Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2743-VIII, jueves 23 de abril de 2009.

Dictámenes negativos de proposiciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dictámenes negativos
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, POR EL QUE SE DESECHAN PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, FINANCIAMIENTO, NUTRICIÓN, ASÍ COMO DIVERSOS TEMAS TRANSVERSALES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fueron turnadas, para estudio y dictamen, 51 proposiciones con punto de acuerdo, correspondientes a la LX y LIX Legislaturas, en materia de educación básica, media superior y superior, financiamiento y nutrición, así como diversos temas transversales.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de la honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por instrucciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX y LIX Legislaturas, fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

a) Correspondientes a la LX Legislatura

Sobre educación básica

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 20 de noviembre de 2007, el diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la SEP que instaure un programa piloto para apreciar el funcionamiento del esquema de financiamiento denominado "bono educativo".

2. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2007, el diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México a detener el cierre de escuelas normales y a reincorporar las que han sido cerradas en diversas comunidades de la entidad.

3. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2007, la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a celebrar convenios de colaboración que mejoren la atención educativa.

4. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 13 de diciembre de 2007, el diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a incrementar las medidas para regularizar colegios particulares de preescolar carentes de autorización oficial.

5. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 13 de diciembre de 2007, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Subsecretaría de Educación Básica a respetar los derechos laborales del personal adscrito a la Dirección General de Educación Indígena.

6. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 13 de diciembre de 2007, el diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la necesidad de abatir el rezago educativo y el analfabetismo en México para que, en ocasión de los actos conmemorativos de la Independencia y la Revolución Mexicana, a más tardar el 15 de septiembre de 2010 se termine con el analfabetismo simple y el funcional.

7. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2007, el diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la SEP a gestionar que el Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo se aplique en todas las escuelas de educación básica del país.

8. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 4 de octubre de 2007, el diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la SEP a realizar las acciones necesarias para que las escuelas de educación básica sean dotadas con suficientes pupitres para los alumnos zurdos.

9. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 13 de noviembre de 2007, el diputado Ernesto Oviedo Oviedo, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las titulares de la SEP y de la Sedesol que implanten un programa de educación integral para que en las escuelas rurales y colonias populares del país de nivel preescolar, o primaria y secundaria se construyan comedores y cocinas con el equipo apropiado para facilitar la adecuada alimentación de los estudiantes.

10. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 11 de diciembre de 2008, el diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que, en coordinación con la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, modifique e incorpore el tema migratorio en los contenidos de los libros de texto gratuitos de nivel básico.

11. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 11 de diciembre de 2008, la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a efecto de que los libros de texto gratuitos del año anterior sean devueltos por los alumnos.

12. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 11 de diciembre de 2008, el diputado Abundio Peregrino García, del Grupo Parlamentario del PT, presentó proposición con punto de acuerdo relativo al conflicto magisterial en Morelos.

13. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 11 de diciembre de 2008, el diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Secretaría de Educación Pública a instaurar las acciones necesarias para emprender una amplia campaña de difusión de los planteamientos de la Alianza por la Calidad en la Educación.

14. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 11 de diciembre de 2008, la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador y al secretario de Educación de Chiapas que creen zonas escolares y catálogos de puestos para supervisores y jefes de sector de educación preescolar indígena.

15. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2007, el diputado Martín Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la SEP a incluir la enseñanza de la lengua inglesa en los programas de preescolar y primaria de la educación pública.

Sobre educación media superior y superior

16. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 28 de marzo de 2007, el diputado José de Jesús Solano Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a modificar y homologar en todo el país el programa curricular del sistema de educación media superior.

17. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2007, el diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de educación superior que imparten las carreras de medicina y enfermería a incluir en los planes de estudio la materia de medicina paliativa.

18. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 13 de diciembre de 2007, el diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las universidades e institutos tecnológicos del país a evaluar el establecimiento y la incorporación en su oferta educativa de la carrera de ingeniero en artes gráficas.

19. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 21 de diciembre de 2006, el diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la situación del bachillerato comunitario de Santa María Quiegolani, Oaxaca, donde se hace un atento exhorto a la Secretaría de Educación Pública a otorgar, en el ámbito de su competencia, el apoyo necesario para el correcto funcionamiento del Bachillerato Asunción Ixtaltepec.

20. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 13 de diciembre de 2007, el diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo relativo al pago de energía eléctrica de las escuelas preparatorias federales por cooperación, para la restitución del subsidio en el pago de las tarifas.

21. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2007, el diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las facultades, a las escuelas y a los departamentos de derecho del país a impartir como obligatoria la asignatura de derecho parlamentario.

22. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 2008, el diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la problemática que se presenta en la Universidad Pedagógica Nacional por la no expedición de títulos o certificados de validez oficial de las licenciaturas ofrecidas en Jalisco.

23. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 2008, el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a declinar la política privatizadora que ha instaurado dicha institución, y a respetar la pluralidad de ideas y la opinión estudiantil, dándoles cauce en el Consejo Universitario.

24. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 11 de diciembre de 2008, el diputado Moisés Félix Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Educación de Tabasco a implantar programas educativos que permitan elevar el nivel académico la educación media superior en dicha entidad.

25. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 2007, la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar los telebachilleratos a escala nacional.

26. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 11 de diciembre de 2008, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a eliminar los pagos por examen a los estudiantes del subsistema de preparatoria abierta.

27. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 12 de diciembre de 2006, el diputado Francisco Antonio Fraile García, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a incluir en el Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias el periodismo, como actividad susceptible de evaluación y certificación profesional.

 Sobre financiamiento 28. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 21 de diciembre de 2006, el diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los Poderes Ejecutivos locales que asignen recursos crecientes a las universidades estatales.

29. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 13 de diciembre de 2007, el diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por relativo a la problemática en la homologación de los maestros en diversos municipios de Sonora.

30. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2007, la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a considerar un programa de becas para apoyar a los estudiantes de los niveles medio superior y superior provenientes de comunidades indígenas.

31. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 31 de octubre de 2007, el diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP y de la SEP a destinar los recursos necesarios para adquirir el predio donde opera el jardín de niños Toltecayotl y llevar a cabo su construcción, en Azcapotzalco, Distrito Federal.

32. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 6 de noviembre de 2007, el diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de Educación Pública de Guerrero a destinar recursos a fin de garantizar plazas para los egresados de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, municipio de Tixtla de Guerrero.

33. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 19 de noviembre de 2008, los diputados Aurora Cervantes Rodríguez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la SEP y del Conaculta a tomar previsiones presupuestales en favor de las ciudades patrimonio mundial.

 Sobre nutrición 34. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 26 de abril de 2007, el diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a incluir de manera obligatoria en la educación básica la materia de cultura nutricional.

35. En sesión de la Comisión Permanente del 27 de agosto de 2008, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a emitir el Reglamento de Cooperativas Escolares para privilegiar la salud, la nutrición y la prevención de enfermedades de los niños y los adolescentes que concurren a los centros educativos.

36. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 21 de octubre de 2008, la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la SEP a actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares.

37. En sesión de la Comisión Permanente del 14 de enero de 2009, el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública federal y a las estatales a incluir en el programa de estudios de los distintos niveles una clase mensual de nutrición, a fin de combatir la obesidad y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

 Temas diversos 38. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 11 de octubre de 2007, la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas a proponer a la Fraternidad Cultural Tamaulipeca en el Valle de México, AC, que la presea Licenciado Emilio Portes Gil, edición 2007, se entregue al alumno ganador en matemáticas de primaria en la prueba Enlace 2007.

39. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 2008, la diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a dictar las instrucciones pertinentes para que en la ceremonia cívica del 24 de febrero –que rinde honores al lábaro patrio– se lea en las escuelas de educación básica la Arenga a la Bandera, del maestro Andrés Henestrosa.

40. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 7 de octubre de 2008, el diputado Joaquín Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a realizar una campaña sobre la importancia que representa para el país la prueba Enlace.

41. En sesión de la Comisión Permanente del 8 de agosto de 2007, los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron proposición con punto de acuerdo a fin de que la ex Hacienda del Chorrillo, asentada en Taxco, Guerrero, se convierta en patrimonio de la UNAM.

42. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 13 de diciembre de 2007, el diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que realicen el trámite respectivo con el objetivo de reconocer los derechos laborales y otorgamiento de la pensión correspondiente al profesor Othón Salazar Ramírez.

43. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 30 de abril de 2008, el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a abstenerse de disponer de los planteles educativos situados frente al parque Fundidora para efectos distintos de los de su creación.

44. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 11 de diciembre de 2008, la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a incluir en su estructura programática el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, así como a brindar un informe de resultados sobre éste para valorar su desempeño, cumplimiento de metas y uso de los recursos públicos.

45. En sesión de la Comisión Permanente del 28 de enero de 2009, la diputada María Soledad Limas Frescas, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la SEP a cumplir el Programa de Educación Física Vigente para que se tengan dos clases semanales de educación física.

 b) Correspondientes a la LIX Legislatura 46. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 7 de diciembre de 2004, el diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Cultura que haga las observaciones pertinentes al INAH para que garantice la seguridad y el mantenimiento de los inmuebles en Chiapas, así como la salvaguarda de las colecciones y la integridad de las personas que visitan las instalaciones.

47. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 28 de abril de 2005, el diputado Horacio Martínez Meza, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo para solicitar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos la actualización del Reglamento de Cooperativas Escolares.

48. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 28 de abril de 2005, la diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia a incentivar las campañas de vigilancia, protección y conservación de las zonas arqueológicas, e investigar posibles actos de negligencia de las autoridades.

49. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 14 de diciembre de 2005, el diputado Rafael Candelas Salinas, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Nacional de los Derechos de Autor que realicen una investigación y, en su caso, soliciten una auditoría sobre la recaudación, administración y rendición de cuentas de los recursos que maneja la Sociedad de Autores y Compositores de México.

50. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 25 de abril de 2006, el diputado José López Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los secretarios de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público a homologar las condiciones laborales del personal docente de las universidades tecnológicas y de los institutos tecnológicos superiores con las existentes en los institutos tecnológicos federales.

51. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 25 de abril de 2006, el diputado Moisés Jiménez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a proceder a la unificación curricular de los niveles de educación de tipo básico.

 II. Consideraciones

Del total de 51 proposiciones con punto de acuerdo enumeradas, 15 corresponden a temas de educación básica, 12 a educación media superior y superior, 6 a financiamiento educativo, 4 a nutrición y 14 a diversos temas transversales. Con base en esta categorización, se procedió a identificar todas las que se consideren extemporáneas o que ha desaparecido la materia, razón o motivo que les dio origen, y que el propósito perseguido haya desaparecido o haya dejado de ser posible o viable.

Así, del análisis minucioso efectuado sobre las proposiciones con punto de acuerdo mencionadas en el capítulo de antecedentes, se destaca lo siguiente:

a) Los objetivos perseguidos en algunas de las proposiciones ya se han realizado, o bien, han sido rebasados por el mero transcurrir del tiempo, ya que buscaban tener efectos en un determinado periodo; por tanto, son actualmente considerados extemporáneos.

b) Las autoridades correspondientes a que fueron dirigidas algunas de las proposiciones dieron oportuna respuesta a las inquietudes planteadas en su contenido.

c) Actualmente hay iniciativas presentadas en la LX Legislatura que, en virtud de su contenido y objetivos, demuestran actualizar el espíritu de los temas que concernían a los legisladores en las proposiciones con punto de acuerdo en análisis.

d) Las proposiciones en materia de financiamiento se consideran atendidas, tanto por los tres dictámenes con opinión fundada que emitió esta comisión respecto a las iniciativas de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (2007, 2008 y 2009) como por los decretos de Presupuesto publicados.

e) Las intenciones presentadas en algunas de las proposiciones con punto de acuerdo fueron satisfechas gracias a la publicación de reformas legislativas, o la elaboración previa de dictámenes referentes a asuntos similares, votados por el pleno de esta comisión.

f) Sobre algunas de las proposiciones referentes a educación media superior y superior, subsiste que, de aprobarse, estarían en franco conflicto con la autonomía universitaria, establecida en el artículo 3o. constitucional.

 En mérito de lo expuesto, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se permite someter a su consideración los siguientes

Acuerdos

Primero. No son de aprobarse las 51 proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen, en virtud de que sus objetivos ya se han realizado, han sido rebasadas por el mero paso del tiempo, o su esencia ha sido actualizada por iniciativas de ley presentadas y aprobadas en la LX Legislatura.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de abril de 2009.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), presidente; Constantino Acosta Dávila (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Leobardo Curiel Preciado (rúbrica), Delber Medina Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Sergio Sandoval Paredes (rúbrica), secretarios; José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), Daniel Amador Gaxiola (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán (rúbrica), José Luis Varela Lagunas (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, POR EL QUE SE DESECHAN PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR LAS QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A SITUAR LA NUEVA REFINERÍA EN DETERMINADAS LOCALIDADES

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 60, 87, y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 19 de noviembre de 2008, el diputado Humberto López Lena Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que la construcción de la nueva refinería, contemplada dentro del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, tenga como sede la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca.

El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

2. El diputado Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en la sesión de la Cámara de Diputados del 27 de noviembre de 2008 una proposición con punto de acuerdo por la que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal. y a las autoridades de Petróleos Mexicanos, para que la nueva refinería se construya en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

3. El pasado 11 de diciembre de 2008, el diputado Iñigo Laviada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Energía (Sener) del gobierno federal para que se tomen las decisiones necesarias para que se construya una refinería en Tuxpan, Veracruz.

 El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Energía.

A fin de tener elementos para analizar las proposiciones que se dictaminan, se instruyó al cuerpo técnico de la Comisión de Energía para que se realizara el análisis y formulación del dictamen correspondiente.

II. Contenido de las proposiciones con punto de acuerdo

Las proposiciones que aquí se dictaminan tienen su origen en el conjunto de propuestas que el presidente Felipe Calderón dio a conocer el 8 de octubre de 2008, para enfrentar la situación derivada de la crisis internacional. Una de esas medidas es construir una nueva refinería.

A continuación se expone el contenido de cada una de las proposiciones con punto de acuerdo.

1. La proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Humberto López Lena Cruz hace referencia a la inversión de 12 mil millones de pesos que se han asignado para la construcción de una nueva refinería e infraestructura que permitirá reducir la dependencia de gasolina del exterior.

El proponente enfatiza la importancia de la región del istmo en Oaxaca, por su ubicación geográfica y la infraestructura energética ahí asentada.

Señala, asimismo, que la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, localizada en Salina Cruz, Oaxaca, a pesar de que aún no se ha reconfigurado, es el centro de refinación que mayor volumen de petrolíferos produce, el más seguro y que proporciona más posibilidades de trabajo a los habitantes de la región.

Agrega el proponente que en el estudio de viabilidad de una nueva refinería que Pemex entregó a la Cámara de Diputados en julio de 2008, se plantean diferentes posibles localizaciones, entre las que no se encuentra Salina Cruz, cuando cuenta con diferentes ventajas como el hecho de contar con amplia infraestructura de vías terrestres, oleoductos e instalaciones portuarias.

