• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que informe acerca de sus avances en materia de acceso al deporte para personas con capacidades diferentes, a cargo del diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que asuma el control sobre las operaciones y los protocolos de seguridad del Tren Suburbano, que corre entre el DF y diversos municipios del estado de México, e informe a esta soberanía respecto a éstos, a cargo del diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a adecuar el Reglamento de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores de la entidad y derogar los programas y las acciones no considerados en ese ordenamiento, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, relativo a la instalación de mesas de trabajo entre Ferrocarriles Nacionales de México y las personas que le demandan el pago por jubilación, a fin de dar pronto desenlace a los juicios laborales, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California a obligar al grupo constructor Geo, SA de CV, a reparar las mil 128 viviendas que edificó en el fraccionamiento Pórticos de San Antonio, en Tijuana, a cargo del diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar formalmente al gobierno de Austria la devolución del penacho de Moctezuma, pues resulta emblemático de la cultura mexicana, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz

• Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se suma a la Declaración de Guatemala, emitida por los representantes legislativos de México, Centroamérica, República Dominicana y el Parlamento Centroamericano, suscrita por integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a publicar las listas de los beneficiarios y a ejercer los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2009, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del IFE a ordenar la cancelación del Proyecto Distrital de la Participación Electoral y Promoción del Voto que la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que el consejo local del IFE en Sinaloa implantó y hacerlo extensivo a todas las juntas locales ejecutivas de las entidades federativas, suscrita por diputados de ese estado por el Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a publicar las listas de beneficiarios y a respetar el orden de prelación, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a resarcir a través de la SHCP el patrimonio de los ahorradores de Nuevo León afectados por las operaciones irregulares de la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, suscrita por diputados de esa entidad por el Grupo Parlamentario del PRI

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE que garantice el respeto de la Bandera Nacional en territorios extranjeros, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD

• A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Defensa Nacional, a solicitud del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD

• A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

• A la Comisión de Justicia, a solicitud del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

• A la Comisión de Justicia, a solicitud del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

• A la Comisión de Relaciones Exteriores, a solicitud del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

• A la Comisión de Seguridad Pública, a solicitud del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado federal Jesús Alcántara Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

México tiene ya una población que rebasa los dos millones de personas con discapacidad. Y pese a ello, y también pese a que desde el punto de vista jurídico, normativo e incluso constitucional, está garantizado su acceso a los servicios educativos, de salud y deportivos, ello no siempre se observa. La discapacidad física y mental afecta no sólo la vida de esas personas sino también de su núcleo familiar, por lo que me permito, honorable asamblea, solicitar su apoyo para saber en qué grado esos dos millones de compatriotas, 200 mil de los cuales viven en el estado de México, tienen garantizado el acceso a los servicios deportivos.

¿Por qué el acceso al deporte? Porque éste es un hábito que lo único que puede causar son beneficios a los que lo practican. El deporte no solamente fortalece el cuerpo, sino que templa el espíritu y otorga fortaleza para superar los retos de la vida diaria, por lo que es aún mejor que sea practicado por personas que por cualquier motivo, tienen una disminución en sus capacidades motoras, motrices o mentales.

Asimismo, el deporte propicia la interacción social y familiar, provoca cohesión y espíritu de grupo y fortalece los lazos afectivos, lo cual resulta en extremo benéfico para aquellos compatriotas que están en situación física y mental diferente.

¿Pero qué ha sucedido en la práctica? Pese a que diversos ordenamientos garantizan que las personas con discapacidad de algún tipo tendrán garantizados los accesos a las prácticas deportivas, y ello incluso se ha formalizado a nivel municipal, lo cierto es que queda aún una gran tarea por realizar.

Yo he estado presente en numerosos eventos organizados por instancias estatales y municipales, y también federales, y me he percatado que no siempre este sector de la población tiene las mejores facilidades para practicar deporte. Muchas veces, por desgracia, he observado que las facilidades son prácticamente nulas. Claro, hay cajones exclusivos para discapacitados en los estacionamientos; hay rampas para evitar los escalones, hay algunas otras cosas materiales, pero falta lo principal: programas integrales de apoyo para la práctica del deporte, instructores capacitados en tratar con este sector, instalaciones sanitarias adecuadas, propaganda para alentarlos a inscribirse, y sobre todo, recursos.

Les solicito atentamente, compañeros legisladores, que no demos la espalda a uno de los sectores de la población que más demandan nuestro apoyo, no como un ruego, sino como una exigencia social que les permitirá desarrollar una vida más feliz y productiva. Todos nosotros hemos sido testigos en diversos foros deportivos, nacionales, continentales e incluso Juegos Olímpicos, de los logros conseguidos por numerosas mexicanos con capacidades físicas y mentales diferentes.

Es por ello que les solicito atentamente que se adhieran a este punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, instancia de coordinación en este sentido, que nos informe sobre los avances que se han logrado en esta materia, a fin de identificar cuáles son las áreas que debemos nosotros de mejorar y apoyar, ya sea mediante acciones presupuestales específicas o mediante reformas a los marcos legales correspondientes.

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único. Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicite a la Secretaría de Salud y a su dependiente Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que informe del estado en que se encuentran las distintas gestiones que haya efectuado ante los gobiernos federal, estatales y municipales a fin de iniciar las acciones correspondientes en los distintos centros deportivos y recreativos del país destinadas a modificar los accesos, instalaciones y canchas y campos deportivos, así como de los programas especiales que se hayan creado en éstos, con objeto de que puedan ser plenamente utilizados por las personas con capacidades diferentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril del año dos mil nueve.

Diputado Jesús Alcántara Núñez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SCT QUE ASUMA EL CONTROL SOBRE LAS OPERACIONES Y LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DEL TREN SUBURBANO, QUE CORRE ENTRE EL DF Y DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, E INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A ÉSTOS, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS SERGIO ALCÁNTARA NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal Jesús Alcántara Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

Distinguida Asamblea: En días pasados hemos sido testigos de un hecho que ha puesto en riesgo la vida de decenas y compatriotas y, lo más grave, les ha causado heridas a muchos de ellos. Por fortuna, aun no se informa de pérdidas irreparables, pero lo cierto es que el riesgo está latente y llamo su atención a fin de que iniciemos medidas urgentes para evitarlo.

Me refiero al Tren Suburbano, propiedad de la empresa española Ferrocarriles Suburbanos y que es operada por CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, también de propiedad hispana. Este medio de transporte inició actividades el 1 de junio de 2008, en el tramo Buenavista-Lechería, y el 5 de enero de 2009 se inauguró el Sistema 1, de Buenavista a Cuautitlán. Desde entonces ha transportado a miles de personas entre la capital federal y diversos municipios del estado de México, con el consiguiente beneficio en los tiempos de traslado, el ahorro en sus finanzas familiares y el descenso en las emisiones contaminantes, al propiciar el desuso de autos y camiones.

Sin embargo, lo que la empresa calificó en su momento como "error humano que causó un impacto de contacto", originó un accidente en San Rafael Lechería, el sábado pasado que dejó 322 personas afectadas entre ambos trenes, de las cuales, por fortuna, 211 resultaron ilesas, 111 requirieron revisión médica, 22 fueron hospitalizadas y ya fueron dadas de alta, y seis continúan internadas, uno de ellos, grave.

