Gaceta Parlamentaria, Cámara
de Diputados, número 2738-V, jueves 16 de abril de 2009.
Dictámenes
a discusión
-
De la Comisión de la
Función Pública, con proyecto de decreto que expide la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
y abroga la Ley de Fiscalización Superior de la Federación
-
De la Comisión de Vivienda,
con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de
Vivienda
-
De la Comisión de Seguridad
Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos
6o. y 10 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación
de Sentenciados
-
De la Comisión de Economía,
con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo
24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor
-
De la Comisión de Salud,
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 222 Bis a la Ley
General de Salud
-
De la Comisión de Seguridad
Pública, con proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo
al artículo 1o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
-
De la Comisión de Economía,
con proyecto de decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto
al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial
-
De la Comisión de la
Función Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona
el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas
-
De la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el
artículo 5 del Código Fiscal de la Federación
-
De la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, con proyecto de decreto que adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios
Dictámenes
DE LA
COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO
QUE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA FEDERACIÓN Y ABROGA LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DE LA FEDERACIÓN
HONORABLE ASAMBLEA:
La Comisión de la Función Pública
de esta H. Cámara de Diputados, con base en lo dispuesto por los
artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45 numeral
6, incisos e) y f), y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87 y 88 del Reglamento
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
su consideración el siguiente: DICTAMEN SOBRE DIVERSAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE FISCALIZACIÓN
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN Y ABROGA LA LEY DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
ANTECEDENTES:
I. El 19 de abril del 2007 fue publicada en la
Gaceta Parlamentaria Número 2236-IV, la Iniciativa que reforma los
artículos 31, 32 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior
de la Federación, presentada por el diputado Raúl Cervantes
Andrade del Grupo Parlamentario del PRI, el 24 de abril de ese mismo año.
II. El 22 de noviembre del 2007 fue publicada en
la Gaceta Parlamentaria Número 2388-I, la Iniciativa que reforma
y adiciona los artículos 16 y 20 de la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación, presentada por el diputado Enrique Cárdenas
del Avellano del Grupo Parlamentario del PRI, el 29 de noviembre de ese
mismo mes y año.
III. El 11 de marzo del 2008 fue publicada en la
Gaceta Parlamentaria Número 2463-II, la Iniciativa que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior
de la Federación, presentada por el diputado Octavio Martínez
Vargas del Grupo Parlamentario del PRD, el día 13 de ese mismo mes
y año.
IV. El 20 de mayo del 2008 fue publicada en la
Gaceta Parlamentaria Número 2508, la Iniciativa que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación, presentada por el diputado Hugo Eduardo Martínez
Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
el día 14 de ese mismo mes y año.
V. El 18 de agosto del 2008 fue publicada en la
Gaceta Parlamentaria Número 2572, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación y abroga la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación, presentada por los diputados Raúl
Cervantes Andrade, Javier Guerrero García, Jesús Ramírez
Stabros, y Horacio Emigdio Garza Garza, del Grupo Parlamentario del PRD,
el día 13 de ese mismo mes y año.
VI. El 21 de octubre del 2008 fue publicada en
la Gaceta Parlamentaria Número 2617-V, la Iniciativa que reforma
el artículo 80 de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación, presentada por el diputado Elías Cárdenas
Márquez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, en esa misma fecha.
VII. El 21 de octubre del 2008 fue publicada en
la Gaceta Parlamentaria Número 2617-V, la Iniciativa que reforma
diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la
Federación, presentada por el diputado Antonio Valladolid Rodríguez,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción nacional, en esa misma
fecha.
VIII. El 2 de diciembre del 2008 el diputado Antonio
Ortega Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno
de la Cámara de Diputados una Iniciativa para reformar las leyes
de Fiscalización Superior de la Federación, Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
y Administrativa, así como el Estatuto del Gobierno del Distrito
Federal, cuyas propuestas han sido incorporadas al contenido del presente
dictamen por lo que respecta a la Ley de Fiscalización Superior
de la Federación en virtud de que las mismas tienen por objeto mejorar
el marco jurídico aplicable a la fiscalización y rendición
de cuentas.
IX. Recibidas en la Comisión, se sometieron
a estudio y análisis, preparándose un proyecto de dictamen
en sentido POSITIVO, el cual fue sometido a la consideración y discusión
de los integrantes de la Comisión de la Función Pública,
quienes lo aprobaron en la sesión celebrada el día 1º
de abril del 2009, por 14 votos a favor, 0 votos en contra y 7 abstenciones.
ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS:
1. La Iniciativa del diputado Raúl Cervantes
Andrade señala, entre otros rubros, que: los servidores públicos
que no atiendan las observaciones y recomendaciones serán sujetos
de responsabilidad; la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación analizará el informe e informará
a la Comisión de Presupuesto sus resultados para que sean tomados
en cuenta de manera obligatoria en la aprobación del paquete económico
del siguiente ejercicio fiscal; la facultad de que el Pleno de esta Cámara
realice observaciones particulares al dictamen presentado sobre el mencionado
informe y, que se considere abierta la Cuenta Pública cuyas observaciones
particulares no se resuelvan, sin que se violente el principio de anualidad
señalado en el artículo 74, fracción IV Constitucional.
2. La Iniciativa del diputado Enrique Cárdenas
del Avellano propone la posibilidad de revisar información de ejercicios
fiscales distintos a aquél que se esté revisando en la cuenta
pública, si se detectan irregularidades. Lo anterior, sin que se
considere violatorio del principio de anualidad.
3. La Iniciativa del diputado Octavio Martínez
Vargas considera que aquellos particulares que operen bajo permisos del
gobierno federal sean considerados sujetos de fiscalización; asimismo,
propone actualizar la mención de Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público Federal, por la actual Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.
4. La Iniciativa del diputado Hugo Eduardo Martínez
Padilla propone la instauración y operación de la Contraloría
Social, misma que tendrá por objetivo encauzar la participación
de la ciudadanía para participar de manera activa en la vigilancia,
en el control y en la evaluación de las acciones de gobierno.
5. La Iniciativa de los diputados Raúl Cervantes
Andrade, Javier Guerrero García, Jesús Ramírez Stabros,
y Horacio Emigdio Garza Garza señala que tiene su fundamento en
el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de gasto público, publicado el 7 de mayo del 2008 y cuyo
artículo segundo transitorio señala que:
"SEGUNDO. El Congreso de la Unión, así
como las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, deberán
aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar
en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada en
vigor del mismo, salvo en el caso de lo dispuesto en el artículo
74, fracción IV constitucional."
Asimismo, que conforme al mandato del Constituyente Permanente,
es necesario adecuar la legislación secundaria a las nuevas disposiciones
constitucionales en un plazo que no deberá rebasar del 7 de mayo
del 2009.
Que la Iniciativa propone expedir la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación y abrogar la Ley
de Fiscalización Superior de la Federación.
El contenido de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación es, en términos generales, el
siguiente:
Los primeros artículos contienen el objeto, las
definiciones esenciales de la filosofía de la Ley, el ámbito
de su aplicación y las obligaciones de los servidores públicos
y demás personas que administren recursos federales de facilitar
el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación.
Se establece que dicha Ley es Reglamentaria de los artículos
74, fracción VI, 79 y 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalización de la
Cuenta Pública.
Se incorpora como sujetos de fiscalización a las
personas que expidan recibos deducibles de impuestos, ya que estos representan
un gasto fiscal y obtienen un beneficio de la Federación por la
vía tributaria y no por la vía del Presupuesto de Egresos
de la Federación.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación determina que los servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales,
públicas o privadas, que capten, reciban, recauden, administren,
manejen, ejerzan y custodien recursos públicos federales, deberán
atender los requerimientos que les formule la Auditoría Superior
de la Federación.
Se establece la posibilidad para la Auditoría Superior
de la Federación para que realice requerimientos a los sujetos de
fiscalización y la imposición de multas por el incumplimiento
del referido requerimiento y que no se impondrán las multas cuando
el incumplimiento por parte de los servidores públicos o particulares
derive de causas ajenas.
Se establece que la fiscalización de la Cuenta
Pública tiene por objeto determinar, entre otros: Si los programas
y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados
en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en las disposiciones
aplicables; si las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos,
se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;
la evaluación del desempeño, la eficiencia, la eficacia,
la economía y la honradez en la gestión financiera; el cumplimiento
de las metas y los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos de
la Federación y su relación con el Plan Nacional de Desarrollo
y los programas sectoriales.
Se precisa el tipo de observaciones y, en su caso, las
acciones que puede promover la Auditoría Superior de la Federación
como consecuencia de sus auditorías.
Se otorgan nuevas atribuciones a la Auditoría Superior
de la Federación entre las que se encuentran: evaluar el desempeño
y los resultados, con independencia de otras instancias que tengan atribuciones
similares, o en su caso, evaluar el trabajo de dichas instancias. A este
fin, podrá establecer los indicadores de desempeño y cualquier
otro recurso metodológico que a su juicio permita cumplir con esta
atribución; formular observaciones y, en su caso, recomendaciones
al desempeño para mejorar las prácticas de gobierno, la eficacia,
eficiencia y economía de las acciones de gobierno o cualquier otra
acción promovida a fin de fortalecer el control y elevar el desempeño
y los resultados, y requerir, en su caso, a los auditores externos, copia
de todos los informes y dictámenes de las auditorías y revisiones
por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas.
Se regula la presentación del informe del resultado
de la revisión de la Cuenta Pública y la ampliación
o aclaración por parte del Titular de la Auditoría Superior
de la Federación o los funcionarios que éste designe, del
contenido del mismo. Una vez rendido el Informe, y con independencia de
las actuaciones, promociones y procedimientos iniciados, se enviará
a las entidades fiscalizadas, y de ser procedente, a otras autoridades
competentes, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores
a la fecha en que sea entregado dicho Informe, las observaciones y en su
caso, las acciones promovidas.
Se regula la coordinación entre la Auditoría
Superior de la Federación y las legislaturas de los Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como con otras entidades
de fiscalización en las entidades federativas, para que en el ejercicio
de las atribuciones de control que éstas tengan conferidas, colaboren
con aquélla en la verificación de la aplicación correcta
de los recursos federales, recibidos por dichos órdenes de gobierno.
Se regula el procedimiento para el desahogo de las denuncias
presentadas, fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se
presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos
federales, o de su desvío.
Se establece el procedimiento que seguiría la Auditoría
Superior de la Federación en caso de determinar daño o perjuicio,
o ambos, al Estado en su Hacienda Pública Federal o su patrimonio,
y el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias.
La Iniciativa de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación pretende fortalecer el papel de la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de
la Cámara de Diputados en su mandato y en sus atribuciones, por
lo que se incorporan nuevas atribuciones como son: presentar a la Comisión
de Presupuesto el Informe que elabore la Auditoría Superior de la
Federación, su análisis respectivo y conclusiones tomando
en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones ordinarias;
conocer los programas estratégico y anual de actividades que para
el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, elabore la Auditoría
Superior de la Federación, así como sus modificaciones; emitir
opiniones al respecto, y evaluar su cumplimiento; conocer y opinar sobre
el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la
Federación, así como el informe anual de su ejercicio, y
turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara
para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación; evaluar el desempeño de la Auditoría Superior
de la Federación respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones
y ejecución de las auditorías y proveer, lo necesario para
garantizar su autonomía técnica y de gestión, entre
otras.
Se otorgan nuevas atribuciones al Auditor Superior de
la Federación, tales como: aprobar el plan estratégico de
la Auditoría Superior de la Federación con un horizonte mínimo
de 3 años, así como el programa anual de auditorías
para la fiscalización de la Cuenta Pública respectiva; expedir
las normas, disposiciones y criterios que la Ley confiere a la Auditoría
Superior de la Federación; así como todos aquellos elementos
que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica
idónea de las auditorías, tomando en consideración
las propuestas que formulen los Poderes de la Unión y los entes
públicos federales, derivadas de las características propias
de su operación; ser el enlace entre la Auditoría y la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación;
resolver el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias
previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, entre otras.
A fin de fortalecer la capacidad de ejecución de
las auditorías, se establece que en la Auditoría Superior
de la Federación se cuente con un servicio fiscalizador de carrera
que permita atraer y retener a perfiles competentes y especializados en
las materias de fiscalización y de evaluación del desempeño
y de políticas y programas públicos.
6. La Iniciativa que reforma el artículo 80 de
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada
por diputado Elías Cárdenas Márquez tiene por objeto
establecer las causales por las cuales el Auditor Superior de la Federación
deberá excusarse en cualquier asunto que pudiera implicar un conflicto
de intereses.
7. La Iniciativa que reforma diversas disposiciones de
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada
por Diputado Antonio Valladolid Rodríguez tiene por objeto señalar
los casos en que el Auditor Superior de la Federación, los auditores
especiales y el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos estarán
impedidos para actuar cuando existan causales que puedan generar conflictos
de intereses.
8. Respecto a la Iniciativa del diputado Antonio Ortega
Martínez que quedó precisada en el punto VIII del capítulo
de antecedentes, debe precisarse que si bien es cierto que la misma no
forma parte del presente dictamen por estar turnada a diversas Comisiones
de esta Cámara de Diputados, también lo es que varias de
sus propuestas han sido incorporadas al mismo por ser de gran importancia
y trascendencia para el avance y desarrollo de la fiscalización
en el país.
CONSIDERACIONES:
PRIMERA. Los integrantes de esta Comisión
coinciden con el propósito de las Iniciativas presentadas ante esta
Soberanía en cuanto a la necesidad de dar cumplimiento al mandato
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el
7 de mayo de 2008, y regular las nuevas disposiciones establecidas por
éste.
SEGUNDA. En efecto, el día miércoles
7 de mayo del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo
propósito es mejorar la calidad del gasto y fortalecer la Fiscalización
Superior en México.
Entre los aspectos más destacados de la reforma
Constitucional, se destaca lo siguiente:
Se faculta al Congreso de la Unión para legislar
en materia de contabilidad gubernamental.
Se reduce el tiempo de la revisión de la Cuenta
Pública.
Se establecen los principios de fiscalización.
con alcance también para los estados de la República y el
Distrito Federal.
Se precisan los sujetos de la fiscalización.
Las entidades fiscalizadas tienen la obligación
de llevar control y registro contable, patrimonial y presupuestario.
El informe del resultado de la revisión de la Cuenta
Pública se someterá a consideración del pleno de la
Cámara de Diputados.
Se amplía el alcance de la revisión de la
Cuenta Pública, incorporando verificación del desempeño
en el cumplimiento de objetivos.
Se darán a conocer a las entidades fiscalizadas
los resultados de su revisión de manera previa a la presentación
del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización
Superior a a Cámara de Diputados.
Las Legislaturas de los estados de la República
y del Distrito Federal deberán contar con Entidades de Fiscalización
dotadas de autonomía técnica y de gestión.
Los titulares de las Entidades de Fiscalización
en las entidades federativas y el Distrito federal serán electos
por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas
locales, por periodos no menores a siete años y deberán contar
con experiencia de cinco años en materia de control, auditoria financiera
y de responsabilidades.
El artículo Segundo Transitorio del Decreto de referencia
establece lo siguiente:
SEGUNDO. El Congreso de la Unión, así
como las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, deberán
aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar
en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada en
vigor del mismo, salvo en el caso de lo dispuesto en el artículo
74, fracción IV constitucional.
De esta manera, el Congreso de la Unión, y las
legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, en el ámbito
de sus respectivas competencias, deben legislar para hacer realidad y concretar
en el entramado legal, tanto a nivel federal como estatal, el mandato de
elevar a rango constitucional los principios de la fiscalización.
TERCERA. Por lo anterior, es necesario expedir
un nuevo ordenamiento jurídico que reglamente los artículos
74, fracciones II y VI y 79 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalización de la Cuenta
Pública.
Para tal fin, la Comisión que suscribe tomará
como eje para los trabajos de dictaminación de las diversas Iniciativas
que le han sido turnadas sobre este tema, la presentada por los diputados
Raúl Cervantes Andrade, Javier Guerrero García, Jesús
Ramírez Stabros, y Horacio Emigdio Garza Garza, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pues ellos
proponen la creación de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación y la abrogación de la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación.
Asimismo, los integrantes de esta Comisión desean
hacer una mención especial al diputado Antonio Ortega Martínez,
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación, quien presentó una Iniciativa de ley cuyo
objeto es hacer armónicas las disposiciones de la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación con las reformas constitucionales antes
señaladas, además de que propone reformar otros ordenamientos
legales.
De igual manera se le reconoce su labor como Presidente
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación, toda vez que diversas opiniones que emitió
la citada Comisión fueron incorporadas al texto del presente dictamen.
CUARTA. De esta manera, el ordenamiento jurídico
que se expida con la dictaminación de las presentes Iniciativas,
deberá entrar en vigor a más tardar el 7 de mayo del 2009.
QUINTA. Esta Comisión considera necesario
tomar todas aquellas ideas y propuestas que sustenten de manera integral
una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación, por lo que para la elaboración de este documento,
se dio a la tarea de revisar 7 Iniciativas en la materia, las cuales fueron
turnadas a esta Comisión y que se señalaron anteriormente.
No obstante algunas de ellas excedían lo establecido
en el marco Constitucional que se pretende reglamentar, por lo que se atendió
a su contenido en tanto se respetaran los principios generales que en materia
de fiscalización superior establece la Constitución Políticas
de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese aspecto destaca la iniciativa presentada por el
diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla quien propone la instauración
y operación de la Contraloría Social, que permitiría
la participación de la ciudadanía en la vigilancia, control
y en la evaluación de las acciones de gobierno, misma que fue retomada
en el dictamen encauzándola al marco legal de la fiscalización
que ejercer la Auditoría Superior de la Federación.
SEXTA. Tomando en consideración lo expuesto
por los diputados en sus diferentes Iniciativas, y en apego a lo establecido
en la Carta Magna, y a fin de que la propuesta guarde mayor congruencia
con las citadas reformas constitucionales, esta Comisión consideró
adecuado realizar diversas modificaciones, entre las que destacan las siguientes:
Se modifican las definiciones a fin de aclarar el contenido
de las mismas.
Se hacen armónicas diversas disposiciones con la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobada recientemente por esta
Soberanía.
Se eliminan diversos preceptos que otorgaban a la Auditoría
Superior de la Federación facultades para emitir disposiciones generales
y lineamientos, a fin de acotar las facultades de la misma a las disposiciones
que la Carta Fundamental le otorga y se establece que los criterios que
ésta emita para la elaboración de las auditorías deberán
sujetarse a la Ley y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Se modifica el precepto referente a los objetivos de la
fiscalización, a fin de que éste guarde mayor congruencia
con lo establecido por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Se ajustan los conceptos referentes a las acciones que
la Auditoría Superior de la Federación puede emitir, en congruencia
con las disposiciones constitucionales.
Se regula el procedimiento a través del cual la
Auditoría Superior de la Federación desarrollará de
manera directa sus facultades de fiscalización respecto a los recursos
que sean ministrados a las entidades federativas y municipios.
Se regula el procedimiento para la entrega del informe
preliminar sobre el resultado de la revisión de la Cuenta Pública.
Se ajusta la propuesta al principio de anualidad de la
fiscalización de la Cuenta Pública, establecido en el artículo
79 de la Carta Magna y se abre la posibilidad de que las opiniones que
emitan las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados sean
incorporadas en el análisis y las conclusiones que respecto del
Informe de Resultados elabore la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación.
Se incorpora en la Ley el Programa para la Fiscalización
del Gasto Federalizado, el cual tendrá por objeto profundizar la
fiscalización de los recursos públicos federales que sean
transferidos a las entidades federativas, municipios y a los órganos
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal.
Se regula la facultad de la Auditoría Superior
de la Federación para fiscalizar directamente los recursos federales,
distintos a las participaciones federales, que son transferidos a las entidades
federativas, municipios y a los órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
A fin de fortalecer el alcance, profundidad, calidad y
seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior
de la Federación al ejercicio de los recursos federales, se incorpora
el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado.
SÉPTIMA. Cabe destacar que en el artículo
7º del proyecto de dictamen se establece el contenido del Informe
de Avance de Gestión Financiera eliminándose lo relativo
a procesos concluidos, prevaleciendo la inclusión del flujo contable
y el avance del cumplimiento de los programas federales.
La definición del Informe de Avance de Gestión
Financiera se mantiene eliminando la tarea de fiscalización por
parte de la Auditoría Superior de la Federación, instancia
que ahora analizará dicho Informe y rendirá un informe a
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación.
OCTAVA. La Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación emitió su opinión
sobre el presente dictamen, la cual resultó sumamente valiosa para
su conformación, dentro de las principales ideas formuladas por
la citada Comisión que quedaron reflejadas en el documento se encuentran:
La de establecer expresamente en el texto del dictamen,
que la fiscalización de la cuenta pública comprende entre
otros aspectos, a los subsidios, transferencias y donativos.
La de precisar el nombre del informe del resultado de
la revisión y fiscalización de la cuenta pública.
Se otorga un tratamiento homologo a las entidades fiscalizadas,
ya sean federales, estatales o entes particulares, únicamente se
hacen las distinciones estrictamente necesarias acorde a su naturaleza
y obligaciones.
Se ajusta la autonomía que tiene la Auditoría
Superior de la Federación, en términos de lo previsto por
la Constitución, esto es, autonomía técnica y de gestión
y no presupuestal.
Se adecua el monto de las multas que la Auditoría
Superior de la Federación podrá imponer buscando un equilibrio
entre proporcionalidad y su finalidad inhibitoria.
Se ajusta el monto del daño causado que la Auditoría
Superior de la Federación deberá considerar para abtenerse
de sancionar al infractor por una sola vez cuando los hechos no revistan
gravedad ni exista dolo.
Con el objeto de agilizar el procedimiento resarcitorio
se elimina la posibilidad de que exista un segundo citatorio para el caso
de que el servidor público involucrado no asista a la audiencia
a la que fuere citado.
Se realiza la precisión de que las pruebas que
serían desahogadas dentro del procedimiento de responsabilidad resarcitoria,
serían únicamente aquéllas que fueren admitidas.
Asimismo, la Comisión de vigilancia opinó las
Iniciativas que a continuación se indican, y cuyas observaciones
fueron tomadas en cuenta para la elaboración del presente dictamen.
• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentada
por el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
• Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
y abroga la Ley de Fiscalización Superior de la Federación,
presentada por los diputados Raúl Cervantes Andrade, Javier Guerrero
García, Jesús Ramírez Stabros, y Horacio Emigdio Garza
Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
NOVENA. La Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública emitió su opinión sobre la Iniciativa con
proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación y abroga la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación, presentada por los
diputados Raúl Cervantes Andrade, Javier Guerrero García,
Jesús Ramírez Stabros, y Horacio Emigdio Garza Garza, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la que
concluye que dicha Iniciativa no tiene impacto presupuestario.
Con base en lo anterior, la Comisión de la Función
Pública presenta al Pleno de la Honorable Cámara de Diputados,
para su aprobación, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN
Y SE ABROGA LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
en los siguientes términos:
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Artículo 1.- La presente Ley es de orden
público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74,
fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización
de la Cuenta Pública.
La fiscalización de la Cuenta Pública comprende
la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios,
transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública;
del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos
federales, con excepción de las participaciones federales, así
como de la demás información financiera, contable, patrimonial,
presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban
incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.
La fiscalización de la Cuenta Pública tiene
el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de
las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto
en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales
aplicables, así como la práctica de auditorías sobre
el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las
metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se
entenderá por:
I. Auditoría Superior de la Federación:
la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación a que
hacen referencia los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Auditorías sobre el desempeño:
la verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en
los programas federales mediante la estimación o cálculo
de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos,
o ambos;
III. Cámara: la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión;
IV. Comisión: la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara;
V. Comisión de Presupuesto: la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara;
VI. Cuenta Pública: la Cuenta Pública
Federal a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VII. Entes públicos federales: las personas
de derecho público de carácter federal con autonomía
en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas
por disposición expresa de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
VIII. Entidades Federativas: los Estados de la
República Mexicana y el Distrito Federal;
IX. Entidades fiscalizadas: los Poderes de la Unión,
los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales
que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades
federativas, los municipios y los órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que administren
o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas
dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades
de interés público distintas a los partidos políticos;
los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios
o cualquier otra figura jurídica análoga, así como
los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan
recibido por cualquier título, recursos públicos federales,
no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley
de la materia y aún cuando pertenezcan al sector privado o social
y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública
o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido
recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales
de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos
deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento
de sus fines;
X. Fiscalización o fiscalización
superior: la facultad de la Auditoría Superior de la Federación
para revisar y evaluar el contenido de la Cuenta Pública;
XI. Gestión Financiera: las acciones, tareas
y procesos que, en la ejecución de los programas, las entidades
fiscalizadas realizan para captar, recaudar u obtener recursos públicos
conforme a la Ley de Ingresos y demás disposiciones aplicables,
así como para administrar, manejar, custodiar, ejercer y aplicar
los mismos y demás fondos, patrimonio y recursos, en términos
del Presupuesto y las demás disposiciones aplicables;
XII. Informe de Avance de Gestión Financiera:
El informe que rinden los poderes de la unión y los entes públicos
federales de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal,
a la Cámara sobre los avances físicos y financieros de los
programas federales aprobados para el análisis correspondiente de
dicha Cámara, presentado como un apartado específico del
segundo informe trimestral del ejercicio correspondiente al que se refiere
el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria;
XIII. Informe del Resultado: el Informe del Resultado
de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública;
XIV. Instancia de control competente: las áreas
de fiscalización y control al interior de las entidades fiscalizadas
o cualquier instancia que lleve a cabo funciones similares;
XV. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación
del ejercicio fiscal en revisión;
XVI. Presupuesto: el Presupuesto de Egresos de
la Federación del ejercicio fiscal en revisión;
XVII. Programas: los señalados en la Ley
de Planeación, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y los contenidos en el Presupuesto, con base en los cuales las
entidades fiscalizadas realizan sus actividades en cumplimiento de sus
atribuciones y se presupuesta el gasto público federal;
XVIII. Servidores públicos: los señalados
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, así como los considerados como tales por las constituciones
de los estados, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás
leyes de las entidades federativas, que tengan a su cargo la administración
o ejercicio de recursos públicos federales o ambos, y
XIX. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control
de la Comisión.
Las definiciones previstas en el artículo 2 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria serán aplicables
a la presente Ley.
Artículo 3.- La revisión de la Cuenta
Pública está a cargo de la Cámara, la cual se apoya
para tal efecto en la Auditoría Superior de la Federación,
misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha Cuenta.
La Auditoría Superior de la Federación tiene
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de
sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento
y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley.
Artículo 4.- La fiscalización de
la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la
Federación se lleva a cabo de manera posterior al término
de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto
se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier
otra forma de control o fiscalización que realicen las instancias
de control competentes.
Artículo 5.- A falta de disposición
expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente,
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Ingresos;
el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos, y el Presupuesto, así como las disposiciones
relativas del derecho común federal, sustantivo y procesal.
La Auditoría Superior de la Federación deberá
emitir los criterios relativos a la ejecución de auditorías,
mismos que deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en
la presente Ley y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 6.- Los servidores públicos
y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que
capten, reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien recursos
públicos federales, deberán atender los requerimientos que
les formule la Auditoría Superior de la Federación durante
la planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento
de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en esta Ley,
de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio
de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios
del sistema financiero.
Cuando esta Ley no prevea plazo, la Auditoría Superior
de la Federación podrá fijarlo y no será inferior
a 10 días hábiles ni mayor a 15 días hábiles
contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo del requerimiento
respectivo.
Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos
de información formulados por parte de la Auditoría Superior
de la Federación, se requiera un plazo mayor para ser atendidos,
esta última a propuesta de las entidades fiscalizadas podrá
determinar conjuntamente con las mismas los plazos de entrega de información,
los cuales serán improrrogables.
Cuando los servidores públicos o los particulares
no atiendan los requerimientos a que se refiere este artículo, salvo
que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida,
los titulares de las áreas responsables de la práctica de
las auditorías y visitas de la Auditoría Superior de la Federación
podrán imponerles una multa mínima de 650 a una máxima
de 2000 días de salario mínimo diario general vigente en
el Distrito Federal. La reincidencia se sancionará con una multa
hasta del doble de la ya impuesta, sin perjuicio de que se deba atender
el requerimiento respectivo.
También se aplicarán las multas previstas
en este artículo a los terceros que hubieran contratado obra pública,
bienes o servicios mediante cualquier título legal con las entidades
fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información
que les requiera la Auditoría Superior de la Federación.
No se impondrán las multas a que se refiere este
artículo, cuando el incumplimiento por parte de los servidores públicos
o particulares se derive de causas ajenas a su responsabilidad.
Las multas establecidas en esta Ley tendrán el
carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad
líquida. La Tesorería de la Federación se encargará
de hacer efectivo su cobro en términos de las disposiciones aplicables.
En caso de que no se paguen dentro de los cuarenta y cinco días
hábiles siguientes a su notificación, la Tesorería
de la Federación ordenará se aplique el procedimiento administrativo
de ejecución, para obtener su pago.
Artículo 7.- El contenido del Informe de
Avance de Gestión Financiera se referirá a los programas
a cargo de los poderes de la Unión y los entes públicos federales,
para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción
de necesidades en ellos proyectados y contendrá:
I. El flujo contable de ingresos y egresos al
30 de junio del año en que se ejerza el presupuesto de egresos de
la Federación, y
II. El avance del cumplimiento de los programas
con base en los indicadores aprobados en el presupuesto de egresos de la
Federación.