Por lo antes referido, el diputado Humberto López Lena Cruz propone un punto de acuerdo el cual se transcribe continuación:

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que la construcción de la nueva refinería que se tiene contemplada dentro del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura en Pemex, tenga como sede la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca por su ubicación geográfica y por la calidad y cantidad de crudo que se produce en la región del istmo de Tehuantepec.

2. En su proposición, el diputado Heriberto Orozco Ruiz Velazco señala que en el municipio de Cadereyta se cuenta con "las características y requisitos necesarios" para la construcción de la nueva refinería, como lo muestra los estudios realizados por Pemex; por lo que somete el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a las autoridades de Pemex para que la nueva refinería se construya en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

3. El diputado Iñigo Laviada Hernández señala en el texto de su proposición que México importa más del 40 por ciento de las gasolinas que consume y que la mayor parte de ellas ingresan por el puerto de Tuxpan, puerto que ya cuenta con infraestructura de almacenamiento y transporte. Agrega que en la región Pemex cuenta con el proyecto Aceite Terciario del Golfo, el cual representa el 39 por ciento de la reserva de hidrocarburos del país. Por ello, el diputado Laviada presenta el siguiente punto de acuerdo:

 Se exhorta a Pemex y a la Sener, del gobierno federal, para que se tomen las decisiones necesarias para que se construya una refinería en Tuxpan, Veracruz.

Planteado el contenido y la intención de las proposiciones con punto de acuerdo que aquí se analizan, se precisan observaciones que se presentan bajo las siguientes:

III. Consideraciones

1. Citan los diputados proponentes información relativa a infraestructura productiva y de comunicaciones de las diversas localidades que proponen para asentar la nueva refinería. Sin embargo, en todos los casos es información muy general y, por tanto, insuficiente para el propósito de definir la localización de un proyecto de inversión de las dimensiones de un nuevo tren de refinación.

2. Con respecto al proceso que permite definir la localización de un proyecto de inversión, se trata de una tarea circunscrita a la formulación y evaluación integral de proyectos, de lo cual cabe exponer los siguientes razonamientos:

Algunas de las premisas fundamentales para el análisis económico de los proyectos de inversión son: las diferentes opciones tecnológicas probadas de acuerdo rendimientos, confiabilidad operativa y costos con la finalidad de definir el tipo de planta a construir, refinería, en el caso que nos ocupa, y el tamaño de la misma, la localización de las posibles fuentes de materia prima, petróleo en este caso, la calidad esperada de los crudos disponibles y la identificación de los mercados de productos refinados con mayor crecimiento en el futuro y perspectivas de demanda y, si fuera el caso, la competitividad en el mercado mundial.

Por lo que se refiere a una nueva refinería, es importante tomar en cuenta la evolución del mercado de refinados en el mundo. Actualmente, la tendencia de los refinadores es la obtención de productos con elevadas especificaciones de calidad, para ello emplean procesos cada vez más complejos con condiciones de operación más severas, dado el incremento de oferta de crudos pesados.

Esas variables determinan la infraestructura de distribución y almacenamiento requerida para apoyar las nuevas instalaciones productivas, por lo que en este estudio también se consideran en la evaluación del proyecto.

La ubicación definitiva de la nueva refinería debe estar dada en función de las necesidades del mercado, considerando como criterios básicos la cercanía a los centros con mayor demanda de combustibles automotrices e industriales y el acceso al suministro de materia prima, así como el acceso a las zonas de consumo de la producción generada.

Por lo anterior, deberá llevarse a cabo un análisis de la infraestructura requerida en cada una de esas regiones de posible localización, con el propósito de cuantificar el monto de inversión necesario para que las instalaciones pudieran operar, haciendo compatible la infraestructura adicional definida para el caso base.

En general, definir la localización de una inversión cualquiera implica analizar, de entre las alternativas técnicamente posibles, la que menores costos genere y sea la opción óptima para su desarrollo, para ello es importante considerar elementos como:

• El tipo de mercado y sus canales de distribución.
• El origen, calidad y disponibilidad de las materias primas y otros insumos.
• Disponibilidad suficiente de mano de obra especializada.
• La infraestructura de transporte y de comunicaciones imperantes.

• La existencia en la región, cantidad y calidad de los servicios en general, entre los que se cuentan los servicios financieros.

 En el caso que nos ocupa, la localización de una refinería debe considerar la sustentabilidad del proyecto.

Los criterios ambientales están enfocados en el análisis integral sobre el sistema físico-natural a escala regional. El análisis considera el impacto (durante la preparación, construcción, operación mantenimiento y abandono de la ubicación) de un proyecto de desarrollo tanto en aire, tierra y agua como en la biodiversidad de la región. Además analizar el riesgo existente por condiciones climáticas, sismos y cambio climático.

La industria de la refinación se rige por normas ambientales que limitan los impactos a la atmósfera, agua y suelos derivados de las emisiones de contaminantes a partir de los procesos de transformación y del uso de los productos que elabora. La posible localización geográfica de los nuevos centros de refinación debe apegarse a las restricciones ambientales establecidas en la normatividad local por los diferentes órdenes de gobierno.

Asimismo, es importante identificar medidas que puedan mitigar las condiciones que podrían poner en riesgo la sustentabilidad del proyecto. Hay que tomar en cuenta también factores que harían difícil tomar medidas para mitigar dichos riesgos; por ejemplo, vestigios arqueológicos, áreas naturales protegidas y zonas turísticas.

El análisis de localización para una nueva refinería debe incorporar criterios relacionados con riesgos ambientales y sociales. Para este propósito se requiere un análisis detallado de pre factibilidad para determinar los sitios que presentan menores riesgos para la construcción y operación de las nuevas instalaciones. A fin de analizar esos riesgos, se consideran los estándares internacionales y guías de desempeño establecidos por la Corporación Financiera Internacional. Dichos estándares consideran:

• Evitar, minimizar o compensar por cualquier impacto permanente en los recursos ambientales críticos

• Mejorar parámetros ambientales y socio-económicos (de sustentabilidad).
• Optimizar oportunidades potenciales para el desarrollo económico y humano.
• Prevenir impactos a la salud humana.
• Maximizar la aceptabilidad social del proyecto.
• Hacer más eficientes los procesos de obtención de permisos regulatorios.

 Por otra parte, las ubicaciones probables para la nueva refinería tienen rangos de riesgo ambiental y social medio a medio alto. Por esto, es importante el análisis de los factores particulares que presentan riesgos muy altos, a fin de verificar la factibilidad de mitigarlos. La información necesaria para evaluar este aspecto derivaría de un estudio de impacto socio-ambiental para las ubicaciones potenciales.

El entorno socioeconómico está constituido por un conjunto de factores relacionados entre sí, frente a las cuales no se puede ejercer influencia significativa; por ejemplo, crecimiento económico, poblacional, salud y educación, entre otros.

El entorno social está constituido por dos ámbitos: el local y el regional, los cuales se distinguen a efecto de valorar adecuadamente la influencia de los diversos factores en la viabilidad del proyecto.

El ámbito local es el espacio territorial del municipio. Se refiere a las fuerzas que operan en el entorno más inmediato a la localización del proyecto; es decir, el análisis de la población, instituciones, empresas y organizaciones que conforman el conjunto de entes económicos y sociales del municipio seleccionado.

El ámbito regional es el espacio territorial del área de influencia que corresponde a un radio de 50 km. Se circunscribe al análisis de las variables que se verán afectadas por la puesta en marcha del nuevo proyecto. Este concepto tiene su base en la teoría de lugares centrales que considera la distribución y jerarquización de los lugares centrales en un espacio isotrópico (multidireccional).

Los factores socioeconómicos son los componentes base que definen el análisis del entorno espacial, considerando aspectos relacionados con la demografía, las actividades económicas, políticas, sociales y culturales, así como el equipamiento. Dichos factores permiten una caracterización más inmediata del interactuar de los entes económicos sobre el territorio donde habitan.

En resumen, en la construcción de una refinería se encuentran involucrados un universo de factores y variables de índole muy diversa: el proyecto de ampliación del sistema de refinación nacional se define básicamente por: la configuración tecnológica del nuevo centro industrial; la materia prima disponible; la capacidad de las principales plantas de proceso; el análisis de la ubicación, considerando la infraestructura requerida para el suministro de la materia prima y para la distribución de productos; la identificación de los riesgos a la población y al medio ambiente; y la inversión requerida para el proyecto.

De las reflexiones antes expuestas se concluye que la decisión de la localización de un proyecto de las magnitudes, complejidad e impacto de un nuevo tren de refinación requiere de información de diversos campos, precisa y profunda y, por consiguiente, de la participación de expertos en un equipo multidisciplinario.

3. Pemex, como parte de la administración pública paraestatal, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, como se establece en el artículo 3 de la Ley de Petróleos Mexicanos.

4. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales en su artículo 11 señala que "las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de control establecidos en la presente ley y en lo que no se oponga a ésta y a los demás que se relacionen con la administración pública."

5. Pretender imponer a Pemex la localización de un proyecto, invade la esfera de autonomía de gestión de Pemex, cuando esta decisión para un proyecto de la naturaleza del que nos ocupa amerita un análisis profundo y complejo de los factores arriba mencionados, por parte de sus formuladores, por lo que una recomendación basada en información limitada y superficial pondría en riesgo la viabilidad y sustentabilidad del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados emite los siguientes.

Acuerdo

Primero. Se desechan las proposiciones con puntos de acuerdo enunciadas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2009.

La Comisión de Energía

Diputados: David Maldonado González (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre, Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra, Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lützow), David Mendoza Arellano, Antonio Soto Sánchez, Mónica Fernández Balboa, Pedro Landero López, Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Arturo Martínez Rocha, Mariano González Zarur (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal, Joaquín Humberto Vela González (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE DESECHAN PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EXHORTE A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS A INVESTIGAR LOS PROFERIDOS A MIGUEL AGUSTÍN BADILLO CRUZ, EL PASADO 16 DE ENERO DE 2009

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Para que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, a investigar los delitos cometidos en agravio del periodista Miguel Agustín Badillo Cruz, el pasado 16 de enero del presente año.

Antecedentes

En sesión celebrada por la Comisión Permanente de la honorable Cámara de Diputados en fecha 28 de enero del 2009, fue presentada la proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados, exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, para que investigue los delitos cometidos en agravio de Miguel Agustín Badillo Cruz, el pasado 16 de enero del presente año, presentada por el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha proposición a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido del Punto de Acuerdo

El proponente plantea que el periodista Miguel Agustín Badillo Cruz, también conocido como Miguel Badillo Cruz, director de las revistas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna, negocios y finanzas, y también autor de la columna Oficio de Papel, fue bajado de su automóvil y detenido por los ocupantes de dos patrullas de la Policía Bancaria e Industrial, (una de ellas identificada con el número A14-08), en las inmediaciones de su domicilio, al sur de la Ciudad de México.

Refiere que los ocupantes de dichas patrullas le informaron al periodista que tenían una orden de aprehensión, derivada del expediente 749/2008, radicado en el Juzgado trigésimo octavo de lo Civil del Distrito Federal. Con posterioridad el abogado defensor de nombre Horacio Gómez Mendieta, se percató que en dicho juzgado no obraba el expediente y tampoco existía ninguna orden de aprehensión o detención, y que la orden había sido emitida en el Juzgado cuadragésimo noveno de lo Civil, en los autos del expediente 1528/2008, en cumplimiento a un exhorto del Juzgado decimotercero de lo Civil, con residencia en Guadalajara, Jalisco.

Señala el iniciante que el expediente se inició en contra de la revista Contralínea, conjuntamente con los periodistas Miguel Agustín Badillo Cruz, Ana Lilia Pérez Mendoza y un tercero de nombre Abraham Rodríguez Ortega, promovido por Multigas, SA de CV, que es una de las 80 empresas, propiedad del Grupo Zeta Gas.

Expresa que el señor Badillo Cruz, que cuando las dos patrullas se enfilaban hacia Cuernavaca, Morelos, se desviaron de la ruta y mucho tiempo después fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, conocido como "El Torito", con domicilio en la avenida Aquiles Serdán s/n, esquina con Lago Gascasónica, colonia Huichapan, delegación Miguel Hidalgo, y que a pesar de que había sido detenido a las 9:30 horas, fue ingresado a las 12:30 horas del día de los hechos.

A mayor abundamiento, manifiesta que Badillo Cruz ni Pérez Mendoza fueron notificados para que comparecieran ante ningún juzgado del ramo civil de Guadalajara o del Distrito Federal, lo cual abona el hecho de que la privación de la libertad fue ilegal y agravada por la intervención de las patrullas de la Policía Bancaria e Industrial.

Finalmente, señala el diputado que Badillo Cruz recobró su libertad, vía amparo, interpuesto en el Juzgado octavo de Distrito en Materia Civil, a las 20:00 horas del día de los hechos.

Consideraciones

La Comisión de Justicia realizó el estudio y análisis del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo objeto de este dictamen, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrarlo.

Esta comisión estima improcedente la proposición, pues se trata de un procedimiento penal, competencia exclusiva de las autoridades encargadas de la procuración y, en su caso, de impartición de justicia.

Además, es de suma trascendencia destacar que esta comisión se pronuncia respetuosa del mandato constitucional contenido en el artículo 21, que señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, por lo que la Cámara de Diputados, si se pronunciara en sentido positivo respecto al exhorto, estaría contraviniendo el referido precepto e invadiendo atribuciones que no le competen.

Por lo anterior, la Comisión de Justicia

Acuerda

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, para que investigue los delitos cometidos en agravio del periodista Miguel Agustín Badillo Cruz, el pasado 16 de enero del presente año.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2009.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Verónica Velasco Rodríguez, secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Patricia Castillo Romero (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa, Moisés Gil Ramírez, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Jesús Ricardo Morales Manzo, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POR EL QUE SE DESECHAN PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE DICHA ENTIDAD A GARANTIZAR LA SEGURIDAD, HACER EFICIENTE EL SISTEMA JUDICIAL Y APLICAR EL ESTADO DE DERECHO EN LA PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Para exhortar al gobierno de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad a garantizar la seguridad, la eficiencia del sistema judicial y a aplicar el estado de derecho en la procuración y administración de justicia.

Antecedentes

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 11 de diciembre de 2008, el diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a garantizar la seguridad, hacer eficiente el sistema judicial del estado y aplicar el estado de derecho en la procuración y administración de justicia.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido del punto de acuerdo

El proponente expresa que el tema de la seguridad o la inseguridad en Oaxaca se ha convertido en prioridad y en preocupación. En los últimos meses el estado ha sido plagado por una ola de delincuencia imparable.

Señala que se ha visto que aumentar el número de policías y el gasto para su equipamiento, incrementar las penas o contratar asesores externos no han servido para disminuir los altos índices de inseguridad y de violencia que se padecen, pues la percepción de la población a la respuesta de la autoridad ante la denuncia de delitos del fuero común se ha deteriorado a través del tiempo. La no denuncia ocurre principalmente por la baja eficacia que percibe la población del sistema de justicia.

Todo esto se refleja en el incremento de los niveles de impunidad y de inseguridad, así como en la disminución de los niveles de confianza del ciudadano, que ante un delito que afecte a su integridad, asume que el responsable no será sancionado por la autoridad.