Hay varias cosas a las que llamo su atención, compañeros y compañeras legisladores: en un primer momento, la empresa señaló que sólo habría seguro médico para una, sí, solamente una persona de la totalidad de los afectados. Más tarde señaló que proporcionaría la asistencia hospitalaria sólo a quien comprobara que tiene derecho al seguro del viajero, y luego dijo que no habría indemnizaciones, sino que solamente se pagarían atenciones médicas en hospitales privados a quien demostrara necesitarlo. Es necesario que sepamos todos los alcances que otorga la concesión en materia de protección y servicios de salud a los usuarios, en primer lugar.

Posteriormente, el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, sensible a las urgentes necesidades médicas de los pasajeros, señaló que ninguno de los afectados por el percance quedaría sin atención médica, fuera derechohabiente o no de servicios de salud estatal y federal, pero fue muy puntual al referirse a la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y operación de los trenes.

Es en ese sentido que presento esta propuesta, a fin de solicitar a la SCT que inicie las acciones correspondientes para asumir el control total de la seguridad en las operaciones del Tren Suburbano, independientemente de la obligación que tiene de investigar las causas que produjeron el accidente.

Los mexiquenses siempre hemos pugnado por mejores formas de transporte hacia y desde nuestra entidad, pero exigimos también que esos medios no pongan en riesgo la vida de cientos de personas que los utilizan a diario. Queremos un Tren Suburbano económico, moderno, eficiente, pero sobre todo, seguro. Queremos un Tren Suburbano que tenga un trato humanitario hacia los usuarios, que nos garantice atención médica e indemnizaciones de ley si sufrimos algún percance a bordo; que tenga no las mínimas, sino las máximas medidas de seguridad: Queremos que siga funcionando y creciendo, pero queremos también que la concesionaria considere que el principal capital que mueve es humano, y si no, que la SCT cuente los medios coercitivos y punibles para lograrlo.

Consideraciones

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que asuma de manera total el control sobre las operaciones y los protocolos de seguridad del Tren Suburbano que corre entre Buenavista, Distrito Federal, y Cuautitlán, estado de México, y que informe de los mismos puntualmente a esta soberanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintitrés de abril del año dos mil nueve.

Diputado Jesús Alcántara Núñez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE QUINTANA ROO A ADECUAR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA ENTIDAD Y DEROGAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES NO CONSIDERADOS EN ESE ORDENAMIENTO, A CARGO DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, a adecuar y flexibilizar el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es sabido por todos la grave situación por la que atraviesan millones de adultos mayores en el país, ya sea por las enfermedades crónico degenerativas propias de las personas adultas mayores, por abandono o por no contar con los recursos económicos suficientes para vivir de manera digna.

Que los adultos mayores de hoy fueron los constructores de nuestra sociedad actual, los que pusieron los cimientos de nuestras instituciones y de todo lo que hoy día somos, además de que siguen siendo fuente inagotable de experiencia y de ejemplo a seguir para millones de mexicanos.

Que la situación de nuestros adultos mayores es cada día más grave e insostenible y que, por su precariedad, en múltiples ocasiones se les ha utilizado como carne de cañón y botín electoral.

Que algunos gobiernos locales han implementado programas electoreros y de carácter discrecional que sólo benefician a algunos privilegiados afines al gobierno para distraer la atención de la sociedad, haciendo ver al gobernante en turno como un gran benefactor social.

Que desde hace varios años se ha tratado de revertir la grave problemática social y económica de los adultos mayores creando mecanismos legales y reglamentarios.

Que en general, la sociedad está tratando de poner su granito de arena para lograr que este segmento tan importante del país tenga mejores estadios de vida, acorde a lo mucho que han aportado a nuestro país.

Que se hace necesario sentar bases legales sólidas que permitan atender de manera objetiva y sin distingos de ninguna clase a este sector que, de acuerdo con las proyecciones, en los próximos años se incrementara de manera sustancial.

Que en el estado de Quintana Roo, mediante el decreto número 192 de la honorable XI Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el 27 de agosto de 2007, se expidió la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo, en la cual se contempla un apoyo económico para los adultos mayores de medio salario mínimo mensual vigente en el estado.

Que en fecha 29 de abril de 2008, el Ejecutivo estatal publicó el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo, en el cual se condiciona la entrega del mencionado apoyo económico a lo que se establece en el mismo reglamento, dejando sin este apoyo a miles de adultos mayores que se encuentran en grave situación económica.

Que desde hace varios meses el DIF del estado de Quintana Roo aplica un programa denominado Abuelito, Estoy Contigo, el cual se aplica de manera discrecional como un plan de "asistencia social", en vez de aplicar la Ley de los Adultos Mayores en comento, otorgando los apoyos económicos de manera totalmente transparente, legal e institucional.

Que a la presente fecha no se ha instalado el Consejo Estatal Para la Protección y Atención de las Personas Adultas Mayores y, por consiguiente, no se ha designado al secretario técnico de éste, para así poder llevar a cabo las funciones a ellos encomendadas por la ley y el reglamento, dejando con esto en indefensión a miles de adultos mayores en el estado de Quintana Roo.

Con base en las anteriores consideraciones, me permito someter a consideración de la honorable Cámara de Diputados la proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo, licenciado Félix Arturo González Canto, a instalar con la mayor brevedad el Consejo Estatal para la Protección y Atención de las Personas Adultas Mayores y a designar, en términos de ley, al secretario técnico de éste, en virtud de que el plazo establecido en los transitorios de la ley feneció.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo, licenciado Félix Arturo González Canto, a realizar las adecuaciones necesarias en el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo, derogar los programas de asistencia social que no se desprendan de la ley aprobada y aplicar de inmediato los programas y acciones establecidos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo.

Dado en el Palacio Legislativo, a 23 de abril de 2009.

Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE MESAS DE TRABAJO ENTRE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO Y LAS PERSONAS QUE LE DEMANDAN EL PAGO POR JUBILACIÓN, A FIN DE DAR PRONTO DESENLACE A LOS JUICIOS LABORALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MAYRA GISELA PEÑUELAS ACUÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 19 de enero de 1998, no fue un buen día para el gremio ferrocarrilero, la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje numero 4 de México, DF, en un acto violatorio de los artículos 123 constitucional, 161 y 249 de la Ley Federal del Trabajo, 18 y 36 del Contrato Colectivo de Trabajo, así como el 19 del Reglamento de Jubilaciones, emitió el laudo IV-842-97 donde se suprimía el derecho a jubilación proporcional por 15 años de antigüedad a los trabajadores, alargándolo a 25 años para los hombres y 20 para las mujeres, con este hecho más de 60 mil trabajadores ferrocarrileros de toda la república quedaron automáticamente sin derecho a obtener su jubilación.

Basándose en dicho laudo, las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje de toda la república están emitiendo, desde hace once años, laudos que perjudican los derechos de miles de trabajadores; a manera de ejemplo, cito a la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje numero 23 de Hermosillo, Sonora quien emite laudos que niegan los derechos de jubilación. Casos como estos, existen más de 12 mil en la región pacifico que comprende desde Mazatlán, Sinaloa hasta Nogales, Sonora.

Ferrocarriles Nacionales de México, desde la terminación de la relación laboral el 18 de febrero de 1998, se ha negado sistemáticamente a negociar el pago de jubilaciones y prestaciones con los trabajadores aduciendo que solamente lo hará atendiendo laudos firmes emitidos por las JEFCA; no obstante lo anterior, a realizado pagos, sin laudo de por medio, por concepto de pagos de previsión social y/o cualquier otra cosa que se le pudiera adeudar, mediante convenio, como si se tratara de laudo ejecutoriado pasado ante la fe de autoridad como cosa juzgada.