La Auditoría Superior de la Federación realizará
un análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 30
días posteriores a la fecha de su presentación y lo entregará
a la Comisión.
TÍTULO SEGUNDO
De la Fiscalización de la Cuenta Pública
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 8.- La Cuenta Pública será
presentada en el plazo previsto en el artículo 74, fracción
VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y, conforme a lo que establece el artículo 53 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, contendrá como mínimo:
I. Información contable, con la desagregación
siguiente:
a) Estado de situación financiera;
b) Estado de variación en la hacienda pública;
c) Estado de cambios en la situación financiera;
d) Informes sobre pasivos contingentes;
e) Notas a los estados financieros;
f) Estado analítico del activo;
g) Estado analítico de la deuda y otros
pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:
i. Corto y largo plazo, así como por su
origen en interna y externa;
ii. Fuentes de financiamiento;
iii. Por moneda de contratación, y
iv. Por país acreedor;
II. Información Presupuestaria, con la desagregación
siguiente:
a) Estado analítico de ingresos, del que
se derivará la presentación en clasificación económica
por fuente de financiamiento y concepto;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto
de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
i. Administrativa;
ii. Económica y por objeto del gasto, y
iii. Funcional-programática;
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización,
del que derivará la clasificación por su origen en interno
y externo;
d) Intereses de la deuda;
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones
y los indicadores de la postura fiscal;
III. Información programática, con
la desagregación siguiente:
a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión;
c) Indicadores de resultados, y
IV. Análisis cualitativo de los indicadores
de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos
y prioridades definidas en la materia, en el programa económico
anual:
a) Ingresos presupuestarios;
b) Gastos presupuestarios;
c) Postura Fiscal;
d) Deuda pública, y
V. La información a que se refieren las
fracciones I a III de este artículo, organizada por dependencia
y entidad.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación
de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo Federal,
suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión
Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario de Hacienda
y Crédito Público a informar de las razones que lo motiven.
En ningún caso la prórroga excederá de treinta días
naturales. En dicho supuesto, la Auditoría Superior de la Federación
contará, consecuentemente, con el mismo tiempo adicional para presentar
el Informe del Resultado.
Artículo 9.- A fin de integrar la Cuenta
Pública, los Poderes Legislativo y Judicial y los entes públicos
federales harán llegar con la debida anticipación al Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría, la información que
el mismo les solicite.
Artículo 10.- Las bases y normas para la
baja de documentos justificatorios y comprobatorios, para efecto de destrucción,
guarda o custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse
electrónicamente, se sujetarán a lo establecido en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
Los microfilms y los archivos guardados mediante procesamiento
electrónico a que se refiere el párrafo anterior, tendrán
el valor que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables
a las operaciones en que aquéllos se apliquen.
Artículo 11.- La Auditoría Superior
de la Federación conservará en su poder la Cuenta Pública
de cada ejercicio fiscal y el Informe del Resultado correspondiente, mientras
no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades derivadas
de las supuestas irregularidades que se detecten en las operaciones objeto
de revisión. También se conservarán las copias autógrafas
de las resoluciones en las que se finquen responsabilidades y los documentos
que contengan las denuncias o querellas penales, que se hubieren formulado
como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren
evidenciado durante la referida revisión.
La Auditoría Superior de la Federación emitirá
reglas de carácter general para destruir la documentación
que obre en sus archivos después de diez años, siempre y
cuando ésta se haya microfilmado, digitalizado, escaneado o respaldado
por algún otro medio.
Lo señalado en el párrafo anterior solamente
se podrá dar en caso de que la información sea pública,
confidencial o hayan transcurrido 2 años a partir de que dejó
de ser reservada.
La documentación de naturaleza diversa a la relacionada
con la revisión de la Cuenta Pública, podrá destruirse
después de 5 años, siempre que ésta no afecte el reconocimiento
de los derechos de los trabajadores al servicio de la Auditoría
Superior de la Federación.
Capítulo II
De la Fiscalización de la Cuenta Pública
Artículo 12.- La fiscalización de
la Cuenta Pública tiene por objeto:
I. Evaluar los resultados de la gestión
financiera:
a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas
aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental;
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación
y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos;
recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio
del gasto público;
b) Si la captación, recaudación,
administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación
de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos,
y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación
de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades
fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto
público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado
daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública
Federal o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos federales
o de las entidades paraestatales federales;
II. Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos
y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados en los
mismos:
a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos
y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas
respectivas;
b) Si los programas y su ejecución se ajustaron
a los términos y montos aprobados en el Presupuesto;
c) Si los recursos provenientes de financiamientos
se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones
aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos
respectivos;
III. Verificar el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas:
a) Realizar auditorías del desempeño
de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía
de los mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales,
económicas y en su caso, regionales del país durante el periodo
que se evalúe;
b) Si se cumplieron las metas de los indicadores
aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene relación
con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, y
IV. Determinar las responsabilidades a que haya
lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias correspondientes
en los términos de esta Ley.
Artículo 13.- Las observaciones que, en su
caso, emita la Auditoría Superior de la Federación derivado
de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar
en:
I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes
de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención
de la instancia de control competente, promociones del ejercicio de la
facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad
administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio
político, y
II. Recomendaciones, incluyendo las referentes
al desempeño.
Artículo 14.- La Cuenta Pública será
turnada a la Auditoría Superior de la Federación para su
revisión y fiscalización superior, a través de la
Comisión.
Artículo 15.- Para la fiscalización
de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación
tendrá las atribuciones siguientes:
I. Establecer los lineamientos técnicos
y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos,
investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública;
II. Proponer, en los términos de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental las modificaciones a los principios,
normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad;
las disposiciones para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos
justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública;
así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición
de cuentas y la práctica idónea de las auditorías;
III. Proponer al Consejo Nacional de armonización
contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
información complementaria a la prevista en dicha Ley para incluirse
en la Cuenta Pública y modificaciones a los formatos de integración
correspondientes;
IV. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos
y metas fijados en los programas federales, conforme a los indicadores
estratégicos y de gestión establecidos en el Presupuesto
de Egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los planes
sectoriales, los planes regionales, los programas operativos anuales, los
programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar
el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos
federales conforme a las disposiciones legales. Lo anterior, con independencia
de las atribuciones similares que tengan otras instancias;
V. Verificar documentalmente que las entidades
fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado,
aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme
a los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso
de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; además,
con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables;
VI. Verificar que las operaciones que realicen
las entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto
y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código
Fiscal de la Federación y leyes fiscales sustantivas; las leyes
General de Deuda Pública, Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; orgánicas del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Administración Pública Federal, del Poder
Judicial de la Federación y demás disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables a estas materias;
VII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios
contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las
entidades fiscalizadas se aplicaron legal y eficientemente al logro de
los objetivos y metas de los programas;
VIII. Requerir a los auditores externos copia de
todos los informes y dictámenes de las auditorías y revisiones
por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas;
IX. Requerir a terceros que hubieran contratado
con las entidades fiscalizadas obra pública, bienes o servicios
mediante cualquier título legal y, en general, a cualquier entidad
o persona física o moral, pública o privada, que haya ejercido
recursos públicos, la información relacionada con la documentación
justificativa y comprobatoria de la Cuenta Pública, a efecto de
realizar las compulsas correspondientes.
El plazo para la entrega de documentación e información
a que se refiere el párrafo anterior, será de un mínimo
de 10 días a un máximo de 15 días hábiles;
X. Solicitar y obtener toda la información
necesaria para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con lo previsto
en esta Ley. Por lo que hace a la información relativa a las operaciones
de cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito,
les será aplicable a todos los servidores públicos de la
Auditoría Superior de la Federación, así como a los
profesionales contratados para la práctica de auditorías,
la obligación de guardar la reserva a que alude el artículo
25 y la prohibición a que se refiere la fracción III del
artículo 91 de esta Ley.
La Auditoría Superior de la Federación tendrá
acceso a la información que las disposiciones legales consideren
como de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en
secreto, cuando esté relacionada directamente con la captación,
recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio,
aplicación de los ingresos y egresos federales y la deuda pública,
estando obligada a mantener la misma reserva o secrecía, hasta en
tanto no se derive de su revisión el fincamiento de responsabilidades.
Cuando derivado de la práctica de auditorías
se entregue a la Auditoría Superior de la Federación información
de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto,
ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados,
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de los informes de
auditoría respectivos, información o datos que tengan esta
característica. Dicha información será conservada
por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos
de trabajo y sólo podrá ser revelada al Ministerio Público,
cuando se acompañe a una denuncia de hechos o a la aplicación
de un procedimiento resarcitorio, en este último caso, a las partes
que participen.
El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción
será motivo del fincamiento de las responsabilidades administrativas
y penales establecidas en las leyes correspondientes;
XI. Fiscalizar los recursos públicos federales
que las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan otorgado
con cargo a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier
otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas
o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como
verificar su aplicación al objeto autorizado;
XII. Investigar, en el ámbito de su competencia,
los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita
en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y
recursos federales;
XIII. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente
para exigir la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios,
nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de
almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables
para la realización de sus investigaciones, sujetándose a
las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos,
así como realizar entrevistas y reuniones con particulares o con
los servidores públicos de las entidades fiscalizadas, necesarias
para conocer directamente el ejercicio de sus funciones;
XIV. Formular recomendaciones al desempeño
para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economía
de las acciones de gobierno, a fin de elevar la calidad del desempeño
gubernamental;
XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración,
pliegos de observaciones, promociones de intervención de la instancia
de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación
fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias
de hechos y denuncias de juicio político;
XVI. Determinar los daños o perjuicios,
o ambos, que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso,
al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades
paraestatales federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones
y sanciones pecuniarias correspondientes.
Para el fincamiento de las responsabilidades a que se
refiere el párrafo anterior, tramitará, substanciará
y resolverá el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades
resarcitorias previsto en esta Ley, por las irregularidades en que incurran
los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte
un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero que afecten la
Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes
públicos federales o de las entidades paraestatales federales conforme
a los ordenamientos aplicables.
También promoverá y dará seguimiento
ante las autoridades competentes del fincamiento de otras responsabilidades
a las que se refiere el Título Cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentará denuncias
y querellas penales;
XVII. Fincar las responsabilidades e imponer las
sanciones correspondientes a los responsables, por el incumplimiento a
sus requerimientos de información en el caso de las revisiones que
haya ordenado tratándose de las situaciones excepcionales que determina
esta Ley;
XVIII. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración
que se interponga en contra de las resoluciones y sanciones que aplique,
así como condonar total o parcialmente las multas impuestas;
XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime
necesario, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas
locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de
fiscalización superior correspondientes, con el propósito
de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior,
sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer
de manera directa;
XX. Elaborar estudios e investigaciones relacionadas
con las materias de su competencia y publicarlos;
XXI. Celebrar convenios con organismos cuyas funciones
sean acordes o guarden relación con sus atribuciones y participar
en foros nacionales e internacionales;
XXII. Practicar auditorías, mediante visitas
o inspecciones, solicitando información y documentación durante
el desarrollo de las mismas para ser revisada en las instalaciones de las
propias entidades fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría
Superior de la Federación. Igualmente, siempre y cuando haya terminado
el ejercicio fiscal, solicitar información preliminar a las entidades
fiscalizadas, para la planeación de la revisión de la Cuenta
Pública antes de aperturar formalmente las auditorías;
XXIII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías
copia de los documentos originales que tengan a la vista y certificarlas,
mediante cotejo con sus originales. Igualmente podrá expedir certificaciones
de los documentos que obren en sus archivos;
XXIV. Constatar la existencia, procedencia y registro
de los activos y pasivos de las entidades fiscalizadas, de los fideicomisos,
fondos y mandatos o cualquier otra figura análoga, para verificar
la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros consolidados
y particulares de la Cuenta Pública;
XXV. Fiscalizar la deuda pública en su contratación,
registro, renegociación, administración y pago;
XXVI. Solicitar, en los términos del artículo
20 de esta Ley, a las instancias de control competentes, en el ámbito
de sus atribuciones, copia de los informes y dictámenes de las auditorías
por ellos practicadas;
XXVII. Solicitar la presencia de representantes
de las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar que se les señale,
para celebrar como mínimo dos reuniones en las que se les dé
a conocer la parte que les corresponda de los resultados y, en su caso,
las observaciones preliminares de las auditorías que se les practicaron
conforme a lo previsto en los artículos 16 y 17 de esta Ley, y
XXVIII. Las demás que le sean conferidas
por esta Ley o cualquier otro ordenamiento para la fiscalización
de la Cuenta Pública.
Artículo 16.- La Auditoría Superior
de la Federación, durante el mes de diciembre del año en
que se presentó la Cuenta Pública y a más tardar en
el mes de enero del año siguiente, dará a conocer a las entidades
fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales y las
observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la misma,
a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones
que correspondan.
A las reuniones en las que se de a conocer a las entidades
fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de la revisión
de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 3 días
hábiles de anticipación, remitiendo con la misma anticipación
a las entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares
de las auditorías practicadas. En dichas reuniones las entidades
fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones
que estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de
la Federación les concederá un plazo de 7 días hábiles
para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte,
mismas que deberán ser valoradas por esta última para la
elaboración del Informe del Resultado.
Una vez que la Auditoría Superior de la Federación
valore las justificaciones, aclaraciones y demás información
a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá determinar
la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las
observaciones preliminares que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas,
para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.
En caso de que la Auditoría Superior de la Federación
considere que las entidades fiscalizadas no aportaron elementos suficientes
para atender las observaciones preliminares correspondientes, deberá
incluir en el apartado específico del Informe del Resultado, de
manera íntegra, las justificaciones, aclaraciones y demás
información presentada por dichas entidades.
Artículo 17.- Lo previsto en el artículo
anterior, se realizará sin perjuicio de que la Auditoría
Superior de la Federación convoque a las reuniones de trabajo que
estime necesarias durante las auditorías correspondientes, para
la revisión de los resultados preliminares.
Artículo 18.- La fiscalización de
la Cuenta Pública está limitada al principio de anualidad
a que se refiere el segundo párrafo del artículo 79 Constitucional.
La Auditoría Superior de la Federación,
sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar,
de manera casuística y concreta, información y documentación
de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión,
sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta
nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información
solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación,
contenidos en el Presupuesto en revisión abarque para su ejecución
y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento
de los objetivos de los programas federales. Las observaciones, acciones
promovidas y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación
emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos
públicos de la Cuenta Pública en revisión.
Artículo 19.- La Auditoría Superior
de la Federación tendrá acceso a contratos, convenios, documentos,
datos, libros, archivos y documentación justificativa y comprobatoria
relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento de los objetivos
de los programas federales de los entes públicos, así como
a la demás información que resulte necesaria para la revisión
y fiscalización de la Cuenta Pública siempre que al solicitarla
se expresen los fines a que se destine dicha información.
Artículo 20.- Cuando conforme a esta Ley,
las instancias de control competentes deban colaborar con la Auditoría
Superior de la Federación en lo que concierne a la revisión
de la Cuenta Pública, deberá establecerse una coordinación
entre ambos a fin de garantizar el debido intercambio de información
que al efecto se requiera, y otorgar las facilidades que permitan a los
auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. Asimismo, deberán
proporcionar la documentación que les solicite la Auditoría
Superior de la Federación sobre los resultados de la fiscalización
que realicen o cualquier otra que se les requiera.
Artículo 21.- La información y datos
que para el cumplimiento de lo previsto en los dos artículos anteriores
se proporcionen, estarán afectos exclusivamente al objeto de esta
Ley.
Artículo 22.- Las auditorías que
se efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán
por el personal expresamente comisionado para el efecto por la Auditoría
Superior de la Federación o mediante la contratación de despachos
o profesionales independientes, habilitados por la misma, siempre y cuando
no exista conflicto de intereses. Lo anterior, con excepción de
aquellas auditorías en las que se maneje información en materia
de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional, las
cuales serán realizadas directamente por la Auditoría Superior
de la Federación.
Artículo 23.- Las personas a que se refiere
el artículo anterior tendrán el carácter de representantes
de la Auditoría Superior de la Federación en lo concerniente
a la comisión conferida. Para tal efecto, deberán presentar
previamente el oficio de comisión respectivo e identificarse plenamente
como personal actuante de dicha Auditoría Superior de la Federación.
Artículo 24.- Durante sus actuaciones los
comisionados o habilitados que hubieren intervenido en las revisiones,
deberán levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos,
en las que harán constar hechos y omisiones que hubieren encontrado.
Las actas, declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos
harán prueba en los términos de ley.
Artículo 25.- Los servidores públicos
de la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso,
los despachos o profesionales independientes contratados para la práctica
de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la
información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan,
así como de sus actuaciones y observaciones.
Artículo 26.- Los servidores públicos
de la Auditoría Superior de la Federación, cualesquiera que
sea su categoría y los despachos o profesionales independientes
contratados para la práctica de auditorías, serán
responsables en los términos de las disposiciones legales aplicables,
por violación a la reserva sobre la información y documentos
que con motivo del objeto de esta Ley conozcan.
Artículo 27.- La Auditoría Superior
de la Federación será responsable solidaria de los daños
y perjuicios que en términos de este capítulo, causen los
servidores públicos de la misma y los despachos o profesionales
independientes, contratados para la práctica de auditorías,
sin perjuicio de que la Auditoría Superior de la Federación
promueva las acciones legales que correspondan en contra de los responsables.
Capítulo III
Del contenido del Informe del Resultado y su análisis
Artículo 28.- La Auditoría Superior
de la Federación tendrá un plazo que vence el 20 de febrero
del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública
a la Cámara o, en su caso, a la Comisión Permanente, para
rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la Comisión,
el Informe del Resultado correspondiente, mismo que tendrá carácter
público y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior
de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones
y de la información que posea.
A solicitud de la Comisión o de su mesa directiva,
el Auditor Superior de la Federación y los funcionarios que éste
designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido
del Informe del Resultado, en sesiones de la Comisión cuantas veces
sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo, siempre
y cuando no se revele información reservada o que forme parte de
un proceso de investigación. Lo anterior, sin que se entienda para
todos los efectos legales como una modificación al Informe del Resultado.
Artículo 29.- El Informe del Resultado contendrá
los informes de las auditorías practicadas e incluirá como
mínimo lo siguiente:
I. Los criterios de selección, el objetivo,
el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen
de cada auditoría;
II. En su caso, las auditorías sobre el
desempeño;
III. El cumplimiento de los principios de contabilidad
gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y
normativa correspondientes;
IV. Los resultados de la gestión financiera;
V. La comprobación de que las entidades
fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Ingresos, el Presupuesto
y demás disposiciones jurídicas aplicables;
VI. El análisis de las desviaciones, en
su caso;
VII. Los resultados de la fiscalización
del manejo de los recursos federales por parte de las entidades federativas,
los municipios y los órganos político-administrativos de
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;
VIII. Las observaciones, recomendaciones y las
acciones promovidas;
IX. Un apartado específico en cada una de
las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones
y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado
en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan
hecho durante las revisiones, y
X. Derivado de las auditorías, en su caso
y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde
se incluyan sugerencias a la Cámara para modificar disposiciones
legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño
de las entidades fiscalizadas.
Artículo 30.- La Auditoría Superior
de la Federación dará cuenta a la Cámara en el Informe
del Resultado de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas
y, en su caso, de la imposición de las multas respectivas, y demás
acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
la Auditoría Superior de la Federación informará a
la Cámara, por conducto de la Comisión, del estado que guarda
la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades
fiscalizadas. Para tal efecto, el reporte a que se refiere este párrafo
será semestral y deberá ser presentado a más tardar
los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año,
con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestres del
año, respectivamente. El informe semestral se elaborará con
base en los formatos que al efecto establezca la Comisión e incluirá
invariablemente los montos de los resarcimientos al erario derivados de
la fiscalización de la Cuenta Pública y en un apartado especial,
la atención a las recomendaciones al desempeño. Asimismo
deberá publicarse en la página de Internet de la Auditoría
Superior de la Federación en la misma fecha en que sea presentado.
Artículo 31.- El Titular de la Auditoría
Superior de la Federación, una vez rendido el Informe del Resultado
a la Cámara, y con independencia de las actuaciones, promociones
y procedimientos iniciados a que se refiere el artículo anterior,
enviará a las entidades fiscalizadas y, de ser procedente a otras
autoridades competentes, a más tardar a los 10 días hábiles
posteriores a la fecha en que sea entregado el Informe del Resultado, las
acciones promovidas y recomendaciones señaladas en el artículo
13 de esta Ley.
Los pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad
administrativa sancionatoria, deberán formularse o emitirse durante
los siguientes 160 días hábiles posteriores a la presentación
del Informe del Resultado con la finalidad de evitar la prescripción
de las acciones legales correspondientes.
En el caso de las promociones de responsabilidades administrativas
sancionatorias que se notifiquen a las instancias de control competentes,
deberán remitirse acompañando copia certificada del expediente
que sustente la promoción respectiva.
Las acciones promovidas a que se refiere el párrafo
anterior, no serán formuladas o emitidas, cuando las entidades fiscalizadas
aporten elementos que solventen las observaciones respectivas, situación
que se hará del conocimiento de las mismas y de la Cámara
por escrito.
Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos
y las denuncias de juicio político, deberán presentarse por
parte de la Auditoría Superior de la Federación cuando se
cuente con los elementos que establezca la Ley.
Artículo 32.- Las entidades fiscalizadas,
dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir
de la fecha en que reciban las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas, deberán presentar la información y las consideraciones
que estimen pertinentes a la Auditoría Superior de la Federación
para su solventación o atención, con excepción de
los pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad administrativa
sancionatoria cuyo plazo se establece en el apartado correspondiente de
esta Ley. En caso de no hacerlo, la Auditoría Superior de la Federación
podrá aplicar a los titulares de las áreas administrativas
auditadas una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 días
de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además
de promover las acciones legales que correspondan.
En el caso de las recomendaciones al desempeño
las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de 30 días hábiles
siguientes al de la notificación de la recomendación correspondiente,
deberán precisar ante la Auditoría Superior de la Federación
las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar
su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.
Artículo 33.- La Auditoría Superior
de la Federación deberá pronunciarse en un plazo máximo
de 120 días hábiles sobre las respuestas recibidas de las
entidades fiscalizadas; en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas
las recomendaciones y acciones promovidas. En caso de que las entidades
fiscalizadas no presenten los elementos necesarios para la solventación
de las acciones determinadas, la Auditoría Superior de la Federación
procederá a fincar el pliego de observaciones o promoverá
las acciones que correspondan a que se refiere el artículo 49 de
esta Ley.
Capítulo IV
De la conclusión de la revisión de la
Cuenta Pública
Artículo 34.- La Comisión realizará
un análisis del Informe del Resultado y lo enviará a la Comisión
de Presupuesto. A este efecto y a juicio de la Comisión, se podrá
solicitar a las comisiones ordinarias de la Cámara una opinión
sobre aspectos o contenidos específicos del Informe del Resultado.
El análisis de la Comisión podrá
incorporar aquellas sugerencias que juzgue conveniente y que haya hecho
la Auditoría Superior de la Federación, para modificar disposiciones
legales que pretendan mejorar la gestión financiera y el desempeño
de las entidades fiscalizadas.
Artículo 35.- En aquellos casos en que la
Comisión detecte errores en el Informe del Resultado o bien, considere
necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo, podrá solicitar
a la Auditoría Superior de la Federación la entrega por escrito
de las explicaciones pertinentes, así como la comparecencia del
Auditor Superior o de otros servidores públicos de la misma, las
ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar las aclaraciones
correspondientes, sin que ello implique la reapertura del Informe del Resultado.
La Comisión podrá formular recomendaciones
a la Auditoría Superior de la Federación, las cuales serán
incluidas en las conclusiones sobre el Informe del Resultado.
Artículo 36.- La Comisión de Presupuesto
estudiará el Informe del Resultado, el análisis de la Comisión
a que se refiere el artículo 34 de esta Ley y el contenido de la
Cuenta Pública. Asimismo, someterá a votación del
Pleno el dictamen correspondiente a más tardar el 30 de septiembre
del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.
La aprobación del dictamen no suspende el trámite
de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación,
mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta Ley.
TÍTULO TERCERO
De la Fiscalización de Recursos Federales Administrados
o Ejercidos por Órdenes de Gobierno Locales y por Particulares
Capítulo Único
Artículo 37.- La Auditoría Superior
de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales
que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales;
asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se
destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral,
pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos,
fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los
procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia
de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas
en el párrafo anterior y en términos de la fracción
XIX del artículo 15 de la presente Ley, la Auditoría Superior
de la Federación podrá celebrar convenios con los gobiernos
de las entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal y las entidades de fiscalización superior,
con el objeto de que colaboren con aquélla en la verificación
de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por
dichos órdenes de gobierno, conforme a los lineamientos técnicos
que señale la Auditoría Superior de la Federación.
Dichos lineamientos tendrán por objeto mejorar la fiscalización
de los recursos federales que se ejerzan por las entidades federativas,
por los municipios y por los órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus
administraciones públicas paraestatales y paramunicipales.
Los lineamientos comprenderán además, la
verificación del desempeño y la comprobación de la
aplicación adecuada de los recursos que reciban las personas físicas
o morales, públicas o privadas, en concepto de subsidios, donativos
y transferencias otorgados por las entidades federativas, los municipios
y los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal con cargo a recursos federales.
La Auditoría Superior de la Federación establecerá
los sujetos, objetivos, alcance y procedimientos de las auditorías
y estructura de los informes de auditoría a practicar sobre los
recursos federales entregados a entidades federativas, municipios y los
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, para asegurar una rendición de cuentas oportuna,
clara, imparcial y transparente. El conjunto de los términos acordados
con las entidades de fiscalización de las entidades federativas
no podrán ser inferiores a los determinados en la ley.
En el caso de que las entidades de fiscalización
superior de las entidades federativas detecten irregularidades que afecten
el patrimonio de la hacienda pública federal, deberán hacerlo
del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación,
para que en términos de la presente Ley inicie la responsabilidad
resarcitoria correspondiente y promueva las responsabilidades civiles,
penales, políticas y administrativas a las que haya lugar.
La Auditoría Superior de la Federación verificará
que las entidades fiscalizadas lleven el control y registro contable, patrimonial
y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos
y asignados, de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Artículo 38.- El Programa para la Fiscalización
del Gasto Federalizado tendrá por objeto fortalecer el alcance,
profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la
Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de los recursos
federales que se transfieren a las entidades federativas, a los municipios
y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones
federales, conforme a lo siguiente:
I. A través de la celebración de
convenios de coordinación, la Auditoría Superior de la Federación
podrá entregar hasta el 50% de los recursos del Programa a las entidades
de fiscalización superior de las legislaturas locales y de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, a fin de que éstos fiscalicen
los recursos federales que sean administrados o ejercidos por las entidades
federativas, municipios u órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El resto de los
recursos serán aplicados por la Auditoría Superior de la
Federación para realizar auditorías de manera directa;
II. La Auditoría Superior de la Federación
enviará a la Comisión y a la Comisión de Presupuesto,
a más tardar el 15 de febrero de cada año, las reglas de
operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado
para la revisión del ejercicio fiscal que corresponda. Dichas comisiones
deberán emitir su opinión a más tardar el 15 de marzo.
La Auditoría Superior de la Federación publicará en
el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último
día hábil de marzo, las reglas de operación del Programa,
las cuales contendrán como mínimo, lo siguiente:
a) El plan de auditorías para el ejercicio
fiscal en revisión, detallando los fondos y recursos a fiscalizar;
b) Los criterios normativos y metodológicos
para las auditorías;
c) Los procedimientos y métodos necesarios
para la revisión y fiscalización de los recursos federales;
d) La cobertura por entidad federativa de las auditorías
realizadas dentro del programa;
e) La asignación por entidad federativa;
f) En su caso, las acciones de capacitación
a desarrollar, y
g) La distribución que, en su caso, se realice
de los subsidios del Programa Anual para la Fiscalización del Gasto
Federalizado a las entidades de fiscalización superior locales,
y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de que los mismos
realicen acciones de fiscalización de recursos públicos federales;
III. Las entidades de fiscalización superior
de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
en los informes de las auditorías que realicen en términos
del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, deberán:
a) Presentar los informes con el formato y estructura
definidos por la Auditoría Superior de la Federación;
b) Alinear los resultados con los dictámenes
de las auditorías;
c) Asegurar que todos los procedimientos de auditoría
manifestados en el informe se expresen en resultados;
d) Incluir en el informe de auditoría todos
los resultados obtenidos, aún aquéllos que no tengan observaciones
o que se hayan solventado durante el desarrollo de las auditorías;
e) Registrar las recuperaciones de recursos y las
probables recuperaciones;
f) Incorporar en los informes de auditoría
el apartado de cumplimiento de metas y objetivos;
g) Alinear las conclusiones del apartado de cumplimiento
de objetivos y metas con los resultados del Informe del Resultado;
h) Precisar en los resultados la normativa que
se incumple o a la que se da cumplimiento, y
i) Verificar la consistencia de las cifras y de
la información en general;
IV. El cumplimiento de los objetivos del Programa
para la Fiscalización del Gasto Federalizado deberá ser informado
en el mes de septiembre a la Comisión, a efecto de que ésta
cuente con elementos para realizar una evaluación sobre su cumplimiento.