El sistema de justicia del estado, apunta, debe verse sometido a una profunda reestructuración con la finalidad de adecuarse a las actuales exigencias y expectativas que la sociedad tiene de él, de no lograr aplicar las modificaciones necesarias, se podría generar un clima de ingobernabilidad y de caos social, situación que no está muy lejos de la realidad en Oaxaca.

Se plantea que no se puede permitir que el secuestro, el homicidio, asaltos, robos y todos los delitos en general, se vuelvan parte de nuestra vida cotidiana, porque entonces estaremos aceptando vivir con miedo y como rehenes permanentemente.

El diputado expresa que el sistema de justicia en Oaxaca sufre de un problema de fondo; que si dicho problema no logra resolverse en el corto plazo, simplemente resultará que, como hasta ahora, las políticas, programas y leyes generados para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos, fracasarán en un mar de corrupción, impunidad, malos manejos y ausencia de metas.

Finalmente, aduce que el estado de derecho se restablecerá a partir de que se cumplan los objetivos reales por los que fueron creadas las policías: prevenir el delito, respetar a la ciudadanía y combatir eficazmente a la delincuencia.

Consideraciones

La comisión realizó el estudio y análisis del planteamiento contenido en la proposición con punto de acuerdo objeto de este dictamen, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrarlo.

Esta comisión estima improcedente la proposición, pues se trata de un asunto de competencia exclusiva de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia del estado.

Además, es de suma trascendencia destacar que esta comisión se pronuncia respetuosa del mandato constitucional contenido en el artículo 40, que señala que los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, por lo que si esta Cámara de Diputados se pronunciara en sentido positivo respecto a este exhorto, estaría contraviniendo el referido precepto e invadiendo atribuciones que no le corresponden.

Por lo anterior, esta Comisión de Justicia

Acuerda

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a garantizar la seguridad, hacer eficiente el sistema judicial y aplicare el estado de derecho en la procuración y administración de justicia.

Segundo. Archívese este asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2009.

Por la Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Gerardo Sosa Castelán, Verónica Velasco Rodríguez, secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda, Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Patricia Castillo Romero (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade, Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa, Moisés Gil Ramírez, Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Jesús Ricardo Morales Manzo, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Yadhira Yvette Tamayo Herrera.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE DA POR ATENDIDA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE SALUD FEDERAL Y A LOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL A IMPLANTAR PROGRAMAS PARA PREVENIR EL CONSUMO DE NARCÓTICOS; ASÍ COMO PARA BRINDAR TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN A LA POBLACIÓN QUE PADECE FARMACODEPENDENCIA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo que exhorta a los secretarios de Salud federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal a implantar, en el ámbito de sus respectivas competencias, programas para prevenir el consumo de narcóticos, presentada por la diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que otorgadas en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en la siguiente metodología.

I. Antecedentes

Con fecha 17 de febrero de 2009 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los secretarios de Salud federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal implantar, en el ámbito de sus respectivas competencias, programas para prevenir el consumo de narcóticos, a cargo de la diputada Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición a la Comisión de Salud para estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

El punto de acuerdo que se estudia contiene el siguiente resolutivo:

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de Salud federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal a implantar, en el ámbito de sus respectivas competencias, programas para prevenir el consumo de narcóticos, así como para brindar tratamiento y rehabilitación a la población que padece farmacodependencia. III. Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora coincide con los siguientes argumentos de la exposición de motivos que dio origen a la proposición que se estudia:

La farmacodependencia es un complejo problema de salud pública, que debe ser atendido de manera integral, en un esfuerzo conjunto de las autoridades federales y estatales.

Sin incluir tabaco y alcohol, en el país existen 464 mil 386 personas farmacodependientes que requieren atención especializada, 4 millones 58 mil 273 necesitan intervenciones breves y 80 por ciento de la población requiere algún tipo de prevención universal para drogas.

Recientemente se ha observado que el problema se agudiza a nivel nacional; por ejemplo, la edad de inicio de consumo ha disminuido, al mismo tiempo que ha aumentado la facilidad de adquisición de drogas ilegales para los jóvenes.

Esta problemática indica que es necesario implantar políticas de investigación, prevención, tratamiento, capacitación y normatividad para un combate eficaz al consumo de narcóticos. Se requieren políticas públicas con amplio alcance para llegar a toda la población que permitan a los afectados abandonar su dependencia.

Segunda. Durante la LX Legislatura, la Comisión de Salud dictaminó en sentido positivo los siguientes asuntos relativos a la farmacodependencia:

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres niveles de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que se encuentran en la educación básica y media superior.

• Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIII al artículo 33 de la Ley General de Educación.

• Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 y adiciona un artículo 184 Ter a la Ley General de Salud.

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar los programas nacionales contra la farmacodependencia y revise los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

 En virtud de que estos asuntos aprobados por la Comisión de Salud cubren diversos aspectos relativos a la farmacodependencia, consideramos que ya se encuentra atendido el objeto del punto de acuerdo en estudio.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Salud ponemos a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se da por atendida la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los secretarios de Salud federal y de las entidades federativas y del Distrito Federal a implantar, en el ámbito de sus respectivas competencias, programas para prevenir el consumo de narcóticos.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2009.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal, Efraín Morales Sánchez, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica),Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Daniel Gurrión Matías (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz, Holly Matus Toledo, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FOMENTAR A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL NEUMOCOCO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Salud a fomentar la Semana Nacional de Vacunación contra el Neumococo.

La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 10, 30, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la propuesta con punto de acuerdo mencionado desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo Antecedentes consta el trámite del proceso legislativo, del recibo en turno para dictamen del punto de acuerdo y los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo Contenido se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III En el capítulo Consideraciones la comisión dictaminadora presenta los argumentos de valoración que sustentan la propuesta o rechazo de la proposición en análisis.

 I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 30 de septiembre de 2008, fue presentada ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud fomente la semana nacional de vacunación contra el neumococo, por el diputado Odilón Romero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos, el promovente refiere que el neumococo puede provocar meningitis, infecciones en la sangre, sinusitis, neumonía y en casos graves hasta la muerte en tan sólo algunas horas y que es la primera causa de muerte en menores de 2 años.

Por ello, considera necesario exhortar al Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud establezca una campaña nacional de vacunación contra el neumococo para evitar la mortalidad de más niños en zonas marginadas y vulnerables, donde las condiciones climáticas son propicias para el desarrollo y expansión de esa bacteria.

III. Consideraciones

1. Coincidimos plenamente con la preocupación del promovente respecto a la gravedad de esta bacteria en virtud de las alteraciones que ocasiona en la salud de los mexicanos y, particularmente de los niños; así como por el alto riesgo de contagio a través de la saliva.

2. El sector salud, consciente de la gravedad, ha llevado a cabo una serie de medidas para erradicar esta bacteria, en virtud de lo cual, la vacuna contra el neumococo ya está incluida en la cartilla nacional de vacunación.

3. La vacuna contra el neumococo está establecida como una estrategia estacional proponiendo su aplicación sobre todo en invierno, a los menores de 5 años y a los mayores de 65.

4. Asimismo es preciso señalar, que desde marzo de 2008 esta vacuna es universal, de tal manera que se aplica todos los días en las Unidades de Salud y durante las tres semanas nacionales de salud que en este año se llevarán a cabo en febrero, mayo y octubre, reforzándose en esta campaña su aplicación.

5. De lo anterior se desprende que la proposición con punto de acuerdo en análisis, dadas las acciones emprendidas e informadas por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, ha quedado sin objeto.

 Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud fomente la semana nacional de vacunación contra el neumococo, presentada por el diputado Odilón Romero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 30 de septiembre de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2009.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal, Efraín Morales Sánchez, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Daniel Gurrión Matías (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz, Holly Matus Toledo (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A DOTAR DE RECURSOS ECONÓMICOS E INSUMOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PROPORCIONAN ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS QUEMADOS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a dotar a través de la Secretaría de Salud recursos económicos y los insumos respectivos a las instituciones públicas y privadas que proporcionan atención integral a niños quemados, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones otorgadas en los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43,44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo mencionado anteriormente desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "Contenido" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

 I. Antecedentes

En sesión celebrada por la honorable Cámara de Diputados, con fecha 11 de diciembre de 2008, fue presentada la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a dotar a través de la Secretaría de Salud recursos económicos y los insumos respectivos a las instituciones públicas y a las privadas que proporcionan atención integral a niños quemados, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la proposición a la Comisión de Salud para estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos, el promovente manifiesta su preocupación por el problema de quemaduras pediátricas, señalando que afecta en 58 por ciento a niños en edad preescolar y que en el universo total de accidentes por quemaduras, los menores de 15 años representan un promedio de 33 por ciento.

Por este motivo propone se exhorte a la Secretaría de Salud implante de manera urgente un programa preventivo para evitar los accidentes de niños quemados, en el periodo de fin de año; y apoye a las instituciones públicas y privadas que realizan atención integral del niño quemado, ponderando su apoyo al Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado, AC, de la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro.

III. Consideraciones

1. En septiembre de 2007 la Secretaría de Salud publicó el Programa de Acción Específico 2007-2012, "Prevención de Accidentes", cuya finalidad es coordinar los esfuerzos de los niveles jurisdiccional, estatal y federal para tener el impacto requerido que disminuya la trascendencia de los accidentes que suceden en el hogar.

2. En este orden de ideas, el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (Cenapra) actúa conjuntamente con otras áreas de responsabilidad del sector salud por medio de la investigación científica, la vigilancia epidemiológica, prevención y control, promoción, así como el diseño de políticas coincidentes con las estrategias generales de acción del Cenapra y la evaluación de programas de salud encaminados a disminuir la incidencia de los accidentes en el hogar, siendo el Cenapra el responsable de dirigir la política nacional en materia de prevención de lesiones ocasionadas por accidentes en beneficio de la población mexicana, definiendo las estrategias y líneas de acción que permitan tener resultados objetivos, los cuales deberán reflejarse en una disminución de la mortalidad, la morbilidad y los criterios de vida saludable afectados por los accidentes que se presentan.

3. Derivado de lo anterior, y en congruencia con el mencionado programa de prevención de accidentes, la Secretaría de Salud a través del Cenapra inció una campaña intensiva de prevención de accidentes para la temporada invernal, ya que el propio programa señala que de las causas de muerte por accidentes en el hogar, las quemaduras ocupan 7 por ciento.

4. Por esta razón, el plan de acción se ha impuesto el objetivo de disminuir en 10 por ciento las tasas de morbilidad y mortalidad nacionales mediante la introducción de estrategias entre las que se encuentra la campaña intensiva de prevención de accidentes para la temporada invernal, proporcionando una serie de recomendaciones como las siguientes:

En la cocina suceden la mayoría de este tipo de lesiones por lo que se sugiere que

• Nunca dejar los alimentos cocinando si vigilancia;
• Mantener los mangos de cazuelas o sartenes dentro de las estufas;
• Mantener objetos inflamables lejos de fuentes de calor o fuego directo; y
• Evitar cocinar con ropa suelta que pueda prenderse. 5. Del mismo modo se sugieren una serie de recomendaciones para personas que fuman, niños, ancianos, personas con discapacidad, para zonas rurales y en departamentos.

6. En lo particular, la campaña de temporada invernal se centra en una serie de estrategias como

• La sensibilización a través de la educación para la salud;
• Información de comunicación educativa en todas las unidades de salud;
• Difusión de medidas preventivas en medios masivos de comunicación;
• Capacitación de los profesionales de la salud; y
• Manejo de información preventiva en los centros escolares. La citada campaña se ha llevado a cabo mediante mensajes en medios masivos de comunicación, así como recados escolares, trípticos, y volantes que señalan las acciones de prevención, tanto de quemaduras como de inhalación de monóxido de carbono y uso de calefactores.

7. Derivado de lo señalado con antelación, resulta evidente que la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional para la Prevención de Accidentes y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas ha implantado acciones tendentes a prevenir los accidentes en el hogar, particularmente en el caso de quemaduras e intoxicaciones en la temporada invernal, por lo que la proposición encuentra respuesta en las acciones aquí mencionadas.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones otorgadas en el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal a dotar a través de la Secretaría de Salud recursos económicos y los insumos respectivos a las instituciones públicas y a las privadas que proporcionan atención integral a niños quemados, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 11 de diciembre de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2009.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal, Efraín Morales Sánchez, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica),Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Daniel Gurrión Matías (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz, Holly Matus Toledo, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
 
 
 

DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS A DETERMINAR SI LOS SUMINISTROS PARA DIÁLISIS PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA LABORATORIOS PISA, SA DE CV, REPRESENTAN UN RIESGO PARA LA SALUD HUMANA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a inhibirse de comprar los suministros para diálisis proporcionados por la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV, presentada por el diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente metodología:

I. Antecedentes

Con fecha 11 de diciembre de 2008 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a inhibirse de comprar los suministros para diálisis proporcionados por la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada proposición a las Comisiones de Salud y de Seguridad Social, no como comisiones unidas, sino mediante oficios independientes. De esta manera, cada comisión hizo su estudio y dictamen, por separado.

II. Contenido

El promovente fundamenta la proposición en lo siguiente:

Durante el año 2008 se presentaron varios casos de enfermos renales atendidos por el IMSS, que tuvieron complicaciones con su equipo de hemodiálisis, algunas de las cuales condujeron a la desafortunada muerte de algunos pacientes, al parecer debido a la baja calidad del equipo y materiales, provistos al Instituto por la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV (Pisa Farmacéutica Mexicana).

La organización Grupo Renal, AC, ha denunciado y recopilado pruebas de la situación que sufren los derechohabientes afectados, y en consecuencia solicita una auditoría, para sancionar a las autoridades del IMSS, Secretaría de Salud y Secretaría de la Función Pública, que resulten responsables.

Representando los intereses de los ciudadanos, el legislador promovente propone exhortar al IMSS a no renovar la licitación a Laboratorios Pisa, hasta que las denuncias sean resueltas. El punto de acuerdo contiene el siguiente resolutivo:

Único. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que en tanto no cesen las reclamaciones de los derechohabientes en contra de la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV, y se cuente con todos los elementos que den certeza de que los insumos para dializados proporcionados por Pisa no ponen en peligro la salud humana, en la siguiente licitación se inhiba de la adquisición de los productos que comercializa la citada farmacéutica. III. Consideraciones

Primera. Como se mencionó en los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Seguridad Social elaboró por separado un dictamen sobre la proposición que se estudia, ampliando la información referente al punto de acuerdo. Algunos datos relevantes del dictamen son:

Las quejas de los derechohabientes, que dan origen a la iniciativa en estudio, son en el sentido de que a inicios de 2008 los afectados reportaron fórmulas incompletas o alteradas, insumos como mangueras y bolsas de plástico de baja calidad, que se rompen, gotean y agrietan, contaminándose el contenido.

También se reportó que las máquinas de diálisis que abastece Laboratorios Pisa al IMSS, no drenan los líquidos tóxicos de la cavidad abdominal de manera automática, provocando en el paciente un proceso agudo de retención de líquidos tóxicos, descompensación, peritonitis e incluso la muerte de 98 derechohabientes del Instituto.