No quisiera dejar de mencionar, que trabajadores ferrocarrileros que padecen esta situación, han denunciado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora, esta avalando actos de corrupción que se cometen en la JEFCA 23 por lo que no se vislumbran ninguna esperanza para el ferrocarrilero demandante de recibir justicia en sus reclamos de jubilación.

Denuncian que los abogados laborales, que supuestamente debían defender sus justas demandas, se coludieron con la empresa Ferronales y la JEFCA 23 de Hermosillo, para hacerse millonarios mediante la maniobra de hacer micropagos sin laudo de por medio a los trabajadores, quienes al firmar no sabían que estaban desistiendo de sus derechos porque nunca les proporcionaban copia de los convenio de pago.

Quisiera hacer mención que el asunto que hoy vengo a proponer, y que espero pudiéramos aprobar, tiene un antecedente: senadores de la República, de la LIX Legislatura, aprobaron un punto de acuerdo para la formación de mesas de trabajo entre la empresa Ferronales y los trabajadores del estado de Aguascalientes, gracias a su intervención se logró la negociación entre ambas partes donde salieron beneficiados miles de ferrocarrileros que lograron su jubilación y el pago de sus prestaciones a que tenían derecho, si bien es cierto hubo algunas demandas que resultaron improcedentes; ello, se debió a que hubo trabajadores que ya habían cobrado con anterioridad.

Es necesario que se aceleren los procesos legales que los trabajadores han presentado ante las autoridades del trabajo.

El caso de los trabajadores ferrocarrileros jubilados y pensionados de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, es el ejemplo de una de las mayores injusticias que se han cometido en nuestro país en contra de los trabajadores, en el que la letra escrita de nuestra Carta Magna pareciera letra muerta, y la atención de la demanda justificada de los ciudadanos y ciudadanas que reclaman su derecho es sólo trasladada de sexenio a sexenio. En el caso los jubilados y pensionados, siendo éstas personas de mayor edad, la injusticia y aberración son mayores.

Por ello, es necesario formar mesas de trabajo entre Ferrocarriles Nacionales de México y los trabajadores demandantes, a fin de estudiar las alternativas de solución y agilidad en el caso de los juicios laborales para que los trabajadores ferrocarrileros que dejaron su juventud y su vida cumpliendo noble y estoicamente con su trabajo para la empresa, puedan ahora disfrutar lo que por ley les corresponde.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las autoridades del trabajo a que instalen mesas de trabajo, entre Ferrocarriles Nacionales de México y los trabajadores que demandan el pago por su jubilación, a fin de dar pronta solución a esos juicios laborales.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 23 de abril de 2009.

Diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA A OBLIGAR AL GRUPO CONSTRUCTOR GEO, SA DE CV, A REPARAR LAS MIL 128 VIVIENDAS QUE EDIFICÓ EN EL FRACCIONAMIENTO PÓRTICOS DE SAN ANTONIO, EN TIJUANA, A CARGO DEL DIPUTADO ELÍAS CÁRDENAS MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 73, fracciones XXIX-C, XXIX-L, XXX; 74, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se exhorte al licenciado José Guadalupe Osuna Millán, gobernador constitucional de Baja California, para que por su conducto se obligue al grupo constructor Geo de Baja California, SA de CV a reparar las mil 128 viviendas, que construyó en el fraccionamiento Pórticos de San Antonio, en Tijuana, Baja California, entre 1996 y 1997, hasta que sean habitables; y que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordene al juez cuarto de lo penal que dicte las órdenes de aprehensión contra Emilio Cuenca Carrara, Ricardo Morales Tardos, José Francisco Sáenz y Alfonso o Alonso Bolio Vera por el delito de fraude específico, toda vez que hay sentencia desde el 8 de junio de 2007, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

1. El licenciado José Guadalupe Osuna Millán, cuando Geo de Baja California, SA de CV, construyó las viviendas a que hemos hecho referencia fungía como presidente municipal de Tijuana, Baja California, y no sólo autorizó la construcción de las viviendas, sino también la urbanización, en condiciones no cumplidas, de los terrenos en donde se construyeron las mil 128 viviendas del fraccionamiento Pórticos de San Antonio, acorde con los reglamentos aplicables, y permitió que el licenciado Francisco Pérez Tejada Aguilera, quien fungía como delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores del Estado local, vendiera los materiales a grupo Geo de Baja California, SA de CV para que construyera las susodichas mil 128 viviendas.

La memoria de cálculo estructural fue tomada en cuenta únicamente para un tipo de viviendas, de las tres que existen en el conjunto, y se aplicó el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal.

Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes:

Consideraciones

1. Que dada la experiencia laboral del licenciado José Guadalupe Osuna Millán, que había sido ya director de Inversión Pública, subsecretario de Inversión Pública y, en 1989, trabajó en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del estado, y se desempeñó, además, como presidente municipal de Tijuana en el XV Ayuntamiento, tuvo los elementos necesarios para haber evitado que el grupo constructor Geo de Baja California, SA de CV, defraudara a quienes adquirieron viviendas en el fraccionamiento Pórticos de San Antonio.

2. También, por conducto del gobernador, que se resuelva por la Procuraduría General de Justicia del estado la averiguación previa 10386/07/211 por el delito de fraude específico; y que de una vez, jurídicamente, sea resuelto un supuesto desglose de la averiguación previa 4017/01/200, que al parecer se diligencia en la misma procuraduría. Para aprovechar los buenos oficios del gobernador, que intervenga ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República para que se resuelva la averiguación previa 2541/06, radicada en la mesa V.

3. Por otro lado, paralelo a lo que se ha solicitado en los párrafos precedentes, se creará un fideicomiso en que intervinieran el Ejecutivo estatal, Geo Baja California, SA de CV y el licenciado Francisco J. Pérez Tejada Aguilera, quien de manera ilegal vendió los materiales de construcción a Geo Baja California, SA de CV, para la construcción de las mil 128 viviendas, para reparar las casas del fraccionamiento Pórticos de San Antonio.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al licenciado José Guadalupe Osuna Millán, gobernador constitucional de Baja California, para que por su conducto se obligue al grupo constructor Geo de Baja California, SA de CV a reparar las mil 128 viviendas que construyó en el fraccionamiento Pórticos de San Antonio, en Tijuana, Baja California, entre 1996 y 1997, hasta dejarlas habitables; y que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado ordene al juez cuarto de lo penal que dicte órdenes de aprehensión contra Emilio Cuenca Carrara, Ricardo Morales Tardos, José Francisco Sáenz y Alfonso o Alonso Bolio Vera por el delito de fraude específico, toda vez que hay sentencia desde el 8 de junio de 2007.

Se solicita también al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite por obvias razones, de urgente resolución; con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2009.

Diputado Elías Cárdenas Márquez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR FORMALMENTE AL GOBIERNO DE AUSTRIA LA DEVOLUCIÓN DEL PENACHO DE MOCTEZUMA, PUES RESULTA EMBLEMÁTICO DE LA CULTURA MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ

El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado sin partido de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto al presidente de México, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a efecto de que solicite formalmente al gobierno de Austria la devolución del penacho de Moctezuma, por ser un símbolo emblemático de la cultura de México.

Consideraciones

El penacho de Moctezuma es calificado como la reliquia más importante de México y que se encuentra fuera del territorio nacional, motivo por el cual, el gobierno de México ha intentado recuperarlo de manera infructuosa.