Asimismo, la Comisión deberá remitir a la Comisión
de Presupuesto, a más tardar el primer día hábil de
octubre, información relevante respecto al cumplimiento de los objetivos
del Programa, a fin de considerarla para la aprobación del Presupuesto
de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal. Dicho
informe deberá contener, un reporte sobre los aspectos detallados
en la fracción II de este artículo, y
V. Los recursos del Programa para la Fiscalización
del Gasto Federalizado se deberán destinar exclusivamente para actividades
relacionadas directamente con la revisión y fiscalización
de recursos públicos federales. Los recursos que, al final del ejercicio,
no hayan sido devengados por las entidades de fiscalización superior
de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
o por la Auditoría Superior de la Federación, deberán
concentrarse invariablemente en la Tesorería de la Federación.
La Auditoría Superior de la Federación y los
órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas
locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán
publicar, en sus respectivas páginas de Internet, informes trimestrales
sobre la aplicación de los recursos del Programa para la Fiscalización
del Gasto Federalizado, en los términos que establezcan las reglas
de operación del mismo.
Artículo 39.- Cuando se acrediten afectaciones
a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
federales o de las entidades paraestatales federales, atribuibles a servidores
públicos de las entidades federativas, municipios o de los órganos
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación
procederá a formularles el pliego de observaciones y, en caso de
que no sea solventado, fincarles las responsabilidades resarcitorias conforme
a la presente Ley y promoverá, en su caso, ante los órganos
o autoridades competentes las responsabilidades administrativas, civiles,
políticas y penales a que hubiere lugar.
TÍTULO CUARTO
De la Revisión de Situaciones Excepcionales
Capítulo Único
Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto
en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo
79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sin perjuicio del principio de posterioridad, cuando se presenten denuncias
fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se presuma el
manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos
federales, o de su desvío, en los supuestos previstos en el artículo
42 de esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá
requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación
excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos
o situaciones denunciados.
La Auditoría Superior de la Federación deberá
acompañar al requerimiento los documentos o evidencias presentados
por los denunciantes al enviar el requerimiento antes mencionado a las
entidades fiscalizadas. Las denuncias podrán presentarse a la Cámara,
a la Comisión o directamente a la Auditoría Superior de la
Federación.
Artículo 41.- Las entidades fiscalizadas
deberán rendir a la Auditoría Superior de la Federación
en un plazo que no excederá de treinta días hábiles,
contados a partir de la recepción del requerimiento, el informe
de situación excepcional donde se describa la procedencia o improcedencia
de la denuncia, así como sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones
que se hubieren impuesto a los servidores públicos involucrados
o de los procedimientos sancionatorios iniciados.
Con base en el informe de situación excepcional,
la Auditoría Superior de la Federación podrá, en su
caso, fincar las responsabilidades que procedan, promover otras responsabilidades
ante las autoridades competentes o solicitar que la instancia de control
competente profundice en la investigación de la denuncia formulada
e informe de los resultados obtenidos a la Auditoría.
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo,
la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar
directamente la situación excepcional una vez concluido el ejercicio
fiscal y, en su caso, fincará las responsabilidades que procedan.
Los resultados del informe de situación excepcional
y, en su caso, de las sanciones impuestas o promovidas, deberán
incluirse en el Informe del Resultado que se envíe a la Cámara.
Artículo 42.- Se entenderá por situaciones
excepcionales aquellos casos en los cuales, de la denuncia que al efecto
se presente, se deduzca alguna de las circunstancias siguientes:
I. Un daño patrimonial que afecte la Hacienda
Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos
federales o de las entidades paraestatales federales, por un monto que
resulte superior a cien mil veces el salario mínimo diario general
vigente en el Distrito Federal;
II. Posibles actos de corrupción;
III. Desvío flagrante de recursos hacia
fines distintos a los que están autorizados;
IV. La afectación de áreas estratégicas
o prioritarias de la economía;
V. El riesgo de que se paralice la prestación
de servicios públicos esenciales para la comunidad, y
VI. El desabasto de productos de primera necesidad.
Artículo 43.- Las entidades fiscalizadas estarán
obligadas a realizar una revisión para elaborar el informe de situación
excepcional que la Auditoría Superior de la Federación les
requiera, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio
de las funciones o atribuciones que conforme a la ley competa a las autoridades
y a los servidores públicos.
Artículo 44.- Si transcurrido el plazo señalado
en el artículo 41 de esta Ley, la entidad fiscalizada, sin causa
justificada, no presenta el informe de situación excepcional, la
Auditoría Superior de la Federación impondrá a los
servidores públicos responsables una multa mínima de 1000
a una máxima de 2000 mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de la promoción de
otras responsabilidades ante las autoridades competentes ni del ejercicio
de otras facultades que esta Ley le confiere. La reincidencia se podrá
castigar con multa hasta del doble de la ya impuesta, además de
que podrá promover la destitución de los servidores públicos
responsables ante las autoridades competentes.
Artículo 45.- El fincamiento de responsabilidades
y la imposición de sanciones no relevará al infractor de
cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron
las multas.
Artículo 46.- Cuando la Auditoría
Superior de la Federación, además de imponer la sanción
respectiva, requiera al infractor para que en un plazo determinado, que
nunca será mayor a treinta días hábiles, cumpla con
la obligación omitida motivo de la sanción y éste
incumpla, será sancionado como reincidente.
Artículo 47.- Para imponer la multa que
corresponda, la Auditoría Superior de la Federación debe
oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones
económicas, así como la gravedad de la infracción
cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico
y la necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las
disposiciones contenidas en esta Ley.
Artículo 48.- Lo dispuesto en el presente
Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme
a ésta u otras leyes sean aplicables por la Auditoría Superior
de la Federación ni del fincamiento de otras responsabilidades.
TÍTULO QUINTO
De la Determinación de Daños y Perjuicios
y del Fincamiento de Responsabilidades
Capítulo I
De la Determinación de Daños y Perjuicios
contra la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes
públicos federales o de las entidades paraestatales federales
Artículo 49.- Si de la fiscalización
de la Cuenta Pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir
la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicio,
o ambos, a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio
de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales
federales, la Auditoría Superior de la Federación procederá
a:
I. Determinar los daños o perjuicios,
o ambos, según corresponda, y fincar directamente a los responsables
las responsabilidades resarcitorias por medio de indemnizaciones y sanciones;
II. Promover ante las autoridades competentes el
fincamiento de otras responsabilidades;
III. Promover las acciones de responsabilidad a
que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Presentar las denuncias y querellas penales,
a que haya lugar, y
V. Coadyuvar con el Ministerio Público en
los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes. En
estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la
opinión de la Auditoría Superior de la Federación,
respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento
de la acción penal.
Capítulo II
Del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
Artículo 50.- Para los efectos de esta Ley
incurren en responsabilidad:
I. Los servidores públicos y los particulares,
personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen un
daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero, a la Hacienda Pública
Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales
o de las entidades paraestatales federales, y
II. Los servidores públicos de la Auditoría
Superior de la Federación, cuando al revisar la Cuenta Pública
no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten
o violen la reserva de información en los casos previstos en esta
Ley.Artículo 51.- Las responsabilidades que conforme a esta
Ley se finquen, tienen por objeto resarcir el monto de los daños
y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado, a la Hacienda Pública
Federal, o en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales
o de las entidades paraestatales federales.
Artículo 52.- Las responsabilidades resarcitorias
para obtener las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes
a que se refiere este Capítulo, se constituirán en primer
término, a los servidores públicos o a los particulares,
personas físicas o morales, que directamente hayan ejecutado los
actos o incurran en las omisiones que las hayan originado y, subsidiariamente,
y en ese orden al servidor público jerárquicamente inmediato
que por la índole de sus funciones, haya omitido la revisión
o autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia
por parte de los mismos.
Serán responsables solidarios con los servidores
públicos, los particulares, persona física o moral, en los
casos en que hayan participado y originado una responsabilidad resarcitoria.
Artículo 53.- Las responsabilidades que
se finquen a los servidores públicos de las entidades fiscalizadas
y de la Auditoría Superior de la Federación, no eximen a
éstos ni a los particulares, personas físicas o morales,
de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aún
cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente.
Artículo 54.- Las responsabilidades resarcitorias
señaladas, se fincarán independientemente de las que procedan
con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que
imponga la autoridad judicial.
Artículo 55.- La Auditoría Superior
de la Federación, con base en las disposiciones de esta Ley, formulará
a las entidades fiscalizadas los pliegos de observaciones derivados de
la fiscalización de la Cuenta Pública, en los que se determinará
en cantidad líquida, la presunta responsabilidad de los infractores.
En los casos en que la irregularidad no exceda de cien
veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal
en la fecha en que se cometa la infracción, no se formulará
el pliego de observaciones respectivo, sin perjuicio de las acciones que
se promuevan ante las instancias de control competentes para el fincamiento
de responsabilidades administrativas sancionatorias.
Artículo 56.- Las entidades fiscalizadas,
dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados
a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán
solventar los mismos ante la Auditoría Superior de la Federación.
Cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos
dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos
no sean suficientes a juicio de la Auditoría Superior de la Federación
para solventarlos, ésta iniciará el procedimiento para el
fincamiento de responsabilidades resarcitorias y solicitará la intervención
de las instancias de control competentes para que, en el ámbito
de su competencia, investiguen e inicien, en su caso, el procedimiento
sancionatorio por los actos u omisiones de los servidores públicos
de las entidades fiscalizadas de los cuales pudieran desprenderse responsabilidades
administrativas, con excepción de las responsabilidades resarcitorias.
Una vez que las instancias de control competentes cuenten
con la información de las auditorías practicadas por la Auditoría
Superior de la Federación, deberán comunicar a ésta
dentro de los 30 días hábiles siguientes sobre la procedencia
de iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidades.
Capítulo III
Del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias
Artículo 57.- El fincamiento de las responsabilidades
resarcitorias se sujetará al procedimiento siguiente:
I. Se citará al presunto o presuntos responsables
a una audiencia para que comparezcan personalmente o, tratándose
de personas morales, a través de su representante legal; asimismo,
para que manifiesten lo que a su interés convenga, ofrezcan pruebas
y formulen alegatos en la audiencia respectiva relacionados con los hechos
que se les imputan y que se les dieron a conocer en el citatorio respectivo;
II. El oficio citatorio para audiencia se notificará
personalmente al presunto responsable con una anticipación no menor
de siete ni mayor de quince días hábiles, a la fecha de celebración
de la audiencia, donde se le señalará que podrá asistir
acompañado de su abogado o persona de confianza. La notificación
personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida,
cuando se efectúe en el domicilio respectivo o en su centro de trabajo;
III. La audiencia se celebrará en el lugar,
día y hora señalado en el oficio citatorio, y en caso de
que el presunto o presuntos responsables no comparezcan sin causa justa,
se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan y por precluido
su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos y se resolverá
con los elementos que obren en el expediente respectivo;
IV. En la audiencia, el presunto responsable en
forma directa o a través de su representante podrá ofrecer
las pruebas que a su derecho convengan.
Desahogadas las pruebas que fueron admitidas, el presunto
responsable podrá por sí o a través de su defensor,
formular los alegatos que a su derecho convengan, en forma oral o escrita;
V. Una vez concluida la audiencia, la Auditoría
Superior de la Federación procederá a elaborar y acordar
el cierre de instrucción y resolverá dentro de los noventa
días naturales siguientes, sobre la existencia o inexistencia de
responsabilidad resarcitoria y fincará, en su caso, el pliego definitivo
de responsabilidades en el que se determine la indemnización resarcitoria
correspondiente, al o a las personas responsables y notificará a
éstos la resolución y el pliego definitivo de responsabilidades,
remitiendo un tanto autógrafo del mismo a la Tesorería de
la Federación, para el efecto de que si en un plazo de quince días
naturales contados a partir de la notificación, éste no es
pagado, se haga efectivo su cobro en términos de ley, mediante el
procedimiento administrativo de ejecución. Dicho pliego será
notificado también a las entidades fiscalizadas involucradas, según
corresponda.
Los servidores públicos en todo momento durante
el procedimiento a que se refiere este artículo, o bien, para la
interposición del recurso de reconsideración a que hace referencia
el artículo 69 de esta Ley, podrán consultar los expedientes
administrativos donde consten los hechos que se les imputen y obtener a
su costa copias certificadas de los documentos correspondientes, y
VI. Si durante el desahogo de la audiencia la Auditoría
Superior de la Federación considera que no cuenta con elementos
suficientes para resolver o advierte la existencia de elementos que impliquen
una nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables
o de otras personas relacionadas, podrá disponer la práctica
de investigaciones y citar para otras audiencias.
La Auditoría Superior de la Federación podrá
señalar nuevo día y hora para la continuación de la
audiencia, misma que se celebrará dentro de los siguientes diez
días naturales, a fin de resolver sobre la admisión de pruebas
y dentro de los siguientes veinte días naturales para su desahogo
a partir de la admisión, pudiéndose ampliar este último
plazo, a juicio de la Auditoría Superior de la Federación,
el tiempo necesario para el mismo efecto.
Artículo 58.- En caso de solicitud del presunto
responsable para diferir la fecha de la audiencia, ésta se acordará
favorablemente por una sola vez, si el interesado acredita fehacientemente
los motivos que la justifiquen, quedando subsistente en sus términos
el oficio citatorio y se señalará nuevo día y hora
para la celebración de la audiencia, dentro de los quince días
naturales siguientes, dejando constancia de la notificación respectiva
en el expediente, ya sea por comparecencia o por oficio girado al promovente.
Artículo 59.- Las actuaciones y diligencias
se practicarán en días y horas hábiles; son días
hábiles todos los del año, con excepción de los sábados,
domingos, el 1º. de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes
de marzo, el 1º. de mayo, el 5 de mayo, el 16 de septiembre, el 2
de noviembre, el tercer lunes de noviembre, el 25 de diciembre y los días
que declare como no laborables la Auditoría Superior de la Federación
mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Son horas hábiles las comprendidas entre las 9:00 y las 18:30 horas.
En caso de que se inicie una actuación o diligencia en horas hábiles,
podrá concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez
y sólo podrá suspenderse por causa de fuerza mayor, caso
fortuito o por necesidades del servicio, mediante el acuerdo respectivo.
Artículo 60.- Los plazos empezarán
a correr a partir del día hábil siguiente a aquél
en que haya surtido efectos la notificación correspondiente.
Las notificaciones surtirán efectos al día
hábil siguiente a aquél en que hayan sido practicadas.
Artículo 61.- En el procedimiento no se
admitirán ni desahogarán incidentes de previo y especial
pronunciamiento ni la prueba confesional de las autoridades, así
como tampoco aquellas pruebas que no fueren ofrecidas conforme a derecho,
o sean contrarias a la moral o al derecho.
Artículo 62.- El importe del pliego definitivo
de responsabilidades deberá ser suficiente para cubrir los daños
o perjuicios, o ambos, causados a la Hacienda Pública Federal o,
en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las
entidades paraestatales federales, y se actualizará para efectos
de su pago, en la forma y términos que establece el Código
Fiscal de la Federación en tratándose de contribuciones.
Artículo 63.- La Auditoría Superior
de la Federación deberá solicitar a la Tesorería de
la Federación proceda al embargo precautorio de los bienes de los
presuntos responsables a efecto de garantizar el cobro de la sanción
impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad líquida
el monto de la responsabilidad resarcitoria respectiva.
El presunto o presuntos responsables podrán solicitar
la sustitución del embargo precautorio, por cualquiera de las garantías
que establece el Código Fiscal de la Federación, a satisfacción
de la Tesorería de la Federación.
Artículo 64.- En todas las cuestiones relativas
al procedimiento no previstas en este Capítulo, así como
en la apreciación de las pruebas y desahogo del recurso de reconsideración,
se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 65.- Las multas y sanciones resarcitorias
a que se refiere la presente Ley, tendrán el carácter de
créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida
por la Auditoría Superior de la Federación, haciéndose
efectivas conforme al procedimiento administrativo de ejecución
que establece la legislación aplicable.
Artículo 66.- La Secretaría deberá
informar semestralmente a la Auditoría Superior de la Federación
y a la Comisión, de los trámites que se vayan realizando
para la ejecución de los cobros respectivos y el monto recuperado.
Artículo 67.- El importe de las sanciones
resarcitorias que se recuperen en los términos de esta Ley, deberá
ser entregado, por la Secretaría a las respectivas tesorerías
de las entidades fiscalizadas de la Federación que sufrieron el
daño o perjuicio respectivo. Dicho importe quedará en las
tesorerías en calidad de disponibilidades y sólo podrá
ser ejercido de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 68.- La Auditoría Superior
de la Federación podrá abstenerse de sancionar al infractor,
por una sola vez, cuando lo estime pertinente, justificando las causas
de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan
gravedad ni exista dolo, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias
del infractor y el daño causado por éste no exceda de 2000
mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito
Federal en la fecha en que cometa la infracción. Los infractores
no podrán recibir este beneficio dos veces y se harán acreedores
a un apercibimiento por escrito.
Cuando el presunto responsable cubra, antes de que se
emita la resolución, a satisfacción de la Auditoría
Superior de la Federación, el importe de los daños o perjuicios,
o ambos, causados a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales
federales, con su actualización correspondiente, la Auditoría
Superior de la Federación sobreseerá el procedimiento resarcitorio.
La Auditoría Superior de la Federación a
través de su página de Internet, llevará un registro
público actualizado de los servidores públicos, particulares,
personas físicas o morales, públicas o privadas, sancionados
por resolución definitiva firme, a través del procedimiento
resarcitorio a que se hace referencia en el presente capítulo y
lo hará del conocimiento de las instancias de control competentes.
El registro al que se hace referencia en el párrafo
anterior será actualizado cada tres meses.
Capítulo IV
Del Recurso de Reconsideración
Artículo 69.- Las sanciones y demás
resoluciones que emita la Auditoría Superior de la Federación
conforme a esta Ley, podrán ser impugnados por las entidades fiscalizadas
y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a
las mismas o por los particulares, personas físicas o morales, ante
la propia Auditoría Superior de la Federación, mediante el
recurso de reconsideración o bien, mediante juicio de nulidad ante
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El recurso de
reconsideración se interpondrá dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación
de la sanción o la resolución recurrida o de ambos.
Artículo 70.- La tramitación del
recurso de reconsideración se sujetará a las disposiciones
siguientes:
I. Se iniciará mediante escrito que contendrá:
la mención de la autoridad administrativa que emitió el acto
impugnado, el nombre y firma autógrafa del recurrente, el domicilio
que señala para oír y recibir notificaciones, el acto que
se recurre y la fecha en que se le notificó, los agravios que a
juicio de la entidad fiscalizada y, en su caso, de los servidores públicos,
o del particular, persona física o moral, les cause la sanción
o resolución impugnada, asimismo se acompañará copia
de ésta y de la constancia de notificación respectiva, así
como las pruebas documentales o de cualquier otro tipo supervenientes que
ofrezca y que tengan relación inmediata y directa con la sanción
o resolución recurrida;
II. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos
establecidos en este artículo para la presentación del recurso
de reconsideración, la Auditoría Superior de la Federación
prevendrá por una sola vez al inconforme para que, en un plazo de
cinco días naturales, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido
en su presentación.
Una vez desahogada la prevención, la Auditoría
Superior de la Federación, en un plazo que no excederá de
quince días naturales, acordará sobre la admisión
o el desechamiento del recurso. En este último caso, cuando se ubique
en los siguientes supuestos: se presente fuera del plazo señalado;
el acto no sea definitivo; el escrito de impugnación no se encuentre
firmado por el recurrente; no acompañe cualquiera de los documentos
a que se refiere la fracción anterior; los actos impugnados no afecten
los intereses jurídicos del promovente; no se exprese agravio alguno;
o si se encuentra en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa algún recurso o defensa legal o cualquier
otro medio de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la resolución
o sanción recurrida;
III. La Auditoría Superior de la Federación
al acordar sobre la admisión de las pruebas documentales y supervenientes
ofrecidas, desechará de plano las que no fueren ofrecidas conforme
a derecho y las que sean contrarias a la moral o al derecho, y
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la
Auditoría Superior de la Federación examinará todos
y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente y emitirá
resolución dentro de los sesenta días naturales siguientes,
a partir de que declare cerrada la instrucción, notificando dicha
resolución al recurrente dentro de los veinte días naturales
siguientes a su emisión.
El recurrente podrá desistirse expresamente del recurso
antes de que se emita la resolución respectiva, en este caso, la
Auditoría Superior de la Federación lo sobreseerá
sin mayor trámite.
Artículo 71.- La resolución que ponga
fin al recurso tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar
la sanción o la resolución impugnada.
Artículo 72.- La interposición del
recurso suspenderá la ejecución de la sanción o resolución
recurrida, siempre y cuando el recurrente garantice en cualesquiera de
las formas establecidas por el Código Fiscal de la Federación
el pago de la sanción correspondiente.
Capítulo V
De la Prescripción de Responsabilidades
Artículo 73.- Las facultades de la Auditoría
Superior de la Federación para fincar responsabilidades e imponer
las sanciones a que se refiere este Título prescribirán en
cinco años.
El plazo de prescripción se contará a partir
del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en
la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue
de carácter continuo.
En todos los casos, la prescripción a que alude
este precepto se interrumpirá al notificarse el inicio del procedimiento
establecido en el artículo 57 de esta Ley.
Artículo 74.- Las responsabilidades de carácter
civil, administrativo y penal que resulten por actos u omisiones, prescribirán
en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables.
Artículo 75.- Cualquier gestión de
cobro que haga la autoridad competente al responsable, interrumpe la prescripción
de la sanción impuesta, prescripción que, en su caso, comenzará
a computarse a partir de dicha gestión.
TÍTULO SEXTO
Relaciones con la Cámara de Diputados
Capítulo Único
De la Comisión
Artículo 76.- Para los efectos de lo dispuesto
en la fracción II y en el último párrafo de la fracción
VI, del artículo 74 constitucional, la Cámara contará
con la Comisión que tendrá las atribuciones de coordinar
las relaciones entre aquélla y la Auditoría Superior de la
Federación; evaluar el desempeño de esta última; constituir
el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos
órganos, y requerir que le informe sobre la evolución de
sus trabajos de fiscalización, con respeto a su autonomía
técnica y de gestión, así como a la reserva de sus
actuaciones y observaciones hasta que se rinda el Informe del Resultado.
Artículo 77.- Son atribuciones de la Comisión:
I. Ser el conducto de comunicación entre
la Cámara y la Auditoría Superior de la Federación;
II. Recibir de la Mesa Directiva de la Cámara
o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la
Cuenta Pública y turnarla a la Auditoría Superior de la Federación;
III. Presentar a la Comisión
de Presupuesto el Informe del Resultado, su análisis respectivo
y conclusiones tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las
comisiones ordinarias de la Cámara;
IV. Conocer los programas estratégico y
anual de actividades que para el debido cumplimiento de sus funciones y
atribuciones, elabore la Auditoría Superior de la Federación,
así como sus modificaciones, y evaluar su cumplimiento;
V. Citar, por conducto de su Mesa Directiva, al
Auditor Superior de la Federación para conocer en lo específico
el Informe del Resultado;
VI. Conocer y opinar sobre el proyecto de presupuesto
anual de la Auditoría Superior de la Federación y turnarlo
a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para
su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el siguiente ejercicio fiscal, requerir a dicha Auditoría,
por conducto de la Unidad, informes durante el año sobre el ejercicio
de su presupuesto, así como analizar el informe anual de su ejercicio;
VII. Evaluar el desempeño de la Auditoría
Superior de la Federación respecto al cumplimiento de su mandato,
atribuciones y ejecución de las auditorías y proveer lo necesario
para garantizar su autonomía técnica y de gestión.
La evaluación del desempeño tendrá
por objeto conocer si la entidad de fiscalización cumple con las
atribuciones que conforme a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y esta Ley le corresponden; el efecto o la consecuencia
de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y el
desempeño de las entidades fiscalizadas, en los resultados de los
programas y proyectos autorizados en el Presupuesto, y en la administración
de los recursos públicos federales que ejerzan;
VIII. Presentar a la Cámara la propuesta
de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior de la Federación,
así como la solicitud de su remoción, en términos
de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 79 constitucional;
IX. Proponer al Pleno de la Cámara al Titular
de la Unidad y los recursos materiales, humanos y presupuestarios con los
que debe contar la propia unidad;
X. Proponer al Pleno de la Cámara el Reglamento
Interior de la Unidad;
XI. Aprobar el programa de actividades de la Unidad
y requerirle todo tipo de información relativa a sus funciones;
de igual forma, aprobar políticas, lineamientos y manuales que la
Unidad requiera para el ejercicio de sus funciones;
XII. Ordenar a la Unidad la práctica de
auditorías a la Auditoría Superior de la Federación;
XIII. Elaborar los formatos conforme a los cuales
la Auditoría Superior de la Federación deberá presentar
el informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones
y acciones promovidas a que se refiere el artículo 79 fracción
II último párrafo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
XIV. Aprobar los indicadores que utilizará
la Unidad para la evaluación del desempeño de la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, los elementos metodológicos
que sean necesarios para dicho efecto y los indicadores de la Unidad;
XV. Conocer el Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación, y
XVI. Las demás que establezcan esta Ley
y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 78.- La Comisión presentará
directamente a la Auditoría Superior de la Federación un
informe que contenga las observaciones y las recomendaciones que se deriven
del ejercicio de las atribuciones que esta Ley le confiere en materia de
evaluación de su desempeño a más tardar el 30 de mayo
del año en que presente el Informe del Resultado. La Auditoría
Superior de la Federación dará cuenta de su atención
al presentar el Informe del Resultado del ejercicio siguiente.
TÍTULO SÉPTIMO
Organización de la Auditoría Superior
de la Federación
Capítulo I
Integración y Organización
Artículo 79.- Al frente de la Auditoría
Superior de la Federación habrá un Auditor Superior de la
Federación designado conforme a lo previsto por el párrafo
cuarto del artículo 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, por el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes de la Cámara.
Artículo 80.- La designación del
Auditor Superior de la Federación se sujetará al procedimiento
siguiente:
I. La Comisión formulará la convocatoria
pública correspondiente, a efecto de recibir durante un periodo
de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación
de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el puesto de Auditor Superior
de la Federación;
II. Concluido el plazo anterior y recibidas las
solicitudes con los requisitos y documentos que señale la convocatoria,
la Comisión, dentro de los cinco días naturales siguientes,
procederá a la revisión y análisis de las mismas;
III. Del análisis de las solicitudes los
integrantes de la Comisión entrevistarán por separado para
la evaluación respectiva y dentro de los cinco días naturales
siguientes, a los candidatos que, a su juicio, considere idóneos
para la conformación de una terna;
IV. Conformada la terna, en un plazo que no deberá
exceder de tres días naturales, la Comisión formulará
su dictamen, a fin de proponer al Pleno los tres candidatos, para que éste
proceda, en los términos del artículo anterior, a la designación
del Auditor Superior de la Federación, y
V. La persona designada para ocupar el cargo, protestará
ante el Pleno de la Cámara.
Artículo 81.- En caso de que ningún
candidato de la terna propuesta en el dictamen para ocupar el cargo de
Auditor Superior de la Federación, haya obtenido la votación
de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara,
se volverá a someter una nueva propuesta en los términos
del artículo anterior. Ningún candidato propuesto en el dictamen
rechazado por el Pleno podrá participar de nueva cuenta en el proceso
de selección.
Artículo 82.- El Auditor Superior de la
Federación durará en el encargo ocho años y podrá
ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido por
la Cámara por las causas graves a que se refiere el artículo
93 de esta Ley, con la misma votación requerida para su nombramiento,
así como por las causas y conforme a los procedimientos previstos
en el Título Cuarto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Si esta situación se presenta estando
en receso la Cámara, la Comisión Permanente podrá
convocar a un periodo extraordinario para que resuelva en torno a dicha
remoción.
Artículo 83.- Durante el receso de la Cámara,
el Auditor Especial que corresponda conforme al Reglamento Interior de
la Auditoría Superior de la Federación, ejercerá el
cargo hasta en tanto dicha Cámara designe al Auditor Superior de
la Federación en el siguiente periodo de sesiones.
El Auditor Superior de la Federación será
suplido en sus ausencias temporales por los auditores especiales, por el
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y por el Titular de la
Unidad General de Administración en el orden que señale el
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.
En caso de falta definitiva, la Comisión dará cuenta a la
Cámara para que designe, en términos del artículo
80 de esta Ley, al Auditor que concluirá el encargo.
Artículo 84.- Para ser Auditor Superior
de la Federación se requiere satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no
adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles
y políticos;
II. Tener por lo menos treinta y cinco años
cumplidos el día de la designación;
III. Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más
de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se
tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro
que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo
cualquiera que haya sido la pena;
IV. Haber residido en el país durante los
dos años anteriores al día de la designación;
V. No haber sido Secretario de Estado, Procurador
General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Senador,
Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno
del Distrito Federal, ni dirigente de algún partido político,
ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante el
año previo al día de su nombramiento;
VI. Contar al momento de su designación
con una experiencia de diez años en actividades o funciones relacionadas
con el control y fiscalización del gasto público, política
presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño
y de políticas públicas; administración financiera,
o manejo de recursos;
VII. Contar el día de su designación,
con título de antigüedad mínima de diez años,
y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho
o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración
o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades
de fiscalización expedidos por autoridad o institución legalmente
facultada para ello; y
VIII. No haber sido inhabilitado para desempeñar
un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido
de algún cargo del sector público o privado.