Esta situación no se había reportado durante 2007, año en que la empresa Baxter era el único proveedor de estos equipos. Sin embrago, en 2008, la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV, ganó las licitaciones para que el Instituto adquiriera el equipo que ofrecen.

Segunda. Con fecha 5 de marzo de 2008, el IMSS emitió un comunicado de prensa,1 en el cual manifiesta lo siguiente con respecto a la situación denunciada por los derechohabientes afectados.

• El IMSS proporciona a sus derechohabientes con diálisis, tratamientos específicos con calidad y calidez.

• Favorecer a una empresa que perdió una licitación pública no es legalmente atendible.

• Por experiencia de más de una década, el IMSS seguirá con el o los proveedores de diálisis que cumplan con los requisitos médicos y con la ley.

• En el Distrito Federal se han establecido mesas de trabajo en oficinas centrales y delegaciones para atender, caso por caso, las inconformidades planteadas por los derechohabientes.

 Tercero. El dictamen de la Comisión de Seguridad Social indica que con fundamento en el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene facultades para evaluar los riesgos a la salud en las materias de su competencia (fracción I), dentro de las cuales se incluyen medicamentos e insumos para la salud (fracción II). Asimismo, compete a la Cofepris imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia (fracción X).

A partir de dicho fundamento legal, la Comisión de Seguridad Social propone modificar el resolutivo del punto de acuerdo, para que la Cofepris determine si los suministros para diálisis de Laboratorios Pisa representan un riesgo para la salud.

El dictamen de Seguridad Social fue presentado ante el pleno de dicha comisión el día 18 de marzo de 2009, y en la votación fue aprobado por unanimidad.

Cuarta. Con fecha 20 de enero de 2009, la Cofepris envió un oficio a la Dirección de Vinculación Social y Participación Ciudadana de la Secretaría de Salud, el cual hace referencia a la problemática con Laboratorios Pisa. El oficio señala lo siguiente:

Con motivo de diversas quejas presentadas con respecto a inconformidades por supuestas deficiencias de los productos para diálisis peritoneal que comercializa la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV, la Cofepris, en uso de sus facultades y atribuciones para ejercer la regulación, control y vigilancia sanitaria, ordenó diversas acciones de vigilancia sanitaria a través de visitas de verificación sanitarias iniciando así varios procedimientos administrativos a partir del 7 de mayo de 2008. Entre otros, se han realizado visitas de verificación a Pisa Farmacéutica Mexicana, planta de elaboración y almacén general; y a la empresa Plásticos y Materias Primas, SA de CV.

Los hallazgos de las visitas fueron:

Los establecimientos cumplen con las buenas prácticas de fabricación; la planta cuenta con un certificado de buenas prácticas de fabricación de fecha 17 de enero de 2008.

La máquina para diálisis peritoneal que se comercializa es fabricada nacionalmente por Plásticos y Materias Primas, SA de CV, y cuenta con registro sanitario.

Los insumos empleados para la diálisis, fabricados por Plásticos y Materias Primas, SA de CV, cuentan con registro sanitario.

Las condiciones físicas y sanitarias de almacenamiento de las bolsas de diálisis son adecuadas, las cajas colectivas se observaron íntegras y no se encontraron cuerpos extraños en las muestras tomadas al azar.

Con fecha 14 de mayo de 2008 se solicitó opinión técnica al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, concluyendo que dicho equipo cumple con las especificaciones técnicas y de seguridad requeridas por la cédula técnica de equipos para diálisis peritoneal.

Con fecha 19 de mayo de 2008 se solicitó al titular de la Unidad Médica del IMSS información que contribuyera al desarrollo de la investigación relacionada con las cicladoras de diálisis y a los domicilios de los pacientes que se encuentran atendidos con la cicladora de Pisa, con la finalidad de programar visitas aleatorias al domicilio en el momento de la entrega de los insumos.

El 27 de mayo de 2008, representantes de la Comisión de Operación Sanitaria sostuvieron una nueva reunión con representantes de pacientes, quienes solicitaron a esta autoridad realizar visitas a los domicilios de los usuarios, con la finalidad de constatar las condiciones de las bolsas de diálisis y muestrear la bolsa con el líquido de intercambio para su análisis. Las visitas a los domicilios de los pacientes muestran que éstos se encuentran en condiciones adecuadas, sin alteraciones ni materia extraña en los hogares visitados.

El 30 de mayo de 2008 se realizó visita de verificación a la empresa Pisa Farmacéutica Mexicana para la toma de muestra de las bolsas con solución de diálisis peritoneal en sus tres concentraciones, a las cuales se practicó análisis en la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura.

En todo momento la Cofepris ha atendido y dado respuesta a todas las denuncias o quejas por mala prestación o por deficiencia en insumos o equipos de las que tiene conocimiento.

Quinta. De lo anterior se advierte que la Cofepris ha dado seguimiento oportuno a la problemática denunciada con los insumos de Laboratorios Pisa, con lo cual quedaría atendida el punto de acuerdo, con la redacción que sugiere la Comisión de Seguridad Social.

Por otra parte, esta Comisión de Salud considera que no es de aceptarse el punto de acuerdo, en sus términos originales, puesto que el IMSS cuenta con elementos suficientes para continuar teniendo a Laboratorios Pisa como proveedor de insumos para diálisis.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Salud ponemos a consideración de la asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a inhibirse de comprar los suministros para diálisis proporcionados por la empresa Laboratorios Pisa, SA de CV.

Nota
1.  http://www.imss.gob.mx/NR/rdonlyres/15164983-0EF8-42E3-BF4E-43E32B6D48CE/0/050308Com082.doc

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2009.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal, Efraín Morales Sánchez, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Juan Abad de Jesús, Beatriz Manrique Guevara, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Daniel Gurrión Matías (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz, Holly Matus Toledo, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
 
 
 

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A ESTABLECER PROGRAMAS DE EMPLEO ORIENTADOS A SATISFACER LA DEMANDA LABORAL DEL SECTOR JUVENIL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

• Se exhorta al secretario federal del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que implemente programas de empleo, orientados a atender la demanda laboral del sector de la población joven del país, presentada por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo enunciada en el proemio de este dictamen fue presentada por la diputada que se mencionó anteriormente. Dicha propuesta fue turnada, para su dictamen, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-1-2065, dirigido al Presidente de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, por la Mesa Directiva de la LX Legislatura, el día 11 de diciembre de 2008.

2. La proposición citada fue turnada a esta comisión para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Refiere la autora de la proposición que se dictamina que a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde vigilar la observancia y aplicación de las normas laborales contenidas en la norma suprema, la Ley Federal del Trabajo, y sus reglamentos; así como estudiar y proyectar los planes para impulsar la ocupación en el país.

Añade que después de la formación educativa, el trabajo es el medio por el que los jóvenes adquieren conocimientos y experiencias que les permiten complementar una formación integral. Pero que, no obstante, miles de jóvenes mexicanos carecen de un empleo que les permita obtener los recursos económicos para solventar sus necesidades básicas, o cuentan con empleos mal remunerados, sin ningún tipo de prestación social.

Menciona que en relación con este sector de la población mexicana, de acuerdo con el segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en nuestro país habitan 33 millones 774 mil 976 jóvenes de entre los 12 y 29 años de edad, lo que representa 32.7 por ciento de la población y que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, del total de jóvenes que laboran, 27 de cada 100 declara que se dedicó a esa actividad porque fue lo único que encontró y 31 de cada 100 afirma que aceptó ese trabajo porque fue lo que eligió.

Señala que, de acuerdo con las cifras antes presentadas, es posible describir la difícil situación que en materia de empleo enfrenta el sector juvenil y que el problema del desempleo de los jóvenes mexicanos es serio.

Considera que, independientemente de las percepciones que puedan tener los jóvenes sobre la situación por la que se encuentran desempleados, es necesario señalar que el mercado de trabajo es muy reducido y que las oportunidades para que estos puedan acceder a trabajos de calidad y bien remunerados es mínima.

Enfatiza que, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, en 2012 será el año en el que la población juvenil en México alcanzará su máximo histórico, y se ubicará en 35 millones 911 mil 530; lo que nos obliga a exigir a las instancias públicas competentes que implementen acciones inmediatas y eficaces para atender el problema del desempleo del sector joven de México.

Por lo anterior, propuso a esta soberanía la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que implemente con la mayor brevedad programas de empleo orientados a satisfacer la demanda laboral del sector joven de México.

Esta comisión dictaminadora, luego de conocer el análisis y consideraciones del autor de la propuesta, considera y analiza lo siguiente:

De acuerdo a lo que señala la propia dependencia señalada, tenemos que el gobierno federal reconoce el problema de la falta de oportunidades de empleo entre los jóvenes mexicanos y la necesidad de incorporarlos de manera plena a fuentes de trabajo que sean productivas, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

En este tenor, el Eje Rector 2, "Economía Competitiva y Generadora de Empleos", del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 busca potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.

De ello se desprenden en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 las estrategias 4.1, "Promover las políticas de Estado que fomenten la productividad en las relaciones laborales y la competitividad de la economía nacional, a fin de atraer inversiones y generar empleos formales y de calidad", y 5.5, "Profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía nacional".

Asimismo, que en seguimiento de lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleva a cabo acciones tendentes a facilitar el tránsito de la escuela al trabajo y a desarrollar las capacidades laborales de los jóvenes trabajadores, a través de dos componentes:

1. Programa Nacional de Vinculación Educación-Empresa

Este programa es una estrategia transversal de vinculación educación-empresa la cual permite conjuntar e involucrar a los diversos actores de la sociedad para generar y promover una mejor articulación entre la oferta de las instituciones de educación media superior y superior y los requerimientos del sector productivo.

Ello, con la finalidad de facilitar el tránsito de la escuela al trabajo y, en consecuencia, que no se vean truncados los estudios, se reduzca el tiempo que los jóvenes tardan en encontrar empleo, así como de asegurar que los trabajos sean de calidad dentro del sector formal.

Del programa se desprenden los siguientes instrumentos:

a) Modelo de vinculación educación-empresa, cuyo objetivo es facilitar la articulación de los sectores educativo y empresarial para definir sus necesidades y establecer los mecanismos que les permitan alcanzar sus objetivos. Mediante este modelo se espera lograr que 225 organizaciones productivas y 80 instituciones educativas sean beneficiadas durante 2009;

b) Red de cooperación educación-empresa, con la finalidad de contribuir a elevar la pertinencia de los planes y programas de estudio en relación con las necesidades del sector productivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 539, inciso f de la Ley Federal del Trabajo. La Red se conforma de 32 comisiones de vinculación en las entidades del país. A través de ellas se espera identificar las necesidades del sector productivo en materia de formación de capital humano, a través de la planeación local, regional y municipal con los sectores involucrados, a fin de determinar las carreras críticas y lograr una mejor empleabilidad de los egresados;

c) Premio a la vinculación universidad-empresa, el cual es un reconocimiento público nacional que funciona como incentivo para las Instituciones de Educación Superior y las empresas que realizan proyectos, programas o estrategias de vinculación que demuestran impactos económicos y sociales en materia de formación, empleo, cultura emprendedora e innovación. A finales del año pasado se convocó la tercera edición del premio, el cual será entregado durante el primer trimestre de 2009.

 2. Programas para el desarrollo de capacidades laborales.

Mediante estos programas se promueve el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades laborales de los trabajadores conforme a las necesidades del sector productivo. Ello beneficia potencialmente a la población joven y ofrece alternativas para continuar con su formación para y en el trabajo. Los programas cuentan con dos líneas de acción que ofrecen capacitación tanto presencial como a distancia:

a) Programas de Multihabilidades, los cuales facilitan la capacitación basada en normas técnicas de competencia laboral bajo un esquema presencial, mediante la formación de instructores, que generan un efecto multiplicador y contribuyen al desarrollo de capacidades laborales de trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad laboral. Actualmente se imparten cursos en áreas de comercio, servicios, artes y artesanías, industria, competencias generales y directivas.

b) Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores, el cual ofrece un esquema de capacitación a distancia basado en el uso de nuevas tecnologías, mediante un modelo tecnopedagógico que permite fortalecer las competencias laborales mediante 25 cursos en áreas directiva, técnica, general y alfabetización digital.

 Asimismo el Servicio Nacional de Empleo opera en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y ofrece sus 20 opciones de atención a personas mayores de 16 años de edad que se encuentren en proceso de búsqueda de empleo e inserción a la vida productiva.

Dentro del portafolio de servicios de vinculación e información ocupacional, apoyos económicos y de capacitación, así como acciones para la movilidad laboral de trabajadores mexicanos, se encuentran contempladas tres acciones dirigidas o solicitadas principalmente por jóvenes de entre 16 y 30 años de edad:

1. Portal del Empleo: instrumento que concentra toda la información del mercado laboral mexicano. A finales del mes de febrero estaban disponibles 138,098 plazas vigentes en todo el país. Cabe resaltar que, en el 85 por ciento de las vacantes publicadas no se establecen requisitos de género para acceder a ellas y el 37 por ciento estaba orientado a personas entre los 16 y 29 años de edad, grupo poblacional que conforma el 66 por ciento de los solicitantes de empleo registrados en el Portal del Empleo. Asimismo, se ofrece a los usuarios más de 1,800 cursos de capacitación en línea.

2. Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo en su modalidad de capacitación en la práctica laboral: orientado a apoyar y promover la capacitación de desempleados preferentemente jóvenes de entre 16 y 29 años, en el lugar de trabajo para generar experiencia laboral a través de su ocupación productiva en las empresas. Los empresarios pueden contar con beneficiarios durante un periodo entre 1 a 3 meses, que los apoyarán en el desarrollo de sus actividades empresariales, con la posibilidad de contratarlos una vez concluida su capacitación.

Por su parte, los beneficiarios se capacitan en la propia empresa, taller o negocio sobre la ocupación u oficio de su interés, cuentan con la asesoría personalizada del instructor monitor y reciben del programa apoyo económico durante el tiempo de la capacitación. Un hecho importante es que durante 2008 el 64 por ciento de la población atendida en esta modalidad se encontraba en el rango de 16 a 30 años de edad.

3. Observatorio Laboral Mexicano (OLA): servicio público de información laboral y ocupacional a través de la página electrónica www.observatoriolaboral.org.mx ofrece a los jóvenes información sobre indicadores de ocupación y empleo para 53 grupos de carreras profesionales, 34 carreras de universidades tecnológica y de 20 carreras técnicas de nivel medio superior.

 De acuerdo con un sondeo en línea que se realizó en el mismo portal, el 12.3 por ciento de los usuarios del OLA son estudiantes de secundaria, 44.5 por ciento de bachillerato y 32.4 por ciento de licenciatura. Asimismo, el 50.5 por ciento de los visitantes ha utilizado el OLA para elegir una carrera, 39.1 por ciento para buscar trabajo y 10.5 por ciento para saber dónde estudiar.

En mérito de lo expuesto en párrafos anteriores en virtud de la información recopilada y toda vez que el objeto del punto de acuerdo en dictaminación la Comisión de Trabajo y Previsión Social valora que están siendo atendidos por la dependencia competente, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que implemente programas de empleo orientados a satisfacer la demanda laboral del sector juvenil, presentado el 12 de noviembre de 2008 por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme a lo señalado en los considerandos del presente dictamen.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que se descargue del registro correspondiente el asunto desechado.