Lo antecedes históricos revelan que lo más probable es que el penacho formara parte de los "regalos de Moctezuma" que recibió el conquistador español en 1519 al poco de desembarcar en Veracruz. Luego, esos regalos de Moctezuma llegaron a manos de Carlos V, quien los mandó exhibir en Bruselas. En 1524 el penacho, junto a otros objetos aztecas, pasó al hermano menor de Carlos V, el archiduque Fernando del Tirol. El archiduque inició con eso una espléndida colección que luego engrosaría la colección Ambras del Palacio Belvedere de Viena.

Abelardo Rodríguez, presidente mexicano en 1932-1934, luchó lo suyo por el penacho. Al no conseguirlo, mandó hacer una copia para exponerla en el Museo de Antropología de la capital.

También, el ex presidente Ernesto Zedillo, en su momento, y el dirigente de la organización internacional Yankuikanahuak, Xokonoschtletl Gomora han hecho gestiones para que el penacho se encuentre en nuestro país y pueda ser admirado por todos los mexicanos, pero no ha habido ningún resultado positivo al respecto.

Ahora se presenta una buena oportunidad para que el Ejecutivo respaldado por las Cámaras y, sobre todo, la ciudadanía mexicana, considere este tema en la agenda diplomática para solicitar la devolución del penacho al gobierno de Austria.

Ya que legisladores austriacos presentaron, en marzo pasado, un punto de acuerdo ante el parlamento de su país para que el penacho de Moctezuma fuera dado a México en forma de préstamo, sin fecha de regreso.

Este punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Cultura del Parlamento Austriaco, fue presentado por 7 legisladores del Partido Comunista de Austria el pasado 11 de marzo.

Lo que demuestra el interés por el Parlamento Austriaco de cooperar con nuestro país para que dicha pieza sea exhibida y admirada en México, ya que constituye una reliquia emblemática y representativa de nuestra cultura.

No es posible describir toda la belleza y majestuosidad de la pieza pero su diseño es el siguiente: tiene una altura de 116 centímetros y un diámetro de 175 centímetros. El centro del penacho está hecho con plumas azules del ave xiuh totol y tejuelos de oro en forma de medias lunas con piedras preciosas. Sigue una zona rosa de plumas de tlauquechol y otra zona de plumas marrones de cuclillo, donde sale una hilera de plumas verdes de quetzal, algunas de hasta 55 centímetros de largo. Sigue otra zona también de plumas de quetzal. En total tiene más de 400 plumas de quetzal.

No obstante que en la actualidad se encuentra algo deteriorado, el valor estimado por el gobierno austriaco es de 50 millones de dólares. Pero el valor único para nuestro país es el cultural y, sobre todo, el fortalecimiento de nuestra identidad nacional.

El penacho es considerado la reliquia más valiosa de México que se encuentra en el extranjero y llegó al museo austriaco después de ser hallado en el castillo Belvedere de Vienna en 1877.

De lo anterior podemos precisar que no es posible que en la actualidad, el Museo de Nacional de Antropología de México exhiba una copia del penacho, pudiendo ser la pieza original la que los mexicanos conozcan y posean.

Hasta hoy no existe una solicitud formal del gobierno mexicano ante el gobierno austriaco en la que se sugiera la devolución del penacho de Moctezuma. Sin embargo, México ha mencionado el asunto en pláticas entre el gobierno y el presidente de Austria, Heinz Fischer.

Por lo anterior el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar respetuosamente al presidente de México, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a efecto de que solicite formalmente al gobierno de Austria la devolución del penacho de Moctezuma, por ser un símbolo emblemático de la cultura de México.

Con fundamento en los artículos 89 fracción X y XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al presidente de México, licenciado Felipe Calderon Hinojosa, a efecto de que solicite formalmente al gobierno de Austria la devolución del penacho de Moctezuma, por ser un símbolo emblematico de la cultura de Mexico.

Palacio Legislativo, a 23 de abril de 2009.

Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA SE SUMA A LA DECLARACIÓN DE GUATEMALA, EMITIDA POR LOS REPRESENTANTES LEGISLATIVOS DE MÉXICO, CENTROAMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

Los que suscriben, diputados federales de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En el 2008, representantes de los Poderes Legislativos de México, Centroamérica, República Dominicana y del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con el acompañamiento de Sin Fronteras IAP y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo iniciaron un proyecto conjunto, con el propósito de promover un mejor entendimiento de las migraciones, desde y hacia la región, y con ello, fortalecer nuestro papel en lo relacionado con la elaboración, revisión, aprobación y vigencia de marcos jurídicos que normen e institucionalicen las políticas públicas de nuestros Estados, así como aquellas relacionadas con la institucionalidad regional, con el objeto de abordar con una perspectiva integral, los movimientos internacionales de población.

2. En una primera etapa del proceso, se realizó una serie de seminarios, así como reuniones de trabajo con el apoyo de instituciones parlamentarias y legislativas de El Salvador, México, Honduras y Nicaragua; además de la participación y compromiso de senadores, legisladores y parlamentarios de otros países como Guatemala, Panamá y República Dominicana, así como también del Parlacen.

3. Durante los intercambios y debates, fue necesario realizar un reconocimiento generalizado de la complejidad del fenómeno migratorio internacional, de sus causas y consecuencias, así como de sus implicaciones en materia de políticas públicas y de construcción de marcos jurídicos que las institucionalicen.

4. Durante las reuniones anteriores los legisladores y parlamentarios firmantes propusieron a los gobiernos e instituciones regionales e internacionales que en la definición de políticas, planes y programas nacionales y regionales se sumen las nociones y principios que son coherentes con los marcos constitucionales y los instrumentos internacionales que norman la toma de decisiones en materia de política pública y en la definición de planes y programas vinculados con el tema de las migraciones en cada país y en la región en su conjunto.

5. Se planteó también el fortalecimiento de la integración regional como parte de un proceso que conduzca al diálogo, en torno a un modelo de desarrollo que permita a los pueblos de la región superar los rezagos sociales y económicos que vulneran el pleno goce de sus derechos y que impulsan, entre otros factores, la migración.

Consideraciones

1. A pesar de que la gran mayoría de los países de la región han ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (Convención de 1990) y otros tratados internacionales de derechos humanos, poco han avanzado en tomar medidas para armonizar su normatividad y prácticas con dichos instrumentos internacionales, que promueven el combate a la violación de los derechos humanos de hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas que migran, con lo que el número de abusos contra ellos no ha disminuido.

2. La migración se caracteriza por su inherente vínculo a los problemas de carácter histórico y cultural, tales como la desigualdad, asimetría y el rezago social, por supuesto sin olvidar la pobreza, la precariedad laboral y el desempleo, así como la vulnerabilidad social y discriminación de todo tipo (raza, sexo, religión, preferencia sexual).

3. El impacto económico de la migración provoca bastante menos controversia cuando se trata de los efectos sobre los países emisores. Esta tendencia es curiosa porque no está del todo claro que la migración solamente genere efectos positivos para países emisores.

4. Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países o áreas de emigración como en los de inmigración y en ambos casos pueden tener efectos tanto positivos como negativos. Por ejemplo, algunos efectos positivos de la migración son: El alivio de problemas de sobrepoblación; el logro de una mayor homogeneidad cultural o política (los más descontentos son los que primero emigran, quedando sólo los más conformes que suelen estar de acuerdo con su situación socioeconómica o política); la disminución de la presión sobre los recursos; la inversión de las remesas de dinero que envían los migrantes; el aumento de la productividad y el aumento de la venta de productos en otros países.

