propone lo siguiente:

Primera. El Fifonafe es un fideicomiso público, cuya naturaleza se define en el contrato constitutivo del Fideicomiso creado con fecha 25 de octubre de 1960, el cual ha sido modificado mediante convenios de fechas 4 de enero de 1977; 1 de noviembre de 1985; y 7 de agosto de 1995, para adecuarlo a las reformas legales en materia agraria que incidían en su operación, funcionamiento y estructura.

Segunda. Como fideicomiso público, está regulado por los artículos 1°, 3° y 9° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1°, 2°, 40, 41, 42, 44 y 45 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 9° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Tercera.- Explícitamente, en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que: " ... Los fideicomisos públicos considerados entidades en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Entidades Paraestatales podrán constituirse o incrementar un patrimonio con autorización del Ejecutivo federal, emitida por conducto de la Secretaría, la que en su caso, propondrá al titular del Ejecutivo federal la modificación ó extinción de los mismos cuando así convenga al interés público ..." (subrayado nuestro).

Cuarta. En la cláusula cuarta del Contrato Constitutivo, ya se establecen los "Fines del Fideicomiso", señalándose claramente, entre otros: a).- administrar los fondos comunes ejidales y comunales... b).- " ... promoción de desarrollo del sector rural o a través del fomento a las actividades productivas..." c) Apoyar financieramente las actividades agropecuarias, industriales y de servicios en ejidos y comunidades...

Quinta. Lo que propone la legisladora, como puede verse, ya está previsto en las atribuciones del Fifonafe y, en todo caso, si se requiriera adicionarle funciones o facultades; la vía idónea no es reformando la Ley Agraria, sino que como se deduce de las anteriores consideraciones, los cambios propuestos estarán en la órbita del titular del Ejecutivo federal, a través de la coordinadora del sector, que en este caso, es la Secretaría de la Reforma Agraria; por lo que las propuestas debieran orientarse, a través del ejecutivo por la vía de modificar o ampliar el "Convenio modificatorio" actual del Fifonafe.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que, de ello se deriva que no resulta necesario, ni es esta la vía para las modificaciones que propone la legisladora, esta Comisión de Reforma Agraria somete a la consideración de la honorable asamblea el presente:

Dictamen

Primero. Se desecha la iniciativa presentada por la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 23 de enero de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril 21 de 2009.

La Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Ramón Ceja Romero (rúbrica), presidente; Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica en contra), Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez(rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez, Juan Victoria Alva (rúbrica), Pedro Landero López, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Carlos Roberto Martínez Martínez, Héctor Narcia Álvarez, Arely Madrid Tovilla, Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena, José Luis Blanco Pajón, Tomás Gloria Requena, Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Félix Castellanos Hernández.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 59 Y 70 DE LA LEY AGRARIA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a esta LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa citada al rubro del presente dictamen.

Esta Comisión dictamina con fundamento en los artículos 39 numerales 1, 2 fracción XXXII, y 3; y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87 y 88, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y somete a la consideración de esta H. Asamblea, el presente dictamen con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 4 de diciembre de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió del diputado Faustino Javier Estrada González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio del derecho conferido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos iniciativa que reforma los artículos 59 y 70 de la Ley Agraria.

Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria"; mismo que nos fue comunicado mediante oficio No. D.G.P.L. 60-II-3-1080.

Tercero. Mediante oficio Of/CRA/813/07 de fecha 6 de diciembre de 2007, se dio cuenta de esta iniciativa a los integrantes de la Comisión, para su conocimiento, opinión y propuestas.

Cuarto. La Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo envío opinión de las Secretarías de Reforma Agraria y de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. SEL/UEL/311/DGAEGFSC/4117/08, de fecha 7 de noviembre de 2008.

Quinto. El legislador en su iniciativa propone las siguientes reformas:

Primera. La adición al artículo 59 que se propone, resulta en sí una contradicción, pues sugiere la nulidad en la asignación de pacerlas en superficies destinadas a parcelas escolares, siendo esta una parcela con destino específico.

Segunda. El espíritu del artículo 59 de la Ley Agraria vigente, está orientado a la protección del medio ambiente, por lo que se declara la nulidad de pleno derecho en la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales.

Tercera. Por lo que hace a la parcela escolar, la asamblea es el máxima órgano del núcleo agrario y por tanto, tiene facultades para realizar la delimitación de parcelas como dispone el artículo 23, fracción VII.

Cuarta. La parcela escolar, al ser una parcela con destino específico es inalienable, imprescriptible e inembargable. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras será nulo de pleno derecho como lo dispone el artículo 64 de la Ley Agraria. El mismo precepto faculta al núcleo de población para aportar tierras del asentamiento humano al municipio o entidad correspondiente para dedicarlas a los servicios públicos, con la intervención de la Procuraduría Agraria.

Quinta. Adicionalmente, podrá la asamblea resolver sobre el deslinde de superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, dejando a su propio reglamento, en su caso, las normas de uso. El proponer que cualquier entidad pública sea la encargada de organizar el desarrollo de la parcela escolar va en contra del espíritu del artículo 27 constitucional y de la Ley Agraria porque se está afectando la soberanía del núcleo de población.

Sexta. El que una escuela pública pueda tener preferencia para que se le adjudiquen tierras contraviene lo dispuesto por los artículos que se han señalado.

Séptima. La propiedad de las tierras corresponde al núcleo, por tanto es facultad de éste aportarlas o no a una entidad pública.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Reforma Agraria, somete a la consideración de la honorable asamblea, el presente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 59 y 70, de la Ley Agraria, presentada, por el diputado Faustino Javier Estrada González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de abril de 2009.

La Comisión de Reforma Agraria

Diputados: Ramón Ceja Romero (rúbrica), presidente; Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Aguirre Alcaide (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez(rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez, Juan Victoria Alva (rúbrica), Pedro Landero López, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Carlos Roberto Martínez Martínez, Héctor Narcia Álvarez, Arely Madrid Tovilla, Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena, José Luis Blanco Pajón, Tomás Gloria Requena, Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Félix Castellanos Hernández.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHAN DOS INICIATIVAS QUE ADICIONAN EL ARTÍCULO 21 BIS A LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dictamina las iniciativas siguientes: 1) Proyecto de decreto que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, formulada por el diputado Francisco Javier Bravo Carvajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura. 2) Proyecto de decreto que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, formulada por el diputado Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LIX Legislatura, con base en los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

Primera. El derecho a presentar las iniciativas que se dictaminan, encuentran su fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional ya que dicho precepto establece que: "El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los diputados y senadores al Congreso de la Unión...".

Segunda. Como se puede apreciar el contenido de ambas iniciativas persiguen el mismo objetivo de limitar el tiempo de publicidad comercial en la exhibición de películas en las salas cinematográficas, en tres y cinco minutos, respectivamente.

Tercera. El proyecto de iniciativa del diputado Francisco Javier Bravo Carvajal no contiene artículos transitorios, por esto no se puede determinar cuando se pretendía que la iniciativa entrara en vigor.

Cuarta. A pesar de que si se encuentra regulada la publicidad cinematográfica relativa a tabaco y alcohol por el artículo 35 del Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía, no existe ningún ordenamiento jurídico que regule el tiempo de comercialización de bienes productos y servicios en las salas de cine, por lo que tomando como base lo anterior resultaría más recomendable utilizar el mismo reglamento para establecer una restricción de esta naturaleza.

Quinta. En caso de querer limitar la publicidad en las salas de cine, no debe pasarse por alto que ello puede tener un efecto no deseado sobre el bienestar de los consumidores, pues las salas exhibidoras de películas, al ver limitada la generación de ingresos que se podría obtener de la venta de publicidad, entonces ante cualquier incremento en sus costos de exhibición, necesariamente buscarán recuperarlo mediante incrementos en los precios de las entradas.

Sexta. Los anuncios publicitarios actualmente no son ni supervisados, ni clasificados, y mucho menos autorizados para su exhibición en las salas, en virtud de que el artículo 7 de la LFC en su fracción III, únicamente considera, además de las películas, los avances publicitarios de películas (comúnmente llamados trailers o cortos), como materia para clasificar y autorizar su exhibición en las salas, por lo que resultaría incongruente que la modificación propuesta atienda únicamente a la duración de los anuncios, y no a la obligación de supervisar y clasificar (y por tanto de exigir el pago de derechos y otras obligaciones) los contenidos de los mismos para su debida regulación y control.

Séptima. Por otra parte el inciso c) del párrafo segundo del artículo XVI del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios suscrito por México en 1994 prevé que en los sectores en que se contraigan compromisos de acceso a los mercados, ningún miembro adoptará medidas que constituyan limitaciones el número total de operaciones de servicios expresadas en unidades numéricas designadas o en forma de contingentes.

En este sentido la lista de compromisos específicos del Gobierno de México en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios prevé, en materia de publicidad, que México tiene un compromiso en cuanto a los servicios de publicidad y actividades conexas de conformidad con el Grupo 871 Servicios de publicidad de la Clasificación Central Provisional de Productos de las Naciones Unidas. Dicho grupo comprende las clases 8711, 8712 y 8719, y estás, a su vez las subclases 87110 Servicios de venta o arrendamiento de espacio o tiempo para avisos de publicidad, 87120 Servicios de planificación, creación y colocación de avisos de publicidad y 87190 Otros servicios de publicidad.

En este caso, la publicidad proyectada en salas cinematográficas no está específicamente citada en alguna subclase de la Clasificación Central Provisional de Productos de las Naciones Unidas, pero queda comprendida en la subclase 87190 Otros servicios de publicidad que comprende otros servicios de publicidad no clasificados en otra parte, incluidos los servicios de publicidad al aire libre y publicidad aérea, así como los servicios de difusión de muestras y otro material publicitario.

En virtud de lo anterior, adoptar una medida que limite el tiempo de proyección de publicidad en las salas cinematográficas constituiría una limitación en el sentido descrito por el artículo del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios antes citado y por lo tanto dicha medida sería contraria a los compromisos específicos de México en la Organización Mundial de Comercio.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, emiten el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía formulada por el diputado Francisco Javier Bravo Carvajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada ante el pleno de esta soberanía en sesión ordinaria del 23 de marzo de 2004 y se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, formulada por el diputado Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentada ante el pleno de esta soberanía en sesión ordinaria del 4 de enero de 2006

Segundo. Archívense los presentes asuntos como total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días el mes de abril de 2009.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

Diputados: José Antonio Arévalo González (rúbrica), presidente; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz, Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Israel Beltrán Montes, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Patricio Flores Sandoval, Aracely Escalante Jasso, Enrique Iragorri Durán, Neftalí Garzón Contreras, Delber Medina Rodríguez (rúbrica), David Maldonado González, Ramón Félix Pacheco Llanes, Elizabeth Morales García, Gloria Rasgado Corsi, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), María Elena Torres Baltazar, Raúl Ríos Gamboa, Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Rodolfo Solís Parga, Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dictamina la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, formulada por la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, con base en los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

Primero. El derecho a presentar la iniciativa que se dictamina, encuentra su fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional ya que dicho precepto establece que: "El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los diputados y senadores al Congreso de la Unión...".