Tercero. Previos los trámites que corresponden, archívese el asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2009.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez, José Antonio Almazán González (rúbrica en contra), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Diego Aguilar, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez, Alfredo Barba Hernández, Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica en contra), Sonia Noelia Ibarra Franquez (rúbrica en contra), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica en contra), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en contra), Adrián Pedrozo Castillo, Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Olivia Verónica Utrilla (rúbrica)
 
 
 

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA QUE EL GOBIERNO FEDERAL ELIMINE O SUSTITUYA LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS POR UN ORGANISMO AUTÓNOMO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, proposición con punto de acuerdo.

• Se propone que el gobierno federal elimine o sustituya la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por un organismo autónomo, propuesta presentada por el diputado César Flores Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo listada en el proemio de este dictamen fue presentada por el diputado que se menciona. Propuesta turnada para su dictamen mediante oficio número DGPL 60-II-2-2102, dirigido al presidente de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social por la Mesa Directiva de la LX Legislatura, el 11 de diciembre de 2008.

2. La proposición citada fue turnada a esta comisión para efectos de análisis y elaboración del dictamen, previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

 Consideraciones 1. Refieren el autor de la proposición que se dictamina en una extensa exposición de motivos de carácter histórico, principalmente lo siguiente:

"Al paso de los años y desde ese 5 de febrero de 1917, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se ha convertido en un organismo inútil, costoso y protector de los intereses de los empresarios que no luchan por la aplicación de incrementos salariales dignos, con la finalidad de recuperar el poder adquisitivo de acuerdo con el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo, así como exigir que se aplique un estricto control de precios de los artículos de consumo popular, de conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y detener el alza brutal.

La comisión ya no debe determinar el salario mínimo sino el Poder Legislativo es el que ha de legislar a favor de determinar el monto de la percepción diaria salarial de los trabajadores. Además, para proteger y resarcir el poder adquisitivo de los salarios".

Sometiendo a la consideración de esta soberanía lo siguiente:

Único. Que el gobierno federal elimine o sustituya la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por un organismo autónomo que garantice salarios justos y acordes con las necesidades actuales de la clase trabajadora del país.

2. La comisión dictaminadora luego de revisar el análisis y consideraciones del autor de la propuesta opina lo siguiente:

En cuanto al señalamiento de que "el gobierno federal elimine o sustituya la Comisión Nacional de los Salarios. Mínimos por un organismo autónomo", se debe considerar que para ello sería necesario llevar a cabo una modificación al párrafo tercero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional, que textualmente señala

"Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones."

 En su caso, el diputado Flores Maldonado deberá presentar una iniciativa que contenga su propuesta debidamente desarrollada para ser estudiada, discutida y votada en términos de los artículos 65 y 71 de nuestra Carta Magna y demás disposiciones aplicables y en su caso desahogar el proceso previsto en el artículo 135 de nuestra Constitución Política.

Debido a lo expuesto, somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que el gobierno federal elimine o sustituya la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por un organismo autónomo, presentada por el diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Previos los trámites que corresponden, archívese el asunto como totalmente concluido

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2009.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez, José Antonio Almazán González (rúbrica en contra), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Diego Aguilar Acuña, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez, Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica en contra), Sonia Noelia Ibarra Franquez (rúbrica en contra), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica en contra), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en contra), Adrián Pedrozo Castillo, Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Olivia Verónica Utrilla Nieto (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL DELEGADO FEDERAL DEL TRABAJO EN QUINTANA ROO A VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ Y DE SOLIDARIDAD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Se exhorta al delegado federal del Trabajo en Quintana Roo, a que verifique las condiciones laborales de los obreros que trabajan en la construcción de infraestructura turística en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad; presentada por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo listada en el proemio de este dictamen fue presentada por la diputada que se mencionó anteriormente. Dicha propuesta fue turnada para su dictamen mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1764, dirigido al presidente de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social por la Mesa Directiva de la LX Legislatura, el 9 de septiembre de 2008.

1. La proposición citada fue turnada a esta comisión para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

Refiere la autora de la proposición que se dictamina que, como es del dominio público, nuestra nación se distingue en el concierto de las naciones por haber sido uno de los primeros países en contar con un documento constitucional con un eminente carácter social y de protección a las clases más desfavorecidas como el sector obrero; de ahí que a la carta fundamental de 1917 se le considere la primera Constitución política-social del orbe y la más avanzada de su momento.

Señala la ponente que es en nuestro documento supremo en donde descansan una serie de derechos y garantías a favor de las clases trabajadoras del país, prestaciones de índole social que no deben ser socavadas por nadie, sino respetadas por todos los patrones y contratistas; y compete a los funcionarios públicos la vigilancia del irrestricto respeto y cumplimiento de tales normas fundamentales.

Asimismo, comenta que en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad en Quintana Roo; urbes en las cuales se desarrollan y edifican complejos para atender la demanda turística, los derechos laborales de miles de trabajadores que emigran a éstos para trabajar en la construcción de lo que serán lujosos hoteles, muchas veces engañados por contratistas sin escrúpulos quienes les ofrecen mejores condiciones salariales y de vida de las que enfrentan en su lugar de origen, son objeto de las más lamentables vejaciones, por lo que no debemos dejarlas pasar por alto.

Refiere que la mayoría de estos trabajadores no cuentan con ningún tipo de prestación laboral ni servicios de salud, enfrentando constantemente abusos, discriminación y explotación por parte de sus empleadores, quienes únicamente ven en ellos a un simple instrumento de trabajo y no a seres humanos que sufren con las pésimas condiciones laborales que se les ofrece.

Asimismo, señala que los trabajadores de estas obras manifiestan que existen sindicatos que obtienen una ganancia de alrededor de 25 y 30 mil pesos mensuales, a cambio de poner una placa de que los obreros están sindicalizados pero sin que hayan verificado sus condiciones laborales.

Por lo anterior, hizo del conocimiento de esta soberanía la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un llamado enérgico al delegado federal del Trabajo en de Quintana Roa, con el objeto de que verifique las condiciones laborales de los obreros que trabajan en la construcción de infraestructura turística en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad; y, en su caso, realice las acciones conducentes, en aras de proteger sus derechos laborales individuales y colectivos. Esta comisión dictaminadora, después de conocer el análisis y consideraciones de la autora de la propuesta, refiere y analiza lo siguiente:

Sobre el particular, la dependencia competente, en la recopilación de información que consigna la Ley Orgánica del Congreso General, el Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso así como la práctica parlamentaria, tuvo a bien manifestar a esta soberanía que el tema de la industria de la construcción está incluido en la programación de la Inspección Federal del Trabajo y que se tiene previsto, a lo largo del presente año, realizar un total de 500 acciones de inspección a nivel nacional a esta industria.

La propia autoridad reconoce que algunas delegaciones federales del trabajo han realizado una serie de acciones en las que han procurado una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de la industria de la construcción, un ejemplo es el caso del titular de la delegación en Coahuila, quien ha logrado obtener grandes avances en esta materia, gracias a que durante noviembre de 2008 sostuvo una reunión con los integrantes de la delegación Saltillo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ante los que expuso las obligaciones de las que son sujetos conforme a la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y las Normas Oficiales Mexicanas y en donde también les anunció el inicio de un operativo especial de inspección en esta materia.

En cuanto a la entidad federativa que nos ocupa, se cita por dicha dependencia que a instancia del propio delegado federal del Trabajo en Quintana Reo, el pasado 28 de enero se desahogó una visita de verificación con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en las instalaciones de la empresa Promotora Xcaret, SA de CV en la que se constató el cumplimiento de cuatro normas oficiales mexicanas relacionadas con la industria de la construcción (009, 017,019 y 027). El procedimiento administrativo no ha concluido y, en su caso, se procederá a instaurar el procedimiento administrativo correspondiente para la imposición de las sanciones a que haya lugar.

Asimismo, se señalaron algunas otras actividades de la delegación federal del trabajo en Quintana Roo, a saber.

Con el objetivo de promover la cultura, capacitación y promoción de la seguridad e higiene, en coordinación con la Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional e Higiene se realizó el primer Simposium nacional e internacional de la seguridad, salud, ocupación, ecología y protección civil en la hotelería y servicios turísticos, en las instalaciones del hotel Flamingo Xcaret, con la asistencia de 130 participantes, 13 conferencias, 5 talleres y 10 stands.

El 3 de diciembre de 2007, en las instalaciones del palacio de gobierno del estado, se apostó la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con la intención de elaborar estudios y proponer la adopción de medidas preventivas a fin de evitar riesgos y accidentes de trabajo y consolidar su integración y su funcionamiento, teniendo como participantes a los titulares de la Secretaría de Gobierno del estado, la Dirección General del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud, Coparmex, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y la Delegación Federal del Trabajo.

Asimismo, se comentó que la Delegación Federal del Trabajo es miembro activo del Consejo Estatal para la Prevención de accidentes, teniendo a su cargo el Comité de Coordinación de Prevención de Accidentes en el Trabajo de la cual forma parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Dirección General del Trabajo, entre otras; y que el 5 de junio de 2008, en reunión plenaria del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes se propuso a los municipios de Benito Juárez y de la Rivera Maya (Solidaridad, Cozumel, Tulum) elaborar convenios de colaboración, para que antes de expedir licencias de funcionamiento de construcción, los solicitantes acrediten tener integradas sus Comisiones de Seguridad e Higiene y tener definidas sus medidas de seguridad.

Como parte de los acuerdos de la primera reunión de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo (marzo 27 de 2008), se realizó la Semana de seguridad, prevención y atención de riesgos y accidentes en los centros de trabajo; del 9 al 11 de julio de 2008, en Cancún y Playa del Carmen; se impartieron 8 conferencias, 4 cursos, 5 talleres y 1 simulacro, impactando de manera directa a más de 450 personas.

También, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 se impartieron cinco cursos en materia de seguridad e higiene, beneficiando de manera directa a 95 personas y a 766 trabajadores de manera indirecta.

Cabe destacar que dentro de las actividades del Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo se tiene el proyecto de la construcción de un campamento permanente en beneficio de los trabajadores de la construcción, participando de manera directa la Secretaría de Gobernación del estado, la Secretaría Estatal del Trabajo y Previsión Social, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Confederación de Trabajadores de México, éste campamento se tiene contemplado para instalarse en Playa del Carmen, diseñado con baños, aulas de capacitación, etcétera, que propicien una estancia salubre y digna a los trabajadores de la construcción de la rivera maya.

En mérito de lo expuesto en párrafos anteriores, en virtud de la información recopilada y toda vez que el objeto del punto de acuerdo en comento es atendido por la dependencia referida, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al delegado federal el Trabajo en Quintana Roo a que verifique las condiciones laborales de los obreros que trabajan en la construcción de infraestructura turística en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad; y, en su caso, realice las acciones conducentes, en aras de proteger sus derechos laborales individuales y colectivos; presentado por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, conforme a lo señalado en los considerandos del presente dictamen.

Segundo. Se solicita a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios se descargue del registro correspondiente el asunto desechado.

Tercero. Previos los trámites que corresponden, archívese el asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2009.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez, José Antonio Almazán González (rúbrica en contra), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Diego Aguilar Acuña, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez, Alfredo Barba Hernández, Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica en contra), Sonia Noelia Ibarra Fránquez (rúbrica en contra), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica en contra), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en contra), Adrián Pedrozo Castillo, Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Olivia Verónica Utrilla (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ACCIONES PARA COMBATIR EL TRABAJO INFANTIL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

• Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a implementar acciones conducentes a combatir el trabajo infantil, propuesta presentada por la diputada Holly Matus Toledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo enunciada en el proemio de este dictamen fue presentada por la diputada que se menciona anteriormente, cuya propuesta fue turnada para su dictamen mediante oficio número D.G.P.L 60-II-2-1779, dirigido al presidente de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social por la Mesa Directiva de la LX Legislatura, el día 21 de octubre de 2008.

2. La proposición citada fue turnada a esta comisión para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

 Consideraciones

Refiere la autora de la proposición que se dictamina, que la pobreza ha orillado a millones de menores a incorporarse a actividades laborales para ayudar a sus familias. Sin embargo, añade, no se puede tolerar ni aceptar que frente a situaciones de pobreza generada por la estructura política y socioeconómica del país, se utilice al trabajo infantil como remedio.

Agrega la proponente que en un comunicado conjunto del 12 de junio de 2008 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señalaron que en el mundo 165 millones de niños de entre 5 y 14 años trabajan, y en América Latina la cifra es de 5.7 millones, la mitad de los cuates se encuentran en México.

Señala la ponente que según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (sic), obtenidas a través del Módulo de medición de trabajo infantil efectuado como parte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2 de cada 100 niños y niñas de entre 5 y 9 años trabajan por necesidad económica, y 10 de cada 100 menores en el rango de 11 a 13 años.

Asimismo, externa que uno de los contextos en los que el trabajo infantil adquiere los matices más cruentos es el campo agrícola mexicano.

Comenta que la OIT señala que el trabajo infantil puede dañar irreversiblemente el desarrollo físico y mental de los niños, causando graves repercusiones en su vida adulta. Aunado a lo anterior, en el campo, niñas y niños están expuestos a muchos riesgos desde las inclemencias del tiempo, los accidentes por el uso de maquinaria, accidentes por vehículos de motor, jornadas laborales exhaustivas, ritmos de trabajo agotadores, carga de objetos pesados, hasta el grave peligro que representa la exposición sistemática a plaguicidas y agroquímicos cuyos efectos inmediatos o crónicos pueden minar su salud.

Sin embargo, añade, no existe información exacta ni fidedigna del número de niñas, niños y adolescentes que trabajan como jornaleros agrícolas. Refiriendo que según la Confederación Nacional Campesina, de los 6 millones de jornaleros agrícolas, el 27 por ciento son menores de entre 6 y 14 años los cuales trabajan en condiciones infrahumanas, se encuentran excluidos del sistema escolar oficial y al margen de cualquier protección laboral y que por su parte, la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños Migrantes, ha evidenciado que alrededor de 500 mil niños de entre 3 y 14 años de edad laboran como jornaleros.

Tales aspectos reflejan una situación preocupante respecto al trabajo de menores de 14 años de edad en el campo mexicano, y para lo cual sugiere una serie de acciones a efecto de dar cumplimiento al artículo 123 constitucional y al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, que tutela un bien mayor, que son los derechos de los menores:

1. Realizar una reforma al Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral debido a que en sus artículos 14 y 17 contiene requisitos que a su parecer, han impedido la aplicación de la legislación constitucional y legal en materia de trabajo de menores. Esto, ya que dichos artículos actualmente exigen que las visitas de inspección se realicen previo citatorio de 24 horas, con lo cual se da oportunidad a los empleadores de ocultar a los niños, niñas y adolescentes que tienen trabajando, evadiendo de esta forma cualquier posibilidad de sanción. Por lo anterior, señala que es necesario que los inspectores puedan realizar visitas de inspección de forma sorpresiva, no obstante existir el artículo 16 constitucional, que establece que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento", ya que a su juicio con la instauración de "visitas sorpresa" no se vulneraría el citado precepto constitucional y se cumpliría con el requisito exigido por el mismo, con la sola presentación de la respectiva orden escrita debidamente fundada y motivada.