Por otro lado, sus efectos negativos son: El envejecimiento de la población (porque los que emigran suelen ser jóvenes); la población que queda se hace más tradicionalista, conservadora, y más renuente al cambio, y lo peor de todo esto es que suelen irse las personas más productivas y con mayor afán de superación.

5. Los trabajadores migrantes viven en una permanente situación de incertidumbre, y en una constante lucha por adquirir los derechos que, en su calidad de trabajador migratorio, reclama en razón de sus años de residencia, de trabajo y de sus contribuciones en el país que reside.

6. En el caso de México, la migración es un tema de suma importancia, debido a que muchos connacionales en su intento por cruzar la frontera lamentablemente mueren ahogados en el río Bravo o a manos de agentes estadounidenses encargados del resguardo de los límites territoriales entre Estados Unidos y México.

7. La crisis económica que comenzó en Estados Unidos, que en la actualidad afecta a todo el mundo, tiene impactos muy negativos en cuanto a la situación laboral y social de los migrantes y sus familias, tanto en el país emisor como en el receptor. Lo preocupante aquí es que día a día aumentará más de lo normal la cifra de migrantes.

Por las consideraciones previamente expuestas sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se suma a la Declaración de Guatemala, ya que constituye un importante esfuerzo regional para atender de manera coordinada las diversas problemáticas y oportunidades originadas por el fenómeno migratorio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2009.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Diputados: Antonio Valladolid Ramírez (rúbrica), presidente; José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Ivette Jacqueline Ramírez Corral (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Susana Sarahí Carrasco Cárdenas (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez, Elia Hernández Núñez, Omeheira López Reyna (rúbrica), María Dolores González Sánchez, Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuellar (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín Conrado de los Santos Molina(rúbrica), Erick López Barriga (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), Frausto Federico Bernal (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Irma Piñeyro Arias, Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Isael Villa Villa.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB Y AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS A PUBLICAR LAS LISTAS DE LOS BENEFICIARIOS Y A EJERCER LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A 2009, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El artículo 3o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, regula la creación del comité técnico, que está integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, de Desarrollo Social, de Relaciones Exteriores y de la Función Pública (por cada representante propietario habrá un suplente, quien deberá suplirlo en sus ausencias).

2. Que el 28 de noviembre del año 2008 se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal del año 2009, asignando un presupuesto a los trabajadores migrantes braceros que laboraron en Estados Unidos en los años de 1942 a 1964, de ese recurso no se ha ejecutado absolutamente nada para entregar el beneficio en este año a los ex braceros.

3. El comité técnico es el encargado de reunirse y crear las listas de beneficiarios de ex braceros; la última publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el día 30 de diciembre del año 2008, donde se incluía la lista vigésima sexta; han pasado cuatro meses y no se ha publicado otra lista en este año, generando subejercicios de este programa de apoyo social; los beneficiarios, por sus condiciones precarias y de edad se están muriendo y la mayoría de ellos no recibe el recurso económico en vida, derecho que legítimamente les corresponde. No existe motivo o causa fundada y motivada para negar la publicación de las referidas listas, la ley es clara y debe acatarse.

4. De acuerdo con la fracción IX del artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, "se sancionará a los Servidores Públicos que realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos…"

5. De acuerdo con el último informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda económica del cuarto trimestre, emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Gobernación tiene un subejercicio de 375 millones de pesos, y en general se observó un subejercicio de casi 3 mil millones de pesos en toda la administración pública federal, y como siempre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de manera exorbitante registra un subejercicio de 1,329 millones de pesos.

6. Los legisladores hemos hecho nuestro trabajo, ahora depende de que la Secretaría de Gobernación y el comité técnico ejecuten los recursos; es urgente que se dé solución al problema que actualmente enfrentan nuestros compañeros trabajadores ex braceros y sus familias, cuentan necesariamente con esos recursos que por derecho les corresponden.

7. Compañeros legisladores: invoco su sensibilidad y su buena voluntad política para que aprobemos de obvia y urgente la proposición con punto de acuerdo que presento; y se exhorte al secretario de Gobernación y al comité técnico a emitir a más tardar en cinco días naturales las siguientes listas de beneficiarios que corresponden.

No esperemos a que lleguen los tiempos electorales para que estas sean publicadas y desvirtuemos el sentido social para el cual fue creado el programa, la gente no merece ese trato indigno.

8. Nuestros connacionales ex braceros de diversas entidades federativas han manifestado su inconformidad en que no podemos aplazar más las listas de beneficiarios; se están muriendo.

Por lo antes expuesto y fundado, someto respetuosamente a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De obvia y urgente resolución:

Único. La Cámara de Diputados atenta y respetuosamente exhorta al secretario de Gobernación y al Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a publicar en cinco días naturales, en el Diario Oficial de la Federación, las listas que correspondan.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo en San Lázaro, a veintitrés de abril del año dos mil nueve.

Diputado Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO GENERAL DEL IFE A ORDENAR LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL Y PROMOCIÓN DEL VOTO QUE LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA QUE EL CONSEJO LOCAL DEL IFE EN SINALOA IMPLANTÓ Y HACERLO EXTENSIVO A TODAS LAS JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE ESE ESTADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputada y diputados por el estado de Sinaloa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Conforme a lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), las juntas locales ejecutivas que operan en las entidades federativas, son órganos delegacionales del Instituto Federal Electoral, según el artículo 134 del ordenamiento en referencia.

Ahora bien, las atribuciones de la Junta General Ejecutiva y por ende de las locales ejecutivas en los estados, están contenidas en el artículo 122 del Cofipe y entre otras, está la de supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y educación cívica del Instituto. Tareas que estarán a cargo de la dirección ejecutiva que para este propósito está señalada en el artículo 132 del propio código referido.

Las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica que están señaladas en el mismo artículo, son las siguientes:

Preocupa por tanto que en el caso de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en Sinaloa, a través de su titular Alonso Burgueño Barrón, haya declarado a medios de comunicación impresa que en el presente mes, beneficiarias del programa Oportunidades de la Sedesol, comenzarán a promover en voto en sus colonias, dentro del denominado Proyecto Distrital de la Participación Electoral, Promoción al Voto.

Incluso, el funcionario electoral en referencia que menciona a las promotoras del voto como el Ejército Rosa, precisa que a las mismas se les va a identificar con playeras, mochila de trabajo, y algunos promocionales como plumas, lápices, vasos y bolsas para obsequiarlos a la gente.

Denunciamos que es incongruente la instrumentación de este programa porque resulta de extrema peligro para la democracia, ya que la Sedesol es una institución de gobierno con patrimonio propio y no debe permitirse que aquellos ciudadanos que están adscritos a un padrón por el que reciben beneficios de asistencia social realicen tareas que sólo le competen al Instituto Federal Electoral.

El IFE, como órgano autónomo dispone de los recursos necesarios para ejecutar los programas de participación electoral y de promoción al voto y no debe contar para ello con órganos paralelos, mucho menos de carácter gubernamental, porque evidentemente existe el riesgo de inducción del sufragio a favor de determinada oferta política y esto puede contravenir lo dispuesto por el artículo cuarto, numeral tres, del propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición de urgente resolución:

Punto de Acuerdo

Único. Que esta soberanía exhorte al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones, acuerde y ordene la cancelación inmediata del denominado Proyecto Distrital de la Participación Electoral, Promoción del Voto, que la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo local del IFE en Sinaloa tiene implementado en ese estado y que este acuerdo sea extensivo a todas las juntas locales ejecutivas en las entidades federativas.