Artículo 85.- El Auditor Superior de la Federación
tendrá las siguientes atribuciones:
I. Representar a la Auditoría Superior
de la Federación ante las entidades fiscalizadas, autoridades federales
y locales, entidades federativas, municipios, órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y demás
personas físicas y morales, públicas o privadas;
II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de
la Auditoría Superior de la Federación atendiendo a las previsiones
del ingreso y del gasto público federal y las disposiciones aplicables;
III. Administrar los bienes y recursos a cargo
de la Auditoría Superior de la Federación y resolver sobre
la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación
de servicios de la entidad de fiscalización, sujetándose
a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, sus leyes reglamentarias
y a lo previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, así como
gestionar la incorporación, destino y desincorporación de
bienes inmuebles del dominio público de la Federación, afectos
a su servicio;
IV. Aprobar el programa anual de actividades; así
como el plan estratégico de la Auditoría Superior de la Federación
por un plazo mínimo de 3 años, y el programa anual de auditorías
para la fiscalización de la Cuenta Pública respectiva;
V. Expedir de conformidad con lo establecido en
esta Ley y hacerlo del conocimiento de la Comisión, el Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, en el
que se distribuirán las atribuciones a sus unidades administrativas
y sus titulares, además de establecer la forma en que deberán
ser suplidos estos últimos en sus ausencias, su organización
interna y funcionamiento, debiendo publicarlo en el Diario Oficial de la
Federación;
VI. Expedir los manuales de organización
y procedimientos que se requieran para la debida organización y
funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación,
los que deberán ser conocidos previamente por la Comisión
y publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, manejo
y aplicación del presupuesto de la Auditoría Superior de
la Federación, ajustándose a las disposiciones aplicables
del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como informando
a la Comisión sobre el ejercicio de su presupuesto en términos
del artículo 85, fracción XVIII de esta Ley, y cuando la
Comisión le requiera información adicional;
VII. Nombrar al personal de mando superior de la
Auditoría Superior de la Federación;
VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que
esta Ley le confiere a la Auditoría Superior de la Federación;
así como establecer los elementos que posibiliten la adecuada rendición
de cuentas y la práctica idónea de las auditorías,
tomando en consideración las propuestas que formulen las entidades
fiscalizadas y las características propias de su operación;
IX. Ser el enlace entre la Auditoría Superior
de la Federación y la Comisión;
X. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores
públicos, y a los particulares, sean éstos personas físicas
o morales, la información que con motivo de la fiscalización
de la Cuenta Pública se requiera;
XI. Solicitar a las entidades fiscalizadas el auxilio
que necesite para el ejercicio expedito de las funciones de revisión
y fiscalización superior;
XII. Ejercer las atribuciones que corresponden
a la Auditoría Superior de la Federación en los términos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la presente Ley y del Reglamento Interior de la propia Auditoría
Superior de la Federación;
XIII. Tramitar, instruir y resolver el recurso
de reconsideración interpuesto en contra de sus resoluciones y sanciones
que emita conforme a esta Ley;
XIV. Recibir de la Comisión la Cuenta Pública
para su revisión y fiscalización superior;
XV. Formular y entregar a la Cámara, por
conducto de la Comisión, el Informe del Resultado a más tardar
el 20 de febrero del año siguiente de la presentación de
la Cuenta Pública Federal;
XVI. Resolver el procedimiento para el fincamiento
de responsabilidades resarcitorias previsto en esta Ley;
XVII. Concertar y celebrar, en los casos que estime
necesario, convenios con las entidades fiscalizadas, legislaturas locales,
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las entidades de fiscalización
superior de las entidades federativas, municipios y órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales en el Distrito Federal, con el propósito
de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento
de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa;
así como convenios de colaboración con los organismos nacionales
e internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior
homólogas o con éstas directamente, con el sector privado
y con colegios de profesionales, instituciones académicas e instituciones
de reconocido prestigio de carácter multinacional;
XVIII. Dar cuenta comprobada a la Cámara,
a través de la Comisión, de la aplicación de su presupuesto
aprobado, dentro de los treinta primeros días del mes siguiente
al que corresponda su ejercicio;
XIX. Solicitar ante las autoridades competentes
el cobro de las multas y sanciones resarcitorias que se impongan en los
términos de esta Ley;
XX. Expedir la política de remuneraciones, prestaciones
y estímulos del personal de confianza de la Auditoría Superior
de la Federación, previa opinión de la Comisión y
observando lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria;
XXI. Elaborar para su envío a la Comisión
el plan estratégico de la Auditoria Superior de la Federación,
y
XXII. Las demás que señale esta Ley
y demás disposiciones legales aplicables.
De las atribuciones previstas a favor del Auditor Superior
de la Federación en esta Ley, sólo las mencionadas en las
fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVIII, XX y XXI de
este artículo son de ejercicio exclusivo del Auditor Superior y,
por tanto, no podrán ser delegadas.
Artículo 86.- El Auditor Superior de la
Federación será auxiliado en sus funciones por los auditores
especiales, así como por los titulares de unidades, directores generales,
auditores y demás servidores públicos que al efecto señale
el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación,
de conformidad con el presupuesto autorizado. En dicho Reglamento se asignarán
las facultades y atribuciones previstas en esta Ley.
Artículo 87.- Para ejercer el cargo de Auditor
Especial se deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio
de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener por lo menos treinta y dos años
cumplidos al día de su designación;
III. Cumplir los requisitos señalados en
las fracciones III a V y VIII del artículo 84 de esta Ley, y
IV. Contar, el día de su designación,
con antigüedad mínima de siete años, con título
y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho,
abogado, licenciado en economía, licenciado en administración
o cualquier otro título y cédula profesional relacionado
con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución
legalmente facultada para ello.
V. Contar al momento de su designación con
una experiencia de siete años en actividades o funciones relacionadas
con el control y fiscalización del gasto público, política
presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño
y de políticas públicas; administración financiera,
o manejo de recursos;
Artículo 88.- Sin perjuicio de su ejercicio
por el Auditor Superior de la Federación o de cualquier otro servidor
público, conforme al Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación, corresponde también a los auditores
especiales las facultades siguientes:
I. Planear, conforme a los programas aprobados
por el Auditor Superior de la Federación, las actividades relacionadas
con la revisión de la Cuenta Pública y elaborar los análisis
temáticos que sirvan de insumos para la preparación del Informe
del Resultado;
II. Revisar la Cuenta Pública que se rinda
en términos de esta Ley;
III. Requerir a las entidades fiscalizadas y a
los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquéllas, la
información y documentación que sea necesaria para realizar
la función de fiscalización;
IV. Ordenar y realizar auditorías a las
entidades fiscalizadas conforme al programa aprobado por el Auditor Superior
de la Federación;
V. Designar a los auditores encargados de practicar
las auditorías a su cargo o, en su caso, celebrar los contratos
de prestación de servicios a que se refiere el artículo 22
de esta Ley;
VI. Revisar, analizar y evaluar la información
programática incluida en la Cuenta Pública;
VII. Solicitar la presencia de los representantes
de las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar que se les señale,
para celebrar las reuniones en las que se les de a conocer la parte que
les corresponda de los resultados y, en su caso, observaciones preliminares
de las auditorías que se les practicaron;
VIII. Formular los resultados y las observaciones
que se deriven de las auditorías que se practiquen, incluyendo recomendaciones
y acciones promovidas, las que remitirá, según proceda, a
las entidades fiscalizadas en los términos de esta Ley;
IX. Participar en los procedimientos para el fincamiento
de las responsabilidades resarcitorias, en los términos que establezca
el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación;
X. Tramitar, instruir y resolver el recurso de
reconsideración interpuesto en contra de las sanciones y resoluciones
que emitan conforme a esta Ley;
XI. Elaborar dictamen técnico que integre
la documentación y comprobación necesaria para promover las
acciones legales en el ámbito penal y del juicio político
que procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en
la revisión o auditorías que se practiquen;
XII. Promover ante las autoridades competentes
el fincamiento de otras responsabilidades en que incurran los servidores
públicos de las entidades fiscalizadas;
XIII. Solventar o dar por concluidas las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas y en el caso de las promociones de
responsabilidades administrativas sancionatorias, denuncias penales y de
juicio político, independientemente de que determinen su conclusión
conforme a las disposiciones aplicables, solicitar a las autoridades ante
quienes se envió la promoción o se presentó la denuncia
informen sobre la resolución definitiva que se determine o que recaiga
en este tipo de asuntos;
XIV. Formular el proyecto de Informe del Resultado,
así como de los demás documentos que se le indique, y
XV. Las demás que señale la Ley,
el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación
y demás disposiciones aplicables.
Artículo 89.- La Auditoría Superior
de la Federación contará con una Unidad de Asuntos Jurídicos,
cuyo titular tendrá las siguientes atribuciones:
I. Asesorar en materia jurídica al Auditor
Superior de la Federación y a los auditores especiales, así
como actuar como su órgano de consulta;
II. Auxiliar en el trámite e instrucción
de recurso de reconsideración previsto en esta Ley y someter el
proyecto de resolución a consideración del servidor público
que haya emitido el acto recurrido;
III. Ejercitar las acciones judiciales, civiles
y contencioso-administrativas en los juicios en los que la Auditoría
Superior de la Federación sea parte, contestar demandas, presentar
pruebas y alegatos, y actuar en defensa de los intereses jurídicos
de la propia Auditoría Superior de la Federación, dando el
debido seguimiento a los procesos y juicios en que actúe;
IV. Representar a la Auditoría Superior
de la Federación ante el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje en los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
V. Presentar directamente o por conducto de la
dirección general respectiva, conforme a lo que establezca el Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, las denuncias
penales o de juicio político que procedan, como resultado de las
irregularidades detectadas por los Titulares de las Unidades Administrativas
Auditoras con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública,
con apoyo en los dictámenes técnicos respectivos elaborados
por dichos Titulares;
VI. Asesorar a las Unidades Administrativas Auditoras
en el levantamiento de las actas administrativas que procedan con motivo
de las auditorías que practique la Auditoría Superior de
la Federación;
VII. Participar en los procedimientos para el fincamiento
de las responsabilidades resarcitorias, en los términos que establezca
el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación;
VIII. Tramitar, instruir y resolver el recurso
de reconsideración interpuesto en contra de las sanciones y resoluciones
que emita conforme a esta Ley;
IX. Revisar los aspectos legales concretos, por
conducto de la dirección general respectiva, conforme a lo que establezca
el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación,
que le soliciten las unidades administrativas auditoras, sobre los dictámenes
técnicos que requieran para promover acciones derivadas de la fiscalización
de la Cuenta Pública;
X. Ordenar y realizar auditorías a las entidades
fiscalizadas conforme al programa aprobado por el Auditor Superior de la
Federación, y
XI. Las demás que señale la Ley y
otras disposiciones aplicables.
Artículo 90.- La Auditoría Superior
de la Federación contará con una Unidad General de Administración
que le proveerá de servicios administrativos cuyo titular tendrá
las siguientes atribuciones:
I. Administrar los recursos financieros, humanos
y materiales de la Auditoría Superior de la Federación de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que la rijan
y con las políticas y normas emitidas por el Auditor Superior de
la Federación;
II. Prestar los servicios que en general se requieran
para el debido funcionamiento de las instalaciones en que se encuentre
operando la propia Auditoría Superior de la Federación;
III. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual
de la Auditoría Superior de la Federación, ejercer y glosar
el ejercicio del presupuesto autorizado y elaborar la cuenta comprobada
de su aplicación, así como implantar y mantener un sistema
de contabilidad de la institución que permita registrar el conjunto
de operaciones que requiera su propia administración;
IV. Nombrar al demás personal de la Auditoría
Superior de la Federación;
V. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los
contratos que permitan suministrar los recursos materiales que solicitan
sus unidades administrativas para su debido funcionamiento, y
VI. Las demás que le señale el Auditor
Superior de la Federación y las disposiciones legales y administrativas
aplicables.
Artículo 91.- El Auditor Superior de la Federación
y los auditores especiales durante el ejercicio de su cargo, tendrán
prohibido:
I. Formar parte de partido político alguno,
participar en actos políticos partidistas y hacer cualquier tipo
de propaganda o promoción partidista;
II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión
en los sectores público, privado o social, salvo los no remunerados
en asociaciones científicas, docentes, artísticas, de beneficencia,
o Colegios de Profesionales en representación de la Auditoría
Superior de la Federación, y
III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir
de cualquier forma, la información confidencial o reservada que
tenga bajo su custodia la Auditoría Superior de la Federación
para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse
sólo para los fines a que se encuentra afecta.
Artículo 92.- El Auditor Superior de la Federación
podrá ser removido de su cargo por las siguientes causas graves
de responsabilidad:
I. Ubicarse en los supuestos de prohibición
establecidos en el artículo anterior;
II. Utilizar en beneficio propio o de terceros
la documentación e información confidencial en los términos
de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias;
III. Dejar, sin causa justificada, de fincar indemnizaciones
o aplicar sanciones pecuniarias, en el ámbito de su competencia
y en los casos previstos en la Ley, cuando esté debidamente comprobada
la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las
revisiones e investigaciones que en el ejercicio de sus atribuciones realicen;
IV. Ausentarse de sus labores por más de
un mes sin mediar autorización de la Cámara;
V. Abstenerse de presentar en el año correspondiente
y en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, el
Informe del Resultado;
VI. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente
la documentación e información que por razón de su
cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Auditoría
Superior de la Federación, con motivo del ejercicio de sus atribuciones;
VII. Aceptar la injerencia de los partidos políticos
en el ejercicio de sus funciones y de esta circunstancia, conducirse con
parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública
y en los procedimientos de fiscalización e imposición de
sanciones a que se refiere esta Ley, y
VIII. Obtener una evaluación del desempeño
poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la Comisión,
durante dos ejercicios consecutivos.
Artículo 93.- La Cámara dictaminará
sobre la existencia de los motivos de la remoción del Auditor Superior
de la Federación por causas graves de responsabilidad, y deberá
dar derecho de audiencia al afectado. La remoción requerirá
del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Los auditores especiales podrán ser removidos por
las causas graves a que se refiere el artículo anterior, por el
Auditor Superior de la Federación.
Artículo 94.- El Auditor Superior de la
Federación y los auditores especiales sólo estarán
obligados a absolver posiciones o rendir declaración en juicio,
en representación de la Auditoría Superior de la Federación
o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas se formulen
por medio de oficio expedido por autoridad competente, misma que contestarán
por escrito dentro del término establecido por dicha autoridad.
Artículo 95.- El Auditor Superior de la
Federación podrá adscribir orgánicamente las unidades
administrativas establecidas en el Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación. Los acuerdos en los cuales se deleguen
facultades o se adscriban unidades administrativas se publicarán
en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 96.- La Auditoría Superior
de la Federación contará con un servicio fiscalizador de
carrera, debiendo emitir para ese efecto un estatuto que deberá
publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que establezca
como mínimo:
I. Incluirá como mínimo y sin excepción
al personal que lleve a cabo las auditorías y demás plazas
y categorías que la Auditoría Superior de la Federación
determine;
II. La contratación del personal del servicio
será mediante concurso público, sujeto a procedimientos y
requisitos para la selección, ingreso, aplicación de exámenes
y evaluaciones transparentes;
III. Los procedimientos y requisitos para la promoción
de sus integrantes, que deberán tomar en cuenta, su capacidad, conocimientos,
eficiencia, calidad y desempeño, así como la aplicación
de los exámenes respectivos, y
IV. El personal del servicio tendrá garantizada
su permanencia en la Auditoría Superior de la Federación
siempre y cuando acredite las evaluaciones de conocimientos y desempeño
que se determinen y cumpla los planes de capacitación y actualización.
Los procedimientos y requisitos para la permanencia y en su caso, para
la promoción de sus integrantes, deberán tomar en cuenta
su capacidad, nivel de especialización, conocimientos, eficiencia,
capacitación, desempeño y resultados de los exámenes,
entre otros.
Artículo 97.- La Auditoría Superior
de la Federación elaborará su proyecto de presupuesto anual
que contenga, de conformidad con las previsiones de gasto, los recursos
necesarios para cumplir con su encargo, el cual será remitido por
el Auditor Superior de la Federación a la Comisión a más
tardar el 15 de agosto, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal.
La Auditoría Superior de la Federación ejercerá su
presupuesto aprobado con sujeción a las disposiciones de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de
Egresos de la Federación correspondiente y las demás disposiciones
que resulten aplicables.
La Auditoría Superior de la Federación publicará
en el Diario Oficial de la Federación su normatividad interna conforme
a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 98.- Los servidores públicos
de la Auditoría Superior de la Federación se clasifican en
trabajadores de confianza y trabajadores de base, y se regirán por
el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado.
Artículo 99.- Son trabajadores de confianza:
El Auditor Superior de la Federación, los auditores especiales,
los titulares de las unidades previstas en esta Ley, los directores generales,
los auditores, los mandos medios y los demás trabajadores que tengan
tal carácter conforme a lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado y el Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación.
Son trabajadores de base los que desempeñan labores
en puestos no incluidos en el párrafo anterior y que estén
previstos con tal carácter en la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado.
Artículo 100.- La relación jurídica
de trabajo se entiende establecida entre la Auditoría Superior de
la Federación, a través de su Auditor Superior de la Federación
y los trabajadores a su servicio para todos los efectos.
Capítulo II
De la Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación
Artículo 101.- El Auditor Superior de la
Federación, los auditores especiales y los demás servidores
públicos de la Auditoría Superior de la Federación
en el desempeño de sus funciones, se sujetarán a la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
y a las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 102.- Para el efecto de apoyar
a la Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones existirá
la Unidad, encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones
a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior
de la Federación, la cual formará parte de la estructura
de la Comisión.
La Unidad podrá aplicar, en su caso, las medidas
disciplinarias y sanciones administrativas previstas en el marco jurídico
y proporcionar apoyo técnico a la Comisión en la evaluación
del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.
Artículo 103.- La Unidad tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Vigilar que los servidores públicos
de la Auditoría Superior de la Federación se conduzcan en
términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones
legales aplicables;
II. Practicar, por sí o a través
de auditores externos, auditorías para verificar el desempeño
y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior
de la Federación, así como la debida aplicación de
los recursos a cargo de ésta con base en el programa anual de trabajo
que aprueba la Comisión;
III. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento
de las obligaciones por parte del Auditor Superior de la Federación,
auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría
Superior de la Federación, iniciar investigaciones y, en su caso,
con la aprobación de la Comisión, fincar las responsabilidades
a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan, en los términos
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos;
IV. Conocer y resolver, con la aprobación
de la Comisión el recurso de revocación que interpongan los
servidores públicos sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;
V. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones
que se emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales;
VI. Participar en los actos de entrega recepción
de los servidores públicos de mando superior de la Auditoría
Superior de la Federación;
VII. A instancia de la Comisión, presentar
denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar
conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores
públicos de la Auditoría Superior de la Federación;
VIII. Llevar el registro y análisis de la
situación patrimonial de los servidores públicos adscritos
a la Auditoría Superior de la Federación;
IX. Conocer y resolver de las inconformidades que
presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas;
X. Auxiliar a la Comisión en la elaboración
de los análisis y las conclusiones del Informe del Resultado y demás
documentos que le envíe la Auditoría Superior de la Federación;
XI. Proponer a la Comisión los sistemas
de evaluación del desempeño de la propia Unidad y de la Auditoría
Superior de la Federación, así como los sistemas de seguimiento
a las observaciones y acciones que promuevan tanto la Unidad como la Comisión;
XII. En general, coadyuvar y asistir a la Comisión
en el cumplimiento de sus atribuciones, y
XIII. Las demás que le atribuyan expresamente
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Las entidades fiscalizadas tendrán la facultad de
formular queja ante la Unidad sobre los actos del Auditor Superior de la
Federación que contravengan las disposiciones de esta Ley, en cuyo
caso la Unidad sustanciará la investigación preliminar por
vía especial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento
de remoción a que se refiere este ordenamiento, o bien el previsto
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, notificando al quejoso el dictamen correspondiente, previa
aprobación de la Comisión.
Artículo 104.- El titular de la Unidad será
propuesto por la propia Comisión y designado por la Cámara,
mediante el voto mayoritario de sus miembros presentes en la sesión
respectiva, debiendo cumplir los requisitos que esta Ley establece para
el Auditor Superior de la Federación.
Artículo 105.- El titular de la Unidad será
responsable administrativamente ante la propia Cámara, a la cual
deberá rendir un informe anual de su gestión, con independencia
de que pueda ser citado extraordinariamente por ésta, cuando así
se requiera, para dar cuenta del ejercicio de sus funciones.
Artículo 106.- Son atribuciones del titular
de la Unidad:
I. Planear y programar auditorías a las
diversas áreas que integran la Auditoría Superior de la Federación;
II. Requerir a las unidades administrativas de
la Auditoría Superior de la Federación la información
necesaria para cumplir con sus atribuciones;
III. Expedir certificaciones de los documentos
que obren en los archivos de la Unidad, y
IV. Las demás que le atribuyan expresamente
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 107.- Para el ejercicio de las atribuciones
que tiene conferidas la Unidad, contará con los servidores públicos,
las unidades administrativas y los recursos económicos que a propuesta
de la Comisión apruebe la Cámara y se determinen en el presupuesto
de la misma.
El reglamento de la Unidad que expida la Cámara
establecerá la competencia de las áreas a que alude el párrafo
anterior y aquellas otras unidades administrativas que sean indispensables
para el debido funcionamiento de la misma.
Artículo 108.- Los servidores públicos
de la Unidad deberán cumplir los perfiles académicos de especialidad
que se determinen en su Reglamento, preferentemente en materias de fiscalización,
evaluación del desempeño y control.
El ingreso a la Unidad será mediante concurso público.
TÍTULO OCTAVO
Contraloría Social
Capítulo Único
Artículo 109. La Comisión recibirá
peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad
civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría
Superior de la Federación en el programa anual de auditorias, visitas
e inspecciones y cuyos resultados deberán ser considerados en el
Informe del Resultado.
Artículo 110. La Comisión recibirá
de parte de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento
de la fiscalización que ejerce la Auditoría Superior de la
Federación a efecto de participar, aportar y contribuir a mejorar
el funcionamiento de la revisión de la cuenta pública.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, y se aplicará lo dispuesto en los
artículos transitorios siguientes.
Segundo.- A partir de la entrada en vigor de esta
Ley, se abroga la Ley de Fiscalización Superior de la Federación
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve
de diciembre del año dos mil, con sus reformas y adiciones, sin
perjuicio de que los asuntos que se encuentren en trámite o en proceso
en la Auditoría Superior de la Federación al entrar en vigor
la Ley materia del presente Decreto, se seguirán tramitando hasta
su conclusión en términos de la referida Ley de Fiscalización
Superior de la Federación.
Tercero.- Las fechas aplicables para la presentación
de la Cuenta Pública y el Informe del Resultado, entrarán
en vigor a partir de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio
fiscal 2008.
Cuarto.- La Auditoría Superior de la Federación
deberá actualizar y, en su caso, publicar la normatividad que conforme
a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180 días
contados a partir de la publicación del presente Decreto.
Quinto.- Las disposiciones jurídicas que
contravengan o se opongan a la presente reforma quedan derogadas.
Sexto.- La Auditoría Superior de la Federación
y la Unidad deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme
a lo previsto en esta Ley en un plazo no mayor a 90 días contados
a partir de la publicación del presente Decreto.
Séptimo.- Las referencias que se hagan en
otras leyes y disposiciones administrativas a la Ley de Fiscalización
Superior de la Federación, se tendrán por realizadas a la
Ley que se expide mediante el presente Decreto.
Octavo.- Para efectos del ejercicio fiscal 2009,
el segundo informe trimestral a que se refiere el artículo 7 de
esta ley, será elaborado con base en la información disponible
a la fecha de cierre de dicho informe, pudiéndose incluir el gasto
devengado de forma preliminar.
Noveno.- Los convenios de colaboración que
se hubieren celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto,
por la Auditoría Superior de la Federación con las entidades
fiscalizadas y demás personas físicas o morales, públicas
y privadas, nacionales y extranjeras, conservarán su valor y eficacia
legal.
La Comisión de la Función Pública
Diputados: Benjamín
Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; Enrique Cárdenas
del Avellano (rúbrica), Lariza Montiel Luis (rúbrica), Jesús
Ricardo Morales Manzo (rúbrica en abstención), José
Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), secretarios;
Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica),
Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Carlos Altamirano Toledo (rúbrica
en abstención), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica
en abstención), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia
Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante
(rúbrica), José de la Torre Sánchez, Joaquín
Conrado de los Santos Molina (rúbrica en abstención), Mario
Enrique del Toro (rúbrica en abstención), Adriana Díaz
Contreras (rúbrica en abstención), Arturo Flores Grande (rúbrica),
María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Apolonio
Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez
(rúbrica en abstención), Alan Notholt Guerrero (rúbrica),
Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro, Marcos Salas Contreras
(rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica),
Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), Rafael Plácido
Ramos Becerril (rúbrica), Víctor Gabriel López Varela.
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE
VIVIENDA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Vivienda fue turnada por acuerdo
de esta soberanía, para estudio, análisis y dictamen, iniciativa
con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Vivienda, presentada por la diputada Martha Margarita García Müller,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente
a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Vivienda, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 39, fracción XL, y 45, numeral 6, incisos
e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88,
93 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable
asamblea el siguiente dictamen.
Antecedentes
1. Con fecha 5 de febrero de 2008, la diputada Martha
Margarita García Müller, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara
de Diputados, presentó al Pleno de esta representación nacional,
iniciativa con proyecto decreto que adiciona la fracción X del artículo
6; la fracción VII al inciso A y la fracción VIII al inciso
B del artículo 17, además de la fracción XXIV del
artículo 19 de la Ley de Vivienda.
2. En sesión celebrada con fecha 5 de febrero de
2008, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara
de Diputados dictó el siguiente trámite: "Túrnese
a la Comisión de Vivienda", el cual se hizo del conocimiento para
su dictaminación mediante el oficio número DGPL.60-II-2-1313.
De acuerdo con los antecedentes, los integrantes de la
Comisión de Vivienda de la LX Legislatura de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión exponemos las siguientes
Consideraciones
Primera. Para los integrantes de la Comisión
de Vivienda, una de las mayores barreras para las personas con discapacidades
es la falta de accesibilidad y adaptabilidad en el entorno físico
de viviendas, edificios públicos, comercios, calles, parques, centros
de trabajo, etcétera. Al respecto existen normas internacionales
que enfatizan la importancia global del acceso para lograr la igualdad
de oportunidades en todas las esferas de la sociedad, las personas con
discapacidades de cualquier índole, incluye recomendaciones relativas
a la implantación de programas de acción para que el entorno
físico sea accesible y a la adopción de medidas para garantizar
el acceso principalmente en las viviendas y centros de trabajo.
En consecuencia, tanto a nivel nacional como internacional,
existen organizaciones que se empeñan por mantener en la agenda
pública el tema de la accesibilidad para este sector, a fin de que
se incluyan en el diseño y construcción del entorno físico
interno en las viviendas y en los centros de trabajo una mejor accesibilidad
para las personas con discapacidad.
La Asamblea General de las Naciones Unidas promovió
en 1976 como Año Internacional de las Personas con Discapacidad,
bajo el lema "Participación plena e igualdad". En
esta asamblea se establecieron cinco objetivos principales, destacando
el "estímulo a los proyectos de estudio e investigación destinados
a facilitar la participación práctica de las personas con
discapacidad en la vida cotidiana; por ejemplo, mejorando su acceso a los
edificios público, vivienda y a los sistemas de transporte".
Para 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad. Este programa destacó la necesidad para que los Estados
miembros instalarán los medios para que la persona con discapacidad
pueda hacer uso de los servicios que se ofrecen a la colectividad. Al ser
accesibles a todos "se hará efectivo el principio de igualdad de
oportunidades". Además, dentro de sus orientaciones clave en el
entorno físico, el artículo 114 de este programa establece
que los Estados miembros están invitados a adoptar una política
tendiente a asegurar a las personas con discapacidad el acceso a todos
los nuevos edificios e instalaciones, viviendas y sistemas de transporte
público existentes, siempre que sea posible.
En agosto de 2006, la Convención Internacional
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de las Naciones Unidas
y, posteriormente, la Asamblea General de la ONU, aprobaron el Tratado
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo
9 del anexo II refiere a la accesibilidad con el propósito de que
las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, por lo que los Estados parte
adoptarían medidas apropiadas para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad con otras personas, al entorno físico
de viviendas y centros de trabajo, al transporte, a los sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones, a los servicios e instalaciones
públicas, tanto en zonas urbanas como rurales; además estas
medidas incluirían la identificación y eliminación
de obstáculos y barreras al acceso, que se aplicarían en
edificios, caminos, transporte y otras obras bajo techo y al aire libre,
como escuelas e instalaciones médicas.
Segunda. En los últimos años, el
Estado mexicano ha asumido un papel cada vez más activo en adoptar
medidas de carácter legislativo, social, educativo y laboral, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración a la sociedad.
Prueba de lo anterior, el 8 de junio de 1999 el gobierno
mexicano firmó en la ciudad de Guatemala, el ad referéndum
de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
el cual fue ratificado por la Cámara de Senadores del honorable
Congreso de la Unión el 25 de abril de 2000.
Posteriormente, en agosto de 2005 se publicó en
el Diario Oficial de la Federación la Ley General de las Personas
con Discapacidad, que en su artículo 5, inciso h), se establece
que las políticas públicas en la materia deberán considerar
como uno de sus principios "la accesibilidad"; asimismo, se instituye en
el artículo 13 que las dependencias de la administración
pública federal, estatal y municipal vigilarán el cumplimiento
de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano
y vivienda se establecen en la normatividad vigente.
Derivado del derecho constitucional que tiene la familia
de disfrutar de una vivienda digna y decorosa consagrado en el artículo
4o. de la Constitución federal, esta ley también reconoce
el derecho a la vivienda de las personas discapacitadas y para garantizar
este derecho, estipula que los programas del sector público incluyan
proyectos arquitectónicos de construcción que consideren
las necesidades propias de las personas con discapacidad de la misma manera,
el artículo 16, establece que los organismos públicos de
vivienda otorgarán facilidades a las personas con discapacidad para
recibir créditos o subsidios para la adquisición, construcción
o remodelación de vivienda.