Segundo. La iniciativa que nos ocupa tiene como propósito fundamental modificar el sentido actual de esta disposición que prevé que el Estado, a través del Ejecutivo tendrá derecho a exigir a los concesionarios y/o permisionarios se enlacen para transmitir información de verdadera importancia a la nación, como serían casos de epidemias, invasión, hechos de trascendencia nacional, etcétera, por lo que al modificarlo como pretende la propuesta solo entorpecería la funcionalidad para el cual fue creado.

Tercero. En la actualidad los Poderes de la Unión cuentan con acceso a la radio y la televisión para transmitir aquellos mensajes de interés general, acorde a la distribución que el propio Legislativo fija en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El Poder Legislativo confirió a la Secretaría de Gobernación la atribución de determinar los asuntos que son de interés para la nación, por ser la dependencia idónea para ello, dada su naturaleza y facultades.

Cuarto. La atribución de determinar la información que es de trascendencia para la nación, debe ser vista como una responsabilidad del Estado, no como una prerrogativa, que debe ejercerse a través de la autoridad que reúne las características idóneas, preservando las condiciones de gobernabilidad democrática y garantizando el derecho a la información, en pro del interés público. Por lo que resulta pertinente aclarar que los encadenamientos no constituyen una prerrogativa en materia de comunicación social de la que goza exclusivamente el Poder Ejecutivo, sino una obligación por parte del Gobierno Mexicano a través de la Secretaría de Gobernación, de hacer del conocimiento de la población informaciones de trascendencia nacional, a través de medios masivos de comunicación, como son la radio y la televisión.

Quinto. Debemos mencionar que la Ley Federal de Radio y Televisión es la única ley que estipula el procedimiento mediante el cual el Estado pueda ejercer la prerrogativa a su cargo consignada en el artículo 62 de la misma ley. No existe alguna norma de orden jerárquico superior o similar que permita, prohíba o en general estipule expresamente el proceso mediante el cual el Estado pueda solicitar que las estaciones de radio y televisión deban encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación.

Sexto. El proyecto objeto de este análisis pretende que cualquiera de los Poderes de la Unión tenga facultad para hacer ejecutar sus determinaciones por la Secretaría de Gobernación, en cuanto a exigir a las estaciones de radio y televisión encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación.

Nuestra Constitución en su artículo 93 faculta al Congreso para exigir a los secretarios de Estado informes, dar cuenta de sus secretarías, responder a interpelación y preguntas cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, al igual que requerir información e investigación y hasta crear una comisión para que investigue el funcionamiento de las Secretarias. Sin embargo, nuestra Ley Suprema no crea una relación de subordinación entre el Congreso y las secretarías de Estado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, emiten el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, formulada por la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y presentada ante el pleno de esta soberanía en sesión ordinaria del el 15 de marzo de 2005.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días el mes de abril de 2009.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

Diputados: José Antonio Arévalo González (rúbrica), presidente; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz, Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Israel Beltrán Montes, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Patricio Flores Sandoval, Aracely Escalante Jasso, Enrique Iragorri Durán, Neftalí Garzón Contreras, Delber Medina Rodríguez (rúbrica), David Maldonado González, Ramón Félix Pacheco Llanes, Elizabeth Morales García, Gloria Rasgado Corsi, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), María Elena Torres Baltazar, Raúl Ríos Gamboa, Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Rodolfo Solís Parga, Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 42 BIS DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dictamina la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 42 Bis de la Ley Federal de Cinematografía, formulada por la diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con base en los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

Primero. El derecho a presentar la iniciativa que se dictamina, encuentra su fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional ya que dicho precepto establece que: "El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los diputados y senadores al Congreso de la Unión...".

Segundo. La iniciativa que nos ocupa tiene como propósito fundamental que el Estado, pueda ser apoyado por los municipios para corroborar el cumplimiento que establece la Ley Federal de Cinematografía, en lo referente a la clasificación de películas por parte de los exhibidores, a través de convenios.

Tercero. El artículo 4° de la Ley Federal de Cinematografía señala que corresponde al Poder Ejecutivo federal la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley y su reglamento y que las entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar en el desarrollo y promoción de la industria cinematográfica, por si o mediante convenios con la autoridad federal competente.

Cuarto. El artículo 4° del reglamento de la Ley Federal de Cinematografía señala que las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias y en lo que no se oponga a la ley a este reglamento podrán ayudar en el fomento, desarrollo y promoción de la industria cinematográfica por si o a través de convenios con el ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública, en lo que concierne a sus atribuciones.

Quinto. La adición propuesta es innecesaria, toda vez que la ley en comento ya establece estas facultades a las autoridades municipales tanto para vigilar, como para coadyuvar con las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a favor de que se cumpla la Ley Federal de Cinematografía, es importante destacar que tanto las autoridades estatales como municipales tienen la obligación de vigilar que se cumplan los ordenamientos legales.

Sexto. Aunado a lo anterior esta dictaminadora considera que la adición que se propone carece de fundamento constitucional ya que la constitución no autoriza a los municipios para que directamente puedan celebrar convenios con las dependencias federales.

Conforme al artículo 115, fracciones II, III, penúltimo párrafo y IV inciso a), los Estados únicamente pueden celebrar convenios con sus municipios, con el objeto de que éstos asuman la prestación de los servicios públicos o la atención de las funciones, así como la ejecución y operación de obras que tenga encomendados la Federación, lo que inevitablemente exige la intermediación de los Estados en la celebración de dichos convenios con sus municipios. Por lo que la adición en estudio no cumple con dicho requisito lo que podría derivar en una eventual inconstitucionalidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, emiten el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Cinematografía, formulada por la diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y presentada ante el pleno de esta soberanía en sesión ordinaria del el 16 de marzo de 2005.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días el mes de abril de 2009.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

Diputados: José Antonio Arévalo González (rúbrica), presidente; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz, Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Israel Beltrán Montes, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Patricio Flores Sandoval, Aracely Escalante Jasso, Enrique Iragorri Durán, Neftalí Garzón Contreras, Delber Medina Rodríguez (rúbrica), David Maldonado González, Ramón Félix Pacheco Llanes, Elizabeth Morales García, Gloria Rasgado Corsi, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), María Elena Torres Baltazar, Raúl Ríos Gamboa, Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Rodolfo Solís Parga, Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 13 Y 25 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dictamina la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión, formulada por el diputado Anuario Luis Herrera Solís, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LX Legislatura, con base en los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

Primera. El derecho a presentar la iniciativa que se dictamina, encuentran su fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional ya que dicho precepto establece que: "El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los diputados y senadores al Congreso de la Unión...".

Segunda. Como se puede apreciar el contenido de la iniciativa únicamente plantea incorporar a la LFRT, la figura de las radios comunitarias, y permitir que el financiamiento de su creación, operación y mantenimiento sea a través de patrocinios, donaciones y subsidios, conservando su carácter de laicidad, apartidismo y no perseguir fines de lucro.

No obstante lo anterior, es conveniente destacar el hecho de que se prevea la recepción de subsidios, cuya naturaleza no es precisa en el texto de la iniciativa, así como tampoco se prevé bajo que procedimientos estos podrían ser otorgados a los permisionarios de estaciones de radio comunitarias. De igual forma, tampoco se prevé que la autoridad esté obligada a publicar determinadas reglas para el otorgamiento o recepción de dichos "subsidios".

Tercera. Si bien es cierto que existen demandas de diversos grupos de la sociedad en el sentido de incluir la figura de las radios comunitarias en la Ley Federal de Radio y Televisión, es conveniente señalar que la propuesta contenida en la iniciativa en realidad no aporta elementos adicionales que los que en realidad ya prevé el artículo 13 de la LFRTV, pues al final del primer párrafo de dicho artículo, al describir la naturaleza de las estaciones de radio y televisión, se señala de manera expresa que éstas podrán ser "comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole". Sobre las de naturaleza comercial, el mismo artículo prevé que solo podrán previo otorgamiento de una concesión, mientras que para el resto de las figuras solo se requiere la obtención de un permiso.

En este sentido, es claro que si bien el artículo no menciona expresamente a las radios comunitarias, dicha figura está prevista en las estaciones "de cualquier otra índole", por lo que no se requiere una mención específica del concepto "comunitario", lo que de hecho requeriría definir otros términos para otro tipo de estaciones, por ello, el término "de cualquier otra índole".

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, emiten el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión formulada por el diputado Anuario Luis Herrera Solís, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentada ante el pleno de esta soberanía en sesión ordinaria del 8 de abril de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días el mes de abril de 2009.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

Diputados: José Antonio Arévalo González (rúbrica), presidente; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz, Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Israel Beltrán Montes, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Patricio Flores Sandoval, Aracely Escalante Jasso, Enrique Iragorri Durán, Neftalí Garzón Contreras, Delber Medina Rodríguez (rúbrica), David Maldonado González, Ramón Félix Pacheco Llanes, Elizabeth Morales García, Gloria Rasgado Corsi, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), María Elena Torres Baltazar, Raúl Ríos Gamboa, Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Rodolfo Solís Parga, Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 15 Y EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dictamina la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 15 y se adiciona el artículo 18 de la Ley Federal de Radio y Televisión, formulada por el diputado Alberto Amador Leal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con base en los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

Primera. El derecho a presentar la iniciativa que se dictamina, encuentran su fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional ya que dicho precepto establece que: "El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los diputados y senadores al Congreso de la Unión...".

Segunda. Como se puede apreciar la iniciativa en estudio consiste en otorgar la atribución, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para que mediante una solicitud de un operador de una estación de radio AM, pueda transmitir la misma programación en una estación de Frecuencia Modulada (FM), sin embargo, resulta imperante mencionar que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció en relación a la acción de inconstitucionalidad 26/2006, en el sentido de que tanto las nuevas concesiones como las prórrogas o refrendos, el operador de radio o televisión debe pagar al Estado una contraprestación por el uso, goce o explotación del espectro radioeléctrico, pues se trata de un bien de dominio público, hecho que no es contemplado, y mucho menos precisado dentro de las adiciones planteadas en la iniciativa.

En ese sentido la propuesta en cuestión no garantiza, en favor del Estado, la correspondiente contraprestación, por lo cual resulta inconstitucional su aprobación.

Tercera. En ese orden de ideas el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expidió el pasado 15 de septiembre el acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de Amplitud Modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien de dominio público en transición a la radio digital.

En dicho acuerdo se prevé que los operadores de radio en AM puedan transitar a la radio digital, obteniendo una frecuencia adicional en FM a fin de transmitir la misma programación por el plazo de un año, reintegrando a su fin la frecuencia de AM que se libera, así como el pago de la contraprestación, que están obligados a efectuar por el uso, goce o explotación del espectro radioeléctrico, que es un bien de dominio público.

Hay que destacar que será la Cofetel, la encargada de realizar la tramitación de la solicitud que los operadores presente en los plazos que en el calendario emita la propia Comisión, toda vez, que deben realizarse los estudios de disponibilidad de espectro en las distintas regiones del país, para poder estar en posibilidad de realizar la asignación de una frecuencia adicional, pues en caso de no haber espectro suficiente en una región para otorgarlo a todos los que soliciten la frecuencia adicional, será mediante licitación pública la forma de asignarla.