México, DF, a 23 de abril de 2009.

Diputados: Gilberto Ojeda Camacho, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Diego Aguilar, Daniel Amador Gaxiola, Ramón Barajas López, Jesús Manuel Patrón Montalvo, Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbricas).
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB Y AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS A PUBLICAR LAS LISTAS DE BENEFICIARIOS Y A RESPETAR EL ORDEN DE PRELACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

1. Un reclamo de los ex trabajadores migratorios que laboraron a través del convenio entre México y Estados Unidos en los años de 1942 a 1964 es recuperar para ellos y sus familiares parte de los ahorros que durante ese periodo hicieron a través del banco Wells Fargo y transferidos posteriormente al Banco de Crédito Rural (hoy Financiera Rural), con la creación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, abriéndose la expectativa para que las docenas de miles de ex trabajadores migrantes contaran con un apoyo social que resarciera parte de lo que les corresponde.

2. El fideicomiso señalado es un mecanismo institucional para dar solución a las demandas sociales que se venían presentado, por lo que la Secretaría de Gobernación integró un padrón a partir del 11 de noviembre de 2005 mediante una convocatoria, la cual condicionaba la inclusión en esa lista a la exhibición de pruebas documentales que acreditarían el derecho legítimo para reconocer su personalidad como beneficiario y poder recibir la cantidad de 38 mil pesos.

3. En esta etapa se registraron 212 mil 218 beneficiarios. Quedaron excluidos 169 mil 585 ex trabajadores que, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación no cumplieron los requisitos, sólo validaron 42 mil 633 beneficiarios, declarándolos elegibles.

4. De los 42 mil 633 beneficiados en 2008, sólo se ha pagado a 38 mil 142 ex trabajadores migratorios; el Estado mexicano no ha saldado el adeudo a 4 mil 538 ex braceros. La deuda asciende a 172 millones 444 mil pesos, sólo del padrón de 2005.

5. De acuerdo con las reformas aprobadas el 1 de septiembre de 2008 respecto a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y sus reglas de operación, se permitió la apertura al nuevo padrón de trabajadores migrantes, en enero de 2009, a través de 37 mesas receptoras, instaladas en todo el país y en los consulados de México en Estados Unidos.

6. Se tiene un atraso por pagar a 4 mil 538 beneficiarios de 2008, más los nuevos del padrón de 2009, que ascienden a 178 mil 359 ex braceros con documentación completa. Se requerirán aproximadamente 6 mil 700 millones para terminar de entregar el apoyo social que legítimamente les corresponde.

7. El responsable del atraso es el comité técnico, integrado por un representante de cada una de las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo federal: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Función Pública (artículo 3o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos).

8. De acuerdo con el informe trimestral del comité técnico del fideicomiso (octubre-diciembre), hay recursos disponibles sin ejercer del Presupuesto de Egresos de 2008: 202 millones 113 mil 328 pesos, más intereses.

9. Hoy se tiene otro atraso de los recursos que fueron aprobados el 28 de noviembre de 2008, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009. De esos recursos no se ha ejecutado absolutamente nada para entregar el beneficio en este año a los ex braceros.

10. El comité técnico es el encargado de reunirse y crear las listas de beneficiarios de ex braceros. La última publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el 30 de diciembre de 2008; se trata de la lista vigésima sexta. Han pasado cuatro meses y no se ha publicado otra lista en este año. Estamos generando subejercicios de un programa de apoyo social; los beneficiarios se están muriendo y no pueden recibir el recurso económico que legítimamente les corresponde. No hay motivo o causa fundada y motivada para denegar la publicación de las referidas listas; la ley es clara y debe acatarse.

Compañeras y compañeros legisladores: solicito su invaluable apoyo e invoco a su sensibilidad política para que aprobemos este punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución, para que el comité técnico y la Secretaría de Gobernación publiquen las listas de los beneficiarios, respetando el orden de prelación.

No esperemos a que lleguen los tiempos electorales para que éstas se publiquen y desvirtuemos el sentido social del programa. La gente no merece ese trato indigno.

Por lo expuesto y fundado, someto respetuosamente a consideración de esta soberanía, con carácter de obvia y urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta atenta y respetuosamente al secretario de Gobernación y al Comité Técnico del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos a publicar las listas de beneficiarios y a respetar el orden de prelación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2009.

Diputado Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RESARCIR A TRAVÉS DE LA SHCP EL PATRIMONIO DE LOS AHORRADORES DE NUEVO LEÓN AFECTADOS POR LAS OPERACIONES IRREGULARES DE LA UNIÓN DE CRÉDITO MONTERREY, SA DE CV, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE ESA ENTIDAD POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales del estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorte al Ejecutivo federal a efecto de que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que atienda de inmediato a resarcir el patrimonio de las personas ahorradoras, en su enorme mayoría de la tercera edad y de escasos recursos en el estado de Nuevo León, afectadas por las operaciones irregulares de la denominada "Unión de Crédito Monterrey, SA de CV" en atención a la siguiente:

Exposición de Motivos

Como es del conocimiento de toda la sociedad del estado de Nuevo León, un importante número de ciudadanos de la tercera edad y en su mayoría de escasos recursos, han sido afectados por las operaciones fraudulentas de una de las entidades financieras más importantes del país, en la modalidad de unión de crédito. Esta entidad financiera es la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, a quien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, otorgó y posteriormente revocó la autorización para operar.

Es claro que en la problemática que afectó a estas instituciones auxiliares de crédito está presente una insuficiencia del control institucional a que deben estar sometidas las mismas. Esta problemática se agrava de manera sensible cuando los afectados es un sector de la sociedad integrado por personas de la tercera edad, de pensionados y de pequeños ahorradores que depositaron, de buena fe, al no ser éstos especialistas financieros, en esa organización el fruto de largos años de esforzado trabajo.

Es incuestionable que la regulación, control y vigilancia de las organizaciones auxiliares de crédito incide en el ámbito de competencia del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que ante la falta de atención y respuesta a estas personas defraudadas, es imperante que esta dependencia asuma de inmediato la atención y resolución de este problema, que se insiste, está afectando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, que son las personas de la tercera edad, a las cuales debemos respeto y agradecimiento, porque con su esfuerzo han ayudado a forjar el México del que todos estamos orgullosos.

A continuación se hace una breve relatoría de la manera irregular con la que operó de la citada Unión de Crédito Monterrey, SA de CV:

De esta manera, la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, adeuda a cerca de mil ochocientos socios ahorradores una cantidad aproximada a los $380´000,000.00 (trescientos ochenta millones de pesos 00/100 mn) cuyo reintegro han venido reclamando ante diversas instancias, tanto por la vía judicial como por la administrativa, sin que a la fecha se haya llegado a una solución satisfactoria para los afectados, para la recuperación de sus ahorros.

Estos ahorradores han solicitado el apoyo de diversos actores políticos en el estado de Nuevo León, quienes han atendido dichas solicitudes realizando gestiones para la atención de las autoridades federales, sin que a la fecha se tengan resultados positivos.