A su parecer, la situación actual deriva en que indirectamente y sin proponérselo, el gobierno mexicano, a través Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la legislación laboral, no protege satisfactoriamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes mexicanos; vulnerándose tanto las disposiciones constitucionales como los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, entre los que se encuentran, la Convención sobre los Derechos del Niños, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación.

Lo anterior, no obstante que el Ejecutivo federal, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 reconoce en el eje 1, punto 1.7, que: "asegurar el respeto a los derechos humanos constituye una tarea que no solamente implica la restitución en el goce de tales derechos, sino desarrollar esquemas mediante los cuales sea posible prevenir su violación". Asimismo, establece en el eje 1, punto 1.7, objetivo 12, estrategia 12.3, del PND que se compromete a "priorizar la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus derechos humanos".

2. Por otra parte, señala que para darle eficacia a las normas constitucionales y legales en materia de trabajo infantil, estima pertinente que se celebren convenios de colaboración específicos para que autoridades federales junto con las locales puedan inspeccionar campos agrícolas de acuerdo con lo previsto en el artículo 123, Apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 3, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 527 y 529 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior ya que conforme a lo que expone la legisladora, en el periodo 2000-2007 descendió en un 46 por ciento el número de inspecciones laborales al pasar de 35 mil 879 a 19 mil 214 según datos de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. Debido a lo expuesto, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a que modifique el articulo 14 y 17 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Ley Federal del Trabajo, a fin de que las visitas ordinarias y extraordinarias puedan realizarse por las autoridades de trabajo sin previo aviso, ni citatorio y efectuarse con cualquier persona, cuando se tenga conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral sobre trabajo de menores.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a celebrar convenios de colaboración específicos con las entidades federativas para que inspectores federales coadyuven con los inspectores locales en la supervisión de campos agrícolas para detectar violaciones a las normas que prohíben trabajo de menores.

Esta comisión dictaminadora, luego de conocer el análisis y consideraciones de la autora de la propuesta, refiere y analiza lo siguiente:

 Expresa su solidaridad y preocupación ante esta terrible realidad social que marca negativamente el futuro de nuestros niños y niñas, especialmente a los del campo.

Ante la importancia del tema, referimos lo manifestado al respecto, en diversas ocasiones por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS):

Esto en virtud de la proposición que nos ocupa y de dos proposiciones presentadas el año pasado (2008) por nuestros compañeros legisladores, diputado Gilberto Ojeda Camacho y diputado Gerardo Priego Tapia, ya que con motivo de éstas el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Tomás del Toro del Villar, envió sendos oficios dirigidos al titular de la STPS, licenciado Javier Lozano Alarcón, solicitando a dicha dependencia su opinión en el ámbito de su competencia.

Lo anterior, para allegarse de elementos respecto a este tema, para estar en condiciones de dictaminar dichas interesantes proposiciones con punto de acuerdo y continuar con el trámite legislativo correspondiente.

En dicha ocasión y ahora, esta Comisión recibió, puntuales respuestas de dicha secretaría.

Refiriendo dicha dependencia de manera previa, consideraciones mediante las que se precisaron las facultades y acciones de la misma, en cuanto al relevante interés jurídico a proteger.

Dicha dependencia señaló que la aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los estados en sus respectivas jurisdicciones, por exclusión a lo dispuesto por los artículos 123, Apartado A, fracción XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 527 de la Ley Federal del Trabajo.

Conforme a ello, precisó que son las autoridades laborales de las entidades federativas, las encargadas de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral respecto del trabajo de los menores que se emplean en empresas o establecimientos dedicados a actividades agrícolas, en materia de condiciones generales de trabajo.

No obstante, los artículos 527-A y 529, fracción IV, de la referida ley señalan que la vigilancia del cumplimiento de las normas de trabajo en materia de capacitación y adiestramiento y seguridad e higiene, corresponde a la federación con el auxilio de la autoridad local.

En virtud de ello, en el seno de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, órgano colegiado previsto en el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo, se llevó a cabo una revisión de diversos instrumentos, tales como los convenios de coordinación que en materia de inspección se tienen signados con las 32 entidades federativas, a efecto de actualizar, modernizar y, en su caso, estrechar los lazos de coordinación entre los dos niveles de gobierno y fortalecer el intercambio de información y la vigilancia de la normatividad laboral.

Lo anterior, con el apoyo de las comisiones consultivas estatales de seguridad e higiene en el trabajo, previstas en el artículo 512-8 de la citada Ley, las cuales son presididas por los gobernadores de las respectivas entidades federativas, fungiendo como secretario de las mismas, el delegado federal del Trabajo de la entidad a que corresponde.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también refirió que, dentro del marco de la Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias ha evidenciado la necesidad de fortalecer la inspección del trabajo en los campos agrícolas, especialmente en las entidades federativas que se han caracterizado como receptoras de trabajadores agrícolas temporales, como lo son Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Nayarit, Sinaloa y Sonora, fortaleciendo la inspección del trabajo, con el apoyo de los gobiernos estatales, a través de la inspección tradicional y de mecanismos alternos a la misma, en las empresas o establecimientos dedicados a la agroindustria, a efecto de constatar que en este tipo de centros de trabajo se cumple con la normatividad laboral y así impulsar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores que se emplean en este sector, especialmente de los más vulnerables, como es el caso de los jornaleros agrícolas y de los menores trabajadores de este sector y, en los casos en que no se acredite el cabal cumplimiento de las normas de trabajo, se impongan las sanciones que correspondan de acuerdo con la ley.

En este sentido, dicha dependencia también señaló que en el mes de marzo de 2008 inició el diseño de un programa de inspección que contempló lo siguiente:

• Realizar un padrón de empresas agrícolas que contratan jornaleros a través de las delegaciones federales del Trabajo.

• Construir un padrón único de empresas a ser inspeccionadas con la participación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

• Elaborar un programa estatal de inspección en los estados de mayor atracción de trabajadores.

• Difundir la normatividad laboral en los estados.

• Elaborar una guía técnica para la inspección de condiciones de seguridad e higiene en los campos agrícolas.

• Llevar a cabo inspecciones extraordinarias con el fin de verificar posibles empresas que contraten menores de edad.

 Asimismo, esta dependencia manifestó que paralelamente se encontraba diseñando otros proyectos como el Modelo de Empresas Libres de Trabajo Infantil, cuyo objetivo es promover en las empresas agrícolas un modelo de organización laboral que logre erradicar el trabajo infantil, así como una guía para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los jornaleros con respeto a las condiciones de salud, alimentación, educación y vivienda en los sitios de trabajo.

También precisó que adicionalmente existían diversos programas gubernamentales, los cuales estaban a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública y la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Señalando en su oportunidad que dichos programas tienen como principales objetivos: la promoción de la afiliación de los trabajadores eventuales del campo al régimen de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social y mejorar su acceso a los servicios de atención médica; la ampliación de la cobertura de los servicios educativos, estableciendo mecanismos de certificación y acreditación; la permanencia de los niños jornaleros agrícolas en las escuelas; la mejora de la infraestructura de los campos agrícolas, y el establecimiento de mecanismos para la generación de oportunidades de desarrollo de los jornaleros desde sus comunidades. En el caso particular de la STPS, se precisó que esa Dependencia coordinaba el Subprograma de Movilidad Laboral Interna cuyo fin es vincular a los jornaleros agrícolas con las empresas, en condiciones de seguridad y respeto a sus derechos laborales.

Ante la importancia del tema, en esta ocasión y en virtud de la proposición de la diputada Holly Matus Toledo, se solicitó de nueva cuenta información actualizada a la STPS, misma que nos comenta lo siguiente:

Que el gobierno mexicano tiene el firme compromiso de trabajar por la prohibición y erradicación de las peores formas de trabajo infantil, por lo que ha ratificado el Convenio número 182 sobre las Peores Formas del Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, en junio del año 2000.

Que de manera directa, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el establecimiento de medidas eficaces para la erradicación del trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012, los objetivos 3: promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral, y 9: promover la equidad e inclusión laborales del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012, se establecen diversas estrategias en materia de combate a las peores prácticas de explotación laboral y trabajo infantil, a través del fortalecimiento de las redes de vinculación interinstitucional entre los sectores público, social y privado.

Que en el cumplimiento de esta línea de actuación, desarrolló una Política para la prevención y protección del trabajo infantil con tres grandes guías de actuación: la cultura de la legalidad, la cultura de la prevención y la información estadística:

a. Fortalecer el marco legal vigente para promover una cultura de la legalidad, en donde se respeten y apliquen las leyes, normas y reglamentos en materia de trabajo infantil y se fortalezca la inspección federal en concurrencia con la inspección local.

• La STPS ha propuesto actualizar las sanciones que establece la Ley Federal del Trabajo por utilizar el trabajo de los menores de catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, con multas de hasta 2 mil 500 salarios mínimos, así como tipificar como delito el trabajo infantil de menores de 14 años.

• Durante el último trimestre de 2008, se puso en marcha un operativo de inspección sustentado en diez Normas Oficiales Mexicanas, para verificar aspectos básicos del trato humano que reciben los jornaleros agrícolas con base en la Ley Federal del Trabajo en 102 campos agrícolas de 13 entidades federativas, incluidas las condiciones del trabajo infantil.

b. Desarrollar un programa de atención integral del trabajo infantil en colaboración con los sectores público, social y privado, a través de la creación de espacios de coordinación como son:

• El Grupo Interinstitucional de Prevención y Combate del Trabajo Infantil con la Sedesol, la SEP, el DIF y el CDI, a fin de coordinar las acciones del gobierno federal en la materia.

• El Grupo de Trabajo con Organismos de la Sociedad Civil y Sindicatos, para generar un inventario de mejores prácticas y promover su adopción por parte de empleadores y demás actores involucrados.

• Los Grupos de Trabajo con las Delegaciones Federales del Trabajo y los Comités Estatales de Organismos Sindicales, con el objetivo de intercambiar y difundir experiencias, documentos y buenas prácticas en materia de trabajo infantil.

Adicionalmente, la STPS precisa que desarrolla estrategias para mejorar las condiciones de jornaleros agrícolas y desalentar la incorporación de los niños al trabajo, mediante:

• La vinculación laboral de los jornaleros con las empresas agrícolas que cumplen las garantías de seguridad establecidas en la ley, así como las prestaciones de alojamiento, alimentación y guarderías que permitan el acceso a un trabajo decente.

• Un modelo de certificación de empresas agrícolas libres de trabajo infantil, sustentado en prácticas para la erradicación del trabajo infantil, la inclusión familiar de los trabajadores en los centros de trabajo, y en el trato digno y respetuoso de sus derechos laborales.

• La instrumentación, a partir del presente ciclo escolar, de la boleta única que otorga reconocimiento a la educación básica de las niñas y niños jornaleros en cualquiera de las modalidades educativas del país.

c. Generar información estadística sobre la incidencia del trabajo infantil en México

• Se incorporó un módulo de medición del trabajo infantil a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que se lleva a cabo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, lo que permitió contar por primera vez con un perfil completo de las niñas y niños entre 5 y 17 años de edad que trabajan en el país por entidad federativa. Se precisó que esta medición tendrá una periodicidad bianual.

También nos compartió dicha secretaría que durante la presente administración encabeza un Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, a partir del cual se están instrumentado acciones en beneficio de las familias, incluida la población infantil:

• Se han elaborado propuestas para adecuar el marco normativo y la inspección, con el fin de promover el acceso de las familias jornaleras a la seguridad social y a empleos en condiciones de legalidad y certeza.

• Se han establecido alianzas entre diversas dependencias para acercar la infraestructura y los servicios de atención médica a la población jornalera en las rutas de migración hacia los centros de trabajo agrícola.

• Se han establecido estrategias para que los hijos de jornaleros puedan acceder a la educación primaria y a su reconocimiento en cualquier escuela del sistema educativo nacional, incluidos los modelos de atención en los centros de trabajo agrícola.

 Asimismo, dicha dependencia nos amplía la información, señalando que el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral (RGIASVLL) se ha expedido en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 550 de la Ley Federal del Trabajo, es de aplicación general en toda la República Mexicana y tiene por objeto reglamentar la citada ley en materia de procedimiento y la forma de ejercicio para la práctica de visitas de inspección y la aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral, su observancia y aplicación corresponde tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como a las autoridades de las entidades federativas y del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Respecto de las visitas de inspección, nos comenta que éstas las podemos clasificar, en primer lugar, por materia y por tipo, como se describe a continuación.

Visitas de Inspección por materia

1. Inspecciones de condiciones de trabajo. En este tipo de inspecciones se revisa el cumplimiento de las normas de trabajo relacionadas con sueldos, jornada de trabajo, vacaciones, aguinaldo, etcétera.

2. Inspecciones de condiciones de seguridad e higiene. En este tipo de inspecciones se revisa el cumplimiento de las normas de trabajo relacionadas con contaminantes del medio ambiente laboral, equipo de protección personal, accidentes de trabajo, etcétera. Adicionalmente al reglamento que se comenta, en esta materia resultan aplicables el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.1

Las normas oficiales mexicanas expedidas por la STPS se refieren a los siguientes rubros que a continuación se mencionan:

• Instalaciones de los centros de trabajo.
• Equipo de protección personal que deben utilizar los trabajadores.
• Trámites administrativos de la seguridad e higiene en los centros de trabajo.
• Normas relativas a la cuantificación de contaminantes en el ambiente laboral.

3. Inspecciones de recipientes sujetos a presión y calderas. En estas visitas se revisa el cumplimiento de las disposiciones relativas al funcionamiento, operación y condiciones de seguridad de tales equipos.

Tipo de Inspecciones

Que éstas se encuentran referidas en los artículos 13 y 14 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, preceptos que las clasifican en inspecciones ordinarias y extraordinarias, subdividiendo a las primeras en iniciales, periódicas y de comprobación, como se explica a continuación.

1. Inspecciones ordinarias:

1.1. Inspecciones iniciales. Son aquellas que se realizan por primera vez a los centros de trabajo o por ampliación o modificación del objeto social o del proceso productivo de éstos (artículo 13, fracción I, del RGIASVLL)

1.2. Inspecciones periódicas. Son las que se efectúan con intervalos de doce meses, plazo que puede ampliarse o disminuirse de acuerdo con la evaluación de los resultados que se obtengan derivados de inspecciones anteriores, tomando en consideración la rama industrial, la naturaleza de las actividades que realicen, su grado de riesgo, número de trabajadores y ubicación geográfica (artículo 13, fracción II, del RGIASVLL)

1.3. Inspecciones de comprobación. Las que se realizan cuando se requiere constatar el cumplimiento de las medidas u órdenes en materia de seguridad e higiene, dictadas previamente por las autoridades del trabajo (artículo 13, fracción III, del RGIASVLL)

2. Inspecciones extraordinarias

Son aquellas que proceden cuando (artículo 14, del RGIASVLL).