Cuarta. Aunado a lo anterior es imperante precisar que la Iniciativa en estudio no prevé el fin que tendrá la frecuencia de AM, que el permisionario o concesionario ya tiene.

Quinta. Por lo anterior esta dictaminadora considera que la preocupación de los radiodifusores de AM por obtener una frecuencia adicional en FM encuentra respuesta en las acciones que el Ejecutivo federal ha venido realizando, para beneficio del sector.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, emiten el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 15 y se adiciona el artículo 18 de la Ley Federal de Radio y Televisión, formulada por el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, presentada ante el pleno de esta soberanía en sesión ordinaria del 7 de mayo de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días el mes de abril de 2009.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

Diputados: José Antonio Arévalo González (rúbrica), presidente; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz, Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Israel Beltrán Montes, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Patricio Flores Sandoval, Aracely Escalante Jasso, Enrique Iragorri Durán, Neftalí Garzón Contreras, Delber Medina Rodríguez (rúbrica), David Maldonado González, Ramón Félix Pacheco Llanes, Elizabeth Morales García, Gloria Rasgado Corsi, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), María Elena Torres Baltazar, Raúl Ríos Gamboa, Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Rodolfo Solís Parga, Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL INCISO V AL ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dictamina la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso V al artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, formulada por el diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura, con base en los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

Primera. El derecho a presentar las iniciativas que se dictaminan, encuentran su fundamento en la fracción II, del artículo 71 constitucional, ya que dicho precepto establece que: "El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los diputados y senadores al Congreso de la Unión...".

Segunda. Como se puede apreciar el contenido de la iniciativa prohibir la publicidad, promoción y mercadeo de los centros de apuestas, juegos de números y de azar, hecho que estaría limitando el derecho de los concesionarios y/o permisionarios de comercializar el tiempo aire, limitando así sus ingresos; la ley expresamente prohíbe dar publicidad a centros de perdición, empero, no se puede considerar que todos los juegos de números y de azar conlleven a realizar apuestas.

Tercera. Esta dictaminadora considera que la reforma propuesta causaría incertidumbre jurídica ya que podría entrar en conflicto con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, ya que este precepto marca los lineamientos bajo los cuales se podrá llevar a cabo la publicidad de los establecimientos donde se celebran los juegos con apuestas permitidos por la Ley Federal de Juegos y Sorteos que a la letra dice:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso V al artículo 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, formulada por el diputado Francisco Xavier Alvarado Villazón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura, presentada ante el pleno de esta soberanía en sesión ordinaria del 23 de marzo de 2006.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días el mes de abril de 2009.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

Diputados: José Antonio Arévalo González (rúbrica), presidente; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz, Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Israel Beltrán Montes, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Patricio Flores Sandoval, Aracely Escalante Jasso, Enrique Iragorri Durán, Neftalí Garzón Contreras, Delber Medina Rodríguez (rúbrica), David Maldonado González, Ramón Félix Pacheco Llanes, Elizabeth Morales García, Gloria Rasgado Corsi, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), María Elena Torres Baltazar, Raúl Ríos Gamboa, Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Rodolfo Solís Parga, Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHAN DOS INICIATIVAS QUE ADICIONAN EL ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dictamina las iniciativas siguientes: 1) Proyecto de decreto que adiciona el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Cinematografía, formulada por el diputado Inti Muñoz Santini del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura. 2) Proyecto de decreto que adiciona el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Cinematografía, formulada por el diputado Inti Muñoz Santini del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura, con base en los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

Primera. El derecho a presentar las Iniciativas que se dictaminan, encuentran su fundamento en la fracción II, del artículo 71 constitucional, ya que dicho precepto establece que: "El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los diputados y senadores al Congreso de la Unión...".

Segunda. En virtud del análisis que esta dictaminadora realizó, es necesario precisar que actualmente la Ley Federal de Cinematografía en su artículo 31 ya hace referencia a los cine clubes, aun cuando sería relevante para dar mayor certeza jurídica establecer una definición de los mismos, la definición propuesta en la iniciativa no es clara ya que no especifica la naturaleza jurídica que tendrán dichas organizaciones, ni los requisitos que deberán reunir para ser considerados como tal (Constitución, registro, etc.).

Tercera. Por lo que se refiere a asignársele a los cine clubes financiamiento del Estado en asignaciones y partidas específicas, esta dictaminadora considera que dejarían de ser espacios independientes para convertirse en órganos públicos, ya que al recibir un presupuesto deberán de rendir cuentas por el mismo, así mismo se considera que tales asignaciones comprometerían y tendrían un impacto presupuestal no cuantificable, en razón de que se tratan de instituciones sin fines de lucro cuyo presupuesto para su creación y desarrollo estaría a cargo del Estado, de tal forma que no es posible tener una estimación de cuantas organizaciones se estarían formando.

Cuarta. Por lo que respecta a la obligación a cargo del Estado de proporcionar los estímulos fiscales contemplados en la adición propuesta, esta comisión considera improcedente tal beneficio ya que a través de dicha adición se estaría otorgando un tratamiento preferencial, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el primer párrafo de artículo 18 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, y en consecuencia quedaría derogada dicha adición, aunado a lo anterior la iniciativa no contempla claramente los requisitos para que un organismo sea considerado un cine club y por consiguiente acceder a dichos estímulos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, emiten el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, presentada ante el pleno de esta soberanía en sesión ordinaria del 28 de abril de 2005 y se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 19 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, presentada ante el pleno de esta soberanía en sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2005, formuladas por el diputado Inti Muñoz Santini del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura.

Segundo. Archívense los presentes asuntos como total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días el mes de abril de 2009.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

Diputados: José Antonio Arévalo González (rúbrica), presidente; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica), José Antonio Díaz García (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz, Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Israel Beltrán Montes, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Patricio Flores Sandoval, Aracely Escalante Jasso, Enrique Iragorri Durán, Neftalí Garzón Contreras, Delber Medina Rodríguez (rúbrica), David Maldonado González (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes, Elizabeth Morales García, Gloria Rasgado Corsi, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), María Elena Torres Baltazar, Raúl Ríos Gamboa, Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Rodolfo Solís Parga, Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 31 BIS A LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía dictamina la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, formulada por el diputado Octavio Martínez Vargas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con base en los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

Primera. El derecho a presentar las iniciativas que se dictaminan, encuentran su fundamento en la fracción II del artículo 71 constitucional ya que dicho precepto establece que: "El derecho de iniciar leyes o decretos compete: A los diputados y senadores al Congreso de la Unión...".

Segunda. Si bien es cierto que es encomiable el propósito del diputado Octavio Martínez Vargas, promovente de la iniciativa, por cuanto al interés por promover las riquezas naturales, históricas y culturales de nuestro país, es importante señalar en primer lugar, que los sujetos sobre los que se pretende imponer esta obligación proveen, en su caso, el servicio de exhibición de películas sin recibir un beneficio económico directo, pues de hecho, el servicio que en realidad se proporciona al usuario, y por tanto es el servicio que se explota, es el de transporte.

Tercera. Por otro lado, es de tomarse en cuenta que el servicio de exhibición de películas proporcionado por aerolíneas, a bordo de aviones, y por líneas de autobuses foráneos, a bordo de autobuses, es un servicio por el que dichos proveedores del servicio de transporte buscan diferenciarse de otros competidores, y se convierte en un beneficio para el usuario de ese servicio de transporte. A esto debe adicionarse el hecho de que la provisión del servicio de entretenimiento a bordo de las unidades de transporte no es una obligación a la que el Estado sujete a dichos proveedores del servicio de transporte.

Cuarta. En opinión de esta dictaminadora de imponer una obligación como la que se pretende puede generar un incentivo contrario al que se pretende, pues en lugar de que se exhiban los materiales que la ley exigiría, puede ocasionarse un desincentivo a los proveedores del servicio de transporte que proporcionan servicios de entretenimiento a bordo de sus unidades, de manera tal, que prefieran dejar de proporcionar el servicio de entretenimiento.

Lo anterior, entre otras razones, porque la imposición de la obligación pretendida por la iniciativa, necesariamente requerirá de la realización de tareas de inspección y verificación por parte de alguna autoridad, lo que puede ser considerado por los proveedores del servicio de transporte como una carga administrativa adicional, pues ello además implica la posibilidad de imposición de sanciones ante eventuales incumplimientos, mismas que ni siquiera son propuesta dentro de la iniciativa en comento.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, emiten el siguiente

Dictamen

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 31 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, formulada por el diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, presentada ante el pleno de esta soberanía en sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2008.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días el mes de abril de 2009.

La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía

Diputados: José Antonio Arévalo González (rúbrica), presidente; Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), Eduardo Sánchez Hernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), secretarios; Aleida Alavez Ruiz, Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Israel Beltrán Montes, Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Aracely Escalante Jasso, Enrique Iragorri Durán, Neftalí Garzón Contreras, Delber Medina Rodríguez (rúbrica), David Maldonado González, Ramón Félix Pacheco Llanes, Elizabeth Morales García, Gloria Rasgado Corsi, Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), María Elena Torres Baltazar, Raúl Ríos Gamboa, Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Rodolfo Solís Parga, Jaime Verdín Saldaña (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHAN 26 INICIATIVAS QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fueron turnadas, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, diversas iniciativas que reforman distintos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.

Los integrantes de esta comisión, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 57, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de las iniciativa antes señaladas, y conforme a las deliberaciones que de éstas realizaron reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

I. Del proceso legislativo

Primero. A esta Comisión de Puntos Constitucionales fueron turnadas, para su estudio y dictamen, las siguientes iniciativas:

II. Consideraciones

Primera. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 6o.; se reforman y adicionan los artículos 41 y 99; se reforma el párrafo primero del artículo 85; se reforma el párrafo primero del artículo 108; se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 116; se reforma el inciso f) de la fracción V de la Base Primera del artículo 122; se adicionan tres párrafos finales al artículo 134; y se deroga el párrafo tercero del artículo 97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. La reforma constitucional en materia electoral tiene los siguientes objetivos generales:

Por lo expuesto y motivado, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente dictamen con proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desechan las iniciativas citadas en el punto primero del apartado "Del proceso legislativo" de este dictamen.

Segundo. Archívense los referidos expedientes y considérense los asuntos como total y definitivamente concluidos.

Sala de juntas de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a 29 de noviembre de 2007.

La Comisión de Puntos Constitucionales

Diputados: Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), presidente; Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Patricia Castillo Romero (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), secretarios; Constantino Acosta Dávila, Felipe Borrego Estrada, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Leticia Díaz de León Torres, José Luis Espinoza Piña (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats, Yadhira Yvette Tamayo Herrera, Jaime Espejel Lazcano, Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Juan Francisco Rivera Bedoya, Víctor Samuel Palma César, Raúl Cervantes Andrade, Francisco Elizondo Garrido.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y dictamen, minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un primer párrafo al artículo 108 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en ésta, así como en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 57, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Del proceso legislativo

El contenido de la minuta en estudio tiene como propósito reformar y adicionar un párrafo al artículo 108 constitucional, con objeto de nombrar de manera precisa a la totalidad de los servidores públicos que componen los poderes del Estado, según el régimen de responsabilidades, especialmente a aquéllos del Poder Legislativo y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como también a los que comprenden los órganos autónomos reconocidos por esta Constitución, para que en su momento puedan ser sujetos de responsabilidad por cualquier acto u omisión que éstos realicen y que estas acciones estén dentro del régimen contenido en el Título Cuarto de la Constitución.