Lo anterior nos muestra como un Estado Mexicano incapaz en la protección de los grupos más vulnerables, lo cual resulta inaceptable especialmente para quienes como representantes de la diputación por el estado de Nuevo León, cuya actual administración pública ha establecido dentro de sus políticas públicas prioritarias, la atención y cuidado de las personas de edad avanzada. Por ello considerando que el 60% de los ahorradores afectados son personas de la tercera edad cuyos ahorros, producto de sus liquidaciones o jubilaciones, sustentaban una modesta forma de vida, de la cual han sido privados como efecto de las operaciones fraudulentas de la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV , se hace imperativo que se atienda de inmediato esta problemática y se le dé una resolución satisfactoria a los afectados.

Como representantes populares estamos obligados a ser los promotores del bienestar de nuestros representados, con especial atención en favor de los sectores más vulnerables. En tal virtud, se considera que el Ejecutivo federal debe participar en la solución inmediata del problema planteado por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera similar a como en otras ocasiones se ha hecho, mediante la implementación de mecanismos económico-financieros, jurídicamente seguros y transparentes.

Consideramos de plena justicia atender este reclamo ciudadano, de quienes de buena fe pusieron el esfuerzo de toda una vida en una institución autorizada y supervisada por los órganos del propio Estado.

No es el momento de ver quien falló, o no, en este asunto. De los que se trata es de dar una solución inmediata a un problema que está afectando de manera grave a quienes pusieron de buena fe su confianza en instituciones que actuaban en el marco de la legislación vigente y que desafortunadamente actuaron de manera fraudulenta.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que atienda de inmediato a resarcir el patrimonio de las personas ahorradoras, en su enorme mayoría de la tercera edad y de escasos recursos en el estado de Nuevo León, afectadas por las operaciones irregulares de la denominada Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.

Segundo. Sea considerando como base de la afectación inicial la cantidad de $380´000,000.00 (trescientos ochenta millones de pesos 00/100 mn), conforme a las bases constitutivas, de seguridad, prelación y legitimidad que resulten idóneas.

Tercero. Se solicita que el presente punto de acuerdo sea considerado como de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de abril de 2009.

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya, Gustavo Fernando Caballero Camargo, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Jorge Luis de la Garza Treviño, Juan Manuel Parás González (rúbrica), Ramón Salas López.
 
 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SRE QUE GARANTICE EL RESPETO DE LA BANDERA NACIONAL EN TERRITORIOS EXTRANJEROS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, diputado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, suscribe la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que garantice el respeto de la Bandera Nacional en territorio extranjero, conforme a las siguientes

Consideraciones

El pasado 14 de abril nos enteramos, por la prensa nacional, de que la empresa transnacional Burger King lanzó una campaña publicitaria en la cual no sólo denuesta a los ciudadanos mexicanos sino que utiliza el lábaro patrio de una forma inadecuada, grosera y, no hace falta decirlo, por demás transgresora de los principios legales en nuestro país.

No es la primera vez que esto sucede, por lo que la reacción de rechazo social del hecho obligó al gobierno mexicano a tomar medidas. El día 14, el embajador mexicano en Madrid "pidió" a la empresa estadounidense que retirara esta campaña y anunció que se examinaba la posibilidad de emprender medidas legales al respecto. No obstante, la campaña permanece impunemente en el aire.

En el marco de la implantación de una errática política exterior mexicana, la fehaciente ignorancia por parte de los intereses en dólares para respetar a nuestro país y sus símbolos patrios no resulta más que la evidencia de la poca autoridad de la cual goza el gobierno mexicano en el extranjero.

Por ello, como hemos sostenido en múltiples ocasiones, México debe revisar cuidadosamente su política exterior no sólo para salvaguardar la seguridad hemisférica, subordinándonos a Estados Unidos, sino que debe trabajar para lograr un acercamiento a nuestros hermanos de Iberoamérica, relaciones que, resulta por demás decirlo, hemos descuidado por cumplir los compromisos impuestos por el gigante del norte.

No nos engañemos: es imprescindible reconstruir el prestigio de la hoy tan dañada imagen de México ante los ojos de nuestros pares iberoamericanos. Resulta urgente refrendar nuestro compromiso con la neutralidad, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Es imperativo dejar de mirar al norte, para recobrar la confianza de los gobiernos democráticos de Latinoamérica y Europa.

Por ello sostenemos que el gobierno mexicano tiene la obligación irrenunciable de defender, por todos los medios, a los mexicanos, y su dignidad e integridad, así como mantener el respeto por los símbolos nacionales, que nos proporcionan identidad y que forman parte de nuestra cultura originaria, en el marco de un caso paradigmático en el ámbito de las relaciones internacionales.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, con el supuesto de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar todas las acciones legales necesarias para garantizar el respeto de la Bandera Nacional y demás símbolos patrios por las empresas españolas y transnacionales en el territorio del Reino de España.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a implantar políticas tendentes a promover la imagen respetuosa del pueblo mexicano y su cultura, conforme a los principios constitucionales que rigen la política exterior mexicana: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2009.

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)
 
 

El suscrito, diputado integrante de la Comisión de Defensa Nacional del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, respetuosamente solicita que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emita cuarta excitativa en nombre de la Cámara de Diputados a las Comisiones de Defensa Nacional, y de Gobernación, para que se presente el dictamen correspondiente, en sus términos, a la iniciativa que reforma los artículos 1, 2, 3 y 4, y adiciona los artículos 5 y 6 de la Ley para conservar la Neutralidad del País, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero.El 10 de noviembre de 1939 fue promulgada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para conservar la Neutralidad del País, instrumento legislativo que fortaleció la vocación pacifista de la nación, garantizando nuestro estatuto de país neutral frente a la escalada bélica que significó la segunda conflagración mundial.

Segundo. El 14 de mayo de 2003 la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa por la que se pretendía reformar y adicional la Ley para conservar la Neutralidad del País, con el objetivo único de adecuar su discurso a los instrumentos internacionales signados por el Estado.

Tercero. El 28 de octubre de 2004 el Pleno de la Cámara de Senadores desechó la iniciativa de la senadora Castellanos y, lamentablemente, aprobó la abrogación de la ley. El 15 de marzo de 2005 la Cámara de Diputados recibió esta minuta modificándola y reenviándola a la Cámara de Senadores para los efectos del artículo 72 constitucional, inciso e).

Cuarto. Nuevamente el 26 de abril de 2006 la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió, de la Cámara de Senadores, la minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para conservar la Neutralidad del País.

Quinto. El día 11 de junio de 2008 el diputado Pablo Trejo Pérez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa que suscribimos los diputados Javier González Garza, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, para reformar y adicionar la Ley para conservar la Neutralidad del País.

Sexto. Nuestro texto constitucional señala, explícitamente, que los principios rectores de la política exterior mexicana son: "la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales".

Séptimo. El 5 de enero de 2009 el presidente Álvaro Colom ordenó enviar el ejército guatemalteco hacia su frontera con México, de frente a la "avalancha del narcotráfico mexicano, que ha causado un montón de muertos".

Octavo. El 12 de enero del presente año, la prensa mexicana dio cuenta del anuncio del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en dónde se informó sobre el envío de tropas norteamericanas a la frontera sur de ese país, con la finalidad de resguardarlo de la delincuencia organizada.

Noveno. El 15 y 16 de enero de 2009 se dio a conocer, en los medios de comunicación, un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en el que se cataloga a México como "un problema de seguridad de proporciones inmensas para Estados Unidos", debido al alto grado de infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales mexicanas.