De conformidad con estas disposiciones, la Comisión
Nacional de Fomento a la Vivienda, dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Social, elaboró en 2005, la guía "Hacia un
código de edificación de vivienda", con la finalidad de establecer
los lineamientos que sirvieran de fundamento para que las autoridades estatales
y municipales elaboraran su propia reglamentación de forma que garantizarán,
entre otras cosas, que las viviendas resultaran habitables, accesibles
y sustentables.
Este documento estableció que la accesibilidad
debe formar parte integral de la vivienda y del entorno urbano, como un
factor que propicie la movilidad y la comunicación de sus habitantes,
ofreciendo condiciones propicias para el desarrollo y convivencia de los
adultos mayores y las personas con discapacidad.
Por su parte, la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión aprobó, el 12 de febrero de 2008, una
reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que se estableció la
obligación de los patrones a adecuar las instalaciones de los centros
de trabajo y oficinas para permitir el acceso y desplazamiento de personas
y trabajadores con discapacidad.
Tercera. El 4 de diciembre de 2006 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo
1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en la que se eliminó del texto constitucional el concepto "capacidades
diferentes" por el de "las discapacidades".
Dicha reforma constitucional estableció el concepto
de discapacidad a efecto de precisar con toda objetividad las características
propias de las personas con discapacidad y, de este modo, promover la tolerancia,
el respeto a la diversidad e igualdad en sus derechos, para preservar y
hacer valer sus derechos fundamentales.
Por lo anterior, el Poder Legislativo federal se ha dado
a la tarea de actualizar las leyes generales o federales y demás
ordenamientos del marco jurídico positivo mexicano, con la finalidad
de homologar, el término "discapacidad", de conformidad con lo establecido
en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarta. Para los integrantes de la comisión
dictaminadora, la vivienda accesible debe ser aquélla que se diseñe
y construya con base en las necesidades específicas de un usuario
con discapacidad, creando las condiciones favorables de funcionalidad y
satisfaciendo las necesidades de accesibilidad.
Es por ello que deben promoverse criterios de accesibilidad
y adaptabilidad en la vivienda en todas sus modalidades por todos los niveles
de gobierno, que garanticen la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad y salvaguarden sus derechos, a fin de que puedan desarrollarse
libremente en todas las esferas de la vida social.
Cabe señalar que en el Código de Edificación
que promueve la Comisión Nacional de Vivienda se busca unificar
criterios en las legislaciones, reglamentos y normatividad, en los distintos
ámbitos de gobierno, con la finalidad de elevar la calidad y seguridad
de las viviendas que se edifican o remodelan en el país, en especial
las destinadas a los sectores de bajos recursos. Todas las entidades federativas
requieren esquemas de regulación que garanticen que las construcciones,
materiales utilizados e instalaciones incrementen y preserven el patrimonio
de las familias, que las viviendas resulten habitables, accesibles y sustentables,
además de que los conjuntos, desarrollos y fraccionamientos cuenten
con la infraestructura y el equipamiento necesario, de acuerdo con los
planes y programas de ordenación del territorio y desarrollo urbano
aplicables a cada localidad.
Además, las recomendaciones que plantea el Código
de Edificación consideran las variables bioclimatológicas,
geomorfológicas, tecnológico-productivas, los mapas de riesgo
y otros factores socioeconómicos y culturales de cada zona. Asimismo,
la clasificación de ciudades y localidades del sistema urbano nacional,
para conocer el rango de la población y sus grados de relación
y dependencia regional, sus requerimientos de suelo, infraestructura, equipamiento,
la segmentación de la vivienda por su valor, su tipología,
su adaptabilidad y accesibilidad (adultos mayores y personas con discapacidades),
así como los tipos de agrupación de vivienda que se requieren
(conjuntos, condominios, fraccionamientos y desarrollos).
En consecuencia, la iniciativa que se analiza propone
reformar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, que consideran lineamientos
generales que promuevan en todos los niveles de gobierno la adopción
de criterios de accesibilidad y adaptabilidad en el diseño, construcción
y mejoramiento de la vivienda para las personas con discapacidad y las
personas adultas mayores, que hagan realidad su derecho a una vivienda
digna con accesibilidad.
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de
la Comisión de Vivienda nos permitimos someter a consideración
de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley
de Vivienda
Artículo Único. Se adicionan la fracción
X al artículo 6; la fracción VII al inciso A, la fracción
VIII al inciso B del artículo 17, y una fracción XXIV, pasando
la actual fracción XXIV a ser XXV al artículo 19 de la Ley
de Vivienda, para quedar como sigue:
Artículo 6. La política nacional
de vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta ley y deberá
considerar los siguientes lineamientos:
I. a VII. ...
VIII. Promover una distribución y atención
equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional,
considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así
como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;
IX. Promover medidas que proporcionen a la población
información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias
del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen
los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades,
posibilidades y preferencias; y
X. Promover que en el diseño, construcción
y mejoramiento de los desarrollos habitacionales y de la vivienda se adopten
criterios de accesibilidad y adaptabilidad a las necesidades de las personas
con discapacidad y de personas adultas mayores.
Artículo 17. La comisión promoverá
que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus respectivas
leyes de vivienda, en donde establezcan la responsabilidad y compromiso
de los gobiernos estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones
para la solución de los problemas habitacionales de sus comunidades.
Entre otras tareas y responsabilidades, deberá promoverse que
A. Los gobiernos estatales asuman las siguientes atribuciones:
I. a IV. ...
V. Promover la participación de los sectores social
y privado en la instrumentación de los programas y acciones de suelo
y vivienda, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en los demás
ordenamientos legales aplicables;
VI. Informar a la sociedad sobre las acciones que realicen
en materia de suelo y vivienda; y
VII. Incorporar en los instrumentos normativos, programáticos
y administrativos que expidan conforme a su competencia en materia de desarrollo
urbano y vivienda, criterios de accesibilidad y adaptabilidad de la vivienda
a las necesidades de las personas con discapacidad y de personas adultas
mayores.
B. Los municipios asuman las siguientes atribuciones:
I. a V. ...
VI. Coordinar acciones con el gobierno de su entidad federativa
con la finalidad de recibir apoyo para la planeación, gestión
de recursos, operación de programas y ejecución de acciones
en materia de suelo y vivienda;
VII. Coordinar acciones en materia de suelo y vivienda
con otros municipios; y
VIII. Incorporar en los instrumentos normativos, programáticos
y administrativos que expidan conforme a su competencia en materia de desarrollo
urbano, vivienda y construcciones, criterios de accesibilidad y adaptabilidad
de la vivienda a las necesidades de las personas con discapacidad y de
personas adultas mayores.
Artículo 19. Corresponde a la comisión
I. a XXII. ...
XXIII. Promover y apoyar la constitución y operación
de organismos de carácter no lucrativo que proporcionen asesoría
y acompañamiento a la población de bajos ingresos para desarrollar
de mejor manera sus procesos productivos y de gestión del hábitat;
XXIV. Promover en coordinación con los organismos
de vivienda y las autoridades estatales y municipales competentes, que
en todo desarrollo habitacional que se construya deberá contar con
un porcentaje de viviendas con criterios de accesibilidad y adaptabilidad,
destinadas a personas con discapacidad, así como a personas adultas
mayores; y
XXV. Las demás que le otorguen la presente ley
u otros ordenamientos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo
de San Lázaro, México, Distrito Federal, a los veintiséis
días del mes de marzo de dos mil nueve.
La Comisión de Vivienda
Diputados: Diego Aguilar (rúbrica),
Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Martha Margarita García
Müller, Raúl García Vivián (rúbrica),
Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), María Elena Torres
Baltazar (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica),
Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Joel Arellano Arellano,
Susana Sarahí Carrasco Cárdenas (rúbrica), Rosa Elena
Galván Valles (rúbrica), Óscar González Morán
(rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Alejandro
Sánchez Domínguez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato
Castell, Marisol Mora Cuevas, Alberto López Rojas (rúbrica),
Mario Vallejo Estévez (rúbrica), María Soledad López
Torres, David Mendoza Arellano, Juan Manuel San Martín Hernández,
Gerardo Villanueva Albarrán, Tomás Gloria Requena, Élmar
Darinel Díaz Solórzano, Alfredo Barba Hernández, Lourdes
Quiñones Canales (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati
Tafich (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Robinson
Uscanga Cruz (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera.
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS
6o. Y 10 DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN
DE SENTENCIADOS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública de la
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de
la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas
sobre Readaptación Social de Sentenciados.
La comisión, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 70, 71, 72 y 73, fracciones XXIII y XXX, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos
e) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; y 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente
dictamen.
Antecedentes
1. En sesión de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión celebrada el 10 de marzo de 2009, los diputados
Carlos Alberto Torres Torres, Héctor Ramos Covarrubias y Alejandro
Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática; y Gerardo Octavio
Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación
Social de Sentenciados.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
acordó que se turnara dicha iniciativa a la Comisión de Seguridad
Pública.
3. En sesión plenaria celebrada el 31 de marzo
de 2009 se sometió a consideración de los integrantes de
la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura el
proyecto de dictamen, que fue aprobado por 19 votos a favor.
Contenido
1. Los diputados proponentes manifiestan en la exposición
de motivos que el sistema penitenciario tiene como objetivo final la reinserción
de los sentenciados que se encuentran en alguno de los centros penitenciarios,
alejados del contacto con los familiares y con la sociedad.
2. Que, derivado de la batalla frontal contra la delincuencia
y el crimen organizado, los ciudadanos demandan un marco legal adecuado
y políticas públicas sólidas, por lo que resulta necesario
estructurar en el sistema penitenciario mecanismos que impulsen una correcta
reinserción de los internos en la sociedad, evitando la reincidencia
y la creación de nuevas células delictivas.
3. Señalan los proponentes que, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, el sistema penitenciario
se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación
para él, la educación, la salud y el deporte como medios
para lograr la reinserción social del sentenciado.
4. Se señala el trabajo como primer instrumento
para la reinserción del sentenciado en la sociedad; es decir, el
Constituyente reconoce como punto de partida que era necesario dotar de
herramientas a los internos para que a su salida tengan la capacidad laboral
necesaria que les permitiera encontrar un oficio, tener un sustento económico
que no los hiciera volver a delinquir y que fuese suficiente para colaborar
en el gasto familiar.
5. Se reconoce que los esfuerzos realizados por las autoridades
penitenciarias, y los trabajos u oficios que al día de hoy se ponen
a disposición de los internos en la mayoría de los centros
no resultan suficientes para que al salir sean empleados en un trabajo
digno y bien remunerado.
6. No obstante, señalan los proponentes, diversos
empresarios mexicanos han expresado interés y presentado proyectos
para la instalación de pequeñas y medianas industrias en
los centros penitenciarios que permitan su capacitación y contribuyan
de manera efectiva a su reinserción.
7. Además, durante el tiempo que son empleados
en estas industrias, la percepción que reciben, además de
servir de apoyo para el sustento de los centros y la reparación
del daño, como menciona la ley, resulta suficiente para otorgar
un apoyo real a los dependientes económicos de los internos y para
acumular un fondo de ahorro que servirá como soporte al interno
al momento de regresar a la comunidad.
8. Señalan los proponentes que, según datos
de la Secretaría de Seguridad Pública, hay una población
penitenciaria de 219 mil 754 internos, de los que 204 mil 711 se encuentran
con plena capacidad físico-mental para laborar; es decir, existe
el suficiente capital humano disponible y una gran cantidad de centros
que podrían ser habilitados para desarrollar en el país una
sólida industria penitenciaria que auxilie a la sustentabilidad
de los centros, a la economía nacional y a una mejor reinserción
de los internos a la sociedad.
9. Los diputados proponentes manifiestan que otorgar al
sentenciado un trabajo que le permita desarrollarse como persona y apoyar
a la economía familiar resulta un factor de estabilidad y apoyo
para el sentenciado al momento de obtener su libertad, ya que en múltiples
ocasiones la familia de los internos se desentiende de ellos.
10. Declaran los proponentes que se busca con la iniciativa
garantizar un salario digno para los internos por el desempeño de
sus labores, contando con industrias que puedan emplear al mayor número
de sentenciados, en un espacio suficiente, pero reducido, que no requiera
grandes adaptaciones físicas, siempre en condiciones que respeten
los derechos humanos de los internos y cuiden su integridad física
y mental.
11. Por lo expuesto, los diputados proponen reformar el
noveno párrafo del artículo 6, adicionar un décimo
y un undécimo párrafos, y reformar también el párrafo
tercero del artículo 10 de la Ley que establece las Normas Mínimas
sobre Readaptación Social de Sentenciados, con objeto de establecer
espacios e instalaciones que promuevan el desempeño de actividades
de industria penitenciaria, así como excluir de éstas a los
internos relacionados con la delincuencia organizada; y que los internos
contribuyan para su sostenimiento en el reclusorio, reparación del
daño, soporte a dependientes económicos y fondo de ahorro.
Consideraciones
a) En lo general
1. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 18 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario se organizará
sobre la base del trabajo, la capacitación para él, la educación,
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social
del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios
que para él prevé la ley.
2. Que la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización
de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.
3. Que a partir de las reformas y adiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000,
se creó la Secretaría de la Seguridad Pública federal.
4. Que la ley mencionada con señala en el artículo
30 Bis el despacho de los asuntos que corresponden a la Secretaría
de Seguridad Pública, mencionando la administración del sistema
federal penitenciario, como se transcribe a continuación:
Artículo 30 Bis. A la Secretaría
de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XXII. …
XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal
y administrar el sistema federal penitenciario, así como organizar
y dirigir las actividades de apoyo a liberados;
XXIV. a XXVII. …
5. Que la Ley que establece las Normas Mínimas
sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1971, tiene como finalidad
organizar el sistema penitenciario en la república.
Que dicha ley, de carácter general, ha sido base
para que las entidades federativas publiquen sus leyes en materia de readaptación
social.
6. Que el Reglamento de la Secretaría de Seguridad
Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 12 de marzo de 2007, establece que la Secretaría de Seguridad
Pública es la dependencia de la administración pública
federal que tiene por objeto preservar la libertad, el orden y la paz públicos,
así como administrar el sistema penitenciario federal y el relativo
al tratamiento de menores infractores.
7. Que el artículo 3o. del reglamento citado señala
que para el estudio, la planeación y el despacho de los asuntos
de su competencia, la secretaría contará con unidades administrativas
y con órganos administrativos desconcentrados, entre los cuales
se encuentran la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal
y el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación
Social.
b) De la iniciativa
1. La comisión dictaminadora se identifica plenamente
con la propuesta de los diputados de actualizar la Ley que establece las
Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados,
con objeto de garantizar un salario digno para los internos por el desempeño
de sus labores, promoviendo la industria penitenciaria y adecuando espacios
e instalaciones que promuevan y faciliten el desempeño de actividades
de esta industria para los internos.
2. Con relación a la propuesta, la comisión
considera oportuno mencionar que tiene por objeto reformar el noveno párrafo
del artículo 6, con la finalidad de considerar que los convenios
a que se refiere el párrafo deberán establecer espacios e
instalaciones adecuados y exclusivos que promuevan y faciliten el desempeño
de actividades de industria penitenciaria para los internos.
Asimismo, proponen adicionar un décimo párrafo,
el cual establecerá que las disposiciones a que se refiere el párrafo
anterior no aplicarán para los establecimientos cuyos internos se
encuentren exclusivamente relacionados con la delincuencia organizada o
requieran medidas especiales de seguridad, con arreglo a lo establecido
en el artículo 18 constitucional; y un undécimo párrafo,
el cual señala que se considerarán espacios que permitan
al interno recibir educación y practicar el deporte.
De igual manera, se propone reformar el tercer párrafo
del artículo 10 de la ley, con la finalidad de cambiar "reos pagarán"
por "internos contribuirán"; que el cargo que se hará al
interno será a una parte de la percepción que tenga como
resultado del trabajo; que dicha remuneración se fijará de
acuerdo con el salario mínimo general vigente en el área
geográfica respectiva; y cambiar "reos no están necesitados"
por "interno no lo requieren para su sostenimiento".
3. La comisión dictaminadora estima prudente mencionar
que la mayoría de los instrumentos internacionales aplicables en
materia penitenciaria no son de carácter coactivo sino de naturaleza
declarativa. No obstante, en ellos se enuncian principios éticos
fundamentales reconocidos universalmente, que si bien no imponen obligaciones
jurídicas, son un imperativo ético para los Estados que forma
parte de la Organización de las Naciones Unidas, como México.
4. Con relación a la iniciativa que se analiza,
cabe señalar que las reglas mínimas para el tratamiento de
reclusos, aprobadas por el Consejo Económico y Social en las resoluciones
números 663C (XXIV), del 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), del
13 de mayo de 1977, establecen de manera general los principios y las reglas
de organización penitenciaria y práctica para el tratamiento
de los reclusos.
5. Con relación a la iniciativa, sirven como argumento
para el dictamen los siguientes numerales de las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de Reclusos:
Numeral 71, inciso 4). En la medida de lo posible, ese
trabajo deberá contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar
la capacidad de recluso para ganar honradamente su vida después
de su liberación.
Numeral 73, inciso 1. Las industrias y granjas penitenciarias
deberán preferentemente ser dirigidas por la administración
y no por contratistas privados.
Numeral 76, inciso 1). El trabajo de los reclusos deberá
ser remunerado de una manera equitativa. 2) El reglamento permitirá
a los reclusos que utilicen por lo menos una parte de su remuneración
para adquirir objetos destinados a su uso personal y que envíen
otra parte a su familia. 3) El reglamento deberá igualmente prever
que la administración reserve una parte de la remuneración
a fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al ser
puesto en libertad.
De igual manera, se regulan la organización y el
funcionamiento de las autoridades locales y de la administración
pública en el Distrito Federal.
6. La comisión dictaminadora estima oportuno referirse
al Foro nacional sobre industria penitenciaria, realizado este 11
de marzo en Tijuana, Baja California, en el cual se discutió
cuál es la condición en que se quiere que estas personas
recuperen la libertad y cuáles son las herramientas que deben adquirir
para reinsertarse con mayor éxito a la comunidad.
7. En el foro mencionado se llegó a los siguientes
acuerdos:
- Homologar la industria penitenciaria, teniendo como
eje rector la reglamentación del trabajo.
- Crear el consejo coordinador empresarial de industria
penitenciaria para impulsar, promover y regular la inversión del
sector privado en la reinserción social.
- A través de, y en coordinación con, la
red del Servicio Nacional de Empleo, implantar en la población por
reintegrarse a la sociedad las opciones de
- Bolsa de trabajo
- Talleres para buscadores de empleo
- Becas a la capacitación para el trabajo
- Fomento del autoempleo
- Programa Nacional de Emprendedores
8. Que la Secretaría de Seguridad Pública
indicó en el foro que la estrategia penitenciaria 2008-2012 pretende
transformar de fondo el sistema penitenciario mexicano mediante un nuevo
modelo que, con arreglo a la Constitución, promueva además
del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el
deporte.
La estrategia que impulsa la Secretaría de Seguridad
Pública propone la creación de una política nacional
de empleo penitenciario remunerado, que regule y establezca condiciones
homogéneas para actividades productivas en los centros penitenciarios
del país.
Por lo expuesto, y después de estudiar detenidamente
el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
los artículos 6 y 10 de la Ley que establece las Normas Mínimas
sobre Readaptación Social; los integrantes de la Comisión
de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados someten a
consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos
6o. y 10 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación
Social de Sentenciados
Artículo Único. Se reforman los artículos
6o., párrafo noveno, y 10, párrafo tercero; y se adicionan
los párrafos décimo y undécimo al artículo
6o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación
Social de Sentenciados, para quedar como sigue:
Artículo 6o. …
…
…
…
…
…
…
…
En la construcción de nuevos establecimientos de
custodia y ejecución de sanciones y en el remozamiento o la adaptación
de los existentes, la Secretaría de Seguridad Pública tendrá
las funciones de orientación técnica y las facultades de
aprobación de proyectos a que se refieren los convenios, los cuales
deberán establecer espacios e instalaciones adecuadas y exclusivas
que promuevan y faciliten el desempeño de actividades de industria
penitenciaria para las y los internos.
Las disposiciones del párrafo anterior no aplicarán
para los establecimientos cuyos internos se encuentren exclusivamente relacionados
con la delincuencia organizada o requieran medidas especiales de seguridad,
con apego a lo dispuesto por el artículo 18 constitucional.
Asimismo, se deben contemplar espacios que permitan al
interno recibir educación y practicar el deporte.
Artículo 10. …
…
Los internos contribuirán para su sostenimiento
en el reclusorio con cargo a una parte de la percepción que en éste
tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicha remuneración
se fijará de acuerdo con el salario mínimo general vigente
en el área geográfica respectiva. Además, se establecerá
a base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada
de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme
para todos los internos de un mismo establecimiento. El resto del producto
del trabajo se distribuirá del modo siguiente: treinta por ciento
para el pago de la reparación del daño, treinta por ciento
para el sostenimiento de los dependientes económicos del reo, treinta
por ciento para la constitución del fondo de ahorros de éste,
y diez por ciento para los gastos menores del reo. Si no hubiese condena
a reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto,
o si los dependientes del interno no lo requieren para su sostenimiento,
las cuotas respectivas se aplicarán por partes iguales a los fines
señalados, con excepción del indicado en último término.
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor
a los cuarenta y cinco días siguientes al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: Juan Francisco
Rivera Bedoya, presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica),
Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Ma. de los Ángeles
Jiménez del Castillo (rúbrica), Armando Barreiro Pérez
(rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, David Mendoza Arellano
(rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez
(rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica),
Roberto Badillo Martínez, Gregorio Barradas Miravete, Manuel Cárdenas
Fonseca, Raúl Cervantes Andrade, Yary del Carmen Gebhardt Garduza
(rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica),
Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano
Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Macedo Escartín (rúbrica),
Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Efraín Morales Sánchez,
José Luis Murillo Torres (rúbrica), Manuel Salvador Salgado
Amador (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica),
Layda Elena Sansores San Román, Francisco Javier Santos Arreola,
José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Martín
Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO
24 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura
fue turnada, para estudio y dictamen, la iniciativa que reforma la Ley
Federal de Protección al Consumidor (LFPC).
La comisión, con fundamento en los artículos
39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60,
87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta
asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara
de Diputados el 10 de marzo de 2009, sus Secretarios dieron cuenta al Pleno
de la iniciativa que presentaron los diputados Jesús Sesma Suárez
y Manuel Salvador Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México.
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó
dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de
Economía".
Tercero. Los legisladores proponen lo siguiente:
• Modificar el artículo 1 de la LFPC,
a fin de reconocer al consumo inteligente como parte de los
principios básicos de las relaciones de consumo.
Consideraciones
Primera. Que, con base en los antecedentes indicados,
la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas,
se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.
Segunda. Que la LFPC tiene por objeto promover
y proteger los derechos y la cultura del consumidor, así como procurar
la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores. De igual forma, corresponde a la Procuraduría
Federal de Protección al Consumidor (Profeco) aplicar y ejecutar
la referida ley, como un organismo público con carácter de
autoridad administrativa.
Tercera. Que la Profeco tiene por misión
promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente
y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores. De la misma forma, tiene por visión
ser una institución efectiva en la promoción de una cultura
de consumo inteligente y en la aplicación de su ley.
La Profeco tiene por objetivos proteger y promover los
derechos del consumidor, fomentar una cultura de consumo inteligente,
procurar la equidad en las relaciones de consumo, procurar la seguridad
jurídica en las relaciones de consumo y eficientar el desempeño
institucional.
Cuarta. Que la Profeco tiene entre sus líneas
estratégicas institucionales prevenir y corregir prácticas
abusivas en las relaciones de consumo; fortalecer el poder de los consumidores
brindándoles información y asesoría; desarrollar proveedores
conscientes e informados para que ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones
con los consumidores; incidir en la política regulatoria y mantener
actualizado el marco jurídico que tenga efecto en las relaciones
de consumo; propiciar y vigilar el cumplimiento de la normatividad por
los proveedores; procurar la solución de las diferencias entre consumidores
y proveedores; contribuir a la reducción de los riesgos de corrupción;
fomentar la transparencia o eficientar las políticas de transparencia;
y eficientar el desempeño institucional.
Quinta. Que en el campo de la psicología
del consumo se considera que, antes de llegar a la decisión
de hacer la compra, el consumidor pasa por una serie de etapas: el reconocimiento
de una necesidad, que es donde el consumidor es impulsado a la acción
por una necesidad; la elección de un nivel de participación,
que es donde en consumidor decide cuánto tiempo invertir en el intento
de satisfacer la necesidad; la identificación de alternativas,
que es donde el consumidor descubre productos sustitutos o marcas alternas;
la evaluación de alternativas, que es cuando clasifica las
ventajas y las desventajas de las opciones; la decisión,
que es cuando decide o no hacer la compra; y el comportamiento después
de la compra, cuando el consumidor busca la seguridad de haber tomado
la decisión correcta.
Las etapas del proceso de compra pueden tener variaciones,
como son que el consumidor puede desistir en cualquier etapa previa a la
compra, a veces se omiten algunas etapas, las etapas no siempre tienen
la misma duración, y algunas etapas se realizan de manera consciente,
y subconsciente en otras.
Lo que un consumidor aprende al realizar el proceso
de compra influye en cómo se conducirá la próxima
vez que se le presente la misma oportunidad. Después de recabar
información, evaluar opciones y llegar a una decisión, habrá
adquirido conocimientos adicionales sobre el producto y varias marcas.
Más aún, se habrá formado nuevas opiniones y creencias
y habrá revisado las viejas.
Sexta. Que los factores psicológicos que
intervienen en el proceso de compra, o consumo, son la motivación,
que se relaciona con el motivo del individuo para realizar alguna acción,
que generalmente es respuesta de una necesidad. Toda conducta comienza
con una necesidad. La motivación es una necesidad suficientemente
estimulada para impulsar al individuo a buscar la satisfacción.
Los motivos del proceso de compra pueden ser agrupados en dos grandes categorías:
las necesidades activadas a partir de estados fisiológicos de tensión,
como el sueño; y las necesidades activadas a partir de estados psicológicos,
como la necesidad de afecto y respeto.
Algo importante es la jerarquía de las necesidades
de Maslow, quien identificó que una persona normal tendrá
que buscar la satisfacción simultánea de sus necesidades
en diversos niveles y que rara vez logrará satisfacerlas todas en
un mismo nivel. Con todo, la jerarquía indica que hay que satisfacer
razonablemente la mayor parte de las necesidades de un nivel antes que
el sujeto se sienta motivado a llegar al siguiente nivel. Según
Maslow, en el primero están las necesidades de autorrealización;
en el segundo, las necesidades de estima, de reputación y de prestigio;
en el tercero, las de pertenencia y amor; en el cuarto, las de seguridad;
y en el último, las fisiológicas. También intervienen
factores sociales y culturales en el proceso de compra.
Séptima. Que la compra compulsiva
consiste en el afán desmedido, incontrolado y recurrente por adquirir
cosas. No es un fenómeno exclusivo de fechas como la Navidad, en
las que la insistencia de la publicidad comercial y la tradición
consumista podrían explicar un cierto aumento de los gastos. Es
una adicción, que si bien en su máxima expresión afecta
a poca gente, es más común de lo que podría pensarse.
Es la consecuencia de un impulso irreprimible, un acto poco consciente,
del que después el sujeto muestra arrepentimiento porque adquiere
bienes generalmente poco útiles o gasta más de lo que le
permiten sus ingresos.
Octava. La compra compulsiva puede señalarse
como una reacción inadecuada; es decir, se acompaña
de alguna depresión, angustia, ansiedad, en las que el sujeto siente
la convicción de que gastar dinero aliviará ese sentimiento
de ansiedad o incomodidad. Siente tristeza, rabia, incomprensión,
desatención y soledad; encuentra la vía de escape en la compra
de artículos caracterizados porque no le son necesarios sino que
únicamente aportan satisfacción en el momento de su adquisición.
La compra compulsiva adquiere la categoría de problema
cuando hay un propósito de saciar un vacío causado por la
soledad, el tedio, las tensiones y los problemas, los disgustos o la incomprensión.
Pretendiendo mitigar el dolor, el sujeto canaliza el enfado hacia la compra
y posesión del objeto. La falta de sentido de la vida, carecer de
objetivos que incentiven en el corto, mediano y largo plazos, la autopercepción
de inútil o innecesario en los grupos sociales que se frecuentan,
la presencia de tristeza, apatía, aburrimiento, frustración
o desengaño activan en algunas personas el deseo de comprar objetos
cuya adquisición no es del todo justificable.
Novena. Que la compulsión es caracterizada
por la impulsividad y la ansiedad, y responde a una insatisfacción
vital intensa, a la carencia de alicientes o estímulos en nuestra
rutina diaria, a la ausencia de actitud crítica y frecuentemente
relacionada a un alto grado de credulidad y vulnerabilidad ante una publicidad
comercial que identifica felicidad, seguridad en uno mismo y bienestar
emocional con consumo. Intervienen también otros factores, como
el deseo de estimulación social o interés por los lugares
donde se congregan muchas personas, y la inseguridad respecto al propio
atractivo físico. Una desvalorización y déficit de
la autoestima también pueden estar detrás de este consumo
irracional. Aunque las primeras manifestaciones del consumo compulsivo
se registraron en los años veinte, hasta los ochenta no se convirtió
en poco menos que una enfermedad social, que alcanza a todo tipo de personas.
Los adolescentes suelen ser más vulnerables al problema.