La redacción que se propone es en los siguientes términos:

La minuta con proyecto de decreto, enviado por la Cámara de Senadores en su calidad de colegisladora, regresa en segunda ocasión a esta Cámara de Diputados para revisión.

Se ha destacado, tanto en esta cámara de origen como en la cámara de revisión, la trascendencia del contenido de la propuesta, al grado, incluso, de haber encontrado ya su materialización en la reforma electoral aprobada en septiembre de 2007.

En el contexto de esa relevante reforma constitucional, se modificó el artículo 108, precisamente, en los términos que propone la minuta en análisis. Para efectos de ilustrar lo dicho, nos referiremos al texto de los dictámenes de ambas Cámaras, presentados en la reforma constitucional al sistema electoral y de partidos políticos.

Del Senado de la República

Sin embargo, debido a nuestro deber de concluir el trámite respectivo de los asuntos turnados a esta comisión, se propone al Pleno de esta soberanía que se comunique al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, y con ello sea debidamente concluido el proceso legislativo de esta minuta.

Por lo expuesto y motivado, de acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Queda sin efectos la propuesta de reforma al artículo 108 constitucional, contenida en la minuta con proyecto de decreto que envía el Senado de la República, en virtud de que ya fue reformado el artículo referido en los términos que se propone. Comuníquese a la Cámara de Senadores y considérese el asunto como formal y materialmente concluido.

Notas
1. Considerando quinto, respecto al artículo 108 en dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, publicado en la Gaceta del Senado.
2. Considerandos respecto del artículo 108 en dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Radio, Televisión y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134; y se deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado el viernes 14 de septiembre de 2007.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de febrero de 2009.

La Comisión de Puntos Constitucionales

Diputados: Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), presidente; José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, José Jesús Reyna García (rúbrica), Patricia Castillo Romero (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), secretarios; Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (rúbrica), María del Consuelo Argüelles Arellano (rúbrica), Lariza Montiel Luis (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Fidel Antuña Batista (rúbrica), Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar, Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE CULTURA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnado, para estudio y análisis, el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, con opinión de Cultura de la Cámara de Senadores, mediante el cual se aprueba punto de acuerdo que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Con base en lo dispuesto en los artículos 71 y 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a la consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

El diputado proponente señala en la exposición de motivos que la reprografía ilícita es entendida como la reproducción parcial o total de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor utilizando cualquier sistema facsimilar o incluso digital que se realiza sin la autorización del titular de los derechos, sin dolo pero con ánimo de lucro directo o indirecto.

Que este tipo de reproducción atenta contra dos prerrogativas fundamentales reconocidas en la Ley Federal del Derecho de Autor en favor de los autores o sus causahabientes: el derecho a autorizar o prohibir la reproducción de sus obras y el derecho a percibir una remuneración justa por su trabajo.

El proponente destaca que lo correcto sería que cualquier utilización de una obra se hiciera con la previa autorización del titular de los derechos; sin embargo, la realidad es que todos los días se fotocopian miles de obras protegidas por el derecho de autor sin el consentimiento de sus legítimos titulares, sin retribución ni compensación alguna, y amparadas, muchas de ellas de manera indebida, en una mala interpretación del artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor vigente.

Precisa que el texto actual del artículo 148 de la ley no hace distinción entre la copia generada a partir de equipos de reproducción para uso privado de los destinados para el uso público, comercial o colectivo que, siguiendo la práctica internacional, están obligados a obtener la autorización del titular de los derechos de autor de las obras por reproducir, por conducto de la sociedad de gestión colectiva que lo represente.

Ante esta situación, el diputado propone adicionar al mencionado artículo un párrafo que clarifique cuáles usos desbordan el ámbito personal y privado y, en consecuencia, requieren, precisamente por tratarse de establecimientos o entidades que dan un uso colectivo o comercial a los equipos de reproducción, la preceptiva autorización de los titulares de los derechos de autor para la realización de sus actividades en lo que se refiere a la reproducción de obras protegidas.

III. Consideraciones de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados en el dictamen de la iniciativa que nos ocupa estableció la importancia de reformar el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor en congruencia con las principales tendencias mundiales de protección a la propiedad intelectual, así como a los derechos de autor, con objeto de que en México pudiera ejercerse el derecho de copia privada, y con ello fortalecer el derecho de autor.

El dictamen destaca que la copia privada afecta las posibilidades de venta, situación que perjudica la producción y, por ende, los ingresos de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, editores y productores que son titulares de derechos. En consecuencia, para compensar dichas pérdidas se establece la remuneración pro copia privada como una vía complementaria de los derechos de autor.

Por ello se aprueba la propuesta, toda vez que en la legislación mexicana no se contempla ninguna remuneración por este concepto, lo que representa una laguna jurídica en comparación con la legislación existente sobre la materia en otros países del mundo.

IV. Consideraciones de la Cámara de Senadores

Los senadores estiman que la propuesta no logra el objetivo que se persigue porque la disposición normativa que se propone integrar al cuerpo jurídico de la ley no establece una diferencia entre las reproducciones para uso personal y privado de las que se realicen de una manera general o con fines de lucro en cualquier establecimiento mercantil. Esto implicaría una limitación al derecho a la copia privada en una sola ocasión y sin fines de lucro de los bienes en los cuales se materializó una obra literaria o artística, ya sea un libro, revista, fotografía, etcétera.

En ese orden de ideas, las personas que por seguridad reproducen un bien protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor quedarían impedidas cuando pretendieran hacerlo en un establecimiento comercial dedicado a la reproducción para el público.

Las dictaminadoras destacan que de conformidad con una tendencia mundial, las sociedades mercantiles dedicadas a la reproducción, los grandes centros de fotocopiado, han iniciado la suscripción de convenios con las sociedades de gestión colectiva que, mediante un pago anualizado, les permite fotocopiar obras literarias y artísticas con base en el número y capacidad de reproducción de sus equipos.

Por otra parte, las comisiones dictaminadoras precisan que la iniciativa incorpora diferentes categorías, tales como establecimientos comerciales, reproducciones para público, utilización colectiva y distribución mediante precio que no fueron definidas en la exposición de motivos ni en el cuerpo de la propuesta, lo que podría llevar a interpretaciones diversas, situación que resulta contraria el espíritu de la norma jurídica que debe caracterizarse por su fluidez, claridad y correspondencia en sus enunciados normativos.

En consecuencia, las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la LX Legislatura de la Cámara de Senadores, con la opinión de la Comisión de Cultura, resolvieron desechar la minuta materia del presente dictamen.

V. Resolutivos del dictamen

Después de analizar las consideraciones anteriores, los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura manifestamos nuestro reconocimiento al trabajo e intención de la iniciativa en estudio y coincidimos plenamente con el diputado proponente en la necesidad de fortalecer el marco jurídico de los derechos de autor. Sin embargo, estimamos que la reforma planteada no resulta jurídicamente viable en razón de las consideraciones que han sido planteadas por la colegisladora.

En ese sentido, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se confirma el sentido de la resolución tomada por el Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión por el que desecha la minuta con proyecto de decreto enviada en su momento por la Cámara de Diputados para reformar la fracción IV del artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor, por las razones comentadas en las consideraciones del presente dictamen.

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera inviable y desechada de plano la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor.

Tercero. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2009.

La Comisión de Cultura

Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), presidente; Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcalde, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Marcela Cuen Garibi, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, María Gabriela González Martínez (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez, Pedro Landero López (rúbrica), Ramón Landeros González, Francisco Martínez Martínez (rúbrica), José Francisco Melo Velázquez (rúbrica), José Luis Murillo Torres, Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura, Víctor Ortiz del Carpio, Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), María Isabel Reyes García (rúbrica), Luis Alejandro Rodríguez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López, Jaime Verdín Saldaña, Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Víctor Manuel Virgen Carrera (rúbrica), Sergio Rojas Carmona (rúbrica).
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, QUE DESECHA LA MINUTA QUE EXPIDE LA LEY DE COORDINACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Coordinación para la Educación y Profesionalización de los Miembros de las Instituciones Policiales.

Estas comisiones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y fracción XXII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

El artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionado con el artículo 21 de la misma Ley Suprema, facultan al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública.

En este mismo orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3, fracción V, que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación.

De igual forma, establece en ese mismo artículo, en su fracción VIII, que el Congreso de la Unión con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios.

De esta forma, el Congreso de la Unión tiene facultades constitucionales y legales para expedir leyes que permitan la educación y profesionalización de los miembros de las instituciones policiales.

En este orden de ideas estas Comisiones Unidas, estiman procedente la propuesta de ley en estudio, ya que contribuirá a la formación básica y a la profesionalización de los miembros de las instituciones policiales de nuestro país.

El Estado debe procurar la constante actualización y modernización de los servicios de seguridad y obtener con ello, hombres y mujeres capacitados para responder, en forma adecuada y consistente, con estricto apego a la ley, y en todo momento, a las necesidades de seguridad que requiera la ciudadanía.

Es por ello que esta propuesta de ley establece que es prioridad de la nación la educación y capacitación de los miembros de las instituciones policiales, como medida para el logro de sus profesionalización, y que ésta deberá ser impartida conforme a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez y se impartirá en forma posterior a la educación secundaria, pudiendo ser en forma conjunta con el bachillerato o su equivalente para la obtención de grado de suboficial; y después del bachillerato, a través de carreras profesionales y estudios encaminados a obtener una licenciatura, maestría o doctorado, así como cursos de actualización y especialización, para la obtención de grado de oficial.

De igual manera se establece que la Federación, a través de la Secretaria de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, se coordinará con los gobiernos del Distrito Federal y de los estados, a fin de determinar los lineamientos para la integración de los planes y programas de estudio y criterios académicos a efecto de asegurar que la educación, capacitación y profesionalización de los miembros de las instituciones policiales, respondan a los objetivos de la política nacional y a las necesidades estatales, regionales y nacionales en materia de seguridad pública.

Se señalan las bases de coordinación y distribución de la Federación, del Distrito Federal, de los estados y los municipios, dentro de sus respectivas competencias para la educación, capacitación y profesionalización de los miembros de las instituciones policiales.

Igualmente se establece la participación de la sociedad civil y de las instituciones de educación superior, directamente o por conducto de sus agrupaciones representativas, para lograr los fines de esta ley.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública participará como un órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública, del Gobierno del Distrito Federal y de las entidades federativas cuando éstas los soliciten, para orientar en la celebración de convenios sobre la materia que se requieran.

Un punto importante a resaltar, es el hecho que se señale que la autorización y el reconocimiento de validez oficial para impartir educación, capacitación y profesionalización a los miembros de las instituciones policiales en todos sus niveles, se regirán por la Ley General de Educación, para que sea la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Educación Pública Federal o las locales las que otorguen dichos permisos.

De igual forma se deja claro que los certificados, diplomas, títulos y grados académicos que expidan los particulares respecto de estudios autorizados o reconocidos, requerirán autenticación, por parte de la autoridad que haya concedido la autorización o reconocimiento.