Décimo. El 19 de enero la agencia estadounidense Strategic Forecasting emitió el informe denominado Los cárteles mexicanos de la droga: el progreso del gobierno y el aumento de la violencia, en donde señala que "la seguridad interna de México estará en peligro en caso de que el gobierno federal no reduzca la operación de las organizaciones especializadas en el tráfico de drogas e inhiba los índices de violencia que hubo en 2008".¹

Undécimo. En diciembre de 2008, febrero y marzo del 2009, el que suscribe solicitó a la Mesa Directiva de esta Cámara, la excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Defensa Nacional para dictaminar la iniciativa en cuestión, sin haber recibido respuesta alguna de las comisiones.

Decimosegundo. El 4 de marzo de 2009 el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Mike Mullen, declaró que en vista de la grave crisis de seguridad provocada por el crimen organizado en México, las fuerzas estadounidenses se encuentran dispuestas a incrementar su intervención, tal como lo hicieron en Colombia; esto es, una intervención armada directa de un gobierno extranjero en nuestro país, lo cual vulneraría, de manera fundamental, la independencia y la soberanía del Estado.

Decimotercero. El 16 de abril pasado la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, anunció el envío de elementos pertenecientes a la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio, la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas, el FBI y la CIA, para la participar en las oficinas en México del Centro Conjunto de Implementación, situación que subordina a las autoridades mexicanas a los dictados de la política exterior de Estados Unidos.

Decimocuarto. El 19 de abril se iniciaron los trabajos del Operativo Conjunto Unitas 50-09, en dónde la Armada de México participa, en subordinación directa de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

De lo antepuesto, resulta obvio y urgente que, como representantes de la nación, tenemos la obligación de refrendar el compromiso adquirido por México con la comunidad internacional, al instaurar los principios de autodeterminación de los pueblos y resolución pacífica de las controversias como baluartes de la política exterior nacional, con la finalidad única de establecer que es México, y únicamente México, el responsable de solucionar los problemas institucionales que aquejan a nuestra nación, en el marco de la cooperación internacional para confrontar al inmensamente poderoso cáncer del crimen organizado. Que rechazamos cualquier intento de constituir nuestro territorio como una zona de guerra y que defenderemos nuestra soberanía por todos los medios posibles.

Por lo expuesto, debido a la preocupación que ha generado la reacción internacional de frente a un problema que, consideramos, atañe no únicamente a los mexicanos sino a todos y cada uno de los ciudadanos del mundo que, responsablemente, se oponen a la intervención armada como método de resolución de los conflictos y privilegian la cooperación internacional como el arma diplomática para enfrentar al crimen transnacional, el que suscribe, en uso de las atribuciones que le confiere la ley, se permite presentar a esta soberanía, la siguiente:

Cuarta Excitativa

Única. A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y Gobernación de esta Cámara de Diputados, se solicita el análisis y dictamen inmediato de la iniciativa que reforma los artículos 1, 2, 3 y 4, y adiciona los artículos 5 y 6 de la Ley para conservar la Neutralidad del País, suscrita por los diputados Javier González Garza, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, la cual fue turnada para su atención por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 11 de junio de 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2009.

Nota
1. Excelsior, Advierte agencia en EU de escalada de violencia; Lemic Madrid.

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)
 
 

A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, Y DE DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Jacinto Gómez Pasillas, diputado del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva excite a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos para que dictaminen la iniciativa que reforma los artículos 3 y 8 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 2 de diciembre de 2008, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 8 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura que la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos.

Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos debieron emitir el dictamen de la iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se haya recibido. Han pasado 5 meses desde que se turnó la iniciativa mencionada y las comisiones obligadas no han emitido el dictamen correspondiente.

La omisión legislativa en la presentación del dictamen correspondiente a la iniciativa retrasa la existencia de un sistema de justicia integral que no deje espacio a la impunidad, velando por la protección de todas las personas contra terribles violaciones, como son la detención arbitraria, la tortura o las desapariciones forzadas.

Considerandos

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente:

Único. Formule excitativa a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos para que presenten el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 8 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la Tortura que le fue turnada el 2 de diciembre de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2009.

Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
 
 

A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Jacinto Gómez Pasillas, diputado federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e); 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Justicia para que dictaminen la iniciativa que reforma el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 2 de diciembre de 2008, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia.

Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes a la fecha en la que se haya recibido. Han pasado 5 meses desde que se turnó y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.

La omisión legislativa en la presentación del dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada, demora que el Ministerio Público haga un registro inmediato al momento de una detención, atacando así una de las deficiencias del sistema de justicia penal vigente, con lo que se busca que la impartición de la justicia en México sea eficaz, de calidad y respetuosa de las garantías mínimas que la Carta Magna establece para todos los ciudadanos.

Considerandos

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados

Único. Formule excitativa a la Comisión de Justicia para qué presenten el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales, que le fue turnada el 2 de diciembre de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2009.

Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
 
 

A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Jacinto Gómez Pasillas, diputado federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Justicia para que dictaminen la iniciativa que reforma el artículo 400 del Código Penal Federal al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Con fecha 11 de diciembre de 2008 en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos y cinco numerales al artículo 400 del Código Penal Federal, que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia.

Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se haya recibido. Han pasado 5 meses desde que se turnó la iniciativa mencionada y la Comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.

La omisión legislativa en la presentación del dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada, evita que el delincuente, cuando cometa su conducta criminosa, considere que de alguna manera involucra a sus familiares a cometer un delito, en la modalidad de encubrimiento.

Considerandos

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente:

Único. Formule excitativa a la Comisión de Justicia para qué presenten el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos y cinco numerales al artículo 400 del Código Penal Federal que le fue turnada el 11 de diciembre de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2009.

Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
 
 

A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Jacinto Gómez Pasillas, diputado federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Relaciones Exteriores para que dictaminen la iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 21 de octubre de 2008 en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley sobre Celebración de Tratados misma que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Relaciones Exteriores debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes al de la fecha en la que se haya recibido. Han pasado 6 meses desde que se turnó la iniciativa mencionada y la Comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.

La omisión legislativa en la presentación del dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada, complica otorgar certeza jurídica a los gobernados, garantizar la seguridad nacional, el orden y la seguridad pública, los derechos humanos, los recursos naturales o cualquier otro interés esencial del Estado mexicano y establecer la constitucionalidad como contrapeso necesario en los actos del Poder Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno en esta materia.

Considerandos

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente:

Único. Formule excitativa a la Comisión de Relaciones Exteriores para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7o. de la Ley sobre Celebración de Tratados que le fue turnada el 21 de octubre de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2009.

Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
 
 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA

Jacinto Gómez Pasillas, diputado federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e); 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Seguridad Pública para que dictaminen la iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 21 de octubre de 2008, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII y un párrafo al artículo 12 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recorriéndose en su orden la actual fracción VIII, que deviene a ser la fracción IX, misma que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

Con base en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Pública debió emitir el dictamen de la citada iniciativa en un tiempo de cinco días siguientes a la fecha en la que se haya recibido. Han pasado seis meses desde que se turnó la iniciativa mencionada y la comisión obligada no ha emitido el dictamen correspondiente.

La omisión legislativa en la presentación del dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada, impide designar un consejero ciudadano por cada entidad federativa y uno por el Distrito Federal para que haya una presencia importante en el Consejo Nacional de Seguridad por parte de la sociedad civil.

Considerandos

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados:

Único. Formule excitativa a la Comisión de Seguridad Pública para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII y un párrafo al artículo 12 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recorriéndose en su orden la actual fracción VIII, que deviene a ser fracción IX, que le fue turnada el 21 de octubre de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2009.

Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)