• Las autoridades del trabajo tengan conocimiento por cualquier conducto de posibles violaciones a la legislación laboral.

• Al revisar la documentación presentada para obtener autorizaciones, se percaten de posibles irregularidades imputables al patrón o de que éste se condujo con falsedad.

• Las autoridades del trabajo tengan conocimiento de accidentes o siniestros ocurridos en algún centro de trabajo.

• En una visita de inspección ordinaria el patrón visitado proporcione información falsa o se conduzca con dolo, mala fe o violencia.

• Las autoridades del trabajo tengan conocimiento de que existe inminente peligro para la integridad física o la salud de los trabajadores.

• Existan actas derivadas de una visita que carezcan de los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, o en aquellas de las que se desprendan elementos para presumir que el inspector incurrió en conductas irregulares.

• Se realice la supervisión a que se refiere el artículo 26 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral.

 Procedimiento de inspección

Que por lo que se refiere al procedimiento para el desahogo de las inspecciones se debe estar a lo dispuesto por los artículos 17 y 18 del RGIASVLL, los cuales establecen que los Inspectores Federales del Trabajo en el caso de las inspecciones ordinarias deberán hacerla previa entrega del citatorio correspondiente, el cual se debe entregar en el centro de trabajo a visitar por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se tiene prevista su desahogo, esto es, para el desahogo de una inspección ordinaria es requisito esencial la entrega del citado citatorio en el que se debe especificar el nombre del patrón, el domicilio completo del centro de trabajo, el día y la hora en que se practicará la diligencia, el tipo de inspección, el número y fecha de la orden de inspección correspondiente, al que se deberá acompañar un listado de documentos que el patrón deberá exhibir en el momento de la inspección y consignar los aspectos a revisar y las disposiciones legales en que se fundamente la visita.

Precisa esta dependencia, que en el caso de las visitas de inspección de carácter extraordinario no es requisito el que se "avise" al patrón de la diligencia de inspección, esto es, los inspectores no están obligados a notificar de su celebración al centro de trabajo, por lo que se puede otorgar a este tipo de visitas el calificativo de "sorpresivas". lo anterior es así ya que, con este tipo de actuaciones distintas al procedimiento ordinario se tutelan valores superiores, los cuales podrían ser conculcados e inclusive de imposible reparación si se siguiera el procedimiento de notificación previa, dejando a los afectados en un estado de vulnerabilidad e indefensión y a la autoridad impedida para dar puntual cumplimiento a su misión, al permitir que el patrón una vez alertado por el citatorio, se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones al darle la oportunidad de ocultar las presuntas violaciones a la normatividad laboral.

Sin embargo, con la finalidad de respetar la esfera jurídica del inspeccionado, el RGIASVLL, en concordancia con el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé que tanto en el caso de las visitas ordinarias como de las extraordinarias, al inicio de la visita de inspección, el inspector deberá entregar al patrón visitado o a su representante o a la persona con quien se entienda la diligencia, original de la orden escrita respectiva, con firma autógrafa del servidor público facultado para ello, así como una guía que contenga los principales derechos y obligaciones del inspeccionado. Dichas órdenes de inspección deberán precisar el centro de trabajo a inspeccionar, su ubicación, el objeto y alcance de la diligencia, su fundamento legal, así como los números telefónicos a los que el patrón visitado podrá comunicarse para constatar los datos de la orden correspondiente.

Inspecciones 2007 y 2008

Como ejemplo del ejercicio de la función de inspección que tiene conferida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos informó que durante los ejercicios de 2007 y 2008 se realizaron un total de 57,856 inspecciones conforme al siguiente cuadro informativo.

La Inspección Federal del Trabajo en los campos agrícolas

Asimismo, dicha dependencia nos indicó que era importante señalar que del 27 de octubre al 17 de diciembre de 2008, la STPS desarrolló un programa especial de inspección en un total de 102 campos agrícolas ubicados en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz.

También, se nos comentó que el citado programa especial de inspección tendría continuidad en el presente año y se implementaría en dos períodos mayo-julio y octubre-diciembre en el cual se ha establecido la meta de inspeccionar 150 campos agrícolas. Asimismo, que en 2009 las inspecciones a campos agrícolas se practicarán atendiendo a la estacionalidad, al producto agrícola, la entidad federativa en la que se localizan los campos y a la movilidad de los jornaleros agrícolas, dicha actividad se dividirá en dos periodos, que comprenderán el primero de ellos, los meses de mayo-julio y el segundo octubre-diciembre, en los cuales, se aprovecharan los conocimientos adquiridos en el operativo de 2008, en beneficio de trabajadores jornaleros independientemente de su nacionalidad o condición y calidad migratoria en el país.

Se hicieron del conocimiento de este órgano legislativo los resultados del operativo de inspección en materia agrícola.

Se señala que en el período del 27 de octubre al 17 de diciembre de 2008, fueron visitados 102 campos agrícolas ubicados en 13 entidades federativas, que son: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Calima, Chiapas Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz.

Dicho operativo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, abarcó la vigilancia de 10 normas oficiales mexicanas relativas a aspectos de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo y aspectos básicos de trato humano.

Con dichas inspecciones se incorporaron al Directorio Nacional de Empresas a 99 empresas relacionadas con la actividad agrícola, de las cuales, se carecía de todo tipo de información. Con el operativo se tutelaron los derechos y las condiciones de vida de 22 mil 705 trabajadores, distribuidos en 17 mil 248 hombres y 6 mil 213 mujeres, pero además se detectaron a 966 trabajadores menores de edad, de los cuales 92 carecen de la edad permisible para trabajar, esto es, gracias a las inspecciones de tipo extraordinario se logró detectar a menores de edad realizando labores en los campos agrícolas.

Como resultado de la inspección se dictaron 2 mil 443 medidas técnicas para que se adecuaran instalaciones, se brindaran servicios y se protegiera la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores jornaleros, destacando las relativas a:

93 medidas para acondicionar áreas para comedores.

125 medidas para instalar sanitarios y regaderas.

41 medidas para establecer estancias infantiles y de educación.

203 medidas para que se dote de equipo de protección personal al jornalero.

73 medidas para mantener en condiciones de dignidad y limpieza los dormitorios de los jornaleros.

202 medidas relativas a proporcionar de servicios médicos y de primeros auxilios a los jornaleros.

 Adicionalmente, se comentó que a la fecha se está comprobando a través de visitas de inspección, el cumplimiento de las medidas dictadas.

Respecto de los menores de edad que se encontraron prestando sus servicios en los campos agrícolas, se indicó que las Delegaciones Federales del Trabajo involucradas han hecho del conocimiento de las autoridades locales dicha circunstancia, para que ellas, en el ejercicio de sus atribuciones realicen las acciones que correspondan, ya que la materia de trabajo infantil en campos agrícolas se ubica en la esfera de competencia de dichas autoridades por ministerio de lo dispuesto en la fracción XXXI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 527 de la Ley Federal del Trabajo.

Se hizo hincapié en que la función de la inspección del trabajo, ha redoblado esfuerzos, para cumplir con su tarea de vigilancia, incorporando a su tarea de análisis e implementación de acciones, el monitoreo de medios de información a efecto de atender las quejas de la sociedad en general en temas en los que la inspección del trabajo, deberá de actuar de manera inmediata, pronta y eficiente en total apego al marco jurídico que regula su actuación corno lo es el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral.

Convenios de coordinación

Se nos comentó que como parte de las acciones a desarrollar en cumplimiento a lo dispuesto por el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012, en lo que corresponde al fortalecimiento de la inspección para incrementar el número de centros de trabajo que cumplan con las condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene, para incentivar la productividad y evitar accidentes y enfermedades de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha venido suscribiendo, en el presente año, convenios de coordinación con la finalidad de promover la seguridad y salud en el trabajo, así como para fortalecer la inspección laboral.

La suscripción de los referidos instrumentos de coordinación se estima necesaria por la STPS en atención a que ciertas actividades o servicios, como el referido a la actividad agrícola, se encuentran sujetas a la jurisdicción de las autoridades locales del trabajo de conformidad con la distribución de competencias que nuestra Carta Magna ordena en la fracción XXXI del Apartado "A" de su artículo 123 y que es reiterada por la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 527 al 529. La actividad de coordinación de acciones en materia de inspección del trabajo ha sido una labor constante por parte de esa secretaría desde 1996, año a partir del cual se ha venido fortaleciendo, mejorando y ampliando.

Asimismo, se nos enfatizó por dicha Secretaría, que en concordancia con el tema que se analiza, ha realizado un estudio de las 264 iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentadas en los últimos once años por los diversos partidos políticos representados ante dicha Cámara de Diputados y la de Senadores, en donde como resultado se ha integrado un documento denominado "Hacía una reforma laboral para la productividad y la previsión social", presentado por el titular de esa secretaría en el foro México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer? el pasado 9 de febrero.

En dicho documento se destacan los puntos relativos a "incorporar en el texto de la ley la definición de trabajo decente, tomando en cuenta los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, tales como el respeto a la dignidad humana del trabajador, acceso a seguridad social, salario remunerador, mejores condiciones de seguridad e higiene, y capacitación para el incremento de la productividad laboral", "combatir el trabajo infantil, estableciendo penas privativas de libertad a quienes contraten a menores de 14 años", "incorporar nuevas modalidades de contratación individual tales como: períodos de prueba, contratos de capacitación inicial y trabajo de temporada, a fin de romper el círculo vicioso en el que los jóvenes no tienen empleo porque no cuentan con experiencia, y no tienen experiencia porque no les dan una oportunidad de empleo" y "dignificar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, al llevar un registro puntual de su desarrollo laboral y al dotarlos de alimentación sana y nutritiva, agua potable durante la jornada laboral, transporte gratuito, servicios de guardería, y para que cuenten con intérprete en caso de ser necesario, entre otros aspectos".

Señala la STPS las siguientes conclusiones:

Primera. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el ejercicio de las funciones que le otorgan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de orden normativo realiza inspecciones a los centros de trabajo de jurisdicción federal para constatar el cumplimiento de las disposiciones laborales en materia de condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene en el trabajo.

Segunda. En cumplimiento de lo que establece el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral los Inspectores Federales del Trabajo realizan inspecciones ordinarias y extraordinarias a los centros de trabajo.

Tercera. El citado reglamento de aplicación federal ordena que para la práctica de las inspecciones ordinarias es necesario para su desahogo que con cuando menos con 24 horas de anticipación a la fecha prevista se le notifique al patrón la celebración de la citada diligencia.

Cuarta. El Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral releva al inspector de realizar una notificación previa en el caso de inspecciones de carácter extraordinario.

Quinta. Las inspecciones extraordinarias, a las que también se les puede denominar "sorpresivas", proceden en los casos que establece el artículo 14 del citado reglamento destacando cuando las autoridades del trabajo tengan conocimiento por cualquier conducto de posibles violaciones a la legislación laboral.

Sexta. No obstante que a las autoridades federales escapa la posibilidad de inspeccionar campos agrícolas en materia de condiciones generales de trabajo, éstas lo han hecho en ejercicio de la facultad concurrente existente entre los estados, el Distrito Federal y la federación en materia de seguridad e higiene en el trabajo consignada por el último párrafo del inciso b) de la fracción XXXI del Apartado "A" del artículo 123 constitucional y último párrafo de la fracción II del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo.

Séptima. Durante 2008 la Inspección Federal del Trabajo se hizo presente en el desahogo de un programa especial de carácter extraordinario en 102 campos agrícolas ubicados en 13 entidades federativas, en las que se encontró a un total de 966 trabajadores menores de edad, de los cuales 92 carecen de la edad permisible para trabajar.

Octava. Que en 2009 la citada autoridad laboral desahogará un programa especial de visitas de inspección de carácter extraordinario en materia de seguridad e higiene a 150 campos agrícolas.

Novena. Que desde 1996 la STPS ha venido celebrando convenios de coordinación con las entidades federativas y el Distrito Federal con la finalidad de incrementar el número de centros de trabajo que cumplan con las condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene, para incentivar la productividad y evitar accidentes y enfermedades de trabajo.

Décima. Adicionalmente ha propuesto una serie de modificaciones a la legislación laboral en la que se incluyen mayores facultades para erradicar el trabajo infantil y fortalecer a la inspección federal.

 Por lo tanto, esta soberanía considera que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social coincide con nuestra preocupación, y en ese sentido está actuando firmemente y con acciones concretas para satisfacer la necesidad de fortalecer los mecanismos para llevar a cabo acciones de inspección extraordinaria cuando se tenga conocimiento de posibles violaciones graves a los derechos de los jornaleros y del probable incumplimiento de las obligaciones de las empresas agrícolas que pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores menores.

Por lo que, con base y de acuerdo con los sustanciales elementos y extensa e interesante información proporcionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se encuentran atendidos los resolutivos del punto de acuerdo de referencia, por lo que, por economía parlamentaria se sugiere no aprobar el punto de acuerdo y resolver:

Primero. Se desecha la propuesta presentada por la diputada Holly Matus Toledo, no obstante la importancia y trascendencia de la misma, en virtud de las concretas y variadas acciones que la STPS ha tomado y continúa implementando en la materia. Considerándose que con ello de manera permanente se atiende en forma debida el objeto central de su propuesta.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que se descargue del registro correspondiente el asunto desechado.

Tercero. Previos los trámites que corresponden, archívese el asunto como totalmente concluido.

Notas
1. Actualmente se encuentran en vigor 40 normas oficiales mexicanas expedidas por la STPS. Se pueden consultar en http://www.stps.gob.mxlnoms_stps.htm
*A partir del mes de junio de 2007, la UDFT ya no reporto la información a través del Sistema Integral de Información Delegacional (5110), siendo que en 2008 nos la proporcionan, pero con cifras aproximadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2009.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez, José Antonio Almazán González (rúbrica en contra), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Diego Aguilar, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez, Alfredo Barba Hernández, Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica en contra), Sonia Noelia Ibarra Franquez (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Olivia Verónica Utrilla (rúbrica)
 
 
 

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR ACCIONES TENDENTES A INCREMENTAR EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

• Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a implantar acciones urgentes a fin de incrementar el salario de los trabajadores, presentada por el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 81 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo enumerada en el proemio de este dictamen fue presentada por el diputado que se menciona y publicada en la Gaceta Parlamentaria. La propuesta fue turnada para dictamen mediante el oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1555, dirigido al Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social por la Mesa Directiva de la LX Legislatura el 11 de septiembre de 2008.

2. La proposición citada fue turnada a la comisión para efectos de análisis y elaboración de dictamen, previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

 Consideraciones

Refiere el autor de la proposición que se dictamina que los constantes incrementos de los precios de la energía eléctrica, de los combustibles y de los alimentos han provocado en las familias mexicanas un aumento real de 70 por ciento aproximadamente en el gasto cotidiano.

Agrega el proponente que tal parece que la política implantada por el Ejecutivo federal está encaminada a golpear de lleno el bolsillo y lacerar a los sectores más pobres y desprotegidos del país.

Debido a lo expuesto, el autor somete a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones urgentes con el objetivo de detener el alza de los bienes y los servicios, a fin de que no se siga lacerando la economía de las familias mexicanas.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a revisar con la mayor brevedad los incrementos que se han registrado durante el presente año y, con base en ello, establecer un salario mínimo que permita a los trabajadores satisfacer sus necesidades básicas.