Respecto a la asignación de recursos, se determina que la fijación que haga el Presupuesto de la Federación dependerá de las prioridades nacionales y considerando la planeación institucional y los programas educativos que al efecto se requieran y desarrollen.

Finalmente se establece que cuando las instituciones policiales requieran desarrollar proyectos adicionales de superación institucional y carezcan de fondos para ello, el Consejo Nacional de Seguridad Pública deberá apoyarlas con recursos específicos, previa la celebración del convenio respectivo.

Fundamento

Acuerdo

Primero. Se desecha minuta que expide la Ley de Coordinación para la Educación y Profesionalización de los Miembros de las Instituciones Policiales, en virtud de que ha quedado sin materia, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en fecha 2 de enero de 2009.

Segundo. Devuélvase a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 12 de marzo de 2009.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Luis Gerardo Serrato Castell, David Mendoza Arellano, secretarios; Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez, Gregorio Barradas Miravete, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade, Yary del Carmen Gebhardt Garduza(rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, José Luis Murillo Torres (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, José de Jesús Solano Muñoz, Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García, Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán (rúbrica), José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE ENERGÍA, CON PUNTOS DE ACUERDO QUE DESECHAN LA MINUTA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Honorable Asamblea

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Energía de la LX Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Estas comisiones unidas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 57, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Contenido de la minuta

La iniciativa del senador Francisco Labastida Ochoa plantea reformas a las facultades de la Secretaría de Energía con el fin de que la dependencia de la administración pública federal cuente con los instrumentos legales y capacidades técnicas suficientes para coordinar a las empresas del sector energético y hacer viable la generación de energía que necesita el país, por lo que se propone el fortalecimiento de la Secretaría de Energía y el rediseño de la operación de Petróleos Mexicanos y de otras entidades del sector que garanticen la seguridad energética del país a largo plazo.

Como afirma la iniciativa, la solución a la problemática petrolera particular y energética en lo general requiere una reforma integral que, en principio, permita el rediseño de la estructura de gobierno en este sector, que facilite el desarrollo de políticas y operaciones eficientes. Tal iniciativa constituye el primer paso en la reforma integral del sector energético.

En este sentido, la reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal facultaría a la Secretaría de Energía para establecer, supervisar y evaluar la política energética del país; conducir, supervisar y evaluar la actividad de las entidades paraestatales cuyo objeto esté relacionado con la exploración, explotación y transformación de los hidrocarburos, así como su programación en congruencia con la política energética nacional; regular y promover el desarrollo y uso de energías alternas a los hidrocarburos y proponer al presidente de la República la plataforma de producción y exportación de petróleo crudo y gas natural, así como la relación de las reservas-producción, con base en criterios que aseguran la óptima explotación de las reservas probadas de hidrocarburos, garantizando el abasto nacional y priorizando la seguridad energética de la Nación.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta, los miembros de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Energía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes:

Consideraciones

A) En lo general

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristian Castaño Contreras, Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Antonio Xavier López Adame, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz, Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

La Comisión de Energía

Diputados: David Maldonado González (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre, Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo González, Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez, Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica en contra), Luis Alonso Mejía García, Óscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), José Antonio Almazán González, Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), David Mendoza Arellano, Antonio Soto Sánchez, Mónica Fernández Balboa, Pedro Landero López (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez, Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal, Joaquín Humberto Vela González.
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PUNTOS DE ACUERDO QUE DESECHAN LA MINUTA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género le fue turnada para su estudio y posterior dictamen la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4, 5, 6, 7, 12, 24, 25 y 26 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 56, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de conformidad con la siguiente:

Metodología

Primero. En sesión celebrada el 13 de diciembre de 2002 por el pleno de la Cámara de Diputados, se dio cuenta oficio del Senado de la República con el cual remiten el expediente de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la Ley el Instituto Nacional de las Mujeres.

Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la mesa directiva turnó referida minuta a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

Tercero. Mediante oficio No. D.G.P.L 59-II-4-53 de la Dirección General de Proceso Legislativo, se comunicó que el dictamen de referida minuta no alcanzó a conocer el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura y, en consecuencia, quedó como proyecto para elaborar un nuevo dictamen.

II. Contenido de la Minuta

La minuta propone reformar y adicionar una serie de disposiciones a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de que a las mujeres indígenas les sean reconocidos plenamente sus derechos.

III. Consideraciones

La dictaminadora coincide con el espíritu de la minuta proyecto de decreto y reconoce la intención de diversas legisladoras sobre adaptar el marco jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, ya que este debe responder a las necesidades que actualmente demanda la realidad en la que viven las mujeres en nuestro país.

En ese tenor y en el ámbito de colaboración entre los Poderes, la Comisión de Equidad y Género de la LX Legislatura estableció una mesa de trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres para hacer una revisión del marco jurídico de esta instancia, con la finalidad de construir un proyecto de reforma integral que incluyera las diversas propuestas que se han presentado para tal fin, previo análisis y valoración de las mismas.

Dicho propuesta de reforma integral se llevó a cabo con el consenso de las y los diputados integrantes de la Comisión de Equidad y Género de las diversas fracciones parlamentarias dando como resultado el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual contienen de manera general lo enunciado por la minuta en estudio.

Por lo anterior, la Comisión de Equidad y Género somete a consideración de esta asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4, 5, 6, 7, 12, 24, 25 y 26 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Segundo. Devuélvase al Senado de la República para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 Constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 16 días del mes de abril de 2009.

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez, Mirna Cecilia Rincón Vargas, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), secretarias; Alma Xóchil Cardona Benavidez, María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García Reyes, María Hilda Medina Macías, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco, María Soledad Limas Frescas, Gerardo Priego Tapia, Ivette Jacqueline Corral Ramírez, Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago, Holly Matus Toledo, David Sánchez Camacho (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Martha Rocío Partida Guzmán (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley General de Educación, en materia del bono educativo.

De conformidad con lo enunciado en los artículos 71 y 72 cnstitucional, y de conformidad con los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procedió al análisis de la mencionada minuta, presentando a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

La iniciativa del diputado Juan de Dios Castro Muñoz propone que en el artículo 27 de la Ley General de Educación se considere el esquema de financiamiento denominado bono educativo, en las escuelas públicas y particulares de educación básica y media superior que formen parte del sistema educativo nacional.

En la iniciativa, se define el bono educativo como "un instrumento mediante el cual las autoridades educativas participantes en el convenio, facultarán a los educandos que cumplan con los requisitos indispensables, para que elijan la escuela de su preferencia dentro de las instituciones inscritas en el esquema y tiene como fin mejorar la equidad y la calidad de la educación, así como fomentar la participación activa y responsable de los padres de familia, tutores y alumnos en la educación que reciben."

Así también, la iniciativa contempla el destino de los recursos. Para el caso de las escuelas públicas, los recursos del bono educativo servirían para "mejorar la infraestructura, el mantenimiento, incrementar sus actividades orientadas a la investigación e innovación y, en general, a la mejora escolar", mientras que el caso de las escuelas privadas los recursos representan un porcentaje de la matrícula.

Consideraciones de la comisión

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados coincide con el legislador en que se debe contribuir en la formación de los niños y niñas de México, con la finalidad de que alcancen el nivel óptimo de conocimientos y habilidades para desarrollarse y desenvolverse exitosamente en el mundo del futuro.

Reconoce, asimismo, que los principales indicadores del logro escolar, como es la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), en donde se muestra que los puntajes promedio alcanzados por los jóvenes mexicanos sitúan al país entre los niveles más bajos de competencia, detrás de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Si bien es cierto que el legislador proponente menciona que existen varios países que han aplicado fórmulas de voucher educativo (o bono educativo) para atenuar el déficit cuantitativo de la oferta pública, ejemplificando entre ellos el caso de Chile.

Se puede mencionar, con base en el estudio realizado por Roberto Rodríguez Gómez¹ investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el caso de Chile lo siguiente:

Según los argumentos, se esperaría que los resultados obtenidos por los estudiantes Chilenos fuesen mayores a los obtenidos por los estudiantes mexicanos; sin embargo, se observa, "que ambos países obtuvieron resultados muy por debajo de la media de OCDE (500 puntos), que la distancia con respecto a los países con el más alto desempeño es considerable, y que los resultados de los jóvenes chilenos fueron, en todas las pruebas, inferiores a los obtenidos por los estudiantes de México;" como se puede observar en la siguiente tabla:

Por lo que se concluye en palabras de Roberto Rodríguez "En ánimo de objetividad, hay que aclarar que, debido al efecto estadístico del error estandarizado, los resultados de Chile y México pueden considerarse prácticamente iguales. Pero de la comparación se infiere claramente la inexistencia de superior calidad del sistema basado en los bonos escolares."

Por otra parte, en un estudio posterior, menciona que existen elementos en el modelo que son sujetos de revisión en el contexto del país:

Así, establece que este "cambio se fundamenta en la dinámica de la oferta y la demanda del mercado, con lo que se establece un paralelismo entre la elección del público para adquirir un bien material y para acceder a un servicio, en este caso el de la educación."

Por lo que finalmente concluye que se "ha observado que un entorno de competitividad por el mercado no contribuye a mejorar la calidad. Las escuelas públicas no imprimen mayores esfuerzos por la calidad, ante la posibilidad de disminuir su matrícula, y las instituciones particulares tampoco, pues los estudiantes y sus familias no basan sus decisiones en criterios académicos, sino en los servicios que agregan valor económico: cafetería, instalaciones deportivas, entre otros."

Por otra parte, Carlos Reyes³ menciona que el "voucher educativo no tiene utilidad para recomponer el rumbo de las políticas públicas" con la finalidad de resolver problemas estructurales; por lo que menciona que "la mejor opción para resolver el asunto de la escasa cobertura es una inyección de recursos por parte del gobierno federal de una manera más decidida y clara."

Comenta además, que no solamente no se solucionaría el problema, sino que al mismo tiempo al crear "un sistema como el de vouchers, es sumamente difícil cambiarlo o eliminarlo porque crea alrededor de éste un grupo de presión."

Así también, en el documento "Los vouchers escolares: ¿una alternativa para Venezuela?"⁴ se busca una solución a los problemas estructurales de la educación del país; con la principal propuesta de crear vouchers escolares, se concluye que los vouchers no representan una solución integral a los problemas de educación en Venezuela; y que no deben ser visto como una panacea.

El premio Nobel de Economía en 1992, Gary Becker, ha señalado en diversos estudios⁵ que un gran problema observado en este esquema de financiamiento a la educación radica en la información que tienen los poseedores de los llamados bonos. En este sentido, no es posible garantizar que las personas utilizarán los bonos para asistir a las mejores escuelas posibles, lo anterior debido a que no hay suficiente información sobre la calidad de las escuelas, y aun si la hubiera no siempre las personas tratan de obtenerla. El resultado puede ser contrario al espíritu de la iniciativa, y en general de esquemas similares, es decir, puede ser que escuelas de relativamente poca calidad sean elegidas por los poseedores del bono.

Adicionalmente, el problema de información puede perpetuar la desigualdad de las personas, ya que aquellos que tienen más ingresos tienen mayor acceso y entendimiento de la información, de forma que son ellos quienes demandan las mejores escuelas. Al final del proceso, las personas de menores ingresos pueden acceder a una educación de menor calidad, lo que se traduce en que no mejoren sus expectativas de alcanzar un mejor nivel de vida.