Décima. Que la compra compulsiva se considera
adicción sólo cuando el individuo presenta estos tres rasgos:
tolerancia, necesidad de consumir cada vez más para lograr
la misma emoción; síndrome de abstinencia, cuando
no se puede satisfacer la adicción; y pérdida del control,
incapacidad de frenar el consumo. La compra compulsiva, al menos en sus
manifestaciones más extremas, reúne todas estas características:
la voluntad del afectado es casi nula, y la satisfacción por la
compra realizada deviene efímera, y se entra en una espiral de la
que difícilmente se puede salir sin ayuda de un especialista.
Undécima. La promoción de un consumo
inteligente no mostrará ningún alcance ante patologías
o la falta de interés de los consumidores por adoptar o atender
las recomendaciones de la Profeco. Incluso, es importante resaltar que
el consumidor posee la libertad de elección que la LFPC protege
también.
Duodécima. Que la LFPC, en el artículo
1, establece que entre los principios básicos en las relaciones
de consumo se encuentran la educación y divulgación
sobre el consumo adecuado de los productos y servicios que garanticen
la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones; y la información
adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con
especificación correcta de cantidad, características, composición,
calidad y precio, así como sobre los riesgos que en su caso representen.
El artículo 1 del Reglamento de la LFPC tiene por
objeto reglamentar la Ley Federal de Protección al Consumidor, sin
perjuicio de la aplicación de otros reglamentos sobre materias
específicas. Es decir, atiende la operatividad de las disposiciones
de la LFPC.
De manera general, la Profeco considera derechos básicos
de los consumidores los referidos a la información, a elegir, a
no ser discriminado, a la protección, a la educación, a la
seguridad y calidad y a la compensación.
Decimotercera. Que el Centro de Documentación
de la Profeco ofrece diversos servicios, como atención y orientación
en la localización de información a apoyar las decisiones
de compra o renta de productos y contratación de servicios;
biblioteca especializada en la temática de protección al
consumidor; consulta y copia gratuita de la información producida
por la Profeco; consulta gratuita y venta de la Revista del Consumidor;
consulta y copia gratuita de Tecnologías Domésticas y Platillo
Sabio, y Recetas de Cocina Eficientes. Se encuentran a disposición
del público consumidor la ubicación y el contacto de dicho
centro de información.
Decimocuarta. Que el consumo inteligente generalmente
hace referencia a un consumo controlado, racional en el sentido en que
cumple las necesidades de la gente, sin recurrir a grandes escalas de consumo
insostenibles para las personas y su economía. Se recurre a un ahorro
que moldea las actividades diarias de las personas, sin impresiones
negativas, intensas, perdurables o contrariedades en general. El consumo
controlado y racional se considera una virtud para la clase media. Coloquialmente,
se hace referencia al consumo inteligente como "necesario", "sólo
lo necesario", "lo indispensable", "no desperdiciar", o prácticas
donde el principio de ahorro sea el objetivo.
La Profeco considera que a fin de consumir inteligentemente
es necesario estar informado y capacitado para seleccionar productos, bienes
o servicios que satisfagan adecuadamente las necesidades de cada consumidor,
sin afectar excesiva o innecesariamente la economía familiar.
Decimoquinta. Que atendiendo una de las inquietudes
que mencionan los legisladores promoventes en la exposición de motivos
relativa al ambiente, cabe señalar que el artículo 41 de
la LFPC dispone que cuando se trate de productos o servicios que, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables, se consideren potencialmente
peligrosos para el consumidor o lesivos para el ambiente o cuando
sea previsible su peligrosidad, el proveedor tiene la obligación
de incluir un instructivo que advierta sobre sus características
nocivas y explique con claridad el uso o destino recomendado, así
como los posibles efectos de su uso, aplicación o destino fuera
de los lineamientos recomendados.
Decimosexta. Que como parte de los alcances de
la LFPC sobre la información o publicidad relativa a bienes, el
artículo 32 de ese ordenamiento dispone que los productos o servicios
que se difundan por cualquier medio o forma deberán ser veraces,
comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes,
marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan
inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Sanciona
con multa mínima de 367.12 pesos y hasta de 1 millón 174
mil 782.68 la publicidad que refiera características o información
relacionadas con algún bien, producto o servicio que, pudiendo o
no ser verdaderas, induzcan al error o confusión por la forma inexacta,
falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presentan.
Decimoséptima. Que la Profeco cuenta con
atribuciones para apoyar, formular y realizar programas para la educación
y divulgación sobre el consumo adecuado y la información
clara sobre diferentes productos y servicios. En este contexto, la propuesta
de reformas y adiciones que se analiza coincide con los proyectos básicos
de la procuraduría para llevar a cabo programas que fomentan la
cultura de un consumo inteligente, de manera tal que los consumidores puedan
acceder a información clara y veraz sobre la calidad de los bienes
y servicios que adquieran o contraten, con lo que se amplía por
tanto la protección de los consumidores.
Decimoctava. Que la propuesta armonizaría
más si fuese insertada en el artículo 24 de la LFPC, dado
que enuncia las atribuciones de la Profeco, y no en el artículo
1, como pretende. Lo anterior significaría que, como objeto de la
ley, se estaría ante una obligación de la Profeco de que
los consumidores aplicasen el consumo inteligente debiendo considerar opuesto
a la LFPC cualquier otro tipo de consumo. En cambio, de insertar la propuesta
entre las atribuciones de esa autoridad, estaríamos ante una de
las facultades que tiene la Profeco, sin detrimento de la libertad de elección
de los consumidores que también protege.
Decimonovena. Que los integrantes de la Comisión
de Economía, que dictamina, reconocen y concluyen que la propuesta
incorpora en la Ley Federal de Protección al Consumidor una de las
principales funciones que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor.
Sin embargo, no deja de representar una contribución a los consumidores
de mayores elementos en dicho instrumento jurídico. Por tanto, la
propuesta concuerda con el contenido del artículo 24 del ordenamiento
en cita, y por ese motivo se considera más apropiado aprobar la
iniciativa con esa modificación.
En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía
presenta el siguiente proyecto de
Decreto que adiciona una fracción al artículo
24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Artículo Único. Se adiciona la fracción
IX Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 24. La Procuraduría tiene
las siguientes atribuciones:
I. a IX. …
IX Bis. …
IX Ter. Promover el consumo inteligente para proveedores
y consumidores;
X. a XXII. …
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2
de abril de 2009.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez
Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando
Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo
Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar
(rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios;
Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal,
Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García
González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum
(rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis
Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos
(rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco (rúbrica),
Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Susana Monreal Ávila,
Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica), Mauricio Ortiz
Proal, Eduardo Ortiz Hernández, Miguel Ángel Peña
Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa, Ricardo
Rodríguez Jiménez, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica),
Alberto Amaro Corona (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González
(rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 222 BIS A LA LEY
GENERAL DE SALUD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue
turnada, para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones
que le otorga los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45
y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea,
el presente dictamen de acuerdo con la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen
de la minuta mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el
procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia
del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el
dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de la Comisión
dictaminadora.
II. En el capítulo "Contenido" se sintetiza el
alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo "Consideraciones", la Comisión
dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta
y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar
la propuesta en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada con fecha 2 de abril de 2008
fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley General de Salud, presentada por Ector Jaime Ramírez Barba
y suscrita por José Antonio Muñoz Serrano, Adriana Rebeca
Vieyra Olivares, Margarita Arenas Guzmán, Efraín Arizmendi
Uribe, María Mercedes Corral Aguilar, Ángel Humberto García
Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia
Hernández, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio
Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García,
Artemio Torres Gómez, Ernesto Oviedo Oviedo y Antonio Vega Corona,
diputados federales; así como los senadores Ernesto Saro Boardman,
Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, Blanca Judith Díaz
Delgado, y Ramón Muñoz Gutiérrez, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano
legislativo turnó la mencionada iniciativa a la Comisión
de Salud para su estudio y posterior dictamen.
En sesión celebrada con fecha 7 de octubre de 2008
fue aprobado por unanimidad el dictamen respectivo, con 265 votos a favor,
turnándose la minuta a la Cámara de Senadores para sus efectos
constitucionales.
En sesión celebrada por el Senado de la República
con fecha 9 de octubre de 2008 fue recibido el oficio con el que se remite
la minuta con proyecto de decreto que adiciona un artículo 222 Bis
a la Ley General de Salud.
Con esa misma fecha la colegisladora turnó la minuta
de mérito a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos
para su estudio y dictamen.
En sesión celebrada por la Cámara de Senadores
con fecha 24 de marzo de 2009 fue sometido a votación el dictamen
referente a la minuta en comento, que fue aprobado por votos a favor y
devolviéndose el expediente a la Cámara de Diputados para
los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
En sesión celebrada por la honorable Cámara
de Diputados con fecha 26 de marzo de 2009 se dio cuenta del oficio con
que se devuelve la minuta de mérito, que fue turnada a la Comisión
de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
El objetivo principal de la minuta en estudio es el de
establecer un marco legal adecuado y armónico con el entorno internacional
para el desarrollo de medicamentos biotecnológicos; garantizando
de este modo la calidad, seguridad y eficacia de dichos fármacos,
sin por esto mermar su accesibilidad para toda la población.
Con la reforma planteada, se pretende establecer condiciones
adecuadas para la autorización de registros de medicamentos biotecnológicos,
que por sus características requieren pruebas con mayores especificaciones
que los fármacos de base química. Así, la minuta de
mérito establece pruebas clínicas a partir de las características
individuales para productos innovadores y para los genéricos, pruebas
de intercambiabilidad a partir de una referencia preexistente.
La reforma plateada en la minuta busca una mayor disponibilidad
e medicamentos biotecnológicos de ya que permite delimitar los requisitos
para su aprobación mediante la creación de un régimen
normativo para medicamentos biocomparables, que deberán seguir los
estándares internacionales.
Para conseguir los fines referidos se propone la adición
de un artículo 222 Bis a la Ley General de Salud, cuyo texto fue
modificado por la Colegisladora para fortalecer la redacción, incluyendo
entre otras particularidades la fármaco vigilancia de medicamentos
biotecnológicos, así como especificaciones para la importación
de los mismos.
III. Consideraciones
Del estudio y análisis del dictamen de la minuta
con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 222 Bis
a la Ley General de Salud, se advierte que la colegisladora realizó
diversas modificaciones de forma y de fondo, siendo estas las siguientes:
1. Al primer párrafo del artículo 222
Bis se le adicionó una parte final, con el propósito de precisar
la forma de identificación de los medicamentos biotecnológicos
y biocomparables:
2. Se eliminó el segundo párrafo:
3. Al tercer párrafo le fue incorporada una frase
final para determinar la realización de los mecanismos de farmacovigilancia
de conformidad con la normatividad aplicable:
4. Así mismo, fue eliminada la primera parte del
cuarto párrafo y se hizo una adecuación de forma en la parte
final:
5. También se modifica la nomenclatura del Subcomité
del Comité de Moléculas Nuevas:
6. Fue eliminado el sexto párrafo:
7. El séptimo párrafo fue modificado en
cuanto a sus alcances para incorporar disposiciones respecto del contenido
informativo en el etiquetado de los medicamentos biotecnológicos
y evitar una separación de claves en el cuadro básico y catálogos
de medicamentos:
8. Respecto de los artículos transitorios, se consideró
conveniente ampliar el plazo para la publicación de las disposiciones
jurídicas necesarias para la aplicación de esta reforma,
así como precisar la conformación del Subcomité de
Evaluación de Medicamentos Biotecnológicos:
9. Con base en el análisis de las modificaciones
de forma y de fondo que realizó la cámara revisora a la minuta
con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 222 Bis
a la Ley General de Salud, los integrantes de la Comisión de Salud
hacen suyas las consideraciones de la colegisladora y concluimos que son
de aprobarse las modificaciones que hizo el Senado de la República.
Por lo anteriormente expuesto y para los efectos de lo que
establece la fracción A del artículo 72 constitucional, los
integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura ponen a
consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un artículo 222
Bis a la Ley General de Salud
Artículo Único. Se adiciona un artículo
222 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 222 Bis. Para efectos de esta ley,
se considera medicamento biotecnológico toda sustancia que haya
sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto terapéutico,
preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica,
que se identifique como tal por su actividad farmacológica y propiedades
físicas, químicas y biológicas. Los medicamentos biotecnológicos
innovadores podrán ser referencia para los medicamentos biotecnológicos
no innovadores, a los cuales se les denominará biocomparables. La
forma de identificación de estos productos será determinada
en las disposiciones reglamentarias.
Para la obtención del registro sanitario de medicamentos
biotecnológicos, el solicitante deberá cumplir con los requisitos
y pruebas que demuestren la calidad, seguridad y eficacia del producto,
de conformidad con las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y demás
disposiciones jurídicas aplicables y una vez comercializado el
medicamento biotecnológico se deberá realizar la farmacovigilancia
de éste conforme la normatividad correspondiente.
El solicitante de registro sanitario de medicamentos
biocomparables que sustente su solicitud en un medicamento biotecnológico
de referencia, deberá presentar los estudios clínicos y,
en su caso in vitro que sean necesarios para demostrar la seguridad, eficacia
y calidad del producto.
En caso de que no se hubieren emitido las disposiciones
sobre los estudios necesarios y sus características a que hace referencia
este artículo, éstos se definirán caso por caso,
tomando en cuenta la opinión del Comité de Moléculas
Nuevas, el que para efectos de lo dispuesto en este artículo contará
con un Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos
que estará integrado por especialistas y científicos en materia
de biotecnología farmacéutica.
Los medicamentos biotecnológicos deberán
incluir en sus etiquetas el fabricante del biofármaco y su origen,
el lugar del envasado y en su caso el importador, debiendo asignarse la
misma denominación común internacional que al medicamento
de referencia correspondiente sin que esto implique una separación
en las claves del cuadro básico y de los catálogos de medicamentos
de las instituciones de salud asignadas para estos.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor a los 90 días posteriores al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría
de Salud contará con 180 días posteriores al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación para emitir las disposiciones
jurídicas necesarias para la aplicación del presente decreto.
Tercero. La Secretaría de Salud en términos
de lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,
deberá adecuar a lo establecido por este decreto las normas oficiales
mexicanas relacionadas.
Cuarto. El Subcomité de Evaluación
de Productos Biotecnológicos al que hace referencia el artículo
222 Bis contará con al menos cinco integrantes de entre los cuales
deberá asegurarse la inclusión de un representante de cada
una de las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Medicina Genómica,
Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Politécnico
Nacional, además de la representación por parte de la
autoridad sanitaria y del Consejo de Salubridad General, y deberá
establecerse dentro de los 90 días posteriores a su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Quinto. El Reglamento del Comité de Moléculas
Nuevas deberá expedirse antes de los 90 días posteriores
al de la publicación del presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro
el 1 de abril de 2009.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez
Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica),
Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans
Canabal, Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Lorena
Martínez Rodríguez (rúbrica), Juan Abad de Jesús,
Beatriz Manrique Guevara, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica),
Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar
(rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica),
Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez,
Leticia Díaz de León Torres, Ángel Humberto García
Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica),
Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás
Gloria Requena, Daniel Gurrión Matías (rúbrica), María
Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica),
Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García (rúbrica),
Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero
Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez
(rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García
(rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL SEGUNDO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Seguridad Pública de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de
la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
los artículos 1 y 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 70, 71, 72 y 73, fracción XXII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos
e) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; y 60, 65, 87, 88 y 93, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a
la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el
presente dictamen.
Antecedentes
1. En sesión de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, celebrada el 26 de febrero de 2008, la
diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, presentó iniciativa suscrita
por el diputado Andrés Lozano Lozano, del mismo grupo parlamentario,
con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1 y
2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
acordó que se turnara a la Comisión de Seguridad Pública,
para su estudio y dictamen.
3. En sesión plenaria del 31 de marzo de 2009,
se sometió a consideración de los diputados integrantes de
la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura el
proyecto de dictamen respectivo, y fue aprobado por 16 votos.
Consideraciones
A. En lo general
1. Que los párrafos noveno y décimo del
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establecen la seguridad pública como una función
a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y municipios,
y disponen la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
como una instancia de coordinación del Ministerio Público
y las instituciones policiales.
2. Que a partir de las reformas y adiciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se incorporó
el concepto de delincuencia organizada en el octavo párrafo del
artículo 16.
3. Que ante el crecimiento de los índices delictivos
y las transformaciones en las dinámicas delictivas, el 7 de noviembre
de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que tiene por objeto
establecer las reglas para la investigación, persecución,
sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos
por algún miembro de la delincuencia organizada.
4. Que el 23 de enero de 2009 se publicaron diversas reformas
y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, actualizando
la definición contenida en el artículo 2 de la misma, con
la definición establecida en el octavo párrafo del artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Que el 25 de junio de 2003 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, que tiene por
objeto establecer la organización y el funcionamiento de ésta
instancia.
6. Que el artículo 2 del reglamento contempla las
unidades administrativas y órganos desconcentrados con que contará
la Procuraduría General de la República para el cumplimiento
de los asuntos de su competencia, creándose la Subprocuraduría
Especializada en Delincuencia Organizada.
B). De la iniciativa presentada por los diputados Claudia
Cruz Santiago y Andrés Lozano Lozano
1. La iniciativa en estudio tiene por objeto:
• Adicionar un segundo párrafo al artículo
1, para regular la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, a líderes e integrantes de movimientos sociales o disidentes
de un sistema político.
• Precisar el concepto de delincuencia organizada, a partir
de lo dispuesto en el párrafo octavo del artículo 16 constitucional,
adicionado en el marco de las reformas en materia de justicia penal aprobadas
en el Senado de la República el 6 de marzo de 2008, así como
de lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Trasnacional.
Al respecto, cabe señalar que el 18 de junio del
presente año se publicaron en el Diario Oficial de la Federación
diversas reformas y adiciones a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, entre éstas la adición del
octavo párrafo del artículo 16.
2. Para sustentar las adiciones y reformas propuestas,
los autores de la iniciativa exponen los siguientes razonamientos:
Que México es heredero de un presidencialismo y
de un sistema de partido que obstruyó durante más de 70 años
toda forma de participación política y estableció
en los hechos un régimen autoritario y antidemocrático.
Las cosas no han cambiado significativamente en la actualidad:
los conflictos sociales se han intensificado, lo que ha generado que la
cifra de presos políticos aumente considerablemente. El acoso a
los luchadores sociales en México es un problema grave. Las autoridades
los tratan como si la suya fuera una actividad delictiva o subversiva y
los someten a formas degradantes de persecución.
De acuerdo con los diputados proponentes, no es extraño
que México, un pueblo con larga historia de lucha, tenga hoy en
las prisiones a un gran número de defensores de los derechos humanos,
de los derechos económicos, sociales y culturales, defensores del
entorno ecológico, así como miembros de movimientos sociales.
Asimismo, señalan que organismos internacionales
de derechos humanos han documentado casos de activistas y luchadores sociales
que por motivos políticos han sido acusados de pertenecer a la delincuencia
organizada.
De acuerdo con los iniciantes, una muestra de cómo
el Estado ha manipulado el concepto de delincuencia organizada para reprimir
la lucha social, es la sentencia de 67 años impuesta a los dirigentes
de San Salvador Atenco.
En el 2007se confirmó la tendencia a la represión
de las legítimas demandas de los movimientos sociales. El discurso
oficial enfatizó la necesidad de enfrentar eficazmente el crimen
y garantizar la seguridad pública, dejando de lado la protección
de los derechos humanos. Prueba de esta afirmación son los trágicos
hechos de Oaxaca, donde numerosos participantes en las manifestaciones
realizadas en la ciudad fueron víctimas de detenciones arbitrarias,
amenazas, violencias y actos de intimidación, como reporta el Observatorio
Internacional de Derechos Humanos.
Por tanto, el sentido de las reformas propuestas en la
iniciativa es que se aplique la ley a los delincuentes que atentan contra
la sociedad, pero evitando manipular su sentido para reprimir a los ciudadanos
que no están conformes con un determinado gobierno.
De acuerdo con los iniciantes, lo anterior es voluntad
del Constituyente Permanente, expresado en las recientes reformas constitucionales
en materia de justicia penal, que contienen principios aplicables en casos
de delincuencia organizada, la cual se estableció en las consideraciones
del dictamen, al expresar:
Las disposiciones excepcionales que se establecen para
delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate
de este tipo de criminalidad y de ninguna manera podrán utilizarse
para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente
el ejercicio abusivo de las facultades conferidas contra luchadores sociales
o de las personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado.
Vale la pena enfatizar que no es voluntad de estas comisiones
incluir en el régimen de delincuencia organizada las conductas de
personas en ejercicio de las garantías de libre manifestación
de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho
de asociación, libre ejercicio de la profesión y derecho
de petición, toda vez que éstas son expresión del
estado democrático de derecho que postula nuestra Constitución.
Por los razonamientos expresados, los diputados Claudia
Cruz Santiago y Andrés Lozano Lozano, proponen adicionar un segundo
párrafo al artículo 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, con la finalidad de precisar que las disposiciones de ésta
no podrán aplicarse en ningún caso a líderes e integrantes
de movimientos sociales o disidentes de un sistema político, que
de manera legítima se oponen a un régimen determinado o bien
que denuncian actos de corrupción de los que ocupan el poder.
Asimismo, se propone adicionar un primer párrafo
del artículo 2, con el fin de establecer la definición de
delincuencia organizada, conforme a lo dispuesto en el párrafo octavo
del artículo 16 constitucional, adicionado en el marco de las reformas
en materia de justicia penal aprobadas por el Senado de la República
el 6 de marzo de 2008, así como los lineamientos contenidos en el
artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Trasnacional.
A partir de la adición de un primer párrafo
al artículo 2 el texto actual del primer párrafo pasaría
a ser segundo, al cual se propone una reforma para precisar el concepto,
incorporando la característica consistente en que tres o más
personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente
o reiterada conductas que por sí o, unidas a otras, tienen como
fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos contemplados en
el mismo.
3. Esta comisión se identifica con el interés
de los proponentes de avanzar en la estructuración de un marco adecuado
que permita fortalecer el combate a la delincuencia organizada en todo
el país.
De acuerdo con información publicada por el Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública, en los últimos
28 años el número de delincuentes procesados en México
se ha triplicado. Este indicador, por sí mismo, no muestra el total
de la delincuencia pues muchos delitos no son denunciados. Sin embargo,
esta cifra muestra de alguna manera el volumen de delitos en que ha intervenido
la autoridad.
Esta comisión tiene presente que el crecimiento
de la inseguridad pública en México tiene una primera explicación
en la diversificación de los ilícitos y de los propios delincuentes,
lo cual tiene una primera explicación con el auge de las comunicaciones,
los transportes y la tecnología, que se han convertido en nuevos
instrumentos que han contribuido a convertirla en un fenómeno masivo.
La inseguridad pública constituye una de las principales preocupaciones
de la sociedad mexicana.
El incremento de los índices delictivos ha propiciado
la creación de un marco jurídico específico en materia
de seguridad pública, como la adición de los párrafos
sexto y séptimo del artículo 21 la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la publicación de la Ley General
que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y la publicación de la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada, entre otras.
Asimismo, el incremento de los índices delictivos
sustentó la creación de la Secretaría de Seguridad
Pública Federal, así como la del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, como una instancia de coordinación entre las dependencias
competentes de la administración pública federal y las relativas
de las entidades federativas.
En el ámbito de la administración pública,
el incremento de la inseguridad dio lugar a la creación de la Secretaría
de Seguridad Pública Federal en el 2000 y la Policía Federal
Preventiva en 1999.
Si bien el sistema, instituciones y leyes citadas se establecieron
con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad pública, se
estima necesario reformarlas y adecuarlas a las situaciones actuales de
nuestro país, de manera que puedan responder con mayor eficiencia
a las dinámicas delictivas vigentes.
Cabe señalar que como parte de las estrategias
de combate al narcotráfico y crimen organizado, a partir de 2006
el titular del Ejecutivo federal instruyó a las Secretarías
de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, y de Marina, y a la
Procuraduría General de la República, a implementar operativos
conjuntos en coordinación con las autoridades competentes en las
entidades federativas.
Que a la fecha se llevan a cabo operativos conjuntos en
los municipios y estados de Michoacán, Tijuana, Baja California;
Guerrero, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz,
Aguascalientes, San Luis Potosí, Palacio y Lerdo, en Durango; Chiapas,
Campeche, Tabasco y Cancún, Quintana Roo.
Que como resultado de las acciones realizadas en el marco
de los operativos conjuntos, la Policía Federal Preventiva, en coordinación
con otras dependencias federales y estatales, participó en la desarticulación
de diversas bandas vinculadas al narcotráfico y al secuestro, entre
otros delitos.
4. En cuanto a la adición de un segundo párrafo
al artículo 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
que tiene por objeto regular la aplicación de la ley a líderes
e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político
determinado, esta comisión dictaminadora la estima viable, toda
vez que tiene por objeto orientar la actuación de las instancias
competentes al respeto a los derechos humanos de toda persona, así
como prevenir posibles excesos de las instancias encargadas de la aplicación
de la misma.
Lo anterior no excluye la aplicación de la misma,
así como la imposición de sanciones, a personas que se ubiquen
en los supuestos establecidos en la ley citada, así como aquéllos
que realicen alguna conducta delictiva.
Esta comisión tiene presente que la investigación
y persecución de los delitos debe realizarse en un marco de respeto
a los derechos humanos y garantías de seguridad jurídica,
reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Asimismo, la regulación que se propone para la
aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
es congruente con lo expresado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
y de Justicia, de la Cámara de Diputados, en el dictamen con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Pleno
de la Cámara de Diputados el 26 de febrero de 2008.
El párrafo segundo que se propone adicionar al
artículo 1 de la Ley General contra la Delincuencia Organizada,
señala:
Artículo 1. …
Estas disposiciones no podrán ser aplicadas en
ningún caso a líderes e integrantes de movimientos sociales
o disidentes de un sistema político que, de manera legítima,
se oponen a un régimen determinado, o bien, que denuncian actos
de corrupción de los que ocupan el poder.
5. Esta comisión considera conveniente, recuperando
la esencia de la propuesta, realizar algunas modificaciones a la misma
a efecto de ampliar la protección a toda persona, en un marco de
respeto a los derechos humanos y garantías de seguridad jurídica,
para dotar a la ley de la característica de generalidad que debe
tener todo ordenamiento jurídico.
Por otra parte, no se considera viable establecer la limitación
para la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
en los términos propuestos, pues se estaría estableciendo
un régimen de excepción que pudiera limitar las tareas de
investigación, persecución, sanción y ejecución
de penas, en los términos previstos en la ley.
6. Asimismo, cabe recordar que la doctrina reconoce en
las leyes las siguientes características: General. Que
implica que la misma será para todas las personas que reúnan
las condiciones previstas por ella; Abstracta. La ley es
aprobada para aplicarse en un número indeterminado de casos, para
todas las personas que se ubican en los supuestos establecidos por las
normas; Impersonal. La ley esta creada para aplicarse a un
número indeterminado de personas y no a alguna en específico;
Obligatoria. La ley debe cumplirse aún en contra de
la voluntad de las personas.
7. A través de la función legislativa, las
características señaladas se incorporan en las leyes de nuestro
país, para establecer las reglas que permitan una convivencia armónica
en la sociedad, basada en la justicia.
8. El Poder Judicial de la federación, en el ámbito
de sus atribuciones, se encarga de aplicar las leyes, así como de
ser garante de la constitucionalidad de las mismas, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 103, 104 y 105 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Con relación a la generalidad de las leyes, cabe
citar la siguiente tesis jurisprudencial:
Equidad y generalidad de una ley. Diferencias.
Es inexacto que la equidad que exige la ley signifique
que no se esté frente a una ley privativa. En efecto, la interpretación
jurídica del artículo 13 de la Constitución conduce
a concluir que por leyes privativas deben entenderse aquellas cuyas disposiciones
desaparecen después de aplicarse a una hipótesis concreta
y determinada de antemano, y que se apliquen en consideración a
la especie o la persona, o sea, que carecen de los atributos de generalidad,
abstracción e impersonalidad que debe revestir toda norma jurídica.
Es decir, que basta con que las disposiciones de un ordenamiento legal
tengan vigencia indeterminada, se apliquen a todas las personas que se
coloquen dentro de la hipótesis por ellas prevista y que no estén
dirigidas a una persona o grupo de personas individualmente determinado,
para que la ley satisfaga los mencionados atributos de generalidad, abstracción
e impersonalidad y, por ende, no infrinja lo dispuesto en el artículo
13 constitucional. En cambio, el principio de equidad que debe satisfacer
toda norma jurídico-fiscal tiene como elemento esencial el que,
respecto de los destinatarios de la misma, se trate de manera igual a quienes
se encuentren en igual situación; el principio de igualdad establecido
en la Constitución, tiende a que en condiciones análogas
se imponga gravámenes idénticos a los contribuyentes, esto
es, que las leyes deben tratar igualmente a los iguales, en iguales circunstancias.
De lo anterior, claramente se infiere que no es lo mismo la falta de equidad
de una ley, a que ésta sea privativa en los términos del
artículo 13 constitucional.
Amparo en revisión 6126/64. Turismo Internacional,
SA y coagraviados (acumulados). 6 de septiembre de 1977. Unanimidad de
diecinueve votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas.
Localización:
Séptima época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 103-108
primera parte; página 152
Tesis aislada
Materia: Constitucional
En razón de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora
realiza los siguientes cambios a la redacción propuesta:
Artículo 1. …
Las disposiciones de la presente ley no podrán
aplicarse tratándose de conductas distintas a las descritos en ésta,
o cuando los hechos que se investigan tienen su origen en el ejercicio
de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad
de imprenta, derecho a la información, derechos de asociación
y derecho de petición, o cualquier otra de naturaleza similar.