 La comisión dictaminadora, luego de revisar el análisis y consideraciones del autor de las propuestas, opina lo siguiente:

En virtud de información recopilada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social ante la propia Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), no resulta procedente en estos momentos de la economía nacional un aumento de los salarios mínimos.

Lo anterior, en virtud de que, conforme a las valoraciones realizadas por la propia Conasami y la experiencia que ha sufrido nuestro país, los incrementos salariales generalizados lo único que provocan es una carrera de salarios contra precios, lo que ha demostrado producir una espiral inflacionaria y un círculo vicioso que resta poder adquisitivo a los sectores más desfavorecidos.

Esa situación provocaría mayor inflación e inhibiría el crecimiento del empleo formal, lo que podría acarrear una causal innecesaria de fricción en las relaciones laborales del país, y hasta cierres de centros de trabajo al perder mayor competitividad el país en el entorno mundial, de por sí delicado.

Igualmente, esta comisión legislativa está de acuerdo en que el verdadero crecimiento de los salarios reales se genera fundamentalmente con incrementos de la productividad, esquema del que por diversos medios nos hemos enterado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha propugnado porque se considere en las diversas revisiones contractuales colectivas en las que ha participado como mediador o conciliador.

Esta dictaminadora considera que las acciones sin soporte económico, como decretar un aumento salarial extraordinario, sólo generarían desestabilización y menor inversión en estos momentos de crisis económica mundial. No es viable generar mayor riqueza o utilidades mediante procedimientos artificiales, sino con el esfuerzo en armonía de los factores de la producción.

No obstante, como es del dominio público, conforme a lo dispuesto en el artículo 571, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, el pasado mes de diciembre el Consejo de Representantes de la Conasami resolvió que el incremento promedio de los salarios mínimos que entraron en vigor el 1 de enero de 2009, fuera de 4.62 por ciento, porcentaje superior a la meta de inflación prevista por el Banco de México para el presente año, la cual se situó en el rango de 3.50 y 4.0 por ciento.

En los acuerdos tomados por el Consejo de Representantes de los últimos seis años, relativos a la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales, cada una de las decisiones se acordó por unanimidad de los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno.

Ejemplo de lo anterior son las resoluciones del Consejo de Representantes de la Conasami correspondientes a los años de 2003 a 2008, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en las fechas siguientes:

• 23 de diciembre de 2003
• 22 de diciembre de 2004
• 26 de diciembre de 2005
• 29 de diciembre de 2006
• 27 de diciembre de 2007
• 23 de diciembre de 2008 En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se permite someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, presentada el 10 de septiembre de 2008 por el diputado José Rubén Escajeda Jiménez, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a implantar acciones urgentes a fin de incrementar el salario de los trabajadores, en virtud de las consideraciones realizadas y de se incrementaron los salarios mínimos y profesionales a principios de año en los términos señalados.

Previos los trámites que corresponden, archívese el asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2009.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez, José Antonio Almazán González (rúbrica en contra), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Diego Aguilar, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez, Alfredo Barba Hernández, Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica en contra), Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica en contra), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica en contra), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en contra), Adrián Pedrozo Castillo, Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Olivia Verónica Utrilla Nieto (rúbrica).
 
 
 

DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS A INCREMENTAR Y HOMOLOGAR LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES ZONAS GEOGRÁFICAS DEL PAÍS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

• Se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) a incrementar y homologar los salarios mínimos de los trabajadores de las diferentes zonas geográficas del país, presentada por los diputados Sara Latife Ruiz Chávez, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Juana Leticia Herrera Ale y Jesús Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, el 4 diciembre de 2008. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo enumerada en el proemio de este dictamen fue presentada en la fecha y por los diputados que se mencionaron. La propuesta fue turnada para dictamen mediante el oficio número DGPL 60-II-5-2344, dirigido al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social por la Mesa Directiva de la LX Legislatura.

2. La proposición citada fue turnada a la comisión para efectos de análisis y elaboración de dictamen, previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

 Consideraciones

Refieren los autores de la proposición que se dictamina que el salario mínimo debe entenderse como el "monto mínimo de dinero que se paga a un trabajador por la prestación de un servicio, de tal manera que pueda satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, a la luz de las condiciones económicas y sociales existentes".

Señalan que, desafortunadamente, en los últimos años el poder adquisitivo del salario mínimo se ha desplomado en 22 por ciento.

Afirman que las políticas implantadas por el gobierno federal han sido insuficientes, y los ingresos de los trabajadores no adquieren ni la quinta parte de los insumos básicos que requieren para tener una vida digna.

También comentan someramente comparativos con los salarios y poderes adquisitivos de otros países latinoamericanos, aparentemente con datos de la Organización Internacional del Trabajo, en los que el poder adquisitivo del salario mínimo en México está por debajo de diversos países, como Brasil y Argentina.

Consideran los autores del punto de acuerdo: "Nuestras autoridades en materia laboral traen una venda en los ojos que no les permite observar que, dada la pérdida del poder adquisitivo que ha experimentado el salario en el país, sería necesario un aumento de 300 por ciento, ya que se requieren cuando menos cuatro salarios mínimos para adquirir una canasta alimentaria indispensable de apenas 40 productos".

Señalan los ponentes que es irrisorio cómo puede subsistir un trabajador con esos sueldos (sic), comparado su ingreso con el vecino del norte. Indican que en Estados Unidos, los trabajadores ganan en un día laboral de ocho horas lo que aquí en poco más de una semana.

Debido a lo expuesto, someten a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a instruir en el ámbito de sus atribuciones a la Conasami a fin de incrementar y homologar los salarios en las diferentes zonas geográficas y, con ello, proporcionar una mejoría sustancial en el poder adquisitivo de las familias mexicanas, en aras de mejorar sus condiciones de vida. 2. La comisión dictaminadora, luego de revisar el análisis de los autores de la propuesta, opina lo siguiente: La comisión expresa su solidaridad y preocupación por la situación económica que priva en el país como resultado de afectaciones financieras de otros países, precariedad a la que nos estamos enfrentando en virtud del proceso de globalización que desde hace algunos años emprendió el mundo.

Se coincide en lo anterior y en el concepto de salario mínimo vertido por los proponentes.

 No obstante, realizamos las siguientes precisiones en virtud de lo manifestado en anteriores ocasiones a esta soberanía por la propia Conasami.

Debe tenerse presente que las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que rigen la fijación de los salarios mínimos señalan lo siguiente:

• Artículo 557

El Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes:

…

III. Conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que se determinen o modifiquen las áreas geográficas en que regirán los salarios mínimos. La resolución se publicará en el Diario Oficial de la Federación;

…

VIII. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales.

• Artículo 554

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se integra con once representantes propietarios y once representantes suplentes de los trabajadores y un número igual de representantes de los patrones con la misma calidad, y con el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

• Artículo 570

Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.

…

• Artículo 571

En la fijación de los salarios mínimos a que se refiere el primer párrafo del artículo 570 se observarán las normas siguientes:

…

III. El Consejo de Representantes, durante el mes de diciembre y antes del último día hábil del mes, dictará resolución en la que se fije los salarios mínimos, después de estudiar el informe de la Dirección Técnica, y las opiniones, estudios e investigaciones presentadas por los trabajadores y los patrones.

 Recordemos que nuestras "autoridades laborales" en su gran mayoría, así como la Conasami, se integran por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno.

Esa comisión, en su caso, podrá auxiliarse de las especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Por tanto, esta comisión legislativa considera que en las resoluciones de aquélla han sido oídos los factores de la producción, debidamente representados en forma tripartita, cumpliendo con ello el mandato constitucional y legal correspondiente.

Para determinar los incrementos, el Consejo de Representantes conoce, analiza y discute los informes mensuales elaborados por la Dirección Técnica de la Conasami, en los que se presenta un amplio análisis de la situación económica del país y de la economía mundial, así como de las medidas de política económica y social que se toman en nuestro país para le generación de empleo y para apoyar el ingreso de los trabajadores.

Consideramos que lo anterior es la mejor vía para permitir al Consejo de Representantes de dicha comisión tener elementos suficientes para valorar la evolución de los precios y de las variables que los afectan, para tomar sus resoluciones de manera responsable y en beneficio de los trabajadores que reciben un salario mínimo.

Los integrantes del Consejo de Representantes, al tomar sus resoluciones sobre los salarios mínimos que regirán en el país, tienen presente lo dispuesto en el Convenio 131, "Convenio relativo a la fijación de los salarios mínimos, con especial referencia a los países en vía de desarrollo", suscrito por nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo, que entró en vigor para México el 18 de abril de 1974, particularmente lo que dispone el artículo tercero:

Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes:

a) Las necesidades de los trabajadores y de sus familias, habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales;

b) Los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.

 La evidencia estadística muestra, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que en el cuarto trimestre de 2008 había en el país 6.4 millones de personas ocupadas que ganaban hasta un salario mínimo. De ellos, 3.3 millones eran trabajadores asalariados. De éstos, 1.17 millones laboraban una jornada completa.

Población ocupada total y asalariada perceptora de un salario mínimo

Tercer trimestre de 2008

Total

Ocupados totales     Número de ocupados
Total                         43 255 617
Menos de 1 SM1        4 600 900
1 SM2                        1 851 172
Hasta 1 SM                6 452 072

 1 Incluye a las personas que ganan entre 1 peso y .89 del salario mínimo vigente.
2 Incluye a las personas que ganan entre .90 y 1.22 del salario mínimo vigente.
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2008, cuarto trimestre. Inegi.

El total de trabajadores asalariados cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en diciembre de 2008 fue de 13.5 millones, de los que 371.7 miles fueron asalariados perceptores de un salario mínimo, es decir, 2.75 por ciento.

Como se nota, por el número de trabajadores que reciben un salario mínimo y que laboran una jornada ordinaria de trabajo, bien sea que nos refiramos al total de ocupados en la economía (formales e informales), o bien a los que laboran en el sector formal privado (cotizantes al IMSS), la importancia de los salarios mínimos es poco relevante en la estructura ocupacional del país: 2.70 o 2.75 por ciento de los universos respectivos.

Además, se debe tener presente que el salario mínimo no es el único ingreso que en efectivo recibe este grupo de trabajadores: también perciben el subsidio al empleo, que fluctúa entre 25.5 y 27.0 por ciento del monto del salario mínimo mensual, según el área geográfica en que labore el asalariado.

De conformidad con el estudio Actualización del análisis de incidencia de beneficios del gasto público en la integración metodológica para conceptualizar el costo de vida de las familias de trabajadores de salarios mínimos en México, elaborado por John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en diciembre de 2007, basado en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares de 2006, "en promedio, en 2006 los hogares con un trabajador de salario mínimo recibían transferencias públicas por un monto de 3 mil 19 pesos mensuales, que representan un incremento de 55 por ciento en la capacidad de compra de estos hogares respecto a sus ingresos antes de las transferencias".

Las transferencias son tanto monetarias como en especie. Por transferencias en especie se entienden los bienes y los servicios financiados, total o parcialmente, por medio de recursos públicos, principalmente en beneficio de hogares y de personas individuales (servicios educativos y de salud, subsidios alimentarios, vivienda, etcétera).

En conclusión, estos elementos, con todos los datos presentados en el informe anual de la Dirección Técnica sobre la situación de la economía, el empleo, los salarios y los precios (artículo 571, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo), sirven de base para que el Consejo de Representantes determine los salarios mínimos que entran en vigor cada 1 de enero.

Como es del dominio público, conforme a lo dispuesto en el artículo 571, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, el pasado mes de diciembre el Consejo de Representantes de la Conasami resolvió que el incremento promedio de los salarios mínimos que entraron en vigor el 1 de enero de 2009 fuera de 4.62 por ciento, porcentaje superior a la meta de inflación prevista por el Banco de México para el presente año, la cual se situó en el rango de 3.50 y 4 por ciento.

Igualmente, conforme a la información recopilada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social ante la Conasami, no resulta procedente en estos momentos críticos de la economía nacional e internacional otorgar un aumento desproporcionado a los salarios mínimos.

Lo anterior, en virtud de que, conforme a las valoraciones realizadas por la Conasami y la experiencia que ha tenido nuestro país, los incrementos salariales por arriba de la inflación lo único que provocan es una carrera de salarios contra precios, lo que ha demostrado producir una espiral inflacionaria y un círculo vicioso que resta poder adquisitivo a los sectores más desfavorecidos.

Esa situación provocaría mayor inflación e inhibiría el crecimiento del empleo formal.

Esta comisión estima que el verdadero crecimiento de los salarios reales se genera fundamentalmente con incrementos de la productividad, esquema que por diversos medios nos hemos enterado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha propugnado porque se considere en las diversas revisiones contractuales colectivas en que ha participado como mediadora o conciliadora.

En adición del incremento (superior a la meta de inflación) que entró en vigor el 1 de enero de 2009, el Consejo de Representantes de la Conasami acordó lo procedente respecto de avanzar en la convergencia –de manera gradual– de los salarios mínimos de las tres áreas geográficas que rigen en el país, a efecto de alcanzar un solo salario mínimo general. Lo anterior, en función de la erosión de los diferenciales en los costos de vida entre los municipios que integran las distintas áreas geográficas, pero considerando también en dichos estudios otro tipo de factores para la convergencia de los salarios mínimos, como evitar la afectación de los niveles de empleo en los municipios de menor desarrollo económico.

El considerando octavo, párrafo cuarto, de la resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Conasami publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2008 estableció lo siguiente:

Para reiniciar el proceso de convergencia de los salarios mínimos de las tres áreas geográficas vigentes a una sola, se resolvió disminuir la diferencia entre las áreas geográficas A y B de 3.20 por ciento actual a 2.89, así como la diferencia entre los salarios mínimos de las áreas geográficas A y C de 6.24 por ciento actual a 5.49, y la diferencia existente entre las áreas geográficas B y C de 2.95 por ciento actual a 2.52. Por ello, esta comisión legislativa está de acuerdo con la Conasami respecto a la necesidad de realizar los análisis correspondientes de manera minuciosa, a efecto de determinar la verdadera conveniencia de modificar la actual integración de las áreas geográficas en que está dividido el país. Procede lo anterior únicamente en caso de que, una vez realizado el estudio integral de beneficios y de costos, se considerara sin duda que podría acarrear beneficios para la economía del país y, por tanto, a sus habitantes; sobre todo en estos momentos de incertidumbre global en materia financiera y económica.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, como dictaminadora, considera que es de resolverse y se permite someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a incrementar y homologar los salarios mínimos de los trabajadores en las diferentes zonas geográficas del país, toda vez que el objeto del punto de acuerdo ha sido atendido por la propia Conasami. Previos los trámites que corresponden, archívese el asunto como totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2009.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez, José Antonio Almazán González (rúbrica en contra), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Diego Aguilar, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez, Alfredo Barba Hernández, Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica en contra), Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica en contra), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica en contra), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en contra), Adrián Pedrozo Castillo, Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Olivia Verónica Utrilla Nieto (rúbrica).