Aunado a los aspectos anteriores, los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos importante señalar que el artículo tercero constitucional establece que la rectoría de la educación pública compete únicamente al Estado, por tanto ésta no puede ser delegada a terceros a través de otorgar un bono que puede ser utilizado en escuelas particulares.

En lo que toca a los particulares, la Constitución Política los faculta para participar en la impartición de todos los tipos y modalidades de la educación, previa autorización y observando siempre, para la educación básica y la normal, lo establecido en el artículo tercero constitucional.

De esta manera, de acuerdo con la fracción V del mismo numeral, la impartición de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, es responsabilidad del Estado. Respecto de la educación inicial, la media superior, la superior y demás tipos educativos, el Estado será responsable de atenderlos. De esta manera, ningún apartado del artículo tercero de la Carta Magna faculta al Estado para que otorgue o atienda la educación a través del subsidio a escuelas particulares.

Otro factor que importa advertir es que, de acuerdo con especialistas⁶ en el tema, los recursos potencialmente aplicables a ese subsidio no pueden sino provenir del Presupuesto de Egresos de la Federación, en cuyo caso se afectaría, necesariamente, el ramo educativo. La opción de derivar recursos del gasto público educativo para subsidiar a la demanda, y por ese medio financiar a las escuelas privadas, no parece ser una mejor respuesta que la de fortalecer el subsidio directo a las instituciones públicas.

En otro orden de ideas, los integrantes de esta comisión dictaminadora observamos también que con el financiamiento a instituciones privadas a través del bono educativo se pondría en riesgo la laicidad de la educación, ya que algunas de estas instituciones sostienen abiertamente filiaciones religiosas. Es importante recordar que la educación atendida por el Estado se rige de acuerdo al principio de laicidad, garantizado por la fracción primera del citado artículo tercero, así el bono educativo pondría en riesgo este principio constitucional.

En conclusión, antes de que la comisión modifique la Ley General de Educación en materia del bono educativo, es necesario determinar elementos suficientes que evidencien que el bono educativo contribuye a la mejora del sistema educativo. Con los elementos presentados, no es posible determinar que para América latina el uso del bono educativo sea una solución viable, ya que no existen estudios concluyentes en los que se determine la viabilidad del mismo.

Como lo menciona Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001; "Los vouchers, que implican la privatización parcial de nuestros sistemas educativos elementales y secundarios, se han propuesto como solución de libre-mercado al déficit de calidad educativa. Pero sus defensores nunca han demostrado que puedan ser adecuados para promover logros educativos más altos o una mayor integración social a través del sistema educativo."

Con base en lo expuesto anteriormente, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Notas
1. Rodríguez Gómez, Roberto. No al voucher en México, publicado en Campus-Milenio, número 229, 21 de junio 2007 y ¿Conviene subsidiar a la educación superior privada? publicado en Campus Milenio, núm. 283, 31 de julio 2008
2. Ruiz, Rosaura. El ‘voucher’ educativo y la calidad. Publicado en el Universal TV, México DF, a 29 de septiembre de 2008, 9:05 am. http://www.el-universal.com.mx/columnas/74065.html.
3. Reyes, Carlos. El voucher, una amenaza contra las universidades públicas. Publicado en Campus Milenio, número 286, 28 de agosto de 2008.
4. Documento publicado en http://www.analitica.com/archivo/vam1996.12/g96.htm; y preparado por el núcleo de Washington, DC.
5. Gary S. Becker (1967). Human Capital and the Personal Distribution of Income: An Analitical Approach Woytinsky Lecture no.1. Ann Arbor: University of Michigan, Institute of Public Administration (1967).
Gary S. Becker; Barry R. Chiswick (1966). The Economics of Education: Education and the Distribution of Earnings. The American Economic Review, Vol. 56, No. 1/2. (Mar.1966), pp. 358-369.
Gary S. Becker (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis The Journal of Political Economy, Volumen 70, número 5, parte 2: Investment in Human Beings. (octubre, 1962), páginas 9-49.
6. Doctor Roberto Rodríguez Gómez, Instituto de Investigaciones Sociales (UNAM). Publicado en Campus Milenio, número 283, 31 de julio 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola, Raymundo Cárdenas Hernández, Esvedia Bravo Martínez, Luz Virginia Cortés Osornio (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoso (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz, Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y análisis, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 69 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 2 de septiembre de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa por la que se adiciona un párrafo al artículo 69 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para estudio y dictamen.

II. Descripción de la iniciativa

En la exposición de motivos del diputado Enrique Cárdenas del Avellano se señala que "México ocupa el último lugar de los 30 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con 410 puntos, por detrás de Turquía (424) y Grecia (473), y también por debajo de otros países que no pertenecen al conocido club de los países desarrollados, como Chile (438) y Uruguay (428)".

Además, se especifica que, de acuerdo con los datos de la misma Secretaría de Educación Pública, de cada 100 alumnos que ingresan en nivel primaria, sólo egresa de nivel superior 12 por ciento. Es decir, 88 de cada 100 alumnos que ingresan en primaria se quedan en el camino y no culminan los estudios de nivel superior.

Reconoce el iniciante que varios factores se conjugan para que los estudiantes abandonen la escuela. Entre otros, menciona las condiciones de pobreza, que originan que numerosas familias no lleven a los hijos a la escuela, o en el caso de los que ya han ingresado, tienen que abandonar los estudios para contribuir al sostenimiento familiar.

El diputado Enrique Cárdenas del Avellano advierte que si bien es cierto que hay pobreza entre la población, eso no debe ser motivo o excusa para que los niños y los jóvenes falten a clases, más aún, si están becados.

Aclara que no obstante que en el artículo 31 de la Constitución Política se establece como obligación de los mexicanos hacer que los hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria (y con el proyecto de reforma de los artículos 3o. y 31 de la Constitución que también se incluye el nivel medio superior), no hay en ley o reglamento un sanción para quienes incumplan ese precepto constitucional.

Por ello, el objetivo de la iniciativa es "establecer una sanción para los padres de familia o tutores cuando los pupilos de primaria, secundaria y nivel medio superior falten tres días al mes a clases sin causa justificada, la sanción siempre consistirá en realizar actividades en beneficio de la propia escuela. Asimismo, se establece que la sanción la impondrá el Consejo de Participación Social". Con ello, precisa el diputado, se obtendrá un doble beneficio: "Primero, que los padres manden a los hijos a la escuela. Segundo, con motivo de la sanción impuesta, se conseguiría una mejora de las instalaciones educativas".

Considera además que la autoridad competente para imponer la sanción señalada es el Consejo de Participación Social, "pues es el órgano que permanece en contacto directo entre la autoridad educativa y los padres de familia y con la sociedad en su conjunto".

En tal sentido, se propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 69 de la Ley General de Educación, por el que se faculta al consejo para imponer sanciones a los padres de familia o tutores cuando los pupilos de primaria, secundaria y nivel medio superior falten sin causa justificada tres días al mes a clases; la sanción siempre consistirá en realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

III. Consideraciones de la comisión

Si bien es cierto que el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como una obligación de los mexicanos hacer que los hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y que la Ley General de Educación, en el artículo 4o., repite dicha disposición, no establece sanción alguna, no significa que no haya una sanción para quien, teniendo dicha obligación de acuerdo con la leyes secundarias, incumpla el precepto constitucional, ya que dicha obligación está reglamentada en las leyes civiles.

Así, por ejemplo, el artículo 164 del Código Civil Federal dispone que "los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, y a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece", mientras que el artículo 308 del mismo cuerpo normativo establece que respecto a los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación. El artículo 413 de dicho código señala que el ejercicio de la patria potestad queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores. Incluso, el mismo Código Civil Federal establece la obligación de los padres divorciados respecto a la subsistencia y a la educación de los hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad. El incumplimiento de esa obligación puede dar lugar a la pérdida de la patria potestad por resolución judicial, en los términos del artículo 444 de citado código.

Además, se deben hacer varias precisiones de carácter técnico-legal por las que resulta muy difícil la aplicación de la norma jurídica. Por ejemplo, se tendría que precisar cuáles son las causas justificadas, ya que la enfermedad de un pariente lejano puede ser una causa justificada para el padre o la madre, no así para el Consejo de Participación Social.

Por otro lado, se debe considerar que hay diversas circunstancias de hecho por las que los niños no acudan a la escuela, las cuales no siempre se pueden justificar fácilmente, toda vez que muchas de las veces está fuera del alcance de los mismos padres de familia. Una de ellas puede ser la propia limitación de la oferta educativa (escuelas lejanas o en malas condiciones de acceso). Otra podrían ser las condiciones de pobreza (que no se cuenta con los recursos mínimos para enviarlos a la escuela o que los niños tengan que ayudar a los padres al sustento de la familia de manera eventual). Se deben considerar asimismo las regiones del país donde no se tiene acceso tan fácil a una receta médica o donde por razones de tradición o creencias se sigue curando a la gente con remedios caseros o a través de curanderos.

Si bien es cierto, como advierte el diputado proponente, que la pobreza no debe ser una excusa para que los niños y los jóvenes falten a la escuela, resulta muy difícil la aplicación de la norma sin un margen de discreción por la autoridad, lo cual nuestro sistema jurídico no permite, por lo que se terminaría por sancionar a los padres de familia con menos recursos.

Finalmente, se caería en un círculo vicioso, ya que para hacer efectiva la norma jurídica como propone el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, tendría que ser coercitiva; es decir, que la autoridad ejecutiva obligue al cumplimiento de la sanción impuesta a través de diversos mecanismos de apremio, hasta que finalmente se aplique la sanción por medio de la fuerza pública. Esto podría llevarnos muy probablemente a un aumento de la deserción, ya que el padre de familia, para evitar la sanción, podría sacar de la escuela, con cualquier excusa, al niño.

De acuerdo con lo señalado, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma adiciona un párrafo al artículo 69 de la Ley General de Educación, materia del presente dictamen.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola, Raymundo Cárdenas Hernández, Esveida Bravo Martínez, Luz Virginia Cortés Osornio (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz, Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y análisis, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 68 Bis y reforman los artículos 69, 70, 71 y 72 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 26 de febrero de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa por la que se adiciona un párrafo al artículo 69 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para estudio y dictamen.

II. Descripción de la iniciativa

El proponente señala en su exposición de motivos que la normatividad vigente establece directrices precisas de participación social, además de diseñar procedimientos por los cuales la autoridad educativa determina los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana. En donde aclara se debe considerar la opinión de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, considerando el mecanismo del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.

Explica que en el Capítulo VII de la Ley General de Educación define bases y regula la participación social en la educación y que en su sección 2 se precisan criterios de participación social para fortalecer y elevar la calidad de la educación.

Destaca, asimismo, las formas organizativas de esta participación de la sociedad, donde cada escuela pública debe contar con su consejo escolar de participación social. Además de que se instituye que en cada municipio del país y en las delegaciones del Distrito Federal y a nivel de cada entidad federativa funcione un consejo de participación social, y a nivel nacional debe funcionar el Consejo Nacional de Participación Social de la Educación.