9. Esta propuesta no limita la debida actuación
de las autoridades competentes en materia de investigación y persecución
del delito y permite fortalecer la protección a las garantías
individuales y sociales consagradas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos, acorde con los
instrumentos internacionales firmados por nuestro país, o principios
de actuación adoptados por los organismos internacionales de protección
de los derechos humanos.
10. En cuanto a la adición de un primer párrafo
al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
así como el traslado del actual primer párrafo, para pasar
a ser segundo, que tienen como objetivo dar mayor precisión al concepto
de delincuencia organizada y actualizarlo a lo dispuesto en el octavo párrafo
que se adiciona al artículo 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, esta comisión
dictaminadora considera que ha quedado sin materia a partir de las reformas
a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada publicadas en fecha
23 de enero de 2009, que recuperan los elementos descritos en el octavo
párrafo del artículo 16, antes citado.
A partir de la reforma citada, el primer párrafo
del artículo 2, establece:
Artículo 2. Cuando tres o más personas se
organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas
que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer
alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por
ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.:
I. a VI. …
El octavo párrafo del artículo 16 antes
citado, señala:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento.
…
Párrafo octavo
Por delincuencia organizada se entiende una organización
de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma
permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.
[…]
11. En cuanto a la reforma propuesta al actual primer
párrafo, que pasará a ser segundo, consistente en la incorporación
del concepto de organización de hecho, esta comisión
dictaminadora considera que ha quedado sin materia a partir de las reformas
a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada del 23 de enero de 2009,
antes citadas.
12. Que durante la vigésimo sexta reunión
plenaria, del 31 de marzo de 2009, la diputada Ma. de los Ángeles
Jiménez del Castillo, secretaría de la comisión, propuso
una modificación al párrafo que se propone adicionar, consistente
en sustituir las palabras tienen su origen en por la palabra constituyan,
con la finalidad de dar mayor precisión al mismo.
A partir de la modificación propuesta, el párrafo
que se adiciona quedaría en los siguientes términos:
Artículo 1. …
Las disposiciones de la presente ley no podrán
aplicarse tratándose de conductas distintas a las descritas en ésta,
o cuando los hechos que se investigan constituyan el ejercicio de las garantías
de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho
a la información, derechos de asociación, derecho de petición,
o cualquier otra de naturaleza similar.
Por lo anteriormente expuesto, y después de estudiar
el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos
1 y 2, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; los integrantes
de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de
Diputados, someten a consideración de ésta asamblea el siguiente
proyecto de
Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo
1, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo
al artículo 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
para quedar como sigue:
Artículo 1. …
Las disposiciones de la presente ley no podrán
aplicarse tratándose de conductas distintas a las descritas en ésta,
o cuando los hechos que se investigan constituyan el ejercicio de las garantías
de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho
a la información, derechos de asociación, derecho de petición,
o cualquier otra de naturaleza similar.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Palacio Legislativo en San Lázaro, a 31 de marzo
de 2009.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: Juan Francisco
Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera,
Luis Gerardo Serrato Castell, Armando Barreiro Pérez (rúbrica),
Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Ma. de los Ángeles
Jiménez del Castillo (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica),
secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica),
Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez,
Gregorio Barradas Miravete, Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica),
Raúl Cervantes Andrade, Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica),
Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Agustín
Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica),
Miguel Ángel Macedo Escartín (rúbrica), Carlos Madrazo
Limón, José Luis Murillo Torres, Efraín Morales Sánchez,
Manuel Salvador Salgado Amador, Josefina Salinas Pérez, Layda Elena
Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola,
José de Jesús Solano Muñoz, Martín Stefanonni
Mazzocco, Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO
AL ARTÍCULO 181 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente
a la LX Legislatura, fue turnada, para estudio y dictamen, iniciativa que
reforma el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Esta comisión, con fundamento en los artículos
39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento Interior para
el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración
de esta honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara
de Diputados el 19 de marzo de 2009, los Secretarios de ésta dieron
cuenta al Pleno de la iniciativa que presentaron los integrantes de la
Comisión de Economía, en ejercicio del derecho otorgado en
la fracción II del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó
dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de
Economía".
Tercero. Que los legisladores proponen lo siguiente:
• Eliminar el requisito de acreditamiento de personalidad,
de quien, en nombre de una persona física o moral, tramite desde
la presentación de la solicitud correspondiente y hasta la conclusión
del procedimiento el registro de una marca, una marca colectiva, un aviso
comercial o la publicación de un nombre comercial.
• Dado que al tratarse los citados trámites, como
registros de buena fe, se puede prescindir del requisito de acreditamiento
de personalidad, sin que exista mayor afectación al procedimiento,
evitando demoras en la tramitación por requerimientos de la autoridad
que encuentran su fundamento en omisiones o errores de los solicitantes.
Consideraciones
Primera. Que con base en los antecedentes y con los elementos
de información disponibles, la Comisión de Economía,
con las atribuciones señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa
de referencia.
Segunda. Que la Ley de la Propiedad Industrial (LPI),
como norma legal especial, establece las reglas generales de los procedimientos
y la forma que deben revestir todas las solicitudes o promociones dirigidas
al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que con motivo
de la aplicación de dicho ordenamiento jurídico tengan lugar.
Tercera. Que dentro de cualquier procedimiento, cuando
se habla de representación legal, se está en presencia de
una forma de representación voluntaria que se satisface a través
de un mandato, o bien, mediante las distintas alternativas o formas de
representación previstas en los diversos ordenamientos jurídicos.
Cuarta. Que el artículo 181 de la LPI establece
que las solicitudes y promociones que se presenten por conducto de mandatario
deberán acreditar su personalidad mediante cualesquiera de los documentos
previstos en las fracciones I a IV del ordenamiento referido y también
dispone que en cada expediente que se tramite deberá acreditarse
la personalidad del solicitante o promovente, lo cual se traduce en una
formalidad legal que retrasa el trámite de registro e incrementa
desmesuradamente los archivos del IMPI.
Quinta. Que el artículo 181 de la LPI establece
que las solicitudes y promociones que se presenten por conducto de mandatario
deberán acreditar su personalidad mediante cualesquiera de los documentos
previstos en las fracciones I a IV del ordenamiento referido, sin embargo
también dispone que en cada expediente que se tramite deberá
acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, lo cual se traduce
en una infortunada formalidad legal que además de innecesaria.
Sexta. Que en la actualidad el trámite de registro
de marca se ha visto retrasado por el incumplimiento de requisitos relacionados
con errores u omisiones de los documentos exhibidos para acreditar la personalidad
jurídica de los mandatarios; requisitos que en la gran mayoría
de los casos no son de trascendencia jurídica, sino únicamente
cuestiones de forma.
Séptima. Que considerando la naturaleza
de la inscripción de las licencias o transmisiones de las solicitudes
de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación
de nombre comercial se complementa la iniciativa agregando dichos trámites
al supuesto de excepción, con la finalidad de mantener congruencia
con el trámite que se busca desregular.
Octava. Que bajo el principio de seguridad jurídica,
se considera necesario establecer un régimen de transición
tanto para las nuevas solicitudes como para aquellas que se encuentran
en trámite. Con la reforma planteada igualmente se permitirá
que los interesados que opten por la substanciación bajo las disposiciones
propuestas puedan simplemente hacerlo saber por escrito al IMPI, dentro
de los treinta días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Novena. Que buscando que el texto propuesto guarde
congruencia con la ley vigente, se introducen cambios en la redacción
que se propone en la iniciativa, de manera que se genere mayor claridad
entre los solicitantes, y el texto a adicionar sea aún más
uniforme con las disposiciones que complementa.
Décima. Que los integrantes de la Comisión
de Economía, que dictamina, reconocen y concluyen que la propuesta
de los integrantes de la mesa directiva resulta factible, en virtud de
que suprimirá formalidades legales innecesarias que además
de disminuir de forma considerable los recursos materiales del IMPI, contribuirá
a la desregulación del procedimiento administrativo en beneficio
de la inversión, la competitividad y, en consecuencia, el crecimiento
económico, sin embargo se considera necesario adecuar la valiosa
propuesta para armonizarla con las disposiciones de carácter procesal
que complementa.
En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía
presenta el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan los párrafos
tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial
Artículo Único. Se adicionan los
párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de Propiedad
Industrial para quedar como sigue:
Artículo 181. …
I. a IV. …
…
Para acreditar la personalidad en las solicitudes de
registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación
de nombre comercial, sus posteriores renovaciones, así como la inscripción
de las licencias o transmisiones correspondientes, bastará que el
mandatario manifieste por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite
correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde el
inicio hasta la conclusión del trámite.
Si con posterioridad a la presentación de la
solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar
la personalidad que ostenta en los términos del presente artículo.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Lo dispuesto en este decreto
se aplicará a las solicitudes de registro de marca, marca colectiva,
aviso comercial y publicación de nombre comercial que sean presentadas
a partir de su entrada en vigor. Para tal efecto, el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial deberá publicar las modificaciones correspondientes
a los formatos oficiales en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Tercero. Respecto con las solicitudes
de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación
de nombre comercial, las renovaciones, así como la inscripción
de licencias o transmisiones que se encuentren en trámite, los interesados
que opten por la aplicación de las disposiciones contenidas en el
presente decreto deberán hacerlo saber, por escrito, al instituto
dentro de los treinta días naturales siguientes a su entrada en
vigor.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a
2 de abril de 2009.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez
Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando
Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio
(rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo
Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar
(rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas, secretarios; Jericó
Abramo Masso (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal, Antonio Berber
Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González
(rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica),
Jesús Sesma Suárez, Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica),
Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto
Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica),
Susana Monreal Ávila, Alicia Rodríguez Martínez (rúbrica),
Mauricio Ortiz Proal, Eduardo Ortiz Hernández, Miguel Ángel
Peña Sánchez (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa,
Ricardo Rodríguez Jiménez, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica),
Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica),
Alberto Amaro Corona (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González
(rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO
61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS
Honorable Asamblea:
La Comisión de la Función Pública
de la Cámara de Diputados, con base en lo dispuesto en los artículos
39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45, numeral 6, incisos e) y
f), y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a su consideración el siguiente dictamen, sobre la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 61 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Antecedentes
I. La iniciativa que se dictamina fue publicada
en la Gaceta Parlamentaria número 2455-II, el jueves 28 de febrero
de 2008, y presentada el día 30 de abril del mismo año por
el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
II. En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados la turnó para estudio y dictamen
a la Comisión de la Función Pública.
III. Recibida en la comisión, se sometió
a estudio y análisis, preparándose un proyecto de dictamen
en sentido positivo, el cual fue sometido a consideración
y discusión de los integrantes de la Comisión de la Función
Pública, que lo aprobó en la sesión celebrada el 24
de marzo de 2009, por 14 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones.
Análisis de la iniciativa
Manifiesta el diputado proponente en el texto de su exposición
de motivos que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas es una ley de orden público, cuyo objetivo principal
es reglamentar, entre otros, los artículos 134, 25 y 26 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar al Estado
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento
y oportunidad en la contratación de las obras públicas, y
la aplicación transparente y responsable del gasto público
que las mismas requieren.
Que, por desgracia, durante el proceso de materialización
en el ramo de las obras públicas como medio de la inversión
en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesario
para atender las demandas del desarrollo social y productivo de los mexicanos
nos encontramos ante obstáculos que impiden dicha materialización
en la forma y términos primigeniamente considerados. Uno de ellos
es el incumplimiento del particular a las obligaciones asumidas para con
el Estado, a través de la dependencia o la entidad contratante;
sin embargo, para abatir dichos incumplimientos existe una potestad que
ha sido reconocida como un privilegio de los órganos de las dependencias
o entidades de la administración pública.
Que esa potestad se traduce en la facultad rescisoria
que se contempla en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se justifica, en virtud
de que en la esfera administrativa imperan razones vinculadas con el interés
general, persiguiendo una actuación más oportuna y eficiente
de la administración pública ante circunstancias que hacen
patente la necesidad de salvaguardar el interés público o
de evitar su detrimento por el incumplimiento del contratista a las obligaciones
asumidas a través de un contrato de obra pública y servicios
relacionados con la misma.
Que, sin embargo, la forma y términos en que se
encuentra considerada esa facultad rescisoria en el artículo 61
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
ha dado pie a que durante el procedimiento administrativo de rescisión
se soslayen por confusión o por errónea interpretación
las etapas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada
del gobernado antes del acto de privación, y que, de manera genérica,
se traducen en las siguientes: 1) La notificación del inicio del
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar
las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y
4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
Que tales etapas o requisitos se recogen del criterio
de jurisprudencia emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la tesis P/J 47/95.
Que la falta de un establecimiento claro de la forma y
términos en que deben ofrecerse, admitirse y desahogarse las diferentes
probanzas que puedan llegar a verificarse por el interés del gobernado
inmerso en un procedimiento administrativo de rescisión pone a las
dependencias y entidades en una disyuntiva en su actuar para que, dentro
del campo del derecho, consideren el conjunto general de condiciones, requisitos,
elementos y circunstancias para llevar a cabo un adecuado procedimiento
en lo que a probanzas se refiere.
Que en lo relacionado con las pruebas periciales que puedan
llegar a ofrecerse por el gobernado en un procedimiento administrativo
de rescisión, existe un mar de confusión respecto de la forma
en que deberá ofrecerse, admitirse y desahogarse dicha probanza.
Ello, en razón de que el procedimiento administrativo de rescisión
es un procedimiento que se resuelve y tramita por la propia autoridad,
por lo que resultaría ilógico que en su caso se propusiera
un perito tercero en discordia o que se rinda, siquiera, un peritaje de
esa naturaleza, pues no resultaría designado por un juez imparcial
sino por una de las partes en la controversia, ya que la propia autoridad
vendría a designar su perito y el tercero en discordia, con lo cual
se desvirtuaría la esencia de la prueba pericial, por lo que es
necesario buscar la fórmula para erradicar en la medida de lo posible
tales circunstancias. En principio, tal dificultad podría erradicarse
si tales peritos no son designados por la propia autoridad sino por otra
autoridad administrativa, como podría ser la Secretaría de
la Función Pública o la contraloría interna que corresponda
a la dependencia o entidad de que se trate, hecho lo cual la autoridad
deberá resolver, con vista a los dictámenes del perito del
afectado y de los designados, a reserva de que la prueba pueda rendirse
por el gobernado en la vía judicial correspondiente, si el causante
o afectado opta por rendir la prueba en tales juicios en vez de hacerla
ante la autoridad, opción de la que no puede privársele.
Que no deben pasarse por alto las causas que regularmente
motivan el inicio del procedimiento administrativo de rescisión
y que se encuentran contempladas medularmente en el artículo 127
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
Que por lo complejo de la preparación y desahogo
de la prueba pericial y de la necesaria contemplación de la etapa
de alegatos, los tiempos actualmente considerados para la emisión
de una resolución debidamente fundada y motivada resultan imposibles
y extremamente reducidos para tales efectos, lo que resulta en el latente
riesgo de la emisión de una resolución deficiente y frágil,
y por ende con un alto porcentaje de ser declarada procedente la impugnación
que de la misma se realice por cuestiones de formalidad legal, lo que constituye
propiamente que la improcedencia del actuar de la administración
pública no lo fue porque los incumplimientos atribuibles al contratista
no se hayan verificado sino porque no se observaron las cuestiones de formalidad
legal, lo que resulta una cuestión por la que se deben considerar
tiempos reales y adecuados a un procedimiento de esta naturaleza, para
evitar procedimientos que a la larga resulten estériles.
Por tanto, propone modificar el artículo 61 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para establecer con claridad el desahogo de la prueba pericial durante
el procedimiento administrativo de rescisión.
Consideraciones
Primera. La iniciativa que se dictamina busca esencialmente
establecer un procedimiento claro y sencillo para el desahogo de la prueba
pericial dentro de los procedimientos administrativos de rescisión
que las dependencias y entidades de la administración pública
federal inician en contra de contratistas que han incumplido los contratos
que suscribieron con aquéllas.
Segunda. La inversión en obra e infraestructura
ha sido uno de los motores de la economía, por lo cual es de suma
importancia que la ley que regula estos aspectos sea clara y no deje a
los particulares que contratan con la administración pública
en estado de indefensión y de incertidumbre jurídica.
Tercera. Las dependencias y entidades de la administración
pública federal cuentan con la potestad para rescindir unilateralmente,
sin tener que acudir a los tribunales competentes, los contratos que suscriben
con los particulares; ello, en virtud del fin que se persigue, que es la
satisfacción de las necesidades materiales de la administración
pública para que ésta a su vez pueda realizar las funciones
que tiene encomendadas.
Por tanto, es necesario diferenciar los contratos privados
de los contratos administrativos. En los contratos privados, la voluntad
de las partes es la ley suprema y su objeto los intereses particulares,
mientras que en los administrativos está por encima el interés
social y su objeto son los servicios públicos. En los privados se
da la igualdad de las partes, en los administrativos la desigualdad entre
Estado y contratante. En los privados, las cláusulas son las que
corresponden de manera natural al tipo de contrato, en los administrativos
se dan las cláusulas exorbitantes. En los privados, la jurisdicción
para dirimir controversias recae en los tribunales ordinarios, en los administrativos
interviene la jurisdicción especial, ya sean tribunales administrativos,
si los hay, o en propia sede administrativa, según los trámites
establecidos en la ley o lo estipulado en el contrato mismo.
Cuarta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha establecido en la tesis número 2a. IV/2001, sustentada por su
Segunda Sala, que la facultad con que cuentan las dependencias y entidades
para rescindir unilateralmente contratos administrativos no es contraria
a las garantías que establecen los artículos 14 y 17 de la
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su parte, la tesis en comento establece textualmente
lo siguiente:
Obras públicas. Los artículos 40 de
la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y 52, fracción II,
de su reglamento, que facultan a las dependencias y entidades de la administración
pública federal para declarar la rescisión de los contratos
relativos, no violan los artículos 14 y 17 de la Constitución
General de la República. Los artículos 40 de la Ley de
Adquisiciones y Obras Públicas y 52, fracción II, del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas no violan los artículos 14
y 17 constitucionales por facultar a las dependencias o entidades de la
administración pública para declarar por sí mismas
la rescisión de los contratos administrativos que hayan celebrado
con particulares, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo
del proveedor o contratista, ya que la potestad rescisoria ha sido reconocida
como un privilegio de los órganos de dicha administración
que, dada su naturaleza, los coloca en una situación de ventaja
respecto de los particulares que con ella contratan y en la medida que
ni en las normas supremas citadas ni en alguna otra de la propia Constitución
federal dispone que la rescisión de un contrato administrativo sólo
pueda decretarse por un tribunal judicial o administrativo. Ahora bien,
la facultad rescisoria aludida se justifica, en virtud de que si en el
ámbito civil, donde prevalece como regla general el interés
privado, existe la previsión legal de que los contratantes sujetos
a este régimen pueden, bajo determinadas condiciones, rescindir
motu proprio los contratos bilaterales en que intervengan, sin necesidad
de acudir a los tribunales, es lógico que en la esfera administrativa,
en la que imperan razones vinculadas con el interés general, esa
misma facultad la pueda ejercer la autoridad administrativa cuando persigue
una actuación más oportuna y eficiente de la administración
pública ante circunstancias que hacen patente la necesidad de salvaguardar
el interés público o de evitar su detrimento. Además,
la potestad de rescisión referida no priva ni restringe al particular
del derecho constitucional de acceso a la administración de justicia
impartida por los tribunales, pues de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 de la ley citada y 52 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, ese acto administrativo de autoridad
es impugnable dentro de la jurisdicción ordinaria administrativa
del orden federal que compete a los jueces de distrito y, por tal motivo,
tampoco se infringe la garantía de audiencia, en tanto que en el
juicio ordinario correspondiente el particular puede hacer uso del cúmulo
de derechos procesales fundamentales o secundarios que se prevén
para defender sus derechos y, asimismo, el artículo 92 de la Ley
de Adquisiciones y Obras Públicas prevé un procedimiento
previo a la rescisión administrativa de contratos, en el que se
cumplen las formalidades esenciales del mismo (énfasis añadido).
Quinta. En el mismo contexto, la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado en la tesis
número 1a. LII/2001 que la rescisión de los contratos de
obra pública constituye acto de autoridad para los efectos del juicio
de amparo.
Por su parte, la tesis en comento establece textualmente
lo siguiente:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado. La rescisión de los contratos de obra pública
que declare con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones
y Obras Públicas (abrogada por el artículo segundo transitorio
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de
2000) tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio
de amparo. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la tesis P. XXVII/97, de rubro "Autoridad para efectos
del juicio de amparo. Lo son los funcionarios de organismos públicos
que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean,
modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera
legal del gobernado", precisó el concepto de autoridad para
los efectos del amparo, reconociendo ese carácter al órgano
que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a
través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante
sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los
gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni
del consenso de la voluntad del afectado; es decir, ejercen facultades
de decisión reconocidas en la ley, por lo cual constituyen una potestad
administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, lo que se traduce en
auténticos actos de autoridad al ser de naturaleza pública
la causa de ese imperio. Por tanto, debe concluirse que la rescisión
del contrato administrativo por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado es precisamente un acto jurídico
unilateral emitido con fundamento en lo previsto en el artículo
40, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas,
a través del cual extinguió motu proprio una relación
contractual en que era parte un particular, el cual afectó su esfera
jurídica, pues la administración pública tiene la
facultad de hacer efectiva la garantía otorgada, como consecuencia
legal de esa rescisión. Además, la rescisión la
decretó un órgano que forma parte de la estructura orgánica
de la entidad contratante, sin acudir a los tribunales judiciales o administrativos,
ni con el consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, en congruencia
con lo anterior y tomando en consideración que la rescisión
no es una facultad unilateral que fue invocada por la entidad contratante
sólo porque fue convenido en esos términos en el contrato,
sino que su base fundamental radica en que dicha facultad está establecida
en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas
para que la invoquen exclusivamente órganos de la administración
pública, resulta inconcuso que el mencionado instituto tiene
el carácter de autoridad y la facultad rescisoria que ejerció
deriva directamente de la ley (énfasis añadido).
Sexta. Como se puede apreciar, los particulares que
contratan obra pública con las dependencias y entidades de la administración
pública federal cuentan con una serie de inconvenientes, pues no
tienen los mismos derechos que cuando contratan con particulares; ello,
en virtud de la naturaleza de la parte cocontratante, que es el Estado,
por lo cual se estima que la iniciativa de mérito es de aprobarse,
pues tiene por objeto que los contratistas no se queden en estado de indefensión
cuando una dependencia o entidad de la administración pública
federal con la que han contratado les inician el procedimiento administrativo
de rescisión que prevé la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
Séptima. Cabe hacer mención de que
a la ley que se pretende reformar es aplicable la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de
ahí que esté permitido que el particular (contratista) a
que se ha incoado un procedimiento administrativo de rescisión pueda
presentar la prueba pericial en su defensa, pero por razón de los
plazos que el propio artículo 61 establece, no es posible en la
práctica ofrecerla y desahogarla, de ahí que sea necesario
reformar dicho precepto legal a fin de que el ofrecimiento y desahogo de
esta prueba sean acordes con el procedimiento especial que se prevé
en dicho artículo.
Octava. Vale la pena recordar que la prueba pericial
tiene lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia
o arte, tal y como lo establece el artículo 143 del Código
Federal de Procedimientos Civiles. De hecho, este ordenamiento es el que
prevé cómo se prepara y desahoga esta prueba, pero esta situación
es incompatible con el procedimiento que actualmente se prevé en
el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
Novena. En tal virtud, a fin de no dejar en estado
de indefensión a los particulares que contratan con las dependencias
y entidades de la administración pública federal, resulta
oportuno introducir en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, en concreto en el artículo 61, la forma en que debe
presentarse, prepararse y desahogarse la prueba pericial que los posibles
afectados por una rescisión administrativa pueden presentar a fin
de demostrar que no es cierto o que resulta inexacta la causal de rescisión
que la dependencia o entidad estima se ha actualizado en la especie, con
lo cual se otorga a los particulares que desean contratar (en materia de
obra pública) con el gobierno federal una seguridad jurídica
al otorgarles la posibilidad de ofrecer esta prueba que, por la materia
de que se trata, es de vital importancia para acreditar que no se ha incumplido
lo pactado.
De esta manera se cumplen las formalidades esenciales
del procedimiento ante la posible emisión de un acto de autoridad
que puede afectar su esfera jurídica o económica.
Décima. Por cuestión de técnica
legislativa, la comisión que suscribe hace algunas precisiones al
texto de la redacción que se propone y se le añaden además
los artículos transitorios, toda vez que el iniciante no los consideró
en el texto de su iniciativa.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión
de la Función Pública sometemos a consideración del
Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo
61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas
Artículo Único. Se reforman las fracciones
II y actual III; y se adiciona una fracción III, pasando la actual
a ser IV, al del artículo 61 de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:
Artículo 61. …
I. …
II. En el procedimiento de rescisión, el ofrecimiento,
admisión y desahogo de pruebas se realizará con arreglo a
los ordenamientos legales supletorios de la presente ley, debiendo observarse
respecto de las pruebas periciales que se ofrezcan lo siguiente:
a) El contratista que desee rendir la prueba pericial
deberá promoverla dentro de los tres primeros días del término
a que se refiere la fracción I de este artículo por medio
de un escrito en que formulará las preguntas o precisará
los puntos sobre que debe versar;
b) En caso de ser admitida, las dependencias y entidades,
dentro del término de dos días hábiles siguientes,
harán del conocimiento de la Secretaría de la Función
Pública o de su Órgano Interno de Control para que ésta
proceda dentro del mismo término a proponer y hacer del conocimiento
de la dependencia o entidad a tres peritos sobre la materia que versará
la prueba, que podrán ser de los contemplados por el Tribunal Superior
de Justicia de la jurisdicción donde se ubique la dependencia o
entidad.
c) La dependencia o entidad notificará por igual
a los peritos propuestos de su designación para que manifiesten
dentro de los dos días hábiles siguientes si aceptan y protestan
desempeñar el cargo conferido, el primero que acuda a aceptar y
protestar el cargo se tendrá como perito designado para desempeñar
el cargo, si ninguno lo hiciere o no aceptara, la dependencia o entidad
hará, de oficio, el nombramiento de un perito, quien será
notificado personalmente de su designación para que manifieste si
acepta y protesta desempeñar el cargo. El perito que aceptare desempeñar
el cargo deberá expresar el monto de sus honorarios.
d) Los honorarios del perito serán pagados por
el contratista, por lo que deberá exhibir cheque certificado por
el monto de los honorarios respectivos ante la dependencia o entidad dentro
de los dos días siguientes a que le sea notificada tal circunstancia;
de no realizarlo, se declarará desierta la prueba pericial.
El contratista podrá optar por ofrecer la prueba
pericial en la vía administrativa o jurisdiccional correspondiente
al momento de iniciar la vía que corresponda en contra de la resolución
que sea emitida en el procedimiento de rescisión;
III. Desahogadas que hayan sido las pruebas ofrecidas
por el contratista, se otorgará a éste un plazo de tres
días para que presente alegatos por escrito. La admisión
y desahogo de los alegatos tendrá que valorarse por la autoridad
de que se trate calificando la idoneidad de la prueba. Una vez transcurrido
este plazo, se resolverá considerando los argumentos y pruebas
que se hubieren hecho valer; y
IV. La determinación de dar o no por rescindido
el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada
al contratista dentro de los quince días hábiles siguientes
a lo señalado en la fracción III de este artículo.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su aplicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Los procedimientos administrativos de
rescisión que hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor
del presente decreto se sustanciarán de acuerdo con las disposiciones
que se encontraban vigentes en la época en que se iniciaron.
La Comisión de la Función Pública
Diputados: Benjamín
González Roaro (rúbrica), presidente; Enrique Cárdenas
del Avellano (rúbrica), Lariza Montiel Luis (rúbrica), Jesús
Ricardo Morales Manzo, José Guillermo Velázquez Gutiérrez
(rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez,
Alma Edwivges Alcaraz Hernández (rúbrica), Carlos Altamirano
Toledo, Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos
Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván (rúbrica),
Andrés Carballo Bustamante, José de la Torre Sánchez
(rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica),
Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica en
contra), Arturo Flores Grande, María del Carmen Fernández
Ugarte, Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales
Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María
del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez,
Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica en contra), Marcos
Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez
(rúbrica), Víctor Gabriel Varela López.
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL
ARTÍCULO 5 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
4 de marzo de 2009
Honorable Asamblea
Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 y 88 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
el Senado de la República remitió la minuta proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de
la Federación.
Esta Comisión resulta competente para dictaminar
la minuta turnada por la Cámara de Senadores de conformidad con
el Artículo 72 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto por los artículos 39,
44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se abocó al análisis
de la Minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el
análisis que de la misma realizaron los miembros de esta Comisión
de Hacienda y Crédito Público reunidos en Pleno, presenta
a esta Honorable Asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
1. En sesión ordinaria del Senado de la República,
el 4 de noviembre de 2008, los senadores Gustavo Madero Muñoz, José
Isabel Trejo Reyes, Minerva Hernández Ramos y José Eduardo
Calzada Rovirosa presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el artículo 5o. del Código Fiscal de la
Federación.
2. El 4 de diciembre de 2008, en sesión ordinaria
de la Cámara de Senadores, se presentó el dictamen, el cual
fue aprobado por 77 votos y turnada a la Cámara de Diputados.
3. Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta H. Cámara,
el 5 de diciembre de 2008 se turnó a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público, la Minuta en comento para su estudio y
dictamen.