El proponente hace ver que la operación eficaz de la participación social puede contribuir al cumplimiento de principios y programas precisados en el artículo 3o. constitucional, y en el mismo contenido de la Ley General de Educación. Y reflexiona respecto a quiénes la propia ley reconoce la calidad de actores participantes en materia educativa (padres de familia, representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas y sectores sociales especialmente interesados en la educación) quienes, de acuerdo al diputado Joel Guerrero Juárez, "con frecuencia se convierten también en grupos de presión o de interés, lo cual se explica por el mismo proceso histórico político, económico y social en el que se desenvolvieron".

Por otro lado, señala el sistema educativo ha propiciado la formación de relevantes grupos de egresados del nivel de posgrado en ciencias sociales, quienes, afirma el iniciante, "son considerados como recursos de alto nivel de formación por el sistema de ciencia y tecnología del país, y su colaboración académica en estos mecanismos de participación social para la educación serían de especial riqueza para orientar el diseño de planes y la evaluación al margen de los intereses y presiones que se observan alrededor de los procesos educativos en el país".

Se concluye en la exposición de motivos que "es necesario y conveniente que el Poder Legislativo establezca los mecanismos e instrumentos que permitan cumplir con los preceptos de ley en el tema de la participación social en educación", toda vez que, según el proponente, hasta la fecha, los consejos en las distintas instancias de gobierno y de escolaridad no funcionan o lo hacen de manera irregular, para lo cual se propone adicionar a la sección 2 de la ley un artículo para instituir el sistema integral de operación y funcionamiento de los Consejos de Participación Social, creando el instituto para la participación social en materia educativa, además de adicionar los artículos 69, 70, 71 y 72, para quedar como sigue:

Si bien es cierto, como lo afirma el proponente Joel Guerrero Juárez en su exposición de motivos, los consejos de participación social en las distintas instancias de gobierno y de escolaridad no funcionan o lo hacen de manera irregular, su organización responde a un entramado mecanismo en donde se tiene que armonizar la unidad del sistema educativo nacional y su federalización, iniciada en 1992.

Por un lado, el artículo 12 de la Ley General de Educación establece que le corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal "fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y el funcionamiento de los consejos de participación social a que se refiere el capítulo VII de esta ley".

Y, por otro lado, el 70 de la misma Ley General de Educación señala que "en cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación".

Precisándose en el siguiente párrafo que es responsabilidad del presidente municipal que en el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la educación.

En tanto que en el artículo 72 de la misma ley se prevé la existencia de un Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, pero de acuerdo al sistema federalista que nos rige su actuación se concreta a una instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, que toma nota de los resultados de las evaluaciones que realizan las autoridades educativas y opina en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y proponer políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

En tal sentido, la creación de un Instituto para la Participación Social en Materia Educativa como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, como lo plantea el diputado Joel Guerrero Juárez, va en contra tanto de la unidad del sistema educativo nacional que es responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Educación Pública, como lo prevé el artículo 12 antes citado, como del sistema federal educativo que, como ya se dijo, es responsabilidad de cada uno de los presidentes municipales el adecuado funcionamiento de los consejos de participación social, ya que se propone que dicho Instituto tenga atribuciones no sólo para diseñar y estructurar un sistema de participación social en la educación, sino también de controlarlo.

Ahora bien, en cuanto a la colaboración académica de grupos de egresados del nivel de posgrado en ciencias sociales en los consejos de participación social no se precisa cuáles serían esos grupos y cuál sería su participación. En los artículos 69, 70, 71 y 72 se propone que tanto en los Consejos Municipales de Participación Social, así como en los Consejos Estatales de Participación Social y en el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación participen organizaciones de posgrado integradas por egresados de posgrado en ciencias sociales sin fines de lucro, invitadas por convocatoria pública. Sin embargo, no se precisa cuáles son esas organizaciones de posgrado sin fines de lucro, así como tampoco cuál sería su participación dentro de los consejos. Ello implicaría además que en cada uno de los municipios del país, como en cada entidad federativa existan las suficientes organizaciones de posgrado sin fines de lucro para que puedan participar a través de una convocatoria pública.

En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera que no es de aprobarse la presente iniciativa, por lo que se propone a esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 68 Bis y reforma los artículos 69, 70, 71 y 72 de la Ley General de Educación, materia del presente dictamen.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes, secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola, Raymundo Cárdenas Hernández, Esveida Bravo Martínez, Luz Virginia Cortés Osornio (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz, Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45,numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículo 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen:

I. Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del miércoles 30 de abril de 2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa que reforma y adiciona la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura y determinó que se turnara a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado proponente señala en su exposición de motivos que el sistema educativo debe ofrecer no sólo suficiencia para su acceso universal sino también con calidad "…para que su contenido respalde el logro del proyecto nacional sin perder de vista la competitividad del país en un mundo globalizado, donde los mercados y el desarrollo se definen a partir del conocimiento, la innovación y el potencial humano".

Destaca, asimismo que la educación debe proveer integración "…lo que implica otorgar un lugar a las partes geográficas y culturales del país en lo económico, además de revalorar su vinculación histórica, social, identitaria y de trabajo común para fortalecer la unidad nacional a partir del reconocimiento de nuestra diversidad".

Advierte que el peso del centralismo durante casi todo el siglo XX, la educación reflejó los propósitos de la federación y aunque abrió algunos espacios a los contenidos regionales, no se ha logrado involucrar con mayor fuerza el estudio y el reconocimiento de la riqueza y diversidad indígena "…más allá del reconocimiento de la pluriculturalidad y de una estrategia bilingüe, lo que sentimos que no es verdaderamente integral ni propiciatorio de una revisión del pasado y del presente que permita presentarnos hacia el futuro como una sola nación, mixta, mestiza e indígena, multicultural e igualitaria".

El diputado iniciante reconoce que ha habido avances en materia indígena, como la reforma al artículo 2o. de la Constitución, en donde se reconoce sus derechos, además de que las lenguas de estos pueblos son reconocidas como lenguas nacionales, en la misma categoría que el español.

No obstante, lo anterior señala que "Lamentablemente, aún existe una gran problemática en la educación indígena porque los servicios educativos no han llegado a muchas zonas marginadas, lo que se traduce en gran número de analfabetos. Tan sólo de la población de 15 años y más existen 1 millón 372 mil 737 analfabetos en los municipios indígenas".

Por lo que considera que "…es importante impulsar acciones que fortalezcan el conocimiento, la comprensión, el respeto y la inclusión de la cultura indígena, generando una revalorización por parte de todos habitantes del país, ya que contar con una población pluricultural exige fortalecer el respeto y el mayor apoyo para impulsar su desarrollo".

En tal sentido propone reformar el artículo 12 de la Ley General de Educación para que los textos gratuitos contengan una edición específica para distribuirse en el nivel básico que contenga la historia, cultura y organización indígenas de cada entidad, destacando las aportaciones de los pueblos indígenas en su desarrollo.

Pero además, que en el contenido de los libros también se tomen en cuentan las propuestas de las entidades federativas, siempre teniendo como eje los principios de cientificidad, imparcialidad y pedagogía. De tal forma que se difunda entre la población estudiantil de nivel básico la importancia de los pueblos indígenas que integran el territorio y población, no sólo fortaleciendo sino también engrandeciendo la cultura indígena.

Por último, propone que la Secretaría de Educación Pública "…sea la responsable de evaluar que los textos propuestos se ajusten a los criterios básicos pedagógicos, evitando su utilización con una visión equivocada o para fines diferentes de los del enriquecimiento de la educación nacional. Esta disposición sería válida tanto para los libros en materia indígena como para los que tienen contenido regional".

Por lo expuesto, diputado Jorge Toledo Luis somete a la consideración la siguiente iniciativa:

Esta comisión dictaminadora considera que la iniciativa materia del presente dictamen no es viable ya que se estima redundante. Ello, dado que diversas disposiciones de la Ley General de Educación ya establecen que en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria y normal, se deberá contemplar un contenido regional, así como la participación de las entidades federativas para su elaboración. Las disposiciones se presentan a continuación:

Asimismo, de acuerdo con la vigente Ley de General de Educación la Secretaría de Educación Pública tiene atribuciones para vigilar que los planes y programas de estudio cumplan con los fines previstos en el artículo 7º, por lo que se estima que la propuesta es redundante.

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que no es de aprobarse la presente iniciativa, por lo que se propone a esta H. Asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación, materia del presente dictamen.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola, Raymundo Cárdenas Hernández, Esvedia Bravo Martínez, Luz Virginia Cortés Osornio (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoso (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz, Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2, 7, 8, 32 Y 41 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada, para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2, 7, 8, 32 y 41 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura., en materia de equidad de género.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen.

I. Antecedentes

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez señala en su exposición de motivos que con su iniciativa pretende fortalecer la obligatoriedad de que las mujeres y todo individuo tenga las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, además de que se eviten los vacios legales existentes que han imposibilitado el acceso de las mujeres a los niveles de educación.

Destaca que educar es uno de los retos esenciales de las políticas de Estado, ya que tanto las mujeres como los sectores vulnerables y desprotegidos logran su movilidad social rompiendo el círculo de la pobreza.

Por lo que advierte que "…los legisladores debemos poner mayor atención a los niveles educativos básico y superiores, a fin de construir un esquema que permita de manera incluyente el libre desenvolvimiento de las estudiantes, así como eliminar los patrones y estigmas tradicionales de discriminación o exclusión social, que a lo largo de la historia les ha negado alcanzar un futuro próspero, equitativo y libre de violencia".

Señala, asimismo, que en una sociedad cambiante y en constante evolución, es preciso difundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno más adecuada. Por lo que resulta importante promover los valores de la justicia, la observancia de la ley, la convivencia social entre géneros, así como los derechos humanos para permitir la integración de las personas con discapacidad y grupos desprotegidos en todos los ámbitos de la vida nacional.

Por lo que propone agregar una fracción en la Ley General de Educación "…que busca contribuir en los tres niveles de gobierno en la formulación de programas relativos a la cultura de la no violencia, perspectiva de género, inclusión y reincursión social de los grupos vulnerables y grupos desprotegidos…"

Precisa la diputada Tagle Martínez que "a pesar de la existencia de un sistema educativo abierto y de calidad, persisten factores que inhiben el armónico desarrollo académico de las mujeres que tiendan a disminuir las diferencias sociales existentes en la población y niegan los potenciales de las mexicanas para generar profesionistas de manera equitativa, transversal y exitosa".

Finalmente, con la iniciativa dice la proponente que pretende "…sensibilizar a los sectores políticos y a la sociedad en su conjunto para contribuir a enriquecer estas nuevas medidas que dotarán a los estudiantes de una cultura basada en la igualdad y el respeto, para alcanzar niveles de gobernabilidad en armonía con el estado de derecho en beneficio de toda la federación, las instituciones que la componen y consolidar una vida libre de violencia".

En tal sentido, propone reformar y adicionar los artículos 2, 7, 8, 32 y 41 de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente forma:

...

IV. Consideraciones

Los miembros de la comisión dictaminadora coincidimos con la diputada Martha Angélica Tagle Martín respecto al compromiso de los legisladores para contribuir a la mejor convivencia entre géneros y a la sensibilización de los valores de interés general de la sociedad, debiendo evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Cabe precisar que la iniciativa de mérito gira en torno a tres grandes temas. Por un lado, sobre la erradicación de la violencia de género plasmado en los artículos 7º fracción II, VI y X y 8º primer párrafo y fracción IV; por otro lado, respecto al tema de género y, por último, sobre discapacitados. En tal sentido, se debe señalar que esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, así como las Comisiones de Equidad y Género y de Atención a Grupos Vulnerables hemos venido trabajando de manera conjunta para concentrar todas y cada una de las iniciativas presentadas sobre las materias señaladas y no caer en reiteraciones y redundancias en la Ley General de Educación.

De esta forma, esta Soberanía aprobó reformar la fracción IV del artículo 7 de la Ley General de Educación, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de junio de 2008, para establecer que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tenga, además de los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;".

Asimismo, con fecha 14 de octubre de 2008 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 353 votos, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Equidad y Género, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por el que se reforma las fracciones IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, en materia de equidad de género, en donde se recogen las propuestas de la iniciativa materia del presente dictamen. Cabe precisar, que el dictamen fue aprobado por la Cámara de Senadores por 94 votos, y enviada al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.

En el mismo sentido, con fecha 30 de abril de 2008 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 355 votos y 1 abstención, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación de Atención a Grupos Vulnerables y de Educación Pública y Servicios Educativos por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y adiciona los artículos 9 y 41 de la Ley General de Educación, en donde, de igual manera se atienden temas relacionados a la iniciativa que nos ocupa. El Dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

Además, en la misma fecha y la misma votación se aprobaron reformas a los artículos 41 de la Ley General de Educación y 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, las cuales fueron turnadas a la Cámara de Senadores para los mismos efectos constitucionales.

Por lo anterior, las diputadas y diputados de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, consideramos que en virtud de que en la presente Legislatura se han aprobado diversas reformas y adiciones a la Ley General de Educación, que abordan ampliamente las propuestas de la iniciativa de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, se propone a esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2, 7, 8, 32 y 41 de la Ley General de Educación, materia del presente dictamen.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola, Raymundo Cárdenas Hernández, Esveida Bravo Martínez, Luz Virginia Cortés Osornio (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz, Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE CULTURA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULÚA

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el museo nacional de historia Fortaleza de San Juan de Ulúa.

Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) al g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 57, 60, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

El 26 de abril de 2007 el diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el museo nacional de historia naval y arqueología subacuática Fortaleza de San Juan de Ulúa.

En la misma fecha, los secretarios de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, turnaron para su estudio, análisis y dictamen correspondiente dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

Una vez expuestos los antecedentes de la aludida iniciativa, los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

En principio, la iniciativa tiene por objeto establecer el museo nacional de historia naval y arqueología subacuática Fortaleza de San Juan de Ulúa, el cual estará albergado en la construcción que actualmente ocupa la fortificación de San Juan de Ulúa, localizada en el islote que lleva el mismo nombre, frente a las costas del municipio de Veracruz.

El proponente, refiere que el inmueble mencionado tiene graves problemas de cimentación; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública indicó, mediante opinión, que la empresa Colina de Buen, SA, determinó que no existen alteraciones considerables en la cimentación del edificio en cuestión; y que la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó a cabo una inspección en la cimentación de la Fortaleza a fin de identificar las posibles cavidades existentes y en su caso, llevar a cabo su consolidación.

Además, existe un fideicomiso constituido para realizar las tareas de restauración integral de la Fortaleza en el cual participa el Gobierno del Estado de Veracruz, y la Secretaría de Educación Pública presentará el proceso descriptivo de la estrategia a seguir para continuar con esta labor.

Por lo anterior, estas codictaminadoras consideran que la iniciativa si bien pretende establecer el museo nacional de historia naval y arqueología subacuática Fortaleza de San Juan de Ulúa, la aludida dependencia del Ejecutivo federal indica que el uso y destino del mencionado inmueble histórico será dedicado a diversas actividades culturales y utilizado como recinto para una colección permanente de obras históricas relevantes.

Por las consideraciones expuestas, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura someten a consideración de ésta honorable asamblea el siguiente.

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el museo nacional de historia naval y arqueología subacuática Fortaleza de San Juan de Ulúa, presentada por el diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el día 26 de abril de 2007.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola, Raymundo Cárdenas Hernández, Esveida Bravo Martínez, Luz Virginia Cortés Osornio (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro, Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz, Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).

La Comisión de Cultura

Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), presidente; Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Marcela Cuen Garibi, Yolanda Merced Garmendia Hernández, María Gabriela González Martínez (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez, Pedro Landero López (rúbrica), Ramón Landeros González, Francisco Martínez Martínez (rúbrica), José Francisco Melo Velázquez (rúbrica), José Luis Murillo Torres, Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura, Víctor Ortiz del Carpio, Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), María Isabel Reyes García (rúbrica), Luis Alejandro Rodríguez (rúbrica en abstención), Víctor Gabriel Varela López, Jaime Verdín Saldaña, Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Víctor Manuel Virgen Carrera (rúbrica), Sergio Rojas Carmona (rúbrica).
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE CULTURA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5 Y ADICIONA EL 5 BIS A LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 y adiciona un artículo 5 Bis de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Las Comisiones Unidad de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) al g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 57, 60, 87 y 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

El día 26 de abril de 2007, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se que reforma el artículo 5 y adiciona un artículo 5 Bis de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

En la misma fecha, los secretarios de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, turnaron para su estudio, análisis y dictamen correspondiente dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

Una vez expuestos los antecedentes de la aludida iniciativa, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura que suscriben el oresente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

En principio, la iniciativa tiene por objeto establecer una limitación al préstamo de obras de arte en resguardo de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Del análisis efectuado a la iniciativa que se ha mencionado, estas comisiones codictaminadoras, conforme a las materias de su competencia, no consideran viable la reforma propuesta por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, toda vez que gran parte de las obras a que hace referencia el proponente provienen del programa Pago en Especie, cuyo control administrativo de Registro de Consulta Pública, de todas las obras aceptadas como Pago en Especie, conservadas y protegidas como patrimonio cultural de la Nación está a cargo de la Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Conforme a lo establecido en el artículo quinto del decreto en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de octubre de 1994, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, da razón de la ubicación de cada una de las obras plásticas, información que se actualiza en forma mensual. Por lo que para conocer la ubicación actual de alguna obra, basta con hacer la consulta respectiva.

Al ser bienes culturales de la nación, las obras plásticas que integran la colección Pago en Especie, en custodia de la Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial, se ubican en dependencias y entidades del gobierno federal, en instituciones culturales o museos oficiales o privados, en éstos últimos para fines exclusivos de exhibición museológica. No se tienen asignadas obras plásticas a nombre de funcionarios públicos en particular, ya que para asignar estos bienes, por ley, se celebra la firma de un resguardo o convenio (bases de colaboración o contrato de comodato) de dependencia a dependencia, cuya vigencia es de un año. Las obras plásticas asignadas de esta forma, deberán regresarse al término del convenio, o en su caso, solicitar la renovación del mismo.

Por lo anterior, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura consideran que la iniciativa si bien pretende establecer un mecanismo para proteger el patrimonio cultural, éste no considera las obras que conforman la colección Pago en Especie.

Por las consideraciones expuestas, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura someten a consideración de ésta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 y adiciona un artículo 5 Bis de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, presentada por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 26 de abril de 2007.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola, Raymundo Cárdenas Hernández, Esveida Bravo Martínez, Luz Virginia Cortés Osornio (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro, Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz, Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).

La Comisión de Cultura

Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), presidente; Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Marcela Cuen Garibi, Yolanda Merced Garmendia Hernández, María Gabriela González Martínez (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez, Pedro Landero López (rúbrica), Ramón Landeros González, Francisco Martínez Martínez (rúbrica), José Francisco Melo Velázquez (rúbrica), José Luis Murillo Torres, Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura, Víctor Ortiz del Carpio, Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), María Isabel Reyes García (rúbrica), Luis Alejandro Rodríguez (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López, Jaime Verdín Saldaña, Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Víctor Manuel Virgen Carrera (rúbrica), Sergio Rojas Carmona (rúbrica).
 
 
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y DE CULTURA, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 57, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

El 4 de septiembre de 2007, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

En la misma fecha, las Secretarias de la Mesa Directiva de la LX Legislatura turnaron, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

Una vez expuestos los antecedentes de la iniciativa, los integrantes de las comisiones codictaminadoras que suscriben el presente exponen las siguientes

Consideraciones

En principio, la iniciativa tiene por objeto destinar recursos para elaborar un registro del patrimonio cultural digital, con un enfoque de transparencia y protección de bienes que lo forman.

Según el análisis efectuado a la iniciativa que se ha mencionado, la Comisión de Cultura, conforme a las materias de su competencia, no considera viable la adición de los artículos 27, 28, 29 30 y 31 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, propuesta por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, por los siguientes motivos:

Además, el principio de transparencia que argumenta el proponente queda colmado en el artículo 21 de la normativa que se pretende reformar, pues indica que el Registro de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos es público y, por ende, puede consultarlo cualquier persona.

Finalmente, la protección del patrimonio cultural no se garantiza con la digitalización del registro o con su publicidad, pues tal acción corresponde al Estado mexicano por conducto de diversos entes gubernamentales, entre ellos el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Por las consideraciones expuestas, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura someten a consideración de la honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentada por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 4 de septiembre de 2007.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola, Raymundo Cárdenas Hernández, Esveida Bravo Martínez, Luz Virginia Cortés Osornio (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro, Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz, Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).

La Comisión de Cultura

Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), presidente; Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica en abstención), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Marcela Cuen Garibi, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, María Gabriela González Martínez (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez, Pedro Landero López (rúbrica), Ramón Landeros González, Francisco Martínez Martínez (rúbrica), José Francisco Melo Velázquez (rúbrica en abstención), José Luis Murillo Torres, Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Héctor Hugo Olivares Ventura, Víctor Ortiz del Carpio, Ana Elisa Pérez Bolaños (rúbrica), María Isabel Reyes García (rúbrica), Alejandro Rodríguez Luis (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López, Jaime Verdín Saldaña, Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Víctor Manuel Virgen Carrera (rúbrica), Sergio Rojas Carmona (rúbrica).
 
 
 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE DESECHAN CINCO INICIATIVAS QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen iniciativas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación de la LX Legislatura.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

En suma se considera que las reformas aprobadas en dicho dictamen atienden integralmente la iniciativa en comento y de manera más clara, de manera que los cambios propuestos por la iniciativa resultarían redundantes, por esta razón, esta Comisión Dictaminadora considera que no es de aprobarse la iniciativa que reforma los artículos 7o. y 33º de la Ley General de Educación.

Acuerdo

Primero. No son de aprobarse las 5 iniciativas materia del presente dictamen en listadas en los antecedentes, turnadas a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Segundo. Archívense los presentes asuntos como total y definitivamente concluidos.

Nota
1. http://www.conaliteg.gob.mx/?id_page=4

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza, Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola, Raymundo Cárdenas Hernández, Esveida Bravo Martínez, Luz Virginia Cortés Osornio (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Sergio Hernández Hernández, Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz, Gerardo Sosa Castelán, José Luis Varela Lagunas (rúbrica).