Descripción de la minuta
La minuta propone reformar el artículo 5o. del
Código Fiscal de la Federación, a efecto de confirmar que
todas las disposiciones fiscales, sin excepción, pueden ser interpretadas
mediante la utilización de cualquier método interpretativo
y, por otro lado, que sólo las normas referidas al objeto, base,
tasa o tarifa y las relativas a las infracciones y sanciones deben ser
aplicadas estrictamente.
Menciona la minuta que la interpretación en materia
fiscal es una actividad delicada de la que depende en gran medida que no
se grave a los ciudadanos con tributos o cargas excesivas ni que se prive
al Estado de los recursos que legítimamente tiene derecho a percibir
en beneficio del interés colectivo. Es decir, tiene la finalidad
de buscar un equilibrio en la relación jurídico-tributaria
cuyo propósito es sufragar el gasto público de manera proporcional
y equitativa que dispongan las leyes.
Por ello, la minuta señala que es pertinente delimitar
el alcance de la propuesta en análisis toda vez que da cabida al
método de interpretación por analogía, lo cual indudablemente
rompería el equilibrio mencionado, pues se dejaría a su arbitrio
la imposición de cargas excesivas y de sanciones injustificadas,
que pudiera prestarse a un abuso del poder público y por consiguiente
violatorio de la Constitución y a su vez, de los particulares, teniéndose
además el riesgo de que el Estado no recaude lo que a su derecho
corresponde.
Señala la minuta que dentro del cúmulo de
las obligaciones de los ciudadanos sobresalen las tributarias, su debido
cumplimiento es condición indispensable para que el Estado obtenga
los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad,
principal razón de su existencia.
La minuta en comento señala que la creciente dinámica
social y, sobre todo, la relacionada con los fenómenos contemplados
por las disposiciones fiscales, ha dado como resultado que cada vez más
sujetos deban interpretar las disposiciones fiscales, por lo que debe evitarse
la confusión que la actual redacción del artículo
5o. del Código Fiscal de la Federación provoca.
Subraya la minuta que al hacer un recorrido por las diferentes
tesis, resoluciones y documentos, que tanto autoridades como particulares
han producido sobre este tema, se advierte que, errónea pero frecuentemente,
se dice, por un lado, que existe un método de interpretación
estricta y por el otro, que la aplicación que se hace de la norma
interpretada es estricta, lo que ha dado lugar a que se hagan interpretaciones
rigoristas con resultados indeseables, que han llegado al extremo de asimilar
la aplicación estricta con la restrictiva.
Agrega la minuta que proveer los elementos para lograrlo,
también es objetivo del quehacer legislativo, cuyo resultado se
traduce en textos que deben ser interpretados tanto por contribuyentes,
como por autoridades fiscales, jueces, académicos, entre otros,
por lo que resulta fundamental que las reglas sobre su interpretación
sean claras, a efecto de uniformar su utilización por todos los
interesados y, con ello, favorecer resultados lo más consistentes
posible, sin desconocer que por su naturaleza toda norma puede admitir
diferentes interpretaciones.
Por lo anterior, la colegisladora considera que es de
importancia la reforma al artículo 5º del Código Fiscal
de la Federación, con el fin de fortalecer la protección
de los usuarios para no dañar sus derechos patrimoniales.
Consideraciones de la comisión
Esta dictaminadora considera que es de aprobarse la minuta
sobre la reforma al artículo 5o. del Código Fiscal de la
Federación a fin de confirmar que todas las disposiciones fiscales,
sin excepción, deben ser interpretadas mediante la utilización
de cualquier método interpretativo y, por otro lado, que sólo
las normas referidas al objeto, base, tasa o tarifa y las relativas a las
infracciones y sanciones deben ser aplicadas estrictamente, previa su interpretación
por cualquier método aportado por la ciencia jurídica.
De lo anterior, esta comisión que dictamina estima
conveniente que con esta nueva redacción quedará claro que
no existe un método de interpretación estricta, sino que
la norma interpretada conforme a cualquier método, deberá
ser aplicada en forma estricta, únicamente cuando se trate de las
relativas al objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, así como las que
contienen las infracciones y sanciones, sin ampliar ni restringir las hipótesis
de causación así como sus excepciones.
La comisión que dictamina está de acuerdo
que la propuesta contenida en la Minuta procura alcanzar los objetivos
de establecer reglas claras de interpretación, con el propósito
de fortalecer la certidumbre jurídica que debe emanar de esta H.
Soberanía, siguiendo para ello las reglas sobre interpretación
en materia fiscal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha establecido a través de su jurisprudencia y ajustando en consecuencia
la redacción que pretende apegarse a la esencia de dichas jurisprudencias,
que autoriza la aplicación de cualquier método aportado por
la ciencia jurídica.
En el mismo sentido, la que dictamina considera que también
aclara y precisa, el objetivo que persigue la reforma, en cuanto a la posibilidad
de que tanto el destinatario, el intérprete, como cualquier aplicador
de la norma tributaria, pueda adoptar cualquier método para su exégesis
jurídica, a efecto de asegurar el debido cumplimiento de los objetivos
buscados por el legislador al crear esas normas, a excepción de
aquéllos cuya utilización pretendiera implicar la aplicación
analógica o por mayoría de razón de las hipótesis
de causación o de sus excepciones, en virtud de lo dispuesto en
el primer párrafo del actual artículo 5, el cual permanece
intocado y prescribe la aplicación estricta de las disposiciones
fiscales que establecen cargas a los particulares y las que señalan
excepciones a las mismas.
La que dictamina coincide en que con esta reforma se dotará
de mayor claridad al artículo 5o. mencionado, en beneficio del marco
jurídico tributario, a efecto de que las normas jurídicas
en la materia se interpreten con mejor método y técnica interpretativas,
y que las normas interpretadas que se refieran al sujeto, objeto, base,
tasa o tarifa, así como las relacionadas con las infracciones y
sanciones, se continúen aplicando en todos los casos en forma estricta,
ajustándose al texto de la norma tributaria sustantiva.
Esta comisión estima conveniente que se coadyuve
a que las reglas de interpretación de las normas fiscales sean claras,
pues sólo de esta forma contribuirán a su cabal cumplimiento.
De Igual forma, se considera que es puntual y precisa, toda vez que aclara
e incorpora a la Ley principios del Derecho Fiscal respecto a los métodos
de interpretación aceptados, con lo cual se dejará en claro
lo que ya ha definido hoy la propia jurisprudencia de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, es decir que todas las disposiciones fiscales
se interpretan aplicando cualquier método de interpretación
jurídica, quedando desde luego prohibida la aplicación por
analogía y la mayoría de razón.
Al respecto debe citarse la siguiente tesis de jurisprudencia
firme de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que señala lo siguiente:
"INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FISCALES
QUE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS TRIBUTOS. SU ALCANCE EN
RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD TRIBUTARIA
Y SEGURIDAD JURÍDICA. Si bien es
verdad que el juzgador, al momento de definir los elementos esenciales
del tributo, debe partir del texto literal de la norma, como exigencia
lógica de su aplicación al caso concreto, ello no implica
que le esté prohibido acudir a los diversos métodos de interpretación
reconocidos por la ciencia jurídica. Esto es así, ya que
los principios de legalidad tributaria y de seguridad jurídica,
y las disposiciones legales que establecen fórmulas dirigidas a
condicionar la aplicación e interpretación de las
normas tributarias, deben entenderse únicamente en el sentido de
impedir aplicaciones analógicas en relación con los elementos
esenciales de los tributos.
Contradicción de tesis 181/2005-SS. Entre las
sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Tercero, ambos del Décimo
Quinto Circuito. 17 de febrero de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en
su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios:
Fernando Silva García y Paula María García Villegas.
Tesis de jurisprudencia 26/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del primero de marzo de dos mil seis."
Así la propuesta de reforma al artículo 5o.
del Código Fiscal de la Federación, es coincidente con la
interpretación que de la norma ha establecido la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
En efecto, se ha reconocido que cuando se tenga la necesidad
de interpretar la norma, primeramente se debe desentrañar su alcance
y posteriormente tiene que aplicarse única y exclusivamente a las
hipótesis jurídicas o de hecho que coincidan con el desentrañamiento
de su sentido, interpretado a partir de su texto y sin que procedan aplicaciones
analógicas o por mayoría de razón.
Con lo anterior, se estima que el uso de los métodos
de interpretación jurídica al interpretar y aplicar la norma,
no puede generar supuestos de causación o imposición alguna,
diversos a los que estrictamente establecen las disposiciones fiscales,
misma conclusión que aplica para los supuestos de excepciones, infracciones
y sanciones.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión estima
necesaria la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que
reforma el artículo 5o.del Código Fiscal de la Federación
para dotar de mayor claridad al artículo mencionado, en beneficio
de los contribuyentes, a efecto de que las normas jurídicas en la
materia, se interpreten con mejor técnica, a través de cualquier
método y que las normas interpretadas que se refieran al sujeto,
objeto, base, tasa o tarifa y las relacionadas con las infracciones y sanciones,
se continúen aplicando en forma estricta, como ya ahora lo dispone
el Código Fiscal de la Federación, por lo que somete a consideración
del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:
Decreto por el que se reforma el artículo 5o.
del Código Fiscal de la Federación
Artículo Único. Se reforma el artículo
5o. del Código Fiscal de la Federación, para quedar como
sigue:
Artículo 5o. Las disposiciones fiscales
que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones
a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones,
son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a
los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa
o tarifa.
La interpretación de las disposiciones fiscales
se efectuará a partir de su texto, mediante cualquiera de los métodos
de interpretación jurídica. Tratándose de las disposiciones
a que se refiere el primer párrafo de este precepto, deberá
partirse en todo caso del texto de la norma, quedando prohibida la interpretación
por analogía o mayoría de razón. A falta de norma
fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del
derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria
a la naturaleza propia del derecho fiscal.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados
a 4 de marzo de 2009.
Por la Comisión de Hacienda y Crédito
Público
Diputados: Charbel Jorge Estefan
Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores
Domínguez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez,
Carlos Alberto García González (rúbrica), Hugo Eduardo
Martínez Padilla, José Antonio Saavedra Coronel, Antonio
Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica),
Horacio Garza Garza (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Juan
Ignacio Samperio Montaño, Joaquín Humberto Vela González,
Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Aída Marina Arvizu
Rivas (rúbrica), secretarios; José Alejandro Aguilar López,
Samuel Aguilar Solís, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica),
María del Consuelo Argüelles Arellano (rúbrica), Valentina
Valia Batres Guadarrama, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica),
Francisco Javier Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero, José
de la Torre Sánchez (rúbrica), Javier Guerrero García
(rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica), Juan
Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica), José Martín López
Cisneros (rúbrica), Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica),
Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio Martínez Vargas,
José Murat, Dolores María del Carmen Parra Jiménez,
Mario Alberto Salazar Madera (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del
Palacio (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA Y
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN
Y SERVICIOS
Marzo 18 de 2009
Honorable Asamblea
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos
71, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
los Senadores Juan Bueno Torio, Ramiro Hernández García y
Arturo Hérviz Reyes, integrantes de la Comisión Especial
para la Agroindustria Azucarera presentaron el 13 de noviembre de 2007,
la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
el inciso a), fracción I, del artículo 8 y la fracción
V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios.
Esta Comisión que suscribe, con base en las facultades
que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 60, 65, 87 y 88 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de la iniciativa antes
señalada y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron
los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público,
reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
1. En sesión de la H. Cámara de
Senadores del 13 de noviembre de 2007, los senadores Juan Bueno Torio,
Ramiro Hernández García, Arturo Hérviz Reyes, e integrantes
de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera presentaron
la Iniciativa que reforma y adiciona el inciso a), fracción I, del
artículo 8 y la fracción V del artículo 13 de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la H.
Cámara de Senadores dispuso que esta Iniciativa se turnara a la
Cámara de Diputados, en términos de lo dispuesto por el Artículo
72, fracción h) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
3. En sesión del 20 de noviembre de 2007
de esta H. Cámara de Diputados, se recibió oficio de la Cámara
de Senadores, con el que remitió la citada Iniciativa y en esa misma
fecha la Mesa Directiva de esta Cámara, la turnó a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.
4. El 11 de marzo de 2008, la Comisión de
Hacienda y Crédito Público llevo a cabo reunión de
trabajo con la Cámara de la Industria de Vinos y Licores (CIVYL
A.C.) y con la Asociación Nacional de la Industria de Bebidas Alcohólicas
y Conexos (ANIBAC A.C.), quienes con su propuestas contribuyeron a modificar
y enriquecer esta Iniciativa en estudio.
5. Asimismo, se contó en todas las reuniones
de análisis y estudio se contó con la presencia e intervención
de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y del Servicio de Administración Tributaria.
Descripción de la iniciativa
En la iniciativa en estudio se propone reformar el inciso
a) fracción I del artículo 8o. y la fracción V del
artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, con el fin de eximir del pago de dicho impuesto a la enajenación
e importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.
Los argumentos que se expresan en la exposición
de motivos que sustentan esta iniciativa son los siguientes:
"En los últimos años se ha observado un
serio daño a la agroindustria azucarera y alcoholera que pone en
riesgo considerable la supervivencia de la misma, situación provocada
por los problemas en la producción, comercialización e importación
informal de azúcar y de alcohol etílico y necesitamos atender
los factores que generan esta problemática.
En el caso del alcohol etílico se está enfrentando
una competencia desleal derivada del manejo del impuesto especial sobre
producción y servicios (IEPS), ya que se cobra cuando es alcohol
de contrabando y cuando es producido por mieles incristalizables que tienen
un destino agropecuario fue derivada de la producción de alcohol.
De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción
y Servicios, vigente a partir del 1 de enero de 2004, se graba (sic) la
enajenación e importación del alcohol, alcohol desnaturalizado
y mieles incristalizables con una tasa del 50 por ciento del valor de la
enajenación, pero se permite a los adquirentes de los productos
referidos el acreditamiento del impuesto pagado en la adquisición
de los mismos, contra el propio IEPS, y los impuestos sobre la renta (ISR),
al valor agregado (IVA) y al activo.
Desde la entrada en vigor de la tasa del 50 por ciento
de IEPS y hasta la fecha, los productores y comercializadores de alcohol
etílico informales, apoyados en la evasión del 50 por ciento
de IEPS y el 15 por ciento del IVA, cobran a sus clientes al momento de
la venta los impuestos antes referidos, sin enterarlos al Estado; con esta
práctica ha mermado la recaudación de la Secretaría
de Hacienda, pues mientras éstos no realizan el entero de los impuestos,
sus clientes, a quienes enajenan el producto, acreditan lo pagado, bien
sea contra el IEPS (productores de bebidas alcohólicas); el ISR,
IVA o el impuesto al activo (en el resto de los adquirentes del producto),
con esto quebrantan la recaudación total esperada por la Secretaría
de Hacienda, pues implica permitir un acreditamiento de cantidades de dinero
que nunca fueron recibidos por dicha Secretaría.
Asimismo, el alcohol y el alcohol desnaturalizado representan
un insumo importante en la cadena de producción de la industria
química, farmacéutica, alimenticia, hospitalaria y cosmética,
industrias que innecesariamente financian un impuesto con una tasa altísima
que representa el 50 por ciento del valor del producto adquirido al momento
de la compra, que posteriormente acreditan contra otros impuestos al momento
de presentar sus declaraciones.
Por otra parte, la aplicación del impuesto hace
sumamente atractivo el contrabando de alcohol etílico, la producción
y comercialización clandestina del mismo, en detrimento de la importación,
producción y comercialización formal, la cual sí está
pagando el IEPS, el IVA, el ISR y, en su caso, el impuesto al activo correspondientes.
Esta práctica de comercio informal ha venido afectando
de manera considerable a los productores, importadores y comercializadores
formales, pues enfrentan una competencia desleal, que genera la depreciación
del alcohol etílico en el mercado, toda vez que los recursos que
obtienen aquellos que operan al margen de la ley, con la evasión
del 50 por ciento del IEPS y el 15 por ciento del IVA, les permite reducir
los precios de venta a niveles incluso por debajo del costo de producción
e importación del mercado formal, situación que esta aniquilando
al mismo, pues no se puede competir bajo estas circunstancias con economías
obscuras y subterráneas que con dichas prácticas están
exterminando a la agroindustria azucarera y alcoholera del país,
que está dejando de producir alcohol etílico, con el consecuente
daño a la economía de miles de familias mexicanas que viven
de esta rama y que, de no corregirse esta situación, sufrirán
los estragos del desempleo y pasarán a engrosar las filas de los
millones de pobres que existen en este país.
Es importante dejar claro, que esta propuesta de reforma
fiscal deja intacta la recaudación que la Secretaría de Hacienda
obtiene por la enajenación e importación de bebidas alcohólicas,
entendiendo por éstas las que a la temperatura de 15 grados centígrados
tengan una graduación alcohólica de más de 3º
G.L., hasta 55º G.L., incluyendo el aguardiente y los concentrados
de bebidas alcohólicas aun cuando tengan una graduación alcohólica
mayor, de conformidad con lo que señala el artículo 3 de
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; esto
asegura a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
la obtención del ingreso en materia del Impuesto arriba señalado,
proyectado en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2008 en el apartado
concerniente a las bebidas alcohólicas.
Por otro lado es importante mencionar que el Consejo de
Salubridad General emitió un acuerdo, con fecha 5 de julio del 2004,
que entró en vigor a los 30 días naturales siguientes de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que
en sus artículos primero, incisos III y IV, segundo, inciso I, y
artículo cuarto señala lo siguiente:
Primero.
III. Queda prohibida la venta, distribución, comercialización,
suministro o expendio al público en general de cualquier presentación
de alcohol etílico sin desnaturalizar en farmacias, boticas, droguerías,
tiendas de autoservicio, misceláneas, lonjas mercantiles, tiendas
de abarrotes y, en general, cualquier establecimiento con actividad empresarial
o comercial que tenga trato directo con el público en general.
IV. El alcohol etílico sin desnaturalizar sólo
podrá ser destinado para su uso en procesos productivos, por lo
que su venta será exclusivamente para uso industrial.
Segundo.
Para la aplicación del presente acuerdo, se entenderá
por:
I. Alcohol etílico (etanol), el producto que se
obtiene por destilación y rectificación de mostos fermentados
cuya fórmula es CH3-CH2-OH, cuyo contenido alcohólico es
mayor de 55º G.L.
a. Alcohol etílico desnaturalizado, el alcohol
etílico al cual se la ha añadido agua destilada o purificada
y un desnaturalizante.
b. Alcohol etílico sin desnaturalizar (etanol),
es el alcohol etílico con pureza mayor de 55 por ciento, al cual
no se la ha añadido ningún desnaturalizante.
Cuarto.
Los requisitos sanitarios que se deben observar para el
alcohol etílico sin desnaturalizar (etanol) para uso industrial,
adicionalmente a los que se contiene la Ley General de Salud, sus Reglamentos
y demás disposiciones generales aplicables, son:
a. Etiquetado o marcado del envase: Cada envase del producto
debe llevar una etiqueta o impresión permanente, visible e indeleble
en tinta color visible salvo los colores azul o rojo, formato horizontal
o vertical en caracteres de tamaño proporcional al envase, sin que
las palabras o figuras hagan alusión o referencia a bebidas alcohólicas
y en idioma español, y con los siguientes datos:
- Alcohol etílico (etanol) de concentración
mayor de 55° G.L.
- Nombre comercial del producto, marca o logotipo que
no sugiera bebida alcohólica.
- Nombre o razón social del fabricante, distribuidor,
expendedor, importador, envasador o reenvasador del producto o propietario
del registro y domicilio donde se elabore el producto.
- Número de registro otorgado por la autoridad
sanitaria.
- Número de lote.
- Contener las siguientes leyendas precautorias:
"Alcohol etílico sin desnaturalizar. Sustancia
toxica. No ingerir."
"Exclusivamente para uso industrial."
"Material peligroso clase 3. Liquido inflamable."
"No se deje destapado, evite el contacto con los ojos."
"No se deje al alcance de los niños."
"Prohibida su venta a granel."
"Prohibida su venta al público en general, en farmacias,
boticas, droguerías y, en general, en cualquier tipo de establecimiento
con atención al publico en general."
"No debe beberse, sustancia toxica."
"Hecho en México."
En función al acuerdo del Consejo de Salubridad General,
cuya publicación en el Diario Oficial de la Federación fue
posterior a la entrada en vigor del gravamen del 50 por ciento de IEPS
al alcohol sin desnaturalizar, quedó claramente definido que dicho
producto solo puede ser usado como insumo en diversos procesos industriales
y queda prohibida su venta para cualquier otro fin.
Por lo anteriormente expuesto, se propone que se exima
del pago del IEPS a la enajenación e importación del alcohol,
alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, como ocurrió
en el periodo comprendido del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre del
2003, periodo durante el cual la Secretaría de Hacienda no sufrió
ningún menoscabo en sus ingresos vía recaudación fiscal,
lo anterior con el fin de erradicar de manera inmediata el atractivo que
representa la evasión fiscal para aquellas personas físicas
y morales que se manejan al margen de la ley."
Consideraciones de la Comisión
La Comisión que dictamina considera adecuado que
se exima del pago del impuesto especial sobre producción y servicios
a la enajenación e importación de alcohol, alcohol desnaturalizado
y mieles incristalizables, sujetando dicha exención al cumplimiento
de obligaciones formales, por las razones que a continuación se
exponen:
A partir de 2004 se reformó el tratamiento impositivo
aplicable a la enajenación e importación de alcohol y alcohol
desnaturalizado, eliminando la exención que se establecía
en la propia ley de la materia, y que opera siempre que los contribuyentes
cumplieran con determinadas obligaciones de control. Esta medida tuvo por
objeto que el impuesto especial sobre producción y servicios que
se trasladara a los adquirentes de dichos productos sirviese de control
en la medida en que el impuesto es acreditable por los adquirentes mencionados.
Así mismo, a partir del año citado quedó también
gravada la enajenación e importación de mieles incristalizables.
Adicionalmente, el tratamiento aplicable a estos productos
se complementa con dos medidas emitidas por el Ejecutivo Federal que consisten
en eximir del pago del impuesto a la enajenación de mieles incristalizables,
ya que estos productos son utilizados primordialmente en la producción
de alimento balanceado para la engorda de ganado y en eximir del pago del
impuesto a la enajenación de alcohol desnaturalizado que se realice
tanto a hospitales privados como a dependencias del sector salud, cuando
se enajene en envases de hasta 20 litros y al público en general
cuando se realice en envases de hasta 1 litro, toda vez que el alcohol
desnaturalizado tiene como uno de sus principales destinos, ser utilizado
como material de curación, antiséptico y germicida de uso
externo tanto en el mencionado sector público de salud como en hospitales
privados. Estas medidas se establecieron en los Artículos Quinto
y Sexto del "DECRETO por el que se otorgan diversos beneficios fiscales
a los contribuyentes que se mencionan", publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 5 de abril de 2004.
Sin embargo, en la aplicación del impuesto especial
sobre producción y servicios a la enajenación e importación
de alcohol y alcohol desnaturalizado, se tiene conocimiento que existe
un sector de productores de estos bienes que si bien cumplen con algunas
obligaciones formales y de control, como son las de estar inscritos en
el registro federal de contribuyentes y expedir los comprobantes por la
venta de los productos mencionados, no enteran el impuesto que ya trasladaron
a sus clientes, y que además, se sustraen del control y vigilancia
de las autoridades fiscales cambiando de domicilio, sin presentar los avisos
a que están obligados.
Lo anterior, además de constituir una práctica
de evasión fiscal tiene un efecto adicional en la recaudación
impositiva, toda vez que los adquirentes de los productos mencionados acreditan
el impuesto especial sobre producción y servicios que les fue trasladado
contra el propio impuesto que a su vez ellos causan, como es el que se
genera en la enajenación de bebidas alcohólicas o, bien,
tratándose de la elaboración de productos distintos a dichas
bebidas, el impuesto se acredita contra el impuesto sobre la renta propio
y retenido, así como contra el impuesto al valor agregado.
Así mismo, esta Dictaminadora observa que las prácticas
indebidas mencionadas permiten que los contribuyentes utilicen el impuesto
especial sobre producción y servicios para disminuir el precio de
venta de alcohol y alcohol desnaturalizado, y con ello competir de manera
desleal con los contribuyentes que cumplen correctamente con sus obligaciones
fiscales.
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera
conveniente eximir del pago del impuesto especial sobre producción
y servicios a la enajenación e importación de alcohol, alcohol
desnaturalizado y mieles incristalizables a efecto de combatir las prácticas
anteriormente descritas, mismas que, como se ha expuesto, afectan gravemente
tanto al fisco federal como al sector formal productor de alcohol.
Esta Dictaminadora también estima adecuado que
la exención mencionada se condicione al cumplimiento de diversas
obligaciones formales consistentes básicamente en llevar controles
físicos de los volúmenes de alcohol, alcohol desnaturalizado
y mieles incristalizables fabricados, producidos o envasados, así
como proporcionar información sobre la producción, enajenación
o importación de dichos productos, de los principales clientes y
proveedores y de las características de los equipos utilizados para
la producción, destilación, envasamiento y almacenaje, lo
que permitirá conocer tanto la producción como el destino
final de los productos mencionados.
No obstante lo anterior, la que dictamina considera necesario
hacer algunas modificaciones en el inciso a) de la fracción I del
artículo 8o. que se propone en la iniciativa, respecto a las referencias
a diversas fracciones del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, que establecen obligaciones de control,
ya que no todas las obligaciones que se listan en dicho inciso son aplicables
a los productores, enajenadores o envasadores, debido a que algunas de
ellas son aplicables exclusivamente a los importadores, como sería
el caso de las obligaciones de inscribirse en los padrones sectorial y
específico a que se refieren las fracciones XI y XIX, respectivamente,
del citado artículo 19. En el mismo sentido, se proponen modificaciones
a la fracción V del artículo 13 de la iniciativa que se dictamina,
ya que algunas obligaciones no son aplicables a los importadores.
También esta dictaminadora observa que en la iniciativa
se propone reformar el inciso a) de la fracción I del artículo
8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
inciso que actualmente prevé una exención en materia de este
impuesto que mediante cuota se aplica a las gasolinas y diesel. Por ello,
el inciso a) mencionado debe conservarse en los términos vigentes.
Por la razón expuesta es que la que dictamina considera conveniente
que la incorporación de la exención que se propone en la
iniciativa en estudio se establezca mediante la adición de un inciso
e) a la fracción I del artículo 8o. del ordenamiento de referencia.
Por otra parte, habida cuenta que el propósito
de estas modificaciones consiste en desincentivar la producción,
elaboración y comercialización de alcohol, alcohol desnaturalizado
y mieles incristalizables por personas que se encuentran en la informalidad,
y toda vez que los fabricantes de los productos mencionados que cumplan
correctamente sus obligaciones fiscales estarán exentos, se hace
necesario eliminar la mecánica de acreditamiento que hoy día
pueden aplicar los adquirentes de dichos productos, contenida en el tercer
párrafo del artículo 4o. de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios.
En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Decreto por el que se adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios.
Artículo Único. Se adicionan
los artículos 8o., fracción I, con un inciso e) y 13, con
una fracción V, y se deroga el artículo 4o., tercer
párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
Tercer párrafo. (Se deroga).
...
Artículo 8o. ...
I. ...
e) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables,
siempre que por su enajenación se cumpla con las obligaciones establecidas
en el artículo 19, fracciones I, II, primer párrafo, VI,
VIII, X, XII y XIV de esta Ley y las demás obligaciones que establezcan
las disposiciones fiscales.
...
Artículo 13. ...
V. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables,
siempre que por su importación se cumpla con las obligaciones establecidas
en el artículo 19, fracciones I, VI, VIII, XI, XIV y XIX de esta
Ley y las demás obligaciones que establezcan las disposiciones fiscales.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en al Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente
decreto, se dejan sin efecto en lo que se opongan al mismo las disposiciones
de carácter administrativo, consultas e interpretaciones de carácter
general contenidas en circulares o publicadas en el Diario Oficial de la
Federación en materia del impuesto especial sobre producción
y servicios.
Tercero. Las personas físicas y morales
que adquirieron o importaron alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles
incristalizables, podrán acreditar el impuesto especial sobre producción
y servicios que les hubiera sido trasladado en las adquisiciones realizadas
o el que hubiesen pagado con motivo de la importación de los bienes
mencionados, con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto,
en los términos del tercer párrafo del artículo 4o.
de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios vigente
hasta antes de la entrada en vigor de este decreto.
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Diputados
a 18 de marzo de 2009.
Por la Comisión de Hacienda y Crédito
Público
Diputados: Charbel Jorge Estefan
Chidiac (rúbrica), presidente; Emilio Ramón Ramiro Flores
Domínguez, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica),
Carlos Alberto García González, Hugo Eduardo Martínez
Padilla, José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Antonio
Soto Sánchez (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez (rúbrica),
Horacio Garza Garza (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Juan
Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Joaquín Humberto
Vela González, Manuel Cárdenas Fonseca, Aída Marina
Arvizu Rivas, secretarios; Samuel Aguilar Solís (rúbrica),
José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), María del Consuelo
Argüelles Arellano (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama,
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Francisco Javier
Calzada Vázquez, Ramón Ceja Romero, José de la Torre
Sánchez (rúbrica), Javier Guerrero García (rúbrica),
Mariano González Zarur, Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica),
José Martín López Cisneros, Lorenzo Daniel Ludlow
Kuri (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Octavio
Martínez Vargas (rúbrica), José Murat, Dolores María
del Carmen Parra Jiménez (rúbrica), María Guadalupe
Salazar Anaya, Mario Alberto Salazar Madera, Jorge Alejandro Salum del
Palacio (rúbrica), Pablo Trejo Pérez.